LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

PPD y otros v. Comisión Local de Elecciones Precinto 66 de Orocovis, et al.

2008 TSPR 166

Poder Judicial de Puerto Rico

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PPD y otros v. Comisión Local de Elecciones Precinto 66 de Orocovis, et al.

AC-2008-0065

Sentencia con Opinión Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido Popular Democrático

Comité Municipal de Orocovis

John Avilés Burgos –

Comisionado Electoral

Partido Popular Democrático

Orocovis

Peticionarios

Apelación

vs.

2008 TSPR 166

Comisión Local de Elecciones

Precinto 66 de Orocovis, et al.

175 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: AC-2008-65

Fecha: 10 de octubre de 2008

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Aibonito-Panel VII

Juez Ponente:

Hon. Rafael L. Martínez Torres

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Rene Arrillaga Armendáriz

Lcdo. Ricardo Arrillaga Armendáriz

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Oscar J. Santamaría Torres

Materia: Recusación por Domicilio.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido Popular Democrático

Comité Municipal de Orocovis

John Avilés BurgosComisionado Electoral

Partido Popular Democrático

Orocovis

Peticionarios

AC-2008-065

vs.

Comisión Local de Elecciones

Precinto 66 de Orocovis, et al.

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2008.

Mediante el presente recurso se nos solicita

que

revoquemos

una

Sentencia

emitida

por

el

Tribunal de Apelaciones, en la cual se invalidó

el

proceso

de

recusación

de

ochenta

y

cuatro

electores por razón de domicilio, debido a la

publicación con tan sólo un día de retraso de los

edictos

relativos

desprende

del

a

dicho

apéndice

a

proceso.

la

Según

petición,

se

esa

dilación fue el resultado de la falta de espacio

y disponibilidad del Periódico El Vocero, ante el

gran volumen de edictos sobre recusaciones que se

recibió durante el período en controversia.

AC-2008-065

2

Por entender que el foro apelativo erró al revocar la

determinación

del

Tribunal

de

Primera

Instancia,

Sala

Superior de Aibonito, el cual encontró justa causa para esa

tardanza luego de la celebración de una vista evidenciaria,

revocamos el dictamen recurrido.

I.

El Partido Popular Democrático (en adelante, el PPD)

inició

un

proceso

de

recusación

de

ochenta

y

cuatro

electores del Precinto 066 del Municipio de Orocovis, por

razón de domicilio, de conformidad con lo dispuesto en la

Ley Electoral de Puerto Rico, Ley Núm. 4 del 20 de diciembre

de 1977, 16 L.P.R.A. sec. 3001 et seq. Como parte de dicho

proceso, el PPD procedió a notificarle personalmente a los

electores sobre las distintas solicitudes de recusación, con

el

fin

de

que

éstos

comparecieran

a

una

vista

ante

la

Comisión Local de Elecciones de Orocovis. Sin embargo, como

esas gestiones no tuvieron éxito, el PPD le solicitó al

Presidente

de

la

Comisión

Local

su

autorización

para

realizar la notificación mediante la publicación de edictos,

según lo permite la Sección 2.12 del Reglamento para el

Trámite

de

Recusaciones

de

la

Ley

Electoral

del

13

de

noviembre de 2007.

Examinada dicha petición, el 20 de mayo de 2008 el

Presidente

mediante

de

la

edictos,

Comisión

Local

autorizó

la

para

cual

el

contaría

lo

PPD

notificación

con

un

término de diez días reglamentarios. Luego de realizar los

trámites administrativos dirigidos a pagar los costos de su

AC-2008-065

3

publicación, el PPD envió los edictos al Periódico El Vocero

el 28 de mayo de 2008 con el fin de colocarlos en la edición

del

30

de

mayo

de

2008,

fecha

límite

para

realizar

la

notificación. No obstante, a pesar de presentar su solicitud

dentro del término reglamentario correspondiente, El Vocero

le notificó al PPD el 2 de junio de 2008 que la publicación

de los edictos no pudo realizarse en la fecha señalada,

debido a la gran cantidad de recusaciones sometidas para

publicación. En cambio, la misma se realizó el 31 de mayo.

Así las cosas, en la fecha pautada para la celebración

de la vista de recusación, el Presidente de la Comisión

Local

determinó

que

la

notificación

mediante

edictos

fue

ineficaz, pues se había realizado con un día de retraso. Por

tal motivo, la vista de recusación no pudo llevarse a cabo,

aun cuando varios de los electores recusados comparecieron a

ella. De esa determinación el PPD recurrió ante el Tribunal

de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito. Dicho foro,

tras

celebrar

una

vista

evidenciaria,

resolvió

que

hubo

justa causa para la referida tardanza de un día, pues ésta

fue el resultado del gran volumen de recusaciones recibido

por el Periódico El Vocero.

Inconforme, el Comisionado Electoral del Partido Nuevo

Progresista para el Precinto 066 de Orocovis (en adelante,

PNP)

recurrió

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones,

el

cual

revocó la determinación del foro de instancia por entender

que en este caso el PPD no había demostrado justificación

alguna para la dilación antes reseñada. Además, el tribunal

AC-2008-065

concluyó

4

que

en

vista

de

que

la

notificación

mediante

edictos era nula, el único remedio que tenía el PPD era

instar un nuevo proceso de recusación.

Insatisfecho con el referido dictamen, el PPD comparece

ante nos. En síntesis, señala que notificó de lo ocurrido a

la Comisión Local dentro del término de cinco días dispuesto

por el Reglamento para el Trámite de Recusaciones, supra.

Además, expresa que la referida tardanza de un día no era

atribuible a una falta de diligencia de su parte, pues se

cumplió con presentar los edictos para publicación antes del

término de diez días correspondiente. Por ello, aduce que la

tardanza en este caso estuvo justificada.

Acogido el recurso como una petición de certiorari, y

examinada la oposición presentada por la parte recurrida,

procedemos a resolver el mismo según lo dispuesto en la

Regla 21 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

II.

Como se sabe, la Constitución del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico consagra el derecho de todos los ciudadanos

al sufragio universal, en todos los procesos electorales,

como uno de los valores constitucionales de la más alta

jerarquía en nuestro país. En ese sentido, nuestra Carta

Magna establece que el ejercicio del derecho al voto será

igual, directo, secreto y libre de toda coacción. Const.

ELA, Art. II, sec. 2. Con el fin de garantizar adecuadamente

ese

derecho,

Electoral,

la

la

Asamblea

Legislativa

aprobó

la

Ley

cual

establece

que

podrá

anular

la

no

se

AC-2008-065

5

inscripción legal de un ciudadano como elector a no ser por

virtud de sus disposiciones o de una orden judicial. Véase

Art. 2.006 de la Ley Electoral, supra, 16 L.P.R.A. sec.

3056.

Por otra parte, la Declaración de Propósitos de la Ley

Electoral –la cual contiene los presupuestos básicos para el

funcionamiento de nuestro sistema democrático— establece la

necesidad de que los procesos electorales descansen en unas

garantías de pureza electoral que permitan contar cada voto

en la forma y manera en que fue emitido, además de asegurar

que las elecciones en Puerto Rico se conduzcan de manera

ordenada y pacífica. Véase 16 L.P.R.A. sec. 3002. En aras de

lograr estos objetivos, el Art. 2.023 de la Ley Electoral

establece

el

mecanismo

de

recusación

para

eliminar

a

un

elector del registro oficial y para evitar que aquellos que

no tienen derecho a ser electores formen parte del mismo. 16

L.P.R.A. sec. 3073. Así, pues, se establece un período de

cuatro meses para recusar a los electores que no tengan

derecho

a

votar

en

el

precinto

correspondiente.

Dicho

período comienza el 15 de enero y termina el 15 de mayo de

cada año electoral.

El

partido

que

interese

recusar

a

un

elector

en

particular debe notificarle personalmente con copia de la

solicitud

de

recusación

y

acreditar,

bajo

juramento

y

apercibimiento de perjurio, haber realizado dicha gestión.

Véase

Sec.

2.8

del

Reglamento

para

el

Trámite

de

Recusaciones, supra; PPD v. Barreto Pérez, 111 D.P.R. 199,

AC-2008-065

6

201 (1981). Por su parte, el Art. 2.12 del citado Reglamento

permite que se publique un edicto con el fin de notificarles

a

aquellas

personas

diligencias

que,

razonables

a

a

pesar

esos

de

efectos,

haberse

no

realizado

pudieron

ser

emplazadas personalmente.

Sobre el particular, la Sec. 2.12 antes citada dispone

que una vez se acrediten las diligencias realizadas para

notificarle

al

elector

sobre

el

proceso

de

recusación

instado en su contra, el Presidente de la Comisión Local

podrá autorizar la notificación mediante edictos. El edicto

se publicará dentro del término de diez días a partir de la

fecha en que se reciba dicha autorización. A su vez, deberá

enviarse

correo

la

citación

a

la

vista

en

el

referido

elector

que

surja

certificado,

dirección

del

correspondiente

término,

del

a

Registro

mediante

la

última

General

de

Electores.

Asimismo, la persona que diligencie la publicación del

edicto tendrá cinco días para acreditar, ante la Junta de

Inscripción

Permanente

que

corresponda,

el

cumplimiento

cabal de la normativa anterior. Transcurrido ese período sin

realizarse

dicha

acreditación,

se

entenderá

desistida

la

solicitud de recusación. Por el contrario, si se acredita el

cumplimiento con el trámite reseñado, se celebrará la vista

de

recusación

de

los

diez

del

edicto.

Los

términos

sección

del

publicación

referida

Recusaciones

dentro

son

de

Reglamento

cumplimiento

días

para

siguientes

a

la

en

la

Trámite

de

dispuestos

el

estricto.

Véase

PPD

v.

AC-2008-065

7

Barreto Pérez, supra, pág. 200. A esos efectos, la Sec. 6.7

de dicho reglamento establece que los términos establecidos

en el mismo podrán ser variados por acuerdo unánime de los

comisionados

electorales

o

por

justa

causa

en

los

casos

meritorios.

Ahora bien, al considerar la existencia de justa causa

en el contexto de las recusaciones de electores no puede

perderse de vista que se trata de un procedimiento que busca

limitar, aun cuando por unas justificaciones particulares,

el derecho de un elector a votar en una elección. Por ese

motivo, se debe constatar fehacientemente que las razones

aducidas

para

haber

incumplido

cumplimiento

estricto

sean

argumentos

meros

en

con

los

procesos

sin

sustancia

los

de

términos

de

recusaciones

no

que

soslayen

la

importancia del derecho al voto en esta jurisdicción.

III.

En el caso de autos, el PPD solicitó la recusación de

más de ochenta electores del Precinto 066 de Orocovis por

entender que ya no residían en dicho municipio. Ante el

hecho de que las gestiones para notificarles personalmente

sobre el referido proceso no fueron exitosas, se solicitó la

publicación de edictos. Sin embargo, aunque el PPD sometió

su solicitud de publicación al Periódico El Vocero en el

término correspondiente, dicho rotativo no pudo colocar los

edictos en la edición del 30 de mayo de 2008, última fecha

para realizar la misma. Los edictos se publicaron finalmente

al día siguiente; es decir, el 31 de mayo de 2008.

AC-2008-065

8

Tras considerar detenidamente la presente controversia,

somos del criterio que el PPD presentó justa causa para la

tardanza

de

un día

en

la

publicación

de

los

edictos

en

cuestión. En primer lugar, del expediente ante nos surge que

no fue hasta el 2 de junio de 2008 que la Sra. Dolores

Barreiro, Directora de Clasificados y Edictos del periódico,

le notificó al PPD sobre la situación. Es preciso advertir

que, a esa fecha, era prácticamente imposible solicitarle

una

prórroga

al

Presidente

de

la

Comisión

Local

para

publicar los edictos. Al momento en que el PPD se enteró del

retraso, el cual no guardó relación alguna con una falta de

diligencia suya, ya el término para realizar la referida

publicación había transcurrido.

Por

otra

parte,

a

pesar

de

que

el

PPD

presentó

la

solicitud de publicación el 28 de mayo de 2008, el Tribunal

de

Primera

Instancia

concluyó

que

dicha

espera

estaba

justificada, pues la tramitación del pago por los edictos y

la realización de otras gestiones dirigidas a publicar los

mismos

eran

actividades

lograr

cumplir

con

los

administrativas

necesarias

para

requisitos

impone

Ley

que

la

Electoral al respecto. En este sentido, coincidimos con el

foro de instancia, el cual tuvo ante su consideración prueba

testifical

sobre

el

trámite

administrativo

de

rigor

y

resolvió, finalmente, que la notificación mediante edictos

fue eficaz.

En

atención

a

lo

anterior,

nos

resta

precisar

cuál

sería el remedio más adecuado para disponer del presente

AC-2008-065

9

caso. En vista del tiempo transcurrido entre la notificación

mediante edictos y la suspensión de la vista para atender

las recusaciones en controversia, y en consideración de la

importancia del derecho al voto en nuestra jurisdicción, se

ordena

la

publicación

de

término

de

tres

a

días

unos

nuevos

partir de

edictos

la

dentro

notificación

del

de

la

presente Sentencia. En dicha notificación se citará a una

vista

de

recusación

dentro

partir

de

la

de

fecha

del

término

publicación

de

de

siete

días

los

edictos

a

antes

mencionados. A su vez, de conformidad con la Sec. 2.12 del

Reglamento para el Trámite de Recusaciones, supra, el PPD

deberá notificar por correo certificado la citación a la

referida vista.

Por

los

Sentencia

fundamentos

emitida

por

antes

el

expuestos,

Tribunal

de

se

revoca

la

Apelaciones.

En

consecuencia, se devuelve el caso a la Comisión Local de

Elecciones

del

Precinto

066

para

que

continué

con

los

procedimientos de conformidad con la aquí resuelto.

Así

lo

Secretaria

pronunció,

del

Tribunal

manda

el

Supremo.

Tribunal

y

La

Asociada

Juez

certifica

la

señora

Rodríguez Rodríguez disiente con opinión escrita.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Partido Popular Democrático

Comité Municipal de Orocovis

John

Avilés

Burgos

–

Comisionado

Electoral

Partido Popular Democrático

Orocovis

Recurridos

AC-2008-65

v.

Comisión Local de Elecciones

Precinto 66 de Orocovis, et

als

Peticionaria

Opinión disidente emitida

Rodríguez Rodríguez

por

la

Juez

Asociada

señora

San Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2008

La controversia en este caso gira en torno al proceso

de recusación por domicilio de unos electores inscritos en

el Precinto 066 del Municipio de Orocovis instado por el

Partido Popular Democrático.

El Tribunal de Apelaciones,

revocando

desestimó

al

foro

primario,

las

peticiones

de

recusación presentadas.

Hoy, este Tribunal, a mi juicio

erróneamente,

foro

revoca

al

apelativo

intermedio.

Con

este curso de acción el Tribunal minusvalora el requisito

de justa causa para la publicación del edicto de recusación

que exige la Ley Electoral.

No puedo estar conforme con

este curso de acción.

Este Tribunal plantea la controversia existente como

un

problema

periódico

El

de

falta

Vocero

de

para

espacio

dicha

y

disponibilidad

publicación,

por

lo

del

que

concluye hubo justa causa para la publicación tardía del

edicto.

En realidad, la controversia debe enfocarse desde

2

Ac-2008-65

la perspectiva de las diligencias llevadas a cabo por el

Partido

Popular

reglamentario

Democrático

de

para

cumplir

del

edicto.

publicación

con

el

A

término

poco

que

evaluemos las mismas, forzoso es concluir que las mismas no

constituyen

justa

causa

que

justifique

publicación tardía del edicto en este caso.

validar

la

En virtud de

lo cual, el único remedio disponible era la desestimación

de las recusaciones presentadas, tal y como hizo el foro

apelativo intermedio.

Lo

hechos

Sentencia

que

en

este

caso

aparecen

resumidos

en

hoy

se

dicta

por

que

parece

lo

nos

la

innecesario relatarlos nuevamente.

I

Nuestra democracia representativa es la piedra angular

de nuestra vida colectiva como pueblo.

claridad

Libre

en

el

Asociado

carácter

Preámbulo

de

de

Rico,

Puerto

democrático

de

la

nuestra

Así se recoge con

Constitución

al

del

enfatizarse

sociedad

donde

Estado

allí

el

el

orden

político emana del pueblo y se ejerce con arreglo a la

voluntad manifiesta en las urnas.

McKlintock v. PNP, res.

12 de junio de 2007, 171 D.P.R. ____, 2007 TSPR 121.

El

voto es por lo tanto el mecanismo que potencia nuestra vida

en democracia.

La

Constitución

expresamente

directo

coacción

y

garantizar

secreto

en

del

su

y

Estado

el

sufragio

proteger

ejercicio.

Asociado, Art. II, sec. 2.

Libre

este

Asociado

ordena

universal,

igual,

derecho

Constitución

Véanse además,

contra

Estado

toda

Libre

PPD v. Admor.

AC-2008-65

3

Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199, 222 (1981); PSP v. CEE,

110 D.P.R. 400, 405 (1980).

En PPD v. Admor. Gen. de

Elecciones, supra, reconocimos que el derecho al voto es

uno de los derechos fundamentales del ciudadano y como tal,

“es nuestra obligación hacerlo observar y respetar.”

111

D.P.R., pág. 221.

El

sujeto

principal

constitucional-electoral

es,

de

nuestro

sin

duda,

entramado

el

elector

individual por ser el titular de este derecho fundamental.

Hemos advertido en el pasado que quien impugne el derecho a

votar

de

un

ciudadano

carga

sobre

sí

con

el

onus

de

demostrar, mediante prueba clara, robusta y convincente,

que

el

elector

no

está

apto

para

ejercer

su

derecho.

Además, cualquier duda sobre si se cumplen o no con los

requisitos del proceso de recusaciones tiene que resolverse

a

favor

del

ciudadano

y

de

su

derecho

a

ejercer

el

sufragio.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa tiene amplia

facultad para regular el proceso electoral.

Estado Libre Asociado, Art. IV, sec. 4.

Constitución

En virtud de ello,

hemos reconocido que toda aquella reglamentación que, sin

obstaculizar

innecesariamente

el

voto,

propenda

a

la

realización de un proceso electoral justo, ordenado, libre

de fraude, honesto e íntegro, es válida.

Romero

Barceló,

110

D.P.R.

248

Electoral, 104 D.P.R. 741 (1976).

(1980);

PSP, PPD, PIP v.

PNP

v.

Tribunal

AC-2008-65

4

En PPD v. Admor. Gen. de Elecciones, supra, pág. 227,

nos expresamos sobre el proceso de recusación1 e indicamos

sobre

el

validez

mismo

del

intención,

que

constituye

voto.

su

Si

propósito

bien

“un

entredicho

no

lo

es

anula

contra

de

precisamente

la

primera

anularlo.”

Señalamos también, que el elector cuyo voto se impugna debe

tener derecho a contradecir la recusación y “a comparecer y

ser oído en la vista en que se examine y pueda adjudicarse

la

procedencia

debe

ser

citado con suficiente antelación y de manera efectiva.

No

debe

bastar,

de

a

la

este

recusación.

efecto,

negativo de una citación.

un

A

ese

mero

fin,

diligenciamiento

Debe quedar demostrado que se

hicieron esfuerzos razonables para notificarle.”

II

La

Comisión

Estatal

de

Elecciones,

conforme

los

poderes que le confiere la Ley Electoral, Ley núm. 4 de 20

de diciembre de 1977, según enmendada, 16 L.P.R.A. sec.

3001

et

seq,

aprobó

el

28

de

noviembre

de

2007

el

Reglamento para el trámite de recusaciones (el Reglamento).

El Reglamento se adoptó con el propósito, entre otros, de

regular el proceso de recusación de un elector.

1

Véase,

El Reglamento para el trámite de recusaciones (el

Reglamento) aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones el

28 de

noviembre de 2007, define varios tipos de

recusaciones, a saber:

la recusación o exclusión, la

recusación de electores inscritos fraudulentamente y la

recusación institucional.

Hoy nos concierne la primera de

ellas.

La misma se define en el Reglamento bajo los

siguientes términos:

“El procedimiento mediante el cual se

requiere se elimine la inscripción de un elector del Registro

del cuerpo Electoral, o cuya petición de inscripción,

transferencia u otra transacción haya sido impugnada durante

el proceso de inscripción.”

AC-2008-65

5

Comisionado

Presidenta

Electoral

Comisión

Partido

Local

de

Nuevo

Elecciones

Progresista

v.

del

de

Precinto

Maunabo, res. 12 de diciembre de 2005, 166 DPR ___, 2007

TSPR ___.

El

Título

II

del

Reglamento

regula

todo

lo

concerniente al procedimiento de recusación de electores.

En tal tenor, el Art. 2.12 contempla el trámite a seguir

cuando el ciudadano a ser recusado no pueda ser notificado

personalmente

contra.

del

trámite

de

recusación

iniciado

en

su

Es decir, regula la notificación por edictos.

La

disposición establece lo siguiente:

Cuando la persona recusada no pudiere ser

localizada después de haberse realizado todas las

diligencias

pertinentes

dentro

del

plazo

correspondiente (Diligenciamiento Negativo), el

diligenciante (emplazador), certificará mediante

Declaración

Jurada

en

el

formulario

R-002

(Autorización

para

Emplazar),

y

bajo

apercibimiento de perjurio, todas las gestiones

que realizó que resultaron infructuosas para

notificar al elector recusado; con una relación

del día, la hora y los nombres, apellidos y

dirección exacta de las personas entrevistadas.

El Presidente de la Comisión Local, una vez

examine las diligencias de la declaración Jurada

conforme a la Regla Núm. 4 de las “Reglas de

Procedimiento Civil para el Tribunal General de

Justicia”, de 1979 según enmendadas determinará

si autoriza que la notificación de la recusación

se haga por edicto. El edicto se publicará en un

periódico de circulación general, una vez dentro

del plazo de diez (10) días a partir de la fecha

de la autorización.

El diligenciante, …. Deberá

además, dentro del plazo de los diez (10) días,

notificar la “Citación a Vista” por correo

certificado con acuse de recibo a la última

dirección del elector que surja del Registro

General

de

Electores

o

de

la

transacción

electoral que corresponda.

…

AC-2008-65

6

El diligenciante o la persona en quien éste

delegue acreditará ante la Junta de Inscripción

la publicación del edicto no más tarde de los

cinco (5) días siguientes a los diez (10) días

para su publicación, mediante los siguientes

documentos:

a. Una declaración jurada del administrador

o agente autorizado del periódico, acompañada de

un (1) ejemplar del edicto publicado, el cual se

podrá acreditar vía fax. Pero se presentará el

original el día de la vista.

b. Un recibo del Correo del envío que se

hizo de la “Citación a Vista” por correo

certificado con acuse de recibo, en original, mas

c.

Su

propia

Declaración

Jurada

bajo

apercibimiento de perjurio, según aparece en el

formulario de “Citación a Vista (r-003).

Si transcurrido el periodo de cinco (5) días,

luego de expirado el plazo de diez (10) días para

la publicación del edicto, no se acreditare el

hecho de dicha publicación se entenderá desistida

la recusación sin perjuicio de que, aduciéndose

justa

causa,

pueda

iniciarse

una

nueva

recusación….

Se advierte de lo anterior que el procedimiento de

recusación es uno riguroso y detallado.

Y así debe ser,

pues lo que está en juego es el ejercicio de un derecho

constitucional.

Ello nos obliga a exigir el cumplimiento

riguroso con los requisitos para emplazar mediante edicto a

un elector.

De otra parte, se advierte de la antedicha disposición

que

los

términos

allí

dispuestos

no

son

de

carácter

jurisdiccional sino más bien de cumplimiento estricto.

En

Arriaga v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 132 (1998) indicamos que

para

que

exista

incumplimiento

justa

causa,

las

explicaciones

tienen

que

basarse

en

para

el

“explicaciones

concretas y particulares, … que le permitan al tribunal

concluir que la tardanza o demora ocurrió razonablemente,

por circunstancias especiales.”

Corresponde por lo tanto a

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la parte que ha incumplido con el término de cumplimiento

estricto, la responsabilidad de demostrar a cabalidad la

causa justa para su incumplimiento.

Conforme lo anterior, pasemos a aplicar la doctrina

antes expuesta a los hechos ante nuestra consideración.

III

Conforme se recuenta en la Sentencia que hoy dicta el

Tribunal,

el

procedimiento

Partido

de

Popular

recusación

Democrático

por

razón

de

comenzó

un

domicilio

de

varios electores ante la Comisión Local de Elecciones del

Precinto 66 de Orocovis.

Luego que se acreditara que no se

pudieron realizar el diligenciamiento personal se autorizó

que dichos electores fueran notificados por edictos.

Conforme el procedimiento establecido, el Presidente

de la Comisión Local de Elecciones de Orocovis autorizó la

publicación por edicto el 20 de mayo de 2008.

El Partido

Popular Democrático tenía hasta el 30 de mayo para publicar

el referido edicto.

Dos días antes de que venciera el

correspondiente término, el PPD solicitó la publicación de

los referidos edictos.

El edicto finalmente se publicó el

31 de mayo de 2008 en el periódico El Vocero; es decir,

vencido ya el término provisto en el Reglamento para ello.

El

Partido

Popular

trámites

burocráticos

solicitar

la

Democrático

internos

publicación

al

del

alegó

que

partido

periódico

días de que se expidieran los edictos.

hasta

no

debido

a

se

pudo

pasado

ocho

Esta explicación a

mi juicio, es jurídicamente insuficiente para concluir que

existió justa causa para el incumplimiento.

La burocracia

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partidista nunca puede ser justa causa para privar a un

elector de su derecho al voto.

Le corresponde al partido

asegurarse

que

su

maquinaria

burocrática

agilidad.

Lo

que

está

precisamente

en

juego,

se

después

mueve

de

con

todo,

es

uno de los derechos más preciados en una

democracia.

No hay duda que el Partido Popular Democrático dejó

para

última

hora

solicitar

el

edicto

correspondiente.

Pudiendo acudir a la Comisión Estatal de Elecciones para

solicitar

una

prórroga

para

notificación no lo hizo.

extender

el

término

de

la

Véase, Art. 6.7 del Reglamento.

Con lo cual, debe atenerse a las resultas de una actuación

que

denota

dejadez

e

informalidad

en

el

trámite

de

notificación, que a nuestro juicio no se justifica.

Corresponde al diligenciante, en este caso al Partido

Popular

Democrático,

cumplir

con

los

términos

de

notificación para que se le garantice al elector el debido

proceso de ley al privarle de su derecho fundamental.

No

albergo duda alguna que el Partido Popular Democrático no

actuó con la debida diligencia.

Nuevamente, los obstáculos

burocráticos

una

que

existan

partidista

no

eximen

del

requisitos

reglamentarios

naturaleza.

Tampoco

es

en

organización

cumplimiento

exigibles

político

riguroso

con

los

casos

de

esta

en

responsabilidad

del

periódico

asegurarse que los edictos se publiquen dentro del término

exigido, ya que dicha responsabilidad es exclusivamente del

partido político.

Si se acude tarde al periódico para

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solicitar una publicación se asume la responsabilidad de

que no se pueda publicar a tiempo el edicto.

Para concluir, disentimos de la Sentencia que hoy se

dicta y estimamos que actuó correctamente el foro apelativo

intermedio.

La

inobservancia

del

procedimiento

y

requisitos estatuidos para perfeccionar una recusación la

hacen inefectiva, en consecuencia procedía desestimar las

recusaciones presentadas.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada