Tribunal Supremo de Puerto Rico
Torres Martínez v. Belford Torres Ghigliotty, et als
2008 TSPR 181
Poder Judicial de Puerto Rico
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Torres Martínez v. Belford Torres Ghigliotty, et als
CC-2006-0070
Derecho de Sucesiones: llamamiento a título de hered ero ; legado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alma Ivette Torres Martínez
Certiorari
Peticionaria
2008 TSPR 181
v.
175 DPR ____
Belford Torres Ghigliotty, et als
Recurrido
Número del Caso: CC-2006-70
Fecha: 21 de noviembre de 2008
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez
Juez Ponente:
Hon. Roberto L. Córdova Arone
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Luis M. Muñiz Pérez
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Ramón Guillermo Vélez Rivera
Materia: División de Comunidad de Bienes
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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alma Ivette Torres Martínez
Peticionaria
CC-2006-70
v.
Belford Torres Ghigliotty, et
als
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR RIVERA PÉREZ
San Juan, Puerto Rico, a 21 de noviembre de 2008.
Tenemos
la
ocasión
para
resolver
si
la
adjudicación de una finca a titulo mortis causa, a
favor
de
una
llamamiento
a
heredera
título
de
forzosa,
constituyó
un
heredero
o,
el
si
por
contrario, es un legado de cosa específica, el cual
quedó revocado cuando el testador, con posterioridad
al otorgamiento del testamento, concedió a un tercero
una
opción
Examinemos
de
compra
sobre
los
hechos
que
la
referida
originaron
la
finca.
presente
controversia.
I
El
2
de
marzo
de 1999, el Sr. Belford Torres
CC-2006-70
Vélez,
2
otorgó
un
testamento
abierto1
mediante
el
cual
instituyó, a sus hijos, el Sr. Juan Belford Torres Ghigliotty
y la Sra. Alma Ivette Torres Martínez como sus únicos y
universales
Ghigliotty
herederos.
como
el
Además,
albacea
y
nombró
al
administrador
señor
de
Torres
todos
sus
bienes, derechos y acciones.
En dicho testamento, el causante dispuso específicamente
cuatro (4) legados a favor de sus nietos.
Asimismo, dispuso
que una vez pagados dichos legados, el remanente del tercio
de libre disposición fuera adjudicado a su hijo, el señor
Torres Ghigliotty.
En
el
acápite
quinto
del
testamento,
se
detalló
lo
relativo a la institución de herederos y luego de instituir
herederos a sus dos hijos, el de cujus dispuso lo siguiente:
“Asimismo dispone el testador, señor
Torres Vélez, que al pagarle a su hijo
nombrado Juan Belford Torres Ghigliotty, lo
que le corresponde en los bienes que deja a su
fallecimiento se le adjudique como parte de lo
que le pertenezca, la siguiente propiedad”2
[Se describe una finca rústica de 67 cuerdas
ubicada en el Municipio de Cabo Rojo].
A renglón seguido, respecto a su hija, la señora Torres
Martínez, señaló lo siguiente:
“También dispone el testador, Don Belford
Torres Vélez, que al pagarle a su hija
nombrada doña Alma Ivette Torres Martínez, por
su participación hereditaria se le adjudique
la siguiente propiedad.” 3[Se describe una
finca de 25 cuerdas ubicada en Boquerón, Cabo
Rojo.] Énfasis suplido.
1
Testamento Abierto y Revocación, Apéndice del recurso de
Certiorari, págs. 56-64.
2
Cláusula sexta del Testamento.
3
Íd.
CC-2006-70
3
Pasado
dos
años
y
medio
del
otorgamiento
de
su
testamento, el señor Torres Vélez suscribió un “Contrato de
Opción de Compra” con MAC Development Corp., en adelante MAC
Development. En virtud de
dicho contrato, el causante otorgó
a favor de MAC Development una opción de compra sobre la
finca adjudicada en el testamento a favor de su hija, la
señora Torres Martínez.4
El 26 de enero de 2002, después de otorgado el contrato
de
opción
de
compraventa
y
antes
de
expirar
el
término
dispuesto para que MAC Development ejerciera la opción, el
señor
Torres
ejercida.
Vélez
Le
falleció,
sobrevivieron
sin
sus
que
dos
(2)
la
opción
hijos,
el
fuera
señor
Torres Ghigliotty y la señora Torres Martínez, y su viuda, la
Sra.
Josefa
Rivera
Irizarry.
MAC
Development
notificó
entonces a la sucesión del señor Torres Vélez que deseaba
ejercer la opción de compraventa.5
Al no recibir respuesta, MAC Development presentó ante
el Tribunal de Primera Instancia una demanda en contra de la
sucesión
Torres
Vélez
y
solicitó,
entre
otras
cosas,
el
4
El Contrato de Opción de Compra se suscribió el 28 de
septiembre de 2001. El precio de compraventa de la finca fue
$400,000.
Además, se dispuso que el señor Torres Vélez
podría escoger un apartamento del proyecto a ser desarrollado
por
MAC
Development.
Véase,
Contrato
de
Opción
de
Compraventa, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 101105.
5
MAC Development realizó dicha notificación mediante carta
fechada de 14 de agosto de 2002, la cual envió a cada uno de
los miembros de la sucesión Torres Vélez por correo
certificado. Véase, Apéndice del recurso de Certiorari, págs.
106-108; Contrato de Opción de Compra, Íd., pág. 102.
CC-2006-70
cumplimiento
4
específico
del
contrato
de
opción
y
el
otorgamiento de la correspondiente escritura de compraventa.6
Con el propósito de zanjar la controversia, la sucesión
Torres Vélez y MAC Development, suscribieron y presentaron
ante el foro primario un “Acuerdo por Estipulación” mediante
el cual reconocían la validez del “Contrato de Opción de
Compra” otorgado por su causante. Estipularon, además, que
una vez recibido el correspondiente relevo del Departamento
de Hacienda, otorgarían la escritura de compraventa.7
El
Tribunal
de
Primera
Instancia
dictó
Sentencia
aprobando el “Acuerdo por Estipulación” presentado por ambas
partes. Como parte integral de la misma, se incorporó por
referencia, la totalidad de los acuerdos habidos entre las
partes.
No obstante, en vista de las desavenencias entre las
partes
en
compraventa
torno
de
a
la
la
distribución
del
finca
adjudicada
a
producto
la
señora
de
la
Torres
Ghigliotty, dicho foro determinó que MAC Development debía
consignar el dinero en el tribunal hasta tanto se resolvieran
sus diferencias.
Así se hizo.
El 23 de mayo de 2003, la sucesión Torres Vélez fue
citada,
mediante
notario,
para
que
comparecieran
a
la
autorización de la escritura de compraventa de la finca en
cuestión, pero sus miembros no comparecieron.
6
Esta demanda originó un pleito distinto al de autos,
identificado como MAC Development, Corp. v. Sucn. Belford
Torres Vélez et als., Civil Núm, IAC 2002-0091. Véase,
Demanda Enmendada, Apéndice del recurso de Certiorari, págs.
91-99.
7
Véase, Acuerdo por Estipulación, Apéndice del recurso de
Certiorari, págs. 109-110.
CC-2006-70
5
Un día antes de la fecha pautada para la autorización de
la escritura de compraventa de dicho inmueble, la señora
Torres
Martínez
presentó
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia una demanda sobre división de comunidad de bienes,
partición hereditaria y solicitud de cartas testamentarias
contra
el
señor
Torres
Ghigliotty
y
la
señora
Rivera
Irizarry.
En la misma alegó, inter alia, que el inmueble
objeto
la
de
compraventa
le
pertenecía
por
disposición
testamentaria y solicitó la totalidad del dinero producto de
la compraventa. Adujo, además, que el señor Torres Ghigliotty
incumplió con sus deberes como albacea, por lo que solicitó
su destitución y la indemnización de los daños y perjuicios
causados por la negligencia de éste.
El señor Torres Ghigliotty contestó la demanda. Negó
haber incumplido con sus deberes como albacea y solicitó la
desestimación de la demanda. Por su parte, la viuda, señora
Rivera Irizarry, en su contestación a la demanda advirtió que
el albacea no había presentado informes, inventario ni avalúo
del caudal hereditario, razón por la cual solicitó al foro
primario
que
le
ordenara
a
éste
cumplir
con
dichas
obligaciones, a fin de proceder con la división del caudal y
el pago de la cuota viudal usufructuaria.
Luego de varios incidentes procesales, el Tribunal de
Primera Instancia emitió una Sentencia, en la que declaró no
ha lugar la demanda instada por la señora Torres Martínez.
Resolvió, entre otras cosas, que la disposición testamentaria
sobre
el
inmueble
que
nos
ocupa
era
un
legado
de
cosa
específica y al enajenarse el inmueble mediante el ejercicio
CC-2006-70
6
de la opción de MAC
Development, éste se tornó ineficaz e
inexistente. A base de ello, concluyó que la señora Torres
Martínez no tenía derecho al producto de la venta de la
finca, el cual se refundiría en la masa hereditaria.
El foro
primario le ordenó al señor Torres Ghigliotty, como albacea
testamentario,
que
procediera
a
realizar
el
inventario,
avalúo, partición y adjudicación de la herencia. De dicha
determinación,
la
señora
Torres
Martínez
solicitó
reconsideración, mas la misma fue denegada.
Inconforme, la señora Torres Martínez presentó ante el
Tribunal
de
Apelaciones
una
“Solicitud
de
Apelación
y/o
Certiorari” en la que solicitó la revocación de la sentencia
emitida por el foro primario. Alegó, que dicho foro erró al
determinar: (a) que cuando el señor Torres Vélez suscribió el
contrato de opción revocó el legado de cosa específica; (b)
que dicho legado se extinguió cuando MAC Development ejercitó
opción; y (c) que la señora Torres Martínez no tenía derecho
al producto de la venta de la finca.
El foro apelativo intermedio dictó sentencia, en la cual
denegó por prematura la expedición del recurso de Certiorari.
Resolvió
que,
toda
vez
que
no
se
habían
adjudicado
los
derechos hereditarios de forma final, carecía de jurisdicción
para
intervenir
en
esa
etapa
de
los
procedimientos.
No
obstante, explicó su decisión y expresó su conformidad con
los fundamentos del dictamen del foro primario.
Aún inconforme, la señora Torres Martínez presentó ante
nos un recurso de Certiorari y le imputó al foro apelativo
intermedio la comisión del error siguiente:
CC-2006-70
7
ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL
DENEGAR LA EXPEDICIÓN DEL RECURSO DE
CERTIORARI POR SER ÉSTE PREMATURO Y
CARECER DE JURISDICCIÓN PERO A SU VEZ
CONFIRMA LA RESOLUCIÓN RECURRIDA DEL
TRIBUNAL
DE
PRIMERA
INSTANCIA
DONDE
DECLARA
NO
HA
LUGAR
LA
MOCIÓN
DE
SENTENCIA SUMARIA Y DESESTIMA LA DEMANDA.
Examinado
el
recurso, expedimos
el
auto
solicitado.
Posteriormente la señora Torres Martínez presentó ante nos su
Alegato y señaló la comisión de los errores siguientes:
ERRÓ
EL
HONORABLE
TRIBUNAL
DE
INSTANCIA AL DESESTIMAR LA DEMANDA Y
DICTAR SENTENCIA CUANDO AÚN NO HA
CULMINADO EL CASO.
ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA
DETERMINAR LO SIGUIENTE:
AL
“La opción fue ejercitada por el
optante, MAC DEVELOPMENT, por lo que
el legado se revocó completamente.
Conforme
a
lo
dicho
por
los
comentaristas, una vez se revoca un
legado por la voluntad del propio
testador, el mismo es ineficaz y no
existe. Al ser ineficaz el legado, la
Demandante de epígrafe, Doña Alma
Ivette
Torres
Martínez,
no
tiene
derecho al producto de la venta de la
finca que le fue dejada mediante
legado de su padre, ya que el dinero
no puede sustituir algo que dejó de
tener validez jurídica.
Por lo tanto, el dinero producto de la
compraventa del inmueble que le fue
legado a Doña Alma Ivette Torres
Martínez
se
funde
en
la
masa
hereditaria y ésta recoge en el caudal
hereditario como heredera forzosa.”
ERRÓ EL TRIBUNAL DE
APELACIONES
DENEGAR LA EXPEDICIÓN DEL RECURSO DE
CERTIORARI
POR
SER
ESTE
(sic)
PREMATURO Y CARECER DE JURISDICCIÓN,
PERO A SU VEZ CONFIRMA LA RESOLUCIÓN
RECURRIDA DEL TPI (sic) DONDE DECLARA
NO HA LUGAR LA MOCIÓN DE SENTENCIA
SUMARIA Y DESESTIMA LA DEMANDA.
CC-2006-70
Con
partes,
8
el
beneficio
estamos
en
de
la
posición
comparecencia
de
resolver
de
el
todas
las
asunto
ante
nuestra consideración.
II
Antes de pasar a la controversia sustantiva planteada
ante nos, debemos resolver una cuestión de índole procesal, a
saber: si el Tribunal de Apelaciones tenía jurisdicción para
acoger un recurso de Certiorari presentado en un litigio
sobre división de herencia antes de la adjudicación final de
ciertos derechos hereditarios.
El Tribunal de Apelaciones fundamentó su negativa para
expedir el auto de Certiorari presentado por la señora Torres
Martínez, en que el asunto planteado por ésta era prematuro
debido a que el tribunal a quo no había adjudicado aún los
derechos hereditarios de forma final. Por tal razón, concluyó
que carecía de jurisdicción.
Como
es
sabido,
Al así resolver, erró.
nuestro
ordenamiento
Veamos.
procesal
civil
establece una diferencia sustantiva entre lo que constituye
una sentencia y una resolución. Esta distinción responde a la
naturaleza
y
Mientras
que
requisitos
la
de
sentencia
ambos
dictámenes
adjudica
de
forma
judiciales.
final
la
controversia trabada entre las partes, la resolución resuelve
algún incidente dentro del litigio sin adjudicar de manera
definitiva la controversia.8
8
U.S. Fire Ins. Co. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962 (2000).
CC-2006-70
9
La Regla 43.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de
Puerto Rico,9 conceptúa la sentencia del modo siguiente:
Según se usa en estas reglas, el
término “sentencia” incluye cualquier
determinación del Tribunal de Primera
Instancia que resuelva finalmente la
cuestión litigiosa de la cual pueda
apelarse. (Énfasis suplido).
Del citado precepto se desprende que una sentencia es
final o definitiva cuando resuelve el caso en sus méritos y
termina el litigio entre las partes, en forma tal, que no
quede
pendiente
nada
más
que
su
ejecución.10
Es
de
esa
determinación que la parte inconforme, si así lo desea, puede
interponer un recurso de apelación.11
De
otra
parte,
el
foro
primario
podrá
emitir
una
sentencia parcial, cuando conforme a la Regla 43.5 de las
Reglas de Procedimiento Civil12, se trate de un caso que
tenga
9
partes
o
reclamaciones
múltiples,
y
el
juzgador
32 L.P.R.A. Ap. III, R. 43.1.
10
Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 838
(1999); Bco. Santander P.R. v. Fajardo Farms Corp., 141
D.P.R. 237, 244 (1996); First Fed. Savs. v. Nazario et als.,
138 D.P.R. 872, 877 (1995), esc. 4; Cárdenas Maxán v.
Rodríguez, 119 D.P.R. 642, 655 (1987); Véase, además, J.A.
Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan,
Puerto Rico, Ed. Publicaciones JTS, 2000, Tomo II, pág. 680.
11
Suárez v. E.L.A., 162 D.P.R. 43, 62 (2004). Cabe señalar
que una sentencia es final cuando el tribunal ha resuelto
todas las cuestiones planteadas, y contra la cual cualquier
parte podría interponer recurso de apelación dentro del
término dispuesto para ello en el ordenamiento procesal
vigente. De otra parte, una sentencia final y firme es
aquella contra la cual no cabe recurso de apelación debido a
que transcurrió el referido término para solicitar apelación
y/o por razón de que, radicado el recurso de apelación, el
tribunal apelativo confirmó la misma y los términos de
reconsideración ya transcurrieron. Véase, además, Bco.
Santander de P.R. v. Fajardo Farms Corp., supra, pág. 244;
J.A. Cuevas Segarra, op cit., pág. 680.
12
32 L.P.R.A. Ap. III R. 43.5.
CC-2006-70
10
concluye que “no existe razón para posponer el dictamen de la
sentencia en cuanto a una o más de tales reclamaciones o
partes
hasta
la
resolución
final
del
pleito”.13
De
conformidad con dicha regla, la sentencia parcial emitida
será final una vez el juez ordene expresamente su registro y
el
archivo
en
autos
de
copia
de
la
notificación.
Desde
entonces comenzará a transcurrir el término para presentar un
recurso de apelación.14
Al
interpretar
la
citada
regla,
hemos
enfatizado
que
estaremos ante una sentencia parcial final, si el Tribunal de
Primera Instancia: (a) concluyó expresamente que no existía
razón para posponer dictar sentencia sobre la reclamación que
tenía ante sí; y (b) ordenó expresamente que se registrara la
sentencia.15
Ausente
ambos
requisitos,
cualquier
orden
o
forma de decisión que adjudique menos de la totalidad de las
13
La Regla
siguiente:
43.5
de
Procedimiento
Civil
lee
del
Cuando
un
pleito
comprenda
más
de
una
reclamación, ya sea mediante demanda, reconvención,
demanda contra coparte o demanda contra tercero o
figuren en él partes múltiples, el tribunal podrá
dictar sentencia final en cuanto a una o más de las
reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad
del pleito, siempre que concluya expresamente que no
existe razón para posponer dictar sentencia sobre
tales reclamaciones o partes hasta la resolución total
del pleito, y siempre que ordene expresamente que se
registre sentencia.
Cuando se haga la referida conclusión y orden
expresa, la sentencia parcial dictada será final para
todos los fines en cuanto a la controversia en ella
adjudicada, y una vez sea registrada y se archive en
autos copia de su notificación, comenzarán a correr en
lo que a ella respecta los términos dispuestos en las
reglas 47, 48 y 53. (Énfasis suplido).
14
15
Íd.
U.S. Fire Ins. Co. v. A.E.E., supra.
modo
CC-2006-70
11
partes, no finaliza el pleito y se entiende que se trata de
una resolución interlocutoria.16
De
lo
anterior
se
colige
que
resolución
la
es
un
dictamen que pone fin a un incidente dentro de un proceso
judicial,
respecto
al
procedimiento
o
a
los
derechos
y
obligaciones de algún litigante o, en cuanto a algún aspecto
de la reclamación o reclamaciones que se están dilucidando en
el
proceso,
ya
sea
éste
sentencia.17
En
Rodríguez
anterior
o
v.
Mpla.
Tribl.
posterior
y
a
la
Ramos18
al
diferenciar entre una sentencia y una resolución señalamos
que “[u]na resolución pone fin a un incidente dentro del
proceso judicial, mientras que una sentencia pone fin a la
controversia
entre
las
partes
mediante
una
adjudicación
la
resolución
será
revisable
final”.
Es
imperativo
interlocutoria,
mediante
puntualizar
distinto
Certiorari
a
ante
una
el
que
sentencia,
Tribunal
de
Apelaciones
de
conformidad con la Regla 53.1(e)(1) de Procedimiento Civil,19
y
la
Regla
Apelaciones.20
32(D)
Es
del
decir,
Reglamento
dicho
recurso
del
deberá
Tribunal
de
presentarse
dentro del término de treinta (30) días contados a partir del
16
Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 D.P.R. 300 (1997).
17
U.S.Fire Insurance Co. V. A.E.E., 151 D.P.R. 967 (2000);
Díaz
v.
Navieras
de
P.R.,
118
D.P.R.
297,
301-302
(1997).Véase además, H.A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica
de Puerto Rico: Derecho Procesal Apelativo, Primera Edición,
San Juan, Puerto Rico, Ed. Lexis Nexis, 2001, pág.351,
esc.831.
18
74 D.P.R. 656, 664 (1953).
19
32 L.P.R.A. Ap. III R. 53.1(e)(1).
4 L.P.R.A. Ap. XXII.
20
CC-2006-70
12
archivo en autos de copia de la notificación de la resolución
u orden interlocutoria. Siendo este término de cumplimiento
estricto, su observancia tardía es permisible sólo si existe
y se demuestra a cabalidad justa causa para no haber cumplido
rigurosamente con éste.21
Ahora bien, una vez el foro apelativo intermedio ha
adquirido jurisdicción sobre el recurso de Certiorari, la
expedición
del
auto
y
la
adjudicación
del
mismo
en
sus
méritos es discrecional. No obstante, dicha discreción no
opera en lo abstracto.
A esos efectos, la Regla 40 del
Reglamento
Apelaciones,
Tribunal
de
supra,
enumera
los
criterios que dicho foro deberá considerar, de manera que
pueda ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o
no las controversias que le son planteadas. La referida regla
dispone que el Tribunal de Apelaciones al expedir un auto de
Certiorari considerará los factores siguientes:
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son
contrarios a derecho.
(B) Si la situación de hechos planteada es la más
indicada para el análisis del problema.
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error
craso y manifiesto en la apreciación de la prueba
por el Tribunal de Primera Instancia.
(D) Si el asunto planteado exige consideración
más detenida a la luz de los autos originales,
los cuales deberán ser elevados, o de alegatos
más elaborados.
(E) Si la etapa
presenta el caso
consideración.
21
del procedimiento en que
es la más propicia para
Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998).
se
su
CC-2006-70
13
(F) Si la expedición del auto o de la orden de
mostrar
causa
no
causa
un
fraccionamiento
indebido del pleito y una dilación indeseable en
la solución final del litigio.
(G) Si la expedición del auto o de la orden de
mostrar causa evita un fracaso de la justicia.
De los factores antes mencionados, se desprende que el
foro apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la
decisión recurrida así como la etapa del procedimiento en que
es
presentada,
a
los
fines
de
determinar
si
es
la
más
apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento
indebido y/o una dilación injustificada del litigio.22
En consecuencia, cuando se trate de una determinación
que está pendiente ante la consideración del Tribunal de
Primera Instancia, y que aún no ha sido finalmente resuelta,
la cuestión recurrida no estará madura para ser considerada
por el foro apelativo intermedio.
Como se sabe, en el ámbito
procesal un recurso prematuro es aquel que es presentado en
la secretaría de un tribunal apelativo antes del tiempo en el
cual éste adquiere jurisdicción.23
este
Tribunal
ha
reiterado
que,
Sobre este particular,
al
igual
que
un
recurso
tardío, el recurso prematuro adolece del grave e insubsanable
defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se
recurre.24
Ello es así puesto que su presentación carece de
eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en ese
momento o instante en el tiempo, “punctum temporis”, aún no
22
23
Negrón v. Srio. De Justicia, 154 D.P.R. 79 (2001).
Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400 (1999).
Szendrey v. F. Castillo, 169 D.P.R.____, res. el 16 de
enero de 2007, 2007 T.S.P.R 6.
24
CC-2006-70
14
ha nacido autoridad judicial o administrativa alguna para
acogerlo.25
Ahora bien, distinto es la negativa a expedir un auto de
Certiorari, la cual no implica necesariamente ausencia de
jurisdicción.
intermedio
Como ya dijimos, una vez el foro apelativo
adquiere
jurisdicción
sobre
un
recurso
de
Certiorari, la expedición del auto y la adjudicación del
mismo
en
sus
méritos
discreción
de
dicho
es
foro
discrecional.
Claro
está,
la
debe
a
forma
de
responder
una
razonabilidad, que aplicada al discernimiento judicial, sea
una conclusión justiciera y no un poder para actuar en una
forma u otra, haciendo abstracción del resto del derecho.26
Debe
quedar
medianamente
claro
que
la
denegatoria
a
expedir, no implica la ausencia de error en el dictamen cuya
revisión se solicitó ni constituye una adjudicación en sus
méritos. Por el contrario, es corolario del ejercicio de la
facultad discrecional del foro apelativo intermedio para no
intervenir a destiempo con el trámite pautado por el foro de
instancia.27 Ahora bien, la parte afectada por la denegatoria
a
expedir
el
auto
de
Certiorari,
podrá
revisar
dicha
determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte
sentencia final, y esta resulta adversa para la parte, quien
25
Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 D.P.R. 153 (1999).
26
H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico:
Derecho Procesal Apelativo, Primera Edición, San Juan, Puerto
Rico, Ed. Lexis Nexis, 2001, pág. 560.
27
Filiberto v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834
(1999).
CC-2006-70
15
aún estima importante revisar la misma por entender que ha
afectado la decisión del caso.28
En el presente caso, la señora Torres Martínez reclamó
en su demanda ante el tribunal a quo, la correspondiente
división
de
comunidad
de
bienes,
partición
hereditaria
y
solicitud de cartas testamentarias contra el señor Torres
Ghigliotty y la señora Rivera Irrizary.
No obstante, el foro
primario, previo a atender la causa de acción relativa a la
liquidación y adjudicación de bienes hereditarios, tenía ante
su
consideración
varios
asuntos.
En
primer
lugar,
si
la
señora Torres Martínez tenía derecho a recibir el producto de
la
venta
de
un
bien
inmueble
alegadamente
legado
por
su
padre, el cual fue vendido en cumplimiento de un contrato de
opción de compraventa posteriormente otorgado por éste. En
segundo
lugar,
perjuicios
si
era
procedente
contra
el
señor
testamentario,
por
una
Torres
alegadamente
acción
en
daños
Ghigliotty,
incumplir
y
albacea
con
las
obligaciones que el Código Civil le impone al albacea en la
administración de los bienes hereditarios.29
Luego de los trámites procesales pertinentes, el foro
primario declaró no ha lugar la demanda interpuesta por la
señora Torres Martínez, en cuanto a la alegada negligencia
del albacea testamentario.
Al respecto, dicho foro concluyó
que la solicitud por vía sumaria no era procedente, ya que
cuando la señora Torres Martínez entabló su reclamación, aún
28
Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651,
658 esc. 2. (1997).
29
Artículo 826 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
2523.
CC-2006-70
16
no se había realizado el correspondiente inventario, avalúo,
y distribución de los bienes del caudal hereditario.30
En cuanto al bien inmueble en controversia, el foro de
primera instancia señaló que el mismo constituía un legado de
cosa
específica.
Determinó,
además,
que
el
bien
inmueble
legado había sido revocado puesto que el testador, luego de
otorgar
su
testamento,
celebró
un
contrato
de
opción
de
compraventa mediante el cual enajenó el mismo. Finalmente,
concluyó
que
el
dinero
producto
de
la
compraventa
del
inmueble no le correspondía a la señora Torres Martínez toda
vez que el mismo se refundiría en la masa hereditaria.
Un análisis del contenido de la referida sentencia, nos
permite
concluir
que
no
estamos
ante
una
sentencia
que
resuelva la cuestión litigiosa en su totalidad, pues no será
hasta
que
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
finalmente
los
derechos
hereditarios,
que
la
adjudique
cuestión
litigiosa del presente caso será resuelta en su totalidad.
Sin embargo, aunque el foro primario no emitió dictamen
alguno respecto a la partición de la herencia, al establecer
que
30
el
legado
en
controversia
fue
revocado,
adjudicó
en
En lo pertinente, la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia expresó lo siguiente:
En este caso, el
albacea tuvo que
esperar a las resultas de los sucesos para
entonces proceder a valorar y a repartir los
bienes de la herencia. En adición, al haber
controversia sobre si a dicha demandante
había que entregarle específicamente el
bien, o si por el contrario había que
entregarle
el
dinero
producto
de
la
compraventa, la entrega del mismo se detuvo.
Por
lo
antes
esbozado,
este
Tribunal
entiende que el albacea no ha incurrido en
negligencia,
por
lo
que,
no
procede
imponerle responsabilidad.
CC-2006-70
17
contra de la señora Torres Martínez una de las controversias
planteadas en el caso ante nos.
En virtud de lo antes discutido y en cuanto a este
aspecto de la controversia, es inevitable concluir que el
Tribunal
de
Apelaciones
tenía
ante
su
consideración
una
resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia.
Habida cuenta que la señora Torres Martínez cumplió con los
requisitos
exigidos
para
la
presentación
de
un
auto
de
Certiorari, el foro apelativo intermedio tenía jurisdicción
para atender el mismo y, expedir el auto solicitado para
revisar
la
corrección
sobre
la
determinación
de
la
disposición testamentaria en controversia. Ello es así puesto
que
dicha
resolución
interlocutoria
tendría
un
impacto
sustancial en el proceso de liquidación y adjudicación de la
herencia entre los interesados.
cumplía
con
los
criterios
En este sentido, el recurso
esbozados
en
la
Regla
40
del
Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.
En adición, y como discutiremos a continuación, el foro
apelativo intermedio debió percatarse que la determinación
del
foro
recurrido,
disposición
respecto
testamentaria
en
a
la
interpretación
controversia,
era
de
la
errónea
en
derecho.
III
Contrario
Instancia
y
a
lo
resuelto
sostenido
por
el
por
el
foro
Tribunal
apelativo
de
Primera
intermedio,
estamos ante un llamamiento a título de heredero y no de
legatario. Ambos foros analizaron la controversia ante ellos
planteada, partiendo de la errónea premisa de que el bien
CC-2006-70
18
inmueble adjudicado a la señora Torres Martínez, constituyó
un legado a su favor. Esa interpretación no es cónsona con la
evidente intención del testador.
Veamos.
Nuestro ordenamiento jurídico le otorga a los individuos
la
libertad
de
plasmar
su
última
voluntad
a
través
del
testamento. Claro está, tal libertad no es irrestricta puesto
que
los
testadores
tienen
que
observar
las
limitaciones
impuestas por el Código Civil, en cuanto a la legítima de sus
herederos
testamento,
forzosos.31
el
A
través
del
acto
testador
puede
instituir
solemne
a
del
personas
determinadas o determinables en carácter de herederos o de
legatarios para que le sucedan desde el momento de su muerte
en sus bienes, derechos y obligaciones.
De lo anterior se
desprende que el testador puede disponer de sus bienes a
título de herencia o de legado. 32
A esos efectos, el Artículo 609 del Código Civil dispone
que es heredero todo aquél que sucede a título universal.33
Dicho de otro modo, la persona o personas designadas como
herederos son los sucesores del causante, a quienes éste les
adjudicó la totalidad de sus relaciones patrimoniales o una
parte alícuota de las mismas, independientemente del nombre
con que sean designados.34
A diferencia del heredero, el
31
Véase Artículo 692 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
2281; Artículos 735 a 741 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs.
2361 a 2367.
32
Véase Artículo 617 del Código Civil de Puerto Rico, 31
L.P.R.A. sec. 2122.
33
34
31 L.P.R.A. sec. 2091.
Blanco v. Sucesión Blanco, 106 D.P.R. 471, 478
(1977).
CC-2006-70
19
legatario es aquella persona que sucede a título particular.
Esto significa que el legatario es el sucesor en bienes o
derechos determinados.35
Ante la ausencia de una definición del legado en nuestro
Código Civil, el Profesor González Tejera, acertadamente, lo
define del modo siguiente:
Legado es la atribución que hace el
testador a favor de una o varias personas,
determinadas o determinables, por la cual
ordena a uno o más de sus herederos, al albacea
o, inclusive, a otro legatario, que a su debido
tiempo proceda a ceder o a hacer al legatario
un derecho, una cosa o un servicio, o entregar
una fracción del activo neto hereditario.
El Código Civil le permite al testador plasmar en su
testamento
diversos
legados,
a
saber:
legado
de
cosa
específica y determinada, legado de parte alícuota, legado
genérico, legado de perdón de deuda, legado de educación y
alimento, etc.
En lo pertinente al caso ante nos, cuando el
legado
cosa
es
de
específica
y
determinada,
propia
del
testador, el legatario adquiere su propiedad desde la muerte
de aquél, y tiene derecho a hacer suyos los frutos o rentas
pendientes.36
No obstante, el legatario de cosa específica y
determinada no adquiere la posesión de la cosa legada, por lo
que tendrá que pedir su entrega y posesión al heredero o
albacea, si éste está autorizado para hacerlo.37
Conviene
señalar, además, que el derecho a adquirir el legado de cosa
35
Íd.
36
Artículo 804 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
2493.
37
Artículo 807 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2496.
CC-2006-70
20
específica
y
legitimarios
determinada
o
no
legatarios
impide
que
preferentes
los
cobren
acreedores,
lo
que
les
corresponda, a costa del legado de cosa específica.38
Aunque
a
primera
vista
puede
resultar
de
fácil
determinación la distinción entre un heredero y un legatario,
no siempre es así.
Es por ello que el Artículo 617 del
Código Civil, supra, dispone que en caso de duda y “aunque el
testador no haya usado materialmente la palabra heredero, si
su voluntad está clara acerca de este concepto, valdrá la
disposición como hecha a título universal o de herencia.”
De
otra parte, el Artículo 697 del Código Civil señala que el
“heredero
considerado
instituido
como
en
cosa
legatario.”39
cierta
Es
y
menester
determinada
será
indicar
la
que
diferenciación entre heredero y legatario es vital, puesto
que el heredero representa la herencia y responde de las
deudas de la misma, mientras que legatario carece de esta
representación y está desvinculado de esa responsabilidad.40
En diferentes ocasiones, hemos tenido la oportunidad de
enfrentarnos a la ardua y difícil tarea de determinar si
cierto llamamiento realizado por el testador es a título de
heredero o de legatario.
En Junghans v. Cornell University
resolvimos
de
que,
a
pesar
que
el
testador
utilizó
las
palabras “devise” y “bequeath” –indicativas en el Derecho
Anglosajón de un legado- el llamamamiento a la Universidad de
38
Rivera Fábregas v. Sanoguet Asencio, 164 D.P.R. 756, 766
(2005).
39
31 L.P.R.A. sec. 2286.
40
Véase Torres Ginés v. E.L.A., 118 D.P.R. 436, 459 (1987).
CC-2006-70
21
Cornell era a título de heredero y no de legatario toda vez
que
la
cláusula
universalidad
testamentaria
de
su
caudal
le
transmitía
hereditario
y
a
ésta
no
un
la
bien
individual y determinado.41
Posteriormente en Vivaldi v. Registrador42, siguiendo la
exégesis pautada en el caso de Junghans, determinamos que el
llamamiento realizado por doña Sabina Brigantti era a título
de heredero aún cuando había utilizado la palabra “lego” en
su testamento. Al analizar el testamento de la causante,
determinamos que el llamamiento comprendía el remanente de
los bienes de la universalidad del caudal.
Quince años más tarde en Blanco v. Sucn. Blanco Sancio,
supra, tuvimos ante nuestra consideración una controversia
similar.
el
En esa ocasión resolvimos, entre otras cosas, que
testador
disposición
herederos
no
les
había
legado
a
sus
nietos,
sino
en
esa
porción
de
una
cuota
llamamiento
era
a
que
la
el
tercio
de
los
había
instituido
herencia,
dado
indeterminada
del
libre
que
el
caudal
hereditario.
De
la
jurisprudencia
normativa
antes
discutida,
se
desprende que hemos aplicado el criterio objetivo o germánico
para determinar si el llamamiento realizado por el testador
era
a
título
de
heredero
o
de
legatario.
La
teoría
objetivista o germánica conceptúa como heredero “a quien sea
llamado
por
el
difunto
universalidad
de
las
41
71 D.P.R. 673 (1950).
42
86 D.P.R. 629 (1962).
a
adquirir
relaciones
la
jurídicas
totalidad
objeto
de
o
la
CC-2006-70
22
transmisión, o una parte alícuota del caudal, haya sido o no
designado
heredero.”43
como
Bajo
el
tenor
del
criterio
germánico, la calificación del llamamiento de herederos o de
legatario
va
a
depender
disposición testamentaria.
del
contenido
objetivo
de
la
Por tanto, será heredero aquél en
cuyo favor se dispone la universalidad, o una cuota o porción
aritmética de la herencia, y legatario, aquél que es llamado
a
recibir
bienes
específicos
o
determinados
del
caudal
hereditario.44
Ahora bien, la teoría objetivista o germánica no es el
único criterio utilizado por los tribunales para determinar
si las personas llamadas por el testador a sucederle son
herederos o legatarios. Así pues, en Torres Ginés v. E.L.A.,
supra, incorporamos definitivamente en nuestro ordenamiento
jurídico la teoría subjetivista o romana.
considera
heredero
a
“aquel
sucesor
a
Dicha doctrina
quien
el
testador
designe como heredero, independientemente, en principio, de
que le instituya en toda la herencia, en una parte alícuota
43
44
Torres Ginés v. E.L.A., supra, págs. 453-454.
Íd, pág. 454. La Profesora y hoy Juez del Tribunal de
Primera Instancia Enid Martínez Moya expresó en su escrito El
Derecho Sucesorio Puertorriqueño, 67 Rev. Jur. U.P.R. 1, 15
(1998), que la adopción del enfoque germánico tuvo el efecto
de que por mucho tiempo se le negara reconocimiento jurídico
a la figura del legado de parte alícuota.
Razonó, además,
que ello era así puesto que una de las características
determinantes
del
legado
de
parte
alícuota
es
la
indeterminación de su objeto. El Profesor Efraín González
Tejera define el legado parciario o de parte alícuota como
aquél que se hace a favor de una o varias personas no
herederas de una porción aritmética ideal o, lo que es lo
mismo, de una fracción de la totalidad del caudal. Véase
Efraín González Tejera, Derecho de Sucesiones, La Sucesión
Intestada, Tomo I, Ed. de la Universidad de Puerto Rico,
2005, pág. 9.
CC-2006-70
de
23
ella
o
en
una
cosa
cierta
determinada.”45
y
De
conformidad con lo anterior, se colige que bajo la teoría
subjetivista la clasificación del llamamiento dependerá de
las
palabras
que
testamento.46
“lego”
se
haya
utilizado
el
testador
en
su
Por tanto, si el testador utiliza la palabra
estará
ante
un
legado
y
si
emplea
el
término
“heredero” se tratará de un llamamiento en tal concepto.47
Es
de
rigor
indicar
que,
como
regla
general,
al
determinar si el llamamiento es a título de heredero o de
legatario, se utilizará la teoría subjetivista.
Empero, si
hay
la
duda
sobre
el
llamamiento,
objetivista o germánica.
v.
E.L.A.,
supra,
jurisprudencia
Blanco-
habíamos
aplicará
teoría
Así lo reconocimos en Torres Ginés
pág.
anterior
se
455,
al
afirmar
–entiéndanse
adoptado
la
que
Junghans,
teoría
en
la
Vivaldi,
objetivista
como
mecanismo para dar cumplimiento a la verdadera voluntad del
causante por ésta no resultar clara de acuerdo con los hechos
particulares de cada caso.
Tres meses después de haber resuelto Torres Ginés v.
E.L.A., supra, aplicamos la teoría subjetivista en Fernández
Franco
45
v.
Castro
Cardoso48.
En
esa
ocasión,
la
testadora
Torres Ginés v. E.L.A., supra, pág. 453.
46
Enid Martínez Moya, El Derecho Sucesorio Puertorriqueño,
67 Rev. Jur. U.P.R. 1, 15 (1998).
47
Íd. Al adoptar el enfoque romano en Torres Ginés v.
E.L.A., supra, le dimos cabida en nuestro ordenamiento a la
figura sui generis del legado de parte alícuota.
En dicho
caso, concluimos que la intención del testador era clara y no
había duda que el legado hecho a su hija Rixie era uno de
parte alícuota.
48
119 D.P.R. 154 (1987).
CC-2006-70
24
dispuso en su testamento lo siguiente: “por la presente lega
la totalidad de la media porción de libre disposición de sus
bienes a su esposo, don Isidro Fernández Franco.”
A tenor
con el lenguaje expresado por la causante, resolvimos que el
llamamiento era a título de legado.
Contrario a lo resuelto en el caso anterior, en Cintrón
Vélez v. Cintrón de Jesús empleamos la teoría objetivista y
concluimos que a pesar de que el testador utilizó la palabra
“lego” para adjudicarle el tercio de mejora y el tercio de
libre disposición a sus nietos, en realidad había hecho un
llamamiento a la universalidad de sus bienes. Ello es así
puesto
que
del
testamento
se
desprendía
que
el
causante
quería proteger a sus nietos dejándoles la mayor parte de su
herencia, y por ello no aplicamos la teoría subjetivista.
Finalmente en Fernández Marrero v. Fernández González49,
analizamos la cláusula testamentaria en controversia desde el
criterio subjetivista toda vez que la voluntad del causante
era clara e inequívoca.
Resolvimos que el testador había
instituido a su esposa premuerta como legataria de parte
alícuota puesto que
remanente
del
dispuso que dicho legado se pagase del
tercio
de
libre
disposición,
una
vez
se
hubieren pagado los otros legados.
En resumidas cuentas, cuando la voluntad del testador es
clara y no hay dudas sobre ella, se utilizará la teoría
subjetivista o romana.
De otro lado, se aplicará el criterio
objetivista o germánico, cuando de un examen integral del
testamento se concluya que la voluntad del causante es difusa
49
152 D.P.R. 22 (2000).
CC-2006-70
y
hay
25
dudas
sobre
la
misma.
Al
realizar
el
referido
análisis, es preciso tener por norte que nuestro ordenamiento
sucesorio está “cimentado en dar cumplimiento a la voluntad
del testador en la disposición de sus bienes, en lo que no
sea contrario a la ley.”50
III
Teniendo
estos
principios
en
mente,
pasemos
a
los
méritos de la controversia ante nos.
La señora Torres Martínez, alega que su padre, el señor
Torres Vélez, la designó como legataria en el acápite sexto
del testamento. Como tal, reclama el dinero producto de la
compraventa mediante la cual MAC Development adquirió de la
sucesión dicha finca.
Es
un
disposición
No le asiste la razón.
principio
básico
testamentaria
de
deberá
hermenéutica
entenderse
en
que
el
toda
sentido
literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente que
fue otra la voluntad del testador, y en caso de duda se
observará lo que parezca más conforme a la intención del
testador según el tenor del mismo testamento.51
De una lectura del testamento en cuestión se desprende
que el testador en el acápite quinto de su testamento plasmó
la
institución
de
herederos.
Acto
seguido,
dispuso
siguiente:
“También
dispone
el
testador,
Don
Belford Torres Vélez que al pagarle a su
hija nombrada Alma Ivette Torres Martínez,
por su participación hereditaria se le
50
Torres Ginés v. E.L.A., supra, pág. 462.
Artículo 624 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
2129.
51
lo
CC-2006-70
26
adjudique la siguiente propiedad…” (Énfasis
nuestro).
Sin lugar a dudas, las expresiones del testador antes
citadas revelan que el llamamiento que éste realizó, respecto
a la referida propiedad, es uno a título de heredero, y no de
legatario.
El
sentido
participación
propiedad”-
literal
hereditaria
no
admite
se
otra
de
sus
palabras
le
adjudique
conclusión.
La
la
–“por
su
siguiente
voluntad
del
causante es evidente e inequívoca, pues expresamente dispuso
que la participación hereditaria de su hija se pagase con un
bien del caudal.
A esos efectos, el testador dispuso de un bien de su
patrimonio a tenor con la autoridad conferida por el Artículo
1009 de nuestro Código Civil,52 para efectuar la partición de
sus bienes en el testamento. En virtud de dicho artículo, el
testador tiene la libertad para hacer la partición de sus
bienes en el testamento y disponer la forma en que se pagará
la legítima de los herederos forzosos. 53
En vista de ello,
el testador puede adjudicar cualquier bien específico que sea
suficiente
para
legitimarios.
el
testador
satisfacer
la
porción
hereditaria
de
sus
Conforme a estos principios, el hecho de que
optara
por
adjudicarle
a
su
hija
un
bien
específico en pago de la porción hereditaria, no implicó la
institución de un legado.
52
53
31 L.P.R.A sec. 2875.
Dicho artículo dispone, además, que “[el] padre que en
interés de su familia, quiera conservar indivisa una
explotación agrícola, industrial o fabril, podrá hacer uso de
la facultad conferida en este artículo, disponiendo que se
satisfaga en metálico su legítima a los demás hijos.”
CC-2006-70
27
La actuación del testador fue asegurar a dicha heredera
la fuente de pago de la participación hereditaria que por ley
a ésta le correspondía. Es decir, aseguró con dicho bien
inmueble el derecho a cobrar su participación hereditaria, en
este
caso,
su
legítima
estricta.54
No
tenemos
otros
elementos que nos indiquen una intención distinta.
Finalmente,
surge
del
expediente
de
autos
que,
la
sucesión Torres Vélez reconoció la validez del contrato de
opción suscrito por el testador y MAC Development sobre la
finca
adjudicada
en
el
testamento
a
la
señora
Torres
Martínez. La compraventa se llevó a cabo una vez dicho foro
dictó
sentencia
por
estipulación.
compradora,
MAC
Development,
compraventa
en
la
Desde
consignó
secretaría
del
el
entonces,
producto
Tribunal
de
la
de
la
Primera
Instancia por no existir acuerdo entre los herederos en cómo
adjudicar el producto de dicha compraventa.
Por tanto, con el fin de disponer de esta controversia,
resolvemos que toda vez que la finca que nos ocupa no es un
legado, el derecho civil aplicable exige que el producto
total de la venta de dicha finca se refunda en la masa
hereditaria
a
los
fines
de
prorratearlo
conforme
a
las
disposiciones testamentarias.
Desde luego, tratándose de la legítima estricta de la
señora
Torres
Martínez,
en
caso
de
que
dicho
bien
no
satisfaga económicamente la participación hereditaria que le
corresponde a ésta como heredera forzosa, viene obligada la
54
Véase Testamento Abierto y
recurso de Certiorari, pág. 62.
Revocación,
Apéndice
del
CC-2006-70
28
sucesión a pagar el remanente que falte, para completar su
participación
en
caudal.55
el
Por
el
contrario,
si
el
producto del bien inmueble adjudicado excede la participación
hereditaria
de
la
señora
Torres
Martínez,
dicho
exceso
revertirá al caudal hereditario y se distribuirá a prorrata
conforme a las disposiciones testamentarias entre los tres
tercios de ley.
IV
Por
las
totalidad
la
razones
antes
Sentencia
expuestas,
emitida
por
se
el
revoca
en
su
Tribunal
de
Apelaciones, y devolvemos el caso al Tribunal de Primera
Instancia
para
que
continúe
los
procedimientos
de
forma
consistente con lo aquí resuelto.
Efraín E. Rivera Pérez
Juez Asociado
55
Véase Artículo 743 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 2369.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Alma
Ivette
Martínez
Torres
CC-2006-70
Peticionaria
v.
Belford
Ghigliotty, et als
Torres
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 21 de noviembre de 2008.
Por los fundamentos antes expuestos en la
Opinión que antecede, la cual se hace formar
parte íntegra de la presente, se revoca en su
totalidad la Sentencia emitida por el Tribunal
de Apelaciones, y devolvemos el caso al
Tribunal de Primera Instancia para que continúe
los procedimientos de forma consistente con lo
aquí resuelto.
Lo acordó el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo, Interina. La
Jueza
Asociada
señora
Rodríguez
Rodríguez
disiente sin opinión escrita.
Dimarie Lozada Alicea
Secretaria del Tribunal Supremo, Interina