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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Rebecca Santiago Méndez

2008 TSPR 174

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Rebecca Santiago Méndez

AB-2007-0022

Conducta Profesional-Suspensión inmediata e indefinida de la profesión por incumplir requerimientos del Tribunal

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2008 TSPR 174

Jesús Camacho Delgado

175 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2007-1179

Fecha: 27 de octubre de 2008

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Caguas (Panel XII)

Juez Ponente:

Hon. Zaida Hernández Torres

Oficina del Procurador General:

Lcda. Lesy A. Irizarry Pagán

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Alberic Prados Bou

Materia:

Art. 4.04 s.c. (2 casos), Art. 412 s.c.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2007-1179

Certiorari

Jesús Camacho Delgado

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ

DENTON

San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2008.

La controversia central del caso de autos está

vinculada a uno de los valores constitucionales más

importantes

en

el

ámbito

penal:

el

derecho

a

un

juicio rápido. Con ello en mente, nos corresponde

determinar

cuál

es

el

la

violación

desestimación

por

instrumentan

dicha

efecto

garantía

procesal

de

una

las

normas

que

Puerto

Rico.

En

de

en

particular, debemos resolver si la desestimación de

una denuncia por no celebrarse la vista preliminar

dentro del término establecido por la Regla 64(n)(5)

de

Procedimiento

cancela

la

Criminal,

determinación

de

34

L.P.R.A.

causa

arresto que dio inicio al proceso.

Ap.

II,

probable

para

CC-2007-1179

2

Por entender que, en efecto, la desestimación tiene

dicha consecuencia, revocamos la sentencia recurrida.

I.

El 15 de mayo de 2007, el agente Arturo Pomales Alicea,

adscrito al Negociado de Drogas, Narcóticos y Control del

Vicio de la Policía de Puerto Rico, presentó tres denuncias

en

contra

del

Sr.

Jesús

Camacho

Delgado,

por

éste

supuestamente haber violado los Arts. 404 y 412 de la Ley de

Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. secs.

2404 y 2412. En esa misma fecha, el Tribunal de Primera

Instancia,

Sala

Municipal

de

Caguas,

determinó

causa

probable para el arresto del señor Camacho Delgado por los

delitos imputados y le fijó la fianza de rigor. Como éste no

pudo prestar la misma, el tribunal ordenó preventivamente su

encarcelación hasta la culminación del proceso penal incoado

en su contra.

Por otra parte, dado que los delitos imputados contra

el señor Camacho Delgado eran de naturaleza grave, se pautó

la celebración de una vista preliminar para el 30 de mayo de

2007. Sin embargo, por razones que no surgen del expediente,

dicha vista fue transferida para el 27 de junio de 2007.

Tras ocurrir una nueva suspensión, la audiencia se señaló

finalmente para el 2 de julio de 2007. En esa fecha, como el

agente

Pomales

Alicea

--testigo

principal

del

Ministerio

Público-- se encontraba bajo licencia militar, el fiscal le

expresó al tribunal no estar preparado para presentar el

caso.

CC-2007-1179

3

Ante estos hechos, el tribunal de instancia desestimó

las

denuncias

presentadas

en

contra

del

señor

Camacho

Delgado. Dicho foro determinó que éste había permanecido en

prisión por un período mayor a los treinta días desde su

arresto

sin

consecuencia,

habérsele

por

celebrado

juzgar

que

la

ello

vista

preliminar.

infringía

el

En

término

pautado por la Regla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal,

supra,

para

la

celebración

de

dicha

vista,

el

tribunal

ordenó la excarcelación del señor Camacho Delgado.

Por su parte, el 5 de septiembre de 2007, el Ministerio

Público

solicitó

un

nuevo

señalamiento

para

la

vista

preliminar por medio de una moción acompañada de una copia

de las tres denuncias desestimadas. No obstante, el foro de

instancia denegó su solicitud el 10 de septiembre de 2007

mediante

una

resolución

notificada

al

día

siguiente.

En

esencia, el tribunal resolvió que cuando se desestima una

denuncia por el incumplimiento con los términos prescritos

en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, el Ministerio

Público tiene que presentarla nuevamente ante un magistrado

para una determinación de causa probable para arresto bajo

la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra.

Inconforme con ese dictamen, el Estado recurrió ante el

Tribunal de Apelaciones y argumentó que en estos casos lo

procedente es celebrar una nueva vista preliminar, sin que

sea necesario retornar a las etapas preliminares del proceso

penal. El foro apelativo le ordenó al señor Camacho Delgado

mostrar causa por la cual no debía revocarse la resolución

CC-2007-1179

4

recurrida. Tras recibir su comparecencia, dicho foro dictó

sentencia

revocatoria

del

tribunal

de

instancia.

En

concreto, el Tribunal de Apelaciones determinó que en este

caso era innecesario solicitar una nueva determinación de

causa probable para arresto, pues no se trataba de una nueva

denuncia con cargos distintos o adicionales a los examinados

anteriormente por un magistrado.

De esa sentencia el señor Camacho Delgado recurre ante

nos. Argumenta, en síntesis, que una desestimación bajo la

Regla 64(n)(5) deja sin efecto cualquier determinación de

causa probable para arresto tomada anteriormente a base de

las denuncias archivadas. Por tanto, aduce que el Ministerio

Público tiene la obligación de presentarlas nuevamente ante

un

magistrado

para

obtener

la

determinación

de

causa

correspondiente y, de esta forma, dar comienzo a un nuevo

proceso. En su alegato ante nos, sin embargo, el Estado

reitera

su

posición

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones

y

argumenta, además, que avalar la teoría del peticionario no

fomentaría la economía procesal.

Examinado el recurso, acordamos expedir. Contando con

la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.

II.

En el contexto penal, el derecho a un juicio rápido

constituye uno de los valores más fundamentales de nuestra

sociedad.

En

salvaguardar

su

esencia,

éste

los

intereses

de

tiene

las

el

propósito

de

personas

imputadas

de

delito para evitar su indebida y opresiva encarcelación,

CC-2007-1179

minimizar

la

5

ansiedad

y

preocupación

que

genera

una

acusación pública, y reducir las posibilidades de que una

dilación extensa menoscabe su capacidad para defenderse. Por

ello, precisamente, dicha garantía fue consagrada de forma

expresa en el Art. II, Sec. 11, de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“En todos los procesos

criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio

rápido”). Véanse Pueblo v. Guzmán Meléndez, 161 D.P.R. 137,

156 (2004); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, 432

(1986).

El

concepto

“juicio

rápido”

posee,

indudablemente,

ciertas características propias que le sirven de base. Aun

así, su naturaleza y alcance se han distinguido siempre por

una gran flexibilidad. En este sentido, el derecho de todo

imputado a ser juzgado de una forma justa, pero diligente y

eficiente, ha estado sujeto continuamente a los cambios que

afectan el desarrollo mismo del derecho y de la sociedad.

Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409, 413 (1974). Se

trata, pues, de una garantía constitucional que, como muchas

otras, no puede delimitarse en términos absolutos ni tampoco

interpretarse exclusivamente con vista a la situación que

enfrentó en el pasado la generación constituyente.

Así, por ejemplo, si bien el texto de nuestra garantía

proviene de una disposición análoga en la Sexta Enmienda de

la Constitución estadounidense, hace varios años aclaramos

que

esta

Curia

no

está

atada

irremediablemente

interpretaciones

que

el

Tribunal

Supremo

federal

a

las

haya

CC-2007-1179

6

enunciado sobre el tema. Íd. En efecto, dicho foro se ha

negado reiteradamente a establecer reglas de procedimiento

en esta materia para los estados federados. De esta manera,

se les ha dado libertad para interpretar la frase “juicio

rápido” de acuerdo con las circunstancias particulares de

cada jurisdicción, siempre y cuando la definición elucidada

incorpore ciertas normas federales mínimas. Véase Barker v.

Wingo, 407 U.S. 514, 523 (1972).

Conscientes de todo lo anterior, en Puerto Rico ya nos

hemos enfrentado a aspectos diversos de este derecho. En

Pueblo v. Arcelay Galán, supra, pág. 415, resolvimos que el

hecho

de

que

señalamiento

un

acusado

tardío

no

no

objete

constituye,

oportunamente

de

por

sí,

un

prueba

suficiente para concluir que éste renunció a ser enjuiciado

con prontitud. En Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 169

(1974), un caso sobre la celebración tardía de una vista

preliminar, interpretamos que el derecho a un juicio rápido

no se limita únicamente al acto del juicio, sino que abarca

todas

las

etapas

del

proceso

penal,

desde

la

imputación

inicial de delito hasta el momento mismo en que se dicte

sentencia.

Véase,

además,

Pueblo

v.

Miró

González,

133

D.P.R. 813 (1993).

En Pueblo v. Opio Opio, supra, expresamos también que

en este campo nuestra Constitución opera con su propio y

supremo vigor, por lo que el derecho a un enjuiciamiento

diligente

no

implemente.

depende

de

legislación

Posteriormente,

en

Pueblo

habilitadora

v.

Rivera

que

lo

Tirado,

CC-2007-1179

7

supra, atendimos el asunto de los criterios a ser utilizados

para determinar si hubo una violación de ese derecho. A esos

efectos, enunciamos cuatro factores que enmarcamos en el

método del balance de intereses.1

No cabe duda, pues, de que el rol de esta Curia como

intérprete máximo de la Constitución ha sido fundamental en

el desarrollo del derecho a un juicio rápido. Sin embargo,

no toda controversia sobre el mismo ha girado concretamente

en torno a la cláusula constitucional que lo garantiza. Para

asegurar el cumplimiento de este derecho en la práctica,

tanto por los abogados y fiscales, como por los propios

tribunales

de

justicia,

Criminal,

supra,

la

establece

Regla

64(n)

de

Procedimiento

una

serie

de

términos

que

gobiernan las distintas etapas del proceso penal. De acuerdo

con la situación procesal de cada imputado, ésta regula el

término para la celebración del juicio e, incluso, de la

vista preliminar en casos por delito grave. Véanse Pueblo v.

Valdés Medina, 155 D.P.R. 781 (2001); Pueblo v. Cartagena

Fuentes, 152 D.P.R. 243 (2000).

En concreto, la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal

establece,

como

temporales

en

remedio

ella

a

la

infracción

consignados,

la

de

los

términos

desestimación

de

la

denuncia, de la acusación o de cualquiera de los cargos

incluidos en éstas. De este modo, sujeto sólo a un análisis

1

En esencia, el referido análisis requiere ponderar de

manera sistemática y ordenada los criterios siguientes: (1)

la duración de la tardanza; (2) las razones para la misma;

(3) si el imputado invocó oportunamente su derecho a un

juicio rápido; y (4) el perjuicio resultante de dicha

dilación. Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 433.

CC-2007-1179

8

dirigido a determinar si la tardanza fue justificada, si la

posposición surgió de una petición del imputado o si medió

su

consentimiento

a

la

misma,

la

regla

la

ordena

desestimación al transcurrir el término aplicable a la etapa

procesal de que se trate. A su vez, en lo pertinente al caso

ante nuestra consideración, el quinto inciso de esta regla

establece

un

término

de

treinta

días

para

celebrarle

la

vista preliminar a un imputado que se encuentre detenido

preventivamente.

En nuestra jurisprudencia no existe una controversia

mayor en cuanto a la aplicación de esta disposición; así

como tampoco la hay entre los tratadistas que han abordado

el asunto. De hecho, en el caso de autos, la procedencia de

la

desestimación

decretada

por

el

Tribunal

de

Primera

Instancia no fue cuestionada por el Ministerio Público. Por

tal razón, no es necesario que nos expresemos al respecto.

Más bien, la controversia medular en el presente caso

está relacionada con las consecuencias para el Estado de esa

desestimación. En particular, en este caso debemos precisar

si

el

Ministerio

Público

puede

presentar

nuevamente

las

denuncias desestimadas y, de poder hacerlo, cuál sería el

curso procesal a seguir. Para ello, examinemos primeramente

las reglas y la jurisprudencia aplicables a la solución de

ambas interrogantes.

CC-2007-1179

9

III.

A.

Según la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, la

desestimación de una causa por la violación de los términos

prescritos en la Regla 64(n) no constituye un impedimento

para el inicio de otro proceso por los mismos hechos, salvo

que se trate de un delito menos grave. En otras palabras, en

ausencia

de

circunstancias

que

lo

prohíban

--como

la

protección contra la doble exposición o la prescripción del

delito

imputado--,

las

Reglas

de

Procedimiento

Criminal

autorizan al Ministerio Público a presentar nuevamente una

denuncia sólo en casos por delito grave. Véanse E. L. Chiesa

Aponte,

Derecho

Procesal

Penal

de

Puerto

Rico

y

Estados

Unidos, Bogotá, Forum, 1992, vol. II, sec. 12.2, págs. 17584; O. E. Resumil, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho

Procesal Penal, Orford, Butterworth, 1993, vol. II, sec.

25.9, págs. 278-79.

Por su parte, la Regla 66 de Procedimiento Criminal,

supra, dispone que cuando se produce una desestimación por

defectos en la presentación o tramitación del proceso, o en

la acusación o denuncia, el tribunal puede ordenar que se

mantenga

al

acusado

bajo

custodia,

o

que

continúe

bajo

fianza por un término específico, sujeto a la presentación

de una acusación o denuncia nueva. A su vez, esta regla

establece que nada de lo dispuesto en ella afectará las

disposiciones relativas a los términos de prescripción.

CC-2007-1179

10

Al amparo de ambas reglas, y en vista de lo dispuesto

por la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, en Pueblo v.

Ortiz Díaz, 95 D.P.R. 244, 246-48 (1967), resolvimos que

cuando se desestima una acusación por haberse presentado

tardíamente

es

procedimientos

innecesario

e

preliminares

de

inoficioso

volver

determinación

a

de

los

causa

probable para acusar. En aquella ocasión expresamos que como

no se trataba de una acusación nueva con cargos distintos o

adicionales, o con otros acusados, procedía la celebración

del juicio en su fondo sin requerirse otra vista preliminar

en torno a la acusación desestimada por el tribunal. Así,

pues,

concluimos

acusación

que

era

suficiente

nuevamente,

ya

que

la

con

Rama

presentar

Judicial

la

había

realizado anteriormente una determinación de causa probable

para acusar sobre los delitos en cuestión.

Posteriormente, en Pueblo v. Montezuma Martínez, 105

D.P.R.

710

(1977),

un

imputado

reclamó

que

la

dilación

incurrida por el Ministerio Público en celebrarle la vista

preliminar

--unos

diecinueve

días

en

exceso

del

término

reglamentario-- requería el archivo con perjuicio bajo la

Regla

247

de

Procedimiento

Criminal,

supra.

El

foro

de

instancia había ordenado la desestimación, pero al amparo de

la Regla 64(n)(2). Al resolver dicho caso, coincidimos con

el proceder del foro recurrido y no acogimos los argumentos

del imputado en el sentido de ordenar el archivo definitivo

del referido caso penal. No obstante, señalamos que al haber

transcurrido

los

sesenta

días

reglamentarios

sin

haberse

CC-2007-1179

celebrado

la

11

vista

mencionada,

otra

dilación

excesiva

e

injustificada podría vulnerar el derecho constitucional a un

juicio

rápido.

Así,

pues,

expresamos

que

ante

tales

circunstancias procedería decretar el sobreseimiento bajo la

Regla 247. Pueblo v. Montezuma Martínez, supra, pág. 713.

Años más tarde, en Pueblo v. Soto Ortiz, 151 D.P.R.

619, 628-31 (2001), se nos presentó la interrogante de si

una vez desestimados varios cargos por delito grave ante la

violación de los términos pautados en la Regla 64(n), la

fianza fijada previamente subsistía con relación al nuevo

proceso que instó el Estado por los mismos delitos. En dicho

caso extendimos expresamente lo resuelto en Pueblo v. Ortiz

Díaz,

supra,

en

el

contexto

de

la

desestimación

de

una

acusación, a la situación surgida tras el archivo de una

denuncia. En este sentido, resolvimos que tras producirse la

desestimación de una denuncia por la violación del término

para celebrar la vista preliminar, el Ministerio Público

puede presentarla de nuevo. Aun así, la fianza impuesta por

el tribunal permanecerá vigente con respecto a ese segundo

proceso,

a

menos

que

el

foro

de

instancia

decida

modificarla. Véase Pueblo v. Soto Ortiz, supra, pág. 630-31.

Por otro lado, indicamos que conforme al mandato de la

Regla 66 de Procedimiento Criminal, supra, la mejor práctica

a seguir por los tribunales de instancia es que se delimite

el término específico en que el imputado permanecerá bajo

custodia o durante el cual subsistirá la fianza (bajo sus

condiciones originales), para dar lugar a que se presenten

CC-2007-1179

los

12

cargos

nuevamente.

Transcurrido

dicho

término,

el

imputado puede solicitar la cancelación de la fianza y, si

el

Ministerio

Público

no

ha

actuado,

el

tribunal

puede

sobreseer el caso penal a tenor de lo dispuesto por la Regla

247(b) de Procedimiento Criminal, supra. Véase Pueblo v.

Soto Ortiz, supra, pág. 633.

A

pesar

de

todo

lo

anterior,

en

Pueblo

v.

Carrión

Rivera, 159 D.P.R. 633, 641 (2003), este Tribunal llegó a un

resultado diferente del previsto por las normas esbozadas en

los tres casos reseñados. Carrión Rivera versaba sobre si el

derecho

a

un

transcurrido

infracción

juicio

entre

del

la

mismo,

rápido

aplica

desestimación

y

el

durante

el

tiempo

de

la

causa,

por

la

comienzo

del

nuevo

proceso

autorizado por la Regla 67 de Procedimiento Criminal. Al

resolver

que

el

derecho

a

un

juicio

rápido

no

era

de

aplicación al referido período, este Tribunal señaló que la

desestimación, aun aquella “sin perjuicio”, supone la caída

de los cargos en contra del imputado. Íd. pág. 643. De esta

manera, el Tribunal descartó el argumento de Carrión Rivera

en cuanto a que la primera desestimación era solamente un

incidente procesal que no interrumpe el carácter continuado

del procedimiento criminal. En cambio, el Tribunal expresó

que la desestimación de una causa tiene que entenderse como

un evento que da por terminada la acción presentada ante los

tribunales por el Ministerio Público. Íd. pág. 644.

De la normativa antes expuesta se desprende claramente

que,

de

conformidad

con

la

Regla

67

de

Procedimiento

CC-2007-1179

Criminal,

13

el

Ministerio

Público

tiene

la

facultad

de

presentar nuevamente aquellos cargos por delito grave que

sean

desestimados

por

una

violación

de

los

términos

consignados en la Regla 64(n). Esto es así, ya que según la

Regla 67 una desestimación en tales circunstancias es “sin

perjuicio”. En cambio, si se trata de cargos por delito

menos grave la desestimación será “con perjuicio”, lo que

impediría el reprocesamiento del imputado.

Del mismo modo, es evidente que bajo el primer supuesto

--la

desestimación

Público

a

quien

segunda

vez

al

le

“sin

perjuicio”--

corresponde

imputado.

es

al

Ministerio

decidir

si

e.g.,

Pueblo

Véase,

encausa

v.

por

Dávila

Delgado, 143 D.P.R. 157, 170 (1997). No obstante, de las

reglas citadas y de los casos reseñados es difícil derivar

una norma clara relativa a la etapa en que debe “comenzar”

el

“otro

proceso”

al

que

se

refiere

la

Regla

67

de

Procedimiento Criminal.

Como señalamos anteriormente, en Pueblo v. Ortiz Díaz,

supra,

resolvimos

que

era

suficiente

con

presentar

nuevamente el pliego acusatorio para continuar con los demás

procedimientos,

aunque

cuanto

violación

a

la

el

imputado

tuviese

de

términos

los

la

de

razón

en

“rápido

enjuiciamiento” y, por ende, procediese la desestimación de

la causa. Sin embargo, casi cuarenta años más tarde, en

Pueblo

v.

Carrión

Rivera,

supra,

expresamos

que

la

desestimación de un caso penal conlleva la culminación del

proceso instado en contra del imputado. La diferencia en

CC-2007-1179

14

nuestras expresiones sobre este asunto, probablemente, es el

resultado de las circunstancias diversas en que el mismo nos

ha sido presentado. Ello nos motiva a reexaminar, de forma

sosegada, las normas relativas a esta controversia, así como

las consecuencias prácticas derivadas de aquéllas.

B.

En Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, señalamos que como la

acusación

en

distintos

al

cuestión

pliego

no

contenía

original

que

cargos

fue

o

acusados

desestimado

por

el

tribunal, éste podía continuar el proceso tras presentarse

nuevamente

la

acusación.

Apoyamos

esa

conclusión

en

lo

dispuesto por la Regla 66 de Procedimiento Criminal, supra,

en el sentido de que luego de desestimarse una acusación o

una denuncia por defectos en la tramitación del proceso, o

defectos en las mismas, el tribunal puede “ordenar que se

mantenga

al

acusado

bajo

custodia,

o

que

continúe

bajo

fianza por un término específico, sujeto a la presentación

de una nueva acusación o denuncia” (énfasis suplido). Así,

pues,

colegimos

del

texto

citado

que

el

tribunal

puede

desestimar la denuncia o la acusación bajo la Regla 64(n).

Sin embargo, ello estaba sujeto a que --al amparo de la

autoridad provista por la Regla 66 aludida-- éste podría

ordenar la presentación de una acusación nueva y continuar,

de esa forma, con el proceso penal en la etapa en que se

encontrare el mismo al momento de la desestimación.

Al

reexaminar

dichos

pronunciamientos,

tanto

en

el

contexto presentado por el caso ante nos, como a luz de la

CC-2007-1179

normativa

15

vigente,

es

forzoso

concluir

que

la

solución

provista por Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, no es cónsona con

la intención de la Regla 64(n) ni con su reglamentación

dirigida a instrumentar el derecho a un juicio rápido en

nuestra jurisdicción. Por un lado, la interpretación de la

Regla 66 de Procedimiento Criminal en la cual se fundamentó

Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, pasa por alto el origen de

dicha regla y el contexto en que se previó su aplicación. De

otra parte, ésta tampoco toma en cuenta los cambios en la

manera en que se inician los procesos penales en Puerto Rico

tras

la

general,

aprobación

Pueblo

v.

de

nuestra

Ortiz

Díaz,

Constitución.

supra,

págs.

Código

de

Véase,

249-57

en

(Op.

Disidente).

Como

es

sabido,

bajo

el

Enjuiciamiento

Criminal de 1902, los magistrados y los promotores fiscales

(los cuales también se consideraban magistrados) tenían la

facultad de determinar causa probable, dictar órdenes de

arresto, así como aprobar y fijar fianzas. Véase Art. 13 del

Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902, Código Penal y

Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico, 1902, pág.

13; Pueblo v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 535 (1953). Esa

facultad, sin embargo, no subsistió tras la aprobación de la

Constitución del Estado Libre Asociado en 1952, ya que bajo

ésta

se

entendió

que

esa

autoridad

correspondía

exclusivamente a la Rama Judicial. Íd. Aun así, los fiscales

retuvieron el poder de determinar la existencia de causa

probable

para

formular

acusaciones.

E.g.,

Pueblo

v.

CC-2007-1179

16

Quiñones, 76 D.P.R. 955 (1954). Por consiguiente, no era

necesario que el fiscal acudiera ante un magistrado para que

éste autorizara la presentación de una acusación, pues el

fiscal mismo tenía la autoridad de decidir al respecto.

Ahora

bien,

Procedimiento

con

la

Criminal

aprobación

de

1963,

de

las

Reglas

de

se

estableció

el

procedimiento de vista preliminar para acusar regulado por

la Regla 23 de dicho cuerpo reglamentario. Desde entonces,

los

fiscales

acusación

sin

carecen

de

autoridad

contar

antes

con

el

para

aval

presentar

de

un

una

juez

del

Tribunal de Primera Instancia. En vista de ello, es evidente

que la práctica de presentar nuevamente una acusación tras

desestimarse

la

misma

por

la

violación

de

los

términos

consignados en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal,

quedó

claramente

desautorizada

por

el

nuevo

ordenamiento

anteriormente

se

podía

procesal penal aprobado en 1963.

Por

ende,

aunque

iniciar

un

nuevo proceso a través de la acción autónoma y discrecional

del

fiscal,

desde

la

aprobación

de

las

Reglas

de

Procedimiento Criminal la única forma de “iniciar un nuevo

proceso” al amparo de éstas es mediante la determinación de

causa probable para arresto, de conformidad con la Regla 6

de Procedimiento Criminal, supra. En efecto, esa ha sido la

doctrina

reiterada

de

esta

Curia

a

través

de

los

años.

Véanse, e.g., Pueblo v. Rivera Martell y Vega Pérez, 2008

T.S.P.R.

64,

res.

González, supra.

22

de

abril

de

2008;

Pueblo

v.

Miró

CC-2007-1179

17

Lo anterior nos lleva a considerar la aplicabilidad de

la Regla 66 antes mencionada a la situación que nos ocupa.

La Regla 66 de Procedimiento Criminal tiene su origen en los

Arts. 147, 148 y 157 del Código de Enjuiciamiento Criminal,

supra,

los

Criminal

cuales

procedían

californiano.

puertorriqueño

se

Los

del

Código

de

Arts.

147

y

148

al

caso

de

referían

Procedimiento

del

una

código

acusación

presentada sin el debido juramento o la firma del fiscal.

Dichos artículos regulaban la moción de desestimación por

esos fundamentos, la resolución correspondiente y la orden

que emitiría el tribunal en tales circunstancias.

Por otra parte, el Art. 157 se refería al efecto de una

resolución que declarara con lugar una excepción perentoria

contra

la

acusación.

Como

se

sabe,

las

excepciones

perentorias fueron abolidas por la Regla 62 de Procedimiento

Criminal,

supra.

Más

importante

aún,

una

lectura

de

los

artículos antes citados demuestra que los mismos partían de

la premisa de que la facultad del magistrado para retener al

imputado bajo custodia o bajo fianza, estaba sujeta a que

los delitos en cuestión fuesen examinados nuevamente por un

juez

de

paz.

correspondía

la

A

estos

jueces,

facultad

de

como

ha

de

recordarse,

determinar

si

procedía

el

arresto de una persona por parte de los agentes del Estado.

Véase Código de Enjuiciamiento Criminal, supra, págs. 187,

189.

A la luz de lo antes expuesto, indudablemente, la Regla

66 de Procedimiento Criminal no se refiere a defectos de

CC-2007-1179

18

índole procesal de la magnitud de un incumplimiento con los

términos consignados en la citada Regla 64(n). Más bien,

ésta alude a defectos de forma o a la inobservancia de los

requisitos

ministeriales

que

le

imponen

las

Reglas

de

Procedimiento Criminal al Ministerio Público. Por lo tanto,

concluimos que la Regla 66 antes citada no puede utilizarse

para

soslayar

el

efecto

de

una

desestimación

por

la

violación de los términos de “rápido enjuiciamiento”, de

modo que el Ministerio Público pueda continuar con el caso

en la misma etapa procesal en que éste se encontraba, a

pesar de haberse tardado de forma injustificada en procesar

inicialmente al imputado.

En este contexto, resulta ampliamente conocido que el

propósito fundamental de la Regla 64(n) de Procedimiento

Criminal

es

proveer

unos

términos

constitucionalmente

razonables para encauzar el proceso penal, de manera que se

les ofrezca a las personas imputadas de delito una cierta

garantía

de

diligencia

instados

en

su

en

la

A

su

contra.

tramitación

vez,

de

esta

los

cargos

reglamentación

particular del derecho a un juicio rápido permite atender

estatutariamente –y de manera preventiva— las situaciones de

demora

que,

de

otra

forma,

requerirían

abordar

constantemente la normativa constitucional aplicable; ello,

probablemente,

ante

circunstancias

poco

adecuadas

para

hacerlo. En otras palabras, aunque los términos consignados

en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal no son, de por

sí,

de

índole

constitucional,

éstos

están

dirigidos

a

CC-2007-1179

19

instrumentar en términos prácticos el derecho a un juicio

rápido

en

Puerto

Rico.

Por

ende,

las

interpretaciones

y

aplicaciones de dicha regla deben tener siempre presente el

valor que la misma busca salvaguardar.

Por otra parte, y a pesar de que no estamos obligados a

seguir la normativa federal en esta materia, resulta muy

ilustrativo que en los Estados Unidos se haya expresado que

la desestimación “sin perjuicio” no es una sanción débil

ante la dilación injustificada del Ministerio Público en

procesar al imputado. En esa dirección, en United States v.

Taylor, 487 U.S. 326 (1988), se indicó que la desestimación

obliga al Ministerio Público a obtener un nuevo “indictment”

si

decide

procesar

nuevamente

al

imputado,

lo

cual

dependería de una determinación independiente de la Rama

Judicial.

Además,

desestimación

prescripción

basada

del

ésta

expone

al

en

otros

fundamentos,

o

violación

delito

la

Gobierno

del

a

una

como

la

derecho

constitucional a un juicio rápido, de mediar otra dilación

irrazonable.2

2

En este contexto, es preciso destacar que en los

Estados Unidos --y en Puerto Rico-- una violación del

derecho constitucional a un juicio rápido puede ser

remediada sólo de una forma: la desestimación de la causa

penal. Esa desestimación, por mandato constitucional, es

terminante; es decir, “con perjuicio”. Véanse Strunk v.

United States, 412 U.S. 434, 439-40 (1973); Barker v. Wingo,

supra, pág. 522. Aunque esta norma ha sido un tanto

criticada, e.g., A. G. Amsterdam, Speedy Criminal Trial:

Rights and Remedies, 27 Stan. L. Rev. 525, 532-41 (1975), la

misma

exige

que

la

aplicación

de

la

reglamentación

estatutaria en torno a este derecho sea consistente y

eficaz. Adviértase que si posteriormente se determina que la

dilación --analizada bajo los factores enunciados en Pueblo

v. Rivera Tirado, supra--, fue en violación del derecho

CC-2007-1179

20

Un criterio similar postula el profesor Chiesa Aponte,

quien en su obra sobre derecho procesal penal señala que una

norma contraria a la que hoy anunciamos, implicaría que la

desestimación

no

tendría

consecuencia

alguna

sobre

el

Ministerio Público. A su entender, la norma más lógica es

que una vez desestimados los cargos por una violación de los

términos de “rápido enjuiciamiento”, corresponde ciertamente

iniciar un nuevo proceso, pero desde la determinación de

causa probable para arresto. Véanse E. L. Chiesa Aponte, Los

derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 Rev.

Jur. U.P.R. 83, 89 n.35 (1996); Chiesa Aponte, supra, págs.

183-84.3

Convencidos,

pues,

de

que

la

norma

establecida

en

Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, no se ajusta a las necesidades

___________________

constitucional a un juicio rápido, ello implicaría, tanto

una imposibilidad absoluta de reprocesar al imputado, como

la revocación de la convicción en apelación.

3

Asimismo, tomamos conocimiento judicial de que el

Comité

Asesor

Permanente

de

Reglas

de

Procedimiento

Criminal, adscrito al Secretariado de la Conferencia

Judicial y Notarial de esta Curia, ha propuesto precisamente

una normativa similar a la que adoptamos en este caso. En

particular, la Regla 301(H) de Procedimiento Penal Propuesta

dispone que el imputado pueda solicitar la desestimación de

la denuncia por la violación del término pautado para la

celebración de la vista preliminar. Véase Regla 301

Propuesta, Proyecto de Reglas de Procedimiento Penal, enero

de 2008, Sec. Conf. Judicial y Notarial, págs. 27-29. Al

respecto, el inciso (B) de la regla propuesta establece un

término de sesenta días para celebrar la vista preliminar,

una vez verificado el arresto de la persona imputada, o

treinta días después del arresto si estuviera detenida en la

cárcel. A su vez, dicha regla dispone que de no haber

prescrito la acción penal, el Ministerio Público podrá

volver a someter el caso “para determinar causa probable

para arresto” dentro de un término razonable a partir de la

fecha

de

la

desestimación.

Proyecto

de

Reglas

de

Procedimiento Penal, supra.

CC-2007-1179

21

de la sociedad en que vivimos actualmente, ni responde a una

concepción

correcta

de

la

intención

de

las

Reglas

de

Procedimiento Criminal en esta materia, dejamos sin efecto

la misma. Continuar aplicando dicha norma tendría el efecto

nocivo

de

restarle

regulación

importancia

estatutaria

del

a

la

Regla

64(n)

y

su

derecho

a

un

rápido

enjuiciamiento en Puerto Rico, ya que “una vez infringida,

lo único que [el Ministerio Público tendría] que hacer es

esperar

el

día

en

que

se

va

a

presentar

la

moción

[de

desestimación] y radicar una nueva acusación”. Pueblo v.

Ortiz Díaz, supra, págs. 255-56 (Op. Disidente). No podemos

avalar dicha práctica.4

En atención a todo lo anterior, procedamos a disponer

concretamente del caso ante nuestra consideración.

IV.

En el caso de autos, la vista preliminar en contra del

señor Camacho Delgado fue citada para tres fechas distintas.

En

el

tercer

transcurrido

referida

señalamiento,

el

término

audiencia,

el

ante

el

hecho

de

correspondiente

para

Tribunal

Primera

de

que

había

celebrar

la

Instancia

desestimó las denuncias ante su consideración y excarceló al

4

Tomamos esta determinación luego de analizar los

factores que se utilizan generalmente para ponderar la

revocación de una norma jurisprudencial, a saber: (1) si la

decisión anterior era claramente errónea; (2) si sus efectos

sobre el resto del ordenamiento son adversos; y (3) si la

cantidad de personas que confiaron en la misma es limitada.

Véase González Natal v. Merck Sharp & Dohme, 2006 T.S.P.R.

2, res. 5 de enero de 2006 (Op. de Conformidad); véanse,

además, United States v. Reliable Transfer Co., 421 U.S. 397

(1975);

W.

N.

Eskridge,

Jr.,

Overrulling

Statutory

Precedents, 76 Georgetown L.J. 1361 (1988).

CC-2007-1179

22

imputado. Como hemos señalado anteriormente, el Ministerio

Público no recurrió de esa determinación ante el Tribunal de

Apelaciones. Más bien, el Estado presentó posteriormente una

moción

al

amparo

de

lo

Martínez,

supra,

junto

resuelto

en

con

copia

una

Pueblo

de

v.

Montezuma

las

denuncias

desestimadas. En dicha moción, solicitó que se continuara el

caso penal y se pautara una nueva vista preliminar.

Ante estas circunstancias, es forzoso concluir que el

foro

de

instancia

solicitud

del

actuó

Ministerio

correctamente

Público.

al

denegar

Confrontado

por

la

una

desestimación debido a la violación del término consignado

en la Regla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal, el Estado

tenía tres opciones: (1) recurrir de dicha determinación

ante el Tribunal de Apelaciones; (2) aceptar el dictamen del

foro de instancia y, de tratarse de un caso por delito

grave,

iniciar

“proyecto

de

otro

proceso

denuncia”

con

la

correspondiente

presentación

para

una

del

nueva

determinación de causa probable para arresto; o (3) negarse

a

procesar

al

ciudadano,

de

acuerdo

con

la

facultad

discrecional que le reconoce nuestro ordenamiento penal al

Ministerio Público.

En vista de que el Estado no recurrió a alguna de estas

alternativas, y dado que resolvemos mediante la presente

Opinión

que

preliminar

éste

tras

no

podía

haberse

solicitar

tardado

una

nueva

vista

injustificadamente

en

procesar al señor Camacho Delgado inicialmente, revocamos la

Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en este

CC-2007-1179

23

caso. Si el Ministerio Público interesa procesar nuevamente

al señor Camacho Delgado, y de estar a tiempo para ello,

podrá presentar las denuncias objeto del caso de epígrafe

ante un magistrado para la determinación de causa probable

para arresto que corresponda.

V.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

se

revoca

la

Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en este

caso y, en su lugar, se confirma el dictamen del Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2007-1179

Certiorari

Jesús Camacho Delgado

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2008.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se revoca la Sentencia

dictada por el Tribunal de Apelaciones en este

caso y, en su lugar, se confirma el dictamen del

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de

Caguas.

Así lo pronuncia y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente

sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo