LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Sentencia con Opinión de Conformidad (Jurisdicción del Tribunal de Menores)

2008 TSPR 163

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Sentencia con Opinión de Conformidad (Jurisdicción del Tribunal de Menores)

CC-2007-0530

El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor J.E.T.A.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Certiorari

EL Pueblo de Puerto Rico

en interés del menor J.E.T.A

2008 TSPR 163

Peticionarios

175 DPR ____

Número del Caso: CC-2007-530

Fecha: 1 de octubre de 2008

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan/Humacao Panel V

Juez Ponente:

Hon. Lourdes Velázquez Cajigas

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Angel M. Font López

Oficina del Procurador General:

Lcda. Zaira Z. Girón Anadón

Procuradora General Auxiliar

Materia: Ley de menores y la Pérdida de Jurisdicción del Tribunal

de Menores

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

en interés del menor J.E.T.A

Peticionarios

CC-2007-530

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, 1 de octubre de 2008

El

17

de

agosto

de

2007

expedimos

el

auto

solicitado en el caso de epígrafe para revisar una

sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.

En

su sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó al

Tribunal de Primera Instancia, Asunto de Menores, y

ordenó el traslado del caso de epígrafe a una sala

ordinaria

de

lo

criminal

del

Tribunal

de

Primera

Instancia.

Ambas partes han comparecido por lo que estamos

en posición de resolver.

Evaluados

los

planteamientos

de

las

partes

se

2

CC-2007-530

dicta

sentencia

modificando

el

dictamen

del

Tribunal

de

Apelaciones a los fines de que devuelto el caso al Tribunal

de Menores éste evalúe si concede la petición de renuncia de

jurisdicción presentada a tenor con las disposiciones del

Artículo 15 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2215, o si

por el contrario, continuará atendiendo el proceso que pende

ante sí.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Secretaria del Tribunal Supremo.

Tribunal

y

certifica

la

La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez emite Opinión de conformidad a la que se

une la Jueza Asociada señora Fiol Matta.

El Juez Presidente

disiente sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

en interés del menor J.E.T.A

Peticionarios

CC-2007-530

Opinión de conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez a la que se une la Jueza Asociada señora Fiol Matta

San Juan, Puerto Rico, 1 de octubre 2008

En

esta

ocasión

nos

corresponde

de

el

Ministerio

interrogante

si

contestar

Público

la

puede

solicitar el traslado de un caso ventilándose ante el

Tribunal

de

Menores

criminal,

luego

de

a

una

sala

ordinaria

de

lo

que

el

menor

transgresor

fuera

acusado y convicto como adulto por un delito menos

grave mientras pendía la acción en el Tribunal de

Menores.

I

Contra

el

menor

J.E.T.A.

se

presentaron

dos

quejas por las faltas tipificadas como actos lascivos

e impúdicos, alegadamente ocurridos en los meses de

octubre

y

noviembre

de

2004,

respectivamente;

una

2

CC-2007-530

tercera queja

por la

acaecidos

enero

sexual

en

por

falta de sodomía por alegados hechos

de

alegada

2005

y

conducta

septiembre de 2005.

una

cuarta,

incurrida

por

en

el

agresión

mes

de

Según surge de los pliegos de las

querellas, la fecha de nacimiento del menor es el 21 de

noviembre de 1987, por lo que al momento de los hechos

contaba con 17 años de edad y cumpliría los 18 años el 21

de noviembre de 2005.

El magistrado determinó no causa

probable.

El

Procurador

de

Menores

solicitó

una

vista

de

aprehensión en alzada y en ésta se determinó causa probable

el

7

de

agosto

de

2006.

Celebrada

la

vista

de

causa

probable para presentar querella bajo la Regla 2.10 de las

Reglas de Menores, 34 L.P.R.A. Ap.1-A, ante el Tribunal de

Primera

Instancia,

Sala

Superior,

Asuntos

de

Menores

(Tribunal de Menores), la vista adjudicativa quedó pautada

para el 18 de septiembre de 2006.

Ésta no se pudo llevar a

cabo

de

en

esa

fecha

y

luego

varias

suspensiones

atribuibles unas a la defensa, otras al Ministerio Público

y al propio tribunal, la vista quedó señalada para el 13 de

diciembre de 2006.

En el ínterin y estando pendiente la vista adjudicativa

del 13 de diciembre de 2006, el 5 de diciembre de 2006, se

presentó una denuncia contra el peticionario por el delito

menos grave de agresión, por hechos alegadamente ocurridos

el 31 de agosto de 2006.

allanó

a

la

Ese mismo día, el peticionario se

determinación

de

causa

probable

para

el

arresto, hizo alegación de culpabilidad y se le impuso la

3

CC-2007-530

pena de multa y el pago de la pena especial contemplada en

el artículo 67 del Código Penal de 2004.

En este proceso,

el peticionario estuvo representado por el mismo abogado

que lo representaba en el Tribunal de Menores.

Llegada

la

fecha

de

la

vista

adjudicativa

ante

el

Tribunal de Menores, la representación legal de J.E.T.A.

solicitó

la

desestimación

de

las

querellas

presentadas.

Apoyó su contención en el hecho de que una vez que se

presentó una denuncia contra J.E.T.A como adulto y éste fue

convicto por el delito imputado, el Tribunal de Menores

había perdido jurisdicción sobre él.

El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de

Menores,

acogió

la

abierta,

la

reprodujo

cual

moción

de

desestimación

luego

por

en

escrito.

corte

En

su

resolución indicó:

A base de lo dispuesto en el Artículo 5 de

La Ley de Menores y de un análisis de la

jurisprudencia citada por las partes y los

argumentos

esgrimidos

en

corte

abierta

el

Tribunal

declara

HA

LUGAR

la

solicitud

presentada por el menor por conducto de su

representación legal y ordena el cierre y

archivo de los casos por falta de autoridad del

Tribunal de Asuntos de Menores.

El procurador

solicitó una renuncia de jurisdicción “sui

generis” pidiéndole al Tribunal que traslade el

caso al Tribunal de Primera Instancia, Salón de

Sesiones de adulto.

Se declara NO HA LUGAR

dicha solicitud por entender el Tribunal que

carece de autoridad para ello pues el menor

cumplió los 18 años y al realizar la alegación

de

culpabilidad

como

adulto

no

se

puede

renunciar a lo que ya no se posee.

Inconforme,

el

Procurador

General

acudió

ante

el

Tribunal de Apelaciones.

Adujo que la Sala de Asuntos de

Menores

archivar

había

errado

al

las

faltas

pendientes

4

CC-2007-530

“declarándose sin jurisdicción o autoridad para ordenar el

traslado a la sala criminal de adultos.”

Apelaciones,

en

una

extensa

y

El Tribunal de

fundamentada

resolución,

revocó al Tribunal de Primera Instancia, Asuntos de Menores

y ordenó el traslado del caso a una sala ordinaria de lo

criminal

del

Tribunal

de

Primera

Instancia

para

la

continuación de los procedimientos.

Por no estar de acuerdo con la determinación, el menor

acudió

ante

este

Tribunal.

El

expedimos el auto solicitado.

17

de

agosto

de

2007

Ambas partes han comparecido

y estamos en posición de resolver, por lo que pasamos a así

hacerlo.

II

Debemos comenzar señalando que esta controversia es una

recurrente.

En

más

de

una

ha

enfrentado

ocasión

disímiles.

E.g., Pueblo en interés del menor P.L.N, caso

Pueblo

en

misma

interés

del

con

de

se

KLCE200501099;

la

Tribunal

Apelaciones

núm.

a

el

resultados

menor

J.R.G.,

KLCE2005-1009; Pueblo en interés del menor, KLCE-20050098.

Con lo cual, se hace imperativo que resolvamos de forma

concluyente cuál deba ser el curso apropiado en casos como

éste,

cumpliendo

así

con

nuestra

función

principal

de

pautar el Derecho puertorriqueño.

Como ya hemos indicado, el caso de autos gira en torno

a cómo se debe interpretar la expresión del artículo 5 de

la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2205, que dispone que

cuando un menor se encuentra bajo la autoridad del Tribunal

de

Menores

y

es

procesado

y

convicto

como

adulto,

el

5

CC-2007-530

Tribunal de Menores “perderá automáticamente su autoridad

sobre dicho menor”.

El peticionario, en un parco escrito

de certiorari, arguye que cuando ello ocurre el Tribunal de

Menores carece de jurisdicción sobre ese menor y no puede

trasladar el asunto que pendía ante sí a una sala ordinaria

de lo criminal del Tribunal de Primera Instancia.

En su

alegato, igualmente sucinto, nos indica que el artículo 5

de

la

Ley

de

Menores

es

vago

al

no

proveer

para

una

situación como la de autos por lo que “deben archivarse los

casos ante el Tribunal de Menores.”

Sobre el artículo 4 de

la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2204, nos apuntó que

ésta

no

aplica

en

este

caso

ya

que

su

convicción

como

adulto fue por delito menos grave y esta disposición se

refiere a convicciones por delito grave.

El

Estado,

interpretación

en

por

su

parte,

el

tenor

nos

propuesto

expresa

que

provocaría

que

una

la

conducta antisocial que se le imputa al menor quede impune.

Nos advierte además, que a medida que se ha exigido mayor

rigor y formalismo en los procedimientos ante la Sala de

Asuntos de Menores del Tribunal de Primera Instancia y se

le

han

reconocidos

a

los

menores

mayores

garantías

constitucionales, es imperativo también que se les exija, a

manera de contrapeso, un mayor nivel de responsabilidad y

exigibilidad

por

la

conducta

delictiva

en

que

incurren.

Por lo que aboga que se avale el traslado del asunto que se

ventilaba ante el Tribunal de Menores a una sala ordinaria

de lo criminal.

Arguye que el cese de autoridad sobre el

menor en virtud de su convicción como adulto, aun cuando

6

CC-2007-530

implica que ya éste no puede ser procesado como menor ni se

le puede imponer una medida dispositiva, no conlleva que el

Tribunal de Menores no pueda referir el caso que tiene ante

su consideración a una sala de lo criminal del Tribunal de

Primera Instancia.

Enmarcada la controversia bajo estos términos, pasemos

a su análisis.

III

A

La Ley de Menores, Ley núm. 88 de 9 de julio de 1986,

según enmendada, dispone en su artículo 2, 34 L.P.R.A. sec.

2202,

que

ésta

se

interpretará

de

conformidad

con

los

siguientes propósitos, a saber: 1. proveer para el cuidado,

protección,

desarrollo,

habilitación

y

rehabilitación

de

los menores y proteger el bienestar de la comunidad; 2.

proteger el interés público tratando a los menores como

personas necesitadas de supervisión, cuido y tratamiento, a

la vez que se le exige responsabilidad por sus actos; 3.

garantizar

a

todo

menor

un

trato

justo,

el

debido

procedimiento de ley y el reconocimiento de sus derechos

constitucionales.

34 L.P.R.A. sec. 2202.

Véase también,

Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R.

990,

996-997

constituyen

(1993).

guías

discreción judicial.

Estos

que

encausan

principios

el

teleológicos

ejercicio

de

la

Reflejan la noción que sostiene que

compete al Estado ofrecer al menor un trato rehabilitador

cuando transgrede la ley penal, a la misma vez que protege

7

CC-2007-530

el interés social de la comunidad de exigir responsabilidad

de quienes incurren en conducta delictiva.

El artículo 4 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec.

2204, regula todo lo concerniente a la jurisdicción de la

Sala

de

Asuntos

de

Menores

del

Tribunal

Superior.1

1

El artículo 4 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2204,

dispone:

Jurisdicción del Tribunal

El Tribunal tendrá autoridad para conocer de:

(a) Todo caso en que se impute a un menor conducta

que constituya falta, incurrida antes de éste

haber cumplido dieciocho (18) años de edad.

Dicha

autoridad

estará

sujeta

al

período

prescriptivo dispuesto en las leyes penales para

la conducta imputada.

(b) Cualquier asunto relacionado con menores, sitúan

dispuesto mediante ley especial, confiriéndole

facultad para entender en dicho asunto.

El Tribunal no tendrá autoridad para conocer de:

(a) Todo caso en que se impute a un menor que

hubiere cumplido quince (15) años de edad la

comisión de hechos constitutivos de asesinato en

primer grado según definido en el inciso (a) del

Artículo 106 del Código Penal del estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

(b) Todo caso en que se impute a un menor que

hubiere cumplido quince (15) años de edad hechos

constitutivos de delito que surjan de la misma

transacción o evento constitutivo de asesinato

en primer grado según definido en el inciso (a)

del Artículo 106 del Código Penal del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.

(c) Todo caso en que se impute a un menor hechos

constitutivos de delito cuando se le hubiere

adjudicado previamente un delito grave como

adulto.

En todos los casos contemplados en los incisos

anteriores, el menor será procesado como adulto.

La Sala de lo Criminal del tribunal general de

Justicia conservará jurisdicción sobre el menor aún

cuando haga alegación de culpabilidad o medie

convicción por un delito distinto al asesinato, según

definido en el incisa (a) del Artículo 106 del código

Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Igualmente,

conservará

jurisdicción

cuando

el

Tribunal

Superior,

Sala

de

Menores,

hubiere

8

CC-2007-530

Establece que la Sala de Menores tendrá jurisdicción en todo

caso que se le impute al menor conducta que constituya falta

si fue incurrida antes de éste haber cumplido 18 años;

sujeto, claro está, al término prescriptivo correspondiente.

34 L.P.R.A. sec. 2204.

Allí se dispone también, que la Sala

de Asuntos de Menores no tiene jurisdicción cuando los actos

imputados al menor ocurren después de éste haber cumplido 18

años; o, si se le imputa asesinato en primer grado mediante

deliberación y premeditación o un delito que surja de esa

misma transacción o evento y el menor hubiese cumplido 15

años de edad.

34 L.P.R.A. sec. 2204.

Finalmente, el artículo 4 dispone que el Tribunal de

Menores no tendrá jurisdicción en “[t]odo caso en que se

impute a un menor hechos constitutivos de delito cuando se

le

hubiere

adulto.”

adjudicado

previamente

(Énfasis nuestro.)

un

delito

grave

como

La profesora Nevares Muñiz nos

indica lo siguiente sobre esta disposición:

[U]na vez un menor es procesado y convicto como

adulto por un delito cometido antes de su mayoría

de edad, el tribunal de Menores no tendrá

jurisdicción, si posteriormente este joven es

encausado por conducta constitutiva de delito

cometida antes de los 18 años.

La jurisdicción

penal por ese delito le corresponde al Tribunal

Ordinario, ya que una vez es enjuiciado y convicto

como adulto los tribunales ordinarios conservan su

jurisdicción sobre ese menor ya que su adultez

renunciado a la jurisdicción del menor y en el

procedimiento ordinario como adulto al menor se le

archivaran los cargos o se le encontrara no culpable.

Cuando un magistrado determine la existencia de causa

probable por un delito distinto al asesinato, según

definido en el inciso (a) del Artículo 106 del Código

Penal del Estado Libre Asociado, éste y cualquier

otro delito que surgiere de la misma transacción se

trasladará al Tribunal que ejerza su autoridad bajo

las disposiciones de esta ley y éste retendrá y

conservará jurisdicción, según se dispone en el

Artículo 5 de esta ley.

9

CC-2007-530

penal es jurídicamente

nuestro.)

irreversible.

(Énfasis

D. Nevares Muñiz, Derecho de Menores Delincuente Juvenil y

Menor Maltratado, Instituto para el Desarrollo del Derecho,

Inc., Hato Rey, 5ta ed., 2005, pág.26.

Véase

también,

Pueblo en interés del menor AAO, supra; Pueblo v. Figueroa

González, 95 D.P.R. 98, 107 (1967). Para todos los efectos,

la

convicción

estatutaria

del

por

delito

menor

y

en

grave

lo

provoca

sucesivo

la

adultez

toda

conducta

constitutiva de delito sólo se podrá tramitar en la sala de

lo criminal del Tribunal de Primera Instancia.

Así pues, “jurisdicción” en el ordenamiento jurídico de

menores alude “a la facultad especial de la Sala de Asuntos

de Menores para entender en procesos contra éstos y se

relaciona ‘con la cuestión de si el menor debe ser encausado

dentro del sistema de justicia juvenil o en el sistema de

justicia criminal’”.

Pueblo v. Suárez Alers, res. 11 de

mayo de 2006, 165 D.P.R. ___, 2006 TSPR 83.

Véase, Pueblo

en interés del menor A.A.O., 138 D.P.R. 160, 172 (1995).

Por otro lado, el artículo 5 de la Ley de Menores, 34

L.P.R.A.

sec.

2205,

dispone

que

Tribunal

de

Menores

conservará su autoridad sobre los menores que se encuentran

sujetos a las disposiciones de dicho estatuto, hasta que el

menor cumpla la edad de 21 años, a menos que mediante orden

al efecto, se de por terminada esa autoridad.2

El artículo

2

Específicamente, el Artículo 5 de la Ley de Menores, 34

L.P.R.A. sec. 2205, en su parte pertinente dispone que:

En todos los casos en que un menor; estando aún

bajo la autoridad del Tribunal, sea procesado y

convicto como adulto, el Tribunal (Sala Asuntos de

Menores) perderá automáticamente su autoridad

sobre dicho menor. En estos casos, si al momento

de ser acusado como adulto, el menor no presta la

10

CC-2007-530

especifica

también

que,

cuando

el

menor

sujeto

a

la

autoridad del Tribunal de Menores sea procesado y convicto

como

adulto,

cesará

automáticamente

la

autoridad

del

Tribunal de Menores y será puesto bajo la autoridad del

Precisamente, esta última

Tribunal General de Justicia.

disposición fue incorporada al artículo 5 de la Ley de

Menores mediante la Ley núm. 334 de 16 de septiembre de

2004, luego de resuelto Pueblo en interés del menor A.A.O.,

supra.

Véase,

Nevares

Muñiz,

op.

cit.,

pág.

28.

Se

estima, que una vez “el menor ha sido juzgado y convicto

como

adulto,

ello

significa

que

tiene

la

madurez

imputabilidad requerida para ser tratado como tal….”

e

Ibid.

Véase además, Pueblo en interés del menor A.A.O., supra.

En Pueblo v. Suárez Alers, supra, indicamos que el

concepto “autoridad” utilizado en la Ley de Menores, “se

refiere a la ‘supervisión, detención o custodia del menor

que asume el Estado como parens patriae, mientras a éste se

le encausa y luego de que se ha determinado que está incurso

en la comisión de una falta.’”

Por lo que “autoridad”

apunta, esencialmente, “al tipo y la duración de la medida

impuesta, una vez se determine que el menor se encuentra

incurso en una falta.”

Loc. cit.

Vemos así cómo ambos

fianza

que

le

fuera

impuesta,

éste

deberá

permanecer internado en una institución de la

Administración de Instituciones Juveniles hasta

tanto sea convicto como adulto.

Una vez sea

convicto como adulto cesará la autoridad de la

Administración de Instituciones Juveniles sobre

dicho menor y el mismo será puesto inmediatamente

bajo

la

autoridad

del

Tribunal

General

de

Justicia.

El Tribunal tomará las providencias

necesarias para asegurarse de que el convicto

quede bajo la custodia de la Administración.

(Énfasis nuestro.)

11

CC-2007-530

conceptos están íntimamente relacionados pero se refieren a

etapas distintas del proceso.

Para resumir, para que el Tribunal de Menores pierda su

autoridad sobre un menor se requiere o que el menor advenga

a la edad de 21 años o, que el tribunal emita una orden en

tal sentido.

O, en lo que nos atañe, que estando el menor

sujeto a una medida dispositiva impuesta por el Tribunal de

Menores, recaiga una convicción como adulto por cualquier

delito

y

éste

pase

a

estar

bajo

la

jurisdicción

supervisión del Tribunal General de Justicia.

y

Es decir,

sobre este último inciso del artículo 5, se exige que el

menor esté sujeto a una mediada impositiva que le haya sido

impuesta por el Tribunal de Menores luego de su convicción

por una falta, cuando sobrevenga la convicción como adulto

por

cualquier

delito.

Por

el

contrario,

se

pierde

la

jurisdicción sobre un menor siempre que éste sea convicto

como adulto por un delito grave -–lo que opera como una

adultez estatutaria-- y en lo sucesivo, en virtud de ello,

sólo podrá ser procesado como adulto.

En Pueblo en interés del menor AAO, supra, luego de

analizar detenidamente las diferencias entre el concepto

jurisdicción y autoridad contemplado en la Ley de Menores,

concluimos que “cuando el Tribunal emite una orden de cese

de

autoridad

general,

tiene

supervisión

un

menor,

dicha

orden,

efecto

sobre

la

terminación

de

la

Tribunal

sobre

el

cumplimiento

de

una

sobre

del

como

regla

medida dispositiva en particular, no sobre la persona del

menor

en

asuntos

posteriores.”

(Énfasis

nuestro.)

Es

12

CC-2007-530

decir, esta orden no tiene el efecto de, por sí misma,

“poner fin a la jurisdicción del Tribunal de Menores para

atender en otras querellas.”

Loc. cit.

Así por ejemplo,

el Tribunal de Menores cesa su autoridad sobre el menor al

término

de

la

medida

asumir

jurisdicción

impositiva

nuevamente

impuesta,

en

caso

de

pero

podría

una

nueva

querella por faltas cometidas siendo menor.

De lo anterior se colige que la convicción de un menor

por un delito afecta tanto la jurisdicción del Tribunal de

Menores sobre éste, así como su autoridad.

Explico.

En el

primero de los casos, y luego de una convicción por delito

grave, el Tribunal de Menores no tendrá jurisdicción para

atender nuevas conductas delictivas incurridas por un menor

de 18 años.

Ello así, por disposición expresa del artículo

4 de la Ley de Menores.

adulto,

Por otra parte, la convicción como

independientemente

del

grado

del

delito,

además la autoridad del Tribunal de Menores.

afecta

Cuando ello

ocurra, el cumplimiento de cualquier condición relativa a

la medida dispositiva impuesta al menor por el Tribunal de

Menores

por

una

transgresión

anterior,

pasará

a

la

autoridad del Tribunal General de Justicia, cesando en su

autoridad la Administración de Instituciones Juveniles y la

supervisión, claro está, del Tribunal de Menores.

artículo 5 de la Ley de Menores.

Véase,

Véase también, Nevares

Muñiz, op. cit., pág. 36.

Además, habida cuenta que la autoridad del Tribunal de

Menores sobre el menor se refiere también a la supervisión

que asume el Estado como parens patriae mientras a éste se

13

CC-2007-530

le encausa, su convicción como adulto por cualquier delito

puede

incidir

ventilando

también

cuando

sobre

los

procesos

que

se

sobreviene

la

convicción

como

están

adulto,

pues el menor se encuentra ya bajo la autoridad de los

tribunales

ordinarios

cumpliendo

la

pena

que

le

fue

impuesta, y el Tribunal de Menores no podrá supervisar una

nueva

medida

dispositiva.

Pueblo

A.A.O., supra, pág. 180.

en

interés

del

menor

En estos casos, aun cuando se

tenga jurisdicción sobre el menor, “el Tribunal de Menores

no puede tratar al menor bajo su jurisdicción.”

Repasemos

someramente

nuestra

Id.

jurisprudencia,

por

entender que la misma arroja luz sobre la solución adecuada

a la controversia ante nuestra consideración.

B

Iniciamos,

reseñando

los

hechos

del

caso

Pueblo

en

En este caso, el menor imputado

interés del menor A.A.O.

había sido procesado como menor y se le había impuesto una

medida dispositiva.

Tiempo después, se presentaron varias

denuncias en su contra por los delitos de asesinato, robo e

infracciones

a

la

Ley

de

Armas.

Estas

denuncias

se

sometieron ante el Tribunal Superior toda vez que así lo

ordena

el

excluidas

artículo

de

la

4

de

la

Ley

de

Menores

jurisdicción

del

Tribunal

de

al

estar

Menores.

Procesado y convicto, y mientras cumplía su sentencia, el

Procurador de Menores solicitó el cese de autoridad del

Tribunal de Menores.

Poco tiempo después, el Ministerio Público advino en

conocimiento de que el joven había incurrido en conducta

14

CC-2007-530

delictiva días antes de los delitos por los que fue acusado

y convicto como adulto.

La controversia entonces era si se

le podía instar una nueva queja en el Tribunal de Menores

por

las

faltas

autoridad

que

incurridas

el

ante

la

de

Menores

Tribunal

orden

de

cese

había

de

emitido.

Concluimos que, en estas circunstancias, la orden dando por

terminada

la

autoridad

del

Tribunal

de

Menores,

también

surtía efecto sobre su persona y no meramente sobre la

querella.

Ello

así,

ya

que

el

cese

de

autoridad

del

Tribunal de Menores obedeció a que el menor había sido

acusado y convicto por un delito lo que daba paso a que

adviniera

a

la

adultez

estatutaria

y

pasara

a

la

jurisdicción del Tribunal Superior, por lo que de asumirse

jurisdicción

“estaría

en

un

nuevo

incapacitado

caso,

el

Tribunal

posteriormente

para

cualquier medida dispositiva que se le imponga.”

interés del menor AAO, supra.

de

Menores

supervisar

Pueblo en

Señalamos, específicamente,

que ésta es una de las excepciones en la que el Tribunal de

Menores “no puede tratar al menor bajo su jurisdicción.”

Loc. cit.

En resumen, resultaba improcedente iniciar un

nuevo proceso ante el Tribunal de Menores.

Recientemente, en Pueblo en interés del menor Suárez

Alers,

resolvimos

que

el

Tribunal

de

Menores

podía

renunciar a su jurisdicción en un caso de un menor ofensor

de 13 años de edad a la fecha de los hechos delictivos,

pero quién había advenido a la mayoridad al presentarse la

queja en su contra.

La adultez natural del imputado no era

impedimento para que el Tribunal de Menores evaluase una

15

CC-2007-530

moción de renuncia de jurisdicción presentada y remitiera

el caso pendiente a una sala de lo criminal para que fuese

procesado como adulto.

En otras palabras, resolvimos que

el Tribunal de Menores tenía jurisdicción sobre la persona

adulta pues, como ya habíamos resuelto, es la edad del

imputado a la fecha de los hechos uno de los criterios

determinantes a la jurisdicción del Tribunal de Menores.

Pueblo en interés del menor F.R.F., 132 D.P.R. 172 (1993).

La edad al momento de la alegada falta es lo que determina

la condición de menor.

Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R.

114, 120 (1980); Pueblo v. Andujar, 80 D.P.R. 822 (1958).

En

Suárez

Alers,

el

Ministerio

Público

advino

en

conocimiento de unos hechos delictivos incurridos por un

menor cuando ya éste era mayor de edad.

El Procurador de

Menores presentó una queja ante el Tribunal de Menores y

luego solicitó la renuncia del tribunal a su jurisdicción a

tenor con el artículo 15 de la Ley de Menores.

El Tribunal

de Menores renunció a su jurisdicción y refirió el caso a

una sala ordinaria de lo criminal del Tribunal Superior.

Como ya adelantamos, en Suárez Alers concluimos que,

como

cuestión

jurisdicción

de

sobre

hecho,

la

el

Tribunal

de

Menores

queja

presentada

en

su

tenía

contra

no

obstante ser éste mayor de edad a la fecha de presentarse

la misma, pues lo relevante era cuál era la edad del menor

a

la

fecha

de

los

incidentes.

Ello

no

obstante,

el

Tribunal de Menores no tenía autoridad para procesarle e

imponerle una medida dispositiva, precisamente por haber

advenido a la adultez.

En estas circunstancias, procedía

16

CC-2007-530

que el Tribunal de Menores renunciara a su jurisdicción

conforme dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Menores.

Al aplicar la normativa expuesta a los hechos específicos

del caso, concluimos que era improcedente la renuncia en

este caso porque a la fecha de los hechos el menor imputado

contaba con 13 años y la Ley de Menores no autorizaba la

renuncia

de

transgresores

menores

de

14

años.

Específicamente indicamos:

[E]l Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

de Aguadilla, Asuntos de Menores, aun cuando podía

asumir jurisdicción en la queja instada por la

Procuradora de Menores contra Suárez Alers por ser

éste menor de edad al momento de los hechos, no

podía

bajo

ningún

supuesto

renunciar

a

su

jurisdicción y referir el asunto a la Sala de lo

Criminal del Tribunal Superior.

Ello, ya que

Suárez Alers era menor de catorce (14) años al

momento de los hechos imputados y el Art. 15 de la

Ley de Menores no autoriza la renuncia en estos

casos.

No hay duda que si la queja contra Suárez Alers

hubiese sido presentada al momento de los alegados

hechos delictivos, la Sala de Asuntos de Menores

estaba

imposibilitada

de

renunciar

a

su

jurisdicción. Si era improcedente en ese momento,

también lo es ahora. (Énfasis nuestro.)

Expuesto el derecho aplicable, pasemos ahora a aplicar

las normas discutidas a los hechos de este caso.

IV

Como indicamos inicialmente, en el presente caso, el 25

de enero de 2006 se presentaron sendas querellas contra el

menor J.E.T.A. por las siguientes faltas: dos querellas por

actos lascivos conforme el artículo 105 del Código Penal

derogado, una querella por sodomía a tenor con el artículo

103 del Código Penal de 1974 y una querella por agresión

sexual conforme al artículo 142 del Código Penal

vigente.

17

CC-2007-530

Se le imputó que incurrió en tal conducta contra el menor

E.O.C.A., quien a la fecha de los hechos contaba con 9 y 10

años de edad.

Pendiente la vista adjudicativa, unos días

antes y ya advenido J.E.T.A. a los 18 años, éste se declaró

culpable

de

infracción

vigente

(agresión

agosto de 2006.

al

simple)

artículo

por

121

hechos

del

Código

ocurridos

el

Penal

31

de

Se le impuso como pena una multa de $100.

Es decir, en este caso el peticionario se encontraba

en medio del proceso adjudicativo como menor de 21 años,

cuando cumplido ya los 18, cometió un delito por el cual se

declaró culpable.

El Tribunal de Menores se encontraba por

tanto en el válido ejercicio de su jurisdicción y autoridad

sobre el menor, la cual ostentaría, de ordinario, hasta que

cumpliese 21 años de edad.

Ello no obstante, al momento de

iniciarse la vista adjudicativa, como ya hemos visto, el

menor había sido convicto de delito menos grave mas no se

encontraba

bajo

la

supervisión

del

Tribunal

General

de

Justicia ya que había cumplido con la pena impuesta, es

decir, había pagado la multa de $100.

La interrogante que

se nos plantea entonces es si ante este cuadro, el Tribunal

de Menores tiene que ordenar el archivo del caso que pende

ante sí, o lo puede referir a una sala ordinaria de lo

criminal

del

Tribunal

Superior

luego

de

renunciar

a

su

jurisdicción, o tiene jurisdicción para continuar con el

proceso que se ventilaba.

El peticionario nos indica que no aplica en este caso

lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Menores porque

su convicción fue por un delito menos grave.

Tiene razón

18

CC-2007-530

respecto a este asunto.

Este artículo es claro al ordenar

el cese de jurisdicción ante la convicción por un delito

grave, no cabe, por lo tanto, argumentar que en alguna

medida aplica a este caso.

Arguye también, que el artículo

5 tampoco regula esta controversia por ser vago, con lo

cual, concluye que lo procedente es archivar el caso que

estaba pendiente.

En cuanto a este argumento, no tiene

razón.

En estricto rigor, ni el artículo 4 ni el 5 de la Ley

de

Menores

nos

ofrece

una

clara

respuesta

a

esta

interrogante.3

Somos del criterio sin embargo, que una

lectura

de

ambos

así

como

integral

anteriormente,

artículos

conforme

nuestra

hiciéramos

más

reciente

jurisprudencia, nos lleva a la conclusión de que nada en la

Ley de Menores priva de jurisdicción al foro de menores

para

continuar

consideración

ventilando

e

el

imponer

caso

que

tenía

la

medida

ante

su

dispositiva

correspondiente, antes del menor advenir a la edad de 21

años, de estimar probado los hechos que se alegan.

el

Tribunal

petición

del

jurisdicción

3

el

Tribunal

Procurador

del

menor;

de

de

Menores

Menores

claro

pueda

de

está,

O, que

atender

renunciar

cumplidos

a

la

la

los

Cuando una disposición estatutaria no es clara, como

parece ser el caso de los artículos citados de la Ley de

Menores, es deber de este Tribunal llenar las lagunas que

hubiesen y armonizar aquellas disposiciones que estén o

parezcan estar en conflicto.

Art. 7 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 7; Pueblo en interés del menor A.A.O., 138

D.P.R. 160, 176 n. 20 (1995).

19

CC-2007-530

requisitos

Menores.

dispuestos

en

el

artículo

15

de

la

Ley

de

34 L.P.R.A. sec. 2215.4

Lo primero que debemos acotar es que una convicción

como adulto por delito menos grave donde la pena impuesta

fue la de multa y la misma fue satisfecha, como ha ocurrido

en este caso, no supone una pérdida de jurisdicción del

Tribunal de Menores sobre el menor o sobre el proceso que

en su contra se ventila.

Ciertamente, ello no lo exige el

artículo

Menores,

4

de

la

Ley

de

pues

como

vimos

éste

ordena que la convicción sea por delito grave para que se

pierda la jurisdicción.

Veamos qué limitación, si alguna,

impone el artículo 5 sobre la resolución de este caso.

Reiteradamente hemos expresado que “la autoridad” a que

se refiere la Ley de Menores, es a la supervisión que este

foro ejerce sobre las medidas impositivas que se imponen a

los menores que han incurrido en conducta delictiva.

supervisión

se

afecta

una

vez

el

menor

pasa

Esta

a

la

supervisión del Tribunal General de Justicia, para cumplir

con la sentencia que como adulto se le ha impuesto.

En

otras palabras, si un menor se encuentra cumpliendo una

medida impositiva como menor y es procesado y convicto como

adulto, por cualquier delito, éste pasa inmediatamente a

estar bajo la autoridad del Tribunal General de Justicia

para cumplir su pena, cesando la autoridad del Tribunal de

4

El artículo 15 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec.

2215, regula el proceso mediante el cual el Procurador de

Menores solicita la renuncia de jurisdicción del Tribunal

de Menores, así como establece cuáles son los factores que

debe ponderar ese foro a la hora de hacer tomar su

decisión.

20

CC-2007-530

Menores.

Siendo este el alcance del artículo 5, el mismo

no

al

aplica

peticionario

caso

no

de

se

autos,

pues

como

ya

dijimos,

encuentra

bajo

la

supervisión

el

del

Tribunal General de Justicia habida cuenta que ya cumplió

con la pena impuesta.

A tenor con lo anterior, somos del criterio que dado

los

hechos

perdido

de

ni

este

su

peticionario.

caso,

el

jurisdicción

Tribunal

ni

su

de

Menores

autoridad

no

ha

sobre

el

Por lo tanto, nada impide que el foro de

menores, cumplido con los requisitos del artículo 15 de la

Ley de Menores, evalúe renunciar a su jurisdicción según se

le ha solicitado o continúe con el procedimiento que tenía

pendiente.

Esta valoración se enmarca, como sabemos, en

una determinación sobre cómo se sirven y adelantan “los

mejores

intereses

del

menor

y

de

la

comunidad.”

34

el

peticionario

nos

quejas

pendientes

su

L.P.R.A. sec. 2215.

Unas

solicita

observaciones

que

se

finales,

desestimen

las

en

contra porque según él, la Ley de Menores es vaga sobre

este asunto.

Ya hemos visto, de la discusión que antecede,

que él no tiene razón en su argumento.

Consignamos además,

que no podemos validar esta petición pues la misma no es

otra cosa que concluir, que la Ley de Menores le concede un

especial fuero al menor que es procesado y convicto como

adulto

por

delito

menos

grave.

“Nuestro

ordenamiento

jurídico no requiere tan peregrino resultado, en el que se

le confiere a un adulto inmunidad absoluta de que se le

21

CC-2007-530

juzgue en tribunal alguno….”

Pueblo v. Agosto Vázquez, 112

D.P.R. 57, 58 (1982).

El fin de la Justicia es la búsqueda de la verdad para

adelantar el bien común.

En esta grave encomienda, la

carambola, la argucia y el artificio, no son ni pueden ser

valores que permitan derrotar los principios fundamentales

que animan la Ley de Menores.

tan

sólo

a

disposiciones

nuestra

Nuestra decisión obedece no

interpretación

aplicables,

sino

del

texto

también,

al

de

las

sentir

que

permea el sistema de justicia juvenil.

En atención a la discusión que precede, procede que

modifiquemos

la

sentencia

dictada

por

el

Tribunal

de

Apelaciones y se devuelva el caso al Tribunal de Menores

para procedimientos ulteriores acordes a lo aquí dispuesto,

conforme se dispone en la sentencia dictada.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada