Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos
2008 TSPR 131
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos
AB-2007-0055
Conducta Profesional-Se ordena el archivo de la queja
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2008 TSPR 131
Queja presentada contra
el Secretario de Justicia,
Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos
174 DPR ____
Número del Caso: AB-2007-55
Fecha: 31 de julio de 2008
Abogado de la Parte Querellada:
Por Derecho Propio
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Queja presentada contra
el Secretario de Justicia,
Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos
AB-2007-55
Queja
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008.
A raíz de unas expresiones críticas vertidas
públicamente
por
Hon.
Sánchez
Roberto
el
Secretario
Ramos,
de
en
Justicia,
relación
a
la
decisión de los tribunales de determinar no causa
para arresto ante la denuncia presentada contra el
ex Gobernador de Puerto Rico, Dr. Pedro Rosselló
González,
el
Representante
Hon.
por
Rolando
Crespo
Acumulación
del
Arroyo,
Partido
Nuevo
Progresista, presentó una queja en su contra ante
este
Tribunal.
Luego
detenidamente
el
asunto,
circunstancias
particulares
de
haber
examinado
y
a
la
luz
de
las
de
este
caso,
procede
AB-2007-55
que
2
declinemos
disciplinaria
el
en
ejercicio
atención
a
de
nuestra
jurisdicción
los
criterios
prudenciales
establecidos en In re Secretario de Justicia, 118 D.P.R.
827 (1987).
I
Hace
poco
más
de
un
año,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia, Sala Municipal de San Juan, no encontró causa
para ordenar el arresto del ex Gobernador de Puerto Rico,
Dr.
Pedro
Secretario
Rosselló
de
González,
Justicia,
Hon.
según
Roberto
lo
solicitó
Sánchez
Ramos.
el
A
igual determinación llegó otra sala de dicho foro en una
vista de determinación de causa probable en alzada.
Ante
dicho
resultado,
el
Secretario
de
Justicia
manifestó públicamente su inconformidad y discrepancia con
el mismo.
A grandes rasgos, el Secretario de Justicia hizo
las siguientes expresiones:
Esto es un nuevo golpe a todos los que aspiramos
a que el sistema de justicia trate por igual a
todos.
No me cabe duda que si hubiera sido un
hijo de vecino sin conexiones y sin influencia en
los medios, se hubiese determinado causa y el
proceso hubiera terminado en una convicción; no
me cabe la más mínima duda.
No podemos guiarnos por el poder, la influencia.
Tenemos que tratar a todos por igual.
Estamos
convencidos que con esta misma relación de
hechos, si la persona imputada hubiera sido
cualquiera en Puerto Rico que no tenga las mismas
conexiones que este imputado, hubiéramos salido
airosos.1
1
Aunque dichas expresiones fueron difundidas por diversos
medios de prensa, las extraemos de los documentos incluidos
con la queja presentada, en particular, de un artículo
publicado por el periódico El Vocero el 23 de febrero de
2007.
No existe controversia sobre el contenido de las
mencionadas expresiones.
AB-2007-55
3
Motivado por dichas expresiones, el Representante por
Acumulación
del
Partido
Nuevo
Progresista,
Hon.
Rolando
Crespo Arroyo, presentó una queja disciplinaria ante nos
mediante la cual le imputó al Secretario de Justicia haber
violado
el
Canon
9
L.P.R.A.
Ap.
IX,
profesión
a
observar
del
C.9,
Código
que
una
de
obliga
Ética
a
conducta
todo
Profesional,
4
miembro
de
la
hacia
los
respetuosa
tribunales y a desalentar y evitar ataques injustificados
contra
los
jueces
administración
de
o
la
contra
el
justicia.
buen
orden
en
la
Alegó,
además,
que
el
Secretario de Justicia actuó en contravención del Canon 38,
4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38, el cual preceptúa el deber de
todo abogado de esforzarse en la exaltación del honor y la
dignidad de la profesión y evitar hasta la apariencia de
conducta
impropia.
En
apoyo
de
lo
anterior,
el
Representante Crespo Arroyo sostuvo que las expresiones del
Secretario de Justicia constituyeron “un ataque mendaz e
injustificado a la profesión de la abogacía” y causaron
“daño a la imagen de honestidad, laboriosidad y competencia
[de la] Rama Judicial”.
El Represente Crespo Arroyo acompañó su queja con una
grabación2,
copia
de
relacionados
al
asunto,
varios
así
artículos
de
prensa
escrita
como
documento
titulado
un
“Rolando Crespo presenta querella en contra del Secretario
2
La misma contiene dos entrevistas televisivas concedidas
por el Secretario Sánchez Ramos ante medios noticiosos
locales, en las que –en esencia- emitió expresiones
similares a las citadas anteriormente.
AB-2007-55
de
4
Justicia[:]
Anuncia
manifestaciones
en
rechazo
a
la
gestión del funcionario”.3
En este documento se anunció
formalmente
de
la
presentación
la
queja
de
epígrafe
en
contra del Secretario de Justicia y se convocó a varias
manifestaciones y protestas para hacer público el rechazo a
dicho funcionario.4
En
vista
de
la
queja
presentada,
le
remitimos
al
Secretario de Justicia copia de la misma y le concedimos un
término
de
diez
días
para
presentar
su
contestación,
conforme a la Regla 14(c) del Reglamento de este Tribunal.
4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14, inciso (c).
En respuesta, el
3
Dicho documento, que parece ser un comunicado de prensa,
está suscrito bajo el nombre y cargo del Legislador, según
se desprende de su encabezamiento.
4
Además, en dicho documento se hizo constar, entre otras
cosas, lo siguiente:
El Secretario de Justicia no solamente persiguió
políticamente al Presidente del Partido Nuevo
Progresista[,] sino que les faltó el respeto a la
judicatura y a todos los puertorriqueños, cuando
al perder ante una juez decidió, sin medir las
consecuencias y sin considerar el cargo que
ocupa, arremetió [sic] contra el sistema. ...
Manifestaciones
Rolando Crespo indicó que el Secretario de
Justicia ha mantenido una conducta acomodaticia a
favor
del
Partido
Popular
Democrático,
protegiendo y dejándo [sic] a un lado los
referidos contra figuras identificadas con su
partido.
“Cuando
se
pueda
objetivamente
ver
las
actuaciones
del
Secretario,
encontraremos
y
podremos darnos cuenta con mayor claridad de como
[sic] Sánchez Ramos, [sic] se ha sentado encima
de los referidos contra la administración de Sila
Calderón y del Alcalde de Carolina, a quien [sic]
no ha querido tocar por razones obvias”.
AB-2007-55
5
Secretario de Justicia presentó una Moción de Desestimación
en la que alegó que el procedimiento disciplinario en su
contra
es
totalmente
frívolo,
pues
–a
su
juicio-
el
Representante Crespo Arroyo carece de legitimación activa
para promoverlo.
En apoyo de su alegación, adujo que el
Representante Crespo Arroyo no demostró satisfactoriamente
un interés legítimo ético ni haber sufrido un perjuicio
real
directo
por
sus
actuaciones,
según
lo
requiere
la
norma sentada por este Tribunal en In re Secretario de
Justicia,
118
D.P.R.
827
(1987)
(en
adelante,
In
re
Secretario de Justicia I) y reafirmada en In re Secretario
de Justicia, 126 D.P.R. 463 (1990) (en adelante, In re
Secretario
de
Justicia
II).
El
Secretario
de
Justicia
expuso que sus expresiones no le causaron perjuicio alguno
al Representante Crespo Arroyo y que éste lo que pretende
vindicar es un daño abstracto, hipotético y generalizado.
En la alternativa, el Secretario de Justicia arguyó
que sus expresiones están protegidas por el derecho a la
libre expresión consagrado en la Primera Enmienda de la
Constitución de Estados Unidos y en el Artículo II, Sección
4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.
En
particular,
adujo
que
sus
expresiones
constituyeron una opinión subjetiva, cuya falsedad no es
susceptible de ser probada, según el estándar establecido
en New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964) y su
progenie.
Finalmente,
alegó
que,
dada
su
función
constitucional como representante de la Rama Ejecutiva, las
AB-2007-55
6
expresiones
en
cuestión
constituyeron
una
opinión
sobre
otra rama –la Rama Judicial- cumpliendo de esa forma con su
“derecho y responsabilidad... de exponer su criterio sobre
asuntos gubernamentales...” (énfasis omitido).
Se trató, a
su juicio, de “una crítica que una Rama de gobierno lanza
en cuanto al desempeño de otra[, lo que] es parte esencial
del debate político entre Ramas de gobierno y del sistema
de
pesos
y
contrapesos
establecido
en
nuestra
Constitución”.
El
Representante
Crespo
Arroyo
respondió
a
los
planteamientos del Secretario de Justicia y en su oposición
a
la
solicitud
legitimación
activa
de
desestimación
para
presentar
la
alegó
que
queja
de
posee
epígrafe
dado que, como funcionario de la Rama Legislativa, juró
defender
la
Constitución,
por
lo
que
–a
su
juicio-
“defender la integridad de la Rama Judicial” es su deber
ineludible.
Además,
señaló
que
In
re
Secretario
de
Justicia I, supra, es distinguible del caso de autos, mas
no elaboró dicha alegación.
Por último, reiteró que el
Secretario de Justicia incurrió en conducta contraria al
Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, y sostuvo
que éste no podía invocar la Primera Enmienda o la Carta de
Derechos de la Constitución de Puerto Rico como subterfugio
para evadir su responsabilidad ética ya que, por ser un
funcionario público, sus expresiones no están protegidas
constitucionalmente.
AB-2007-55
7
Por su parte, el Secretario de Justicia replicó a la
oposición presentada por el Representante Crespo Arroyo.
Reiteró
que
la
queja
desestimada,
pues
Representante
Crespo
legitimación
activa.
instada
la
en
su
condición
de
Arroyo
contra
debe
ser
legislador
del
no
subsana
su
falta
de
Insistió,
además,
en
que
sus
expresiones están protegidas por su derecho constitucional
a la libertad de expresión.
A
los
fines
de
evaluar
la
queja
de
epígrafe,
le
concedimos al Representante Crespo Arroyo un término para
que
nos
informara
si
la
grabación
y
los
recortes
periodísticos que incluyó en su queja constituían toda la
prueba respecto a los hechos que dieron lugar a la presente
acción disciplinaria.
Asimismo, le concedimos un término
simultáneo al Secretario de Justicia para que nos informara
si su réplica constituía su contestación a la queja y si
daba por sometido el asunto.
En
cumplimiento
con
lo
anterior,
el
Secretario
de
Justicia compareció y nos informó que daba por sometidos
para adjudicación los asuntos de derecho invocados en sus
escritos.
Tribunal
Sin
sus
celebración
embargo,
argumentos
de
un
expresó
de
juicio
que
derecho-
plenario,
no
–de
denegar
renunciaba
mediante
el
este
a
la
cual
se
probaran en su contra los elementos fácticos de falsedad y
conocimiento exigidos por New York Times Co. v. Sullivan,
supra.
Por
su
parte,
el
Representante
Crespo
Arroyo
compareció para informarnos que la base para establecer la
AB-2007-55
8
responsabilidad ética del Secretario de Justicia son los
referidos
artículos
posición
de
este
periodísticos,
último
de
no
la
negar
grabación
que
y
la
realizó
las
expresiones en cuestión.
Examinado el expediente ante nuestra consideración, y
por entender que no existe controversia esencial de hechos,
procedemos a resolver sin trámite ulterior.
II
Como es sabido, el Departamento de Justicia de Puerto
Rico es la agencia de la Rama Ejecutiva que ostenta la
representación legal del Estado tanto en las causas civiles
como en las criminales.
De ordinario, la representación
legal del Estado la hace un abogado de dicha agencia a
tenor con el ordenamiento procesal y deontológico vigente,
pero el Secretario de Justicia no interviene personalmente
en la litigación activa ante los tribunales del país.
Ahora
bien,
el
Secretario
de
Justicia
es
el
funcionario de mayor rango en dicha institución, por lo que
es el encargado de trazar las metas para viabilizar la
consecución
de
la
política
pública
establecida
por
la
agencia. In re Secretario de Justicia I, supra, págs. 846847.
“Por las funciones impuestas por ley, es abogado.
Sin embargo, no es un abogado más.
legales
y
administrativas
son
Sus responsabilidades
numerosas
y
versan
sobre
múltiples y sensitivos asuntos”. Id., pág. 846.
De
hecho,
complejidad
del
en
el
cargo
pasado
de
hemos
Secretario
reconocido
de
Justicia
que
la
y
las
AB-2007-55
9
funciones que éste realiza como integrante del Gabinete y
segundo
en
sucesión
al
Gobernador,
lo
pueden
llevar
a
involucrarse –directa o indirectamente- en asuntos públicos
polarizados,
impregnados
o
no
de
contenido
político-
partidista, que trascienden la visión tradicional del papel
de principal abogado-asesor gubernamental. Id., pág. 848.
Es
por
eso
que,
a
veces,
resulta
difícil
separar
el
pronunciamiento del Secretario de Justicia como abogadoasesor
de
la
miembro
del
Rama
Ejecutiva,
Gabinete,
de
de
una
aquel
junta
o
que
emite
como
como
Gobernador
interino. Id.
Evidentemente,
desempeña
el
la
compleja
Secretario
de
gestión
Justicia
lo
pública
coloca
que
en
una
posición particular dentro de nuestro esquema de Gobierno.
De hecho, se ha afirmado que la Oficina del Secretario de
Justicia “se encuentra muy envuelta con la mayoría de los
oficiales
del
Gobierno.
Es
una
oficina
susceptible
de
asumir muchos roles conflictivos”. (traducción nuestra) W.
Thompson,
Conflicts
of
Interest
and
the
State
Attorneys
General, 15 Washburn L.J. 15, 30 (1976).
Precisamente,
el
carácter
conflictivo
del
rol
que
ejerce el Secretario de Justicia y la realidad de que,
además de abogado, es funcionario de la Rama Ejecutiva, nos
ha
llevado
ejercicio
a
reconocer
que
de
nuestra
facultad
necesariamente
consideraciones
en
estas
circunstancias
disciplinaria
constitucionales
el
“entraña
por
tocar
muy de cerca el delicado balance de poderes que garantiza
AB-2007-55
nuestra
10
Constitución”.
supra, pág. 467.
básicos
de
la
In
re
Secretario
de
Justicia
II,
A base de ese balance, que evoca aspectos
doctrina
de
separación
de
poderes,
hemos
afirmado que el poder compartido en nuestra democracia es
una llamada al consenso y no una invitación a que una rama
de gobierno le imponga a otra su criterio. Id., pág. 470.
Del mismo modo, hemos señalado que la relación armoniosa
que debe imperar entre las distintas ramas del gobierno
supone, entre otras cosas, que “cuando haya conflicto sobre
el alcance de los poderes constitucionales de cualquiera de
ellas,
los
tribunales
intervengan
con
prudencia
y
deferencia para aclarar los contornos de la Constitución y
facilitar
la
resolución
de
las
diferencias”.
Silva
v.
Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45, 57 (1986).
En
consideración
a
la
prudencia
y
mesura
que
debe
imperar cuando una rama interviene, de una forma u otra,
con
los
poderes
y
prerrogativas
desarrollado
unos
ejercicio
nuestra
de
criterios
de
de
las
otras,
autolimitación
jurisdicción
general.
hemos
para
el
Así,
por
ejemplo, hemos resuelto que un asunto no es susceptible de
ser
adjudicado
cuestión
judicialmente
política;
o
sea,
cuando
cuando
el
éste
presenta
una
mismo
cae
el
bajo
ámbito de acción de las ramas políticas del Gobierno o del
electorado.5
5
La
referida
doctrina
–cuya
aplicación
impide
la
intervención judicial- tiene tres vertientes: (1) cuando el
asunto ha sido asignado textualmente por la Constitución a
otra rama del Gobierno; (2) cuando no existen criterios de
decisión susceptibles de descubrirse y administrarse por
AB-2007-55
En
el
11
contexto
disciplinario
hemos
hecho
lo
propio
cuando se trata de circunstancias particulares en las que
debemos ejercer especial cuidado y circunspección.
Así,
por ejemplo, en In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R. 698
(1978), mediante Resolución, dejamos sin efecto una regla
de incompatibilidad que establecía un insalvable conflicto
entre el ejercicio de la abogacía ante los tribunales de
instancia y el pertenecer a una comisión del Senado que
tuviera a su cargo la consideración de los nombramientos de
jueces
o
fiscales,
abogado-legislador
declinamos
mientras
durara
dicha
comisión.
en
intervenir
la
disciplinariamente
incumbencia
Al
así
con
un
del
resolver,
abogado
que, en su función como legislador, presidía la Comisión de
Nombramientos del Senado.
atención
a
los
principios
Como fundamento para ello, y en
que
subyacen
la
doctrina
de
separación de poderes, algunos miembros de este Tribunal
sostuvieron que la deferencia debida a la Rama Legislativa
requería nuestra abstención. Véase In re Rodríguez Torres,
______________________________
los tribunales; y (3) cuando existen consideraciones
derivadas de la prudencia. Se trata de una autorestricción
inherente a nuestro esquema republicano de gobierno.
Córdova v. Cámara de Representantes, res. 29 de junio de
2007, 2007 TSPR 133; Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R.
406, 422 (1994); Silva v. Hernández Agosto, supra, págs.
53-55.
Asimismo, hemos establecido que un caso no es
justiciable cuando una de las partes no tiene legitimación
activa para promoverlo; cuando luego de comenzado el pleito
el mismo se torna académico; cuando se promueve un pleito
que no está maduro; o cuando las partes persiguen obtener
una
opinión
consultiva.
Córdova
v.
Cámara
de
Representantes, supra; Noriega v. Hernández Colón, supra,
págs. 421-422.
AB-2007-55
12
supra, Opinión del Juez Presidente señor Trías Monge, a la
cual
se
unieron
los
Jueces
Asociados
señores
Dávila
y
Torres Rigual, págs. 724-725.
Igualmente,
(2004),
ostentaba
en
In
re
aun
cuando
se
trataba
un
cargo
público
ejercicio
de
nuestra
Vélez
Lugo,
de
un
consideraciones prudenciales.
D.P.R.
abogado
particular,
función
162
735
que
no
autolimitamos
el
disciplinaria
por
En esa ocasión, dado que la
queja presentada se basaba en una relación de negocios en
el plano personal del querellado, y en vista de que la
controversia ya había sido objeto de un proceso judicial,
ordenamos el archivo del asunto, tomando en consideración
que la conducta desplegada por el abogado tampoco lo hacía
indigno de pertenecer al foro.
Al así resolver, afirmamos
que “la imposición de sanciones disciplinarias en [dicho]
caso
sacaría
de
proporción
el
poder
inherente
de
este
Tribunal para reglamentar la profesión”. Id., págs. 742743.
Por otro lado, en In re Secretario de Justicia I,
supra,
elaboramos
específicamente
unos
criterios
prudenciales de autolimitación para casos disciplinarios en
los que esté involucrado un Secretario de Justicia.
particular,
resolvimos
que
declinaremos
ejercer
En
nuestra
jurisdicción disciplinaria en quejas contra un Secretario
de
Justicia
cuando,
de
su
faz:
(1)
el
promovente
no
justifique satisfactoriamente un interés legítimo ético y
un perjuicio real directo; (2) cuando el asunto, aunque de
AB-2007-55
13
carácter ético, sea prematuro; (3) cuando los hechos no
estén debidamente documentados o sustanciados, o (4) cuando
no se trate de materia ético-adjudicable por corresponder
al debate del Poder Legislativo o Ejecutivo, o pertenecer a
la arena de la política partidista. In re Secretario de
Justicia I, supra, pág. 850.
Estos criterios de abstención
fueron reafirmados por este Tribunal en In re Secretario de
Justicia II, supra, pág. 468, donde –en efecto- declinamos
ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria en consideración
a la función de Gobernador interino que estaba ejerciendo
el Secretario de Justicia cuando incurrió en la conducta
que motivó el inicio del proceso disciplinario.6
El
primer
criterio
señalado,
relativo
a
la
demostración de un interés legítimo ético y de un perjuicio
real
directo
de
parte
del
promovente,
responde
esencialmente a las implicaciones del cargo de Secretario
de Justicia y a la necesidad de que este Tribunal evite
intervenir
en
partidistas.
asuntos
matizados
por
intereses
político-
Por un lado, dicho requisito toma en cuenta
que la complejidad del rol que ejerce el Secretario de
Justicia
tiene
el
potencial
de
generar
controversias
delicadas en las que –para honrar los principios inmersos
en la doctrina de separación de poderes- se requiere que la
Rama Judicial intervenga con especial cuidado.
6
De otro
Igual curso de acción seguimos poco después en In re
Rivera Cruz, 126 D.P.R. 768 (1990) donde, mediante
Resolución,
declinamos
ejercer
nuestra
jurisdicción
disciplinaria en otro asunto relacionado con un Secretario
de Justicia.
AB-2007-55
14
lado, el mismo parte del entendido de que se requiere una
mayor
cautela
cuando
atendemos
quejas
contra
un
abogado
que, no sólo es miembro del foro, sino que es uno de los
principales funcionarios de la Rama Ejecutiva, miembro del
Gabinete y segundo en sucesión al Gobernador.
Como tal, el
Secretario
en
de
Justicia
se
coloca
a
menudo
medio
de
polémicas polarizadas capaces de generar en los ciudadanos
reacciones encontradas.
Su participación en tales asuntos,
sin duda, le confiere un grado de vulnerabilidad superior
al que pueden enfrentar otros abogados.
En la medida en que, por su propia naturaleza, el
cargo de Secretario de Justicia obliga a este funcionario a
asumir roles complejos y en ocasiones, controversiales y
conflictivos, se requiere que el ciudadano que inicia un
proceso
disciplinario
en
su
contra
demuestre
satisfactoriamente, de la faz de la queja presentada, un
interés legítimo en el asunto disciplinario.
Debemos
cuando
de
recordar
la
ética
que
se
ordenamiento ético-legal.
requerir
trata
no
un
interés
legítimo
es
ajeno
nuestro
a
Nótese que, por ejemplo, hemos
resuelto que se debe examinar la existencia de legitimación
activa en la persona que promueve la descalificación de un
abogado.
A
tales
efectos,
hemos
afirmado
que
la
mera
presentación de una moción de descalificación no conlleva
automáticamente la descalificación del abogado en cuestión.
Más bien, se debe evaluar, entre otras cosas, si la persona
que solicita la descalificación tiene legitimación activa
AB-2007-55
15
para invocarla. Otaño v. Vélez, 141 D.P.R. 820, 828 (1996);
Liquilux Gas v. Berríos, 138 D.P.R. 850, 864 (1995).
Si bien las mociones de descalificación no constituyen
de por sí acciones disciplinarias, lo cierto es que su
finalidad
valor
esencial
que
se
disciplinario.
se
relaciona
pretende
sustancialmente
vindicar
mediante
con
el
el
proceso
Por un lado, la moción de descalificación
se emplea generalmente como medida preventiva para evitar
posibles violaciones a los cánones de ética profesional.
Meléndez Vega v. Caribbean Intern., 151 D.P.R. 649, 660
(2000); Liquilux v. Berríos, supra, pág. 864.
los
procesos
disciplinarios
se
realizan
Mientras,
con
el
fin
de
promover un desempeño profesional acorde con los más altos
principios para beneficio, no sólo de la profesión misma,
sino también de la ciudadanía y de las instituciones de
justicia.
(2001).
In
re
Izquierdo
Stella,
154
D.P.R.
732,
737
Por tanto, en ambos casos, particularmente cuando
se recurre a la descalificación de un abogado para evitar
violaciones
éticas,
lo
que
se
busca
preservar
y
reestablecer -a fin de cuentas- es la ética misma de la
profesión
legal
y,
con
ello,
la
integridad
del
sistema
judicial.7
7
Otros tribunales también requieren que el promovente de
una descalificación posea legitimación activa. Véanse, a
modo ilustrativo, Colyer, et al v. Larry Smith, 50 F. Supp.
2d
966
(1999);
Shire
Laboratories
v.
Nostrum
Pharmaceuticals, 2006 U.S. Dist. LEXIS 51043 (2006);
Xcentric Ventures, LLC v. Stanley, 2007 U.S. Dist. LEXIS
55459 (2007).
AB-2007-55
16
Conforme a lo anterior, no cabe duda que requerir la
demostración
de
un
interés
legítimo
en
ciertas
circunstancias, sobre todo cuando de la ética se trata, no
es ajeno a nuestro sistema de derecho.
A su vez, y a la
luz
innegable
del
análisis
aplicación
de
esbozado,
dicho
nos
requisito
parece
en
las
que
la
circunstancias
de
casos como el de autos resulta altamente necesaria.
De esa
forma nos aseguramos que funcionarios de la naturaleza del
Secretario de Justicia sólo se vean sujetos al inicio de un
proceso disciplinario por razones meritorias y, sobre todo,
que
este
Foro
no
sea
utilizado
para
promover
causas
personales o políticas, no relacionadas necesariamente con
el desempeño profesional de los abogados.
Ya anteriormente hemos expresado que este Tribunal no
puede ser utilizado como “punta de lanza para saciar la sed
de venganza que contra un miembro de la profesión pueda
tener un ciudadano en particular”. In re Vélez Lugo, supra,
pág. 739-740.
A la luz de dicha norma, hemos rechazado la
posibilidad de convertir nuestra jurisdicción disciplinaria
en un remedio judicial adicional o en un mecanismo alterno
para aquellos quejosos insatisfechos que no han prevalecido
en
otros
foros.
In
re
Alverio
Sánchez,
res.
27
de
septiembre de 2007, 2007 TSPR 187; In re Vélez Lugo, supra,
pág. 742.
Ello es así, pues el norte de todo procedimiento
disciplinario es el interés en proteger al público y a la
profesión legal, por lo que toda pretensión ajena a dicho
propósito no será motivo para que este Foro emprenda la
AB-2007-55
17
delicada encomienda de sancionar disciplinariamente a un
abogado.
Aclarado lo anterior, debemos resolver –como cuestión
de
umbral-
si
en
esta
ocasión
procede
ejercer
nuestra
jurisdicción disciplinaria o si, por el contrario, igual
que en otros casos similares al que nos ocupa, debemos
declinar hacerlo.
efectos,
debemos
Arroyo
cumplió
Para llegar a una conclusión a esos
determinar
con
si
el
el
Representante
requisito
de
Crespo
demostrar
satisfactoriamente, y de la faz de la queja presentada, un
interés legítimo ético y un perjuicio real directo por las
actuaciones del Secretario de Justicia.
III
Como mencionamos antes, el Representante Crespo Arroyo
presentó la queja que originó el caso de autos basándose en
las expresiones vertidas por el Secretario de Justicia ante
la
prensa
del
País
en
torno
al
desenlace
del
proceso
criminal seguido por el Estado en contra del ex Gobernador
Rosselló
González.
Éste
basó
la
queja
en
el
interés
general de defender la integridad de los tribunales y en su
condición de legislador porque –como tal- juró defender la
Constitución
Dichos
del
Estado
fundamentos,
Libre
por
sí
Asociado
solos,
no
de
Puerto
cumplen
Rico.
con
el
estándar adoptado en In re Secretario de Justicia I, supra,
el cual requiere la demostración concreta de un interés
legítimo
ético
y
un
perjuicio
real
actuaciones del Secretario de Justicia.
directo
por
las
AB-2007-55
Si
18
bien
las
expresiones
del
Secretario
de
Justicia
pueden haber generado la indignación de funcionarios de la
Rama Judicial y de ciudadanos como el Representante Crespo
Arroyo, y aun cuando se trata de expresiones que reflejan
un modelo de conducta no ejemplarizante, lo cierto es que
este
último
no
demostró
de
la
faz
de
la
queja
poseer
interés particular alguno en el asunto de referencia, ni un
perjuicio concreto por las actuaciones del Secretario.
Más
allá del interés que puede compartir con el resto de la
ciudadanía
en
el
respeto
hacia
las
instituciones
de
justicia, el Representante Crespo Arroyo no pudo demostrar
satisfactoriamente
ética
que
mueva
disciplinaria.
un
a
interés
este
individual
Tribunal
a
de
ejercer
naturaleza
su
función
Éste tampoco pudo probar un perjuicio claro
y específico a raíz de las expresiones del Secretario de
Justicia, aparte del daño general e indirecto que podemos
alegar todos los funcionarios del tribunal.
La ausencia del requisito mencionado, sin duda alguna,
supone
una
nuestra
razón
de
jurisdicción
peso
para
que
declinemos
disciplinaria.
Lo
ejercer
contrario
implicaría desatender injustificadamente las salvaguardas y
criterios elaborados por este Tribunal para la evaluación
de
quejas
presentadas
contra
Secretarios
de
Justicia.
Ello, evidentemente, con el consabido peligro de que se
someta
a
disciplinario
estos
sin
funcionarios
una
demostración
a
un
previa
procedimiento
de
un
interés
legítimo en el asunto y, sobre todo, que se mal utilice
AB-2007-55
este
Foro
19
para
dirimir
controversias
ajenas
al
objetivo
principal de tales procedimientos.
IV
A modo de epílogo, debemos aclarar que el curso de
acción que hoy tomamos ante las complejidades que presenta
este
caso
inmunidad
a
no
debe
entenderse
la
figura
del
como
una
Secretario
de
concesión
Justicia,
de
pues
nuestra decisión no es óbice para que ejerzamos nuestra
jurisdicción
disciplinaria
cuando
la
conducta
de
dicho
funcionario lo amerite y cuando se cumplan los requisitos
necesarios para ello.
De otro lado, en lo que concierne al trasfondo fáctico
que suscitó la queja de epígrafe, debemos recordar que el
respeto hacia los tribunales y la obligación de desalentar
y evitar ataques injustificados contra los jueces no sólo
están
entre
los
pilares
fundamentales
sobre
los
que
se
erige nuestro código deontológico, sino que también sobre
ellos
descansa
la
buena
marcha
de
los
procedimientos
judiciales y la confianza que el público deposita en ellos.
Por tanto, le recordamos a todos los abogados, incluyendo
al Hon. Roberto Sánchez Ramos, Secretario de Justicia, su
deber –como celosos custodios de la imagen de la justiciade observar una conducta que se caracterice por el mayor
respeto hacia los tribunales.
Asimismo, le exhortamos a
propiciar
de
debates
jurídicos
la
altura
moral
e
intelectual que se espera de todo abogado, en los que la
moderación y la prudencia son la mejor herramienta para
AB-2007-55
20
evitar ataques injustificados que en el fragor del momento
puedan ser dirigidos irreflexivamente al sistema judicial.
V
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
se
deniega
el
ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria y se ordena
el archivo de la queja presentada contra el Secretario de
Justicia, Hon. Roberto Sánchez Ramos.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Queja presentada contra
el Secretario de Justicia,
Lcdo. Roberto J. Sánchez Ramos
AB-2007-55
Queja
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte de la presente Sentencia, se deniega el
ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria y
se ordena el archivo de la queja presentada contra
el Secretario de Justicia, Hon. Roberto J. Sánchez
Ramos.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez
Asociado
señor
Rebollo
López
emitió
Opinión
Concurrente y Disidente. El Juez Asociado señor
Rivera Pérez inhibido.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Queja presentada contra el
Secretario de Justicia, Lcdo.
Roberto José Sánchez Ramos
AB-2007-55
OPINIÓN CONCURRENTE Y DISIDENTE EMITIDA POR EL JUEZ ASOCIADO
SEÑOR REBOLLO LÓPEZ
San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008
Aun cuando concurrimos con el resultado al que
llega la mayoría de los integrantes del Tribunal en
el presente caso --esto es, de archivar la queja
presentada
por
el
Hon.
Rolando
Crespo
Arroyo,
miembro de la Cámara de Representantes de Puerto
Rico, contra el Hon. Roberto José Sánchez Ramos,
Secretario de Justicia de Puerto Rico-- nos vemos
impedidos
de
suscribir
y
endosar
la
Opinión
mayoritaria emitida por estar en total desacuerdo
con la mayoría de las expresiones y fundamentos que
se utilizan por el Tribunal en apoyo del referido
resultado.
En
específico,
determinación
rechazamos
mayoritaria
de
enérgicamente
que
este
la
Tribunal
2
AB-2007-55
carece de jurisdicción para intervenir en, y resolver en sus
méritos,
la
controversia
planteada,
esto
es,
si
el
Secretario Sánchez Ramos actuó, o no, conforme los Cánones
de Ética Profesional al hacer las expresiones que hizo luego
de conocer el resultado del cargo criminal radicado contra
el
ex
Gobernador
Pedro
Rosselló
González
ante
la
Región
Judicial de San Juan.
La acción mayoritaria afecta, de manera significativa,
el poder inherente que tiene este Tribunal de regular la
profesión de abogado y de los principios deontológicos que
por décadas han regulado la profesión en Puerto Rico. Las
expresiones
ambivalentes
que,
al
así
actuar,
hace
el
Tribunal y la confusa norma que, a esos efectos, adopta no
le hacen bien al ejercicio de la profesión legal en nuestra
jurisdicción.
Ya que la mayoría de los integrantes del Tribunal ha
decidido no hacerlo, en el fiel cumplimiento de los deberes
que nos impone el cargo que ocupamos, acometemos la delicada
encomienda de expresarnos sobre la interrogante de si el
Secretario
de
Justicia,
incurrió,
o
referidas
expresiones.
no,
en
Hon.
conducta
Somos
Roberto
José
Sánchez
Ramos,
impermisible
al
hacer
las
del
que
tanto
el
criterio
Secretario Sánchez Ramos, como sus sucesores en el cargo,
así como los miles de abogados que ejercen la profesión en
Puerto Rico, tienen el derecho a que este caso sea resuelto
en
los
méritos,
esto
es,
tienen
el
derecho
a
saber
si
expresiones críticas extrajudiciales en contra del sistema
3
AB-2007-55
de justicia puertorriqueño y, en específico, la integridad
de sus Jueces, como las que hizo el Secretario Sánchez Ramos
infringen, o no, los Cánones de Ética Profesional.
I
La
conducta
que
da
lugar
a
la
presente
acción
disciplinaria tiene su génesis en las expresiones públicas
realizadas por el Secretario de Justicia, Hon. Roberto José
Sánchez Ramos, luego de conocer la determinación de no causa
para arresto de la vista en alzada que se llevó a cabo en la
Sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia en el
caso Pueblo v. Rosselló González, Crim. Núm. KMI2007-0010,
en
la
cual
se
imputaban
cargos
por
falsificación
de
documentos, apropiación ilegal agravada de fondos públicos y
aprovechamiento del cargo público. En la referida vista se
confirmó o reiteró un fallo previo de no causa realizado en
las
etapas
preliminares
del
caso.
Como
es
sabido,
estos
procedimientos alcanzaron gran notoriedad ante los medios
noticiosos, y capturaron la atención pública en general, por
estar involucrado un ex gobernador del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico.
Específicamente, el 22 de febrero de 2007, tras conocer
el fallo adverso obtenido en la vista preliminar en alzada,
el licenciado Sánchez Ramos hizo las siguientes expresiones:
Esto es un nuevo golpe a todos lo que aspiramos a
que el sistema de justicia trate por igual a
todos. No me cabe duda que si hubiera sido un hijo
de vecino sin conexiones y sin influencia en los
medios, se hubiese determinado causa y el proceso
4
AB-2007-55
hubiera terminado en una convicción; no me cabe la
más mínima duda.
Al
día
siguiente
el
periódico
El
Vocero
reseñó
una
entrevista realizada al licenciado Sánchez Ramos. En ésta el
Secretario expresó:
Estoy convencido de que la historia y el
pueblo sabrá juzgar a todos los participantes
de este proceso. El pueblo ya lo sabe. El
pueblo y los historiadores verán que la
evidencia era contundente y que los cargos
criminales estaban más que justificados….
Nosotros hicimos nuestro trabajo.
…
No
podemos
guiarnos
por
el
poder,
la
influencia. Tenemos que tratar a todos por
igual. Estamos convencidos que con esta misma
relación de hechos, si la persona imputada
hubiera sido cualquiera en Puerto Rico que no
tenga las mismas conexiones que este imputado,
hubiéramos salido airosos.
…
Los ciudadanos no tienen por qué confiar
ciegamente en lo que dice un juez o un
Secretario de Justicia. Pueden evaluar lo que
ha sucedido y poco a poco se divulgará más
información para que cada cual pueda llegar a
una conclusión.
…
Por estos mismos hechos hay una persona presa
y la persona implicada, inexplicablemente ha
sido exonerada. El pueblo tiene elementos más
que suficientes para llegar a la conclusión de
que el Departamento de Justicia descargó
satisfactoriamente su función.
En virtud de las aludidas expresiones, el 24 de febrero
de 2007, el Representante Rolando Crespo Arroyo presentó una
queja
juramentada
ante
este
Tribunal
imputándole
al
Secretario de Justicia violaciones a los Cánones 9 y 38 de
5
AB-2007-55
los del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap.IX, Cs. 98
y 38.9 En su escrito el Representante Crespo Arroyo alegó, en
síntesis, que las expresiones del Secretario Sánchez Ramos
“traspasaron los límites de lo permitido por los Cánones de
Ética Profesional que gobiernan la profesión legal en Puerto
Rico”, atacando de forma mendaz e injustificada el honor y
la dignidad de su profesión y causando daño a la imagen de
honestidad, laboriosidad y competencia de la Rama Judicial.
Así
las
cosas,
el
13
de
marzo
de
2007,
mediante
comunicación a esos efectos --y a tenor con la Regla 4(c)
del
Reglamento
de
este
Tribunal--
se
le
remitió
al
Secretario Sánchez Ramos copia de la queja presentada en su
contra para que en un término de diez días expresara su
posición al respecto. Éste compareció mediante escrito
8
En lo aquí pertinente,
Profesional establece:
el
Canon
9
de
los
de
Ética
El abogado debe observar para con los tribunales
una conducta que se caracterice por el mayor
respeto.
Ello
incluye
la
obligación
de
desalentar y evitar ataques injustificados o
atentados ilícitos contra los jueces o contra el
buen orden en la administración de la justicia
en los tribunales. En casos donde ocurrieren
tales ataques o atentados, el abogado debe
intervenir para tratar de restablecer el orden y
la
buena
marcha
de
los
procedimientos
judiciales.
9
El Canon 38 de los de Ética Profesional, en su parte
pertinente, dispone:
El abogado deberá esforzarse, al máximo de su
capacidad, en la exaltación del honor y dignidad
de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve
sacrificios personales y debe evitar hasta la
apariencia de conducta profesional impropia.
6
AB-2007-55
titulado
“Moción
de
argumentó
que
queja
la
Desestimación”,
presentada
a
través
debía
ser
de
la
cual
desestimada.
Entre otras cosas, el licenciado Sánchez Ramos cuestionó la
legitimación
activa
del
Representante
Crespo
Arroyo
para
promover la presente acción disciplinaria. Citando los casos
In re Secretario de Justicia I y II, 118 D.P.R. 827 (1987) y
126 D.P.R. 463 (1990), el Secretario Sánchez Ramos adujo que
Crespo
Arroyo
interés
falló
legítimo
en
ético
justificar
y
satisfactoriamente
demostrar
un
perjuicio
un
real
directo. Asimismo, alegó que con su actuación el promovente
pretendía
vindicar
un
daño
abstracto,
hipotético
y
solicitud
de
generalizado.
Como
segundo
argumento
en
apoyo
de
su
desestimación el Secretario Sánchez Ramos expresó que, aun
si
este
Tribunal
legitimación
presente
entendiese
activa,
acción
que
procedía
la
disciplinaria
al
el
quejoso
tiene
desestimación
amparo
de
la
de
la
Primera
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. A tales
efectos, argumentó que la referida Enmienda protege y abarca
las expresiones críticas que se emiten sobre la Judicatura
por ser ésta parte de nuestro sistema de gobierno.
Basado
elaboró
la
en
esta
tesis
de
premisa
que
el
no
Secretario
es
posible
Sánchez
Ramos
sancionar
las
expresiones críticas que realizan los abogados y fiscales
sobre el funcionamiento o integridad de la Judicatura o sus
Jueces
a
menos
que,
“(a)
siendo
susceptible
de
probarse
falsa, (b) en efecto se pruebe: (i) que dicha expresión es
7
AB-2007-55
falsa; y (ii) que ha sido hecha con pleno conocimiento, o en
grave menosprecio, de su falsedad.” De esta forma argumentó
que sus expresiones sobre el desempeño de la Rama Judicial,
y los alegados problemas que existen sobre trato desigual,
gozan de completa inmunidad bajo la Primera Enmienda de la
Constitución
“opinión
de
los
subjetiva”
Estados
que,
Unidos
según
él,
por
constituir
una
es
susceptible
de
Ramos
cuestionó
la
no
probarse falsa.
Además,
el
Secretario
Sánchez
constitucionalidad, tanto de su faz como en su aplicación,
de los Cánones 9 y 38 de los de Ética Profesional; adujo que
los referidos Cánones son inconstitucionales de su faz en
tanto pretenden vedar expresiones simplemente irrespetuosas
o indignas sin atención a las exigencias de lo resuelto en
New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), y su
progenie.
Asimismo,
Cánones
resultarían
utilizan
para
alegó
que
“en
igualmente
sancionar
[sus]
su
aplicación
inconstitucionales
expresiones…,
en
dichos
si
se
tanto
las
mimas [sic] están protegidas por la Constitución federal.”
Así las cosas, el 30 de marzo de 2007 el Representante
Crespo
Arroyo
compareció
ante
este
Tribunal,
mediante
escrito titulado “Moción Informando Interés de Replicar al
Lcdo.
Roberto
Sánchez
Ramos”,
solicitando
un
término
de
veinte días para expresarse con relación a la desestimación
solicitada. Concedido dicho término, éste compareció el 24
de abril de 2007 alegando, en síntesis, que la doctrina
esbozada por el Secretario para cuestionar su interés en
8
AB-2007-55
este caso, no debe ser aplicada a los hechos que nos ocupan,
pues, según alegó, “cualquier hijo de vecino” puede entablar
una queja en contra de cualquier abogado que no se desempeñe
de conformidad con las exigencias de los Cánones de Ética de
la
Profesión;
alegó
que
la
referida
doctrina
no
es
de
aplicación al presente caso, pues lo que se cuestiona es la
actuación del Secretario Sánchez Ramos, en su capacidad de
abogado y funcionario del tribunal, y no como Secretario de
Justicia.
Citando jurisprudencia de este Tribunal10, Crespo Arroyo
expresó que el hecho de que un abogado defienda apasionada y
diligentemente
la
causa
de
acción
de
su
cliente,
no
es
incompatible con la exigencia de decoro y respeto hacia los
tribunales
y
sus
magistrados.
A
tono
con
lo
anterior,
expresó que la Primera Enmienda de la Constitución federal
no puede ser utilizada como subterfugio en apoyo de ataques
insidiosos y demagogos en contra de nuestros tribunales y
que en nuestra jurisdicción existen guías que delimitan el
análisis ético que se realiza en este tipo de caso.11
En su “Réplica” el Secretario Sánchez Ramos reiteró sus
argumentos sobre falta de legitimación activa y cuestionó
10
11
In re Crespo Enríquez, 147 D.P.R. 656 (1999).
Finalmente, y citando el caso Garcetti v. Ceballos, 547
U.S. 410 (2006), el Representante alegó que la protección
constitucional que reclama el Secretario no es de aplicación
al presente caso toda vez que sus expresiones fueron
realizadas en calidad de funcionario y no como un ciudadano
particular.
9
AB-2007-55
los
planteamientos
esbozados
por
el
Representante
Crespo
Arroyo, en específico, la aplicación de la jurisprudencia
federal presentada ante nos por el Representante.12
Trabada así la controversia, el 12 de junio de 2007 le
concedimos un término de veinte días al Secretario Sánchez
Ramos para que informara si los escritos que había radicado
ante este Tribunal constituían su contestación a la queja y,
si en la afirmativa, daba por sometido el asunto para la
decisión correspondiente. Del mismo modo, le concedimos un
término simultáneo al Representante Crespo Arroyo para que
informara si las grabaciones y recortes periodísticos que
acompañó con su queja constituían toda la prueba disponible
en torno a las expresiones del Secretario.
El
Representante
Crespo
Arroyo
compareció
mediante
moción informativa, presentada el 9 de julio de 2007, en la
cual confirmó que las grabaciones, recortes periodísticos y
la
posición
del
Lcdo.
Sánchez
Ramos
de
no
negar
las
expresiones emitidas era la base para establecer que éste
había
violado
los
Cánones
de
Ética
Profesional.
El
Secretario, por su parte, dio por sometido el asunto en
cuanto
a
las
controversias
de
derecho
atendidas
en
sus
escritos, pero se negó a dar por sometidas las supuestas
controversias de hecho que, según alegó, surgirían en la
12
El licenciado Sánchez Ramos cuestionó la aplicación del
caso Garcetti v. Ceballos, ante, a los hechos que nos ocupan
al señalar que lo allí resuelto aplica exclusivamente en
casos en que el Estado actúe en su papel de patrono y no
como soberano.
10
AB-2007-55
situación de que este Tribunal entendiera que los Cánones 9
y 38 son válidos de su faz y que pueden ser aplicados a las
expresiones aquí en controversia. En ese sentido expresó que
no
renunciaba
a
que
se
tengan
que
probar
los
elementos
fácticos de falsedad y conocimiento establecidos en New York
Times Co. v. Sullivan, ante, y su progenie, y a que en el
debido juicio plenario tenga la oportunidad de confrontar la
prueba que se presente en su contra y que, a su vez, pueda
presentar la que estime conveniente a su favor.
II
A
Como
presente
señaláramos
caso
se
Representante
en
el
acápite
cuestiona
Crespo
el
Arroyo
que
“interés”
en
antecede,
en
el
(“standing”)
del
promover
una
acción
disciplinaria en contra del Secretario Sánchez Ramos. Como
punta
de
lanza
se
utiliza
la
normativa
establecida
hace
varias décadas en los casos In re Secretario de Justicia
[I], 118 D.P.R. 827 (1987) e In re Secretario de Justicia
[II], 126 D.P.R. 463 (1990), en los cuales establecimos los
linderos o parámetros que, como norma general, limitan la
jurisdicción
disciplinaria
de
este
Tribunal
en
lo
que
respecta a las quejas presentadas en contra del Secretario
de Justicia de Puerto Rico.
En
los
referidos
casos
este
Tribunal
tuvo
ante
su
consideración dos quejas presentadas en contra del entonces
Secretario de Justicia, Lcdo. Héctor Rivera Cruz. En aquella
11
AB-2007-55
ocasión
tuvimos
la
oportunidad
de
expresarnos
sobre
el
alcance del poder inherente de este Tribunal para regular la
profesión de la abogacía frente a una queja presentada en
contra del titular de mayor jerarquía del Departamento de
Justicia y el potencial conflicto de separación de poderes
que se impone cuando éste actúa dentro un marco político
partidista.
En
el
primer
caso,
resuelto
en
el
año
1987,
la
controversia giró en torno a una Opinión emitida por el
Secretario
Rivera
intereses
de
Cruz
varios
que
resultó
ser
adversa
a
los
co-demandados
que
estaban
siendo
representados por la División de Litigios del Departamento.
Por
estos
hechos
Secretario
de
se
presentó
Justicia
una
queja
imputándole,
en
entre
contra
otras
del
cosas,
violaciones al Canon 21, sobre representación de intereses
encontrados, y al Canon 19, que impone a todo abogado el
deber de mantener informados a sus representados.
Ante el argumento del licenciado Rivera Cruz sobre la
imposibilidad
de
que
un
Secretario
de
Justicia
pueda
advertir este tipo de conflicto por el tamaño y el número de
abogados que laboran en el Departamento, expresamos que el
titular de la agencia no está indefectiblemente sujeto a
procedimientos
atribuibles,
disciplinarios
única
y
por
directamente,
violaciones
a
otros
éticas
abogados
del
referido Departamento. En ese sentido, explicamos que “[e]n
un cargo tan difícil y complejo, el abanico de posibilidades
de error de juicio es inmenso” y que las probabilidades de
12
AB-2007-55
que este funcionario incurra en conflictos, de buena fe y
sin intención, es una premisa aceptable. In re Secretario de
Justicia [I], ante, a la pág. 849.
A tono con lo anterior, expresamos que cada situación
planteada
de
este
género
ético,
requiere
una
cuidadosa
reflexión sobre si se asume o no jurisdicción disciplinaria.
Del
mismo
requiere
modo,
“una
indicamos
meticulosa
que
y
en
este
ponderada
tipo
de
caso
se
de
los
depuración
hechos a los fines de fijar si ha habido infracción a algún
canon y sobre quién realmente recae responsabilidad.” Id.
Con
lo
anteriormente
expresado
en
mente,
resolvimos
que, sin que ello significara la exclusión y evaluación de
otros
factores,
o
abdicar
automáticamente
nuestra
este
queja
o
prudencialmente
de
jurisdicción
disciplinaria,
ante
planteamiento
este
abstendría
Foro
se
tipo
de
asumirla y ejercerla cuando de su faz: (1) el promovente no
justifique satisfactoriamente un interés legitimo ético y
perjuicio real directo; (2) el asunto, aunque de carácter
ético, sea prematuro; (3) los hechos no estén debidamente
documentados o sustanciados, o (4) no sean materia éticoadjudicable por corresponder propiamente al debate del Poder
Legislativo
política
o
Ejecutivo,
partidista.
In
o
pertenecer
a
re
Secretario
de
la
arena
de
Justicia
la
[II],
ante, a las págs. 468-69.
Asimismo establecimos la necesidad de que en este tipo
de
caso
concurran
tres
requisitos
básicos
al
imponer
responsabilidad ética al Secretario de Justicia, a saber:
13
AB-2007-55
(1)
que
se
rutinario;
trate
(2)
de
que
un
el
asunto
importante,
Secretario
de
esto
Justicia
es,
no
tenga
una
participación activa en el mismo, es decir, que intervenga
personalmente, y (3) que el Secretario tenga conocimiento
personal de las distintas cuestiones o puntos envueltos en
el mismo. In re Secretario de Justicia [I], ante, a la pág.
865.
Al aplicar esta normativa a los hechos del referido
caso,
este
Tribunal
contra
del
entonces
adjudicable
por
concluyó
que
Secretario
centrarse
la
queja
Rivera
en
una
presentada
Cruz
era
actuación
en
ético-
exclusiva
relacionada con su función de abogado-asesor. Véase: In re
Secretario de Justicia [I], ante, a la pág. 850. De esta
forma asumimos jurisdicción en el caso y concluimos que al
emitir su Opinión el Secretario Rivera Cruz había incurrido
en
un
insalvable
representación
conflicto
legal
de
interés
simultánea
por
asumida
razón
en
el
de
la
caso.
Resolvimos, además, que con su actuación, el Lcdo. Héctor
Rivera Cruz violó lo dispuesto en el Canon 19 de los de
Ética Profesional al incumplir con su obligación de mantener
informados
a
sus
representados
importante
y
donde
éste
tuvo
con
una
relación
a
“intervención
un
asunto
activa
y
directa”.
A tres años de resuelto ese caso, este Tribunal se
enfrentó, nuevamente, a una queja presentada en contra del
Secretario
de
Justicia
Rivera
Cruz.
In
re
Secretario
de
Justicia [II], ante. Esta vez, la controversia surgió por
14
AB-2007-55
expresiones realizadas por este funcionario en contra de un
magistrado
desacato
federal
que
ordenó
civil
del
entonces
circunstancias
el
Secretario,
el
Alcalde
encarcelamiento
de
actuando
por
Moca.
Ante
estas
en
calidad
de
Gobernador interino, hizo las siguientes expresiones:
Bueno, sencillamente, esto, a nuestro juicio, ha
sido un atropello por parte del tribunal
federal, específicamente del juez que ordenó el
encarcelamiento del alcalde y a nuestro juicio
es un abuso de poder de la jurisdicción
federal[;] de lo que se trata es de un alcalde
que tiene un caso muy meritorio que fue visto en
un tribunal federal y que está en apelación en
el Circuito de Boston --po[rq]ue hay mérito en
el caso. En el entretanto el juez desea y ordena
al alcalde que pague alrededor de $200,000 a
unos empleados que fueron cesanteados que ya el
juez sí logró reponerlos. ... (Escolio omitido y
énfasis suplido.) Resolución de 16 de noviembre
de 1987, págs. 3-4.
En aquella ocasión, al
evaluar la procedencia de la
queja presentada, este Tribunal prestó especial atención al
hecho de que las expresiones fueron realizadas mientras el
Secretario Rivera Cruz fungía como Gobernador interino y no
en
calidad
de
abogado-asesor
del
Departamento.
A
efectos, expresamos:
También tenemos presente que algunas de las
funciones adicionales del Secretario de Justicia
[apuntadas] --integrante del Gabinete, segundo
en sucesión al Gobernador y miembro de varias
juntas
y
organismos-pueden,
directa
o
indirectamente,
involucrarlo,
o
moverlo
a
involucrarse,
en
las
polémicas
de
asuntos
públicos
polarizados,
impregnados
o
no
de
contenido político-partidista, que trascienden
la visión tradicional del papel de principal
abogado-asesor gubernamental. La línea es tenue,
y por ende, a veces difícil de separar el
pronunciamiento a título clásico de Secretario
de Justicia (abogado-asesor), y de aquel que
esos
15
AB-2007-55
irradia como miembro del Gabinete, o una junta,
o Gobernador interino. (Énfasis suplido.) In re
Secretario de Justicia, supra, págs. 847-848.
Conforme
jurisdicción
a
lo
anterior,
disciplinaria
resolvimos
en
este
que
caso
de
este
ejercer
Tribunal
estaría disciplinando no al Secretario de Justicia, sino al
Gobernador interino y Primer Ejecutivo de Puerto Rico. Bajo
esta
premisa
concluimos
justifica[ban]
esta
que
clase
“las
de
expresiones
intervención
vertidas
con
la
no
Rama
Ejecutiva.” In re Secretario de Justicia [II], ante, a la
pág. 470.
Como resulta meridianamente claro de lo anteriormente
expresado,
en
ninguno
de
los
casos
antes
reseñados
este
Tribunal pretendió crear una inmunidad disciplinaria a favor
del abogado que ocupa el cargo de Secretario de Justicia y,
mucho menos, limitar la jurisdicción de este Tribunal ante
planteamientos
legítimos
que
pongan
en
duda
el
comportamiento ético de un miembro del foro, como lo es él.
Todo lo contrario, en ambas Opiniones fuimos enfáticos al
expresar que al abogado que ocupa este honroso cargo “le
aplican incuestionablemente los principios deontológicos que
regulan
la
profesión
de
abogado,
con
las
modificaciones
aceptables y cognoscibles resultantes de las peculiaridades
inherentes
que
conlleva
esa
compleja
gestión
pública”.
(Énfasis suplido.) In re Secretario de Justicia [I], ante, a
la
pág.
849.
Esto,
significa
que
al
en
palabras
Secretario
de
simples
Justicia
le
y
sencillas,
aplican
los
16
AB-2007-55
mismos Cánones de Ética que regulan las actuaciones de los
miles
de
abogados
que
a
diario
ejercen
la
profesión
en
nuestra jurisdicción.
III
Es evidente que en el presente caso no estamos ante
ninguno de los escenarios contemplados en los casos antes
reseñados. En primer lugar debe destacarse que la queja aquí
en
controversia
no
está
de
forma
alguna
relacionada
con
actuaciones realizadas por otros abogados del Departamento,
sino
que
corresponde
a
una
actuación
del
exclusiva
Secretario en su función de abogado titular de la Agencia.
Tampoco
puede
argumentarse,
como
pretende
hacerlo
en
su
comparecencia el Secretario Sánchez Ramos, que estamos ante
un
potencial
crítica
que
conflicto
de
interés
una
de
gobierno
Rama
por
tratarse
lanza
en
de
“una
cuanto
al
desempeño de otra”.
El cuadro fáctico que se nos presenta en el caso de
autos dista mucho de lo atendido por este Tribunal en In re
Secretario de Justicia [II], ante. En el presente caso las
expresiones
del
Secretario
Sánchez
Ramos
no
fueron
realizadas en calidad de Gobernador interino o en el plano
político partidista, sino como un abogado que funge como
titular del Departamento de Justicia y en reacción a un
fallo adverso recibido por su Departamento. Esto es, como en
tantos otros casos, estamos ante un representante legal de
una
parte,
esta
vez
del
ministerio
público,
que
tras
17
AB-2007-55
finalizar los procedimientos judiciales y a preguntas de la
prensa,
hace
unas
expresiones
desafortunadas
sobre
el
resultado de un caso. El hecho de que se trate de un miembro
del foro que a su vez es el funcionario de mayor jerarquía
en
el
Departamento
de
Justicia
no
nos
traslada
automáticamente al ámbito político partidista que activaría
las salvaguardas establecidas por este Tribunal en los casos
antes discutidos, ni convierte su actuación en la de la Rama
de Gobierno que representa.
Siendo así, somos del criterio que la violación ética
que
hoy
se
le
intrínsecamente
imputa
al
Secretario
relacionada
con
una
Sánchez
Ramos
actuación
está
personal
y
ético-adjudicable realizada en su función de abogado titular
de
la
agencia
que
representa.
En
vista
de
lo
anterior,
entendemos que en el presente caso no están presentes las
circunstancias
fácticas
establecidas
este
por
que
activarían
tribunal
en
In
las
re
salvaguardas
Secretario
de
Justicia [I], 118 D.P.R. 827 (1987) o In re Secretario de
Justicia [II], 126 D.P.R. 463 (1990), por lo que prevalece
el
ejercicio
de
nuestra
jurisdicción
disciplinaria,
independientemente del propósito que persiga el promovente o
la identidad del mismo.13 Véase: In re Miguel A. Alverio
13
A esos efectos, conviene resaltar lo expresado por varios
foros estatales de la jurisdicción norteamericana a los
efectos
de
que
los
procedimientos
disciplinarios
no
constituyen acciones ni civiles ni criminales, por lo que el
quejoso o promovente no puede ser considerado como una
“parte” en el caso. Niklaus v. Simmons, 196 F. Supp. 691,
18
AB-2007-55
Sánchez, 2007 T.S.P.R. 187; K-Mart Corp. v. Walgreens of
P.R., Inc., 121 D.P.R. 633 (1988); In re Añeses, 117 D.P.R.
134 (1986).
Ante esta conclusión, es evidente que estamos impedidos
de descartar los planteamientos éticos presentados ante nos
por
el
simple
hecho
de
que
se
alegue
que
el
promovente
carece de “legitimación activa” para presentarlos. Bajo ese
tenor,
puntualizamos
y
enfatizamos
lo
resuelto
por
este
Tribunal en In re González Blanes, 65 D.P.R. 381 (1945), a
los efectos de que, en materia disciplinaria, nuestro poder
inherente es tan abarcador que nos permite ordenar el inicio
de una investigación disciplinaria sin necesidad de tener
que esperar que se radique queja alguna.
IV
Abiertas,
respecto
a
su
claramente,
las
jurisdicción,
puertas
de
este
Tribunal,
procedemos
a
evaluar
en
sus
méritos la controversia ante nuestra consideración.
De entrada, debemos precisar que no existe --ni en este
Tribunal ni en el Tribunal Supremo federal-- un precedente
específico, en materia disciplinaria, que nos ilustre sobre
el alcance de la protección constitucional que cobija las
expresiones
críticas
extrajudiciales
que
realizan
los
abogados en contra de la administración de la justicia o de
______________________________
716 (1961); Mattice v. Meyer, 353 F. 2d 316, 319 (8vo. Cir.
1965).
19
AB-2007-55
sus magistrados. Raúl Serrano Geyls, Derecho Constitucional
de Puerto Rico y los Estados Unidos, Vol. II, 1988, pág.
1558.
No
existen
obstante
por
lo
parte
anterior,
de
ambos
debemos
foros
destacar
judiciales
que
sí
expresiones
contundentes a favor del respeto que merecen los tribunales
y la responsabilidad de los miembros de la clase togada de
velar por el buen funcionamiento del sistema de justicia. En
ese sentido, este Tribunal ha ido más lejos que el Supremo
federal al establecer criterios específicos para evaluar las
expresiones
tribunales
que
o
sus
realizan
los
magistrados.
abogados
en
Evaluemos,
contra
en
de
los
detalle,
la
referida jurisprudencia:
El caso In re González Blanes, 65 D.P.R. 381 (1945),
marca el punto de partida con relación a este tema. En el
referido caso este Tribunal tuvo ante su consideración una
imputación de aceptación de soborno realizada por un abogado
en contra de un juez del Tribunal de Primera Instancia. En
aquella ocasión este Tribunal advirtió que en este tipo de
caso
la
acción
disciplinaria
no
procede
si
los
hechos
alegados [son] ciertos, pero aclaró que “aun no siéndolos,
si el querellado [tiene] fundamento o causa probable para
creer
que
lo
[son]
y
[la
expresión]
no
fue
presentada
maliciosamente sino con el propósito de obtener el juicio
imparcial a que todo litigante tiene derecho, entonces el
querellado tendría que ser absuelto del disbarment.” In re
González Blanes, ante, a la pág. 393.
20
AB-2007-55
Transcurridos catorce años de resuelto ese caso, en In
re Andréu Ribas, 81 D.P.R. 90, 119 (1959), este Tribunal, al
abordar nuevamente este tema, fue un poco más lejos. A esos
efectos expresó que “[d]ebe considerarse justa causa para
imponer
sanciones
escrita,
de
la
disciplinarias
comisión
de
toda
hechos
imputación,
inmorales
o
oral
o
ilegales,
formulada por un abogado, que no esté respaldada (warranted)
por evidencia competente, que tienda a degradar o a afectar
la dignidad, honorabilidad e integridad de los tribunales o
de sus funcionarios o que puedan debilitar o destruir el
respeto a o la confianza pública en los mismos.” (Citas
omitidas.)
Al así resolver, el Tribunal expresó que “el derecho a
ejercer la profesión de abogado no es un derecho adquirido,
sino un privilegio”. In re Andréu Ribas, ante, a la pág.
119, y que la obligación que asume el abogado no consiste
simplemente en obedecer nuestra Constitución y los estatutos
en
vigor,
sino
que,
como
parte
consustancial
de
esa
obligación, éste también tiene el deber de mantener, en todo
momento,
el
correspondiente
respeto
a
los
tribunales
de
justicia y a todo funcionario judicial, sin menoscabo de su
derecho a sostener una defensa vigorosa y a criticar con
motivo fundado y de manera respetuosa la conducta de los
funcionarios judiciales. Véase: In re Andréu Ribas, a las
págs. 119-20.
Citando el caso de Cordero v. Rivera, 74 D.P.R. 586,
609 (1953), el Tribunal expresó en In re Andréu Ribas que
21
AB-2007-55
“[p]or el sitio que ocupan en la sociedad y por su condición
de funcionarios de los tribunales, los abogados deben ser
cautelosos al hacer a un Juez imputaciones de tal magnitud y
alcance, [atribuir error en la apreciación de la prueba ‘con
mente prevenida y con pasión y prejuicio’] y ello solamente
si están convencidos, en lo más profundo de sus conciencias
--a
la
vez
no
prevenidas--
afirmaciones,
y
entonces
responsabilidad
que
de
para
tan
grave
la
certeza
exigir
la
desviación
de
sus
verdadera
del
deber
conlleva.” (Énfasis suplido.)
Un caso más reciente, sobre este tema, lo es el de In
re Pagán, 116 D.P.R. 107 (1985). En éste la Oficina del
Procurador General le imputó al Lcdo. Iván L. Pagán haber
actuado en forma antiética y en abierta violación al Canon 9
de
los
de
Ética
Profesional
al
imputarle
parcialidad
y
prejuicio al magistrado ante el cual litigaba su caso y
haber realizado alegaciones difamatorias en relación a su
desempeño, por el mero hecho de haber tomado una decisión
judicial
con
la
cual
no
estuvo
de
acuerdo.
En
aquella
ocasión, al rechazar la conducta exhibida por el abogado,
expresamos:
La práctica de la abogacía exige hacia los
tribunales constante respeto. Para reclamar
derechos
y
solventar
controversias
no
es
menester
lastimar
la
dignidad
personal
ni
institucional de los miembros de la judicatura,
como de ninguna otra persona. “La estatura moral
e intelectual inherente al ejercicio de la
abogacía impone un debate jurídico libre de
personalismos y posiciones subjetivas que lo
degraden a vulgar diatriba.” García Santiago v.
Acosta,
104
D.P.R.
321,
323
(1975).
Las
22
AB-2007-55
discrepancias con los dictámenes judiciales no
es
licencia
para
el
lenguaje
impropio
e
hiriente. “El comportamiento judicial que de
alguna manera afecte los derechos de un . . .
litigante puede llevarse al récord para la
acción correctiva que proceda por un tribunal
superior, a tenor con lo que deba ser un juicio
imparcial y justo.” Pueblo v. Susoni, 81 D.P.R.
12 4, 154 (1959). Razones de civilidad imponen
esta sencilla norma.
…
La búsqueda de la justicia no justifica medios
reprobables. Ello es un principio universal tan
hondamente
cimentado
que
no
requiere
elaboración. In re Pagán, ante, a la pág. 112.
(Énfasis suplido.)
A sólo un año de resuelto ese caso, en In re Cardona
Álvarez,
116
D.P.R.
895
(1986),
este
Tribunal
estableció
pautas adicionales con relación a los parámetros que deben
ser observados al evaluar expresiones de este tipo. Como
preámbulo a esta determinación expresamos, entonces, que la
moderación del lenguaje es uno de los primeros deberes del
abogado, por lo que éste nunca puede olvidar que ha sido
interpuesto
entre
los
litigantes
y
la
justicia,
para
sustituir a los impulsos del interés personal y al lenguaje
de las pasiones, la calma de la razón y el lenguaje de la
verdad. In re Cardona Álvarez, a la pág. 897. Expresamos,
además, en dicho caso que el abogado debe evitar, en todos
los casos, la inconveniencia y la grosería de los términos,
el empleo de imputaciones y de hechos extraños o inútiles al
asunto y, sobre todo, las alegaciones contrarias a la verdad
o desprovistas de una razonable presunción de exactitud. Id.
A esos mismos efectos, expresamos en dicho caso que,
como tal, el abogado debe tener un claro concepto de la
23
AB-2007-55
misión fundamental pública que ejerce y que en la escala de
valores profesionales ha de colocar a ésta por encima de
cualesquiera personalismos. In re Cardona Álvarez, ante, a
la pág. 903. A tono con lo anterior, puntualizamos que “[e]l
abogado nunca debe olvidar que es un funcionario que tiene
la obligación de mantener y promover inmaculada la imagen de
la justicia.” In re Cardona Álvarez, a la pág. 904.
Con
esto
en
mente,
resolvimos
que
al
evaluar
la
legitimidad de la conducta oral o escrita del abogado, y
balancear
los
intereses
éticos
y
de
libertad
forense
expuestos,
este
Tribunal
tomaría
en
consideración
varios
criterios básicos, a saber: (a) si aunque equivocado, creía
en la validez de las imputaciones al juez; (b) si aunque los
hechos
no
eran
ciertos,
tenía
motivos
fundados
o
causa
probable para creer en su veracidad, y (c) si la imputación
no fue hecha maliciosamente con el propósito deliberado de
denigrar al tribunal. In re Cardona Álvarez, ante, a las
págs. 905-06.
Añadimos en dicha decisión que un abogado incumple su
deber
profesional
para
con
los
tribunales
--y
viola
lo
dispuesto en el Canon 9 de los de Ética Profesional-- cuando
no discute ni sustancia las alegaciones críticas que realiza
en contra de los tribunales y que el constante recurrir al
apuntamiento de que el tribunal actuó “con prejuicio, pasión
y parcialidad”, sin sustanciarlo o sin motivos fundados para
así creerlo, es un comportamiento censurable que hemos de
rechazar. Véase: In re Cardona Álvarez, ante, a la pág. 901.
24
AB-2007-55
De esta forma, y a modo de resumen, expresamos:
Con arreglo a esta visión doctrinaria, hemos
impuesto sanciones disciplinarias a un abogado,
por hacer imputaciones orales o escritas, sobre
la comisión de hechos inmorales o ilegales --que
no están respaldadas por evidencia competente-tendente a degradar la dignidad, honorabilidad e
integridad
de
los
tribunales
y
de
sus
funcionarios o que puedan debilitar la confianza
pública en los mismos. In re Andréu Ribas,
supra, pág. 119.14 Asimismo por la presentación
de mociones y escritos en los que se formulan
acusaciones a los magistrados, sin fundamentos,
mediante el uso de lenguaje impropio y ofensivo,
lo cual constituye conducta lesiva a la dignidad
del tribunal. In re Padilla, supra, pag. 261.15
In re Cardona Álvarez, ante, a la pág. 906.
Es
importante
puntualizar,
sin
embargo,
que
en
este
caso fuimos enfáticos al señalar que el respeto hacia los
tribunales,
y
su
exaltación
como
uno
de
los
postulados
deontológicos más hermosos, no implica de forma alguna el
establecimiento de una censura previa. Véase: In re Cardona
Álvarez, ante, a la pág. 904. De esta forma reconocimos que
“…la
crítica
judicial
sana
y
oportuna
es
un
instrumento
necesario y efectivo para mantener a los jueces alertas y
atentos al estricto cumplimiento de sus funciones.” (Énfasis
suplido) Id. Asimismo, señalamos que “[t]al crítica es un
interés legítimo constitucional que debemos proteger, por
ser un vehículo apropiado para producir cambios favorables
14
Véase, además: In re Rivera Carmona, 114 D.P.R.
390 (1983); In re Pagán, 116 D.P.R. 107 (1985); In re José
R. López de Victoria Bras, 2004 T.S.P.R. 176.
15
Véase, además: In re Crespo Enríquez, 147 D.P.R.
(1999); In re Richard Markus, 158 D.P.R. 881 (2003).
656
25
AB-2007-55
en el sistema de administración de justicia.” In re Cardona
Álvarez, ante, a la pág. 904.
A esos efectos, hemos sido consistentes al reconocer
que en nuestra jurisdicción los abogados tienen “el derecho
de hacer todos los planteamientos que entienda[n] necesarios
en
defensa
de
los
intereses
de
su
cliente”
y
que
“…la
crítica constructiva a la labor judicial es una que siempre
es
bienvenida
y
necesaria
por
cuanto
la
misma
quizás
constituye la “medicina” más eficaz y necesaria para mejorar
la labor judicial que realizamos.” Id.
Debe quedar claro, sin embargo, que lo anteriormente
expresado
no
significa
que
el
abogado
tenga
licencia
absoluta en el uso del lenguaje para poner en entredicho o
mancillar la dignidad de los jueces. In re Cardona Álvarez,
ante, a las págs. 906-7. En ese sentido hemos recalcado que
tal
conducta
legítimo
por
y
estilo
lo
que
forense
deben
rebasan
ser
el
ámbito
desalentadas.
de
lo
Id.
En
conclusión, nuestra concepción panorámica del libre fluir de
ideas, inclusive las críticas, no significa que se puedan
traspasar los límites de la civilidad y corrección. Véase:
In re Cardona Álvarez, ante, a la pág. 905.
V
A
Como señaláramos en el acápite que antecede, no existe
en la jurisdicción norteamericana un precedente específico
que nos ilustre sobre el curso de acción que debemos seguir
26
AB-2007-55
en el presente caso. Ello, sin embargo, no significa que
este tipo de controversia haya estado ausente de discusión y
controversia en dicha jurisdicción. Por el valor ilustrativo
que
pueda
tener,
examinamos
brevemente
la
trayectoria
jurisprudencial norteamericana desarrollada en torno a este
tema.
Desde mucho antes del Siglo 20, en Bradley v. Fisher,
80
U.S.
335
(1871),
el
Tribunal
Supremo
de
los
Estados
Unidos ya había expresado que:
[T]he
obligation
which
attorneys
impliedly
assume, if they do not by express declaration
take upon themselves, when they are admitted to
the bar, is not merely to be obedient to the
Constitution and laws, but to maintain at all
times the respect due to courts of justice and
judicial
officers.
This
obligation
is
not
discharged by merely observing the rules of
courteous demeanor in open court, but it
includes abstaining out of court from all
insulting language and offensive conduct toward
the judges personally for their judicial acts.
(Énfasis suplido.)
Años más tarde, en ocasión de resolver el caso de In re
Sawyer, 360 U.S. 622 (1959), una pluralidad de Jueces de ese
alto Tribunal validó el interés de los abogados en criticar
o
expresar
su
punto
de
vista
con
relación
al
estado
de
derecho y puntualizó que este tipo de expresión no puede ser
utilizada
como
fundamento
para
imponer
medidas
disciplinarias.16 Ello no obstante, el Tribunal fue enfático
16
Opinión emitida por un grupo de Jueces encabezados por el
Juez Brennan. Otro grupo liderado por el Juez Frankfurter,
sostuvo que un ciudadano particular puede hacer este tipo de
críticas sin ningún problema, pero que el abogado se rige
27
AB-2007-55
al señalar que esta libertad no incluye el derecho a atacar
la motivación, integridad o competencia de los jueces.17
Otro caso resuelto por el más alto foro federal con
relación a este asunto es Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64
(1964). En éste el Tribunal se enfrentó a una controversia
en la que un fiscal fue acusado y condenado por difamación
criminal tras realizar expresiones críticas en contra de los
jueces
de
la
atribuyéndoles
sala
el
de
atraso
lo
criminal
en
los
de
casos
su
distrito,
criminales
y
acusándolos de ineficientes y perezosos.
En aquella ocasión una mayoría del Tribunal dejó sin
efecto la convicción impuesta al concluir que el estatuto en
cuestión era inconstitucional a la luz de lo establecido en
New
York
Times
v.
Sullivan,
ante.18
Al
así
resolver,
el
______________________________
por los Cánones de Ética Profesional por lo que está
impedido de realizar expresiones que tiendan a afectar la
confianza pública en el sistema de justicia.
17
En este caso, aunque no hubo una opinión de mayoría, el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó una suspensión
de un año impuesta a una abogada que realizó expresiones
críticas en contra de una legislación federal sobre
conspiración e increpó al gobierno sobre los métodos
utilizados durante el procesamiento de sus clientes y el
manejo de los casos ante los tribunales. Aunque la abogada
no mencionó a ningún Juez por su nombre, hizo alusión a un
caso en específico que estaba en proceso ante los
tribunales. Al revocar la medida disciplinaria impuesta a la
abogada, el Tribunal expresó que la prueba presentada no
demostró que las expresiones fueran realizadas con la
intención de impugnar la credibilidad o atacar la integridad
del juez que presidía los procedimientos.
18
A diferencia de la regla establecida en New York Times Co.
v. Sullivan, ante, donde se establece una norma absoluta a
favor de la verdad como defensa, en este caso el estatuto
28
AB-2007-55
Tribunal concluyó que la norma establecida en el referido
caso con relación a remedios civiles por difamación --la
cual
exige
que
tratándose
de
críticas
a
funcionarios
públicos, se pruebe que las expresiones fueron realizadas
con conocimiento de su falsedad o con grave menosprecio de
si la expresión era o no falsa-- es igualmente aplicable a
casos en los que se impone una sanción criminal.19 A esos
efectos, el Tribunal expresó:
We held in New York Times that a public official
might be allowed the civil remedy only if he
establishes that the utterance was false and that
it was made with knowledge of its falsity or in
reckless disregard of whether it was false or
true. The reasons which led us so to hold in New
York Times, 376 U.S., at 279-280, apply with no
less force merely because the remedy is criminal.
The
constitutional
guarantees
of
freedom
of
expression compel application of the same standard
to the criminal remedy. Truth may not be the
subject of either civil or criminal sanctions
where discussion of public affairs is concerned.
And since “. . . erroneous statement is inevitable
in free debate, and . . . it must be protected if
the freedoms of expression are to have the
‘breathing space’ that they ‘need . . . to
survive’ . . . ,” 376 U.S., at 271-272, only those
false statements made with the high degree of
awareness of their probable falsity demanded by
New York Times may be the subject of either civil
or criminal sanctions.
______________________________
sólo la permitía cuando la expresión era publicada
buenos motivos y con propósitos justificables.
19
con
Debe llamarse la atención al hecho de que en este caso no
se presentó, ni el Tribunal lo abordó, el asunto desde el
punto de vista ético. Ello no obstante, y como veremos más
adelante, varias jurisdicciones estatales han aplicado esta
normativa a casos en que se imputan violaciones éticas a
abogados por expresiones realizadas en contra del sistema de
tribunales o de sus magistrados.
29
AB-2007-55
Sobre
este
mismo
tema,
en
el
año
1985
el
Tribunal
Supremo de los Estados Unidos resolvió el caso In re Snyder,
472 U.S. 634 (1985). En este caso dicho Tribunal revocó una
suspensión de seis meses impuesta a un abogado que envió una
enérgica
comunicación
a
la
secretaria
de
un
juez
del
Tribunal de Circuito de Apelaciones para el Octavo Circuito.
En
su
comunicación
observado
por
el
el
abogado
tribunal
al
criticó
el
administrar
procedimiento
la
Ley
sobre
Justicia Criminal y solicitó que se le eliminara de las
listas
de
abogados
de
oficio
de
esa
jurisdicción.20
En
aquella ocasión el Tribunal entendió que las críticas del
abogado en contra de la administración de esta ley no era
20
La carta leía, en parte, como sigue:
In the first place, I am appalled by the amount
of money which the federal court pays for
indigent criminal defense work. The reason that
so few attorneys in Bismarck accept this work is
for that exact reason. We have, up to this
point, still accepted the indigent appointments,
because of a duty to our profession, and the
fact that nobody else will do it.
Now, however, not only are we paid an amount of
money which does not even cover our overhead,
but we have to go through extreme gymnastics
even to receive the puny amounts which the
federal courts authorize for this work. We have
sent you everything we have concerning our
representation, and I am not sending you
anything else. You can take it or leave it.
Further, I am extremely disgusted by the
treatment of us by the Eighth Circuit in this
case, and you are instructed to remove my name
from the list of attorneys who will accept
criminal indigent defense work. I have simply
had it.
Thank you for your time and attention.
30
AB-2007-55
causa suficiente para imponer una medida disciplinaria. Al
fundamentar su determinación, el Tribunal expresó:
However, even assuming that the letter exhibited
an unlawyerlike rudeness, a single incident of
rudeness or lack of professional courtesy --in
this context-- does not support a finding of
contemptuous or contumacious conduct, or a finding
that a lawyer is “not presently fit to practice
law in the federal courts.” Nor does it rise to
the level of “conduct unbecoming a member of the
bar” warranting suspension from practice. (Énfasis
suplido.)
Es de notar que, aun cuando el Tribunal rehusó discutir
formalmente
las
posibles
implicaciones
de
la
Primera
Enmienda --argumento que fue presentado por el abogado como
una de sus
defensas-- aprovechó la ocasión para expresarse
sobre el asunto, al señalar:
As an officer of the court, a member of the bar
enjoys singular powers that others do not
possess; by virtue of admission, members of the
bar share a kind of monopoly granted only to
lawyers. … The license granted by the court
requires
members
of
the
bar
to
conduct
themselves in a manner compatible with the role
of courts in the administration of justice.
A seis años de emitida esta Opinión el Tribunal Supremo
de los Estados Unidos retomó el tema, pero esta vez en el
contexto
de
expresiones
abogados
con
relación
públicas
realizadas
por
los
casos
pendientes
ante
los
a
tribunales. Gentile v. State Bar of Nevada, 501 U.S. 1030
(1991).
hacer
En
esta
expresiones
ocasión
a
la
el
abogado
prensa
fue
sobre
disciplinado
un
caso
por
criminal
31
AB-2007-55
pendiente de juicio en el que éste representaba al acusado.21
Al
sostener
la
sanción
impuesta,
el
Tribunal
Supremo
de
Nevada había determinado que el abogado “knew or reasonably
should
have
known
that
his
comments
had
a
substantial
likelihood of materially prejudicing the adjudication of his
client’s case.”
Ante
abogado
el
Tribunal
argumentó
que
Supremo
de
en
tipo
este
los
Estados
de
caso
Unidos
la
el
Primera
Enmienda requiere que se cumpla con un estándar más estricto
al determinar si se impone o no una medida disciplinaria.
Éste propuso el estándar de “clear and present danger of
actual prejudice or an imminent threat”.
Al rechazar la
contención del abogado, la Mayoría del Tribunal expresó:
Even in an area far from the courtroom and the
pendency of a case, our decisions dealing with a
lawyer's right under the First Amendment to
solicit business and advertise, contrary to
promulgated rules of ethics, have not suggested
that
lawyers
are
protected
by
the
First
Amendment to the same extent as those engaged in
other businesses. In each of these cases, we
engaged in a balancing process, weighing the
State's
interest
in
the
regulation
of
a
specialized profession against a lawyer's First
Amendment interest in the kind of speech that
was at issue. These cases recognize the longestablished principle stated in In re Cohen, 7
N.Y.2d 488, 495, 166 N.E.2d 672, 675, 199
N.Y.S.2d 658 (1960): “Appellant as a citizen
could not be denied any of the common rights of
citizens. But he stood before the inquiry and
before the Appellate Division in another quite
21
Durante la conferencia el abogado aseguró que la evidencia
en su poder demostraba la inocencia de su representado,
adelantó
información
relacionada
con
la
defensa
de
corrupción policiaca a ser presentada en el juicio y realizó
serias imputaciones en contra de los testigos del estado.
32
AB-2007-55
different capacity, also. As a lawyer he was ‘an
officer of the court, and, like the court
itself, an instrument . . . of justice . . . .’”
Gentile v. State Bar of Nevada, ante, a la pág.
1073. (Citas omitidas y énfasis suplido.)
A renglón seguido, el Tribunal expresó:
We think that the quoted statements from our
opinions in In re Sawyer, 360 U.S. 622, 3 L. Ed.
2d 1473, 79 S. Ct. 1376 (1959), and Sheppard v.
Maxwell, supra, rather plainly indicate that the
speech
of
lawyers
representing
clients
in
pending cases may be regulated under a less
demanding standard than that established for
regulation of the press in Nebraska Press Assn.
v. Stuart, 427 U.S. 539, 49 L. Ed. 2d 683, 96 S.
Ct. 2791 (1976), and the cases which preceded
it. Lawyers representing clients in pending
cases are key participants in the criminal
justice system, and the State may demand some
adherence to the precepts of that system in
regulating their speech as well as their
conduct. We conclude that the “substantial
likelihood
of
material
prejudice”
standard
applied
by
Nevada
and
most
other
States
satisfies the First Amendment. Gentile v. State
Bar of Nevada, ante, a la pág. 1074. (Énfasis
suplido.)
B
A la luz de las posiciones adoptadas por el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos en torno a este tema, los
tribunales estatales de la jurisdicción norteamericana han
desarrollado
tres
vertientes
principales.22
La
primera
de
estas vertientes, adoptada por los estados de Iowa, Kansas y
Nevada, rechaza la extensión de la protección de la Primera
Enmienda a expresiones de abogados que tiendan a violar
22
William P. Hoye, Silencing the Advocates or Policing the
Profession? Ethical Limitations on the First Amendment
Rights of Attorneys, 38 DRAKE L. REV. 31 (1988).
33
AB-2007-55
estatutos, cánones, reglas disciplinarias o cualquier otra
disposición
que
proscriba
conducta
antiética.23
Bajo
esta
vertiente los tribunales han entendido que es suficiente con
que
la
expresión
automáticamente
se
quede
considere
desprovista
antiética
de
la
para
que
protección
constitucional.24
La segunda vertiente desarrollada sobre este tema surge
de lo resuelto por los foros apelativos de los estados de
West
Virginia,
estados
los
New
York,
tribunales
Texas
han
y
California.25
aplicando
los
En
estos
principios
tradicionales de la Primera Enmienda para determinar si la
23
Véase en general: Iowa Supreme Court Board Of Professional
Ethics And Conduct v. Edward Ronwin, 557 N.W.2d 515,(Iowa
1996); Committee on Legal Ethics & Conduct v. Hurd, 360
N.W.2d 96 (Iowa 1984) (“Our cases make it clear that a
lawyer’s right of free speech does not include the right to
violate the statutes and canons proscribing unethical
conduct. In re Frerichs, 238 N.W.2d 764 (Iowa 1976); In re
Glenn, 256 Iowa 1233 (1964); In re Lacey, 283 N.W.2d 250
(S.D. 1979); State v. Russell, 227 Kan. 897, 610 P.2d 1122,
cert. denied 449 U.S. 983, 101 S. Ct. 400, 66 L. Ed. 2d 245
(1980); In re Johnson, 240 Kan. 334, 729 P.2d 1175 (1986),
(“Upon admission to the bar of this state, attorneys assume
certain duties as officers of the court. Among the duties
imposed upon attorneys is the duty to maintain the respect
due to the courts of justice and to judicial officers. A
lawyer is bound by the Code of Professional Responsibility
in every capacity in which the lawyer acts, whether he is
acting as an attorney or not, and is subject to discipline
even when involved in nonlegal matters, including campaigns
for nonjudicial public office.”); State v. Nelson, 210 Kan.
637, 504 P.2d 211 (1972); In re Raggio, 487 P.2d 499 (Nev.
1971).
24
William P. Hoye, Silencing the Advocates or Policing the
Profession? Ethical Limitations on the First Amendment
Rights of Attorneys, 38 DRAKE L. REV. 31 (1988).
25
Id.
34
AB-2007-55
expresión
en
controversia
está
o
no
protegida
constitucionalmente.26 De esta forma se ha entendido que las
expresiones
críticas
tribunales,
protegidas
sus
por
de
los
abogados
procedimientos
la
Primera
en
o
Enmienda
contra
de
los
magistrados
están
menos
éstas
a
que
representen “a serious and imminent threat to the fairness
and integrity of the judicial system.”27 Bajo esta vertiente
se ha entendido que aun los ataques personales realizados
por
abogados
en
contra
de
los
jueces
u
oficiales
del
tribunal están protegidos por la Primera Enmienda a menos
que estos sean realizados con conocimiento de su falsedad o
con grave menosprecio de si la expresión era o no falsa.28
Los tribunales que han adoptado esta vertiente aplican
el
estándar
de
“malicia
real”
de
New
York
Times
Co.
v.
Sullivan, ante, --o una variación de éste-- para determinar
si
la
expresión
en
cuestión
constitucional.29
De
esta
es
forma,
acreedora
si
se
de
protección
concluye
que
las
26
In re Maloney, 949 S.W.2d 385, 387 (1997); Committee on
Legal Ethics of W. Va. State Bar v. Douglas, 370 S.E. 2d
325, 332 (W. Va. 1988);
Ramirez v. State Bar, 28 Cal. 3d
402 (1980); Baker v. Monroe County Bar Ass’n, 34 A.D.2d 229,
311 N.Y.S.2d 70 (1970); State Bar v. Semaan, 508 S.W.2d 429
(Tex. Civ. App. 1974).
27
Committee on Legal Ethics of W. Va. State Bar v. Douglas,
370 S.E. 2d 325, 332 (W. Va. 1988).
28
29
Id.
United States District Court v. Sandlin, 12 F.3d 861, 867
(9th Cir. 1993); In re Petition for Disciplinary Action
Against Graham, 453 N.W.2d 313, 320-21 (Minn. 1990); State
Bar v. Semaan, 508 S.W.2d 429, 432-33 (Tex. Civ. App. 1974);
35
AB-2007-55
expresiones
fueron
realizadas
maliciosamente,
bajo
este
estándar no existiría protección y procedería, por lo tanto,
la imposición de la
medida disciplinaria.
Una de las variaciones de esta segunda vertiente surge
de lo resuelto por varios foros apelativos los cuales han
rechazado la aplicación del estándar subjetivo de “malicia
real” desarrollado en New York Times Co. V. Sullivan, ante,
y han optado por un estándar más objetivo donde se analiza
el especto de la malicia desde el punto de vista de un
“abogado
razonable”,
funciones
considerado
profesionales,
circunstancias.
Standing
ante
a
la
las
Committee
luz
de
mismas
o
on
todas
sus
similares
Discipline
of
the
United States District Court for the Central District of
California v. Stephen Yagman, 55 F.3d 1430, 1437 (9no.Cir.
1995); United States Dist. Court v. Sandlin, 12 F.3d 861,
867 (9no.Cir. 1993); Matter of Westfall, 808 S.W.2d 829, 837
(Mo.), cert. denegado, 116 L. Ed. 2d 665, 112 S. Ct. 648
(1991). Así, pues, bajo el estándar objetivo procedería la
sanción
disciplinaria
mismas
o
similares
sólo
si
se
circunstancias
demuestra
un
que
“abogado
ante
las
razonable”
podría considerar falsas las expresiones realizadas. Por el
contrario,
bajo
la
versión
demostrarse
que,
en
efecto,
subjetiva
el
abogado
sólo
conocía
tiene
sobre
que
la
falsedad de sus expresiones o que las realizó sin reparar en
______________________________
Committee on Legal Ethics of W. Va. State Bar v. Douglas,
370 S.E. 2d 325, 332 (W. Va. 1988).
36
AB-2007-55
el riesgo de que fueran o no falsas. Angela Butcher & Scott
Macbeth,
Lawyers’
Interests
to
Comments
Ensure
a
About
Sound
Judges:
A
Balancing
17 Geo.
Judiciary,
J.
of
Legal
Ethics 659, 668 (2004).
Otra
variable
norteamericanos
dicotomía
a
introducida
esta
segunda
hecho/opinión.
por
los
vertiente
es
Sobre
este
tribunales
la
particular
llamada
se
ha
resuelto que, como regla general, las opiniones expresadas
por
los
abogados
disciplinarias
susceptibles
bajo
de
están
el
protegidas
fundamento
de
falsas.30
Esta
probarse
de
que
sanciones
éstas
no
interpretación
son
ha
sido ampliamente criticada en distintos foros por entenderse
que se aparta de los precedentes establecidos e ignora la
política
pública
limitaciones.
que
Caprice
L.
intenta
protegerse
con
Roberts,
Standing
Committee
Discipline
v.
Yagman:
Missing
Restrictions
on
Attorney
Criticism
the
of
Point
the
of
estas
of
Ethical
Judiciary?,
54
Wash. & Lee L. Rev. 817, 854 (1997).31
30
Standing Committee on Discipline of the United States
District Court for the Central District of California v.
Stephen Yagman, 55 F.3d 1430, 1437 (9no.Cir 1995); In re
Green, 11 P.3d 1078, 1084 (Colo. 2000). Véase, además:
Angela Butcher & Scott Macbeth, Lawyers’ Comments About
Judges: A Balancing of Interests to Ensure a Sound
Judiciary, ante a la pág. 675.
31
En este contexto se ha expresado:
“In reversing sanctions against Yagman, the
Ninth Circuit departed from attorney discipline
precedent that has sanctioned attorneys for
criticizing the judiciary in a manner that
damages the legal profession’s reputation,
37
AB-2007-55
La tercera vertiente desarrollada por los tribunales
estatales norteamericanos, al analizar controversias de este
tipo, consiste en realizar un balance entre los intereses en
conflicto:
expresión
por
de
un
los
lado,
el
derecho
abogados
y
por
el
a
la
libertad
de
otro
el
interés
del
Estado en mantener la integridad del sistema de justicia.32
De esta forma, se ha resuelto que si se demuestra que el
Estado tiene un interés apremiante en regular la expresión
en
controversia,
Enmienda
cede
entonces
ante
este
la
protección
interés
y
de
procedería
la
la
Primera
medida
______________________________
taints
the
judiciary’s
appearance
of
impartiality,
or
interferes
with
the
administration of justice. Although courts have
consistently
determined
that
the
policy
interests supporting the restrictions warrant
the limitation of rights, the Ninth Circuit
applied the First Amendment to shield Yagman
from sanctions as if he were not a member of a
profession
that
bears
special
obligations. If other circuits follow the Ninth
Circuit’s treatment of the attorney criticism
issue, attorneys will have a powerful defense to
ethical restrictions on speech, and the legal
profession’s reputation and the administration
of justice may suffer accordingly.” Véase:
Caprice
L.
Roberts,
Standing
Committee
of
Discipline v. Yagman: Missing the Point of
Ethical Restrictions on Attorney Criticism of
the Judiciary?, 54 Wash. & Lee L. Rev. 817, 854
(1997).
32
Véase en general: State ex rel. Counsel for Discipline v.
Beach, 722 N.W.2d 30 (Neb. 2006); In re Landrith, 280 Kan.
619, 124 P.3d 467 (Kan. 2005); Kentucky Bar Asso. v.
Heleringer, 602 S.W.2d 165 (Ky. 1980); State ex rel.
Nebraska State Bar Asso. v. Michaelis, 316 N.W.2d 46 (Neb.
1982); State v. Russell, 227 Kan. 897, 610 P.2d 1122 (1980);
In re Riley, 142 Ariz. 604, 691 P.2d 695 (1984). William P.
Hoye, Silencing the Advocates or Policing the Profession?
Ethical Limitations on the First Amendment Rights of
Attorneys, ante.
38
AB-2007-55
disciplinaria. Por el contrario, y como era de esperarse, en
ausencia de este interés apremiante, prevalece el derecho a
la libertad de expresión de los miembros del foro, quedando
protegidos
de
cualquier
medida
disciplinaria
que
se
relacione con la expresión realizada.
VI
Dentro
del
marco
doctrinal
previamente
esbozado,
pasamos a atender los planteamientos presentados ante este
Tribunal por el Secretario Sánchez Ramos.
En su escrito el Secretario sostiene que el presente
procedimiento
disciplinario
Enmienda
la
de
está
Constitución
vedado
federal.
por
En
la
Primera
apoyo
a
su
contención cita los casos de Garrison v. State of La., ante;
New York Times Co. v. Sullivan, ante, y Old Dominion Branch
No. 496 v. Austin, 418 U.S. 264 (1974), al sostener que la
expresión crítica sobre el funcionamiento gubernamental no
puede
ser
sancionada
a
menos
que,
siendo
susceptible
de
probarse falsa, en efecto se pruebe que dicha expresión es
falsa y que ha sido hecha con pleno conocimiento o en grave
menosprecio de su falsedad.33
Asimismo, el Secretario Sánchez Ramos argumenta que “la
norma
sentada
en
New
York
Times
Co.
v.
Sullivan
y
su
progenie sólo permite sancionar expresiones críticas sobre
33
Véase: Moción de Desestimación presentada por el Lcdo.
Roberto José Sánchez Ramos a la pág. 4.
39
AB-2007-55
el
funcionamiento
gubernamental
si
éstas
son,
en
efecto,
falsas…” y nos reitera que “no resulta posible sancionar
aquellas
cuya
verificada.”34
citando
con
veracidad
o
falsedad
original.)
(Énfasis
en
el
aprobación
los
casos
no
pueda
ser
Finalmente,
y
Committee
on
Standing
Discipline of U.S. Dist. Court v. Yagman, ante, y Rinaldi v.
Holt, Rinehart & Winston, Inc., 366 N.E.2d 1299 (N.Y. 1977),
Sánchez
Ramos
sostiene
que
“cuando
la
expresión
sea
susceptible de probarse falsa (esto es, cuando no se trate
de
una
opinión
designado
subjetiva),
probar,
en
el
compete
al
ente
procedimiento
acusador
disciplinario
correspondiente, que la expresión vertida por el abogado es,
en
efecto,
conocimiento,
falsa,
y
o
grave
en
que
ha
sido
menosprecio
hecha
con
de
falsedad.”35
su
pleno
(Énfasis en el original).
De entrada, debemos puntualizar que la tesis elaborada
por
el
Secretario
desestimación,
no
es
Sánchez
tan
Ramos
persuasiva
en
su
moción
como
parece
ser
de
de
primera impresión. En primer lugar, debe señalarse que los
casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos citados por
el
Secretario
tratan
más
bien
de
pronunciamientos
relacionados con sanciones civiles o criminales que fueron
resueltos sin precisar en los aspectos éticos o
34
Véase: Moción de Desestimación presentada por el Lcdo.
Roberto José Sánchez Ramos a la pág. 6.
35
Véase: Moción de Desestimación presentada por el Lcdo.
Roberto José Sánchez Ramos a la pág. 12.
40
AB-2007-55
deontológicos que hoy tenemos ante nuestra consideración.
Hay
que
mantener
presente
que
tampoco
nos
obligan
los
precedentes jurisprudenciales de estados norteamericanos que
utiliza
el
Secretario
Sánchez
Ramos
para
exponer
los
criterios que, según argumenta, se deben probar.
Según
expusiéramos
al
inicio
de
esta
Opinión,
desde
hace varias décadas, en nuestra jurisdicción existen pautas
claras y específicas que nos guían en la delicada y difícil
labor
de
evaluar
la
legitimidad
de
las
expresiones
que
realizan los abogados en contra del sistema de justicia o de
sus
magistrados.
Como
primer
postulado
básico
hemos
reconocido que la crítica, sana y respetuosa, al sistema
judicial constituye un interés legítimo constitucional que
este Tribunal está obligado a proteger. La única limitación
impuesta por este Tribunal a este libre fluir de ideas ha
sido
el
respeto
y
la
consideración
que
debe
tener
todo
abogado hacia el sistema de justicia, sus tribunales y sus
jueces.
Como señaláramos anteriormente, en el caso en que un
abogado hace manifestaciones contra un juez que, de su faz,
parecen transgredir
los Cánones de Ética Profesional36, es
de fundamental importancia determinar, en primer lugar, si
las expresiones o imputaciones fueron sustanciadas por el
abogado o si existen motivos fundados para creer en lo
36
A manera de ejemplo, manifestaciones en que se le imputa a
un juez en particular haber actuado con deshonestidad,
prejuicio, pasión y parcialidad, entre otras.
41
AB-2007-55
expresado por éste. Únicamente en la situación de que este
Tribunal
entienda
que
las
expresiones
cumplen
con
este
primer parámetro debemos pasar entonces, al análisis de los
demás
criterios,
a
saber:
(i)
si,
aunque
equivocado,
el
abogado creía en la validez de las imputaciones al juez;
(ii) si aunque los hechos no eran ciertos, tenía motivos
fundados o causa probable para creer en su veracidad, y
(iii) si la imputación no fue hecha maliciosamente
propósito
deliberado
de
con
el
denigrar al tribunal.37 In re
Cardona Álvarez, ante, a las págs. 905-06.
Por el contrario, una determinación a los efectos de
que
el
abogado
realizó
las
crudas
imputaciones
sin
sustanciarlas o sin tener el más mínimo motivo fundado para
ello,
debería
ser
mayor
análisis--
motivo
que
se
suficiente
han
para
infringido
concluir
los
--sin
postulados
establecidos en los Cánones 9 y 38 de Ética Profesional.38
37
Esta normativa es enteramente compatible con la esbozada
para este tipo de expresión en los casos New York Times Co.
v. Sullivan, ante, y Garrison v. State of La., ante.
Para realizar este análisis es indispensable que se
realice una determinación preliminar sobre la veracidad o
falsedad de lo aseverado. En el caso de que se determine
que, en efecto, se trata de una expresión falsa procederá,
entonces, analizar del conocimiento de esta falsedad y si la
expresión se realizó con grave menosprecio de si la misma
era o no falsa.
38
Esto es, al abogado haber fallado en “observar con los
tribunales una conducta que se caracterice por el mayor
respeto” y al fallar en dar el esfuerzo, “al máximo de su
capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su
profesión”, respectivamente.
42
AB-2007-55
Al evaluar el presente caso a la luz de la normativa
antes
expuesta
nos
parece
evidente
que
estamos
ante
el
último de estos supuestos. Las expresiones realizadas por el
Secretario Sánchez Ramos están desprovistas de fundamentos y
fueron realizadas sin señalar ni sustanciar ninguna de las
críticas
realizadas,
determinación
de
no
basándose,
causa.
únicamente,
Llana,
y
en
sencillamente,
una
le
imputó, no sólo al sistema de justicia sino, además, y de
forma directa, a los magistrados involucrados, haber actuado
con una “doble vara” debido a la situación particular del
acusado Rosselló González.
Las expresiones del Secretario realmente no están, de
forma
alguna,
relacionadas
con
algún
hecho,
incidente,
alegación o cuadro fáctico que nos permita, ni tan siquiera
analizar
los
motivos
fundados
aseverado
o
evaluar
la
expresiones.
Tampoco
en
que
tuvo
falsedad
sus
o
para
expresar
veracidad
comparecencias
el
de
lo
sus
Secretario
Sánchez Ramos nos pone en posición de evaluar los elementos
de prueba requeridos en este tipo de caso, pues se limita a
alegar que lo expresado es una “opinión subjetiva” que no es
susceptible de probarse falsa. Bajo esta premisa, y citando
nuevamente
jurisprudencia
relacionada
a
casos
civiles
de
______________________________
Naturalmente,
y
dependiendo
de
las
circunstancias
particulares
del
caso,
deberá
señalarse
una
vista
evidenciaria, de ser procedente y de ser solicitada. En este
caso la vista es innecesaria en virtud de la posición
asumida por el Secretario a los efectos de que lo expresado
por él es una opinión subjetiva que no es susceptible de
probarse falsa. ¿Para qué, entonces, la vista?
43
AB-2007-55
difamación39 y pronunciamientos emitidos por los tribunales
estatales norteamericanos, el Secretario argumenta que “no
resulta
posible
sancionar
aquellas
expresiones
cuya
veracidad o falsedad no pueda ser verificada.” Añade que
“…bajo la Primera Enmienda, existe completa inmunidad cuando
la expresión vertida meramente expone una opinión subjetiva,
en lugar de hechos verificables.”
Rechazamos, enérgicamente, la adopción de una norma de
este
tipo
en
nuestra
necesariamente
la
deontológicos
que
legal
en
jurisdicción.
abdicación
por
Puerto
total
décadas
Rico.
han
Aunque
Hacerlo
implicaría
de
principios
los
regulado
la
profesión
reafirmamos
nuestros
pronunciamientos a los efectos de que el respeto hacia los
tribunales,
y
su
exaltación
como
uno
de
los
postulados
deontológicos más hermosos, no implica el establecimiento de
una censura o mordaza previa --y que la crítica constructiva
a
la
labor
reiteramos
críticas
judicial
nuestra
deben
fundamentadamente
siempre
posición
ser
y
es
a
no
y
necesaria-que
los
efectos
de
de
manera
respetuosa
y
estamos
en
disposición
de
realizadas
que
bienvenida
estas
permitir que se traspasen los límites de la civilidad y
corrección que exigen nuestros Cánones de Ética Profesional.
A tono con lo anterior, conviene recordar lo expresado
por este Tribunal --en ocasión de resolver el caso In re
Pagán, ante, a la pág. 112--
a los efectos de que la
39
v.
Old Dominion
(1974).
Branch
No.
496
Austin,
418
U.S.
264
44
AB-2007-55
búsqueda
de
la
justicia
no
justifica
medios
reprobables.
Expresamos entonces: “Por sincero que fuera el sentimiento
del
[abogado]
en
cuanto
a
los
méritos
de
su
causa
e
incorrección del magistrado [que atendió la misma], ello no
le
daba
derecho
selectivamente
[al
abogado]
hiriente
el
a
curso
desafiar
con
procesal
lenguaje
normal.
La
administración de la justicia del país se vería sumergida en
el peligroso mar de los personalismos de prosperar la tesis
que [se] nos propone.”
Aceptar la posición del Secretario Sánchez Ramos, por
el
mero
Justicia
hecho
de
de
provenir
la
Puerto
Rico,
nos
misma
del
llevaría,
Secretario
de
ciertamente,
a
incurrir en la alegada práctica o patrón de conducta que
sorprendentemente
expresiones
del
sirvió
de
Secretario
base
Sánchez
a
las
Ramos,
infortunadas
esto
es,
la
utilización de una “doble vara” para juzgar a unos y a otros
abogados.
VII
No obstante todo lo anteriormente expresado, somos del
criterio que un análisis sereno de la situación hoy ante
nuestra consideración inclina la balanza hacia el archivo y
sobreseimiento de la queja presentada contra el Secretario
Roberto José Sánchez Ramos.
En primer lugar, de un examen de la totalidad de las
circunstancias,
resulta
obvia
la
honesta
creencia
del
Secretario en la legitimidad de sus manifestaciones y, por
45
AB-2007-55
tanto, la ausencia total de malicia de éste al realizarlas.
Véase: In re Cardona Alonso, ante.
Si
a
ello
le
añadimos
que
se
trata
de
unas
manifestaciones realizadas en el furor del momento respecto
a un caso que había captado la atención pública y que las
mismas constituyen un solitario y único incidente, In re
Snyder, ante, dentro de un distinguido historial de servicio
público, quedamos plenamente convencidos de que es correcto
el
resultado
al
que
llega
la
mayoría
del
Tribunal
--de
ordenar el archivo y sobreseimiento de la queja-- aun cuando
por fundamentos que entendemos erróneos.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado