LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

San Gerónimo Caribe Project, Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc. v. ELA y otros

2008 TSPR 140

Poder Judicial de Puerto Rico

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San Gerónimo Caribe Project, Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc. v. ELA y otros

CT-2007-0004

Resolución con Voto Particular de Conformidad

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

San Gerónimo Caribe Project,

Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc.

Apelados-Peticionarios

Certificación

v.

2008 TSPR 140

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, representado por

el Secretario de Justicia;

Junta de Planificación

Certificación

representada por su

Presidente; Administración de

Reglamentos y Permisos

representada por su

Administrador, Departamento

de Recursos Naturales y

Ambientales representado por

su Secretario

174 DPR ____

*

Apelantes-Recurridos

Hilton International of Puerto

Rico, Inc.; Hotel Development

Corp.

Demandados

Número del Caso: CT-2007-4

Fecha: 20 de agosto de 2008

Oficina del Procurador General:

Lcda. Maite D. Oronoz Rodríguez

Procuradora General Interina

Materia: Certificación

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones

del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

San Gerónimo Caribe Project,

*

Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc. *

*

Apelados-Peticionarios

*

*

v.

*

*

*

Estado Libre Asociado de

*

Puerto Rico, representado por

*

el Secretario de Justicia;

*

Junta de Planificación

*

representada por su

*

Presidente; Administración de

*

Reglamentos y Permisos

*

representada por su

*

Administrador, Departamento

*

de Recursos Naturales y

*

Ambientales representado por

*

su Secretario

*

*

Apelantes-Recurridos

*

*

Hilton International of Puerto

*

Rico, Inc.; Hotel Development

*

Corp.

*

*

Demandados

*

***********************************

CT-2008-04

Certificación

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2008.

Examinada la Moción de Reconsideración presentada por el

Estado Libre Asociado, se declara No Ha Lugar.

Contrario a lo dispuesto en

la Regla 34 (d) del

Reglamento del Tribunal Supremo, T. 4 Ap. XXI-A R.34 (d),

dicho escrito trae ante nuestra consideración en esta etapa

apelativa una prueba que no fue dilucidada por el Tribunal de

Primera Instancia.

Claramente, tanto la sentencia del foro de instancia

como nuestro dictamen del pasado 31 de julio de 2008 se limitó

a la controversia sobre la clasificación jurídica de los

terrenos ganados al mar en el Coast Guard Parcel y en el

Condado Bay Parcel. Los demás asuntos relacionados con la

investigación sobre Paseo Caribe iniciada por el Estado no

estuvieron ante la consideración ni del foro de instancia ni

de este Tribunal en el presente caso. Nuestra decisión no

impide cualquier otra acción judicial o administrativa que

CT-2008-04

2

proceda en derecho a la luz de los hallazgos de la mencionada

investigación.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. Todos los jueces intervienen por Regla de

Necesidad. El Juez Presidente señor Hernández Denton emitió

Voto Particular de Conformidad. La Jueza Asociada señora Fiol

Matta

reconsideraría

parcialmente

por

los

fundamentos

expuestos en su Opinión Disidente y Concurrente, y concurre en

cuanto a que la decisión tomada no impide cualquier otra

acción judicial o administrativa que proceda en derecho a la

luz de la investigación sobre la cual informa el Procurador

General.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

San Gerónimo Caribe Project,

*

Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc. *

*

Apelados-Peticionarios

*

*

v.

*

*

*

Estado Libre Asociado de

*

Puerto Rico, representado por

*

el Secretario de Justicia;

*

Junta de Planificación

*

representada por su

*

Presidente; Administración de

*

Reglamentos y Permisos

*

representada por su

*

Administrador, Departamento

*

de Recursos Naturales y

*

Ambientales representado por

*

su Secretario

*

*

Apelantes-Recurridos

*

*

Hilton International of Puerto

*

Rico, Inc.; Hotel Development

*

Corp.

*

*

Demandados

*

***********************************

Voto Particular de Conformidad

Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON

CT-2008-04

Certificación

emitido

por

el

Juez

San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2008.

Estamos conformes con la Resolución emitida por este

Tribunal en la cual se deniega la Moción de Reconsideración

presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en

el

presente

expresarnos

caso.

de

No

obstante,

entendemos

forma

particular

para

hacer

claramente nuestra posición sobre dicho escrito.

meritorio

constar

CT-2008-04

2

I

En primer lugar, es menester aclarar de qué trata –y

de

qué

no

trata-

la

controversia

que

tuvo

ante

su

consideración este Tribunal y que se resolvió con finalidad

en San Gerónimo Caribe Project. Inc. v. ELA, res. 31 de

julio de 2008, 2008 TSPR 129. Desde el inicio de la Opinión

del

Tribunal,

enfatizamos

que

la

controversia

a

ser

resuelta era, pues, si los terrenos ganados al mar en los

predios del Proyecto Paseo Caribe son bienes patrimoniales

o de dominio público. Esa fue la controversia de estricto

derecho que estipularon todas las partes involucradas en el

presente caso y el único asunto sobre el cual se presentó

prueba ante el Tribunal de Primera Instancia. Como bien

indica el propio Estado, la adjudicación de este asunto

particular no precisaba de investigaciones posteriores, de

descubrimiento

de

prueba

adicional

ni

de

deslindes

ulteriores a los que ya existían al momento

en que se

estipularon los hechos y la controversia de umbral antes

mencionada.

Por tanto, la única controversia que fue adjudicada

tanto por este Tribunal como por el foro de instancia fue

precisamente aquella relacionada a la clasificación de los

terrenos en donde se erige el referido proyecto. En ese

sentido, nuestra Opinión en San Gerónimo Caribe Project,

Inc. v. ELA, supra, se limitó a aplicar e interpretar lo

que disponía claramente la ley vigente al momento en que se

ganaron al mar los terrenos del Coast Guard Parcel en el

CT-2008-04

1941

y

3

del

Condado

Bay

Parcel

en

la

década

de

los

cincuenta.1

La naturaleza delimitada de nuestro dictamen responde

a que la Demanda en Solicitud de Sentencia Declaratoria que

motivó este caso iba dirigida a los fines exclusivos de que

se aclarara la incertidumbre que surgió como consecuencia

de la publicación de la Opinión del Secretario de Justicia

del

11

de

limitaban,

diciembre

de

precisamente,

2007,

al

cuyas

asunto

de

conclusiones

estricto

se

derecho

sobre los terrenos ganados al mar. Fue en ese contexto que

declaramos

a

San

adelante,

SGCP)

Gerónimo

como

Caribe

titular

de

Project,

los

Inc.

(en

terrenos

en

controversia. Claramente, dicha declaración se circunscribe

al

asunto

de

la

clasificación

jurídica

de

los

terrenos

ganados al mar, y de ningún modo puede interpretarse como

la concesión de un manto de legalidad o impunidad a favor

de las múltiples transacciones jurídicas que ocurrieron en

torno a esos terrenos en la década de los noventa.

1

Todos los jueces de este Tribunal coincidieron en que

por

lo

menos

hasta

1968,

el

estado

de

derecho

puertorriqueño provenía de la Ley de Puertos española de

1886 y el Artículo 22 de su Instrucción administrativa, la

cual establecía un esquema privatizador de los terrenos

ganados al mar que no fue alterado por la Ley Foraker, el

Código Civil de 1902 ni la Ley de Puertos de 1928. Es de

notar que la Opinión Disidente y Concurrente de la Jueza

Asociada señora Fiol Matta concurre con la Opinión

mayoritaria en cuanto al Condado Bay Parcel, la parcela a

la que le aplica exclusivamente el derecho puertorriqueño,

y difiere de la mayoría en cuanto al Coast Guard Parcel por

entender que tan reciente como en 1991 ocurrió una

afectación de la misma tras su adquisición por el gobierno

de Puerto Rico.

CT-2008-04

4

En aquella ocasión, declaramos a SGCP como titular de

los terrenos en controversia no porque validáramos tales

transacciones, sino porque éste es el titular que refleja

el

Registro

de

la

Propiedad

en

cuanto

a

los

predios

privados en controversia. Opera aquí la presunción iuris

de

tantum

exactitud

registral

y

el

principio

de

legitimación a favor del titular inscrito en el Registro.

Artículo 104, Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2354. Véase

además,

Luis

Rafael

Rivera

Rivera,

Derecho

Registral

Inmobiliario Puertorriqueño, 2da edición, 2002, pág. 183187.

En

virtud

de

dicha

presunción,

SGCP

se

encuentra

legitimado según los asientos del Registro para actuar en

el tráfico jurídico y en los procedimientos judiciales como

el titular de los terrenos en controversia. Al concluir que

dichos terrenos no son de dominio público de conformidad

con el derecho aplicable, procedía declarar a SGCP como

titular de los mismos para los únicos fines de resolver la

demanda

de

sentencia

declaratoria

que

se

presentó

ante

nuestra consideración sobre la clasificación dominical de

las parcelas rellenadas.2

Ahora bien, lo anterior no significa que el Estado

esté

impedido

de

presentar

prueba

para

impugnar

los

derechos inscritos en el Registro de la Propiedad de

2

Además, durante el transcurso del caso de autos el

Estado nunca presentó prueba para impugnar la validez de

los referidos asientos, más allá de elaborar una teoría

novel en cuanto a la clasificación dominical de los

terrenos ganados al mar.

CT-2008-04

5

conformidad con el Artículo 104 de la Ley Hipotecaria, 30

L.P.R.A. sec. 2354, o los permisos concedidos por múltiples

agencias administrativas mediante la acción que proceda en

derecho. De ninguna manera hemos prejuzgado la validez de

las

transacciones

mencionadas

ni

la

corrección

de

los

deslindes realizados en los terrenos bajo controversia.

A

su

vez,

resulta

innegable

que

el

presente

caso

estuvo dirigido en todo momento a resolver una controversia

de estricto derecho sobre la clasificación de los terrenos

ganados al mar. Durante el transcurso de este litigio, en

ningún momento se presentó prueba sobre error o fraude en

la concesión de los permisos o en la inscripción de los

asientos pertinentes en el Registro de la Propiedad. Esa

realidad no impide que el Estado presente ahora un caso

reivindicatorio

para

dilucidar

sencillamente

refleja

que

tales

dichas

asuntos,

sino

que

controversias

no

estuvieron, ni están en este momento, ante la consideración

de los tribunales del país.

En vista de ello, nos sorprende que en esta etapa del

caso, mediante una Moción de Reconsideración, se presenten

por primera vez alegaciones de fraude y de irregularidades

en torno a las transacciones relacionadas a los terrenos en

controversia.

Este

caso

adjudicación

final

solamente

desde

su

ha

inicio

hasta

su

versado

sobre

la

clasificación de los terrenos ganados al mar. El propio

Estado reconoce en la referida Moción que los demás asuntos

relacionados con las investigaciones sobre dicho proyecto,

CT-2008-04

6

la posibilidad de que exista fraude y las circunstancias

que

rodearon

los

diversos

negocios

jurídicos

nunca

estuvieron realmente ante la consideración de este Foro en

el presente caso.

Por ende, resulta contrario a la práctica apelativa y

a la Regla 34 (d) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4

L.P.R.A.

Ap.

XXI-A,

R.34

(d),

que

se

utilicen

tales

fundamentos y se presente una prueba que no fue dilucidada

ante el foro de instancia -como el Informe de Análisis

Espacial de la Ingeniera Linda L. Vélez Rodríguez- en el

escrito

de

reconsideración.

Ciertamente,

cualquier

alegación de fraude o error en torno a la inscripción de

los

derechos

reales

ocurrieron

con

terrenos

rellenados

procedimiento

y

las

transacciones

posterioridad

se

judicial

a

debe

o

la

jurídicas

desafectación

canalizar

administrativo

que

de

los

mediante

el

correspondiente,

mas no en la acción de sentencia declaratoria que dio lugar

al presente caso.

II

A

modo

de

epílogo,

conviene

aclarar

que

nuestro

dictamen en el caso de epígrafe se tomó consciente de que

los

bienes

de

dominio

público

marítimo

terrestres

son

recursos naturales que gozan de protección constitucional.

Véase Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, L.P.R.A., Tomo 1. Dicha

determinación no modifica el ordenamiento vigente en lo que

respecta

a

la

zona

marítimo-terrestre

y

las

playas

nuestro país. Sencillamente, es una decisión que le da

de

CT-2008-04

certeza

7

y

seguridad

jurídica

a

ciertos

terrenos

que

se

originaron bajo el palio de un esquema administrativo que

respondía

fueron

a

un contexto

rellenados

Departamento

de

a

la

histórico

mediados

Marina

y

del

la

diferente,

siglo

pues

pasado

Compañía

de

éstos

por

el

Fomento

Industrial al amparo de un estado de derecho que permitía

realizar tales obras a título patrimonial.3

Sin embargo, nuestra decisión reconoce en todo momento

el

carácter

público

de

las

playas

y

el

mar

litoral

puertorriqueño, por lo que exige que los terrenos ganados

al mar no puedan interferir con la nueva zona marítimoterrestre que se formó bajo ese viejo régimen privatizador.

Además,

la

Opinión

reconoce

que

el

referido

esquema

administrativo que permitió que tales terrenos se ganaran

al mar ya perdió su vigencia en la actualidad, dado que la

Ley

de

Puertos

de

1968

–que

por

primera

vez

menciona

expresamente a los terrenos ganados al mar en la definición

de zona marítimo terrestre- es de aplicación prospectiva.

23 L.P.R.A. secs. 2103(n), 2111. Por consiguiente, nuestra

determinación en el presente caso es cónsona con el mandato

constitucional en cuanto a la protección y preservación de

los bienes de dominio público marítimo terrestres.

3

Como se indica en nuestra Opinión, tales obras de

relleno ocurrieron en una época en la cual se utilizó esta

técnica de modificación al litoral en diversas zonas

históricas de Puerto Rico. Independientemente del origen o

contexto sociocultural que motivó el asentamiento de estas

comunidades en terrenos desecados o ganados al mar, lo

cierto es que éstas se erigieron en terrenos que en algún

momento estaban sumergidos y que, por tanto, formaban parte

del dominio público marítimo-terrestre.

CT-2008-04

8

Así,

pues,

perspectiva

reiteramos

que

la

única

que

no

podemos

controversia

que

perder

de

se encontraba

ante la consideración de este Tribunal era la naturaleza

jurídica de ciertos terrenos ganados al mar muchos años

antes

de

que

la

parte

demandante

los

adquiriera

para

construir el controvertible proyecto. El Tribunal no pasó

juicio sobre la corrección o la efectividad de esa política

pública que permitía al Estado o a particulares realizar

rellenos a título patrimonial a mediados del siglo pasado.

Esa

labor

políticas

le

corresponde

que

formularon

exclusivamente

a

fomentaron

dicha

y

las

ramas

política

desarrollista en un momento de nuestra historia, al igual

que hicieron con diversos enfoques los gobiernos de Holanda

y otros países del mundo. De igual modo, dicho dictamen

tampoco pasó juicio de forma alguna sobre el valor estético

de

Paseo

Caribe

o

su

cumplimiento

con

los

reglamentos

aplicables de zonificación y uso de terrenos, pues estos

asuntos no estaban relacionados con la controversia sobre

la clasificación jurídica de los predios rellenados.

Como afirmamos en San Gerónimo Caribe Project v. ARPE,

res. 31 de julio de 2008, 2008 TSPR 130, nada impide que de

surgir información de fraude o error, o de incumplimiento

con

los

Justicia

reglamentos

vigentes,

tanto

como

o

otra

ARPE

alguna

el

Departamento

agencia

impugne

de

los

permisos concedidos o incluso los asientos registrales en

torno

a

la

extensión

y

cabida

de

los

terrenos

en

CT-2008-04

9

controversia. Ello, claro está, tendrá que hacerse mediante

la acción legal o administrativa que proceda en derecho.

Por

las

razones

expuestas

anteriormente

estamos

conformes con la Resolución emitida por el Tribunal que

deniega

la

moción

de

reconsideración

presentada

por

el

Estado.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente