Tribunal Supremo de Puerto Rico
Sentencia con Opinión de Conformidad (Jurisdicción del Tribunal de Menores)
2008 TSPR 163
Poder Judicial de Puerto Rico
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Sentencia con Opinión de Conformidad (Jurisdicción del Tribunal de Menores)
CC-2007-0530
El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor J.E.T.A.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Certiorari
EL Pueblo de Puerto Rico
en interés del menor J.E.T.A
2008 TSPR 163
Peticionarios
175 DPR ____
Número del Caso: CC-2007-530
Fecha: 1 de octubre de 2008
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan/Humacao Panel V
Juez Ponente:
Hon. Lourdes Velázquez Cajigas
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Angel M. Font López
Oficina del Procurador General:
Lcda. Zaira Z. Girón Anadón
Procuradora General Auxiliar
Materia: Ley de menores y la Pérdida de Jurisdicción del Tribunal
de Menores
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
en interés del menor J.E.T.A
Peticionarios
CC-2007-530
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, 1 de octubre de 2008
El
17
de
agosto
de
2007
expedimos
el
auto
solicitado en el caso de epígrafe para revisar una
sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.
En
su sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó al
Tribunal de Primera Instancia, Asunto de Menores, y
ordenó el traslado del caso de epígrafe a una sala
ordinaria
de
lo
criminal
del
Tribunal
de
Primera
Instancia.
Ambas partes han comparecido por lo que estamos
en posición de resolver.
Evaluados
los
planteamientos
de
las
partes
se
2
CC-2007-530
dicta
sentencia
modificando
el
dictamen
del
Tribunal
de
Apelaciones a los fines de que devuelto el caso al Tribunal
de Menores éste evalúe si concede la petición de renuncia de
jurisdicción presentada a tenor con las disposiciones del
Artículo 15 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2215, o si
por el contrario, continuará atendiendo el proceso que pende
ante sí.
Así
lo
pronunció,
manda
el
Secretaria del Tribunal Supremo.
Tribunal
y
certifica
la
La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez emite Opinión de conformidad a la que se
une la Jueza Asociada señora Fiol Matta.
El Juez Presidente
disiente sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
en interés del menor J.E.T.A
Peticionarios
CC-2007-530
Opinión de conformidad emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez a la que se une la Jueza Asociada señora Fiol Matta
San Juan, Puerto Rico, 1 de octubre 2008
En
esta
ocasión
nos
corresponde
de
el
Ministerio
interrogante
si
contestar
Público
la
puede
solicitar el traslado de un caso ventilándose ante el
Tribunal
de
Menores
criminal,
luego
de
a
una
sala
ordinaria
de
lo
que
el
menor
transgresor
fuera
acusado y convicto como adulto por un delito menos
grave mientras pendía la acción en el Tribunal de
Menores.
I
Contra
el
menor
J.E.T.A.
se
presentaron
dos
quejas por las faltas tipificadas como actos lascivos
e impúdicos, alegadamente ocurridos en los meses de
octubre
y
noviembre
de
2004,
respectivamente;
una
2
CC-2007-530
tercera queja
por la
acaecidos
enero
sexual
en
por
falta de sodomía por alegados hechos
de
alegada
2005
y
conducta
septiembre de 2005.
una
cuarta,
incurrida
por
en
el
agresión
mes
de
Según surge de los pliegos de las
querellas, la fecha de nacimiento del menor es el 21 de
noviembre de 1987, por lo que al momento de los hechos
contaba con 17 años de edad y cumpliría los 18 años el 21
de noviembre de 2005.
El magistrado determinó no causa
probable.
El
Procurador
de
Menores
solicitó
una
vista
de
aprehensión en alzada y en ésta se determinó causa probable
el
7
de
agosto
de
2006.
Celebrada
la
vista
de
causa
probable para presentar querella bajo la Regla 2.10 de las
Reglas de Menores, 34 L.P.R.A. Ap.1-A, ante el Tribunal de
Primera
Instancia,
Sala
Superior,
Asuntos
de
Menores
(Tribunal de Menores), la vista adjudicativa quedó pautada
para el 18 de septiembre de 2006.
Ésta no se pudo llevar a
cabo
de
en
esa
fecha
y
luego
varias
suspensiones
atribuibles unas a la defensa, otras al Ministerio Público
y al propio tribunal, la vista quedó señalada para el 13 de
diciembre de 2006.
En el ínterin y estando pendiente la vista adjudicativa
del 13 de diciembre de 2006, el 5 de diciembre de 2006, se
presentó una denuncia contra el peticionario por el delito
menos grave de agresión, por hechos alegadamente ocurridos
el 31 de agosto de 2006.
allanó
a
la
Ese mismo día, el peticionario se
determinación
de
causa
probable
para
el
arresto, hizo alegación de culpabilidad y se le impuso la
3
CC-2007-530
pena de multa y el pago de la pena especial contemplada en
el artículo 67 del Código Penal de 2004.
En este proceso,
el peticionario estuvo representado por el mismo abogado
que lo representaba en el Tribunal de Menores.
Llegada
la
fecha
de
la
vista
adjudicativa
ante
el
Tribunal de Menores, la representación legal de J.E.T.A.
solicitó
la
desestimación
de
las
querellas
presentadas.
Apoyó su contención en el hecho de que una vez que se
presentó una denuncia contra J.E.T.A como adulto y éste fue
convicto por el delito imputado, el Tribunal de Menores
había perdido jurisdicción sobre él.
El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de
Menores,
acogió
la
abierta,
la
reprodujo
cual
moción
de
desestimación
luego
por
en
escrito.
corte
En
su
resolución indicó:
A base de lo dispuesto en el Artículo 5 de
La Ley de Menores y de un análisis de la
jurisprudencia citada por las partes y los
argumentos
esgrimidos
en
corte
abierta
el
Tribunal
declara
HA
LUGAR
la
solicitud
presentada por el menor por conducto de su
representación legal y ordena el cierre y
archivo de los casos por falta de autoridad del
Tribunal de Asuntos de Menores.
El procurador
solicitó una renuncia de jurisdicción “sui
generis” pidiéndole al Tribunal que traslade el
caso al Tribunal de Primera Instancia, Salón de
Sesiones de adulto.
Se declara NO HA LUGAR
dicha solicitud por entender el Tribunal que
carece de autoridad para ello pues el menor
cumplió los 18 años y al realizar la alegación
de
culpabilidad
como
adulto
no
se
puede
renunciar a lo que ya no se posee.
Inconforme,
el
Procurador
General
acudió
ante
el
Tribunal de Apelaciones.
Adujo que la Sala de Asuntos de
Menores
archivar
había
errado
al
las
faltas
pendientes
4
CC-2007-530
“declarándose sin jurisdicción o autoridad para ordenar el
traslado a la sala criminal de adultos.”
Apelaciones,
en
una
extensa
y
El Tribunal de
fundamentada
resolución,
revocó al Tribunal de Primera Instancia, Asuntos de Menores
y ordenó el traslado del caso a una sala ordinaria de lo
criminal
del
Tribunal
de
Primera
Instancia
para
la
continuación de los procedimientos.
Por no estar de acuerdo con la determinación, el menor
acudió
ante
este
Tribunal.
El
expedimos el auto solicitado.
17
de
agosto
de
2007
Ambas partes han comparecido
y estamos en posición de resolver, por lo que pasamos a así
hacerlo.
II
Debemos comenzar señalando que esta controversia es una
recurrente.
En
más
de
una
ha
enfrentado
ocasión
disímiles.
E.g., Pueblo en interés del menor P.L.N, caso
Pueblo
en
misma
interés
del
con
de
se
KLCE200501099;
la
Tribunal
Apelaciones
núm.
a
el
resultados
menor
J.R.G.,
KLCE2005-1009; Pueblo en interés del menor, KLCE-20050098.
Con lo cual, se hace imperativo que resolvamos de forma
concluyente cuál deba ser el curso apropiado en casos como
éste,
cumpliendo
así
con
nuestra
función
principal
de
pautar el Derecho puertorriqueño.
Como ya hemos indicado, el caso de autos gira en torno
a cómo se debe interpretar la expresión del artículo 5 de
la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2205, que dispone que
cuando un menor se encuentra bajo la autoridad del Tribunal
de
Menores
y
es
procesado
y
convicto
como
adulto,
el
5
CC-2007-530
Tribunal de Menores “perderá automáticamente su autoridad
sobre dicho menor”.
El peticionario, en un parco escrito
de certiorari, arguye que cuando ello ocurre el Tribunal de
Menores carece de jurisdicción sobre ese menor y no puede
trasladar el asunto que pendía ante sí a una sala ordinaria
de lo criminal del Tribunal de Primera Instancia.
En su
alegato, igualmente sucinto, nos indica que el artículo 5
de
la
Ley
de
Menores
es
vago
al
no
proveer
para
una
situación como la de autos por lo que “deben archivarse los
casos ante el Tribunal de Menores.”
Sobre el artículo 4 de
la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2204, nos apuntó que
ésta
no
aplica
en
este
caso
ya
que
su
convicción
como
adulto fue por delito menos grave y esta disposición se
refiere a convicciones por delito grave.
El
Estado,
interpretación
en
por
su
parte,
el
tenor
nos
propuesto
expresa
que
provocaría
que
una
la
conducta antisocial que se le imputa al menor quede impune.
Nos advierte además, que a medida que se ha exigido mayor
rigor y formalismo en los procedimientos ante la Sala de
Asuntos de Menores del Tribunal de Primera Instancia y se
le
han
reconocidos
a
los
menores
mayores
garantías
constitucionales, es imperativo también que se les exija, a
manera de contrapeso, un mayor nivel de responsabilidad y
exigibilidad
por
la
conducta
delictiva
en
que
incurren.
Por lo que aboga que se avale el traslado del asunto que se
ventilaba ante el Tribunal de Menores a una sala ordinaria
de lo criminal.
Arguye que el cese de autoridad sobre el
menor en virtud de su convicción como adulto, aun cuando
6
CC-2007-530
implica que ya éste no puede ser procesado como menor ni se
le puede imponer una medida dispositiva, no conlleva que el
Tribunal de Menores no pueda referir el caso que tiene ante
su consideración a una sala de lo criminal del Tribunal de
Primera Instancia.
Enmarcada la controversia bajo estos términos, pasemos
a su análisis.
III
A
La Ley de Menores, Ley núm. 88 de 9 de julio de 1986,
según enmendada, dispone en su artículo 2, 34 L.P.R.A. sec.
2202,
que
ésta
se
interpretará
de
conformidad
con
los
siguientes propósitos, a saber: 1. proveer para el cuidado,
protección,
desarrollo,
habilitación
y
rehabilitación
de
los menores y proteger el bienestar de la comunidad; 2.
proteger el interés público tratando a los menores como
personas necesitadas de supervisión, cuido y tratamiento, a
la vez que se le exige responsabilidad por sus actos; 3.
garantizar
a
todo
menor
un
trato
justo,
el
debido
procedimiento de ley y el reconocimiento de sus derechos
constitucionales.
34 L.P.R.A. sec. 2202.
Véase también,
Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R.
990,
996-997
constituyen
(1993).
guías
discreción judicial.
Estos
que
encausan
principios
el
teleológicos
ejercicio
de
la
Reflejan la noción que sostiene que
compete al Estado ofrecer al menor un trato rehabilitador
cuando transgrede la ley penal, a la misma vez que protege
7
CC-2007-530
el interés social de la comunidad de exigir responsabilidad
de quienes incurren en conducta delictiva.
El artículo 4 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec.
2204, regula todo lo concerniente a la jurisdicción de la
Sala
de
Asuntos
de
Menores
del
Tribunal
Superior.1
1
El artículo 4 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec. 2204,
dispone:
Jurisdicción del Tribunal
El Tribunal tendrá autoridad para conocer de:
(a) Todo caso en que se impute a un menor conducta
que constituya falta, incurrida antes de éste
haber cumplido dieciocho (18) años de edad.
Dicha
autoridad
estará
sujeta
al
período
prescriptivo dispuesto en las leyes penales para
la conducta imputada.
(b) Cualquier asunto relacionado con menores, sitúan
dispuesto mediante ley especial, confiriéndole
facultad para entender en dicho asunto.
El Tribunal no tendrá autoridad para conocer de:
(a) Todo caso en que se impute a un menor que
hubiere cumplido quince (15) años de edad la
comisión de hechos constitutivos de asesinato en
primer grado según definido en el inciso (a) del
Artículo 106 del Código Penal del estado Libre
Asociado de Puerto Rico.
(b) Todo caso en que se impute a un menor que
hubiere cumplido quince (15) años de edad hechos
constitutivos de delito que surjan de la misma
transacción o evento constitutivo de asesinato
en primer grado según definido en el inciso (a)
del Artículo 106 del Código Penal del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
(c) Todo caso en que se impute a un menor hechos
constitutivos de delito cuando se le hubiere
adjudicado previamente un delito grave como
adulto.
En todos los casos contemplados en los incisos
anteriores, el menor será procesado como adulto.
La Sala de lo Criminal del tribunal general de
Justicia conservará jurisdicción sobre el menor aún
cuando haga alegación de culpabilidad o medie
convicción por un delito distinto al asesinato, según
definido en el incisa (a) del Artículo 106 del código
Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Igualmente,
conservará
jurisdicción
cuando
el
Tribunal
Superior,
Sala
de
Menores,
hubiere
8
CC-2007-530
Establece que la Sala de Menores tendrá jurisdicción en todo
caso que se le impute al menor conducta que constituya falta
si fue incurrida antes de éste haber cumplido 18 años;
sujeto, claro está, al término prescriptivo correspondiente.
34 L.P.R.A. sec. 2204.
Allí se dispone también, que la Sala
de Asuntos de Menores no tiene jurisdicción cuando los actos
imputados al menor ocurren después de éste haber cumplido 18
años; o, si se le imputa asesinato en primer grado mediante
deliberación y premeditación o un delito que surja de esa
misma transacción o evento y el menor hubiese cumplido 15
años de edad.
34 L.P.R.A. sec. 2204.
Finalmente, el artículo 4 dispone que el Tribunal de
Menores no tendrá jurisdicción en “[t]odo caso en que se
impute a un menor hechos constitutivos de delito cuando se
le
hubiere
adulto.”
adjudicado
previamente
(Énfasis nuestro.)
un
delito
grave
como
La profesora Nevares Muñiz nos
indica lo siguiente sobre esta disposición:
[U]na vez un menor es procesado y convicto como
adulto por un delito cometido antes de su mayoría
de edad, el tribunal de Menores no tendrá
jurisdicción, si posteriormente este joven es
encausado por conducta constitutiva de delito
cometida antes de los 18 años.
La jurisdicción
penal por ese delito le corresponde al Tribunal
Ordinario, ya que una vez es enjuiciado y convicto
como adulto los tribunales ordinarios conservan su
jurisdicción sobre ese menor ya que su adultez
renunciado a la jurisdicción del menor y en el
procedimiento ordinario como adulto al menor se le
archivaran los cargos o se le encontrara no culpable.
Cuando un magistrado determine la existencia de causa
probable por un delito distinto al asesinato, según
definido en el inciso (a) del Artículo 106 del Código
Penal del Estado Libre Asociado, éste y cualquier
otro delito que surgiere de la misma transacción se
trasladará al Tribunal que ejerza su autoridad bajo
las disposiciones de esta ley y éste retendrá y
conservará jurisdicción, según se dispone en el
Artículo 5 de esta ley.
9
CC-2007-530
penal es jurídicamente
nuestro.)
irreversible.
(Énfasis
D. Nevares Muñiz, Derecho de Menores Delincuente Juvenil y
Menor Maltratado, Instituto para el Desarrollo del Derecho,
Inc., Hato Rey, 5ta ed., 2005, pág.26.
Véase
también,
Pueblo en interés del menor AAO, supra; Pueblo v. Figueroa
González, 95 D.P.R. 98, 107 (1967). Para todos los efectos,
la
convicción
estatutaria
del
por
delito
menor
y
en
grave
lo
provoca
sucesivo
la
adultez
toda
conducta
constitutiva de delito sólo se podrá tramitar en la sala de
lo criminal del Tribunal de Primera Instancia.
Así pues, “jurisdicción” en el ordenamiento jurídico de
menores alude “a la facultad especial de la Sala de Asuntos
de Menores para entender en procesos contra éstos y se
relaciona ‘con la cuestión de si el menor debe ser encausado
dentro del sistema de justicia juvenil o en el sistema de
justicia criminal’”.
Pueblo v. Suárez Alers, res. 11 de
mayo de 2006, 165 D.P.R. ___, 2006 TSPR 83.
Véase, Pueblo
en interés del menor A.A.O., 138 D.P.R. 160, 172 (1995).
Por otro lado, el artículo 5 de la Ley de Menores, 34
L.P.R.A.
sec.
2205,
dispone
que
Tribunal
de
Menores
conservará su autoridad sobre los menores que se encuentran
sujetos a las disposiciones de dicho estatuto, hasta que el
menor cumpla la edad de 21 años, a menos que mediante orden
al efecto, se de por terminada esa autoridad.2
El artículo
2
Específicamente, el Artículo 5 de la Ley de Menores, 34
L.P.R.A. sec. 2205, en su parte pertinente dispone que:
En todos los casos en que un menor; estando aún
bajo la autoridad del Tribunal, sea procesado y
convicto como adulto, el Tribunal (Sala Asuntos de
Menores) perderá automáticamente su autoridad
sobre dicho menor. En estos casos, si al momento
de ser acusado como adulto, el menor no presta la
10
CC-2007-530
especifica
también
que,
cuando
el
menor
sujeto
a
la
autoridad del Tribunal de Menores sea procesado y convicto
como
adulto,
cesará
automáticamente
la
autoridad
del
Tribunal de Menores y será puesto bajo la autoridad del
Precisamente, esta última
Tribunal General de Justicia.
disposición fue incorporada al artículo 5 de la Ley de
Menores mediante la Ley núm. 334 de 16 de septiembre de
2004, luego de resuelto Pueblo en interés del menor A.A.O.,
supra.
Véase,
Nevares
Muñiz,
op.
cit.,
pág.
28.
Se
estima, que una vez “el menor ha sido juzgado y convicto
como
adulto,
ello
significa
que
tiene
la
madurez
imputabilidad requerida para ser tratado como tal….”
e
Ibid.
Véase además, Pueblo en interés del menor A.A.O., supra.
En Pueblo v. Suárez Alers, supra, indicamos que el
concepto “autoridad” utilizado en la Ley de Menores, “se
refiere a la ‘supervisión, detención o custodia del menor
que asume el Estado como parens patriae, mientras a éste se
le encausa y luego de que se ha determinado que está incurso
en la comisión de una falta.’”
Por lo que “autoridad”
apunta, esencialmente, “al tipo y la duración de la medida
impuesta, una vez se determine que el menor se encuentra
incurso en una falta.”
Loc. cit.
Vemos así cómo ambos
fianza
que
le
fuera
impuesta,
éste
deberá
permanecer internado en una institución de la
Administración de Instituciones Juveniles hasta
tanto sea convicto como adulto.
Una vez sea
convicto como adulto cesará la autoridad de la
Administración de Instituciones Juveniles sobre
dicho menor y el mismo será puesto inmediatamente
bajo
la
autoridad
del
Tribunal
General
de
Justicia.
El Tribunal tomará las providencias
necesarias para asegurarse de que el convicto
quede bajo la custodia de la Administración.
(Énfasis nuestro.)
11
CC-2007-530
conceptos están íntimamente relacionados pero se refieren a
etapas distintas del proceso.
Para resumir, para que el Tribunal de Menores pierda su
autoridad sobre un menor se requiere o que el menor advenga
a la edad de 21 años o, que el tribunal emita una orden en
tal sentido.
O, en lo que nos atañe, que estando el menor
sujeto a una medida dispositiva impuesta por el Tribunal de
Menores, recaiga una convicción como adulto por cualquier
delito
y
éste
pase
a
estar
bajo
la
jurisdicción
supervisión del Tribunal General de Justicia.
y
Es decir,
sobre este último inciso del artículo 5, se exige que el
menor esté sujeto a una mediada impositiva que le haya sido
impuesta por el Tribunal de Menores luego de su convicción
por una falta, cuando sobrevenga la convicción como adulto
por
cualquier
delito.
Por
el
contrario,
se
pierde
la
jurisdicción sobre un menor siempre que éste sea convicto
como adulto por un delito grave -–lo que opera como una
adultez estatutaria-- y en lo sucesivo, en virtud de ello,
sólo podrá ser procesado como adulto.
En Pueblo en interés del menor AAO, supra, luego de
analizar detenidamente las diferencias entre el concepto
jurisdicción y autoridad contemplado en la Ley de Menores,
concluimos que “cuando el Tribunal emite una orden de cese
de
autoridad
general,
tiene
supervisión
un
menor,
dicha
orden,
efecto
sobre
la
terminación
de
la
Tribunal
sobre
el
cumplimiento
de
una
sobre
del
como
regla
medida dispositiva en particular, no sobre la persona del
menor
en
asuntos
posteriores.”
(Énfasis
nuestro.)
Es
12
CC-2007-530
decir, esta orden no tiene el efecto de, por sí misma,
“poner fin a la jurisdicción del Tribunal de Menores para
atender en otras querellas.”
Loc. cit.
Así por ejemplo,
el Tribunal de Menores cesa su autoridad sobre el menor al
término
de
la
medida
asumir
jurisdicción
impositiva
nuevamente
impuesta,
en
caso
de
pero
podría
una
nueva
querella por faltas cometidas siendo menor.
De lo anterior se colige que la convicción de un menor
por un delito afecta tanto la jurisdicción del Tribunal de
Menores sobre éste, así como su autoridad.
Explico.
En el
primero de los casos, y luego de una convicción por delito
grave, el Tribunal de Menores no tendrá jurisdicción para
atender nuevas conductas delictivas incurridas por un menor
de 18 años.
Ello así, por disposición expresa del artículo
4 de la Ley de Menores.
adulto,
Por otra parte, la convicción como
independientemente
del
grado
del
delito,
además la autoridad del Tribunal de Menores.
afecta
Cuando ello
ocurra, el cumplimiento de cualquier condición relativa a
la medida dispositiva impuesta al menor por el Tribunal de
Menores
por
una
transgresión
anterior,
pasará
a
la
autoridad del Tribunal General de Justicia, cesando en su
autoridad la Administración de Instituciones Juveniles y la
supervisión, claro está, del Tribunal de Menores.
artículo 5 de la Ley de Menores.
Véase,
Véase también, Nevares
Muñiz, op. cit., pág. 36.
Además, habida cuenta que la autoridad del Tribunal de
Menores sobre el menor se refiere también a la supervisión
que asume el Estado como parens patriae mientras a éste se
13
CC-2007-530
le encausa, su convicción como adulto por cualquier delito
puede
incidir
ventilando
también
cuando
sobre
los
procesos
que
se
sobreviene
la
convicción
como
están
adulto,
pues el menor se encuentra ya bajo la autoridad de los
tribunales
ordinarios
cumpliendo
la
pena
que
le
fue
impuesta, y el Tribunal de Menores no podrá supervisar una
nueva
medida
dispositiva.
Pueblo
A.A.O., supra, pág. 180.
en
interés
del
menor
En estos casos, aun cuando se
tenga jurisdicción sobre el menor, “el Tribunal de Menores
no puede tratar al menor bajo su jurisdicción.”
Repasemos
someramente
nuestra
Id.
jurisprudencia,
por
entender que la misma arroja luz sobre la solución adecuada
a la controversia ante nuestra consideración.
B
Iniciamos,
reseñando
los
hechos
del
caso
Pueblo
en
En este caso, el menor imputado
interés del menor A.A.O.
había sido procesado como menor y se le había impuesto una
medida dispositiva.
Tiempo después, se presentaron varias
denuncias en su contra por los delitos de asesinato, robo e
infracciones
a
la
Ley
de
Armas.
Estas
denuncias
se
sometieron ante el Tribunal Superior toda vez que así lo
ordena
el
excluidas
artículo
de
la
4
de
la
Ley
de
Menores
jurisdicción
del
Tribunal
de
al
estar
Menores.
Procesado y convicto, y mientras cumplía su sentencia, el
Procurador de Menores solicitó el cese de autoridad del
Tribunal de Menores.
Poco tiempo después, el Ministerio Público advino en
conocimiento de que el joven había incurrido en conducta
14
CC-2007-530
delictiva días antes de los delitos por los que fue acusado
y convicto como adulto.
La controversia entonces era si se
le podía instar una nueva queja en el Tribunal de Menores
por
las
faltas
autoridad
que
incurridas
el
ante
la
de
Menores
Tribunal
orden
de
cese
había
de
emitido.
Concluimos que, en estas circunstancias, la orden dando por
terminada
la
autoridad
del
Tribunal
de
Menores,
también
surtía efecto sobre su persona y no meramente sobre la
querella.
Ello
así,
ya
que
el
cese
de
autoridad
del
Tribunal de Menores obedeció a que el menor había sido
acusado y convicto por un delito lo que daba paso a que
adviniera
a
la
adultez
estatutaria
y
pasara
a
la
jurisdicción del Tribunal Superior, por lo que de asumirse
jurisdicción
“estaría
en
un
nuevo
incapacitado
caso,
el
Tribunal
posteriormente
para
cualquier medida dispositiva que se le imponga.”
interés del menor AAO, supra.
de
Menores
supervisar
Pueblo en
Señalamos, específicamente,
que ésta es una de las excepciones en la que el Tribunal de
Menores “no puede tratar al menor bajo su jurisdicción.”
Loc. cit.
En resumen, resultaba improcedente iniciar un
nuevo proceso ante el Tribunal de Menores.
Recientemente, en Pueblo en interés del menor Suárez
Alers,
resolvimos
que
el
Tribunal
de
Menores
podía
renunciar a su jurisdicción en un caso de un menor ofensor
de 13 años de edad a la fecha de los hechos delictivos,
pero quién había advenido a la mayoridad al presentarse la
queja en su contra.
La adultez natural del imputado no era
impedimento para que el Tribunal de Menores evaluase una
15
CC-2007-530
moción de renuncia de jurisdicción presentada y remitiera
el caso pendiente a una sala de lo criminal para que fuese
procesado como adulto.
En otras palabras, resolvimos que
el Tribunal de Menores tenía jurisdicción sobre la persona
adulta pues, como ya habíamos resuelto, es la edad del
imputado a la fecha de los hechos uno de los criterios
determinantes a la jurisdicción del Tribunal de Menores.
Pueblo en interés del menor F.R.F., 132 D.P.R. 172 (1993).
La edad al momento de la alegada falta es lo que determina
la condición de menor.
Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R.
114, 120 (1980); Pueblo v. Andujar, 80 D.P.R. 822 (1958).
En
Suárez
Alers,
el
Ministerio
Público
advino
en
conocimiento de unos hechos delictivos incurridos por un
menor cuando ya éste era mayor de edad.
El Procurador de
Menores presentó una queja ante el Tribunal de Menores y
luego solicitó la renuncia del tribunal a su jurisdicción a
tenor con el artículo 15 de la Ley de Menores.
El Tribunal
de Menores renunció a su jurisdicción y refirió el caso a
una sala ordinaria de lo criminal del Tribunal Superior.
Como ya adelantamos, en Suárez Alers concluimos que,
como
cuestión
jurisdicción
de
sobre
hecho,
la
el
Tribunal
de
Menores
queja
presentada
en
su
tenía
contra
no
obstante ser éste mayor de edad a la fecha de presentarse
la misma, pues lo relevante era cuál era la edad del menor
a
la
fecha
de
los
incidentes.
Ello
no
obstante,
el
Tribunal de Menores no tenía autoridad para procesarle e
imponerle una medida dispositiva, precisamente por haber
advenido a la adultez.
En estas circunstancias, procedía
16
CC-2007-530
que el Tribunal de Menores renunciara a su jurisdicción
conforme dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Menores.
Al aplicar la normativa expuesta a los hechos específicos
del caso, concluimos que era improcedente la renuncia en
este caso porque a la fecha de los hechos el menor imputado
contaba con 13 años y la Ley de Menores no autorizaba la
renuncia
de
transgresores
menores
de
14
años.
Específicamente indicamos:
[E]l Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior
de Aguadilla, Asuntos de Menores, aun cuando podía
asumir jurisdicción en la queja instada por la
Procuradora de Menores contra Suárez Alers por ser
éste menor de edad al momento de los hechos, no
podía
bajo
ningún
supuesto
renunciar
a
su
jurisdicción y referir el asunto a la Sala de lo
Criminal del Tribunal Superior.
Ello, ya que
Suárez Alers era menor de catorce (14) años al
momento de los hechos imputados y el Art. 15 de la
Ley de Menores no autoriza la renuncia en estos
casos.
No hay duda que si la queja contra Suárez Alers
hubiese sido presentada al momento de los alegados
hechos delictivos, la Sala de Asuntos de Menores
estaba
imposibilitada
de
renunciar
a
su
jurisdicción. Si era improcedente en ese momento,
también lo es ahora. (Énfasis nuestro.)
Expuesto el derecho aplicable, pasemos ahora a aplicar
las normas discutidas a los hechos de este caso.
IV
Como indicamos inicialmente, en el presente caso, el 25
de enero de 2006 se presentaron sendas querellas contra el
menor J.E.T.A. por las siguientes faltas: dos querellas por
actos lascivos conforme el artículo 105 del Código Penal
derogado, una querella por sodomía a tenor con el artículo
103 del Código Penal de 1974 y una querella por agresión
sexual conforme al artículo 142 del Código Penal
vigente.
17
CC-2007-530
Se le imputó que incurrió en tal conducta contra el menor
E.O.C.A., quien a la fecha de los hechos contaba con 9 y 10
años de edad.
Pendiente la vista adjudicativa, unos días
antes y ya advenido J.E.T.A. a los 18 años, éste se declaró
culpable
de
infracción
vigente
(agresión
agosto de 2006.
al
simple)
artículo
por
121
hechos
del
Código
ocurridos
el
Penal
31
de
Se le impuso como pena una multa de $100.
Es decir, en este caso el peticionario se encontraba
en medio del proceso adjudicativo como menor de 21 años,
cuando cumplido ya los 18, cometió un delito por el cual se
declaró culpable.
El Tribunal de Menores se encontraba por
tanto en el válido ejercicio de su jurisdicción y autoridad
sobre el menor, la cual ostentaría, de ordinario, hasta que
cumpliese 21 años de edad.
Ello no obstante, al momento de
iniciarse la vista adjudicativa, como ya hemos visto, el
menor había sido convicto de delito menos grave mas no se
encontraba
bajo
la
supervisión
del
Tribunal
General
de
Justicia ya que había cumplido con la pena impuesta, es
decir, había pagado la multa de $100.
La interrogante que
se nos plantea entonces es si ante este cuadro, el Tribunal
de Menores tiene que ordenar el archivo del caso que pende
ante sí, o lo puede referir a una sala ordinaria de lo
criminal
del
Tribunal
Superior
luego
de
renunciar
a
su
jurisdicción, o tiene jurisdicción para continuar con el
proceso que se ventilaba.
El peticionario nos indica que no aplica en este caso
lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Menores porque
su convicción fue por un delito menos grave.
Tiene razón
18
CC-2007-530
respecto a este asunto.
Este artículo es claro al ordenar
el cese de jurisdicción ante la convicción por un delito
grave, no cabe, por lo tanto, argumentar que en alguna
medida aplica a este caso.
Arguye también, que el artículo
5 tampoco regula esta controversia por ser vago, con lo
cual, concluye que lo procedente es archivar el caso que
estaba pendiente.
En cuanto a este argumento, no tiene
razón.
En estricto rigor, ni el artículo 4 ni el 5 de la Ley
de
Menores
nos
ofrece
una
clara
respuesta
a
esta
interrogante.3
Somos del criterio sin embargo, que una
lectura
de
ambos
así
como
integral
anteriormente,
artículos
conforme
nuestra
hiciéramos
más
reciente
jurisprudencia, nos lleva a la conclusión de que nada en la
Ley de Menores priva de jurisdicción al foro de menores
para
continuar
consideración
ventilando
e
el
imponer
caso
que
tenía
la
medida
ante
su
dispositiva
correspondiente, antes del menor advenir a la edad de 21
años, de estimar probado los hechos que se alegan.
el
Tribunal
petición
del
jurisdicción
3
el
Tribunal
Procurador
del
menor;
de
de
Menores
Menores
claro
pueda
de
está,
O, que
atender
renunciar
cumplidos
a
la
la
los
Cuando una disposición estatutaria no es clara, como
parece ser el caso de los artículos citados de la Ley de
Menores, es deber de este Tribunal llenar las lagunas que
hubiesen y armonizar aquellas disposiciones que estén o
parezcan estar en conflicto.
Art. 7 del Código Civil, 31
L.P.R.A. sec. 7; Pueblo en interés del menor A.A.O., 138
D.P.R. 160, 176 n. 20 (1995).
19
CC-2007-530
requisitos
Menores.
dispuestos
en
el
artículo
15
de
la
Ley
de
34 L.P.R.A. sec. 2215.4
Lo primero que debemos acotar es que una convicción
como adulto por delito menos grave donde la pena impuesta
fue la de multa y la misma fue satisfecha, como ha ocurrido
en este caso, no supone una pérdida de jurisdicción del
Tribunal de Menores sobre el menor o sobre el proceso que
en su contra se ventila.
Ciertamente, ello no lo exige el
artículo
Menores,
4
de
la
Ley
de
pues
como
vimos
éste
ordena que la convicción sea por delito grave para que se
pierda la jurisdicción.
Veamos qué limitación, si alguna,
impone el artículo 5 sobre la resolución de este caso.
Reiteradamente hemos expresado que “la autoridad” a que
se refiere la Ley de Menores, es a la supervisión que este
foro ejerce sobre las medidas impositivas que se imponen a
los menores que han incurrido en conducta delictiva.
supervisión
se
afecta
una
vez
el
menor
pasa
Esta
a
la
supervisión del Tribunal General de Justicia, para cumplir
con la sentencia que como adulto se le ha impuesto.
En
otras palabras, si un menor se encuentra cumpliendo una
medida impositiva como menor y es procesado y convicto como
adulto, por cualquier delito, éste pasa inmediatamente a
estar bajo la autoridad del Tribunal General de Justicia
para cumplir su pena, cesando la autoridad del Tribunal de
4
El artículo 15 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sec.
2215, regula el proceso mediante el cual el Procurador de
Menores solicita la renuncia de jurisdicción del Tribunal
de Menores, así como establece cuáles son los factores que
debe ponderar ese foro a la hora de hacer tomar su
decisión.
20
CC-2007-530
Menores.
Siendo este el alcance del artículo 5, el mismo
no
al
aplica
peticionario
caso
no
de
se
autos,
pues
como
ya
dijimos,
encuentra
bajo
la
supervisión
el
del
Tribunal General de Justicia habida cuenta que ya cumplió
con la pena impuesta.
A tenor con lo anterior, somos del criterio que dado
los
hechos
perdido
de
ni
este
su
peticionario.
caso,
el
jurisdicción
Tribunal
ni
su
de
Menores
autoridad
no
ha
sobre
el
Por lo tanto, nada impide que el foro de
menores, cumplido con los requisitos del artículo 15 de la
Ley de Menores, evalúe renunciar a su jurisdicción según se
le ha solicitado o continúe con el procedimiento que tenía
pendiente.
Esta valoración se enmarca, como sabemos, en
una determinación sobre cómo se sirven y adelantan “los
mejores
intereses
del
menor
y
de
la
comunidad.”
34
el
peticionario
nos
quejas
pendientes
su
L.P.R.A. sec. 2215.
Unas
solicita
observaciones
que
se
finales,
desestimen
las
en
contra porque según él, la Ley de Menores es vaga sobre
este asunto.
Ya hemos visto, de la discusión que antecede,
que él no tiene razón en su argumento.
Consignamos además,
que no podemos validar esta petición pues la misma no es
otra cosa que concluir, que la Ley de Menores le concede un
especial fuero al menor que es procesado y convicto como
adulto
por
delito
menos
grave.
“Nuestro
ordenamiento
jurídico no requiere tan peregrino resultado, en el que se
le confiere a un adulto inmunidad absoluta de que se le
21
CC-2007-530
juzgue en tribunal alguno….”
Pueblo v. Agosto Vázquez, 112
D.P.R. 57, 58 (1982).
El fin de la Justicia es la búsqueda de la verdad para
adelantar el bien común.
En esta grave encomienda, la
carambola, la argucia y el artificio, no son ni pueden ser
valores que permitan derrotar los principios fundamentales
que animan la Ley de Menores.
tan
sólo
a
disposiciones
nuestra
Nuestra decisión obedece no
interpretación
aplicables,
sino
del
texto
también,
al
de
las
sentir
que
permea el sistema de justicia juvenil.
En atención a la discusión que precede, procede que
modifiquemos
la
sentencia
dictada
por
el
Tribunal
de
Apelaciones y se devuelva el caso al Tribunal de Menores
para procedimientos ulteriores acordes a lo aquí dispuesto,
conforme se dispone en la sentencia dictada.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada