Tribunal Supremo de Puerto Rico
Camacho Huertas v. Compañía de Turismo de Puerto Rico
2008 TSPR 157
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
Camacho Huertas v. Compañía de Turismo de Puerto Rico
CC-2006-0502
Sentencia con Opinión Disidente (Reglamentación administrativa)
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José Camacho Huertas
Peticionario
Certiorari
v.
2008 TSPR 157
Compañía de Turismo de Puerto
Rico
División
de
Transportación Turística
175 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2006-502
Fecha: 19 de septiembre de 2008
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan-Panel II
Juez Ponente:
Hon. Dora T. Peñagarícano Soler
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. César Maraver Marrero
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Maribel Ramírez Rodríguez
Materia: Revisión Administrativa procedente de la Compañía de
Turismo, Área de Transportación Turística
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José Camacho Huertas
Peticionario
v.
CC-2006-502
Compañía de Turismo de Puerto
Rico
División
de
Transportación Turística
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 19 de septiembre de 2008.
Por estar igualmente dividido el Tribunal y
habiendo expedido el auto de certiorari solicitado,
se confirma la sentencia emitida por el Tribunal de
Apelaciones
en
el
presente
caso.
Mediante
dicha
sentencia el foro apelativo intermedio, confirmó la
determinación de la Compañía de Turismo, y resolvió
que la Compañía de Turismo no tiene que aprobar un
reglamento
aquellas
para
requerir
personas
renovación
de
la
que
la
prueba
soliciten
licencia
de
la
de
dopaje
a
concesión
o
operador
de
taxi
turístico toda vez que tal prueba es un requisito
sine qua non que emana de la Ley Núm. 282 de 19 de
diciembre de 2002.
2
CC-2006-502
A tono con lo anteriormente expresado, se expide el
auto
de
certiorari
presentado
y
se
dicta
Sentencia
confirmatoria de la emitida en el caso por el Tribunal de
Apelaciones.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria
Rivera
del
Pérez
Tribunal
disidente
Supremo.
con
El
Juez
opinión.
La
Asociado
Jueza
señor
Asociada
señora Fiol Matta disiente sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
José Camacho Huertas
Peticionario
v.
CC-2006-502
Compañía de Turismo de Puerto
Rico División de Transportación
Turística
Recurrido
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado Señor Rivera Pérez.
San Juan, Puerto Rico, a 19 de septiembre de 2008.
El
21
de
julio
de
2006,
expedimos
auto
de
Certiorari para revisar una Sentencia dictada por el
Tribunal de Apelaciones, mediante la cual dicho foro
determinó que la prueba de dopaje requerida para la
concesión
de
la
licencia
de
operador
de
taxi
turístico
es
un
requisito
sine
qua
el
cual
non,
emana de la Ley Núm. 282 de 19 de diciembre de 2002
y no requiere la aprobación de un reglamento por
parte de la Compañía de Turismo.
Por estar igualmente dividido el Tribunal, se
confirmó
la
Apelaciones.
determinación
Disentimos
de
del
este
Tribunal
curso
de
de
acción.
Entendemos que la controversia medular en el caso
ante nos se circunscribe a determinar si la Compañía
CC-2006-502
2
de Turismo cumplió con el requisito plasmado en la sección
5.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, en
adelante L.P.A.U. La aludida disposición legal obliga a las
agencias
concernidas
a
concederle
un
procedimiento
adjudicativo a toda persona que se le haya denegado la
concesión de una licencia.
I
El 28 de octubre de 2004, el Sr. José Camacho Huertas,
(en adelante señor Camacho Huertas o peticionario) acudió
al
Área
Turismo
de
a
Transportación
los
fines
de
Turística
solicitar
de
la
la
Compañía
renovación
de
de
la
licencia de operador de taxi turístico. En dicha ocasión,
el Sr. Ángel Román Lebrón orientó al señor Camacho Huertas
sobre
los
requisitos
que
éste
tenía
que
completar
para
solicitar la renovación de su licencia de operador de taxi
turístico.1 Como parte de dichos requisitos, la Compañía de
Turismo le requirió al señor Camacho Huertas realizarse una
prueba de dopaje y le entregó una citación para que éste se
realizara la misma al día siguiente, antes de las tres (3)
de
la
tarde.2
No
obstante,
el
señor
Camacho
más
tarde,
el
Huertas
no
acudió a realizarse la prueba.
Alrededor
de
un
mes
señor
Camacho
Huertas fue a la Compañía de Turismo para entregar los
documentos
requeridos.
Tras
presentados por el señor Camacho
examinar
los
Huertas, la
1
Apéndice del recurso de Certiorari, pág. 55.
2
Íd, págs. 55 y 56.
documentos
Sra.
Yasmín
3
CC-2006-502
Torres Rodríguez se percató que faltaban documentos, entre
éstos, la prueba de sustancias controladas. En vista de
ello, le indicó al señor Camacho Huertas que debía entregar
a dicha agencia un documento que expresara las razones por
las cuales no se hizo la prueba de dopaje el día señalado.3
A la semana siguiente, el 30 de noviembre de 2004, el
señor
Camacho
Huertas
entregó
todos
los
documentos
requeridos, incluyendo el escrito en el que explicó los
motivos que le impidieron realizarse la prueba de dopaje el
día indicado por la Compañía de Turismo. En el referido
escrito,
sustancias
adujo
que
no
controladas
pudo
el
día
realizarse
pautado
la
para
prueba
ello
de
porque
tenía que recoger a sus hijos. Sostuvo, además, que él le
había indicado al funcionario que lo atendió que no podía
realizarse la prueba de dopaje el día señalado y que éste
le informó que no podía hacerse la prueba otro día.4
Aun
documentos
cuando
el
señor
solicitados,
la
Camacho
Huertas
entregó
los
señora
Torres
Rodríguez
le
informó que ese día no le expedirían una nueva citación
para realizarse la prueba de sustancias controladas y le
indicó que posteriormente lo llamarían para que pasara a
recoger la orden.5
El 7 de diciembre de 2004, a las 8:20 de la mañana la
señora Torres Rodríguez se comunicó vía telefónica con el
3
Íd, pág. 57.
4
Íd, “Resolución y Orden” de la Compañía de Turismo, pág.
31.
5
Íd, pág. 57.
4
CC-2006-502
señor Camacho Huertas y le dijo que debía pasar a recoger
la orden para la prueba de dopaje.6
Según se desprende de
los autos, el señor Camacho Huertas expresó que pasaría a
recoger la referida orden. Sin embargo, no lo hizo y dos
días más tarde llamó al Área de Transportación Turística
para notificar que pasaría a buscar el referido para la
prueba de sustancias controladas.7
No obstante, la señora Torres Rodríguez le comunicó al
peticionario que no podía entregarle el referido para la
prueba de dopaje puesto que no lo buscó el día señalado
para ello. Ante tal situación, el señor Camacho Huertas le
explicó a la señora Torres Rodríguez que el día que lo
llamaron por teléfono para que recogiera el referido, él
estaba durmiendo y no sabía si la llamada había sido real o
un sueño.8
Así las cosas, el 3 de noviembre de 2005, la Compañía
de
Turismo
emitió
una
“Resolución
y
Orden”
en
la
cual
declaró no ha lugar la solicitud de renovación de licencia
de
operador
de
Camacho Huertas.
taxi
turístico
presentada
por
el
señor
Fundamentó su denegatoria arguyendo que
en virtud de los Artículo 13 y 44 de la Ley Núm. 282 de 19
de diciembre de 2002, el peticionario no había demostrado
su idoneidad para la obtención de la licencia de operador
6
Íd, pág. 58.
7
Íd, pág. 31.
8
Íd.
5
CC-2006-502
de taxi turístico toda vez que no se había realizado la
prueba de dopaje.9
Oportunamente,
el
señor
Camacho
Huertas
solicitó
reconsideración de la determinación emitida por la agencia.
En
su
escrito,
el
señor
Camacho
Huertas
expuso
que
la
Compañía de Turismo actuó en abierta violación a su ley
habilitadora y a la sección 5.1 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme, toda vez que no había promulgado
un reglamento para regular el procedimiento de expedición
de licencias de operadores de taxi turístico.
10
Sostuvo,
9
El Artículo 13 de la Ley núm. 282 de 19 de diciembre de
2002 dispone, inter alia, lo siguiente:
A. Nadie
podrá
dedicarse
a
prestar
servicios
de
transportación turística terrestre, ni de servicio y venta
de taxímetro, sin previamente haber solicitado y obtenido
de la Compañía de Turismo la correspondiente franquicia,
autorización, permiso y/o licencia.
B. La Compañía de Turismo tendrá la facultad de otorgar
las franquicias, autorizaciones, permisos y/o licencias
necesarias para autorizar la prestación de los bienes de
Transportación Turística Terrestre y de servicio y venta de
taxímetros. Las franquicias, autorizaciones, permisos y
licencias serán concedidas por la Compañía de Turismo
tomando en consideración la necesidad y conveniencia, la
idoneidad del peticionario y el estricto cumplimiento por
el mismo de todas las disposiciones de esta Ley y
reglamentos aplicables.
C. El procedimiento y trámite a seguirse para la
expedición de franquicias, autorizaciones, permisos y/o
licencias, así como los requisitos que tendrán que cumplir
los solicitantes, se regirán por las normas que mediante
reglamento establezca la Compañía de Turismo. […]
Por otra parte, el Artículo 44(I)(4) de la referida Ley
dispone que es un requisito indispensable para solicitar la
licencia de operador presentar, entre otros documentos, un
certificado médico acompañado de los resultados de la
prueba de sustancias controladas realizada.
10
3 L.P.R.A sec. 2181.
6
CC-2006-502
además,
que
en
virtud
de
la
sección
5.4
Uniforme,
de
Procedimiento
Administrativo
tenía
impugnar
la
determinación
de
la
agencia
procedimiento
adjudicativo
que
le
brindara
la
Ley
de
derecho
a
mediante
un
todas
las
garantías del debido proceso de ley.11
En
vista
de
que
la
“Moción
de
Reconsideración”
presentada por el señor Camacho Huertas no fue acogida,
éste
presentó
un
recurso
de
revisión
judicial
ante
el
Tribunal de Apelaciones. En dicho escrito, el señor Camacho
Huertas reiteró los argumentos esgrimidos en su “Moción de
Reconsideración”. Puntualizó, además, que la aprobación de
un reglamento para la administración de la prueba de dopaje
es
indispensable
para
evitar
la
arbitrariedad
en
la
aplicación de la Ley Núm. 282 de 19 de diciembre de 2002,
puesto que dicho estatuto no establece el procedimiento a
seguir
ni
garantizar
dispone
la
las
protección
salvaguardas
al
derecho
a
necesarias
para
la
del
intimidad
solicitante.12
Por su parte, la Compañía de Turismo señaló que el
señor Camacho Huertas no demostró que era idóneo para la
obtención de la renovación de la licencia taxi turístico
puesto que no se realizó la prueba de dopaje requerida por
la Ley Núm. 282 de 19 de diciembre de 2002. La referida
agencia arguyó que el
procedimiento establecido en dicho
estatuto para que los solicitantes de la licencia de taxi
11
Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 35-40.
12
Íd, págs. 21-27.
7
CC-2006-502
turístico se realicen la prueba de sustancias controladas,
no es arbitrario ya que es aplicable a toda persona que
solicite dicha licencia.
Sin embargo, la Compañía de Turismo admitió que no
contaba con un reglamento que regulara todo lo concerniente
a la prueba de dopaje y a los requisitos estatutarios para
la obtención de la licencia de operador de taxi turístico.
No obstante, expresó que desde la puesta en vigor de la
aludida disposición legal, ha estado laborando para lograr
la
aprobación
de
un
reglamento
que
regule
lo
antes
mencionado.13
Luego de ponderar los argumentos esbozados por ambas
partes, el Tribunal de Apelaciones resolvió que la prueba
de dopaje para la concesión de la licencia de operador de
taxi turístico es un requisito sine qua non, el cual emana
de la Ley Núm. 282 de 19 de diciembre de 2002 y no requiere
la aprobación de un reglamento. Ello en vista de que en
aras de proteger la vida y la propiedad, es un objetivo
razonable que el Estado se asegure que los operadores de
taxi
turístico
sustancias
conduzcan
controladas.
libres
de
Finalmente,
la
el
influencia
foro
de
apelativo
intermedio sostuvo que la determinación de la Compañía de
Turismo está avalada por evidencia sustancial que obra en
el expediente.
13
Íd, págs. 47-53. Es menester señalar que a finales del
2006, la Compañía de Turismo aprobó el Reglamento de
Procedimientos Adjudicativos de Transportación Turística y
el Reglamento Aplicable a la Transportación Turística
Terrestre, el cual regula todo lo concerniente a la
expedición, renovación y cancelación de licencia de
operador de taxi turístico.
8
CC-2006-502
Inconforme con dicha determinación, el señor Camacho
Huertas
acudió
señalando
ante
nos
mediante
el
foro
apelativo
que
recurso
de
certiorari,
intermedio
el
error
siguiente:
ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL
ENTENDER QUE LA LEY 282 DEL 19 DE
DICIEMBRE DE 2002, AL EXIGIR PRUEBAS DE
SUSTANCIAS CONTROLADAS, NO REQUIERE DE
LA AGENCIA ESTABLECER UN REGLAMENTO QUE
ESTABLEZCA Y DIVULGUE LOS CRITERIOS DE
CÓMO SE REALIZARAN [sic] DICHAS PRUEBAS
Y LAS CONSECUENCIAS DE NO HACERLAS. EN
LA ALTERNATIVA, ERRÓ EL TRIBUNAL DE
APELACIONES AL NO CONSIDERAR QUE LOS
ARTÍCULOS QUE HACEN REFERENCIA A DICHAS
PRUEBAS
SON
VAGOS
Y
NO
CONTIENEN
PARÁMETROS
QUE
ILUSTREN
A
LOS
PETICIONARIOS.
Examinada
expedir.
Con
la
el
petición
beneficio
de
de
certiorari,
acordamos
la
comparecencia
de
ambas
partes, procedemos a resolver la controversia ante nuestra
consideración.
II
Hace cuatro lustros la Asamblea Legislativa aprobó la
Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme14, en adelante
L.P.A.U., a los fines de estructurar y crear un cuerpo de
reglas mínimas y uniformes para gobernar los procedimientos
de reglamentación, adjudicación y concesión de licencias
realizados por las agencias gubernamentales.15
a
lo
14
3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.
15
anterior, la L.P.A.U.
sustituyó
Perfect
Cleaning
Services
Cardiovascular, 162 D.P.R. 745
F.S.E., 129 D.P.R. 888 (1992).
En atención
los procedimientos
v.
Corp.
del
Centro
(2004); Pagán Ramos v.
9
CC-2006-502
administrativos
disposiciones
que
eran
estatutarias
y
incongruentes
ordenó
el
con
sus
de
tales
manejo
asuntos de manera consistente con sus preceptos.16
La
pieza
legislativa
en
cuestión
le
delegó
a
los
organismos administrativos facultades cuasi judiciales en
aras de proveer un sistema adjudicativo económico, rápido,
flexible
y
práctico.17
determinaciones
de
los
Ahora
bien,
dado
que
entes
administrativos
las
pueden
interferir con los intereses de libertad y propiedad de las
personas,
la
L.P.A.U.
extendió
a
los
procesos
de
las
agencias administrativas la garantía a un debido proceso de
ley. No obstante, en Almonte v. Brito, supra, recalcamos
que las normas del debido proceso de ley no aplican en los
procedimientos adjudicativos de las agencias con la misma
rigurosidad que en la adjudicación judicial. Ello es así
puesto
que
hemos
reconocido
que
los
procedimientos
administrativos conducidos en las agencias administrativas
están revestidos de flexibilidad y celeridad.
Como parte del debido proceso de ley en su vertiente
procesal,
la
L.P.A.U.
dispone
adjudicativo
formal,
se
que
en
todo
salvaguardarán
procedimiento
los
siguientes
derechos: derecho a notificación oportuna de los cargos;
derecho a presentar evidencia; derecho a una adjudicación
imparcial; y derecho a que la decisión sea basada en el
16
Olivo v. Scrio. de Hacienda, 164 D.P.R. 165
Perfect
Clearing
Services
v.
Corp.
del
Cardiovascular, supra.
17
Almonte v. Brito, 156 D.P.R. 475, 481 (2002).
(2005);
Centro
10
CC-2006-502
expediente.18 El disfrute de los derechos antes mencionados
sólo es posible a través de una audiencia. No obstante, en
Vélez Ramírez v. Romero Barceló, decretamos que el debido
proceso de ley no requiere que haya una vista previa a toda
privación de un derecho o interés propietario.19 Basta que
en algún momento significativo, la parte afectada por la
determinación
de
defenderse
presentar
y
la
agencia
tenga
su
en
caso
la
un
oportunidad
proceso
con
de
las
garantías que entraña el debido proceso de ley.20
En cuanto a los procedimientos para la concesión de
licencias
y
franquicias,
la
sección
5.4
de
la
L.P.A.U.
dispone que a toda persona a la que se le deniegue la
concesión una licencia o gestión similar tendrá derecho a
impugnar
la
determinación
de
la
agencia
mediante
un
procedimiento adjudicativo estatuido en la ley especial de
que se trate y en las secs. 3.1 a 3.18 de la L.P.A.U.21
Del texto legal citado se colige que toda persona a la
que una agencia administrativa le deniegue una licencia,
tendrá derecho a un debido proceso de ley en el que pueda
impugnar
dicha
procedimiento
determinación.
deberá
garantizarles
Necesariamente,
tal
a
los
los
individuos
derechos plasmados en la sección 3.1 de la L.P.A.U. De
18
3 L.P.R.A. sec. 2151.
19
112 D.P.R. 716, 730 (1982).
20
Íd. En el citado caso enfatizamos que para determinar el
tipo de vista concedida y el momento adecuado, es menester
analizar conjuntamente los intereses gubernamentales y los
de la persona afectada.
21
3 L.P.R.A sec. 2184. Énfasis suplido.
11
CC-2006-502
conformidad
con
lo
adjudicativo
en
donde
anterior,
en
el
se
la
denegación
impugne
procedimiento
de
una
licencia, la parte afectada tiene derecho a confrontarse
con los testigos, a presentar prueba oral y escrita a su
favor, a la presencia de un adjudicador imparcial y a que
la decisión esté basada en el expediente administrativo.
Por tanto, si la agencia administrativa no le confiere
a
la
persona
adjudicativo
procesales
afectada
antes
que
por
su
dictamen
mencionado
emanan
de
así
la
el
como
L.P.A.U.,
procedimiento
las
garantías
incurrirá
en
violaciones al debido proceso de ley.
III
Es
un
principio
firmemente
ordenamiento
jurídico
que
la
establecido
revisión
en
judicial
nuestro
de
las
decisiones administrativas tiene como norte delimitar la
discreción de las agencias y asegurarse que éstas actúen
dentro de los poderes delegados y conforme a la ley.22
revisión
judicial
de
las
decisiones
La
administrativas
comprende tres áreas, a saber: la concesión del remedio
apropiado,
la
revisión
de
las
determinaciones
de
hecho
conforme al criterio de evidencia sustancial y la revisión
completa de las conclusiones de derecho.23
Respecto a las determinaciones de hechos emitidas por
los organismos administrativos, la L.P.A.U dispone que los
tribunales sostendrán las mismas si se basan en evidencia
22
Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 279 (1999).
23
3 L.P.R.A sec. 2175.
12
CC-2006-502
sustancial.24
Como se sabe, evidencia sustancial es aquella
evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar
como adecuada para sostener una conclusión.25
Sin embargo,
las
las
conclusiones
de
derecho
efectuadas
por
agencias
serán revisables en todos sus aspectos.26 Ahora bien, ello
no significa que los tribunales al revisar las decisiones
administrativas, gocen de libertad absoluta para desechar
las
conclusiones
e
interpretaciones
de
la
agencia,
y
sustituir el criterio de ésta por el propio.27
Sabido
gran
es
que
deferencia
administrativas
a
en
los
las
vista
tribunales
apelativos
decisiones
de
la
de
vasta
concederán
las
agencias
experiencia
conocimiento especializado que éstas poseen.28
y
el
Es por ello
que las decisiones administrativas gozan de una presunción
de corrección y legalidad. No obstante, la deferencia a la
interpretación de la agencia cederá cuando la misma afecte
derechos fundamentales, resulte irrazonable o conduzca a la
comisión de injusticias.29
24
Íd.
25
P.C.M.E. v. Junta de Calidad Ambiental, res. el 23 de
diciembre de 2005, 2005 TSPR 202.
26
3 L.P.R.A. sec. 2175.
27
Otero Mercado v. Toyota, res. el 3 de febrero de 2005,
2005 TSPR 8.
28
Martínez Segarra v. Rosado Santoni,
septiembre de 2005, 2005 TSPR 127.
29
res.
el
14
de
Véase Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R.
881, 889; Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 D.P.R.
226 (1983).
13
CC-2006-502
De ahí que al ponderar la decisión emitida por una
agencia, los tribunales deberán determinar si la actuación
de la agencia fue arbitraria, ilegal o tan irrazonable, que
constituyó
un
interpretación
discreción.30
abuso
de
la
agencia
de
no
Asimismo,
prevalecerá
cuando
la
ésta
produce resultados antagónicos o contrarios a la finalidad
del estatuto interpretado.31
IV
A la luz de los preceptos expuestos, debemos resolver
si la Compañía de Turismo violentó las garantías procesales
que dimanan del debido proceso de ley, al no conferirle al
señor
Camacho
donde
éste
Huertas
tuviera
un
procedimiento
la
oportunidad
adjudicativo
de
impugnar
en
la
determinación de la referida agencia.
Según indicáramos anteriormente, la sección 5.4 de la
L.P.A.U. dispone claramente que cuando la agencia deniegue
la concesión de una licencia, la persona afectada tendrá
derecho
a
impugnar
tal
determinación
mediante
un
procedimiento adjudicativo. Ello, como corolario del debido
proceso de ley que le garantiza un proceso justo a los
individuos
cuando
la
determinación
de
la
agencia
administrativa afecta un interés propietario. Por tanto,
cuando el ente administrativo deniegue la concesión de una
licencia, viene obligado a celebrar una vista evidenciaria
30
Véase Mun. de San Juan v. J.C.A., supra; Fuertes y otros
v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947 (1993).
31
Véase Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, supra.
14
CC-2006-502
en
donde
la
parte
afectada
pueda
impugnar
dicha
determinación con todas las garantías procesales.
En
el
caso
de
autos,
el
señor
Camacho
Huertas
se
desempeñó por años como operador de taxi turístico. Tras la
expiración de su licencia, éste acudió a la Compañía de
Turismo para renovar la misma. Posteriormente, la Compañía
de Turismo declaró no ha lugar la solicitud de renovación
de licencia del señor Camacho Huertas en vista de que éste
no acudió a la agencia para buscar el referido para la
prueba de sustancias controladas.
Luego
de
la
determinación
adversa
emitida
por
la
Compañía de Turismo, el señor Camacho Huertas presentó un
escrito en la cual solicitó la reconsideración del dictamen
de la agencia y que se le concediera la celebración del
procedimiento adjudicativo plasmado en la sección 5.4 de la
L.P.A.U., supra, con el propósito de entregar el resultado
de la prueba de dopaje requerida.
la
Compañía
de
Turismo
declaró
No empece lo anterior,
no
ha
lugar
la
moción
presentada por el peticionario y no le proveyó a éste la
vista adjudicativa requerida por la L.P.A.U.
Al así actuar, la Compañía de Turismo violentó los
postulados más básicos y elementales de nuestro sistema de
justicia,
a
saber,
el
derecho
a
ser
oído
cuando
se
interfiere con el interés propietario de una persona. La
referida agencia ignoró el lenguaje claro e inequívoco de
la L.P.A.U. al no concederle al señor Camacho Huertas la
vista requerida.
Aun cuando hemos reconocido una amplia
gama de discreción a las agencias administrativas, en el
15
CC-2006-502
presente caso, la Compañía de Turismo no tenía discreción
para obviar un procedimiento administrativo mandatario por
ley. Más aún, la Ley Núm. 282 de 19 de diciembre de 2002 en
su Artículo 29 autoriza a la Compañía de Turismo a celebrar
vistas
adjudicativas
interesada.
que
la
motu
propio
o
a
petición
de
parte
Más adelante, el mencionado artículo señala
facultad
adjudicativa
delegada
a
la
Compañía
de
Turismo deberá ser implantada conforme a las disposiciones
de la L.P.A.U.
Concluimos que la Compañía de Turismo estaba obligada
a
concederle
al
señor
Camacho
donde
éste
pudiese
ésta.
La
adjudicativa
en
determinación
emitida
podía
al
privar
propietario
sin
por
señor
la
Camacho
garantía
Huertas
una
impugnar
referida
Huertas
vista
de
constitucional
agencia
su
a
la
un
no
interés
debido
proceso de ley.
Es imperativo indicar que aún cuando el señor Camacho
Huertas no buscó la orden para realizarse la prueba de
dopaje el día indicado por la agencia, ésta no podía obviar
el
procedimiento
conscientes
que
dispuesto
el
interés
por
del
la
Estado
L.P.A.U.
en
la
Somos
vida
y
seguridad de los ciudadanos es uno de gran preeminencia,
pero ello no es razón para ignorar el claro lenguaje de la
L.P.A.U.
16
CC-2006-502
V
Por los fundamentos antes expuestos, respetuosamente
DISENTIMOS del curso de acción de la Mayoría.
Efraín E. Rivera Pérez
Juez Asociado