Tribunal Supremo de Puerto Rico
San Gerónimo Caribe Project, Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc. v. ELA y otros
2008 TSPR 129
Poder Judicial de Puerto Rico
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San Gerónimo Caribe Project, Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc. v. ELA y otros
CT-2008-0004
Derechos Reales- Terrenos ganados al mar. Bienes de dominio público
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
San Gerónimo Caribe Project,
Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc.
Apelados-Peticionarios
Certificación
v.
2008 TSPR 129
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, representado por
el Secretario de Justicia;
Junta de Planificación
representada por su
Presidente; Administración de
Reglamentos y Permisos
representada por su
Administrador, Departamento
de Recursos Naturales y
Ambientales representado por
su Secretario
174 DPR ____
Apelantes-Recurridos
Hilton International of Puerto
Rico, Inc.; Hotel Development
Corp.
Demandados
Número del Caso: CT-2008-4
Fecha: 31 de julio de 2008
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Jaime Sifre Rodríguez
Lcdo. José Juan Torres Escalera
Lcdo. José A. Cepeda Rodríguez
Lcdo. José A. Cuevas Segarra
Lcdo. Luis Sánchez Betances
Lcdo. Adrian Sanchez Pagán
Lcdo. Steven C. Lausell
Abogado de la Parte Demandada:
Lcdo. Roberto Boneta Carrión
Lcdo. Jorge A. Fernández Reboredo
Lcda. María Teresa Figueroa
Lcdo. Edgardo L. Rivera Rivera
Lcdo. Nelson J. Santiago Marrero
CT-2008-04
2
Colegio de Abogados de Puerto Rico:
Lcda. Celina Romany Siaca
Presidenta
Lcdo. Luis E. Colón Ramery
Presidente
Instituto del Notariado Puertorriqueño
Lcdo. Osvaldo Toledo Martínez
Lcdo. Ángel Alicea Parés
Lcdo. Israel Pacheco Acevedo
Lcdo. Héctor Torres Vilá
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Luis José Torres Asencio
Procurador General Auxiliar
Lcdo. Pedro J. Cabán Vales
Procurador General Auxiliar
Materia: Certificación
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones
del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un
servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
San Gerónimo Caribe Project,
*
Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc. *
*
Apelados-Peticionarios
*
*
v.
*
*
*
Estado Libre Asociado de
*
Puerto Rico, representado por
*
el Secretario de Justicia;
*
Junta de Planificación
*
representada por su
*
Presidente; Administración de
*
Reglamentos y Permisos
*
representada por su
*
Administrador, Departamento
*
de Recursos Naturales y
*
Ambientales representado por
*
su Secretario
*
*
Apelantes-Recurridos
*
*
Hilton International of Puerto
*
Rico, Inc.; Hotel Development
*
Corp.
*
*
Demandados
*
***********************************
CT-2008-04
Certificación
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente SEÑOR
HERNÁNDEZ DENTON
San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008.
En
esta
ocasión,
nos
corresponde
resolver
una
controversia que trasciende las particularidades fácticas del
caso de epígrafe. En esencia, debemos determinar si ciertos
terrenos ganados al mar mediante rellenos realizados en la
entrada de la Isleta de San Juan a mediados del siglo pasado
–sobre los cuales actualmente se erige parte del proyecto de
desarrollo mixto comúnmente conocido como Paseo Caribe- son
bienes privados o de dominio público.
Al resolver dicha interrogante, tenemos presente que las
obras
de
relleno
en
controversia
formaron
parte
de
una
CT-2008-04
2
política urbanista promovida por el Estado durante la primera
mitad del siglo XX que resultó en la modificación de una
tercera parte del litoral de San Juan y en el asentamiento de
diversas zonas históricas del área metropolitana, tales como
Puerta de Tierra, Barrio Obrero, Isla Verde, Sabana, Amelia,
Ocean Park, Isla Grande, Juana Matos y el Condado. No cabe
duda que la clasificación dominical que hoy le otorguemos a
las tierras objeto de este pleito tendrá serias consecuencias
sobre los derechos propietarios y la seguridad jurídica de
las miles de familias que habitan en esas comunidades de San
Juan y de otras partes de Puerto Rico con un tracto similar,
pues gran parte de éstas también se cimentaron sobre terrenos
ganados al mar.
Luego de analizar el derecho aplicable, concluimos que
al
momento
suficiente
de
realizarse
cumplir
con
un
los
mencionados
esquema
rellenos
administrativo
para
era
la
desafectación de los terrenos ganados al mar. Toda vez que
las agencias competentes autorizaron a título de dominio las
obras de relleno realizadas en el Coast Guard Parcel en el
año 1941 y en el Condado Bay Parcel en la década de los
cincuenta,
resolvemos
patrimoniales
que
susceptibles
dichos
de
predios
apropiación
son
bienes
particular.
En
vista de que no se desprende de los autos que se presentara
prueba sobre error o fraude en la concesión de los permisos
correspondientes, y dado que San Gerónimo Caribe Project,
Inc.
es
el
titular
de
los
referidos
terrenos
privados,
confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal de Primera
Instancia.
CT-2008-04
3
I
La
controversia
de
autos
surgió
principalmente
como
consecuencia de la publicación de la Opinión del Secretario
de Justicia de 11 de diciembre de 2007, Consulta Núm. 07-130B.
En
esa
Opinión,
dicho
funcionario
concluyó
que
los
terrenos ganados al mar son, como mínimo y desde hace siglos,
bienes de dominio público, por lo que no son susceptibles de
enajenación
sin
una
autorización
legislativa
expresa.1
En
atención a dicha tesis, éste le hizo varias recomendaciones a
las
agencias
relativo
a
concernidas
los
permisos
para
que
otorgados
reevaluaran
a
San
todo
Gerónimo
lo
Caribe
Project, Inc. (en adelante, SGCP) para la construcción y el
desarrollo del Proyecto Paseo Caribe.
En
vista
Secretario
de
de
las
Justicia
recomendaciones
en
la
referida
vertidas
Opinión,
el
por
el
14
de
diciembre de 2007 la Junta de Planificación de Puerto Rico
emitió una Resolución relacionada a la Consulta de Ubicación
Núm. 99-79-0155-JPU sobre el Proyecto Paseo Caribe. En dicha
Resolución, la Junta expresó que a raíz de la Opinión del
Secretario de Justicia habían surgido ciertas interrogantes
sobre la titularidad de los predios en los que ubica el
proyecto. Por consiguiente, dicha agencia le ordenó a las
partes afectadas expresarse sobre la Opinión citada en el
término de cinco (5) días.
1
Esta Opinión contrasta con una opinión anterior del
Secretario de Justicia que sostenía que los terrenos ganados
al mar en los predios en que ubica el Proyecto Paseo Caribe
eran bienes patrimoniales. Op. Sec. Just. Núm. 19 (2002).
Asimismo, se revocó una opinión anterior del Secretario de
Justicia que concluía que la playa del Hotel Caribe Hilton
era de naturaleza privada. Op. Sec. Just. de 25 de noviembre
de 1970 (no publicada).
CT-2008-04
4
Del mismo modo, la Junta le ordenó al Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales que realizara y presentara
un nuevo deslinde para establecer la zona marítimo-terrestre
de forma consistente con la nueva interpretación legal del
Secretario
de
Justicia.
Por
último,
le
requirió
a
la
Administración de Reglamentos y Permisos (en adelante, ARPE)
que tomara las medidas cautelares necesarias para implantar
las recomendaciones de dicho funcionario.
Ese
mismo
día,
ARPE
emitió
una
“Orden
para
Mostrar
Causa” dirigida a SGCP. En dicha orden, ARPE dispuso para la
celebración de una vista en la cual SGCP tendría que “mostrar
causa por la cual no se debe dictar una orden dejando en
suspenso los permisos y decretando la paralización de las
obras de construcción […] por un término de sesenta días”.
Así las cosas, y ante la incertidumbre ocasionada por la
Opinión del Secretario de Justicia y las actuaciones de las
agencias
administrativas
mencionadas,
SGCP
y
First
Bank
Puerto Rico, Inc. (en adelante, First Bank) presentaron ante
el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,
una demanda de sentencia declaratoria contra el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico y otras partes indispensables el 19
de diciembre de 2007. En dicho recurso, SGCP y First Bank -como
acreedor
litigio--
de
varias
solicitaron
al
hipotecas
foro
de
sobre
los
instancia,
bienes
entre
en
otras
cosas, que declarase que la porción de los terrenos ganados
CT-2008-04
5
al mar que está dentro de las fincas registrales de SGCP con
relación al Proyecto Paseo Caribe no son de dominio público.2
En
oposición,
el
Estado
reprodujo
la
teoría
legal
esbozada por el Secretario de Justicia en la referida Opinión
y sostuvo que los terrenos ganados al mar en donde radica
parte del Proyecto Paseo Caribe son, como mínimo, bienes de
dominio
público.
Asimismo,
adujo
que
todos
los
actos
de
dominio ejercidos por el Estado y por las partes sobre dichos
predios adolecen de nulidad, dado que los bienes de dominio
público son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Tras la celebración de una vista, las partes presentaron
un escrito titulado “Estipulaciones de hechos que no están en
controversia”. En dicho documento se estipuló específicamente
que las partes coincidían “en que la controversia de umbral a
ser
resuelta
en
el
caso
de
epígrafe
es
si
los
terrenos
ganados al mar objeto de controversia son o no de dominio
público, la cual claramente es una controversia de derecho”.
Evaluados
los
planteamientos
Primera
Instancia
Tribunal
de
hacerlo,
resolvió
2
que:
(1)
de
dictó
tanto
la
ambas
partes,
sentencia.
porción
de
Al
el
así
terrenos
En la alternativa, los demandantes solicitaron que se
declarara que los terrenos cuya titularidad fue controvertida
por la Opinión del Secretario de Justicia fueron usucapidos,
por lo que el título obtenido por SGCP es válido. Asimismo,
adujeron que el Estado Libre Asociado está impedido -bajo la
doctrina de cosa juzgada por transacción extrajudicial- de
alegar ahora que cualquier porción del Coast Guard Parcel
nunca dejó de ser de dominio público. En última instancia,
alegaron que SGCP y First Bank son terceros registrales a
quienes no se les puede despojar de sus títulos registrales o
acreencias
hipotecarias
sobre
estos
terrenos
por
las
doctrinas de accesión a la inversa, actos propios y derechos
adquiridos. No obstante, en esta Opinión no atendemos tales
señalamientos, pues la resolución de la controversia de
umbral hace innecesaria su discusión.
CT-2008-04
6
ganados al mar por los Estados Unidos para acrecentar al
Coast Guard Parcel en el año 1941, como los terrenos ganados
al mar por la Compañía de Fomento Industrial para crear el
Condado Bay Parcel en la década de los cincuenta, no son
bienes
de
dominio
público;
y
(2)
SGCP
y
First
Bank
son
terceros registrales en cuanto a los títulos o acreencias
hipotecarias existentes sobre los mismos.
Insatisfecho, y por entender que la mencionada sentencia
era contraria a derecho al no reconocer el carácter demanial
de
los
presentó
terrenos
un
ganados
escrito
al
de
mar,
apelación
el
Procurador
ante
el
General
Tribunal
de
Apelaciones. Acto seguido, SGCP y First Bank presentaron ante
nos un recurso de certificación.
Conscientes de la necesidad de una pronta solución al
presente
caso,
acogimos
la
solicitud
de
certificación
y
concedimos a las partes un término simultáneo para presentar
sus respectivos alegatos. De otra parte, y ante una oportuna
solicitud
para
ello,
autorizamos
la
intervención
del
Instituto de Notariado Puertorriqueño, Inc. del Colegio de
Abogados de Puerto Rico como amicus curiae.
Con el beneficio de la comparecencia de las partes y del
amicus curiae, procedemos a resolver la controversia ante
nuestra consideración.
II
De entrada, y para atender con el cuidado requerido la
presente
controversia,
es
menester
histórico
y
de
los
registral
examinar
terrenos
en
el
donde
trasfondo
ubica
el
Proyecto Paseo Caribe; a saber, los predios conocidos desde
CT-2008-04
7
mediados del siglo pasado como el Coast Guard Parcel y el
Condado Bay Parcel.
Como asunto de umbral, debemos determinar la naturaleza
y la evolución del estado de derecho con relación a los
terrenos
sumergidos
que
fueron
rellenados
y,
por
ende,
ganados al mar para la fecha en que éstos fueron objeto de
compraventas y de transacciones de dominio, tanto por el
gobierno
de
los
Estados
Unidos
como
por
el
Estado
Libre
Asociado de Puerto Rico. El análisis de los antecedentes
históricos
sobre
la
titularidad
de
permitirá
determinar
si
la
resolverse
conforme
al
derecho
tales
controversia
predios
ante
federal,
nos
al
nos
debe
derecho
puertorriqueño o a los preceptos del derecho de propiedad de
ambos sistemas jurídicos. Veamos.
Como es sabido, España y los Estados Unidos de América
suscribieron el Tratado de París para dar fin a la Guerra
Hispanoamericana en diciembre de 1898. En virtud del Artículo
VIII de dicho tratado, todos los terrenos, propiedades y
bienes patrimoniales de la Corona Española en Puerto Rico,
así
como
“los
demás
bienes
inmuebles
que
con
arreglo
a
derecho son de dominio público”, fueron adquiridos por el
gobierno de los Estados Unidos. Art. VIII, Tratado de París,
L.P.R.A., Tomo 1 (Énfasis nuestro). Véase, además, Pueblo v.
Del Valle, 60 D.P.R. 184, 192 (1942).
En ocasiones anteriores, hemos señalado también que al
momento
de
la
firma
de
dicho
navegables
de
Puerto
Rico,
al
tratado
igual
todas
que
los
las
aguas
terrenos
sumergidos bajo éstas, eran bienes sujetos a la soberanía de
CT-2008-04
8
la Corona Española con arreglo al estado de derecho español.
Pueblo v. Dimas, 18 D.P.R. 1061 (1912); Art. 339.1 del Código
Civil español de 1889; Art. 1 de la Ley de Puertos de 1880,
Colección Legislativa de España, Madrid, 1881, t. 124, 2da
parte,
pág.
incluyendo
787.
las
que
Por
tanto,
luego
las
fueron
tierras
objeto
de
sumergidas
relleno
en
–
el
supuesto de las parcelas en controversia-- pasaron al control
y
dominio
de
los
Estados
Unidos
por
mandato
expreso
del
Tratado de París. Dicho tratado, a su vez, surtió el mismo
efecto con respecto al Fortín San Jerónimo3 y sus terrenos
colindantes,
pues
éstos
pertenecían
también
a
la
Corona
Española.4
Ahora bien, el 12 de abril de 1900, el Congreso de los
Estados
Unidos
aprobó
la
Ley
Foraker
para
establecer
un
gobierno civil en Puerto Rico. 31 Stat. 77, L.P.R.A., Tomo 1.
En lo pertinente al presente caso, la Sección 13 de dicha ley
dispuso que algunas de las propiedades adquiridas por los
3
A pesar de que existen múltiples referencias a este
monumento histórico como el “Fortín San Gerónimo”, nótese que
su nombre oficial en español es el “Fortín San Jerónimo del
Boquerón”.
4
En el pasado, este Tribunal ha tomado conocimiento
judicial de que, en su origen, la totalidad territorial de la
Isla de Puerto Rico pertenecía a la Corona Española por razón
de descubrimiento, conquista y colonización. En algunas
instancias, el dominio de los terrenos de la isla fue pasando
gradualmente a la propiedad particular de los ciudadanos por
concesiones onerosas o gratuitas realizadas por el gobierno
central. Rubert Armstrong v. ELA, 97 D.P.R. 588, 615 (1969);
Pueblo v. Rojas, 53 D.P.R. 121, 131 (1938). En lo que
respecta al Proyecto Paseo Caribe, es preciso señalar que el
mismo radica en unos terrenos que forman parte del litoral
nororiental de la entrada peninsular a la Isleta de San Juan,
que nunca fueron enajenados ni concedidos a ningún ciudadano
particular, pues se destinaron por cuatro siglos a la defensa
de los mares y del poblado colonial.
CT-2008-04
9
Estados Unidos en virtud del Tratado de París --como los
puentes
y
gobierno
carreteras-insular
quedaban
establecido
“bajo
por
la
la
dirección”
misma
para
del
ser
“administrados a beneficio de El Pueblo de Puerto Rico”. No
obstante, la referida sección específicamente excluía de tal
entrega jurisdiccional “la superficie de los puertos o aguas
navegables”.
Sección
13,
Ley
Foraker,
manera,
los
terrenos
bahías
--que
supra.
(Énfasis
nuestro).5
De
esta
navegables
o
en
las
sumergidos
claramente
en
aguas
eran
bienes
sujetos a la soberanía de la Corona bajo el régimen colonial
español-- continuaron bajo la administración y el dominio
exclusivo del gobierno federal tras la aprobación de la Ley
Foraker. López Sobá v. Fitzgerald, 130 D.P.R. 46, 57 (1992).
Dicha ley tampoco le transfirió al Pueblo de Puerto Rico la
titularidad sobre el Fortín San Jerónimo ni sobre los predios
colindantes a éste, por lo que el gobierno de los Estados
Unidos mantuvo su dominio sobre los mismos.
Posteriormente, el 1 de julio de 1902 el Congreso aprobó
una ley que autorizaba al Presidente de los Estados Unidos a
declarar
reservas
de
tierras
y
edificios
públicos
pertenecientes al gobierno federal en Puerto Rico, para los
propósitos
que
éste
considerara
necesarios,
dentro
del
término de un (1) año de su aprobación. Public Law No. 249,
5
Además, la Ley Foraker dispuso también que las leyes y
ordenanzas vigentes en Puerto Rico al momento de aprobarse
dicho estatuto continuarían en vigor, en tanto en cuanto no
fuesen incompatibles con las leyes de los Estados Unidos o
con las disposiciones de la propia Ley Foraker, y mientras no
fuesen enmendadas o derogadas mediante una ley del Congreso o
de la autoridad legislativa de Puerto Rico. Sección 8 de la
Ley Foraker; Muñoz Díaz v. Corte, 42 D.P.R. 384, 390 (1931).
CT-2008-04
32
Stat.
10
731
(en
adelante,
Ley
de
1902).
Además,
dicho
estatuto dispuso que todos los terrenos y edificios públicos
pertenecientes
al
gobierno
federal
en
Puerto
Rico,
no
reservados por el Presidente de los Estados Unidos bajo la
autoridad de la referida ley, y sin incluir las bahías o
aguas navegables y las tierras sumergidas bajo éstas, serían
transferidos al gobierno insular para su uso y administración
a
favor
del
Pueblo
de
Puerto
Rico.6
Rubert
Armstrong
v.
E.L.A., supra, pág. 603; Pueblo v. Dimas, supra, pág. 1074.
En su parte operativa, la Sección 1 de dicha ley dispuso
lo siguiente:
Be it enacted . . . [t]hat the President be, and
he is hereby, authorized to make, within one year
after the approval of this Act, such reservation
of public lands and buildings belonging to the
United States in the island of Porto Rico, for
military, naval, light-house, marine-hospital,
post-offices,
custom-houses,
United
States
courts, and other public purposes, as he may deem
necessary,
and
all
the
public
lands
and
buildings,
not
including
harbor
areas
and
navigable streams and bodies of water and the
submerged lands underlying the same, owned by the
United States in said island and not so reserved
be, and the same are hereby, granted to the
government of Porto Rico, to be held or disposed
of for the use and benefit of the People of said
island . . . . Sección 1, Ley de 1902, supra.
(Énfasis nuestro).
Como se puede apreciar, dicho estatuto impedía expresamente
que la titularidad de las bahías, las aguas navegables y las
tierras sumergidas bajo éstas, se transfiriera al gobierno de
Puerto Rico.
6
Esta cesión se hacía a condición expresa de que el
gobierno de Puerto Rico renunciara a cualquier interés o
reclamación en los terrenos y edificios reservados por el
Presidente bajo las disposiciones de dicha ley. Id. Mediante
legislación, el gobierno insular cumplió efectivamente con
esta condición el 16 de febrero de 1903.
CT-2008-04
11
Al amparo de la autoridad conferida por la mencionada
Ley de 1902, el Presidente Theodore Roosevelt emitió el 30 de
junio
de
1903
varias
proclamas
y
órdenes
ejecutivas
que
reservaron un sinnúmero de terrenos y edificios públicos en
todo Puerto Rico para propósitos militares y navales del
gobierno federal. En particular, la Orden Ejecutiva del 30 de
junio de 1903 estableció la Reserva Militar Principal o la
Reserva Militar de San Juan. Véase Orden General No. 97,
publicada el 7 de julio de 1903. Dicha reserva comprendía
todos los predios del litoral de la Isleta de San Juan -y en
lo pertinente a los terrenos en controversia- desde el Morro
hasta el Fortín San Jerónimo hacia el este y desde el Canal
San Antonio hasta la Laguna del Condado hacia el norte. Surge
de los autos que dicha reserva incluía los terrenos en los
que hoy día enclavan el Fortín San Jerónimo, el Hotel Caribe
Hilton y por lo menos una porción significativa del Proyecto
Paseo Caribe, además de otros edificios contiguos.7
7
En lo referente al presente caso, la Reserva Militar
Principal se delimitaba de la siguiente manera:
1000 feet more or less to the San Antonio
Channel; thence following said channel easterly
to the San Antonio Bridge; thence northerly along
the shore line of the Laguna TO THE SEA IN FRONT
OF SAN GERONIMO; thence northerly and westerly
ALONG THE SEA PASSING SAN GERÓNIMO, Escambrón,
and San Cristobal to a point in line with the
westerly line of the San Sebastian Bastion[…].
Orden General de 1903, supra (Énfasis nuestro).
A base del estilo de redacción utilizado por el Congreso
al aprobar la Ley de 1902, las partes sostienen dos puntos de
vista divergentes en cuanto a si la referida ley prohibía al
Presidente reservar los terrenos sumergidos para propósitos
federales Asimismo, las partes difieren en cuanto a si la
referida orden de 1903 incluyó lo que en la actualidad se
conoce como la zona marítimo-terrestre e, incluso, los
terrenos sumergidos que fueron rellenados por el Estado a
CT-2008-04
12
Años más tarde, específicamente el 2 de marzo de 1917,
el Congreso aprobó la segunda ley orgánica para Puerto Rico,
comúnmente conocida como la Ley Jones. Public Law No. 368, 39
Stat. 951, L.P.R.A. Tomo 1. Véase López Sobá v. Fitzgerald,
supra. La Sección 7 de la referida ley es idéntica a la
Sección 13 de la Ley Foraker, con la excepción de que dispuso
que
todas
las
tierras
y
edificios
públicos
del
gobierno
federal en Puerto Rico, que aún no se habían reservado hasta
ese
momento
y
que
no
se
habían
transferido
a
la
administración del gobierno de Puerto Rico por mandato de la
Ley Foraker o de la Ley de 1902, se trasladarían desde su
aprobación al control del gobierno insular. Por otro lado, la
Sección 8 de la Ley Jones ordenó la transferencia de “[l]a
superficie de los puertos y los cursos y extensiones de aguas
navegables y los terrenos sumergidos bajo ellas dentro y
alrededor de la Isla de Puerto Rico y de las islas y aguas
adyacentes que ahora pertenecen a los Estados Unidos y no han
sido reservados por los Estados Unidos para fines públicos”.
_____________________________
mediados del siglo pasado y cuya naturaleza dominical es
objeto de controversia en el caso de autos. No obstante, y a
pesar de que gran parte de la discusión de las partes gira en
torno al alcance de la Ley de 1902 y la Orden Ejecutiva de
1903, consideramos que no es necesario abordar ese asunto
para
disponer
del
presente
caso.
Lo
cierto
es
que
independientemente de que si los terrenos sumergidos objeto
de controversia hubieren sido propiedad del gobierno federal
o del gobierno de Puerto Rico, basta con determinar si el
gobierno de los Estados Unidos era el propietario de los
terrenos aledaños a la costa para resolver el asunto
jurisdiccional del derecho aplicable. California ex rel.
State Lands Commission v. United States, 457 U.S. 273 (1982).
CT-2008-04
13
Sección 8, Ley Jones, supra (Énfasis nuestro).8 Véase León v.
Transconex, 119 D.P.R. 102 (1987).
Desde el cambio de soberanía en los últimos años del
siglo XIX, los Estados Unidos ocupó en calidad de dueño los
terrenos que luego se identificaron como la Reserva Militar
de San Juan. Como mencionamos anteriormente, esta reserva
federal
incluía
nororiental
de
todos
la
los
Isleta
terrenos
de
San
aledaños
Juan
y
al
al
litoral
Fortín
San
Jerónimo, incluyendo por lo menos una porción significativa
de los terrenos en donde actualmente radica el Proyecto Paseo
Caribe. Por tanto, la Ley Jones no alteró el dominio del
gobierno de los Estados Unidos sobre éstos.
Estos
predios
estuvieron
bajo
el
control
del
Departamento de Guerra de los Estados Unidos hasta diciembre
de 1919, cuando se traspasaron los mismos al Departamento de
la
Marina
y
se
redesignaron
como
la
Reserva
Naval
San
Jerónimo. Posteriormente, la Marina cedió en arrendamiento
una parte de esas tierras –incluyendo el Fortín San Jerónimo
y
los
terrenos
colindantes
objeto
de
controversia-
al
entonces retirado Teniente Comandante de la Marina Virgil
8
Han surgido dudas sobre si lo que la Ley Jones
transfirió al gobierno insular fue el dominio sobre estos
bienes o el control y la administración de los mismos en
beneficio del Pueblo de Puerto Rico. No obstante, el Congreso
despejó toda duda y aclaró el asunto cuando aprobó en el año
1980 una enmienda a la Sección 8 de la Ley de Relaciones
Federales, equivalente a la Sección 8 de la Ley Jones, supra,
para definir el “control” al que se refiere dicha disposición
como todo derecho, título e interés sobre los terrenos
sumergidos bajo aguas navegables a favor del gobierno de
Puerto Rico. Ley Pública Núm. 96-202 del 12 de marzo de 1980,
94 Stat. 91, 48 U.S.C. sec. 749. Mediante la referida
enmienda, el Congreso confirmó la jurisdicción y el dominio
de Puerto Rico sobre los terrenos sumergidos alrededor de sus
costas en virtud de la Ley Jones, supra.
CT-2008-04
14
Baker, dado que dicho departamento ya no necesitaba de éstas
para
propósitos
navales.
El
contrato
de
arrendamiento
estipulaba un término de 999 años y contenía una condición a
los
efectos
de
que
el
mismo
se
hacía
“pending
complete
transfer by Congress of title to the Lessee, which transfer
needs the approval of the Navy Department”. Véase Exhibit
Estipulado Núm. 1, Ap. Vol. I.9
En virtud de la Ley Pública Núm. 35 aprobada por el
Congreso
federal
el
12
de
julio
de
1921,
se
otorgó
el
contrato de arrendamiento entre los Estados Unidos y el señor
Baker. Este contrato estipulaba unos lindes y rumbos frente
al litoral de la Isleta de San Juan que expresamente incluían
terrenos sumergidos. Véase Exhibit Estipulado Núm. 2, Ap.
Vol. I. De otra parte, la Reserva Naval San Jerónimo se
inscribió en el Registro de la Propiedad en diciembre de 1921
a nombre de los Estados Unidos. El contrato de arrendamiento
a favor del señor Baker se inscribió posteriormente en el
Registro.10
9
Nótese que el “arrendamiento” a favor del señor Baker
ha sido valorado para efectos prácticos por los tribunales
puertorriqueños y federales como un negocio jurídico a título
de dominio. Los Estados Unidos retuvo el título en el
contrato original de arrendamiento no para privar al señor
Baker y sus cesionarios de cualquiera de los beneficios
resultantes del título de dominio, sino únicamente para
proteger su derecho reservado de libre uso en cualquier
emergencia de seguridad nacional. United States v. San
Gerónimo Development Co., 154 F.2d 78 (C.A. 1, 1946); De la
Haba v. Tribunal, 76 D.P.R. 923 (1954), confirmada en San
Gerónimo Development Co. v. Treasurer of P.R., 233 F.2d 126
(1956).
10
Se desprende del expediente que este contrato de
arrendamiento fue impugnado por el gobierno de los Estados
Unidos ante el Tribunal Federal en el año 1925. El Tribunal
de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito
sostuvo la validez del contrato, mas no dirimió el asunto de
CT-2008-04
15
Ahora bien, la bifurcación en el tracto dominical de las
dos parcelas objeto de controversia comenzó en agosto de
1929, cuando el Presidente de los Estados Unidos emitió la
Proclama Núm. 1889 al amparo de la Sección 7 de la Ley Jones,
supra. Mediante esta orden ejecutiva, el Presidente Herbert
Hoover traspasó al Pueblo de Puerto Rico todo derecho, título
e
interés
incluyendo
de
los
algunos
Estados
de
Unidos
los
sobre
predios
ciertos
arrendados
terrenos,
al
señor
Baker.11
No obstante lo anterior, la Proclama Presidencial de
1929 específicamente retenía y reservaba cinco (5) acres de
los terrenos antes mencionados para el uso del Departamento
de la Marina en el desarrollo de servicios de comunicación,
constituyendo
una
nueva
reserva
de
los
terrenos
que
actualmente se conocen como el Coast Guard Parcel, finca que
se mantuvo bajo el dominio del gobierno federal hasta el año
_____________________________
la titularidad de los terrenos sumergidos, pese a una
solicitud a esos efectos del gobierno de Puerto Rico, quien
participó en el pleito en calidad de interventor. El gobierno
de Puerto Rico intentó impugnar el arrendamiento precisamente
por incluir terrenos sumergidos, pero nunca aceptó el
“quitclaim deed” ofrecido por el señor Baker. De hecho, el
tribunal apelativo federal expresó que “in any event, the
proofs do not show that Commander Baker has defrauded the
government in the matter of the submerged area”. Véase Baker
v. United States, 27 F. 2d 863 (1st Cir. 1928).
11
De hecho, dicha proclama hace mención expresa de los
terrenos sumergidos, al declarar que las tierras de la
Reserva Naval San Jerónimo se cederían al gobierno insular:
together with all the right, title and interest
of the United States in all shore and submerged
lands lying shoreward of a line drawn through
points Nos. 90, 91, 92 and 93, as shown on the
military chart of the Military Reservation of San
Juan, Puerto Rico. Proclama Presidencial Núm.
1889 del 26 de agosto de 1929. (Énfasis nuestro).
CT-2008-04
1991.
16
Por
Presidencial
predios
otro
lado,
de
1929
restantes
desde
no
de
hay
la
que
se
emitió
duda
que
el
Reserva
la
Proclama
dominio
Naval
San
de
los
Jerónimo,
incluyendo los terrenos sumergidos en los referidos puntos de
las fincas que hoy forman parte del Condado Bay Parcel, fue
transferido al gobierno de Puerto Rico. Veamos detenidamente.
A. Coast Guard Parcel
En
mejoras
diciembre
de
al
Guard
Coast
1940,
como
parte
la
Parcel,
de
Marina
unas
de
obras
los
de
Estados
Unidos presentó ante la Comisión de Servicio Público y el
Departamento de Interior de Puerto Rico una solicitud para
llevar
a
cabo
sumergidos
unos
trabajos
adyacentes
a
la
de
relleno
costa
de
en
dicha
los
terrenos
parcela.
En
particular, se solicitó permiso para rellenar una zona de la
Laguna del Condado consistente de 450 pies de largo, 200 pies
de ancho y 6 pies sobre el nivel mínimo del mar, según su
flujo y reflujo (“mean low water”). Tras obtener los permisos
necesarios
Departamento
de
de
las
mencionadas
Guerra
de
los
agencias
Estados
insulares
Unidos,
la
y
del
Marina
rellenó aproximadamente 1.92 cuerdas de terrenos sumergidos
frente al Coast Guard Parcel. Según estipularon las partes,
dichas obras concluyeron en octubre de 1941 conforme a los
planos del permiso.12
12
Las partes y la sentencia apelada discuten la
aplicación de la Ley Pública Núm. 703 del 2 de julio de 1940
aprobada por el Congreso y llegan a conclusiones divergentes
en cuanto a si el mero relleno de los terrenos sumergidos
aledaños al Coast Guard Parcel constituyó un ejercicio de
expropiación forzosa al amparo de la referida ley. De igual
forma, discuten la aplicabilidad de la Ley Núm. 66 del 25 de
abril de 1940 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para
ponderar la posibilidad de que los terrenos sumergidos fueron
CT-2008-04
17
Durante el transcurso de cincuenta años, el gobierno
federal poseyó ininterrumpidamente y en calidad de dueño los
terrenos
ganados
al
mar
que
acrecentaron
el
Coast
Guard
Parcel.13 En noviembre de 1991, la Administración de Terrenos
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Administración
de Servicios Generales de los Estados Unidos otorgaron un
contrato de compraventa. En dicho contrato, el gobierno de
Puerto Rico adquirió, a título oneroso, los terrenos del
Coast
Guard
Parcel.14
Dicha
transacción
jurídica
incluía
claramente los terrenos ganados al mar que son objeto de
controversia en el presente caso, pues describía su área
limítrofe al este como la Laguna del Condado.15
_____________________________
transferidos al gobierno de Estados Unidos en virtud de la
mencionada legislación. No obstante, somos del criterio que
esta discusión es innecesaria para la solución adecuada del
caso de autos.
13
Nótese que en junio de 1986, la Junta de Planificación
aprobó el Reglamento de Zonificación del Condado, el cual
incluía los terrenos rellenados como parte de una zona
comercial turística. Asimismo, el Fortín San Jerónimo y una
estrecha franja de terrenos que bordeaba la costa -para
propósitos de acceso a esta edificación histórica- se
zonificaron como propiedad pública.
14
Surge del expediente que en el año 1990, el Estado
solicitó información y cursó varias comunicaciones a la
Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos
sobre la titularidad de los terrenos del Coast Guard Parcel.
No obstante, el Estado decidió no impugnar tal titularidad y
decidió negociar la compraventa de dichos terrenos tras
ponderar las posibilidades de prevalecer en la esfera
judicial contra el gobierno federal. Véase Memorando de la
Oficina del Gobernador, 14 de febrero de 1991.
15
Más aún, el contrato estipulaba que su aceptación
constituía una transacción extrajudicial y una renuncia a
cualquier disputa, reclamo, o causas de acción “including, but
not limited to quiet title actions, in any way related to the
subject property and arising from the beginning of time to the
current date”. Véase Exhibit Estipulado Núm. 33, Ap. Vol. I.
CT-2008-04
18
En diciembre de 1992 la Junta de Planificación y el
Gobernador
de
Puerto
Rico
aprobaron
el
Plan
de
Usos
de
Terreno y el Reglamento de Zonificación Especial para la
entrada de la Isleta de San Juan. Reglamento de Planificación
Núm. 23. Este reglamento cambió la zonificación del Coast
Guard Parcel a una Zona de Desarrollo Especial, permitiendo
en la misma un área bruta de construcción de 60,350 metros
cuadrados. Para incentivar el desarrollo incremental de dicha
zona, se permitió la subdivisión de las parcelas en solares
más pequeños.
Terrenos
de
En septiembre de 1998 la Administración de
Puerto
Rico
adoptó
una
Resolución
en
la
que
aprobó la venta del Coast Guard Parcel al Hotel Development
Corporation, una corporación creada al amparo de las leyes de
Puerto
Rico
y
cuyo
único
accionista
es
la
Compañía
restante
de
los
de
Turismo.
B. Condado Bay Parcel
Por
otro
lado,
la
porción
terrenos
ganados al mar en controversia se encuentra en el Condado Bay
Parcel.
Esta
parcela
se
rige
plenamente
por
el
derecho
puertorriqueño, pues es un hecho incontrovertible que tanto
los terrenos sumergidos que se rellenaron para formar el
Condado Bay Parcel en la década de los cincuenta como los
terrenos costeros colindantes ya le pertenecían al gobierno
de Puerto Rico.
Como
mediante
mencionamos
en
la
Presidencial
Proclama
la
Parte
II
Núm.
de
esta
1889
de
Opinión,
1929
el
gobierno federal traspasó al gobierno insular de Puerto Rico
todo
título,
derecho
e
interés
sobre
los
terrenos
de
la
CT-2008-04
Reserva
19
Naval
San
Jerónimo,
incluyendo
los
predios
que
formaban parte del arrendamiento del señor Baker. En enero de
1947,
San
propiedad
Gerónimo
del
señor
Development
Baker,
Company,
subarrendó
a
una
corporación
la
Compañía
de
Fomento Industrial de Puerto Rico una parcela de sus terrenos
por los restantes años del arrendamiento original para la
construcción del Hotel Caribe Hilton. Esta finca subarrendada
por la Compañía de Fomento Industrial colindaba -pero no
incluía- los terrenos del litoral en el que enclava el Fortín
Jerónimo,16
San
por
lo
que
el
gobierno
de
Puerto
Rico
presentó una demanda de expropiación contra el señor Baker en
noviembre del año 1949 para adquirir los mismos.
La Declaración de Adquisición y Entrega Material de la
Propiedad que se presentó junto a la demanda describía la
propiedad objeto de la expropiación, la cual expresamente
incluía 6,949.1923 metros cuadrados de tierras sumergidas y
3,360.448 metros cuadrados de tierra firme. Véase Exhibit
Estipulado Núm. 16, Ap. Vol. I. Es decir, más de dos terceras
partes de los predios objeto de expropiación en aquel momento
eran
terrenos
sumergidos.
Luego
de
llevar
a
cabo
estas
transacciones, el gobierno procedió a inscribir los terrenos
en el Registro de la Propiedad a título de dominio a favor
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
16
La Ley Núm. 49 del 20 de abril de 1949 autorizó al
Comisionado del Interior a negociar el traspaso y la
devolución de la nuda propiedad sobre los terrenos en donde
enclava el Fortín San Jerónimo al gobierno de los Estados
Unidos, con la condición de que ese país adquiriera la
“posesión y dominio absoluto” sobre los mismos para dedicarlo
a un parque nacional o monumento histórico administrado por
el Servicio Nacional de Parques. No obstante, la historia
confirma que dicho traspaso nunca se concretó.
CT-2008-04
20
Consistente
con
la
política
por
el
Estado
Libre
Compañía
de
Fomento
Industrial
urbana
dirigida
época,
la
pública
de
planificación
Asociado
en
aquella
presentó
en
la
década de los cincuenta (1950) una Consulta de Ubicación ante
la Junta de Planificación para realizar unas obras de relleno
en los terrenos sumergidos del área expropiada y subarrendada
al señor Baker, con el propósito ampliar las instalaciones
del Hotel Caribe Hilton. Véase Op. Sec. Just. del 25 de
noviembre de 1970 (no publicada), pág. 8. Mediante un Informe
de la Junta adoptado en junio de 1955, se aprobó la Consulta
para la construcción de dicha ampliación y la constitución de
la parcela rellenada que hoy se conoce como el Condado Bay
Parcel. Así, pues, se realizaron los rellenos y las obras de
mejoras
del
Hotel
Caribe
Hilton
a
tenor
de
los
permisos
concedidos por las autoridades gubernamentales.
En
abril
de
1959,
el
entonces
Secretario
de
Obras
Públicas de Puerto Rico, Hon. Roberto Sánchez Vilella, emitió
una
Certificación
para
solicitar
la
inscripción
en
pleno
dominio ante el Registro de la Propiedad de una parcela de
terreno en el área entre el Fortín y los terrenos del Caribe
Hilton, la cual incluía ciertos terrenos ganados al mar que
formaban parte del Condado Bay Parcel.17 Ese mismo mes, dicho
funcionario -como gobernador interino de Puerto Rico- emitió
una Orden Ejecutiva en la cual autorizó el traspaso gratuito
17
De hecho, y por encomienda del gobierno a raíz de su
importancia para la industria turística de la isla, el propio
Sánchez Vilella supervisó directamente la construcción y el
desarrollo del Caribe Hilton como ingeniero residente del
proyecto. Aníbal Sepúlveda Rivera, Puerto Rico Urbano, Atlas
Histórico de la Ciudad Puertorriqueña, Vol. 4, Carimar, San
Juan, 2004, pág. 60.
CT-2008-04
de
dicha
21
parcela
a
favor
de
la
Compañía
de
Fomento
Industrial. En vista de ello, en diciembre de 1961 Sánchez
Vilella, en su capacidad de Secretario de Obras Públicas,
otorgó una escritura de traspaso de la mencionada parcela a
favor de la Compañía de Fomento Industrial, la cual aclaraba
que tales terrenos fueron ganados al mar por el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, y que los mismos se utilizarían para
el desarrollo de la industria del turismo.
Esta parcela fue inscrita como la Finca Núm. 439 en el
Registro
de
la
Propiedad,
Sección
de
San
Juan.
Desde
entonces, la Compañía de Fomento Industrial fue el titular
del mencionado terreno pero la porción rellenada que formaba
parte del Hotel Caribe Hilton fue administrada por la cadena
de hoteles Hilton por virtud de un contrato de arrendamiento.
En lo referente al caso de autos, parte del Proyecto Paseo
Caribe y los demás proyectos relacionados a éste también
ocupan hoy día una porción de esos terrenos ganados al mar.
En
octubre
de
1992,
los
derechos
de
la
Compañía
de
Fomento Industrial bajo el Contrato de Subarrendamiento de
los predios en donde enclava el Hotel Caribe Hilton fueron
cedidos a Hotel Development Corporation. En octubre de 1998,
el entonces Secretario de Transportación y Obras Públicas,
Hon. Carlos Pesquera Morales, expidió una Certificación a los
efectos de que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico era el
dueño
de
dos
Administración
parcelas
de
aledañas
Terrenos
y
al
a
los
Hotel
terrenos
Caribe
de
la
Hilton
que
formaban parte del Condado Bay Parcel y que eran, a su vez,
CT-2008-04
22
“terrenos adquiridos del Mar”. Véase Exhibit Estipulado Núm.
40, Ap. Vol. I.18
En vista de ello, dicho funcionario solicitó ante el
Registro de la Propiedad la inscripción a título de dominio
de tales parcelas, compuesta de terrenos rescatados del mar
mediante
los
rellenos
cincuenta
(1950)
por
realizados
en
la
gobierno
de
Puerto
el
década
Rico.
de
los
El
mes
siguiente, y mediante autorización del Gobernador Hon. Pedro
Rosselló González conforme a la Ley Núm. 10 de 18 de junio de
1970, 23 L.P.R.A. sec. 671 (m), dicha parcela fue cedida a la
Compañía de Turismo de Puerto Rico para que dicha corporación
pública
“utilice,
administre
y
disponga
conforme
a
los
poderes conferídoles [sic] por ley y de acuerdo a los mejores
intereses de Puerto Rico”. Véase Exhibit Estipulado Núm. 41,
Ap. Vol. I.
C. Integración del Coast Guard Parcel y del Condado Bay
Parcel
En
noviembre
de
1998,
y
luego
de
varios
trámites
administrativos, Hotel Development Corporation le vendió a
Hilton International of Puerto Rico, Inc. el Coast Guard
Parcel,
el
Condado
Bay
Parcel
y
la
Finca
Núm.
439,
transacción que fue inscrita en el Registro de la Propiedad.
Así
las
cosas,
en
julio
de
2000
Hilton
International
le
vendió el Coast Guard Parcel a SGCP mediante una escritura de
18
Simultáneamente, dicho funcionario solicitó junto a la
Administración de Terrenos la rectificación registral
del
Coast Guard Parcel, dado que la misma aparecía inscrita dos
veces a favor de diferentes dueños –el Estado Libre Asociado
y la Administración de Terrenos- como consecuencia de varios
trámites accidentados ante el Registro de la Propiedad. Véase
Exhibit Estipulado Núm. 39, Ap. Vol. I.
CT-2008-04
23
compraventa inscrita en el Registro de la Propiedad. Poco
antes, mediante Resolución dictada en enero de 2000, la Junta
de Planificación aprobó la Consulta de Ubicación para un
proyecto mixto residencial, comercial y turístico propuesto
por SGCP para estos terrenos.
En dicho negocio jurídico, el desarrollador asumió las
obligaciones pactadas entre Hotel Development Corporation y
Hilton International. A su vez, mediante otra escritura de
compraventa otorgada ese mismo día, Hilton International le
vendió a SGCP una nueva finca resultante de la agrupación del
remanente de dos parcelas segregadas; a saber, del Condado
Bay Parcel y de la Finca 439. Luego de varias segregaciones
que constan inscritas o presentadas en el Registro de la
Propiedad
–incluyendo
la
segregación
de
una
parcela
identificada como Camino de Acceso al Fortín-19 ARPE expidió
varios
permisos
componentes
19
del
de
construcción
Proyecto
Paseo
y
de
uso
Caribe.
A
para
distintos
su
vez,
SGCP
Nótese que el debate público sobre el acceso al Fortín
San Jerónimo fue lo que suscitó originalmente la presente
controversia. En el año 2007 SGCP y el Instituto de Cultura
Puertorriqueña se reunieron y firmaron un Acuerdo de
Reconocimiento de un Acceso Irrestricto y a Perpetuidad del
Pueblo de Puerto Rico al Fortín San Jerónimo del Boquerón. En
dicho contrato, las partes estipularon que se otorgaría una
escritura en la que se establecería el rango de derecho que
ostenta el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el
mencionado acceso. No obstante, el Departamento de Justicia
se aseguró de no conceder ningún reconocimiento en cuanto a
la titularidad de los terrenos en controversia. En vista de
ello, al día de hoy no se ha otorgado ningún tipo de
escritura constituyendo servidumbre de paso a favor del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Según la Opinión del
Secretario de Justicia de diciembre de 2007, la razón por la
cual aún no han perfeccionado el mencionado convenio es que
la constitución de una servidumbre de paso presume la
existencia de un predio sirviente cuya titularidad es ajena.
CT-2008-04
24
constituyó hipoteca sobre los referidos proyectos a favor de
First Bank.
D. Derecho federal vis a vis derecho civil
puertorriqueño
Ante
la
realidad
fáctica
de
que
el
gobierno
de
los
Estados Unidos era el dueño del Coast Guard Parcel desde el
cambio
de
soberanía
en
1898
hasta
su
compraventa
por
el
gobierno de Puerto Rico en 1991, no cabe duda de que los
rellenos realizados por la Marina en el año 1941 en dicha
parcela
se
deben
examinar
desde
la
óptica
del
derecho
federal. Ello es así independientemente de quién fuera el
titular
de
los
terrenos
sumergidos
que
fueron
rellenados
posteriormente, pues el Tribunal Supremo Federal ha resuelto
que cualquier disputa o controversia sobre terrenos costeros
–o cercanos al mar- que sean propiedad del gobierno de los
Estados
Unidos
se
rige
por
el
derecho
federal.
Véanse
California ex rel. State Lands Commission v. United States,
supra;
Hughes
v.
Washington,
389
U.S.
290
(1967);
Borax
Consolidated v. City of Los Angeles, 296 U.S. 10 (1935).
Por otro lado, es evidente que la Proclama Presidencial
Núm. 1889 de 1929 cedió todo título sobre los predios en que
hoy ubican el Hotel Caribe Hilton, el Fortín San Jerónimo y
las fincas colindantes a favor del gobierno de Puerto Rico,
incluyendo los terrenos contiguos al Condado Bay Parcel. Por
tanto, es menester concluir que la controversia en torno a la
titularidad de los terrenos ganados al mar que forman parte
de dicha parcela se debe analizar según el derecho civil
CT-2008-04
25
puertorriqueño vigente para la fecha en que la Compañía de
Fomento Industrial realizó las mencionadas obras de relleno.
En
vista
de
la
divergencia
histórica
en
el
tracto
dominical de ambas parcelas, a continuación examinamos de
manera cronológica el desarrollo doctrinal y normativo sobre
los terrenos ganados al mar bajo el sistema legal aplicable a
cada una.
III
En primer lugar, debemos tener presente que el gobierno
de los Estados Unidos era el titular del Coast Guard Parcel
al momento en que se realizaron las obras de relleno en
controversia. Por tanto, como mencionamos anteriormente, es
evidente
que
la
titularidad
de
los
terrenos
previamente
sumergidos adyacentes a dicha parcela costera- los cuales
fueron rellenados por el Departamento de la Marina en 1941debe examinarse conforme al derecho común federal. California
ex rel. State Lands Comission v. United States, supra; Hughes
v.
Washington,
supra.
Véase,
además,
Roberts
v.
U.S.O.
Council of P.R., 145 D.P.R. 58 (1998).
En
vista
de
lo
anterior,
y
ante
la
ausencia
de
legislación federal que atienda expresamente el asunto de la
titularidad de los terrenos ganados al mar por particulares o
el
propio
gobierno,
jurisprudencial
para
debemos
atender
la
acudir
a
la
doctrina
presente
controversia.
En
Alexander Hamilton Ins. Co. v. Virgin Islands, 757 F. 2d 534
(1985), el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para
el Tercer Circuito discutió cabalmente el esquema normativo y
CT-2008-04
26
doctrinal del derecho común anglosajón con relación a los
terrenos ganados al mar mediante rellenos artificiales.
En
ese
caso,
dicho
una
disputa
en
torno
terrenos
ganados
al
mar
consideración
ciertos
foro
apelativo
a
la
mediante
tuvo
ante
su
titularidad
de
el
de
relleno
tierras sumergidas, y concluyó que el propietario costero
adquiere el título sobre el terreno ganado al mar cuando la
obra de relleno se lleva a cabo con la debida autorización
gubernamental:
Where the reclamation and filling of the adjacent
shore or submerged soil was expressly permitted by
legislative enactment, or was authorized by a statute
fixing a bulkhead, harbor, or dock line, or similar
statute, or by a valid license or permit, or by local
common law, it has usually been held or recognized
that filled land created by a riparian or littoral
proprietor belongs to him as part of the upland, at
least where the public rights with respect to
navigation
and
commerce
are
not
substantially
impaired.
(Énfasis
nuestro).
Alexander
Hamilton
Insurance, supra, pág. 546. Véanse, además, U.S. v.
Groen, 72 F. Supp. 713 (D.D.C. 1947). Greater
Providence Chamber of Commerce v. State, 657 A.2d
1038 (R.I. 1995) B.H. Glenn, Rights to land created
at water´s edge by filling or dredging, sección 2(b)
91 A.L.R. 2d pág. 857, 867.20
Más aún, dicho foro federal expresó en ese caso que la
regla relativa a la adquisición del título sobre los terrenos
ganados al mar tras mediar autorización para el relleno se ha
aplicado
incluso
en
ausencia
de
lenguaje
expreso
a
esos
efectos, pues se estima que la autorización gubernamental
20
De manera análoga, el Tribunal Supremo Federal ha
resuelto que “accretions, regardless of cause, accrue to the
upland owner”. California ex rel. State Lands Commission v.
U.S., supra, pág. 285. A pesar de que dicha regla del derecho
común federal atiende los casos de acreción gradual y no es
expresamente
aplicable
a
los
rellenos,
la
misma
es
ilustrativa
del
reconocimiento
de
que
los
terrenos
previamente sumergidos bajo las aguas navegables del gobierno
federal son susceptibles de apropiación particular.
CT-2008-04
previa
27
crea
una
titularidad
de
propietario
que
expectativa
los
terrenos
realiza
de
que
se
reclamados
el
relleno
reconocerá
sobre
debe
la
la
cual
poder
el
confiar.
Alexander Hamilton Insurance, supra.
De
otra
parte,
bajo
el
derecho
común
anglosajón
el
propietario de un terreno bordeado por la costa puede tener
derecho
a
“reclamar”
las
tierras
sumergidas
bajo
el
mar
circundante en determinadas circunstancias. Sin embargo, ello
no implica que un propietario pueda rellenar arbitrariamente
terrenos
sumergidos
que
no
estén
bajo
su
dominio
con
el
propósito de extender los lindes de su propiedad. Reid v.
State, 373 So.2d 1071 (Ala. 1979); véase Board of Trustees of
Internal Imp. Trust Fund v. Bankers Life & Cas. Co., 331
So.2d 381 (Fla. Dist. Ct. App. 1er Dist. 1976). Por tanto, la
titularidad
sobre
los
terrenos
sumergidos
permanece
inalterada si éstos son rellenados por un particular sin la
autorización correspondiente. Véase City of Newport Beach v.
Fager, 39 Cal. App. 2d 23, 102 P.2d 438 (2d Dist. 1940).
Asimismo, el Estado puede conceder su autorización para
el relleno de terrenos sumergidos en virtud de su derecho
dominical sobre éstos. De esa forma, de producirse el relleno
por un particular bajo una autorización gubernamental, de
ordinario las porciones de terrenos reclamados pasan a formar
parte
integral
corresponderá
al
del
predio
titular
del
colindante
mismo.
y
el
Véanse
Ward
título
Sand
&
Materials Co. v. Palmer, 237 A.2d 619 (NJ 1968); O’Neill v.
State Highway Dept., 235 A.2d 1 (NJ 1967); Mallon v. City of
Long Beach, 282 P.2d 481 (Cal. 2d. 1955).
CT-2008-04
28
En casos similares al que hoy nos ocupa, bajo el derecho
común se ha resuelto que previa autorización gubernamental el
propietario
del
lote
bordeado
por
el
mar
y
del
terreno
sumergido adyacente al mismo puede rellenar válidamente ese
terreno con el fin de “reclamarlo” y habilitarlo como parte
del predio no sumergido. Sin embargo, la obra de relleno no
puede interferir con las facultades sobre la navegación y el
comercio
que
poseen
tanto
el
gobierno
federal
como
los
estados. Véase People v. Broedell, 365 Mich. 201, 112 NW.2d
517 (1961).21 Así las cosas, es evidente que bajo el derecho
común angloamericano el propietario de un terreno contiguo al
mar
que
sumergidos
rellena
con
adyacentes
permiso
a
su
del
Estado
propiedad
tiene
los
terrenos
derecho
a
la
titularidad sobre el terreno ganado al mar. Véase, e.g.,
Greater Providence Chamber of Commerce v. State, 657 A.2d
1038 (R.I. 1995).
Dicha norma es claramente aplicable a la controversia de
autos en lo relativo al Coast Guard Parcel. Se desprende del
expediente que el gobierno federal obtuvo todos los permisos
necesarios para rellenar los terrenos sumergidos contiguos a
la referida parcela. Para realizar dichas obras, el Gobierno
estadounidense
solicitó,
no
Departamento
Guerra,22
sino
de
sólo
la
también
autorización
del
el
la
permiso
de
21
Véanse, además, Adaray Realty Corp. v. Faber, 227 App.
Div. 618, 235 N.Y.S. 660 (1929), In re City of New York, 246
N.Y. 1, 157 NE 911 (1927). State ex rel. McLeod v. Murrell’s
Inlet Camp & Marina, Inc., 259 S.C. 404, 192 SE.2d 199
(1972); State v. A. J. Industries, Inc., 397 P.2d 280 (Alsk.
1964).
22
De hecho, al momento de llevarse a cabo el referido
relleno, el Rivers and Harbors Appropiations Act de 1899
CT-2008-04
29
Comisión de Servicio Público y del Departamento del Interior
de
Puerto
Rico.
Concedidos
tales
permisos,
el
gobierno
federal procedió a realizar diversos actos de dominio sobre
el lote conocido hoy como el Coast Guard Parcel. A la luz de
estos hechos, resulta forzoso concluir que como propietario
de
los
predios
aledaños
a
los
terrenos
sumergidos,
el
gobierno federal advino titular de las tierras ganadas al mar
mediante
las
obras
de
relleno
realizadas
por
la
Marina
estadounidense.
De
otra
parte,
ninguno
de
los
permisos
otorgados
expresaba reserva o prohibición alguna que privara a los
Estados
Unidos
de
adquirir
la
titularidad
de
los
nuevos
predios rellenados. Por tanto, es meritorio concluir que al
momento en que tales terrenos fueron ganados al mar en el
Coast Guard Parcel, éstos pasaron a ser propiedad patrimonial
del
Departamento
de
la
Marina
de
los
Estados
Unidos
de
conformidad con el derecho común federal.
IV
Examinado el derecho federal con relación al Coast Guard
Parcel, nos corresponde dilucidar la controversia en torno a
la
titularidad
forman
parte
de
los
demás
de
las
fincas
terrenos
ganados
registrales
de
al
mar
SGCP.
que
Como
indicamos anteriormente, la controversia en torno al Condado
Bay Parcel se debe resolver exclusivamente al amparo del
derecho
puertorriqueño,
pues
los
terrenos
objeto
de
_____________________________
disponía que en ausencia de autorización del Secretario de
Guerra, no podría depositarse relleno alguno en bahías,
lagunas o cuerpos de agua navegables de los Estados Unidos.
33 U.S.C.A. sec. 403 (Énfasis nuestro). Ello demuestra la
existencia de un esquema administrativo que contemplaba tales
obras de relleno.
CT-2008-04
30
controversia ya se encontraban bajo la soberanía del Estado
Libre
Asociado
realizaron
los
de
Puerto
rellenos
Rico
con
para
el
la
fecha
objetivo
de
en
que
se
ampliar
las
instalaciones del Hotel Caribe Hilton. Por consiguiente, a
continuación examinamos el desarrollo doctrinal y normativo
de los terrenos sumergidos y los terrenos ganados al mar en
el ordenamiento civilista puertorriqueño.
A
Sabido es que el estado de derecho puertorriqueño, en
referencia
a
la
clasificación
jurídica
de
los
bienes
relacionados al litoral y a la zona marítimo-terrestre, tuvo
su antesala moderna en la Ley de Aguas española del 3 de
agosto de 1866. Esta legislación especial, extendida a Puerto
Rico por la Real Orden de 8 de agosto de 1866, disponía en su
Artículo
1
que
serían
bienes
de
dominio
nacional
y
uso
público: 1) las costas o fronteras marítimas del territorio
español, con sus obras, ensenadas, calas, radas, bahías y
puertos; 2) el mar litoral, o la zona marítima que ciñe las
costas,
en
toda
la
anchura
determinada
por
el
derecho
internacional; y 3) las playas.23 Colección Legislativa de
España, Madrid, Tomo XCVI, Segunda Parte, 1866, págs. 294346.
23
Rubert Armstrong v. ELA, supra, pág. 625.
Dicho artículo definía las playas como
el
espacio
que
alternativamente
cubren
y
descubren las aguas en el movimiento de la marea.
Forma su límite interior o terrestre donde llegan
las más altas mareas y equinocciales. Donde no
fueren sensibles las mareas, empieza la playa por
la parte de tierra en la línea donde llegan las
aguas en las tormentas o temporales ordinarios.
Artículo 1, Ley de Aguas española de 1866.
CT-2008-04
31
Por otro lado, los Artículos 4 y 5 de la referida ley
articulaban un claro reconocimiento de la posibilidad de que
existiera propiedad privada en los terrenos ganados al mar, e
incluso,
en
lo
que
actualmente
se
conoce
como
la
zona
marítimo-terrestre. En particular, el Artículo 5 de la Ley de
Aguas española proveía que “[l]os terrenos ganados al mar por
consecuencia de obras construidas por el Estado o por las
provincias
o
pueblos
o
particulares
competentemente
autorizados serán de propiedad de quien hubiese construido
las
obras,
a
no
haberse
establecido
otra
cosa
en
la
autorización” (Énfasis nuestro).24 Es decir, se reconocía la
posible patrimonialidad de los terrenos ganados al mar.
Dicha ley rigió en Puerto Rico hasta el 5 de febrero de
1886, cuando por Real Orden se extendieron a Puerto Rico la
Ley de Aguas del 13 de junio de 1879 y la Ley de Puertos
española del 7 de mayo de 1880. La Ley de Aguas de 1879
sustituyó a la Ley de Aguas española de 1866 sólo en cuanto a
las aguas terrestres. Con relación a las aguas marítimas, y
en lo pertinente al caso de autos, la Ley de Aguas de 1866
fue sustituida por la Ley de Puertos de para la Isla de
Puerto Rico de 1886. Colección Legislativa de España, Madrid,
24
Por otro lado,
disponía lo siguiente:
el
Artículo
4
de
la
referida
Son del dominio público los terrenos que se unen
a las playas por las accesiones y aterramientos
que ocasione el mar. Cuando ya no los bañen las
aguas del mar, ni sean necesarios para los
objetos
de
utilidad
pública,
ni
para
establecimiento de especiales industrias, ni para
el servicio de vigilancia, el Gobierno los
declarará propiedad de los dueños de las líneas
colindantes
en
aumento
de
ellas
(Énfasis
nuestro).
ley
CT-2008-04
Tomo
32
CXXXVI,
Segunda
Parte,
1887,
págs.
436-448.
Véase
Rubert Armstrong v. ELA, supra, pág. 623.
La
Ley
de
Puertos
de
1886
ordenamiento
el
concepto
jurídico
introdujo
de
la
en
zona
nuestro
marítimo-
terrestre. La misma dispuso en su Artículo 1 que “son de
dominio nacional y público, sin perjuicio de los derechos que
correspondan a los particulares” la zona marítimo-terrestre y
el mar litoral o la zona marítima que ciñe las costas de la
Isla. En efecto, la clasificación de dominio nacional y uso
público de los mismos bienes que se enumeraban en el Artículo
1 de la derogada Ley de Aguas española de 1866 se mantuvo
prácticamente inalterada. El mencionado artículo definía la
zona marítimo-terrestre como “el mar en su flujo y reflujo,
en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los
temporales
en
donde
no
lo
sean”.
Por
tanto,
la
única
diferencia práctica entre la declaración demanial establecida
por ambas legislaciones españolas al respecto es que la Ley
de Puertos de 1886 sustituía el término “playa” por “zona
marítimo-terrestre”. E. Desdentado Daroca, La expropiación de
los enclaves privados en el litoral, Thomson, 2007, pág. 26.
A su vez, la referida legislación española estableció en
su Artículo 2 que los terrenos que se unieran a la zona
marítimo-terrestre
por
las
accesiones
y
aterramientos
que
ocasionara el mar continuarían en el dominio nacional y uso
público.25 Mientras que el Artículo 4 de la derogada Ley de
Aguas
25
de
1866
disponía
que
el
Estado
podía
declarar
las
Nótese que este artículo de la Ley de Puertos de 1880
se refiere específicamente a las accesiones naturales
ocasionadas por el mar, y no a los terrenos ganados al mar
por el ser humano mediante obras de relleno.
CT-2008-04
33
nuevas formaciones como propiedad de los dueños de las líneas
colindantes, el mencionado Artículo 2 de la Ley de Puertos de
1886 establecía que:
[c]uando por consecuencia de estas accesiones, y
por efecto de retirarse el mar, la línea interior
que limita la expresada zona avance hacia
aquellos terrenos sobrantes de lo que era la
antigua zona marítimo-terrestre, pasarán a ser
propiedad del Estado, previo al oportuno deslinde
por el Ministerio de Ultramar, de acuerdo con el
de Marina; y el primero podrá enajenarlos cuando
no
se
consideren
necesarios
para
servicios
marítimos u otros de utilidad pública. (Énfasis
nuestro).
Es decir, la Ley de Puertos de 1886 reconocía el posible
carácter patrimonial y la susceptibilidad enajenable de los
terrenos que previamente se encontraban en la zona marítimoterrestre.
Al
declarar
estos
enajenable
del
Estado,
la
terrenos
propia
como
ley
propiedad
contempló
la
clasificación patrimonial mediante la desafectación natural
de unos terrenos antes ocupados por las aguas. De otra parte,
esta
legislación
enclaves
privados
decimonónica
reconoció
en
marítimo-terrestre
la
zona
la
existencia
por
de
vía
excepcional, dado que claramente establecía que sus efectos
serían sin perjuicio de los derechos que correspondan a los
particulares.26 Véase Rubert Armstrong v. ELA, supra, págs.
26
De hecho, tanto la Ley de Aguas española de 1866 como
la Ley de Puertos de 1880 han sido criticadas por la doctrina
científica por permitir –en la práctica y en la teoría- la
nacionalización patrimonial y la privatización del mar, las
riberas y las costas al reconocer la propiedad particular en
la zona marítimo-terrestre. Véanse T. Quintana López, La
Privatización de los Terrenos de que ha sido Desalojado el
Mar, Revista de Administración Pública, núm. III, SeptiembreDiciembre 1986, pág. 384; R. Parada, Derecho administrativo:
Bienes públicos; Derecho Urbanístico, 7ma ed., T. III,
Madrid, 1998, pág. 164; J.L. Villar Palasi, Apuntes de
derecho administrativo, Facultad de Derecho, Madrid, pág. 66.
Véase además, la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de
CT-2008-04
34
622-623; Exposición de Motivos, Ley de Aguas española de
1866. Véase además, E. Desdentado Daroca, La expropiación de
los enclaves privados en el litoral, supra, pág. 24-34.
Más aún, la Ley de Puertos de 1886 claramente dispone en
su Artículo 7 que “[l]os terrenos de propiedad particular
colindantes con el mar o enclavados en la zona marítimoterrestre, están sometidos a la servidumbre de salvamento y
de
vigilancia
litoral”
(Énfasis
nuestro).
Nuevamente,
el
ordenamiento clasificatorio establecido por dicha legislación
especial
reconoce
la
posibilidad
de
ostentar
propiedad
privada sobre terrenos que, de ordinario, se considerarían
como
bienes
de
dominio
público.
De
hecho,
este
Tribunal
estableció en Rubert Armstrong v. ELA, supra, pág. 630, que
los manglares, o marismas de la zona marítimo-terrestre no
son, por su sola condición de manglares, “bienes de dominio y
uso público de los de aquella naturaleza que están fuera del
alcance del comercio de los hombres”. En ese caso, luego de
examinar las referidas legislaciones especiales, reconocimos
la posibilidad de que exista propiedad y título particular
sobre dichos bienes en determinadas circunstancias.
De otra parte, el Capítulo VI de la referida Ley de
Puertos
-titulado
particulares”claramente
“De
estableció
reconoce
la
las
un
obras
construidas
por
esquema
administrativo
que
posibilidad
de
realizar
obras
_____________________________
Costas Española de 1988. La doctrina jurisprudencial española
también ha reconocido la posibilidad de enclaves privados en
la zona marítimo-terrestre al amparo de la mencionada
legislación
hídrica.
Véanse,
a
modo
ilustrativo,
las
sentencias del Tribunal Supremo español (STS) del 20 de abril
de 1959 (RJ 1959 4309), 18 de junio de 1965 (RJ 1965 3338),
19 de junio de 1967 (RJ 1967, 3171), 13 de octubre de 1981
(RJ 1981 3737), 20 de enero de 1993 (RJ 1993, 447).
CT-2008-04
35
permanentes a título particular en terrenos que en otros
supuestos podrían considerarse como enclavados en la zona
marítimo-terrestre
o
como
bienes
de
dominio
nacional
y
público. Por ejemplo, el Artículo 38 establece que “[e]n
ningún punto de las costas, playas, puertos y desembocaduras
de los ríos, ni en las islas formadas en la zona marítima, se
podrán ejecutar obras nuevas, de cualquier especie que fueren
ni construirse edificio alguno sin la competente autorización
con
arreglo
a
lo
establecido
en
esta
Ley”.
(Énfasis
nuestro).27
Asimismo, y en lo pertinente al caso de autos, resulta
reveladora la única mención que hizo la Ley de Puertos de
1886 en cuanto a los terrenos ganados al mar. El Artículo 57
de la referida ley dispuso que:
[e]n las concesiones de obras en los puertos con
los cuales se ganen terrenos al mar, se exceptuará
siempre de los que se reconozcan de propiedad del
concesionario la parte necesaria para la zona de
servicio a que se refiere el artículo 34, la cual
quedará propiedad del Estado. (Énfasis nuestro).
27
Por otro lado, el Artículo 42 de la Ley de Puertos
requería que cuando las construcciones fueran de carácter
permanente, la autorización la tendría que otorgar el
Ministro de Ultramar, en consulta con el Ministro de la
Marina. Asimismo, el Artículo 45 establecía que estos
funcionarios tenían la facultad para autorizar la formación
de “salinas, fábricas, y otros establecimientos que en todo o
en parte ocupen terrenos de dominio público o con destino al
servicio particular”. A su vez, el Artículo 51 de la referida
Ley de Puertos establecía un esquema administrativo para la
concesión de permisos para desecar y aprovechar las marismas
que fueran propiedad del Estado o de particulares. Más aún,
el Artículo 55 declaraba que estas concesiones en las
marismas
se
otorgarían
sin
pública
licitación
y
a
perpetuidad. Es decir, dicha ley contemplaba la posibilidad
de que las entidades gubernamentales con jurisdicción
pudieran autorizar y permitir la ejecución de obras nuevas en
los bienes antes mencionados, e incluso contemplaba que se
rescataran los terrenos sumergidos en las marismas.
CT-2008-04
36
Como se puede apreciar, la intención legislativa que se
colige del mencionado artículo es excluir de la propiedad
particular
proveerle
de
un
servicio
individuo
a
los
el
espacio
buques,
pues
necesario
los
para
puertos
se
consideraban como bienes de dominio público en virtud de la
misma ley. Artículo 4, Ley de Puertos de 1886.
Dicha salvedad establecida para los terrenos ganados al
mar en los puertos era precisamente la excepción a la regla
general que establecía el Artículo 2 de la Ley de Aguas
Española de 1866 y que se reiteró mediante la Real Orden del
20 de agosto de 1883, la cual disponía para la atribución de
la propiedad de los terrenos ganados al mar a quien hubiere
realizado las obras de relleno o desecación con el permiso
correspondiente. Esta Orden, decretada de forma aclaratoria
después de la aprobación de la Ley de Puertos española de
1880, establecía que los terrenos ganados al mar litoral
fuera de los puertos con obras construidas por el Estado o
particulares
competentemente
autorizados
propiedad
la
los
de
entidad
que
hubiere
para
ello
llevado
serían
a
cabo.
Colección Legislativa de España, Madrid, Tomo CXXXI, 1884,
pág. 398.
Para atender la falta de regulación específica de la Ley
de Puertos de 1886 en cuanto a los terrenos ganados al mar
fuera de los puertos, y en virtud del Artículo 2 del Real
Decreto que extendió la referida legislación a Puerto Rico,
el Ministro de Ultramar dictó una Instrucción que calcó, en
esencia,
el
mismo
texto
de
la
Real
Orden
antes
citada.
Colección Legislativa de España, Madrid, 1887, Tomo 136, 2da
CT-2008-04
parte,
pág.
37
1124.
El
Artículo
22
de
dicha
Instrucción
disponía que
Los terrenos ganados al mar litoral fuera de los
puertos con obras construidas por el Estado, las
provincias,
los
Municipios
o
los
particulares,
competentemente autorizados serán de propiedad de la
entidad que los hubiere llevado a cabo[…] (Énfasis
nuestro).
Es
incuestionable,
pues,
que
esta
última
regla
-también
adoptada por el Rey mediante la Real Orden de 10 de mayo de
1886-
estableció
una
norma
administrativa
que
reafirmaba
y
aclaraba con certeza jurídica el esquema privatizador de la
mencionada legislación decimonónica en cuanto a los terrenos
ganados al mar y su aplicación expresa a Puerto Rico.28
28
El Real Decreto de 5 de febrero de 1886 que hizo
extensivo a Puerto Rico la Ley de Puertos de 1880, disponía
en su Artículo 2 que “[e]l Ministro de Ultramar dictará la
Instrucción para ejecución de la ley, y dará cuenta á las
Cortes del presente decreto.” Posteriormente, el Ministro de
Ultramar promulgó la referida Instrucción, y ésta se aprobó y
se hizo extensiva a Puerto Rico mediante Real Orden de 10 de
mayo de 2006. Colección Legislativa de España, Madrid, Tomo
CXXXVI, Segunda Parte, 1887, págs. 1116-1117. Publicada en la
Gaceta de Madrid, 19 de mayo de 1886, No. 139, 1886/03882.
Este instrumento jurídico, la Instrucción, comparte en
este caso los requisitos que condicionan el ejercicio de la
potestad reglamentaria. Así, esta Instrucción no se limita a
definir la organización interna del órgano administrativo y
dirigir su actividad como la de sus funcionarios, sino que
regula derechos y deberes de los particulares, así como
refleja también normas interpretativas de la legislación de
puertos que vincularán desde luego, a la Administración.
Además, se promulga en virtud del Real Decreto de 5 de
febrero de 1886 que hizo extensiva la Ley de Puertos a Puerto
Rico y que ordenó al Ministerio de Ultramar a dictar la
correspondiente Instrucción para su ejecución.
Finalmente, una vez promulgada se publicó en la Gaceta de
Madrid, por lo cual podemos concluir que la misma encubre
verdaderamente un auténtico reglamento. F. Garrido Falla,
Tratado de Derecho Administrativo, Revista de Administración
Pública, Núm. 48, 1965, págs. 107 et. seq. Cf., M. Moreno
Rebato, Circulares, Instrucciones y Ordenes de Servicios:
Naturaleza y régimen jurídico, Revista de Administración
Pública, Núm. 147, 1998, págs. 159 et seq.
CT-2008-04
38
En vista de lo anterior, y a pesar de que los terrenos
sumergidos bajo los puertos y las aguas navegables no se
mencionan en las referidas leyes españolas, resulta evidente
que el estado de derecho vigente tras el cambio de soberanía
–el cual surge expresamente de la Ley de Puertos de 1886 y el
Artículo
22
de
propiedad
particular
incluso,
en
la
su
respectiva
zona
en
los
Instrucciónterrenos
contemplaba
ganados
marítimo-terrestre
en
al
mar,
la
e
determinadas
circunstancias.29
Es por ello que, conforme a la referida legislación
decimonónica, para que los terrenos ganados al mar puedan
considerarse como de dominio público, tendrían que formar
parte de la zona marítimo-terrestre aún después del acto de
desecación o relleno. Es decir, estos terrenos tendrían que
ser bañados por “el mar en su flujo y reflujo, en donde son
29
A modo ilustrativo, el estado de derecho antes
mencionado tuvo vigencia en España hasta finales del XX, pues
los Reglamentos de Puertos de 1912 y 1928, la Ley de Puertos
de 1928, así como la Ley de Costas del 26 de abril de 1969, no
alteraron la susceptibilidad patrimonial de los terrenos
ganados al mar o previamente sumergidos. Véase T. Quintana
López, La Privatización de los Terrenos de que ha sido
Desalojado el Mar, supra. De hecho, el Artículo 2 de la Ley de
Puertos española de 1928 concedía un derecho de tanteo a los
dueños colindantes de los terrenos ganados por accesiones o
aterramientos cuando el Ministerio de Hacienda desafectara y
enajenara los mismos. No fue hasta la aprobación de la Ley de
Costas y Puertos del 28 de julio de 1988, aprobada al amparo
del Artículo 132.2 de la Constitución Española de 1978, que
cambió la visión en cuanto a los terrenos ganados al mar.
Ello, dado que el Artículo 132.2 de la Constitución española
estableció expresamente que “[s]on bienes de dominio público
estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona
marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los
recursos naturales de la zona económica y la plataforma
continental” (Énfasis nuestro). No obstante, el Tribunal
Supremo español ha aclarado que ello no puede operar en
perjuicio de derechos adquiridos, pues la misma Constitución
impide que dicha norma tenga “trascendencia confiscatoria”.
STS del 10 de junio de 1996 (RJ 1996, 4752).
CT-2008-04
39
sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales en
donde no lo sean”. Artículo 1, Ley de Puertos de 1886.
Así,
pues,
al
examinar
el
derecho
puertorriqueño
aplicable al caso de autos, debemos ponderar si alguna ley
posterior de nuestro ordenamiento alteró o modificó el estado
de
derecho
antes
mencionado
para
la
fecha
en
que
se
realizaron las obras de relleno objeto de controversia.30 El
Procurador General sostiene que tanto las enmiendas al Código
Civil de Puerto Rico de 1902 provenientes de Louisiana como
la
aprobación
de
la
Ley
de
Puertos
de
dramáticamente
el
estado
de
derecho
relacionado
terrenos
ganados
al
clasificación
de
los
1928
mar
cambiaron
en
a
la
nuestra
jurisdicción. No le asiste la razón.
B
En primer lugar, debemos señalar que el Artículo 12 del
Código
Civil
de
1902
establece
que
sus
disposiciones
se
aplicarán de manera supletoria en las materias que se rijan
por leyes especiales. 31 L.P.R.A. sec. 12. Ante la vigencia
de
la
Ley
de
Puertos
de
1886
y
el
Artículo
22
de
su
respectiva Instrucción, es evidente que el Código Civil no
tuvo el efecto de derogar el estado de derecho que emanó de
tales leyes especiales en cuanto a los puertos y los terrenos
ganados al mar.31
30
Debemos señalar que es incontrovertible que las leyes,
ordenanzas
y
reglas
administrativas
españolas
antes
discutidas mantuvieron su vigencia en Puerto Rico luego del
cambio de soberanía en 1898, por mandato expreso de la
Sección 8 de la Ley Foraker, supra.
31
De hecho, el Tribunal Supremo de España resolvió en una
sentencia emitida el 6 de marzo de 1897 que la Ley de Puertos
de 1880, por referirse en su totalidad a una materia
CT-2008-04
40
No obstante, en casos sobre el carácter demanial y la
desafectación de los bienes relativos a la costa y a la zona
marítimo-terrestre,
este
Tribunal
ha
entendido
meritorio
acudir al Código Civil de manera supletoria, pues este cuerpo
normativo regula sistemáticamente la clasificación dominical
de los bienes y las cosas en nuestro ordenamiento jurídico,
incluyendo el mar y sus riberas. Rubert Armstrong v. ELA,
supra, pág. 631; Pueblo v. Dimas, supra, págs. 1072-1073. A
su vez, y aunque tenemos presente que la Ley de Puertos de
1886 y el Artículo 22 de su respectiva Instrucción configuran
el
estado
de
derecho
que
aplica
específicamente
a
los
terrenos ganados al mar, ello no impide que el Estado procure
la
afectación
posterior
de
tales
predios
patrimoniales
conforme al esquema normativo establecido por el Código Civil
para tales propósitos. Veamos.
Nótese que el Artículo 254 del Código Civil de 1930,
proveniente del Código Civil de Louisiana, dispone que “[l]as
cosas comunes son aquéllas cuya propiedad no pertenece a
nadie en particular y en las cuales todos los hombres tienen
libre su uso, en conformidad con su propia naturaleza: tales
son el aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas”. 31
L.P.R.A. sec. 1023. De otra parte, el Artículo 255 del Código
Civil dispone –de manera idéntica al Artículo 339(1) del
Código Civil español de 1889- que “[s]on bienes de dominio
público, los destinados al uso público, como los caminos,
canales, ríos, torrentes y otros análogos”. 31 L.P.R.A. sec.
_____________________________
especial, no fue derogada por el Código Civil. STS de 6 de
marzo de 1897, Jurisprudencia Civil, Colección completa de
las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, Tomo 81,
Madrid, 1897, pág. 439.
CT-2008-04
41
1024. Sin embargo, se omitió la segunda parte del Artículo
339 del Código Civil español de 1889 que disponía que también
eran
de
dominio
privativamente
al
público
los
bienes
Estado.
Conforme
que
al
le
pertenecían
nuevo
ordenamiento
establecido por el Código Civil de 1902, estos bienes dejaron
de ser considerados como bienes de dominio nacional y público
y sencillamente se reconocieron como bienes patrimoniales del
Estado. 31 L.P.R.A. sec. 1025. A su vez, el Artículo 256
dispone que son bienes de uso público “los caminos estaduales
y
los
vecinales,
públicas,
los
las
paseos,
plazas,
y
las
calles,
obras
fuentes
públicas
y
de
aguas
servicio
general, costeadas por los mismos pueblos o con fondos del
tesoro de Puerto Rico”. Id. Véanse además, Ortiz v. Municipio
de Naguabo, 108 D.P.R. 366, 369 (1979); E.L.A. v. Tribunal
Superior, 97 D.P.R. 644, 668-669 (1959).32
Es decir, a partir del año 1902 se estableció en Puerto
Rico
un
conforme
esquema
a
su
tripartito
de
susceptibilidad
de
clasificación
dominio
y
de
bienes
apropiación:
comunes, públicos o patrimoniales. Ello aparenta contrastar
con el régimen clasificatorio establecido por el estado de
derecho
español,
dominicales:
los
que
sólo
bienes
reconocía
públicos
y
dos
los
clasificaciones
bienes
privados.
Artículo 338, Código Civil español de 1889, supra.
A pesar de ello, el reconocimiento de la naturaleza
comunal de los bienes naturales como el aire y el mar no era
32
A pesar de que la enumeración provista por la
mencionada disposición no era de carácter taxativo, lo cierto
es que en Rubert Armstrong v. ELA, supra, pág. 631,
enfatizamos que el mencionado artículo “no mencionaba los
manglares ni marismas como tal” para fundamentar la
naturaleza patrimonial de los terrenos en controversia.
CT-2008-04
ajeno
al
42
ordenamiento
civil
español.
De
hecho,
Manresa
explica que el Código Civil de España obra correctamente al
prescindir de alusión alguna al dominio del mar por ser éste
un
bien
común,
universal
y
humano.
Sin
embargo,
este
tratadista critica que no se haya incluido en la enumeración
de bienes de dominio público al mar litoral, por entender que
éste
es
un
bien
susceptible
de
apropiación
sujeto
a
la
soberanía del Estado, como así lo reconoce la Ley de Puertos
de
1880.
Manresa,
Comentarios
al
Madrid, 8va ed., rev. 1976, T. III,
Ciertamente,
la
distinción
Código
Civil
Español,
pág. 117-118.33
primordial
entre
la
clasificación de las cosas bajo el estado de derecho español
que reconocía la Ley de Puertos y el Código Civil español era
el
carácter
relativo
y
mutable
de
éstas
en
y
fuera
del
comercio. Sin embargo, esta distinción se mantuvo intacta
bajo el esquema tripartito establecido por el Código Civil de
33
Por otro lado, el tratadista español Sabino Álvarez
Gendín postula que los bienes comunes y los bienes de dominio
público no se diferencian en prácticamente nada, salvo que
existe mayor facilidad para que los bienes de dominio público
se transformen jurídicamente en bienes patrimoniales. S.
Álvarez Gendín, El dominio público, Bosch, Barcelona, 1956,
pág. 208. De hecho, tanto los bienes comunes como los bienes
de dominio público son inalienables, imprescriptibles e
inembargables mientras no pierdan su clasificación demanial o
“en tanto que dura su afectación”. Véase Figueroa v.
Municipio de San Juan, 98 D.P.R. 534, 563 (1970); ELA v.
Tribunal Superior, supra, pág. 671; Scaevola, Código Civil,
Tomo XXXII (Vol. 1), págs. 359, 361 y 364, Ed. Reus, 1965;
Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo I (Vol.
2), pág. 839, 10ma. Ed. Reus, 1962. De otra parte, la propia
doctrina científica de Louisiana apunta a que los códigos
civiles modernos, como el de Alemania y España, obran
correctamente al prescindir de referencia alguna a los bienes
comunes, pues se entiende que la clasificación legal –y no
sus
características
inherentesdebe
ser
el
factor
determinante al pasar juicio sobre la susceptibilidad
patrimonial de las cosas. A.N. Yiannopoulos, 2 La. Civ. L.
Treatise, Property § 46 (4ta ed.); Staudinger-Dilcher,
Kommentar zum B.G.B. vor § 90 ann.27 (12ma ed. 1980).
CT-2008-04
43
1902, el cual cuenta con dos órdenes de cosas o bienes que
trascienden el alcance de la propiedad privada; a saber, las
cosas susceptibles de apropiación y las cosas no susceptibles
de apropiación. 31 L.P.R.A. sec. 1081.
Mientras
que
los
bienes
de
dominio
público
no
son
susceptibles de propiedad privada por virtud de la ley; los
bienes
comunes
enumerados
en
el
Artículo
254
no
son
susceptibles de apropiación particular por razón de su propia
naturaleza. De hecho, el Artículo 274 del Código Civil –
proveniente
del
Artículo
482
de
Louisiana-
establece
enfáticamente esta distinción, al disponer que
[e]ntre las cosas que no son susceptibles de
apropiación están comprendidas aquellas que no
pueden ser propiedad particular por razón de su
objeto, tales como las cosas en común o sean
aquéllas cuyo uso y disfrute pertenece a todos los
hombres.
Hay otras cosas, por el contrario, que aunque por
su
naturaleza
son
susceptibles
de
propiedad
particular,
pierden
esta
cualidad
como
consecuencia de la aplicación que de ellas se hace
para fines públicos incompatibles con la propiedad
privada, si bien pueden adquirir su primitiva
condición tan pronto cese el fin público que se
les hubiera dado; tales son los terrenos de la
carreteras, calles y plazas públicas. 31 L.P.R.A.
sec. 1082.34
Claramente, el esquema tripartito antes descrito
no
impide que los terrenos ganados al mar sean susceptibles de
34
Por otro lado, El Artículo 341 del Código Civil español
-aplicable en Puerto Rico desde 1890 hasta 1902- establecía
que “los bienes de dominio público, cuando dejen de estar
destinados al uso general o a las necesidades de la defensa
del territorio, pasan a formar parte de los bienes de
propiedad del Estado”. Por tanto, es evidente que el Fortín y
sus terrenos aledaños eran bienes de dominio nacional y
público conforme al estado de derecho español. No obstante,
el propio Código Civil contemplaba su desafectación cuando
cesara el uso militar, en cuyo caso pasarían a ser bienes
patrimoniales del Estado.
CT-2008-04
apropiación
44
patrimonial.
Ello,
dado
que
la
naturaleza
de
estos bienes tras ser rellenados o desecados posibilita su
apropiación física por un particular, independientemente de
que la ley no permita dicha apropiación.35 De hecho, en vista
de esta realidad conceptual es que tanto la Ley de Aguas
española como la Ley de Puertos de 1886 y el Artículo 22 de
su respectiva Instrucción permitían la mutación dominical de
los terrenos previamente sumergidos tras ser ganados al mar
mediante accesión o relleno, pues reconocían la posibilidad
de
ostentar
descubiertos
propiedad
mediante
la
particular
sobre
autorización
tales
predios
competente
de
las
agencias facultadas para ello.
De
conformidad
con
este
análisis,
Godreau
y
Giusti
comentan lo siguiente al discutir los bienes comunes y su
35
No se deben confundir los bienes comunes -que en su
generalidad universal y humanística no pueden ser objeto de
apropiación (el aire, el viento y el mar)- con los bienes de
dominio público “por su naturaleza”. Estos últimos, aunque
singular
y
técnicamente
podrían
ser
susceptibles
de
apropiación (un metro cuadrado del mar litoral o el cauce de
un río), el estado de derecho lo impide por mandato de la
ley. Véase M. Hauriou, Precis de Droit administratif et Droit
public, Paris, 1914, pág. 665, citado en S. Martín
Retortillo, Aguas Públicas y Obras Hidráulicas, Tecnos,
Madrid, 1966, págs. 231-232.
De conformidad con lo anterior, el Artículo 449 del
Código Civil de Louisiana, en referencia a los bienes
comunes, se refiere a los bienes que no son susceptibles de
apropiación por su naturaleza abundante y universal, como el
aire y el alta mar (“high seas”), y no al mar litoral. De
hecho, el mar litoral, las aguas navegables y los terrenos
sumergidos bajo éstas se enumeran en el Artículo 450 de dicho
Código como bienes públicos que le pertenecen al Estado en su
capacidad
pública,
precisamente,
por
su
naturaleza
susceptible de apropiación particular: “Public things that
belong to the state are such as running waters, the waters
and
bottoms
of
natural
navigable
water
bodies,
the
territorial sea, and the seashore”. Art. 450, La. Civ. Code.
CT-2008-04
45
entrelazamiento con las disposiciones de las leyes especiales
aplicables:
Respecto al mar y sus riberas, aunque son bienes
de dominio público, también están sujetos a
determinados regímenes especiales. Así, en lo
que respecta a la titularidad de las playas, hay
que referirse a la antigua Ley de Aguas española
de 1866, modificada en 1879, según la cual éstas
eran
susceptibles
de
apropiación
por
los
particulares y quienes únicamente tenían que
tolerar servidumbres de pesca y de salvamento a
lo
largo
de
una
estrecha
franja.
Igual
concepción permeaba la Ley de Puertos de 1880,
que empezó a regir en Puerto Rico a partir del
1886. M. Godreau y J.A. Giusti, Las concesiones
de la Corona y propiedad de la tierra en Puerto
Rico, Siglos XVI-XX: Un estudio jurídico, 62
Rev. Jur. U.P.R. 351, 560 (1993) (Énfasis
nuestro).
Es decir, indudablemente el uso del mar es común de
todos los seres humanos y que por virtud de su naturaleza, no
es
susceptible
de
apropiación
patrimonial.
Como
explica
Manresa, “[e]l mar, en efecto, tiene la condición de aquellas
cosas que, según las leyes naturales, no pueden ser objeto de
un dominio exclusivo”. Manresa, supra, pág. 115.36 Por otro
lado, el mar litoral, o el mar cercano a las costas, está
sujeto al régimen especial que estableció la Ley de Puertos
de 1886 y la normativa hídrica especial antes mencionada.
36
Es menester señalar que el concepto jurídico del mar
como bien común de la humanidad tiene su origen en el derecho
romano, por lo que fue posteriormente adoptado en las Tercera
Partida del Rey Alfonso el Sabio e incorporado marginalmente
en las leyes hídricas decimonónicas en referencia al carácter
demanial del mar litoral. Rubert Armstrong v. ELA, supra,
pág. 617. No obstante, debemos aclarar que conforme al
derecho internacional público, este concepto se refiere a los
fondos marinos y submarinos situados fuera de la jurisdicción
de los Estados. Véase Resoluciones 2749 y 2750 del XXV
período ordinario de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, 1970. Véase además, A. Vázquez Arrizosa, El Nuevo
Derecho del Mar, Temis, Bogotá, 1976, págs. 192-193. En el
caso de Puerto Rico, la jurisdicción sobre sus mares se
extiende a tres (3) millas náuticas. 94 Stat. 91, 48 U.S.C.
sec. 749.
CT-2008-04
46
Ello es así, pues las playas no son un ente estático en
términos científicos ni jurídicos. Con el pasar del tiempo y
por virtud de los fenómenos geológicos y ambientales, la
marea fluctúa y altera el espacio comprendido por la zona
marítimo-terrestre, según se define en la Ley de Puertos de
1886. Precisamente de esta premisa se desprende la política
pública
instituida
por
Artículo
22
respectiva
de
su
la
Ley
de
Puertos
Instrucción
de
en
1886
y
el
cuanto
a
la
susceptibilidad patrimonial de los terrenos ganados al mar.
Ya
sea
ocasionados
por
causa
de
naturalmente
las
por
accesiones
el
mar,
o
o
por
aterramientos
las
obras
de
relleno o desecación para ganar terreno autorizadas por el
Estado, las leyes especiales antes mencionadas contemplaban y
regulaban
expresamente
permitía
la
susceptibilidad
circunstancias
Escriche,
la
de
los
Diccionario
nueva
naturaleza
patrimonial
terrenos
ahora
Razonado
en
física
determinadas
descubiertos.
de
que
Véase
Legislación
y
Jurisprudencia, París, 1853, pág. 1249. Como señala Fernando
Garrido
Falla,
no
hay
duda
que
una
pequeña
parcela
de
terreno, aunque se encuentre enclavada en la zona marítimoterrestre,
puede
ser
poseída
y
rendir
utilidad
a
un
particular. Esta realidad física basta para probar que su
naturaleza es susceptible de apropiación particular. Véase F.
Garrido Falla, Comentarios al Código Civil y Compilaciones
Forales, Dirigido por M. Albaradejo,
Tomo V, Vol. 1, pág.
62.37
37
Más aún, existe un consenso entre los tratadistas
españoles de que –a la luz del Código Civil y la Ley de
Puertos de 1880- si se retira el mar surge una nueva zona
CT-2008-04
47
Al no poderse clasificar los terrenos ganados al mar
como bienes comunes, se justificaba normativamente el esquema
privatizador para tales predios que estableció la Ley de
Puertos
de
1886
y
el
Artículo
22
de
su
respectiva
Instrucción. Por tanto, es forzoso concluir que dicho régimen
especial –el cual mantuvo su vigencia incluso después de la
aprobación
del
Código
Civil-
impide
expresamente
tal
clasificación demanial.
Además, los terrenos ganados al mar tampoco se pueden
considerar,
sólo
por
esa
condición
previa
de
terrenos
sumergidos, como bienes de dominio y uso público de los de
aquella naturaleza que están fuera del alcance del comercio
de los hombres, según éstos se definen por los Artículos 255
y 256 del Código Civil de 1930. 31 L.P.R.A. secs. 1024, 1025;
Rubert Armstrong v. ELA, supra. Ello es más evidente aún,
pues el régimen especial aplicable que se desprende la Ley de
_____________________________
marítimo-terrestre, convirtiéndose el espacio libre en un
terreno sobrante que puede quedar desafectado y transformado
en un bien patrimonial. Al respecto, García de Enterría
comenta que la extensión de la zona marítimo-terrestre
dependerá, en cada momento, con relación a la
misma parcela de terreno, de la situación del
mar, que no es siempre la misma, sino variable,
según el movimiento de la arena de los fondos,
según la erosión, el aluvión, etc. […] Debe
entenderse que estos espacios libres son
terrenos perfectamente patrimoniales, en cuanto
a que han perdido su calidad de zona marítimoterrestre […]
E. García de Enterría, Dos
Estudios
Sobre
la
Usucapión
en
Derecho
Administrativo, Editorial Tecnos, Madrid, 1974,
pág. 120.
Véanse, además, L. Diez Picazo, Estudios sobre la
Jurisprudencia Civil, Madrid, 1969, vol. II, págs. 39-40; F.
Garrido Falla, supra, pág. 85; S. Álvarez Gendín, supra,
págs. 79-83; Sainz Moreno, Dominio Público Estatal de las
Playas y Zona Marítimo Terrestre, RAP, 1982, págs. 237-239.
CT-2008-04
48
Puertos de 1886 y el Artículo 22 de su respectiva Instrucción
proveía para que los terrenos ganados al mar fueran propiedad
particular de quienes hubiesen realizado la obra de relleno
con autorización competente. Por consiguiente, los terrenos
ganados al mar no pueden ser automáticamente considerados
como bienes de dominio público conforme al estado de derecho
antes mencionado si tales predios no satisfacen la definición
jurídica del concepto zona marítimo-terrestre que estableció
y delimitó la referida legislación hídrica del siglo XIX.
C
Por otro lado, debemos examinar si las disposiciones de
la Ley de Muelles y Puertos de 1928 relativas a los terrenos
ganados
al
mar
son
incompatibles
con
los
preceptos
instituidos sobre los mismos por la Ley de Puertos de 1886.38
En lo pertinente a los terrenos ganados al mar, la Sección
47(b) de la Ley de Puertos de 1928 estableció las facultades
de
los
Capitanes
de
Muelles,
al
disponer
que
estos
funcionarios tendrían la función y responsabilidad de:
[v]igilar por sí y con su [sic] auxiliares, por
la conservación de los muelles, malecones,
terraplenes y porque tanto éstos como los
terrenos públicos que forman la zona marítima y
los terrenos agregados a ella o ganados al mar,
sean conservados y no sean ocupados sin el
consentimiento
del
Comisionado
del
Interior[…](Énfasis nuestro).
De dicho articulado no se colige una nueva definición de
la
zona
38
marítimo-terrestre
ni
una
modificación
a
la
Nótese que la Ley de Muelles y Puertos no derogó en su
totalidad la Ley de Puertos de 1886, pues este Tribunal ha
resuelto que las leyes portuarias aprobadas con posterioridad
a
dicha
legislación
decimonónica
deben
interpretarse
conjuntamente para determinar si las disposiciones de la
primera aún son aplicables. López Sobá v. Fitzgerald, supra.
CT-2008-04
49
susceptibilidad patrimonial o la naturaleza dominical de los
terrenos ganados al mar, según contemplaban la Ley de Puertos
de 1886 y el Artículo 22 de su respectiva Instrucción. Esta
ley sólo establecía un sistema administrativo para el manejo
de los muelles y los puertos, por lo que dicha disposición se
refiere exclusivamente a ciertos deberes y facultades de un
funcionario público.39
Ahora bien, con posterioridad a los actos de relleno
bajo
nuestro
escrutinio,
en
el
año
1968
la
Asamblea
Legislativa aprobó una ley que por primera vez mencionaba
expresamente
los
terrenos
ganados
al
mar
como
parte
del
concepto jurídico de la zona marítimo-terrestre. La Ley Núm.
151 del 28 de junio de 1968, conocida como la Ley de Muelles
y Puertos de 1968, establecía las funciones y los deberes de
la
Autoridad
de
los
Puertos
y
del
Secretario
de
Obras
Públicas sobre la zona marítimo-terrestre. 23 L.P.R.A. secs.
2101-2801.
En lo pertinente al caso de autos, el Artículo 1
de la
referida ley definió y delimitó la zona marítimo-terrestre
como el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar
en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y
39
De hecho, en López Sobá v. Fitzgerald, supra, aclaramos
que las leyes de puertos posteriores a la Ley de Puertos de
1886, incluyendo la Ley de Puertos de 1928, “solamente
reglamentan el servicio de muelles y puertos de la isla”, sin
regular asuntos sustantivos sobre la titularidad de los
bienes aledaños a la costa. De otra parte, este Tribunal ha
expresado que “la intención del legislador en dicha
disposición no fue otra […]que prohibir, a menos que se haya
obtenido un permiso escrito del Comisionado del Interior, la
construcción, en las orillas de los puertos, bahías o radas,
y en los terrenos públicos que forman la zona marítima y en
los terrenos agregados a ella o ganados al mar”. Pueblo v.
del Valle, supra, pág. 189 (Énfasis nuestro).
CT-2008-04
50
las mayores olas en los temporales en donde las mareas no son
sensibles,
incluyendo
los
terrenos
ganados
al
mar
y
las
márgenes de los ríos “hasta el sitio en que sean navegables o
se hagan sensibles las mareas”. 23 L.P.R.A. sec. 2103(n).
Véase además, Mun. de San Juan v. J. C. A., 152 D.P.R. 673
(2000). No obstante, dicha ley no tiene ningún efecto sobre
el caso de autos, pues expresamente dispone en su Sección
1.11
que
la
misma
afectará
“[n]o
derechos
adquiridos
u
obligaciones incurridas por la Autoridad o persona alguna
bajo
la
legislación
anterior
[…]”
23
L.P.R.A.
sec.
2111
(Énfasis nuestro).40
Así las cosas, y por todo lo antes expuesto, no cabe
duda de que el estado de derecho en Puerto Rico sobre los
terrenos ganados al mar para la fecha en que se realizaron
las
obras
de
relleno
en
ambas
parcelas
se
desprendía
exclusivamente de la Ley de Puertos de 1880 y el Artículo 22
de la Instrucción promulgada a tenor con el Artículo 2 del
Real Decreto de 5 de febrero de 1886, la cual se aprobó y se
extendió a Puerto Rico mediante la Real Orden de 10 de mayo
de
1886.
Por
consiguiente,
resulta
forzoso
resolver
la
controversia de autos en cuanto al Condado Bay Parcel bajo
dichos estatutos y la doctrina civilista aplicable.
V
La
doctrina
civilista
antes
examinada
nos
lleva
a
concluir que como consecuencia de su naturaleza susceptible
de
mutación
40
dominical
y
apropiación
particular
tras
ser
Por tanto, es innecesario examinar el alcance de la
definición de zona marítimo-terrestre que se desprende de la
referida legislación de 1968, pues dicha ley especial no es
de aplicación al caso de autos.
CT-2008-04
51
ganados al mar, los terrenos sumergidos bajo aguas navegables
son, como máximo, bienes de dominio y uso público por virtud
del ordenamiento jurídico instituido por la Ley de Puertos de
1886 y el Código Civil de Puerto Rico. 31 L.P.R.A sec. 1024.
No obstante, tal como explicamos antes, los terrenos ganados
al mar no se pueden considerar, por esa sola condición de
provenir
del
mar
litoral,
como
bienes
de
dominio
y
uso
público de los de aquella naturaleza que están fuera del
alcance del comercio de las personas. Aclarado lo anterior,
nos
corresponde
terrenos
determinar
sumergidos
que
si
en
el
caso
posteriormente
se
de
autos,
ganaron
los
al
mar
fueron debidamente desafectados conforme al estado de derecho
vigente para la fecha en que se realizaron los rellenos en el
Condado Bay Parcel.
A
En el estado de derecho puertorriqueño aún impera una
bifurcación entre los bienes de dominio público y los bienes
patrimoniales que permite la mutación dominical de las cosas
mediante actos de afectación y desafectación. 31 L.P.R.A.
1082.
En
nuestro
ordenamiento
civilista,
la
afectación
implica que una cosa queda destinada a un fin de interés
público y adquiere la clasificación jurídica particular de
bien de dominio público. Id.; Figueroa v. Municipio de San
Juan, supra. Véase además, M. Ballbé, Concepto del dominio
público, Barcelona: Bosch, 1945.
El acto de afectación se desprende de una declaración
del
legislador
(Código
Civil,
Ley
de
Puertos,
etc.)
o
mediante actos administrativos realizados por el Estado bajo
CT-2008-04
la
52
autorización
de
alguna
ley
(como
por
ejemplo,
la
construcción de una plaza o de un cementerio). En vista de
ello,
la
clasificación
demanial
puede
responder
exclusivamente a la propia naturaleza de la cosa sin que se
requiera ningún acto ulterior del soberano, como sería el
caso de los ríos y los torrentes, pues su afectación está
definida
de
modo
general
en
la
ley
con
relación
a
determinadas circunstancias físicas o naturales. 31 L.P.R.A.
sec. 1024. En otros casos, la afectación responde al acto
singular del soberano para construir o establecer un inmueble
para
fines
públicos,
como
por
ejemplo,
las
carreteras
estatales o cementerios municipales.41
Según el profesor Godreau, el uso público es el factor
definitorio en la clasificación de estos bienes, pues
[e]l carácter de dominio público de un bien no
depende de su naturaleza física o geológica. Lo
determinante es su finalidad: el uso público del
mismo. De ahí que un bien, originalmente de
dominio público, pueda transformarse en bien
patrimonial, susceptible de enajenación, si su uso
cesa de ser público. M. Godreau y J.A. Giusti,
supra, pág. 563. (Énfasis nuestro).
Por consiguiente, la desafectación es el acto contrario
a la afectación, que produce el efecto de la pérdida de la
clasificación de dominio público del bien objeto de dicho
acto.
Como
mencionamos
anteriormente,
la
desafectación
contemplada por el Artículo 274 del Código Civil de Puerto
Rico requiere que para adquirir una condición patrimonial, el
41
Véase, por ejemplo, Balzac v. Registrador, 51 D.P.R.
757, 759 (1937). Véase además, F. Garrido Falla, Comentarios
al Código Civil y Compilaciones Forales, Dirigido por M.
Albaradejo, Tomo V, Vol. 1, págs. 56-57; A. Guaita, Derecho
Administrativo: Aguas, montes, minas, 2da edición, Civitas,
págs. 24-34; García de Enterría, supra, pág. 117.
CT-2008-04
53
bien de dominio público susceptible por su naturaleza de
propiedad particular cese el fin público que se le hubiera
dado. 31 L.P.R.A. 1082. Véase además, Balzac v. Registrador,
supra.
La
doctrina
civilista
española
sobre
los
bienes
de
dominio público establece que la desafectación procede del
mismo modo en que tuvo lugar la afectación. Es decir, la
mutación dominical ocurre por virtud de la ley, por actos
administrativos, o por cambios en las condiciones naturales
de los bienes que los excluyen de lo previsto en la ley.42 S.
Álvarez Gendín, El Dominio Público, supra, pág. 41. De otra
parte,
supremo
Manresa
indica
ordenador
que
“la
función
jurídico
de
la
del
Estado,
sociedad,
como
entraña
la
facultad de distinguir las cosas públicas y de determinar, en
virtud de su soberanía, el destino propio de los medios”.
Manresa, supra, pág. 128.
Conforme
a
la
doctrina
española,
el
acto
de
desafectación puede ser realizado tanto por una autoridad
legislativa o una entidad administrativa, siempre y cuando
ésta tenga competencia para ello. Más aún, se entiende que el
destino de las cosas no depende tanto de una declaración
expresa ejecutiva o administrativa, sino del uso público que
se
le
concede
a
las
mismas.
Cuando
el
uso
público
cesa
respecto a determinados bienes, cesa también su clasificación
de
dominio
42
público.
Manresa,
supra,
pág.
129;
García
de
Por otro lado, se ha postulado que tanto la afectación
y la desafectación de las cosas al uso público resultará
simplemente de las puras circunstancias de hecho del uso o
del no uso, sin precisión alguna de fórmulas sacramentales.
García de Enterría, supra, pág. 101.
CT-2008-04
Enterría,
54
La
supra.
generalmente
particular
desafectación,
implica
del
Estado
que
los
para
sea
bienes
regirse
expresa
pasan
por
o
tácita,
al
patrimonio
leyes
especiales
administrativas, como lo sería la Ley de Puertos y la Ley de
Aguas.
Asimismo,
la
bienes
implica
que
inalienabilidad,
transformación
éstos
patrimonial
pierden
imprescriptibilidad
su
e
de
carácter
tales
de
inembargabilidad.
Figueroa v. Municipio de San Juan, supra.
De otra parte, es menester señalar que la desafectación
de los bienes que son de dominio público “por su naturaleza”
requiere que éstos pierdan la condición que justifica su
inclusión en el dominio público. Garrido Falla explica que
para que ocurra esta mutación dominical tienen que mediar
unas modificaciones topográficas artificialmente introducidas
por un particular (como lo sería la alteración de un cauce de
un río que deja al descubierto el antiguo álveo o el relleno
y desecación de una marisma), o unas alteraciones naturales
de sus condiciones físicas (como lo sería, por ejemplo, la
retirada del mar, que supondría simultáneamente la retirada
de
la
zona
tratadista,
en
marítimo-terrestre).
Según
estos
duda
casos
no
hay
el
de
que
mencionado
se
puede
producir una desafectación, siempre y cuando se cumpla con el
esquema administrativo contemplado por el régimen especial
aplicable.43 En el caso de los terrenos ganados al mar, dicho
43
Asimismo, se ha reconocido que la Ley de Aguas y la Ley
de Puertos contemplaban la desafectación por la “consumación
de efectos”. García de Enterría, supra, pág. 115. Los
terrenos ganados al mar no son necesariamente espacios
naturales de la zona marítimo-terrestre, pues las obras de
relleno o de desecación producen una transformación de las
características físicas y naturales que pueden excluir al
CT-2008-04
55
esquema proviene de la Ley de Puertos de 1886 y el Artículo
22 de su respectiva Instrucción. Véase Garrido Falla, supra,
págs. 84-85.
B
Se
desprende
de
dicha
doctrina
que
la
desafectación
contemplada por el Artículo 274 del Código Civil de Puerto
Rico puede ocurrir por virtud de un acto de soberanía, ya sea
mediante la aprobación de una ley a tales efectos o mediante
un acto administrativo con los poderes delegados para ello; o
por virtud de los cambios en la condición natural de los
bienes que los excluyan de la clasificación contemplada por
la propia ley. El factor fundamental para la desafectación
debe ser que haya cesado el fin público que se le hubiera
dado al bien objeto de desafectación. 31 L.P.R.A. sec. 1082.
De
hecho,
nuestro
ordenamiento
puede
requerir
una
combinación de las modalidades de desafectación para que ésta
proceda conforme a derecho. En lo referente a los terrenos
sumergidos, los cuales consideramos bienes de dominio público
“por
su
naturaleza”
por
mandato
del
Código
Civil,
hemos
observado que el estado de derecho vigente para la fecha en
que se realizaron los rellenos en el Condado Bay Parcel –que
se desprende exclusivamente de la Ley de Puertos de 1886 y el
_____________________________
predio rescatado de la mencionada definición jurídica. A modo
ilustrativo, la Ley de Costas española de 1988 reconoce esta
característica particular de los terrenos ganados al mar en
su Disposición Transitoria Segunda, la cual garantiza los
derechos adquiridos sobre los mismos si existe un título
administrativo suficiente. Así, pues, se excluyen los
terrenos rellenados bajo propiedad particular del régimen de
expropiación en la zona marítimo-terrestre contemplado por el
estado de derecho español introducido por la Constitución de
1978 y la Ley de Costas de 1988. E. Desentado Daroca, supra,
págs. 62-63.
CT-2008-04
Artículo
56
22
de
su
respectiva
Instrucción-
contemplaba
la
posible desafectación de éstos al transformarse en terrenos
ganados al mar. Para que procediera la desafectación, no tan
sólo
se
requería
la
degradación
de
la
naturaleza
de
los
terrenos sumergidos mediante actos de accesión u obras de
desecación y relleno, sino que se requería el cumplimiento
con un esquema administrativo establecido por la referida
legislación hídrica española.
Dicha conclusión se desprende de la doctrina civilista
antes mencionada, integrada con la normativa que estableció
tanto la Ley de Aguas española de 1866 como la Ley de Puertos
de
1886
y
el
legislaciones
Artículo
hídricas
22
de
su
Instrucción.
formularon
el
estado
de
Estas
derecho
aplicable al caso de autos, el cual claramente contemplaba la
posibilidad
de
que
los
terrenos
ganados
al
mar
litoral
mediante obras construidas por el Estado, los Municipios o
los particulares competentemente autorizados para ello fueran
propiedad de la entidad que los hubiere llevado a cabo.44
Es decir, la desafectación de los terrenos sumergidos en
aguas navegables no tan sólo requiere un acto de alteración a
su
naturaleza
44
que
justifique
la
nueva
clasificación
De hecho, este Tribunal resolvió una demanda sobre la
titularidad de unos terrenos ganados al mar a favor del
Estado y en contra de la persona que rescató los terrenos
sumergidos mediante la desecación y relleno de manglares,
pues tales actos fueron voluntarios y no se demostró “que
estuvieran autorizados por el Estado Español”. Pueblo v.
Dimas, 18 D.P.R. 1061 (1912). Véase además, a modo
ilustrativo, la sentencia del 23 de marzo de 1972, Aranzadi
núm. 1562, en la que el Tribunal Supremo de España expresó
que “[l]os terrenos ganados al mar como consecuencia de obras
construidas por particulares competentemente autorizados
serán propiedad de quien las hubiere ejecutado, principio
sancionado por la jurisprudencia de todos los tiempos […]”.
CT-2008-04
57
patrimonial, sino que requiere un acto administrativo que
autorice y convalide tales obras de degradación artificial.
Para ello, varias disposiciones de la Ley de Puertos de 1886
y
su
respectiva
Instrucción
establecían
un
esquema
administrativo con relación a la concesión de permisos y
autorizaciones para la construcción de obras permanentes en
las costas, puertos, marismas y otros terrenos enclavados en
la zona marítimo-terrestre a título particular. A. Guaita,
Derecho Administrativo: Aguas, montes, minas, supra, págs.
30-31.
La Ley de Muelles y Puertos de 1928 sólo alteró este
esquema en el sentido de sustituir al Ministerio de Ultramar
y de la Marina por el Comisionado de Interior del gobierno
insular de Puerto Rico.45 Sin embargo, y contrario a lo que
aduce el Procurador General,46 no hemos encontrado ninguna
fuente jurídica en el estado de derecho puertorriqueño que
exija una declaración expresa de la Asamblea Legislativa para
45
A
su
vez,
el
Comisionado
del
Interior
fue
posteriormente
sustituido
por
el
Secretario
de
Obras
Públicas. Ley Núm. 6 del 24 de julio de 1952.
46
Para ello, cita al Tribunal Supremo de Louisiana en
State ex rel. Guste v. Board of Commissioners of Orleans
Levee District, 456 So.2d 605 (La. 1984) y sugiere que
adoptemos su raciocinio normativo. No obstante, es evidente
que dicha analogía es totalmente improcedente e inaplicable
al contexto puertorriqueño, pues ese caso se refiere
específicamente a varias enmiendas constitucionales aprobadas
en Louisiana en la primera mitad del siglo XX cuyo propósito
era conceder un mandato amplio a las agencias pertinentes
para realizar varias obras de dragado y relleno a título
patrimonial. Lo que en esencia sugiere el Procurador al citar
la jurisprudencia de ese estado es que la desafectación de
los terrenos ganados al mar requiere de una enmienda
constitucional que sea clara y expresa en cuanto a su
intención de desafectar dichos bienes o de transferir su
titularidad.
CT-2008-04
58
que proceda la desafectación de los terrenos ganados al mar
cuando éstos dejan de ser un bien de dominio público “por su
propia naturaleza” tras la autorización administrativa de la
entidad pública con jurisdicción para ello.47
De conformidad con el estado de derecho antes examinado,
es evidente que el Condado Bay Parcel constituye un terreno
ganado
al
mar
que
fue
debidamente
desafectado
en
su
totalidad, por lo que no puede ser clasificado como un bien
de dominio público. Las obras de relleno realizadas en la
década de los cincuenta que crearon dicha parcela -con el
47
Para fundamentar esta teoría, el Procurador indica que
la desafectación no puede darse “arbitrariamente o sólo
mediante la determinación del funcionario o de la entidad que
tenga su custodia”, pues alega que será necesario que la
inutilidad surja de fenómenos naturales, o que medie un acto
legislativo declarando el cese de tal inutilidad. M. Godreau
y J.A, Giusti, supra, pág. 563. Para sustentar esta premisa,
se refiere al Artículo VI, Sección 9 de la Constitución. Art.
VI, sec. 9, Const. ELA, L.P.R.A. Tomo 1. La citada cláusula
constitucional requiere que la enajenación de propiedades del
Estado y el desembolso de fondos públicos se haga para fines
públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las
instituciones del Estado. Aponte Hernández v. Acevedo Vilá,
res. 16 de febrero de 2006, 2006 T.S.P.R. 24. Sin embargo,
esta cláusula constitucional no regula la clasificación
jurídica o posible desafectación de los bienes de dominio
público. Véase Asociación Pro Control de Acceso Calle
Maracaibo v. Cardona, 144 D.P.R. 1 (1997).
Este Tribunal ha establecido que los bienes de dominio
público no son susceptibles de enajenación ni posesión
privada, por lo que el Estado no puede disponer de ellos
mientras mantengan tal carácter. Caquías v. Asoc. Res.
Mansiones Río Piedras, 134 D.P.R. 181. 292 (1993); Rubert
Armstrong vs. ELA, supra, pág. 616; Ortiz Carrasquillo vs.
Municipio de Naguabo, supra, pág. 369; Balzac v. Registrador,
supra, pág. 759. Además, nótese que todas las enajenaciones
en cuestión se hicieron mediante el Hotel Development
Corporation, que ya ostentaba la propiedad privada de estos
terrenos conforme a la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, 23
L.P.R.A. sec. 671 (m), la cual autoriza el traspaso de bienes
públicos y patrimoniales del Estado a la Compañía de Turismo
para los fines que dicha corporación pública estime
necesarios o convenientes.
CT-2008-04
propósito
59
de
ampliar
las
instalaciones
del
Hotel
Caribe
Hilton- fueron dirigidas por el propio Estado Libre Asociado
por conducto de la Compañía de Fomento Industrial.
Estas obras recibieron la autorización correspondiente
de la Junta de Planificación y del Departamento de Obras
Públicas, organismos administrativos con jurisdicción para la
fecha
en
que
se
realizaron
los
rellenos
en
la
referida
parcela.48 Se colige de la normativa civilista examinada que,
en
el
caso
del
Condado
Bay
Parcel,
dicha
autorización
administrativa fue un acto jurídico adecuado y suficiente –
según la Ley de Puertos de 1886 y el Artículo 22 de su
respectiva
Instrucción-
para
desafectar
terrenos.
Por
tales
predios
tanto,
los
mencionados
patrimoniales
se
integraron al comercio de las personas conforme al estado de
derecho
aplicable,
por
lo
que
pueden
ser
objeto
de
apropiación particular.
VI
Por otro lado, y con relación al Coast Guard Parcel, es
menester aclarar que no ocurrió una afectación tácita de
dicha parcela tras su adquisición por la Administración de
Terrenos en 1991. No cabe duda de que al extinguirse el
interés federal sobre tales predios, los mismos han estado
sujetos de manera prospectiva al derecho estatal. Oregon ex
rel. State Land Board v. Corvallis Sand & Gravel Co., 429
48
Por otro lado, es menester señalar que el uso y
destino público del predio previamente sumergido cesó
inmediatamente tras ser rescatado del mar, pues surge del
expediente que el Condado Bay Parcel fue utilizado para
ampliar el Caribe Hilton y para crear un área de
estacionamiento privado bajo la administración del mencionado
hotel.
CT-2008-04
60
U.S. 363 (1977). Sin embargo, ello no implica que el derecho
estatal se pueda aplicar retroactivamente en perjuicio de
derechos
adquiridos
al
amparo
de
un
estado
de
derecho
distinto al que imperaba cuando se llevaron a cabo las obras
de relleno en controversia.
Aunque el Artículo 1 de la Ley de Muelles y Puertos de
1968, supra, se podría interpretar para incluir los terrenos
ganados al mar en la definición de zona marítimo-terrestre,
dicha definición no podría aplicarse de forma alguna a los
rellenos del Coast Guard Parcel que se llevaron a cabo en
1941. Como mencionamos anteriormente, la misma Ley de Puertos
de
1968
establece
claramente
que
sus
preceptos
“[n]o
afectará[n] derechos adquiridos u obligaciones incurridas por
la Autoridad o persona alguna bajo la legislación anterior.
Pero
esta
ley
será
aplicable
a
todas
las
acciones
y
procedimientos que surjan después de su vigencia […]”. 23
L.P.R.A. 2111.
A la luz de lo anterior, es inevitable concluir que el
derecho
puertorriqueño
aplicable
al
Coast
Guard
Parcel
a
partir de 1991 es el estado de derecho que emana de la Ley de
Puertos
de
1886
y
el
Artículo
22
de
su
respectiva
Instrucción, según lo examinamos en las partes IV y V de esta
Opinión. Ello, dado que las obras de relleno en controversia
se realizaron a título patrimonial por el Departamento de la
Marina en 1941, casi tres décadas antes de que entrara en
vigor la Ley de Puertos de 1968.
Somos del criterio que aunque el gobierno de Puerto Rico
tenía
la
potestad
para
afectar
nuevamente
tales
predios
CT-2008-04
61
cuando los adquirió mediante un contrato de compraventa para
destinarlos al uso y dominio público de conformidad con el
estado de derecho puertorriqueño, el expediente del caso de
autos demuestra que tal conversión dominical nunca ocurrió.
Para determinar si el carácter de un bien es de dominio
público,
lo
más
importante
es
considerar
la
finalidad
y
destino que se le otorgue al mismo, y no su naturaleza física
o
geológica.
31
L.P.R.A.
1082.
Véase
M.
Godreau
y
J.A.
Giusti, supra, pág. 563.
El gobierno de Puerto Rico nunca destinó ni administró
los
terrenos
bienes
de
ganados
dominio
al
mar
del
Coast
público.
Ni
las
Guard
como
Parcel
expresiones
de
un
funcionario de la Administración de Terrenos ni un Reglamento
de Zonificación Especial que nunca fue implementado y que fue
derogado
por
uno
que
reconoce
la
patrimonialidad
de
los
terrenos al año siguiente de la adquisición de los terrenos
constituyen actos suficientes para la debida configuración de
la afectación demanial de los terrenos. Por consiguiente,
concluimos
que
patrimoniales
tales
tras
su
predios
continuaron
adquisición
por
siendo
bienes
Estado
Libre
el
Asociado de Puerto Rico en 1991.
De otra parte, es menester señalar que el Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales certificó en diciembre de
1994
un
deslinde
de
la
zona
marítimo-terrestre
de
los
terrenos rellenados del Coast Guard Parcel, que según se
desprende
del
expediente,
no
interfería
con
los
predios
proyectados para la construcción del Proyecto Paseo Caribe.
Véase Exhibit Estipulado Núm. 34, Ap. Vol. I. Asimismo, en
CT-2008-04
62
septiembre de 1998, dicha agencia aprobó el deslinde de la
zona marítimo-terrestre del Hotel Caribe Hilton –incluyendo,
claro está, el Condado Bay Parcel- el cual también certificó
que
dicha
parcela
no
se
marítimo-terrestre
del
encontraba
litoral
enclavada
colindante.
en
la
Véase
zona
Exhibit
Estipulado Núm. 35, Ap. Vol. I.
Aunque dichos terrenos ganados al mar están enclavados
en lo que anteriormente formaba parte de la zona marítimoterrestre,
terrenos
no
se
objeto
ha
de
presentado
prueba
controversia
se
alguna
de
encuentren,
que
los
luego
de
realizados los rellenos, en el espacio de las costas que baña
el mar en su flujo y reflujo, ni en donde son sensibles las
mareas, ni en el espacio al cual llegan las mayores olas en
los temporales en donde las mareas no son sensibles. Por
tanto, es forzoso concluir que conforme al derecho aplicable,
los terrenos ganados al mar en el Condado Bay Parcel y el
Coast
Guard
convertidos
Parcel
en
fueron
bienes
debidamente
patrimoniales,
desafectados
por
lo
que
y
son
susceptibles de apropiación particular.
VII
Para concluir, la polémica relacionada al Proyecto Paseo
Caribe ha generado un intenso debate en el país sobre la
seguridad
jurídica
ordenamiento
y
la
estabilidad
constitucional.
Este
normativa
principio
de
nuestro
universal
del
derecho exige el reconocimiento de que las leyes y las reglas
en
una
sociedad
democrática
emanan
de
la
soberanía
del
pueblo, expresada por conducto de los poderes ejecutivos y
legislativos del gobierno, y que existe un poder judicial
CT-2008-04
63
independiente para garantizar la certeza y la confianza en la
interpretación
Ello
se
imparcial
mantuvo
del
estado
presente
al
de
derecho
aplicable.
pasar
juicio
sobre
la
clasificación jurídica de los terrenos ganados al mar objeto
de
controversia,
particularidades
pues
del
su
resolución
de
autos
caso
al
trasciende
incidir
sobre
las
una
política de planificación urbana que cimentó los orígenes de
muchas comunidades del país.
Por tanto, es necesario enmarcar esta Opinión en el
contexto
histórico
apropiado.
Debemos
recalcar
que
una
tercera parte del litoral de la bahía de San Juan ha sido
modificada por rellenos o dragados. Las áreas rellenadas -en
su
mayoría
alrededor
mediante
de
los
años
obras
gubernamentales
cuarenta
(1940)
realizadas
con
finalidades
urbanas- comprenden las zonas de Puerto Nuevo, Martín Peña,
la Puntilla, Puerta de Tierra, Isla Grande, Sabana y Amelia,
Isla de Cabras, Puente Blanco, Juana Matos, Barrio Obrero,
Ocean Park, Isla Verde, el Condado, la península Esperanza y
por último, las porciones sudeste y noreste de la Isleta de
San Juan. Véase J. Seguinot Barbosa, San Juan, Puerto Rico:
La Ciudad al margen de la Bahía, una visión geoecológica y
jurídica, Editorial GEO, 1997, pág. 90. Véanse, además, A.
Sepúlveda
&
J.
Carbonell,
Cangrejos
ilustrada
de
su
desarrollo
urbano
Investigaciones
CARIMAR,
Oficina
–
Santurce,
(1519-1950),
Estatal
de
Historia
Centro
de
Preservación
Histórica, San Juan (1987); A. Sepúlveda, San Juan, Historia
ilustrada
de
su
desarrollo
urbano,
1508-1898,
Investigaciones Carimar, San Juan (1989).
Centro
de
CT-2008-04
64
De esta forma, la política de dragado y relleno dirigida
por el propio Estado durante gran parte del siglo XX dio
origen a muchas comunidades de la ciudad capital, las cuales
abarcan
una
diversidad
representativa
nuestro
de
la
ordenamiento
socioeconómica
sociedad
que
en
la
y
cultural
puertorriqueña.
mayoría
de
los
Surge
de
sectores
mencionados –como por ejemplo, los barrios de Sabana y Amelia
asentados sobre las áreas de manglares al sur de la bahía- no
ha mediado acto legislativo alguno para aclarar la naturaleza
privativa
de
los
terrenos
rellenos.
Véase
J.
Seguinot
Barbosa, supra, pág. 74.49 A pesar de la falta de acción
legislativa para aclarar la naturaleza patrimonial de estos
sectores rescatados del mar o de terrenos sumergidos en áreas
de manglares, lo cierto es que el Estado promovió y participó
activamente
en
este
proceso
de
rellenos
para
fines
urbanísticos.50
49
El Procurador General alega que a lo largo del siglo XX
la Asamblea Legislativa entendió necesario emitir legislación
específica para enajenar terrenos sumergidos y terrenos
ganados al mar. No obstante, se desprende del historial
legislativo de los pocos ejemplos que nos presenta que el
propósito de dichas leyes era aclarar la incertidumbre sobre
la titularidad que ostentaban varias agencias sobre algunos
predios enclavados en la zona-marítimo terrestre, establecer
servidumbres de acceso a la playa, e incluso, eximir a varios
hoteles de la servidumbre de vigilancia litoral requerida
para terrenos de esta índole. Ese fue el caso de la Ley Núm.
25 del 2 de agosto de 1990 en cuanto al Hotel El
Conquistador, y la Ley Núm. 3 del 22 de agosto de 1990 en
referencia a unos predios del Hotel Condado Beach, el Centro
de Convenciones y el Hotel La Concha. A pesar de lo anterior,
no hemos encontrado ley alguna para desafectar los terrenos
rellenados en el litoral de la bahía en los que hoy se
asientan las comunidades mencionadas.
50
Por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico le garantizaba
una parcela a toda persona que colaborara en los rellenos de
las áreas manglares de Puerta de Tierra. El plan urbanístico
diseñado por el Estado consistía en la desecación y relleno
CT-2008-04
65
En el caso de autos, y desde el contexto histórico antes
mencionado, es evidente que las obras de relleno del Coast
Guard Parcel y del Condado Bay Parcel realizadas a mediados
del siglo XX no fueron producto de una anomalía o de un
procedimiento administrativo irregular. Todo lo contrario, el
origen de los terrenos ganados al mar objeto de controversia
en
el
presente
caso
forma
parte
de
un
proyecto
que
se
ajustaba enteramente al enfoque urbanístico de la época, con
la autorización expresa de las entidades gubernamentales que
se
entendían
con
jurisdicción
para
otorgar
los
permisos
correspondientes. Avalar la novel teoría esgrimida por el
Estado en este caso colocaría en una precaria situación a
miles de hogares localizados en algunas de las zonas más
características de la zona metropolitana. No podemos actuar
en abstracción de esa realidad.
Por todo lo antes expuesto, concluimos que los terrenos
ganados al mar en el Coast Guard Parcel y en el Condado Bay
_____________________________
de todas las áreas de manglares al margen de la bahía. Este
plan incluía los canales de San Antonio y Martín Peña; las
áreas de Las Monjas en Hato Rey, y el sector entre el canal
de San Fernando, Cataño y Bayamón. Véase “La Bahía de San
Juan: La desecación de los manglares” en el periódico El
Mundo, 25 de octubre de 1920, pág. 3, citado en J. Seguinot
Barbosa, supra. Este proyecto urbano de rellenos respondía a
que la creciente demanda por espacios para la construcción
obligó al Estado a vender en subasta pública terrenos
manglares y pantanosos. Id. págs. 66-67. Cónsono con dicha
política pública, de 1930 a 1950 se realizaron varios
rellenos de la antigua ciénaga de Machuchal para desarrollar
las comunidades de Ocean Park y Punta Las Marías. Asimismo,
se rellenó un sector de la orilla norte del Caño Martín Peña
para ampliar la comunidad de Barrio Obrero. A. Sepúlveda &
J. Carbonell, supra, págs. 48, 60. De otra parte, el gobierno
federal llevó a cabo un relleno inmenso de los alrededores de
la bahía de San Juan en las áreas de manglares al sur del
canal de San Antonio, Isla Grande y la isla Miraflores con
material proveniente de la bahía, en el sector donde se
construyó el aeropuerto Isla Grande y en el que hoy día ubica
el Centro de Convenciones.
CT-2008-04
66
Parcel fueron debidamente desafectados conforme al estado de
derecho
aplicable.
Estos
terrenos
son
susceptibles
de
enajenación patrimonial, por lo que no son bienes de dominio
público.
Por
consiguiente,
se
declara
No
ha
Lugar
la
apelación y se confirma la sentencia declaratoria dictada por
el Tribunal de Primera Instancia. Se declara que SGCP es el
titular de los terrenos bajo nuestro escrutinio, y que First
Bank es el acreedor hipotecario de los mismos conforme a los
asientos pertinentes del Registro de la Propiedad.
Por otro lado, y en vista de que hemos resuelto la
controversia con respecto a la titularidad de los terrenos
ganados al mar, nada impide que SGCP, Hilton International, y
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico procedan a otorgar
una
escritura
constituyendo
establezca
los
accesos
Jerónimo
del
Boquerón,
una
públicos
tanto
servidumbre
de
paso
que
necesarios
al
Fortín
San
para
reparación
y
su
mantenimiento, como para el uso y disfrute del público en
general. Sin duda alguna, el Fortín San Jerónimo es un bien
de dominio público que le pertenece al Pueblo de Puerto Rico,
por
lo
que
dicha
servidumbre
debe
constituirse
libre
de
restricciones y a perpetuidad.
Se dictará Sentencia correspondiente.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
San Gerónimo Caribe Project,
*
Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc. *
*
Apelados-Peticionarios
*
*
v.
*
*
*
Estado Libre Asociado de
*
Puerto Rico, representado por
*
el Secretario de Justicia;
*
Junta de Planificación
*
representada por su
*
Presidente; Administración de
*
Reglamentos y Permisos
*
representada por su
*
Administrador, Departamento
*
de Recursos Naturales y
*
Ambientales representado por
*
su Secretario
*
*
Apelantes-Recurridos
*
*
Hilton International of Puerto
*
Rico, Inc.; Hotel Development
*
Corp.
*
*
Demandados
*
***********************************
CT-2008-04
Certificación
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede
la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se
confirma la sentencia declaratoria dictada por el Tribunal de
Primera Instancia. Se declara que SGCP es el titular de los
terrenos bajo nuestro escrutinio, y que First Bank es el
acreedor hipotecario de los mismos conforme a los asientos
pertinentes del Registro de la Propiedad.
Por otro lado, y en vista de que hemos resuelto la
controversia con respecto a la titularidad de los terrenos
ganados al mar, nada impide que SGCP, Hilton International, y
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico procedan a otorgar
una escritura constituyendo una servidumbre de paso que
establezca los accesos públicos necesarios al Fortín San
Jerónimo
del
Boquerón,
tanto
para
su
reparación
y
mantenimiento, como para el uso y disfrute del público en
general. Sin duda alguna, el Fortín San Jerónimo es un bien
de dominio público que le pertenece al Pueblo de Puerto Rico,
CT-2008-04
2
por lo que dicha servidumbre
restricciones y a perpetuidad.
debe
constituirse
libre
de
Así lo pronuncia y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. Todos los Jueces intervienen
por Regla de Necesidad. La Jueza Asociada señora Fiol Matta
emitió Opinión Disidente y Concurrente.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
San Gerónimo Caribe Project,
Inc., Firstbank Puerto Rico,
Inc.
Peticionarios
v.
Estado Libre Asociado de Puerto
Rico,
representado
por
el
Secretario de Justicia, Junta de
Planificación representada por
su Presidente, Administración de
Reglamentos
y
Permisos
representada
por
su
Administrador, Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales
representado por su Secretario
Recurridos
CT-2008-04
Hilton International of Puerto
Rico, Inc., Hotel Development
Corp.
Demandados
Opinión disidente y concurrente emitida por la Jueza Asociada
SEÑORA FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008.
En este caso está en controversia si los terrenos
ganados al mar que son parte del predio donde se construye
el proyecto Paseo Caribe son bienes de dominio público. Una
mayoría de este Tribunal concluye que no lo son. Disiento,
en parte, de esta decisión pues el análisis de las leyes,
la
jurisprudencia
y
los
principios
aplicables
a
la
controversia me llevan a concluir que los terrenos ganados
al mar que son parte de la parcela denominada “Coast Guard
Parcel” constituyen bienes de dominio público del Pueblo de
Puerto Rico desde su traspaso a nuestra jurisdicción en
CT-2008-04
2
1991. En cuanto a los terrenos ganados al mar en la parcela
conocida como “Condado Bay Parcel” concurro con la decisión
mayoritaria.
I-
El Tratado de París de 1898:
En 1898, a través del Tratado de París, los Estados Unidos
adquirieron
todas
las
tierras
de
Puerto
Rico
que
eran
propiedad de la Corona Española.51 Sobre el particular, el
artículo VIII del Tratado dispone lo siguiente:
En cumplimiento de lo convenido en los artículos I, II y
III de este tratado, España renuncia en Cuba y cede en
Puerto Rico y en las otras islas de la Indias
Occidentales, en la Isla de Guam y en el Archipiélago de
las Filipinas, todos los edificios, muelles, cuarteles,
fortalezas, establecimientos, vías públicas y demás bienes
inmuebles que con arreglo a derecho son del dominio
público, y como tal corresponden a la Corona de España.
(Énfasis nuestro) Art. VIII, Tratado de París de 1898,
L.P.R.A. Tomo 1.
En virtud de este artículo, Estados Unidos adquirió los
bienes
de
dominio
público
que
pertenecían
a
la
Corona
Española, entre éstos, las playas, sus riberas y la zona
marítimo terrestre. En El Pueblo v. Dimas et al., 18 D.P.R.
1061 (1912), este Tribunal explica que según el artículo 339
del
Código
Civil
español,
vigente
cuando
se
celebró
el
Tratado de París, las playas y sus riberas eran bienes de
dominio público.52 De igual forma, según la ley de puertos
51
El artículo II del Tratado de París dispone lo siguiente:
España cede a los Estados Unidos la Isla de Puerto Rico
y las demás que están bajo su soberanía en las Indias
Occidentales, y la Isla de Guam en el Archipiélago de
las Marianas o Ladrones. Art. II, Tratado de París de
1898, L.P.R.A. Tomo 1.
El artículo 339.1 del Código Civil español de 1889 dispone
lo siguiente:
52
Son bienes de dominio público:
CT-2008-04
española vigente
en
aquella
fecha,
la
zona
3
marítimo
terrestre era un bien de dominio público que pertenecía a la
Corona Española y por lo tanto, fue adquirido por Estados
Unidos a través del tratado.53 Ley de Puertos española de
1880, Colección Legislativa de España, Madrid, 1881, Tomo
124, 2da parte, pág. 787. Véase, El Pueblo v. Dimas et al.,
supra, en las págs. 1072-1073. Véase además, Pueblo v. Del
Valle, 60 D.P.R. 184,
II-
190-192 (1942).
La Ley Foraker de 1900
El 12 de abril de 1900 el Congreso de los Estados Unidos
aprobó la Carta Orgánica de 1900, mejor conocida como la Ley
Foraker. 31 Stat. 77, L.P.R.A. Tomo 1. Dos secciones de esta
ley son particularmente importantes para la solución de este
caso.
_____________________________
1º Los destinados al uso público, como los caminos,
canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos
por el Estado; las riberas, playas, radas y otros
análogos. (Énfasis nuestro) Art. 339.1 del Código Civil
español de 1889.
El artículo 1 de la
establece lo siguiente:
53
Ley
de
Puertos
española
de1880
Son del dominio nacional y uso público, sin perjuicio
de los derechos de particulares:
1º La zona marítimo-terrestre, que es el espacio de las
costas o fronteras marítimas del territorio español que
baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son
sensibles las mareas, y las mayores olas en los
temporales, en donde no lo sean.
Esta zona marítimo-terrestre se extiende tambien [sic]
por las márgenes de los rios [sic] hasta el sitio en
que sean navegables ó [sic] se hagan sensibles las
mareas. Art. 1 de la Ley de Puertos española de 1880,
Colección Legislativa de España, Madrid, 1881, Tomo
124, 2da parte, pág. 787.
CT-2008-04
4
La primera, la sección 8 de la Ley Foraker, mantuvo en
vigor las leyes y ordenanzas de Puerto Rico vigentes al
aprobarse
la
ley
federal,
en
todo
aquello
que
no
fuera
incompatible con las leyes de los Estados Unidos localmente
aplicables,
Foraker,
o
con
las
disposiciones
mientras
no
fueran
de
la
alteradas,
propia
Ley
enmendadas
o
revocadas por la autoridad legislativa de Puerto Rico o por
una ley del Congreso. Sec. 8 de la Carta Orgánica de 1900,
L.P.R.A. Tomo 1.54 Muñoz Díaz v. Corte, 42 D.P.R. 384, 390
(1931).
Aunque
adelante,
es
habremos
importante
de
analizar
mencionar
a
esta
este
sección
punto
que
más
de
acuerdo a la misma, tanto el Código Civil español de 1889,
extendido a Puerto Rico por Real Decreto del 31 de julio de
1889,
como
extendida
la
a
Ley
Puerto
de
Puertos
Rico
por
española
Real
de
Decreto
1880,
en
supra,
1886
y
denominada como la Ley de Puertos para la Isla de Puerto
Rico, mantuvieron su vigencia en la isla luego del traspaso
de soberanía en 1898. Respecto a la Ley de Puertos para la
Isla de Puerto Rico, en adelante la Ley de Puertos de 1886,
véase Colección Legislativa de España, Madrid, 1887, Tomo
54
En lo pertinente, la sección 8 de la Ley Foraker dispone
lo siguiente:
Que las leyes y ordenanzas de Puerto Rico actualmente
en vigor, continuarán vigentes, excepto en los casos en
que sean alteradas, enmendadas o modificadas por la
presente; o hayan sido alteradas o modificadas por
órdenes militares y decretos vigentes cuando esta ley
entre a regir, y en todo aquello en que las mismas no
resulten incompatibles, o en conflicto con las leyes
estatutarias de los Estados Unidos no inaplicables
localmente, o con las presentes disposiciones, hasta
que sean alteradas, enmendadas o revocadas por la
autoridad legislativa creada por la presente para
Puerto Rico, o por una ley del Congreso de los Estados
Unidos. Sec. 8 de la Carta Orgánica de 1900, L.P.R.A.
Tomo 1.
CT-2008-04
5
136, pág. 434; Rubert Amstrong v. E.L.A., 97 D.P.R. 588
(1969). En cuanto a la vigencia del Código Civil español en
Puerto Rico véase Colección Legislativa de España, Madrid,
1890, Tomo 143, pág. 582; Olivieri v. Biaggi, 17 D.P.R. 704
(1911).
La segunda sección en la que debemos detenernos es la
sección 13 de la Ley Foraker, mediante la cual el Gobierno
de los Estados Unidos traspasó al Gobierno de Puerto Rico
algunos de los bienes de dominio público que adquirió de la
Corona Española bajo el Tratado de París, sin incluir entre
ellos la superficie de los puertos ni las aguas navegables.
Sobre el particular, la sección 13 dispone lo siguiente:
Que todas las propiedades que puedan haber adquirido en
Puerto Rico los Estados Unidos por la cesión de España en
dicho Tratado de Paz [Tratado de París de 1898], en
puentes públicos, casas camineras, fuerza motriz de agua,
carreteras, corrientes no navegables, y los lechos de las
mismas, aguas subterráneas, minas o minerales bajo la
superficie de terrenos particulares, y toda propiedad que
al tiempo de la cesión pertenecía, bajo las leyes de
España entonces en vigor, a las varias Juntas de Obras de
Puertos de Puerto Rico, y todas las orillas de los
puertos, muelles, embarcaderos y terrenos saneados, pero
sin incluir la superficie de los puertos o aguas
navegables, por la presente quedan bajo la dirección del
Gobierno establecido por esta Ley, para ser administrados
en beneficio de El Pueblo de Puerto Rico; y la Asamblea
Legislativa creada por la presente, tendrá autoridad para
legislar respecto a todos esos asuntos, según lo estimare
conveniente, con sujeción a las limitaciones impuestas a
todos sus actos. (Énfasis nuestro) Sec. 13 de la Carta
Orgánica de 1900, L.P.R.A. Tomo 1.
III- La Ley federal de 1902 y la Reserva Militar de San
Juan:
La
Ley
federal
Pública
de
1902)
Núm.
249
autorizó
del
al
1
de
julio
Presidente
de
de
1902
los
(Ley
Estados
Unidos a reservar, para usos públicos, tierras públicas y
edificios pertenecientes a los Estados Unidos en la isla de
CT-2008-04
6
Puerto Rico. La ley cedió al gobierno de Puerto Rico, para
ser administrados en beneficio del pueblo, todas las tierras
públicas y edificios que pertenecían a los Estados Unidos
para esa fecha, que no fueran reservadas para usos públicos
por el Presidente, excluyendo específicamente los puertos,
aguas navegables y terrenos sumergidos.55 De esta forma, la
Ley federal de 1902, supra, no afectó la titularidad de las
aguas
navegables
expresamente
y
terrenos
tanto
del
sumergidos,
requisito
de
pues
los
ser
excluyó
reservados
específicamente por el Presidente para permanecer bajo la
jurisdicción
federal
como
de
la
posibilidad
de
ser
traspasados al Gobierno de Puerto Rico.56
55
La Ley Pública Núm. 249 del 1 de julio de 1902 dispone lo
siguiente:
Be
it
enacted
by
the
Senate
and
House
of
Representatives of the United States of America in
Congress assembled, That the President be, and he is
hereby, authorized to make, within one year after the
approval of this Act, such reservation of public lands
and buildings belonging to the United States in the
island of Porto Rico, for military, naval, light-house,
marine-hospital, post-offices, custom-houses, United
States courts, and other public purposes, as he may
deem necessary, and all the public lands and buildings,
not including harbor areas and navigable streams and
bodies of water and the submerged lands underlying the
same, owned by the United States in said island and not
so reserved be, and the same are hereby, granted to the
government of Porto Rico, to be held or disposed of for
the use and benefit of the people of said island:
Provided, That said grant is upon the express condition
that the government of Porto Rico, by proper authority,
release to the United States any interest or claim it
may have in or upon the lands or buildings reserved by
the President under the provisions of this Act.
(Énfasis nuestro) Id.
Cabe señalar que el Secretario de Justicia de los Estados
Unidos expresa esta misma conclusión al emitir una opinión
sobre otra Proclama del Presidente que creó una reserva
naval en Puerto Rico el 26 de junio de 1903. En su opinión,
el Secretario de Justicia Federal expresó lo siguiente:
56
CT-2008-04
7
Finalmente, como condición al traspaso de estos terrenos,
la ley requirió la renuncia por el gobierno de Puerto Rico a
cualquier
interés
o
reservados
por
Presidente.
el
reclamo
en
los
La
terrenos
Asamblea
y
edificios
Legislativa
de
Puerto Rico autorizó dicha renuncia mediante la Ley de 16 de
febrero de 1903. Véase, El Pueblo v. Dimas et al., supra, en
la pág. 1074.
Utilizando la facultad que le concedió la Ley federal de
1902, el Presidente de los Estados Unidos reservó ciertos
terrenos conocidos como la Reserva Militar de San Juan, a
través de la Orden Ejecutiva del 30 de junio de 1903 (en
adelante Orden Ejecutiva del 1903). La descripción de la
reserva en la orden ejecutiva es la siguiente:
_____________________________
These propositions are not tenable, for such lands as
belonged to Spain, under the treaty of Paris, were ceded
to the United States. The organic act of Porto Rico,
section 13 (31 Stat., 80), especially reserved to the
National Government “harbor areas and navigable waters.”
The act of July 1, 1902 (32 Stat., 731), under which the
President issued his proclamation, especially provides
that he may make such reservation of public buildings and
lands in Porto Rico belonging to the United States “as he
may deem necessary, and all the public lands an buildings,
not including harbor areas and navigable streams and
bodies of water and the submerged lands underlying the
same, owned by the United States in said island and not so
reserved be, and the same are hereby, granted to the
government of Porto Rico.” And the President in his
proclamation reserving the tract in question, makes use of
the same language.
The southern boundary of the reservation, viewed from any
aspect of the question, must be fixed at some line where
the President has power and authority to establish it, and
this under the organic act could not be upon “harbor areas
and navigable waters,” and under the act of July 1, 1902,
and the proclamation based thereon, it could not be upon
“navigable streams of waters and the submerged lands
underlying the same.” In issuing his proclamation, the
President could not have had in contemplation the sumerged
lands of the harbor, for he could not make these property
of Porto Rico”. 25 U.S. Op. Atty. Gen. 172, 176 (1904).
Véase además, 22 U.S. Op. Atty. Gen. 544 (1899).
CT-2008-04
8
Main Reservation, San Juan, Porto Rico
All that piece or parcel of land forming the westerly and
northerly portions of the island of San Juan, Porto Rico,
and extending from the Marina to El Morro on the west and
from the Morro to San Geronimo in the north, said tract of
land containing part of the southerly wall of the city,
all of the westerly wall, and all of the northerly wall,
together with Casa Blanca, the Infantry Barracks, El
Morro, Artillery Park, San Cristobal, San Geronimo, and
other military lands and buildings which said tract is
more particularly described as follows:
Beginning at the northwesterly corner of Tetuan and San
Juan Cristo streets and running thence along said house
1. S 85º 48’ W. 56.6 feet; thence
2. S 85º 48’ W. 56.6 feet; thence…
82. S. 66º 31’ E. parallel to the military road and 633
feet distant therefrom 1746 feet; thence
83. S. 23º 29’W. 633 feet to the northerly line of said
military road; thence crossing said military road
84. S. 23º 29 W. 1000 feet more or less to the San
Antonio Channel; thence following said channel easterly
to the San Antonio Bridge; thence northerly along the
shore line of the Laguna to the sea passing in front
San Geronimo; the northerly and westerly along the sea
passing San Geronimo, Escambron, and San Cristobal to a
point in line with the westerly line of the San
Sebastian Bastion;…. (Énfasis nuestro) Orden Ejecutiva
del 30 de junio de 1903.
Acorde a esta descripción, la Reserva Militar de San Juan
no incluyó expresamente las aguas navegables ni los terrenos
sumergidos bajo ellas. Por el contrario, en la Proclama se
utiliza consistentemente el vocablo “along” refiriéndose, en
lo que nos concierne, a “along the shoreline” o “along the
sea”.
La
palabra
“along”
significa
“al
lado
de”
y
se
refiere, por tanto, a la línea de colindancia con la playa
(“shoreline”) y con el mar (“sea”). Nos parece evidente que
cuando la descripción de una propiedad especifica que ésta
colinda
con
el
mar,
quedan
excluidas
de
ésta
las
aguas
navegables y terrenos sumergidos adyacentes. Por esto, el
límite de la Reserva Militar de San Juan establecida en 1903
colinda con el mar pero no incluye las aguas navegables o
terrenos sumergidos adyacentes a ésta.
CT-2008-04
9
No obstante, la Proclama del Presidente de los Estados
Unidos de 26 de agosto de 1929, cuyo propósito fue ceder al
gobierno de Puerto Rico parte de los bienes reservados en
1903, expresa que la reserva militar creada por la Orden
Ejecutiva
de
colindantes
con
1903
ésta.57
Estados
Unidos
adelante
Proclama
terrenos
de
la
incluyó
Núm.
1889
de
terrenos
Proclama
del
del
de
1929).
reserva
los
que
26
sumergidos
Presidente
de
los
1929
(en
describió
los
agosto
Esta
proclama
eran
cedidos
de
al
gobierno
de
Puerto Rico de la siguiente manera:
Begining at a point No. 84 of the Military Road, as
shown on the Military Chart of the Military Reservation
of San Juan, Porto Rico, and extending in a straight
line No. 23º 29’ E., through point No. 83 to the east
thence easterly along the shore line and outside of
Fort San Geronimo to the Laguna; thence southerly and
outside of
the shore line of Fort San Geronimo, and
westerly and southerly along the shore line of the
Laguna to San Antonio Battery; thence along San Antonio
Channel to a point where the line through points No. 83
and No. 84 intersets the channel; thence along the line
N. 23º 29’ E. to point No. 84, together with all the
right, title, and interest of the United States in all
shore and submerged lands lying shoreward of a line
drawn through points Nos. 90, 91, 92 and 93, as shown
on the military chart of the Military Reservation of
San Juan, Porto Rico; (Énfasis nuestro).
Al incluir en la descripción de la Reserva Militar de San
Juan creada los terrenos sumergidos colindantes con ésta, la
Proclama de 1929 contradice la Ley federal de 1902 y la
Orden Ejecutiva de 1903 que creó la reserva. Según vimos, en
la Orden Ejecutiva de 1903 el Presidente de los Estados
Unidos
no
reservó
expresamente
las
aguas
navegables
y
A la misma conclusión llegó el Comisionado de lo Interior
de Puerto Rico en la Certificación del 19 de diciembre de
1934, inscrita en el Registro de la Propiedad en el folio 48
vto, tomo 9 de Puerta de Tierra, finca 196. Dicha
certificación describe la Reserva Militar de San Juan según
la Proclama Presidencial de 1929.
57
CT-2008-04
10
terrenos sumergidos adyacentes a la reserva militar. Además,
la
Ley
federal
de
no
1902
autorizaba
al
Presidente
a
reservar dichos terrenos. Más aún, el Presidente sólo podía
ejercer la facultad delegada durante el periodo de un año.
Sabemos que acorde al principio de separación de poderes, el
Presidente
de
los
facultades
que
le
Estados
son
Unidos
delegadas
debe
ceñirse
a
las
el
Congreso
de
los
por
Estados Unidos conforme al propósito e intención de dicho
cuerpo legislativo. Véase, Youngstown Sheet & Tube Co. v.
Sawyer,
343
U.S.
579
(1952).
podemos
concluir
que
una
Considerado
expresión
todo
en
esto,
una
no
Proclama
Presidencial, emitida 27 años después de la Ley federal de
1902, tenga el efecto de reservar retroactivamente las aguas
navegables
y
terrenos
sumergidos
que
no
se
reservaron
expresamente durante el periodo concedido para ello por el
Congreso. Más aún, cuando el propósito de la Proclama de
1929 no era crear nuevas reservas o añadir terrenos a éstas,
sino cederle al gobierno de Puerto Rico terrenos reservados
previamente por el gobierno federal.
Por
otra
parte,
nos
parece
evidente
también
que
el
Tribunal de Primera Instancia se equivocó al basarse en un
documento
titulado
“Military
Chart
of
the
Military
Reservation of San Juan, Porto Rico” para concluir que la
reserva militar de 1902 incluyó las aguas navegables y los
terrenos sumergidos bajo éstas. El mencionado documento no
forma parte del expediente de este caso y además, no puede
ser
contrario
al
lenguaje
explícito
de
la
propia
orden
ejecutiva que creó la reserva ni a la Ley federal de 1902.
CT-2008-04
11
IV- La Ley Jones y la Ley de Relaciones Federales:
En 1917 los Estados Unidos traspasó al gobierno de Puerto
Rico el control sobre las aguas navegables de la isla y los
terrenos sumergidos bajo éstas, a través de la Ley Jones o
Carta Orgánica de 1917. Al hacerlo, no incluyó los terrenos
reservados por los Estados Unidos para fines públicos. En
particular, el artículo 8 de la ley expresa lo siguiente:
La superficie de los puertos y los cursos y extensiones de
aguas navegables y los terrenos sumergidos bajo ellos
dentro y alrededor de la Isla de Puerto Rico y de las
islas y aguas adyacentes que ahora pertenecen a los
Estados Unidos y no han sido reservados por los Estados
Unidos para fines públicos, quedan por la presente
colocados bajo el dominio del Gobierno de Puerto Rico,
para que sean administrados de la misma manera y con
sujeción a las mismas limitaciones que las propiedades
enumeradas en el artículo precedente; Disponiéndose que
todas las leyes de los Estados Unidos para la protección y
mejoramiento de las aguas navegables de los Estados
Unidos, y para la conservación de los intereses de la
navegación y del comercio, serán aplicables a dicha isla y
aguas y a sus islas y aguas adyacentes, excepto en aquello
en
que
las
mismas
sean
localmente
inaplicables;
Disponiéndose, además, que nada de lo contenido en esta
Ley se interpretará en el sentido de afectar o menoscabar
de ningún modo los términos o condiciones de cualesquiera
autorizaciones, permisos u otras facultades concedidos
legalmente hasta ahora por el Secretario de la Guerra u
otro funcionario o agente autorizado de los Estados Unidos
en o en relación con dichas aguas y terrenos sumergidos en
y alrededor de dicha isla y de sus islas adyacentes, o
hasta este momento ejercidos legalmente en o en relación
con las mismas aguas y terrenos; (Énfasis suplido) 2 de
marzo de 1917, Cap. 145, art. 8, 39 Stat. 954, L.P.R.A.
Tomo I.58
El ex Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico,
licenciado José Trías Monge, expresó lo siguiente respecto a
este artículo de la Ley Jones:
58
En lo concerniente a la entrega a Puerto Rico del
control de la superficie de los puertos y de los cursos
y extensiones de agua navegables y los terrenos
sumergidos bajo ellos que entonces perteneciesen a los
Estados Unidos y que no hubiesen sido reservados para
fines públicos, la ley Jones mejoraba la anterior ley
orgánica, ya que el art. 13 de ésta expresamente
excluía del control del gobierno de Puerto Rico estas
zonas y aguas. J. Trías Monge, HISTORIA CONSTITUCIONAL DE
PUERTO RICO, (1981), II, 91.
CT-2008-04
12
Se desprende de esta ley federal que las aguas navegables
y los terrenos sumergidos adyacentes a la Reserva Militar de
San Juan fueron cedidos al gobierno de Puerto Rico en 1917,
ya que, según explicamos en la parte III de esta opinión,
éstos no fueron reservados por el Presidente en 1903. En
1950, la Ley Pública 600, 64 Stat. 319, denominó a la Ley
Jones o Carta Orgánica de 1917 como la Ley de Relaciones
Federales con Puerto Rico, manteniendo en vigor la sección
antes citada.
Posteriormente, a través de la sección 606 de
la Ley Pública 96-205 del 12 de marzo de 1980, 94 Stat. 91,
el
Congreso
de
los
Estados
Unidos
enmendó
la
Ley
de
_____________________________
Según la Opinión
noviembre de 1930:
del
Secretario
de
Justicia
del
7
de
Las superficies de puertos y terrenos sumergidos dentro
y alrededor de la Isla de Puerto Rico están colocados
bajo el dominio del Gobierno de Puerto Rico por la
sección 8 de la Ley Orgánica, con sujeción a
cualesquiera leyes de los Estados Unidos que sean
aplicables. En el ejercicio de este dominio el Gobierno
de Puerto Rico actúa por conducto de la Legislatura de
Puerto Rico.
[…]
Podrá usted notar del lenguaje usado en la sección 8 de
la Ley Orgánica que las superficies de los puertos y
los terrenos sumergidos no están colocados bajo el
dominio de la Comisión de Servicio Público, sino bajo
el Gobierno de Puerto Rico, lo que en realidad
significa el poder legislativo de Puerto Rico. Op. Sec.
Just. Núm. 42 del 7 de noviembre de 1930.
Varias opiniones posteriores del Secretario de Justicia de
Puerto Rico han abordado la discusión de los poderes que
transfiere el artículo 8 de la Ley Jones al gobierno de
Puerto Rico. En particular, la Opinión del Secretario de
Justicia del 8 de junio de 1951 expresa lo siguiente:
Como se observará, el Artículo 8, supra, pone los
terrenos sumergidos en y alrededor de la isla de Puerto
Rico bajo el control del Gobierno de Puerto Rico, y los
Artículos 7 y 8, conjuntamente, confieren a la
Legislatura de Puerto Rico poderes legislativos amplios
y discreción en relación con aguas en Puerto Rico. Op.
Sec. Just. Núm. 29 del 8 de junio de 1951.
CT-2008-04
13
Relaciones Federales para reiterar su intención de cederle
el dominio de las aguas navegables y los terrenos sumergidos
bajo
éstas
al
gobierno
de
Puerto
Rico.59
Dicha
sección
establece lo siguiente:
Sec. 606. (a) Section 8 of the Act of March 2, 1917
(“Jones Act”), as amended (48 U.S.C. 749), is amended by
adding the following after the last sentence thereof:
“Notwithstanding any other provision of law, as used in
this section (1) ‘submerged lands underlying navigable
bodies of water’ include lands permanently or periodically
covered by tidal waters up to but not above the line of
mean high tide, all lands underlying the navigable bodies
of water in and around the island of Puerto Rico and the
adjacent islands, and all artificially made, filled in, or
reclaimed
lands
which
formerly
were
lands
beneath
navigable bodies of water; (2) ‘navigable bodies of water
and submerged lands underlying the same in and around the
island of Puerto Rico and the adjacent islands and water’
extend from the coastline of the island of Puerto Rico and
the adjacent islands as heretofore or hereafter modified
by accretion, erosion or reliction, seaward to a distance
of three marine leagues; (3) ‘control’ includes all right,
title, and interest in and to and jurisdiction and
authority over the submerged lands underlying the harbor
areas and navigable streams and bodies of water in and
around the island of Puerto Rico and the adjacent islands
and waters, and the natural resources underlying such
submerged lands and waters, and includes proprietary
rights of ownership, and the rights of management,
administration, leasing, use, and development of such
natural resources and submerged lands beneath such
waters”. (Énfasis nuestro). Id.60
El historial legislativo de la ley no deja dudas respecto
a
la
intención
del
Congreso
de
los
Estados
Unidos
de
concederle a Puerto Rico los mismos derechos que tienen los
estados
de
la
Unión
y
otros
territorios
de
los
Estados
Unidos sobre sus aguas navegables y terrenos sumergidos. A
esos fines el informe del Comité del Senado federal expresa
lo siguiente:
Véase además, Op. Sec. Just. Núm. 2 del 10 de febrero de
1981.
59
60
Véase texto citado en la nota 20.
CT-2008-04
14
This section, proposed by Senator Jackson, would confirm
the jurisdiction of Puerto Rico over its submerged lands
to three marine leagues. This jurisdiction was conferred
on Puerto Rico by sections 7 and 8 of the Organic Act of
1917 (‘Jones Act’) which transferred to the administration
of the Government of Puerto Rico control over lands
acquired by the United States from Spain through the
Treaty of Paris in 1899.
Puerto Rico’s jurisdiction and control has been evidenced
since 1917 and as recently as 1974, in commenting on the
Territorial Submerged Lands Act, the formal administration
report stated in part that ‘Puerto Rico, pursuant to 48
U.S.C. 749, controls the submerged lands around the
islands of Puerto Rico.’ In order to prevent any
unintentional exclusion of Puerto Rico from the measure
since the Commonwealth is not included in either the
Submerged Lands Act or the Territorial Submerged Lands
Act, Senator Johnston, Chairman of the Subcommittee on
territories and insular affairs, at the request of then
Governor Rafael Hernandez Colon and Resident Commissioner
Jaime Benitez requested further confirmation of Puerto
Rico’s jurisdiction. The Director of the Office of
Territorial Affairs testified that ‘by Act of Congress in
1917 (48 U.S.C. 749) the Government of Puerto Rico
obtained control of its submerged lands. As far as we are
aware, Puerto Rico’s administration of its submerged lands
had been quite smooth.’
Although the precise seaward jurisdiction was not as
explicitly stated in the 1917 Act for Puerto Rico as was
later done for the States under the Submerged Lands Act
and for the territories under the Territorial Submerged
Lands Act, the basis for such jurisdiction rests on
grounds similar to those asserted by Texas and Florida
based on Spanish Law and custom. The grant to Puerto Rico
in 1917, therefore, was three leagues. The amendment
merely confirms the action of the United States taken in
1917 by conforming the language of the 1917 Act to the
language of the Submerged Lands Act and the Territorial
Submerged Lands act.” (Énfasis nuestro) S. Rep. 96-467,
1980 U.S.C.C.A.N. 135.61
A
través
de
la
Ley
de
Relaciones
Federales
y
sus
enmiendas, el Congreso de los Estados Unidos ha reiterado su
intención de cederle al gobierno de Puerto Rico el control
de sus aguas navegables y terrenos sumergidos hasta tres
leguas marinas alrededor de la isla e islas adyacentes, con
excepción de aquellos terrenos que los Estados Unidos haya
Véase, Submerged Lands Act of 1953, 43 U.S.C.A. secs. 13011315; Territorial Submerged Lands Act, Ley Pública Núm. 93435 del 5 de octubre de 1974.
61
CT-2008-04
reservado para
usos
públicos.
La
ley
15
que
especifica
el
concepto de terrenos sumergidos incluye los terrenos ganados
al mar mediante relleno y además, establece que el término
“control”
comprende
todo
derecho,
título,
interés,
jurisdicción y autoridad sobre estos terrenos.
Finalmente,
el
Congreso
dispuso
que
todas
las
leyes
federales para la protección y mejoramiento de las aguas
navegables de los Estados Unidos y para la conservación de
los intereses de la navegación y comercio serán aplicables a
Puerto Rico y sus aguas navegables, a menos que éstas sean
localmente
inaplicables.62
Posteriormente
veremos
la
importancia de esta legislación en cuanto al dominio sobre
los terrenos ganados al mar en controversia.
V-
El traspaso de la Reserva Militar de San Juan al
Departamento de la Marina y el arrendamiento a Virgil
Baker
En 1919 el Departamento de Guerra de los Estados Unidos
traspasó parte de los terrenos de la Reserva Militar de San
Juan al Departamento de la Marina de los Estados Unidos,
llamándola entonces Reserva Naval San Jerónimo. Esta reserva
fue inscrita en el Registro de la Propiedad a favor de los
Estados Unidos.
Posteriormente, a través de la Ley Pública Núm. 35 del 12
de junio de 1921, el Congreso de los Estados Unidos autorizó
al Secretario del Departamento de la Marina a arrendar o
Un ejemplo de una ley federal creada para la protección y
conservación de las aguas navegables de los Estados Unidos y
aplicable a Puerto Rico es el Clean Water Act, 33 U.S.C.
secs. 1251 et seq. Véase, United States v. Rivera Torres,
826 F. 2d 151 (1987).
62
CT-2008-04
16
traspasar los terrenos bajo su control.63 El 15 de julio de
1921, el Secretario de la Marina de los Estados Unidos firmó
un contrato de arrendamiento con el Teniente Comandante de
la Marina retirado, Virgil Baker. A través de este contrato,
cuya vigencia sería de 999 años, la Marina de los Estados
Unidos arrendó parte de la Reserva Militar de San Juan,
específicamente
una
porción
de
terreno
localizado
en
la
Reserva Naval de San Gerónimo, descrita como sigue:
Site of Land bounded on the North by the Sea, on the East
by the small Inlet known as the Laguna, on the South by
the main Naval Reservation from which said Site is
segregated, and on the West by a tract of land belonging
to the TREASURY DEPARTMENT of the UNITED STATES and by the
Military Reservation of San Juan, Porto Rico….
El contrato fue inscrito en el Registro de la Propiedad y
en lo pertinente establece lo siguiente:
In accordance with the desire of the PARTY OF THE FIRST
PART this LEASE is granted in lieu of the complete
Transfer of Title provided for previous agreements
hereinbefore mentioned, and is accepted by the PARTY OF
THE SECOND PART in complete and entire satisfaction of all
such previous agreements. It is also mutually understood
and agreed that this LEASE is NOT REVOCABLE EXCEPT BY
MUTUAL AGREEMENT OF BOTH PARTIES, but that the NAVY
DEPARTMENT SHALL RETAIN TITLE TO SAID SITE OF LAND, and in
accordance with the Provisions of the ACT OF CONGRESS
authorizing the grant of this LEASE, it is mutually
understood and agreed that the NAVY DEPARTMENT SHALL HAVE,
IN TIME OF WAR OR NATIONAL EMERGENCY, IF NECESSARY, FREE
AND UNLIMITED USE, WITHOUT COST, OF THE SITE OF LAND
HEREIN, LEASED. (Énfasis nuestro).
63
En particular, la sección 5 de la referida ley estableció
lo siguiente:
That as consideration for a suitable site and requisite
rights, privileges, and easements for a receiving and
distant-control radio station in Porto Rico the Secretary
of the Navy be, and he hereby is, authorized to exchange
or lease for such period as he may deem proper any land
under naval control in Porto Rico not otherwise required
for naval purposes: Provided, That in time of war or
national emergency, if necessary, the Navy Department
shall have without cost free and unlimited use of any land
so exchanged or leased. Sec. 5 de la Ley Pública Núm. 35
del 12 de junio de 1921.
CT-2008-04
17
En 1928 el gobierno de los Estados Unidos demandó para
anular el contrato, alegando fraude. El Pueblo de Puerto
Rico intervino en el pleito reclamando ser el titular de los
terrenos sumergidos colindantes a los terrenos incluidos en
el arrendamiento. Eventualmente, el caso llegó al Tribunal
de Apelaciones para el Primer Circuito y dicho foro sostuvo
la validez del contrato. Sobre el asunto de la titularidad
de los terrenos sumergidos, reconoció que había controversia
entre
la
alegación
del
Pueblo
de
Puerto
Rico
y
la
aseveración de título de los Estados Unidos. No obstante, el
tribunal
apelativo
federal
decidió
que
no
era
necesario
resolver la reclamación del Pueblo de Puerto Rico, ya que el
Comandante
derecho,
Baker
título
había
o
cedido
interés
que
voluntariamente
cualquier
pudiera
sobre
tener
los
terrenos sumergidos adyacentes a los terrenos que le fueron
arrendados.64
64
Específicamente, expresó lo siguiente:
The people of Puerto Rico have filed a bill of
intervention, alleging that the deed by the United States
to Baker includes underwater area, and that the United
States could not lease such area to Baker, because it
belonged to the insular government, the people of Porto
Rico, and that Baker defrauded the United States. The
defendants answered, tendering a quitclaim deed by
Commander Baker to the people of Porto Rico of all rights
which the defendants had in such area, without prejudice
to the interest of the United States.
It will be seen that the government included the
underwater area in their lease. The bill of complaint
alleges that the tract, including the underwater area,
belonged to the United States. We do not think it
necessary to discuss the action of the people in the
insular government with reference to this underwater area.
So far as this suit is concerned, we think this question
is settled by the tender by Commander Baker of a quitclaim
deed to the insular government. This tendered deed was to
“release, relinquish, and quitclaim in favor of the people
of Porto Rico any right, title, or interest which he has
CT-2008-04
18
VI- La Proclama del Presidente de los Estados Unidos de
1929 y la reserva militar de cinco acres o “Coast
Guard Parcel”
Según mencionamos en la parte III de esta opinión, el 26
de agosto de 1929, mediante proclama dictada en el ejercicio
de su facultad bajo el artículo 7 de la Ley de Relaciones
Federales,
supra,
el
Presidente
de
los
Estados
Unidos
traspasó al Pueblo de Puerto Rico todo derecho, título e
interés
de
los
Estados
Unidos
sobre
los
terrenos
de
la
Reserva Naval San Jerónimo, incluyendo aquéllos arrendados
al
señor
Baker.
La
Proclama
de
1929
cedió
al
Pueblo
de
Puerto Rico los terrenos que el Presidente de los Estados
Unidos había reservado a través de la Orden Ejecutiva de
1903. En la parte III de esta opinión explicamos que si bien
la Proclama de 1929 incluye los terrenos sumergidos en la
descripción de la reserva, estos terrenos realmente nunca
fueron incluidos en la reserva. Además, el Congreso de los
Estados Unidos había cedido dichos terrenos sumergidos al
gobierno de Puerto Rico desde 1917, a través de la Ley de
Relaciones
Federales,
supra.
Véase
la
parte
IV
de
esta
opinión.
Ahora bien, en su proclama, el presidente excluyó de los
terrenos
cedidos
a
Puerto
Rico
una
reserva
militar
de
alrededor de cinco acres sobre la cual el gobierno federal
_____________________________
or may have by virtue of the said lease of July 15, 1921,
to the submerged area.” It seems clear to us that, if the
insular government in fact owned this area, the lease by
the United States to Baker was a nullity to this extent,
and, if any bill of intervention were filed, it should
have been directed primarily against the United States.
(Énfasis nuestro). Baker v. United States, 27 F. 2d 863,
877 (1er Cir. 1928).
CT-2008-04
19
mantuvo jurisdicción. La Proclama describe este terreno como
sigue:
(…) southerly of and contiguous to the tract heretofore
leased to Virgil Baker, and bounded on the north by the
southerly line of the said Virgil Baker tract, being a
straight line drawn from the point known as Point 85 at
the southwesterly corner of the Virgil Baker tract,
easterly along the southerly line of said Virgil Baker
tract through Point No. 86 to the Laguna; on the west by a
straight line drawn southerly from said Point 85 along the
westerly line of the tract hereby conveyed; on the east by
the shore line of the Laguna; and on the south by the
northerly line of a proposed road the course and location
of which road are to be fixed hereafter. The United States
retains title and jurisdiction over the said last
mentioned five acre tract. (Énfasis nuestro).
La reserva militar de alrededor de cinco acres establecida
en la proclama de 1929, mejor conocida como la “Coast Guard
Parcel”,
fue
retenida
por
el
Presidente
de
los
Estados
Unidos para que el Departamento de la Marina desarrollara en
ella servicios de comunicación.
Contrario a la descripción
de los terrenos cedidos a Puerto Rico, la descripción de
esta reserva no incluyó los terrenos sumergidos colindantes
con
ésta.
No
hubo,
pues,
intención
de
reservar
estos
terrenos sumergidos. Abona a nuestra conclusión el que la
reserva original creada en 1903 tampoco los incluía.65
65 El
Acta Aclaratoria del Comisionado del Interior de Puerto
Rico del 17 de junio de 1935, que describe el “Coast Guard
Parcel”, tampoco incluye estos terrenos al expresar que la
reserva colinda con la zona marítimo terrestre adyacente a
ésta. En lo pertinente, el Acta Aclaratoria expresa lo
siguiente:
PARCELA B- Urbana- Parcela de terreno radicada en el
barrio Puerta de Tierra, del término municipal de San
Juan, cuya propiedad se reserva el Gobierno de los Estados
Unidos de América. Tiene un area superficial de 1 hectares
[sic] 87 acres 93.24 centiareas [sic], equivalentes a 4
cuerdas con 781 centésimas de otra. Colinda al norte con
la parcela A, antes descrita, propiedad de El Pueblo de
Puerto Rico y arrendada al Teniente Comandante de Marina,
retirado, Virgil Baker, por el sur con la margen norte de
la variante de la Avenida Ponce de León que a (…) al
CT-2008-04
20
VII- Rellenos o terrenos ganados al mar aledaños al Coast
Guard Parcel
El 2 de julio de 1940 el Congreso de los Estados Unidos
aprobó
la
Ley
Pública
Núm.
703.
Esta
ley
autorizó
al
Secretario de Guerra, entre otras cosas, a llevar a cabo las
construcciones
y
mejoras
necesarias
en
las
distintas
localidades militares.66 En el caso de autos, el Tribunal de
Primera Instancia se basó en esta ley para concluir que las
obras de relleno de los terrenos sumergidos aledaños a la
“Coast
Guard
expropiación
Parcel”
forzosa
constituían
del
gobierno
un
ejercicio
federal.
de
Esta
interpretación no puede sostenerse. No se desprende de la
Ley
Pública
Núm.
703
de
1940
el
propósito
de
expropiar
terreno alguno. Tampoco se llevó a cabo proceso alguno de
expropiación
al
amparo
de
dicha
ley.
Según
surge
del
expediente, el gobierno federal nunca tuvo la intención de
_____________________________
puente Guillermo Esteves; por el este con la zona marítima
de la Laguna del Condado; y por el oeste, con terrenos
propiedad del Gobierno de los Estados Unidos de América.
66
En particular, la Ley Pública Núm. 703 dispone lo
siguiente:
[I]n order to expedite the building up of the national
defense, the Secretary of War is authorized, out of the
moneys appropriated for the War Department for nationaldefense purpose for the fiscal year ending June 30, 1941,
with or without advertising, (1) to provide for the
necessary construction, rehabilitation, conversion, and
installation at military posts, depots, stations, or other
localities, of plants, buildings, facilities, utilities
and appurtenances thereto (including Government-owned
facilities at privately owned plants and the expansion of
such plants, and the acquisition of such land, and the
purchase or lease of such structures, as may be
necessary). Ley Pública 703 del 2 de julio de 1940.
CT-2008-04
expropiar
dichos
terrenos,
21
autorizó
simplemente
al
Secretario de Guerra a destinar recursos para las obras que
fueran necesarias en el “Coast Guard Parcel” y adquirir los
terrenos para llevarlas a cabo.
En
diciembre
de
1940
la
Marina
de
los
Estados
Unidos
solicitó la autorización del Departamento de Guerra de los
Estados Unidos, la Comisión de Servicio Público de Puerto
Rico y el Departamento del Interior de Puerto Rico para
rellenar
“Coast
un
área
Guard
de
los
Parcel”.
terrenos
Estas
tres
sumergidos
aledaños
solicitudes
de
al
permisos
confirman que el gobierno federal no tuvo la intención de
expropiar los terrenos sumergidos aledaños al “Coast Guard
Parcel”. Más aún, la solicitud de permiso dirigida a la
Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, fechada el 4 de
diciembre de 1940, manifestó que se requería que el gobierno
de Puerto Rico aprobara la obra propuesta. De esta forma, se
reconoció expresamente que dichos terrenos eran propiedad
del
gobierno
de
Puerto
Rico
desde
1917,
según
las
disposiciones de la Ley de Relaciones Federales.
El 18 de diciembre de 1940 el Comisionado Interino del
Departamento
del
Interior
de
Puerto
Rico,
señor
José
G.
Bloise, envió una carta al Secretario de la Comisión del
Servicio
Público
en
la
que
endosó
las
obras
de
relleno
propuestas y reiteró que los terrenos sumergidos adyacentes
al
“Coast
Puerto
Guard
Rico
Parcel”
desde
1917.
eran
En
propiedad
lo
del
pertinente,
gobierno
dicha
de
carta
expresa lo siguiente:
Allow me to call your attention to the fact that the
submerged lands comprised in the construction of said dike
and fill belong to the People of Puerto Rico, according to
CT-2008-04
22
article 8th of the Organic Act approved by the Congress of
the United States of America on March 2nd, 1917, and also
by Proclamation No. 1889 of the President of the United
States of America, dated August 26th, 1929. 67
Además, el Comisionado Interino recomendó al Departamento de
la Marina de los Estados Unidos que solicitara al Gobernador
de
Puerto
Rico
la
transferencia
de
dichos
terrenos
al
gobierno federal.68
El 7 de enero de 1941, la Comisión de Servicio Público de
Puerto Rico aprobó el permiso solicitado. En carta fechada
el 27 de enero de 1941, el Cuerpo de Ingenieros de los
Estados
Unidos
recomendó
aprobar
el
permiso.
El
10
de
febrero de 1941, el Departamento de Guerra de los Estados
Unidos autorizó el relleno. El 25 de febrero de 1941 el
Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos notificó de ello
Incluso, el Teniente Coronel J. Hyde, del Cuerpo de
Ingenieros de los Estados Unidos, reconoce que los terrenos
sumergidos eran propiedad del Pueblo de Puerto Rico en su
memorando del 27 de enero de 1941. En particular expresa:
67
The Acting Commissioner of the Interior states in the
attached setter that the land belongs to the People of
Puerto Rico, and recommends that steps be taken to
transfer this land to the Navy Department.
[…]
The land where the proposed construction is to be made is
owned by the People of Puerto Rico (Énfasis nuestro).
La comunicación del Comisionado Interino del Departamento
del Interior de Puerto Rico expresa que la Ley Núm. 66 del
25 de abril de 1940 (Ley Núm. 66), 1940 Leyes de Puerto
Rico, pág. 477-479, aplica a los terrenos sumergidos
aledaños al “Coast Guard Parcel”. Esta ley autoriza la
transferencia por el gobernador de Puerto Rico de terrenos
sumergidos al Gobierno federal para propósitos de defensa
nacional. Sin embargo, la propia Ley Núm. 66 expone que sus
disposiciones aplican a los terrenos sumergidos que se
encuentran alrededor de la Bahía de San Juan. La Laguna del
Condado no forma parte de la Bahía de San Juan aunque sus
aguas estén conectadas por el Canal San Antonio, y, por
ende, la Ley Núm. 66 no aplicaba a los terrenos en
controversia.
68
CT-2008-04
23
al Capitán del Puerto de San Juan, a la Comisión de Servicio
Público y al Comisionado del Departamento del Interior de
Puerto Rico. Las obras de relleno se terminaron el 1 de
octubre
de
1941
y
una
inspección
que
llevó
a
cabo
el
Departamento de Guerra de los Estados Unidos confirmó que
las
obras
se
hicieron
conforme
a
los
permisos.
Véase,
Memorando del 4 de diciembre de 1941 respecto a Pmts. PR
170/6 del Departamento de Guerra de los Estados Unidos.
VIII-
El dominio sobre los terrenos aledaños al “Coast
Guard Parcel” ganados al mar bajo la jurisdicción
federal
Aclarada la manera en que se crearon los terrenos ganados
al mar aledaños al “Coast Guard Parcel”, debemos abordar la
controversia
de
su
titularidad.
Para
ello,
es
necesario
precisar el derecho aplicable.
Según quedó establecido, al momento en que se llevaron a
cabo
las
obras
de
relleno
en
los
terrenos
sumergidos
colindantes al “Coast Guard Parcel”, el gobierno federal era
el
titular
de
dicha
parcela.
Siendo
ese
el
caso,
la
titularidad de dichos terrenos debe determinarse conforme al
derecho federal. Así lo resolvió el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos en California ex rel. State Lands Commission
v. United States, 457 U.S. 273 (1982), cuando dispuso que
toda controversia respecto a los terrenos costeros que sean
propiedad de los Estados Unidos debe resolverse de acuerdo
al derecho federal. Id., pág. 288. A esos efectos afirmó que
el derecho federal se aplicará mientras los Estados Unidos
sea el titular del terreno costero y mantenga su interés
CT-2008-04
sobre éste.69
Quiere
ello
decir
que
para
24
determinar
la
titularidad de los terrenos ganados mar aledaños al “Coast
Guard
Parcel”,
terrenos,
al
debemos
momento
recurrir
en
al
que
se
derecho
rellenaron
federal,
y
esos
no
al
derecho puertorriqueño.
Ya
vimos
que
una
ley
federal,
la
Ley
de
Relaciones
Federales, supra, contiene disposiciones aplicables a los
terrenos ganados al mar en Puerto Rico. Según esta ley,
Puerto
Rico
tiene
todo
derecho,
título,
interés,
jurisdicción y autoridad sobre los terrenos ganados al mar
mediante relleno alrededor de la isla e islas adyacentes,
con
excepción
de
aquellos
que
los
Estados
Unidos
hayan
reservado para usos públicos. 48 U.S.C.A. sec. 749.70 Véase
De forma cónsona establecimos en Roberts v. U.S.O. Council
of P.R., 145 D.P.R. 58 (1998), que, como norma general, en
los
enclaves
militares
de
los
Estados
Unidos
hay
jurisdicción legislativa federal exclusiva. Al respecto,
definimos que la jurisdicción legislativa se refiere a
“quién tiene la facultad de regular, mediante legislación,
determinada materia, hecho o situación”.
69
La Ley de Relaciones
expresa lo siguiente:
70
Federales,
48
U.S.C.A.
sec.
749,
The harbor areas and navigable streams and bodies of
water and submerged lands underlying the same in and
around the island of Porto Rico [Puerto Rico] and the
adjacent islands and waters, now owned by the United
States and not reserved by the United States for public
purposes, be, and the same are hereby, placed under the
control of the government of Porto Rico [Puerto Rico],
to be administered in the same manner and subject to
the same limitations as the property enumerated in the
preceding section: Provided, That all laws of the
United States for the protection and improvement of the
navigable
waters
of
the
United
States
and
the
preservation of the interests of navigation and
commerce, except so far as the same may be locally
inapplicable, shall apply to said island and waters and
to its adjacent islands and waters: Provided further,
That nothing in this Act contained shall be construed
so as to affect or impair in any manner the terms or
conditions of any authorizations, permits, or other
CT-2008-04
25
además, la parte IV de esta opinión. Esto, sin embargo, no
resuelve
cuando
la
los
controversia
terrenos
particular
sumergidos
que
nos
ocupa,
pues
aledaños
al
“Coast
Guard
Parcel” fueron rellenados en 1940, la parcela colindante a
dichos terrenos pertenecía al gobierno de los Estados Unidos
y la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal requiere,
según vimos, que recurramos a la legislación federal y, en
su defecto, al derecho común federal (“federal common law”)
para
resolver
las
dudas
sobre
la
titularidad
en
estas
_____________________________
powers heretofore [prior to March 2, 1917] lawfully
granted or exercised in or in respect of said waters
and submerged lands in and surrounding said island and
its adjacent islands by the Secretary of War [Secretary
of the Army] or other authorized officer or agent of
the United States. Notwithstanding any other provision
of law, as used in this section (1) "submerged lands
underlying navigable bodies of water" include lands
permanently or periodically covered by tidal waters up
to but not above the line of mean high tide, all lands
underlying the navigable bodies of water in and around
the island of Puerto Rico and the adjacent islands, and
all artificially made, filled in, or reclaimed lands
which formerly were lands beneath navigable bodies of
water; (2) "navigable bodies of water and submerged
lands underlying the same in and around the island of
Puerto Rico and the adjacent islands and waters" extend
from the coastline of the island of Puerto Rico and the
adjacent islands as heretofore or hereafter modified by
accretion, erosion, or reliction, seaward to a distance
of three marine leagues; (3) "control" includes all
right, title, and interest in and to and jurisdiction
and authority over the submerged lands underlying the
harbor areas and navigable streams and bodies of water
in and around the island of Puerto Rico and the
adjacent islands and waters, and the natural resources
underlying such submerged lands and waters, and
includes proprietary rights of ownership, and the
rights of management, administration, leasing, use, and
development of such natural resources and submerged
lands beneath such waters. (Énfasis nuestro) 48
U.S.C.A. sec. 749.
CT-2008-04
26
circunstancias. California ex rel. State Lands Commission v.
United States, supra, págs. 282-284.71
En California ex rel. State Lands Commission v. United
States, supra, el Supremo federal abordó una controversia
sobre
la
titularidad
de
unas
accesiones
que
se
crearon
paulatinamente sobre unos terrenos sumergidos del Estado de
California. La parcela de terreno colindante a éstas era una
reserva
militar
Unidos.
La
de
la
Guardia
controversia
del
Costanera
caso
de
requería
los
Estados
determinar
si
dichos terrenos formados por accesión de manera paulatina
pertenecían al gobierno de los Estados Unidos o al Estado de
California.
El
controversia
a
Tribunal
favor
de
Supremo
los
“Submerged
Lands
Act”,
43
embargo,
aclaró
que
aunque
federal
Estados
U.S.C.A.
no
Unidos
resolvió
la
aplicando
el
sec.
1301-1315.
Sin
fuera
aplicable
esa
legislación, el derecho común federal desplazaría al derecho
Respecto a la aplicación del derecho común federal
(“federal common law”) el tratadista Chemerinsky nos explica
lo siguiente:
71
The phrase federal common law refers to the development
of legally binding federal law by the federal courts in
the absence of directly controlling constitutional or
statutory
provisions.
Chemerinsky,
Federal
Jurisdiction, 1989, pág. 293.
En particular, respecto a la aplicación del derecho común
federal cuando existe un interés propietario de los Estados
Unidos, Chemerinsky explica:
[F]ederal common law has developed where the Supreme
Court has decided that federal rules are “necessary to
protect uniquely federal interests.” Included in this
category is the creation of federal common law to
protect
federal
proprietary
interests
in
cases
involving the United States government…. Chemerinsky,
op. cit., pág. 297.
Véase además, J.P. Ludington, The Supreme Court
Post-Erie Federal Common Law, 31 L.Ed. 2d 1006.
and
the
CT-2008-04
estatal de
California,
con
la
consecuencia
de
27
que las
accesiones serían de los Estados Unidos, en virtud de los
derechos reconocidos bajo el derecho común federal a los
dueños
del
litoral
o
parcelas
colindantes.
California
ex
rel. State Lands Commission v. United States, supra, pág.
284.
Sin embargo, esta norma de derecho común federal sólo se
refiere
a
las
accesiones
causadas
natural
o
paulatinas
artificialmente.
o
imperceptibles
Específicamente,
el
Tribunal Supremo federal definió la accesión que estaba en
controversia en California ex rel. State Lands Commission v.
United
States,
supra,
de
la
siguiente
manera:
“gradual
process by which sand accumulated along the shore, although
caused by a jetty affecting the action of the sea.” (Énfasis
nuestro) Id., pág. 287. Véase, United States v. State of
Washington, 294 F. 2d 830 (1961). Ahora bien, según indica
el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el
Tercer
Circuito
en
Alexander
Hamilton
v.
Government
of
Virgin Islands, 757 F.2d 534 (1985): “there is a distinct
body of common law relating to the ownership of artificially
created fastlands”. Id., págs. 538-539. Específicamente, el
derecho
común
costero
no
federal
obtiene
ha
establecido
que
la
propiedad
sobre
el
propietario
los
terrenos
resultantes del relleno de terrenos sumergidos, por el mero
acto de depositar o causar el depósito de dicho relleno.
Véase, State of New Jersey v. State of New York, 523 U.S.
767 (1998); Georgia v. South Carolina, 497 U.S. 376 (1990);
Marine Railway & Coal Company, Inc. v. United States, 257
U.S. 47 (1921);
Alexander Hamilton v. Government of Virgin
CT-2008-04
28
Islands, supra, 538-539; Burns v. Forbes, 412 F. 2d 995
(1969).
En el caso de Alexander Hamilton v. Government of Virgin
Islands,
supra,
el
Tribunal
apelativo
federal
discutió
a
mayor profundidad esta norma y señaló que el propietario
costero adquirirá el título sobre el terreno cuando lleva a
cabo el relleno con la debida autorización. Específicamente,
el tribunal explica lo siguiente:
Where the reclamation and filling of the adjacent shore or
submerged soil was expressly permitted by legislative
enactment, or was authorized by a statute
fixing a
bulkhead, harbor, or dock line, or similar statute, or by
a valid license or permit or by local common law, it has
usually been held or recognized that filled land created
by a riparian or littoral proprietor belongs to him as
part of the upland, at least where the public rights with
respect to navigation and commerce are not substantially
impaired. Id., pág. 546. Véase, United States v. Groen, 72
F. Supp. 713 (1947). Véase además, B.H. Glenn, Rights to
land created at water’s edge by filling or dredging,
sección 2[b], 91 A.L.R.2d 857.
El tribunal aclara que esta norma no aplicará si el permiso
o
autorización
dispone
expresamente
que
el
propietario
original de los terrenos sumergidos retendrá la titularidad
de éstos una vez se lleven a cabo las obras de relleno.
Sobre esta situación, el tribunal apelativo federal explica
lo siguiente:
[T]he rationale behind this common law rule is that one
who obtained permission to improve his property should be
able to rely on the government’s expression of approval
for the knowledge that he will become the owner in fee
simple of any such improvements. Given an express
provision in the instrument of authorization to the
contrary, however, that landowner is no longer entitled to
rely on the authorization for the transfer of property
rights. Alexander Hamilton v. Government of Virgin
Islands, supra, pág. 547.
Según el expediente del caso que nos ocupa, el gobierno
federal obtuvo los permisos necesarios para llevar a cabo
CT-2008-04
29
las obras de relleno en los terrenos sumergidos aledaños al
“Coast
Guard
Parcel”.
Además,
ninguno
de
los
permisos
otorgados expresó que el gobierno de Puerto Rico retendría
sobre esos terrenos el dominio que era suyo desde 1917. Por
eso, según el derecho común federal aplicable al momento en
que
se
rellenaron
los
propiedad
del
Unidos
estuvieron
y
terrenos,
Departamento
de
sujetos
la
a
éstos
pasaron
a
Marina
de
los
Estados
jurisdicción
federal
la
ser
durante alrededor de 50 años (1941-1991).
IX-
Adquisición de los terrenos ganados al mar aledaños
al “Coast Guard Parcel” por el Gobierno de Puerto
Rico
En
1973,
Unidos
el
Departamento
transfirió
el
de
“Coast
la
Marina
Guard
Parcel”
de
los
Estados
a
la
Guardia
Costanera de los Estados Unidos. Véase, “Disposal Report No.
439” de 28 de septiembre de 1973. El 21 de mayo de 1990, en
respuesta a una solicitud de información del gobierno de
Puerto
Rico
sobre
Administración
de
la
titularidad
Servicios
de
Generales
esa
le
parcela,
envió
la
ciertos
estudios de título y un memorando de la Guardia Costanera de
los Estados Unidos en el que se concluye que el gobierno
federal era dueño de los terrenos ganados al mar en dicha
parcela desde 1941.
El 20 de julio de 1990 el Gobernador de Puerto Rico para
esa
fecha,
Hon.
Rafael
Hernández
Colón,
escribió
al
Presidente de los Estados Unidos solicitándole que, según la
autoridad conferida a éste por la sección 7 de la Ley de
Relaciones Federales, supra, cediera el “Coast Guard Parcel”
CT-2008-04
30
y los terrenos sumergidos aledaños a ésta al gobierno de
Puerto Rico, ya que la Guardia Costanera de los Estados
Unidos la había desalojado y la Administración de Servicios
Generales de los Estados Unidos tenía planes de venderla.72
El 4 de septiembre de 1990, el gobierno de los Estados
Unidos contestó la petición del Gobernador de Puerto Rico
informándole que la Administración de Servicios Generales no
le cedería el “Coast Guard Parcel” al gobierno de Puerto
Rico, sino que estaba en disposición de vendérsela. La carta
indica lo siguiente:
The relocation and sale of the San Geronimo Housing Area
will be highly beneficial to the Commonwealth of Puerto
Rico and the Federal Government. We would like to continue
negotiations with the Commonwealth for the purchase of
this property as soon as possible. Otherwise, we have no
choice but to offer the property for sale to the general
public on a competitive bid basis. (Énfasis nuestro).
El
4
de
octubre
de
1990,
el
entonces
Secretario
del
Departamento de Justicia de Puerto Rico, licenciado Héctor
Rivera Cruz, le informó a la Administración de Servicios
Generales que el gobierno de Puerto Rico presentaría una
demanda contra los Estados Unidos para lograr que el “Coast
Guard Parcel” y los terrenos ganados al mar adyacentes a
ésta fueran cedidos a Puerto Rico, según la sección 7 de la
Ley de Relaciones Federales, supra. Esto, con el fin de
evitar que el gobierno federal vendiera la parcela a una
En lo pertinente, la sección 7 de la Ley de Relaciones
Federales, supra, dispone lo siguiente:
72
Disponiéndose, que el Presidente podrá de tiempo en
tiempo, a su discreción, traspasar al Pueblo de Puerto
Rico aquellos terrenos, edificios o intereses en terrenos
u otras propiedades pertenecientes en la actualidad a los
Estados Unidos y dentro de los límites territoriales de
Puerto Rico, que a su juicio no se necesiten ya para
propósitos de los Estados Unidos. Id.
CT-2008-04
31
tercera persona, según lo había advertido en la carta del 4
de septiembre de ese año.
El gobierno federal respondió a la carta del Secretario de
Justicia
Puerto
Rico
el
16
de
recomendando
que
se
llevaran
a
llegar
acuerdo
aceptable
a
a
de
un
noviembre
de
1990,
cabo
negociaciones
para
ambas
partes.
El
14
de
febrero de 1991, un memorando interno de la Oficina del
Gobernador de Puerto Rico que consta en autos indica al
Gobernador Hernández Colón que al gobierno de Puerto Rico le
convenía más comprar la parcela que envolverse en un litigio
sobre titularidad. En cuanto a esto, el memorando expresa lo
siguiente:
[E]l ELA no podrá adquirir dicha propiedad litigando ya
que aunque el Tribunal Federal interprete la ley a favor
nuestro, los Estados Unidos podrían derrotar nuestro
propósito ubicando en dichas facilidades algún personal o
equipo del Coast Guard, aunque éste sea ínfimo.
Aunque este asunto había sido discutido previamente con
usted, traigo nuevamente a su atención el mismo. En
tasación hecha por la Administración de Terrenos, se
valoró la propiedad en 10.73 millones. La oferta inicial
de GSA era de 6.8 millones. Ante esta situación, sugiero
se autorize [sic] al licenciado Pérez [para entonces
Secretario de Justicia] a negociar con GSA un descuento de
50% de nuestro precio de tasación; lo que equivaldría
aproximadamente a unos 5 millones.
El 22 de agosto de 1991, la Administración de Terrenos de
Puerto Rico notificó al gobierno federal que compraría la
propiedad para beneficio del Pueblo de Puerto Rico. En dicha
comunicación
el
adquisición
de
gobierno
los
de
terrenos
Puerto
Rico
afirmó
que
la
serviría
al
interés
público
asegurando un buen manejo de la propiedad y la protección de
la zona costera. Además, señaló que la Administración de
Terrenos planificaba el manejo público de la propiedad y no
CT-2008-04
32
la venta o traspaso a personas privadas. Específicamente, la
carta expresó lo siguiente:
The Puerto Rico Land Administration, an agency of the
Commonwealth of Puerto Rico, is purchasing the San
Geronimo property for the benefit of the people of the
Commonwealth. The public interest will be served by
ensuring controlled management of the property and
shoreline protection.
The Land Administration at this time envisions public
management of the property and has not selected a private
firm for any future development. (Énfasis nuestro).
Para determinar el efecto de esta transferencia sobre la
titularidad de los terrenos, debemos acudir una vez más a la
jurisprudencia federal. En el caso de Oregon ex rel. State
Land Board v. Corvallis Sand & Gravel Co., 429 U.S. 363
(1977), el Tribunal Supremo federal resolvió que una vez el
interés
federal
sobre
una
propiedad
se
ha
extinguido
de
acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, dicha propiedad
estará sujeta al derecho estatal. Al respecto, el tribunal
explica lo siguiente:
We hold the true principle to be this, that whenever the
question in any Court, state or federal, is whether a
title to land which has once been property of the United
States has passed, that question must be resolved by the
laws of the United States; but that whenever, according to
these laws, the title shall have passed, then that
property, like all other property in the state, is subject
to state legislation; so far as that legislation is
consistent with the admission that the title passed and
vested according to the laws of the United States.
(Énfasis nuestro) Oregon ex rel. State Land Board v.
Corvallis Sand & Gravel Co., supra, pág. 377 [citando a
Wilcox v. Jackson, 13 Pet. 498, 517 (1839)].73
En California ex rel. State Lands Commission v. United
States, 457 U.S. 273 (1982), el Tribunal Supremo federal
estableció una distinción entre ese caso y el de Oregon ex
rel. State Land Board v. Corvallis Sand & Gravel Co., 429
U.S. 363 (1977), basándose en que en Corvallis, la
controversia giraba en torno a un terreno que colindaba con
el lecho de un río que el gobierno federal había
patentizado, mientras que en California ex. rel., se trataba
de una parcela costera que aún era propiedad del gobierno
federal. Además, el Supremo federal distinguió la norma de
Corvallis de aquellas controversias que se refieran a una
73
CT-2008-04
Según
33
lo
requiere
esta
compraventa
celebrado
norma
entre
federal
ambos
el
gobiernos
contrato
el
21
de
de
noviembre de 1991 se redactó conforme a las exigencias de
las
leyes
y
regulaciones
de
los
Estados
Unidos.
Así
lo
indica expresamente el contrato en una de sus cláusulas que
dispone
lo
siguiente:
“the
parties
hereto
desire
to
consumate the sale in accordance with applicable law and
regulation
nuestro).
of
El
the
United
precio
de
States
of
compraventa
America”.
fue
4.8
(Énfasis
millones
de
dólares, menos de la mitad del valor de tasación, según
informado
en
el
memorando
al
Gobernador
Hernández
Colón
antes citado.
A través de este contrato el gobierno federal cedió al
gobierno de Puerto Rico todo derecho, título e interés sobre
la propiedad. De esa forma, el interés federal sobre los
terrenos ganados al mar aledaños al “Coast Guard Parcel”
desapareció
Estados
conforme
Unidos
y
a
las
dichos
leyes
y
terrenos
regulaciones
de
entraron
nuestra
a
los
jurisdicción. En particular, entraron a nuestra jurisdicción
bajo
la
administración
de
la
Rama
Ejecutiva
de
nuestro
gobierno.
Una vez los terrenos ganados al mar aledaños al “Coast
Guard Parcel” entraron a la administración de Puerto Rico,
_____________________________
propiedad costera patentizada por el gobierno federal. Esto,
según explica el Juez Rehnquist en su opinión concurrente en
California ex rel. State Lands Commission v. United States,
supra, pág. 290 (a la que se unieron los Jueces Stevens y
O’Connor) se hizo a modo de dicta, pues el terreno en
controversia en California ex. rel., era propiedad de la
Guardia Costanera de los Estados Unidos, lo cual hacía
innecesario referirse a terrenos patentizados por el
gobierno federal. Por lo tanto, dicha distinción no era
pertinente al caso.
CT-2008-04
la Rama Ejecutiva
del
gobierno
de
Puerto
Rico
34
tenía
la
obligación de administrarlos según el derecho aplicable en
nuestra jurisdicción, conforme explicó el Tribunal Supremo
federal en el caso de Oregon ex rel. State Land Board v.
Corvallis Sand & Gravel Co., supra. Decidir lo contrario nos
llevaría a concluir que el derecho de los Estados Unidos
continúa
vigente
sobre
unos
terrenos
costeros
que
hace
diecisiete años fueron liberados del interés federal.
Veamos
entonces
cuál
era
el
derecho
aplicable
a
los
terrenos ganados al mar en controversia al momento en que
éstos entraron a nuestra jurisdicción.
En primer lugar, sabemos que las leyes de puertos vigente
en
Puerto
Rico
cuando
se
llevaron
a
cabo
las
obras
de
relleno en 1941 no regularon la titularidad de los terrenos,
pues
según
ya
explicamos,
en
aquel
momento
los
terrenos
ganados al mar estaban bajo la jurisdicción federal y el
derecho aplicable era el de los Estados Unidos. Nótese que
la
desafectación
protección
del
de
estos
interés
terrenos
federal,
en
1941
ocurrió
en
acorde
al
ordenamiento
jurídico de dicha jurisdicción.
En
1991,
cuando
se
traspasan
los
terrenos
a
la
jurisdicción de Puerto Rico, la ley aplicable vigente era la
Ley de Puertos de 1968, Ley de Muelles y Puertos de Puerto
Rico de 1968, 23 L.P.R.A. secs. 2101-2801. Según ésta, los
siguientes bienes inmuebles son bienes de dominio público,
ya que están incluidos en la zona marítimo terrestre:
[E]l espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar
en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas,
y las mayores olas en los temporales en donde las mareas
no son sensibles, e incluye los terrenos ganados al mar y
las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean
CT-2008-04
35
navegables o se hagan sensibles las mareas; y el término,
sin condicionar, significa la zona marítima terrestre de
Puerto Rico. (Énfasis nuestro). Art. 1, sec. 1.03 de la
Ley de Puertos de 1968, 23 L.P.R.A. sec. 2103.
Se desprende de esta disposición, que bajo la Ley de Puertos
de 1968 los terrenos ganados al mar son bienes de dominio
público.
En
segundo
lugar,
según
el
Reglamento
de
zonificación
especial del Condado de 1986, Reg. núm. 3319 del 7 de junio
de 1986, el “Coast Guard Parcel” se zonificó como una zona
pública
y/o
recreativa
(P).
Sec.
2.02
del
Reglamento
de
Zonificación Especial del Condado, supra. Por lo tanto, al
momento de entrar a nuestra jurisdicción, el “Coast Guard
Parcel” tenía una zonificación de zona pública o recreativa
y los terrenos ganados al mar aledaños a ésta eran bienes de
dominio público, según la Ley de Puertos de 1968, supra.
La opinión mayoritaria concluye que el que se adquirieran
los terrenos ganados al mar en controversia en este caso
mediante
contrato
de
compraventa
con
los
Estados
Unidos
conlleva, de por sí, el que dichos terrenos pasaran a ser
patrimoniales del Estado y que por lo tanto, se requería un
acto afirmativo de afectación al dominio público para que
dejaran
de
interés
federal
ordenamiento
serlo.
a
Por
el
contrario,
al
extinguirse
y
aplicar
por
primera
los
terrenos
ganados
al
mar
vez
el
nuestro
aledaños
al
“Coast Guard Parcel”, la Ley de Puertos de 1968 estableció
una
afectación
expresa
al
dominio
público
sobre
dichos
terrenos, que, como veremos en la parte XI de esta opinión,
sólo
podía
derrotarse
por
un
acto
legislativo
de
CT-2008-04
36
desafectación.74 Además, las cartas, memorandos y el propio
contrato de compraventa demuestran que el gobierno de Puerto
Rico optó por comprar porque según las leyes, reglamentos y
exigencias de la jurisdicción federal, no tenía otra forma
de adquirir estos terrenos. El contrato de compraventa entre
los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico fue sólo el
instrumento formal a través del cual el gobierno federal
aceptó ceder su interés sobre los terrenos en controversia.
Por eso, según ya explicamos, desde que nuestro gobierno
adquirió
los
terrenos
ganados
condiciones
establecidas
federales,
dichos
ordenamiento.
De
esa
por
terrenos
forma,
al
mar
las
están
les
cumpliendo
leyes
y
la
las
reglamentos
sujetos
aplica
con
a
nuestro
afectación
de
bienes de dominio público que establece la Ley de Puertos de
1968, supra. Oregon ex rel. State Land Board v. Corvallis
Sand & Gravel Co., supra, pág. 377 [citando a Wilcox v.
Jackson, 13 Pet. 498, 517 (1839)].
Se desprende claramente del expediente que durante todo el
proceso de negociación con el gobierno federal el gobierno
de Puerto Rico tuvo la intención de dedicar los terrenos
adquiridos al uso público y protección de las costas. Dicha
intención se evidencia específicamente en la carta enviada
por la Administración de Terrenos al gobierno federal el 22
de agosto de 1991, en la que informó lo siguiente:
The Puerto Rico Land Administration, an agency of the
Commonwealth of Puerto Rico, is purchasing the San
Geronimo property for the benefit of the people of the
Commonwealth. The public interest will be served by
ensuring controlled management of the property and
shoreline protection.
74
En vista de lo anterior, no es correcto aseverar que la
aplicación de la Ley de Puertos de 1968 es retroactiva.
CT-2008-04
37
The Land Administration at this time envisions public
management of the property and has not selected a private
firm for any future development. (Énfasis nuestro).
Abona a nuestra conclusión el que la reglamentación vigente
a la fecha de la adquisición zonificara al “Coast Guard
Parcel”
como
una
zona
pública
y/o
recreativa
(P).
Sin
embargo, la opinión mayoritaria concluye que el expediente
no
provee
evidencia
adquisición
el
que
demuestre
gobierno
de
que
Puerto
al
Rico
momento
de
destinase
la
los
terrenos a un uso público determinado.
Abordemos ahora la controversia sobre la titularidad de
los terrenos ganados al mar en la segunda parcela objeto de
este litigio, la parcela conocida como “Condado Bay Parcel”.
Para
ello,
debemos
Presidencial
de
remontarnos
1929,
a
nuevamente
través
de
la
a
la
Proclama
cual
el
gobierno
federal cedió las parcelas colindantes a dichos terrenos al
gobierno de Puerto Rico.
X-
El dominio sobre los terrenos ganados al mar en el
“Condado Bay Parcel”
Según explicamos en la parte III y VI de esta opinión, el
26 de agosto de 1929, el Presidente de los Estados Unidos
emitió una proclama mediante la cual traspasó al Pueblo de
Puerto Rico todo derecho, título e interés de los Estados
Unidos sobre los terrenos de la Reserva Naval San Jerónimo,
incluyendo
los
Posteriormente,
arrendados
el
Hotel
al
Caribe
señor
Hilton
Virgil
fue
Baker.
construido
en
parte de estos terrenos.
En 1949 el gobierno de Puerto Rico presentó una demanda de
expropiación,
con
el
fin
de
recuperar
aquellos
terrenos
sobre los cuales el señor Baker mantenía control en calidad
CT-2008-04
38
de arrendatario, aunque el título de propiedad sobre ellos
había pasado al gobierno de Puerto Rico mediante cesión en
1929. En la demanda de expropiación el gobierno de Puerto
Rico alegó lo siguiente:
Que el interés que El Pueblo de Puerto Rico se propone
adquirir en la propiedad objeto de este procedimiento es
el uso y disfrute de la misma durante el término del
arrendamiento otorgado al señor Virgil Baker y su esposa
Stella May Baker, por el Secretario interino de la Marina
de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, el día 15 de
julio de 1921, ahora subarrendada a la San Gerónimo
Development Co. Inc. (Énfasis nuestro).
El 28 de agosto de 1956 el gobierno de Puerto Rico compensó
al
señor
Baker
y
obtuvo
todos
los
década
de
los
cincuenta
la
derechos
sobre
la
propiedad.
En
la
Compañía
de
Fomento
Industrial de Puerto Rico decidió ampliar el Hotel Caribe
Hilton, para lo cual presentó una Consulta de Ubicación ante
la Junta de Planificación de Puerto Rico. El 22 de junio de
1955, la Junta de Planificación aprobó la consulta y, entre
otras
cosas,
sumergidos
autorizó
aledaños
a
que
la
se
rellenaran
parcela
que
los
los
terrenos
Estados
Unidos
había arrendado al señor Baker y que fue cedida al gobierno
de
Puerto
Rico
en
1929.
Los
terrenos
así
rellenados
o
ganados al mar constituyen la parcela denominada “Condado
Bay Parcel”. Hoy día, se construye parte del proyecto en
controversia,
tanto,
es
Paseo
necesario
Caribe,
sobre
analizar
la
dicha
parcela.
titularidad
de
Por
lo
estos
terrenos según el derecho aplicable al “Condado Bay Parcel”
al momento en que se llevaron a cabo las obras de relleno en
la década de los cincuenta.
CT-2008-04
Nuestro derecho
sobre
los
bienes
de
39
público
dominio
marítimo terrestres proviene del Derecho romano y el Derecho
civil español. Por esto, debemos examinar en cierto detalle
las
políticas
públicas
a
las
que
responden
estas
normas
jurídicas en las que se basa nuestro ordenamiento.
En el Derecho romano, el mar y sus riberas eran cosas
comunes que pertenecían a todas las personas en general y a
ninguna en particular. Esto, contrario a las cosas públicas
que pertenecían al Estado y eran destinadas al uso público.
Martínez Escudero explica:
Las riberas del mar no son en el Derecho romano, como
hemos visto, cosas públicas, sino cosas comunes, cuya
naturaleza jurídica es diferente. En efecto, las res
comunes omnium no pertenecen al populus romanus, como las
re
publicae,
ni
a
las
ciudades,
como
las
res
universitatis, sino son cosas que por su ius gentium
pertenecen a todos los hombres en general y a ninguno en
particular. L. Martínez Escudero, Playas y Costas: su
Régimen
Jurídico
Administrativo,
2da
ed.,
Madrid,
Editorial Montecorvo S.A., 1985, págs. 28-29.
Fundamentándose
Título
XXVIII
de
en
el
Derecho
la
Partida
III
romano,
la
de
Siete
las
Ley
III
del
Partidas,
establece que el mar y sus riberas son cosas comunes. En lo
pertinente, dicha ley dispone:
Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las
criaturas que biuen eneste mundo son estas, el ayre, e las
aguas dela lluvia, e el mar, e su ribera. (Énfasis
nuestro).
I.
Miralles
González,
Dominio
público
y
propiedad privada en la nueva Ley de Costas, 1ra ed.,
España, Editorial Civitas, S.A., 1992, pág. 21. Véase, L.
Martínez Escudero, op. cit., págs. 30-33.
El Derecho civil español moderno se apartó de esta doctrina
cuando clasificó el mar litoral, la zona marítima y las
playas como bienes de dominio público bajo la Ley de Aguas
del 3 de agosto de 1866 (Ley de Aguas de 1866), Colección
Legislativa de España, Madrid, 1866, Tomo 106, 2da parte,
CT-2008-04
40
pág. 294. Véase, I. Miralles González, op. cit., pág. 24.
Según
los
artículos
1
y
4
de
dicha
ley,
las
costas,
fronteras marítimas, mar litoral, zona marítima, las playas,
los
terrenos
sumergidos
bajo
éstos
y
las
accesiones
o
aterramientos que ocasionara el mar son bienes de dominio
público. Adviértase que esta clasificación no incluyó los
terrenos ganados al mar.75
En Rubert Armstrong v. E.L.A., supra, explicamos que la
exposición de motivos de la Ley de Aguas de 1866 caracterizó
a los bienes de dominio público como bienes inalienables e
imprescriptibles.
En
particular,
citamos
el
siguiente
fragmento de la exposición de motivos de la ley:
Los artículos 1 y 4 de la Ley de Aguas de 1866 disponen lo
siguiente:
75
Artículo 1º Son de dominio nacional y uso público
1º Las costas o fronteras marítimas del territorio
español, con sus obras, ensenadas, calas, radas, bahías y
puertos.
2º El mar litoral, ó bien la zona marítima que ciñe las
costas, en toda la anchura determinada por el derecho
internacional. En esta zona dispone y arregla el Estado la
vigilancia y los aprovechamientos, así como el derecho de
asilo e inmunidad, conforme á las leyes y á los tratados
internacionales.
3º Las playas. Se entiende por playa el espacio que
alternativamente cubren y descubren las aguas en el
movimiento de la marea. Forma su límite interior ó
terrestre la línea hasta donde llegan las más altas mareas
y equinocciales. Donde no fueren sensibles las mareas,
empieza la playa por la parte de tierra en la línea a
donde llegan las aguas en las tormentas ó temporales
ordinarios. (Énfasis nuestro) Art. 1 de la Ley de Aguas de
1866, supra, págs. 294-295
Artículo 4º Son del dominio público los terrenos que se
unen á las playas por las accesiones y aterramientos que
ocasione el mar. Cuando ya no los bañen las aguas del mar,
ni sean necesarios para los objetos de utilidad pública,
ni para el establecimiento de especiales industrias, ni
para el servicio de vigilancia, el Gobierno los declarará
propiedad de los dueños de las fincas colindantes en
aumento de ellas. (Énfasis nuestro) Art. 4 de la Ley de
Aguas de 1866, supra, pág. 295.
CT-2008-04
41
Por dominio público de la Nación entiende al que a ésta
compete sobre aquellas cosas cuyo uso es común por su
propia naturaleza o por el objeto a que se hallan
destinadas; tales son, por ejemplo, las playas, ríos,
caminos, muelles y puertos públicos; su carácter principal
es ser inenajenable e imprescriptible. Y por dominio
particular del Estado entiende el que a éste compete sobre
aquellas cosas destinadas a su servicio, o sea,
a la
satisfacción de sus necesidades colectivas, y no al uso
común, cosas de las que dispone como los particulares de
las que constituyen su patrimonio: tales son, entre otras
muchas, los montes, minas, arsenales, fortalezas y
edificios militares.
[…]
Al declarar también del dominio público de la Nación las
playas, se ha creído conveniente restablecer
la
disposición de nuestras antiguas leyes que de acuerdo con
las romanas, les fijaban por límite aquel donde alcanzan
las olas del mar en su temporales ordinarios, espacio
bastante para las necesidades de la navegación y pesca; y
en vez de la zona contigua de 20 varas, que después se ha
considerado como ensanche de aquellas, se establecen sobre
las heredades limítrofe las servidumbres de salvamento y
vigilancia,
con
las
cuales
quedan
suficientemente
atendidos los intereses de la navegación en casos de
naufragios, y los de la Hacienda pública para vigilancia
de las costas, sin necesidad de condenar a perpetua
esterilidad
terrenos
que
en
algunas
comarcas
son
susceptibles de cultivo. (Énfasis nuestro). Id., pág. 620.
Según se desprende de la exposición de motivos de la Ley
de Aguas de 1866, el propósito de la normativa española era
sustraer los bienes de dominio público marítimo terrestres
del
comercio
de
las
personas,
ya
que
dichos
bienes
satisfacen necesidades colectivas y sustentan el bienestar
común. Sin embargo, el propio esquema normativo permitía la
apropiación de estos bienes bajo circunstancias que en aquél
momento
histórico
lo
justificaban.
Explica
Ma
del
Pino
Rodríguez González en cuanto a esto:
Dentro del Derecho positivo español, fue la Ley de Aguas
de 3 de agosto de 1866 la primera norma que reguló con
carácter general las aguas marítimas y terrestres, y la
que dio comienzo a la citada tendencia expansiva. En todo
caso, incluyó dentro del dominio público marítimoterrestre las costas o fronteras marítimas del territorio
español con sus abras, ensenadas, calas, bahías y puertos;
el mar litoral (hoy denominado mar territorial); las
playas (sustituyendo este término al de ribera del mar
CT-2008-04
42
utilizado primero por el Derecho romano y luego por Las
Partidas), pero para referirse a la zona bañada por el
flujo y reflujo del mar, definición que coincide en
términos generales con el concepto de zona marítimoterrestre acogido luego en las Leyes de Puertos de 1880 y
1928; así como, finalmente, los terrenos que se unen a las
playas por accesiones o aterramientos ocasionados por el
mar. No obstante, también esta norma, tras declarar el uso
público de todos estos bienes, admitió la posibilidad de
que los particulares fueran propietarios de las marismas y
fincas colindantes con el mar o con sus playas o que
adquirieran los terrenos ganados al mar mediante las obras
de desecación de marismas propiedad del Estado o
comunales. (Énfasis nuestro) J.V. González García y otros,
Valencia,
Derechos de los Bienes Públicos, 1ra ed.,
Tirant Lo Blanch, 2005, pág. 135.
Un ejemplo de este esquema privatizador es el artículo 5
de la Ley de Aguas de 1866, supra, que dispone lo siguiente
respecto a los terrenos ganados al mar:
Los terrenos ganados al mar por consecuencia de obras
construidas por el Estado ó por las provincias, pueblos ó
particulares
competentemente
autorizados,
serán
de
propiedad de quien hubiere construido las obras, á no
haberse establecido otra cosa en la autorización. (Énfasis
nuestro) Art. 5 de la Ley de Aguas de 1866, supra, pág.
295.
Se colige de este artículo, que aunque el propósito de la
ley era que los bienes de dominio público no estuvieran
sujetos al tráfico comercial, el propio esquema legislativo
permitía que los terrenos sumergidos fueran privatizados a
través
de
obras
competentemente
autorizadas
que
tuvieran
como resultado ganar dichos terrenos al mar.
Posteriormente, España promulgó la Ley de Puertos de 1880,
a
la
que
hemos
hecho
referencia.
Esta
adoptó
una
clasificación de bienes de dominio público similar a la de
la ley de 1866 y utilizó por primera vez el término jurídico
de zona marítimo terrestre. Los terrenos ganados al mar no
fueron
incluidos
bajo
esta
clasificación
de
bienes.
Al
CT-2008-04
respecto, los
artículos
1
y
2
de
la
ley
43
establecen
lo
siguiente:
Artículo 1º Son de dominio nacional y uso público, sin
perjuicio de los derechos que correspondan á los
particulares:
1º La zona marítimo-terrestre, que es el espacio de las
costas o fronteras marítimas del territorio español que
baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles
las mareas, y las mayores olas en los temporales, en donde
no lo sean.
Esta zona marítimo-terrestre se extiende tambien [sic] por
las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean
navegables ó se hagan sensibles las mareas.
2º El mar litoral, ó bien la zona marítima que ciñe las
costas ó fronteras de los dominios de España, en toda la
anchura determinada por el derecho internacional, con sus
ensenadas,
radas,
bahías,
puertos
y
demás
abrigos
utilizables para la pesca y navegación. En esta zona
dispone y arregla el Estado la vigilancia y los
aprovechamientos, así como el derecho de asilo e
inmunidad, conforme todo á las leyes y á los Tratados
internacionales. (Énfasis nuestro) Art. 1 de la Ley de
Puertos española de 1880, supra, págs. 787-788.
Artículo 2º Son del dominio público los terrenos que se
unen á la zona marítimo-terrestre por las accesiones y
aterramientos
que
ocasione
el
mar.
Cuando,
por
consecuencia de estas accesiones, y por efecto de
retirarse el mar, la línea interior que limita la
expresada zona avance hacia aquél, los terrenos sobrantes
de lo que era antigua zona marítimo-terrestre pasarán á
ser propiedad del Estado, prévio el oportuno deslinde de
los Ministerios de Hacienda, Fomento y Marina, y el
primero
podrá
enajenarlos
cuando
no
se
consideren
necesarios para servicios marítimos ú otros de utilidad
pública. Si se enajenasen con arreglo á [sic] las leyes,
se concederá el derecho de tanteo á los dueños de los
terrenos colindantes. (Énfasis nuestro) Art. 2 de la Ley
de Puertos española de 1880, supra, pág. 788.
Esta
explotar
ley
de
las
1880
zonas
tuvo
el
propósito
portuarias,
por
lo
de
desarrollar
que
no
y
cambió
significativamente el esquema privatizador que existía bajo
la Ley de Aguas de 1866. Sobre esto, la tratadista Miralles
González expresa lo siguiente:
La Ley de Puertos del 7 de mayo de 1880 vino a regular a
modo supletorio la falta de legislación suficiente en la
materia.
Esta
ley,
como
es
obvio
de
su
propia
denominación, se centraba en la construcción y explotación
de las infraestructuras portuarias, por lo que sólo
CT-2008-04
44
tangencialmente incidía en el tema que nos ocupa. No
obstante, la definición que dio en su artículo 1 de la
“zona marítimo-terrestre” se convirtió en clásica y su
referencia en obligado hito legislativo a partir del cual
se incluían como pertenecientes al dominio público las
riberas. (Énfasis nuestro) I. Miralles González, op. cit.,
pág. 25.
La Ley de Puertos de 1880 no incluyó la norma establecida
en el artículo 5 de la Ley de Aguas de 1866 según la cual
los terrenos ganados al mar mediante obras realizadas con
autorización competente eran propiedad de quien las hubiera
realizado. Sin embargo, reguló los terrenos ganados al mar
en
los
puertos
reconoció
que
de
forma
algunos
cónsona
de
estos
a
dicho
artículo,
pues
terrenos
pudieran
ser
propiedad del concesionario al disponer lo siguiente:
En las concesiones de obras en los puertos con las cuales
se ganen terrenos al mar, se exceptuará siempre de los que
se reconozcan de propiedad del concesionario la parte
necesaria para la zona de servicio á que se refiere el
artículo 31, la cual quedará de propiedad del Estado.
(Énfasis nuestro) Art. 57 de la Ley de Puertos de 1880,
supra.
Con relación a los terrenos ganados al mar en zonas no
portuarias, el 20 de agosto de 1883 España adoptó por Real
orden
la
Instrucción
para
tramitar
las
concesiones
a
particulares bajo la Ley de Puertos de 1880 (en adelante,
Instrucción
de
la
Ley
de
Puertos
de
1880),
Colección
Legislativa de España , Madrid, 1884, Tomo 131, 2da parte,
pág. 390. Según la Instrucción, los terrenos ganados al mar
fuera de zonas portuarias serían propiedad de quien hubiere
realizado las obras con autorización competente, de forma
consistente con el esquema privatizador ya establecido bajo
CT-2008-04
45
el artículo 5 de la Ley de Aguas de 1866.76 La doctrina
española aplicó e interpretó la Ley de Puertos de 1880,
supra, de forma cónsona a la instrucción. En cuanto a esto,
Tomás Quintana López indica que:
La antigua Ley de Aguas de 1866 ya sancionó en su artículo
5 esta solución, posteriormente aceptada por la normativa
reguladora de las aguas marítimas, reparando cada una de
las normas siguientes en la circunstancia de que las obras
para ganar terreno al mar se realicen fuera o dentro de
los puertos.
[…]
Con posterioridad a la genérica privatización de los
terrenos ganados al mar que contempla nuestra primera Ley
de Aguas, es una norma de rango reglamentario –Real Orden
de 20 de agosto de 1883- la que individualiza las obras
realizadas fuera de los puertos para atribuir la propiedad
de los terrenos ganados al mar mediante ellas a quien las
hubiere realizado. La privatización de estos terrenos se
mantiene en los Reglamentos de Puertos de 1912 y 1928,
que, sin perturbar el principio, demanializan una zona de
aquéllos para destinarla a la vigilancia del litoral.
(Énfasis nuestro) T. Quintana López, La privatización de
los terrenos de que ha sido desalojado el mar, 111 R.A.P.
373, 384 (1986).
De igual manera, Martínez Escudero reitera lo siguiente:
La Ley de Aguas de 1866, en su artículo 5º, estableció que
‹‹los terrenos ganados al mar por consecuencia de obras
construidas por el Estado o por las provincias, pueblos o
El artículo 22 de la instrucción estableció lo siguiente
respecto a los terrenos ganados al mar en y fuera de los
puertos:
76
Los terrenos ganados al mar litoral fuera de los puertos
con obras construídas por el Estado, las provincias, los
Municipios
ó
los
particulares,
competentemente
autorizados, serán de propiedad de la entidad que los
hubiere llevado á cabo.
En las concesiones de obras dentro de los puertos, en las
cuales se ganan terrenos al mar, sólo se reconocerá de
propiedad de los concesionarios la parte que no ocupe la
zona de servicio, á que se refiere el art. 31 de la ley, y
fuera de ella no resulte destinada á vías y servicios
públicos en el estudio de los terrenos sobrantes, así de
los ya existente como de los ganados al mar, para
distribuirlos en relación al ensanche de las poblaciones y
á su enlace con los puertos; estudio que ha de aprobarse
antes del otorgamiento de la concesión, oyendo á los
respectivos Ayuntamientos, y que ha de acompañar á todo
proyecto de puerto. Art. 22 de la Instrucción de la Ley de
Puertos española de 1880, supra.
CT-2008-04
46
particulares
competentemente
autorizados,
serán
de
propiedad de quien hubiera construido las obras, a no
haberse establecido otra cosa en la autorización.
En cambio, la Ley de Puertos de 1880 solamente se refiere
–art. 57- a los terrenos ganados al mar dentro de los
puertos, omitiendo la referencia a los terrenos ganados al
mar fuera de los puertos, criterio seguido fielmente por
la Ley de Puertos de 1928.
La
laguna
legal
quedó
salvada
en
los
textos
reglamentarios, en los que, en efecto, se halla regulada
la cuestión de los terrenos ganados al mar tanto dentro
como fuera de los puertos. Así: artículo 22 de la
Instrucción de 20 de agosto de 1883, artículo 99 del
Reglamento de Puertos de 1912 y artículo 101 del
Reglamento
de
1928.
(Énfasis
nuestro)
L.
Martínez
Escudero, op. cit., pág. 147.
Según explicamos en la parte II de esta opinión, a través
de la sección 8 de la Ley Foraker, supra, se mantuvieron en
vigor las leyes y ordenanzas vigentes en Puerto Rico en el
año 1900. Muñoz Díaz v. Corte, supra. Por esto, tanto el
Código
Civil
español
de
1889,
como
la
Ley
de
Puertos
española de 1880, supra, extendida a Puerto Rico por Real
decreto en 1886 y denominada como la Ley de Puertos para la
Isla
de
Puerto
Rico
(Ley
de
Puertos
de
1886),
supra,
mantuvieron su vigencia en la isla luego del traspaso de
soberanía en 1898. Rubert Amstrong v. E.L.A., supra. Véase,
Olivieri v. Biaggi, supra.
El artículo 2 del Real decreto de la Ley de Puertos de
1886, supra, dispuso que el Ministro de Ultramar dictaría la
instrucción para la ejecución de la ley. El 10 de mayo de
1886, cumpliendo con el mandato de este artículo, se adoptó
por Real orden la Instrucción del Ministro de Ultramar para
implantar
la
Ley
de
Puertos
de
1886
en
Puerto
Rico.
Colección Legislativa de España, Madrid, 1887, Tomo 136, 2da
parte, pág. 1116; Publicada en la Gaceta de Madrid el 19 de
mayo de 1886, No. 139, 1886/03882. Veamos entonces cuál era
CT-2008-04
47
la fuerza jurídica de la Instrucción de la Ley de Puertos de
1886, de acuerdo al ordenamiento jurídico español vigente en
aquél momento, con miras a determinar si mantuvo su vigencia
en Puerto Rico luego del traspaso de soberanía en 1898.
Según el artículo 50 de la Constitución Española de 1876,
el Rey tenía la potestad de ejecutar las leyes. Además,
según el artículo 54 de dicha Constitución, el Rey dictaba
los
decretos,
general
reglamentos
necesarios
reglamentos
e
para
e
la
instrucciones
instrucciones
ejecución
así
de
de
las
dictados
aplicación
leyes.
eran
Los
Reales
decretos o Reales órdenes, dependiendo de la forma en que
fueran adoptados para su publicación. Alcubilla, Diccionario
de Administración, Madrid, 1887, Tomo 8, págs. 277-278.
Tanto el Real decreto como la Real orden manifestaban y
hacían efectiva la voluntad del Rey al implantar las leyes.
La diferencia principal entre ambos instrumentos ejecutivos
era su formalidad, ya que en el Real decreto hablaba el Rey
y en la Real Orden hablaba un Ministro a nombre del Rey
sobre asuntos de menos importancia y solemnidad. F. Seix,
Enciclopedia Jurídica Española, Barcelona, 1910, Tomo 26,
págs. 580, 586. Alcubilla, op. cit., pág. 277. Sobre la
fuerza
jurídica
de
un
Real
decreto
y
una
Real
orden,
Francisco Seix explica que “a) el Real decreto no puede
oponerse á la Constitución, ni derogar una ley; b) un Real
decreto no debe ser derogado ni modificado por una Real
orden
ú
otra
disposición
de
inferior
categoría
formal”.
(Énfasis nuestro) F. Seix, op. cit., págs. 581-582.
En este caso, la Instrucción de la Ley de Puertos de 1886
fue dictada por el Ministro de Ultramar, quien tenía a su
CT-2008-04
48
cargo el despacho de todos los asuntos de las provincias de
Ultramar, y fue adoptada por el Rey mediante Real orden.
Véase,
Alcubilla,
1887,
Tomo
Española,
Diccionario
de
7,
pág.
382;
F.
op.
cit.,
pág.
563.77
Administración,
Seix,
Por
Enciclopedia
lo
tanto,
Madrid,
Jurídica
según
el
ordenamiento jurídico de España, la Instrucción de la Ley de
Puertos de 1886, supra, tenía fuerza administrativa y según
la sección 8 de la Ley Foraker, supra, mantuvo su vigencia
en Puerto Rico luego del traspaso de soberanía en 1898,
junto
a
las
demás
leyes
y
ordenanzas
vigentes
en
aquél
momento histórico.78
La Ley de Puertos de 1886, adaptó la clasificación de
bienes de dominio público de la Ley de Puertos española de
1880,
al
contexto
puertorriqueño.
De
esta
forma,
sus
artículo 1 y 2 disponen lo siguiente:
Artículo 1º Son del dominio nacional y uso público, sin
perjuicio de los derechos que correspondan á los
particulares:
1º La zona marítimo-terrestre, que es el espacio de las
costas ó fronteras marítimas de la Isla de Puerto Rico y
sus adyacentes que forman parte del territorio español, y
que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son
sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales
en donde no lo sean.
Esta zona marítimo-terrestre se extiende también por las
márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables
ó se hagan sensibles las mareas.
2º El mar litoral ó bien la zona marítima que ciñe las
costas de la Isla y sus adyacentes en toda la anchura
determinada
por
el
derecho
internacional,
con
sus
El Ministerio de Ultramar fue creado por Real Decreto del
20 de mayo de 1863 para atender todos los asuntos de las
provincias
de
Ultramar.
Alcubilla,
Diccionario
de
Administración, Madrid, 1887, Tomo 7, pág. 382. Véase, F.
Seix, Enciclopedia Jurídica Española, Barcelona, 1910, Tomo
22, pág. 563.
77
Ejemplo de otra ley y reglamento que mantuvieron su
vigencia luego del cambio de soberanía en 1898 son la Ley
Hipotecaria y su Reglamento. Giménez et al. v. Brenes, 10
D.P.R. 128, 138 (1906).
78
CT-2008-04
49
ensenadas,
radas,
bahías,
puertos
y
demás
abrigos
utilizables para la pesca y navegación. En esta zona
dispone y arregla el Estado la vigilancia y los
aprovechamientos, así como el derecho de asilo e
inmunidad, conforme todo á las leyes y á los Tratados
internacionales. (Énfasis nuestro). Art. 1 de la Ley de
Puertos de 1886, supra.
Artículo 2º Son de dominio público los terrenos que se
unen á la zona marítimo-terrestre por las accesiones y
aterramientos que ocasione el mar. Cuando por consecuencia
de estas accesiones, y por efecto de retirarse el mar la
línea interior que limita la expresada zona avance hacia
aquél los terrenos sobrantes de lo que era antigua zona
marítimo-terrestre, pasarán á ser propiedad del Estado,
previo al oportuno deslinde por el Ministerio de Ultramar,
de acuerdo con el de Marina; y el primero podrá
enajenarlos cuando no se consideren necesarios para
servicios marítimos ú otros de utilidad pública. Si se
enajenasen con arreglo á las leyes, se concederá el
derecho
de
tanteo
á
los
dueños
de
los
terrenos
colindantes. (Énfasis nuestro). Art. 2 de la Ley de
Puertos de 1886, supra.
La citada clasificación de bienes de dominio público no
incluyó
los
terrenos
ganados
al
mar
artificialmente.
Respecto a éstos, el artículo 22 de la Instrucción de la Ley
de Puertos de 1886, supra, pág. 1124, dispone lo siguiente:
“Los terrenos ganados al mar litoral fuera de los puertos,
con
obras
construidas
por
el
Estado,
la
provincia,
los
Municipios ó los particulares, competentemente autorizados,
serán de propiedad de la entidad
cabo”.
(Énfasis
nuestro).
A
que los hubiere llevado a
través
de
este
artículo
se
extendió a Puerto Rico el esquema privatizador iniciado bajo
la Ley de Aguas de 1866, que establecía que los terrenos
ganados
al
mar
con
autorización
competente
en
zonas
no
portuarias puertorriqueñas, serían propiedad de quien los
hubiera creado. Esto, de forma cónsona al esquema jurídico
español
ya
discutido
que
fue
refrendado
por
la
Ley
de
Puertos española de 1880 y su instrucción. Por esto, la
CT-2008-04
50
Instrucción de la Ley de Puertos de 1886 es crucial para la
adjudicación de este caso.
En 1928 se adoptó la Ley de Muelles y Puertos de Puerto
Rico (Ley de Puertos de 1928), Ley núm. 59 del 30 de abril
de 1928. Esta ley mantuvo la clasificación de bienes de
dominio público establecida en los artículos 1 y 2 de la Ley
de Puertos de 1886. Además, respecto a los terrenos ganados
al mar, la sección 47 de la Ley de Puertos de 1928 dispuso
que los capitanes de puertos y el Comisionado del Interior
tenían la obligación de conservarlos.
En lo pertinente, la
sección 47 dispone:
Vigilar por sí y con su [sic] auxiliares, por la
conservación de los muelles, malecones, terraplenes, y
porque tanto éstos como los terrenos públicos que forman
la zona marítima y los terrenos agregados a ella o ganados
al mar, sean conservados y no sean ocupados sin el
consentimiento del Comisionado del Interior. (Énfasis
nuestro) Sec. 47 de La Ley de Puertos de 1928, supra.
Este
mandato
públicos
como
de
a
conservación
bienes
aplicaba
patrimoniales.
tanto
Por
a
lo
bienes
tanto,
la
sección 47 de la Ley de Puertos de 1928 citada no estableció
una clasificación de bienes sino que impuso la obligación de
proteger, custodiar y mantener dichos bienes acorde a su
clasificación.
La Ley de Puertos de 1928 también derogó “[t]oda ley o
parte de ley que se oponga a la presente”. Sec. 52 de la Ley
de puertos de 1928, supra. Veamos entonces si el artículo 22
de
la
Instrucción
establece
que
portuarias
son
los
de
la
Ley
terrenos
propiedad
de
de
Puertos
de
ganados
al
mar
quien
los
haya
1886,
que
zonas
no
creado
con
en
autorización competente, se puede reconciliar con la sección
47 de la Ley de Puertos de 1928. Hacemos este ejercicio
CT-2008-04
51
concientes de nuestro deber de armonizar las disposiciones
legales sobre una misma materia. Garriga, Jr. V. Tribunal
Superior, 88 D.P.R. 245, 248 (1963), Correa Suárez v. Junta
Retiro para Maestros, 88 D.P.R. 590, 598 (1963). En este
sentido, salta a la vista que si bien ambas disposiciones
versan sobre los terrenos ganados al mar, el artículo 22 de
la Instrucción de la Ley de Puertos de 1886, se refiere a la
titularidad y la sección 47 de la Ley de puertos de 1928, a
la
conservación
de
dichos
terrenos.
De
esta
forma,
el
mandato de conservación de los terrenos ganados al mar que
encontramos en la sección 47 de la Ley de Puertos de 1928 se
puede reconciliar con el artículo 22 de la Instrucción de la
Ley de Puertos de 1886, que establece que la titularidad de
los terrenos ganados al mar en zonas no portuarias y con
autorización competente, será de quien los haya creado.
Además,
la
Ley
de
Puertos
de
1928
no
alteró
la
clasificación de bienes de dominio público que establece la
Ley de Puertos de 1886. Según ya discutimos en la opinión,
esta clasificación no incluye los terrenos ganados al mar.
Por el contrario, la Ley de Puertos de 1968, supra, incluyó
expresamente
los
terrenos
ganados
al
mar
como
bienes
de
dominio público y por lo tanto, derogó el artículo 22 de la
Instrucción de la Ley de Puertos de 1886.
Examinemos ahora los cambios que se han hecho a nuestro
Código Civil a través de los años, para determinar si éstos
afectaron el esquema jurídico sobre los terrenos ganados al
mar en zonas no portuarias vigente en Puerto Rico hasta
1968.
CT-2008-04
52
Según el artículo 338 del Código Civil español de 1889,
supra, extendido a Puerto Rico por Real decreto en dicho
año, los bienes se clasificaban en dos categorías: dominio
público o propiedad privada.79 En 1902 Puerto Rico enmendó su
Código
Civil,
adoptando
la
apartándose
norma
de
la
tradición
tripartita
del
Estado
de
española
y
Louisiana,
proveniente del Derecho romano, según la cual los bienes
pueden ser comunes, de dominio público o privados. Art. 448
del Código Civil de Louisiana.80 Por esto, el artículo 254
del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 L.P.R.A. sec.
1023, establece que el mar y sus riberas son bienes comunes
y no bienes de dominio público. Dicho artículo expresa lo
siguiente: “Las cosas comunes son aquéllas cuya propiedad no
pertenece a nadie en particular y en las cuales todos los
hombres
tienen
libre
uso,
en
conformidad
con
su
propia
naturaleza: tales son el aire, las aguas pluviales, el mar y
sus riberas”. Id.81
El artículo 338 del Código Civil español dispone lo
siguiente: “Los bienes son de dominio público o de propiedad
privada”. Art. 338 del Código Civil español.
80 En
lo pertinente, el artículo 448 del Código Civil de
Louisiana dispone lo siguiente: “Things are divided into
common, public, and private”. Yiannopoulos explica esta
división se deriva del “Romanist tradition and corresponds
with divisions of things in the civil codes of other
jurisdictions”. 2 A.N. YIANNOPOULOS, LA. CIV. L. TREATISE, PROPERTY
§ 45 (4ta ed.).
79
Aunque Puerto Rico adoptó la norma tripartita del Estado de
Lousiana, dicho estado no clasifica la zona marítimo
terrestre ni el mar litoral de sus costas como cosas
comunes. Por el contrario, las clasifica como cosas
públicas. Sobre esto, los artículos 449 y 450 del Código
Civil de Louisiana disponen lo siguiente:
81
Common things may not be owned by anyone. They are such as
the air and the high seas that may be freely used by
everyone comformably with the use for which nature has
CT-2008-04
53
Ahora bien, de acuerdo al artículo 12 del mismo cuerpo de
ley, el Código Civil se aplicará de manera supletoria en las
materias que se rijan por leyes especiales. 31 L.P.R.A. sec.
12.82 Por lo tanto, mientras haya una ley especial de puertos
que regule la titularidad de los terrenos en controversia en
este
caso,
disposiciones
contrario
no
habrá
necesidad
supletorias
conllevaría
del
concluir
de
Código
que
recurrir
Civil.
una
ley
a
las
Resolver
general
lo
puede
derogar tácitamente las disposiciones de una ley especial,
lo cual es contrario a derecho. Housing Investment Corp. v.
Luna,
112
D.P.R.
173,
177-178
(1982),
Sierra
v.
Tribl.
Superior, 75 D.P.R. 841, 846-847 (1954), Vázquez v. Corte,
65 D.P.R. 598, 603 (1946).
_____________________________
intended them. (Énfasis
Civil de Lousiana.
nuetsro).
Art.
449
del
Código
Public things are owned by the state or its political
subdivisions in their capacity as public persons.
Public things that belong to the state are such as running
waters, the water and bottoms of natural navigable bodies,
the territorial sea, and the seashore.
Public things that may belong to political subdivisions of
the state are such as streets and public squares. (Énfasis
nuestro). Art. 450 del Código Civil de Louisiana.
Respecto al artículo 450 Yiannopoulos explica lo siguiente:
Article 450 of the Louisiana Civil Code places the “sea”,
that is, the water and bottom of the Gulf of Mexico within
Lousiana borders, in the category of public things. This
deviation from the Romanist tradition, according to which
the sea is a common thing, was prompted by wellestablished
Louisiana
practice
antedating
the
1978
revision. 2 A.N. YIANNOPOULOS, LA. CIV. L. TREATISE, PROPERTY § 69
(4ta ed.).
Véase, Figueroa v. Municipio de San Juan, 98 D.P.R. 534, 566
(1970), para una discusión sobre la adopción de las normas
del Código Civil de Louisiana en nuestra jurisdicción.
“En las materias que se rijan por leyes especiales, la
deficiencia de éstas se suplirá por las disposiciones de
este título”. 31 L.P.R.A. sec. 12.
82
CT-2008-04
54
Por lo tanto, el derecho aplicable a la controversia de
titularidad sobre los terrenos ganados al mar en el “Condado
Bay
Parcel”
al
momento
de
llevarse
a
cabo
las
obras
de
relleno en la década de los cincuenta, es la clasificación
de bienes de dominio público de la Ley de Puertos de 1886,
supra, y el artículo 22 de la instrucción de dicha ley.
Los terrenos sumergidos sobre los cuales se llevaron a
cabo las obras de relleno que resultaron en el “Condado Bay
Parcel”,
eran
bienes
de
dominio
público
bajo
la
Ley
de
Puertos de 1886, supra. Según ya explicamos, el artículo 22
de
la
instrucción
de
dicha
ley
proveía
para
que
dichos
terrenos fueran privatizados a través de obras de relleno
realizadas con la autorización competente. Por consiguiente,
una vez el gobierno de Puerto Rico llevó a cabo dichas obras
con la autorización competente de las agencias facultadas
para ello, los terrenos ganados al mar se convirtieron en
propiedad del gobierno, de acuerdo a la política pública
vigente
en
aquél
momento
De
histórico.
esta
forma,
el
“Condado Bay Parcel” se integró válidamente al comercio de
las personas y no puede ser clasificada como bien de dominio
público en la controversia de este caso.
Establecido
lo
anterior
debemos
retomar
la
discusión
respecto a los bienes de dominio público del “Coast Guard
Parcel” y evaluar las consecuencias negativas históricas del
esquema privatizador establecido por la Ley de Puertos de
1886
y
su
significativo
instrucción,
en
la
que
política
han
requerido
pública
de
un
cambio
Puerto
Rico
encaminada a la protección efectiva de los bienes de dominio
público marítimo terrestres.
CT-2008-04
55
XI- Potestad de la Rama Ejecutiva del gobierno de Puerto
Rico para destinar los bienes de dominio público del
“Coast Guard Parcel” a uso patrimonial o privado.
Los bienes de dominio público son bienes sustraídos de la
actividad comercial porque satisfacen necesidades colectivas
y sustentan el bienestar común. En función de la importancia
pública de estos bienes, nuestro ordenamiento jurídico ha
establecido, según ya explicamos en la parte IX de esta
opinión, que los bienes de dominio público son inalienables,
imprescriptibles e inembargables. Rubert Amstrong v. E.L.A.,
supra,
pág.
620,
Figueroa
D.P.R.
534,
562-563
Giusti,
Las
Conceciones
v.
(1970).
de
la
Municipio
Véase,
Corona
de
M.J.
y
San
Juan,
Godreau,
propiedad
98
J.A.
de
la
tierra en Puerto Rico, Siglos XVI-XX: Un estudio jurídico,
62 REV. JUR. U.P.R. 351, 562-564 (1993).
El tratadista Puig Peña explica que las cosas públicas o
bienes de dominio público se caracterizan por lo siguiente:
1º Por ser inalienables, estar fuera de comercio y ser
imprescriptibles.
2º Por la imposibilidad de imponer sobre las mismas,
cargas y servidumbres.
3º Por la generalización a todos los ciudadanos para
obtener los beneficios y ventajas que lleva consigo el
destino de utilidad pública.
4º Porque los agentes administrativos no tienen necesidad
de dirigirse a los Tribunales de Justicia para proteger la
cosa pública, pudiendo ejercitar su actividad coactiva
para que la propiedad de la cosa pública sea respetada. F.
Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, 1ra ed.,
Madrid, Editorial revista de Derecho Privado, 1958, Tomo
I, Volumen II, págs. 299.
La afectación de un bien al dominio público puede darse
por acto legislativo en protección del bienestar común.83
Véase, J.V. González García y otros, Derechos de los Bienes
Públicos, op. cit., págs. 88-92, para una discusión sobre
83
CT-2008-04
56
Cuando esto ocurre, la ley puede identificar unos bienes en
particular
o
puede
establecer
unas
características
o
criterios a partir de los cuales se puede identificar un
bien
de
dominio
público.
Por
ejemplo,
Martínez
Escudero
explica que todo bien al que pueda aplicársele la definición
de zona marítimo terrestre establecida por ley es un bien de
dominio público. L. Martínez Escudero, Playas y Costas: su
Régimen Jurídico Administrativo, 2da ed., Madrid, Editorial
Montecorvo S.A., 1985, pág. 57. A su vez, Isabel Miralles
González expone lo siguiente respecto a la afectación por
acto legislativo:
La consideración de dominio público de un bien arranca de
una declaración legal. El destino público de esos bienes
se hace para todos aquellos que participen de la misma
denominación, llámesele naturaleza o no, es decir, para
todos aquellos bienes reconocibles por sus características
intrínsecas, razón por la cual no precisan de un acto
específico de afectación. Basta con que la Ley (…) declare
el carácter de bienes de dominio público a los de un tipo
determinado, para que todos los que participan de esa
misma naturaleza vengan a integrarse en dicho dominio.
(Énfasis nuestro) I. Miralles González, Dominio público y
propiedad privada en la nueva Ley de Costas, 1ra ed.,
España, Editorial Civitas, S.A., 1992, pág. 69.
Por esto, si un bien es afectado como bien de dominio
público mediante legislación y no ha perdido, por causas
naturales,
las
características
físicas
o
factores
que
lo
hacen formar parte de dicha clasificación jurídica, sólo un
acto
de
igual
desafectación.84
fuerza
Constituye
jurídica
esto
un
podrá
ejercicio
permitir
de
su
política
pública que llamaremos en adelante el principio de la
_____________________________
las posibles formas de afectación de un bien al dominio
público.
Adviértase que no hemos abordado el análisis jurídico de
qué ocurre cuando la pérdida de las características físicas
de un bien de dominio público sean causadas por la voluntad
o arbitrariedad del ser humano y no por procesos naturales.
84
CT-2008-04
desafectación.
Al
respecto,
Godreau
y
57
explican
Giusti
lo
siguiente:
En tanto la terminación o cesación de la utilidad pública
permite que el bien sea enajenado, tal transformación no
puede
darse
arbitrariamente
o
sólo
mediante
la
determinación del funcionario o de la entidad que tenga su
custodia; será necesario, o bien que la inutilidad surja
de fenómenos naturales, o bien que medie un acto
legislativo declarando el cese de tal utilidad pública.
(Énfasis
nuestro)
M.J.
Godreau,
J.A.
Giusti,
Las
Conceciones de la Corona y propiedad de la tierra en
Puerto Rico, Siglos XVI-XX: Un estudio jurídico, supra,
pág. 563.
Además, Martínez Escudero nos explica lo siguiente respecto
al principio de la desafectación:
Por lo que se refiere a las playas, la garantía de su
inalienabilidad se encuentra en el hecho de que su destino
al uso público está establecido por declaración expresa de
la Ley …, por lo cual sería preciso una disposición con
fuerza de ley para hacer posible su enajenación; L.
Martínez Escudero, Playas y Costas, su Régimen Jurídico
Administrativo, op. cit., pág. 194.
De igual forma, Julio V. González García nos explica:
El fenómeno contrario al de la incorporación de un bien al
dominio público está constituido por la desafectación de
un bien, esto es, la operación por la cual el bien deja de
estar destinado al cumplimiento de un uso general
o un
servicio público y perderán [sic] en el mismo instante la
condición de bien de dominio público, pasando a estar
integrado en el grupo de los bienes patrimoniales o, en
ciertos casos recogidos en la legislación, yendo a manos
privadas.
Para evitar los problemas que plantea la pérdida de
destino de los bienes, resulta preciso un acto expreso en
el que se tome esta decisión. Acto expreso que debe tener,
como mínimo, el mismo rango que la decisión por la que
entró un bien en el dominio público. J.V. González García
y otros, Derechos de los Bienes Públicos, op. cit., pág.
93.
En la parte IX de esta opinión aclaramos que el esquema
jurídico privatizador que existía en Puerto Rico antes de
1968
permitía
la
privatización
través
de
obras
autorizadas
física
de
dichos
terrenos,
de
que
terrenos
alteraban
convirtiéndolos
sumergidos
la
en
a
naturaleza
terrenos
CT-2008-04
58
ganados al mar, según la Instrucción de la Ley de Puertos de
1886, supra. Según explicamos, dicha instrucción es un acto
jurídico de fuerza administrativa bajo el esquema jurídico
español.
Puerto
Por
Rico
esto,
el
1886
era
en
desafectación,
pues
esquema
privatizador
antagónico
permitía
que
un
al
extendido
principio
acto
de
a
la
administrativo
regulara la desafectación de unos bienes de dominio público
que fueron clasificados como tal por un acto legislativo.
Ante esta realidad jurídica y sus consecuencias negativas,
tanto la jurisdicción española como la nuestra han adoptado
un
nuevo
esquema
clasificando
dominio
jurídico
que
evita
los
terrenos
ganados
público
mediante
acto
al
dicho
mar
antagonismo,
como
legislativo.
bienes
de
Veamos
lo
sucedido en España, antes de examinar el esquema jurídico
vigente actualmente en nuestra jurisdicción.
En España, donde el sistema privatizador de los bienes de
dominio público marítimo terrestre estuvo en vigor durante
más de un siglo, la doctrina identificó las consecuencias
negativas del sistema y reiteró la importancia de proteger
dichos bienes. Ma del Pino Rodríguez González elabora sobre
la importancia de los bienes de dominio público marítimo
terrestre en el contexto español, explicando lo siguiente:
Los bienes marítimo-terrestre juegan un papel protagonista
dentro de la categoría general de los bienes de dominio
público. A nadie se esconde la importancia que actualmente
se asigna a aquéllos, lo cual justifica los objetivos
proteccionistas que preside hoy su regulación legal y la
actuación de nuestras administraciones públicas. Y es que
no debe olvidarse que estos bienes son susceptibles de un
intenso aprovechamiento económico, no sólo porque es en la
franja costera donde se concentra la mayor parte de la
oferta turística española (actividad que constituye una de
las principales fuentes de nuestra economía), sino también
como objeto de explotación pesquera o como fuente de
abundantes recursos mineros y petrolíferos. Se trata, por
CT-2008-04
59
tanto, de terrenos valiosos por las grandes posibilidades
que ofrecen, así como su valor social como lugar de ocio y
disfrute de los ciudadanos, pero escasos por las
crecientes demandas que soportan y muy sensibles y de
difícil recuperación en su equilibrio físico. (Énfasis
nuestro) J.V. González García y otros, Derechos de los
Bienes Públicos, 1ra ed.,
Valencia, Tirant Lo Blanch,
2005, pág. 131.
La exposición de motivos de la Ley de Costas española de
1988 también se refiere a las consecuencias negativas del
esquema
jurídico
privatizador
bajo
el
régimen
español
de
1880 y la importancia de proteger los bienes de dominio
público marítimo terrestre en la actualidad:
Las consecuencias del creciente proceso de privatización y
depredación,
posibilitado
por
una
grave
dejación
administrativa, han hecho irreconciliable, en numerosas
zonas, el paisaje litoral de no hace más de treinta años,
con un urbanismo nocivo de altas murallas de edificios al
mismo borde de la playa o del mar, vías de transporte de
gran intensidad de tráfico demasiado próximas a la orilla,
y vertidos al mar sin depuración en la mayoría de los
casos.
Este doble fenómeno de destrucción y privatización del
litoral, que amenaza extenderse a toda su longitud, exige
de modo apremiante una solución clara e inequívoca, acorde
con la naturaleza de estos bienes, y que, con una
perspectiva de futuro, tenga como objetivos la defensa de
su equilibrio y su progreso físico, la protección y
conservación de sus valores y virtualidades naturales y
culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos,
la garantía de su uso y disfrute abierto a todos, con
excepciones
plenamente
justificadas
por
el
interés
colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el
espacio, y con la adopción de las adecuadas medidas de
restauración. Ley núm. 22/1988, Aranzadi, Repertorio
cronológico de legislación, vol. III, pág. 3474 (1988).
Por esto, en 1978, España elevó a rango constitucional los
principios
de
inalienabilidad,
imprescriptibilidad
e
inembargabilidad, así como el principio de la desafectación
de los bienes de dominio público. De esta forma, el artículo
132.1
de
siguiente:
la
“La
Constitución
Ley
Española
regulará
el
de
régimen
1978
dispone
jurídico
de
lo
los
bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose
CT-2008-04
60
en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad,
así
como
su
desafectación”.
(Énfasis
nuestro) M. Pulido Quedeco, La Constitución Española: Con la
Jurisprudencia
del
Tribunal
Constitucional,
1ra
ed.,
Pamplona, Aranzadi, S.A., 1996, pág. 1592.
Además, el artículo 132.2 de la Constitución Española de
1978 delegó al legislador la clasificación o afectación de
bienes de dominio público, y especificó que tanto la zona
marítimo terrestre como las playas, el mar litoral y los
recursos
naturales
de
la
zona
económica
y
la
plataforma
continental siempre serán de dominio público. Dicho artículo
expresa lo siguiente: “Son bienes de dominio público estatal
los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo
terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos
naturales de la zona económica y la plataforma continental”.
M.
Pulido
González
Quedeco,
esto
op.
cit.
significó,
Según
para
el
Ma
del
Pino
Rodríguez
ordenamiento
jurídico
español:
un paso decidido hacia la demanialidad absoluta de los
espacios costeros.85 Por vez primera en nuestra historia
constitucional y sin que existan precedentes en el Derecho
comparado, se hizo una declaración constitucional expresa
e inequívoca a favor del carácter demanial de determinados
bienes, con la particularidad de que los únicos a los que
se atribuye directamente dicha clasificación pertenecen al
dominio
público
marítimo-terrestre,
mencionando,
expresamente, a la zona marítimo-terrestre, playa, mar
territorial y recursos naturales de la zona económica y
plataforma continental, declarando definitivamente su
titularidad pública a favor del Estado y remitiendo al
legislador estatal el establecimiento de su régimen
jurídico. (Énfasis nuestro) J.V. González García y otros,
Valencia,
Derechos de los Bienes Públicos, 1ra ed.,
Tirant Lo Blanch, 2005, pág. 131.
El concepto “demanial” significa perteneciente o relativo
al demanio o dominio público. Diccionario de la Real
Academia
Española,
http://buscon.rae.es/draeI/,
(última
visita el 2 de julio de 2008).
85
CT-2008-04
61
España adoptó la Ley de Costas de 1988 basándose en este
mandato
constitucional
y
apartándose
definitivamente
del
sistema privatizador de los bienes de dominio público que
había
existido
en
su
jurisdicción
desde
1866.
Así
lo
reconoció la exposición de motivos de la ley al expresar lo
siguiente:
La Ley cierra el paréntesis de signo privatizador que
inició la Ley de Aguas de 1866 con un equívoco respecto a
los derechos legítimamente adquiridos, que no deberían ser
otros que los concesionales, continuado por las Leyes de
Puertos de 1880, así como por la Ley de Costas de 1969, a
pesar de los graves problemas que ya existían en esta
época y de la postura contraria y prácticamente unánime de
la doctrina. (Citas omitidas) Ley núm. 22/1988, Aranzadi,
Repertorio cronológico de legislación, vol. III, pág. 3475
(1988).
El artículo 4 de la Ley de Costas de 1988 clasificó los
terrenos ganados al mar como bienes de dominio público. Id.,
pág. 3477. Esto, cumpliendo con el propósito de eliminar
la
posibilidad de que se pudiera adquirir la propiedad de los
terrenos ganados al mar a través de obras y establecer,
además,
mecanismos
que
favorezcan
la
incorporación
de
terrenos al dominio público, con el objetivo de ampliar la
estrecha
franja
costera
que
en
1988
contaba
con
la
clasificación demanial en España. Id., pág. 3475.
Veamos ahora el esquema jurídico vigente en Puerto Rico en
lo que respecta a los terrenos ganados al mar. En 1952 se
aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, 1999, pág. 247. El
artículo VI sección 19 de la Constitución estableció como
política pública del Estado Libre Asociado “la más eficaz
conservación de sus recursos naturales, así como el mayor
desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio
CT-2008-04
general de la
62
comunidad”. Art. VI sec. 19 Const. E.L.A.,
supra, pág. 421.
Este Tribunal ha interpretado que esta
disposición constituye un mandato constitucional que impone
al
Estado
el
deber
naturales,
a
la
ineludible
de
vez
procura
que
conservar
su
los
recursos
desarrollo
y
aprovechamiento para el beneficio general de la comunidad.
Misión Industrial v. Junta de Calidad Ambiental, 145 DPR
908, 919 (1998). Este mandato constitucional no es más que
la
exigencia
de
lograr
un
desarrollo
sostenible
de
los
recursos naturales del país.
Un desarrollo sostenible es aquél que crea y mantiene las
condiciones bajo las cuales el ser humano y la naturaleza
pueden
existir
política
en
pública
armonía
productiva.
ambiental,
Ley
Núm.
Véase,
416
Ley
del
sobre
22
de
septiembre de 2004, 12 L.P.R.A. sec. 8001 et seq.; Ley sobre
política pública de desarrollo sostenible, Ley Núm. 267 del
10 de septiembre de 2004, 23 L.P.R.A. secs. 501-508. Por lo
tanto,
la
política
pública
de
desarrollo
sostenible
nos
impone el reto de lograr la conservación de los recursos
naturales que es necesaria e imprescindible para sostener
las necesidades de desarrollo del país, para bien tanto de
las presentes como de las futuras generaciones. Esto, según
expresamos hace más de una década, con el fin de establecer
“una protección frente al estado, la sociedad, el gobierno,
e incluso el hombre, que en el mundo contemporáneo, sin
darse
cuenta
destruye
la
consumismo
que
está
socavando
naturaleza
en
aras
rampante,
creando
de
su
propia
un
materialismo
desbalances
existencia,
y
un
sistemáticos
CT-2008-04
63
irreversibles”. Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 D.P.R. 449,
462 (1995).
Este Tribunal ha reconocido que el mandato constitucional
de lograr el desarrollo sostenible del país es el “criterio
jurídico primordial para juzgar la validez o interpretar el
significado de cualquier norma o decisión relativa al uso o
protección
de
los
recursos
naturales
formulada
por
la
Asamblea Legislativa o por cualquier agencia, departamento,
municipio
o
instrumentalidad
gubernamental”.
Misión
Industrial v. Junta de Calidad Ambiental, 145 DPR 908, 919920 (1998). Además, hemos determinado que esta disposición
es
un
mandato
que
debe
observarse
rigurosamente
y
que
prevalece sobre cualquier estatuto, reglamento u ordenanza
que sea contraria a éste. Id.
Los
bienes
de
dominio
público
marítimo
terrestres
son
recursos naturales que tienen una importancia tal en Puerto
Rico que todo esquema jurídico que se haya adoptado para su
regulación
deberá
interpretarse
constitucional
de
lograr
sostenible.86
Nuestra
Ley
para
de
según
éstos
Puertos
el
un
de
mandato
desarrollo
1968,
supra,
En cuanto a la urgencia de proteger estos bienes en el
contexto
puertorriqueño,
resultan
particularmente
reveladoras las siguientes expresiones del Reglamento para
el
aprovechamiento,
vigilancia,
conservación
y
administración de las aguas territoriales, los terrenos
sumergidos bajo éstas y la zona marítimo terrestre, Reg.
núm. 4860 del 29 de diciembre de 1992:
86
Puerto Rico es una isla cuya extensión territorial es
relativamente limitada. Con una cordillera montañosa
central y reducidos llanos costeros, aproximadamente la
mitad del área superficial consiste de montañas y colinas
con declives de 45 grados o más. Los relativamente planos
terrenos costeros constituyen una tercera parte del
espacio superficial y un 80 porciento del total de
superficie plana. Como es de esperarse, gran parte del
CT-2008-04
64
establece que los terrenos ganados al mar son bienes de
dominio público, ya que los incluye específicamente dentro
de
la
zona
marítimo
terrestre.87
De
esta
forma,
quedó
derogada por acto legislativo la Instrucción de la Ley de
Puertos
de
1886,
que
permitía
la
privatización
de
estos
terrenos a través de un acto administrativo.88 Además, la Ley
_____________________________
desarrollo de la Isla ha ocurrido, precisamente, en los
llanos costeros y sus inmediaciones.
[…]
Hoy, casi quince años después de la aprobación del
Programa de Manejo, y de la suscripción de acuerdos por
entidades del ELA y del gobierno federal, las aguas
territoriales, los terrenos sumergidos y la zona marítimoterrestre continúan caracterizándose por la proliferación
de usos antagónicos y conflictivos. El aprovechamiento
privado de bienes del dominio público, reflejado por la
privatización de facto de la zona marítimo-terrestre
mediante construcciones que reducen parcial o totalmente
los accesos a las playas; el menoscabo de la integridad de
los sistemas naturales típicos de la costa, reflejado por
el vertido, con y sin autorización, de aguas residuales o
por el acceso a éstos de personas en exceso de su
capacidad de acarreo; el incremento en los riesgos a la
seguridad
pública
y
propiedad,
resultantes
de
construcciones y desarrollos dentro de la zona marítimoterrestre que ocasionan la erosión y degradación del
litoral, continúan. Art. 1.3 del Reglamento para el
aprovechamiento, vigilancia, conservación y administración
de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo
éstas y la zona marítimo terrestre, supra.
El Art. 1, sec. 1.03 de la Ley de Puertos de 1968, 23
L.P.R.A. sec. 2103, define este término de la manera
siguiente:
87
[E]l espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar
en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas,
y las mayores olas en los temporales en donde las mareas
no son sensibles, e incluye los terrenos ganados al mar y
las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean
navegables o se hagan sensibles las mareas; y el término,
sin condicionar, significa la zona marítima terrestre de
Puerto Rico. (Énfasis nuestro).
Adviértase que esta ley no tiene efecto retroactivo, por lo
que no cabe argumentar que aplica a la controversia de los
terrenos que constituyen el “Condado Bay Parcel”. 23
L.P.R.A. sec. 2111.
88
CT-2008-04
65
de Puertos de 1968, no adopta y por ende, no permite, la
posibilidad de desafectar estos bienes.
La sección 1.09 (d) de la Ley de Puertos de 1968, 23
L.P.R.A. sec. 2110, establece que a excepción de la zona
marítimo terrestre incluida en una zona portuaria, para lo
cual
la
ley
Transportación
provee
específicamente,
y
Obras
Interior)
tendrá
sobre
terrenos
agregados
facultades
y
a
Públicas
la
zona
ellas
o
funciones
de
el
(antes
marítimo
ganados
al
vigilancia,
Secretario
de
Comisionado
del
terrestre
y
los
mar
mismas
las
conservación
y
concesión de permisos que le fueron conferidas a través de
las secciones 18 y 47 de la Ley de Puertos de 1928. Ya
vimos, en la parte IX de esta opinión, que la sección 47 de
la ley de 1928 ordenaba la vigilancia y conservación de “los
muelles, malecones, terraplenes, (…) terrenos públicos que
forman la zona marítima y los terrenos agregados a ella o
ganados al mar, (…)”. Sec. 47 de La Ley de Puertos de 1928,
supra.
En el contexto jurídico del artículo VI sección 19 de la
Constitución de 1952, la jurisprudencia y la propia Ley de
puertos
de
1968,
el
criterio
jurídico
primordial
para
interpretar el significado de la sección 47 de la Ley de
Puertos de 1928 es el mandato constitucional de lograr el
desarrollo
sostenible
de
los
bienes
de
dominio
público
marítimo terrestres, dado que la Ley de Puertos de 1968
clasificó los terrenos ganados al mar como bienes de dominio
público marítimo terrestres. Interpretada de esta forma, la
sección 47 de la Ley de Puertos de 1928, supra, le impone al
Secretario de Transportación y Obras Públicas la obligación
CT-2008-04
de conservar
los
terrenos
ganados
al
mar
66
a
acorde
su
clasificación demanial.
Por lo tanto, cuando los terrenos ganados al mar aledaños
al
“Coast
Guard
Parcel”
entraron
nuevamente
a
nuestra
jurisdicción en 1991 eran terrenos ganados al mar afectados
como
bienes
gobierno
de
de
dominio
Puerto
público
Rico
y
no
la
Rama
tenía
Ejecutiva
discreción
del
para
desafectarlos y destinarlos a otro uso.
XII- Los actos de la Rama Ejecutiva del gobierno de Puerto
Rico sobre los bienes de dominio público del “Coast
Guard Parcel” luego de su adquisición en 1991
El 19 de diciembre de 1934, luego que los Estados Unidos
le hubiera cedido al Pueblo de Puerto Rico la Reserva Naval
San Gerónimo, el Comisionado del Interior del Gobierno de
Puerto
Rico
emitió
reserva
cedida
como
una
certificación
que
la
finca
el
196
en
identificó
Registro
de
la
la
Propiedad. El “Coast Guard Parcel” se inscribió a nombre de
los Estados Unidos en una nota marginal de la finca 196. El
Acta Aclaratoria emitida por el Comisionado del Interior en
1935, antes de que los Estados Unidos llevaran a cabo las
obras de relleno en la parcela, describe el “Coast Guard
Parcel” de la siguiente manera:
PARCELA B- Urbana- Parcela de terreno radicada en el
barrio Puerta de Tierra, del término municipal de San
Juan, cuya propiedad se reserva el Gobierno de los Estados
Unidos de América. Tiene un area [sic] superficial de 1
hectares 87 acres 93.24 centiareas, equivalentes a 4
cuerdas con 781 centésimas de otra. Colinda al norte con
la parcela A, antes descrita, propiedad de El Pueblo de
Puerto Rico y arrendada al Teniente Comandante de Marina,
retirado, Virgil Baker, por el sur con la margen norte de
la variante de la Avenida Ponce de León que a (…) al
puente Guillermo Esteves; por el este con la zona marítima
de la Laguna del Condado; y por el oeste, con terrenos
propiedad del Gobierno de los Estados Unidos de América.
CT-2008-04
67
Acta Aclaratoria del Comisionado del Interior de Puerto
Rico del 17 de junio de 1935.
La
descripción
citada
e
inscrita
en
el
Registro
de
la
Propiedad no incluyó los terrenos sumergidos aledaños a la
parcela. Después que la Administración de Terrenos de Puerto
Rico
adquiriera
el
“Coast
Guard
Parcel”
del
gobierno
federal, se presentó la escritura de compraventa entre ambos
gobiernos
al
descripción
Registro
de
la
de
la
Propiedad
propiedad
en
la
en
escritura
1992.
La
incluyó
los
terrenos ganados al mar.
En 1991, el “Coast Guard Parcel” estaba zonificada como
una
zona
Reglamento
pública
de
y/o
recreativa
Zonificación
Especial
(P).
Sec.
del
Condado,
2.02
del
supra.
Véase la parte IX de esta opinión. En 1993, la Junta de
Planificación
aprobó
el
Plan
de
Usos
del
Terreno
y
Reglamento de Zonificación Especial para la entrada de la
Isleta de San Juan. Este plan adoptó la definición de la
zona marítimo-terrestre que incluye los terrenos ganados al
mar como bienes de dominio público y rezonificó al “Coast
Guard Parcel” como una Zona de Desarrollo Especial (ZDE-A).
Reglamento de Planificación Núm. 23 del 15 de enero de 1993.
El 13 de diciembre de 1994, el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales certificó el deslinde de la zona
marítimo terrestre de la “Coast Guard Parcel”, de acuerdo a
un
Plano
de
Mensura
preparado
por
la
Administración
de
Terrenos. El deslinde incluyó los terrenos ganados al mar
como parte de la propiedad de dicha agencia.89
El deslinde de la zona marítimo terrestre hecho por el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en 1998 fue
89
CT-2008-04
68
El 10 de septiembre de 1998 la Administración de Terrenos
aprobó la venta del “Coast Guard Parcel” a la Corporación de
Desarrollo Hotelero, subsidiaria de la Compañía de Turismo
de Puerto Rico. El 15 de septiembre de 1998 el agrimensor
Renán
López
de
Azua
hizo
una
mensura
del
“Coast
Guard
Parcel” que corrige su descripción y cabida. Al describir la
propiedad, dicho agrimensor especifica que ésta colinda con
la Laguna del Condado, incluyendo, por tanto, los terrenos
ganados al mar.
El 5 de octubre de 1998, la Administración de Terrenos y
el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto
Rico
presentaron
una
Instancia
Solicitando
Rectificación
Registral para abrir un folio independiente del “Coast Guard
Parcel” que indicara que su titular era la Administración de
Terrenos. Hasta entonces la parcela aparecía en una nota
marginal
a
la
finca
196.
El
Registrador
así
lo
hizo
y
designó al “Coast Guard Parcel” como la finca 904.
El 21 de octubre de 1998 la Junta de Planificación aprobó
la venta del “Coast Guard Parcel”. A renglón seguido, el 6
de
noviembre
transfirió
la
de
1998
la
Administración
parcela
a
la
de
Corporación
Terrenos
de
le
Desarrollo
Hotelero a través de la escritura número 1 expedida por el
notario público Juan Alberto Correa Suárez. Ese mismo día,
la Corporación de Desarrollo Hotelero vendió la parcela a
“Hilton Internacional of Puerto Rico, Inc.”, a través de la
escritura número uno autorizada por el notario público José
Antonio
Fernández
Jaquete,
la
cual
_____________________________
respecto a los terrenos del Hotel
respecto al “Coast Guard Parcel”.
fue
inscrita
Caribe
Hilton
en
el
y
no
CT-2008-04
69
registro de la propiedad. Ambas escrituras, al igual que el
deslinde de 1994, incluyen los terrenos ganados al mar como
parte de la propiedad, ya que la describen como una parcela
que colinda con la Laguna del Condado.
El 12 de enero de 2000 la Junta de Planificación acordó
aprobar el proyecto mixto residencial, comercial y turístico
propuesto por “San Geronimo Caribe Project, Inc.” a través
de una consulta de ubicación. Los
terrenos objeto de la
consulta fueron descritos en el párrafo 2 de la resolución
administrativa de la siguiente manera:
El predio de consulta tiene una cabida de 6.51 cuerdas. El
mismo está delimitado por el Norte, con el hotel Caribe
Hilton, su estacionamiento y varias propiedades privadas;
por el Sur, con la Avenida Ponce de León y la Laguna del
Condado; por el Este, con la Laguna del Condado y el
Fortín San Gerónimo [sic]; y por el Oeste con la Avenida
Muñoz Rivera.
El 6 de junio de 2000 se actualizaron los estudios de
título y el 21 de julio de ese año “Hilton Internacional of
Puerto Rico, Inc.” vendió el “Coast Guard Parcel” a “San
Geronimo
Caribe
Project,
Inc.”.
Gerónimo
Caribe
Project,
Inc.”
administrativos
para
llevar
a
Posteriormente,
recibió
cabo
el
los
“San
permisos
proyecto
Paseo
Caribe.90 En particular, la Administración de Reglamentos y
Permisos expidió los permisos de construcción y uso para los
distintos
componentes
del
proyecto,
que
incluyen
la
construcción de obras permanentes sobre los terrenos ganados
al mar en la parcela.
Además,
Justicia
el
28
de
octubre
de
2002
emitió
una
opinión
dirigida
el
al
Subsecretario
de
Secretario
del
Véase el Índice o resumen de los permisos otorgados a Paseo
Caribe que surge del expediente.
90
CT-2008-04
70
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en la que
se concluye que los terrenos ganados al mar en controversia
no son bienes de dominio público. El Subsecretario explica
que los terrenos ganados al mar aledaños al “Coast Guard
Parcel”
fueron
desafectados
prospectiva
y
permanentemente
por los actos soberanos de los Estados Unidos y que por lo
tanto, a dichos terrenos no les aplica la Ley de Puertos de
1968, supra, que clasifica los terrenos ganados al mar como
bienes de dominio público marítimo terrestre. Op. Sec. Just.
Núm. 2002-19 del 28 de octubre de 2002. Como bien sabemos,
no es hasta el 11 de diciembre de 2007, que el Secretario de
Justicia reevaluó su posición y determinó que los terrenos
ganados al mar en el “Coast Guard Parcel” son bienes de
dominio público.
Estos hechos revelan que luego de que se adquiriera el
“Coast Guard Parcel” en 1991, la Rama Ejecutiva del gobierno
de
Puerto
Rico
marítimo
administró
terrestres
los
en
bienes
de
dominio
público
controversia
como
bienes
patrimoniales. Estos actos denotan, a mi entender, una clara
deficiencia en la administración pública de unos bienes que
por mandato legislativo fueron afectados al dominio público
para
satisfacer
necesidades
colectivas
y
asegurar
el
bienestar común. Además, demuestran indiferencia respecto al
valor histórico y cultural que tienen estos
terrenos por
estar localizados alrededor del Fortín San Jerónimo. Esto,
sin
ignorar
indiferencia
el
impacto
causó
al
negativo
interés
que
dicha
deficiencia
propietario
del
e
aquí
peticionario, “San Gerónimo Caribe Project, Inc.”. Ante esta
CT-2008-04
71
realidad, debemos evaluar el efecto de estos hechos sobre la
titularidad de los terrenos en controversia.
Uno de los actos contrarios a la naturaleza demanial de
estos
terrenos
fue
el
deslinde
que
el
Departamento
de
Recursos Naturales y Ambientales llevó a cabo en 1994. Dicho
deslinde incluyó los terrenos ganados al mar en la propiedad
de
la
Administración
de
Terrenos,
incumpliendo
así
el
mandato legislativo de la Ley de Puertos de 1968, supra, que
los sustrae del comercio de las personas.91
Un
deslinde
administrativo
no
adjudica
titularidad
ni
otorga derechos de propiedad, sino que establece los límites
entre
los
bienes
de
dominio
público
y
las
propiedades
colindantes con éstos, creando una presunción de corrección
sobre
dicha
delimitación.
Al
respecto
Martínez
Escudero
indica que de esa forma: “… el deslinde permite fijar los
límites
de
las
playas
y
de
la
zona
marítimo-terrestre,
declarando respecto de ellas y a favor de la Administración
un estado posesorio de hecho, sin prejuzgar las cuestiones
relativas a la propiedad privada”. L. Martínez Escudero, op.
En 1992 el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
adoptó el Reglamento para el aprovechamiento, vigilancia,
conservación y administración de las aguas territoriales,
los terrenos sumergidos bajo éstas y la zona marítimo
terrestre,
supra,
con
el
propósito
de
atemperar
la
legislación reguladora de los bienes de dominio público
marítimo terrestres a las realidades contemporáneas de
conservación y crear criterios y mecanismos para la
delimitación,
vigilancia,
conservación,
saneamiento
y
otorgación de concesiones y autorizaciones para el uso y
aprovechamiento de dichos bienes. En su artículo 2.108 el
reglamento adopta la definición de la zona marítimo
terrestre de la Ley de Puertos de 1968, supra, que incluye
los terrenos ganados al mar. El artículo 3 del reglamento
establece el proceso de deslinde que lleva a cabo el
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para
determinar el límite tierra adentro de la zona marítimo
terrestre según definida en el artículo 2.108.
91
CT-2008-04
cit., pág.
204.
Véase
además,
la
72
24.02 del
sección
Reglamento de Zonificación de la Zona Costanera y de Acceso
a las Playas y Costas de Puerto Rico, Reg. núm. 17 del 31 de
marzo de 1983.
Por lo tanto, el deslinde de 1994, aunque incluyó los
terrenos ganados al mar, no le concedió ningún derecho de
propiedad
sobre
dichos
bienes
a
la
Administración
de
Terrenos. Sin embargo, el deslinde trajo como consecuencia
que en 1998 el Registrador de la Propiedad creara un folio
independiente del “Coast Guard Parcel” (finca 904) en el
cual, conforme a la escritura de compraventa presentada en
el
registro
en
1992
y
inscribieron
los
terrenos
el
mencionado
ganados
al
deslinde,
mar
como
parte
se
del
solar propiedad de la Administración de Terrenos. A esto
siguió,
según
noviembre
del
vimos,
la
mismo
año
venta
de
a
Corporación
la
la
parcela
de
el
6
de
Desarrollo
Hotelero, y, el mismo día, a “Hilton Internacional of Puerto
Rico, Inc.”. Esta venta fue inscrita en el Registro de la
Propiedad.
Dos
años
más
tarde,
Planificación
aprobó
el
Proyecto
Internacional
of
Puerto
Rico,
después
que
Paseo
Inc.”
le
la
Junta
Caribe,
vendió
el
de
“Hilton
“Coast
Guard Parcel” a “San Geronimo Caribe Project, Inc.”. Esta
venta también fue inscrita en el Registro de la Propiedad e
incluyó
los
terrenos
ganados
al
mar
como
parte
de
la
propiedad vendida. Por lo tanto, debemos determinar si dicha
inscripción
y
su
historial
registral
tuvo
el
efecto
de
CT-2008-04
73
conceder el título de propiedad de estos bienes de dominio
público al peticionario.92
El
Tribunal
Geronimo
de
Caribe
Primera
Project,
Instancia
Inc.”
concluyó
adquirió
el
que
“San
título
de
propiedad sobre los terrenos ganados al mar en controversia
por
ser
un
tercero
registral.
No
es
correcta
esta
conclusión. La tercería registral es una protección que sólo
puede oponerse respecto a bienes sujetos al comercio de las
personas.
público
Según
son
comercio.
hemos
discutido,
inalienables
Rubert
Amstrong
los
bienes
y
están
v.
E.L.A.,
de
excluidos
supra,
dominio
de
dicho
pág.
620,
Figueroa v. Municipio de San Juan, supra, págs. 562-563.
Véase,
M.J.
Godreau,
J.A.
Giusti,
Las
Concesiones
de
la
Corona y propiedad de la tierra en Puerto Rico, Siglos XVIXX: Un estudio jurídico, op. cit., 562-564.
De acuerdo al principio de la inalienabilidad, el artículo
39 de la Ley Hipotecaria establece que los bienes de dominio
público no son inscribibles en el Registro de la Propiedad.
30 L.P.R.A. sec. 2202. Además, si la clasificación demanial
de un bien surge de la ley, la fe pública registral no se
puede
oponer
a
la
disposición
legislativa.
Al
respecto,
Rivera Rivera explica que “la norma jurídica no requiere de
publicidad
registral
para
que
Rivera
Rivera,
Derecho
afecte
a
terceros”.
Registral
L.
R.
Inmobiliario
Debemos aclarar que el caso Rubert Amstrong v. E.L.A.,
supra, no aplica a esta controversia registral. En dicho
caso, se determinó que la parcela en controversia no era un
bien de dominio público, de acuerdo a la Ley de Puertos de
1880, supra, ya que dicha ley no tenía efecto retroactivo
sobre derechos adquiridos e inscritos en el Registro de la
Propiedad y además, permitía la privatización de marismas.
Id., págs. 624-631.
92
CT-2008-04
74
Puertorriqueño, 2da ed., San Juan, Jurídica Editores, 2002,
pág. 159. De esta forma, cita a Lacruz Berdejo
expresando
lo siguiente: “Las limitaciones y cargas públicas afectan a
todos los propietarios por igual, vienen publicadas por ley,
son cognoscibles por cualquiera y con ellas debe contar todo
adquirente.
Es
el
Derecho
objetivo
y
no
la
situación
individual jurídica del Registro quien informa sobre tales
cargas”. Id.
Sin embargo, este caso presenta la situación particular de
que la inscripción de los bienes demaniales fue producto de
la venta de éstos
por el Estado. Surge así la controversia
de si la fe pública registral debe proteger a quien adquirió
los
bienes
confiando
en
la
inscripción
causada
por
el
Estado. Respecto a esta controversia Clavero Arevalo aclara
lo siguiente:
La protección de la buena fe que hace este precepto, de
quien adquiera un bien inscrito de persona que aparezca
como titular registral del mismo, puede pugnar con la
regla de la inalienabilidad del dominio público cuando el
bien adquirido por el tercero tenga este carácter y lo
adquiere de quienes a su vez lo adquirieron de la
Administración
pública.
Si
en
tales
casos
la
Administración
puede
hacer
entrar
en
juego
la
inalienabilidad del dominio público para recobrar el bien
vendido, el tercero hipotecario puede también hacer entrar
en juego el principio de la fe pública registral que le
ampara, (…). ¿Cuál de estas dos protecciones debe
prevalecer?
Para resolver esta interrogación hay que tener en cuenta
que los bienes del dominio público están exceptuados del
Registro de la Propiedad. La Ley hipotecaria tiene por
objeto regular el comercio jurídico inmobiliario, y por
ello quedan al margen de la misma los bienes que no son
susceptibles de tráfico jurídico. (…)
Este carácter extrarregistral [sic] de los bienes de
dominio público determina que para los mismos no puedan
jugar los principios hipotecarios, que sólo tienen validez
para los bienes que tienen acceso al registro. (…) De esta
manera, siendo el principio de la fe pública registral un
principio hipotecario, no puede jugar en contra de la
inalienabilidad del dominio público, porque estos bienes
están exceptuados del Registro de la Propiedad.
CT-2008-04
75
El problema se plantea cuando los bienes de dominio
público,…, han tenido acceso al Registro y se han
inmatriculado. Creemos que en tales casos procede la misma
solución, por cuanto se tratará en todo caso de una
inmatriculación y posteriores inscripciones indebidas, que
no constituyen por sí mismas desafectación del dominio
público. (Énfasis nuestro) M. F. Clavero Arevalo, La
inalienabilidad del dominio público, 1ra ed., Sevilla,
1958, págs. 116-118. Véase, R. Fornesa Ribó, Eficacia del
título hipotecario sobre parcelas de zona marítimoterrestre, 46 R.A.P. 123, 140-144 (1965), I. Miralles
González, op. cit., págs. 43-46.
Acorde a lo anterior, aunque la administración pública
erróneamente los haya inscrito y enajenado, éstos bienes no
perderán su naturaleza demanial a base de una inscripción
inválida en el Registro de la Propiedad.
El que “San Gerónimo Caribe Project, Inc.” recibiera los
permisos
Paseo
administrativos
Caribe
terrenos
tampoco
ganados
administrativos
al
no
para
afecta
mar
llevar
el
en
confieren
a
cabo
carácter
el
proyecto
demanial
de
controversia.
Los
titularidad
mucho
y
los
permisos
menos
pueden convalidar un acto nulo de enajenación de bienes de
dominio público. Por lo tanto, los permisos concedidos por
las agencias administrativas a “San Gerónimo Caribe Project,
Inc.”
no
afectan
el
carácter
demanial
de
los
terrenos
ganados al mar en controversia.
XIIIEl
Conclusión
análisis
histórico
del
derecho
y
los
principios
jurídicos aplicables a las controversias sometidas a nuestra
consideración
demuestran,
primeramente,
que
los
terrenos
ganados al mar en el “Condado Bay Parcel” sobre los que “San
Gerónimo Caribe Project, Inc.” tiene el título de propiedad
inscrito en el Registro de la Propiedad, no son bienes de
dominio público. Por eso concurro con la opinión mayoritaria
CT-2008-04
76
en cuanto a esto. No puedo concurrir, sin embargo, con el
análisis mayoritario respecto a los terrenos ganados al mar
aledaños al “Coast Guard Parcel”. Los fundamentos discutidos
me han convencido que éstos son bienes de dominio público y
no son susceptibles de tráfico jurídico. Dada la realidad de
que
el
peticionario
adquirió
y
ha
construido
sobre
esos
terrenos como consecuencia, aparentemente, de errores del
Estado, corresponde a la administración pública rectificar
dichos
errores
haciendo
un
ejercicio
competente
de
planificación, con el fin de lograr el desarrollo sostenible
de estos bienes conforme a su regulación jurídica demanial y
su realidad física actual.
La
opinión
mayoritaria
de
este
Tribunal
señala
reiteradamente que el resultado de este caso afectará los
derechos
adquiridos
de
miles
de
familias
y
ciudadanos
puertorriqueños que durante las décadas de los cuarenta y
cincuenta
establecieron
sus
propiedades
sobre
terrenos
ganados al mar. Sin embargo, la opinión mayoritaria acepta,
como lo hacemos en esta opinión, que los terrenos ganados al
mar desde 1968 son bienes de dominio público en nuestra
jurisdicción. Por lo tanto, al aplicar la Ley de Puertos de
1968
no
se
afectan
los
derechos
adquiridos
por
CT-2008-04
dichos ciudadanos bajo el viejo régimen privatizador.
77
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada