Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Otto H. Curras Ortiz
2008 TSPR 147
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Otto H. Curras Ortiz
CP-2003-0001
Conducta Profesional- Suspensión indefinida de la abogacía por violación a los Cánones 9, 35 y 38 de Ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
2008 TSPR 147
Otto H. Curras Ortiz
175 DPR ____
Número del Caso: CP-2003-1
Fecha: 31 de julio de 2008
Oficina del Procurador General:
Lcda. Noemí Rivera De León
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Maite D. Oronoz Rodríguez
SubProcuradora General
Abogado de la Parte Querellada:
Lcdo. Antonio Bauza Torres
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión será efectiva el 28 de agosto de 2008
fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión
inmediata.)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.
Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Otto H. Curras Ortiz
CP-2003-1
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008
Mediante
1998,
el
Superior,
resolución
Lcdo.
Héctor
remitió
a
la
de
8
de
Cordero
septiembre
Vázquez,
consideración
de
de
Juez
este
Tribunal la conducta y proceder de los abogados que
participaron en el caso Manuel Curras Figueroa v.
Otto Curras Ortiz, Civil Núm. EAC92-0327 (611), con
el propósito de que fuera evaluada a tenor con los
Cánones de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.
Luego de ordenarle al Procurador General de Puerto
Rico
la
realización
de
la
correspondiente
investigación, este Tribunal instruyó al Procurador
General para que evaluara, además, las actuaciones
del
Lcdo.
Otto
Curras
Ortiz,
quien
intervenía
2
CP-2003-1
en
el
referido
caso
en
capacidad
de
parte
y
no
como
representante legal.1
El Procurador General sometió un primer Informe que
luego fue enmendado para atender diversos señalamientos del
licenciado
Curras
recomendó
que
las
evaluadas
de
forma
Ortiz.
En
síntesis,
el
Procurador
actuaciones
del
separada
independiente;
e
querellado
fueran
sostuvo,
además, que la investigación practicada evidenció que el
licenciado Curras Ortiz faltó a su deber, como miembro de
la profesión, de comportarse de forma sincera y honrada
tanto ante los tribunales de instancia como ante los foros
disciplinarios e, incluso, ante este Tribunal. Por dicha
razón, el Procurador concluyó en la querella presentada que
el
licenciado
Curras
Ortiz
incurrió
en
conducta
constitutiva de infracción a los Cánones 9, 12, 35 y 38 de
los de Ética Profesional. En su contestación a la querella
enmendada, el abogado querellado aceptó que violó el Canon
35, sosteniendo que los demás cargos quedan subsumidos en
las imputaciones del primero.
Este Tribunal designó al Lcdo. Ángel F. Rossy García
para
que,
en
presencia
de
las
partes
y
en
calidad
de
comisionado especial, recibiera la prueba y nos rindiera un
informe con sus determinaciones de hechos y recomendaciones
de derecho. El Comisionado Especial presentó su Informe;
concluyó que la prueba presentada --a su juicio,
1
prueba
El Lcdo. Otto H. Curras Ortiz fue admitido al ejercicio de
la abogacía en Puerto Rico el 6 de noviembre de 1980.
3
CP-2003-1
clara,
robusta
y
convincente--
demuestra
que
el
abogado
querellado incurrió en conducta antiética constitutiva de
infracción a los Cánones 9, 35 y 37 de Ética Profesional.
Resolvemos.
I
En
el
año
1987,
el
Lcdo.
Otto
H.
Curras
Ortiz
compareció como peticionario ante el Tribunal Superior de
Puerto Rico, Sala de Bayamón, en un procedimiento ex parte
sobre declaratoria de herederos, obteniendo de ese foro una
resolución
mediante
la
cual
universal
heredero
de
su
se
tío
le
declaraba
fallecido
único
Miguel
y
Ortiz
Marrero. Posteriormente, con arreglo a tal determinación
judicial,
Curras
Ortiz
retiró
e
hizo
suyos
los
fondos
depositados en una cuenta bancaria propiedad del mencionado
pariente.
Años más tarde, la viuda y las dos hijas del fenecido
Miguel Ortiz Marrero, quienes residían en Nueva Jersey y
Carolina
del
Sur,
respectivamente,
presentaron
sendas
quejas ante el Colegio de Abogados de Puerto Rico contra
Curras
Ortiz.
Adujeron,
legítimas
herederas
conocían
personalmente
en
de
esencia,
Ortiz
a
su
que
Marrero
primo
y
Curras
ellas
eran
las
que
aunque
no
Ortiz,
sabían
quien era éste. Añadieron, que Curras Ortiz conocía y sabía
que su tío fallecido se había casado en Estados Unidos y
que tenía dos hijas. Además, señalaron que Ortiz Marrero
tenía otros hermanos y familiares en Puerto Rico. Por lo
4
CP-2003-1
tanto,
sostuvieron
que
la
declaratoria
de
había
obtenido
base
de
información
falsa
a
herederos
y
el
se
aquí
querellado había engañado al tribunal que la emitió.
Luego de la investigación correspondiente, el Colegio
de Abogados presentó una querella ante este Tribunal contra
el licenciado Curras Ortiz, en la cual le imputó que, a
sabiendas, había presentado prueba falsa ante el tribunal
de
instancia
herederos
con
de
el
Miguel
propósito
Ortiz
de
defraudar
Marrero
y
a
otros
apropiarse
así,
ilícitamente, del caudal hereditario de éste. Se le imputó,
entonces, que con su conducta y proceder violó los Cánones
5, 35 y 38 del Código de Ética Profesional.
En
su
licenciado
contestación
Curras
Ortiz
a
la
alegó
referida
que
a
la
querella,
el
fecha
que
en
promovió la declaratoria de herederos, que dio base a la
querella,
desconocía
que
su
tío
hubiese
dejado
descendientes legítimos. Admitió, no obstante, que a esa
fecha
existían
otros
parientes
colaterales
con
derechos
hereditarios con respecto al caudal en cuestión y que no le
informó ese hecho al tribunal. Sin embargo, expuso que ello
no había perjudicado a los otros parientes ya que estos no
tenían interés en la herencia en cuestión y que le habían
dado
consentimiento
Acompañó,
como
tácito
prueba
de
para
lo
actuar
anterior,
como
una
lo
hizo.
declaración
jurada de una sobrina de Ortiz Marrero, quien aseveró que
no conocía que su tío tuviese hijos y que no tenía interés
en los fondos que dejó su tío.
5
CP-2003-1
Habiendo admitido el querellado que le mintió al foro
judicial al exponer bajo juramento que él era el único
heredero del causante, este Tribunal, descansando en las
admisiones y alegaciones entonces hechas por el querellado,
emitió Opinión Per Curiam el 13 de agosto de 1996 en el
caso In re Otto H. Curras Ortiz, 141 D.P.R. 127 (1996). En
ésta
declaró
Cánones
35
al
y
querellado
38
de
incurso
Ética
en
infracción
Profesional.
Como
a
los
sanción
disciplinaria le impuso una suspensión del ejercicio de la
profesión
y
del
Posteriormente,
notariado
mediante
por
el
término
Resolución
de
emitida
un
año.
por
este
Tribunal el 26 de septiembre de 1997, Curras Ortiz fue
reinstalado como abogado. In re Curras Ortiz, 143 D.P.R.
876 (1997).
Luego del referido que hizo el Juez Cordero Vázquez a
este
Tribunal
en
el
año
1998,
el
cual
da
lugar
a
la
querella que hoy nos ocupa, afloró que la realidad era una
diferente a la entonces presentada por el licenciado Curras
Ortiz
unos
años
hechas
por
el
antes;
es
decir,
querellado
para
que
las
afirmaciones
defenderse
en
el
procedimiento disciplinario anterior no se ajustaban a la
verdad.
En
primer
lugar,
hacemos
procesal
habido
en
caso
el
referencia
Sucesión
al
Aponte
trámite
Palma
v.
Sucesión Nemesia Curras, Civil Núm. EAC-93-0061, sobre una
acción presentada el 5 de marzo de 1993, es decir, dos años
antes de la presentación de la primera querella. Entre los
6
CP-2003-1
demandados y reconvencionistas en dicho procedimiento se
encontraba
el
querellado
y
su
hermana
Madreselva
Curras
Ortiz. El licenciado Curras Ortiz aceptó en la contestación
a la demanda que Madreselva era su hermana y, además, que
era incapacitada y que el aquí querellado era su tutor. Más
adelante, expuso el querellado en la alegación primera de
la
reconvención
que
“los
demandados
y
reconvencionistas
Otto y Madreselva Curras Ortiz han sido declarados, entre
otros, herederos únicos y universales de la causante tía
suya
Nemesia,”
ello
mediante
resolución
dictada
por
el
Tribunal de Distrito de Caguas, Civil Núm. CD-93-126. Ahora
bien,
resulta
herederos
por
significativo
que
en
la
declaratoria
él
de
su
tía
Nemesia
promovida
de
Curras
Figueroa, suscrita bajo juramento el 17 de diciembre de
1992
y
radicada
el
19
de
enero
de
1993,
excluyó
a
su
hermana incapacitada Madreselva; ésta, también fue excluida
en
la
resolución
que
emitió
el
Tribunal
conforme
a
lo
peticionado el 3 de febrero de 1993.
La mencionada información pertinente y material a la
primera querella instada contra el licenciado Curras Ortiz,
no fue llevada por éste a la atención de este Tribunal en
el primer proceso disciplinario. Contrario a la realidad y
constándole
que
en
la
declaratoria
de
herederos
por
él
promovida que dio base a la querella no sólo excluyó a sus
parientes
colaterales
sino
a
su
propia
hermana
incapacitada, le ocultó tal hecho a este Tribunal. Dicha
acción de su parte evidentemente constituía un agravante a
7
CP-2003-1
la
falta
ética
consideración
por
por
él
incurrida
y
este
Tribunal.
La
que
fue
objeto
gravedad
de
de
tal
proceder se manifiesta cuando alega ante este Tribunal que
sus parientes colaterales no se habían perjudicado de su
actuación porque no tenían interés en la herencia y le
habían dado el consentimiento tácito para actuar como lo
hizo.
Para
ese
momento,
le
constaba
que
su
hermana
incapacitada estaba impedida de consentir a tal actuación
de su parte, por lo que tal información por él suministrada
era también incompleta, imprecisa y falsa.2
De otra parte, el 3 de abril de 1989, el licenciado
Curras Ortiz promovió una petición sobre declaratoria de
2
Madreselva Curras Ortiz nació el 3 de abril de 1959,
quedando bajo custodia de los padres del querellado desde
que era recién nacida. En palabras del querellado durante
su testimonio, conoce de la existencia de Madreselva desde
que su madre la llevó a su casa de pequeñita. Entonces, sus
padres iniciaron un proceso de adopción en el año 1959 que
terminó en 1967.
En lo que respecta al estado mental de Madreselva y
según atestado en el proceso por la Sra. Marta Ferrer,
Trabajadora Social del Instituto Pedagógico, ésta tiene un
retardo mental profundo, no habla y es dependiente para
todas sus necesidades en el diario vivir, lo que incluye
alimentación y medicamentos. Por su condición requiere
supervisión continua las 24 horas del día.
Después de la muerte de los padres del querellado,
Madreselva quedó bajo la custodia y cuidado del querellado
por dos años, cuando fue ingresada en el Instituto
Psicopedagógico a causa de su condición de salud. El
licenciado Curras Ortiz es el tutor de la incapaz, provee
para que se atiendan sus necesidades personales y la visita
con regularidad.2 Según lo atestado por la trabajadora
social, es cariñoso con ella, se comporta como un hermano y
es el único familiar que se le ha acercado con relación a
Madreselva.
8
CP-2003-1
herederos de sus padres Margarita Ortiz Marrero y Rafael
Curras Figueroa, caso Civil Núm. KJV-89-322(808), ante la
Sala de San Juan del antiguo Tribunal Superior. Considerada
como
fue
dicha
petición,
el
tribunal
emitió
resolución
declarando único y universal heredero de dichos causantes
al
aquí
querellado.
Se
excluyó
así,
de
la
petición
y
posterior resolución, a su hermana incapacitada Madreselva
Curras Ortiz.3
El
17
enmienda
de
alguna
diciembre
a
la
de
1992,
sin
haber
solicitado
resolución
de
declaratoria
de
herederos de sus padres4, promovió una nueva declaratoria de
herederos de su tía la Sra. Nemesia Curras Figueroa, Caso
Civil Núm. CD-93-126. En ésta, el querellado hizo exclusión
de su hermana incapacitada en el listado de herederos con
derecho a participar en la herencia. Considerada como fue
dicha
petición,
y
la
prueba
complementaria
con
ella
3
El 13 de noviembre de 1991 el licenciado Curras Ortiz
otorgó una declaración jurada ante notario, en la cual
reconoció a Madreselva como su hermana con sus mismos
apellidos. Indicó en el escrito que fue declarado tutor y
que es la persona encargada del bienestar de Madreselva por
designación del Seguro Social federal y autorizó a que se
le brindara atención médica de ser necesario. Previo a
ello, había suscrito el 21 de junio de 1991 una
autorización, en capacidad de hermano de Madreselva con sus
mismos apellidos, para la prestación de servicios médicos y
psiquiátricos, así como una autorización para la toma de
fotografías.
4
Eventualmente, el querellado procedió a añadir a
Madreselva como heredera de sus padres mediante la
presentación de una nueva declaratoria de herederos en el
caso Otto Curras Ortiz, Peticionario Ex Parte, Civil Núm.
1994-1879.
9
CP-2003-1
incluida, el tribunal emitió resolución declarando al aquí
querellado heredero de la señora Curras Figueroa, en unión
a varios tíos y primos de éste. En dicha resolución, al
igual que en las anteriores por el promovidas se excluyó a
su hermana incapacitada Madreselva.5
El 26 de agosto de 1992, el licenciado Curras Ortiz
presentó sus planillas de contribución sobre ingresos para
los años 1987 a 1990. En éstas, reclamó a Madreselva Curras
Ortiz,
como
su
hermana
dependiente
incapacitada.
No
obstante, en dicha fecha no solicitó enmienda alguna a las
resoluciones
sobre
declaratoria
de
herederos
por
él
patrón
ocultar
promovidas y que excluían a Madreselva.6
Continuando
información
Tribunal
el
querellado
pertinente,
para
que
al
entregara
con
su
recibir
copia
una
de
de
orden
sus
de
este
planillas
de
contribución sobre ingresos para los años 1987 a 1990, se
limitó a suministrar la primera página de las planillas y a
alegar
que
como
el
Procurador
General
no
había
podido
reproducir evidencia clara, robusta y convincente de que él
conocía
el
pertinencia
vínculo
filial
a
entregara
que
se
por
adopción
copia
de
no
las
le
veía
planillas.
5
La solicitud de enmienda de la declaratoria de herederos
en el caso de Nemesia Curras Figueroa para incluir a
Madreselva entre los herederos de la referida causante, fue
promovida por Virginia Curras Carrasquillo el 5 de julio de
1994.
6
También, la reclamó como hermana incapacitada dependiente
en sus planillas de contribución sobre ingresos para los
años 1991 a 2004.
10
CP-2003-1
Posteriormente,
alegó
que
lo
entregado
era
todo
lo
que
tenía y que de todos modos al Procurador no le incumbían
sus finanzas.
Por
último,
en
el
proceso
sobre
Nombramiento
de
Administrador Judicial que atendía el Juez Cordero Vázquez,
quien
refirió
la
queja
que
dio
lugar
a
la
presente
investigación, tanto los abogados de las partes como el
querellado
en
particular
sabían
que
había
una
persona
incapacitada, la hermana del aquí querellado Madreselva, y,
sin
embargo,
se
autorizaron
comisiones,
pagos
y
liquidaciones parciales de bienes hereditarios sin advertir
al Tribunal sobre tal situación.
II
El día en que un abogado presta juramento ante el
Tribunal Supremo le es concedido un gran privilegio: el de
poder ejercer una profesión, honrosa por demás, que tiene
una
rica
y
extraordinaria
tradición
y
que
desempeña
un
importante papel en nuestra sociedad. In re Busó Aboy, res.
el 26 octubre de 2005, 2005 T.S.P.R. 162; In re Quintero
Alfaro, 161 D.P.R. Ap. (2004). Al juramentar una persona
como abogado, éste se convierte en funcionario del Tribunal
y
ministro
ordenado
de
la
justicia
y
se
compromete
a
desempeñar su alto ministerio con la mayor y más excelsa
competencia, compromiso e integridad. Id; Ramos Acevedo v.
Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599 (1993). Ahora bien, este
privilegio
conlleva,
entre
otras,
la
responsabilidad
de
11
CP-2003-1
desempeñar los deberes que como abogado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico le imponen la ley y el Código de
Ética Profesional. Id.
El Canon 35 impone al abogado un deber de sinceridad y
honradez erga omnes, In re Franco Rivera y Masini Soler,
134 D.P.R. 823 (1993). Esto significa que este deber lo
tiene
el
abogado
frente
a
todos,
tanto
ante
sus
representados como en las relaciones con sus pares y, por
supuesto, ante los tribunales. In re Astacio Caraballo, 149
D.P.R. 790 (2000). Los abogados han de conducirse siempre
con
integridad
ante
los
foros judiciales.
In
re
Curras
Ortiz, 141 D.P.R. 127 (1996). El abogado no puede proveer
al tribunal información falsa o que no se ajuste a la
verdad, ni puede tampoco ocultarle información certera que
deba ser revelada. Véase: In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R.
710 (1998). La conducta de todo abogado ante los tribunales
debe ser una que se caracterice por sinceridad y honradez,
y no actúa profesionalmente el abogado que no se ajusta a
la verdad de los hechos al presentar las causas. In re Peña
Clós, 135 D.P.R. 590 (1994).
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean
inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador
a error utilizando artificios o una falsa relación de los
hechos o del derecho. Canon 35 de Ética Profesional, ante.
Véase además: In re Silvaglioni Collazo, 154 D.P.R. 533
(2001).
La
declaración
bajo
juramento
de
hechos
falsos
constituye una violación al Canon 35 de Ética Profesional.
12
CP-2003-1
In re Astacio Caraballo, ante. Ello porque el compromiso de
un abogado con la verdad debe ser siempre incondicional. In
re Montañés Miranda, 157 D.P.R. 275 (2002). Más que un
ideal irrealizable, la verdad es atributo inseparable del
ser abogado y, sin ésta, no podría la profesión jurídica
justificar su existencia. Id. In re Sepúlveda Girón, 155
D.P.R. 345 (2001).
Debemos recordar, por último, que se infringe el deber
impuesto por el Canon 35 con el simple hecho objetivo de
faltar a la verdad, lo cual supone una conducta lesiva a
las instituciones de justicia, independientemente de los
motivos para la falsedad. In re Belk Arce y Serapión, 148
D.P.R.
685
(1999).
Para
incurrir
en
esta
falta,
no
es
necesario que se haya faltado a la verdad deliberadamente o
de mala fe, o con la intención de defraudar o engañar. In
re Martínez Odell, 148 D.P.R. 49 (1999). No obstante, estas
circunstancias
son
importantes,
junto
con
otras,
al
determinar la sanción disciplinaria que ha de imponerse al
abogado.
In
re
López
de
Victoria
Brás,
135
D.P.R.
688
(1994).
Finalmente, el Canon 38 le exige a todo abogado a
esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del
honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo
conlleve
sacrificios
personales
y
debe
evitar
hasta
la
apariencia de conducta profesional impropia. Canon 38 de
Ética
Profesional,
ante.
Este
principio
es
una
convocatoria a la profesión legal a tener un desempeño que
13
CP-2003-1
no sólo debe ceñirse a las pautas éticas mínimas sino que
debe ser reflejo del más alto calibre de excelencia humana.
In re Nogueras Cartagena, 150 D.P.R. 667 (2000);
In re
Olivera Mariani, res. el 3 de abril de 2008, 2008 T.S.P.R.
58. Estos deberes tienen que ser cumplidos aunque, el así
hacerlo conlleve sacrificios personales. In re Belk Arce y
Serapión, ante. No puede un abogado acudir al sistema de
administración de la justicia, si al así hacerlo, y con el
fin de adelantar sus propios intereses, falta a la verdad.
In re Filardi Guzmán, ante.
Todo abogado es un espejo en el cual se refleja la
imagen de la profesión. In re Santiago Ríos, res. el 18 de
diciembre de 2007, 2008 T.S.P.R. 2. Por consiguiente, todo
despliegue de conducta que atente contra este principio
pone en entredicho las valiosas ejecutorias y beneficios
mayores a los cuales esta clase profesional ha contribuido
históricamente. In re Díaz García, 104 D.P.R. 604 (1976).
Es pues necesario que los miembros de la clase togada
sean conscientes de que la práctica de la abogacía conlleva
una
seria
representa
y
delicada
servicio,
función
ciudadana
ética
ejemplo.
y
porque
Ramos
la
misma
Acevedo
v.
Tribunal Superior, 133 D.P.R. 599 (1993); In re Roldós,
Maldonado, Cortés y Lloréns, 161 D.P.R. 373 (2004). Estos
son principios sobre los cuales se forja un estilo de vida
y los mismos no deben ser menoscabados por el quehacer
diario
o
por
el
ambiente
social
y
valorativo
dentro
y
14
CP-2003-1
alrededor
del
cual
se
desenvuelven
los
abogados.
In
re
conducta
y
Sánchez Rodríguez, 123 D.P.R. 876 (1989).
III
El
Procurador
General
sostiene
que
la
proceder del licenciado Curras Ortiz es violatoria de los
Cánones
9,
12,
35
Fundamenta
dicha
y
38
de
Ética
determinación,
en
Profesional,
primer
lugar,
ante.
en
que
durante el anterior proceso disciplinario que culminó en la
Opinión In re Curras Ortiz, ante, el querellado faltó a la
verdad al expresar ante este Tribunal que había cometido un
“error
por
desconocimiento
de ciertos
familiares”
en
la
confección de la petición de la declaratoria de herederos y
que otros parientes habían “consentido tácitamente” a que
él reclamara la herencia. Para el 14 de junio de 1996,
momento en que el licenciado Curras Ortiz comparece ante
este
Tribunal
para
excusar
sus
actuaciones,
ciertamente
conocía la existencia de su hermana Madreselva y de su
vínculo
legal
por
adopción,
letrado,
desde
principios
de
ya
que,
1994
se
según
el
propio
enteró
de
ello.
Además, el querellado sabía que su hermana era totalmente
incapacitada, por lo que no podía consentir.
A
tales
imputaciones
del
Procurador
General,
el
licenciado Curras Ortiz replica que el hecho de no haberse
referido a Madreselva, cuando pendía la anterior querella,
se debió a que se estaba refiriendo al 1987, fecha en que
juramentó
la
declaratoria
de
herederos,
y
que
para
ese
15
CP-2003-1
entonces no conocía su relación de parentesco por razón de
adopción.
Añade,
que
tampoco
tenía
documento
legal
y/u
oficial que acreditara dicho vínculo para incluirla en la
petición.
Aduce,
que
no
tenía
tal
conocimiento
porque
fueron sus padres quienes tenían total y absoluto control
sobre
todo
lo
relacionado
a
Madreselva,
incluyendo
su
ingreso al Instituto, su educación y manutención. Afirma,
que
para
el
1987
su
padre
aun
vivía
y
era
él
quien
controlaba todo lo relacionado a Madreselva. Por último,
arguye que siempre consideró a Madreselva una hermana de
crianza.
Por otro lado, el Procurador General asevera que el
querellado
faltó
a
la
verdad
al
juramentar
la
petición
sobre declaratoria de herederos de sus padres, en la cual
se declaraba único y universal heredero, lo que no era
cierto. En su defensa, el licenciado Curras Ortiz aduce que
es para el año 1994 que conoce oficialmente la relación de
parentesco entre él y Madreselva. En consecuencia, para el
1989, cuando juramentó la susodicha petición, no conocía
del vínculo por adopción. Añade, que cuando se enteró del
mismo procedió de inmediato a enmendar la resolución que lo
declaraba único y universal heredero de sus padres.
El
Procurador
General,
a
su
vez,
le
imputa
al
querellado haber mentido el 17 de diciembre de 1992, en la
petición de declaratoria de herederos de su tía Nemesia
Curras
Figueroa.
Ello
porque,
nuevamente,
se
excluyó
a
Madreselva de la misma. El licenciado Curras Ortiz alega
16
CP-2003-1
que no la incluyó por razones de necesidad y urgencia,
motivado por el hecho de que los herederos de quien fuera
el esposo de la causante estaban retirando indebidamente
grandes sumas de dinero de la herencia. Por dicha razón, se
presentó la petición de modo prematuro e incompleto, pero,
que
tan
localizar
pronto
el
conoció
su
correspondiente
vínculo
con
certificado
Madreselva,
de
al
nacimiento,
enmendó la solicitud e incluyó a su hermana en la misma.
Incluso, el querellado alega que fue en dicho momento que
se enteró de la adopción de Madreselva.
Sin embargo, al enfrentarse a la contestación de la
demanda en el caso EAC-1993-0061, suscrita el 21 de abril
de 1993, en la cual el querellado admitió que Madreselva
era su hermana y que era incapacitada, el licenciado Curras
Ortiz replica que lo hizo asumiendo que la incapaz era su
hermana de crianza. Igual contestación nos ofrece respecto
a las afirmaciones hechas en las declaraciones juradas para
toma de fotografías y para servicios médicos que suscribió
en el año 1991, admitiendo en las mismas que Madreselva era
su hermana con sus mismos apellidos.
Las
explicaciones
dadas
por
el
querellado
a
las
imputaciones del Procurador General no convencieron ni a
éste último ni al Comisionado Especial quienes concluyeron
que,
en
efecto,
al
momento
de
defenderse
de
los
procedimientos disciplinarios ante la Comisión del Colegio
de Abogados y ante este Foro, al igual que al presentar la
petición
de
declaratoria
de
herederos
de
Nemesia
Curras
17
CP-2003-1
Figueroa,
legal
el
licenciado
existente
entre
Curras
él
y
Ortiz
conocía el
Madreselva
en
vínculo
virtud
de
la
adopción antes reseñada.
No albergamos duda alguna de que, en la tramitación de
la
queja
del
presente
caso,
el
licenciado
Curras
Ortiz
brindó al Procurador General y a este Tribunal información
falsa o imprecisa con la intención de desviar el curso de
la investigación y evadir las consecuencias de sus actos
dentro
de
este procedimiento
disciplinario.
La
prueba
a
esos efectos es robusta y convincente.
Es norma reiterada que, aunque este Tribunal no está
obligado a aceptar el informe del Comisionado Especial, de
ordinario, sostendremos las determinaciones de hecho que
realice, salvo que se demuestre perjuicio, parcialidad o
error
manifiesto.
(2003).
Esta
In
re
Morell
norma
de
deferencia
principalmente,
cuando
el
oportunidad
escuchar
a
de
Corrada,
es
Comisionado
los
158
D.P.R.
de
aplicación,
Especial
testigos,
ello
791
tiene
la
porque
se
encuentra en mejor posición para aquilatar dicha prueba. En
el presente caso el licenciado Rossy García escuchó y vio
testificar, entre otros, al querellado y concluyó que éste
faltó al deber de comportarse de forma sincera y honrada,
tanto
en
su
vida
privada
profesión.
En
consecuencia,
como
en
el
desempeño
y en
ausencia
de
su
de perjuicio,
parcialidad y error manifiesto, somos del criterio que el
licenciado
Curras
Ortiz
violentó
los
Cánones
de
Ética
Profesional 35 y 38. El querellado, también, infringió el
18
CP-2003-1
Canon 35 al negarse a cumplir los requerimientos de este
Tribunal y del Procurador General a los fines de impedir
que se descubriera la magnitud de sus desvíos éticos.
Además, el comportamiento del querellado quebranta el
Canon
9
de
Ética
Profesional,
observar
una
conducta
respeto
hacia
los
atentado
a
administración
la
que
que
se
obliga
al
abogado
caracterice
por
el
tribunales.
de
a
mayor
Es
definitivamente
un
la
justicia
y
engañar
mentirle a los tribunales con el propósito de adelantar
intereses personales. Ello, sin lugar a dudas, es una falta
grave.
Por
último,
entendemos
que
no surge
del
expediente
prueba clara, robusta y convincente que demuestre que el
letrado sobrecargó innecesariamente los foros de instancia
con múltiples procedimientos y litigación excesiva. Por lo
tanto, no se evidenció que el querellado hubiese infringido
el Canon 12 de Ética Profesional, que impone el deber de
ser
conciso
y
exacto
en
el
trámite
y
presentación
de
causas.
IV
Tomando en consideración los hechos antes expuestos y
en
virtud
de
nuestro
poder
inherente
para
regular
y
disciplinar a los miembros de la profesión, concluimos que
Otto H. Curras Ortiz violó las disposiciones de los Cánones
9, 35 y 38 de Ética Profesional. Nos engañó una vez y
continuó
antiética
haciéndolo.
y
En
repetitiva
atención
al
desplegada
patrón
de
conducta
por
el
letrado,
CP-2003-1
19
entendemos que ello amerita la imposición de una suspensión
indefinida del ejercicio de la abogacía.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Otto H. Curras Ortiz
CP-2003-1
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008
Por los fundamentos expuestos en la anterior
Opinión Per Curiam, se dicta Sentencia decretando
la suspensión inmediata e indefinida de Otto H.
Curras Ortiz del ejercicio de la abogacía. Le
imponemos a éste el deber de notificar a todos sus
clientes de su presente inhabilidad de seguir
representándolos, devolver cualesquiera honorarios
recibidos por trabajos no realizados, e informar
oportunamente de su suspensión a los distintos
foros judiciales y administrativos del País. Deberá
además certificarnos, dentro del término de treinta
días a partir de su notificación, el cumplimiento
de estos deberes, notificando también al Procurador
General.
El Alguacil de este Tribunal procederá de
inmediato a incautarse de la obra y sello notarial
de Otto H. Curras Ortiz y los entregará a la
Oficina
de
Inspección
de
Notarías
para
el
correspondiente examen e informe a este Tribunal.
Así
lo
pronunció,
manda
el
Tribunal
y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La
Juez
Asociada
señora
Rodríguez
Rodríguez
no
intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo