Tribunal Supremo de Puerto Rico
San Gerónimo Caribe Project, Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc. v. ELA y otros
2008 TSPR 140
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
San Gerónimo Caribe Project, Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc. v. ELA y otros
CT-2007-0004
Resolución con Voto Particular de Conformidad
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
San Gerónimo Caribe Project,
Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc.
Apelados-Peticionarios
Certificación
v.
2008 TSPR 140
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, representado por
el Secretario de Justicia;
Junta de Planificación
Certificación
representada por su
Presidente; Administración de
Reglamentos y Permisos
representada por su
Administrador, Departamento
de Recursos Naturales y
Ambientales representado por
su Secretario
174 DPR ____
*
Apelantes-Recurridos
Hilton International of Puerto
Rico, Inc.; Hotel Development
Corp.
Demandados
Número del Caso: CT-2007-4
Fecha: 20 de agosto de 2008
Oficina del Procurador General:
Lcda. Maite D. Oronoz Rodríguez
Procuradora General Interina
Materia: Certificación
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones
del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un
servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
San Gerónimo Caribe Project,
*
Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc. *
*
Apelados-Peticionarios
*
*
v.
*
*
*
Estado Libre Asociado de
*
Puerto Rico, representado por
*
el Secretario de Justicia;
*
Junta de Planificación
*
representada por su
*
Presidente; Administración de
*
Reglamentos y Permisos
*
representada por su
*
Administrador, Departamento
*
de Recursos Naturales y
*
Ambientales representado por
*
su Secretario
*
*
Apelantes-Recurridos
*
*
Hilton International of Puerto
*
Rico, Inc.; Hotel Development
*
Corp.
*
*
Demandados
*
***********************************
CT-2008-04
Certificación
RESOLUCIÓN
San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2008.
Examinada la Moción de Reconsideración presentada por el
Estado Libre Asociado, se declara No Ha Lugar.
Contrario a lo dispuesto en
la Regla 34 (d) del
Reglamento del Tribunal Supremo, T. 4 Ap. XXI-A R.34 (d),
dicho escrito trae ante nuestra consideración en esta etapa
apelativa una prueba que no fue dilucidada por el Tribunal de
Primera Instancia.
Claramente, tanto la sentencia del foro de instancia
como nuestro dictamen del pasado 31 de julio de 2008 se limitó
a la controversia sobre la clasificación jurídica de los
terrenos ganados al mar en el Coast Guard Parcel y en el
Condado Bay Parcel. Los demás asuntos relacionados con la
investigación sobre Paseo Caribe iniciada por el Estado no
estuvieron ante la consideración ni del foro de instancia ni
de este Tribunal en el presente caso. Nuestra decisión no
impide cualquier otra acción judicial o administrativa que
CT-2008-04
2
proceda en derecho a la luz de los hallazgos de la mencionada
investigación.
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo. Todos los jueces intervienen por Regla de
Necesidad. El Juez Presidente señor Hernández Denton emitió
Voto Particular de Conformidad. La Jueza Asociada señora Fiol
Matta
reconsideraría
parcialmente
por
los
fundamentos
expuestos en su Opinión Disidente y Concurrente, y concurre en
cuanto a que la decisión tomada no impide cualquier otra
acción judicial o administrativa que proceda en derecho a la
luz de la investigación sobre la cual informa el Procurador
General.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
San Gerónimo Caribe Project,
*
Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc. *
*
Apelados-Peticionarios
*
*
v.
*
*
*
Estado Libre Asociado de
*
Puerto Rico, representado por
*
el Secretario de Justicia;
*
Junta de Planificación
*
representada por su
*
Presidente; Administración de
*
Reglamentos y Permisos
*
representada por su
*
Administrador, Departamento
*
de Recursos Naturales y
*
Ambientales representado por
*
su Secretario
*
*
Apelantes-Recurridos
*
*
Hilton International of Puerto
*
Rico, Inc.; Hotel Development
*
Corp.
*
*
Demandados
*
***********************************
Voto Particular de Conformidad
Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON
CT-2008-04
Certificación
emitido
por
el
Juez
San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2008.
Estamos conformes con la Resolución emitida por este
Tribunal en la cual se deniega la Moción de Reconsideración
presentada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en
el
presente
expresarnos
caso.
de
No
obstante,
entendemos
forma
particular
para
hacer
claramente nuestra posición sobre dicho escrito.
meritorio
constar
CT-2008-04
2
I
En primer lugar, es menester aclarar de qué trata –y
de
qué
no
trata-
la
controversia
que
tuvo
ante
su
consideración este Tribunal y que se resolvió con finalidad
en San Gerónimo Caribe Project. Inc. v. ELA, res. 31 de
julio de 2008, 2008 TSPR 129. Desde el inicio de la Opinión
del
Tribunal,
enfatizamos
que
la
controversia
a
ser
resuelta era, pues, si los terrenos ganados al mar en los
predios del Proyecto Paseo Caribe son bienes patrimoniales
o de dominio público. Esa fue la controversia de estricto
derecho que estipularon todas las partes involucradas en el
presente caso y el único asunto sobre el cual se presentó
prueba ante el Tribunal de Primera Instancia. Como bien
indica el propio Estado, la adjudicación de este asunto
particular no precisaba de investigaciones posteriores, de
descubrimiento
de
prueba
adicional
ni
de
deslindes
ulteriores a los que ya existían al momento
en que se
estipularon los hechos y la controversia de umbral antes
mencionada.
Por tanto, la única controversia que fue adjudicada
tanto por este Tribunal como por el foro de instancia fue
precisamente aquella relacionada a la clasificación de los
terrenos en donde se erige el referido proyecto. En ese
sentido, nuestra Opinión en San Gerónimo Caribe Project,
Inc. v. ELA, supra, se limitó a aplicar e interpretar lo
que disponía claramente la ley vigente al momento en que se
ganaron al mar los terrenos del Coast Guard Parcel en el
CT-2008-04
1941
y
3
del
Condado
Bay
Parcel
en
la
década
de
los
cincuenta.1
La naturaleza delimitada de nuestro dictamen responde
a que la Demanda en Solicitud de Sentencia Declaratoria que
motivó este caso iba dirigida a los fines exclusivos de que
se aclarara la incertidumbre que surgió como consecuencia
de la publicación de la Opinión del Secretario de Justicia
del
11
de
limitaban,
diciembre
de
precisamente,
2007,
al
cuyas
asunto
de
conclusiones
estricto
se
derecho
sobre los terrenos ganados al mar. Fue en ese contexto que
declaramos
a
San
adelante,
SGCP)
Gerónimo
como
Caribe
titular
de
Project,
los
Inc.
(en
terrenos
en
controversia. Claramente, dicha declaración se circunscribe
al
asunto
de
la
clasificación
jurídica
de
los
terrenos
ganados al mar, y de ningún modo puede interpretarse como
la concesión de un manto de legalidad o impunidad a favor
de las múltiples transacciones jurídicas que ocurrieron en
torno a esos terrenos en la década de los noventa.
1
Todos los jueces de este Tribunal coincidieron en que
por
lo
menos
hasta
1968,
el
estado
de
derecho
puertorriqueño provenía de la Ley de Puertos española de
1886 y el Artículo 22 de su Instrucción administrativa, la
cual establecía un esquema privatizador de los terrenos
ganados al mar que no fue alterado por la Ley Foraker, el
Código Civil de 1902 ni la Ley de Puertos de 1928. Es de
notar que la Opinión Disidente y Concurrente de la Jueza
Asociada señora Fiol Matta concurre con la Opinión
mayoritaria en cuanto al Condado Bay Parcel, la parcela a
la que le aplica exclusivamente el derecho puertorriqueño,
y difiere de la mayoría en cuanto al Coast Guard Parcel por
entender que tan reciente como en 1991 ocurrió una
afectación de la misma tras su adquisición por el gobierno
de Puerto Rico.
CT-2008-04
4
En aquella ocasión, declaramos a SGCP como titular de
los terrenos en controversia no porque validáramos tales
transacciones, sino porque éste es el titular que refleja
el
Registro
de
la
Propiedad
en
cuanto
a
los
predios
privados en controversia. Opera aquí la presunción iuris
de
tantum
exactitud
registral
y
el
principio
de
legitimación a favor del titular inscrito en el Registro.
Artículo 104, Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2354. Véase
además,
Luis
Rafael
Rivera
Rivera,
Derecho
Registral
Inmobiliario Puertorriqueño, 2da edición, 2002, pág. 183187.
En
virtud
de
dicha
presunción,
SGCP
se
encuentra
legitimado según los asientos del Registro para actuar en
el tráfico jurídico y en los procedimientos judiciales como
el titular de los terrenos en controversia. Al concluir que
dichos terrenos no son de dominio público de conformidad
con el derecho aplicable, procedía declarar a SGCP como
titular de los mismos para los únicos fines de resolver la
demanda
de
sentencia
declaratoria
que
se
presentó
ante
nuestra consideración sobre la clasificación dominical de
las parcelas rellenadas.2
Ahora bien, lo anterior no significa que el Estado
esté
impedido
de
presentar
prueba
para
impugnar
los
derechos inscritos en el Registro de la Propiedad de
2
Además, durante el transcurso del caso de autos el
Estado nunca presentó prueba para impugnar la validez de
los referidos asientos, más allá de elaborar una teoría
novel en cuanto a la clasificación dominical de los
terrenos ganados al mar.
CT-2008-04
5
conformidad con el Artículo 104 de la Ley Hipotecaria, 30
L.P.R.A. sec. 2354, o los permisos concedidos por múltiples
agencias administrativas mediante la acción que proceda en
derecho. De ninguna manera hemos prejuzgado la validez de
las
transacciones
mencionadas
ni
la
corrección
de
los
deslindes realizados en los terrenos bajo controversia.
A
su
vez,
resulta
innegable
que
el
presente
caso
estuvo dirigido en todo momento a resolver una controversia
de estricto derecho sobre la clasificación de los terrenos
ganados al mar. Durante el transcurso de este litigio, en
ningún momento se presentó prueba sobre error o fraude en
la concesión de los permisos o en la inscripción de los
asientos pertinentes en el Registro de la Propiedad. Esa
realidad no impide que el Estado presente ahora un caso
reivindicatorio
para
dilucidar
sencillamente
refleja
que
tales
dichas
asuntos,
sino
que
controversias
no
estuvieron, ni están en este momento, ante la consideración
de los tribunales del país.
En vista de ello, nos sorprende que en esta etapa del
caso, mediante una Moción de Reconsideración, se presenten
por primera vez alegaciones de fraude y de irregularidades
en torno a las transacciones relacionadas a los terrenos en
controversia.
Este
caso
adjudicación
final
solamente
desde
su
ha
inicio
hasta
su
versado
sobre
la
clasificación de los terrenos ganados al mar. El propio
Estado reconoce en la referida Moción que los demás asuntos
relacionados con las investigaciones sobre dicho proyecto,
CT-2008-04
6
la posibilidad de que exista fraude y las circunstancias
que
rodearon
los
diversos
negocios
jurídicos
nunca
estuvieron realmente ante la consideración de este Foro en
el presente caso.
Por ende, resulta contrario a la práctica apelativa y
a la Regla 34 (d) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4
L.P.R.A.
Ap.
XXI-A,
R.34
(d),
que
se
utilicen
tales
fundamentos y se presente una prueba que no fue dilucidada
ante el foro de instancia -como el Informe de Análisis
Espacial de la Ingeniera Linda L. Vélez Rodríguez- en el
escrito
de
reconsideración.
Ciertamente,
cualquier
alegación de fraude o error en torno a la inscripción de
los
derechos
reales
ocurrieron
con
terrenos
rellenados
procedimiento
y
las
transacciones
posterioridad
se
judicial
a
debe
o
la
jurídicas
desafectación
canalizar
administrativo
que
de
los
mediante
el
correspondiente,
mas no en la acción de sentencia declaratoria que dio lugar
al presente caso.
II
A
modo
de
epílogo,
conviene
aclarar
que
nuestro
dictamen en el caso de epígrafe se tomó consciente de que
los
bienes
de
dominio
público
marítimo
terrestres
son
recursos naturales que gozan de protección constitucional.
Véase Art. VI, Sec. 19, Const. ELA, L.P.R.A., Tomo 1. Dicha
determinación no modifica el ordenamiento vigente en lo que
respecta
a
la
zona
marítimo-terrestre
y
las
playas
nuestro país. Sencillamente, es una decisión que le da
de
CT-2008-04
certeza
7
y
seguridad
jurídica
a
ciertos
terrenos
que
se
originaron bajo el palio de un esquema administrativo que
respondía
fueron
a
un contexto
rellenados
Departamento
de
a
la
histórico
mediados
Marina
y
del
la
diferente,
siglo
pues
pasado
Compañía
de
éstos
por
el
Fomento
Industrial al amparo de un estado de derecho que permitía
realizar tales obras a título patrimonial.3
Sin embargo, nuestra decisión reconoce en todo momento
el
carácter
público
de
las
playas
y
el
mar
litoral
puertorriqueño, por lo que exige que los terrenos ganados
al mar no puedan interferir con la nueva zona marítimoterrestre que se formó bajo ese viejo régimen privatizador.
Además,
la
Opinión
reconoce
que
el
referido
esquema
administrativo que permitió que tales terrenos se ganaran
al mar ya perdió su vigencia en la actualidad, dado que la
Ley
de
Puertos
de
1968
–que
por
primera
vez
menciona
expresamente a los terrenos ganados al mar en la definición
de zona marítimo terrestre- es de aplicación prospectiva.
23 L.P.R.A. secs. 2103(n), 2111. Por consiguiente, nuestra
determinación en el presente caso es cónsona con el mandato
constitucional en cuanto a la protección y preservación de
los bienes de dominio público marítimo terrestres.
3
Como se indica en nuestra Opinión, tales obras de
relleno ocurrieron en una época en la cual se utilizó esta
técnica de modificación al litoral en diversas zonas
históricas de Puerto Rico. Independientemente del origen o
contexto sociocultural que motivó el asentamiento de estas
comunidades en terrenos desecados o ganados al mar, lo
cierto es que éstas se erigieron en terrenos que en algún
momento estaban sumergidos y que, por tanto, formaban parte
del dominio público marítimo-terrestre.
CT-2008-04
8
Así,
pues,
perspectiva
reiteramos
que
la
única
que
no
podemos
controversia
que
perder
de
se encontraba
ante la consideración de este Tribunal era la naturaleza
jurídica de ciertos terrenos ganados al mar muchos años
antes
de
que
la
parte
demandante
los
adquiriera
para
construir el controvertible proyecto. El Tribunal no pasó
juicio sobre la corrección o la efectividad de esa política
pública que permitía al Estado o a particulares realizar
rellenos a título patrimonial a mediados del siglo pasado.
Esa
labor
políticas
le
corresponde
que
formularon
exclusivamente
a
fomentaron
dicha
y
las
ramas
política
desarrollista en un momento de nuestra historia, al igual
que hicieron con diversos enfoques los gobiernos de Holanda
y otros países del mundo. De igual modo, dicho dictamen
tampoco pasó juicio de forma alguna sobre el valor estético
de
Paseo
Caribe
o
su
cumplimiento
con
los
reglamentos
aplicables de zonificación y uso de terrenos, pues estos
asuntos no estaban relacionados con la controversia sobre
la clasificación jurídica de los predios rellenados.
Como afirmamos en San Gerónimo Caribe Project v. ARPE,
res. 31 de julio de 2008, 2008 TSPR 130, nada impide que de
surgir información de fraude o error, o de incumplimiento
con
los
Justicia
reglamentos
vigentes,
tanto
como
o
otra
ARPE
alguna
el
Departamento
agencia
impugne
de
los
permisos concedidos o incluso los asientos registrales en
torno
a
la
extensión
y
cabida
de
los
terrenos
en
CT-2008-04
9
controversia. Ello, claro está, tendrá que hacerse mediante
la acción legal o administrativa que proceda en derecho.
Por
las
razones
expuestas
anteriormente
estamos
conformes con la Resolución emitida por el Tribunal que
deniega
la
moción
de
reconsideración
presentada
por
el
Estado.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente