LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Echandi Otero y otros v. Stewart Title Guaranty Co.

2008 TSPR 126

Poder Judicial de Puerto Rico

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Echandi Otero y otros v. Stewart Title Guaranty Co.

AC-2006-0049

Seguros – Contrato de s eguro de título; interpretación del contrato de seguro

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Efraín Echandi Otero y otros

Certiorari

Peticionaria

2008 TSPR 126

vs.

174 DPR ____

Stewart Title Guaranty Co.

Recurrido

Número del Caso: AC-2006-49

Fecha: 22 de julio de 2008

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel V

Juez Ponente:

Hon. Héctor Urgell Cuebas

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Allan E. Charlotten Rivera

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Michelle Pirallo-Di Cristina

Materia: Incumplimiento de Contrato y Daños

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

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distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Efraín Echandi Otero y otros

Peticionaria

vs.

AC-2006-49

CERTIORARI

Stewart Title Guaranty Co.

Recurrido

OPINIÓN DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO SEÑOR REBOLLO

LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2008

El 26 de septiembre de 2003, el Sr. Efraín

Echandi

Otero

presentaron

una

y

su

esposa

demanda

Nydia

sobre

Rosa

Guzmán

incumplimiento

de

contrato y daños y perjuicios contra Stewart Title

Guaranty Company, Inc., Stewart Title of Puerto

Rico, Inc., San Juan Abstract Corporation y otros,

ante el Tribunal de Primera Instancia,

misma,

con

alegaron

los

título

que

términos

al

cubierta.

los

demandados

un

contrato

de

denegarles

Por

su

. En la

incumplieron

de

seguro

de

representación

legal

y

parte,

los

codemandados

contestaron la demanda negando las alegaciones y

aduciendo que las circunstancias del presente caso

no

eran

indemnizables

póliza. Resolvemos.

bajo

los

términos

de

la

2

AC-2006-49

I

El

7

de

junio

de

2002,

los

esposos

Echandi-Guzmán

compraron un solar segregado de una finca matriz, propiedad

de Vista Bahía Culebra, Inc. En la escritura de segregación

y compraventa, la Notaria le advirtió a los compradores que

se había instado un pleito civil, Ramos v. Rivera, en el

cual

se

cuestionaba

la

legalidad

de

los

permisos

gubernamentales concedidos en relación con el proyecto Vista

Bahía Culebra.1 El mismo día en que se otorgó el documento

1

La mencionada advertencia hecha por la Notaria, que consta

en la escritura, lee de la siguiente forma:

La Notaria le advierte a la PARTE COMPRADORA que

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala

Superior de San Juan, se ha presentado un pleito

bajo el número civil KPE 2002-0190(904) sobre

Mandamus, Solicitud de Orden Provisional Temporera

de Cese y Desista, Injunction Preliminar y

Permanente,

Daños

y

Perjuicios

y

Sentencia

Declaratoria seguido por Ana Ramos Toro y otros

contra Carlos A. Rivera Bustamante y otros, donde

se ha cuestionado la legalidad de los permisos

gubernamentales concedidos en relación con el

proyecto. Manifiesta la PARTE VENDEDORA que a esta

fecha el Tribunal denegó la expedición de la orden

de Mandamus e Injunction Preliminar y el pleito

continúa bajo el trámite ordinario. La Notaria les

ha advertido a los comparecientes que no ha tenido

oportunidad de examinar el expediente legal del

referido caso y que está descansando en las

manifestaciones

de

las

partes

por

lo

que

recomienda

a

la

PARTE

COMPRADORA

de

la

conveniencia de examinar los autos del mencionado

caso previo al otorgamiento de esta escritura, en

cuyo caso se puede posponer el cierre para brindar

la oportunidad necesaria para ello.

En un acápite anterior la Notaria le informó a los

compradores sobre la conveniencia de adquirir una póliza de

título que les garantizara su derecho de propiedad y les

indemnizara en caso de que sufrieran una pérdida o menoscabo

en el mismo. Ahora bien, dicha orientación se realizó porque

(Continúa . . .)

3

AC-2006-49

público, con el propósito de asegurar su derecho sobre el

solar adquirido y para proveerle mercadeabilidad al mismo,

los

esposos

Echandi-Guzmán

suscribieron

un

contrato

de

seguro de título con San Juan Abstract Company mediante el

cual

adquirieron

una

póliza

emitida

por

Stewart

Title

Guaranty Company a través de Stewart Title of Puerto Rico.

Un año después, el tribunal de instancia, en el caso

Ramos v. Rivera, emitió una sentencia parcial en la cual

declaró nula la autorización de desarrollo de Vista Bahía

Culebra

y,

por

ende,

todas

las

transacciones

realizadas

referentes a la finca matriz de la cual provenía el solar

adquirido por los esposos Echandi-Guzmán.2 Tan pronto el

matrimonio demandante se enteró de la sentencia dictada le

informó a San Juan Abstract Company y a Stewart Title de la

misma.

Mediante comunicación de 27 de febrero de 2003, el

matrimonio Echandi-Guzmán solicitó a las antes mencionadas

compañías aseguradoras le brindaran representación legal.

_______________________

la finca matriz, de donde se segregó la parcela que se le

vendía a los compradores, no constaba inscrita en el

Registro de la Propiedad, a pesar de que los documentos

habían sido presentados. Por lo tanto, la razón para que la

Notaria le recomendara a los compradores adquirir un seguro

de título no respondía a la existencia del pleito sobre los

permisos gubernamentales de la finca matriz.

2

El tribunal de instancia determinó, en dicho caso, que

ARPe actuó sin jurisdicción al aprobar una solicitud de

desarrollo preliminar que contenía una variación de cabida

que, a su vez, constituía un cambio en el distrito de

zonificación. Tal poder de alterar el uso de la tierra lo

posee la Junta de Planificación y no la agencia que tomó la

decisión.

4

AC-2006-49

Además, éstos solicitaron le proveyeran toda la información

que tuvieran sobre la sentencia que afectaba sus derechos.

Los demandados no contestaron tales solicitudes.

Así las cosas, y para asegurar su interés propietario,

el matrimonio Echandi-Guzmán intervino en el caso Ramos v.

Rivera,

en

el

cual

solicitó

y

obtuvo

una

orden

de

prohibición de enajenar la finca matriz propiedad de Vista

Bahía. La referida orden fue debidamente inscrita en el

Registro

de

la

Propiedad.

Posteriormente,

los

esposos

Echandi-Guzmán reclamaron, nuevamente, a San Juan Abstract y

a

Stewart

Title,

la

cubierta

de

la

póliza

de

seguros

adquirida. Les solicitaron, a su vez, que le reembolsaran

los gastos legales incurridos.

Los

aquí

demandados

nunca

contestaron

tales

requerimientos. Por dicha razón, los esposos Echandi-Guzmán

presentaron la demanda que origina el recurso de epígrafe.

Además de reclamar los gastos legales incurridos y el valor

asegurado de la póliza, el matrimonio demandante adujo que

el

incumplimiento

de

los

demandados

les

había

causado

profundos sufrimientos y angustias mentales, por lo cual

solicitaron remuneración económica. Solicitaron, a su vez,

retribución por pérdida de ingresos y que se les concedieran

honorarios de abogado.

Stewart

Title

contestó

la

demanda

y

levantó

como

defensa afirmativa que el seguro de título emitido no cubría

los daños reclamados. Adujeron, que los esposos EchandiGuzmán asumieron el riesgo al adquirir la propiedad con

5

AC-2006-49

conocimiento de que el pleito, en el cual se impugnaron los

permisos otorgados para el proyecto, estaba en proceso. Poco

tiempo después, Stewart Title solicitó la desestimación de

la demanda, basándose en que el seguro de título no proveía

cubierta para situaciones en que los asegurados consentían o

asumían el riesgo.3 En apoyo a tal petición citó el texto de

la

póliza,

en

particular

la

sección

que

enumera

las

exclusiones a la cobertura. El aparte en controversia, en lo

pertinente, lee como sigue:

The following matters are expressly excluded from

the coverage of this policy and the Company will

not pay loss or damage, costs, attorney’s fees or

expenses which arise by reason of:

1.(a)

Any

law,

ordinance

or

governmental

regulation (including but not limited to building

and

zoning

laws,

ordinances

or

regulations)

restricting, regulating, prohibiting or relating

to (i) the occupancy, use or enjoyment of the

land; (ii) the character, dimensions or location

of any improvement now or hereafter erected on the

land; (iii) a separation in ownership or a change

in the dimensions or area of the land or any

parcel of which the land is or was a part; or (iv)

environmental protection or the effect of any

violation

of

these

laws,

ordinances

or

governmental regulations, except to the extent

that a notice of the enforcement thereof or a

notice of a defect, lien or encumbrance resulting

from a violation affecting the land has been

recorded in the public records at date of Policy.4

3

San Juan Abstract Corporation, la compañía que llevó a

cabo el estudio de título, contestó la demanda separadamente

y también solicitó la desestimación de la demanda en cuanto

a ella se refiere. Adujo que su función no incluía proveer

seguro para pérdidas y que el estudio de título claramente

informó sobre la demanda, por lo que no fue negligente.

4

La definición de “public record” que provee la póliza es

la siguiente:

(Continúa . . .)

6

AC-2006-49

(b)…

2.…

3. Defects, liens, encumbrances, adverse claims or

other matters:

a) created, suffered, assumed or agreed to by the

insured claimant;

b)…

c)…

d)…; or

e)…

Stewart

tampoco

le

Title

argumentó

obligaba

a

que

el

representar

contrato

de

legalmente

seguro

a

los

demandantes. Para fundamentar su alegación, Stewart Title se

refirió, nuevamente, a la póliza de seguro otorgada. Indicó

que según los términos y condiciones del referido contrato,

la compañía aseguradora estaba obligada a defender a un

asegurado de una acción en su contra cuando las causas de

acción del litigio se refieren a un defecto, gravamen, carga

u

otro

asunto

asegurado

en

la

póliza.5

Dicho

de

manera

_______________________

…records established under states statutes at Date

of

Policy

for

the

purpose

of

imparting

constructive notice of matters relating to real

property to purchasers for value and without

knowledge. With respect to Section 1(a)(iv) of the

Exclusions from Coverage, “public record” shall

also include environmental protections liens filed

in the records of the clerk of the United States

district court for the district in which the land

is located.

5

La cláusula a la que hace referencia Stewart Title, sobre

su obligación a proveerle representación legal a los

demandantes, es la siguiente:

DEFENSE AND PROSECUTION OF ACTIONS; DUTY OF

INSURED CLAIMANT TO COOPERATE.

(a) Upon written request by the insured and

subject to the options contained in Section 6

of these Conditions and Stipulations, the

Company, at its own cost and without

(Continúa . . .)

7

AC-2006-49

simple,

conforme

específicamente

razonó

excluye

el

Stewart

pago

de

Title,

costas,

la

póliza

honorarios

y

gastos incurridos por el asegurado en la defensa de causas

de acción donde se alegan asuntos que no están cubiertos por

el contrato.

Oportunamente, los esposos Echandi-Guzmán se opusieron

a la desestimación solicitada. En el escrito que a esos

efectos

radicaron,

entendieron

estaban

expusieron

en

hechos

controversia.

materiales

Como

que

alternativa,

solicitaron que se dictara sentencia sumaria a su favor

basándose en que los hechos incontrovertidos representan una

de las excepciones a las cláusulas de exclusión.

_______________________

unreasonable delay, shall provide for the

defense of an insured in litigation in which

any third party asserts a claim adverse to

the title or interest as insured, but only

as to those stated causes of action alleging

a defect, lien or encumbrance or other

matter insured against by this policy. The

Company shall have the right to select

counsel of its choice (subject to the right

of the insured to object for reasonable

cause) to represent the insured as to those

stated causes of action and shall not be

liable for and will not pay the fees of any

other counsel. The Company will not pay any

fees, costs or expenses incurred by the

insured in the defense of those causes of

action which allege matter not insured

against by this policy.

(b) [Stewart Title] shall have the right,

at

its own cost, to institute and prosecute any

action or proceeding or to do any other act

which in its opinion may be necessary or

desirable to establish the title to the

estate or interest, as insured, or to prevent

or reduce loss or damage to the insured…

8

AC-2006-49

Luego de varios trámites procesales, el tribunal de

instancia emitió una resolución interlocutoria en la cual

determinó que los hechos del caso estaban cubiertos por la

póliza del seguro de título.6 Entendió el tribunal inferior

que aunque los hechos del caso estaban excluidos por el

párrafo

1(a)

de

las

exclusiones

de

la

póliza,

era

de

aplicación la excepción a la exclusión.7 En consecuencia,

concluyó que Stewart Title había incumplido el contrato al

negarse a proveer representación legal e indemnizar a los

esposos

Echandi-Guzmán

relacionada

al

defecto

por

en

la

el

pérdida

título

que

del

sufrieron

inmueble

que

adquirieron. Dispuso, finalmente, que señalaría una vista

para determinar la valorización de los daños.

Insatisfecho con la decisión, Stewart Title Company

acudió

al

Tribunal

de

Apelaciones.

En

el

recurso

que

radicara señaló, en síntesis, que incidió el tribunal de

instancia al concluir que era responsable bajo la póliza a

proveerle representación legal al asegurado y a indemnizarle

6

A pesar de que el tribunal de instancia concluyó

expresamente que no existía razón para posponer dictar

sentencia sobre la reclamación y ordenó que se registrara la

sentencia parcial sumaria, dicha determinación constituyó

una resolución interlocutoria. Es decir, el dictamen del

tribunal de instancia no es una sentencia porque no resuelve

finalmente la cuestión litigiosa en forma tal que no quede

pendiente nada más que la ejecución de la sentencia. Véase:

García v. Padró, res. el 14 de julio de 2005, 2005 T.S.P.R.

105.

7

El tribunal de instancia determinó que la presentación de

la demanda era, por si mismo, un “notice” en un “public

record,” por lo que no aplicaba la exclusión 1(a) de la

póliza.

9

AC-2006-49

en

daños.

El

intermedio

28

de

emitió

febrero

una

de

sentencia

2006,

en

el

la

foro

cual

apelativo

revocó

al

tribunal de instancia y desestimó la demanda. Concluyó que

los

esposos

compraventa

Echandi-Guzmán

con

pleno

suscribieron

conocimiento

de

el

contrato

de

la

existencia

y

naturaleza del pleito sobre los permisos gubernamentales

para la segregación de la finca matriz, razón por la cual

asumieron

voluntariamente

y

consintieron

al

riesgo.

En

consecuencia, el tribunal apelativo intermedio encontró que

Stewart Title no incumplió las obligaciones que alegadamente

había asumido en el contrato de seguros, toda vez que los

asuntos reclamados por la demandante no estaban cubiertos

por los términos y condiciones de la póliza.

Inconformes,

–-mediante

recurso

los

de

esposos

Echandi-Guzmán

apelación—-

ante

este

acudieron

Tribunal.

Aducen, que procede revocar la sentencia emitida por el foro

apelativo intermedio debido a que este incidió al:

…ordenar la desestimación de la demanda de forma

contraria al estado de derecho vigente referente

al deber de ofrecer representación legal al

asegurado.

…ordenar la desestimación de la demanda contrario

al estado de derecho vigente referente al contrato

de seguros entre las partes y la interpretación

del Honorable Tribunal Supremo en torno a las

cláusulas de exclusión de responsabilidad.

…obviar la doctrina vigente de _tronéis en esta

jurisdicción.

…obviar la doctrina vigente de la Buena Fe y el

Deber de Lealtad.

10

AC-2006-49

…ordenar la desestimación de la demanda contrario

a la Falsa Representación aplicable a la presente

situación de hechos.

Habiendo

certiorari,

acogido

por

ser

el

recurso

el

adecuado8,

radicado

como

expedimos

el

uno

de

mismo.

Estando en posición de resolverlo, procedemos a hacerlo.

II

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal mediante

el cual se le confiere discreción al juzgador para dictar

sentencia sobre la totalidad de una reclamación o sobre

cualquier controversia comprendida en ésta, sin la necesidad

de celebrar una vista evidenciaria. 32 L.P.R.A. Ap. III R.

36; Nissen Holland v. Genthaller, res. el 7 de noviembre de

2007, 2007 TSPR 197. Procede dictar sentencia sumaria si de

los documentos que acompañan la solicitud o que obran en el

expediente del tribunal surge que no hay controversia real

sustancial en cuanto a ningún hecho material y como cuestión

8

Los Incisos (b) y (c) del Artículo 3.002 de la Ley de la

Judicatura de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24s (b) y (c), disponen

que este Tribunal tendrá jurisdicción en apelación sobre

sentencias de casos civiles apelados ante el Tribunal de

Apelaciones en dos instancias: (1) cuando el tribunal

intermedio apelativo determine la inconstitucionalidad de

una ley, resolución conjunta, resolución concurrente, regla

o reglamento de una agencia o instrumentalidad pública, u

ordenanza municipal; o (2) cuando se plantee la existencia

de

un

conflicto

entre

sentencias

del

Tribunal

de

Apelaciones.

En el presente recurso no se presenta ninguna de las

circunstancias, antes enumeradas, bajo las cuales el mismo

deba ser considerado una apelación. Por tal razón,

procedemos a entender en el recurso, como uno de certiorari.

11

AC-2006-49

de derecho debe dictarse sentencia a favor de la parte

promoverte. López Colón v. Miranda Marín, res. el 16 de

diciembre de 2005, 2005 TSPR 197.

El tribunal no dictará sentencia sumaria cuando: (1)

existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2)

hay alegaciones alternativas en la demanda que no han sido

refutadas;

(3)

surge

de

los

propios

documentos

que

se

acompañan con la moción una controversia real sobre algún

hecho material y esencial; (4) como cuestión de derecho no

procede. Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 308 (2004).

Asimismo, hemos resuelto que, en el sano ejercicio de su

discreción, un tribunal no debe resolver sumariamente casos

complejos

o

casos

que

envuelven

cuestiones

de

interés

público. Jusino v. Walgreens, 155 D.P.R. 560 (2001).

En

conclusión,

el

uso

de

este

mecanismo

debe

ser

mesurado, porque su utilización irrestricta constituiría una

violación

al

debido

proceso

de

ley,

al

despojar

a

un

litigante de su día en corte. E.L.A. v. Cole Vázquez, res.

el 13 de abril de 2005, 2005 TSPR 46.

III

El negocio de seguros es uno revestido de un alto

interés público. Molina Texidor v. Centro Recreativo Plaza

Acuática, res. el 21 de noviembre de 2005, 2005 T.S.P.R.

172. Por tal razón ha sido regulado ampliamente por el

Estado,

principalmente

mediante

el

Código

Puerto

Rico,

77

19

de

Ley

Núm.

del

de

junio

Seguros

de

1957,

de

26

12

AC-2006-49

L.P.R.A. sec. 101 et seq. El referido estatuto establece la

norma de hermenéutica aplicable a la interpretación de las

pólizas de seguros. La misma dispone que todo contrato de

seguro debe interpretarse globalmente, a base del conjunto

total de sus términos y condiciones, según se expresen en la

póliza y según se hayan ampliado, extendido o modificado por

aditamento, endoso o solicitud que sean añadidos a la póliza

para formar parte de ésta. Artículo 11.250 del Código de

Seguros

de

Puerto

Rico,

26

L.P.R.A.

sec.

1125.

Véase,

además: Molina Texidor v. Centro Recreativo Plaza Acuática,

ante; Díaz Ayala v. E.L.A., 153 D.P.R. 675 (2001). Las

normas generales del Código Civil, sobre interpretación de

los contratos, aplicarán sólo de manera supletoria. Banco de

la Vivienda v. Underwriters, 111 D.P.R. 1 (1981); Molina

Texidor v. Centro Recreativo Plaza Acuática, ante; Artículos

1233 a 1241 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3471-3479.

Al

igual

que

todo

contrato,

el

contrato

de

seguro

constituye la ley entre las partes. López Castro v. Atlantic

Southern Ins. Co., 158 D.P.R. 562 (2003); Monteagudo Pérez

v. E.L.A., res. el 16 de agosto de 2007, 2007 TSPR 153. Sin

embargo, hemos resuelto que el mismo es un contrato de

adhesión9, por lo cual debe interpretarse liberalmente en

beneficio del asegurado. Molina Texidor v. Centro Recreativo

Plaza Acuática, ante; Monteagudo Pérez v. E.L.A., ante. No

9

Un contrato de adhesión es aquel en que una sola de las

partes dicta las condiciones del contrato, condiciones que

ha de aceptar la otra parte contratante. Véase: Zequeira v.

C.R.U.V., 83 D.P.R. 878, 880 (1961).

13

AC-2006-49

obstante, si los términos del contrato de seguro son claros,

específicos y no dan margen a ambigüedades o diferentes

interpretaciones, se hará valer la clara voluntad de las

partes. Quiñones López v. Manzano, 141 D.P.R. 139 (1996);

López

Castro

v.

Atlantic

Southern

Ins.

Co.,

ante;

Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental v. Oquendo Camacho,

158 D.P.R. 723 (2003). Véase, además: Artículo 1233 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3471.

Por otro lado, los términos de las pólizas de seguro

deben ser generalmente entendidos en su más corriente y

usual

significado,

sin

atender

demasiado

al

rigor

gramatical, sino al uso general y popular de las voces.

Morales Garay v. Roldán Coss, 110 D.P.R. 701 (1981); Molina

Texidor v. Centro Recreativo Plaza Acuática, ante. De esta

manera, el asegurado que adquiere una póliza tiene derecho a

confiar

en

la

cubierta

que

se

le

ofrece

leyendo

las

cláusulas del contrato a la luz del sentido popular de sus

palabras. Id; Barrera v. Tribunal, 87 D.P.R. 227 (1963);

Pagán Caballero v. Silva Ortíz, 122 D.P.R. 105 (1988).

El

propósito

de

todo

contrato

de

seguros

es

la

indemnización y protección en caso de producirse el suceso

incierto previsto en el mismo. Artículo 11.250 del Código de

Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 1125. Al determinar cuáles son los

riesgos cubiertos por una póliza de seguro es necesario

considerar

si

en

el

contrato

figura

una

cláusula

de

exclusión. Monteagudo Pérez v. E.L.A., ante. Estas cláusulas

tienen el propósito de limitar la cubierta establecida en el

14

AC-2006-49

acuerdo principal y disponen que el asegurador no responderá

por determinados eventos, riesgos o peligros. Id. Por dicha

razón,

hemos

resuelto

que

las

exclusiones

se

han

de

interpretar restrictivamente a favor del asegurado, para así

cumplir con el propósito de todo seguro de ofrecer la mayor

protección

a

la

persona

asegurada.

R.

Cruz,

Derecho

de

Seguros, San Juan, Publicaciones JTS, 1999, pág. 167; Molina

Texidor v. Centro Recreativo Plaza Acuática, ante; Marín v.

Internacional Ins. Co., 137 D.P.R. 356 (1994); Rivera Robles

v.

Ins.

Co.

of

Puerto

Rico,

103

D.P.R,

91

(1974).

No

obstante, y acorde con la norma general, si una cláusula de

exclusión

aplica

claramente

a

determinada

situación,

la

aseguradora no está obligada a responder por los riesgos

expresamente excluidos. Marín v. American International Ins.

Co. of P.R., 137 D.P.R. 356 (1994);

Molina Texidor v.

Centro Recreativo Plaza Acuática, ante.

IV

Constituye

una

práctica

usual

que

los

contratos

de

seguros, además de disponer para indemnización en daños en

algunas circunstancias, incluyen cláusulas para establecer

la

obligación

de

la

compañía

aseguradora

de

proveer

representación legal al asegurado. PFZ Properties v. General

Accident Ins. Co., 136 D.P.R. 881 (1994). Como expresáramos

antes,

el

protección

propósito

al

de

asegurado,

una

póliza

razón

por

de

seguro

la

cual

es

el

brindar

deber

de

representarlos legalmente es parte esencial de la cubierta

15

AC-2006-49

que

se

contrata

con

la

compañía

aseguradora.

Id;

Pagán

Caraballo v. Silva Ortíz, 122 D.P.R. 105 (188).

Reiteradamente, este Tribunal ha resuelto que el deber

de

una

aseguradora

de

proveer

representación

legal

al

asegurado es más extenso que la obligación de indemnizar por

daños, en la medida en que éstos estén cubiertos por una

póliza de seguros.

Vega v. Pepsi- Cola Bot. Co., 118 D.P.R.

661 (1987); Pagán Caraballo v. Silva Ortíz, 122 D.P.R. 105

(1988); PFZ Properties v. General Accident Ins. Co., ante.

Este deber existe, en algunas circunstancias, aun cuando la

aseguradora no esté obligada a indemnizar los daños causados

por el asegurado a un tercero. Id. Cualquier duda sobre si

existe

el

deber

de

asumir

la

defensa

en

un

caso

en

particular tendrá que ser resuelta a favor del asegurado.

Id.

El deber del asegurador de defender al asegurado de

acciones bajo la cubierta del contrato se mide, en primer

lugar, por las alegaciones del demandante. PFZ Properties v.

General Accident Ins. Co., ante. Éstas tienen que describir

hechos que coloquen el daño dentro de la cubierta de la

póliza,

independientemente

de

la

responsabilidad

que

en

última instancia tenga el asegurado para con el demandante.

Id; Fernández v. Royal Indemnity Co., 87 D.P.R. 859 (1963).

Así, la obligación de la compañía aseguradora de asumir

la representación legal de su asegurado surgirá cuando de

una

interpretación

liberal

de

las

alegaciones

surja

la

posibilidad de que el asegurado esté protegido por la póliza

16

AC-2006-49

expedida,

independientemente

final

caso.

del

Ahora

de

bien,

cuál

si

la

sea

la

adjudicación

cubierta

de

póliza

claramente excluye los daños reclamados en las alegaciones

no podrá imponerse a la aseguradora el deber de defender.

Martínez

Pérez

v.

U.C.B.,

143

D.P.R.

554

(1997);

PFZ

Properties v. General Accident Ins. Co., ante. Según lo

antes expuesto, cualquier duda sobre si existe el deber de

proveer defensa debe resolverse a favor del asegurado; sin

embargo, una reclamación que claramente queda excluida de la

cubierta de la póliza no se convierte en un riesgo cubierto

en virtud de unas alegaciones diseñadas para que se ajusten

al

lenguaje

de

la

póliza.

Aguilar

Pérez

v.

Universal

Insurance Company, ante, citando a Coach on Insurance 3d

Sec. 126:2 (1995).

Los

tribunales

deben

examinar,

caso

a

caso,

las

alegaciones o reclamaciones del asegurado y compararlas con

las cláusulas del contrato de seguro del caso en particular,

para

así

compañía

poder

determinar

aseguradora

de

el

deber,

ofrecer

si

alguno,

representación

de

la

legal

al

asegurado.

Aguilar

Pérez

v.

Universal

Insurance

Company,

ante.

embargo,

aun

en

aquellos

casos

que

Sin

en

el

asegurador no esté obligado a asumir la representación legal

del asegurado, no queda liberado de notificar a éste de su

negativa a proveer tal representación, cuando la misma le

fue solicitada. González v. The Commonwealth Ins. Co., 140

D.P.R. 673 (1996). Tal deber de notificación es consecuencia

del principio de buena fe de los contratantes. Id.

17

AC-2006-49

Finalmente, en nuestra jurisdicción prevalece la norma

de que cuando un asegurador incumple su deber contractual de

asumir la representación legal del asegurado, este último

podrá demandarlo por incumplimiento de contrato y recobrar

las costas del litigio y los honorarios de abogados en la

litigación. PFZ Properties v. General Accident Ins. Co.,

ante.

V

A

Expuesta la normativa general vigente en materia de

seguros, pasamos a examinar el contrato de seguro de título,

en particular. La póliza de título es la única forma de

seguro que se originó en los Estados Unidos, específicamente

en la segunda mitad del Siglo XIX. 1 Palomar, Title Ins. Law

Sec. 1:1; 1-1 Appelman on Insurance Sec. 1.31. La misma

surgió con el propósito de garantizar las transferencias de

propiedad inmobiliaria y, por ende, que el título asegurado

se pudiera mercadear, ello porque en el sistema de derecho

del “common law” no se contemplan registros confiables de

bienes inmuebles y tanto los “title abstracts” como los

“attorney title opinions” y los “title guarantees” habían

advenido

insuficientes.10

E.

Vázquez

Boté,

El

denominado

10

Los title abstracts eran opiniones escritas de escribanos

del common law, basadas en la investigación del historial de

un inmueble en los archivos aplicables. A su vez, las

opiniones de abogados eran producto del análisis que hiciera

el letrado del title abstract. Si se evidenciaba que el

(Continúa . . .)

18

AC-2006-49

seguro de títulos: Ventajas e inconvenientes de su adopción

en el Derecho español, XCII Rev. Der. Not. 221 (1976); A.W.

Beatie & A.R. Kleven, The Devil in the details: Water Rights

and Title Insurance, 7 U. Denv. Water. L. Rev. 381 (2004);

C.B. DeWit, Title Insurance: A Primer, 3 Tenn J. Prac. &

Proc. 15 (2000).

El seguro de título ha sido definido como un contrato

en cuya virtud el asegurado le paga una prima al asegurador

a cambio del compromiso de este último de indemnizarle en

caso

de

que

el

primero

sufra

una

pérdida,

causada

por

gravámenes o defectos, en un título inmobiliario sobre el

cual obtiene un interés. 1 Palomar, ante, Sec. 1:8. Véase,

además: 1-1 Appleman on Insurance Sec. 1.31; Pérez Sánchez

v. Advisors Mortgage Investors, Inc., 130 D.P.R. 530. El

seguro de título, también, ha sido frecuentemente descrito

como:

the opinion of the insurer concerning the validity

of the title, backed by an agreement to make that

opinion good if it should prove to be mistaken and

a loss should result in consequence. Id. Laabs v.

_______________________

abogado o el escribano habían cometido un error el comprador

tenía una acción en daños, pero solamente si los primeros

habían actuado de modo negligente. Véase: 1 Palomar, ante,

Sec. 1:3; A.W. Beatie & A.R. Kleven, ante. Por otro lado,

las title guarantees eran emitidas por compañías que

garantizaban al adquirente que su interés sobre el inmueble

no tenía defectos, salvo aquellos gravámenes enlistados.

Hosak, California Title Ins. Practice 2 (1980). La única

diferencia entre las title guarantees, los title abstracts y

las attorney opinions es que en la primera el adquirente no

tenía que demandar por negligencia para recobrar la

indemnización como ocurría en los últimos dos casos. Sin

embargo, ninguno de estos métodos protegía al adquirente más

allá de lo que surgiera de los archivos públicos

inmobiliarios. 1 Palomar, ante, Sec. 1:4.

19

AC-2006-49

Chicago

(1976).

Title

Ins.

Co.,

241

N.W.

2d

434,

438

No obstante, y a pesar de ser cierto que las compañías

que emiten este tipo de seguro realizan un estudio de título

antes de redactar la póliza, a diferencia de los “title

abstracts” o “_tronéis opinions”, dicha investigación tiene

como propósito el propio beneficio de la empresa. 1 Palomar,

ante, Sec. 1:8. Ello, porque el descubrimiento de un defecto

en particular durante el estudio tiene el solo propósito de

que

la

compañía

aseguradora

decida

corregirlo

antes

de

emitir la póliza, exceptuarlo de la misma o asumirlo. Id.

Como podemos deducir de lo antes expuesto, los seguros

de

título,

a

caracterizan

diferencia

de

otros

por

un

elemento

tener

tipos

de

de

seguros,

se

prevención

o

eliminación de riesgo más allá de la asunción o distribución

del mismo. 1 Palomar, ante, Sec. 1.15. Esto es, como norma

general, los seguros de título ofrecen cubierta por pérdidas

futuras

a

causa

de

gravámenes

o

defectos

en

el

título

anteriores a la fecha de emisión de la póliza. 1 Palomar,

ante, Sec. 1.16. Dicho de otra manera, el seguro de título

“proporciona cobertura al asegurado contra el riesgo de que,

después de la adquisición, se descubra que en el título del

enajenante ya existía, en el momento de contratar el seguro,

un defecto que podía privar de su derecho al adquirente.” J.

Puig Brutau, El seguro a favor del adquirente de bienes

inmuebles en los Estados Unidos, XCIII-XCIV Rev. Der. Not.

254 (1976).

20

AC-2006-49

B

En Puerto Rico, el seguro de título no ha sido regulado

más allá de la siguiente definición que ofrece el Código de

Seguros:

…el seguro de dueños de propiedad inmueble o

mueble u otros que tengan interés o gravámenes o

cargas

sobre

la

misma,

contra

pérdida

por

gravamen,

títulos

defectuosos

o

invalidez

o

reclamación adversa al título, y los servicios

correspondientes.

Art.

4.100

del

Código

de

Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 410.

En Pérez Sánchez v. Advisors Mortgage Investors, ante,

afirmamos que, de la definición antes citada, se desprende

que existe más de una modalidad del seguro de título; la más

común de ellas, y sobre la cual nos pronunciamos en el

citado

caso,

es

el

seguro

de

hipoteca.

Éste

tiene

el

propósito de indemnizar al asegurado prestamista en caso de

pérdida de la prioridad registral de la hipoteca. Id. Véase:

J.M. Pedowitz, Title Insurance and You: What Every Lawyers

Should Know!, ABA Press, (1979).

La otra clase de seguro de título, y sobre la cual hoy

nos expresamos por primera vez, es el seguro de dueño o el

contrato de seguro con póliza de propietario, el cual se

utiliza para cubrir riesgos en los negocios de transmisión

de un interés inmobiliario, excepto en aquellos ya cubiertos

por el seguro de hipoteca. Vázquez Bote, ante, pág. 287;

Pérez Sánchez v. Advisors Mortgage Investors, ante. En otras

palabras, estas pólizas se utilizan para garantizarle el

21

AC-2006-49

título al adquirente de una propiedad inmueble en caso de

que sufriera una pérdida o menoscabo en su derecho. Id.

Al igual que en otros países donde predomina el derecho

registral inmobiliario de índole civilista, en Puerto Rico

se ha cuestionado la necesidad o conveniencia de los seguros

de título debido a la existencia, en nuestro ordenamiento,

del Registro de la Propiedad y sus garantías. A pesar de

ello, se ha entendido que la protección que ofrece el seguro

de título es más extensa que la brindada por tal registro

inmobiliario. Pérez Sánchez v. Advisors Mortgage Investors,

ante.

Además, el seguro de título le brinda tranquilidad al

asegurado por errores o inadvertencias en el estudio de

título, así como por inexactitudes provocadas por documentos

presentados

con

posterioridad

a

la

investigación

en

el

Registro de la Propiedad. Un seguro de este tipo, a su vez,

provee seguridad al adquirente de un título presentado en el

registro que aun no ha sido calificado e inscrito.11 B.

Arruñada, A Transaction-Cost View of Title Insurance and its

Role in Different Legal Systems, The Geneva Papers of Risk

and Insurance, Sec. 27:4, (2002). Las aseguradoras privadas

11

Este

fundamento

tiene

mayor

sentido

ante

los

considerables retrasos que enfrenta el Registro de la

Propiedad en la inscripción de documentos. Véase: Informe

especial sobre evaluación de las secciones que componen el

Registro de la Propiedad de Puerto Rico sobre la efectividad

de su función, Oficina del Contralor de Puerto Rico, 1 de

octubre de 2007.

22

AC-2006-49

cubren

el

riesgo

en

el

periodo

que

media

entre

la

presentación y la calificación.12 Id.

Por último, y en relación al seguro de hipoteca, se ha

afirmado que éste responde a una necesidad del mercado para

que

los

prestamistas

en

Puerto

hipotecas

aquí

autorizadas

Fernández

Seín,

Las

pólizas

en

Rico

los

de

puedan

Estados

seguro

de

vender

las

Unidos.

J.E.

título

de

la

propiedad en Puerto Rico:¿Son realmente necesarias?, Tesis,

Facultad de Derecho, U.P.R., 1966.

C

Con el anterior trasfondo doctrinal en mente, pasamos a

analizar las cláusulas de exclusión que son motivo de la

controversia de epígrafe.

La función de las cláusulas de exclusión de una póliza

de

seguro

es

eliminar

la

responsabilidad

que

tiene

el

asegurador de indemnizar por pérdidas resultantes de los

riesgos excluidos. 1 Palomar, ante, Sec. 6.1. Para evitar

que

las

compañías

aseguradoras

sean

responsables

por

defectos en el título de los asegurados que, comúnmente, no

12

De hecho, en Puerto Rico las pólizas son, en promedio, un

20% más baratas que en los Estados Unidos, quizás como

consecuencia de que aseguran, principalmente, el periodo

entre la presentación y la calificación. B. Arruñada, El

seguro de títulos de propiedad: naturaleza y perspectivas de

desarrollo en los Estados Unidos y en Europa, XIII Congreso

del Centro Internacional de Derecho Registral, Punta del

Este, marzo de 2001. Ello, claro está, debido a la

naturaleza de las pólizas de título en las que normalmente

se paga una única prima que provee cobertura indefinida. 1

Palomar, ante, Sec. 1:17.

23

AC-2006-49

pueden ser descubiertos mediante una investigación de título

o

por

defectos

que

fueron

en

parte

producto

de

las

actuaciones del propio asegurado, la American Land Title

Association (ALTA) ha diseñado unas pólizas estándares que

contienen exclusiones preimpresas a tales efectos.

En

aquellos

casos

en

que

la

aseguradora

interesa

exceptuar de la cubierta un riesgo particular, no excluido

en la póliza preimpresa, tiene que hacerse constar mediante

el endoso correspondiente.13 Por el contrario, cuando existe

algún defecto en el título que queda excluido por la póliza

estándar

y

los

contratantes

acuerdan

incluirlo

en

la

cobertura, se tiene que hacer un endoso con dicho propósito.

Véase: 1 Palomar, ante, Cap. 9.

La

póliza

de

seguro

de

título

hoy

ante

nuestra

consideración es una estándar o impresa igual a las emitidas

por la ALTA. Por consiguiente, las cláusulas de exclusión

que analizaremos han sido discutidas extensamente por los

tratadistas y los tribunales en Estados Unidos. Al respecto,

debe recordarse que es norma reiterada por este Tribunal

que,

al

cláusulas

resolver

de

controversias

pólizas

de

angloamericano

son

de

jurisdicción,

ello

porque

13

sobre

seguros,

gran

valor

las

las

interpretación

de

normas

de

derecho

persuasivo

en

nuestra

pólizas

de

seguro

que

se

Un endoso es el acuerdo por escrito que se adhiere a la

póliza para que forme parte del contrato con el propósito

de alterar, ampliar o restringir la cubierta que dispone la

póliza.

R.

Cruz,

Derecho

de

Seguros,

San

Juan,

Publicaciones JTS, 1999, pág. 368.

24

AC-2006-49

mercadean

en

Puerto

Rico,

de

ordinario,

son

modelos

semejantes o idénticos a las que venden las compañías de

seguros de los Estados Unidos. Domínguez Vargas v. Great

American Life Assurance Company of Puerto Rico, Inc., 157

D.P.R. 690 (2002). Meléndez Piñero v. Levitt & Sonso of

Puerto

Rico,

129

D.P.R.

521

(1991);

máxime

cuando

nos

referimos a los seguros de títulos que, como expresáramos

antes,

es

la

única

forma

de

seguro

que

nació

y

se

separado,

es

desarrolló, primordialmente, en los Estados Unidos.

Antes

de

analizar

cada

cláusula

por

menester señalar que es el asegurador quien debe demostrar,

por

preponderancia

de

la

evidencia,

que

el

defecto

o

gravamen queda excluido de la póliza. First Nat. Bank of

Minneapolis v. Fidelity nat. Title Ins. Co., 572 F.2d 155

(1978). De la misma forma, el asegurado tiene que probar que

concurren

los

hechos

necesarios

para

que

proceda

una

excepción a una exclusión.

La primera cláusula que analizaremos es aquella que

excluye

de

la

cobertura

pérdidas

violaciones

a

regulaciones

que

estatales

sean

sobre

producto

de

el

del

uso

terreno, como lo son las ordenanzas de zonificación y los

códigos de edificación. Tal exclusión, a su vez, encuentra

una excepción cuando el defecto o gravamen que causa la

pérdida surgiera, a la fecha de emitirse la póliza, de los

archivos públicos (“public records”).

Los

tribunales

federales

han

interpretado

que

una

violación a una ordenanza de zonificación, a diferencia de

25

AC-2006-49

la mera existencia de la regulación, constituye un gravamen

que

torna

el

título

inmercadeable.

Véase:

Hunter

Broadcasting, Inc. v. City of Burlington, 670 A. 2d 836

(1995); New England Federal Credit Union v. Stewart Title

Guarantee

Co.,

765

A

2d

450

(2000).

Una

segregación

contraria a la zonificación del área, en definitivo, es una

violación

a

las

ordenanzas

estatales

sobre

el

uso

del

terreno. Véase: Nishiyama v. Safeco Title Ins. Co., 85 Cal.

App. 3d Supp. 1 (1978); Bush v. Nervik, 687 P. 2d 872

(1984); Bianchi v. Lorenz, 701 A 2d 1037 (1997). En dicha

situación, el título del inmueble es inmercadeable porque,

inclusive, el mismo no es legalmente transferible.14 New

England Federal Credit Union v. Stewart Title Guarantee Co.,

ante.

Al tratarse de un gravamen que convierte el título en

inmercadeable, la compañía aseguradora estaría obligada a

indemnizar si el defecto no se excluyera de la cobertura.

Por

lo

tanto,

públicos

debemos

(“public

examinar

records”)

a

qué

constituyen

los

fines

de

archivos

identificar

cuáles defectos quedarían exceptuados de la exclusión.

Antes de 1992, se entendía que los archivos públicos

eran

14

“aquellos

que

por

ley

impartían

conocimiento

Un título mercadeable es aquel que una persona razonable

no dudará en adquirir porque garantiza que la propiedad está

libre de gravámenes. Véase: Blacks Law Dictionary 711 (2d

Pocket ed 2001); J.P. Wilde, Comment: Violations of Zoning

Ordinances,

the

Covenant

Against

Encumbrances

and

Marketability of Title: How Purchasers can be Protected?, 23

Touro L. Rev. 199 (2007).

26

AC-2006-49

constructivo

inmueble.”

sobre

materias

(Traducción

relacionadas

nuestra.)

Al

a

la

propiedad

interpretar

esta

definición, en Hahn v. Alaska Title Guaranty Co., 557 P. 2d.

143 (1976), se resolvió que el concepto archivo público no

excluía una orden de propiedad de dominio público archivada

en la oficina del Federal Registrar en Washington DC. Por

otro lado, en Rodavanov v. Land Title Co. of Am., 545 N.E.

2d

351

(1989),

se

interpretó

que

los

archivos

públicos

incluían los registros del tribunal de circuito del condado.

Con

el

propósito

de

limitar

la

extensión

del

significado de los public records, en 1992 la ALTA enmendó

la definición del mismo en las pólizas estándares. La nueva

versión,

que

es

la

incluida

en

la

póliza

hoy

en

controversia, lee de la siguiente forma:

…los archivos establecidos por estatutos estatales

a la fecha de emisión de la póliza con el

propósito de impartir conocimiento constructivo,

sobre las materias relativas a la propiedad

inmobiliaria, a los compradores por valor y sin

conocimiento actual. (Traducción nuestra.)

Al interpretar esta definición, en New England Federal

Credit

Union

v.

Stewart

Title

Guarantee

Co.,

ante,

no

obstante aceptar que el concepto era más limitado que el

analizado por los tribunales de Illinois y Alaska, concluyó

que el texto enmendado claramente incluía los archivos de

una agencia pública que prohibía emitir ciertos permisos de

construcción.

Es

decir,

el

tribunal

resolvió

que

los

archivos que impartían conocimiento constructivo bajo los

27

AC-2006-49

estatutos de Vermont no se limitaban a los documentos que

surgían del archivo municipal de propiedad inmueble.

Al así concluir, el tribunal distinguió el caso ante su

consideración de lo resuelto en Somerset Savings Bank v.

Chicago Title Ins. Co., 649 N.E. 2d 1123 (1995), a los

efectos de que los archivos de zonificación no constituían

archivos públicos desde el punto de vista de la excepción de

la póliza ya que en Somerset la propia póliza interpretada

afirmaba que la definición de archivo público no incluía

archivos

en

oficinas

locales,

estatales

o

federales

de

protección ambiental, zonificación, edificación, seguridad o

salud pública. Id.

En

el

presente

caso

nos

corresponde

analizar

la

interpretación que se le ha dado a una de las cláusulas más

litigadas en materia de contratos de seguro de título, esto

es,

aquella

que

excluye

de

la

cobertura

de

la

póliza

materias creadas, toleradas, asumidas o acordadas por el

demandado. Como umbral, debe enfatizarse que la mayoría de

los tribunales han decidido que las compañías aseguradoras

no pueden invocar esta excepción salvo que la conducta del

asegurado, que causó la pérdida, fuera una intencional o con

conocimiento. 1 Palomar, ante, Sec. 6.10. Véase, además:

National Mortg. Corp. v. American Title Ins. Co., 255 S.E 2d

622 (1979); American Sav. and Loan Association v. Lawyers

Title Ins. Corp., 793 F.2d 780 (6th Cir 1986). Más aun, la

mayoría de las decisiones han requerido, como norma general,

que el asegurado conozca los hechos y prevea los resultados

28

AC-2006-49

del caso. Mid-South Title Ins. Corp. v. Resolution Trust

Corp,

840

F.

Supp.

522

(1993).

National

Credit

Union

Administration v. Tcor Title Ins. Co., 873 F. Supp. 718

(1995).

El concepto del daño creado por el asegurado ha sido

interpretado

de

manera

que

requiere

un

acto

consciente,

deliberado y afirmativo del asegurado, dirigido a producir

la reclamación en controversia. Safeco Title Ins. Co. v.

Moskopoulos, 116 Cal. App. 3d 658 (1981); Sims v. Sperry,

835 P. 2d 565 (1992). Además, es necesario que dicho acto

haya causado el defecto, gravamen o reclamación adversa del

título

asegurado.

American

Sav.

and

Loan

Association

v.

Lawyers Title Ins. Corp., ante.

Por otro lado, el término tolerado (suffered) por el

asegurado se ha entendido que es sinónimo de permitir, dejar

o

acceder.

National

Credit

Union

Administration

v.

Tcor

Title Ins. Co., ante. Se ha interpretado que dicho concepto

parece suponer una omisión de parte del asegurado de actuar

para prevenir la reclamación.

Mid-South Title Ins. Corp. v.

Resolution Trust Corp, ante.

El tercer concepto que incluye la cláusula es el de

asumir. Sobre el mismo se ha afirmado que se requieren

ambos,

conocimiento

e

intención,

para

asumir

un

defecto

específico. First Nat. Bank and Trust Co. of Port Chester v.

New York Title Ins. Co., 12 N.Y.S. 2d 703 (1939). En MidSouth Title Ins. Corp. v. Resolution Trust Corp, ante, se

resolvió que un asegurado no asume un gravamen meramente

29

AC-2006-49

porque

haya

tomado

la

propiedad

“sujeta

a”

cualquier

gravamen. Ello quiere decir que se requiere el conocimiento

específico

del

Administration

defecto

v.

Ticor

asumido.

Title

National

Ins.

Co.,

Credit

ante.

Union

Sobre

el

particular, en Arizona Title Insurance & Trust Co. v. Smith,

219 P. 2d 860 (1974), se estableció que para que proceda la

exclusión,

contrato

la

aseguradora

específicamente

tiene

que

demostrar

que

el

describía

el

gravamen

que

el

o

asegurado tenía conocimiento actual del mismo antes de la

compra.

Por último, debemos considerar el tratamiento que se le

ha

dado

al

vocablo

acordar

(agreed).

El

mismo

se

ha

entendido que concurre cuando las partes acuerdan aceptar un

gravamen o defecto particular en el título, con conocimiento

de su extensión y cantidad. First Nat. Bank of Minneapolis

v. Fidelity nat. Title Ins. Co., ante. Este término tiene

connotaciones de “contratado,” es decir, que el asegurado

contrató para aceptar el gravamen conocido. National Credit

Union Administration v. Ticor Title Ins. Co., ante.

Algunas

de

las

circunstancias

estadounidenses

han

identificado

que

para

los

tribunales

colegir

si

un

asegurado ha asumido o acordado un defecto o gravamen en su

título,

son

asegurado

las

está

siguientes:

consciente

del

si

antes

gravamen;

de

si

la

compra

el

el

asegurado

acuerda expresamente en el contrato asumir el gravamen; si

obtuvo una reducción en el precio de compra por asumir el

riesgo; o si descansó en la aseguradora para que cubriese el

30

AC-2006-49

defecto o gravamen. Véase: Green v. Sams, 433 S.E. 2d 678

(1993); Malkin v. Realty Title Ins. Co., 223 A. 2d 155

(1966).

En conclusión, la mayoría de los casos que confeccionan

los

cuatro

conceptos

que

acabamos

de

discutir,

con

el

propósito de decidir si la póliza ofrece cobertura por la

pérdida sufrida, se han enfocado en: (1) si el lenguaje en

el

contrato

o

escritura

de

compraventa

sugiere

que

el

asegurado conocía del gravamen o defecto y su intención de

recibir el título sujeto al mismo; y en (2) si el asegurado

asumió contractualmente una obligación para efectuar algún

acto y luego no lo hizo. 1 Palomar, ante, Sec. 6.12, citando

a Eliis, Title Insurance Law Handbook, 335 (1987).

V

En esencia, en el presente caso debemos resolver si

quedan excluidas de la cobertura de un seguro de título

pérdidas causadas por un defecto en el título de propiedad

de un inmueble, relacionado a una violación de una ordenanza

de zonificación, cuando tal defecto surgía de los archivos

públicos de la Junta de Planificación. Nos toca decidir,

además, si una advertencia en la escritura de compraventa de

un inmueble, sobre la existencia de un defecto en el título,

significa que el adquirente asumió o acordó tal gravamen.

Por

último,

debemos

pronunciarnos

sobre

si,

ante

las

circunstancias descritas, una compañía aseguradora tenía la

31

AC-2006-49

obligación de ofrecer representación legal al asegurado en

un pleito relacionado al defecto en cuestión.15

A

No existe controversia sobre si el defecto en el título

de los esposos Echandi-Guzmán era producto de una violación

a la zonificación del área donde estaba ubicado el inmueble

que adquirieron. A su vez, la póliza excluye de la cubierta

del seguro aquellos defectos relacionados con ordenanzas de

zonificación. Por consiguiente, a primera vista parece ser

que las pérdidas que sufriera el asegurado se encuentran

excluidas por dicha cláusula. No obstante, el contrato de

seguro,

a

su

vez,

hace

una

excepción

a

la

exclusión

referida: cuando el defecto surge de los archivos públicos,

establecidos por leyes estatales vigentes a la fecha de

emisión

de

conocimiento

la

póliza

constructivo

con

el

sobre

propósito

materias

de

impartir

relacionadas

a

propiedades inmuebles.

15

Stewart Title nos solicita que excluyamos y no

consideremos en nuestro análisis los últimos tres errores

señalados por el peticionario, ya que los mismos no fueron

presentados ante el tribunal de instancia, ni ante el

Tribunal de Apelaciones. Es norma vigente en nuestra

jurisdicción que en apelación nos abstendremos de adjudicar

cuestiones no planteadas ante el tribunal de instancia.

Trabal Morales v. Ruíz Rodríguez, 125 D.P.R. 340 (1990);

Dorante v. Wrangler of P.R., 145 D.P.R. 408 (1998) (Op.

Concurrente

del

Juez

Rebollo

López).

Encontrándonos

impedidos en etapa de revisión de pasar juicio sobre

cuestiones no presentadas ni atendidas por los tribunales

inferiores, los referidos errores no serán considerados al

disponer del presente recurso.

32

AC-2006-49

Ante tal situación, debemos evaluar la extensión del

concepto archivo público a los efectos de la póliza de

seguro.

Alega

Stewart

Title

que

el

referido

término

se

limita en Puerto Rico al Registro de la Propiedad. Sin

embargo,

y

como

expresáramos

antes,

los

tribunales

estadounidenses han resuelto que dicho concepto incluye los

archivos públicos que conserva el Estado relativos a la

zonificación o edificación del territorio, salvo que quede

expresamente excluido de la póliza. Definitivamente, los

archivos públicos que mantiene la Junta de Planificación

sobre la zonificación de Puerto Rico son establecidos por

estatutos estatales que existían a la fecha de la emisión de

la póliza con el propósito de dar publicidad sobre materias

relacionadas a propiedad inmobiliaria.

Además,

el

procedimiento

de

obtención

de

un

mapa

certificado de zonificación en Puerto Rico es uno bastante

sencillo y económico. Para conseguirlo sólo hay que visitar

la oficina de la Junta de Planificación, en el Centro de

Gobierno Roberto Sánchez Vilella, con la descripción exacta

del

inmueble

y

pagar

una

tasa

de

siete

dólares.

Esto,

definitivamente, no es una exigencia que podamos catalogar

como onerosa para una compañía aseguradora.

Es

un

contratos

arraigado

de

seguros,

principio

que

de

éstos

interpretación

siempre

deben

de

ser

interpretados a favor del asegurado. También, las cláusulas

de

exclusión

Existiendo

dos

deben

interpretarse

posibles

restrictivamente.

interpretaciones,

debemos

33

AC-2006-49

seleccionar aquella más favorable al asegurado. Por ende,

somos del criterio que el término archivo público incluye

aquellos

que

conserva

la

Junta

de

Planificación

en

sus

oficinas. A pesar de que el defecto que tienen los EchandiGuzmán

en

su

título

de

propiedad

es

uno

relativo

a

la

zonificación del inmueble, lo cual queda excluido de la

póliza, aquí opera la excepción a dicha exclusión. Ello

porque al momento de la emisión de la póliza, el defecto en

cuestión surgía de los archivos públicos de la Junta de

Planificación.

B

La compañía aseguradora, además, alega que las pérdidas

causadas por el defecto en el título no están cubiertas por

la póliza de seguro ya que el asegurado acordó o asumió

indirectamente el defecto en el título, al suscribir una

escritura de compraventa que le advertía sobre el mismo.16

Al observar el significado que se le ha dado a los términos

creado y tolerado, resulta claro que no son de aplicación a

la presente situación. Por ende, debemos resolver si el aquí

asegurado

acordó

o

asumió

el

defecto,

de

acuerdo

a

la

doctrina antes esbozada.

Según surge de la situación de hechos, el presente caso

fue

16

resuelto

de

manera

sumaria

por

los

tribunales

No está en controversia que la compañía aseguradora

también conocía del defecto en el título al momento de

emitir la póliza de seguro.

34

AC-2006-49

inferiores, es decir, no se ha celebrado una vista en su

fondo

sobre

solicitó

las

que

se

controversias

dictara

planteadas.

sentencia

Stewart

sumaria

Title

descansando

solamente en la escritura de compraventa y en la póliza de

seguro de título. Los tribunales que se han enfrentado a

cláusulas idénticas a la aquí en cuestión, en su mayoría,

han resuelto que para entender que un asegurado asumió o

acordó un defecto o gravamen es necesario que se pruebe que

este último conocía del mismo y que, además, tenía intención

de asumirlo o acordarlo.

La compañía aseguradora alega que en la escritura de

compraventa, que suscribió el asegurado, la Notaria hizo una

advertencia sobre el defecto en el título. No obstante, de

los documentos en el expediente no surge que el asegurado

conocía

la

extensión

y

efectos

que

podía

causar

dicho

defecto. Tampoco se puede colegir que los Echandi-Guzmán

estaban conscientes del defecto antes de la compraventa. Por

último,

de

los

documentos

que

acompañan

la

moción

de

sentencia sumaria no se puede inferir que los peticionarios

tenían la intención de asumir o acordar los riesgos en torno

al defecto. Adviértase que hemos resuelto reiteradamente

que, en el sano ejercicio de su discreción, un tribunal debe

abstenerse

de

resolver

temas

alto

interés

de

sumariamente

público,

controversias

como

lo

son

sobre

aquellas

relativas a contratos de seguros.

En vista de todo lo antes expuesto, procede devolver el

caso al tribunal de instancia para que celebre una vista en

35

AC-2006-49

su fondo en la que se determine, de acuerdo a la doctrina

aquí esbozada, si los esposos Echandi-Guzmán asumieron o

acordaron el gravamen en cuestión. Si lo hicieron, procede

declarar que la póliza de seguros no ofrece cobertura por

las pérdidas sufridas en su título a causa del defecto. Si,

por el contrario, el matrimonio no acordó ni asumió el

defecto aquí en cuestión, procede declarar que la póliza de

seguros les ofrece cobertura por las pérdidas resultantes

del mismo.

C

Nos

queda

por

resolver

si

la

compañía

aseguradora

incumplió con su obligación de proveer representación legal

al asegurado. Como norma general, un tribunal debe analizar

si de una interpretación liberal de las alegaciones de la

demanda surge que el daño esta cubierto por la póliza, o si

por

el

contrario,

la

cubierta

de

póliza

claramente

lo

excluye. Es menester recordar que cualquier duda sobre si

existe

el

deber

de

asumir

la

defensa

en

un

caso

en

particular tendrá que ser resuelta a favor del asegurado.

A

diferencia

de

los

casos

donde

hemos

desarrollado

dicha norma, en los hechos particulares hoy ante nuestra

consideración no se trataba de una demanda incoada contra

los asegurados, sino de una sentencia parcial emitida por un

tribunal que afectaba negativamente a éstos. Por lo tanto,

el interés de los asegurados era intervenir en el pleito

para proteger su título. Con dicho propósito, los asegurados

36

AC-2006-49

se

comunicaron

insistentemente

con

la

aseguradora,

de

acuerdo a lo requerido en el contrato. Sin embargo, Stewart

Title ni siquiera contestó las cartas que le enviaron los

esposos Echandi-Guzmán solicitándole representación legal.

La compañía aseguradora nunca les informó a sus clientes su

posición al respecto, es decir, que alegadamente no estaba

obligada

a

brindarle

tomando

en

cuenta

cobertura

los

hechos

ni

representación

del

caso,

todo

legal

ello

en

contravención al principio general de la buena fe reconocido

en nuestro ordenamiento.

Ante la falta de contestación de Stewart Title a sus

súplicas, los esposos Echandi-Guzmán tuvieron que intervenir

en el pleito Ramos v. Rivera, para proteger su derecho. Es

cierto que la póliza de seguro expone que es la compañía

aseguradora quien tiene el derecho de presentar una acción o

iniciar

un

procedimiento

para

proteger

el

título

del

asegurado, cuando éste no ha sido demandado. Sin embargo, en

una situación como la presente, en la cual la compañía

aseguradora se ha cruzado de brazos ante la notificación del

asegurado,

ésta

debe

pagar

por

los

gastos,

costas

y

honorarios en que incurra el mismo para defender su derecho.

Por otro lado, al momento en que los esposos EchandiGuzmán

le

solicitaron

a

la

compañía

aseguradora

representación legal no estaba claro si la póliza de seguro

cubría o no las pérdidas causadas. Todavía ello no ha sido

resuelto.

37

AC-2006-49

Por los fundamentos expuestos, resolvemos que Stewart

Title debe reembolsarle a los esposos Echandi-Guzmán las

sumas que estos invirtieron en costear su intervención en el

pleito Ramos v. Rivera. Tal monto incluirá los gastos y

honorarios de abogados.

VI

En mérito de todo lo antes expuesto, procede dictar

Sentencia

revocatoria

Apelaciones

y

de

devolver

la

el

emitida

caso

al

por

el

Tribunal

Tribunal

de

de

Primera

Instancia para procedimientos ulteriores consistentes con lo

aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Efraín Echandi Otero y otros

Peticionaria

vs.

AC-2006-49

CERTIORARI

Stewart Title Guaranty Co.

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2008

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, se dicta Sentencia revocatoria de la

emitida en el presente caso por el Tribunal de

Apelaciones y se devuelve al Tribunal de Primera

Instancia, Sala Superior de San Juan, para

procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí

resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Presidente señor Hernández Denton disintió

sin opinión escrita. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez emitió Opinión disidente.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Efraín Echandi Otero y

otros

Apelantes

v.

AC-2006-49

Stewart Title Guaranty

Company y otros

Apelados

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio 2008

Este

caso

nos

brinda

la

oportunidad

de

expresarnos nuevamente sobre la naturaleza y alcance

de

la

figura

estadounidense

del

seguro

de

título.

Tenemos ante nuestra consideración la modalidad del

seguro de título que se denomina “el seguro de dueño

o el contrato de seguro con póliza de propietario”,

que se utiliza para cubrir riesgos en los negocios de

transmisión de un interés inmobiliaro.

v.

Advisors

(1992).

Mortage

Investors,

130

Véase, Pérez

DPR

530,

540

Específicamente, debemos pasar juicio sobre

la cláusula de exclusión de este contrato.

Contrario a la conclusión a que llega la mayoría,

soy

del

criterio

que

uno

de

los

incisos de la

2

AC-2006-49

cláusula

de

exclusión

del

interpretamos

veda

cobertura

consecuencia,

disiento

la

del

contrato

en

dictamen

de

seguro

que

este

caso.

En

Tribunal

y

de

este

confirmaría al Tribunal de Apelaciones.

Los hechos de este caso se encuentran resumidos en la

Opinión mayoritaria por lo

que

estimo

innecesario

repasarlos

en estos momentos.

I

A

La aparición de los seguros de títulos acontece en los

en Estados Unidos a finales del siglo XIX.

Su finalidad

fue

la de cubrir el riesgo económico inherente a la inseguridad

que pesaba sobre los títulos.

Tanto propietarios, como

acreedores que prestaban con garantía hipotecaria, exigían

de un seguro contra los defectos que el título pudiera

padecer y que a la vez, amparara los costes de defenderlo

judicialmente.

El seguro de título ha sido

por

el

cual

una

entidad

definido

aseguradora

como “un contrato

se

compromete

a

indemnizar al titular de un derecho real en caso de que el

título asegurado se demuestre defectuoso y a asumir, en su

caso, la defensa

jurídica

de

derecho

título.”

B. Arruñada,

El seguro de título de propiedad, 80 Revista Crítica de

Derecho Inmobiliario 53 (2004).

El contrato de seguro de

título es, en su esencia, un convenio de indemnización,

pues

“la aseguradora se obliga a indemnizar al asegurado en el

caso de que éste tuviera alguna pérdida causada por acciones

incoadas por un tercero.”

C. Odriozola Maariscal,

El Seguro

3

AC-2006-49

de

Título

México

Inmobiliario,

Universitario,

J.M.

Bosch

Editor,

Editorial

México

D.F.,

2006,

pág.

39.

“Consecuentemente, un asegurador de título no ‘garantiza’

el estatus del título del garante.

indemnizatorio,

el

asegurador

se

Como un contrato

obliga

a

cubrir

al

asegurado las pérdidas o daños resultado de problemas en

el título, en cuanto que la cobertura de esos daños no se

encuentre excluida en la póliza.”

Íbid, pág. 38, n. 6.

En Pérez v. Advisors Mortage Investors, supra, pág.

539, dijimos, que este seguro proporciona cobertura al

asegurado

contra

el

riesgo

de

que,

“después

de

la

adquisición, se descubra que en el título del enajenante

ya existía, en el momento de contratar el seguro, un

defecto que podía privar de su derecho al adquirente.”

A pesar de su importancia, llama la atención la escasa

regulación a que ha sido sometido, muy en particular en

Puerto Rico.

títulos,

E. Vázquez Bote, El denominado seguro de

Ventajas

Derecho español,

e

incontentes

de

su

adopción

en

el

Revista de Derecho Notarial, 1976, núm.

XCII, 221, 275.

Luego de estos lineamientos generales sobre el seguro

de título, paso a discutir la cláusula de exclusión de

cubierta objeto de litigación.

B

Soy del criterio que la sección 3(a) de la cláusula

de exclusión del contrato de seguro de título aplica en

este caso, y como resultado de ello, el asegurado no tiene

un reclamo válido en contra de su aseguradora.

cuestión dispone:

La cláusula en

4

AC-2006-49

The following matters are expressly excluded from

Coverage of this policy and the Company will not

pay loss or damage, costs, attorneys’ fees or

expenses which arise by reason of:

. . .

3.

Defects,

liens,

encumbrances,

claims or other matters:

(a)

adverse

Created, suffered, assumed or agreed to by

the insured claimant.

(b) Not known to the company, not recorded in

the public records at the date of policy,

but known to the insured claimant and not

disclosed in writing to eh Company by the

Insured claimant prior to the date the

insured claimant became an insured under

this policy.

Por defectos o reclamaciones adversas según descritas

en

la

cláusula

que

antecede,

debemos

entender,

“la

existencia de cualquier vicio que afecte la validez del

título de propiedad, . . ., siempre que ese defecto sea

desconocido

a

la

fecha

de

expedición

Odriozola, op. cit., pág. 93.

de

la

póliza.”

Es decir, el conocimiento

del asegurado del vicio que pesa sobre su título opera para

denegar cubierta.

Ese conocimiento hace del riesgo uno no

asegurado pues ha sido asumido por el asegurado.

cual,

somos

del

criterio

que

si

de

la

Con lo

escritura

de

compraventa suscrita en este caso surge que el asegurado

conocía del defecto o de la reclamación adversa que pesaba

sobre el inmueble que se adquiría y no obstante asumió el

riesgo es decir, que su intención fue la de recibir el

título sujeto a ese defecto, por lo que el seguro de título

adquirido no cubre ese riesgo conocido y asumido.

5

AC-2006-49

En este caso, cuando los peticionarios otorgaron la

escritura de compraventa número 18 y se expidió la póliza

de seguro de título, se había ya instado un pleito en el

Tribunal de Primera Instancia, del cual se desprendía el

potencial vicio que se ceñía sobre el título del inmueble

que se adquiría.

En esta demanda se había impugnado los

permisos que aprobaron el desarrollo de Vista Bahía y, en

consecuencia, la validez de la segregación del solar de

mil

metros

de

la

finca

principal,

compraventa

se

pretendía

llevar

escritura número 18.

Rivera

Bustamante,

cuya

a

segregación

y

mediante

la

cabo

Véase, Ana Ramos Toro v. Carlos A.

KPE2002-0190

(904).

En

la

propia

escritura de compraventa, la notario hizo referencia al

referido litigio indicando, entre otras cosas, que en el

mismo,

“se

ha

cuestionado

la

legalidad

de

lo

[sic]

permisos gubernamentales concedido [sic] en relación con

el proyecto.”

La notario a su vez, le informó a la parte

compradora “de la conveniencia de examinar los autos del

mencionado caso previo al otorgamiento de esta escritura,

en cuyo caso se puede posponer el cierre….”

No hay duda

entonces que el referido litigio arrojaba peligrosa sombra

sobre la validez del título que se adquiría y ese hecho

era conocido por los compradores.

Siendo así, éstos lo

asumieron.

De ordinario, establecer el conocimiento real del

asegurado dependerá de la credibilidad que le merezca al

juzgador el testimonio vertido en corte, salvo,

claro está,

que exista prueba escrita sobre el

Precisamente

particular.

esa es la situación en este caso como ya vimos.

Couch on

6

AC-2006-49

Insurance, 3d, sec. 159:81 (“Actual knowledge is extremely

difficult to prove, and generally is base don

of

the

insures.

Absent

written

the

credibility

documentation,

actual

knowledge can only be proven through detailed depositions of

the insured and

related

parties.”)

Necesariamente entonces,

los compradores tuvieron conocimiento del riesgo potencial

que se cernía sobre la propiedad que adquirían y asumieron el

mismo, es decir consistieron a las consecuencias de la

situación o riesgo

expuesto

en

la

escritura de

lo que es suficiente bajo los términos del contrato

de título para negarle cubierta.

compraventa,

de

seguro

Véase, Couch on Insurance,

sec. 159:81(“Actual knowledge of the insured is obviously

sufficient

to establish the applicability of the provisions

excluding defects, claims or encumbrances existing at the

date of the policy and known to the insured.”)

Por su propia naturaleza, la póliza de seguro de título

cubre los riesgos desconocidos por el comprador a la fecha de

su adquisición y no asumir cualquier riesgo que pueda existir

sobre la propiedad, más aún, cuando esos defectos

o

riesgos

se excluyen expresamente en la cubierta y son conocidos

por el adquirente.

El peticionario, invocando el inciso (b) de la sección 3

antes transcrita arguye, que la aseguradora conocía del

referido pleito por lo cual no cabe hablar de que la

póliza

no ofrece la cubierta que se reclama.

No coincidimos

con esta interpretación, los incisos (a) y (b)

de

la

sección

3 de la cláusula de exclusión, son separados y cubren

distintos asuntos.

Es decir, no se requiere que se cumpla

7

AC-2006-49

con lo dispuesto en el inciso (a) para activar la inciso

(b).

Con lo cual, la sección 3(a) tiene vida propia y

separada de la sección 3(b).

el

asegurado

están

Los asuntos consentidos por

expresamente

excluidos

de

cubierta

conforme la sección 3(a), independientemente que se los

informara o no a su aseguradora.

En estos casos, para que

el asegurado tenga cubierta, tiene que haberse provisto de

un endoso especial o declaración afirmativa de cubierta

que incluya el riesgo conocido.

Además, una póliza asegura aquello que se describe o

se incluye en el anejo a la póliza, denominado

A.

Schedule

Es decir, el Schedule A define el título asegurado, la

póliza de seguros no asegura un título más allá de lo allí

provisto.

En este caso este anejo hacía referencia a la

escritura de compraventa, la aseguradora por lo tanto no

aseguró un título más abarcador que el que adquirió la

parte

peticionaria

mediante

dicha

escritura,

con

las

limitaciones y riesgos aceptados en la misma escritura.

Sostener lo contrario implicaría que con el seguro lo que

se busca es “asegurar” las resultas del litigio.

En conclusión, soy del criterio que el propósito de las

pólizas de seguro de título es cubrir solamente los riesgos

desconocidos por el comprador a la fecha en que éste

la póliza.

adquiere

El hecho de que los peticionarios consintieron

al contrato de compraventa con pleno conocimiento de la

existencia y naturaleza del pleito KPE2002-0190 (904),

implica que ellos voluntariamente asumieron y consintieron al

riesgo, en relación al seguro de título, de un resultado

8

AC-2006-49

adverso en este pleito.

especial

que

pudiera

Ante la ausencia de un endoso

cubrir

este

riesgo,

forzoso

es

concluir que procedía desestimar el reclamo instado por

los aquí peticionarios.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada