LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Otto H. Curras Ortiz

2008 TSPR 147

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Otto H. Curras Ortiz

CP-2003-0001

Conducta Profesional- Suspensión indefinida de la abogacía por violación a los Cánones 9, 35 y 38 de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

2008 TSPR 147

Otto H. Curras Ortiz

175 DPR ____

Número del Caso: CP-2003-1

Fecha: 31 de julio de 2008

Oficina del Procurador General:

Lcda. Noemí Rivera De León

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Maite D. Oronoz Rodríguez

SubProcuradora General

Abogado de la Parte Querellada:

Lcdo. Antonio Bauza Torres

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión será efectiva el 28 de agosto de 2008

fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión

inmediata.)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Otto H. Curras Ortiz

CP-2003-1

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008

Mediante

1998,

el

Superior,

resolución

Lcdo.

Héctor

remitió

a

la

de

8

de

Cordero

septiembre

Vázquez,

consideración

de

de

Juez

este

Tribunal la conducta y proceder de los abogados que

participaron en el caso Manuel Curras Figueroa v.

Otto Curras Ortiz, Civil Núm. EAC92-0327 (611), con

el propósito de que fuera evaluada a tenor con los

Cánones de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Luego de ordenarle al Procurador General de Puerto

Rico

la

realización

de

la

correspondiente

investigación, este Tribunal instruyó al Procurador

General para que evaluara, además, las actuaciones

del

Lcdo.

Otto

Curras

Ortiz,

quien

intervenía

2

CP-2003-1

en

el

referido

caso

en

capacidad

de

parte

y

no

como

representante legal.1

El Procurador General sometió un primer Informe que

luego fue enmendado para atender diversos señalamientos del

licenciado

Curras

recomendó

que

las

evaluadas

de

forma

Ortiz.

En

síntesis,

el

Procurador

actuaciones

del

separada

independiente;

e

querellado

fueran

sostuvo,

además, que la investigación practicada evidenció que el

licenciado Curras Ortiz faltó a su deber, como miembro de

la profesión, de comportarse de forma sincera y honrada

tanto ante los tribunales de instancia como ante los foros

disciplinarios e, incluso, ante este Tribunal. Por dicha

razón, el Procurador concluyó en la querella presentada que

el

licenciado

Curras

Ortiz

incurrió

en

conducta

constitutiva de infracción a los Cánones 9, 12, 35 y 38 de

los de Ética Profesional. En su contestación a la querella

enmendada, el abogado querellado aceptó que violó el Canon

35, sosteniendo que los demás cargos quedan subsumidos en

las imputaciones del primero.

Este Tribunal designó al Lcdo. Ángel F. Rossy García

para

que,

en

presencia

de

las

partes

y

en

calidad

de

comisionado especial, recibiera la prueba y nos rindiera un

informe con sus determinaciones de hechos y recomendaciones

de derecho. El Comisionado Especial presentó su Informe;

concluyó que la prueba presentada --a su juicio,

1

prueba

El Lcdo. Otto H. Curras Ortiz fue admitido al ejercicio de

la abogacía en Puerto Rico el 6 de noviembre de 1980.

3

CP-2003-1

clara,

robusta

y

convincente--

demuestra

que

el

abogado

querellado incurrió en conducta antiética constitutiva de

infracción a los Cánones 9, 35 y 37 de Ética Profesional.

Resolvemos.

I

En

el

año

1987,

el

Lcdo.

Otto

H.

Curras

Ortiz

compareció como peticionario ante el Tribunal Superior de

Puerto Rico, Sala de Bayamón, en un procedimiento ex parte

sobre declaratoria de herederos, obteniendo de ese foro una

resolución

mediante

la

cual

universal

heredero

de

su

se

tío

le

declaraba

fallecido

único

Miguel

y

Ortiz

Marrero. Posteriormente, con arreglo a tal determinación

judicial,

Curras

Ortiz

retiró

e

hizo

suyos

los

fondos

depositados en una cuenta bancaria propiedad del mencionado

pariente.

Años más tarde, la viuda y las dos hijas del fenecido

Miguel Ortiz Marrero, quienes residían en Nueva Jersey y

Carolina

del

Sur,

respectivamente,

presentaron

sendas

quejas ante el Colegio de Abogados de Puerto Rico contra

Curras

Ortiz.

Adujeron,

legítimas

herederas

conocían

personalmente

en

de

esencia,

Ortiz

a

su

que

Marrero

primo

y

Curras

ellas

eran

las

que

aunque

no

Ortiz,

sabían

quien era éste. Añadieron, que Curras Ortiz conocía y sabía

que su tío fallecido se había casado en Estados Unidos y

que tenía dos hijas. Además, señalaron que Ortiz Marrero

tenía otros hermanos y familiares en Puerto Rico. Por lo

4

CP-2003-1

tanto,

sostuvieron

que

la

declaratoria

de

había

obtenido

base

de

información

falsa

a

herederos

y

el

se

aquí

querellado había engañado al tribunal que la emitió.

Luego de la investigación correspondiente, el Colegio

de Abogados presentó una querella ante este Tribunal contra

el licenciado Curras Ortiz, en la cual le imputó que, a

sabiendas, había presentado prueba falsa ante el tribunal

de

instancia

herederos

con

de

el

Miguel

propósito

Ortiz

de

defraudar

Marrero

y

a

otros

apropiarse

así,

ilícitamente, del caudal hereditario de éste. Se le imputó,

entonces, que con su conducta y proceder violó los Cánones

5, 35 y 38 del Código de Ética Profesional.

En

su

licenciado

contestación

Curras

Ortiz

a

la

alegó

referida

que

a

la

querella,

el

fecha

que

en

promovió la declaratoria de herederos, que dio base a la

querella,

desconocía

que

su

tío

hubiese

dejado

descendientes legítimos. Admitió, no obstante, que a esa

fecha

existían

otros

parientes

colaterales

con

derechos

hereditarios con respecto al caudal en cuestión y que no le

informó ese hecho al tribunal. Sin embargo, expuso que ello

no había perjudicado a los otros parientes ya que estos no

tenían interés en la herencia en cuestión y que le habían

dado

consentimiento

Acompañó,

como

tácito

prueba

de

para

lo

actuar

anterior,

como

una

lo

hizo.

declaración

jurada de una sobrina de Ortiz Marrero, quien aseveró que

no conocía que su tío tuviese hijos y que no tenía interés

en los fondos que dejó su tío.

5

CP-2003-1

Habiendo admitido el querellado que le mintió al foro

judicial al exponer bajo juramento que él era el único

heredero del causante, este Tribunal, descansando en las

admisiones y alegaciones entonces hechas por el querellado,

emitió Opinión Per Curiam el 13 de agosto de 1996 en el

caso In re Otto H. Curras Ortiz, 141 D.P.R. 127 (1996). En

ésta

declaró

Cánones

35

al

y

querellado

38

de

incurso

Ética

en

infracción

Profesional.

Como

a

los

sanción

disciplinaria le impuso una suspensión del ejercicio de la

profesión

y

del

Posteriormente,

notariado

mediante

por

el

término

Resolución

de

emitida

un

año.

por

este

Tribunal el 26 de septiembre de 1997, Curras Ortiz fue

reinstalado como abogado. In re Curras Ortiz, 143 D.P.R.

876 (1997).

Luego del referido que hizo el Juez Cordero Vázquez a

este

Tribunal

en

el

año

1998,

el

cual

da

lugar

a

la

querella que hoy nos ocupa, afloró que la realidad era una

diferente a la entonces presentada por el licenciado Curras

Ortiz

unos

años

hechas

por

el

antes;

es

decir,

querellado

para

que

las

afirmaciones

defenderse

en

el

procedimiento disciplinario anterior no se ajustaban a la

verdad.

En

primer

lugar,

hacemos

procesal

habido

en

caso

el

referencia

Sucesión

al

Aponte

trámite

Palma

v.

Sucesión Nemesia Curras, Civil Núm. EAC-93-0061, sobre una

acción presentada el 5 de marzo de 1993, es decir, dos años

antes de la presentación de la primera querella. Entre los

6

CP-2003-1

demandados y reconvencionistas en dicho procedimiento se

encontraba

el

querellado

y

su

hermana

Madreselva

Curras

Ortiz. El licenciado Curras Ortiz aceptó en la contestación

a la demanda que Madreselva era su hermana y, además, que

era incapacitada y que el aquí querellado era su tutor. Más

adelante, expuso el querellado en la alegación primera de

la

reconvención

que

“los

demandados

y

reconvencionistas

Otto y Madreselva Curras Ortiz han sido declarados, entre

otros, herederos únicos y universales de la causante tía

suya

Nemesia,”

ello

mediante

resolución

dictada

por

el

Tribunal de Distrito de Caguas, Civil Núm. CD-93-126. Ahora

bien,

resulta

herederos

por

significativo

que

en

la

declaratoria

él

de

su

tía

Nemesia

promovida

de

Curras

Figueroa, suscrita bajo juramento el 17 de diciembre de

1992

y

radicada

el

19

de

enero

de

1993,

excluyó

a

su

hermana incapacitada Madreselva; ésta, también fue excluida

en

la

resolución

que

emitió

el

Tribunal

conforme

a

lo

peticionado el 3 de febrero de 1993.

La mencionada información pertinente y material a la

primera querella instada contra el licenciado Curras Ortiz,

no fue llevada por éste a la atención de este Tribunal en

el primer proceso disciplinario. Contrario a la realidad y

constándole

que

en

la

declaratoria

de

herederos

por

él

promovida que dio base a la querella no sólo excluyó a sus

parientes

colaterales

sino

a

su

propia

hermana

incapacitada, le ocultó tal hecho a este Tribunal. Dicha

acción de su parte evidentemente constituía un agravante a

7

CP-2003-1

la

falta

ética

consideración

por

por

él

incurrida

y

este

Tribunal.

La

que

fue

objeto

gravedad

de

de

tal

proceder se manifiesta cuando alega ante este Tribunal que

sus parientes colaterales no se habían perjudicado de su

actuación porque no tenían interés en la herencia y le

habían dado el consentimiento tácito para actuar como lo

hizo.

Para

ese

momento,

le

constaba

que

su

hermana

incapacitada estaba impedida de consentir a tal actuación

de su parte, por lo que tal información por él suministrada

era también incompleta, imprecisa y falsa.2

De otra parte, el 3 de abril de 1989, el licenciado

Curras Ortiz promovió una petición sobre declaratoria de

2

Madreselva Curras Ortiz nació el 3 de abril de 1959,

quedando bajo custodia de los padres del querellado desde

que era recién nacida. En palabras del querellado durante

su testimonio, conoce de la existencia de Madreselva desde

que su madre la llevó a su casa de pequeñita. Entonces, sus

padres iniciaron un proceso de adopción en el año 1959 que

terminó en 1967.

En lo que respecta al estado mental de Madreselva y

según atestado en el proceso por la Sra. Marta Ferrer,

Trabajadora Social del Instituto Pedagógico, ésta tiene un

retardo mental profundo, no habla y es dependiente para

todas sus necesidades en el diario vivir, lo que incluye

alimentación y medicamentos. Por su condición requiere

supervisión continua las 24 horas del día.

Después de la muerte de los padres del querellado,

Madreselva quedó bajo la custodia y cuidado del querellado

por dos años, cuando fue ingresada en el Instituto

Psicopedagógico a causa de su condición de salud. El

licenciado Curras Ortiz es el tutor de la incapaz, provee

para que se atiendan sus necesidades personales y la visita

con regularidad.2 Según lo atestado por la trabajadora

social, es cariñoso con ella, se comporta como un hermano y

es el único familiar que se le ha acercado con relación a

Madreselva.

8

CP-2003-1

herederos de sus padres Margarita Ortiz Marrero y Rafael

Curras Figueroa, caso Civil Núm. KJV-89-322(808), ante la

Sala de San Juan del antiguo Tribunal Superior. Considerada

como

fue

dicha

petición,

el

tribunal

emitió

resolución

declarando único y universal heredero de dichos causantes

al

aquí

querellado.

Se

excluyó

así,

de

la

petición

y

posterior resolución, a su hermana incapacitada Madreselva

Curras Ortiz.3

El

17

enmienda

de

alguna

diciembre

a

la

de

1992,

sin

haber

solicitado

resolución

de

declaratoria

de

herederos de sus padres4, promovió una nueva declaratoria de

herederos de su tía la Sra. Nemesia Curras Figueroa, Caso

Civil Núm. CD-93-126. En ésta, el querellado hizo exclusión

de su hermana incapacitada en el listado de herederos con

derecho a participar en la herencia. Considerada como fue

dicha

petición,

y

la

prueba

complementaria

con

ella

3

El 13 de noviembre de 1991 el licenciado Curras Ortiz

otorgó una declaración jurada ante notario, en la cual

reconoció a Madreselva como su hermana con sus mismos

apellidos. Indicó en el escrito que fue declarado tutor y

que es la persona encargada del bienestar de Madreselva por

designación del Seguro Social federal y autorizó a que se

le brindara atención médica de ser necesario. Previo a

ello, había suscrito el 21 de junio de 1991 una

autorización, en capacidad de hermano de Madreselva con sus

mismos apellidos, para la prestación de servicios médicos y

psiquiátricos, así como una autorización para la toma de

fotografías.

4

Eventualmente, el querellado procedió a añadir a

Madreselva como heredera de sus padres mediante la

presentación de una nueva declaratoria de herederos en el

caso Otto Curras Ortiz, Peticionario Ex Parte, Civil Núm.

1994-1879.

9

CP-2003-1

incluida, el tribunal emitió resolución declarando al aquí

querellado heredero de la señora Curras Figueroa, en unión

a varios tíos y primos de éste. En dicha resolución, al

igual que en las anteriores por el promovidas se excluyó a

su hermana incapacitada Madreselva.5

El 26 de agosto de 1992, el licenciado Curras Ortiz

presentó sus planillas de contribución sobre ingresos para

los años 1987 a 1990. En éstas, reclamó a Madreselva Curras

Ortiz,

como

su

hermana

dependiente

incapacitada.

No

obstante, en dicha fecha no solicitó enmienda alguna a las

resoluciones

sobre

declaratoria

de

herederos

por

él

patrón

ocultar

promovidas y que excluían a Madreselva.6

Continuando

información

Tribunal

el

querellado

pertinente,

para

que

al

entregara

con

su

recibir

copia

una

de

de

orden

sus

de

este

planillas

de

contribución sobre ingresos para los años 1987 a 1990, se

limitó a suministrar la primera página de las planillas y a

alegar

que

como

el

Procurador

General

no

había

podido

reproducir evidencia clara, robusta y convincente de que él

conocía

el

pertinencia

vínculo

filial

a

entregara

que

se

por

adopción

copia

de

no

las

le

veía

planillas.

5

La solicitud de enmienda de la declaratoria de herederos

en el caso de Nemesia Curras Figueroa para incluir a

Madreselva entre los herederos de la referida causante, fue

promovida por Virginia Curras Carrasquillo el 5 de julio de

1994.

6

También, la reclamó como hermana incapacitada dependiente

en sus planillas de contribución sobre ingresos para los

años 1991 a 2004.

10

CP-2003-1

Posteriormente,

alegó

que

lo

entregado

era

todo

lo

que

tenía y que de todos modos al Procurador no le incumbían

sus finanzas.

Por

último,

en

el

proceso

sobre

Nombramiento

de

Administrador Judicial que atendía el Juez Cordero Vázquez,

quien

refirió

la

queja

que

dio

lugar

a

la

presente

investigación, tanto los abogados de las partes como el

querellado

en

particular

sabían

que

había

una

persona

incapacitada, la hermana del aquí querellado Madreselva, y,

sin

embargo,

se

autorizaron

comisiones,

pagos

y

liquidaciones parciales de bienes hereditarios sin advertir

al Tribunal sobre tal situación.

II

El día en que un abogado presta juramento ante el

Tribunal Supremo le es concedido un gran privilegio: el de

poder ejercer una profesión, honrosa por demás, que tiene

una

rica

y

extraordinaria

tradición

y

que

desempeña

un

importante papel en nuestra sociedad. In re Busó Aboy, res.

el 26 octubre de 2005, 2005 T.S.P.R. 162; In re Quintero

Alfaro, 161 D.P.R. Ap. (2004). Al juramentar una persona

como abogado, éste se convierte en funcionario del Tribunal

y

ministro

ordenado

de

la

justicia

y

se

compromete

a

desempeñar su alto ministerio con la mayor y más excelsa

competencia, compromiso e integridad. Id; Ramos Acevedo v.

Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599 (1993). Ahora bien, este

privilegio

conlleva,

entre

otras,

la

responsabilidad

de

11

CP-2003-1

desempeñar los deberes que como abogado del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico le imponen la ley y el Código de

Ética Profesional. Id.

El Canon 35 impone al abogado un deber de sinceridad y

honradez erga omnes, In re Franco Rivera y Masini Soler,

134 D.P.R. 823 (1993). Esto significa que este deber lo

tiene

el

abogado

frente

a

todos,

tanto

ante

sus

representados como en las relaciones con sus pares y, por

supuesto, ante los tribunales. In re Astacio Caraballo, 149

D.P.R. 790 (2000). Los abogados han de conducirse siempre

con

integridad

ante

los

foros judiciales.

In

re

Curras

Ortiz, 141 D.P.R. 127 (1996). El abogado no puede proveer

al tribunal información falsa o que no se ajuste a la

verdad, ni puede tampoco ocultarle información certera que

deba ser revelada. Véase: In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R.

710 (1998). La conducta de todo abogado ante los tribunales

debe ser una que se caracterice por sinceridad y honradez,

y no actúa profesionalmente el abogado que no se ajusta a

la verdad de los hechos al presentar las causas. In re Peña

Clós, 135 D.P.R. 590 (1994).

No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean

inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador

a error utilizando artificios o una falsa relación de los

hechos o del derecho. Canon 35 de Ética Profesional, ante.

Véase además: In re Silvaglioni Collazo, 154 D.P.R. 533

(2001).

La

declaración

bajo

juramento

de

hechos

falsos

constituye una violación al Canon 35 de Ética Profesional.

12

CP-2003-1

In re Astacio Caraballo, ante. Ello porque el compromiso de

un abogado con la verdad debe ser siempre incondicional. In

re Montañés Miranda, 157 D.P.R. 275 (2002). Más que un

ideal irrealizable, la verdad es atributo inseparable del

ser abogado y, sin ésta, no podría la profesión jurídica

justificar su existencia. Id. In re Sepúlveda Girón, 155

D.P.R. 345 (2001).

Debemos recordar, por último, que se infringe el deber

impuesto por el Canon 35 con el simple hecho objetivo de

faltar a la verdad, lo cual supone una conducta lesiva a

las instituciones de justicia, independientemente de los

motivos para la falsedad. In re Belk Arce y Serapión, 148

D.P.R.

685

(1999).

Para

incurrir

en

esta

falta,

no

es

necesario que se haya faltado a la verdad deliberadamente o

de mala fe, o con la intención de defraudar o engañar. In

re Martínez Odell, 148 D.P.R. 49 (1999). No obstante, estas

circunstancias

son

importantes,

junto

con

otras,

al

determinar la sanción disciplinaria que ha de imponerse al

abogado.

In

re

López

de

Victoria

Brás,

135

D.P.R.

688

(1994).

Finalmente, el Canon 38 le exige a todo abogado a

esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del

honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo

conlleve

sacrificios

personales

y

debe

evitar

hasta

la

apariencia de conducta profesional impropia. Canon 38 de

Ética

Profesional,

ante.

Este

principio

es

una

convocatoria a la profesión legal a tener un desempeño que

13

CP-2003-1

no sólo debe ceñirse a las pautas éticas mínimas sino que

debe ser reflejo del más alto calibre de excelencia humana.

In re Nogueras Cartagena, 150 D.P.R. 667 (2000);

In re

Olivera Mariani, res. el 3 de abril de 2008, 2008 T.S.P.R.

58. Estos deberes tienen que ser cumplidos aunque, el así

hacerlo conlleve sacrificios personales. In re Belk Arce y

Serapión, ante. No puede un abogado acudir al sistema de

administración de la justicia, si al así hacerlo, y con el

fin de adelantar sus propios intereses, falta a la verdad.

In re Filardi Guzmán, ante.

Todo abogado es un espejo en el cual se refleja la

imagen de la profesión. In re Santiago Ríos, res. el 18 de

diciembre de 2007, 2008 T.S.P.R. 2. Por consiguiente, todo

despliegue de conducta que atente contra este principio

pone en entredicho las valiosas ejecutorias y beneficios

mayores a los cuales esta clase profesional ha contribuido

históricamente. In re Díaz García, 104 D.P.R. 604 (1976).

Es pues necesario que los miembros de la clase togada

sean conscientes de que la práctica de la abogacía conlleva

una

seria

representa

y

delicada

servicio,

función

ciudadana

ética

ejemplo.

y

porque

Ramos

la

misma

Acevedo

v.

Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599 (1993); In re Roldós,

Maldonado, Cortés y Lloréns, 161 D.P.R. 373 (2004). Estos

son principios sobre los cuales se forja un estilo de vida

y los mismos no deben ser menoscabados por el quehacer

diario

o

por

el

ambiente

social

y

valorativo

dentro

y

14

CP-2003-1

alrededor

del

cual

se

desenvuelven

los

abogados.

In

re

conducta

y

Sánchez Rodríguez, 123 D.P.R. 876 (1989).

III

El

Procurador

General

sostiene

que

la

proceder del licenciado Curras Ortiz es violatoria de los

Cánones

9,

12,

35

Fundamenta

dicha

y

38

de

Ética

determinación,

en

Profesional,

primer

lugar,

ante.

en

que

durante el anterior proceso disciplinario que culminó en la

Opinión In re Curras Ortiz, ante, el querellado faltó a la

verdad al expresar ante este Tribunal que había cometido un

“error

por

desconocimiento

de ciertos

familiares”

en

la

confección de la petición de la declaratoria de herederos y

que otros parientes habían “consentido tácitamente” a que

él reclamara la herencia. Para el 14 de junio de 1996,

momento en que el licenciado Curras Ortiz comparece ante

este

Tribunal

para

excusar

sus

actuaciones,

ciertamente

conocía la existencia de su hermana Madreselva y de su

vínculo

legal

por

adopción,

letrado,

desde

principios

de

ya

que,

1994

se

según

el

propio

enteró

de

ello.

Además, el querellado sabía que su hermana era totalmente

incapacitada, por lo que no podía consentir.

A

tales

imputaciones

del

Procurador

General,

el

licenciado Curras Ortiz replica que el hecho de no haberse

referido a Madreselva, cuando pendía la anterior querella,

se debió a que se estaba refiriendo al 1987, fecha en que

juramentó

la

declaratoria

de

herederos,

y

que

para

ese

15

CP-2003-1

entonces no conocía su relación de parentesco por razón de

adopción.

Añade,

que

tampoco

tenía

documento

legal

y/u

oficial que acreditara dicho vínculo para incluirla en la

petición.

Aduce,

que

no

tenía

tal

conocimiento

porque

fueron sus padres quienes tenían total y absoluto control

sobre

todo

lo

relacionado

a

Madreselva,

incluyendo

su

ingreso al Instituto, su educación y manutención. Afirma,

que

para

el

1987

su

padre

aun

vivía

y

era

él

quien

controlaba todo lo relacionado a Madreselva. Por último,

arguye que siempre consideró a Madreselva una hermana de

crianza.

Por otro lado, el Procurador General asevera que el

querellado

faltó

a

la

verdad

al

juramentar

la

petición

sobre declaratoria de herederos de sus padres, en la cual

se declaraba único y universal heredero, lo que no era

cierto. En su defensa, el licenciado Curras Ortiz aduce que

es para el año 1994 que conoce oficialmente la relación de

parentesco entre él y Madreselva. En consecuencia, para el

1989, cuando juramentó la susodicha petición, no conocía

del vínculo por adopción. Añade, que cuando se enteró del

mismo procedió de inmediato a enmendar la resolución que lo

declaraba único y universal heredero de sus padres.

El

Procurador

General,

a

su

vez,

le

imputa

al

querellado haber mentido el 17 de diciembre de 1992, en la

petición de declaratoria de herederos de su tía Nemesia

Curras

Figueroa.

Ello

porque,

nuevamente,

se

excluyó

a

Madreselva de la misma. El licenciado Curras Ortiz alega

16

CP-2003-1

que no la incluyó por razones de necesidad y urgencia,

motivado por el hecho de que los herederos de quien fuera

el esposo de la causante estaban retirando indebidamente

grandes sumas de dinero de la herencia. Por dicha razón, se

presentó la petición de modo prematuro e incompleto, pero,

que

tan

localizar

pronto

el

conoció

su

correspondiente

vínculo

con

certificado

Madreselva,

de

al

nacimiento,

enmendó la solicitud e incluyó a su hermana en la misma.

Incluso, el querellado alega que fue en dicho momento que

se enteró de la adopción de Madreselva.

Sin embargo, al enfrentarse a la contestación de la

demanda en el caso EAC-1993-0061, suscrita el 21 de abril

de 1993, en la cual el querellado admitió que Madreselva

era su hermana y que era incapacitada, el licenciado Curras

Ortiz replica que lo hizo asumiendo que la incapaz era su

hermana de crianza. Igual contestación nos ofrece respecto

a las afirmaciones hechas en las declaraciones juradas para

toma de fotografías y para servicios médicos que suscribió

en el año 1991, admitiendo en las mismas que Madreselva era

su hermana con sus mismos apellidos.

Las

explicaciones

dadas

por

el

querellado

a

las

imputaciones del Procurador General no convencieron ni a

éste último ni al Comisionado Especial quienes concluyeron

que,

en

efecto,

al

momento

de

defenderse

de

los

procedimientos disciplinarios ante la Comisión del Colegio

de Abogados y ante este Foro, al igual que al presentar la

petición

de

declaratoria

de

herederos

de

Nemesia

Curras

17

CP-2003-1

Figueroa,

legal

el

licenciado

existente

entre

Curras

él

y

Ortiz

conocía el

Madreselva

en

vínculo

virtud

de

la

adopción antes reseñada.

No albergamos duda alguna de que, en la tramitación de

la

queja

del

presente

caso,

el

licenciado

Curras

Ortiz

brindó al Procurador General y a este Tribunal información

falsa o imprecisa con la intención de desviar el curso de

la investigación y evadir las consecuencias de sus actos

dentro

de

este procedimiento

disciplinario.

La

prueba

a

esos efectos es robusta y convincente.

Es norma reiterada que, aunque este Tribunal no está

obligado a aceptar el informe del Comisionado Especial, de

ordinario, sostendremos las determinaciones de hecho que

realice, salvo que se demuestre perjuicio, parcialidad o

error

manifiesto.

(2003).

Esta

In

re

Morell

norma

de

deferencia

principalmente,

cuando

el

oportunidad

escuchar

a

de

Corrada,

es

Comisionado

los

158

D.P.R.

de

aplicación,

Especial

testigos,

ello

791

tiene

la

porque

se

encuentra en mejor posición para aquilatar dicha prueba. En

el presente caso el licenciado Rossy García escuchó y vio

testificar, entre otros, al querellado y concluyó que éste

faltó al deber de comportarse de forma sincera y honrada,

tanto

en

su

vida

privada

profesión.

En

consecuencia,

como

en

el

desempeño

y en

ausencia

de

su

de perjuicio,

parcialidad y error manifiesto, somos del criterio que el

licenciado

Curras

Ortiz

violentó

los

Cánones

de

Ética

Profesional 35 y 38. El querellado, también, infringió el

18

CP-2003-1

Canon 35 al negarse a cumplir los requerimientos de este

Tribunal y del Procurador General a los fines de impedir

que se descubriera la magnitud de sus desvíos éticos.

Además, el comportamiento del querellado quebranta el

Canon

9

de

Ética

Profesional,

observar

una

conducta

respeto

hacia

los

atentado

a

administración

la

que

que

se

obliga

al

abogado

caracterice

por

el

tribunales.

de

a

mayor

Es

definitivamente

un

la

justicia

y

engañar

mentirle a los tribunales con el propósito de adelantar

intereses personales. Ello, sin lugar a dudas, es una falta

grave.

Por

último,

entendemos

que

no surge

del

expediente

prueba clara, robusta y convincente que demuestre que el

letrado sobrecargó innecesariamente los foros de instancia

con múltiples procedimientos y litigación excesiva. Por lo

tanto, no se evidenció que el querellado hubiese infringido

el Canon 12 de Ética Profesional, que impone el deber de

ser

conciso

y

exacto

en

el

trámite

y

presentación

de

causas.

IV

Tomando en consideración los hechos antes expuestos y

en

virtud

de

nuestro

poder

inherente

para

regular

y

disciplinar a los miembros de la profesión, concluimos que

Otto H. Curras Ortiz violó las disposiciones de los Cánones

9, 35 y 38 de Ética Profesional. Nos engañó una vez y

continuó

antiética

haciéndolo.

y

En

repetitiva

atención

al

desplegada

patrón

de

conducta

por

el

letrado,

CP-2003-1

19

entendemos que ello amerita la imposición de una suspensión

indefinida del ejercicio de la abogacía.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Otto H. Curras Ortiz

CP-2003-1

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008

Por los fundamentos expuestos en la anterior

Opinión Per Curiam, se dicta Sentencia decretando

la suspensión inmediata e indefinida de Otto H.

Curras Ortiz del ejercicio de la abogacía. Le

imponemos a éste el deber de notificar a todos sus

clientes de su presente inhabilidad de seguir

representándolos, devolver cualesquiera honorarios

recibidos por trabajos no realizados, e informar

oportunamente de su suspensión a los distintos

foros judiciales y administrativos del País. Deberá

además certificarnos, dentro del término de treinta

días a partir de su notificación, el cumplimiento

de estos deberes, notificando también al Procurador

General.

El Alguacil de este Tribunal procederá de

inmediato a incautarse de la obra y sello notarial

de Otto H. Curras Ortiz y los entregará a la

Oficina

de

Inspección

de

Notarías

para

el

correspondiente examen e informe a este Tribunal.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Juez

Asociada

señora

Rodríguez

Rodríguez

no

intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo