LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos

2008 TSPR 131

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos

AB-2007-0055

Conducta Profesional-Se ordena el archivo de la queja

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2008 TSPR 131

Queja presentada contra

el Secretario de Justicia,

Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos

174 DPR ____

Número del Caso: AB-2007-55

Fecha: 31 de julio de 2008

Abogado de la Parte Querellada:

Por Derecho Propio

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Queja presentada contra

el Secretario de Justicia,

Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos

AB-2007-55

Queja

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008.

A raíz de unas expresiones críticas vertidas

públicamente

por

Hon.

Sánchez

Roberto

el

Secretario

Ramos,

de

en

Justicia,

relación

a

la

decisión de los tribunales de determinar no causa

para arresto ante la denuncia presentada contra el

ex Gobernador de Puerto Rico, Dr. Pedro Rosselló

González,

el

Representante

Hon.

por

Rolando

Crespo

Acumulación

del

Arroyo,

Partido

Nuevo

Progresista, presentó una queja en su contra ante

este

Tribunal.

Luego

detenidamente

el

asunto,

circunstancias

particulares

de

haber

examinado

y

a

la

luz

de

las

de

este

caso,

procede

AB-2007-55

que

2

declinemos

disciplinaria

el

en

ejercicio

atención

a

de

nuestra

jurisdicción

los

criterios

prudenciales

establecidos en In re Secretario de Justicia, 118 D.P.R.

827 (1987).

I

Hace

poco

más

de

un

año,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia, Sala Municipal de San Juan, no encontró causa

para ordenar el arresto del ex Gobernador de Puerto Rico,

Dr.

Pedro

Secretario

Rosselló

de

González,

Justicia,

Hon.

según

Roberto

lo

solicitó

Sánchez

Ramos.

el

A

igual determinación llegó otra sala de dicho foro en una

vista de determinación de causa probable en alzada.

Ante

dicho

resultado,

el

Secretario

de

Justicia

manifestó públicamente su inconformidad y discrepancia con

el mismo.

A grandes rasgos, el Secretario de Justicia hizo

las siguientes expresiones:

Esto es un nuevo golpe a todos los que aspiramos

a que el sistema de justicia trate por igual a

todos.

No me cabe duda que si hubiera sido un

hijo de vecino sin conexiones y sin influencia en

los medios, se hubiese determinado causa y el

proceso hubiera terminado en una convicción; no

me cabe la más mínima duda.

No podemos guiarnos por el poder, la influencia.

Tenemos que tratar a todos por igual.

Estamos

convencidos que con esta misma relación de

hechos, si la persona imputada hubiera sido

cualquiera en Puerto Rico que no tenga las mismas

conexiones que este imputado, hubiéramos salido

airosos.1

1

Aunque dichas expresiones fueron difundidas por diversos

medios de prensa, las extraemos de los documentos incluidos

con la queja presentada, en particular, de un artículo

publicado por el periódico El Vocero el 23 de febrero de

2007.

No existe controversia sobre el contenido de las

mencionadas expresiones.

AB-2007-55

3

Motivado por dichas expresiones, el Representante por

Acumulación

del

Partido

Nuevo

Progresista,

Hon.

Rolando

Crespo Arroyo, presentó una queja disciplinaria ante nos

mediante la cual le imputó al Secretario de Justicia haber

violado

el

Canon

9

L.P.R.A.

Ap.

IX,

profesión

a

observar

del

C.9,

Código

que

una

de

obliga

Ética

a

conducta

todo

Profesional,

4

miembro

de

la

hacia

los

respetuosa

tribunales y a desalentar y evitar ataques injustificados

contra

los

jueces

administración

de

o

la

contra

el

justicia.

buen

orden

en

la

Alegó,

además,

que

el

Secretario de Justicia actuó en contravención del Canon 38,

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38, el cual preceptúa el deber de

todo abogado de esforzarse en la exaltación del honor y la

dignidad de la profesión y evitar hasta la apariencia de

conducta

impropia.

En

apoyo

de

lo

anterior,

el

Representante Crespo Arroyo sostuvo que las expresiones del

Secretario de Justicia constituyeron “un ataque mendaz e

injustificado a la profesión de la abogacía” y causaron

“daño a la imagen de honestidad, laboriosidad y competencia

[de la] Rama Judicial”.

El Represente Crespo Arroyo acompañó su queja con una

grabación2,

copia

de

relacionados

al

asunto,

varios

así

artículos

de

prensa

escrita

como

documento

titulado

un

“Rolando Crespo presenta querella en contra del Secretario

2

La misma contiene dos entrevistas televisivas concedidas

por el Secretario Sánchez Ramos ante medios noticiosos

locales, en las que –en esencia- emitió expresiones

similares a las citadas anteriormente.

AB-2007-55

de

4

Justicia[:]

Anuncia

manifestaciones

en

rechazo

a

la

gestión del funcionario”.3

En este documento se anunció

formalmente

de

la

presentación

la

queja

de

epígrafe

en

contra del Secretario de Justicia y se convocó a varias

manifestaciones y protestas para hacer público el rechazo a

dicho funcionario.4

En

vista

de

la

queja

presentada,

le

remitimos

al

Secretario de Justicia copia de la misma y le concedimos un

término

de

diez

días

para

presentar

su

contestación,

conforme a la Regla 14(c) del Reglamento de este Tribunal.

4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14, inciso (c).

En respuesta, el

3

Dicho documento, que parece ser un comunicado de prensa,

está suscrito bajo el nombre y cargo del Legislador, según

se desprende de su encabezamiento.

4

Además, en dicho documento se hizo constar, entre otras

cosas, lo siguiente:

El Secretario de Justicia no solamente persiguió

políticamente al Presidente del Partido Nuevo

Progresista[,] sino que les faltó el respeto a la

judicatura y a todos los puertorriqueños, cuando

al perder ante una juez decidió, sin medir las

consecuencias y sin considerar el cargo que

ocupa, arremetió [sic] contra el sistema. ...

Manifestaciones

Rolando Crespo indicó que el Secretario de

Justicia ha mantenido una conducta acomodaticia a

favor

del

Partido

Popular

Democrático,

protegiendo y dejándo [sic] a un lado los

referidos contra figuras identificadas con su

partido.

“Cuando

se

pueda

objetivamente

ver

las

actuaciones

del

Secretario,

encontraremos

y

podremos darnos cuenta con mayor claridad de como

[sic] Sánchez Ramos, [sic] se ha sentado encima

de los referidos contra la administración de Sila

Calderón y del Alcalde de Carolina, a quien [sic]

no ha querido tocar por razones obvias”.

AB-2007-55

5

Secretario de Justicia presentó una Moción de Desestimación

en la que alegó que el procedimiento disciplinario en su

contra

es

totalmente

frívolo,

pues

–a

su

juicio-

el

Representante Crespo Arroyo carece de legitimación activa

para promoverlo.

En apoyo de su alegación, adujo que el

Representante Crespo Arroyo no demostró satisfactoriamente

un interés legítimo ético ni haber sufrido un perjuicio

real

directo

por

sus

actuaciones,

según

lo

requiere

la

norma sentada por este Tribunal en In re Secretario de

Justicia,

118

D.P.R.

827

(1987)

(en

adelante,

In

re

Secretario de Justicia I) y reafirmada en In re Secretario

de Justicia, 126 D.P.R. 463 (1990) (en adelante, In re

Secretario

de

Justicia

II).

El

Secretario

de

Justicia

expuso que sus expresiones no le causaron perjuicio alguno

al Representante Crespo Arroyo y que éste lo que pretende

vindicar es un daño abstracto, hipotético y generalizado.

En la alternativa, el Secretario de Justicia arguyó

que sus expresiones están protegidas por el derecho a la

libre expresión consagrado en la Primera Enmienda de la

Constitución de Estados Unidos y en el Artículo II, Sección

4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico.

En

particular,

adujo

que

sus

expresiones

constituyeron una opinión subjetiva, cuya falsedad no es

susceptible de ser probada, según el estándar establecido

en New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) y su

progenie.

Finalmente,

alegó

que,

dada

su

función

constitucional como representante de la Rama Ejecutiva, las

AB-2007-55

6

expresiones

en

cuestión

constituyeron

una

opinión

sobre

otra rama –la Rama Judicial- cumpliendo de esa forma con su

“derecho y responsabilidad... de exponer su criterio sobre

asuntos gubernamentales...” (énfasis omitido).

Se trató, a

su juicio, de “una crítica que una Rama de gobierno lanza

en cuanto al desempeño de otra[, lo que] es parte esencial

del debate político entre Ramas de gobierno y del sistema

de

pesos

y

contrapesos

establecido

en

nuestra

Constitución”.

El

Representante

Crespo

Arroyo

respondió

a

los

planteamientos del Secretario de Justicia y en su oposición

a

la

solicitud

legitimación

activa

de

desestimación

para

presentar

la

alegó

que

queja

de

posee

epígrafe

dado que, como funcionario de la Rama Legislativa, juró

defender

la

Constitución,

por

lo

que

–a

su

juicio-

“defender la integridad de la Rama Judicial” es su deber

ineludible.

Además,

señaló

que

In

re

Secretario

de

Justicia I, supra, es distinguible del caso de autos, mas

no elaboró dicha alegación.

Por último, reiteró que el

Secretario de Justicia incurrió en conducta contraria al

Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, y sostuvo

que éste no podía invocar la Primera Enmienda o la Carta de

Derechos de la Constitución de Puerto Rico como subterfugio

para evadir su responsabilidad ética ya que, por ser un

funcionario público, sus expresiones no están protegidas

constitucionalmente.

AB-2007-55

7

Por su parte, el Secretario de Justicia replicó a la

oposición presentada por el Representante Crespo Arroyo.

Reiteró

que

la

queja

desestimada,

pues

Representante

Crespo

legitimación

activa.

instada

la

en

su

condición

de

Arroyo

contra

debe

ser

legislador

del

no

subsana

su

falta

de

Insistió,

además,

en

que

sus

expresiones están protegidas por su derecho constitucional

a la libertad de expresión.

A

los

fines

de

evaluar

la

queja

de

epígrafe,

le

concedimos al Representante Crespo Arroyo un término para

que

nos

informara

si

la

grabación

y

los

recortes

periodísticos que incluyó en su queja constituían toda la

prueba respecto a los hechos que dieron lugar a la presente

acción disciplinaria.

Asimismo, le concedimos un término

simultáneo al Secretario de Justicia para que nos informara

si su réplica constituía su contestación a la queja y si

daba por sometido el asunto.

En

cumplimiento

con

lo

anterior,

el

Secretario

de

Justicia compareció y nos informó que daba por sometidos

para adjudicación los asuntos de derecho invocados en sus

escritos.

Tribunal

Sin

sus

celebración

embargo,

argumentos

de

un

expresó

de

juicio

que

derecho-

plenario,

no

–de

denegar

renunciaba

mediante

el

este

a

la

cual

se

probaran en su contra los elementos fácticos de falsedad y

conocimiento exigidos por New York Times Co. v. Sullivan,

supra.

Por

su

parte,

el

Representante

Crespo

Arroyo

compareció para informarnos que la base para establecer la

AB-2007-55

8

responsabilidad ética del Secretario de Justicia son los

referidos

artículos

posición

de

este

periodísticos,

último

de

no

la

negar

grabación

que

y

la

realizó

las

expresiones en cuestión.

Examinado el expediente ante nuestra consideración, y

por entender que no existe controversia esencial de hechos,

procedemos a resolver sin trámite ulterior.

II

Como es sabido, el Departamento de Justicia de Puerto

Rico es la agencia de la Rama Ejecutiva que ostenta la

representación legal del Estado tanto en las causas civiles

como en las criminales.

De ordinario, la representación

legal del Estado la hace un abogado de dicha agencia a

tenor con el ordenamiento procesal y deontológico vigente,

pero el Secretario de Justicia no interviene personalmente

en la litigación activa ante los tribunales del país.

Ahora

bien,

el

Secretario

de

Justicia

es

el

funcionario de mayor rango en dicha institución, por lo que

es el encargado de trazar las metas para viabilizar la

consecución

de

la

política

pública

establecida

por

la

agencia. In re Secretario de Justicia I, supra, págs. 846847.

“Por las funciones impuestas por ley, es abogado.

Sin embargo, no es un abogado más.

legales

y

administrativas

son

Sus responsabilidades

numerosas

y

versan

sobre

múltiples y sensitivos asuntos”. Id., pág. 846.

De

hecho,

complejidad

del

en

el

cargo

pasado

de

hemos

Secretario

reconocido

de

Justicia

que

la

y

las

AB-2007-55

9

funciones que éste realiza como integrante del Gabinete y

segundo

en

sucesión

al

Gobernador,

lo

pueden

llevar

a

involucrarse –directa o indirectamente- en asuntos públicos

polarizados,

impregnados

o

no

de

contenido

político-

partidista, que trascienden la visión tradicional del papel

de principal abogado-asesor gubernamental. Id., pág. 848.

Es

por

eso

que,

a

veces,

resulta

difícil

separar

el

pronunciamiento del Secretario de Justicia como abogadoasesor

de

la

miembro

del

Rama

Ejecutiva,

Gabinete,

de

de

una

aquel

junta

o

que

emite

como

como

Gobernador

interino. Id.

Evidentemente,

desempeña

el

la

compleja

Secretario

de

gestión

Justicia

lo

pública

coloca

que

en

una

posición particular dentro de nuestro esquema de Gobierno.

De hecho, se ha afirmado que la Oficina del Secretario de

Justicia “se encuentra muy envuelta con la mayoría de los

oficiales

del

Gobierno.

Es

una

oficina

susceptible

de

asumir muchos roles conflictivos”. (traducción nuestra) W.

Thompson,

Conflicts

of

Interest

and

the

State

Attorneys

General, 15 Washburn L.J. 15, 30 (1976).

Precisamente,

el

carácter

conflictivo

del

rol

que

ejerce el Secretario de Justicia y la realidad de que,

además de abogado, es funcionario de la Rama Ejecutiva, nos

ha

llevado

ejercicio

a

reconocer

que

de

nuestra

facultad

necesariamente

consideraciones

en

estas

circunstancias

disciplinaria

constitucionales

el

“entraña

por

tocar

muy de cerca el delicado balance de poderes que garantiza

AB-2007-55

nuestra

10

Constitución”.

supra, pág. 467.

básicos

de

la

In

re

Secretario

de

Justicia

II,

A base de ese balance, que evoca aspectos

doctrina

de

separación

de

poderes,

hemos

afirmado que el poder compartido en nuestra democracia es

una llamada al consenso y no una invitación a que una rama

de gobierno le imponga a otra su criterio. Id., pág. 470.

Del mismo modo, hemos señalado que la relación armoniosa

que debe imperar entre las distintas ramas del gobierno

supone, entre otras cosas, que “cuando haya conflicto sobre

el alcance de los poderes constitucionales de cualquiera de

ellas,

los

tribunales

intervengan

con

prudencia

y

deferencia para aclarar los contornos de la Constitución y

facilitar

la

resolución

de

las

diferencias”.

Silva

v.

Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45, 57 (1986).

En

consideración

a

la

prudencia

y

mesura

que

debe

imperar cuando una rama interviene, de una forma u otra,

con

los

poderes

y

prerrogativas

desarrollado

unos

ejercicio

nuestra

de

criterios

de

de

las

otras,

autolimitación

jurisdicción

general.

hemos

para

el

Así,

por

ejemplo, hemos resuelto que un asunto no es susceptible de

ser

adjudicado

cuestión

judicialmente

política;

o

sea,

cuando

cuando

el

éste

presenta

una

mismo

cae

el

bajo

ámbito de acción de las ramas políticas del Gobierno o del

electorado.5

5

La

referida

doctrina

–cuya

aplicación

impide

la

intervención judicial- tiene tres vertientes: (1) cuando el

asunto ha sido asignado textualmente por la Constitución a

otra rama del Gobierno; (2) cuando no existen criterios de

decisión susceptibles de descubrirse y administrarse por

AB-2007-55

En

el

11

contexto

disciplinario

hemos

hecho

lo

propio

cuando se trata de circunstancias particulares en las que

debemos ejercer especial cuidado y circunspección.

Así,

por ejemplo, en In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R. 698

(1978), mediante Resolución, dejamos sin efecto una regla

de incompatibilidad que establecía un insalvable conflicto

entre el ejercicio de la abogacía ante los tribunales de

instancia y el pertenecer a una comisión del Senado que

tuviera a su cargo la consideración de los nombramientos de

jueces

o

fiscales,

abogado-legislador

declinamos

mientras

durara

dicha

comisión.

en

intervenir

la

disciplinariamente

incumbencia

Al

así

con

un

del

resolver,

abogado

que, en su función como legislador, presidía la Comisión de

Nombramientos del Senado.

atención

a

los

principios

Como fundamento para ello, y en

que

subyacen

la

doctrina

de

separación de poderes, algunos miembros de este Tribunal

sostuvieron que la deferencia debida a la Rama Legislativa

requería nuestra abstención. Véase In re Rodríguez Torres,

______________________________

los tribunales; y (3) cuando existen consideraciones

derivadas de la prudencia. Se trata de una autorestricción

inherente a nuestro esquema republicano de gobierno.

Córdova v. Cámara de Representantes, res. 29 de junio de

2007, 2007 TSPR 133; Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R.

406, 422 (1994); Silva v. Hernández Agosto, supra, págs.

53-55.

Asimismo, hemos establecido que un caso no es

justiciable cuando una de las partes no tiene legitimación

activa para promoverlo; cuando luego de comenzado el pleito

el mismo se torna académico; cuando se promueve un pleito

que no está maduro; o cuando las partes persiguen obtener

una

opinión

consultiva.

Córdova

v.

Cámara

de

Representantes, supra; Noriega v. Hernández Colón, supra,

págs. 421-422.

AB-2007-55

12

supra, Opinión del Juez Presidente señor Trías Monge, a la

cual

se

unieron

los

Jueces

Asociados

señores

Dávila

y

Torres Rigual, págs. 724-725.

Igualmente,

(2004),

ostentaba

en

In

re

aun

cuando

se

trataba

un

cargo

público

ejercicio

de

nuestra

Vélez

Lugo,

de

un

consideraciones prudenciales.

D.P.R.

abogado

particular,

función

162

735

que

no

autolimitamos

el

disciplinaria

por

En esa ocasión, dado que la

queja presentada se basaba en una relación de negocios en

el plano personal del querellado, y en vista de que la

controversia ya había sido objeto de un proceso judicial,

ordenamos el archivo del asunto, tomando en consideración

que la conducta desplegada por el abogado tampoco lo hacía

indigno de pertenecer al foro.

Al así resolver, afirmamos

que “la imposición de sanciones disciplinarias en [dicho]

caso

sacaría

de

proporción

el

poder

inherente

de

este

Tribunal para reglamentar la profesión”. Id., págs. 742743.

Por otro lado, en In re Secretario de Justicia I,

supra,

elaboramos

específicamente

unos

criterios

prudenciales de autolimitación para casos disciplinarios en

los que esté involucrado un Secretario de Justicia.

particular,

resolvimos

que

declinaremos

ejercer

En

nuestra

jurisdicción disciplinaria en quejas contra un Secretario

de

Justicia

cuando,

de

su

faz:

(1)

el

promovente

no

justifique satisfactoriamente un interés legítimo ético y

un perjuicio real directo; (2) cuando el asunto, aunque de

AB-2007-55

13

carácter ético, sea prematuro; (3) cuando los hechos no

estén debidamente documentados o sustanciados, o (4) cuando

no se trate de materia ético-adjudicable por corresponder

al debate del Poder Legislativo o Ejecutivo, o pertenecer a

la arena de la política partidista. In re Secretario de

Justicia I, supra, pág. 850.

Estos criterios de abstención

fueron reafirmados por este Tribunal en In re Secretario de

Justicia II, supra, pág. 468, donde –en efecto- declinamos

ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria en consideración

a la función de Gobernador interino que estaba ejerciendo

el Secretario de Justicia cuando incurrió en la conducta

que motivó el inicio del proceso disciplinario.6

El

primer

criterio

señalado,

relativo

a

la

demostración de un interés legítimo ético y de un perjuicio

real

directo

de

parte

del

promovente,

responde

esencialmente a las implicaciones del cargo de Secretario

de Justicia y a la necesidad de que este Tribunal evite

intervenir

en

partidistas.

asuntos

matizados

por

intereses

político-

Por un lado, dicho requisito toma en cuenta

que la complejidad del rol que ejerce el Secretario de

Justicia

tiene

el

potencial

de

generar

controversias

delicadas en las que –para honrar los principios inmersos

en la doctrina de separación de poderes- se requiere que la

Rama Judicial intervenga con especial cuidado.

6

De otro

Igual curso de acción seguimos poco después en In re

Rivera Cruz, 126 D.P.R. 768 (1990) donde, mediante

Resolución,

declinamos

ejercer

nuestra

jurisdicción

disciplinaria en otro asunto relacionado con un Secretario

de Justicia.

AB-2007-55

14

lado, el mismo parte del entendido de que se requiere una

mayor

cautela

cuando

atendemos

quejas

contra

un

abogado

que, no sólo es miembro del foro, sino que es uno de los

principales funcionarios de la Rama Ejecutiva, miembro del

Gabinete y segundo en sucesión al Gobernador.

Como tal, el

Secretario

en

de

Justicia

se

coloca

a

menudo

medio

de

polémicas polarizadas capaces de generar en los ciudadanos

reacciones encontradas.

Su participación en tales asuntos,

sin duda, le confiere un grado de vulnerabilidad superior

al que pueden enfrentar otros abogados.

En la medida en que, por su propia naturaleza, el

cargo de Secretario de Justicia obliga a este funcionario a

asumir roles complejos y en ocasiones, controversiales y

conflictivos, se requiere que el ciudadano que inicia un

proceso

disciplinario

en

su

contra

demuestre

satisfactoriamente, de la faz de la queja presentada, un

interés legítimo en el asunto disciplinario.

Debemos

cuando

de

recordar

la

ética

que

se

ordenamiento ético-legal.

requerir

trata

no

un

interés

legítimo

es

ajeno

nuestro

a

Nótese que, por ejemplo, hemos

resuelto que se debe examinar la existencia de legitimación

activa en la persona que promueve la descalificación de un

abogado.

A

tales

efectos,

hemos

afirmado

que

la

mera

presentación de una moción de descalificación no conlleva

automáticamente la descalificación del abogado en cuestión.

Más bien, se debe evaluar, entre otras cosas, si la persona

que solicita la descalificación tiene legitimación activa

AB-2007-55

15

para invocarla. Otaño v. Vélez, 141 D.P.R. 820, 828 (1996);

Liquilux Gas v. Berríos, 138 D.P.R. 850, 864 (1995).

Si bien las mociones de descalificación no constituyen

de por sí acciones disciplinarias, lo cierto es que su

finalidad

valor

esencial

que

se

disciplinario.

se

relaciona

pretende

sustancialmente

vindicar

mediante

con

el

el

proceso

Por un lado, la moción de descalificación

se emplea generalmente como medida preventiva para evitar

posibles violaciones a los cánones de ética profesional.

Meléndez Vega v. Caribbean Intern., 151 D.P.R. 649, 660

(2000); Liquilux v. Berríos, supra, pág. 864.

los

procesos

disciplinarios

se

realizan

Mientras,

con

el

fin

de

promover un desempeño profesional acorde con los más altos

principios para beneficio, no sólo de la profesión misma,

sino también de la ciudadanía y de las instituciones de

justicia.

(2001).

In

re

Izquierdo

Stella,

154

D.P.R.

732,

737

Por tanto, en ambos casos, particularmente cuando

se recurre a la descalificación de un abogado para evitar

violaciones

éticas,

lo

que

se

busca

preservar

y

reestablecer -a fin de cuentas- es la ética misma de la

profesión

legal

y,

con

ello,

la

integridad

del

sistema

judicial.7

7

Otros tribunales también requieren que el promovente de

una descalificación posea legitimación activa. Véanse, a

modo ilustrativo, Colyer, et al v. Larry Smith, 50 F. Supp.

2d

966

(1999);

Shire

Laboratories

v.

Nostrum

Pharmaceuticals, 2006 U.S. Dist. LEXIS 51043 (2006);

Xcentric Ventures, LLC v. Stanley, 2007 U.S. Dist. LEXIS

55459 (2007).

AB-2007-55

16

Conforme a lo anterior, no cabe duda que requerir la

demostración

de

un

interés

legítimo

en

ciertas

circunstancias, sobre todo cuando de la ética se trata, no

es ajeno a nuestro sistema de derecho.

A su vez, y a la

luz

innegable

del

análisis

aplicación

de

esbozado,

dicho

nos

requisito

parece

en

las

que

la

circunstancias

de

casos como el de autos resulta altamente necesaria.

De esa

forma nos aseguramos que funcionarios de la naturaleza del

Secretario de Justicia sólo se vean sujetos al inicio de un

proceso disciplinario por razones meritorias y, sobre todo,

que

este

Foro

no

sea

utilizado

para

promover

causas

personales o políticas, no relacionadas necesariamente con

el desempeño profesional de los abogados.

Ya anteriormente hemos expresado que este Tribunal no

puede ser utilizado como “punta de lanza para saciar la sed

de venganza que contra un miembro de la profesión pueda

tener un ciudadano en particular”. In re Vélez Lugo, supra,

pág. 739-740.

A la luz de dicha norma, hemos rechazado la

posibilidad de convertir nuestra jurisdicción disciplinaria

en un remedio judicial adicional o en un mecanismo alterno

para aquellos quejosos insatisfechos que no han prevalecido

en

otros

foros.

In

re

Alverio

Sánchez,

res.

27

de

septiembre de 2007, 2007 TSPR 187; In re Vélez Lugo, supra,

pág. 742.

Ello es así, pues el norte de todo procedimiento

disciplinario es el interés en proteger al público y a la

profesión legal, por lo que toda pretensión ajena a dicho

propósito no será motivo para que este Foro emprenda la

AB-2007-55

17

delicada encomienda de sancionar disciplinariamente a un

abogado.

Aclarado lo anterior, debemos resolver –como cuestión

de

umbral-

si

en

esta

ocasión

procede

ejercer

nuestra

jurisdicción disciplinaria o si, por el contrario, igual

que en otros casos similares al que nos ocupa, debemos

declinar hacerlo.

efectos,

debemos

Arroyo

cumplió

Para llegar a una conclusión a esos

determinar

con

si

el

el

Representante

requisito

de

Crespo

demostrar

satisfactoriamente, y de la faz de la queja presentada, un

interés legítimo ético y un perjuicio real directo por las

actuaciones del Secretario de Justicia.

III

Como mencionamos antes, el Representante Crespo Arroyo

presentó la queja que originó el caso de autos basándose en

las expresiones vertidas por el Secretario de Justicia ante

la

prensa

del

País

en

torno

al

desenlace

del

proceso

criminal seguido por el Estado en contra del ex Gobernador

Rosselló

González.

Éste

basó

la

queja

en

el

interés

general de defender la integridad de los tribunales y en su

condición de legislador porque –como tal- juró defender la

Constitución

Dichos

del

Estado

fundamentos,

Libre

por

sí

Asociado

solos,

no

de

Puerto

cumplen

Rico.

con

el

estándar adoptado en In re Secretario de Justicia I, supra,

el cual requiere la demostración concreta de un interés

legítimo

ético

y

un

perjuicio

real

actuaciones del Secretario de Justicia.

directo

por

las

AB-2007-55

Si

18

bien

las

expresiones

del

Secretario

de

Justicia

pueden haber generado la indignación de funcionarios de la

Rama Judicial y de ciudadanos como el Representante Crespo

Arroyo, y aun cuando se trata de expresiones que reflejan

un modelo de conducta no ejemplarizante, lo cierto es que

este

último

no

demostró

de

la

faz

de

la

queja

poseer

interés particular alguno en el asunto de referencia, ni un

perjuicio concreto por las actuaciones del Secretario.

Más

allá del interés que puede compartir con el resto de la

ciudadanía

en

el

respeto

hacia

las

instituciones

de

justicia, el Representante Crespo Arroyo no pudo demostrar

satisfactoriamente

ética

que

mueva

disciplinaria.

un

a

interés

este

individual

Tribunal

a

de

ejercer

naturaleza

su

función

Éste tampoco pudo probar un perjuicio claro

y específico a raíz de las expresiones del Secretario de

Justicia, aparte del daño general e indirecto que podemos

alegar todos los funcionarios del tribunal.

La ausencia del requisito mencionado, sin duda alguna,

supone

una

nuestra

razón

de

jurisdicción

peso

para

que

declinemos

disciplinaria.

Lo

ejercer

contrario

implicaría desatender injustificadamente las salvaguardas y

criterios elaborados por este Tribunal para la evaluación

de

quejas

presentadas

contra

Secretarios

de

Justicia.

Ello, evidentemente, con el consabido peligro de que se

someta

a

disciplinario

estos

sin

funcionarios

una

demostración

a

un

previa

procedimiento

de

un

interés

legítimo en el asunto y, sobre todo, que se mal utilice

AB-2007-55

este

Foro

19

para

dirimir

controversias

ajenas

al

objetivo

principal de tales procedimientos.

IV

A modo de epílogo, debemos aclarar que el curso de

acción que hoy tomamos ante las complejidades que presenta

este

caso

inmunidad

a

no

debe

entenderse

la

figura

del

como

una

Secretario

de

concesión

Justicia,

de

pues

nuestra decisión no es óbice para que ejerzamos nuestra

jurisdicción

disciplinaria

cuando

la

conducta

de

dicho

funcionario lo amerite y cuando se cumplan los requisitos

necesarios para ello.

De otro lado, en lo que concierne al trasfondo fáctico

que suscitó la queja de epígrafe, debemos recordar que el

respeto hacia los tribunales y la obligación de desalentar

y evitar ataques injustificados contra los jueces no sólo

están

entre

los

pilares

fundamentales

sobre

los

que

se

erige nuestro código deontológico, sino que también sobre

ellos

descansa

la

buena

marcha

de

los

procedimientos

judiciales y la confianza que el público deposita en ellos.

Por tanto, le recordamos a todos los abogados, incluyendo

al Hon. Roberto Sánchez Ramos, Secretario de Justicia, su

deber –como celosos custodios de la imagen de la justiciade observar una conducta que se caracterice por el mayor

respeto hacia los tribunales.

Asimismo, le exhortamos a

propiciar

de

debates

jurídicos

la

altura

moral

e

intelectual que se espera de todo abogado, en los que la

moderación y la prudencia son la mejor herramienta para

AB-2007-55

20

evitar ataques injustificados que en el fragor del momento

puedan ser dirigidos irreflexivamente al sistema judicial.

V

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

se

deniega

el

ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria y se ordena

el archivo de la queja presentada contra el Secretario de

Justicia, Hon. Roberto Sánchez Ramos.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Queja presentada contra

el Secretario de Justicia,

Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos

AB-2007-55

Queja

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte de la presente Sentencia, se deniega el

ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria y

se ordena el archivo de la queja presentada contra

el Secretario de Justicia, Hon. Roberto J. Sánchez

Ramos.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez

Asociado

señor

Rebollo

López

emitió

Opinión

Concurrente y Disidente. El Juez Asociado señor

Rivera Pérez inhibido.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Queja presentada contra el

Secretario de Justicia, Lcdo.

Roberto José Sánchez Ramos

AB-2007-55

OPINIÓN CONCURRENTE Y DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO

SEÑOR REBOLLO LÓPEZ

San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008

Aun cuando concurrimos con el resultado al que

llega la mayoría de los integrantes del Tribunal en

el presente caso --esto es, de archivar la queja

presentada

por

el

Hon.

Rolando

Crespo

Arroyo,

miembro de la Cámara de Representantes de Puerto

Rico, contra el Hon. Roberto José Sánchez Ramos,

Secretario de Justicia de Puerto Rico-- nos vemos

impedidos

de

suscribir

y

endosar

la

Opinión

mayoritaria emitida por estar en total desacuerdo

con la mayoría de las expresiones y fundamentos que

se utilizan por el Tribunal en apoyo del referido

resultado.

En

específico,

determinación

rechazamos

mayoritaria

de

enérgicamente

que

este

la

Tribunal

2

AB-2007-55

carece de jurisdicción para intervenir en, y resolver en sus

méritos,

la

controversia

planteada,

esto

es,

si

el

Secretario Sánchez Ramos actuó, o no, conforme los Cánones

de Ética Profesional al hacer las expresiones que hizo luego

de conocer el resultado del cargo criminal radicado contra

el

ex

Gobernador

Pedro

Rosselló

González

ante

la

Región

Judicial de San Juan.

La acción mayoritaria afecta, de manera significativa,

el poder inherente que tiene este Tribunal de regular la

profesión de abogado y de los principios deontológicos que

por décadas han regulado la profesión en Puerto Rico. Las

expresiones

ambivalentes

que,

al

así

actuar,

hace

el

Tribunal y la confusa norma que, a esos efectos, adopta no

le hacen bien al ejercicio de la profesión legal en nuestra

jurisdicción.

Ya que la mayoría de los integrantes del Tribunal ha

decidido no hacerlo, en el fiel cumplimiento de los deberes

que nos impone el cargo que ocupamos, acometemos la delicada

encomienda de expresarnos sobre la interrogante de si el

Secretario

de

Justicia,

incurrió,

o

referidas

expresiones.

no,

en

Hon.

conducta

Somos

Roberto

José

Sánchez

Ramos,

impermisible

al

hacer

las

del

que

tanto

el

criterio

Secretario Sánchez Ramos, como sus sucesores en el cargo,

así como los miles de abogados que ejercen la profesión en

Puerto Rico, tienen el derecho a que este caso sea resuelto

en

los

méritos,

esto

es,

tienen

el

derecho

a

saber

si

expresiones críticas extrajudiciales en contra del sistema

3

AB-2007-55

de justicia puertorriqueño y, en específico, la integridad

de sus Jueces, como las que hizo el Secretario Sánchez Ramos

infringen, o no, los Cánones de Ética Profesional.

I

La

conducta

que

da

lugar

a

la

presente

acción

disciplinaria tiene su génesis en las expresiones públicas

realizadas por el Secretario de Justicia, Hon. Roberto José

Sánchez Ramos, luego de conocer la determinación de no causa

para arresto de la vista en alzada que se llevó a cabo en la

Sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia en el

caso Pueblo v. Rosselló González, Crim. Núm. KMI2007-0010,

en

la

cual

se

imputaban

cargos

por

falsificación

de

documentos, apropiación ilegal agravada de fondos públicos y

aprovechamiento del cargo público. En la referida vista se

confirmó o reiteró un fallo previo de no causa realizado en

las

etapas

preliminares

del

caso.

Como

es

sabido,

estos

procedimientos alcanzaron gran notoriedad ante los medios

noticiosos, y capturaron la atención pública en general, por

estar involucrado un ex gobernador del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico.

Específicamente, el 22 de febrero de 2007, tras conocer

el fallo adverso obtenido en la vista preliminar en alzada,

el licenciado Sánchez Ramos hizo las siguientes expresiones:

Esto es un nuevo golpe a todos lo que aspiramos a

que el sistema de justicia trate por igual a

todos. No me cabe duda que si hubiera sido un hijo

de vecino sin conexiones y sin influencia en los

medios, se hubiese determinado causa y el proceso

4

AB-2007-55

hubiera terminado en una convicción; no me cabe la

más mínima duda.

Al

día

siguiente

el

periódico

El

Vocero

reseñó

una

entrevista realizada al licenciado Sánchez Ramos. En ésta el

Secretario expresó:

Estoy convencido de que la historia y el

pueblo sabrá juzgar a todos los participantes

de este proceso. El pueblo ya lo sabe. El

pueblo y los historiadores verán que la

evidencia era contundente y que los cargos

criminales estaban más que justificados….

Nosotros hicimos nuestro trabajo.

…

No

podemos

guiarnos

por

el

poder,

la

influencia. Tenemos que tratar a todos por

igual. Estamos convencidos que con esta misma

relación de hechos, si la persona imputada

hubiera sido cualquiera en Puerto Rico que no

tenga las mismas conexiones que este imputado,

hubiéramos salido airosos.

…

Los ciudadanos no tienen por qué confiar

ciegamente en lo que dice un juez o un

Secretario de Justicia. Pueden evaluar lo que

ha sucedido y poco a poco se divulgará más

información para que cada cual pueda llegar a

una conclusión.

…

Por estos mismos hechos hay una persona presa

y la persona implicada, inexplicablemente ha

sido exonerada. El pueblo tiene elementos más

que suficientes para llegar a la conclusión de

que el Departamento de Justicia descargó

satisfactoriamente su función.

En virtud de las aludidas expresiones, el 24 de febrero

de 2007, el Representante Rolando Crespo Arroyo presentó una

queja

juramentada

ante

este

Tribunal

imputándole

al

Secretario de Justicia violaciones a los Cánones 9 y 38 de

5

AB-2007-55

los del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap.IX, Cs. 98

y 38.9 En su escrito el Representante Crespo Arroyo alegó, en

síntesis, que las expresiones del Secretario Sánchez Ramos

“traspasaron los límites de lo permitido por los Cánones de

Ética Profesional que gobiernan la profesión legal en Puerto

Rico”, atacando de forma mendaz e injustificada el honor y

la dignidad de su profesión y causando daño a la imagen de

honestidad, laboriosidad y competencia de la Rama Judicial.

Así

las

cosas,

el

13

de

marzo

de

2007,

mediante

comunicación a esos efectos --y a tenor con la Regla 4(c)

del

Reglamento

de

este

Tribunal--

se

le

remitió

al

Secretario Sánchez Ramos copia de la queja presentada en su

contra para que en un término de diez días expresara su

posición al respecto. Éste compareció mediante escrito

8

En lo aquí pertinente,

Profesional establece:

el

Canon

9

de

los

de

Ética

El abogado debe observar para con los tribunales

una conducta que se caracterice por el mayor

respeto.

Ello

incluye

la

obligación

de

desalentar y evitar ataques injustificados o

atentados ilícitos contra los jueces o contra el

buen orden en la administración de la justicia

en los tribunales. En casos donde ocurrieren

tales ataques o atentados, el abogado debe

intervenir para tratar de restablecer el orden y

la

buena

marcha

de

los

procedimientos

judiciales.

9

El Canon 38 de los de Ética Profesional, en su parte

pertinente, dispone:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su

capacidad, en la exaltación del honor y dignidad

de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve

sacrificios personales y debe evitar hasta la

apariencia de conducta profesional impropia.

6

AB-2007-55

titulado

“Moción

de

argumentó

que

queja

la

Desestimación”,

presentada

a

través

debía

ser

de

la

cual

desestimada.

Entre otras cosas, el licenciado Sánchez Ramos cuestionó la

legitimación

activa

del

Representante

Crespo

Arroyo

para

promover la presente acción disciplinaria. Citando los casos

In re Secretario de Justicia I y II, 118 D.P.R. 827 (1987) y

126 D.P.R. 463 (1990), el Secretario Sánchez Ramos adujo que

Crespo

Arroyo

interés

falló

legítimo

en

ético

justificar

y

satisfactoriamente

demostrar

un

perjuicio

un

real

directo. Asimismo, alegó que con su actuación el promovente

pretendía

vindicar

un

daño

abstracto,

hipotético

y

solicitud

de

generalizado.

Como

segundo

argumento

en

apoyo

de

su

desestimación el Secretario Sánchez Ramos expresó que, aun

si

este

Tribunal

legitimación

presente

entendiese

activa,

acción

que

procedía

la

disciplinaria

al

el

quejoso

tiene

desestimación

amparo

de

la

de

la

Primera

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. A tales

efectos, argumentó que la referida Enmienda protege y abarca

las expresiones críticas que se emiten sobre la Judicatura

por ser ésta parte de nuestro sistema de gobierno.

Basado

elaboró

la

en

esta

tesis

de

premisa

que

el

no

Secretario

es

posible

Sánchez

Ramos

sancionar

las

expresiones críticas que realizan los abogados y fiscales

sobre el funcionamiento o integridad de la Judicatura o sus

Jueces

a

menos

que,

“(a)

siendo

susceptible

de

probarse

falsa, (b) en efecto se pruebe: (i) que dicha expresión es

7

AB-2007-55

falsa; y (ii) que ha sido hecha con pleno conocimiento, o en

grave menosprecio, de su falsedad.” De esta forma argumentó

que sus expresiones sobre el desempeño de la Rama Judicial,

y los alegados problemas que existen sobre trato desigual,

gozan de completa inmunidad bajo la Primera Enmienda de la

Constitución

“opinión

de

los

subjetiva”

Estados

que,

Unidos

según

él,

por

constituir

una

es

susceptible

de

Ramos

cuestionó

la

no

probarse falsa.

Además,

el

Secretario

Sánchez

constitucionalidad, tanto de su faz como en su aplicación,

de los Cánones 9 y 38 de los de Ética Profesional; adujo que

los referidos Cánones son inconstitucionales de su faz en

tanto pretenden vedar expresiones simplemente irrespetuosas

o indignas sin atención a las exigencias de lo resuelto en

New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), y su

progenie.

Asimismo,

Cánones

resultarían

utilizan

para

alegó

que

“en

igualmente

sancionar

[sus]

su

aplicación

inconstitucionales

expresiones…,

en

dichos

si

se

tanto

las

mimas [sic] están protegidas por la Constitución federal.”

Así las cosas, el 30 de marzo de 2007 el Representante

Crespo

Arroyo

compareció

ante

este

Tribunal,

mediante

escrito titulado “Moción Informando Interés de Replicar al

Lcdo.

Roberto

Sánchez

Ramos”,

solicitando

un

término

de

veinte días para expresarse con relación a la desestimación

solicitada. Concedido dicho término, éste compareció el 24

de abril de 2007 alegando, en síntesis, que la doctrina

esbozada por el Secretario para cuestionar su interés en

8

AB-2007-55

este caso, no debe ser aplicada a los hechos que nos ocupan,

pues, según alegó, “cualquier hijo de vecino” puede entablar

una queja en contra de cualquier abogado que no se desempeñe

de conformidad con las exigencias de los Cánones de Ética de

la

Profesión;

alegó

que

la

referida

doctrina

no

es

de

aplicación al presente caso, pues lo que se cuestiona es la

actuación del Secretario Sánchez Ramos, en su capacidad de

abogado y funcionario del tribunal, y no como Secretario de

Justicia.

Citando jurisprudencia de este Tribunal10, Crespo Arroyo

expresó que el hecho de que un abogado defienda apasionada y

diligentemente

la

causa

de

acción

de

su

cliente,

no

es

incompatible con la exigencia de decoro y respeto hacia los

tribunales

y

sus

magistrados.

A

tono

con

lo

anterior,

expresó que la Primera Enmienda de la Constitución federal

no puede ser utilizada como subterfugio en apoyo de ataques

insidiosos y demagogos en contra de nuestros tribunales y

que en nuestra jurisdicción existen guías que delimitan el

análisis ético que se realiza en este tipo de caso.11

En su “Réplica” el Secretario Sánchez Ramos reiteró sus

argumentos sobre falta de legitimación activa y cuestionó

10

11

In re Crespo Enríquez, 147 D.P.R. 656 (1999).

Finalmente, y citando el caso Garcetti v. Ceballos, 547

U.S. 410 (2006), el Representante alegó que la protección

constitucional que reclama el Secretario no es de aplicación

al presente caso toda vez que sus expresiones fueron

realizadas en calidad de funcionario y no como un ciudadano

particular.

9

AB-2007-55

los

planteamientos

esbozados

por

el

Representante

Crespo

Arroyo, en específico, la aplicación de la jurisprudencia

federal presentada ante nos por el Representante.12

Trabada así la controversia, el 12 de junio de 2007 le

concedimos un término de veinte días al Secretario Sánchez

Ramos para que informara si los escritos que había radicado

ante este Tribunal constituían su contestación a la queja y,

si en la afirmativa, daba por sometido el asunto para la

decisión correspondiente. Del mismo modo, le concedimos un

término simultáneo al Representante Crespo Arroyo para que

informara si las grabaciones y recortes periodísticos que

acompañó con su queja constituían toda la prueba disponible

en torno a las expresiones del Secretario.

El

Representante

Crespo

Arroyo

compareció

mediante

moción informativa, presentada el 9 de julio de 2007, en la

cual confirmó que las grabaciones, recortes periodísticos y

la

posición

del

Lcdo.

Sánchez

Ramos

de

no

negar

las

expresiones emitidas era la base para establecer que éste

había

violado

los

Cánones

de

Ética

Profesional.

El

Secretario, por su parte, dio por sometido el asunto en

cuanto

a

las

controversias

de

derecho

atendidas

en

sus

escritos, pero se negó a dar por sometidas las supuestas

controversias de hecho que, según alegó, surgirían en la

12

El licenciado Sánchez Ramos cuestionó la aplicación del

caso Garcetti v. Ceballos, ante, a los hechos que nos ocupan

al señalar que lo allí resuelto aplica exclusivamente en

casos en que el Estado actúe en su papel de patrono y no

como soberano.

10

AB-2007-55

situación de que este Tribunal entendiera que los Cánones 9

y 38 son válidos de su faz y que pueden ser aplicados a las

expresiones aquí en controversia. En ese sentido expresó que

no

renunciaba

a

que

se

tengan

que

probar

los

elementos

fácticos de falsedad y conocimiento establecidos en New York

Times Co. v. Sullivan, ante, y su progenie, y a que en el

debido juicio plenario tenga la oportunidad de confrontar la

prueba que se presente en su contra y que, a su vez, pueda

presentar la que estime conveniente a su favor.

II

A

Como

presente

señaláramos

caso

se

Representante

en

el

acápite

cuestiona

Crespo

el

Arroyo

que

“interés”

en

antecede,

en

el

(“standing”)

del

promover

una

acción

disciplinaria en contra del Secretario Sánchez Ramos. Como

punta

de

lanza

se

utiliza

la

normativa

establecida

hace

varias décadas en los casos In re Secretario de Justicia

[I], 118 D.P.R. 827 (1987) e In re Secretario de Justicia

[II], 126 D.P.R. 463 (1990), en los cuales establecimos los

linderos o parámetros que, como norma general, limitan la

jurisdicción

disciplinaria

de

este

Tribunal

en

lo

que

respecta a las quejas presentadas en contra del Secretario

de Justicia de Puerto Rico.

En

los

referidos

casos

este

Tribunal

tuvo

ante

su

consideración dos quejas presentadas en contra del entonces

Secretario de Justicia, Lcdo. Héctor Rivera Cruz. En aquella

11

AB-2007-55

ocasión

tuvimos

la

oportunidad

de

expresarnos

sobre

el

alcance del poder inherente de este Tribunal para regular la

profesión de la abogacía frente a una queja presentada en

contra del titular de mayor jerarquía del Departamento de

Justicia y el potencial conflicto de separación de poderes

que se impone cuando éste actúa dentro un marco político

partidista.

En

el

primer

caso,

resuelto

en

el

año

1987,

la

controversia giró en torno a una Opinión emitida por el

Secretario

Rivera

intereses

de

Cruz

varios

que

resultó

ser

adversa

a

los

co-demandados

que

estaban

siendo

representados por la División de Litigios del Departamento.

Por

estos

hechos

Secretario

de

se

presentó

Justicia

una

queja

imputándole,

en

entre

contra

otras

del

cosas,

violaciones al Canon 21, sobre representación de intereses

encontrados, y al Canon 19, que impone a todo abogado el

deber de mantener informados a sus representados.

Ante el argumento del licenciado Rivera Cruz sobre la

imposibilidad

de

que

un

Secretario

de

Justicia

pueda

advertir este tipo de conflicto por el tamaño y el número de

abogados que laboran en el Departamento, expresamos que el

titular de la agencia no está indefectiblemente sujeto a

procedimientos

atribuibles,

disciplinarios

única

y

por

directamente,

violaciones

a

otros

éticas

abogados

del

referido Departamento. En ese sentido, explicamos que “[e]n

un cargo tan difícil y complejo, el abanico de posibilidades

de error de juicio es inmenso” y que las probabilidades de

12

AB-2007-55

que este funcionario incurra en conflictos, de buena fe y

sin intención, es una premisa aceptable. In re Secretario de

Justicia [I], ante, a la pág. 849.

A tono con lo anterior, expresamos que cada situación

planteada

de

este

género

ético,

requiere

una

cuidadosa

reflexión sobre si se asume o no jurisdicción disciplinaria.

Del

mismo

requiere

modo,

“una

indicamos

meticulosa

que

y

en

este

ponderada

tipo

de

caso

se

de

los

depuración

hechos a los fines de fijar si ha habido infracción a algún

canon y sobre quién realmente recae responsabilidad.” Id.

Con

lo

anteriormente

expresado

en

mente,

resolvimos

que, sin que ello significara la exclusión y evaluación de

otros

factores,

o

abdicar

automáticamente

nuestra

este

queja

o

prudencialmente

de

jurisdicción

disciplinaria,

ante

planteamiento

este

abstendría

Foro

se

tipo

de

asumirla y ejercerla cuando de su faz: (1) el promovente no

justifique satisfactoriamente un interés legitimo ético y

perjuicio real directo; (2) el asunto, aunque de carácter

ético, sea prematuro; (3) los hechos no estén debidamente

documentados o sustanciados, o (4) no sean materia éticoadjudicable por corresponder propiamente al debate del Poder

Legislativo

política

o

Ejecutivo,

partidista.

In

o

pertenecer

a

re

Secretario

de

la

arena

de

Justicia

la

[II],

ante, a las págs. 468-69.

Asimismo establecimos la necesidad de que en este tipo

de

caso

concurran

tres

requisitos

básicos

al

imponer

responsabilidad ética al Secretario de Justicia, a saber:

13

AB-2007-55

(1)

que

se

rutinario;

trate

(2)

de

que

un

el

asunto

importante,

Secretario

de

esto

Justicia

es,

no

tenga

una

participación activa en el mismo, es decir, que intervenga

personalmente, y (3) que el Secretario tenga conocimiento

personal de las distintas cuestiones o puntos envueltos en

el mismo. In re Secretario de Justicia [I], ante, a la pág.

865.

Al aplicar esta normativa a los hechos del referido

caso,

este

Tribunal

contra

del

entonces

adjudicable

por

concluyó

que

Secretario

centrarse

la

queja

Rivera

en

una

presentada

Cruz

era

actuación

en

ético-

exclusiva

relacionada con su función de abogado-asesor. Véase: In re

Secretario de Justicia [I], ante, a la pág. 850. De esta

forma asumimos jurisdicción en el caso y concluimos que al

emitir su Opinión el Secretario Rivera Cruz había incurrido

en

un

insalvable

representación

conflicto

legal

de

interés

simultánea

por

asumida

razón

en

el

de

la

caso.

Resolvimos, además, que con su actuación, el Lcdo. Héctor

Rivera Cruz violó lo dispuesto en el Canon 19 de los de

Ética Profesional al incumplir con su obligación de mantener

informados

a

sus

representados

importante

y

donde

éste

tuvo

con

una

relación

a

“intervención

un

asunto

activa

y

directa”.

A tres años de resuelto ese caso, este Tribunal se

enfrentó, nuevamente, a una queja presentada en contra del

Secretario

de

Justicia

Rivera

Cruz.

In

re

Secretario

de

Justicia [II], ante. Esta vez, la controversia surgió por

14

AB-2007-55

expresiones realizadas por este funcionario en contra de un

magistrado

desacato

federal

que

ordenó

civil

del

entonces

circunstancias

el

Secretario,

el

Alcalde

encarcelamiento

de

actuando

por

Moca.

Ante

estas

en

calidad

de

Gobernador interino, hizo las siguientes expresiones:

Bueno, sencillamente, esto, a nuestro juicio, ha

sido un atropello por parte del tribunal

federal, específicamente del juez que ordenó el

encarcelamiento del alcalde y a nuestro juicio

es un abuso de poder de la jurisdicción

federal[;] de lo que se trata es de un alcalde

que tiene un caso muy meritorio que fue visto en

un tribunal federal y que está en apelación en

el Circuito de Boston --po[rq]ue hay mérito en

el caso. En el entretanto el juez desea y ordena

al alcalde que pague alrededor de $200,000 a

unos empleados que fueron cesanteados que ya el

juez sí logró reponerlos. ... (Escolio omitido y

énfasis suplido.) Resolución de 16 de noviembre

de 1987, págs. 3-4.

En aquella ocasión, al

evaluar la procedencia de la

queja presentada, este Tribunal prestó especial atención al

hecho de que las expresiones fueron realizadas mientras el

Secretario Rivera Cruz fungía como Gobernador interino y no

en

calidad

de

abogado-asesor

del

Departamento.

A

efectos, expresamos:

También tenemos presente que algunas de las

funciones adicionales del Secretario de Justicia

[apuntadas] --integrante del Gabinete, segundo

en sucesión al Gobernador y miembro de varias

juntas

y

organismos-pueden,

directa

o

indirectamente,

involucrarlo,

o

moverlo

a

involucrarse,

en

las

polémicas

de

asuntos

públicos

polarizados,

impregnados

o

no

de

contenido político-partidista, que trascienden

la visión tradicional del papel de principal

abogado-asesor gubernamental. La línea es tenue,

y por ende, a veces difícil de separar el

pronunciamiento a título clásico de Secretario

de Justicia (abogado-asesor), y de aquel que

esos

15

AB-2007-55

irradia como miembro del Gabinete, o una junta,

o Gobernador interino. (Énfasis suplido.) In re

Secretario de Justicia, supra, págs. 847-848.

Conforme

jurisdicción

a

lo

anterior,

disciplinaria

resolvimos

en

este

que

caso

de

este

ejercer

Tribunal

estaría disciplinando no al Secretario de Justicia, sino al

Gobernador interino y Primer Ejecutivo de Puerto Rico. Bajo

esta

premisa

concluimos

justifica[ban]

esta

que

clase

“las

de

expresiones

intervención

vertidas

con

la

no

Rama

Ejecutiva.” In re Secretario de Justicia [II], ante, a la

pág. 470.

Como resulta meridianamente claro de lo anteriormente

expresado,

en

ninguno

de

los

casos

antes

reseñados

este

Tribunal pretendió crear una inmunidad disciplinaria a favor

del abogado que ocupa el cargo de Secretario de Justicia y,

mucho menos, limitar la jurisdicción de este Tribunal ante

planteamientos

legítimos

que

pongan

en

duda

el

comportamiento ético de un miembro del foro, como lo es él.

Todo lo contrario, en ambas Opiniones fuimos enfáticos al

expresar que al abogado que ocupa este honroso cargo “le

aplican incuestionablemente los principios deontológicos que

regulan

la

profesión

de

abogado,

con

las

modificaciones

aceptables y cognoscibles resultantes de las peculiaridades

inherentes

que

conlleva

esa

compleja

gestión

pública”.

(Énfasis suplido.) In re Secretario de Justicia [I], ante, a

la

pág.

849.

Esto,

significa

que

al

en

palabras

Secretario

de

simples

Justicia

le

y

sencillas,

aplican

los

16

AB-2007-55

mismos Cánones de Ética que regulan las actuaciones de los

miles

de

abogados

que

a

diario

ejercen

la

profesión

en

nuestra jurisdicción.

III

Es evidente que en el presente caso no estamos ante

ninguno de los escenarios contemplados en los casos antes

reseñados. En primer lugar debe destacarse que la queja aquí

en

controversia

no

está

de

forma

alguna

relacionada

con

actuaciones realizadas por otros abogados del Departamento,

sino

que

corresponde

a

una

actuación

del

exclusiva

Secretario en su función de abogado titular de la Agencia.

Tampoco

puede

argumentarse,

como

pretende

hacerlo

en

su

comparecencia el Secretario Sánchez Ramos, que estamos ante

un

potencial

crítica

que

conflicto

de

interés

una

de

gobierno

Rama

por

tratarse

lanza

en

de

“una

cuanto

al

desempeño de otra”.

El cuadro fáctico que se nos presenta en el caso de

autos dista mucho de lo atendido por este Tribunal en In re

Secretario de Justicia [II], ante. En el presente caso las

expresiones

del

Secretario

Sánchez

Ramos

no

fueron

realizadas en calidad de Gobernador interino o en el plano

político partidista, sino como un abogado que funge como

titular del Departamento de Justicia y en reacción a un

fallo adverso recibido por su Departamento. Esto es, como en

tantos otros casos, estamos ante un representante legal de

una

parte,

esta

vez

del

ministerio

público,

que

tras

17

AB-2007-55

finalizar los procedimientos judiciales y a preguntas de la

prensa,

hace

unas

expresiones

desafortunadas

sobre

el

resultado de un caso. El hecho de que se trate de un miembro

del foro que a su vez es el funcionario de mayor jerarquía

en

el

Departamento

de

Justicia

no

nos

traslada

automáticamente al ámbito político partidista que activaría

las salvaguardas establecidas por este Tribunal en los casos

antes discutidos, ni convierte su actuación en la de la Rama

de Gobierno que representa.

Siendo así, somos del criterio que la violación ética

que

hoy

se

le

intrínsecamente

imputa

al

Secretario

relacionada

con

una

Sánchez

Ramos

actuación

está

personal

y

ético-adjudicable realizada en su función de abogado titular

de

la

agencia

que

representa.

En

vista

de

lo

anterior,

entendemos que en el presente caso no están presentes las

circunstancias

fácticas

establecidas

este

por

que

activarían

tribunal

en

In

las

re

salvaguardas

Secretario

de

Justicia [I], 118 D.P.R. 827 (1987) o In re Secretario de

Justicia [II], 126 D.P.R. 463 (1990), por lo que prevalece

el

ejercicio

de

nuestra

jurisdicción

disciplinaria,

independientemente del propósito que persiga el promovente o

la identidad del mismo.13 Véase: In re Miguel A. Alverio

13

A esos efectos, conviene resaltar lo expresado por varios

foros estatales de la jurisdicción norteamericana a los

efectos

de

que

los

procedimientos

disciplinarios

no

constituyen acciones ni civiles ni criminales, por lo que el

quejoso o promovente no puede ser considerado como una

“parte” en el caso. Niklaus v. Simmons, 196 F. Supp. 691,

18

AB-2007-55

Sánchez, 2007 T.S.P.R. 187; K-Mart Corp. v. Walgreens of

P.R., Inc., 121 D.P.R. 633 (1988); In re Añeses, 117 D.P.R.

134 (1986).

Ante esta conclusión, es evidente que estamos impedidos

de descartar los planteamientos éticos presentados ante nos

por

el

simple

hecho

de

que

se

alegue

que

el

promovente

carece de “legitimación activa” para presentarlos. Bajo ese

tenor,

puntualizamos

y

enfatizamos

lo

resuelto

por

este

Tribunal en In re González Blanes, 65 D.P.R. 381 (1945), a

los efectos de que, en materia disciplinaria, nuestro poder

inherente es tan abarcador que nos permite ordenar el inicio

de una investigación disciplinaria sin necesidad de tener

que esperar que se radique queja alguna.

IV

Abiertas,

respecto

a

su

claramente,

las

jurisdicción,

puertas

de

este

Tribunal,

procedemos

a

evaluar

en

sus

méritos la controversia ante nuestra consideración.

De entrada, debemos precisar que no existe --ni en este

Tribunal ni en el Tribunal Supremo federal-- un precedente

específico, en materia disciplinaria, que nos ilustre sobre

el alcance de la protección constitucional que cobija las

expresiones

críticas

extrajudiciales

que

realizan

los

abogados en contra de la administración de la justicia o de

______________________________

716 (1961); Mattice v. Meyer, 353 F. 2d 316, 319 (8vo. Cir.

1965).

19

AB-2007-55

sus magistrados. Raúl Serrano Geyls, Derecho Constitucional

de Puerto Rico y los Estados Unidos, Vol. II, 1988, pág.

1558.

No

existen

obstante

por

lo

parte

anterior,

de

ambos

debemos

foros

destacar

judiciales

que

sí

expresiones

contundentes a favor del respeto que merecen los tribunales

y la responsabilidad de los miembros de la clase togada de

velar por el buen funcionamiento del sistema de justicia. En

ese sentido, este Tribunal ha ido más lejos que el Supremo

federal al establecer criterios específicos para evaluar las

expresiones

tribunales

que

o

sus

realizan

los

magistrados.

abogados

en

Evaluemos,

contra

en

de

los

detalle,

la

referida jurisprudencia:

El caso In re González Blanes, 65 D.P.R. 381 (1945),

marca el punto de partida con relación a este tema. En el

referido caso este Tribunal tuvo ante su consideración una

imputación de aceptación de soborno realizada por un abogado

en contra de un juez del Tribunal de Primera Instancia. En

aquella ocasión este Tribunal advirtió que en este tipo de

caso

la

acción

disciplinaria

no

procede

si

los

hechos

alegados [son] ciertos, pero aclaró que “aun no siéndolos,

si el querellado [tiene] fundamento o causa probable para

creer

que

lo

[son]

y

[la

expresión]

no

fue

presentada

maliciosamente sino con el propósito de obtener el juicio

imparcial a que todo litigante tiene derecho, entonces el

querellado tendría que ser absuelto del disbarment.” In re

González Blanes, ante, a la pág. 393.

20

AB-2007-55

Transcurridos catorce años de resuelto ese caso, en In

re Andréu Ribas, 81 D.P.R. 90, 119 (1959), este Tribunal, al

abordar nuevamente este tema, fue un poco más lejos. A esos

efectos expresó que “[d]ebe considerarse justa causa para

imponer

sanciones

escrita,

de

la

disciplinarias

comisión

de

toda

hechos

imputación,

inmorales

o

oral

o

ilegales,

formulada por un abogado, que no esté respaldada (warranted)

por evidencia competente, que tienda a degradar o a afectar

la dignidad, honorabilidad e integridad de los tribunales o

de sus funcionarios o que puedan debilitar o destruir el

respeto a o la confianza pública en los mismos.” (Citas

omitidas.)

Al así resolver, el Tribunal expresó que “el derecho a

ejercer la profesión de abogado no es un derecho adquirido,

sino un privilegio”. In re Andréu Ribas, ante, a la pág.

119, y que la obligación que asume el abogado no consiste

simplemente en obedecer nuestra Constitución y los estatutos

en

vigor,

sino

que,

como

parte

consustancial

de

esa

obligación, éste también tiene el deber de mantener, en todo

momento,

el

correspondiente

respeto

a

los

tribunales

de

justicia y a todo funcionario judicial, sin menoscabo de su

derecho a sostener una defensa vigorosa y a criticar con

motivo fundado y de manera respetuosa la conducta de los

funcionarios judiciales. Véase: In re Andréu Ribas, a las

págs. 119-20.

Citando el caso de Cordero v. Rivera, 74 D.P.R. 586,

609 (1953), el Tribunal expresó en In re Andréu Ribas que

21

AB-2007-55

“[p]or el sitio que ocupan en la sociedad y por su condición

de funcionarios de los tribunales, los abogados deben ser

cautelosos al hacer a un Juez imputaciones de tal magnitud y

alcance, [atribuir error en la apreciación de la prueba ‘con

mente prevenida y con pasión y prejuicio’] y ello solamente

si están convencidos, en lo más profundo de sus conciencias

--a

la

vez

no

prevenidas--

afirmaciones,

y

entonces

responsabilidad

que

de

para

tan

grave

la

certeza

exigir

la

desviación

de

sus

verdadera

del

deber

conlleva.” (Énfasis suplido.)

Un caso más reciente, sobre este tema, lo es el de In

re Pagán, 116 D.P.R. 107 (1985). En éste la Oficina del

Procurador General le imputó al Lcdo. Iván L. Pagán haber

actuado en forma antiética y en abierta violación al Canon 9

de

los

de

Ética

Profesional

al

imputarle

parcialidad

y

prejuicio al magistrado ante el cual litigaba su caso y

haber realizado alegaciones difamatorias en relación a su

desempeño, por el mero hecho de haber tomado una decisión

judicial

con

la

cual

no

estuvo

de

acuerdo.

En

aquella

ocasión, al rechazar la conducta exhibida por el abogado,

expresamos:

La práctica de la abogacía exige hacia los

tribunales constante respeto. Para reclamar

derechos

y

solventar

controversias

no

es

menester

lastimar

la

dignidad

personal

ni

institucional de los miembros de la judicatura,

como de ninguna otra persona. “La estatura moral

e intelectual inherente al ejercicio de la

abogacía impone un debate jurídico libre de

personalismos y posiciones subjetivas que lo

degraden a vulgar diatriba.” García Santiago v.

Acosta,

104

D.P.R.

321,

323

(1975).

Las

22

AB-2007-55

discrepancias con los dictámenes judiciales no

es

licencia

para

el

lenguaje

impropio

e

hiriente. “El comportamiento judicial que de

alguna manera afecte los derechos de un . . .

litigante puede llevarse al récord para la

acción correctiva que proceda por un tribunal

superior, a tenor con lo que deba ser un juicio

imparcial y justo.” Pueblo v. Susoni, 81 D.P.R.

12 4, 154 (1959). Razones de civilidad imponen

esta sencilla norma.

…

La búsqueda de la justicia no justifica medios

reprobables. Ello es un principio universal tan

hondamente

cimentado

que

no

requiere

elaboración. In re Pagán, ante, a la pág. 112.

(Énfasis suplido.)

A sólo un año de resuelto ese caso, en In re Cardona

Álvarez,

116

D.P.R.

895

(1986),

este

Tribunal

estableció

pautas adicionales con relación a los parámetros que deben

ser observados al evaluar expresiones de este tipo. Como

preámbulo a esta determinación expresamos, entonces, que la

moderación del lenguaje es uno de los primeros deberes del

abogado, por lo que éste nunca puede olvidar que ha sido

interpuesto

entre

los

litigantes

y

la

justicia,

para

sustituir a los impulsos del interés personal y al lenguaje

de las pasiones, la calma de la razón y el lenguaje de la

verdad. In re Cardona Álvarez, a la pág. 897. Expresamos,

además, en dicho caso que el abogado debe evitar, en todos

los casos, la inconveniencia y la grosería de los términos,

el empleo de imputaciones y de hechos extraños o inútiles al

asunto y, sobre todo, las alegaciones contrarias a la verdad

o desprovistas de una razonable presunción de exactitud. Id.

A esos mismos efectos, expresamos en dicho caso que,

como tal, el abogado debe tener un claro concepto de la

23

AB-2007-55

misión fundamental pública que ejerce y que en la escala de

valores profesionales ha de colocar a ésta por encima de

cualesquiera personalismos. In re Cardona Álvarez, ante, a

la pág. 903. A tono con lo anterior, puntualizamos que “[e]l

abogado nunca debe olvidar que es un funcionario que tiene

la obligación de mantener y promover inmaculada la imagen de

la justicia.” In re Cardona Álvarez, a la pág. 904.

Con

esto

en

mente,

resolvimos

que

al

evaluar

la

legitimidad de la conducta oral o escrita del abogado, y

balancear

los

intereses

éticos

y

de

libertad

forense

expuestos,

este

Tribunal

tomaría

en

consideración

varios

criterios básicos, a saber: (a) si aunque equivocado, creía

en la validez de las imputaciones al juez; (b) si aunque los

hechos

no

eran

ciertos,

tenía

motivos

fundados

o

causa

probable para creer en su veracidad, y (c) si la imputación

no fue hecha maliciosamente con el propósito deliberado de

denigrar al tribunal. In re Cardona Álvarez, ante, a las

págs. 905-06.

Añadimos en dicha decisión que un abogado incumple su

deber

profesional

para

con

los

tribunales

--y

viola

lo

dispuesto en el Canon 9 de los de Ética Profesional-- cuando

no discute ni sustancia las alegaciones críticas que realiza

en contra de los tribunales y que el constante recurrir al

apuntamiento de que el tribunal actuó “con prejuicio, pasión

y parcialidad”, sin sustanciarlo o sin motivos fundados para

así creerlo, es un comportamiento censurable que hemos de

rechazar. Véase: In re Cardona Álvarez, ante, a la pág. 901.

24

AB-2007-55

De esta forma, y a modo de resumen, expresamos:

Con arreglo a esta visión doctrinaria, hemos

impuesto sanciones disciplinarias a un abogado,

por hacer imputaciones orales o escritas, sobre

la comisión de hechos inmorales o ilegales --que

no están respaldadas por evidencia competente-tendente a degradar la dignidad, honorabilidad e

integridad

de

los

tribunales

y

de

sus

funcionarios o que puedan debilitar la confianza

pública en los mismos. In re Andréu Ribas,

supra, pág. 119.14 Asimismo por la presentación

de mociones y escritos en los que se formulan

acusaciones a los magistrados, sin fundamentos,

mediante el uso de lenguaje impropio y ofensivo,

lo cual constituye conducta lesiva a la dignidad

del tribunal. In re Padilla, supra, pag. 261.15

In re Cardona Álvarez, ante, a la pág. 906.

Es

importante

puntualizar,

sin

embargo,

que

en

este

caso fuimos enfáticos al señalar que el respeto hacia los

tribunales,

y

su

exaltación

como

uno

de

los

postulados

deontológicos más hermosos, no implica de forma alguna el

establecimiento de una censura previa. Véase: In re Cardona

Álvarez, ante, a la pág. 904. De esta forma reconocimos que

“…la

crítica

judicial

sana

y

oportuna

es

un

instrumento

necesario y efectivo para mantener a los jueces alertas y

atentos al estricto cumplimiento de sus funciones.” (Énfasis

suplido) Id. Asimismo, señalamos que “[t]al crítica es un

interés legítimo constitucional que debemos proteger, por

ser un vehículo apropiado para producir cambios favorables

14

Véase, además: In re Rivera Carmona, 114 D.P.R.

390 (1983); In re Pagán, 116 D.P.R. 107 (1985); In re José

R. López de Victoria Bras, 2004 T.S.P.R. 176.

15

Véase, además: In re Crespo Enríquez, 147 D.P.R.

(1999); In re Richard Markus, 158 D.P.R. 881 (2003).

656

25

AB-2007-55

en el sistema de administración de justicia.” In re Cardona

Álvarez, ante, a la pág. 904.

A esos efectos, hemos sido consistentes al reconocer

que en nuestra jurisdicción los abogados tienen “el derecho

de hacer todos los planteamientos que entienda[n] necesarios

en

defensa

de

los

intereses

de

su

cliente”

y

que

“…la

crítica constructiva a la labor judicial es una que siempre

es

bienvenida

y

necesaria

por

cuanto

la

misma

quizás

constituye la “medicina” más eficaz y necesaria para mejorar

la labor judicial que realizamos.” Id.

Debe quedar claro, sin embargo, que lo anteriormente

expresado

no

significa

que

el

abogado

tenga

licencia

absoluta en el uso del lenguaje para poner en entredicho o

mancillar la dignidad de los jueces. In re Cardona Álvarez,

ante, a las págs. 906-7. En ese sentido hemos recalcado que

tal

conducta

legítimo

por

y

estilo

lo

que

forense

deben

rebasan

ser

el

ámbito

desalentadas.

de

lo

Id.

En

conclusión, nuestra concepción panorámica del libre fluir de

ideas, inclusive las críticas, no significa que se puedan

traspasar los límites de la civilidad y corrección. Véase:

In re Cardona Álvarez, ante, a la pág. 905.

V

A

Como señaláramos en el acápite que antecede, no existe

en la jurisdicción norteamericana un precedente específico

que nos ilustre sobre el curso de acción que debemos seguir

26

AB-2007-55

en el presente caso. Ello, sin embargo, no significa que

este tipo de controversia haya estado ausente de discusión y

controversia en dicha jurisdicción. Por el valor ilustrativo

que

pueda

tener,

examinamos

brevemente

la

trayectoria

jurisprudencial norteamericana desarrollada en torno a este

tema.

Desde mucho antes del Siglo 20, en Bradley v. Fisher,

80

U.S.

335

(1871),

el

Tribunal

Supremo

de

los

Estados

Unidos ya había expresado que:

[T]he

obligation

which

attorneys

impliedly

assume, if they do not by express declaration

take upon themselves, when they are admitted to

the bar, is not merely to be obedient to the

Constitution and laws, but to maintain at all

times the respect due to courts of justice and

judicial

officers.

This

obligation

is

not

discharged by merely observing the rules of

courteous demeanor in open court, but it

includes abstaining out of court from all

insulting language and offensive conduct toward

the judges personally for their judicial acts.

(Énfasis suplido.)

Años más tarde, en ocasión de resolver el caso de In re

Sawyer, 360 U.S. 622 (1959), una pluralidad de Jueces de ese

alto Tribunal validó el interés de los abogados en criticar

o

expresar

su

punto

de

vista

con

relación

al

estado

de

derecho y puntualizó que este tipo de expresión no puede ser

utilizada

como

fundamento

para

imponer

medidas

disciplinarias.16 Ello no obstante, el Tribunal fue enfático

16

Opinión emitida por un grupo de Jueces encabezados por el

Juez Brennan. Otro grupo liderado por el Juez Frankfurter,

sostuvo que un ciudadano particular puede hacer este tipo de

críticas sin ningún problema, pero que el abogado se rige

27

AB-2007-55

al señalar que esta libertad no incluye el derecho a atacar

la motivación, integridad o competencia de los jueces.17

Otro caso resuelto por el más alto foro federal con

relación a este asunto es Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64

(1964). En éste el Tribunal se enfrentó a una controversia

en la que un fiscal fue acusado y condenado por difamación

criminal tras realizar expresiones críticas en contra de los

jueces

de

la

atribuyéndoles

sala

el

de

atraso

lo

criminal

en

los

de

casos

su

distrito,

criminales

y

acusándolos de ineficientes y perezosos.

En aquella ocasión una mayoría del Tribunal dejó sin

efecto la convicción impuesta al concluir que el estatuto en

cuestión era inconstitucional a la luz de lo establecido en

New

York

Times

v.

Sullivan,

ante.18

Al

así

resolver,

el

______________________________

por los Cánones de Ética Profesional por lo que está

impedido de realizar expresiones que tiendan a afectar la

confianza pública en el sistema de justicia.

17

En este caso, aunque no hubo una opinión de mayoría, el

Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó una suspensión

de un año impuesta a una abogada que realizó expresiones

críticas en contra de una legislación federal sobre

conspiración e increpó al gobierno sobre los métodos

utilizados durante el procesamiento de sus clientes y el

manejo de los casos ante los tribunales. Aunque la abogada

no mencionó a ningún Juez por su nombre, hizo alusión a un

caso en específico que estaba en proceso ante los

tribunales. Al revocar la medida disciplinaria impuesta a la

abogada, el Tribunal expresó que la prueba presentada no

demostró que las expresiones fueran realizadas con la

intención de impugnar la credibilidad o atacar la integridad

del juez que presidía los procedimientos.

18

A diferencia de la regla establecida en New York Times Co.

v. Sullivan, ante, donde se establece una norma absoluta a

favor de la verdad como defensa, en este caso el estatuto

28

AB-2007-55

Tribunal concluyó que la norma establecida en el referido

caso con relación a remedios civiles por difamación --la

cual

exige

que

tratándose

de

críticas

a

funcionarios

públicos, se pruebe que las expresiones fueron realizadas

con conocimiento de su falsedad o con grave menosprecio de

si la expresión era o no falsa-- es igualmente aplicable a

casos en los que se impone una sanción criminal.19 A esos

efectos, el Tribunal expresó:

We held in New York Times that a public official

might be allowed the civil remedy only if he

establishes that the utterance was false and that

it was made with knowledge of its falsity or in

reckless disregard of whether it was false or

true. The reasons which led us so to hold in New

York Times, 376 U.S., at 279-280, apply with no

less force merely because the remedy is criminal.

The

constitutional

guarantees

of

freedom

of

expression compel application of the same standard

to the criminal remedy. Truth may not be the

subject of either civil or criminal sanctions

where discussion of public affairs is concerned.

And since “. . . erroneous statement is inevitable

in free debate, and . . . it must be protected if

the freedoms of expression are to have the

‘breathing space’ that they ‘need . . . to

survive’ . . . ,” 376 U.S., at 271-272, only those

false statements made with the high degree of

awareness of their probable falsity demanded by

New York Times may be the subject of either civil

or criminal sanctions.

______________________________

sólo la permitía cuando la expresión era publicada

buenos motivos y con propósitos justificables.

19

con

Debe llamarse la atención al hecho de que en este caso no

se presentó, ni el Tribunal lo abordó, el asunto desde el

punto de vista ético. Ello no obstante, y como veremos más

adelante, varias jurisdicciones estatales han aplicado esta

normativa a casos en que se imputan violaciones éticas a

abogados por expresiones realizadas en contra del sistema de

tribunales o de sus magistrados.

29

AB-2007-55

Sobre

este

mismo

tema,

en

el

año

1985

el

Tribunal

Supremo de los Estados Unidos resolvió el caso In re Snyder,

472 U.S. 634 (1985). En este caso dicho Tribunal revocó una

suspensión de seis meses impuesta a un abogado que envió una

enérgica

comunicación

a

la

secretaria

de

un

juez

del

Tribunal de Circuito de Apelaciones para el Octavo Circuito.

En

su

comunicación

observado

por

el

el

abogado

tribunal

al

criticó

el

administrar

procedimiento

la

Ley

sobre

Justicia Criminal y solicitó que se le eliminara de las

listas

de

abogados

de

oficio

de

esa

jurisdicción.20

En

aquella ocasión el Tribunal entendió que las críticas del

abogado en contra de la administración de esta ley no era

20

La carta leía, en parte, como sigue:

In the first place, I am appalled by the amount

of money which the federal court pays for

indigent criminal defense work. The reason that

so few attorneys in Bismarck accept this work is

for that exact reason. We have, up to this

point, still accepted the indigent appointments,

because of a duty to our profession, and the

fact that nobody else will do it.

Now, however, not only are we paid an amount of

money which does not even cover our overhead,

but we have to go through extreme gymnastics

even to receive the puny amounts which the

federal courts authorize for this work. We have

sent you everything we have concerning our

representation, and I am not sending you

anything else. You can take it or leave it.

Further, I am extremely disgusted by the

treatment of us by the Eighth Circuit in this

case, and you are instructed to remove my name

from the list of attorneys who will accept

criminal indigent defense work. I have simply

had it.

Thank you for your time and attention.

30

AB-2007-55

causa suficiente para imponer una medida disciplinaria. Al

fundamentar su determinación, el Tribunal expresó:

However, even assuming that the letter exhibited

an unlawyerlike rudeness, a single incident of

rudeness or lack of professional courtesy --in

this context-- does not support a finding of

contemptuous or contumacious conduct, or a finding

that a lawyer is “not presently fit to practice

law in the federal courts.” Nor does it rise to

the level of “conduct unbecoming a member of the

bar” warranting suspension from practice. (Énfasis

suplido.)

Es de notar que, aun cuando el Tribunal rehusó discutir

formalmente

las

posibles

implicaciones

de

la

Primera

Enmienda --argumento que fue presentado por el abogado como

una de sus

defensas-- aprovechó la ocasión para expresarse

sobre el asunto, al señalar:

As an officer of the court, a member of the bar

enjoys singular powers that others do not

possess; by virtue of admission, members of the

bar share a kind of monopoly granted only to

lawyers. … The license granted by the court

requires

members

of

the

bar

to

conduct

themselves in a manner compatible with the role

of courts in the administration of justice.

A seis años de emitida esta Opinión el Tribunal Supremo

de los Estados Unidos retomó el tema, pero esta vez en el

contexto

de

expresiones

abogados

con

relación

públicas

realizadas

por

los

casos

pendientes

ante

los

a

tribunales. Gentile v. State Bar of Nevada, 501 U.S. 1030

(1991).

hacer

En

esta

expresiones

ocasión

a

la

el

abogado

prensa

fue

sobre

disciplinado

un

caso

por

criminal

31

AB-2007-55

pendiente de juicio en el que éste representaba al acusado.21

Al

sostener

la

sanción

impuesta,

el

Tribunal

Supremo

de

Nevada había determinado que el abogado “knew or reasonably

should

have

known

that

his

comments

had

a

substantial

likelihood of materially prejudicing the adjudication of his

client’s case.”

Ante

abogado

el

Tribunal

argumentó

que

Supremo

de

en

tipo

este

los

Estados

de

caso

Unidos

la

el

Primera

Enmienda requiere que se cumpla con un estándar más estricto

al determinar si se impone o no una medida disciplinaria.

Éste propuso el estándar de “clear and present danger of

actual prejudice or an imminent threat”.

Al rechazar la

contención del abogado, la Mayoría del Tribunal expresó:

Even in an area far from the courtroom and the

pendency of a case, our decisions dealing with a

lawyer's right under the First Amendment to

solicit business and advertise, contrary to

promulgated rules of ethics, have not suggested

that

lawyers

are

protected

by

the

First

Amendment to the same extent as those engaged in

other businesses. In each of these cases, we

engaged in a balancing process, weighing the

State's

interest

in

the

regulation

of

a

specialized profession against a lawyer's First

Amendment interest in the kind of speech that

was at issue. These cases recognize the longestablished principle stated in In re Cohen, 7

N.Y.2d 488, 495, 166 N.E.2d 672, 675, 199

N.Y.S.2d 658 (1960): “Appellant as a citizen

could not be denied any of the common rights of

citizens. But he stood before the inquiry and

before the Appellate Division in another quite

21

Durante la conferencia el abogado aseguró que la evidencia

en su poder demostraba la inocencia de su representado,

adelantó

información

relacionada

con

la

defensa

de

corrupción policiaca a ser presentada en el juicio y realizó

serias imputaciones en contra de los testigos del estado.

32

AB-2007-55

different capacity, also. As a lawyer he was ‘an

officer of the court, and, like the court

itself, an instrument . . . of justice . . . .’”

Gentile v. State Bar of Nevada, ante, a la pág.

1073. (Citas omitidas y énfasis suplido.)

A renglón seguido, el Tribunal expresó:

We think that the quoted statements from our

opinions in In re Sawyer, 360 U.S. 622, 3 L. Ed.

2d 1473, 79 S. Ct. 1376 (1959), and Sheppard v.

Maxwell, supra, rather plainly indicate that the

speech

of

lawyers

representing

clients

in

pending cases may be regulated under a less

demanding standard than that established for

regulation of the press in Nebraska Press Assn.

v. Stuart, 427 U.S. 539, 49 L. Ed. 2d 683, 96 S.

Ct. 2791 (1976), and the cases which preceded

it. Lawyers representing clients in pending

cases are key participants in the criminal

justice system, and the State may demand some

adherence to the precepts of that system in

regulating their speech as well as their

conduct. We conclude that the “substantial

likelihood

of

material

prejudice”

standard

applied

by

Nevada

and

most

other

States

satisfies the First Amendment. Gentile v. State

Bar of Nevada, ante, a la pág. 1074. (Énfasis

suplido.)

B

A la luz de las posiciones adoptadas por el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos en torno a este tema, los

tribunales estatales de la jurisdicción norteamericana han

desarrollado

tres

vertientes

principales.22

La

primera

de

estas vertientes, adoptada por los estados de Iowa, Kansas y

Nevada, rechaza la extensión de la protección de la Primera

Enmienda a expresiones de abogados que tiendan a violar

22

William P. Hoye, Silencing the Advocates or Policing the

Profession? Ethical Limitations on the First Amendment

Rights of Attorneys, 38 DRAKE L. REV. 31 (1988).

33

AB-2007-55

estatutos, cánones, reglas disciplinarias o cualquier otra

disposición

que

proscriba

conducta

antiética.23

Bajo

esta

vertiente los tribunales han entendido que es suficiente con

que

la

expresión

automáticamente

se

quede

considere

desprovista

antiética

de

la

para

que

protección

constitucional.24

La segunda vertiente desarrollada sobre este tema surge

de lo resuelto por los foros apelativos de los estados de

West

Virginia,

estados

los

New

York,

tribunales

Texas

han

y

California.25

aplicando

los

En

estos

principios

tradicionales de la Primera Enmienda para determinar si la

23

Véase en general: Iowa Supreme Court Board Of Professional

Ethics And Conduct v. Edward Ronwin, 557 N.W.2d 515,(Iowa

1996); Committee on Legal Ethics & Conduct v. Hurd, 360

N.W.2d 96 (Iowa 1984) (“Our cases make it clear that a

lawyer’s right of free speech does not include the right to

violate the statutes and canons proscribing unethical

conduct. In re Frerichs, 238 N.W.2d 764 (Iowa 1976); In re

Glenn, 256 Iowa 1233 (1964); In re Lacey, 283 N.W.2d 250

(S.D. 1979); State v. Russell, 227 Kan. 897, 610 P.2d 1122,

cert. denied 449 U.S. 983, 101 S. Ct. 400, 66 L. Ed. 2d 245

(1980); In re Johnson, 240 Kan. 334, 729 P.2d 1175 (1986),

(“Upon admission to the bar of this state, attorneys assume

certain duties as officers of the court. Among the duties

imposed upon attorneys is the duty to maintain the respect

due to the courts of justice and to judicial officers. A

lawyer is bound by the Code of Professional Responsibility

in every capacity in which the lawyer acts, whether he is

acting as an attorney or not, and is subject to discipline

even when involved in nonlegal matters, including campaigns

for nonjudicial public office.”); State v. Nelson, 210 Kan.

637, 504 P.2d 211 (1972); In re Raggio, 487 P.2d 499 (Nev.

1971).

24

William P. Hoye, Silencing the Advocates or Policing the

Profession? Ethical Limitations on the First Amendment

Rights of Attorneys, 38 DRAKE L. REV. 31 (1988).

25

Id.

34

AB-2007-55

expresión

en

controversia

está

o

no

protegida

constitucionalmente.26 De esta forma se ha entendido que las

expresiones

críticas

tribunales,

protegidas

sus

por

de

los

abogados

procedimientos

la

Primera

en

o

Enmienda

contra

de

los

magistrados

están

menos

éstas

a

que

representen “a serious and imminent threat to the fairness

and integrity of the judicial system.”27 Bajo esta vertiente

se ha entendido que aun los ataques personales realizados

por

abogados

en

contra

de

los

jueces

u

oficiales

del

tribunal están protegidos por la Primera Enmienda a menos

que estos sean realizados con conocimiento de su falsedad o

con grave menosprecio de si la expresión era o no falsa.28

Los tribunales que han adoptado esta vertiente aplican

el

estándar

de

“malicia

real”

de

New

York

Times

Co.

v.

Sullivan, ante, --o una variación de éste-- para determinar

si

la

expresión

en

cuestión

constitucional.29

De

esta

es

forma,

acreedora

si

se

de

protección

concluye

que

las

26

In re Maloney, 949 S.W.2d 385, 387 (1997); Committee on

Legal Ethics of W. Va. State Bar v. Douglas, 370 S.E. 2d

325, 332 (W. Va. 1988);

Ramirez v. State Bar, 28 Cal. 3d

402 (1980); Baker v. Monroe County Bar Ass’n, 34 A.D.2d 229,

311 N.Y.S.2d 70 (1970); State Bar v. Semaan, 508 S.W.2d 429

(Tex. Civ. App. 1974).

27

Committee on Legal Ethics of W. Va. State Bar v. Douglas,

370 S.E. 2d 325, 332 (W. Va. 1988).

28

29

Id.

United States District Court v. Sandlin, 12 F.3d 861, 867

(9th Cir. 1993); In re Petition for Disciplinary Action

Against Graham, 453 N.W.2d 313, 320-21 (Minn. 1990); State

Bar v. Semaan, 508 S.W.2d 429, 432-33 (Tex. Civ. App. 1974);

35

AB-2007-55

expresiones

fueron

realizadas

maliciosamente,

bajo

este

estándar no existiría protección y procedería, por lo tanto,

la imposición de la

medida disciplinaria.

Una de las variaciones de esta segunda vertiente surge

de lo resuelto por varios foros apelativos los cuales han

rechazado la aplicación del estándar subjetivo de “malicia

real” desarrollado en New York Times Co. V. Sullivan, ante,

y han optado por un estándar más objetivo donde se analiza

el especto de la malicia desde el punto de vista de un

“abogado

razonable”,

funciones

considerado

profesionales,

circunstancias.

Standing

ante

a

la

las

Committee

luz

de

mismas

o

on

todas

sus

similares

Discipline

of

the

United States District Court for the Central District of

California v. Stephen Yagman, 55 F.3d 1430, 1437 (9no.Cir.

1995); United States Dist. Court v. Sandlin, 12 F.3d 861,

867 (9no.Cir. 1993); Matter of Westfall, 808 S.W.2d 829, 837

(Mo.), cert. denegado, 116 L. Ed. 2d 665, 112 S. Ct. 648

(1991). Así, pues, bajo el estándar objetivo procedería la

sanción

disciplinaria

mismas

o

similares

sólo

si

se

circunstancias

demuestra

un

que

“abogado

ante

las

razonable”

podría considerar falsas las expresiones realizadas. Por el

contrario,

bajo

la

versión

demostrarse

que,

en

efecto,

subjetiva

el

abogado

sólo

conocía

tiene

sobre

que

la

falsedad de sus expresiones o que las realizó sin reparar en

______________________________

Committee on Legal Ethics of W. Va. State Bar v. Douglas,

370 S.E. 2d 325, 332 (W. Va. 1988).

36

AB-2007-55

el riesgo de que fueran o no falsas. Angela Butcher & Scott

Macbeth,

Lawyers’

Interests

to

Comments

Ensure

a

About

Sound

Judges:

A

Balancing

17 Geo.

Judiciary,

J.

of

Legal

Ethics 659, 668 (2004).

Otra

variable

norteamericanos

dicotomía

a

introducida

esta

segunda

hecho/opinión.

por

los

vertiente

es

Sobre

este

tribunales

la

particular

llamada

se

ha

resuelto que, como regla general, las opiniones expresadas

por

los

abogados

disciplinarias

susceptibles

bajo

de

están

el

protegidas

fundamento

de

falsas.30

Esta

probarse

de

que

sanciones

éstas

no

interpretación

son

ha

sido ampliamente criticada en distintos foros por entenderse

que se aparta de los precedentes establecidos e ignora la

política

pública

limitaciones.

que

Caprice

L.

intenta

protegerse

con

Roberts,

Standing

Committee

Discipline

v.

Yagman:

Missing

Restrictions

on

Attorney

Criticism

the

of

Point

the

of

estas

of

Ethical

Judiciary?,

54

Wash. & Lee L. Rev. 817, 854 (1997).31

30

Standing Committee on Discipline of the United States

District Court for the Central District of California v.

Stephen Yagman, 55 F.3d 1430, 1437 (9no.Cir 1995); In re

Green, 11 P.3d 1078, 1084 (Colo. 2000). Véase, además:

Angela Butcher & Scott Macbeth, Lawyers’ Comments About

Judges: A Balancing of Interests to Ensure a Sound

Judiciary, ante a la pág. 675.

31

En este contexto se ha expresado:

“In reversing sanctions against Yagman, the

Ninth Circuit departed from attorney discipline

precedent that has sanctioned attorneys for

criticizing the judiciary in a manner that

damages the legal profession’s reputation,

37

AB-2007-55

La tercera vertiente desarrollada por los tribunales

estatales norteamericanos, al analizar controversias de este

tipo, consiste en realizar un balance entre los intereses en

conflicto:

expresión

por

de

un

los

lado,

el

derecho

abogados

y

por

el

a

la

libertad

de

otro

el

interés

del

Estado en mantener la integridad del sistema de justicia.32

De esta forma, se ha resuelto que si se demuestra que el

Estado tiene un interés apremiante en regular la expresión

en

controversia,

Enmienda

cede

entonces

ante

este

la

protección

interés

y

de

procedería

la

la

Primera

medida

______________________________

taints

the

judiciary’s

appearance

of

impartiality,

or

interferes

with

the

administration of justice. Although courts have

consistently

determined

that

the

policy

interests supporting the restrictions warrant

the limitation of rights, the Ninth Circuit

applied the First Amendment to shield Yagman

from sanctions as if he were not a member of a

profession

that

bears

special

obligations. If other circuits follow the Ninth

Circuit’s treatment of the attorney criticism

issue, attorneys will have a powerful defense to

ethical restrictions on speech, and the legal

profession’s reputation and the administration

of justice may suffer accordingly.” Véase:

Caprice

L.

Roberts,

Standing

Committee

of

Discipline v. Yagman: Missing the Point of

Ethical Restrictions on Attorney Criticism of

the Judiciary?, 54 Wash. & Lee L. Rev. 817, 854

(1997).

32

Véase en general: State ex rel. Counsel for Discipline v.

Beach, 722 N.W.2d 30 (Neb. 2006); In re Landrith, 280 Kan.

619, 124 P.3d 467 (Kan. 2005); Kentucky Bar Asso. v.

Heleringer, 602 S.W.2d 165 (Ky. 1980); State ex rel.

Nebraska State Bar Asso. v. Michaelis, 316 N.W.2d 46 (Neb.

1982); State v. Russell, 227 Kan. 897, 610 P.2d 1122 (1980);

In re Riley, 142 Ariz. 604, 691 P.2d 695 (1984). William P.

Hoye, Silencing the Advocates or Policing the Profession?

Ethical Limitations on the First Amendment Rights of

Attorneys, ante.

38

AB-2007-55

disciplinaria. Por el contrario, y como era de esperarse, en

ausencia de este interés apremiante, prevalece el derecho a

la libertad de expresión de los miembros del foro, quedando

protegidos

de

cualquier

medida

disciplinaria

que

se

relacione con la expresión realizada.

VI

Dentro

del

marco

doctrinal

previamente

esbozado,

pasamos a atender los planteamientos presentados ante este

Tribunal por el Secretario Sánchez Ramos.

En su escrito el Secretario sostiene que el presente

procedimiento

disciplinario

Enmienda

la

de

está

Constitución

vedado

federal.

por

En

la

Primera

apoyo

a

su

contención cita los casos de Garrison v. State of La., ante;

New York Times Co. v. Sullivan, ante, y Old Dominion Branch

No. 496 v. Austin, 418 U.S. 264 (1974), al sostener que la

expresión crítica sobre el funcionamiento gubernamental no

puede

ser

sancionada

a

menos

que,

siendo

susceptible

de

probarse falsa, en efecto se pruebe que dicha expresión es

falsa y que ha sido hecha con pleno conocimiento o en grave

menosprecio de su falsedad.33

Asimismo, el Secretario Sánchez Ramos argumenta que “la

norma

sentada

en

New

York

Times

Co.

v.

Sullivan

y

su

progenie sólo permite sancionar expresiones críticas sobre

33

Véase: Moción de Desestimación presentada por el Lcdo.

Roberto José Sánchez Ramos a la pág. 4.

39

AB-2007-55

el

funcionamiento

gubernamental

si

éstas

son,

en

efecto,

falsas…” y nos reitera que “no resulta posible sancionar

aquellas

cuya

verificada.”34

citando

con

veracidad

o

falsedad

original.)

(Énfasis

en

el

aprobación

los

casos

no

pueda

ser

Finalmente,

y

Committee

on

Standing

Discipline of U.S. Dist. Court v. Yagman, ante, y Rinaldi v.

Holt, Rinehart & Winston, Inc., 366 N.E.2d 1299 (N.Y. 1977),

Sánchez

Ramos

sostiene

que

“cuando

la

expresión

sea

susceptible de probarse falsa (esto es, cuando no se trate

de

una

opinión

designado

subjetiva),

probar,

en

el

compete

al

ente

procedimiento

acusador

disciplinario

correspondiente, que la expresión vertida por el abogado es,

en

efecto,

conocimiento,

falsa,

y

o

grave

en

que

ha

sido

menosprecio

hecha

con

de

falsedad.”35

su

pleno

(Énfasis en el original).

De entrada, debemos puntualizar que la tesis elaborada

por

el

Secretario

desestimación,

no

es

Sánchez

tan

Ramos

persuasiva

en

su

moción

como

parece

ser

de

de

primera impresión. En primer lugar, debe señalarse que los

casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos citados por

el

Secretario

tratan

más

bien

de

pronunciamientos

relacionados con sanciones civiles o criminales que fueron

resueltos sin precisar en los aspectos éticos o

34

Véase: Moción de Desestimación presentada por el Lcdo.

Roberto José Sánchez Ramos a la pág. 6.

35

Véase: Moción de Desestimación presentada por el Lcdo.

Roberto José Sánchez Ramos a la pág. 12.

40

AB-2007-55

deontológicos que hoy tenemos ante nuestra consideración.

Hay

que

mantener

presente

que

tampoco

nos

obligan

los

precedentes jurisprudenciales de estados norteamericanos que

utiliza

el

Secretario

Sánchez

Ramos

para

exponer

los

criterios que, según argumenta, se deben probar.

Según

expusiéramos

al

inicio

de

esta

Opinión,

desde

hace varias décadas, en nuestra jurisdicción existen pautas

claras y específicas que nos guían en la delicada y difícil

labor

de

evaluar

la

legitimidad

de

las

expresiones

que

realizan los abogados en contra del sistema de justicia o de

sus

magistrados.

Como

primer

postulado

básico

hemos

reconocido que la crítica, sana y respetuosa, al sistema

judicial constituye un interés legítimo constitucional que

este Tribunal está obligado a proteger. La única limitación

impuesta por este Tribunal a este libre fluir de ideas ha

sido

el

respeto

y

la

consideración

que

debe

tener

todo

abogado hacia el sistema de justicia, sus tribunales y sus

jueces.

Como señaláramos anteriormente, en el caso en que un

abogado hace manifestaciones contra un juez que, de su faz,

parecen transgredir

los Cánones de Ética Profesional36, es

de fundamental importancia determinar, en primer lugar, si

las expresiones o imputaciones fueron sustanciadas por el

abogado o si existen motivos fundados para creer en lo

36

A manera de ejemplo, manifestaciones en que se le imputa a

un juez en particular haber actuado con deshonestidad,

prejuicio, pasión y parcialidad, entre otras.

41

AB-2007-55

expresado por éste. Únicamente en la situación de que este

Tribunal

entienda

que

las

expresiones

cumplen

con

este

primer parámetro debemos pasar entonces, al análisis de los

demás

criterios,

a

saber:

(i)

si,

aunque

equivocado,

el

abogado creía en la validez de las imputaciones al juez;

(ii) si aunque los hechos no eran ciertos, tenía motivos

fundados o causa probable para creer en su veracidad, y

(iii) si la imputación no fue hecha maliciosamente

propósito

deliberado

de

con

el

denigrar al tribunal.37 In re

Cardona Álvarez, ante, a las págs. 905-06.

Por el contrario, una determinación a los efectos de

que

el

abogado

realizó

las

crudas

imputaciones

sin

sustanciarlas o sin tener el más mínimo motivo fundado para

ello,

debería

ser

mayor

análisis--

motivo

que

se

suficiente

han

para

infringido

concluir

los

--sin

postulados

establecidos en los Cánones 9 y 38 de Ética Profesional.38

37

Esta normativa es enteramente compatible con la esbozada

para este tipo de expresión en los casos New York Times Co.

v. Sullivan, ante, y Garrison v. State of La., ante.

Para realizar este análisis es indispensable que se

realice una determinación preliminar sobre la veracidad o

falsedad de lo aseverado. En el caso de que se determine

que, en efecto, se trata de una expresión falsa procederá,

entonces, analizar del conocimiento de esta falsedad y si la

expresión se realizó con grave menosprecio de si la misma

era o no falsa.

38

Esto es, al abogado haber fallado en “observar con los

tribunales una conducta que se caracterice por el mayor

respeto” y al fallar en dar el esfuerzo, “al máximo de su

capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su

profesión”, respectivamente.

42

AB-2007-55

Al evaluar el presente caso a la luz de la normativa

antes

expuesta

nos

parece

evidente

que

estamos

ante

el

último de estos supuestos. Las expresiones realizadas por el

Secretario Sánchez Ramos están desprovistas de fundamentos y

fueron realizadas sin señalar ni sustanciar ninguna de las

críticas

realizadas,

determinación

de

no

basándose,

causa.

únicamente,

Llana,

y

en

sencillamente,

una

le

imputó, no sólo al sistema de justicia sino, además, y de

forma directa, a los magistrados involucrados, haber actuado

con una “doble vara” debido a la situación particular del

acusado Rosselló González.

Las expresiones del Secretario realmente no están, de

forma

alguna,

relacionadas

con

algún

hecho,

incidente,

alegación o cuadro fáctico que nos permita, ni tan siquiera

analizar

los

motivos

fundados

aseverado

o

evaluar

la

expresiones.

Tampoco

en

que

tuvo

falsedad

sus

o

para

expresar

veracidad

comparecencias

el

de

lo

sus

Secretario

Sánchez Ramos nos pone en posición de evaluar los elementos

de prueba requeridos en este tipo de caso, pues se limita a

alegar que lo expresado es una “opinión subjetiva” que no es

susceptible de probarse falsa. Bajo esta premisa, y citando

nuevamente

jurisprudencia

relacionada

a

casos

civiles

de

______________________________

Naturalmente,

y

dependiendo

de

las

circunstancias

particulares

del

caso,

deberá

señalarse

una

vista

evidenciaria, de ser procedente y de ser solicitada. En este

caso la vista es innecesaria en virtud de la posición

asumida por el Secretario a los efectos de que lo expresado

por él es una opinión subjetiva que no es susceptible de

probarse falsa. ¿Para qué, entonces, la vista?

43

AB-2007-55

difamación39 y pronunciamientos emitidos por los tribunales

estatales norteamericanos, el Secretario argumenta que “no

resulta

posible

sancionar

aquellas

expresiones

cuya

veracidad o falsedad no pueda ser verificada.” Añade que

“…bajo la Primera Enmienda, existe completa inmunidad cuando

la expresión vertida meramente expone una opinión subjetiva,

en lugar de hechos verificables.”

Rechazamos, enérgicamente, la adopción de una norma de

este

tipo

en

nuestra

necesariamente

la

deontológicos

que

legal

en

jurisdicción.

abdicación

por

Puerto

total

décadas

Rico.

han

Aunque

Hacerlo

implicaría

de

principios

los

regulado

la

profesión

reafirmamos

nuestros

pronunciamientos a los efectos de que el respeto hacia los

tribunales,

y

su

exaltación

como

uno

de

los

postulados

deontológicos más hermosos, no implica el establecimiento de

una censura o mordaza previa --y que la crítica constructiva

a

la

labor

reiteramos

críticas

judicial

nuestra

deben

fundamentadamente

siempre

posición

ser

y

es

a

no

y

necesaria-que

los

efectos

de

de

manera

respetuosa

y

estamos

en

disposición

de

realizadas

que

bienvenida

estas

permitir que se traspasen los límites de la civilidad y

corrección que exigen nuestros Cánones de Ética Profesional.

A tono con lo anterior, conviene recordar lo expresado

por este Tribunal --en ocasión de resolver el caso In re

Pagán, ante, a la pág. 112--

a los efectos de que la

39

v.

Old Dominion

(1974).

Branch

No.

496

Austin,

418

U.S.

264

44

AB-2007-55

búsqueda

de

la

justicia

no

justifica

medios

reprobables.

Expresamos entonces: “Por sincero que fuera el sentimiento

del

[abogado]

en

cuanto

a

los

méritos

de

su

causa

e

incorrección del magistrado [que atendió la misma], ello no

le

daba

derecho

selectivamente

[al

abogado]

hiriente

el

a

curso

desafiar

con

procesal

lenguaje

normal.

La

administración de la justicia del país se vería sumergida en

el peligroso mar de los personalismos de prosperar la tesis

que [se] nos propone.”

Aceptar la posición del Secretario Sánchez Ramos, por

el

mero

Justicia

hecho

de

de

provenir

la

Puerto

Rico,

nos

misma

del

llevaría,

Secretario

de

ciertamente,

a

incurrir en la alegada práctica o patrón de conducta que

sorprendentemente

expresiones

del

sirvió

de

Secretario

base

Sánchez

a

las

Ramos,

infortunadas

esto

es,

la

utilización de una “doble vara” para juzgar a unos y a otros

abogados.

VII

No obstante todo lo anteriormente expresado, somos del

criterio que un análisis sereno de la situación hoy ante

nuestra consideración inclina la balanza hacia el archivo y

sobreseimiento de la queja presentada contra el Secretario

Roberto José Sánchez Ramos.

En primer lugar, de un examen de la totalidad de las

circunstancias,

resulta

obvia

la

honesta

creencia

del

Secretario en la legitimidad de sus manifestaciones y, por

45

AB-2007-55

tanto, la ausencia total de malicia de éste al realizarlas.

Véase: In re Cardona Alonso, ante.

Si

a

ello

le

añadimos

que

se

trata

de

unas

manifestaciones realizadas en el furor del momento respecto

a un caso que había captado la atención pública y que las

mismas constituyen un solitario y único incidente, In re

Snyder, ante, dentro de un distinguido historial de servicio

público, quedamos plenamente convencidos de que es correcto

el

resultado

al

que

llega

la

mayoría

del

Tribunal

--de

ordenar el archivo y sobreseimiento de la queja-- aun cuando

por fundamentos que entendemos erróneos.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado