Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Rebecca Santiago Méndez
2008 TSPR 174
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Rebecca Santiago Méndez
AB-2007-0022
Conducta Profesional-Suspensión inmediata e indefinida de la profesión por incumplir requerimientos del Tribunal
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2008 TSPR 174
Jesús Camacho Delgado
175 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2007-1179
Fecha: 27 de octubre de 2008
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Caguas (Panel XII)
Juez Ponente:
Hon. Zaida Hernández Torres
Oficina del Procurador General:
Lcda. Lesy A. Irizarry Pagán
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Alberic Prados Bou
Materia:
Art. 4.04 s.c. (2 casos), Art. 412 s.c.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2007-1179
Certiorari
Jesús Camacho Delgado
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ
DENTON
San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2008.
La controversia central del caso de autos está
vinculada a uno de los valores constitucionales más
importantes
en
el
ámbito
penal:
el
derecho
a
un
juicio rápido. Con ello en mente, nos corresponde
determinar
cuál
es
el
la
violación
desestimación
por
instrumentan
dicha
efecto
garantía
procesal
de
una
las
normas
que
Puerto
Rico.
En
de
en
particular, debemos resolver si la desestimación de
una denuncia por no celebrarse la vista preliminar
dentro del término establecido por la Regla 64(n)(5)
de
Procedimiento
cancela
la
Criminal,
determinación
de
34
L.P.R.A.
causa
arresto que dio inicio al proceso.
Ap.
II,
probable
para
CC-2007-1179
2
Por entender que, en efecto, la desestimación tiene
dicha consecuencia, revocamos la sentencia recurrida.
I.
El 15 de mayo de 2007, el agente Arturo Pomales Alicea,
adscrito al Negociado de Drogas, Narcóticos y Control del
Vicio de la Policía de Puerto Rico, presentó tres denuncias
en
contra
del
Sr.
Jesús
Camacho
Delgado,
por
éste
supuestamente haber violado los Arts. 404 y 412 de la Ley de
Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. secs.
2404 y 2412. En esa misma fecha, el Tribunal de Primera
Instancia,
Sala
Municipal
de
Caguas,
determinó
causa
probable para el arresto del señor Camacho Delgado por los
delitos imputados y le fijó la fianza de rigor. Como éste no
pudo prestar la misma, el tribunal ordenó preventivamente su
encarcelación hasta la culminación del proceso penal incoado
en su contra.
Por otra parte, dado que los delitos imputados contra
el señor Camacho Delgado eran de naturaleza grave, se pautó
la celebración de una vista preliminar para el 30 de mayo de
2007. Sin embargo, por razones que no surgen del expediente,
dicha vista fue transferida para el 27 de junio de 2007.
Tras ocurrir una nueva suspensión, la audiencia se señaló
finalmente para el 2 de julio de 2007. En esa fecha, como el
agente
Pomales
Alicea
--testigo
principal
del
Ministerio
Público-- se encontraba bajo licencia militar, el fiscal le
expresó al tribunal no estar preparado para presentar el
caso.
CC-2007-1179
3
Ante estos hechos, el tribunal de instancia desestimó
las
denuncias
presentadas
en
contra
del
señor
Camacho
Delgado. Dicho foro determinó que éste había permanecido en
prisión por un período mayor a los treinta días desde su
arresto
sin
consecuencia,
habérsele
por
celebrado
juzgar
que
la
ello
vista
preliminar.
infringía
el
En
término
pautado por la Regla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal,
supra,
para
la
celebración
de
dicha
vista,
el
tribunal
ordenó la excarcelación del señor Camacho Delgado.
Por su parte, el 5 de septiembre de 2007, el Ministerio
Público
solicitó
un
nuevo
señalamiento
para
la
vista
preliminar por medio de una moción acompañada de una copia
de las tres denuncias desestimadas. No obstante, el foro de
instancia denegó su solicitud el 10 de septiembre de 2007
mediante
una
resolución
notificada
al
día
siguiente.
En
esencia, el tribunal resolvió que cuando se desestima una
denuncia por el incumplimiento con los términos prescritos
en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, el Ministerio
Público tiene que presentarla nuevamente ante un magistrado
para una determinación de causa probable para arresto bajo
la Regla 6 de Procedimiento Criminal, supra.
Inconforme con ese dictamen, el Estado recurrió ante el
Tribunal de Apelaciones y argumentó que en estos casos lo
procedente es celebrar una nueva vista preliminar, sin que
sea necesario retornar a las etapas preliminares del proceso
penal. El foro apelativo le ordenó al señor Camacho Delgado
mostrar causa por la cual no debía revocarse la resolución
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4
recurrida. Tras recibir su comparecencia, dicho foro dictó
sentencia
revocatoria
del
tribunal
de
instancia.
En
concreto, el Tribunal de Apelaciones determinó que en este
caso era innecesario solicitar una nueva determinación de
causa probable para arresto, pues no se trataba de una nueva
denuncia con cargos distintos o adicionales a los examinados
anteriormente por un magistrado.
De esa sentencia el señor Camacho Delgado recurre ante
nos. Argumenta, en síntesis, que una desestimación bajo la
Regla 64(n)(5) deja sin efecto cualquier determinación de
causa probable para arresto tomada anteriormente a base de
las denuncias archivadas. Por tanto, aduce que el Ministerio
Público tiene la obligación de presentarlas nuevamente ante
un
magistrado
para
obtener
la
determinación
de
causa
correspondiente y, de esta forma, dar comienzo a un nuevo
proceso. En su alegato ante nos, sin embargo, el Estado
reitera
su
posición
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones
y
argumenta, además, que avalar la teoría del peticionario no
fomentaría la economía procesal.
Examinado el recurso, acordamos expedir. Contando con
la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.
II.
En el contexto penal, el derecho a un juicio rápido
constituye uno de los valores más fundamentales de nuestra
sociedad.
En
salvaguardar
su
esencia,
éste
los
intereses
de
tiene
las
el
propósito
de
personas
imputadas
de
delito para evitar su indebida y opresiva encarcelación,
CC-2007-1179
minimizar
la
5
ansiedad
y
preocupación
que
genera
una
acusación pública, y reducir las posibilidades de que una
dilación extensa menoscabe su capacidad para defenderse. Por
ello, precisamente, dicha garantía fue consagrada de forma
expresa en el Art. II, Sec. 11, de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico (“En todos los procesos
criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio
rápido”). Véanse Pueblo v. Guzmán Meléndez, 161 D.P.R. 137,
156 (2004); Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, 432
(1986).
El
concepto
“juicio
rápido”
posee,
indudablemente,
ciertas características propias que le sirven de base. Aun
así, su naturaleza y alcance se han distinguido siempre por
una gran flexibilidad. En este sentido, el derecho de todo
imputado a ser juzgado de una forma justa, pero diligente y
eficiente, ha estado sujeto continuamente a los cambios que
afectan el desarrollo mismo del derecho y de la sociedad.
Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409, 413 (1974). Se
trata, pues, de una garantía constitucional que, como muchas
otras, no puede delimitarse en términos absolutos ni tampoco
interpretarse exclusivamente con vista a la situación que
enfrentó en el pasado la generación constituyente.
Así, por ejemplo, si bien el texto de nuestra garantía
proviene de una disposición análoga en la Sexta Enmienda de
la Constitución estadounidense, hace varios años aclaramos
que
esta
Curia
no
está
atada
irremediablemente
interpretaciones
que
el
Tribunal
Supremo
federal
a
las
haya
CC-2007-1179
6
enunciado sobre el tema. Íd. En efecto, dicho foro se ha
negado reiteradamente a establecer reglas de procedimiento
en esta materia para los estados federados. De esta manera,
se les ha dado libertad para interpretar la frase “juicio
rápido” de acuerdo con las circunstancias particulares de
cada jurisdicción, siempre y cuando la definición elucidada
incorpore ciertas normas federales mínimas. Véase Barker v.
Wingo, 407 U.S. 514, 523 (1972).
Conscientes de todo lo anterior, en Puerto Rico ya nos
hemos enfrentado a aspectos diversos de este derecho. En
Pueblo v. Arcelay Galán, supra, pág. 415, resolvimos que el
hecho
de
que
señalamiento
un
acusado
tardío
no
no
objete
constituye,
oportunamente
de
por
sí,
un
prueba
suficiente para concluir que éste renunció a ser enjuiciado
con prontitud. En Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 169
(1974), un caso sobre la celebración tardía de una vista
preliminar, interpretamos que el derecho a un juicio rápido
no se limita únicamente al acto del juicio, sino que abarca
todas
las
etapas
del
proceso
penal,
desde
la
imputación
inicial de delito hasta el momento mismo en que se dicte
sentencia.
Véase,
además,
Pueblo
v.
Miró
González,
133
D.P.R. 813 (1993).
En Pueblo v. Opio Opio, supra, expresamos también que
en este campo nuestra Constitución opera con su propio y
supremo vigor, por lo que el derecho a un enjuiciamiento
diligente
no
implemente.
depende
de
legislación
Posteriormente,
en
Pueblo
habilitadora
v.
Rivera
que
lo
Tirado,
CC-2007-1179
7
supra, atendimos el asunto de los criterios a ser utilizados
para determinar si hubo una violación de ese derecho. A esos
efectos, enunciamos cuatro factores que enmarcamos en el
método del balance de intereses.1
No cabe duda, pues, de que el rol de esta Curia como
intérprete máximo de la Constitución ha sido fundamental en
el desarrollo del derecho a un juicio rápido. Sin embargo,
no toda controversia sobre el mismo ha girado concretamente
en torno a la cláusula constitucional que lo garantiza. Para
asegurar el cumplimiento de este derecho en la práctica,
tanto por los abogados y fiscales, como por los propios
tribunales
de
justicia,
Criminal,
supra,
la
establece
Regla
64(n)
de
Procedimiento
una
serie
de
términos
que
gobiernan las distintas etapas del proceso penal. De acuerdo
con la situación procesal de cada imputado, ésta regula el
término para la celebración del juicio e, incluso, de la
vista preliminar en casos por delito grave. Véanse Pueblo v.
Valdés Medina, 155 D.P.R. 781 (2001); Pueblo v. Cartagena
Fuentes, 152 D.P.R. 243 (2000).
En concreto, la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal
establece,
como
temporales
en
remedio
ella
a
la
infracción
consignados,
la
de
los
términos
desestimación
de
la
denuncia, de la acusación o de cualquiera de los cargos
incluidos en éstas. De este modo, sujeto sólo a un análisis
1
En esencia, el referido análisis requiere ponderar de
manera sistemática y ordenada los criterios siguientes: (1)
la duración de la tardanza; (2) las razones para la misma;
(3) si el imputado invocó oportunamente su derecho a un
juicio rápido; y (4) el perjuicio resultante de dicha
dilación. Pueblo v. Rivera Tirado, supra, pág. 433.
CC-2007-1179
8
dirigido a determinar si la tardanza fue justificada, si la
posposición surgió de una petición del imputado o si medió
su
consentimiento
a
la
misma,
la
regla
la
ordena
desestimación al transcurrir el término aplicable a la etapa
procesal de que se trate. A su vez, en lo pertinente al caso
ante nuestra consideración, el quinto inciso de esta regla
establece
un
término
de
treinta
días
para
celebrarle
la
vista preliminar a un imputado que se encuentre detenido
preventivamente.
En nuestra jurisprudencia no existe una controversia
mayor en cuanto a la aplicación de esta disposición; así
como tampoco la hay entre los tratadistas que han abordado
el asunto. De hecho, en el caso de autos, la procedencia de
la
desestimación
decretada
por
el
Tribunal
de
Primera
Instancia no fue cuestionada por el Ministerio Público. Por
tal razón, no es necesario que nos expresemos al respecto.
Más bien, la controversia medular en el presente caso
está relacionada con las consecuencias para el Estado de esa
desestimación. En particular, en este caso debemos precisar
si
el
Ministerio
Público
puede
presentar
nuevamente
las
denuncias desestimadas y, de poder hacerlo, cuál sería el
curso procesal a seguir. Para ello, examinemos primeramente
las reglas y la jurisprudencia aplicables a la solución de
ambas interrogantes.
CC-2007-1179
9
III.
A.
Según la Regla 67 de Procedimiento Criminal, supra, la
desestimación de una causa por la violación de los términos
prescritos en la Regla 64(n) no constituye un impedimento
para el inicio de otro proceso por los mismos hechos, salvo
que se trate de un delito menos grave. En otras palabras, en
ausencia
de
circunstancias
que
lo
prohíban
--como
la
protección contra la doble exposición o la prescripción del
delito
imputado--,
las
Reglas
de
Procedimiento
Criminal
autorizan al Ministerio Público a presentar nuevamente una
denuncia sólo en casos por delito grave. Véanse E. L. Chiesa
Aponte,
Derecho
Procesal
Penal
de
Puerto
Rico
y
Estados
Unidos, Bogotá, Forum, 1992, vol. II, sec. 12.2, págs. 17584; O. E. Resumil, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho
Procesal Penal, Orford, Butterworth, 1993, vol. II, sec.
25.9, págs. 278-79.
Por su parte, la Regla 66 de Procedimiento Criminal,
supra, dispone que cuando se produce una desestimación por
defectos en la presentación o tramitación del proceso, o en
la acusación o denuncia, el tribunal puede ordenar que se
mantenga
al
acusado
bajo
custodia,
o
que
continúe
bajo
fianza por un término específico, sujeto a la presentación
de una acusación o denuncia nueva. A su vez, esta regla
establece que nada de lo dispuesto en ella afectará las
disposiciones relativas a los términos de prescripción.
CC-2007-1179
10
Al amparo de ambas reglas, y en vista de lo dispuesto
por la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, en Pueblo v.
Ortiz Díaz, 95 D.P.R. 244, 246-48 (1967), resolvimos que
cuando se desestima una acusación por haberse presentado
tardíamente
es
procedimientos
innecesario
e
preliminares
de
inoficioso
volver
determinación
a
de
los
causa
probable para acusar. En aquella ocasión expresamos que como
no se trataba de una acusación nueva con cargos distintos o
adicionales, o con otros acusados, procedía la celebración
del juicio en su fondo sin requerirse otra vista preliminar
en torno a la acusación desestimada por el tribunal. Así,
pues,
concluimos
acusación
que
era
suficiente
nuevamente,
ya
que
la
con
Rama
presentar
Judicial
la
había
realizado anteriormente una determinación de causa probable
para acusar sobre los delitos en cuestión.
Posteriormente, en Pueblo v. Montezuma Martínez, 105
D.P.R.
710
(1977),
un
imputado
reclamó
que
la
dilación
incurrida por el Ministerio Público en celebrarle la vista
preliminar
--unos
diecinueve
días
en
exceso
del
término
reglamentario-- requería el archivo con perjuicio bajo la
Regla
247
de
Procedimiento
Criminal,
supra.
El
foro
de
instancia había ordenado la desestimación, pero al amparo de
la Regla 64(n)(2). Al resolver dicho caso, coincidimos con
el proceder del foro recurrido y no acogimos los argumentos
del imputado en el sentido de ordenar el archivo definitivo
del referido caso penal. No obstante, señalamos que al haber
transcurrido
los
sesenta
días
reglamentarios
sin
haberse
CC-2007-1179
celebrado
la
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vista
mencionada,
otra
dilación
excesiva
e
injustificada podría vulnerar el derecho constitucional a un
juicio
rápido.
Así,
pues,
expresamos
que
ante
tales
circunstancias procedería decretar el sobreseimiento bajo la
Regla 247. Pueblo v. Montezuma Martínez, supra, pág. 713.
Años más tarde, en Pueblo v. Soto Ortiz, 151 D.P.R.
619, 628-31 (2001), se nos presentó la interrogante de si
una vez desestimados varios cargos por delito grave ante la
violación de los términos pautados en la Regla 64(n), la
fianza fijada previamente subsistía con relación al nuevo
proceso que instó el Estado por los mismos delitos. En dicho
caso extendimos expresamente lo resuelto en Pueblo v. Ortiz
Díaz,
supra,
en
el
contexto
de
la
desestimación
de
una
acusación, a la situación surgida tras el archivo de una
denuncia. En este sentido, resolvimos que tras producirse la
desestimación de una denuncia por la violación del término
para celebrar la vista preliminar, el Ministerio Público
puede presentarla de nuevo. Aun así, la fianza impuesta por
el tribunal permanecerá vigente con respecto a ese segundo
proceso,
a
menos
que
el
foro
de
instancia
decida
modificarla. Véase Pueblo v. Soto Ortiz, supra, pág. 630-31.
Por otro lado, indicamos que conforme al mandato de la
Regla 66 de Procedimiento Criminal, supra, la mejor práctica
a seguir por los tribunales de instancia es que se delimite
el término específico en que el imputado permanecerá bajo
custodia o durante el cual subsistirá la fianza (bajo sus
condiciones originales), para dar lugar a que se presenten
CC-2007-1179
los
12
cargos
nuevamente.
Transcurrido
dicho
término,
el
imputado puede solicitar la cancelación de la fianza y, si
el
Ministerio
Público
no
ha
actuado,
el
tribunal
puede
sobreseer el caso penal a tenor de lo dispuesto por la Regla
247(b) de Procedimiento Criminal, supra. Véase Pueblo v.
Soto Ortiz, supra, pág. 633.
A
pesar
de
todo
lo
anterior,
en
Pueblo
v.
Carrión
Rivera, 159 D.P.R. 633, 641 (2003), este Tribunal llegó a un
resultado diferente del previsto por las normas esbozadas en
los tres casos reseñados. Carrión Rivera versaba sobre si el
derecho
a
un
transcurrido
infracción
juicio
entre
del
la
mismo,
rápido
aplica
desestimación
y
el
durante
el
tiempo
de
la
causa,
por
la
comienzo
del
nuevo
proceso
autorizado por la Regla 67 de Procedimiento Criminal. Al
resolver
que
el
derecho
a
un
juicio
rápido
no
era
de
aplicación al referido período, este Tribunal señaló que la
desestimación, aun aquella “sin perjuicio”, supone la caída
de los cargos en contra del imputado. Íd. pág. 643. De esta
manera, el Tribunal descartó el argumento de Carrión Rivera
en cuanto a que la primera desestimación era solamente un
incidente procesal que no interrumpe el carácter continuado
del procedimiento criminal. En cambio, el Tribunal expresó
que la desestimación de una causa tiene que entenderse como
un evento que da por terminada la acción presentada ante los
tribunales por el Ministerio Público. Íd. pág. 644.
De la normativa antes expuesta se desprende claramente
que,
de
conformidad
con
la
Regla
67
de
Procedimiento
CC-2007-1179
Criminal,
13
el
Ministerio
Público
tiene
la
facultad
de
presentar nuevamente aquellos cargos por delito grave que
sean
desestimados
por
una
violación
de
los
términos
consignados en la Regla 64(n). Esto es así, ya que según la
Regla 67 una desestimación en tales circunstancias es “sin
perjuicio”. En cambio, si se trata de cargos por delito
menos grave la desestimación será “con perjuicio”, lo que
impediría el reprocesamiento del imputado.
Del mismo modo, es evidente que bajo el primer supuesto
--la
desestimación
Público
a
quien
segunda
vez
al
le
“sin
perjuicio”--
corresponde
imputado.
es
al
Ministerio
decidir
si
e.g.,
Pueblo
Véase,
encausa
v.
por
Dávila
Delgado, 143 D.P.R. 157, 170 (1997). No obstante, de las
reglas citadas y de los casos reseñados es difícil derivar
una norma clara relativa a la etapa en que debe “comenzar”
el
“otro
proceso”
al
que
se
refiere
la
Regla
67
de
Procedimiento Criminal.
Como señalamos anteriormente, en Pueblo v. Ortiz Díaz,
supra,
resolvimos
que
era
suficiente
con
presentar
nuevamente el pliego acusatorio para continuar con los demás
procedimientos,
aunque
cuanto
violación
a
la
el
imputado
tuviese
de
términos
los
la
de
razón
en
“rápido
enjuiciamiento” y, por ende, procediese la desestimación de
la causa. Sin embargo, casi cuarenta años más tarde, en
Pueblo
v.
Carrión
Rivera,
supra,
expresamos
que
la
desestimación de un caso penal conlleva la culminación del
proceso instado en contra del imputado. La diferencia en
CC-2007-1179
14
nuestras expresiones sobre este asunto, probablemente, es el
resultado de las circunstancias diversas en que el mismo nos
ha sido presentado. Ello nos motiva a reexaminar, de forma
sosegada, las normas relativas a esta controversia, así como
las consecuencias prácticas derivadas de aquéllas.
B.
En Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, señalamos que como la
acusación
en
distintos
al
cuestión
pliego
no
contenía
original
que
cargos
fue
o
acusados
desestimado
por
el
tribunal, éste podía continuar el proceso tras presentarse
nuevamente
la
acusación.
Apoyamos
esa
conclusión
en
lo
dispuesto por la Regla 66 de Procedimiento Criminal, supra,
en el sentido de que luego de desestimarse una acusación o
una denuncia por defectos en la tramitación del proceso, o
defectos en las mismas, el tribunal puede “ordenar que se
mantenga
al
acusado
bajo
custodia,
o
que
continúe
bajo
fianza por un término específico, sujeto a la presentación
de una nueva acusación o denuncia” (énfasis suplido). Así,
pues,
colegimos
del
texto
citado
que
el
tribunal
puede
desestimar la denuncia o la acusación bajo la Regla 64(n).
Sin embargo, ello estaba sujeto a que --al amparo de la
autoridad provista por la Regla 66 aludida-- éste podría
ordenar la presentación de una acusación nueva y continuar,
de esa forma, con el proceso penal en la etapa en que se
encontrare el mismo al momento de la desestimación.
Al
reexaminar
dichos
pronunciamientos,
tanto
en
el
contexto presentado por el caso ante nos, como a luz de la
CC-2007-1179
normativa
15
vigente,
es
forzoso
concluir
que
la
solución
provista por Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, no es cónsona con
la intención de la Regla 64(n) ni con su reglamentación
dirigida a instrumentar el derecho a un juicio rápido en
nuestra jurisdicción. Por un lado, la interpretación de la
Regla 66 de Procedimiento Criminal en la cual se fundamentó
Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, pasa por alto el origen de
dicha regla y el contexto en que se previó su aplicación. De
otra parte, ésta tampoco toma en cuenta los cambios en la
manera en que se inician los procesos penales en Puerto Rico
tras
la
general,
aprobación
Pueblo
v.
de
nuestra
Ortiz
Díaz,
Constitución.
supra,
págs.
Código
de
Véase,
249-57
en
(Op.
Disidente).
Como
es
sabido,
bajo
el
Enjuiciamiento
Criminal de 1902, los magistrados y los promotores fiscales
(los cuales también se consideraban magistrados) tenían la
facultad de determinar causa probable, dictar órdenes de
arresto, así como aprobar y fijar fianzas. Véase Art. 13 del
Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902, Código Penal y
Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico, 1902, pág.
13; Pueblo v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 535 (1953). Esa
facultad, sin embargo, no subsistió tras la aprobación de la
Constitución del Estado Libre Asociado en 1952, ya que bajo
ésta
se
entendió
que
esa
autoridad
correspondía
exclusivamente a la Rama Judicial. Íd. Aun así, los fiscales
retuvieron el poder de determinar la existencia de causa
probable
para
formular
acusaciones.
E.g.,
Pueblo
v.
CC-2007-1179
16
Quiñones, 76 D.P.R. 955 (1954). Por consiguiente, no era
necesario que el fiscal acudiera ante un magistrado para que
éste autorizara la presentación de una acusación, pues el
fiscal mismo tenía la autoridad de decidir al respecto.
Ahora
bien,
Procedimiento
con
la
Criminal
aprobación
de
1963,
de
las
Reglas
de
se
estableció
el
procedimiento de vista preliminar para acusar regulado por
la Regla 23 de dicho cuerpo reglamentario. Desde entonces,
los
fiscales
acusación
sin
carecen
de
autoridad
contar
antes
con
el
para
aval
presentar
de
un
una
juez
del
Tribunal de Primera Instancia. En vista de ello, es evidente
que la práctica de presentar nuevamente una acusación tras
desestimarse
la
misma
por
la
violación
de
los
términos
consignados en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal,
quedó
claramente
desautorizada
por
el
nuevo
ordenamiento
anteriormente
se
podía
procesal penal aprobado en 1963.
Por
ende,
aunque
iniciar
un
nuevo proceso a través de la acción autónoma y discrecional
del
fiscal,
desde
la
aprobación
de
las
Reglas
de
Procedimiento Criminal la única forma de “iniciar un nuevo
proceso” al amparo de éstas es mediante la determinación de
causa probable para arresto, de conformidad con la Regla 6
de Procedimiento Criminal, supra. En efecto, esa ha sido la
doctrina
reiterada
de
esta
Curia
a
través
de
los
años.
Véanse, e.g., Pueblo v. Rivera Martell y Vega Pérez, 2008
T.S.P.R.
64,
res.
González, supra.
22
de
abril
de
2008;
Pueblo
v.
Miró
CC-2007-1179
17
Lo anterior nos lleva a considerar la aplicabilidad de
la Regla 66 antes mencionada a la situación que nos ocupa.
La Regla 66 de Procedimiento Criminal tiene su origen en los
Arts. 147, 148 y 157 del Código de Enjuiciamiento Criminal,
supra,
los
Criminal
cuales
procedían
californiano.
puertorriqueño
se
Los
del
Código
de
Arts.
147
y
148
al
caso
de
referían
Procedimiento
del
una
código
acusación
presentada sin el debido juramento o la firma del fiscal.
Dichos artículos regulaban la moción de desestimación por
esos fundamentos, la resolución correspondiente y la orden
que emitiría el tribunal en tales circunstancias.
Por otra parte, el Art. 157 se refería al efecto de una
resolución que declarara con lugar una excepción perentoria
contra
la
acusación.
Como
se
sabe,
las
excepciones
perentorias fueron abolidas por la Regla 62 de Procedimiento
Criminal,
supra.
Más
importante
aún,
una
lectura
de
los
artículos antes citados demuestra que los mismos partían de
la premisa de que la facultad del magistrado para retener al
imputado bajo custodia o bajo fianza, estaba sujeta a que
los delitos en cuestión fuesen examinados nuevamente por un
juez
de
paz.
correspondía
la
A
estos
jueces,
facultad
de
como
ha
de
recordarse,
determinar
si
procedía
el
arresto de una persona por parte de los agentes del Estado.
Véase Código de Enjuiciamiento Criminal, supra, págs. 187,
189.
A la luz de lo antes expuesto, indudablemente, la Regla
66 de Procedimiento Criminal no se refiere a defectos de
CC-2007-1179
18
índole procesal de la magnitud de un incumplimiento con los
términos consignados en la citada Regla 64(n). Más bien,
ésta alude a defectos de forma o a la inobservancia de los
requisitos
ministeriales
que
le
imponen
las
Reglas
de
Procedimiento Criminal al Ministerio Público. Por lo tanto,
concluimos que la Regla 66 antes citada no puede utilizarse
para
soslayar
el
efecto
de
una
desestimación
por
la
violación de los términos de “rápido enjuiciamiento”, de
modo que el Ministerio Público pueda continuar con el caso
en la misma etapa procesal en que éste se encontraba, a
pesar de haberse tardado de forma injustificada en procesar
inicialmente al imputado.
En este contexto, resulta ampliamente conocido que el
propósito fundamental de la Regla 64(n) de Procedimiento
Criminal
es
proveer
unos
términos
constitucionalmente
razonables para encauzar el proceso penal, de manera que se
les ofrezca a las personas imputadas de delito una cierta
garantía
de
diligencia
instados
en
su
en
la
A
su
contra.
tramitación
vez,
de
esta
los
cargos
reglamentación
particular del derecho a un juicio rápido permite atender
estatutariamente –y de manera preventiva— las situaciones de
demora
que,
de
otra
forma,
requerirían
abordar
constantemente la normativa constitucional aplicable; ello,
probablemente,
ante
circunstancias
poco
adecuadas
para
hacerlo. En otras palabras, aunque los términos consignados
en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal no son, de por
sí,
de
índole
constitucional,
éstos
están
dirigidos
a
CC-2007-1179
19
instrumentar en términos prácticos el derecho a un juicio
rápido
en
Puerto
Rico.
Por
ende,
las
interpretaciones
y
aplicaciones de dicha regla deben tener siempre presente el
valor que la misma busca salvaguardar.
Por otra parte, y a pesar de que no estamos obligados a
seguir la normativa federal en esta materia, resulta muy
ilustrativo que en los Estados Unidos se haya expresado que
la desestimación “sin perjuicio” no es una sanción débil
ante la dilación injustificada del Ministerio Público en
procesar al imputado. En esa dirección, en United States v.
Taylor, 487 U.S. 326 (1988), se indicó que la desestimación
obliga al Ministerio Público a obtener un nuevo “indictment”
si
decide
procesar
nuevamente
al
imputado,
lo
cual
dependería de una determinación independiente de la Rama
Judicial.
Además,
desestimación
prescripción
basada
del
ésta
expone
al
en
otros
fundamentos,
o
violación
delito
la
Gobierno
del
a
una
como
la
derecho
constitucional a un juicio rápido, de mediar otra dilación
irrazonable.2
2
En este contexto, es preciso destacar que en los
Estados Unidos --y en Puerto Rico-- una violación del
derecho constitucional a un juicio rápido puede ser
remediada sólo de una forma: la desestimación de la causa
penal. Esa desestimación, por mandato constitucional, es
terminante; es decir, “con perjuicio”. Véanse Strunk v.
United States, 412 U.S. 434, 439-40 (1973); Barker v. Wingo,
supra, pág. 522. Aunque esta norma ha sido un tanto
criticada, e.g., A. G. Amsterdam, Speedy Criminal Trial:
Rights and Remedies, 27 Stan. L. Rev. 525, 532-41 (1975), la
misma
exige
que
la
aplicación
de
la
reglamentación
estatutaria en torno a este derecho sea consistente y
eficaz. Adviértase que si posteriormente se determina que la
dilación --analizada bajo los factores enunciados en Pueblo
v. Rivera Tirado, supra--, fue en violación del derecho
CC-2007-1179
20
Un criterio similar postula el profesor Chiesa Aponte,
quien en su obra sobre derecho procesal penal señala que una
norma contraria a la que hoy anunciamos, implicaría que la
desestimación
no
tendría
consecuencia
alguna
sobre
el
Ministerio Público. A su entender, la norma más lógica es
que una vez desestimados los cargos por una violación de los
términos de “rápido enjuiciamiento”, corresponde ciertamente
iniciar un nuevo proceso, pero desde la determinación de
causa probable para arresto. Véanse E. L. Chiesa Aponte, Los
derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 Rev.
Jur. U.P.R. 83, 89 n.35 (1996); Chiesa Aponte, supra, págs.
183-84.3
Convencidos,
pues,
de
que
la
norma
establecida
en
Pueblo v. Ortiz Díaz, supra, no se ajusta a las necesidades
___________________
constitucional a un juicio rápido, ello implicaría, tanto
una imposibilidad absoluta de reprocesar al imputado, como
la revocación de la convicción en apelación.
3
Asimismo, tomamos conocimiento judicial de que el
Comité
Asesor
Permanente
de
Reglas
de
Procedimiento
Criminal, adscrito al Secretariado de la Conferencia
Judicial y Notarial de esta Curia, ha propuesto precisamente
una normativa similar a la que adoptamos en este caso. En
particular, la Regla 301(H) de Procedimiento Penal Propuesta
dispone que el imputado pueda solicitar la desestimación de
la denuncia por la violación del término pautado para la
celebración de la vista preliminar. Véase Regla 301
Propuesta, Proyecto de Reglas de Procedimiento Penal, enero
de 2008, Sec. Conf. Judicial y Notarial, págs. 27-29. Al
respecto, el inciso (B) de la regla propuesta establece un
término de sesenta días para celebrar la vista preliminar,
una vez verificado el arresto de la persona imputada, o
treinta días después del arresto si estuviera detenida en la
cárcel. A su vez, dicha regla dispone que de no haber
prescrito la acción penal, el Ministerio Público podrá
volver a someter el caso “para determinar causa probable
para arresto” dentro de un término razonable a partir de la
fecha
de
la
desestimación.
Proyecto
de
Reglas
de
Procedimiento Penal, supra.
CC-2007-1179
21
de la sociedad en que vivimos actualmente, ni responde a una
concepción
correcta
de
la
intención
de
las
Reglas
de
Procedimiento Criminal en esta materia, dejamos sin efecto
la misma. Continuar aplicando dicha norma tendría el efecto
nocivo
de
restarle
regulación
importancia
estatutaria
del
a
la
Regla
64(n)
y
su
derecho
a
un
rápido
enjuiciamiento en Puerto Rico, ya que “una vez infringida,
lo único que [el Ministerio Público tendría] que hacer es
esperar
el
día
en
que
se
va
a
presentar
la
moción
[de
desestimación] y radicar una nueva acusación”. Pueblo v.
Ortiz Díaz, supra, págs. 255-56 (Op. Disidente). No podemos
avalar dicha práctica.4
En atención a todo lo anterior, procedamos a disponer
concretamente del caso ante nuestra consideración.
IV.
En el caso de autos, la vista preliminar en contra del
señor Camacho Delgado fue citada para tres fechas distintas.
En
el
tercer
transcurrido
referida
señalamiento,
el
término
audiencia,
el
ante
el
hecho
de
correspondiente
para
Tribunal
Primera
de
que
había
celebrar
la
Instancia
desestimó las denuncias ante su consideración y excarceló al
4
Tomamos esta determinación luego de analizar los
factores que se utilizan generalmente para ponderar la
revocación de una norma jurisprudencial, a saber: (1) si la
decisión anterior era claramente errónea; (2) si sus efectos
sobre el resto del ordenamiento son adversos; y (3) si la
cantidad de personas que confiaron en la misma es limitada.
Véase González Natal v. Merck Sharp & Dohme, 2006 T.S.P.R.
2, res. 5 de enero de 2006 (Op. de Conformidad); véanse,
además, United States v. Reliable Transfer Co., 421 U.S. 397
(1975);
W.
N.
Eskridge,
Jr.,
Overrulling
Statutory
Precedents, 76 Georgetown L.J. 1361 (1988).
CC-2007-1179
22
imputado. Como hemos señalado anteriormente, el Ministerio
Público no recurrió de esa determinación ante el Tribunal de
Apelaciones. Más bien, el Estado presentó posteriormente una
moción
al
amparo
de
lo
Martínez,
supra,
junto
resuelto
en
con
copia
una
Pueblo
de
v.
Montezuma
las
denuncias
desestimadas. En dicha moción, solicitó que se continuara el
caso penal y se pautara una nueva vista preliminar.
Ante estas circunstancias, es forzoso concluir que el
foro
de
instancia
solicitud
del
actuó
Ministerio
correctamente
Público.
al
denegar
Confrontado
por
la
una
desestimación debido a la violación del término consignado
en la Regla 64(n)(5) de Procedimiento Criminal, el Estado
tenía tres opciones: (1) recurrir de dicha determinación
ante el Tribunal de Apelaciones; (2) aceptar el dictamen del
foro de instancia y, de tratarse de un caso por delito
grave,
iniciar
“proyecto
de
otro
proceso
denuncia”
con
la
correspondiente
presentación
para
una
del
nueva
determinación de causa probable para arresto; o (3) negarse
a
procesar
al
ciudadano,
de
acuerdo
con
la
facultad
discrecional que le reconoce nuestro ordenamiento penal al
Ministerio Público.
En vista de que el Estado no recurrió a alguna de estas
alternativas, y dado que resolvemos mediante la presente
Opinión
que
preliminar
éste
tras
no
podía
haberse
solicitar
tardado
una
nueva
vista
injustificadamente
en
procesar al señor Camacho Delgado inicialmente, revocamos la
Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en este
CC-2007-1179
23
caso. Si el Ministerio Público interesa procesar nuevamente
al señor Camacho Delgado, y de estar a tiempo para ello,
podrá presentar las denuncias objeto del caso de epígrafe
ante un magistrado para la determinación de causa probable
para arresto que corresponda.
V.
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
se
revoca
la
Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en este
caso y, en su lugar, se confirma el dictamen del Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2007-1179
Certiorari
Jesús Camacho Delgado
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2008.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se revoca la Sentencia
dictada por el Tribunal de Apelaciones en este
caso y, en su lugar, se confirma el dictamen del
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de
Caguas.
Así lo pronuncia y manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La
Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente
sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo