Tribunal Supremo de Puerto Rico
PPD y otros v. Comisión Local de Elecciones Precinto 66 de Orocovis, et al.
2008 TSPR 162
Poder Judicial de Puerto Rico
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PPD y otros v. Comisión Local de Elecciones Precinto 66 de Orocovis, et al.
AC-2008-0065
Sentencia con Opinión Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Certiorari
Recurrido
2008 TSPR 162
v.
175 DPR ____
Antulio Nieves Hernández
Peticionario
Número del Caso: CC-2007-952
Fecha: 30 de septiembre de 2008
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez-Aguadilla Panel IX
Juez Ponente:
Hon. Carlos Soler Aquino
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Ivandeluis Miranda
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Ricardo E. alegría Pons
Procurador General Auxiliar
Materia: Supresión de Evidencia.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2007-952
Certiorari
Antulio Nieves Hernández
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2008.
En esta ocasión, nos corresponde determinar si
erró
el
Tribunal
resolución
del
de
Apelaciones
Tribunal
de
al
revocar
Primera
una
Instancia
declarando Con Lugar una solicitud de supresión de
evidencia
presentada
por
el
peticionario.
Por
entender que el Tribunal de Primera Instancia erró
manifiestamente al invertir el peso de la prueba
para suprimir la evidencia objeto de un registro
realizado
bajo
el
palio
de
una
orden
judicial,
confirmamos el dictamen recurrido.
I
Un confidente que había prestado información
confiable a la Policía de Puerto Rico en el pasado
CC-2007-952
2
alertó al Agte. Charlie Pérez Feliciano que el Sr. Antulio
Nieves Hernández se dedica a comprar propiedad hurtada y
que recientemente había comprado ilegalmente varias armas
de fuego con el propósito de venderlas en el mercado de
contrabando. Para corroborar dicha información, el agente
Pérez Feliciano procedió con el informante a localizar la
residencia
del
oficial
rotulado.
no
señor
Nieves
Allí
Hernández
en
un
vehículo
identificaron
al
señor
Nieves
Hernández en las afueras de su residencia.
Alegadamente,
el
confidente
se
bajó
del
vehículo
y
simuló la intención de comprar un arma de fuego. En aras de
realizar una transacción, el señor Nieves Hernández entró a
su
residencia
y
regresó
a
los
dos
minutos
portando
un
revólver color “cromado” con cachas de madera. Luego de que
el señor Nieves Hernández le demostrara y entregara dicha
arma
de
fuego,
regresó
al
el
confidente
vehículo
donde
se
la
esperaba
devolvió
el
a
agente
éste
y
Pérez
Feliciano.
Con el propósito de obtener una orden de registro, el
agente
Pérez
Feliciano
hizo
una
declaración
jurada
describiendo detalladamente los sucesos antes mencionados,
así
como
la
localización
de
la
residencia
en
donde
acontecieron los mismos. Examinada la declaración jurada,
el
Tribunal
registro
y
de
Primera
allanamiento
Instancia
emitió
una
orden
de
en
de
residencia
del
contra
la
señor Hernández Nieves.
Al diligenciarse la mencionada orden, el señor Nieves
Hernández voluntariamente aceptó poseer armas de fuego y
CC-2007-952
3
dirigió a los agentes del orden público a localizar algunas
de sus armas. Así las cosas, los oficiales de la Policía
ocuparon varias armas de fuego en distintos lugares de la
residencia.
Como
resultado
de
ese
allanamiento,
el
Ministerio
Público radicó ocho denuncias en contra del señor Nieves
Hernández por violación a los Artículos 5.06, 5.07, 5.10 y
6.01
de
la
Ley
de
Armas,
25
L.P.R.A.
secs.
458,
459.
Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia determinó
causa probable para acusar al señor Nieves Hernández por la
comisión
de
estos
delitos.
Luego
de
los
incidentes
procesales de rigor, el señor Nieves Hernández solicitó la
supresión de la evidencia que le fue incautada mediante el
mecanismo
provisto
por
la
Regla
234
de
Procedimiento
evidenciaria,
el
Tribunal
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234.
Celebrada
la
vista
de
Primera Instancia suprimió la prueba incautada y archivó
las acusaciones en contra del señor Nieves Hernández. El
foro de instancia concluyó que cuando un acusado alega en
una
moción
de
supresión
de
evidencia
que
el
testimonio
prestado por el agente que hizo las vigilancias que motivó
la expedición de la orden de registro es uno estereotipado,
le corresponde al Ministerio Público el peso de la prueba
para demostrar lo contrario. A pesar de que el agente Pérez
Feliciano reprodujo la misma narración de los hechos que
expuso
en
la
declaración
jurada
antes
mencionada,
el
tribunal de instancia no le dio credibilidad al testimonio
prestado por éste en dicha vista evidenciaria.
CC-2007-952
Por
4
no
estar
de
acuerdo
Ministerio
Público
acudió
mediante
recurso
de
un
con
al
dicho
Tribunal
Certiorari.
dictamen,
de
Dicho
el
Apelaciones
foro
apelativo
expidió el auto y revocó al Tribunal de Primera Instancia.
En
síntesis,
determinó
que
el
agente
Pérez
Feliciano
proveyó una descripción detallada de la actividad ilegal
que presenció.
Examinado el recurso, acordamos expedir el auto. Con
el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos
a resolver.
II
Sabido
Constitución
es
que
del
el
Artículo
Estado
Libre
II,
Sección
Asociado
de
10
de
Puerto
la
Rico
establece que sólo se expedirán mandamientos autorizando
registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial,
y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en
juramento o afirmación, describiendo el lugar a registrarse
y
las
personas
a
detenerse.
Además,
dicho
precepto
constitucional dispone que evidencia obtenida en violación
de esta sección es inadmisible en los tribunales. Art. II,
Sec. 10, Const. ELA., L.P.R.A. 1.
Ello
exige
que
la
determinación
judicial
de
causa
probable se apoye en una declaración jurada o afirmación
que
se
sustente
bajo
premisas
verdaderas
y
razonables.
Asimismo, la determinación de causa probable necesaria para
expedir una orden de registro o allanamiento descansa en la
probabilidad
de
que
exista
determinado
objeto
ilegal
incautable y que ese objeto se encuentre en el lugar a ser
CC-2007-952
registrado
5
o
allanado.
Pueblo
v.
Camilo
Meléndez,
148
D.P.R. 539, 555 (1999).
Ahora
bien,
hemos
expresado
reiteradamente
que
al
determinar si existe o no causa probable para expedir una
orden de allanamiento no estamos llamados a establecer si
la ofensa que se imputa fue verdaderamente cometida. En
esencia, sólo nos corresponde determinar si el deponente
tuvo base razonable, al momento de prestar su declaración
jurada y haberse librado la orden de registro, para creer
que se estaba violando la ley en el lugar a ser allanado.
Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 D.P.R. 41, 47 (1994); Pueblo
v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19, 25 (1964). De igual
forma,
al
pasar
juicio
sobre
la
causa
probable
que
justifica la expedición de una orden, debemos dilucidar si
los hechos aparentes que se desprenden de la declaración
jurada son de tal naturaleza que una persona prudente y
razonable
pudiera
creer
que
se
ha
cometido
la
ofensa
imputada. Pueblo v. Valenzuela Morel, 158 D.P.R. 526, 543
(2003);
Pueblo
v.
Santiaqo
Avilés,
147
D.P.R.
160,
167
(1998).
Por otro lado, la Regla 234 de Procedimiento Criminal,
supra,
provee
un
mecanismo
procesal
excepcional
para
suprimir evidencia obtenida en contravención con lo antes
expuesto. Dicha regla constituye un mecanismo para hacer
efectiva la protección constitucional contra registros o
allanamientos
ilegales
o
irrazonables.
Pueblo
v.
Blasé
Vázquez, 148 D.P.R. 618 (1999). Véase además, O. Resumil,
Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Penal,
CC-2007-952
6
Equity, 1990, pág. 276. Sin embargo, una vista de supresión
de evidencia no equivale a un juicio en su fondo, pues no
se
dilucida
en
ésta
la
culpabilidad
o
inocencia
del
acusado. Dicha vista se debe circunscribir a considerar si
el registro efectuado fue o no razonable. Pueblo v. Rivera
Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).
En vista de ello, debemos distinguir entre un registro
y allanamiento realizado bajo el palio de un mandamiento
judicial y el que se efectúa sin dicha orden previa. Es un
principio
firmemente
constitucional
que
establecido
cualquier
en
nuestro
registro,
ordenamiento
allanamiento
o
incautación realizado sin previa orden judicial se presume
irrazonable
y,
por
ende,
inválido.
Por
consiguiente,
en
ausencia de orden judicial le corresponde al Estado probar
la
razonabilidad
y
validez
del
registro
y
allanamiento.
Pueblo v. Loubriel Suazo, 158 D.P.R. 371, 380 (2003).
Por otro lado, cuando el registro se efectúa al amparo
de una orden judicial impera una presunción de legitimidad,
pues
toda
determinación
judicial
se
acompaña
de
una
presunción de corrección. En esos casos, el acusado tiene
el
peso
de
la
prueba
para
rebatir
la
legalidad
y
razonabilidad de la actuación gubernamental.
A
su
vez,
y
como
bien
señala
el
profesor
Ernesto
Chiesa,
el juez que adjudica una moción de supresión de
evidencia
incautada
mediante
previa
orden
judicial, impugnada por alegada ausencia de
causa
probable
[…]
debe
guardar
cierta
deferencia a la inicial determinación de causa
probable que hizo el magistrado que expidió la
orden[…] Nos parece que una vez obtenida la
CC-2007-952
7
orden, la mejor norma es que la ulterior
revisión judicial de tal determinación se guíe
bajo el principio general de que la función
judicial revisora será determinar si había base
suficiente para que un magistrado determinara
causa probable; debe rechazarse la norma de que
se haga una determinación de novo de causa
probable. (Énfasis nuestro). E.L. Chiesa Aponte,
Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados
Unidos, Vol. I, Editorial Forum, 1992, pág. 370.
Ante
tales
supuestos,
hemos
expresado
que
la
declaración jurada que sirvió de base para la expedición de
la orden de allanamiento es suficiente cuando el testimonio
del
agente
que
detalladamente
intervino
el
lugar
a
en
la
investigación
registrarse
y
las
describe
personas
a
detenerse. Para impugnar la razonabilidad de un registro
realizado
al
amparo
de
una
determinación
judicial,
el
acusado debe probar que el testimonio que dio lugar al
mandamiento fue vago o estereotipado, porque “se reduce a
establecer los elementos mínimos necesarios para sostener
un
delito
sin
incluir
detalles
imprescindibles
para
reforzarlos”. Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 D.P.R. 443,
480 (1989); Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374,
376 (1974).
Con
este
marco
normativo
en
mente,
procedemos
a
resolver la controversia ante nos.
III
En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia
atendió la solicitud de supresión de evidencia como si se
tratara
de
correspondiera
un
registro
al
Estado
sin
orden
rebatir
la
judicial
y
le
presunción
de
ilegalidad del mismo. Ello, a pesar de que el registro y
CC-2007-952
8
allanamiento de la residencia del señor Nieves Hernández se
realizó al amparo de un mandamiento judicial para tales
propósitos.
Aparentemente,
instancia
fue
Hernández
Nieves,
este
motivado
sin
error
manifiesto
por
prueba
del
la
sugerencia
o
argumentación
foro
del
de
señor
alguna
al
respecto, de que el testimonio del agente Pérez Feliciano
fue estereotipado. Tal premisa equivocada es evidente, dado
que
en
la
vista
de
supresión
de
evidencia
el
juez
de
instancia concluyó que “[e]l Ministerio Público tiene que
rebatir esa presunción con prueba que establezca que el
testimonio es uno creíble, yendo más allá de los datos
indispensables
para
probar
los
requisitos
mínimos
de
un
delito […]”. Dicho razonamiento es errado, pues este caso
no versa sobre un registro y allanamiento sin orden donde
la
imputación
de
testimonio
estereotipado
generaría
una
obligación del Ministerio Público de probar lo contrario,
sino de una intervención gubernamental autorizada por un
funcionario
judicial
neutral
que
determinó
declaración
jurada
agente
Pérez
Feliciano
del
que
la
resultaba
suficiente para expedir dicho mandamiento.
Por
otro
declaración
lado,
jurada
surge
como
el
del
expediente
testimonio
del
que
tanto
agente
la
Pérez
Feliciano proveyeron una descripción sumamente detallada y
particularizada
de
la
actividad
ilegal
que
presenció.
A
pesar de que el agente no corroboró si el señor Nieves
Hernández poseía una licencia para poseer armas de fuego,
dicho dato era impertinente ante la realidad fáctica de que
CC-2007-952
9
no poseía la misma y que el confidente que colaboró con la
investigación
simuló
acusado
que
sin
formalidades
una
se
transacción
cumplieran
estrictas
que
voluntaria
con
el
ninguna
de
las
Ley
para
la
con
impone
la
compraventa en el mercado de armas de fuego.
Por
consiguiente,
demostrado
mediante
el
señor
Nieves
preponderancia
Hernández
de
la
no
ha
prueba
la
ilegalidad imputada para rebatir la causa probable que dio
lugar
al
mandamiento
allanamiento.
judicial
Evidentemente,
autorizando
el
Tribunal
el
registro
y
de
Apelaciones
actuó correctamente al revocar la resolución del foro de
instancia,
pues
éste
cometió
un
error
manifiesto
al
suprimir la evidencia y ordenar el archivo de los cargos
presentados contra el señor Nieves Hernández.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto
solicitado,
se
confirma
la
sentencia
dictada
por
el
Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal
de
Primera
Instancia
para
que
continúe
con
los
procedimientos de acuerdo a lo aquí dispuesto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Fiol Matta disiente con opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2007-952
Certiorari
Antulio Nieves Hernández
Peticionario
Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2008.
Disiento de la Sentencia de este Tribunal, porque
entiendo
que
en
este
caso
no
concurren
las
circunstancias que justifican que los foros apelativos
sustituyan con
su criterio el
del foro de primera
instancia. Reinstalaría la determinación del tribunal
de instancia que ordena la supresión del testimonio
del agente Pérez Feliciano y devolvería para que se
continuaran
los
procedimientos.
Tal
conclusión
se
fundamenta en el derecho y en los siguientes hechos
que la mayoría del Tribunal ignora en su sentencia.
Contra el Sr. Antulio Nieves Hernández, en adelante el
peticionario, se diligenció una orden de registro y
allanamiento.
Como
fruto
de
ese
CC-2007-952
2
registro, se incautó material ilegal consistente en armas
de fuego y se presentaron acusaciones por infracción al
artículo 5.06, 5.07, 5.10 y 6.01 de la Ley de Armas de
Puerto Rico, 25 L.P.R.A. secs. 458 (e)(f)(i) y 459.
El
peticionario instó oportunamente una Moción de supresión de
evidencia
al
amparo
de
la
Regla
234
de
Procedimiento
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234, solicitando que se
excluyera el testimonio que dio base a la expedición de la
orden
de
allanamiento.
De
acuerdo
al
foro
de
primera
instancia, el peticionario arguyó en su moción que la orden
de registro y allanamiento era insuficiente y obtenida de
forma contraria a derecho; que por ser una orden ultra
vires,
se
trata
de
un
registro
sin
orden
y
que
el
testimonio que suscitó la orden de allanamiento era vago,
contradictorio
Primera
y
Instancia
en
fin,
estereotipado.
celebró
una
vista
El
Tribunal
evidenciaria
de
para
dirimir la solicitud del peticionario.
A continuación, reproducimos lo acaecido en la vista
evidenciaria de acuerdo a la Resolución del Tribunal de
Primera Instancia.
Durante la vista evidenciaria, el peticionario reiteró
los
planteamientos esbozados en su Moción. Adujo que el
agente Charlie Pérez Feliciano prestó vigilancia basado en
una
información
dada
por
un
confidente,
sin
tener
conocimiento personal de la alegada confidencia y que de la
propia observación del agente Pérez Feliciano no se percibe
un acto ilegal o una transacción de arma de fuego.
CC-2007-952
Por
3
su
parte,
el
Ministerio
declaración
prestada
por
el
Público
agente
alegó
Pérez
que
la
Feliciano
fue
suficiente en derecho para expedir una orden de registro y
allanamiento y que su testimonio no fue estereotipado.
El
agente
evidenciaria
Pérez
que
para
Feliciano
testificó
el
agosto
5
de
en
de
la
vista
2006
estaba
investigando una confidencia con relación a un señor que se
dedica a la compra y venta de armas de fuego.
Entrevistó a
un confidente que anteriormente había ofrecido información
conducente al arresto y convicción de varias personas en el
área de Aguadilla.
El agente testificó que el confidente
describió
al
y
nombró
peticionario
como
alguien
que
se
dedica a la compra de propiedad hurtada, que recientemente
había
comprado
las
tenía
la
residencia
del
peticionario y brindó la dirección física de la misma.
El
venta.
El
armas
de
confidente
fuego
le
y
que
describió
para
la
agente Pérez Feliciano indicó que tras comunicarse con su
supervisor sobre estos particulares, recibió instrucciones
para
que
investigara
la
confidencia.
El
agente
Pérez
Feliciano relató que fue con el informante a localizar la
residencia del peticionario y que al llegar al lugar, el
confidente lo señaló.
que
planificó
con
Posteriormente, el agente testificó
el
informante
llevar
a
cabo
una
simulación de compra de un arma de fuego.
Dijo que el día
pautado,
residencia
se
peticionario
personaron
en
un
ambos
automóvil
a
la
confidencial;
que
del
el
confidente llamó al peticionario, quien salió de su casa y
CC-2007-952
4
dialogó con el confidente antes de entrar a la casa del
peticionario.
Relata
el
agente
que
al
cabo
de
varios
minutos, el informante salió con un revolver “cromeado” y
cachas en madera en la mano derecha.
El agente testificó
que tras tenerlo en sus manos, el informante procedió a
devolverle el revólver al peticionario, dialogaron un rato
y se despidieron.
su
residencia
y
El peticionario regresó al interior de
el
confidente
al
vehículo
confidencial.
El agente indicó que le informó lo sucedido a su supervisor
y que éste le dio instrucciones de hacer una declaración
jurada y consultar con el Fiscal para obtener una orden de
registro y allanamiento.
A preguntas de la defensa, el agente Pérez Feliciano
declaró
que
su
plan
era
simular
una
compra
de
arma
de
fuego; que no verificó si el peticionario poseía arma de
fuego; que a su entender el arma era real y no de juguete y
que no se consumó la compra porque no había dinero.
Sobre
el confidente, el agente declaró que no se le dio dinero
porque no confiaba en él pues tenía problemas de drogas y
que no conocía su nombre, sólo su apodo, a pesar de ser un
confidente participante.
Finalmente, adujo el agente que
no llevó a cabo más vigilancias porque a su entender, el
hecho de darle el arma al confidente era un delito.
El
Tribunal
de
Primera
Instancia
concluyó
que
los
hechos del caso, según plasmados en la declaración jurada
del
agente
Pérez
Feliciano,
así
como
relatados
en
su
testimonio en corte, “establecen unos datos que nos llevan
CC-2007-952
a
5
concluir
que
la
información
alegada
por
el
agente
investigador, que dio motivos a la expedición de la orden
de registro y allanamiento no ocurrieron como se plantean”.
El
foro
primario
determinó
que
una
confidencia
de
la
naturaleza de la del caso de autos, que relaciona a un
individuo con la compra y venta de armas, debió haber sido
investigada más minuciosamente.
la
declaración
contenía
“muy
ofrecida
pocos
por
detalles
El tribunal entendió que
el
agente
sobre
la
Pérez
Feliciano
investigación,
confidente y el acto delictivo a plena vista”.
el
El tribunal
también opinó que el mejor curso a seguir hubiera sido
llevar a cabo una compra del arma para así tener prueba del
acto delictivo al ocuparse el arma.
El hecho de que no se
le pidió una licencia de portación de armas le resultó al
tribunal
un
hecho
“incomprensible”,
así
como
la
contradicción que implica iniciar una investigación a base
de una confidencia brindada por una persona a quien no se
le puede confiar dinero y de quien no conocía su nombre a
pesar de ser confidente participante.
El tribunal también
concluyó que el agente Pérez Feliciano basó su declaración
jurada
en
una
“vigilancia
flaca
y
descarnada
y
en
la
referencia alegada por el confidente que sorprendentemente
no incluyó en la declaración jurada” como tampoco incluyó
lo
que
simulada.
le
relató
el
confidente
después
de
la
venta
Por último, el tribunal expresó que no le daba
credibilidad
al
testimonio
prestado
por
el
agente
Pérez
Feliciano, pues éste “va más allá de ser uno estereotipado
CC-2007-952
a
ser
6
uno
original.)
increíble
y
Por
razones,
estas
(Énfasis
absurdo”
el
en
Tribunal
el
de
texto
Primera
Instancia ordenó la supresión de toda la evidencia ocupada
en el allanamiento ejecutado en virtud de la orden que se
basó en el testimonio del agente Pérez Feliciano.
El Ministerio Público recurrió de esta determinación
del Tribunal de Primera Instancia.
El Tribunal de Apelaciones revocó al foro de primera
instancia
y
basó
su
decisión
en
el
contenido
de
la
declaración jurada prestada por el agente Pérez Feliciano.
El foro apelativo entendió que de la declaración jurada
surge una descripción detallada de la actividad ilegal que
presenció el agente.
Del mismo documento adujo el Tribunal
de Apelaciones que el agente Pérez Feliciano no incurrió en
contradicciones, inconsistencias, lagunas ni vaguedades, en
fin,
que
la
declaración
fue
sumamente
específica
y
detallada. Por estas razones entendió el tribunal apelativo
que de acuerdo a la declaración jurada, se configuró la
causa probable necesaria para la emisión de una orden de
registro y allanamiento, por lo que procedía la revocación
de la Resolución del Tribunal de Primera Instancia y la
continuación de los procedimientos.
Traído
el
caso
ante
nuestra
consideración
por
el
peticionario, paralizamos los procedimientos en auxilio de
nuestra jurisdicción y expedimos el certiorari solicitado.
Una
vez
elevados
los
autos,
nos
percatamos
de
que
el
Tribunal de Apelaciones no contó con una trascripción ni
CC-2007-952
con
una
7
minuta
evidenciaria.1
que
refleje
lo
sucedido
en
la
vista
Su decisión estuvo basada en la declaración
jurada
del
agente
Pérez
pareció
insuficiente
al
Feliciano,
Tribunal
de
declaración
Primera
que
Instancia
le
y
cuyo autor no mereció credibilidad luego de haber prestado
su testimonio en corte.
No se puede perder de perspectiva que el Tribunal de
Primera
Instancia
tiene
la
oportunidad
de
evaluar
el
testimonio de un testigo ocular y particularmente…
…el criterio cualitativo testimonial, a saber, la
habilidad
del
deponente
para
percibir
el
acontecimiento,
aptitud
para
conservarlo
en
su
memoria, capacidad para evocarlo, modo de querer
expresarlo, y cómo puede hacerlo, es esencial…
Ingredientes adicionales tales como el grado de
inteligencia del testigo, su facilidad o dificultad
para verbalizar y explicar, el nerviosismo natural que
genera la sala de un tribunal, las expectativas de una
confrontación
de
lo
atestado
con
el
contrainterrogatorio, el interés en el desenlace final
del caso y un sin número de imponderables, imponen
sobre los tribunales de instancia la más delicada
función del quehacer judicial humano: el descubrir la
verdad haciendo el mayor esfuerzo en dirimir prueba
conflictiva y en muchas ocasiones incompleta… Este
proceso mental y realidad forense --que corresponde
más bien a la disciplina de la psicología del
testimonio-- nunca puede ser ignorado por un tribunal.
Su
comprensión
y
aplicabilidad
será
en
última
instancia el elemento que inclinará de uno u otro lado
la balanza de la justicia.
(Citas omitidas.) Pueblo
v. Morales Rivera, 112 D.P.R. 463, 464 (1982).
La Regla 29 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones
establece que será la parte peticionaria o apelante quien
estime si es necesario que el Tribunal de Apelaciones
considere alguna porción de la prueba oral.
Si la parte
determina que es necesario que el tribunal considere prueba
oral, someterá una transcripción, exposición estipulada o
exposición narrativa.
1
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8
Bajo este fundamento reiteradamente hemos resuelto que no
intervendremos en la apreciación de la prueba oral que haga
el
foro
de
primera
instancia
en
ausencia
de
error
manifiesto, prejuicio o parcialidad o si la prueba no se
distancia
de
la
realidad
fáctica
inherentemente imposible o increíble.2
o
ésta
no
sea
En Hernández v. San
Lorenzo Construction, 153 D.P.R. 405, 425 (2001) expresamos
que:
Dado que es norma reiterada por este Tribunal que
las determinaciones de hecho que hace el Tribunal de
Primera Instancia merecen gran deferencia y respeto
por la oportunidad que tuvo el juzgador de los hechos
de observar y escuchar a los testigos, la intervención
del foro apelativo con esa prueba tiene que estar
basada en un análisis independiente de la prueba
desfilada y no a base de los hechos que exponen las
partes.
También
apreciación
hemos
de
la
dicho
que
no
podemos
prueba
del
juez
sustituir
sentenciador
ni
la
sus
determinaciones tajantes y ponderadas con sólo un examen de
un
“expediente
frío
e
inexpresivo”.
Pueblo
v.
Rivera
Robles, supra, págs. 869-871; Rolón v. Charlie Car Rental,
Inc.
148
D.P.R,
420,433
(1999);
López
Vicil
v.
I.T.T.
“Esto es particularmente cierto cuando no se hubiera
elevado una exposición narrativa de la prueba oral. Lo
cierto es que un foro apelativo no puede descartar las
determinaciones de hecho del foro recurrido y sustituirlas
por sus propias apreciaciones valiéndose meramente de un
examen del expediente del caso.” H. Sánchez Martínez,
Derecho procesal apelativo, Lexis-Nexis, 2001, sec. 3702,
pág. 611. Veánse Benítez Guzman v. García Merced, 126
D.P.R. 302, 208 (1990); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc.
148 D.P.R, 420,433 y Pueblo v. Calderón Hernández, 145
D.P.R. 603, 605-606 (1998).
2
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Intermedia, Inc., 142 D.P.R. 857 (1997); Benítez Guzmán v.
García Merced, 126 D.P.R. 302, 208 (1990).
En este caso, el Tribunal de Primera Instancia tuvo la
oportunidad
de
evaluar
testimonial”
del
agente
el
Pérez
“criterio
Feliciano
cualitativo
y
fue
bastante
enfático en sus conclusiones sobre el mismo. El juzgador de
instancia entendió probado que el testimonio del agente,
sobre el cual se fundamentó la orden de registro, fue vago
y
estereotipado
y,
por
consiguiente,
el
mandamiento
fue
insuficiente. En consecuencia, se justificaba que el peso
de la prueba sobre la razonabilidad del registro quedara
del lado del Ministerio Público. Por tanto, no fue un error
manifiesto
del
tribunal
inferior
entenderlo
así,
según
se
afirme
declara la Sentencia mayoritaria.
Por
otro
lado,
resulta
preocupante
que
mediante Sentencia de este Tribunal que “a pesar de que el
agente no corroboró si el señor Nieves Hernández poseía una
licencia
para
poseer
armas
de
fuego,
dicho
dato
era
impertinente ante la realidad fáctica de que no poseía la
misma.”
La
sección
10
del
artículo
II
de
la
Carta
de
Derechos de nuestra Constitución reconoce como un derecho
del pueblo “la protección de sus personas, casas, papeles y
efectos
contra
registros
y
Añade,
que
evidencia
obtenida
la
allanamientos
en
irrazonables.”
violación
a
dicho
principio será inadmisible en los tribunales. Esta regla de
exclusión
de
rango
consideraciones
de
constitucional
política
se
basa
totalmente
pública,
con
el
en
propósito,
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entre otros, de disuadir o desalentar a los funcionarios
del
orden
público
de
violentar
la
protección
constitucional. E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal
de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991,
Vol.
I,
pág.
284.
Dicha
norma
no
esta
predicada
en
un
fundamento de la búsqueda de la verdad, por lo cual no es
pertinente que la evidencia encontrada tenga o no valor
probatorio.
En vista de lo anterior, la Constitución de Puerto
Rico
protege
al
pueblo
de
registros
y
allanamientos
irrazonables independientemente de sus frutos, requiriendo
una justificación para intervenir con la intimidad de las
personas. No puede justificarse un registro irrazonable con
el resultado del mismo.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada