LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

PPD y otros v. Comisión Local de Elecciones Precinto 66 de Orocovis, et al.

2008 TSPR 162

Poder Judicial de Puerto Rico

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PPD y otros v. Comisión Local de Elecciones Precinto 66 de Orocovis, et al.

AC-2008-0065

Sentencia con Opinión Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Certiorari

Recurrido

2008 TSPR 162

v.

175 DPR ____

Antulio Nieves Hernández

Peticionario

Número del Caso: CC-2007-952

Fecha: 30 de septiembre de 2008

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Mayagüez-Aguadilla Panel IX

Juez Ponente:

Hon. Carlos Soler Aquino

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Ivandeluis Miranda

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Ricardo E. alegría Pons

Procurador General Auxiliar

Materia: Supresión de Evidencia.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2007-952

Certiorari

Antulio Nieves Hernández

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2008.

En esta ocasión, nos corresponde determinar si

erró

el

Tribunal

resolución

del

de

Apelaciones

Tribunal

de

al

revocar

Primera

una

Instancia

declarando Con Lugar una solicitud de supresión de

evidencia

presentada

por

el

peticionario.

Por

entender que el Tribunal de Primera Instancia erró

manifiestamente al invertir el peso de la prueba

para suprimir la evidencia objeto de un registro

realizado

bajo

el

palio

de

una

orden

judicial,

confirmamos el dictamen recurrido.

I

Un confidente que había prestado información

confiable a la Policía de Puerto Rico en el pasado

CC-2007-952

2

alertó al Agte. Charlie Pérez Feliciano que el Sr. Antulio

Nieves Hernández se dedica a comprar propiedad hurtada y

que recientemente había comprado ilegalmente varias armas

de fuego con el propósito de venderlas en el mercado de

contrabando. Para corroborar dicha información, el agente

Pérez Feliciano procedió con el informante a localizar la

residencia

del

oficial

rotulado.

no

señor

Nieves

Allí

Hernández

en

un

vehículo

identificaron

al

señor

Nieves

Hernández en las afueras de su residencia.

Alegadamente,

el

confidente

se

bajó

del

vehículo

y

simuló la intención de comprar un arma de fuego. En aras de

realizar una transacción, el señor Nieves Hernández entró a

su

residencia

y

regresó

a

los

dos

minutos

portando

un

revólver color “cromado” con cachas de madera. Luego de que

el señor Nieves Hernández le demostrara y entregara dicha

arma

de

fuego,

regresó

al

el

confidente

vehículo

donde

se

la

esperaba

devolvió

el

a

agente

éste

y

Pérez

Feliciano.

Con el propósito de obtener una orden de registro, el

agente

Pérez

Feliciano

hizo

una

declaración

jurada

describiendo detalladamente los sucesos antes mencionados,

así

como

la

localización

de

la

residencia

en

donde

acontecieron los mismos. Examinada la declaración jurada,

el

Tribunal

registro

y

de

Primera

allanamiento

Instancia

emitió

una

orden

de

en

de

residencia

del

contra

la

señor Hernández Nieves.

Al diligenciarse la mencionada orden, el señor Nieves

Hernández voluntariamente aceptó poseer armas de fuego y

CC-2007-952

3

dirigió a los agentes del orden público a localizar algunas

de sus armas. Así las cosas, los oficiales de la Policía

ocuparon varias armas de fuego en distintos lugares de la

residencia.

Como

resultado

de

ese

allanamiento,

el

Ministerio

Público radicó ocho denuncias en contra del señor Nieves

Hernández por violación a los Artículos 5.06, 5.07, 5.10 y

6.01

de

la

Ley

de

Armas,

25

L.P.R.A.

secs.

458,

459.

Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia determinó

causa probable para acusar al señor Nieves Hernández por la

comisión

de

estos

delitos.

Luego

de

los

incidentes

procesales de rigor, el señor Nieves Hernández solicitó la

supresión de la evidencia que le fue incautada mediante el

mecanismo

provisto

por

la

Regla

234

de

Procedimiento

evidenciaria,

el

Tribunal

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234.

Celebrada

la

vista

de

Primera Instancia suprimió la prueba incautada y archivó

las acusaciones en contra del señor Nieves Hernández. El

foro de instancia concluyó que cuando un acusado alega en

una

moción

de

supresión

de

evidencia

que

el

testimonio

prestado por el agente que hizo las vigilancias que motivó

la expedición de la orden de registro es uno estereotipado,

le corresponde al Ministerio Público el peso de la prueba

para demostrar lo contrario. A pesar de que el agente Pérez

Feliciano reprodujo la misma narración de los hechos que

expuso

en

la

declaración

jurada

antes

mencionada,

el

tribunal de instancia no le dio credibilidad al testimonio

prestado por éste en dicha vista evidenciaria.

CC-2007-952

Por

4

no

estar

de

acuerdo

Ministerio

Público

acudió

mediante

recurso

de

un

con

al

dicho

Tribunal

Certiorari.

dictamen,

de

Dicho

el

Apelaciones

foro

apelativo

expidió el auto y revocó al Tribunal de Primera Instancia.

En

síntesis,

determinó

que

el

agente

Pérez

Feliciano

proveyó una descripción detallada de la actividad ilegal

que presenció.

Examinado el recurso, acordamos expedir el auto. Con

el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos

a resolver.

II

Sabido

Constitución

es

que

del

el

Artículo

Estado

Libre

II,

Sección

Asociado

de

10

de

Puerto

la

Rico

establece que sólo se expedirán mandamientos autorizando

registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial,

y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en

juramento o afirmación, describiendo el lugar a registrarse

y

las

personas

a

detenerse.

Además,

dicho

precepto

constitucional dispone que evidencia obtenida en violación

de esta sección es inadmisible en los tribunales. Art. II,

Sec. 10, Const. ELA., L.P.R.A. 1.

Ello

exige

que

la

determinación

judicial

de

causa

probable se apoye en una declaración jurada o afirmación

que

se

sustente

bajo

premisas

verdaderas

y

razonables.

Asimismo, la determinación de causa probable necesaria para

expedir una orden de registro o allanamiento descansa en la

probabilidad

de

que

exista

determinado

objeto

ilegal

incautable y que ese objeto se encuentre en el lugar a ser

CC-2007-952

registrado

5

o

allanado.

Pueblo

v.

Camilo

Meléndez,

148

D.P.R. 539, 555 (1999).

Ahora

bien,

hemos

expresado

reiteradamente

que

al

determinar si existe o no causa probable para expedir una

orden de allanamiento no estamos llamados a establecer si

la ofensa que se imputa fue verdaderamente cometida. En

esencia, sólo nos corresponde determinar si el deponente

tuvo base razonable, al momento de prestar su declaración

jurada y haberse librado la orden de registro, para creer

que se estaba violando la ley en el lugar a ser allanado.

Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 D.P.R. 41, 47 (1994); Pueblo

v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19, 25 (1964). De igual

forma,

al

pasar

juicio

sobre

la

causa

probable

que

justifica la expedición de una orden, debemos dilucidar si

los hechos aparentes que se desprenden de la declaración

jurada son de tal naturaleza que una persona prudente y

razonable

pudiera

creer

que

se

ha

cometido

la

ofensa

imputada. Pueblo v. Valenzuela Morel, 158 D.P.R. 526, 543

(2003);

Pueblo

v.

Santiaqo

Avilés,

147

D.P.R.

160,

167

(1998).

Por otro lado, la Regla 234 de Procedimiento Criminal,

supra,

provee

un

mecanismo

procesal

excepcional

para

suprimir evidencia obtenida en contravención con lo antes

expuesto. Dicha regla constituye un mecanismo para hacer

efectiva la protección constitucional contra registros o

allanamientos

ilegales

o

irrazonables.

Pueblo

v.

Blasé

Vázquez, 148 D.P.R. 618 (1999). Véase además, O. Resumil,

Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Penal,

CC-2007-952

6

Equity, 1990, pág. 276. Sin embargo, una vista de supresión

de evidencia no equivale a un juicio en su fondo, pues no

se

dilucida

en

ésta

la

culpabilidad

o

inocencia

del

acusado. Dicha vista se debe circunscribir a considerar si

el registro efectuado fue o no razonable. Pueblo v. Rivera

Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).

En vista de ello, debemos distinguir entre un registro

y allanamiento realizado bajo el palio de un mandamiento

judicial y el que se efectúa sin dicha orden previa. Es un

principio

firmemente

constitucional

que

establecido

cualquier

en

nuestro

registro,

ordenamiento

allanamiento

o

incautación realizado sin previa orden judicial se presume

irrazonable

y,

por

ende,

inválido.

Por

consiguiente,

en

ausencia de orden judicial le corresponde al Estado probar

la

razonabilidad

y

validez

del

registro

y

allanamiento.

Pueblo v. Loubriel Suazo, 158 D.P.R. 371, 380 (2003).

Por otro lado, cuando el registro se efectúa al amparo

de una orden judicial impera una presunción de legitimidad,

pues

toda

determinación

judicial

se

acompaña

de

una

presunción de corrección. En esos casos, el acusado tiene

el

peso

de

la

prueba

para

rebatir

la

legalidad

y

razonabilidad de la actuación gubernamental.

A

su

vez,

y

como

bien

señala

el

profesor

Ernesto

Chiesa,

el juez que adjudica una moción de supresión de

evidencia

incautada

mediante

previa

orden

judicial, impugnada por alegada ausencia de

causa

probable

[…]

debe

guardar

cierta

deferencia a la inicial determinación de causa

probable que hizo el magistrado que expidió la

orden[…] Nos parece que una vez obtenida la

CC-2007-952

7

orden, la mejor norma es que la ulterior

revisión judicial de tal determinación se guíe

bajo el principio general de que la función

judicial revisora será determinar si había base

suficiente para que un magistrado determinara

causa probable; debe rechazarse la norma de que

se haga una determinación de novo de causa

probable. (Énfasis nuestro). E.L. Chiesa Aponte,

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados

Unidos, Vol. I, Editorial Forum, 1992, pág. 370.

Ante

tales

supuestos,

hemos

expresado

que

la

declaración jurada que sirvió de base para la expedición de

la orden de allanamiento es suficiente cuando el testimonio

del

agente

que

detalladamente

intervino

el

lugar

a

en

la

investigación

registrarse

y

las

describe

personas

a

detenerse. Para impugnar la razonabilidad de un registro

realizado

al

amparo

de

una

determinación

judicial,

el

acusado debe probar que el testimonio que dio lugar al

mandamiento fue vago o estereotipado, porque “se reduce a

establecer los elementos mínimos necesarios para sostener

un

delito

sin

incluir

detalles

imprescindibles

para

reforzarlos”. Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 D.P.R. 443,

480 (1989); Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374,

376 (1974).

Con

este

marco

normativo

en

mente,

procedemos

a

resolver la controversia ante nos.

III

En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia

atendió la solicitud de supresión de evidencia como si se

tratara

de

correspondiera

un

registro

al

Estado

sin

orden

rebatir

la

judicial

y

le

presunción

de

ilegalidad del mismo. Ello, a pesar de que el registro y

CC-2007-952

8

allanamiento de la residencia del señor Nieves Hernández se

realizó al amparo de un mandamiento judicial para tales

propósitos.

Aparentemente,

instancia

fue

Hernández

Nieves,

este

motivado

sin

error

manifiesto

por

prueba

del

la

sugerencia

o

argumentación

foro

del

de

señor

alguna

al

respecto, de que el testimonio del agente Pérez Feliciano

fue estereotipado. Tal premisa equivocada es evidente, dado

que

en

la

vista

de

supresión

de

evidencia

el

juez

de

instancia concluyó que “[e]l Ministerio Público tiene que

rebatir esa presunción con prueba que establezca que el

testimonio es uno creíble, yendo más allá de los datos

indispensables

para

probar

los

requisitos

mínimos

de

un

delito […]”. Dicho razonamiento es errado, pues este caso

no versa sobre un registro y allanamiento sin orden donde

la

imputación

de

testimonio

estereotipado

generaría

una

obligación del Ministerio Público de probar lo contrario,

sino de una intervención gubernamental autorizada por un

funcionario

judicial

neutral

que

determinó

declaración

jurada

agente

Pérez

Feliciano

del

que

la

resultaba

suficiente para expedir dicho mandamiento.

Por

otro

declaración

lado,

jurada

surge

como

el

del

expediente

testimonio

del

que

tanto

agente

la

Pérez

Feliciano proveyeron una descripción sumamente detallada y

particularizada

de

la

actividad

ilegal

que

presenció.

A

pesar de que el agente no corroboró si el señor Nieves

Hernández poseía una licencia para poseer armas de fuego,

dicho dato era impertinente ante la realidad fáctica de que

CC-2007-952

9

no poseía la misma y que el confidente que colaboró con la

investigación

simuló

acusado

que

sin

formalidades

una

se

transacción

cumplieran

estrictas

que

voluntaria

con

el

ninguna

de

las

Ley

para

la

con

impone

la

compraventa en el mercado de armas de fuego.

Por

consiguiente,

demostrado

mediante

el

señor

Nieves

preponderancia

Hernández

de

la

no

ha

prueba

la

ilegalidad imputada para rebatir la causa probable que dio

lugar

al

mandamiento

allanamiento.

judicial

Evidentemente,

autorizando

el

Tribunal

el

registro

y

de

Apelaciones

actuó correctamente al revocar la resolución del foro de

instancia,

pues

éste

cometió

un

error

manifiesto

al

suprimir la evidencia y ordenar el archivo de los cargos

presentados contra el señor Nieves Hernández.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto

solicitado,

se

confirma

la

sentencia

dictada

por

el

Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal

de

Primera

Instancia

para

que

continúe

con

los

procedimientos de acuerdo a lo aquí dispuesto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora

Fiol Matta disiente con opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2007-952

Certiorari

Antulio Nieves Hernández

Peticionario

Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada SEÑORA FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2008.

Disiento de la Sentencia de este Tribunal, porque

entiendo

que

en

este

caso

no

concurren

las

circunstancias que justifican que los foros apelativos

sustituyan con

su criterio el

del foro de primera

instancia. Reinstalaría la determinación del tribunal

de instancia que ordena la supresión del testimonio

del agente Pérez Feliciano y devolvería para que se

continuaran

los

procedimientos.

Tal

conclusión

se

fundamenta en el derecho y en los siguientes hechos

que la mayoría del Tribunal ignora en su sentencia.

Contra el Sr. Antulio Nieves Hernández, en adelante el

peticionario, se diligenció una orden de registro y

allanamiento.

Como

fruto

de

ese

CC-2007-952

2

registro, se incautó material ilegal consistente en armas

de fuego y se presentaron acusaciones por infracción al

artículo 5.06, 5.07, 5.10 y 6.01 de la Ley de Armas de

Puerto Rico, 25 L.P.R.A. secs. 458 (e)(f)(i) y 459.

El

peticionario instó oportunamente una Moción de supresión de

evidencia

al

amparo

de

la

Regla

234

de

Procedimiento

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234, solicitando que se

excluyera el testimonio que dio base a la expedición de la

orden

de

allanamiento.

De

acuerdo

al

foro

de

primera

instancia, el peticionario arguyó en su moción que la orden

de registro y allanamiento era insuficiente y obtenida de

forma contraria a derecho; que por ser una orden ultra

vires,

se

trata

de

un

registro

sin

orden

y

que

el

testimonio que suscitó la orden de allanamiento era vago,

contradictorio

Primera

y

Instancia

en

fin,

estereotipado.

celebró

una

vista

El

Tribunal

evidenciaria

de

para

dirimir la solicitud del peticionario.

A continuación, reproducimos lo acaecido en la vista

evidenciaria de acuerdo a la Resolución del Tribunal de

Primera Instancia.

Durante la vista evidenciaria, el peticionario reiteró

los

planteamientos esbozados en su Moción. Adujo que el

agente Charlie Pérez Feliciano prestó vigilancia basado en

una

información

dada

por

un

confidente,

sin

tener

conocimiento personal de la alegada confidencia y que de la

propia observación del agente Pérez Feliciano no se percibe

un acto ilegal o una transacción de arma de fuego.

CC-2007-952

Por

3

su

parte,

el

Ministerio

declaración

prestada

por

el

Público

agente

alegó

Pérez

que

la

Feliciano

fue

suficiente en derecho para expedir una orden de registro y

allanamiento y que su testimonio no fue estereotipado.

El

agente

evidenciaria

Pérez

que

para

Feliciano

testificó

el

agosto

5

de

en

de

la

vista

2006

estaba

investigando una confidencia con relación a un señor que se

dedica a la compra y venta de armas de fuego.

Entrevistó a

un confidente que anteriormente había ofrecido información

conducente al arresto y convicción de varias personas en el

área de Aguadilla.

El agente testificó que el confidente

describió

al

y

nombró

peticionario

como

alguien

que

se

dedica a la compra de propiedad hurtada, que recientemente

había

comprado

las

tenía

la

residencia

del

peticionario y brindó la dirección física de la misma.

El

venta.

El

armas

de

confidente

fuego

le

y

que

describió

para

la

agente Pérez Feliciano indicó que tras comunicarse con su

supervisor sobre estos particulares, recibió instrucciones

para

que

investigara

la

confidencia.

El

agente

Pérez

Feliciano relató que fue con el informante a localizar la

residencia del peticionario y que al llegar al lugar, el

confidente lo señaló.

que

planificó

con

Posteriormente, el agente testificó

el

informante

llevar

a

cabo

una

simulación de compra de un arma de fuego.

Dijo que el día

pautado,

residencia

se

peticionario

personaron

en

un

ambos

automóvil

a

la

confidencial;

que

del

el

confidente llamó al peticionario, quien salió de su casa y

CC-2007-952

4

dialogó con el confidente antes de entrar a la casa del

peticionario.

Relata

el

agente

que

al

cabo

de

varios

minutos, el informante salió con un revolver “cromeado” y

cachas en madera en la mano derecha.

El agente testificó

que tras tenerlo en sus manos, el informante procedió a

devolverle el revólver al peticionario, dialogaron un rato

y se despidieron.

su

residencia

y

El peticionario regresó al interior de

el

confidente

al

vehículo

confidencial.

El agente indicó que le informó lo sucedido a su supervisor

y que éste le dio instrucciones de hacer una declaración

jurada y consultar con el Fiscal para obtener una orden de

registro y allanamiento.

A preguntas de la defensa, el agente Pérez Feliciano

declaró

que

su

plan

era

simular

una

compra

de

arma

de

fuego; que no verificó si el peticionario poseía arma de

fuego; que a su entender el arma era real y no de juguete y

que no se consumó la compra porque no había dinero.

Sobre

el confidente, el agente declaró que no se le dio dinero

porque no confiaba en él pues tenía problemas de drogas y

que no conocía su nombre, sólo su apodo, a pesar de ser un

confidente participante.

Finalmente, adujo el agente que

no llevó a cabo más vigilancias porque a su entender, el

hecho de darle el arma al confidente era un delito.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia

concluyó

que

los

hechos del caso, según plasmados en la declaración jurada

del

agente

Pérez

Feliciano,

así

como

relatados

en

su

testimonio en corte, “establecen unos datos que nos llevan

CC-2007-952

a

5

concluir

que

la

información

alegada

por

el

agente

investigador, que dio motivos a la expedición de la orden

de registro y allanamiento no ocurrieron como se plantean”.

El

foro

primario

determinó

que

una

confidencia

de

la

naturaleza de la del caso de autos, que relaciona a un

individuo con la compra y venta de armas, debió haber sido

investigada más minuciosamente.

la

declaración

contenía

“muy

ofrecida

pocos

por

detalles

El tribunal entendió que

el

agente

sobre

la

Pérez

Feliciano

investigación,

confidente y el acto delictivo a plena vista”.

el

El tribunal

también opinó que el mejor curso a seguir hubiera sido

llevar a cabo una compra del arma para así tener prueba del

acto delictivo al ocuparse el arma.

El hecho de que no se

le pidió una licencia de portación de armas le resultó al

tribunal

un

hecho

“incomprensible”,

así

como

la

contradicción que implica iniciar una investigación a base

de una confidencia brindada por una persona a quien no se

le puede confiar dinero y de quien no conocía su nombre a

pesar de ser confidente participante.

El tribunal también

concluyó que el agente Pérez Feliciano basó su declaración

jurada

en

una

“vigilancia

flaca

y

descarnada

y

en

la

referencia alegada por el confidente que sorprendentemente

no incluyó en la declaración jurada” como tampoco incluyó

lo

que

simulada.

le

relató

el

confidente

después

de

la

venta

Por último, el tribunal expresó que no le daba

credibilidad

al

testimonio

prestado

por

el

agente

Pérez

Feliciano, pues éste “va más allá de ser uno estereotipado

CC-2007-952

a

ser

6

uno

original.)

increíble

y

Por

razones,

estas

(Énfasis

absurdo”

el

en

Tribunal

el

de

texto

Primera

Instancia ordenó la supresión de toda la evidencia ocupada

en el allanamiento ejecutado en virtud de la orden que se

basó en el testimonio del agente Pérez Feliciano.

El Ministerio Público recurrió de esta determinación

del Tribunal de Primera Instancia.

El Tribunal de Apelaciones revocó al foro de primera

instancia

y

basó

su

decisión

en

el

contenido

de

la

declaración jurada prestada por el agente Pérez Feliciano.

El foro apelativo entendió que de la declaración jurada

surge una descripción detallada de la actividad ilegal que

presenció el agente.

Del mismo documento adujo el Tribunal

de Apelaciones que el agente Pérez Feliciano no incurrió en

contradicciones, inconsistencias, lagunas ni vaguedades, en

fin,

que

la

declaración

fue

sumamente

específica

y

detallada. Por estas razones entendió el tribunal apelativo

que de acuerdo a la declaración jurada, se configuró la

causa probable necesaria para la emisión de una orden de

registro y allanamiento, por lo que procedía la revocación

de la Resolución del Tribunal de Primera Instancia y la

continuación de los procedimientos.

Traído

el

caso

ante

nuestra

consideración

por

el

peticionario, paralizamos los procedimientos en auxilio de

nuestra jurisdicción y expedimos el certiorari solicitado.

Una

vez

elevados

los

autos,

nos

percatamos

de

que

el

Tribunal de Apelaciones no contó con una trascripción ni

CC-2007-952

con

una

7

minuta

evidenciaria.1

que

refleje

lo

sucedido

en

la

vista

Su decisión estuvo basada en la declaración

jurada

del

agente

Pérez

pareció

insuficiente

al

Feliciano,

Tribunal

de

declaración

Primera

que

Instancia

le

y

cuyo autor no mereció credibilidad luego de haber prestado

su testimonio en corte.

No se puede perder de perspectiva que el Tribunal de

Primera

Instancia

tiene

la

oportunidad

de

evaluar

el

testimonio de un testigo ocular y particularmente…

…el criterio cualitativo testimonial, a saber, la

habilidad

del

deponente

para

percibir

el

acontecimiento,

aptitud

para

conservarlo

en

su

memoria, capacidad para evocarlo, modo de querer

expresarlo, y cómo puede hacerlo, es esencial…

Ingredientes adicionales tales como el grado de

inteligencia del testigo, su facilidad o dificultad

para verbalizar y explicar, el nerviosismo natural que

genera la sala de un tribunal, las expectativas de una

confrontación

de

lo

atestado

con

el

contrainterrogatorio, el interés en el desenlace final

del caso y un sin número de imponderables, imponen

sobre los tribunales de instancia la más delicada

función del quehacer judicial humano: el descubrir la

verdad haciendo el mayor esfuerzo en dirimir prueba

conflictiva y en muchas ocasiones incompleta… Este

proceso mental y realidad forense --que corresponde

más bien a la disciplina de la psicología del

testimonio-- nunca puede ser ignorado por un tribunal.

Su

comprensión

y

aplicabilidad

será

en

última

instancia el elemento que inclinará de uno u otro lado

la balanza de la justicia.

(Citas omitidas.) Pueblo

v. Morales Rivera, 112 D.P.R. 463, 464 (1982).

La Regla 29 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones

establece que será la parte peticionaria o apelante quien

estime si es necesario que el Tribunal de Apelaciones

considere alguna porción de la prueba oral.

Si la parte

determina que es necesario que el tribunal considere prueba

oral, someterá una transcripción, exposición estipulada o

exposición narrativa.

1

CC-2007-952

8

Bajo este fundamento reiteradamente hemos resuelto que no

intervendremos en la apreciación de la prueba oral que haga

el

foro

de

primera

instancia

en

ausencia

de

error

manifiesto, prejuicio o parcialidad o si la prueba no se

distancia

de

la

realidad

fáctica

inherentemente imposible o increíble.2

o

ésta

no

sea

En Hernández v. San

Lorenzo Construction, 153 D.P.R. 405, 425 (2001) expresamos

que:

Dado que es norma reiterada por este Tribunal que

las determinaciones de hecho que hace el Tribunal de

Primera Instancia merecen gran deferencia y respeto

por la oportunidad que tuvo el juzgador de los hechos

de observar y escuchar a los testigos, la intervención

del foro apelativo con esa prueba tiene que estar

basada en un análisis independiente de la prueba

desfilada y no a base de los hechos que exponen las

partes.

También

apreciación

hemos

de

la

dicho

que

no

podemos

prueba

del

juez

sustituir

sentenciador

ni

la

sus

determinaciones tajantes y ponderadas con sólo un examen de

un

“expediente

frío

e

inexpresivo”.

Pueblo

v.

Rivera

Robles, supra, págs. 869-871; Rolón v. Charlie Car Rental,

Inc.

148

D.P.R,

420,433

(1999);

López

Vicil

v.

I.T.T.

“Esto es particularmente cierto cuando no se hubiera

elevado una exposición narrativa de la prueba oral. Lo

cierto es que un foro apelativo no puede descartar las

determinaciones de hecho del foro recurrido y sustituirlas

por sus propias apreciaciones valiéndose meramente de un

examen del expediente del caso.” H. Sánchez Martínez,

Derecho procesal apelativo, Lexis-Nexis, 2001, sec. 3702,

pág. 611. Veánse Benítez Guzman v. García Merced, 126

D.P.R. 302, 208 (1990); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc.

148 D.P.R, 420,433 y Pueblo v. Calderón Hernández, 145

D.P.R. 603, 605-606 (1998).

2

CC-2007-952

9

Intermedia, Inc., 142 D.P.R. 857 (1997); Benítez Guzmán v.

García Merced, 126 D.P.R. 302, 208 (1990).

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia tuvo la

oportunidad

de

evaluar

testimonial”

del

agente

el

Pérez

“criterio

Feliciano

cualitativo

y

fue

bastante

enfático en sus conclusiones sobre el mismo. El juzgador de

instancia entendió probado que el testimonio del agente,

sobre el cual se fundamentó la orden de registro, fue vago

y

estereotipado

y,

por

consiguiente,

el

mandamiento

fue

insuficiente. En consecuencia, se justificaba que el peso

de la prueba sobre la razonabilidad del registro quedara

del lado del Ministerio Público. Por tanto, no fue un error

manifiesto

del

tribunal

inferior

entenderlo

así,

según

se

afirme

declara la Sentencia mayoritaria.

Por

otro

lado,

resulta

preocupante

que

mediante Sentencia de este Tribunal que “a pesar de que el

agente no corroboró si el señor Nieves Hernández poseía una

licencia

para

poseer

armas

de

fuego,

dicho

dato

era

impertinente ante la realidad fáctica de que no poseía la

misma.”

La

sección

10

del

artículo

II

de

la

Carta

de

Derechos de nuestra Constitución reconoce como un derecho

del pueblo “la protección de sus personas, casas, papeles y

efectos

contra

registros

y

Añade,

que

evidencia

obtenida

la

allanamientos

en

irrazonables.”

violación

a

dicho

principio será inadmisible en los tribunales. Esta regla de

exclusión

de

rango

consideraciones

de

constitucional

política

se

basa

totalmente

pública,

con

el

en

propósito,

CC-2007-952

10

entre otros, de disuadir o desalentar a los funcionarios

del

orden

público

de

violentar

la

protección

constitucional. E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal

de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991,

Vol.

I,

pág.

284.

Dicha

norma

no

esta

predicada

en

un

fundamento de la búsqueda de la verdad, por lo cual no es

pertinente que la evidencia encontrada tenga o no valor

probatorio.

En vista de lo anterior, la Constitución de Puerto

Rico

protege

al

pueblo

de

registros

y

allanamientos

irrazonables independientemente de sus frutos, requiriendo

una justificación para intervenir con la intimidad de las

personas. No puede justificarse un registro irrazonable con

el resultado del mismo.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada