LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc.; Sr. Majid Bazzil y otros

2008 TSPR 164

Poder Judicial de Puerto Rico

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Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc.; Sr. Majid Bazzil y otros

CC-2008-0195

Derecho Laboral – Procedimiento Sumario bajo Ley Núm. 2: falta de discreción del tribunal para anotar la rebeldía del patrono una vez ha transcurrido el término para contestar la querella

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Olivia Vizcarrondo Morales

Certiorari

Peticionaria

2008 TSPR 164

vs.

175 DPR ____

MVM, Inc.; Sr. Majid Bazzi,

su esposa Fulana de Tal, y la

Sociedad Legal de Gananciales

Compuesta por ellos; Fulano de

Tal y Sutano Mas Cual

Recurridos

Número del Caso: CC-2008-195

Fecha: 6 de octubre de 2008

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Carolina Guayama Panel XIII

Juez Ponente:

Hon. Rafael Ortiz Carrión

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Sara M. Chico Matos

Abogadas de la Parte Recurrida:

Lcda. Sara E. Colón Acevedo

Lcda. Ana B. Rosado - Frontanés

Materia: Despido Injustificado

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Olivia Vizcarrondo Morales

Peticionaria

vs.

CC-2008-195

Certiorari

MVM, Inc.; Sr. Majid Bazzi,

su esposa Fulana de Tal, y la

Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ellos; Fulano de

Tal y Sutano Mas Cual

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ

DENTON

San Juan, Puerto Rico a 6 de octubre de 2008.

En el día de hoy, debemos resolver si un

tribunal tiene discreción para negarse a anotarle

la

rebeldía

querella

a

un

patrono

laboral

correspondiente,

ni

que

no

dentro

presentó

contestó

del

una

una

término

solicitud

de

prórroga juramentada a esos efectos, conforme a

lo establecido en el procedimiento sumario para

ventilar querellas laborales dispuesto en la Ley

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sec.

3118 et seq.

Con

el

propósito

de

terminar

con

la

incertidumbre existente, tanto en los tribunales

CC-2008-195

2

de instancia como en el Tribunal de Apelaciones, sobre la

correcta aplicación de la Ley Núm. 2, supra, resolvemos que

de

conformidad

con

tribunal

no

tiene

rebeldía

en

las

la

letra

del

referido

estatuto,

un

discreción

para

negarse

a

anotar

la

descritas.

No

circunstancias

antes

obstante, luego de anotar la rebeldía, el tribunal debe

celebrar

las

querellante

vistas

que

sustente

sus

sean

necesarias

alegaciones

y

para

pruebe

que

los

el

daños

reclamados. Dichas vistas deberán realizarse de acuerdo a

las normas que rigen los procedimientos en rebeldía.

I

Los hechos de este caso no están en controversia. El

24 de agosto de 2007, la Sra. Olivia Vizcarrondo Morales

presentó una querella en contra de la corporación foránea

MVM,

Inc.

(en

adelante,

MVM),

en

la

cual

invocó

el

procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra. En

la referida querella, la señora Vizcarrondo Morales alegó

que

fue

objeto

de

discriminatorio

por

actuación

patrono

cesante,

del

por

lo

que

un

razón

le

de

despido

injustificado

y

la

su

edad.

Adujo

causó

daños

morales

solicitó

indemnización

bajo

que

y

lucro

la

Ley

General Contra el Discrimen en el Empleo, Ley Núm. 100 de

30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A. sec. 151 (2), y la Ley de

Despido Injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976,

29 L.P.R.A. sec. 185(a) et seq.

MVM fue notificada de la querella presentada en su

contra el 4 de septiembre de 2007.

En el emplazamiento, se

CC-2008-195

3

le apercibió que se había invocado el procedimiento sumario

dispuesto

en

la

Ley

Núm.

2,

supra,

y

que

por

haberse

diligenciado el mismo fuera del distrito judicial en que se

promueve la acción, MVM tenía un plazo de quince (15) días

para

presentar

su

contestación.

No

obstante,

MVM

no

presentó su contestación dentro del plazo indicado, por lo

que

el

27

Vizcarrondo

de

septiembre

Morales

de

ese

mismo

año

la

señora

presentó

una

moción

solicitando

la

anotación de rebeldía y el señalamiento de una vista. En

respuesta

a

dicha

solicitud,

el

tribunal

de

instancia

emitió una orden para que la querellante evidenciara haber

notificado

a

MVM

de

la

querella

presentada.

A

tales

efectos, el 5 de noviembre de 2007 la señora Vizcarrondo

Morales presentó evidencia de la notificación debidamente

diligenciada.

Así las cosas, el 26 de octubre de 2007, cincuenta y

tres (53) días luego de ser notificada de la querella, MVM

presentó su contestación junto a una moción en oposición a

que

se

le

anotase

la

rebeldía

por

no

haber

contestado

dentro del término correspondiente. Además, solicitó que la

reclamación

se

ventilara

mediante

el

procedimiento

ordinario. Justificó dicha solicitud aduciendo que es una

corporación

legal

foránea,

localizadas

con

fuera

oficinas

de

centrales

Puerto

Rico,

y

división

y

que

las

alegaciones de patrono sucesor y de discrimen por edad, así

como

la

reclamación

por

daños

morales

que

hiciera

la

CC-2008-195

4

querellante, no están relacionadas con información que obre

en los expedientes de la empresa.

El 26 de noviembre de 2007, el tribunal de instancia

declaró

Con

Lugar

la

solicitud

del

patrono

querellado.

Asimismo, dictó una orden solicitando a la representación

legal de ambas partes que se reunieran para poder continuar

con los procedimientos ulteriores.

Inconforme, la señora Vizcarrondo Morales recurrió al

Tribunal de Apelaciones y solicitó la revisión de la orden

dictada por el foro de instancia.

De igual forma, solicitó

al tribunal apelativo que, en auxilio de su jurisdicción,

paralizara los procedimientos en el tribunal de instancia.

En su recurso, la señora Vizcarrondo Morales adujo que erró

el

foro

autorizar

primario

que

al

la

no

anotar

reclamación

procedimiento

ordinario.

Por

tribunal

instancia

por

de

la

se

rebeldía

a

y

al

ventilara

mediante

el

último,

le

aceptar

MVM

imputó

la

error

al

contestación

presentada por MVM fuera del término establecido para ello

en la Ley Núm. 2, supra.

El Tribunal de Apelaciones se negó a expedir el auto

solicitado. En esencia, resolvió que aun cuando en estos

casos

el

patrono

debe

contestar

la

querella

presentada

dentro del término establecido en la Ley Núm. 2, supra, la

solicitud

para

que

la

querella

se

tramite

por

la

vía

ordinaria puede hacérsele al tribunal en cualquier momento,

antes o después de transcurrido el plazo mencionado. El

tribunal

fundamentó

su

determinación

en

la

Sentencia

CC-2008-195

5

emitida por este Tribunal en Padilla v. Anabas, 162 D.P.R.

637

(2004).

Ello

a

pasar

de

que

la

misma

no

creó

un

precedente.

Inconforme con la determinación del foro apelativo,

acude

ante

nos

la

señora

Vizcarrondo

Morales

y,

esencialmente, presenta los mismos señalamientos de error.

Sostiene

que

erró

rebeldía

según

le

el

foro

fue

apelativo

al

solicitado,

ni

no

anotar

señalar

la

los

procedimientos correspondientes. De igual forma, le imputa

al

tribunal

contestación

apelativo

haber

tardía

la

de

errado

querella

y

al

permitir

la

al

autorizar

la

solicitud de la parte recurrida para continuar el trámite

de los procedimientos por la vía ordinaria.

Examinado el recurso presentado, emitimos una orden a

MVM para que mostrara causa, si alguna tuviera, por la cual

no debíamos revocar la resolución dictada en este caso por

el

Tribunal

comparecencia,

de

Apelaciones.

procedemos

a

Con

el

beneficio

resolver

sin

de

su

trámites

ulteriores.

II

La Ley Núm. 2, supra, provee un procedimiento sumario

de reclamaciones laborales para la rápida consideración y

adjudicación de las querellas de obreros y empleados contra

sus patronos relacionadas a salarios, beneficios y derechos

laborales. 32 L.P.R.A. sec. 3118.

Dichas reclamaciones,

por su naturaleza y finalidad, ameritan ser resueltas a la

brevedad

posible

“para

así

lograr

los

propósitos

CC-2008-195

6

legislativos de proteger el empleo, desalentar los despidos

injustificados

y

proveerle

al

obrero

despedido

medios

económicos para su subsistencia mientras consigue un nuevo

empleo”. Lucero Cuevas v. The San Juan Star Company, 159

D.P.R. 494 (2003); Ruiz Rivas v. Col. San Agustín, 152

D.P.R. 226 (2000); Rivera v. Insular Wire Products Corp.,

140 D.P.R. 912 (1996).

El procedimiento sumario consagrado en la Ley Núm. 2,

es

supra,

uno

especial

cuyas

disposiciones

deben

interpretarse liberalmente a favor del empleado. Ello en

virtud de la desigualdad de medios económicos que existe

entre

las

partes.

Lucero

Cuevas

v.

The

San

Juan

Star

Company, supra; Piñero González v. A.A.A., 146 D.P.R. 890

(1998); Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R.

689 (1965). Por tanto, el procedimiento le impone la carga

procesal más onerosa al patrono, sin que ello signifique

que éste queda privado de defender sus derechos. Rivera v.

Insular Wire Products Corp., supra.

Anteriormente

sumaria

del

hemos

procedimiento

expresado

que

constituye

su

la

naturaleza

característica

esencial, por lo que tenemos la obligación de promover y

exigir

diligencia

reclamaciones

y

prontitud

laborales

en

conforme

la

tramitación

de

al

mandato

claro

las

legislativo plasmado en la Ley Núm. 2, supra. Lucero Cuevas

v. The San Juan Star Company, supra; Mercado Cintrón v.

Zeta

Communications,

Inc.,

135

D.P.R.

737

(1994);

Resto

Maldonado v. Galarza Rosario, 117 D.P.R. 458 (1986); Díaz

CC-2008-195

7

v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314 (1975).

En vista de

ello, tanto los tribunales como las partes deben respetar

los términos relativamente cortos dispuestos en el estatuto

para contestar la querella; los criterios estrictos para

conceder

una

prórroga

mecanismo

especial

que

para

contestar

flexibiliza

la

el

querella;

el

emplazamiento

del

patrono y -entre otras particularidades provistas por la

ley-

las

limitaciones

en

descubrimiento de prueba.

el

uso

de

los

mecanismos

de

De no hacerlo, el procedimiento

se convertiría en uno ordinario, lo cual sería incompatible

tanto

con

el

mandato

legislativo

de

diligencia

en

el

dictamen judicial, como con su carácter reparador. Lucero

Cuevas v. The San Juan Star Company, supra.

Es

norma

reiterada

que

cuando

se

entabla

una

reclamación bajo el procedimiento sumario y se notifica al

patrono querellado con copia de la querella, éste viene

obligado

a

presentar

términos

más

su

cortos

contestación

que

los

dentro

provistos

de

unos

para

los

procedimientos ordinarios. Sobre el particular, la Sección

3 de la referida ley dispone que el patrono presentará la

contestación

por

escrito

dentro

de

los

diez

(10)

días

siguientes a la notificación, si ésta se hiciere en el

distrito judicial en el que se promueve la acción, y dentro

de los quince (15) días en los demás casos. 32 L.P.R.A.

sec. 3120.

En los casos en que el patrono querellado no presente

la

contestación

dentro

del

término

correspodiente,

la

CC-2008-195

8

citada disposición legal regula el modo en que tanto las

partes como el tribunal deben proceder.

De esta forma, la

propia

autoridad

ley

delimita

tribunales.

el

alcance

de

la

de

los

A esos efectos, la Sección 3 establece que:

[…] se dictará sentencia en su contra,

concediendo el remedio solicitado, sin más

citarle ni oírle. Solamente a moción de la

parte querellada, la cual deberá notificarse

al abogado de la parte querellante o a ésta

si compareciere por derecho propio, en que

se expongan bajo juramento los motivos que

para ello tuviere la parte querellada, podrá

el juez, si de la faz de la moción

encontrara causa justificada, prorrogar el

término para contestar. En ningún otro caso

tendrá

jurisdicción

el

tribunal

para

conceder esa prórroga. (Énfasis nuestro).

Id.

De

esta

normativa

tribunal

de

darle

dispuesto

en

la

surge

cabal

Ley

el

deber

cumplimiento

Núm.

2,

inequívoco

al

ya

supra,

del

procedimiento

que

carece

de

jurisdicción para extender el término para contestar una

querella, a menos que se observen los criterios o normas

procesales para la concesión de una prórroga. Valentín v.

Housing

Promoters,

Inc.,

146

D.P.R.

712

(1998);

Mercado

Cintrón v. Zeta Communications, Inc., supra.

En

caso

de

que

la

parte

querellada

se

acoja

al

mecanismo de solicitud de prórroga para contestar, la Ley

Núm.

2,

supra,

igualmente

regula

el

modo

en

que

esta

petición debe formularse. El estatuto requiere que la parte

querellada someta la moción de prórroga dentro del término

provisto para presentar la contestación.

Además, exige que

el

varios

patrono

adicionales

querellado

para

la

cumpla

formulación

con

de

dicha

criterios

solicitud,

a

CC-2008-195

saber:

9

(a)

que

se

juramente

la

moción;

(b)

que

se

especifiquen los motivos que justifican su concesión; y (c)

que

la

moción

se

sec.

3120.

L.P.R.A.

notifique

En

a

la

ningún

parte

otro

querellante.

caso,

por

32

mandato

legislativo, tendrá jurisdicción el tribunal para conceder

esa

prórroga.

Id.

De

hecho,

aun

si

se

cumple

con

los

criterios antes expuestos, el tribunal no está obligado a

conceder

la

prórroga,

toda

vez

que

dicha

determinación

dependerá de si la parte querellada demostró mediante la

propia moción la existencia de una causa justificada para

la dilación.

A tono con lo anterior, la Sección 4 de la Ley Núm.

2,

32

L.P.R.A.

sec.

3121,

expresamente

dispone

que

el

incumplimiento con el término dispuesto para presentar la

contestación o, en la alternativa, con los criterios para

solicitar la prórroga, conlleva que el juez dicte sentencia

en

contra

del

querellado,

a

instancias

concediendo el remedio solicitado.1

del

querellante,

En ese caso, dicha

1

Según citamos en Ocasio Méndez v. Kelly Services Inc.,

163 D.P.R. 653 (2005):

[…] “el propósito de estar sujeto a esta

anotación es como disuasivo contra aquellos

que puedan recurrir a la dilación como un

elemento de su estrategia en la litigación."

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho

Procesal

Civil,

San

Juan,

Ed.

Luiggi

Abraham, 2000, T. II, pág. 750. El trámite

en rebeldía se fundamenta en "la obligación

de

los

tribunales

de

evitar

que

la

adjudicación

de

causas

se

paralicen

simplemente por la circunstancia de que una

parte opte por detener el proceso de

litigación", Continental Ins. Co. v. Isleta

Marina,

106

D.P.R.

809,

817

(1978).

CC-2008-195

10

sentencia será final y la misma no podrá apelarse. Id. En

vista

del

lenguaje

categórico

del

estatuto

en

cuestión,

reiteramos que de ordinario no tenemos otra alternativa que

no sea la rigurosa aplicación de los términos taxativos de

la

Ley

Núm.

2,

supra.

Véase

Mercado

Cintrón

v.

Zeta

hemos

expresado

que

aun

Communications, Inc., supra.

Ahora

bien,

anteriormente

bajo el esquema sumario dispuesto en la Ley Núm. 2, supra,

los

tribunales

limitaciones

tienen

que

descubrimiento

éste

de

discreción

para

impone

patrono

prueba.

al

Véase

flexibilizar

en

Berríos

las

cuanto

al

Heredia

v.

González, 151 D.P.R. 327, 345 (2000). Dicha discreción para

flexibilizar

algunos

aspectos

la

Núm.

dispuesto

en

suficiente

para

Ley

conferirle

del

2,

al

procedimiento

supra,

patrono

podría

el

sumario

resultar

mínimo

de

las

garantías constitucionales necesarias sin que se desvirtúe

el carácter sumario del proceso.

Más aún, en Rivera v. Insular Wire Products Corp.,

supra,

reconocimos

la

autoridad

de

los

tribunales

para,

luego de realizar un ponderado análisis de los intereses

involucrados, tramitar la querella de forma ordinaria. Esta

discreción

debe

ser

utilizada

por

los

tribunales,

particularmente, cuando la concesión de prórrogas o de un

________________________

Conforme a ello, “el mismo opera como

remedio

coercitivo

contra

una

parte

adversaria la cual, habiéndosele concedido

la oportunidad de refutar la reclamación,

por su pasividad o temeridad opta por no

defenderse." (citas omitidas)

CC-2008-195

11

descubrimiento

de

prueba

más

extenso

dentro

de

los

parámetros de la Ley Núm. 2, supra, resultaría insuficiente

para

proteger

instancia,

los

para

derechos

hacer

de

las

cumplida

partes,

justicia.

y

en

Véase

última

Berríos

Heredia v. González, supra, pág. 346.

No obstante, del referido precedente jurisprudencial

se

desprende

que

livianamente

y

dicha

que

determinación

una

mera

no

debe

alegación

de

hacerse

la

parte

querellada en términos de que la reclamación instada en su

contra es compleja, no justifica la conversión del proceso

en

uno

aquella

ordinario.

Berríos

Heredia

v.

González,

ocasión,

resolvimos

que,

entre

otros

En

Id.

factores,

antes de hacer esta determinación el tribunal debe evaluar

si

los

hechos

descritos

múltiples

testigos;

requerirá

la

si

a

requieren

la

luz

presentación

tomar

de

de

deposiciones

a

alegaciones

se

las

prueba

pericial

particularmente compleja; y si resulta necesario el examen

de expedientes médicos o la realización de exámenes físicos

que convertirían el descubrimiento de prueba en una etapa

incompatible

con

el

carácter

dispuesto en la Ley Núm. 2,

expedito

del

procedimiento

supra. Véase Berrios Heredia

v. González, Id.

Sin embargo, la solicitud de la parte querellada a

estos

efectos

términos

contestar

debe

hacerse

establecidos

la

oportunamente,

por

la

Ley

Núm.

querella

o

solicitar

dentro

2,

de

supra,

la

los

para

prórroga

CC-2008-195

12

correspondiente. Así se desprende de lo resuelto por este

Tribunal en Berríos Heredia, donde expresamos lo siguiente:

A tenor con lo anterior, resolvemos que

compete a los tribunales determinar, ante un

oportuno

planteamiento

al

respecto,

si

encauza una querella laboral que incluya una

reclamación

por

concepto

de

angustias

mentales mediante el trámite ordinario o el

sumario contemplado en la Ley Núm. 2.

(Énfasis

nuestro)

Berríos

Heredia

v.

González, Id, págs. 346-347.

Es menester señalar que en Berríos Heredia el patrono

había presentado su solicitud de prórroga para contestar la

querella, y la solicitud para que se tramitara la misma por

la vía ordinaria, dentro del término establecido por la Ley

Núm. 2, supra, para presentar su contestación. Por tanto,

en aquel momento este Tribunal no tuvo que enfrentarse a la

controversia que hoy nos ocupa; a saber, si el tribunal

tiene

discreción

para

negarse

a

anotar

la

rebeldía

y

tramitar, por la vía ordinaria, una querella presentada al

amparo del procedimiento sumario provisto en la Ley Núm. 2,

supra, a pesar de que el querellado no contestó dentro del

término establecido para ello, ni presentó una solicitud de

prórroga juramentada a esos efectos.

Posteriormente, en Kuilan v. Díaz Fastening, Id, nos

vimos precisados a armonizar la Ley Núm. 2, supra, con la

Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 29 L.P.R.A. sec.

94

et

seq.

En

aquella

ocasión,

la

empleada

perjudicada

había presentado una querella en contra de su patrono al

amparo

de

la

Ley

Núm.

115,

supra,

y,

para

encauzar

la

misma, invocó el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2,

CC-2008-195

13

Tras

supra.

analizar

las

alegaciones

de

las

partes,

determinamos que, aun cuando procedía anotarle la rebeldía

al

patrono

por

haber

contestado

la

querella

fuera

del

término dispuesto en la Ley Núm. 2, supra, erró el foro

primario al dictar sentencia en rebeldía.

Ello debido a

que la empleada se limitó a hacer alegaciones conclusorias

sin hecho alguno, por lo que no pudo probar una violación a

la

Ley

Núm.

115,

circunstancial,

supra,

mediante

y

lo

tal

como

evidencia

requiere

directa

el

o

referido

estatuto.

Por ello, resolvimos que aun cuando procedía que el

foro de instancia dictara sentencia en rebeldía en cuanto a

las

alegaciones

de

la

querellante

sobre

despido

injustificado, devolvimos el caso al tribunal de instancia

para

que

reclamo

continuaran

bajo

la

los

Ley

Núm.

procedimientos

115,

supra.

en

cuanto

al

No

obstante,

modificamos la resolución emitida por el foro apelativo en

cuanto ésta permitió que el patrono contestara la querella

presentada. Por último, dejamos en manos del foro primario

determinar

si

los

procedimientos

relacionados

a

las

reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 115, supra, debían

continuar bajo el procedimiento sumario dispuesto en la Ley

Núm.

2,

supra,

o

si,

por

el

contrario,

era

necesario

encauzar los mismos por la vía ordinaria.

No obstante, nuestros pronunciamientos en Kuilan v.

Díaz Fastening, supra, no terminaron con la incertidumbre

existente tanto en los tribunales de instancia como en el

CC-2008-195

foro

14

apelativo.

recibiendo

Por

el

múltiples

contrario,

este

recursos

sobre

Tribunal

sigue

controversias

relacionadas a la correcta aplicación de la Ley Núm. 2,

supra. Dicha incertidumbre hace necesario que resolvamos la

controversia

negarse

a

de

si

anotar

un

la

tribunal

rebeldía

y

tiene

discreción

decidir,

motu

para

proprio,

convertir el procedimiento sumario dispuesto en la Ley Núm.

2,

en

supra,

uno

ordinario,

aun

cuando

el

patrono

no

hubiere presentado su contestación a la querella dentro de

los términos correspondientes.

De hecho, tal como señalamos anteriormente, en el

caso de autos el foro apelativo citó una de las Sentencias

relacionadas

a

la

aplicación

de

la

Ley

Núm.

2,

supra,

emitida recientemente por este Tribunal; a saber, Padilla

v. Anabas, supra. Ello a pesar de que dicha sentencia no

tiene valor de precedente.

Basándose en la referida Sentencia, el foro apelativo

se negó a expedir el auto solicitado y, de esa manera,

confirmó al tribunal de instancia que se negó a anotar la

rebeldía

ordinaria.

y

resolvió

encauzar

la

querella

Ello

cuando

MVM

había

aun

por

la

vía

presentado

su

contestación cincuenta y tres (53) días luego de haber sido

notificada de la querella y, por tanto, fuera del término

establecido en el referido estatuto. Erró el foro apelativo

al así resolver.

CC-2008-195

15

III

La Ley Núm. 2, supra, dispone, en lo pertinente, que

el tribunal no tiene jurisdicción para extender el término

para contestar una querella a menos que se presente una

moción de prórroga juramentada explicando por qué se le

debe

conceder

contestar

la

más

tiempo

a

la

misma

dentro

del

parte

querellada

para

término

establecido

para

ello. Sólo ante circunstancias extraordinarias se podría

justificar

estatuto.

una

Es

aplicación

por

ello

más

que,

a

flexible

modo

de

del

referido

excepción,

hemos

afirmado que el tribunal puede conceder una prórroga cuando

del mismo expediente surgen los motivos que justifican la

dilación

del

patrono

querellado

para

presentar

su

contestación. Véase Valentín v. Housing Promoters, Inc.,

146 D.P.R. 712 (1998).

De lo anterior se desprende que la consecuencia de

que el querellado no conteste dentro del término prescrito

sin acogerse a la prórroga, o cuando del expediente no

surjan

las

anotación

causas

de

la

que

justifiquen

rebeldía

y

la

la

dilación,

concesión

del

es

la

remedio

solicitado sin más citarle ni oírle. 32 L.P.R.A. sec. 3120;

León

García

(2001).

v.

Nótese

Restaurante

que

el

El

Tropical,

lenguaje

de

154

la

D.P.R.

ley

no

249

es

discrecional. Por el contrario, se trata de un lenguaje que

le ordena al tribunal dictar sentencia cuando el querellado

no contesta oportunamente sin una causa justificada.

CC-2008-195

Por

16

tanto,

como

norma

general,

luego

de

que

se

extingue el término para contestar la querella sin que se

haya

justificado

tribunal

está

adecuadamente

la

impedido

tomar

determinación

que

no

querellado.

ello

queda

A

de

sea

incomparecencia,

cualquier

anotarle

limitada

la

la

el

otra

rebeldía

al

jurisdicción

del

tribunal según establecida por la referida Sección 3 de la

Ley Núm. 2, supra.

No obstante, la Sentencia emitida por el Tribunal de

Apelaciones en el caso de autos, parece implicar que la

falta de cumplimiento con los términos para contestar la

querella que dispone la Ley Núm. 2, supra, no es pertinente

al determinar si el tribunal posee facultad para convertir

el procedimiento sumario en uno ordinario.

Si la propia

ley dispone que el tribunal carece de jurisdicción para

aceptar

la

contestación

tardía

a

la

querella,

no

puede

concluirse que sí posee jurisdicción para negarse a anotar

la

rebeldía

y

convertir

el

procedimiento

en

ordinario.

Dicha interpretación le concedería una ventaja adicional a

la parte en mejor posición en estos casos, o sea el patrono

querellado.

Ello, a pesar de que éste no fue diligente en

la tramitación de la reclamación presentada en su contra.

Sin embargo, de ninguna manera debe interpretarse que

el

curso que

debe

seguir

una

reclamación

originalmente

presentada bajo el procedimiento sumario dispuesto en la

Ley

Núm.

2,

supra,

alegarse

en

la

es

una

contestación

defensa

a

la

afirmativa

querella.

que

debe

Ciertamente,

CC-2008-195

tanto

el

17

tribunal

como

las

partes

pueden

plantear

en

cualquier momento durante el curso de los procedimientos

que la naturaleza de la reclamación amerita que el proceso

se

convierta

en

uno

planteamiento

tiene

que

ordinario.

surgir

No

cuando

el

obstante,

ese

tribunal

posee

autoridad para así actuar. Si en vista de la estructura

dispuesta en el procedimiento sumario dispuesto por la Ley

Núm. 2, supra, las circunstancias no le proveen facultad al

tribunal

para

querella,

ni

aceptar

para

una

contestación

disponer

otra

cosa

tardía

que

no

a

la

sea

la

anotación de la rebeldía, no puede concluirse que, a pesar

de ello, el tribunal podría incluso motu proprio convertir

la reclamación en una ordinaria y permitirle al patrono

contestar la querella.

Aun

para

cuando

determinar

querella

a

fin

reconocemos

la

forma

de

hacerle

la

en

discreción

que

se

justicia

a

del

tribunal

debe

encauzar

la

las

partes,

esa

discreción está limitada por el mandato expreso de la ley,

que dispone que, en general, pasado el término para que el

patrono conteste la querella sin que ello ocurra, y sin que

se

haya

solicitado

prórroga,

el

tribunal

sólo

tiene

jurisdicción para anotar la rebeldía y dictar sentencia. En

estos casos, el tribunal no puede ignorar la letra clara de

la Ley Núm. 2, supra, y negarse a anotar la rebeldía. En

vista de ello, erraron tanto el tribunal de instancia como

el foro apelativo al negarse a anotar la rebeldía a MVM,

aun cuando este último había presentado su contestación a

CC-2008-195

18

la querella fuera de los términos establecidos por ley, sin

presentar justa causa para ello.

Ahora

bien,

el

hecho

de

que

se

haya

anotado

la

rebeldía no es garantía per se de una sentencia a favor del

querellante. Como es sabido, al dictarse una sentencia en

rebeldía las alegaciones concluyentes, las conclusiones de

derecho y los hechos alegados de forma generalizada no son

suficientes

para sostener

demandante o querellante.

una

adjudicación

a

favor

del

Además, los daños generales, o

sea, las sumas no liquidas reclamadas tienen que probarse;

en todo caso, la cuantía de los daños debe ser objeto de

prueba. Por tanto, el tribunal debe celebrar las vistas que

sean necesarias y adecuadas para tomar una determinación al

respecto. Véase, Ruiz Rivas v. Colegio San Agustín, 152

D.P.R. 226 (2000); Rodriguez v. Syntex Puerto Rico, Inc.,

148 D.P.R. 604 (1999); Hernández v. Espinosa, 145 D.P.R.

248 (1998); Vélez Borges v. Scouts of America, 145 D.P.R.

528 (1998); Marin Kuilan v. Díaz Fastening, supra.

Conforme a lo anterior, luego de anotar la rebeldía,

el tribunal debe celebrar las vistas evidenciarias que sean

necesarias y adecuadas para que el querellante sustente sus

alegaciones y pruebe los daños alegados en la querella. Al

celebrar las referidas vistas, el tribunal deberá aplicar

los mecanismos contemplados en las Reglas de Procedimiento

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, para casos en rebeldía. Lo que

no puede hacer el tribunal es negarse a anotar la rebeldía

CC-2008-195

y

permitir

19

la

contestación

presentada

fuera

de

término,

como ocurrió en el caso de autos.

En

vista

de

todo

lo

anterior,

erraron

los

foros

recurridos al negarse a anotar la rebeldía a MVM y declarar

con

lugar

fuera

la

solicitud

tramitada

por

presentada

la

vía

para

que

la

ordinaria

y

permitir

contestación presentada tardíamente.

querella

la

El tribunal no tenía

jurisdicción para así actuar. Si el foro primario entendía

que las alegaciones hechas en la querella requerían algún

trámite

ulterior

antes

de

dictar

sentencia,

éste

pudo

celebrar las vistas que a esos efectos estimara necesarias.

No obstante, dichas vistas deben celebrase de conformidad

con

la

normativa

aplicable

a

los

pleitos

en

rebeldía.

Decidir lo contrario sería circunvalar y burlar el esquema

sumario dispuesto en la Ley Núm. 2. supra, para ventilar

querellas laborales.

IV

Por

Sentencia

los

fundamentos

emitida

en

este

que

anteceden,

caso

por

el

se

revoca

la

Tribunal

de

Apelaciones y se devuelve el caso al foro de instancia para

trámites ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Olivia Vizcarrondo Morales

Peticionaria

vs.

CC-2008-195

Certiorari

MVM, Inc.; Sr. Majid Bazzi,

su esposa Fulana de Tal, y la

Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ellos; Fulano de

Tal y Sutano Mas Cual

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 6 de octubre de 2008.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se revoca la Sentencia

emitida

en

este

caso

por

el

Tribunal

de

Apelaciones y se devuelve el caso al foro de

instancia para trámites ulteriores consistentes

con lo aquí resuelto.

Así lo pronuncia y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez concurre

con el resultado sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo