Tribunal Supremo de Puerto Rico
Echandi Otero y otros v. Stewart Title Guaranty Co.
2008 TSPR 126
Poder Judicial de Puerto Rico
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Echandi Otero y otros v. Stewart Title Guaranty Co.
AC-2006-0049
Seguros – Contrato de s eguro de título; interpretación del contrato de seguro
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Efraín Echandi Otero y otros
Certiorari
Peticionaria
2008 TSPR 126
vs.
174 DPR ____
Stewart Title Guaranty Co.
Recurrido
Número del Caso: AC-2006-49
Fecha: 22 de julio de 2008
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel V
Juez Ponente:
Hon. Héctor Urgell Cuebas
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Allan E. Charlotten Rivera
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Michelle Pirallo-Di Cristina
Materia: Incumplimiento de Contrato y Daños
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Efraín Echandi Otero y otros
Peticionaria
vs.
AC-2006-49
CERTIORARI
Stewart Title Guaranty Co.
Recurrido
OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO
LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2008
El 26 de septiembre de 2003, el Sr. Efraín
Echandi
Otero
presentaron
una
y
su
esposa
demanda
Nydia
sobre
Rosa
Guzmán
incumplimiento
de
contrato y daños y perjuicios contra Stewart Title
Guaranty Company, Inc., Stewart Title of Puerto
Rico, Inc., San Juan Abstract Corporation y otros,
ante el Tribunal de Primera Instancia,
misma,
con
alegaron
los
título
que
términos
al
cubierta.
los
demandados
un
contrato
de
denegarles
Por
su
. En la
incumplieron
de
seguro
de
representación
legal
y
parte,
los
codemandados
contestaron la demanda negando las alegaciones y
aduciendo que las circunstancias del presente caso
no
eran
indemnizables
póliza. Resolvemos.
bajo
los
términos
de
la
2
AC-2006-49
I
El
7
de
junio
de
2002,
los
esposos
Echandi-Guzmán
compraron un solar segregado de una finca matriz, propiedad
de Vista Bahía Culebra, Inc. En la escritura de segregación
y compraventa, la Notaria le advirtió a los compradores que
se había instado un pleito civil, Ramos v. Rivera, en el
cual
se
cuestionaba
la
legalidad
de
los
permisos
gubernamentales concedidos en relación con el proyecto Vista
Bahía Culebra.1 El mismo día en que se otorgó el documento
1
La mencionada advertencia hecha por la Notaria, que consta
en la escritura, lee de la siguiente forma:
La Notaria le advierte a la PARTE COMPRADORA que
ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de San Juan, se ha presentado un pleito
bajo el número civil KPE 2002-0190(904) sobre
Mandamus, Solicitud de Orden Provisional Temporera
de Cese y Desista, Injunction Preliminar y
Permanente,
Daños
y
Perjuicios
y
Sentencia
Declaratoria seguido por Ana Ramos Toro y otros
contra Carlos A. Rivera Bustamante y otros, donde
se ha cuestionado la legalidad de los permisos
gubernamentales concedidos en relación con el
proyecto. Manifiesta la PARTE VENDEDORA que a esta
fecha el Tribunal denegó la expedición de la orden
de Mandamus e Injunction Preliminar y el pleito
continúa bajo el trámite ordinario. La Notaria les
ha advertido a los comparecientes que no ha tenido
oportunidad de examinar el expediente legal del
referido caso y que está descansando en las
manifestaciones
de
las
partes
por
lo
que
recomienda
a
la
PARTE
COMPRADORA
de
la
conveniencia de examinar los autos del mencionado
caso previo al otorgamiento de esta escritura, en
cuyo caso se puede posponer el cierre para brindar
la oportunidad necesaria para ello.
En un acápite anterior la Notaria le informó a los
compradores sobre la conveniencia de adquirir una póliza de
título que les garantizara su derecho de propiedad y les
indemnizara en caso de que sufrieran una pérdida o menoscabo
en el mismo. Ahora bien, dicha orientación se realizó porque
(Continúa . . .)
3
AC-2006-49
público, con el propósito de asegurar su derecho sobre el
solar adquirido y para proveerle mercadeabilidad al mismo,
los
esposos
Echandi-Guzmán
suscribieron
un
contrato
de
seguro de título con San Juan Abstract Company mediante el
cual
adquirieron
una
póliza
emitida
por
Stewart
Title
Guaranty Company a través de Stewart Title of Puerto Rico.
Un año después, el tribunal de instancia, en el caso
Ramos v. Rivera, emitió una sentencia parcial en la cual
declaró nula la autorización de desarrollo de Vista Bahía
Culebra
y,
por
ende,
todas
las
transacciones
realizadas
referentes a la finca matriz de la cual provenía el solar
adquirido por los esposos Echandi-Guzmán.2 Tan pronto el
matrimonio demandante se enteró de la sentencia dictada le
informó a San Juan Abstract Company y a Stewart Title de la
misma.
Mediante comunicación de 27 de febrero de 2003, el
matrimonio Echandi-Guzmán solicitó a las antes mencionadas
compañías aseguradoras le brindaran representación legal.
_______________________
la finca matriz, de donde se segregó la parcela que se le
vendía a los compradores, no constaba inscrita en el
Registro de la Propiedad, a pesar de que los documentos
habían sido presentados. Por lo tanto, la razón para que la
Notaria le recomendara a los compradores adquirir un seguro
de título no respondía a la existencia del pleito sobre los
permisos gubernamentales de la finca matriz.
2
El tribunal de instancia determinó, en dicho caso, que
ARPe actuó sin jurisdicción al aprobar una solicitud de
desarrollo preliminar que contenía una variación de cabida
que, a su vez, constituía un cambio en el distrito de
zonificación. Tal poder de alterar el uso de la tierra lo
posee la Junta de Planificación y no la agencia que tomó la
decisión.
4
AC-2006-49
Además, éstos solicitaron le proveyeran toda la información
que tuvieran sobre la sentencia que afectaba sus derechos.
Los demandados no contestaron tales solicitudes.
Así las cosas, y para asegurar su interés propietario,
el matrimonio Echandi-Guzmán intervino en el caso Ramos v.
Rivera,
en
el
cual
solicitó
y
obtuvo
una
orden
de
prohibición de enajenar la finca matriz propiedad de Vista
Bahía. La referida orden fue debidamente inscrita en el
Registro
de
la
Propiedad.
Posteriormente,
los
esposos
Echandi-Guzmán reclamaron, nuevamente, a San Juan Abstract y
a
Stewart
Title,
la
cubierta
de
la
póliza
de
seguros
adquirida. Les solicitaron, a su vez, que le reembolsaran
los gastos legales incurridos.
Los
aquí
demandados
nunca
contestaron
tales
requerimientos. Por dicha razón, los esposos Echandi-Guzmán
presentaron la demanda que origina el recurso de epígrafe.
Además de reclamar los gastos legales incurridos y el valor
asegurado de la póliza, el matrimonio demandante adujo que
el
incumplimiento
de
los
demandados
les
había
causado
profundos sufrimientos y angustias mentales, por lo cual
solicitaron remuneración económica. Solicitaron, a su vez,
retribución por pérdida de ingresos y que se les concedieran
honorarios de abogado.
Stewart
Title
contestó
la
demanda
y
levantó
como
defensa afirmativa que el seguro de título emitido no cubría
los daños reclamados. Adujeron, que los esposos EchandiGuzmán asumieron el riesgo al adquirir la propiedad con
5
AC-2006-49
conocimiento de que el pleito, en el cual se impugnaron los
permisos otorgados para el proyecto, estaba en proceso. Poco
tiempo después, Stewart Title solicitó la desestimación de
la demanda, basándose en que el seguro de título no proveía
cubierta para situaciones en que los asegurados consentían o
asumían el riesgo.3 En apoyo a tal petición citó el texto de
la
póliza,
en
particular
la
sección
que
enumera
las
exclusiones a la cobertura. El aparte en controversia, en lo
pertinente, lee como sigue:
The following matters are expressly excluded from
the coverage of this policy and the Company will
not pay loss or damage, costs, attorney’s fees or
expenses which arise by reason of:
1.(a)
Any
law,
ordinance
or
governmental
regulation (including but not limited to building
and
zoning
laws,
ordinances
or
regulations)
restricting, regulating, prohibiting or relating
to (i) the occupancy, use or enjoyment of the
land; (ii) the character, dimensions or location
of any improvement now or hereafter erected on the
land; (iii) a separation in ownership or a change
in the dimensions or area of the land or any
parcel of which the land is or was a part; or (iv)
environmental protection or the effect of any
violation
of
these
laws,
ordinances
or
governmental regulations, except to the extent
that a notice of the enforcement thereof or a
notice of a defect, lien or encumbrance resulting
from a violation affecting the land has been
recorded in the public records at date of Policy.4
3
San Juan Abstract Corporation, la compañía que llevó a
cabo el estudio de título, contestó la demanda separadamente
y también solicitó la desestimación de la demanda en cuanto
a ella se refiere. Adujo que su función no incluía proveer
seguro para pérdidas y que el estudio de título claramente
informó sobre la demanda, por lo que no fue negligente.
4
La definición de “public record” que provee la póliza es
la siguiente:
(Continúa . . .)
6
AC-2006-49
(b)…
2.…
3. Defects, liens, encumbrances, adverse claims or
other matters:
a) created, suffered, assumed or agreed to by the
insured claimant;
b)…
c)…
d)…; or
e)…
Stewart
tampoco
le
Title
argumentó
obligaba
a
que
el
representar
contrato
de
legalmente
seguro
a
los
demandantes. Para fundamentar su alegación, Stewart Title se
refirió, nuevamente, a la póliza de seguro otorgada. Indicó
que según los términos y condiciones del referido contrato,
la compañía aseguradora estaba obligada a defender a un
asegurado de una acción en su contra cuando las causas de
acción del litigio se refieren a un defecto, gravamen, carga
u
otro
asunto
asegurado
en
la
póliza.5
Dicho
de
manera
_______________________
…records established under states statutes at Date
of
Policy
for
the
purpose
of
imparting
constructive notice of matters relating to real
property to purchasers for value and without
knowledge. With respect to Section 1(a)(iv) of the
Exclusions from Coverage, “public record” shall
also include environmental protections liens filed
in the records of the clerk of the United States
district court for the district in which the land
is located.
5
La cláusula a la que hace referencia Stewart Title, sobre
su obligación a proveerle representación legal a los
demandantes, es la siguiente:
DEFENSE AND PROSECUTION OF ACTIONS; DUTY OF
INSURED CLAIMANT TO COOPERATE.
(a) Upon written request by the insured and
subject to the options contained in Section 6
of these Conditions and Stipulations, the
Company, at its own cost and without
(Continúa . . .)
7
AC-2006-49
simple,
conforme
específicamente
razonó
excluye
el
Stewart
pago
de
Title,
costas,
la
póliza
honorarios
y
gastos incurridos por el asegurado en la defensa de causas
de acción donde se alegan asuntos que no están cubiertos por
el contrato.
Oportunamente, los esposos Echandi-Guzmán se opusieron
a la desestimación solicitada. En el escrito que a esos
efectos
radicaron,
entendieron
estaban
expusieron
en
hechos
controversia.
materiales
Como
que
alternativa,
solicitaron que se dictara sentencia sumaria a su favor
basándose en que los hechos incontrovertidos representan una
de las excepciones a las cláusulas de exclusión.
_______________________
unreasonable delay, shall provide for the
defense of an insured in litigation in which
any third party asserts a claim adverse to
the title or interest as insured, but only
as to those stated causes of action alleging
a defect, lien or encumbrance or other
matter insured against by this policy. The
Company shall have the right to select
counsel of its choice (subject to the right
of the insured to object for reasonable
cause) to represent the insured as to those
stated causes of action and shall not be
liable for and will not pay the fees of any
other counsel. The Company will not pay any
fees, costs or expenses incurred by the
insured in the defense of those causes of
action which allege matter not insured
against by this policy.
(b) [Stewart Title] shall have the right,
at
its own cost, to institute and prosecute any
action or proceeding or to do any other act
which in its opinion may be necessary or
desirable to establish the title to the
estate or interest, as insured, or to prevent
or reduce loss or damage to the insured…
8
AC-2006-49
Luego de varios trámites procesales, el tribunal de
instancia emitió una resolución interlocutoria en la cual
determinó que los hechos del caso estaban cubiertos por la
póliza del seguro de título.6 Entendió el tribunal inferior
que aunque los hechos del caso estaban excluidos por el
párrafo
1(a)
de
las
exclusiones
de
la
póliza,
era
de
aplicación la excepción a la exclusión.7 En consecuencia,
concluyó que Stewart Title había incumplido el contrato al
negarse a proveer representación legal e indemnizar a los
esposos
Echandi-Guzmán
relacionada
al
defecto
por
en
la
el
pérdida
título
que
del
sufrieron
inmueble
que
adquirieron. Dispuso, finalmente, que señalaría una vista
para determinar la valorización de los daños.
Insatisfecho con la decisión, Stewart Title Company
acudió
al
Tribunal
de
Apelaciones.
En
el
recurso
que
radicara señaló, en síntesis, que incidió el tribunal de
instancia al concluir que era responsable bajo la póliza a
proveerle representación legal al asegurado y a indemnizarle
6
A pesar de que el tribunal de instancia concluyó
expresamente que no existía razón para posponer dictar
sentencia sobre la reclamación y ordenó que se registrara la
sentencia parcial sumaria, dicha determinación constituyó
una resolución interlocutoria. Es decir, el dictamen del
tribunal de instancia no es una sentencia porque no resuelve
finalmente la cuestión litigiosa en forma tal que no quede
pendiente nada más que la ejecución de la sentencia. Véase:
García v. Padró, res. el 14 de julio de 2005, 2005 T.S.P.R.
105.
7
El tribunal de instancia determinó que la presentación de
la demanda era, por si mismo, un “notice” en un “public
record,” por lo que no aplicaba la exclusión 1(a) de la
póliza.
9
AC-2006-49
en
daños.
El
intermedio
28
de
emitió
febrero
una
de
sentencia
2006,
en
el
la
foro
cual
apelativo
revocó
al
tribunal de instancia y desestimó la demanda. Concluyó que
los
esposos
compraventa
Echandi-Guzmán
con
pleno
suscribieron
conocimiento
de
el
contrato
de
la
existencia
y
naturaleza del pleito sobre los permisos gubernamentales
para la segregación de la finca matriz, razón por la cual
asumieron
voluntariamente
y
consintieron
al
riesgo.
En
consecuencia, el tribunal apelativo intermedio encontró que
Stewart Title no incumplió las obligaciones que alegadamente
había asumido en el contrato de seguros, toda vez que los
asuntos reclamados por la demandante no estaban cubiertos
por los términos y condiciones de la póliza.
Inconformes,
–-mediante
recurso
los
de
esposos
Echandi-Guzmán
apelación—-
ante
este
acudieron
Tribunal.
Aducen, que procede revocar la sentencia emitida por el foro
apelativo intermedio debido a que este incidió al:
…ordenar la desestimación de la demanda de forma
contraria al estado de derecho vigente referente
al deber de ofrecer representación legal al
asegurado.
…ordenar la desestimación de la demanda contrario
al estado de derecho vigente referente al contrato
de seguros entre las partes y la interpretación
del Honorable Tribunal Supremo en torno a las
cláusulas de exclusión de responsabilidad.
…obviar la doctrina vigente de _tronéis en esta
jurisdicción.
…obviar la doctrina vigente de la Buena Fe y el
Deber de Lealtad.
10
AC-2006-49
…ordenar la desestimación de la demanda contrario
a la Falsa Representación aplicable a la presente
situación de hechos.
Habiendo
certiorari,
acogido
por
ser
el
recurso
el
adecuado8,
radicado
como
expedimos
el
uno
de
mismo.
Estando en posición de resolverlo, procedemos a hacerlo.
II
La sentencia sumaria es el mecanismo procesal mediante
el cual se le confiere discreción al juzgador para dictar
sentencia sobre la totalidad de una reclamación o sobre
cualquier controversia comprendida en ésta, sin la necesidad
de celebrar una vista evidenciaria. 32 L.P.R.A. Ap. III R.
36; Nissen Holland v. Genthaller, res. el 7 de noviembre de
2007, 2007 TSPR 197. Procede dictar sentencia sumaria si de
los documentos que acompañan la solicitud o que obran en el
expediente del tribunal surge que no hay controversia real
sustancial en cuanto a ningún hecho material y como cuestión
8
Los Incisos (b) y (c) del Artículo 3.002 de la Ley de la
Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24s (b) y (c), disponen
que este Tribunal tendrá jurisdicción en apelación sobre
sentencias de casos civiles apelados ante el Tribunal de
Apelaciones en dos instancias: (1) cuando el tribunal
intermedio apelativo determine la inconstitucionalidad de
una ley, resolución conjunta, resolución concurrente, regla
o reglamento de una agencia o instrumentalidad pública, u
ordenanza municipal; o (2) cuando se plantee la existencia
de
un
conflicto
entre
sentencias
del
Tribunal
de
Apelaciones.
En el presente recurso no se presenta ninguna de las
circunstancias, antes enumeradas, bajo las cuales el mismo
deba ser considerado una apelación. Por tal razón,
procedemos a entender en el recurso, como uno de certiorari.
11
AC-2006-49
de derecho debe dictarse sentencia a favor de la parte
promoverte. López Colón v. Miranda Marín, res. el 16 de
diciembre de 2005, 2005 TSPR 197.
El tribunal no dictará sentencia sumaria cuando: (1)
existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2)
hay alegaciones alternativas en la demanda que no han sido
refutadas;
(3)
surge
de
los
propios
documentos
que
se
acompañan con la moción una controversia real sobre algún
hecho material y esencial; (4) como cuestión de derecho no
procede. Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 308 (2004).
Asimismo, hemos resuelto que, en el sano ejercicio de su
discreción, un tribunal no debe resolver sumariamente casos
complejos
o
casos
que
envuelven
cuestiones
de
interés
público. Jusino v. Walgreens, 155 D.P.R. 560 (2001).
En
conclusión,
el
uso
de
este
mecanismo
debe
ser
mesurado, porque su utilización irrestricta constituiría una
violación
al
debido
proceso
de
ley,
al
despojar
a
un
litigante de su día en corte. E.L.A. v. Cole Vázquez, res.
el 13 de abril de 2005, 2005 TSPR 46.
III
El negocio de seguros es uno revestido de un alto
interés público. Molina Texidor v. Centro Recreativo Plaza
Acuática, res. el 21 de noviembre de 2005, 2005 T.S.P.R.
172. Por tal razón ha sido regulado ampliamente por el
Estado,
principalmente
mediante
el
Código
Puerto
Rico,
77
19
de
Ley
Núm.
del
de
junio
Seguros
de
1957,
de
26
12
AC-2006-49
L.P.R.A. sec. 101 et seq. El referido estatuto establece la
norma de hermenéutica aplicable a la interpretación de las
pólizas de seguros. La misma dispone que todo contrato de
seguro debe interpretarse globalmente, a base del conjunto
total de sus términos y condiciones, según se expresen en la
póliza y según se hayan ampliado, extendido o modificado por
aditamento, endoso o solicitud que sean añadidos a la póliza
para formar parte de ésta. Artículo 11.250 del Código de
Seguros
de
Puerto
Rico,
26
L.P.R.A.
sec.
1125.
Véase,
además: Molina Texidor v. Centro Recreativo Plaza Acuática,
ante; Díaz Ayala v. E.L.A., 153 D.P.R. 675 (2001). Las
normas generales del Código Civil, sobre interpretación de
los contratos, aplicarán sólo de manera supletoria. Banco de
la Vivienda v. Underwriters, 111 D.P.R. 1 (1981); Molina
Texidor v. Centro Recreativo Plaza Acuática, ante; Artículos
1233 a 1241 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3471-3479.
Al
igual
que
todo
contrato,
el
contrato
de
seguro
constituye la ley entre las partes. López Castro v. Atlantic
Southern Ins. Co., 158 D.P.R. 562 (2003); Monteagudo Pérez
v. E.L.A., res. el 16 de agosto de 2007, 2007 TSPR 153. Sin
embargo, hemos resuelto que el mismo es un contrato de
adhesión9, por lo cual debe interpretarse liberalmente en
beneficio del asegurado. Molina Texidor v. Centro Recreativo
Plaza Acuática, ante; Monteagudo Pérez v. E.L.A., ante. No
9
Un contrato de adhesión es aquel en que una sola de las
partes dicta las condiciones del contrato, condiciones que
ha de aceptar la otra parte contratante. Véase: Zequeira v.
C.R.U.V., 83 D.P.R. 878, 880 (1961).
13
AC-2006-49
obstante, si los términos del contrato de seguro son claros,
específicos y no dan margen a ambigüedades o diferentes
interpretaciones, se hará valer la clara voluntad de las
partes. Quiñones López v. Manzano, 141 D.P.R. 139 (1996);
López
Castro
v.
Atlantic
Southern
Ins.
Co.,
ante;
Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental v. Oquendo Camacho,
158 D.P.R. 723 (2003). Véase, además: Artículo 1233 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3471.
Por otro lado, los términos de las pólizas de seguro
deben ser generalmente entendidos en su más corriente y
usual
significado,
sin
atender
demasiado
al
rigor
gramatical, sino al uso general y popular de las voces.
Morales Garay v. Roldán Coss, 110 D.P.R. 701 (1981); Molina
Texidor v. Centro Recreativo Plaza Acuática, ante. De esta
manera, el asegurado que adquiere una póliza tiene derecho a
confiar
en
la
cubierta
que
se
le
ofrece
leyendo
las
cláusulas del contrato a la luz del sentido popular de sus
palabras. Id; Barrera v. Tribunal, 87 D.P.R. 227 (1963);
Pagán Caballero v. Silva Ortíz, 122 D.P.R. 105 (1988).
El
propósito
de
todo
contrato
de
seguros
es
la
indemnización y protección en caso de producirse el suceso
incierto previsto en el mismo. Artículo 11.250 del Código de
Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 1125. Al determinar cuáles son los
riesgos cubiertos por una póliza de seguro es necesario
considerar
si
en
el
contrato
figura
una
cláusula
de
exclusión. Monteagudo Pérez v. E.L.A., ante. Estas cláusulas
tienen el propósito de limitar la cubierta establecida en el
14
AC-2006-49
acuerdo principal y disponen que el asegurador no responderá
por determinados eventos, riesgos o peligros. Id. Por dicha
razón,
hemos
resuelto
que
las
exclusiones
se
han
de
interpretar restrictivamente a favor del asegurado, para así
cumplir con el propósito de todo seguro de ofrecer la mayor
protección
a
la
persona
asegurada.
R.
Cruz,
Derecho
de
Seguros, San Juan, Publicaciones JTS, 1999, pág. 167; Molina
Texidor v. Centro Recreativo Plaza Acuática, ante; Marín v.
Internacional Ins. Co., 137 D.P.R. 356 (1994); Rivera Robles
v.
Ins.
Co.
of
Puerto
Rico,
103
D.P.R,
91
(1974).
No
obstante, y acorde con la norma general, si una cláusula de
exclusión
aplica
claramente
a
determinada
situación,
la
aseguradora no está obligada a responder por los riesgos
expresamente excluidos. Marín v. American International Ins.
Co. of P.R., 137 D.P.R. 356 (1994);
Molina Texidor v.
Centro Recreativo Plaza Acuática, ante.
IV
Constituye
una
práctica
usual
que
los
contratos
de
seguros, además de disponer para indemnización en daños en
algunas circunstancias, incluyen cláusulas para establecer
la
obligación
de
la
compañía
aseguradora
de
proveer
representación legal al asegurado. PFZ Properties v. General
Accident Ins. Co., 136 D.P.R. 881 (1994). Como expresáramos
antes,
el
protección
propósito
al
de
asegurado,
una
póliza
razón
por
de
seguro
la
cual
es
el
brindar
deber
de
representarlos legalmente es parte esencial de la cubierta
15
AC-2006-49
que
se
contrata
con
la
compañía
aseguradora.
Id;
Pagán
Caraballo v. Silva Ortíz, 122 D.P.R. 105 (188).
Reiteradamente, este Tribunal ha resuelto que el deber
de
una
aseguradora
de
proveer
representación
legal
al
asegurado es más extenso que la obligación de indemnizar por
daños, en la medida en que éstos estén cubiertos por una
póliza de seguros.
Vega v. Pepsi- Cola Bot. Co., 118 D.P.R.
661 (1987); Pagán Caraballo v. Silva Ortíz, 122 D.P.R. 105
(1988); PFZ Properties v. General Accident Ins. Co., ante.
Este deber existe, en algunas circunstancias, aun cuando la
aseguradora no esté obligada a indemnizar los daños causados
por el asegurado a un tercero. Id. Cualquier duda sobre si
existe
el
deber
de
asumir
la
defensa
en
un
caso
en
particular tendrá que ser resuelta a favor del asegurado.
Id.
El deber del asegurador de defender al asegurado de
acciones bajo la cubierta del contrato se mide, en primer
lugar, por las alegaciones del demandante. PFZ Properties v.
General Accident Ins. Co., ante. Éstas tienen que describir
hechos que coloquen el daño dentro de la cubierta de la
póliza,
independientemente
de
la
responsabilidad
que
en
última instancia tenga el asegurado para con el demandante.
Id; Fernández v. Royal Indemnity Co., 87 D.P.R. 859 (1963).
Así, la obligación de la compañía aseguradora de asumir
la representación legal de su asegurado surgirá cuando de
una
interpretación
liberal
de
las
alegaciones
surja
la
posibilidad de que el asegurado esté protegido por la póliza
16
AC-2006-49
expedida,
independientemente
final
caso.
del
Ahora
de
bien,
cuál
si
la
sea
la
adjudicación
cubierta
de
póliza
claramente excluye los daños reclamados en las alegaciones
no podrá imponerse a la aseguradora el deber de defender.
Martínez
Pérez
v.
U.C.B.,
143
D.P.R.
554
(1997);
PFZ
Properties v. General Accident Ins. Co., ante. Según lo
antes expuesto, cualquier duda sobre si existe el deber de
proveer defensa debe resolverse a favor del asegurado; sin
embargo, una reclamación que claramente queda excluida de la
cubierta de la póliza no se convierte en un riesgo cubierto
en virtud de unas alegaciones diseñadas para que se ajusten
al
lenguaje
de
la
póliza.
Aguilar
Pérez
v.
Universal
Insurance Company, ante, citando a Coach on Insurance 3d
Sec. 126:2 (1995).
Los
tribunales
deben
examinar,
caso
a
caso,
las
alegaciones o reclamaciones del asegurado y compararlas con
las cláusulas del contrato de seguro del caso en particular,
para
así
compañía
poder
determinar
aseguradora
de
el
deber,
ofrecer
si
alguno,
representación
de
la
legal
al
asegurado.
Aguilar
Pérez
v.
Universal
Insurance
Company,
ante.
embargo,
aun
en
aquellos
casos
que
Sin
en
el
asegurador no esté obligado a asumir la representación legal
del asegurado, no queda liberado de notificar a éste de su
negativa a proveer tal representación, cuando la misma le
fue solicitada. González v. The Commonwealth Ins. Co., 140
D.P.R. 673 (1996). Tal deber de notificación es consecuencia
del principio de buena fe de los contratantes. Id.
17
AC-2006-49
Finalmente, en nuestra jurisdicción prevalece la norma
de que cuando un asegurador incumple su deber contractual de
asumir la representación legal del asegurado, este último
podrá demandarlo por incumplimiento de contrato y recobrar
las costas del litigio y los honorarios de abogados en la
litigación. PFZ Properties v. General Accident Ins. Co.,
ante.
V
A
Expuesta la normativa general vigente en materia de
seguros, pasamos a examinar el contrato de seguro de título,
en particular. La póliza de título es la única forma de
seguro que se originó en los Estados Unidos, específicamente
en la segunda mitad del Siglo XIX. 1 Palomar, Title Ins. Law
Sec. 1:1; 1-1 Appelman on Insurance Sec. 1.31. La misma
surgió con el propósito de garantizar las transferencias de
propiedad inmobiliaria y, por ende, que el título asegurado
se pudiera mercadear, ello porque en el sistema de derecho
del “common law” no se contemplan registros confiables de
bienes inmuebles y tanto los “title abstracts” como los
“attorney title opinions” y los “title guarantees” habían
advenido
insuficientes.10
E.
Vázquez
Boté,
El
denominado
10
Los title abstracts eran opiniones escritas de escribanos
del common law, basadas en la investigación del historial de
un inmueble en los archivos aplicables. A su vez, las
opiniones de abogados eran producto del análisis que hiciera
el letrado del title abstract. Si se evidenciaba que el
(Continúa . . .)
18
AC-2006-49
seguro de títulos: Ventajas e inconvenientes de su adopción
en el Derecho español, XCII Rev. Der. Not. 221 (1976); A.W.
Beatie & A.R. Kleven, The Devil in the details: Water Rights
and Title Insurance, 7 U. Denv. Water. L. Rev. 381 (2004);
C.B. DeWit, Title Insurance: A Primer, 3 Tenn J. Prac. &
Proc. 15 (2000).
El seguro de título ha sido definido como un contrato
en cuya virtud el asegurado le paga una prima al asegurador
a cambio del compromiso de este último de indemnizarle en
caso
de
que
el
primero
sufra
una
pérdida,
causada
por
gravámenes o defectos, en un título inmobiliario sobre el
cual obtiene un interés. 1 Palomar, ante, Sec. 1:8. Véase,
además: 1-1 Appleman on Insurance Sec. 1.31; Pérez Sánchez
v. Advisors Mortgage Investors, Inc., 130 D.P.R. 530. El
seguro de título, también, ha sido frecuentemente descrito
como:
the opinion of the insurer concerning the validity
of the title, backed by an agreement to make that
opinion good if it should prove to be mistaken and
a loss should result in consequence. Id. Laabs v.
_______________________
abogado o el escribano habían cometido un error el comprador
tenía una acción en daños, pero solamente si los primeros
habían actuado de modo negligente. Véase: 1 Palomar, ante,
Sec. 1:3; A.W. Beatie & A.R. Kleven, ante. Por otro lado,
las title guarantees eran emitidas por compañías que
garantizaban al adquirente que su interés sobre el inmueble
no tenía defectos, salvo aquellos gravámenes enlistados.
Hosak, California Title Ins. Practice 2 (1980). La única
diferencia entre las title guarantees, los title abstracts y
las attorney opinions es que en la primera el adquirente no
tenía que demandar por negligencia para recobrar la
indemnización como ocurría en los últimos dos casos. Sin
embargo, ninguno de estos métodos protegía al adquirente más
allá de lo que surgiera de los archivos públicos
inmobiliarios. 1 Palomar, ante, Sec. 1:4.
19
AC-2006-49
Chicago
(1976).
Title
Ins.
Co.,
241
N.W.
2d
434,
438
No obstante, y a pesar de ser cierto que las compañías
que emiten este tipo de seguro realizan un estudio de título
antes de redactar la póliza, a diferencia de los “title
abstracts” o “_tronéis opinions”, dicha investigación tiene
como propósito el propio beneficio de la empresa. 1 Palomar,
ante, Sec. 1:8. Ello, porque el descubrimiento de un defecto
en particular durante el estudio tiene el solo propósito de
que
la
compañía
aseguradora
decida
corregirlo
antes
de
emitir la póliza, exceptuarlo de la misma o asumirlo. Id.
Como podemos deducir de lo antes expuesto, los seguros
de
título,
a
caracterizan
diferencia
de
otros
por
un
elemento
tener
tipos
de
de
seguros,
se
prevención
o
eliminación de riesgo más allá de la asunción o distribución
del mismo. 1 Palomar, ante, Sec. 1.15. Esto es, como norma
general, los seguros de título ofrecen cubierta por pérdidas
futuras
a
causa
de
gravámenes
o
defectos
en
el
título
anteriores a la fecha de emisión de la póliza. 1 Palomar,
ante, Sec. 1.16. Dicho de otra manera, el seguro de título
“proporciona cobertura al asegurado contra el riesgo de que,
después de la adquisición, se descubra que en el título del
enajenante ya existía, en el momento de contratar el seguro,
un defecto que podía privar de su derecho al adquirente.” J.
Puig Brutau, El seguro a favor del adquirente de bienes
inmuebles en los Estados Unidos, XCIII-XCIV Rev. Der. Not.
254 (1976).
20
AC-2006-49
B
En Puerto Rico, el seguro de título no ha sido regulado
más allá de la siguiente definición que ofrece el Código de
Seguros:
…el seguro de dueños de propiedad inmueble o
mueble u otros que tengan interés o gravámenes o
cargas
sobre
la
misma,
contra
pérdida
por
gravamen,
títulos
defectuosos
o
invalidez
o
reclamación adversa al título, y los servicios
correspondientes.
Art.
4.100
del
Código
de
Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 410.
En Pérez Sánchez v. Advisors Mortgage Investors, ante,
afirmamos que, de la definición antes citada, se desprende
que existe más de una modalidad del seguro de título; la más
común de ellas, y sobre la cual nos pronunciamos en el
citado
caso,
es
el
seguro
de
hipoteca.
Éste
tiene
el
propósito de indemnizar al asegurado prestamista en caso de
pérdida de la prioridad registral de la hipoteca. Id. Véase:
J.M. Pedowitz, Title Insurance and You: What Every Lawyers
Should Know!, ABA Press, (1979).
La otra clase de seguro de título, y sobre la cual hoy
nos expresamos por primera vez, es el seguro de dueño o el
contrato de seguro con póliza de propietario, el cual se
utiliza para cubrir riesgos en los negocios de transmisión
de un interés inmobiliario, excepto en aquellos ya cubiertos
por el seguro de hipoteca. Vázquez Bote, ante, pág. 287;
Pérez Sánchez v. Advisors Mortgage Investors, ante. En otras
palabras, estas pólizas se utilizan para garantizarle el
21
AC-2006-49
título al adquirente de una propiedad inmueble en caso de
que sufriera una pérdida o menoscabo en su derecho. Id.
Al igual que en otros países donde predomina el derecho
registral inmobiliario de índole civilista, en Puerto Rico
se ha cuestionado la necesidad o conveniencia de los seguros
de título debido a la existencia, en nuestro ordenamiento,
del Registro de la Propiedad y sus garantías. A pesar de
ello, se ha entendido que la protección que ofrece el seguro
de título es más extensa que la brindada por tal registro
inmobiliario. Pérez Sánchez v. Advisors Mortgage Investors,
ante.
Además, el seguro de título le brinda tranquilidad al
asegurado por errores o inadvertencias en el estudio de
título, así como por inexactitudes provocadas por documentos
presentados
con
posterioridad
a
la
investigación
en
el
Registro de la Propiedad. Un seguro de este tipo, a su vez,
provee seguridad al adquirente de un título presentado en el
registro que aun no ha sido calificado e inscrito.11 B.
Arruñada, A Transaction-Cost View of Title Insurance and its
Role in Different Legal Systems, The Geneva Papers of Risk
and Insurance, Sec. 27:4, (2002). Las aseguradoras privadas
11
Este
fundamento
tiene
mayor
sentido
ante
los
considerables retrasos que enfrenta el Registro de la
Propiedad en la inscripción de documentos. Véase: Informe
especial sobre evaluación de las secciones que componen el
Registro de la Propiedad de Puerto Rico sobre la efectividad
de su función, Oficina del Contralor de Puerto Rico, 1 de
octubre de 2007.
22
AC-2006-49
cubren
el
riesgo
en
el
periodo
que
media
entre
la
presentación y la calificación.12 Id.
Por último, y en relación al seguro de hipoteca, se ha
afirmado que éste responde a una necesidad del mercado para
que
los
prestamistas
en
Puerto
hipotecas
aquí
autorizadas
Fernández
Seín,
Las
pólizas
en
Rico
los
de
puedan
Estados
seguro
de
vender
las
Unidos.
J.E.
título
de
la
propiedad en Puerto Rico:¿Son realmente necesarias?, Tesis,
Facultad de Derecho, U.P.R., 1966.
C
Con el anterior trasfondo doctrinal en mente, pasamos a
analizar las cláusulas de exclusión que son motivo de la
controversia de epígrafe.
La función de las cláusulas de exclusión de una póliza
de
seguro
es
eliminar
la
responsabilidad
que
tiene
el
asegurador de indemnizar por pérdidas resultantes de los
riesgos excluidos. 1 Palomar, ante, Sec. 6.1. Para evitar
que
las
compañías
aseguradoras
sean
responsables
por
defectos en el título de los asegurados que, comúnmente, no
12
De hecho, en Puerto Rico las pólizas son, en promedio, un
20% más baratas que en los Estados Unidos, quizás como
consecuencia de que aseguran, principalmente, el periodo
entre la presentación y la calificación. B. Arruñada, El
seguro de títulos de propiedad: naturaleza y perspectivas de
desarrollo en los Estados Unidos y en Europa, XIII Congreso
del Centro Internacional de Derecho Registral, Punta del
Este, marzo de 2001. Ello, claro está, debido a la
naturaleza de las pólizas de título en las que normalmente
se paga una única prima que provee cobertura indefinida. 1
Palomar, ante, Sec. 1:17.
23
AC-2006-49
pueden ser descubiertos mediante una investigación de título
o
por
defectos
que
fueron
en
parte
producto
de
las
actuaciones del propio asegurado, la American Land Title
Association (ALTA) ha diseñado unas pólizas estándares que
contienen exclusiones preimpresas a tales efectos.
En
aquellos
casos
en
que
la
aseguradora
interesa
exceptuar de la cubierta un riesgo particular, no excluido
en la póliza preimpresa, tiene que hacerse constar mediante
el endoso correspondiente.13 Por el contrario, cuando existe
algún defecto en el título que queda excluido por la póliza
estándar
y
los
contratantes
acuerdan
incluirlo
en
la
cobertura, se tiene que hacer un endoso con dicho propósito.
Véase: 1 Palomar, ante, Cap. 9.
La
póliza
de
seguro
de
título
hoy
ante
nuestra
consideración es una estándar o impresa igual a las emitidas
por la ALTA. Por consiguiente, las cláusulas de exclusión
que analizaremos han sido discutidas extensamente por los
tratadistas y los tribunales en Estados Unidos. Al respecto,
debe recordarse que es norma reiterada por este Tribunal
que,
al
cláusulas
resolver
de
controversias
pólizas
de
angloamericano
son
de
jurisdicción,
ello
porque
13
sobre
seguros,
gran
valor
las
las
interpretación
de
normas
de
derecho
persuasivo
en
nuestra
pólizas
de
seguro
que
se
Un endoso es el acuerdo por escrito que se adhiere a la
póliza para que forme parte del contrato con el propósito
de alterar, ampliar o restringir la cubierta que dispone la
póliza.
R.
Cruz,
Derecho
de
Seguros,
San
Juan,
Publicaciones JTS, 1999, pág. 368.
24
AC-2006-49
mercadean
en
Puerto
Rico,
de
ordinario,
son
modelos
semejantes o idénticos a las que venden las compañías de
seguros de los Estados Unidos. Domínguez Vargas v. Great
American Life Assurance Company of Puerto Rico, Inc., 157
D.P.R. 690 (2002). Meléndez Piñero v. Levitt & Sonso of
Puerto
Rico,
129
D.P.R.
521
(1991);
máxime
cuando
nos
referimos a los seguros de títulos que, como expresáramos
antes,
es
la
única
forma
de
seguro
que
nació
y
se
separado,
es
desarrolló, primordialmente, en los Estados Unidos.
Antes
de
analizar
cada
cláusula
por
menester señalar que es el asegurador quien debe demostrar,
por
preponderancia
de
la
evidencia,
que
el
defecto
o
gravamen queda excluido de la póliza. First Nat. Bank of
Minneapolis v. Fidelity nat. Title Ins. Co., 572 F.2d 155
(1978). De la misma forma, el asegurado tiene que probar que
concurren
los
hechos
necesarios
para
que
proceda
una
excepción a una exclusión.
La primera cláusula que analizaremos es aquella que
excluye
de
la
cobertura
pérdidas
violaciones
a
regulaciones
que
estatales
sean
sobre
producto
de
el
del
uso
terreno, como lo son las ordenanzas de zonificación y los
códigos de edificación. Tal exclusión, a su vez, encuentra
una excepción cuando el defecto o gravamen que causa la
pérdida surgiera, a la fecha de emitirse la póliza, de los
archivos públicos (“public records”).
Los
tribunales
federales
han
interpretado
que
una
violación a una ordenanza de zonificación, a diferencia de
25
AC-2006-49
la mera existencia de la regulación, constituye un gravamen
que
torna
el
título
inmercadeable.
Véase:
Hunter
Broadcasting, Inc. v. City of Burlington, 670 A. 2d 836
(1995); New England Federal Credit Union v. Stewart Title
Guarantee
Co.,
765
A
2d
450
(2000).
Una
segregación
contraria a la zonificación del área, en definitivo, es una
violación
a
las
ordenanzas
estatales
sobre
el
uso
del
terreno. Véase: Nishiyama v. Safeco Title Ins. Co., 85 Cal.
App. 3d Supp. 1 (1978); Bush v. Nervik, 687 P. 2d 872
(1984); Bianchi v. Lorenz, 701 A 2d 1037 (1997). En dicha
situación, el título del inmueble es inmercadeable porque,
inclusive, el mismo no es legalmente transferible.14 New
England Federal Credit Union v. Stewart Title Guarantee Co.,
ante.
Al tratarse de un gravamen que convierte el título en
inmercadeable, la compañía aseguradora estaría obligada a
indemnizar si el defecto no se excluyera de la cobertura.
Por
lo
tanto,
públicos
debemos
(“public
examinar
records”)
a
qué
constituyen
los
fines
de
archivos
identificar
cuáles defectos quedarían exceptuados de la exclusión.
Antes de 1992, se entendía que los archivos públicos
eran
14
“aquellos
que
por
ley
impartían
conocimiento
Un título mercadeable es aquel que una persona razonable
no dudará en adquirir porque garantiza que la propiedad está
libre de gravámenes. Véase: Blacks Law Dictionary 711 (2d
Pocket ed 2001); J.P. Wilde, Comment: Violations of Zoning
Ordinances,
the
Covenant
Against
Encumbrances
and
Marketability of Title: How Purchasers can be Protected?, 23
Touro L. Rev. 199 (2007).
26
AC-2006-49
constructivo
inmueble.”
sobre
materias
(Traducción
relacionadas
nuestra.)
Al
a
la
propiedad
interpretar
esta
definición, en Hahn v. Alaska Title Guaranty Co., 557 P. 2d.
143 (1976), se resolvió que el concepto archivo público no
excluía una orden de propiedad de dominio público archivada
en la oficina del Federal Registrar en Washington DC. Por
otro lado, en Rodavanov v. Land Title Co. of Am., 545 N.E.
2d
351
(1989),
se
interpretó
que
los
archivos
públicos
incluían los registros del tribunal de circuito del condado.
Con
el
propósito
de
limitar
la
extensión
del
significado de los public records, en 1992 la ALTA enmendó
la definición del mismo en las pólizas estándares. La nueva
versión,
que
es
la
incluida
en
la
póliza
hoy
en
controversia, lee de la siguiente forma:
…los archivos establecidos por estatutos estatales
a la fecha de emisión de la póliza con el
propósito de impartir conocimiento constructivo,
sobre las materias relativas a la propiedad
inmobiliaria, a los compradores por valor y sin
conocimiento actual. (Traducción nuestra.)
Al interpretar esta definición, en New England Federal
Credit
Union
v.
Stewart
Title
Guarantee
Co.,
ante,
no
obstante aceptar que el concepto era más limitado que el
analizado por los tribunales de Illinois y Alaska, concluyó
que el texto enmendado claramente incluía los archivos de
una agencia pública que prohibía emitir ciertos permisos de
construcción.
Es
decir,
el
tribunal
resolvió
que
los
archivos que impartían conocimiento constructivo bajo los
27
AC-2006-49
estatutos de Vermont no se limitaban a los documentos que
surgían del archivo municipal de propiedad inmueble.
Al así concluir, el tribunal distinguió el caso ante su
consideración de lo resuelto en Somerset Savings Bank v.
Chicago Title Ins. Co., 649 N.E. 2d 1123 (1995), a los
efectos de que los archivos de zonificación no constituían
archivos públicos desde el punto de vista de la excepción de
la póliza ya que en Somerset la propia póliza interpretada
afirmaba que la definición de archivo público no incluía
archivos
en
oficinas
locales,
estatales
o
federales
de
protección ambiental, zonificación, edificación, seguridad o
salud pública. Id.
En
el
presente
caso
nos
corresponde
analizar
la
interpretación que se le ha dado a una de las cláusulas más
litigadas en materia de contratos de seguro de título, esto
es,
aquella
que
excluye
de
la
cobertura
de
la
póliza
materias creadas, toleradas, asumidas o acordadas por el
demandado. Como umbral, debe enfatizarse que la mayoría de
los tribunales han decidido que las compañías aseguradoras
no pueden invocar esta excepción salvo que la conducta del
asegurado, que causó la pérdida, fuera una intencional o con
conocimiento. 1 Palomar, ante, Sec. 6.10. Véase, además:
National Mortg. Corp. v. American Title Ins. Co., 255 S.E 2d
622 (1979); American Sav. and Loan Association v. Lawyers
Title Ins. Corp., 793 F.2d 780 (6th Cir 1986). Más aun, la
mayoría de las decisiones han requerido, como norma general,
que el asegurado conozca los hechos y prevea los resultados
28
AC-2006-49
del caso. Mid-South Title Ins. Corp. v. Resolution Trust
Corp,
840
F.
Supp.
522
(1993).
National
Credit
Union
Administration v. Tcor Title Ins. Co., 873 F. Supp. 718
(1995).
El concepto del daño creado por el asegurado ha sido
interpretado
de
manera
que
requiere
un
acto
consciente,
deliberado y afirmativo del asegurado, dirigido a producir
la reclamación en controversia. Safeco Title Ins. Co. v.
Moskopoulos, 116 Cal. App. 3d 658 (1981); Sims v. Sperry,
835 P. 2d 565 (1992). Además, es necesario que dicho acto
haya causado el defecto, gravamen o reclamación adversa del
título
asegurado.
American
Sav.
and
Loan
Association
v.
Lawyers Title Ins. Corp., ante.
Por otro lado, el término tolerado (suffered) por el
asegurado se ha entendido que es sinónimo de permitir, dejar
o
acceder.
National
Credit
Union
Administration
v.
Tcor
Title Ins. Co., ante. Se ha interpretado que dicho concepto
parece suponer una omisión de parte del asegurado de actuar
para prevenir la reclamación.
Mid-South Title Ins. Corp. v.
Resolution Trust Corp, ante.
El tercer concepto que incluye la cláusula es el de
asumir. Sobre el mismo se ha afirmado que se requieren
ambos,
conocimiento
e
intención,
para
asumir
un
defecto
específico. First Nat. Bank and Trust Co. of Port Chester v.
New York Title Ins. Co., 12 N.Y.S. 2d 703 (1939). En MidSouth Title Ins. Corp. v. Resolution Trust Corp, ante, se
resolvió que un asegurado no asume un gravamen meramente
29
AC-2006-49
porque
haya
tomado
la
propiedad
“sujeta
a”
cualquier
gravamen. Ello quiere decir que se requiere el conocimiento
específico
del
Administration
defecto
v.
Ticor
asumido.
Title
National
Ins.
Co.,
Credit
ante.
Union
Sobre
el
particular, en Arizona Title Insurance & Trust Co. v. Smith,
219 P. 2d 860 (1974), se estableció que para que proceda la
exclusión,
contrato
la
aseguradora
específicamente
tiene
que
demostrar
que
el
describía
el
gravamen
que
el
o
asegurado tenía conocimiento actual del mismo antes de la
compra.
Por último, debemos considerar el tratamiento que se le
ha
dado
al
vocablo
acordar
(agreed).
El
mismo
se
ha
entendido que concurre cuando las partes acuerdan aceptar un
gravamen o defecto particular en el título, con conocimiento
de su extensión y cantidad. First Nat. Bank of Minneapolis
v. Fidelity nat. Title Ins. Co., ante. Este término tiene
connotaciones de “contratado,” es decir, que el asegurado
contrató para aceptar el gravamen conocido. National Credit
Union Administration v. Ticor Title Ins. Co., ante.
Algunas
de
las
circunstancias
estadounidenses
han
identificado
que
para
los
tribunales
colegir
si
un
asegurado ha asumido o acordado un defecto o gravamen en su
título,
son
asegurado
las
está
siguientes:
consciente
del
si
antes
gravamen;
de
si
la
compra
el
el
asegurado
acuerda expresamente en el contrato asumir el gravamen; si
obtuvo una reducción en el precio de compra por asumir el
riesgo; o si descansó en la aseguradora para que cubriese el
30
AC-2006-49
defecto o gravamen. Véase: Green v. Sams, 433 S.E. 2d 678
(1993); Malkin v. Realty Title Ins. Co., 223 A. 2d 155
(1966).
En conclusión, la mayoría de los casos que confeccionan
los
cuatro
conceptos
que
acabamos
de
discutir,
con
el
propósito de decidir si la póliza ofrece cobertura por la
pérdida sufrida, se han enfocado en: (1) si el lenguaje en
el
contrato
o
escritura
de
compraventa
sugiere
que
el
asegurado conocía del gravamen o defecto y su intención de
recibir el título sujeto al mismo; y en (2) si el asegurado
asumió contractualmente una obligación para efectuar algún
acto y luego no lo hizo. 1 Palomar, ante, Sec. 6.12, citando
a Eliis, Title Insurance Law Handbook, 335 (1987).
V
En esencia, en el presente caso debemos resolver si
quedan excluidas de la cobertura de un seguro de título
pérdidas causadas por un defecto en el título de propiedad
de un inmueble, relacionado a una violación de una ordenanza
de zonificación, cuando tal defecto surgía de los archivos
públicos de la Junta de Planificación. Nos toca decidir,
además, si una advertencia en la escritura de compraventa de
un inmueble, sobre la existencia de un defecto en el título,
significa que el adquirente asumió o acordó tal gravamen.
Por
último,
debemos
pronunciarnos
sobre
si,
ante
las
circunstancias descritas, una compañía aseguradora tenía la
31
AC-2006-49
obligación de ofrecer representación legal al asegurado en
un pleito relacionado al defecto en cuestión.15
A
No existe controversia sobre si el defecto en el título
de los esposos Echandi-Guzmán era producto de una violación
a la zonificación del área donde estaba ubicado el inmueble
que adquirieron. A su vez, la póliza excluye de la cubierta
del seguro aquellos defectos relacionados con ordenanzas de
zonificación. Por consiguiente, a primera vista parece ser
que las pérdidas que sufriera el asegurado se encuentran
excluidas por dicha cláusula. No obstante, el contrato de
seguro,
a
su
vez,
hace
una
excepción
a
la
exclusión
referida: cuando el defecto surge de los archivos públicos,
establecidos por leyes estatales vigentes a la fecha de
emisión
de
conocimiento
la
póliza
constructivo
con
el
sobre
propósito
materias
de
impartir
relacionadas
a
propiedades inmuebles.
15
Stewart Title nos solicita que excluyamos y no
consideremos en nuestro análisis los últimos tres errores
señalados por el peticionario, ya que los mismos no fueron
presentados ante el tribunal de instancia, ni ante el
Tribunal de Apelaciones. Es norma vigente en nuestra
jurisdicción que en apelación nos abstendremos de adjudicar
cuestiones no planteadas ante el tribunal de instancia.
Trabal Morales v. Ruíz Rodríguez, 125 D.P.R. 340 (1990);
Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408 (1998) (Op.
Concurrente
del
Juez
Rebollo
López).
Encontrándonos
impedidos en etapa de revisión de pasar juicio sobre
cuestiones no presentadas ni atendidas por los tribunales
inferiores, los referidos errores no serán considerados al
disponer del presente recurso.
32
AC-2006-49
Ante tal situación, debemos evaluar la extensión del
concepto archivo público a los efectos de la póliza de
seguro.
Alega
Stewart
Title
que
el
referido
término
se
limita en Puerto Rico al Registro de la Propiedad. Sin
embargo,
y
como
expresáramos
antes,
los
tribunales
estadounidenses han resuelto que dicho concepto incluye los
archivos públicos que conserva el Estado relativos a la
zonificación o edificación del territorio, salvo que quede
expresamente excluido de la póliza. Definitivamente, los
archivos públicos que mantiene la Junta de Planificación
sobre la zonificación de Puerto Rico son establecidos por
estatutos estatales que existían a la fecha de la emisión de
la póliza con el propósito de dar publicidad sobre materias
relacionadas a propiedad inmobiliaria.
Además,
el
procedimiento
de
obtención
de
un
mapa
certificado de zonificación en Puerto Rico es uno bastante
sencillo y económico. Para conseguirlo sólo hay que visitar
la oficina de la Junta de Planificación, en el Centro de
Gobierno Roberto Sánchez Vilella, con la descripción exacta
del
inmueble
y
pagar
una
tasa
de
siete
dólares.
Esto,
definitivamente, no es una exigencia que podamos catalogar
como onerosa para una compañía aseguradora.
Es
un
contratos
arraigado
de
seguros,
principio
que
de
éstos
interpretación
siempre
deben
de
ser
interpretados a favor del asegurado. También, las cláusulas
de
exclusión
Existiendo
dos
deben
interpretarse
posibles
restrictivamente.
interpretaciones,
debemos
33
AC-2006-49
seleccionar aquella más favorable al asegurado. Por ende,
somos del criterio que el término archivo público incluye
aquellos
que
conserva
la
Junta
de
Planificación
en
sus
oficinas. A pesar de que el defecto que tienen los EchandiGuzmán
en
su
título
de
propiedad
es
uno
relativo
a
la
zonificación del inmueble, lo cual queda excluido de la
póliza, aquí opera la excepción a dicha exclusión. Ello
porque al momento de la emisión de la póliza, el defecto en
cuestión surgía de los archivos públicos de la Junta de
Planificación.
B
La compañía aseguradora, además, alega que las pérdidas
causadas por el defecto en el título no están cubiertas por
la póliza de seguro ya que el asegurado acordó o asumió
indirectamente el defecto en el título, al suscribir una
escritura de compraventa que le advertía sobre el mismo.16
Al observar el significado que se le ha dado a los términos
creado y tolerado, resulta claro que no son de aplicación a
la presente situación. Por ende, debemos resolver si el aquí
asegurado
acordó
o
asumió
el
defecto,
de
acuerdo
a
la
doctrina antes esbozada.
Según surge de la situación de hechos, el presente caso
fue
16
resuelto
de
manera
sumaria
por
los
tribunales
No está en controversia que la compañía aseguradora
también conocía del defecto en el título al momento de
emitir la póliza de seguro.
34
AC-2006-49
inferiores, es decir, no se ha celebrado una vista en su
fondo
sobre
solicitó
las
que
se
controversias
dictara
planteadas.
sentencia
Stewart
sumaria
Title
descansando
solamente en la escritura de compraventa y en la póliza de
seguro de título. Los tribunales que se han enfrentado a
cláusulas idénticas a la aquí en cuestión, en su mayoría,
han resuelto que para entender que un asegurado asumió o
acordó un defecto o gravamen es necesario que se pruebe que
este último conocía del mismo y que, además, tenía intención
de asumirlo o acordarlo.
La compañía aseguradora alega que en la escritura de
compraventa, que suscribió el asegurado, la Notaria hizo una
advertencia sobre el defecto en el título. No obstante, de
los documentos en el expediente no surge que el asegurado
conocía
la
extensión
y
efectos
que
podía
causar
dicho
defecto. Tampoco se puede colegir que los Echandi-Guzmán
estaban conscientes del defecto antes de la compraventa. Por
último,
de
los
documentos
que
acompañan
la
moción
de
sentencia sumaria no se puede inferir que los peticionarios
tenían la intención de asumir o acordar los riesgos en torno
al defecto. Adviértase que hemos resuelto reiteradamente
que, en el sano ejercicio de su discreción, un tribunal debe
abstenerse
de
resolver
temas
alto
interés
de
sumariamente
público,
controversias
como
lo
son
sobre
aquellas
relativas a contratos de seguros.
En vista de todo lo antes expuesto, procede devolver el
caso al tribunal de instancia para que celebre una vista en
35
AC-2006-49
su fondo en la que se determine, de acuerdo a la doctrina
aquí esbozada, si los esposos Echandi-Guzmán asumieron o
acordaron el gravamen en cuestión. Si lo hicieron, procede
declarar que la póliza de seguros no ofrece cobertura por
las pérdidas sufridas en su título a causa del defecto. Si,
por el contrario, el matrimonio no acordó ni asumió el
defecto aquí en cuestión, procede declarar que la póliza de
seguros les ofrece cobertura por las pérdidas resultantes
del mismo.
C
Nos
queda
por
resolver
si
la
compañía
aseguradora
incumplió con su obligación de proveer representación legal
al asegurado. Como norma general, un tribunal debe analizar
si de una interpretación liberal de las alegaciones de la
demanda surge que el daño esta cubierto por la póliza, o si
por
el
contrario,
la
cubierta
de
póliza
claramente
lo
excluye. Es menester recordar que cualquier duda sobre si
existe
el
deber
de
asumir
la
defensa
en
un
caso
en
particular tendrá que ser resuelta a favor del asegurado.
A
diferencia
de
los
casos
donde
hemos
desarrollado
dicha norma, en los hechos particulares hoy ante nuestra
consideración no se trataba de una demanda incoada contra
los asegurados, sino de una sentencia parcial emitida por un
tribunal que afectaba negativamente a éstos. Por lo tanto,
el interés de los asegurados era intervenir en el pleito
para proteger su título. Con dicho propósito, los asegurados
36
AC-2006-49
se
comunicaron
insistentemente
con
la
aseguradora,
de
acuerdo a lo requerido en el contrato. Sin embargo, Stewart
Title ni siquiera contestó las cartas que le enviaron los
esposos Echandi-Guzmán solicitándole representación legal.
La compañía aseguradora nunca les informó a sus clientes su
posición al respecto, es decir, que alegadamente no estaba
obligada
a
brindarle
tomando
en
cuenta
cobertura
los
hechos
ni
representación
del
caso,
todo
legal
ello
en
contravención al principio general de la buena fe reconocido
en nuestro ordenamiento.
Ante la falta de contestación de Stewart Title a sus
súplicas, los esposos Echandi-Guzmán tuvieron que intervenir
en el pleito Ramos v. Rivera, para proteger su derecho. Es
cierto que la póliza de seguro expone que es la compañía
aseguradora quien tiene el derecho de presentar una acción o
iniciar
un
procedimiento
para
proteger
el
título
del
asegurado, cuando éste no ha sido demandado. Sin embargo, en
una situación como la presente, en la cual la compañía
aseguradora se ha cruzado de brazos ante la notificación del
asegurado,
ésta
debe
pagar
por
los
gastos,
costas
y
honorarios en que incurra el mismo para defender su derecho.
Por otro lado, al momento en que los esposos EchandiGuzmán
le
solicitaron
a
la
compañía
aseguradora
representación legal no estaba claro si la póliza de seguro
cubría o no las pérdidas causadas. Todavía ello no ha sido
resuelto.
37
AC-2006-49
Por los fundamentos expuestos, resolvemos que Stewart
Title debe reembolsarle a los esposos Echandi-Guzmán las
sumas que estos invirtieron en costear su intervención en el
pleito Ramos v. Rivera. Tal monto incluirá los gastos y
honorarios de abogados.
VI
En mérito de todo lo antes expuesto, procede dictar
Sentencia
revocatoria
Apelaciones
y
de
devolver
la
el
emitida
caso
al
por
el
Tribunal
Tribunal
de
de
Primera
Instancia para procedimientos ulteriores consistentes con lo
aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Efraín Echandi Otero y otros
Peticionaria
vs.
AC-2006-49
CERTIORARI
Stewart Title Guaranty Co.
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2008
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, se dicta Sentencia revocatoria de la
emitida en el presente caso por el Tribunal de
Apelaciones y se devuelve al Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de San Juan, para
procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí
resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Presidente señor Hernández Denton disintió
sin opinión escrita. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez emitió Opinión disidente.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Efraín Echandi Otero y
otros
Apelantes
v.
AC-2006-49
Stewart Title Guaranty
Company y otros
Apelados
Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio 2008
Este
caso
nos
brinda
la
oportunidad
de
expresarnos nuevamente sobre la naturaleza y alcance
de
la
figura
estadounidense
del
seguro
de
título.
Tenemos ante nuestra consideración la modalidad del
seguro de título que se denomina “el seguro de dueño
o el contrato de seguro con póliza de propietario”,
que se utiliza para cubrir riesgos en los negocios de
transmisión de un interés inmobiliaro.
v.
Advisors
(1992).
Mortage
Investors,
130
Véase, Pérez
DPR
530,
540
Específicamente, debemos pasar juicio sobre
la cláusula de exclusión de este contrato.
Contrario a la conclusión a que llega la mayoría,
soy
del
criterio
que
uno
de
los
incisos de la
2
AC-2006-49
cláusula
de
exclusión
del
interpretamos
veda
cobertura
consecuencia,
disiento
la
del
contrato
en
dictamen
de
seguro
que
este
caso.
En
Tribunal
y
de
este
confirmaría al Tribunal de Apelaciones.
Los hechos de este caso se encuentran resumidos en la
Opinión mayoritaria por lo
que
estimo
innecesario
repasarlos
en estos momentos.
I
A
La aparición de los seguros de títulos acontece en los
en Estados Unidos a finales del siglo XIX.
Su finalidad
fue
la de cubrir el riesgo económico inherente a la inseguridad
que pesaba sobre los títulos.
Tanto propietarios, como
acreedores que prestaban con garantía hipotecaria, exigían
de un seguro contra los defectos que el título pudiera
padecer y que a la vez, amparara los costes de defenderlo
judicialmente.
El seguro de título ha sido
por
el
cual
una
entidad
definido
aseguradora
como “un contrato
se
compromete
a
indemnizar al titular de un derecho real en caso de que el
título asegurado se demuestre defectuoso y a asumir, en su
caso, la defensa
jurídica
de
derecho
título.”
B. Arruñada,
El seguro de título de propiedad, 80 Revista Crítica de
Derecho Inmobiliario 53 (2004).
El contrato de seguro de
título es, en su esencia, un convenio de indemnización,
pues
“la aseguradora se obliga a indemnizar al asegurado en el
caso de que éste tuviera alguna pérdida causada por acciones
incoadas por un tercero.”
C. Odriozola Maariscal,
El Seguro
3
AC-2006-49
de
Título
México
Inmobiliario,
Universitario,
J.M.
Bosch
Editor,
Editorial
México
D.F.,
2006,
pág.
39.
“Consecuentemente, un asegurador de título no ‘garantiza’
el estatus del título del garante.
indemnizatorio,
el
asegurador
se
Como un contrato
obliga
a
cubrir
al
asegurado las pérdidas o daños resultado de problemas en
el título, en cuanto que la cobertura de esos daños no se
encuentre excluida en la póliza.”
Íbid, pág. 38, n. 6.
En Pérez v. Advisors Mortage Investors, supra, pág.
539, dijimos, que este seguro proporciona cobertura al
asegurado
contra
el
riesgo
de
que,
“después
de
la
adquisición, se descubra que en el título del enajenante
ya existía, en el momento de contratar el seguro, un
defecto que podía privar de su derecho al adquirente.”
A pesar de su importancia, llama la atención la escasa
regulación a que ha sido sometido, muy en particular en
Puerto Rico.
títulos,
E. Vázquez Bote, El denominado seguro de
Ventajas
Derecho español,
e
incontentes
de
su
adopción
en
el
Revista de Derecho Notarial, 1976, núm.
XCII, 221, 275.
Luego de estos lineamientos generales sobre el seguro
de título, paso a discutir la cláusula de exclusión de
cubierta objeto de litigación.
B
Soy del criterio que la sección 3(a) de la cláusula
de exclusión del contrato de seguro de título aplica en
este caso, y como resultado de ello, el asegurado no tiene
un reclamo válido en contra de su aseguradora.
cuestión dispone:
La cláusula en
4
AC-2006-49
The following matters are expressly excluded from
Coverage of this policy and the Company will not
pay loss or damage, costs, attorneys’ fees or
expenses which arise by reason of:
. . .
3.
Defects,
liens,
encumbrances,
claims or other matters:
(a)
adverse
Created, suffered, assumed or agreed to by
the insured claimant.
(b) Not known to the company, not recorded in
the public records at the date of policy,
but known to the insured claimant and not
disclosed in writing to eh Company by the
Insured claimant prior to the date the
insured claimant became an insured under
this policy.
Por defectos o reclamaciones adversas según descritas
en
la
cláusula
que
antecede,
debemos
entender,
“la
existencia de cualquier vicio que afecte la validez del
título de propiedad, . . ., siempre que ese defecto sea
desconocido
a
la
fecha
de
expedición
Odriozola, op. cit., pág. 93.
de
la
póliza.”
Es decir, el conocimiento
del asegurado del vicio que pesa sobre su título opera para
denegar cubierta.
Ese conocimiento hace del riesgo uno no
asegurado pues ha sido asumido por el asegurado.
cual,
somos
del
criterio
que
si
de
la
Con lo
escritura
de
compraventa suscrita en este caso surge que el asegurado
conocía del defecto o de la reclamación adversa que pesaba
sobre el inmueble que se adquiría y no obstante asumió el
riesgo es decir, que su intención fue la de recibir el
título sujeto a ese defecto, por lo que el seguro de título
adquirido no cubre ese riesgo conocido y asumido.
5
AC-2006-49
En este caso, cuando los peticionarios otorgaron la
escritura de compraventa número 18 y se expidió la póliza
de seguro de título, se había ya instado un pleito en el
Tribunal de Primera Instancia, del cual se desprendía el
potencial vicio que se ceñía sobre el título del inmueble
que se adquiría.
En esta demanda se había impugnado los
permisos que aprobaron el desarrollo de Vista Bahía y, en
consecuencia, la validez de la segregación del solar de
mil
metros
de
la
finca
principal,
compraventa
se
pretendía
llevar
escritura número 18.
Rivera
Bustamante,
cuya
a
segregación
y
mediante
la
cabo
Véase, Ana Ramos Toro v. Carlos A.
KPE2002-0190
(904).
En
la
propia
escritura de compraventa, la notario hizo referencia al
referido litigio indicando, entre otras cosas, que en el
mismo,
“se
ha
cuestionado
la
legalidad
de
lo
[sic]
permisos gubernamentales concedido [sic] en relación con
el proyecto.”
La notario a su vez, le informó a la parte
compradora “de la conveniencia de examinar los autos del
mencionado caso previo al otorgamiento de esta escritura,
en cuyo caso se puede posponer el cierre….”
No hay duda
entonces que el referido litigio arrojaba peligrosa sombra
sobre la validez del título que se adquiría y ese hecho
era conocido por los compradores.
Siendo así, éstos lo
asumieron.
De ordinario, establecer el conocimiento real del
asegurado dependerá de la credibilidad que le merezca al
juzgador el testimonio vertido en corte, salvo,
claro está,
que exista prueba escrita sobre el
Precisamente
particular.
esa es la situación en este caso como ya vimos.
Couch on
6
AC-2006-49
Insurance, 3d, sec. 159:81 (“Actual knowledge is extremely
difficult to prove, and generally is base don
of
the
insures.
Absent
written
the
credibility
documentation,
actual
knowledge can only be proven through detailed depositions of
the insured and
related
parties.”)
Necesariamente entonces,
los compradores tuvieron conocimiento del riesgo potencial
que se cernía sobre la propiedad que adquirían y asumieron el
mismo, es decir consistieron a las consecuencias de la
situación o riesgo
expuesto
en
la
escritura de
lo que es suficiente bajo los términos del contrato
de título para negarle cubierta.
compraventa,
de
seguro
Véase, Couch on Insurance,
sec. 159:81(“Actual knowledge of the insured is obviously
sufficient
to establish the applicability of the provisions
excluding defects, claims or encumbrances existing at the
date of the policy and known to the insured.”)
Por su propia naturaleza, la póliza de seguro de título
cubre los riesgos desconocidos por el comprador a la fecha de
su adquisición y no asumir cualquier riesgo que pueda existir
sobre la propiedad, más aún, cuando esos defectos
o
riesgos
se excluyen expresamente en la cubierta y son conocidos
por el adquirente.
El peticionario, invocando el inciso (b) de la sección 3
antes transcrita arguye, que la aseguradora conocía del
referido pleito por lo cual no cabe hablar de que la
póliza
no ofrece la cubierta que se reclama.
No coincidimos
con esta interpretación, los incisos (a) y (b)
de
la
sección
3 de la cláusula de exclusión, son separados y cubren
distintos asuntos.
Es decir, no se requiere que se cumpla
7
AC-2006-49
con lo dispuesto en el inciso (a) para activar la inciso
(b).
Con lo cual, la sección 3(a) tiene vida propia y
separada de la sección 3(b).
el
asegurado
están
Los asuntos consentidos por
expresamente
excluidos
de
cubierta
conforme la sección 3(a), independientemente que se los
informara o no a su aseguradora.
En estos casos, para que
el asegurado tenga cubierta, tiene que haberse provisto de
un endoso especial o declaración afirmativa de cubierta
que incluya el riesgo conocido.
Además, una póliza asegura aquello que se describe o
se incluye en el anejo a la póliza, denominado
A.
Schedule
Es decir, el Schedule A define el título asegurado, la
póliza de seguros no asegura un título más allá de lo allí
provisto.
En este caso este anejo hacía referencia a la
escritura de compraventa, la aseguradora por lo tanto no
aseguró un título más abarcador que el que adquirió la
parte
peticionaria
mediante
dicha
escritura,
con
las
limitaciones y riesgos aceptados en la misma escritura.
Sostener lo contrario implicaría que con el seguro lo que
se busca es “asegurar” las resultas del litigio.
En conclusión, soy del criterio que el propósito de las
pólizas de seguro de título es cubrir solamente los riesgos
desconocidos por el comprador a la fecha en que éste
la póliza.
adquiere
El hecho de que los peticionarios consintieron
al contrato de compraventa con pleno conocimiento de la
existencia y naturaleza del pleito KPE2002-0190 (904),
implica que ellos voluntariamente asumieron y consintieron al
riesgo, en relación al seguro de título, de un resultado
8
AC-2006-49
adverso en este pleito.
especial
que
pudiera
Ante la ausencia de un endoso
cubrir
este
riesgo,
forzoso
es
concluir que procedía desestimar el reclamo instado por
los aquí peticionarios.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada