LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Camacho Huertas v. Compañía de Turismo de Puerto Rico

2008 TSPR 157

Poder Judicial de Puerto Rico

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Camacho Huertas v. Compañía de Turismo de Puerto Rico

CC-2006-0502

Sentencia con Opinión Disidente (Reglamentación administrativa)

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Camacho Huertas

Peticionario

Certiorari

v.

2008 TSPR 157

Compañía de Turismo de Puerto

Rico

División

de

Transportación Turística

175 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2006-502

Fecha: 19 de septiembre de 2008

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel II

Juez Ponente:

Hon. Dora T. Peñagarícano Soler

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. César Maraver Marrero

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Maribel Ramírez Rodríguez

Materia: Revisión Administrativa procedente de la Compañía de

Turismo, Área de Transportación Turística

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Camacho Huertas

Peticionario

v.

CC-2006-502

Compañía de Turismo de Puerto

Rico

División

de

Transportación Turística

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 19 de septiembre de 2008.

Por estar igualmente dividido el Tribunal y

habiendo expedido el auto de certiorari solicitado,

se confirma la sentencia emitida por el Tribunal de

Apelaciones

en

el

presente

caso.

Mediante

dicha

sentencia el foro apelativo intermedio, confirmó la

determinación de la Compañía de Turismo, y resolvió

que la Compañía de Turismo no tiene que aprobar un

reglamento

aquellas

para

requerir

personas

renovación

de

la

que

la

prueba

soliciten

licencia

de

la

de

dopaje

a

concesión

o

operador

de

taxi

turístico toda vez que tal prueba es un requisito

sine qua non que emana de la Ley Núm. 282 de 19 de

diciembre de 2002.

2

CC-2006-502

A tono con lo anteriormente expresado, se expide el

auto

de

certiorari

presentado

y

se

dicta

Sentencia

confirmatoria de la emitida en el caso por el Tribunal de

Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria

Rivera

del

Pérez

Tribunal

disidente

Supremo.

con

El

Juez

opinión.

La

Asociado

Jueza

señor

Asociada

señora Fiol Matta disiente sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Camacho Huertas

Peticionario

v.

CC-2006-502

Compañía de Turismo de Puerto

Rico División de Transportación

Turística

Recurrido

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado Señor Rivera Pérez.

San Juan, Puerto Rico, a 19 de septiembre de 2008.

El

21

de

julio

de

2006,

expedimos

auto

de

Certiorari para revisar una Sentencia dictada por el

Tribunal de Apelaciones, mediante la cual dicho foro

determinó que la prueba de dopaje requerida para la

concesión

de

la

licencia

de

operador

de

taxi

turístico

es

un

requisito

sine

qua

el

cual

non,

emana de la Ley Núm. 282 de 19 de diciembre de 2002

y no requiere la aprobación de un reglamento por

parte de la Compañía de Turismo.

Por estar igualmente dividido el Tribunal, se

confirmó

la

Apelaciones.

determinación

Disentimos

de

del

este

Tribunal

curso

de

de

acción.

Entendemos que la controversia medular en el caso

ante nos se circunscribe a determinar si la Compañía

CC-2006-502

2

de Turismo cumplió con el requisito plasmado en la sección

5.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, en

adelante L.P.A.U. La aludida disposición legal obliga a las

agencias

concernidas

a

concederle

un

procedimiento

adjudicativo a toda persona que se le haya denegado la

concesión de una licencia.

I

El 28 de octubre de 2004, el Sr. José Camacho Huertas,

(en adelante señor Camacho Huertas o peticionario) acudió

al

Área

Turismo

de

a

Transportación

los

fines

de

Turística

solicitar

de

la

la

Compañía

renovación

de

de

la

licencia de operador de taxi turístico. En dicha ocasión,

el Sr. Ángel Román Lebrón orientó al señor Camacho Huertas

sobre

los

requisitos

que

éste

tenía

que

completar

para

solicitar la renovación de su licencia de operador de taxi

turístico.1 Como parte de dichos requisitos, la Compañía de

Turismo le requirió al señor Camacho Huertas realizarse una

prueba de dopaje y le entregó una citación para que éste se

realizara la misma al día siguiente, antes de las tres (3)

de

la

tarde.2

No

obstante,

el

señor

Camacho

más

tarde,

el

Huertas

no

acudió a realizarse la prueba.

Alrededor

de

un

mes

señor

Camacho

Huertas fue a la Compañía de Turismo para entregar los

documentos

requeridos.

Tras

presentados por el señor Camacho

examinar

los

Huertas, la

1

Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 55.

2

Íd, págs. 55 y 56.

documentos

Sra.

Yasmín

3

CC-2006-502

Torres Rodríguez se percató que faltaban documentos, entre

éstos, la prueba de sustancias controladas. En vista de

ello, le indicó al señor Camacho Huertas que debía entregar

a dicha agencia un documento que expresara las razones por

las cuales no se hizo la prueba de dopaje el día señalado.3

A la semana siguiente, el 30 de noviembre de 2004, el

señor

Camacho

Huertas

entregó

todos

los

documentos

requeridos, incluyendo el escrito en el que explicó los

motivos que le impidieron realizarse la prueba de dopaje el

día indicado por la Compañía de Turismo. En el referido

escrito,

sustancias

adujo

que

no

controladas

pudo

el

día

realizarse

pautado

la

para

prueba

ello

de

porque

tenía que recoger a sus hijos. Sostuvo, además, que él le

había indicado al funcionario que lo atendió que no podía

realizarse la prueba de dopaje el día señalado y que éste

le informó que no podía hacerse la prueba otro día.4

Aun

documentos

cuando

el

señor

solicitados,

la

Camacho

Huertas

entregó

los

señora

Torres

Rodríguez

le

informó que ese día no le expedirían una nueva citación

para realizarse la prueba de sustancias controladas y le

indicó que posteriormente lo llamarían para que pasara a

recoger la orden.5

El 7 de diciembre de 2004, a las 8:20 de la mañana la

señora Torres Rodríguez se comunicó vía telefónica con el

3

Íd, pág. 57.

4

Íd, “Resolución y Orden” de la Compañía de Turismo, pág.

31.

5

Íd, pág. 57.

4

CC-2006-502

señor Camacho Huertas y le dijo que debía pasar a recoger

la orden para la prueba de dopaje.6

Según se desprende de

los autos, el señor Camacho Huertas expresó que pasaría a

recoger la referida orden. Sin embargo, no lo hizo y dos

días más tarde llamó al Área de Transportación Turística

para notificar que pasaría a buscar el referido para la

prueba de sustancias controladas.7

No obstante, la señora Torres Rodríguez le comunicó al

peticionario que no podía entregarle el referido para la

prueba de dopaje puesto que no lo buscó el día señalado

para ello. Ante tal situación, el señor Camacho Huertas le

explicó a la señora Torres Rodríguez que el día que lo

llamaron por teléfono para que recogiera el referido, él

estaba durmiendo y no sabía si la llamada había sido real o

un sueño.8

Así las cosas, el 3 de noviembre de 2005, la Compañía

de

Turismo

emitió

una

“Resolución

y

Orden”

en

la

cual

declaró no ha lugar la solicitud de renovación de licencia

de

operador

de

Camacho Huertas.

taxi

turístico

presentada

por

el

señor

Fundamentó su denegatoria arguyendo que

en virtud de los Artículo 13 y 44 de la Ley Núm. 282 de 19

de diciembre de 2002, el peticionario no había demostrado

su idoneidad para la obtención de la licencia de operador

6

Íd, pág. 58.

7

Íd, pág. 31.

8

Íd.

5

CC-2006-502

de taxi turístico toda vez que no se había realizado la

prueba de dopaje.9

Oportunamente,

el

señor

Camacho

Huertas

solicitó

reconsideración de la determinación emitida por la agencia.

En

su

escrito,

el

señor

Camacho

Huertas

expuso

que

la

Compañía de Turismo actuó en abierta violación a su ley

habilitadora y a la sección 5.1 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme, toda vez que no había promulgado

un reglamento para regular el procedimiento de expedición

de licencias de operadores de taxi turístico.

10

Sostuvo,

9

El Artículo 13 de la Ley núm. 282 de 19 de diciembre de

2002 dispone, inter alia, lo siguiente:

A. Nadie

podrá

dedicarse

a

prestar

servicios

de

transportación turística terrestre, ni de servicio y venta

de taxímetro, sin previamente haber solicitado y obtenido

de la Compañía de Turismo la correspondiente franquicia,

autorización, permiso y/o licencia.

B. La Compañía de Turismo tendrá la facultad de otorgar

las franquicias, autorizaciones, permisos y/o licencias

necesarias para autorizar la prestación de los bienes de

Transportación Turística Terrestre y de servicio y venta de

taxímetros. Las franquicias, autorizaciones, permisos y

licencias serán concedidas por la Compañía de Turismo

tomando en consideración la necesidad y conveniencia, la

idoneidad del peticionario y el estricto cumplimiento por

el mismo de todas las disposiciones de esta Ley y

reglamentos aplicables.

C. El procedimiento y trámite a seguirse para la

expedición de franquicias, autorizaciones, permisos y/o

licencias, así como los requisitos que tendrán que cumplir

los solicitantes, se regirán por las normas que mediante

reglamento establezca la Compañía de Turismo. […]

Por otra parte, el Artículo 44(I)(4) de la referida Ley

dispone que es un requisito indispensable para solicitar la

licencia de operador presentar, entre otros documentos, un

certificado médico acompañado de los resultados de la

prueba de sustancias controladas realizada.

10

3 L.P.R.A sec. 2181.

6

CC-2006-502

además,

que

en

virtud

de

la

sección

5.4

Uniforme,

de

Procedimiento

Administrativo

tenía

impugnar

la

determinación

de

la

agencia

procedimiento

adjudicativo

que

le

brindara

la

Ley

de

derecho

a

mediante

un

todas

las

garantías del debido proceso de ley.11

En

vista

de

que

la

“Moción

de

Reconsideración”

presentada por el señor Camacho Huertas no fue acogida,

éste

presentó

un

recurso

de

revisión

judicial

ante

el

Tribunal de Apelaciones. En dicho escrito, el señor Camacho

Huertas reiteró los argumentos esgrimidos en su “Moción de

Reconsideración”. Puntualizó, además, que la aprobación de

un reglamento para la administración de la prueba de dopaje

es

indispensable

para

evitar

la

arbitrariedad

en

la

aplicación de la Ley Núm. 282 de 19 de diciembre de 2002,

puesto que dicho estatuto no establece el procedimiento a

seguir

ni

garantizar

dispone

la

las

protección

salvaguardas

al

derecho

a

necesarias

para

la

del

intimidad

solicitante.12

Por su parte, la Compañía de Turismo señaló que el

señor Camacho Huertas no demostró que era idóneo para la

obtención de la renovación de la licencia taxi turístico

puesto que no se realizó la prueba de dopaje requerida por

la Ley Núm. 282 de 19 de diciembre de 2002. La referida

agencia arguyó que el

procedimiento establecido en dicho

estatuto para que los solicitantes de la licencia de taxi

11

Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 35-40.

12

Íd, págs. 21-27.

7

CC-2006-502

turístico se realicen la prueba de sustancias controladas,

no es arbitrario ya que es aplicable a toda persona que

solicite dicha licencia.

Sin embargo, la Compañía de Turismo admitió que no

contaba con un reglamento que regulara todo lo concerniente

a la prueba de dopaje y a los requisitos estatutarios para

la obtención de la licencia de operador de taxi turístico.

No obstante, expresó que desde la puesta en vigor de la

aludida disposición legal, ha estado laborando para lograr

la

aprobación

de

un

reglamento

que

regule

lo

antes

mencionado.13

Luego de ponderar los argumentos esbozados por ambas

partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió que la prueba

de dopaje para la concesión de la licencia de operador de

taxi turístico es un requisito sine qua non, el cual emana

de la Ley Núm. 282 de 19 de diciembre de 2002 y no requiere

la aprobación de un reglamento. Ello en vista de que en

aras de proteger la vida y la propiedad, es un objetivo

razonable que el Estado se asegure que los operadores de

taxi

turístico

sustancias

conduzcan

controladas.

libres

de

Finalmente,

la

el

influencia

foro

de

apelativo

intermedio sostuvo que la determinación de la Compañía de

Turismo está avalada por evidencia sustancial que obra en

el expediente.

13

Íd, págs. 47-53. Es menester señalar que a finales del

2006, la Compañía de Turismo aprobó el Reglamento de

Procedimientos Adjudicativos de Transportación Turística y

el Reglamento Aplicable a la Transportación Turística

Terrestre, el cual regula todo lo concerniente a la

expedición, renovación y cancelación de licencia de

operador de taxi turístico.

8

CC-2006-502

Inconforme con dicha determinación, el señor Camacho

Huertas

acudió

señalando

ante

nos

mediante

el

foro

apelativo

que

recurso

de

certiorari,

intermedio

el

error

siguiente:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL

ENTENDER QUE LA LEY 282 DEL 19 DE

DICIEMBRE DE 2002, AL EXIGIR PRUEBAS DE

SUSTANCIAS CONTROLADAS, NO REQUIERE DE

LA AGENCIA ESTABLECER UN REGLAMENTO QUE

ESTABLEZCA Y DIVULGUE LOS CRITERIOS DE

CÓMO SE REALIZARAN [sic] DICHAS PRUEBAS

Y LAS CONSECUENCIAS DE NO HACERLAS. EN

LA ALTERNATIVA, ERRÓ EL TRIBUNAL DE

APELACIONES AL NO CONSIDERAR QUE LOS

ARTÍCULOS QUE HACEN REFERENCIA A DICHAS

PRUEBAS

SON

VAGOS

Y

NO

CONTIENEN

PARÁMETROS

QUE

ILUSTREN

A

LOS

PETICIONARIOS.

Examinada

expedir.

Con

la

el

petición

beneficio

de

de

certiorari,

acordamos

la

comparecencia

de

ambas

partes, procedemos a resolver la controversia ante nuestra

consideración.

II

Hace cuatro lustros la Asamblea Legislativa aprobó la

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme14, en adelante

L.P.A.U., a los fines de estructurar y crear un cuerpo de

reglas mínimas y uniformes para gobernar los procedimientos

de reglamentación, adjudicación y concesión de licencias

realizados por las agencias gubernamentales.15

a

lo

14

3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.

15

anterior, la L.P.A.U.

sustituyó

Perfect

Cleaning

Services

Cardiovascular, 162 D.P.R. 745

F.S.E., 129 D.P.R. 888 (1992).

En atención

los procedimientos

v.

Corp.

del

Centro

(2004); Pagán Ramos v.

9

CC-2006-502

administrativos

disposiciones

que

eran

estatutarias

y

incongruentes

ordenó

el

con

sus

de

tales

manejo

asuntos de manera consistente con sus preceptos.16

La

pieza

legislativa

en

cuestión

le

delegó

a

los

organismos administrativos facultades cuasi judiciales en

aras de proveer un sistema adjudicativo económico, rápido,

flexible

y

práctico.17

determinaciones

de

los

Ahora

bien,

dado

que

entes

administrativos

las

pueden

interferir con los intereses de libertad y propiedad de las

personas,

la

L.P.A.U.

extendió

a

los

procesos

de

las

agencias administrativas la garantía a un debido proceso de

ley. No obstante, en Almonte v. Brito, supra, recalcamos

que las normas del debido proceso de ley no aplican en los

procedimientos adjudicativos de las agencias con la misma

rigurosidad que en la adjudicación judicial. Ello es así

puesto

que

hemos

reconocido

que

los

procedimientos

administrativos conducidos en las agencias administrativas

están revestidos de flexibilidad y celeridad.

Como parte del debido proceso de ley en su vertiente

procesal,

la

L.P.A.U.

dispone

adjudicativo

formal,

se

que

en

todo

salvaguardarán

procedimiento

los

siguientes

derechos: derecho a notificación oportuna de los cargos;

derecho a presentar evidencia; derecho a una adjudicación

imparcial; y derecho a que la decisión sea basada en el

16

Olivo v. Scrio. de Hacienda, 164 D.P.R. 165

Perfect

Clearing

Services

v.

Corp.

del

Cardiovascular, supra.

17

Almonte v. Brito, 156 D.P.R. 475, 481 (2002).

(2005);

Centro

10

CC-2006-502

expediente.18 El disfrute de los derechos antes mencionados

sólo es posible a través de una audiencia. No obstante, en

Vélez Ramírez v. Romero Barceló, decretamos que el debido

proceso de ley no requiere que haya una vista previa a toda

privación de un derecho o interés propietario.19 Basta que

en algún momento significativo, la parte afectada por la

determinación

de

defenderse

presentar

y

la

agencia

tenga

su

en

caso

la

un

oportunidad

proceso

con

de

las

garantías que entraña el debido proceso de ley.20

En cuanto a los procedimientos para la concesión de

licencias

y

franquicias,

la

sección

5.4

de

la

L.P.A.U.

dispone que a toda persona a la que se le deniegue la

concesión una licencia o gestión similar tendrá derecho a

impugnar

la

determinación

de

la

agencia

mediante

un

procedimiento adjudicativo estatuido en la ley especial de

que se trate y en las secs. 3.1 a 3.18 de la L.P.A.U.21

Del texto legal citado se colige que toda persona a la

que una agencia administrativa le deniegue una licencia,

tendrá derecho a un debido proceso de ley en el que pueda

impugnar

dicha

procedimiento

determinación.

deberá

garantizarles

Necesariamente,

tal

a

los

los

individuos

derechos plasmados en la sección 3.1 de la L.P.A.U. De

18

3 L.P.R.A. sec. 2151.

19

112 D.P.R. 716, 730 (1982).

20

Íd. En el citado caso enfatizamos que para determinar el

tipo de vista concedida y el momento adecuado, es menester

analizar conjuntamente los intereses gubernamentales y los

de la persona afectada.

21

3 L.P.R.A sec. 2184. Énfasis suplido.

11

CC-2006-502

conformidad

con

lo

adjudicativo

en

donde

anterior,

en

el

se

la

denegación

impugne

procedimiento

de

una

licencia, la parte afectada tiene derecho a confrontarse

con los testigos, a presentar prueba oral y escrita a su

favor, a la presencia de un adjudicador imparcial y a que

la decisión esté basada en el expediente administrativo.

Por tanto, si la agencia administrativa no le confiere

a

la

persona

adjudicativo

procesales

afectada

antes

que

por

su

dictamen

mencionado

emanan

de

así

la

el

como

L.P.A.U.,

procedimiento

las

garantías

incurrirá

en

violaciones al debido proceso de ley.

III

Es

un

principio

firmemente

ordenamiento

jurídico

que

la

establecido

revisión

en

judicial

nuestro

de

las

decisiones administrativas tiene como norte delimitar la

discreción de las agencias y asegurarse que éstas actúen

dentro de los poderes delegados y conforme a la ley.22

revisión

judicial

de

las

decisiones

La

administrativas

comprende tres áreas, a saber: la concesión del remedio

apropiado,

la

revisión

de

las

determinaciones

de

hecho

conforme al criterio de evidencia sustancial y la revisión

completa de las conclusiones de derecho.23

Respecto a las determinaciones de hechos emitidas por

los organismos administrativos, la L.P.A.U dispone que los

tribunales sostendrán las mismas si se basan en evidencia

22

Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279 (1999).

23

3 L.P.R.A sec. 2175.

12

CC-2006-502

sustancial.24

Como se sabe, evidencia sustancial es aquella

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar

como adecuada para sostener una conclusión.25

Sin embargo,

las

las

conclusiones

de

derecho

efectuadas

por

agencias

serán revisables en todos sus aspectos.26 Ahora bien, ello

no significa que los tribunales al revisar las decisiones

administrativas, gocen de libertad absoluta para desechar

las

conclusiones

e

interpretaciones

de

la

agencia,

y

sustituir el criterio de ésta por el propio.27

Sabido

gran

es

que

deferencia

administrativas

a

en

los

las

vista

tribunales

apelativos

decisiones

de

la

de

vasta

concederán

las

agencias

experiencia

conocimiento especializado que éstas poseen.28

y

el

Es por ello

que las decisiones administrativas gozan de una presunción

de corrección y legalidad. No obstante, la deferencia a la

interpretación de la agencia cederá cuando la misma afecte

derechos fundamentales, resulte irrazonable o conduzca a la

comisión de injusticias.29

24

Íd.

25

P.C.M.E. v. Junta de Calidad Ambiental, res. el 23 de

diciembre de 2005, 2005 TSPR 202.

26

3 L.P.R.A. sec. 2175.

27

Otero Mercado v. Toyota, res. el 3 de febrero de 2005,

2005 TSPR 8.

28

Martínez Segarra v. Rosado Santoni,

septiembre de 2005, 2005 TSPR 127.

29

res.

el

14

de

Véase Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R.

881, 889; Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 D.P.R.

226 (1983).

13

CC-2006-502

De ahí que al ponderar la decisión emitida por una

agencia, los tribunales deberán determinar si la actuación

de la agencia fue arbitraria, ilegal o tan irrazonable, que

constituyó

un

interpretación

discreción.30

abuso

de

la

agencia

de

no

Asimismo,

prevalecerá

cuando

la

ésta

produce resultados antagónicos o contrarios a la finalidad

del estatuto interpretado.31

IV

A la luz de los preceptos expuestos, debemos resolver

si la Compañía de Turismo violentó las garantías procesales

que dimanan del debido proceso de ley, al no conferirle al

señor

Camacho

donde

éste

Huertas

tuviera

un

procedimiento

la

oportunidad

adjudicativo

de

impugnar

en

la

determinación de la referida agencia.

Según indicáramos anteriormente, la sección 5.4 de la

L.P.A.U. dispone claramente que cuando la agencia deniegue

la concesión de una licencia, la persona afectada tendrá

derecho

a

impugnar

tal

determinación

mediante

un

procedimiento adjudicativo. Ello, como corolario del debido

proceso de ley que le garantiza un proceso justo a los

individuos

cuando

la

determinación

de

la

agencia

administrativa afecta un interés propietario. Por tanto,

cuando el ente administrativo deniegue la concesión de una

licencia, viene obligado a celebrar una vista evidenciaria

30

Véase Mun. de San Juan v. J.C.A., supra; Fuertes y otros

v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947 (1993).

31

Véase Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, supra.

14

CC-2006-502

en

donde

la

parte

afectada

pueda

impugnar

dicha

determinación con todas las garantías procesales.

En

el

caso

de

autos,

el

señor

Camacho

Huertas

se

desempeñó por años como operador de taxi turístico. Tras la

expiración de su licencia, éste acudió a la Compañía de

Turismo para renovar la misma. Posteriormente, la Compañía

de Turismo declaró no ha lugar la solicitud de renovación

de licencia del señor Camacho Huertas en vista de que éste

no acudió a la agencia para buscar el referido para la

prueba de sustancias controladas.

Luego

de

la

determinación

adversa

emitida

por

la

Compañía de Turismo, el señor Camacho Huertas presentó un

escrito en la cual solicitó la reconsideración del dictamen

de la agencia y que se le concediera la celebración del

procedimiento adjudicativo plasmado en la sección 5.4 de la

L.P.A.U., supra, con el propósito de entregar el resultado

de la prueba de dopaje requerida.

la

Compañía

de

Turismo

declaró

No empece lo anterior,

no

ha

lugar

la

moción

presentada por el peticionario y no le proveyó a éste la

vista adjudicativa requerida por la L.P.A.U.

Al así actuar, la Compañía de Turismo violentó los

postulados más básicos y elementales de nuestro sistema de

justicia,

a

saber,

el

derecho

a

ser

oído

cuando

se

interfiere con el interés propietario de una persona. La

referida agencia ignoró el lenguaje claro e inequívoco de

la L.P.A.U. al no concederle al señor Camacho Huertas la

vista requerida.

Aun cuando hemos reconocido una amplia

gama de discreción a las agencias administrativas, en el

15

CC-2006-502

presente caso, la Compañía de Turismo no tenía discreción

para obviar un procedimiento administrativo mandatario por

ley. Más aún, la Ley Núm. 282 de 19 de diciembre de 2002 en

su Artículo 29 autoriza a la Compañía de Turismo a celebrar

vistas

adjudicativas

interesada.

que

la

motu

propio

o

a

petición

de

parte

Más adelante, el mencionado artículo señala

facultad

adjudicativa

delegada

a

la

Compañía

de

Turismo deberá ser implantada conforme a las disposiciones

de la L.P.A.U.

Concluimos que la Compañía de Turismo estaba obligada

a

concederle

al

señor

Camacho

donde

éste

pudiese

ésta.

La

adjudicativa

en

determinación

emitida

podía

al

privar

propietario

sin

por

señor

la

Camacho

garantía

Huertas

una

impugnar

referida

Huertas

vista

de

constitucional

agencia

su

a

la

un

no

interés

debido

proceso de ley.

Es imperativo indicar que aún cuando el señor Camacho

Huertas no buscó la orden para realizarse la prueba de

dopaje el día indicado por la agencia, ésta no podía obviar

el

procedimiento

conscientes

que

dispuesto

el

interés

por

del

la

Estado

L.P.A.U.

en

la

Somos

vida

y

seguridad de los ciudadanos es uno de gran preeminencia,

pero ello no es razón para ignorar el claro lenguaje de la

L.P.A.U.

16

CC-2006-502

V

Por los fundamentos antes expuestos, respetuosamente

DISENTIMOS del curso de acción de la Mayoría.

Efraín E. Rivera Pérez

Juez Asociado