LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

San Gerónimo Caribe Project, Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc. v. ELA y otros

2008 TSPR 129

Poder Judicial de Puerto Rico

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San Gerónimo Caribe Project, Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc. v. ELA y otros

CT-2008-0004

Derechos Reales- Terrenos ganados al mar. Bienes de dominio público

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

San Gerónimo Caribe Project,

Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc.

Apelados-Peticionarios

Certificación

v.

2008 TSPR 129

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, representado por

el Secretario de Justicia;

Junta de Planificación

representada por su

Presidente; Administración de

Reglamentos y Permisos

representada por su

Administrador, Departamento

de Recursos Naturales y

Ambientales representado por

su Secretario

174 DPR ____

Apelantes-Recurridos

Hilton International of Puerto

Rico, Inc.; Hotel Development

Corp.

Demandados

Número del Caso: CT-2008-4

Fecha: 31 de julio de 2008

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Jaime Sifre Rodríguez

Lcdo. José Juan Torres Escalera

Lcdo. José A. Cepeda Rodríguez

Lcdo. José A. Cuevas Segarra

Lcdo. Luis Sánchez Betances

Lcdo. Adrian Sanchez Pagán

Lcdo. Steven C. Lausell

Abogado de la Parte Demandada:

Lcdo. Roberto Boneta Carrión

Lcdo. Jorge A. Fernández Reboredo

Lcda. María Teresa Figueroa

Lcdo. Edgardo L. Rivera Rivera

Lcdo. Nelson J. Santiago Marrero

CT-2008-04

2

Colegio de Abogados de Puerto Rico:

Lcda. Celina Romany Siaca

Presidenta

Lcdo. Luis E. Colón Ramery

Presidente

Instituto del Notariado Puertorriqueño

Lcdo. Osvaldo Toledo Martínez

Lcdo. Ángel Alicea Parés

Lcdo. Israel Pacheco Acevedo

Lcdo. Héctor Torres Vilá

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Luis José Torres Asencio

Procurador General Auxiliar

Lcdo. Pedro J. Cabán Vales

Procurador General Auxiliar

Materia: Certificación

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones

del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

San Gerónimo Caribe Project,

*

Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc. *

*

Apelados-Peticionarios

*

*

v.

*

*

*

Estado Libre Asociado de

*

Puerto Rico, representado por

*

el Secretario de Justicia;

*

Junta de Planificación

*

representada por su

*

Presidente; Administración de

*

Reglamentos y Permisos

*

representada por su

*

Administrador, Departamento

*

de Recursos Naturales y

*

Ambientales representado por

*

su Secretario

*

*

Apelantes-Recurridos

*

*

Hilton International of Puerto

*

Rico, Inc.; Hotel Development

*

Corp.

*

*

Demandados

*

***********************************

CT-2008-04

Certificación

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente SEÑOR

HERNÁNDEZ DENTON

San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008.

En

esta

ocasión,

nos

corresponde

resolver

una

controversia que trasciende las particularidades fácticas del

caso de epígrafe. En esencia, debemos determinar si ciertos

terrenos ganados al mar mediante rellenos realizados en la

entrada de la Isleta de San Juan a mediados del siglo pasado

–sobre los cuales actualmente se erige parte del proyecto de

desarrollo mixto comúnmente conocido como Paseo Caribe- son

bienes privados o de dominio público.

Al resolver dicha interrogante, tenemos presente que las

obras

de

relleno

en

controversia

formaron

parte

de

una

CT-2008-04

2

política urbanista promovida por el Estado durante la primera

mitad del siglo XX que resultó en la modificación de una

tercera parte del litoral de San Juan y en el asentamiento de

diversas zonas históricas del área metropolitana, tales como

Puerta de Tierra, Barrio Obrero, Isla Verde, Sabana, Amelia,

Ocean Park, Isla Grande, Juana Matos y el Condado. No cabe

duda que la clasificación dominical que hoy le otorguemos a

las tierras objeto de este pleito tendrá serias consecuencias

sobre los derechos propietarios y la seguridad jurídica de

las miles de familias que habitan en esas comunidades de San

Juan y de otras partes de Puerto Rico con un tracto similar,

pues gran parte de éstas también se cimentaron sobre terrenos

ganados al mar.

Luego de analizar el derecho aplicable, concluimos que

al

momento

suficiente

de

realizarse

cumplir

con

un

los

mencionados

esquema

rellenos

administrativo

para

era

la

desafectación de los terrenos ganados al mar. Toda vez que

las agencias competentes autorizaron a título de dominio las

obras de relleno realizadas en el Coast Guard Parcel en el

año 1941 y en el Condado Bay Parcel en la década de los

cincuenta,

resolvemos

patrimoniales

que

susceptibles

dichos

de

predios

apropiación

son

bienes

particular.

En

vista de que no se desprende de los autos que se presentara

prueba sobre error o fraude en la concesión de los permisos

correspondientes, y dado que San Gerónimo Caribe Project,

Inc.

es

el

titular

de

los

referidos

terrenos

privados,

confirmamos la sentencia dictada por el Tribunal de Primera

Instancia.

CT-2008-04

3

I

La

controversia

de

autos

surgió

principalmente

como

consecuencia de la publicación de la Opinión del Secretario

de Justicia de 11 de diciembre de 2007, Consulta Núm. 07-130B.

En

esa

Opinión,

dicho

funcionario

concluyó

que

los

terrenos ganados al mar son, como mínimo y desde hace siglos,

bienes de dominio público, por lo que no son susceptibles de

enajenación

sin

una

autorización

legislativa

expresa.1

En

atención a dicha tesis, éste le hizo varias recomendaciones a

las

agencias

relativo

a

concernidas

los

permisos

para

que

otorgados

reevaluaran

a

San

todo

Gerónimo

lo

Caribe

Project, Inc. (en adelante, SGCP) para la construcción y el

desarrollo del Proyecto Paseo Caribe.

En

vista

Secretario

de

de

las

Justicia

recomendaciones

en

la

referida

vertidas

Opinión,

el

por

el

14

de

diciembre de 2007 la Junta de Planificación de Puerto Rico

emitió una Resolución relacionada a la Consulta de Ubicación

Núm. 99-79-0155-JPU sobre el Proyecto Paseo Caribe. En dicha

Resolución, la Junta expresó que a raíz de la Opinión del

Secretario de Justicia habían surgido ciertas interrogantes

sobre la titularidad de los predios en los que ubica el

proyecto. Por consiguiente, dicha agencia le ordenó a las

partes afectadas expresarse sobre la Opinión citada en el

término de cinco (5) días.

1

Esta Opinión contrasta con una opinión anterior del

Secretario de Justicia que sostenía que los terrenos ganados

al mar en los predios en que ubica el Proyecto Paseo Caribe

eran bienes patrimoniales. Op. Sec. Just. Núm. 19 (2002).

Asimismo, se revocó una opinión anterior del Secretario de

Justicia que concluía que la playa del Hotel Caribe Hilton

era de naturaleza privada. Op. Sec. Just. de 25 de noviembre

de 1970 (no publicada).

CT-2008-04

4

Del mismo modo, la Junta le ordenó al Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales que realizara y presentara

un nuevo deslinde para establecer la zona marítimo-terrestre

de forma consistente con la nueva interpretación legal del

Secretario

de

Justicia.

Por

último,

le

requirió

a

la

Administración de Reglamentos y Permisos (en adelante, ARPE)

que tomara las medidas cautelares necesarias para implantar

las recomendaciones de dicho funcionario.

Ese

mismo

día,

ARPE

emitió

una

“Orden

para

Mostrar

Causa” dirigida a SGCP. En dicha orden, ARPE dispuso para la

celebración de una vista en la cual SGCP tendría que “mostrar

causa por la cual no se debe dictar una orden dejando en

suspenso los permisos y decretando la paralización de las

obras de construcción […] por un término de sesenta días”.

Así las cosas, y ante la incertidumbre ocasionada por la

Opinión del Secretario de Justicia y las actuaciones de las

agencias

administrativas

mencionadas,

SGCP

y

First

Bank

Puerto Rico, Inc. (en adelante, First Bank) presentaron ante

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan,

una demanda de sentencia declaratoria contra el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico y otras partes indispensables el 19

de diciembre de 2007. En dicho recurso, SGCP y First Bank -como

acreedor

litigio--

de

varias

solicitaron

al

hipotecas

foro

de

sobre

los

instancia,

bienes

entre

en

otras

cosas, que declarase que la porción de los terrenos ganados

CT-2008-04

5

al mar que está dentro de las fincas registrales de SGCP con

relación al Proyecto Paseo Caribe no son de dominio público.2

En

oposición,

el

Estado

reprodujo

la

teoría

legal

esbozada por el Secretario de Justicia en la referida Opinión

y sostuvo que los terrenos ganados al mar en donde radica

parte del Proyecto Paseo Caribe son, como mínimo, bienes de

dominio

público.

Asimismo,

adujo

que

todos

los

actos

de

dominio ejercidos por el Estado y por las partes sobre dichos

predios adolecen de nulidad, dado que los bienes de dominio

público son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Tras la celebración de una vista, las partes presentaron

un escrito titulado “Estipulaciones de hechos que no están en

controversia”. En dicho documento se estipuló específicamente

que las partes coincidían “en que la controversia de umbral a

ser

resuelta

en

el

caso

de

epígrafe

es

si

los

terrenos

ganados al mar objeto de controversia son o no de dominio

público, la cual claramente es una controversia de derecho”.

Evaluados

los

planteamientos

Primera

Instancia

Tribunal

de

hacerlo,

resolvió

2

que:

(1)

de

dictó

tanto

la

ambas

partes,

sentencia.

porción

de

Al

el

así

terrenos

En la alternativa, los demandantes solicitaron que se

declarara que los terrenos cuya titularidad fue controvertida

por la Opinión del Secretario de Justicia fueron usucapidos,

por lo que el título obtenido por SGCP es válido. Asimismo,

adujeron que el Estado Libre Asociado está impedido -bajo la

doctrina de cosa juzgada por transacción extrajudicial- de

alegar ahora que cualquier porción del Coast Guard Parcel

nunca dejó de ser de dominio público. En última instancia,

alegaron que SGCP y First Bank son terceros registrales a

quienes no se les puede despojar de sus títulos registrales o

acreencias

hipotecarias

sobre

estos

terrenos

por

las

doctrinas de accesión a la inversa, actos propios y derechos

adquiridos. No obstante, en esta Opinión no atendemos tales

señalamientos, pues la resolución de la controversia de

umbral hace innecesaria su discusión.

CT-2008-04

6

ganados al mar por los Estados Unidos para acrecentar al

Coast Guard Parcel en el año 1941, como los terrenos ganados

al mar por la Compañía de Fomento Industrial para crear el

Condado Bay Parcel en la década de los cincuenta, no son

bienes

de

dominio

público;

y

(2)

SGCP

y

First

Bank

son

terceros registrales en cuanto a los títulos o acreencias

hipotecarias existentes sobre los mismos.

Insatisfecho, y por entender que la mencionada sentencia

era contraria a derecho al no reconocer el carácter demanial

de

los

presentó

terrenos

un

ganados

escrito

al

de

mar,

apelación

el

Procurador

ante

el

General

Tribunal

de

Apelaciones. Acto seguido, SGCP y First Bank presentaron ante

nos un recurso de certificación.

Conscientes de la necesidad de una pronta solución al

presente

caso,

acogimos

la

solicitud

de

certificación

y

concedimos a las partes un término simultáneo para presentar

sus respectivos alegatos. De otra parte, y ante una oportuna

solicitud

para

ello,

autorizamos

la

intervención

del

Instituto de Notariado Puertorriqueño, Inc. del Colegio de

Abogados de Puerto Rico como amicus curiae.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes y del

amicus curiae, procedemos a resolver la controversia ante

nuestra consideración.

II

De entrada, y para atender con el cuidado requerido la

presente

controversia,

es

menester

histórico

y

de

los

registral

examinar

terrenos

en

el

donde

trasfondo

ubica

el

Proyecto Paseo Caribe; a saber, los predios conocidos desde

CT-2008-04

7

mediados del siglo pasado como el Coast Guard Parcel y el

Condado Bay Parcel.

Como asunto de umbral, debemos determinar la naturaleza

y la evolución del estado de derecho con relación a los

terrenos

sumergidos

que

fueron

rellenados

y,

por

ende,

ganados al mar para la fecha en que éstos fueron objeto de

compraventas y de transacciones de dominio, tanto por el

gobierno

de

los

Estados

Unidos

como

por

el

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico. El análisis de los antecedentes

históricos

sobre

la

titularidad

de

permitirá

determinar

si

la

resolverse

conforme

al

derecho

tales

controversia

predios

ante

federal,

nos

al

nos

debe

derecho

puertorriqueño o a los preceptos del derecho de propiedad de

ambos sistemas jurídicos. Veamos.

Como es sabido, España y los Estados Unidos de América

suscribieron el Tratado de París para dar fin a la Guerra

Hispanoamericana en diciembre de 1898. En virtud del Artículo

VIII de dicho tratado, todos los terrenos, propiedades y

bienes patrimoniales de la Corona Española en Puerto Rico,

así

como

“los

demás

bienes

inmuebles

que

con

arreglo

a

derecho son de dominio público”, fueron adquiridos por el

gobierno de los Estados Unidos. Art. VIII, Tratado de París,

L.P.R.A., Tomo 1 (Énfasis nuestro). Véase, además, Pueblo v.

Del Valle, 60 D.P.R. 184, 192 (1942).

En ocasiones anteriores, hemos señalado también que al

momento

de

la

firma

de

dicho

navegables

de

Puerto

Rico,

al

tratado

igual

todas

que

los

las

aguas

terrenos

sumergidos bajo éstas, eran bienes sujetos a la soberanía de

CT-2008-04

8

la Corona Española con arreglo al estado de derecho español.

Pueblo v. Dimas, 18 D.P.R. 1061 (1912); Art. 339.1 del Código

Civil español de 1889; Art. 1 de la Ley de Puertos de 1880,

Colección Legislativa de España, Madrid, 1881, t. 124, 2da

parte,

pág.

incluyendo

787.

las

que

Por

tanto,

luego

las

fueron

tierras

objeto

de

sumergidas

relleno

en

–

el

supuesto de las parcelas en controversia-- pasaron al control

y

dominio

de

los

Estados

Unidos

por

mandato

expreso

del

Tratado de París. Dicho tratado, a su vez, surtió el mismo

efecto con respecto al Fortín San Jerónimo3 y sus terrenos

colindantes,

pues

éstos

pertenecían

también

a

la

Corona

Española.4

Ahora bien, el 12 de abril de 1900, el Congreso de los

Estados

Unidos

aprobó

la

Ley

Foraker

para

establecer

un

gobierno civil en Puerto Rico. 31 Stat. 77, L.P.R.A., Tomo 1.

En lo pertinente al presente caso, la Sección 13 de dicha ley

dispuso que algunas de las propiedades adquiridas por los

3

A pesar de que existen múltiples referencias a este

monumento histórico como el “Fortín San Gerónimo”, nótese que

su nombre oficial en español es el “Fortín San Jerónimo del

Boquerón”.

4

En el pasado, este Tribunal ha tomado conocimiento

judicial de que, en su origen, la totalidad territorial de la

Isla de Puerto Rico pertenecía a la Corona Española por razón

de descubrimiento, conquista y colonización. En algunas

instancias, el dominio de los terrenos de la isla fue pasando

gradualmente a la propiedad particular de los ciudadanos por

concesiones onerosas o gratuitas realizadas por el gobierno

central. Rubert Armstrong v. ELA, 97 D.P.R. 588, 615 (1969);

Pueblo v. Rojas, 53 D.P.R. 121, 131 (1938). En lo que

respecta al Proyecto Paseo Caribe, es preciso señalar que el

mismo radica en unos terrenos que forman parte del litoral

nororiental de la entrada peninsular a la Isleta de San Juan,

que nunca fueron enajenados ni concedidos a ningún ciudadano

particular, pues se destinaron por cuatro siglos a la defensa

de los mares y del poblado colonial.

CT-2008-04

9

Estados Unidos en virtud del Tratado de París --como los

puentes

y

gobierno

carreteras-insular

quedaban

establecido

“bajo

por

la

la

dirección”

misma

para

del

ser

“administrados a beneficio de El Pueblo de Puerto Rico”. No

obstante, la referida sección específicamente excluía de tal

entrega jurisdiccional “la superficie de los puertos o aguas

navegables”.

Sección

13,

Ley

Foraker,

manera,

los

terrenos

bahías

--que

supra.

(Énfasis

nuestro).5

De

esta

navegables

o

en

las

sumergidos

claramente

en

aguas

eran

bienes

sujetos a la soberanía de la Corona bajo el régimen colonial

español-- continuaron bajo la administración y el dominio

exclusivo del gobierno federal tras la aprobación de la Ley

Foraker. López Sobá v. Fitzgerald, 130 D.P.R. 46, 57 (1992).

Dicha ley tampoco le transfirió al Pueblo de Puerto Rico la

titularidad sobre el Fortín San Jerónimo ni sobre los predios

colindantes a éste, por lo que el gobierno de los Estados

Unidos mantuvo su dominio sobre los mismos.

Posteriormente, el 1 de julio de 1902 el Congreso aprobó

una ley que autorizaba al Presidente de los Estados Unidos a

declarar

reservas

de

tierras

y

edificios

públicos

pertenecientes al gobierno federal en Puerto Rico, para los

propósitos

que

éste

considerara

necesarios,

dentro

del

término de un (1) año de su aprobación. Public Law No. 249,

5

Además, la Ley Foraker dispuso también que las leyes y

ordenanzas vigentes en Puerto Rico al momento de aprobarse

dicho estatuto continuarían en vigor, en tanto en cuanto no

fuesen incompatibles con las leyes de los Estados Unidos o

con las disposiciones de la propia Ley Foraker, y mientras no

fuesen enmendadas o derogadas mediante una ley del Congreso o

de la autoridad legislativa de Puerto Rico. Sección 8 de la

Ley Foraker; Muñoz Díaz v. Corte, 42 D.P.R. 384, 390 (1931).

CT-2008-04

32

Stat.

10

731

(en

adelante,

Ley

de

1902).

Además,

dicho

estatuto dispuso que todos los terrenos y edificios públicos

pertenecientes

al

gobierno

federal

en

Puerto

Rico,

no

reservados por el Presidente de los Estados Unidos bajo la

autoridad de la referida ley, y sin incluir las bahías o

aguas navegables y las tierras sumergidas bajo éstas, serían

transferidos al gobierno insular para su uso y administración

a

favor

del

Pueblo

de

Puerto

Rico.6

Rubert

Armstrong

v.

E.L.A., supra, pág. 603; Pueblo v. Dimas, supra, pág. 1074.

En su parte operativa, la Sección 1 de dicha ley dispuso

lo siguiente:

Be it enacted . . . [t]hat the President be, and

he is hereby, authorized to make, within one year

after the approval of this Act, such reservation

of public lands and buildings belonging to the

United States in the island of Porto Rico, for

military, naval, light-house, marine-hospital,

post-offices,

custom-houses,

United

States

courts, and other public purposes, as he may deem

necessary,

and

all

the

public

lands

and

buildings,

not

including

harbor

areas

and

navigable streams and bodies of water and the

submerged lands underlying the same, owned by the

United States in said island and not so reserved

be, and the same are hereby, granted to the

government of Porto Rico, to be held or disposed

of for the use and benefit of the People of said

island . . . . Sección 1, Ley de 1902, supra.

(Énfasis nuestro).

Como se puede apreciar, dicho estatuto impedía expresamente

que la titularidad de las bahías, las aguas navegables y las

tierras sumergidas bajo éstas, se transfiriera al gobierno de

Puerto Rico.

6

Esta cesión se hacía a condición expresa de que el

gobierno de Puerto Rico renunciara a cualquier interés o

reclamación en los terrenos y edificios reservados por el

Presidente bajo las disposiciones de dicha ley. Id. Mediante

legislación, el gobierno insular cumplió efectivamente con

esta condición el 16 de febrero de 1903.

CT-2008-04

11

Al amparo de la autoridad conferida por la mencionada

Ley de 1902, el Presidente Theodore Roosevelt emitió el 30 de

junio

de

1903

varias

proclamas

y

órdenes

ejecutivas

que

reservaron un sinnúmero de terrenos y edificios públicos en

todo Puerto Rico para propósitos militares y navales del

gobierno federal. En particular, la Orden Ejecutiva del 30 de

junio de 1903 estableció la Reserva Militar Principal o la

Reserva Militar de San Juan. Véase Orden General No. 97,

publicada el 7 de julio de 1903. Dicha reserva comprendía

todos los predios del litoral de la Isleta de San Juan -y en

lo pertinente a los terrenos en controversia- desde el Morro

hasta el Fortín San Jerónimo hacia el este y desde el Canal

San Antonio hasta la Laguna del Condado hacia el norte. Surge

de los autos que dicha reserva incluía los terrenos en los

que hoy día enclavan el Fortín San Jerónimo, el Hotel Caribe

Hilton y por lo menos una porción significativa del Proyecto

Paseo Caribe, además de otros edificios contiguos.7

7

En lo referente al presente caso, la Reserva Militar

Principal se delimitaba de la siguiente manera:

1000 feet more or less to the San Antonio

Channel; thence following said channel easterly

to the San Antonio Bridge; thence northerly along

the shore line of the Laguna TO THE SEA IN FRONT

OF SAN GERONIMO; thence northerly and westerly

ALONG THE SEA PASSING SAN GERÓNIMO, Escambrón,

and San Cristobal to a point in line with the

westerly line of the San Sebastian Bastion[…].

Orden General de 1903, supra (Énfasis nuestro).

A base del estilo de redacción utilizado por el Congreso

al aprobar la Ley de 1902, las partes sostienen dos puntos de

vista divergentes en cuanto a si la referida ley prohibía al

Presidente reservar los terrenos sumergidos para propósitos

federales Asimismo, las partes difieren en cuanto a si la

referida orden de 1903 incluyó lo que en la actualidad se

conoce como la zona marítimo-terrestre e, incluso, los

terrenos sumergidos que fueron rellenados por el Estado a

CT-2008-04

12

Años más tarde, específicamente el 2 de marzo de 1917,

el Congreso aprobó la segunda ley orgánica para Puerto Rico,

comúnmente conocida como la Ley Jones. Public Law No. 368, 39

Stat. 951, L.P.R.A. Tomo 1. Véase López Sobá v. Fitzgerald,

supra. La Sección 7 de la referida ley es idéntica a la

Sección 13 de la Ley Foraker, con la excepción de que dispuso

que

todas

las

tierras

y

edificios

públicos

del

gobierno

federal en Puerto Rico, que aún no se habían reservado hasta

ese

momento

y

que

no

se

habían

transferido

a

la

administración del gobierno de Puerto Rico por mandato de la

Ley Foraker o de la Ley de 1902, se trasladarían desde su

aprobación al control del gobierno insular. Por otro lado, la

Sección 8 de la Ley Jones ordenó la transferencia de “[l]a

superficie de los puertos y los cursos y extensiones de aguas

navegables y los terrenos sumergidos bajo ellas dentro y

alrededor de la Isla de Puerto Rico y de las islas y aguas

adyacentes que ahora pertenecen a los Estados Unidos y no han

sido reservados por los Estados Unidos para fines públicos”.

_____________________________

mediados del siglo pasado y cuya naturaleza dominical es

objeto de controversia en el caso de autos. No obstante, y a

pesar de que gran parte de la discusión de las partes gira en

torno al alcance de la Ley de 1902 y la Orden Ejecutiva de

1903, consideramos que no es necesario abordar ese asunto

para

disponer

del

presente

caso.

Lo

cierto

es

que

independientemente de que si los terrenos sumergidos objeto

de controversia hubieren sido propiedad del gobierno federal

o del gobierno de Puerto Rico, basta con determinar si el

gobierno de los Estados Unidos era el propietario de los

terrenos aledaños a la costa para resolver el asunto

jurisdiccional del derecho aplicable. California ex rel.

State Lands Commission v. United States, 457 U.S. 273 (1982).

CT-2008-04

13

Sección 8, Ley Jones, supra (Énfasis nuestro).8 Véase León v.

Transconex, 119 D.P.R. 102 (1987).

Desde el cambio de soberanía en los últimos años del

siglo XIX, los Estados Unidos ocupó en calidad de dueño los

terrenos que luego se identificaron como la Reserva Militar

de San Juan. Como mencionamos anteriormente, esta reserva

federal

incluía

nororiental

de

todos

la

los

Isleta

terrenos

de

San

aledaños

Juan

y

al

al

litoral

Fortín

San

Jerónimo, incluyendo por lo menos una porción significativa

de los terrenos en donde actualmente radica el Proyecto Paseo

Caribe. Por tanto, la Ley Jones no alteró el dominio del

gobierno de los Estados Unidos sobre éstos.

Estos

predios

estuvieron

bajo

el

control

del

Departamento de Guerra de los Estados Unidos hasta diciembre

de 1919, cuando se traspasaron los mismos al Departamento de

la

Marina

y

se

redesignaron

como

la

Reserva

Naval

San

Jerónimo. Posteriormente, la Marina cedió en arrendamiento

una parte de esas tierras –incluyendo el Fortín San Jerónimo

y

los

terrenos

colindantes

objeto

de

controversia-

al

entonces retirado Teniente Comandante de la Marina Virgil

8

Han surgido dudas sobre si lo que la Ley Jones

transfirió al gobierno insular fue el dominio sobre estos

bienes o el control y la administración de los mismos en

beneficio del Pueblo de Puerto Rico. No obstante, el Congreso

despejó toda duda y aclaró el asunto cuando aprobó en el año

1980 una enmienda a la Sección 8 de la Ley de Relaciones

Federales, equivalente a la Sección 8 de la Ley Jones, supra,

para definir el “control” al que se refiere dicha disposición

como todo derecho, título e interés sobre los terrenos

sumergidos bajo aguas navegables a favor del gobierno de

Puerto Rico. Ley Pública Núm. 96-202 del 12 de marzo de 1980,

94 Stat. 91, 48 U.S.C. sec. 749. Mediante la referida

enmienda, el Congreso confirmó la jurisdicción y el dominio

de Puerto Rico sobre los terrenos sumergidos alrededor de sus

costas en virtud de la Ley Jones, supra.

CT-2008-04

14

Baker, dado que dicho departamento ya no necesitaba de éstas

para

propósitos

navales.

El

contrato

de

arrendamiento

estipulaba un término de 999 años y contenía una condición a

los

efectos

de

que

el

mismo

se

hacía

“pending

complete

transfer by Congress of title to the Lessee, which transfer

needs the approval of the Navy Department”. Véase Exhibit

Estipulado Núm. 1, Ap. Vol. I.9

En virtud de la Ley Pública Núm. 35 aprobada por el

Congreso

federal

el

12

de

julio

de

1921,

se

otorgó

el

contrato de arrendamiento entre los Estados Unidos y el señor

Baker. Este contrato estipulaba unos lindes y rumbos frente

al litoral de la Isleta de San Juan que expresamente incluían

terrenos sumergidos. Véase Exhibit Estipulado Núm. 2, Ap.

Vol. I. De otra parte, la Reserva Naval San Jerónimo se

inscribió en el Registro de la Propiedad en diciembre de 1921

a nombre de los Estados Unidos. El contrato de arrendamiento

a favor del señor Baker se inscribió posteriormente en el

Registro.10

9

Nótese que el “arrendamiento” a favor del señor Baker

ha sido valorado para efectos prácticos por los tribunales

puertorriqueños y federales como un negocio jurídico a título

de dominio. Los Estados Unidos retuvo el título en el

contrato original de arrendamiento no para privar al señor

Baker y sus cesionarios de cualquiera de los beneficios

resultantes del título de dominio, sino únicamente para

proteger su derecho reservado de libre uso en cualquier

emergencia de seguridad nacional. United States v. San

Gerónimo Development Co., 154 F.2d 78 (C.A. 1, 1946); De la

Haba v. Tribunal, 76 D.P.R. 923 (1954), confirmada en San

Gerónimo Development Co. v. Treasurer of P.R., 233 F.2d 126

(1956).

10

Se desprende del expediente que este contrato de

arrendamiento fue impugnado por el gobierno de los Estados

Unidos ante el Tribunal Federal en el año 1925. El Tribunal

de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito

sostuvo la validez del contrato, mas no dirimió el asunto de

CT-2008-04

15

Ahora bien, la bifurcación en el tracto dominical de las

dos parcelas objeto de controversia comenzó en agosto de

1929, cuando el Presidente de los Estados Unidos emitió la

Proclama Núm. 1889 al amparo de la Sección 7 de la Ley Jones,

supra. Mediante esta orden ejecutiva, el Presidente Herbert

Hoover traspasó al Pueblo de Puerto Rico todo derecho, título

e

interés

incluyendo

de

los

algunos

Estados

de

Unidos

los

sobre

predios

ciertos

arrendados

terrenos,

al

señor

Baker.11

No obstante lo anterior, la Proclama Presidencial de

1929 específicamente retenía y reservaba cinco (5) acres de

los terrenos antes mencionados para el uso del Departamento

de la Marina en el desarrollo de servicios de comunicación,

constituyendo

una

nueva

reserva

de

los

terrenos

que

actualmente se conocen como el Coast Guard Parcel, finca que

se mantuvo bajo el dominio del gobierno federal hasta el año

_____________________________

la titularidad de los terrenos sumergidos, pese a una

solicitud a esos efectos del gobierno de Puerto Rico, quien

participó en el pleito en calidad de interventor. El gobierno

de Puerto Rico intentó impugnar el arrendamiento precisamente

por incluir terrenos sumergidos, pero nunca aceptó el

“quitclaim deed” ofrecido por el señor Baker. De hecho, el

tribunal apelativo federal expresó que “in any event, the

proofs do not show that Commander Baker has defrauded the

government in the matter of the submerged area”. Véase Baker

v. United States, 27 F. 2d 863 (1st Cir. 1928).

11

De hecho, dicha proclama hace mención expresa de los

terrenos sumergidos, al declarar que las tierras de la

Reserva Naval San Jerónimo se cederían al gobierno insular:

together with all the right, title and interest

of the United States in all shore and submerged

lands lying shoreward of a line drawn through

points Nos. 90, 91, 92 and 93, as shown on the

military chart of the Military Reservation of San

Juan, Puerto Rico. Proclama Presidencial Núm.

1889 del 26 de agosto de 1929. (Énfasis nuestro).

CT-2008-04

1991.

16

Por

Presidencial

predios

otro

lado,

de

1929

restantes

desde

no

de

hay

la

que

se

emitió

duda

que

el

Reserva

la

Proclama

dominio

Naval

San

de

los

Jerónimo,

incluyendo los terrenos sumergidos en los referidos puntos de

las fincas que hoy forman parte del Condado Bay Parcel, fue

transferido al gobierno de Puerto Rico. Veamos detenidamente.

A. Coast Guard Parcel

En

mejoras

diciembre

de

al

Guard

Coast

1940,

como

parte

la

Parcel,

de

Marina

unas

de

obras

los

de

Estados

Unidos presentó ante la Comisión de Servicio Público y el

Departamento de Interior de Puerto Rico una solicitud para

llevar

a

cabo

sumergidos

unos

trabajos

adyacentes

a

la

de

relleno

costa

de

en

dicha

los

terrenos

parcela.

En

particular, se solicitó permiso para rellenar una zona de la

Laguna del Condado consistente de 450 pies de largo, 200 pies

de ancho y 6 pies sobre el nivel mínimo del mar, según su

flujo y reflujo (“mean low water”). Tras obtener los permisos

necesarios

Departamento

de

de

las

mencionadas

Guerra

de

los

agencias

Estados

insulares

Unidos,

la

y

del

Marina

rellenó aproximadamente 1.92 cuerdas de terrenos sumergidos

frente al Coast Guard Parcel. Según estipularon las partes,

dichas obras concluyeron en octubre de 1941 conforme a los

planos del permiso.12

12

Las partes y la sentencia apelada discuten la

aplicación de la Ley Pública Núm. 703 del 2 de julio de 1940

aprobada por el Congreso y llegan a conclusiones divergentes

en cuanto a si el mero relleno de los terrenos sumergidos

aledaños al Coast Guard Parcel constituyó un ejercicio de

expropiación forzosa al amparo de la referida ley. De igual

forma, discuten la aplicabilidad de la Ley Núm. 66 del 25 de

abril de 1940 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para

ponderar la posibilidad de que los terrenos sumergidos fueron

CT-2008-04

17

Durante el transcurso de cincuenta años, el gobierno

federal poseyó ininterrumpidamente y en calidad de dueño los

terrenos

ganados

al

mar

que

acrecentaron

el

Coast

Guard

Parcel.13 En noviembre de 1991, la Administración de Terrenos

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Administración

de Servicios Generales de los Estados Unidos otorgaron un

contrato de compraventa. En dicho contrato, el gobierno de

Puerto Rico adquirió, a título oneroso, los terrenos del

Coast

Guard

Parcel.14

Dicha

transacción

jurídica

incluía

claramente los terrenos ganados al mar que son objeto de

controversia en el presente caso, pues describía su área

limítrofe al este como la Laguna del Condado.15

_____________________________

transferidos al gobierno de Estados Unidos en virtud de la

mencionada legislación. No obstante, somos del criterio que

esta discusión es innecesaria para la solución adecuada del

caso de autos.

13

Nótese que en junio de 1986, la Junta de Planificación

aprobó el Reglamento de Zonificación del Condado, el cual

incluía los terrenos rellenados como parte de una zona

comercial turística. Asimismo, el Fortín San Jerónimo y una

estrecha franja de terrenos que bordeaba la costa -para

propósitos de acceso a esta edificación histórica- se

zonificaron como propiedad pública.

14

Surge del expediente que en el año 1990, el Estado

solicitó información y cursó varias comunicaciones a la

Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos

sobre la titularidad de los terrenos del Coast Guard Parcel.

No obstante, el Estado decidió no impugnar tal titularidad y

decidió negociar la compraventa de dichos terrenos tras

ponderar las posibilidades de prevalecer en la esfera

judicial contra el gobierno federal. Véase Memorando de la

Oficina del Gobernador, 14 de febrero de 1991.

15

Más aún, el contrato estipulaba que su aceptación

constituía una transacción extrajudicial y una renuncia a

cualquier disputa, reclamo, o causas de acción “including, but

not limited to quiet title actions, in any way related to the

subject property and arising from the beginning of time to the

current date”. Véase Exhibit Estipulado Núm. 33, Ap. Vol. I.

CT-2008-04

18

En diciembre de 1992 la Junta de Planificación y el

Gobernador

de

Puerto

Rico

aprobaron

el

Plan

de

Usos

de

Terreno y el Reglamento de Zonificación Especial para la

entrada de la Isleta de San Juan. Reglamento de Planificación

Núm. 23. Este reglamento cambió la zonificación del Coast

Guard Parcel a una Zona de Desarrollo Especial, permitiendo

en la misma un área bruta de construcción de 60,350 metros

cuadrados. Para incentivar el desarrollo incremental de dicha

zona, se permitió la subdivisión de las parcelas en solares

más pequeños.

Terrenos

de

En septiembre de 1998 la Administración de

Puerto

Rico

adoptó

una

Resolución

en

la

que

aprobó la venta del Coast Guard Parcel al Hotel Development

Corporation, una corporación creada al amparo de las leyes de

Puerto

Rico

y

cuyo

único

accionista

es

la

Compañía

restante

de

los

de

Turismo.

B. Condado Bay Parcel

Por

otro

lado,

la

porción

terrenos

ganados al mar en controversia se encuentra en el Condado Bay

Parcel.

Esta

parcela

se

rige

plenamente

por

el

derecho

puertorriqueño, pues es un hecho incontrovertible que tanto

los terrenos sumergidos que se rellenaron para formar el

Condado Bay Parcel en la década de los cincuenta como los

terrenos costeros colindantes ya le pertenecían al gobierno

de Puerto Rico.

Como

mediante

mencionamos

en

la

Presidencial

Proclama

la

Parte

II

Núm.

de

esta

1889

de

Opinión,

1929

el

gobierno federal traspasó al gobierno insular de Puerto Rico

todo

título,

derecho

e

interés

sobre

los

terrenos

de

la

CT-2008-04

Reserva

19

Naval

San

Jerónimo,

incluyendo

los

predios

que

formaban parte del arrendamiento del señor Baker. En enero de

1947,

San

propiedad

Gerónimo

del

señor

Development

Baker,

Company,

subarrendó

a

una

corporación

la

Compañía

de

Fomento Industrial de Puerto Rico una parcela de sus terrenos

por los restantes años del arrendamiento original para la

construcción del Hotel Caribe Hilton. Esta finca subarrendada

por la Compañía de Fomento Industrial colindaba -pero no

incluía- los terrenos del litoral en el que enclava el Fortín

Jerónimo,16

San

por

lo

que

el

gobierno

de

Puerto

Rico

presentó una demanda de expropiación contra el señor Baker en

noviembre del año 1949 para adquirir los mismos.

La Declaración de Adquisición y Entrega Material de la

Propiedad que se presentó junto a la demanda describía la

propiedad objeto de la expropiación, la cual expresamente

incluía 6,949.1923 metros cuadrados de tierras sumergidas y

3,360.448 metros cuadrados de tierra firme. Véase Exhibit

Estipulado Núm. 16, Ap. Vol. I. Es decir, más de dos terceras

partes de los predios objeto de expropiación en aquel momento

eran

terrenos

sumergidos.

Luego

de

llevar

a

cabo

estas

transacciones, el gobierno procedió a inscribir los terrenos

en el Registro de la Propiedad a título de dominio a favor

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

16

La Ley Núm. 49 del 20 de abril de 1949 autorizó al

Comisionado del Interior a negociar el traspaso y la

devolución de la nuda propiedad sobre los terrenos en donde

enclava el Fortín San Jerónimo al gobierno de los Estados

Unidos, con la condición de que ese país adquiriera la

“posesión y dominio absoluto” sobre los mismos para dedicarlo

a un parque nacional o monumento histórico administrado por

el Servicio Nacional de Parques. No obstante, la historia

confirma que dicho traspaso nunca se concretó.

CT-2008-04

20

Consistente

con

la

política

por

el

Estado

Libre

Compañía

de

Fomento

Industrial

urbana

dirigida

época,

la

pública

de

planificación

Asociado

en

aquella

presentó

en

la

década de los cincuenta (1950) una Consulta de Ubicación ante

la Junta de Planificación para realizar unas obras de relleno

en los terrenos sumergidos del área expropiada y subarrendada

al señor Baker, con el propósito ampliar las instalaciones

del Hotel Caribe Hilton. Véase Op. Sec. Just. del 25 de

noviembre de 1970 (no publicada), pág. 8. Mediante un Informe

de la Junta adoptado en junio de 1955, se aprobó la Consulta

para la construcción de dicha ampliación y la constitución de

la parcela rellenada que hoy se conoce como el Condado Bay

Parcel. Así, pues, se realizaron los rellenos y las obras de

mejoras

del

Hotel

Caribe

Hilton

a

tenor

de

los

permisos

concedidos por las autoridades gubernamentales.

En

abril

de

1959,

el

entonces

Secretario

de

Obras

Públicas de Puerto Rico, Hon. Roberto Sánchez Vilella, emitió

una

Certificación

para

solicitar

la

inscripción

en

pleno

dominio ante el Registro de la Propiedad de una parcela de

terreno en el área entre el Fortín y los terrenos del Caribe

Hilton, la cual incluía ciertos terrenos ganados al mar que

formaban parte del Condado Bay Parcel.17 Ese mismo mes, dicho

funcionario -como gobernador interino de Puerto Rico- emitió

una Orden Ejecutiva en la cual autorizó el traspaso gratuito

17

De hecho, y por encomienda del gobierno a raíz de su

importancia para la industria turística de la isla, el propio

Sánchez Vilella supervisó directamente la construcción y el

desarrollo del Caribe Hilton como ingeniero residente del

proyecto. Aníbal Sepúlveda Rivera, Puerto Rico Urbano, Atlas

Histórico de la Ciudad Puertorriqueña, Vol. 4, Carimar, San

Juan, 2004, pág. 60.

CT-2008-04

de

dicha

21

parcela

a

favor

de

la

Compañía

de

Fomento

Industrial. En vista de ello, en diciembre de 1961 Sánchez

Vilella, en su capacidad de Secretario de Obras Públicas,

otorgó una escritura de traspaso de la mencionada parcela a

favor de la Compañía de Fomento Industrial, la cual aclaraba

que tales terrenos fueron ganados al mar por el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, y que los mismos se utilizarían para

el desarrollo de la industria del turismo.

Esta parcela fue inscrita como la Finca Núm. 439 en el

Registro

de

la

Propiedad,

Sección

de

San

Juan.

Desde

entonces, la Compañía de Fomento Industrial fue el titular

del mencionado terreno pero la porción rellenada que formaba

parte del Hotel Caribe Hilton fue administrada por la cadena

de hoteles Hilton por virtud de un contrato de arrendamiento.

En lo referente al caso de autos, parte del Proyecto Paseo

Caribe y los demás proyectos relacionados a éste también

ocupan hoy día una porción de esos terrenos ganados al mar.

En

octubre

de

1992,

los

derechos

de

la

Compañía

de

Fomento Industrial bajo el Contrato de Subarrendamiento de

los predios en donde enclava el Hotel Caribe Hilton fueron

cedidos a Hotel Development Corporation. En octubre de 1998,

el entonces Secretario de Transportación y Obras Públicas,

Hon. Carlos Pesquera Morales, expidió una Certificación a los

efectos de que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico era el

dueño

de

dos

Administración

parcelas

de

aledañas

Terrenos

y

al

a

los

Hotel

terrenos

Caribe

de

la

Hilton

que

formaban parte del Condado Bay Parcel y que eran, a su vez,

CT-2008-04

22

“terrenos adquiridos del Mar”. Véase Exhibit Estipulado Núm.

40, Ap. Vol. I.18

En vista de ello, dicho funcionario solicitó ante el

Registro de la Propiedad la inscripción a título de dominio

de tales parcelas, compuesta de terrenos rescatados del mar

mediante

los

rellenos

cincuenta

(1950)

por

realizados

en

la

gobierno

de

Puerto

el

década

Rico.

de

los

El

mes

siguiente, y mediante autorización del Gobernador Hon. Pedro

Rosselló González conforme a la Ley Núm. 10 de 18 de junio de

1970, 23 L.P.R.A. sec. 671 (m), dicha parcela fue cedida a la

Compañía de Turismo de Puerto Rico para que dicha corporación

pública

“utilice,

administre

y

disponga

conforme

a

los

poderes conferídoles [sic] por ley y de acuerdo a los mejores

intereses de Puerto Rico”. Véase Exhibit Estipulado Núm. 41,

Ap. Vol. I.

C. Integración del Coast Guard Parcel y del Condado Bay

Parcel

En

noviembre

de

1998,

y

luego

de

varios

trámites

administrativos, Hotel Development Corporation le vendió a

Hilton International of Puerto Rico, Inc. el Coast Guard

Parcel,

el

Condado

Bay

Parcel

y

la

Finca

Núm.

439,

transacción que fue inscrita en el Registro de la Propiedad.

Así

las

cosas,

en

julio

de

2000

Hilton

International

le

vendió el Coast Guard Parcel a SGCP mediante una escritura de

18

Simultáneamente, dicho funcionario solicitó junto a la

Administración de Terrenos la rectificación registral

del

Coast Guard Parcel, dado que la misma aparecía inscrita dos

veces a favor de diferentes dueños –el Estado Libre Asociado

y la Administración de Terrenos- como consecuencia de varios

trámites accidentados ante el Registro de la Propiedad. Véase

Exhibit Estipulado Núm. 39, Ap. Vol. I.

CT-2008-04

23

compraventa inscrita en el Registro de la Propiedad. Poco

antes, mediante Resolución dictada en enero de 2000, la Junta

de Planificación aprobó la Consulta de Ubicación para un

proyecto mixto residencial, comercial y turístico propuesto

por SGCP para estos terrenos.

En dicho negocio jurídico, el desarrollador asumió las

obligaciones pactadas entre Hotel Development Corporation y

Hilton International. A su vez, mediante otra escritura de

compraventa otorgada ese mismo día, Hilton International le

vendió a SGCP una nueva finca resultante de la agrupación del

remanente de dos parcelas segregadas; a saber, del Condado

Bay Parcel y de la Finca 439. Luego de varias segregaciones

que constan inscritas o presentadas en el Registro de la

Propiedad

–incluyendo

la

segregación

de

una

parcela

identificada como Camino de Acceso al Fortín-19 ARPE expidió

varios

permisos

componentes

19

del

de

construcción

Proyecto

Paseo

y

de

uso

Caribe.

A

para

distintos

su

vez,

SGCP

Nótese que el debate público sobre el acceso al Fortín

San Jerónimo fue lo que suscitó originalmente la presente

controversia. En el año 2007 SGCP y el Instituto de Cultura

Puertorriqueña se reunieron y firmaron un Acuerdo de

Reconocimiento de un Acceso Irrestricto y a Perpetuidad del

Pueblo de Puerto Rico al Fortín San Jerónimo del Boquerón. En

dicho contrato, las partes estipularon que se otorgaría una

escritura en la que se establecería el rango de derecho que

ostenta el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el

mencionado acceso. No obstante, el Departamento de Justicia

se aseguró de no conceder ningún reconocimiento en cuanto a

la titularidad de los terrenos en controversia. En vista de

ello, al día de hoy no se ha otorgado ningún tipo de

escritura constituyendo servidumbre de paso a favor del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Según la Opinión del

Secretario de Justicia de diciembre de 2007, la razón por la

cual aún no han perfeccionado el mencionado convenio es que

la constitución de una servidumbre de paso presume la

existencia de un predio sirviente cuya titularidad es ajena.

CT-2008-04

24

constituyó hipoteca sobre los referidos proyectos a favor de

First Bank.

D. Derecho federal vis a vis derecho civil

puertorriqueño

Ante

la

realidad

fáctica

de

que

el

gobierno

de

los

Estados Unidos era el dueño del Coast Guard Parcel desde el

cambio

de

soberanía

en

1898

hasta

su

compraventa

por

el

gobierno de Puerto Rico en 1991, no cabe duda de que los

rellenos realizados por la Marina en el año 1941 en dicha

parcela

se

deben

examinar

desde

la

óptica

del

derecho

federal. Ello es así independientemente de quién fuera el

titular

de

los

terrenos

sumergidos

que

fueron

rellenados

posteriormente, pues el Tribunal Supremo Federal ha resuelto

que cualquier disputa o controversia sobre terrenos costeros

–o cercanos al mar- que sean propiedad del gobierno de los

Estados

Unidos

se

rige

por

el

derecho

federal.

Véanse

California ex rel. State Lands Commission v. United States,

supra;

Hughes

v.

Washington,

389

U.S.

290

(1967);

Borax

Consolidated v. City of Los Angeles, 296 U.S. 10 (1935).

Por otro lado, es evidente que la Proclama Presidencial

Núm. 1889 de 1929 cedió todo título sobre los predios en que

hoy ubican el Hotel Caribe Hilton, el Fortín San Jerónimo y

las fincas colindantes a favor del gobierno de Puerto Rico,

incluyendo los terrenos contiguos al Condado Bay Parcel. Por

tanto, es menester concluir que la controversia en torno a la

titularidad de los terrenos ganados al mar que forman parte

de dicha parcela se debe analizar según el derecho civil

CT-2008-04

25

puertorriqueño vigente para la fecha en que la Compañía de

Fomento Industrial realizó las mencionadas obras de relleno.

En

vista

de

la

divergencia

histórica

en

el

tracto

dominical de ambas parcelas, a continuación examinamos de

manera cronológica el desarrollo doctrinal y normativo sobre

los terrenos ganados al mar bajo el sistema legal aplicable a

cada una.

III

En primer lugar, debemos tener presente que el gobierno

de los Estados Unidos era el titular del Coast Guard Parcel

al momento en que se realizaron las obras de relleno en

controversia. Por tanto, como mencionamos anteriormente, es

evidente

que

la

titularidad

de

los

terrenos

previamente

sumergidos adyacentes a dicha parcela costera- los cuales

fueron rellenados por el Departamento de la Marina en 1941debe examinarse conforme al derecho común federal. California

ex rel. State Lands Comission v. United States, supra; Hughes

v.

Washington,

supra.

Véase,

además,

Roberts

v.

U.S.O.

Council of P.R., 145 D.P.R. 58 (1998).

En

vista

de

lo

anterior,

y

ante

la

ausencia

de

legislación federal que atienda expresamente el asunto de la

titularidad de los terrenos ganados al mar por particulares o

el

propio

gobierno,

jurisprudencial

para

debemos

atender

la

acudir

a

la

doctrina

presente

controversia.

En

Alexander Hamilton Ins. Co. v. Virgin Islands, 757 F. 2d 534

(1985), el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para

el Tercer Circuito discutió cabalmente el esquema normativo y

CT-2008-04

26

doctrinal del derecho común anglosajón con relación a los

terrenos ganados al mar mediante rellenos artificiales.

En

ese

caso,

dicho

una

disputa

en

torno

terrenos

ganados

al

mar

consideración

ciertos

foro

apelativo

a

la

mediante

tuvo

ante

su

titularidad

de

el

de

relleno

tierras sumergidas, y concluyó que el propietario costero

adquiere el título sobre el terreno ganado al mar cuando la

obra de relleno se lleva a cabo con la debida autorización

gubernamental:

Where the reclamation and filling of the adjacent

shore or submerged soil was expressly permitted by

legislative enactment, or was authorized by a statute

fixing a bulkhead, harbor, or dock line, or similar

statute, or by a valid license or permit, or by local

common law, it has usually been held or recognized

that filled land created by a riparian or littoral

proprietor belongs to him as part of the upland, at

least where the public rights with respect to

navigation

and

commerce

are

not

substantially

impaired.

(Énfasis

nuestro).

Alexander

Hamilton

Insurance, supra, pág. 546. Véanse, además, U.S. v.

Groen, 72 F. Supp. 713 (D.D.C. 1947). Greater

Providence Chamber of Commerce v. State, 657 A.2d

1038 (R.I. 1995) B.H. Glenn, Rights to land created

at water´s edge by filling or dredging, sección 2(b)

91 A.L.R. 2d pág. 857, 867.20

Más aún, dicho foro federal expresó en ese caso que la

regla relativa a la adquisición del título sobre los terrenos

ganados al mar tras mediar autorización para el relleno se ha

aplicado

incluso

en

ausencia

de

lenguaje

expreso

a

esos

efectos, pues se estima que la autorización gubernamental

20

De manera análoga, el Tribunal Supremo Federal ha

resuelto que “accretions, regardless of cause, accrue to the

upland owner”. California ex rel. State Lands Commission v.

U.S., supra, pág. 285. A pesar de que dicha regla del derecho

común federal atiende los casos de acreción gradual y no es

expresamente

aplicable

a

los

rellenos,

la

misma

es

ilustrativa

del

reconocimiento

de

que

los

terrenos

previamente sumergidos bajo las aguas navegables del gobierno

federal son susceptibles de apropiación particular.

CT-2008-04

previa

27

crea

una

titularidad

de

propietario

que

expectativa

los

terrenos

realiza

de

que

se

reclamados

el

relleno

reconocerá

sobre

debe

la

la

cual

poder

el

confiar.

Alexander Hamilton Insurance, supra.

De

otra

parte,

bajo

el

derecho

común

anglosajón

el

propietario de un terreno bordeado por la costa puede tener

derecho

a

“reclamar”

las

tierras

sumergidas

bajo

el

mar

circundante en determinadas circunstancias. Sin embargo, ello

no implica que un propietario pueda rellenar arbitrariamente

terrenos

sumergidos

que

no

estén

bajo

su

dominio

con

el

propósito de extender los lindes de su propiedad. Reid v.

State, 373 So.2d 1071 (Ala. 1979); véase Board of Trustees of

Internal Imp. Trust Fund v. Bankers Life & Cas. Co., 331

So.2d 381 (Fla. Dist. Ct. App. 1er Dist. 1976). Por tanto, la

titularidad

sobre

los

terrenos

sumergidos

permanece

inalterada si éstos son rellenados por un particular sin la

autorización correspondiente. Véase City of Newport Beach v.

Fager, 39 Cal. App. 2d 23, 102 P.2d 438 (2d Dist. 1940).

Asimismo, el Estado puede conceder su autorización para

el relleno de terrenos sumergidos en virtud de su derecho

dominical sobre éstos. De esa forma, de producirse el relleno

por un particular bajo una autorización gubernamental, de

ordinario las porciones de terrenos reclamados pasan a formar

parte

integral

corresponderá

al

del

predio

titular

del

colindante

mismo.

y

el

Véanse

Ward

título

Sand

&

Materials Co. v. Palmer, 237 A.2d 619 (NJ 1968); O’Neill v.

State Highway Dept., 235 A.2d 1 (NJ 1967); Mallon v. City of

Long Beach, 282 P.2d 481 (Cal. 2d. 1955).

CT-2008-04

28

En casos similares al que hoy nos ocupa, bajo el derecho

común se ha resuelto que previa autorización gubernamental el

propietario

del

lote

bordeado

por

el

mar

y

del

terreno

sumergido adyacente al mismo puede rellenar válidamente ese

terreno con el fin de “reclamarlo” y habilitarlo como parte

del predio no sumergido. Sin embargo, la obra de relleno no

puede interferir con las facultades sobre la navegación y el

comercio

que

poseen

tanto

el

gobierno

federal

como

los

estados. Véase People v. Broedell, 365 Mich. 201, 112 NW.2d

517 (1961).21 Así las cosas, es evidente que bajo el derecho

común angloamericano el propietario de un terreno contiguo al

mar

que

sumergidos

rellena

con

adyacentes

permiso

a

su

del

Estado

propiedad

tiene

los

terrenos

derecho

a

la

titularidad sobre el terreno ganado al mar. Véase, e.g.,

Greater Providence Chamber of Commerce v. State, 657 A.2d

1038 (R.I. 1995).

Dicha norma es claramente aplicable a la controversia de

autos en lo relativo al Coast Guard Parcel. Se desprende del

expediente que el gobierno federal obtuvo todos los permisos

necesarios para rellenar los terrenos sumergidos contiguos a

la referida parcela. Para realizar dichas obras, el Gobierno

estadounidense

solicitó,

no

Departamento

Guerra,22

sino

de

sólo

la

también

autorización

del

el

la

permiso

de

21

Véanse, además, Adaray Realty Corp. v. Faber, 227 App.

Div. 618, 235 N.Y.S. 660 (1929), In re City of New York, 246

N.Y. 1, 157 NE 911 (1927). State ex rel. McLeod v. Murrell’s

Inlet Camp & Marina, Inc., 259 S.C. 404, 192 SE.2d 199

(1972); State v. A. J. Industries, Inc., 397 P.2d 280 (Alsk.

1964).

22

De hecho, al momento de llevarse a cabo el referido

relleno, el Rivers and Harbors Appropiations Act de 1899

CT-2008-04

29

Comisión de Servicio Público y del Departamento del Interior

de

Puerto

Rico.

Concedidos

tales

permisos,

el

gobierno

federal procedió a realizar diversos actos de dominio sobre

el lote conocido hoy como el Coast Guard Parcel. A la luz de

estos hechos, resulta forzoso concluir que como propietario

de

los

predios

aledaños

a

los

terrenos

sumergidos,

el

gobierno federal advino titular de las tierras ganadas al mar

mediante

las

obras

de

relleno

realizadas

por

la

Marina

estadounidense.

De

otra

parte,

ninguno

de

los

permisos

otorgados

expresaba reserva o prohibición alguna que privara a los

Estados

Unidos

de

adquirir

la

titularidad

de

los

nuevos

predios rellenados. Por tanto, es meritorio concluir que al

momento en que tales terrenos fueron ganados al mar en el

Coast Guard Parcel, éstos pasaron a ser propiedad patrimonial

del

Departamento

de

la

Marina

de

los

Estados

Unidos

de

conformidad con el derecho común federal.

IV

Examinado el derecho federal con relación al Coast Guard

Parcel, nos corresponde dilucidar la controversia en torno a

la

titularidad

forman

parte

de

los

demás

de

las

fincas

terrenos

ganados

registrales

de

al

mar

SGCP.

que

Como

indicamos anteriormente, la controversia en torno al Condado

Bay Parcel se debe resolver exclusivamente al amparo del

derecho

puertorriqueño,

pues

los

terrenos

objeto

de

_____________________________

disponía que en ausencia de autorización del Secretario de

Guerra, no podría depositarse relleno alguno en bahías,

lagunas o cuerpos de agua navegables de los Estados Unidos.

33 U.S.C.A. sec. 403 (Énfasis nuestro). Ello demuestra la

existencia de un esquema administrativo que contemplaba tales

obras de relleno.

CT-2008-04

30

controversia ya se encontraban bajo la soberanía del Estado

Libre

Asociado

realizaron

los

de

Puerto

rellenos

Rico

con

para

el

la

fecha

objetivo

de

en

que

se

ampliar

las

instalaciones del Hotel Caribe Hilton. Por consiguiente, a

continuación examinamos el desarrollo doctrinal y normativo

de los terrenos sumergidos y los terrenos ganados al mar en

el ordenamiento civilista puertorriqueño.

A

Sabido es que el estado de derecho puertorriqueño, en

referencia

a

la

clasificación

jurídica

de

los

bienes

relacionados al litoral y a la zona marítimo-terrestre, tuvo

su antesala moderna en la Ley de Aguas española del 3 de

agosto de 1866. Esta legislación especial, extendida a Puerto

Rico por la Real Orden de 8 de agosto de 1866, disponía en su

Artículo

1

que

serían

bienes

de

dominio

nacional

y

uso

público: 1) las costas o fronteras marítimas del territorio

español, con sus obras, ensenadas, calas, radas, bahías y

puertos; 2) el mar litoral, o la zona marítima que ciñe las

costas,

en

toda

la

anchura

determinada

por

el

derecho

internacional; y 3) las playas.23 Colección Legislativa de

España, Madrid, Tomo XCVI, Segunda Parte, 1866, págs. 294346.

23

Rubert Armstrong v. ELA, supra, pág. 625.

Dicho artículo definía las playas como

el

espacio

que

alternativamente

cubren

y

descubren las aguas en el movimiento de la marea.

Forma su límite interior o terrestre donde llegan

las más altas mareas y equinocciales. Donde no

fueren sensibles las mareas, empieza la playa por

la parte de tierra en la línea donde llegan las

aguas en las tormentas o temporales ordinarios.

Artículo 1, Ley de Aguas española de 1866.

CT-2008-04

31

Por otro lado, los Artículos 4 y 5 de la referida ley

articulaban un claro reconocimiento de la posibilidad de que

existiera propiedad privada en los terrenos ganados al mar, e

incluso,

en

lo

que

actualmente

se

conoce

como

la

zona

marítimo-terrestre. En particular, el Artículo 5 de la Ley de

Aguas española proveía que “[l]os terrenos ganados al mar por

consecuencia de obras construidas por el Estado o por las

provincias

o

pueblos

o

particulares

competentemente

autorizados serán de propiedad de quien hubiese construido

las

obras,

a

no

haberse

establecido

otra

cosa

en

la

autorización” (Énfasis nuestro).24 Es decir, se reconocía la

posible patrimonialidad de los terrenos ganados al mar.

Dicha ley rigió en Puerto Rico hasta el 5 de febrero de

1886, cuando por Real Orden se extendieron a Puerto Rico la

Ley de Aguas del 13 de junio de 1879 y la Ley de Puertos

española del 7 de mayo de 1880. La Ley de Aguas de 1879

sustituyó a la Ley de Aguas española de 1866 sólo en cuanto a

las aguas terrestres. Con relación a las aguas marítimas, y

en lo pertinente al caso de autos, la Ley de Aguas de 1866

fue sustituida por la Ley de Puertos de para la Isla de

Puerto Rico de 1886. Colección Legislativa de España, Madrid,

24

Por otro lado,

disponía lo siguiente:

el

Artículo

4

de

la

referida

Son del dominio público los terrenos que se unen

a las playas por las accesiones y aterramientos

que ocasione el mar. Cuando ya no los bañen las

aguas del mar, ni sean necesarios para los

objetos

de

utilidad

pública,

ni

para

establecimiento de especiales industrias, ni para

el servicio de vigilancia, el Gobierno los

declarará propiedad de los dueños de las líneas

colindantes

en

aumento

de

ellas

(Énfasis

nuestro).

ley

CT-2008-04

Tomo

32

CXXXVI,

Segunda

Parte,

1887,

págs.

436-448.

Véase

Rubert Armstrong v. ELA, supra, pág. 623.

La

Ley

de

Puertos

de

1886

ordenamiento

el

concepto

jurídico

introdujo

de

la

en

zona

nuestro

marítimo-

terrestre. La misma dispuso en su Artículo 1 que “son de

dominio nacional y público, sin perjuicio de los derechos que

correspondan a los particulares” la zona marítimo-terrestre y

el mar litoral o la zona marítima que ciñe las costas de la

Isla. En efecto, la clasificación de dominio nacional y uso

público de los mismos bienes que se enumeraban en el Artículo

1 de la derogada Ley de Aguas española de 1866 se mantuvo

prácticamente inalterada. El mencionado artículo definía la

zona marítimo-terrestre como “el mar en su flujo y reflujo,

en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los

temporales

en

donde

no

lo

sean”.

Por

tanto,

la

única

diferencia práctica entre la declaración demanial establecida

por ambas legislaciones españolas al respecto es que la Ley

de Puertos de 1886 sustituía el término “playa” por “zona

marítimo-terrestre”. E. Desdentado Daroca, La expropiación de

los enclaves privados en el litoral, Thomson, 2007, pág. 26.

A su vez, la referida legislación española estableció en

su Artículo 2 que los terrenos que se unieran a la zona

marítimo-terrestre

por

las

accesiones

y

aterramientos

que

ocasionara el mar continuarían en el dominio nacional y uso

público.25 Mientras que el Artículo 4 de la derogada Ley de

Aguas

25

de

1866

disponía

que

el

Estado

podía

declarar

las

Nótese que este artículo de la Ley de Puertos de 1880

se refiere específicamente a las accesiones naturales

ocasionadas por el mar, y no a los terrenos ganados al mar

por el ser humano mediante obras de relleno.

CT-2008-04

33

nuevas formaciones como propiedad de los dueños de las líneas

colindantes, el mencionado Artículo 2 de la Ley de Puertos de

1886 establecía que:

[c]uando por consecuencia de estas accesiones, y

por efecto de retirarse el mar, la línea interior

que limita la expresada zona avance hacia

aquellos terrenos sobrantes de lo que era la

antigua zona marítimo-terrestre, pasarán a ser

propiedad del Estado, previo al oportuno deslinde

por el Ministerio de Ultramar, de acuerdo con el

de Marina; y el primero podrá enajenarlos cuando

no

se

consideren

necesarios

para

servicios

marítimos u otros de utilidad pública. (Énfasis

nuestro).

Es decir, la Ley de Puertos de 1886 reconocía el posible

carácter patrimonial y la susceptibilidad enajenable de los

terrenos que previamente se encontraban en la zona marítimoterrestre.

Al

declarar

estos

enajenable

del

Estado,

la

terrenos

propia

como

ley

propiedad

contempló

la

clasificación patrimonial mediante la desafectación natural

de unos terrenos antes ocupados por las aguas. De otra parte,

esta

legislación

enclaves

privados

decimonónica

reconoció

en

marítimo-terrestre

la

zona

la

existencia

por

de

vía

excepcional, dado que claramente establecía que sus efectos

serían sin perjuicio de los derechos que correspondan a los

particulares.26 Véase Rubert Armstrong v. ELA, supra, págs.

26

De hecho, tanto la Ley de Aguas española de 1866 como

la Ley de Puertos de 1880 han sido criticadas por la doctrina

científica por permitir –en la práctica y en la teoría- la

nacionalización patrimonial y la privatización del mar, las

riberas y las costas al reconocer la propiedad particular en

la zona marítimo-terrestre. Véanse T. Quintana López, La

Privatización de los Terrenos de que ha sido Desalojado el

Mar, Revista de Administración Pública, núm. III, SeptiembreDiciembre 1986, pág. 384; R. Parada, Derecho administrativo:

Bienes públicos; Derecho Urbanístico, 7ma ed., T. III,

Madrid, 1998, pág. 164; J.L. Villar Palasi, Apuntes de

derecho administrativo, Facultad de Derecho, Madrid, pág. 66.

Véase además, la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de

CT-2008-04

34

622-623; Exposición de Motivos, Ley de Aguas española de

1866. Véase además, E. Desdentado Daroca, La expropiación de

los enclaves privados en el litoral, supra, pág. 24-34.

Más aún, la Ley de Puertos de 1886 claramente dispone en

su Artículo 7 que “[l]os terrenos de propiedad particular

colindantes con el mar o enclavados en la zona marítimoterrestre, están sometidos a la servidumbre de salvamento y

de

vigilancia

litoral”

(Énfasis

nuestro).

Nuevamente,

el

ordenamiento clasificatorio establecido por dicha legislación

especial

reconoce

la

posibilidad

de

ostentar

propiedad

privada sobre terrenos que, de ordinario, se considerarían

como

bienes

de

dominio

público.

De

hecho,

este

Tribunal

estableció en Rubert Armstrong v. ELA, supra, pág. 630, que

los manglares, o marismas de la zona marítimo-terrestre no

son, por su sola condición de manglares, “bienes de dominio y

uso público de los de aquella naturaleza que están fuera del

alcance del comercio de los hombres”. En ese caso, luego de

examinar las referidas legislaciones especiales, reconocimos

la posibilidad de que exista propiedad y título particular

sobre dichos bienes en determinadas circunstancias.

De otra parte, el Capítulo VI de la referida Ley de

Puertos

-titulado

particulares”claramente

“De

estableció

reconoce

la

las

un

obras

construidas

por

esquema

administrativo

que

posibilidad

de

realizar

obras

_____________________________

Costas Española de 1988. La doctrina jurisprudencial española

también ha reconocido la posibilidad de enclaves privados en

la zona marítimo-terrestre al amparo de la mencionada

legislación

hídrica.

Véanse,

a

modo

ilustrativo,

las

sentencias del Tribunal Supremo español (STS) del 20 de abril

de 1959 (RJ 1959 4309), 18 de junio de 1965 (RJ 1965 3338),

19 de junio de 1967 (RJ 1967, 3171), 13 de octubre de 1981

(RJ 1981 3737), 20 de enero de 1993 (RJ 1993, 447).

CT-2008-04

35

permanentes a título particular en terrenos que en otros

supuestos podrían considerarse como enclavados en la zona

marítimo-terrestre

o

como

bienes

de

dominio

nacional

y

público. Por ejemplo, el Artículo 38 establece que “[e]n

ningún punto de las costas, playas, puertos y desembocaduras

de los ríos, ni en las islas formadas en la zona marítima, se

podrán ejecutar obras nuevas, de cualquier especie que fueren

ni construirse edificio alguno sin la competente autorización

con

arreglo

a

lo

establecido

en

esta

Ley”.

(Énfasis

nuestro).27

Asimismo, y en lo pertinente al caso de autos, resulta

reveladora la única mención que hizo la Ley de Puertos de

1886 en cuanto a los terrenos ganados al mar. El Artículo 57

de la referida ley dispuso que:

[e]n las concesiones de obras en los puertos con

los cuales se ganen terrenos al mar, se exceptuará

siempre de los que se reconozcan de propiedad del

concesionario la parte necesaria para la zona de

servicio a que se refiere el artículo 34, la cual

quedará propiedad del Estado. (Énfasis nuestro).

27

Por otro lado, el Artículo 42 de la Ley de Puertos

requería que cuando las construcciones fueran de carácter

permanente, la autorización la tendría que otorgar el

Ministro de Ultramar, en consulta con el Ministro de la

Marina. Asimismo, el Artículo 45 establecía que estos

funcionarios tenían la facultad para autorizar la formación

de “salinas, fábricas, y otros establecimientos que en todo o

en parte ocupen terrenos de dominio público o con destino al

servicio particular”. A su vez, el Artículo 51 de la referida

Ley de Puertos establecía un esquema administrativo para la

concesión de permisos para desecar y aprovechar las marismas

que fueran propiedad del Estado o de particulares. Más aún,

el Artículo 55 declaraba que estas concesiones en las

marismas

se

otorgarían

sin

pública

licitación

y

a

perpetuidad. Es decir, dicha ley contemplaba la posibilidad

de que las entidades gubernamentales con jurisdicción

pudieran autorizar y permitir la ejecución de obras nuevas en

los bienes antes mencionados, e incluso contemplaba que se

rescataran los terrenos sumergidos en las marismas.

CT-2008-04

36

Como se puede apreciar, la intención legislativa que se

colige del mencionado artículo es excluir de la propiedad

particular

proveerle

de

un

servicio

individuo

a

los

el

espacio

buques,

pues

necesario

los

para

puertos

se

consideraban como bienes de dominio público en virtud de la

misma ley. Artículo 4, Ley de Puertos de 1886.

Dicha salvedad establecida para los terrenos ganados al

mar en los puertos era precisamente la excepción a la regla

general que establecía el Artículo 2 de la Ley de Aguas

Española de 1866 y que se reiteró mediante la Real Orden del

20 de agosto de 1883, la cual disponía para la atribución de

la propiedad de los terrenos ganados al mar a quien hubiere

realizado las obras de relleno o desecación con el permiso

correspondiente. Esta Orden, decretada de forma aclaratoria

después de la aprobación de la Ley de Puertos española de

1880, establecía que los terrenos ganados al mar litoral

fuera de los puertos con obras construidas por el Estado o

particulares

competentemente

autorizados

propiedad

la

los

de

entidad

que

hubiere

para

ello

llevado

serían

a

cabo.

Colección Legislativa de España, Madrid, Tomo CXXXI, 1884,

pág. 398.

Para atender la falta de regulación específica de la Ley

de Puertos de 1886 en cuanto a los terrenos ganados al mar

fuera de los puertos, y en virtud del Artículo 2 del Real

Decreto que extendió la referida legislación a Puerto Rico,

el Ministro de Ultramar dictó una Instrucción que calcó, en

esencia,

el

mismo

texto

de

la

Real

Orden

antes

citada.

Colección Legislativa de España, Madrid, 1887, Tomo 136, 2da

CT-2008-04

parte,

pág.

37

1124.

El

Artículo

22

de

dicha

Instrucción

disponía que

Los terrenos ganados al mar litoral fuera de los

puertos con obras construidas por el Estado, las

provincias,

los

Municipios

o

los

particulares,

competentemente autorizados serán de propiedad de la

entidad que los hubiere llevado a cabo[…] (Énfasis

nuestro).

Es

incuestionable,

pues,

que

esta

última

regla

-también

adoptada por el Rey mediante la Real Orden de 10 de mayo de

1886-

estableció

una

norma

administrativa

que

reafirmaba

y

aclaraba con certeza jurídica el esquema privatizador de la

mencionada legislación decimonónica en cuanto a los terrenos

ganados al mar y su aplicación expresa a Puerto Rico.28

28

El Real Decreto de 5 de febrero de 1886 que hizo

extensivo a Puerto Rico la Ley de Puertos de 1880, disponía

en su Artículo 2 que “[e]l Ministro de Ultramar dictará la

Instrucción para ejecución de la ley, y dará cuenta á las

Cortes del presente decreto.” Posteriormente, el Ministro de

Ultramar promulgó la referida Instrucción, y ésta se aprobó y

se hizo extensiva a Puerto Rico mediante Real Orden de 10 de

mayo de 2006. Colección Legislativa de España, Madrid, Tomo

CXXXVI, Segunda Parte, 1887, págs. 1116-1117. Publicada en la

Gaceta de Madrid, 19 de mayo de 1886, No. 139, 1886/03882.

Este instrumento jurídico, la Instrucción, comparte en

este caso los requisitos que condicionan el ejercicio de la

potestad reglamentaria. Así, esta Instrucción no se limita a

definir la organización interna del órgano administrativo y

dirigir su actividad como la de sus funcionarios, sino que

regula derechos y deberes de los particulares, así como

refleja también normas interpretativas de la legislación de

puertos que vincularán desde luego, a la Administración.

Además, se promulga en virtud del Real Decreto de 5 de

febrero de 1886 que hizo extensiva la Ley de Puertos a Puerto

Rico y que ordenó al Ministerio de Ultramar a dictar la

correspondiente Instrucción para su ejecución.

Finalmente, una vez promulgada se publicó en la Gaceta de

Madrid, por lo cual podemos concluir que la misma encubre

verdaderamente un auténtico reglamento. F. Garrido Falla,

Tratado de Derecho Administrativo, Revista de Administración

Pública, Núm. 48, 1965, págs. 107 et. seq. Cf., M. Moreno

Rebato, Circulares, Instrucciones y Ordenes de Servicios:

Naturaleza y régimen jurídico, Revista de Administración

Pública, Núm. 147, 1998, págs. 159 et seq.

CT-2008-04

38

En vista de lo anterior, y a pesar de que los terrenos

sumergidos bajo los puertos y las aguas navegables no se

mencionan en las referidas leyes españolas, resulta evidente

que el estado de derecho vigente tras el cambio de soberanía

–el cual surge expresamente de la Ley de Puertos de 1886 y el

Artículo

22

de

propiedad

particular

incluso,

en

la

su

respectiva

zona

en

los

Instrucciónterrenos

contemplaba

ganados

marítimo-terrestre

en

al

mar,

la

e

determinadas

circunstancias.29

Es por ello que, conforme a la referida legislación

decimonónica, para que los terrenos ganados al mar puedan

considerarse como de dominio público, tendrían que formar

parte de la zona marítimo-terrestre aún después del acto de

desecación o relleno. Es decir, estos terrenos tendrían que

ser bañados por “el mar en su flujo y reflujo, en donde son

29

A modo ilustrativo, el estado de derecho antes

mencionado tuvo vigencia en España hasta finales del XX, pues

los Reglamentos de Puertos de 1912 y 1928, la Ley de Puertos

de 1928, así como la Ley de Costas del 26 de abril de 1969, no

alteraron la susceptibilidad patrimonial de los terrenos

ganados al mar o previamente sumergidos. Véase T. Quintana

López, La Privatización de los Terrenos de que ha sido

Desalojado el Mar, supra. De hecho, el Artículo 2 de la Ley de

Puertos española de 1928 concedía un derecho de tanteo a los

dueños colindantes de los terrenos ganados por accesiones o

aterramientos cuando el Ministerio de Hacienda desafectara y

enajenara los mismos. No fue hasta la aprobación de la Ley de

Costas y Puertos del 28 de julio de 1988, aprobada al amparo

del Artículo 132.2 de la Constitución Española de 1978, que

cambió la visión en cuanto a los terrenos ganados al mar.

Ello, dado que el Artículo 132.2 de la Constitución española

estableció expresamente que “[s]on bienes de dominio público

estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona

marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los

recursos naturales de la zona económica y la plataforma

continental” (Énfasis nuestro). No obstante, el Tribunal

Supremo español ha aclarado que ello no puede operar en

perjuicio de derechos adquiridos, pues la misma Constitución

impide que dicha norma tenga “trascendencia confiscatoria”.

STS del 10 de junio de 1996 (RJ 1996, 4752).

CT-2008-04

39

sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales en

donde no lo sean”. Artículo 1, Ley de Puertos de 1886.

Así,

pues,

al

examinar

el

derecho

puertorriqueño

aplicable al caso de autos, debemos ponderar si alguna ley

posterior de nuestro ordenamiento alteró o modificó el estado

de

derecho

antes

mencionado

para

la

fecha

en

que

se

realizaron las obras de relleno objeto de controversia.30 El

Procurador General sostiene que tanto las enmiendas al Código

Civil de Puerto Rico de 1902 provenientes de Louisiana como

la

aprobación

de

la

Ley

de

Puertos

de

dramáticamente

el

estado

de

derecho

relacionado

terrenos

ganados

al

clasificación

de

los

1928

mar

cambiaron

en

a

la

nuestra

jurisdicción. No le asiste la razón.

B

En primer lugar, debemos señalar que el Artículo 12 del

Código

Civil

de

1902

establece

que

sus

disposiciones

se

aplicarán de manera supletoria en las materias que se rijan

por leyes especiales. 31 L.P.R.A. sec. 12. Ante la vigencia

de

la

Ley

de

Puertos

de

1886

y

el

Artículo

22

de

su

respectiva Instrucción, es evidente que el Código Civil no

tuvo el efecto de derogar el estado de derecho que emanó de

tales leyes especiales en cuanto a los puertos y los terrenos

ganados al mar.31

30

Debemos señalar que es incontrovertible que las leyes,

ordenanzas

y

reglas

administrativas

españolas

antes

discutidas mantuvieron su vigencia en Puerto Rico luego del

cambio de soberanía en 1898, por mandato expreso de la

Sección 8 de la Ley Foraker, supra.

31

De hecho, el Tribunal Supremo de España resolvió en una

sentencia emitida el 6 de marzo de 1897 que la Ley de Puertos

de 1880, por referirse en su totalidad a una materia

CT-2008-04

40

No obstante, en casos sobre el carácter demanial y la

desafectación de los bienes relativos a la costa y a la zona

marítimo-terrestre,

este

Tribunal

ha

entendido

meritorio

acudir al Código Civil de manera supletoria, pues este cuerpo

normativo regula sistemáticamente la clasificación dominical

de los bienes y las cosas en nuestro ordenamiento jurídico,

incluyendo el mar y sus riberas. Rubert Armstrong v. ELA,

supra, pág. 631; Pueblo v. Dimas, supra, págs. 1072-1073. A

su vez, y aunque tenemos presente que la Ley de Puertos de

1886 y el Artículo 22 de su respectiva Instrucción configuran

el

estado

de

derecho

que

aplica

específicamente

a

los

terrenos ganados al mar, ello no impide que el Estado procure

la

afectación

posterior

de

tales

predios

patrimoniales

conforme al esquema normativo establecido por el Código Civil

para tales propósitos. Veamos.

Nótese que el Artículo 254 del Código Civil de 1930,

proveniente del Código Civil de Louisiana, dispone que “[l]as

cosas comunes son aquéllas cuya propiedad no pertenece a

nadie en particular y en las cuales todos los hombres tienen

libre su uso, en conformidad con su propia naturaleza: tales

son el aire, las aguas pluviales, el mar y sus riberas”. 31

L.P.R.A. sec. 1023. De otra parte, el Artículo 255 del Código

Civil dispone –de manera idéntica al Artículo 339(1) del

Código Civil español de 1889- que “[s]on bienes de dominio

público, los destinados al uso público, como los caminos,

canales, ríos, torrentes y otros análogos”. 31 L.P.R.A. sec.

_____________________________

especial, no fue derogada por el Código Civil. STS de 6 de

marzo de 1897, Jurisprudencia Civil, Colección completa de

las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, Tomo 81,

Madrid, 1897, pág. 439.

CT-2008-04

41

1024. Sin embargo, se omitió la segunda parte del Artículo

339 del Código Civil español de 1889 que disponía que también

eran

de

dominio

privativamente

al

público

los

bienes

Estado.

Conforme

que

al

le

pertenecían

nuevo

ordenamiento

establecido por el Código Civil de 1902, estos bienes dejaron

de ser considerados como bienes de dominio nacional y público

y sencillamente se reconocieron como bienes patrimoniales del

Estado. 31 L.P.R.A. sec. 1025. A su vez, el Artículo 256

dispone que son bienes de uso público “los caminos estaduales

y

los

vecinales,

públicas,

los

las

paseos,

plazas,

y

las

calles,

obras

fuentes

públicas

y

de

aguas

servicio

general, costeadas por los mismos pueblos o con fondos del

tesoro de Puerto Rico”. Id. Véanse además, Ortiz v. Municipio

de Naguabo, 108 D.P.R. 366, 369 (1979); E.L.A. v. Tribunal

Superior, 97 D.P.R. 644, 668-669 (1959).32

Es decir, a partir del año 1902 se estableció en Puerto

Rico

un

conforme

esquema

a

su

tripartito

de

susceptibilidad

de

clasificación

dominio

y

de

bienes

apropiación:

comunes, públicos o patrimoniales. Ello aparenta contrastar

con el régimen clasificatorio establecido por el estado de

derecho

español,

dominicales:

los

que

sólo

bienes

reconocía

públicos

y

dos

los

clasificaciones

bienes

privados.

Artículo 338, Código Civil español de 1889, supra.

A pesar de ello, el reconocimiento de la naturaleza

comunal de los bienes naturales como el aire y el mar no era

32

A pesar de que la enumeración provista por la

mencionada disposición no era de carácter taxativo, lo cierto

es que en Rubert Armstrong v. ELA, supra, pág. 631,

enfatizamos que el mencionado artículo “no mencionaba los

manglares ni marismas como tal” para fundamentar la

naturaleza patrimonial de los terrenos en controversia.

CT-2008-04

ajeno

al

42

ordenamiento

civil

español.

De

hecho,

Manresa

explica que el Código Civil de España obra correctamente al

prescindir de alusión alguna al dominio del mar por ser éste

un

bien

común,

universal

y

humano.

Sin

embargo,

este

tratadista critica que no se haya incluido en la enumeración

de bienes de dominio público al mar litoral, por entender que

éste

es

un

bien

susceptible

de

apropiación

sujeto

a

la

soberanía del Estado, como así lo reconoce la Ley de Puertos

de

1880.

Manresa,

Comentarios

al

Madrid, 8va ed., rev. 1976, T. III,

Ciertamente,

la

distinción

Código

Civil

Español,

pág. 117-118.33

primordial

entre

la

clasificación de las cosas bajo el estado de derecho español

que reconocía la Ley de Puertos y el Código Civil español era

el

carácter

relativo

y

mutable

de

éstas

en

y

fuera

del

comercio. Sin embargo, esta distinción se mantuvo intacta

bajo el esquema tripartito establecido por el Código Civil de

33

Por otro lado, el tratadista español Sabino Álvarez

Gendín postula que los bienes comunes y los bienes de dominio

público no se diferencian en prácticamente nada, salvo que

existe mayor facilidad para que los bienes de dominio público

se transformen jurídicamente en bienes patrimoniales. S.

Álvarez Gendín, El dominio público, Bosch, Barcelona, 1956,

pág. 208. De hecho, tanto los bienes comunes como los bienes

de dominio público son inalienables, imprescriptibles e

inembargables mientras no pierdan su clasificación demanial o

“en tanto que dura su afectación”. Véase Figueroa v.

Municipio de San Juan, 98 D.P.R. 534, 563 (1970); ELA v.

Tribunal Superior, supra, pág. 671; Scaevola, Código Civil,

Tomo XXXII (Vol. 1), págs. 359, 361 y 364, Ed. Reus, 1965;

Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo I (Vol.

2), pág. 839, 10ma. Ed. Reus, 1962. De otra parte, la propia

doctrina científica de Louisiana apunta a que los códigos

civiles modernos, como el de Alemania y España, obran

correctamente al prescindir de referencia alguna a los bienes

comunes, pues se entiende que la clasificación legal –y no

sus

características

inherentesdebe

ser

el

factor

determinante al pasar juicio sobre la susceptibilidad

patrimonial de las cosas. A.N. Yiannopoulos, 2 La. Civ. L.

Treatise, Property § 46 (4ta ed.); Staudinger-Dilcher,

Kommentar zum B.G.B. vor § 90 ann.27 (12ma ed. 1980).

CT-2008-04

43

1902, el cual cuenta con dos órdenes de cosas o bienes que

trascienden el alcance de la propiedad privada; a saber, las

cosas susceptibles de apropiación y las cosas no susceptibles

de apropiación. 31 L.P.R.A. sec. 1081.

Mientras

que

los

bienes

de

dominio

público

no

son

susceptibles de propiedad privada por virtud de la ley; los

bienes

comunes

enumerados

en

el

Artículo

254

no

son

susceptibles de apropiación particular por razón de su propia

naturaleza. De hecho, el Artículo 274 del Código Civil –

proveniente

del

Artículo

482

de

Louisiana-

establece

enfáticamente esta distinción, al disponer que

[e]ntre las cosas que no son susceptibles de

apropiación están comprendidas aquellas que no

pueden ser propiedad particular por razón de su

objeto, tales como las cosas en común o sean

aquéllas cuyo uso y disfrute pertenece a todos los

hombres.

Hay otras cosas, por el contrario, que aunque por

su

naturaleza

son

susceptibles

de

propiedad

particular,

pierden

esta

cualidad

como

consecuencia de la aplicación que de ellas se hace

para fines públicos incompatibles con la propiedad

privada, si bien pueden adquirir su primitiva

condición tan pronto cese el fin público que se

les hubiera dado; tales son los terrenos de la

carreteras, calles y plazas públicas. 31 L.P.R.A.

sec. 1082.34

Claramente, el esquema tripartito antes descrito

no

impide que los terrenos ganados al mar sean susceptibles de

34

Por otro lado, El Artículo 341 del Código Civil español

-aplicable en Puerto Rico desde 1890 hasta 1902- establecía

que “los bienes de dominio público, cuando dejen de estar

destinados al uso general o a las necesidades de la defensa

del territorio, pasan a formar parte de los bienes de

propiedad del Estado”. Por tanto, es evidente que el Fortín y

sus terrenos aledaños eran bienes de dominio nacional y

público conforme al estado de derecho español. No obstante,

el propio Código Civil contemplaba su desafectación cuando

cesara el uso militar, en cuyo caso pasarían a ser bienes

patrimoniales del Estado.

CT-2008-04

apropiación

44

patrimonial.

Ello,

dado

que

la

naturaleza

de

estos bienes tras ser rellenados o desecados posibilita su

apropiación física por un particular, independientemente de

que la ley no permita dicha apropiación.35 De hecho, en vista

de esta realidad conceptual es que tanto la Ley de Aguas

española como la Ley de Puertos de 1886 y el Artículo 22 de

su respectiva Instrucción permitían la mutación dominical de

los terrenos previamente sumergidos tras ser ganados al mar

mediante accesión o relleno, pues reconocían la posibilidad

de

ostentar

descubiertos

propiedad

mediante

la

particular

sobre

autorización

tales

predios

competente

de

las

agencias facultadas para ello.

De

conformidad

con

este

análisis,

Godreau

y

Giusti

comentan lo siguiente al discutir los bienes comunes y su

35

No se deben confundir los bienes comunes -que en su

generalidad universal y humanística no pueden ser objeto de

apropiación (el aire, el viento y el mar)- con los bienes de

dominio público “por su naturaleza”. Estos últimos, aunque

singular

y

técnicamente

podrían

ser

susceptibles

de

apropiación (un metro cuadrado del mar litoral o el cauce de

un río), el estado de derecho lo impide por mandato de la

ley. Véase M. Hauriou, Precis de Droit administratif et Droit

public, Paris, 1914, pág. 665, citado en S. Martín

Retortillo, Aguas Públicas y Obras Hidráulicas, Tecnos,

Madrid, 1966, págs. 231-232.

De conformidad con lo anterior, el Artículo 449 del

Código Civil de Louisiana, en referencia a los bienes

comunes, se refiere a los bienes que no son susceptibles de

apropiación por su naturaleza abundante y universal, como el

aire y el alta mar (“high seas”), y no al mar litoral. De

hecho, el mar litoral, las aguas navegables y los terrenos

sumergidos bajo éstas se enumeran en el Artículo 450 de dicho

Código como bienes públicos que le pertenecen al Estado en su

capacidad

pública,

precisamente,

por

su

naturaleza

susceptible de apropiación particular: “Public things that

belong to the state are such as running waters, the waters

and

bottoms

of

natural

navigable

water

bodies,

the

territorial sea, and the seashore”. Art. 450, La. Civ. Code.

CT-2008-04

45

entrelazamiento con las disposiciones de las leyes especiales

aplicables:

Respecto al mar y sus riberas, aunque son bienes

de dominio público, también están sujetos a

determinados regímenes especiales. Así, en lo

que respecta a la titularidad de las playas, hay

que referirse a la antigua Ley de Aguas española

de 1866, modificada en 1879, según la cual éstas

eran

susceptibles

de

apropiación

por

los

particulares y quienes únicamente tenían que

tolerar servidumbres de pesca y de salvamento a

lo

largo

de

una

estrecha

franja.

Igual

concepción permeaba la Ley de Puertos de 1880,

que empezó a regir en Puerto Rico a partir del

1886. M. Godreau y J.A. Giusti, Las concesiones

de la Corona y propiedad de la tierra en Puerto

Rico, Siglos XVI-XX: Un estudio jurídico, 62

Rev. Jur. U.P.R. 351, 560 (1993) (Énfasis

nuestro).

Es decir, indudablemente el uso del mar es común de

todos los seres humanos y que por virtud de su naturaleza, no

es

susceptible

de

apropiación

patrimonial.

Como

explica

Manresa, “[e]l mar, en efecto, tiene la condición de aquellas

cosas que, según las leyes naturales, no pueden ser objeto de

un dominio exclusivo”. Manresa, supra, pág. 115.36 Por otro

lado, el mar litoral, o el mar cercano a las costas, está

sujeto al régimen especial que estableció la Ley de Puertos

de 1886 y la normativa hídrica especial antes mencionada.

36

Es menester señalar que el concepto jurídico del mar

como bien común de la humanidad tiene su origen en el derecho

romano, por lo que fue posteriormente adoptado en las Tercera

Partida del Rey Alfonso el Sabio e incorporado marginalmente

en las leyes hídricas decimonónicas en referencia al carácter

demanial del mar litoral. Rubert Armstrong v. ELA, supra,

pág. 617. No obstante, debemos aclarar que conforme al

derecho internacional público, este concepto se refiere a los

fondos marinos y submarinos situados fuera de la jurisdicción

de los Estados. Véase Resoluciones 2749 y 2750 del XXV

período ordinario de la Asamblea General de las Naciones

Unidas, 1970. Véase además, A. Vázquez Arrizosa, El Nuevo

Derecho del Mar, Temis, Bogotá, 1976, págs. 192-193. En el

caso de Puerto Rico, la jurisdicción sobre sus mares se

extiende a tres (3) millas náuticas. 94 Stat. 91, 48 U.S.C.

sec. 749.

CT-2008-04

46

Ello es así, pues las playas no son un ente estático en

términos científicos ni jurídicos. Con el pasar del tiempo y

por virtud de los fenómenos geológicos y ambientales, la

marea fluctúa y altera el espacio comprendido por la zona

marítimo-terrestre, según se define en la Ley de Puertos de

1886. Precisamente de esta premisa se desprende la política

pública

instituida

por

Artículo

22

respectiva

de

su

la

Ley

de

Puertos

Instrucción

de

en

1886

y

el

cuanto

a

la

susceptibilidad patrimonial de los terrenos ganados al mar.

Ya

sea

ocasionados

por

causa

de

naturalmente

las

por

accesiones

el

mar,

o

o

por

aterramientos

las

obras

de

relleno o desecación para ganar terreno autorizadas por el

Estado, las leyes especiales antes mencionadas contemplaban y

regulaban

expresamente

permitía

la

susceptibilidad

circunstancias

Escriche,

la

de

los

Diccionario

nueva

naturaleza

patrimonial

terrenos

ahora

Razonado

en

física

determinadas

descubiertos.

de

que

Véase

Legislación

y

Jurisprudencia, París, 1853, pág. 1249. Como señala Fernando

Garrido

Falla,

no

hay

duda

que

una

pequeña

parcela

de

terreno, aunque se encuentre enclavada en la zona marítimoterrestre,

puede

ser

poseída

y

rendir

utilidad

a

un

particular. Esta realidad física basta para probar que su

naturaleza es susceptible de apropiación particular. Véase F.

Garrido Falla, Comentarios al Código Civil y Compilaciones

Forales, Dirigido por M. Albaradejo,

Tomo V, Vol. 1, pág.

62.37

37

Más aún, existe un consenso entre los tratadistas

españoles de que –a la luz del Código Civil y la Ley de

Puertos de 1880- si se retira el mar surge una nueva zona

CT-2008-04

47

Al no poderse clasificar los terrenos ganados al mar

como bienes comunes, se justificaba normativamente el esquema

privatizador para tales predios que estableció la Ley de

Puertos

de

1886

y

el

Artículo

22

de

su

respectiva

Instrucción. Por tanto, es forzoso concluir que dicho régimen

especial –el cual mantuvo su vigencia incluso después de la

aprobación

del

Código

Civil-

impide

expresamente

tal

clasificación demanial.

Además, los terrenos ganados al mar tampoco se pueden

considerar,

sólo

por

esa

condición

previa

de

terrenos

sumergidos, como bienes de dominio y uso público de los de

aquella naturaleza que están fuera del alcance del comercio

de los hombres, según éstos se definen por los Artículos 255

y 256 del Código Civil de 1930. 31 L.P.R.A. secs. 1024, 1025;

Rubert Armstrong v. ELA, supra. Ello es más evidente aún,

pues el régimen especial aplicable que se desprende la Ley de

_____________________________

marítimo-terrestre, convirtiéndose el espacio libre en un

terreno sobrante que puede quedar desafectado y transformado

en un bien patrimonial. Al respecto, García de Enterría

comenta que la extensión de la zona marítimo-terrestre

dependerá, en cada momento, con relación a la

misma parcela de terreno, de la situación del

mar, que no es siempre la misma, sino variable,

según el movimiento de la arena de los fondos,

según la erosión, el aluvión, etc. […] Debe

entenderse que estos espacios libres son

terrenos perfectamente patrimoniales, en cuanto

a que han perdido su calidad de zona marítimoterrestre […]

E. García de Enterría, Dos

Estudios

Sobre

la

Usucapión

en

Derecho

Administrativo, Editorial Tecnos, Madrid, 1974,

pág. 120.

Véanse, además, L. Diez Picazo, Estudios sobre la

Jurisprudencia Civil, Madrid, 1969, vol. II, págs. 39-40; F.

Garrido Falla, supra, pág. 85; S. Álvarez Gendín, supra,

págs. 79-83; Sainz Moreno, Dominio Público Estatal de las

Playas y Zona Marítimo Terrestre, RAP, 1982, págs. 237-239.

CT-2008-04

48

Puertos de 1886 y el Artículo 22 de su respectiva Instrucción

proveía para que los terrenos ganados al mar fueran propiedad

particular de quienes hubiesen realizado la obra de relleno

con autorización competente. Por consiguiente, los terrenos

ganados al mar no pueden ser automáticamente considerados

como bienes de dominio público conforme al estado de derecho

antes mencionado si tales predios no satisfacen la definición

jurídica del concepto zona marítimo-terrestre que estableció

y delimitó la referida legislación hídrica del siglo XIX.

C

Por otro lado, debemos examinar si las disposiciones de

la Ley de Muelles y Puertos de 1928 relativas a los terrenos

ganados

al

mar

son

incompatibles

con

los

preceptos

instituidos sobre los mismos por la Ley de Puertos de 1886.38

En lo pertinente a los terrenos ganados al mar, la Sección

47(b) de la Ley de Puertos de 1928 estableció las facultades

de

los

Capitanes

de

Muelles,

al

disponer

que

estos

funcionarios tendrían la función y responsabilidad de:

[v]igilar por sí y con su [sic] auxiliares, por

la conservación de los muelles, malecones,

terraplenes y porque tanto éstos como los

terrenos públicos que forman la zona marítima y

los terrenos agregados a ella o ganados al mar,

sean conservados y no sean ocupados sin el

consentimiento

del

Comisionado

del

Interior[…](Énfasis nuestro).

De dicho articulado no se colige una nueva definición de

la

zona

38

marítimo-terrestre

ni

una

modificación

a

la

Nótese que la Ley de Muelles y Puertos no derogó en su

totalidad la Ley de Puertos de 1886, pues este Tribunal ha

resuelto que las leyes portuarias aprobadas con posterioridad

a

dicha

legislación

decimonónica

deben

interpretarse

conjuntamente para determinar si las disposiciones de la

primera aún son aplicables. López Sobá v. Fitzgerald, supra.

CT-2008-04

49

susceptibilidad patrimonial o la naturaleza dominical de los

terrenos ganados al mar, según contemplaban la Ley de Puertos

de 1886 y el Artículo 22 de su respectiva Instrucción. Esta

ley sólo establecía un sistema administrativo para el manejo

de los muelles y los puertos, por lo que dicha disposición se

refiere exclusivamente a ciertos deberes y facultades de un

funcionario público.39

Ahora bien, con posterioridad a los actos de relleno

bajo

nuestro

escrutinio,

en

el

año

1968

la

Asamblea

Legislativa aprobó una ley que por primera vez mencionaba

expresamente

los

terrenos

ganados

al

mar

como

parte

del

concepto jurídico de la zona marítimo-terrestre. La Ley Núm.

151 del 28 de junio de 1968, conocida como la Ley de Muelles

y Puertos de 1968, establecía las funciones y los deberes de

la

Autoridad

de

los

Puertos

y

del

Secretario

de

Obras

Públicas sobre la zona marítimo-terrestre. 23 L.P.R.A. secs.

2101-2801.

En lo pertinente al caso de autos, el Artículo 1

de la

referida ley definió y delimitó la zona marítimo-terrestre

como el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar

en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y

39

De hecho, en López Sobá v. Fitzgerald, supra, aclaramos

que las leyes de puertos posteriores a la Ley de Puertos de

1886, incluyendo la Ley de Puertos de 1928, “solamente

reglamentan el servicio de muelles y puertos de la isla”, sin

regular asuntos sustantivos sobre la titularidad de los

bienes aledaños a la costa. De otra parte, este Tribunal ha

expresado que “la intención del legislador en dicha

disposición no fue otra […]que prohibir, a menos que se haya

obtenido un permiso escrito del Comisionado del Interior, la

construcción, en las orillas de los puertos, bahías o radas,

y en los terrenos públicos que forman la zona marítima y en

los terrenos agregados a ella o ganados al mar”. Pueblo v.

del Valle, supra, pág. 189 (Énfasis nuestro).

CT-2008-04

50

las mayores olas en los temporales en donde las mareas no son

sensibles,

incluyendo

los

terrenos

ganados

al

mar

y

las

márgenes de los ríos “hasta el sitio en que sean navegables o

se hagan sensibles las mareas”. 23 L.P.R.A. sec. 2103(n).

Véase además, Mun. de San Juan v. J. C. A., 152 D.P.R. 673

(2000). No obstante, dicha ley no tiene ningún efecto sobre

el caso de autos, pues expresamente dispone en su Sección

1.11

que

la

misma

afectará

“[n]o

derechos

adquiridos

u

obligaciones incurridas por la Autoridad o persona alguna

bajo

la

legislación

anterior

[…]”

23

L.P.R.A.

sec.

2111

(Énfasis nuestro).40

Así las cosas, y por todo lo antes expuesto, no cabe

duda de que el estado de derecho en Puerto Rico sobre los

terrenos ganados al mar para la fecha en que se realizaron

las

obras

de

relleno

en

ambas

parcelas

se

desprendía

exclusivamente de la Ley de Puertos de 1880 y el Artículo 22

de la Instrucción promulgada a tenor con el Artículo 2 del

Real Decreto de 5 de febrero de 1886, la cual se aprobó y se

extendió a Puerto Rico mediante la Real Orden de 10 de mayo

de

1886.

Por

consiguiente,

resulta

forzoso

resolver

la

controversia de autos en cuanto al Condado Bay Parcel bajo

dichos estatutos y la doctrina civilista aplicable.

V

La

doctrina

civilista

antes

examinada

nos

lleva

a

concluir que como consecuencia de su naturaleza susceptible

de

mutación

40

dominical

y

apropiación

particular

tras

ser

Por tanto, es innecesario examinar el alcance de la

definición de zona marítimo-terrestre que se desprende de la

referida legislación de 1968, pues dicha ley especial no es

de aplicación al caso de autos.

CT-2008-04

51

ganados al mar, los terrenos sumergidos bajo aguas navegables

son, como máximo, bienes de dominio y uso público por virtud

del ordenamiento jurídico instituido por la Ley de Puertos de

1886 y el Código Civil de Puerto Rico. 31 L.P.R.A sec. 1024.

No obstante, tal como explicamos antes, los terrenos ganados

al mar no se pueden considerar, por esa sola condición de

provenir

del

mar

litoral,

como

bienes

de

dominio

y

uso

público de los de aquella naturaleza que están fuera del

alcance del comercio de las personas. Aclarado lo anterior,

nos

corresponde

terrenos

determinar

sumergidos

que

si

en

el

caso

posteriormente

se

de

autos,

ganaron

los

al

mar

fueron debidamente desafectados conforme al estado de derecho

vigente para la fecha en que se realizaron los rellenos en el

Condado Bay Parcel.

A

En el estado de derecho puertorriqueño aún impera una

bifurcación entre los bienes de dominio público y los bienes

patrimoniales que permite la mutación dominical de las cosas

mediante actos de afectación y desafectación. 31 L.P.R.A.

1082.

En

nuestro

ordenamiento

civilista,

la

afectación

implica que una cosa queda destinada a un fin de interés

público y adquiere la clasificación jurídica particular de

bien de dominio público. Id.; Figueroa v. Municipio de San

Juan, supra. Véase además, M. Ballbé, Concepto del dominio

público, Barcelona: Bosch, 1945.

El acto de afectación se desprende de una declaración

del

legislador

(Código

Civil,

Ley

de

Puertos,

etc.)

o

mediante actos administrativos realizados por el Estado bajo

CT-2008-04

la

52

autorización

de

alguna

ley

(como

por

ejemplo,

la

construcción de una plaza o de un cementerio). En vista de

ello,

la

clasificación

demanial

puede

responder

exclusivamente a la propia naturaleza de la cosa sin que se

requiera ningún acto ulterior del soberano, como sería el

caso de los ríos y los torrentes, pues su afectación está

definida

de

modo

general

en

la

ley

con

relación

a

determinadas circunstancias físicas o naturales. 31 L.P.R.A.

sec. 1024. En otros casos, la afectación responde al acto

singular del soberano para construir o establecer un inmueble

para

fines

públicos,

como

por

ejemplo,

las

carreteras

estatales o cementerios municipales.41

Según el profesor Godreau, el uso público es el factor

definitorio en la clasificación de estos bienes, pues

[e]l carácter de dominio público de un bien no

depende de su naturaleza física o geológica. Lo

determinante es su finalidad: el uso público del

mismo. De ahí que un bien, originalmente de

dominio público, pueda transformarse en bien

patrimonial, susceptible de enajenación, si su uso

cesa de ser público. M. Godreau y J.A. Giusti,

supra, pág. 563. (Énfasis nuestro).

Por consiguiente, la desafectación es el acto contrario

a la afectación, que produce el efecto de la pérdida de la

clasificación de dominio público del bien objeto de dicho

acto.

Como

mencionamos

anteriormente,

la

desafectación

contemplada por el Artículo 274 del Código Civil de Puerto

Rico requiere que para adquirir una condición patrimonial, el

41

Véase, por ejemplo, Balzac v. Registrador, 51 D.P.R.

757, 759 (1937). Véase además, F. Garrido Falla, Comentarios

al Código Civil y Compilaciones Forales, Dirigido por M.

Albaradejo, Tomo V, Vol. 1, págs. 56-57; A. Guaita, Derecho

Administrativo: Aguas, montes, minas, 2da edición, Civitas,

págs. 24-34; García de Enterría, supra, pág. 117.

CT-2008-04

53

bien de dominio público susceptible por su naturaleza de

propiedad particular cese el fin público que se le hubiera

dado. 31 L.P.R.A. 1082. Véase además, Balzac v. Registrador,

supra.

La

doctrina

civilista

española

sobre

los

bienes

de

dominio público establece que la desafectación procede del

mismo modo en que tuvo lugar la afectación. Es decir, la

mutación dominical ocurre por virtud de la ley, por actos

administrativos, o por cambios en las condiciones naturales

de los bienes que los excluyen de lo previsto en la ley.42 S.

Álvarez Gendín, El Dominio Público, supra, pág. 41. De otra

parte,

supremo

Manresa

indica

ordenador

que

“la

función

jurídico

de

la

del

Estado,

sociedad,

como

entraña

la

facultad de distinguir las cosas públicas y de determinar, en

virtud de su soberanía, el destino propio de los medios”.

Manresa, supra, pág. 128.

Conforme

a

la

doctrina

española,

el

acto

de

desafectación puede ser realizado tanto por una autoridad

legislativa o una entidad administrativa, siempre y cuando

ésta tenga competencia para ello. Más aún, se entiende que el

destino de las cosas no depende tanto de una declaración

expresa ejecutiva o administrativa, sino del uso público que

se

le

concede

a

las

mismas.

Cuando

el

uso

público

cesa

respecto a determinados bienes, cesa también su clasificación

de

dominio

42

público.

Manresa,

supra,

pág.

129;

García

de

Por otro lado, se ha postulado que tanto la afectación

y la desafectación de las cosas al uso público resultará

simplemente de las puras circunstancias de hecho del uso o

del no uso, sin precisión alguna de fórmulas sacramentales.

García de Enterría, supra, pág. 101.

CT-2008-04

Enterría,

54

La

supra.

generalmente

particular

desafectación,

implica

del

Estado

que

los

para

sea

bienes

regirse

expresa

pasan

por

o

tácita,

al

patrimonio

leyes

especiales

administrativas, como lo sería la Ley de Puertos y la Ley de

Aguas.

Asimismo,

la

bienes

implica

que

inalienabilidad,

transformación

éstos

patrimonial

pierden

imprescriptibilidad

su

e

de

carácter

tales

de

inembargabilidad.

Figueroa v. Municipio de San Juan, supra.

De otra parte, es menester señalar que la desafectación

de los bienes que son de dominio público “por su naturaleza”

requiere que éstos pierdan la condición que justifica su

inclusión en el dominio público. Garrido Falla explica que

para que ocurra esta mutación dominical tienen que mediar

unas modificaciones topográficas artificialmente introducidas

por un particular (como lo sería la alteración de un cauce de

un río que deja al descubierto el antiguo álveo o el relleno

y desecación de una marisma), o unas alteraciones naturales

de sus condiciones físicas (como lo sería, por ejemplo, la

retirada del mar, que supondría simultáneamente la retirada

de

la

zona

tratadista,

en

marítimo-terrestre).

Según

estos

duda

casos

no

hay

el

de

que

mencionado

se

puede

producir una desafectación, siempre y cuando se cumpla con el

esquema administrativo contemplado por el régimen especial

aplicable.43 En el caso de los terrenos ganados al mar, dicho

43

Asimismo, se ha reconocido que la Ley de Aguas y la Ley

de Puertos contemplaban la desafectación por la “consumación

de efectos”. García de Enterría, supra, pág. 115. Los

terrenos ganados al mar no son necesariamente espacios

naturales de la zona marítimo-terrestre, pues las obras de

relleno o de desecación producen una transformación de las

características físicas y naturales que pueden excluir al

CT-2008-04

55

esquema proviene de la Ley de Puertos de 1886 y el Artículo

22 de su respectiva Instrucción. Véase Garrido Falla, supra,

págs. 84-85.

B

Se

desprende

de

dicha

doctrina

que

la

desafectación

contemplada por el Artículo 274 del Código Civil de Puerto

Rico puede ocurrir por virtud de un acto de soberanía, ya sea

mediante la aprobación de una ley a tales efectos o mediante

un acto administrativo con los poderes delegados para ello; o

por virtud de los cambios en la condición natural de los

bienes que los excluyan de la clasificación contemplada por

la propia ley. El factor fundamental para la desafectación

debe ser que haya cesado el fin público que se le hubiera

dado al bien objeto de desafectación. 31 L.P.R.A. sec. 1082.

De

hecho,

nuestro

ordenamiento

puede

requerir

una

combinación de las modalidades de desafectación para que ésta

proceda conforme a derecho. En lo referente a los terrenos

sumergidos, los cuales consideramos bienes de dominio público

“por

su

naturaleza”

por

mandato

del

Código

Civil,

hemos

observado que el estado de derecho vigente para la fecha en

que se realizaron los rellenos en el Condado Bay Parcel –que

se desprende exclusivamente de la Ley de Puertos de 1886 y el

_____________________________

predio rescatado de la mencionada definición jurídica. A modo

ilustrativo, la Ley de Costas española de 1988 reconoce esta

característica particular de los terrenos ganados al mar en

su Disposición Transitoria Segunda, la cual garantiza los

derechos adquiridos sobre los mismos si existe un título

administrativo suficiente. Así, pues, se excluyen los

terrenos rellenados bajo propiedad particular del régimen de

expropiación en la zona marítimo-terrestre contemplado por el

estado de derecho español introducido por la Constitución de

1978 y la Ley de Costas de 1988. E. Desentado Daroca, supra,

págs. 62-63.

CT-2008-04

Artículo

56

22

de

su

respectiva

Instrucción-

contemplaba

la

posible desafectación de éstos al transformarse en terrenos

ganados al mar. Para que procediera la desafectación, no tan

sólo

se

requería

la

degradación

de

la

naturaleza

de

los

terrenos sumergidos mediante actos de accesión u obras de

desecación y relleno, sino que se requería el cumplimiento

con un esquema administrativo establecido por la referida

legislación hídrica española.

Dicha conclusión se desprende de la doctrina civilista

antes mencionada, integrada con la normativa que estableció

tanto la Ley de Aguas española de 1866 como la Ley de Puertos

de

1886

y

el

legislaciones

Artículo

hídricas

22

de

su

Instrucción.

formularon

el

estado

de

Estas

derecho

aplicable al caso de autos, el cual claramente contemplaba la

posibilidad

de

que

los

terrenos

ganados

al

mar

litoral

mediante obras construidas por el Estado, los Municipios o

los particulares competentemente autorizados para ello fueran

propiedad de la entidad que los hubiere llevado a cabo.44

Es decir, la desafectación de los terrenos sumergidos en

aguas navegables no tan sólo requiere un acto de alteración a

su

naturaleza

44

que

justifique

la

nueva

clasificación

De hecho, este Tribunal resolvió una demanda sobre la

titularidad de unos terrenos ganados al mar a favor del

Estado y en contra de la persona que rescató los terrenos

sumergidos mediante la desecación y relleno de manglares,

pues tales actos fueron voluntarios y no se demostró “que

estuvieran autorizados por el Estado Español”. Pueblo v.

Dimas, 18 D.P.R. 1061 (1912). Véase además, a modo

ilustrativo, la sentencia del 23 de marzo de 1972, Aranzadi

núm. 1562, en la que el Tribunal Supremo de España expresó

que “[l]os terrenos ganados al mar como consecuencia de obras

construidas por particulares competentemente autorizados

serán propiedad de quien las hubiere ejecutado, principio

sancionado por la jurisprudencia de todos los tiempos […]”.

CT-2008-04

57

patrimonial, sino que requiere un acto administrativo que

autorice y convalide tales obras de degradación artificial.

Para ello, varias disposiciones de la Ley de Puertos de 1886

y

su

respectiva

Instrucción

establecían

un

esquema

administrativo con relación a la concesión de permisos y

autorizaciones para la construcción de obras permanentes en

las costas, puertos, marismas y otros terrenos enclavados en

la zona marítimo-terrestre a título particular. A. Guaita,

Derecho Administrativo: Aguas, montes, minas, supra, págs.

30-31.

La Ley de Muelles y Puertos de 1928 sólo alteró este

esquema en el sentido de sustituir al Ministerio de Ultramar

y de la Marina por el Comisionado de Interior del gobierno

insular de Puerto Rico.45 Sin embargo, y contrario a lo que

aduce el Procurador General,46 no hemos encontrado ninguna

fuente jurídica en el estado de derecho puertorriqueño que

exija una declaración expresa de la Asamblea Legislativa para

45

A

su

vez,

el

Comisionado

del

Interior

fue

posteriormente

sustituido

por

el

Secretario

de

Obras

Públicas. Ley Núm. 6 del 24 de julio de 1952.

46

Para ello, cita al Tribunal Supremo de Louisiana en

State ex rel. Guste v. Board of Commissioners of Orleans

Levee District, 456 So.2d 605 (La. 1984) y sugiere que

adoptemos su raciocinio normativo. No obstante, es evidente

que dicha analogía es totalmente improcedente e inaplicable

al contexto puertorriqueño, pues ese caso se refiere

específicamente a varias enmiendas constitucionales aprobadas

en Louisiana en la primera mitad del siglo XX cuyo propósito

era conceder un mandato amplio a las agencias pertinentes

para realizar varias obras de dragado y relleno a título

patrimonial. Lo que en esencia sugiere el Procurador al citar

la jurisprudencia de ese estado es que la desafectación de

los terrenos ganados al mar requiere de una enmienda

constitucional que sea clara y expresa en cuanto a su

intención de desafectar dichos bienes o de transferir su

titularidad.

CT-2008-04

58

que proceda la desafectación de los terrenos ganados al mar

cuando éstos dejan de ser un bien de dominio público “por su

propia naturaleza” tras la autorización administrativa de la

entidad pública con jurisdicción para ello.47

De conformidad con el estado de derecho antes examinado,

es evidente que el Condado Bay Parcel constituye un terreno

ganado

al

mar

que

fue

debidamente

desafectado

en

su

totalidad, por lo que no puede ser clasificado como un bien

de dominio público. Las obras de relleno realizadas en la

década de los cincuenta que crearon dicha parcela -con el

47

Para fundamentar esta teoría, el Procurador indica que

la desafectación no puede darse “arbitrariamente o sólo

mediante la determinación del funcionario o de la entidad que

tenga su custodia”, pues alega que será necesario que la

inutilidad surja de fenómenos naturales, o que medie un acto

legislativo declarando el cese de tal inutilidad. M. Godreau

y J.A, Giusti, supra, pág. 563. Para sustentar esta premisa,

se refiere al Artículo VI, Sección 9 de la Constitución. Art.

VI, sec. 9, Const. ELA, L.P.R.A. Tomo 1. La citada cláusula

constitucional requiere que la enajenación de propiedades del

Estado y el desembolso de fondos públicos se haga para fines

públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las

instituciones del Estado. Aponte Hernández v. Acevedo Vilá,

res. 16 de febrero de 2006, 2006 T.S.P.R. 24. Sin embargo,

esta cláusula constitucional no regula la clasificación

jurídica o posible desafectación de los bienes de dominio

público. Véase Asociación Pro Control de Acceso Calle

Maracaibo v. Cardona, 144 D.P.R. 1 (1997).

Este Tribunal ha establecido que los bienes de dominio

público no son susceptibles de enajenación ni posesión

privada, por lo que el Estado no puede disponer de ellos

mientras mantengan tal carácter. Caquías v. Asoc. Res.

Mansiones Río Piedras, 134 D.P.R. 181. 292 (1993); Rubert

Armstrong vs. ELA, supra, pág. 616; Ortiz Carrasquillo vs.

Municipio de Naguabo, supra, pág. 369; Balzac v. Registrador,

supra, pág. 759. Además, nótese que todas las enajenaciones

en cuestión se hicieron mediante el Hotel Development

Corporation, que ya ostentaba la propiedad privada de estos

terrenos conforme a la Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, 23

L.P.R.A. sec. 671 (m), la cual autoriza el traspaso de bienes

públicos y patrimoniales del Estado a la Compañía de Turismo

para los fines que dicha corporación pública estime

necesarios o convenientes.

CT-2008-04

propósito

59

de

ampliar

las

instalaciones

del

Hotel

Caribe

Hilton- fueron dirigidas por el propio Estado Libre Asociado

por conducto de la Compañía de Fomento Industrial.

Estas obras recibieron la autorización correspondiente

de la Junta de Planificación y del Departamento de Obras

Públicas, organismos administrativos con jurisdicción para la

fecha

en

que

se

realizaron

los

rellenos

en

la

referida

parcela.48 Se colige de la normativa civilista examinada que,

en

el

caso

del

Condado

Bay

Parcel,

dicha

autorización

administrativa fue un acto jurídico adecuado y suficiente –

según la Ley de Puertos de 1886 y el Artículo 22 de su

respectiva

Instrucción-

para

desafectar

terrenos.

Por

tales

predios

tanto,

los

mencionados

patrimoniales

se

integraron al comercio de las personas conforme al estado de

derecho

aplicable,

por

lo

que

pueden

ser

objeto

de

apropiación particular.

VI

Por otro lado, y con relación al Coast Guard Parcel, es

menester aclarar que no ocurrió una afectación tácita de

dicha parcela tras su adquisición por la Administración de

Terrenos en 1991. No cabe duda de que al extinguirse el

interés federal sobre tales predios, los mismos han estado

sujetos de manera prospectiva al derecho estatal. Oregon ex

rel. State Land Board v. Corvallis Sand & Gravel Co., 429

48

Por otro lado, es menester señalar que el uso y

destino público del predio previamente sumergido cesó

inmediatamente tras ser rescatado del mar, pues surge del

expediente que el Condado Bay Parcel fue utilizado para

ampliar el Caribe Hilton y para crear un área de

estacionamiento privado bajo la administración del mencionado

hotel.

CT-2008-04

60

U.S. 363 (1977). Sin embargo, ello no implica que el derecho

estatal se pueda aplicar retroactivamente en perjuicio de

derechos

adquiridos

al

amparo

de

un

estado

de

derecho

distinto al que imperaba cuando se llevaron a cabo las obras

de relleno en controversia.

Aunque el Artículo 1 de la Ley de Muelles y Puertos de

1968, supra, se podría interpretar para incluir los terrenos

ganados al mar en la definición de zona marítimo-terrestre,

dicha definición no podría aplicarse de forma alguna a los

rellenos del Coast Guard Parcel que se llevaron a cabo en

1941. Como mencionamos anteriormente, la misma Ley de Puertos

de

1968

establece

claramente

que

sus

preceptos

“[n]o

afectará[n] derechos adquiridos u obligaciones incurridas por

la Autoridad o persona alguna bajo la legislación anterior.

Pero

esta

ley

será

aplicable

a

todas

las

acciones

y

procedimientos que surjan después de su vigencia […]”. 23

L.P.R.A. 2111.

A la luz de lo anterior, es inevitable concluir que el

derecho

puertorriqueño

aplicable

al

Coast

Guard

Parcel

a

partir de 1991 es el estado de derecho que emana de la Ley de

Puertos

de

1886

y

el

Artículo

22

de

su

respectiva

Instrucción, según lo examinamos en las partes IV y V de esta

Opinión. Ello, dado que las obras de relleno en controversia

se realizaron a título patrimonial por el Departamento de la

Marina en 1941, casi tres décadas antes de que entrara en

vigor la Ley de Puertos de 1968.

Somos del criterio que aunque el gobierno de Puerto Rico

tenía

la

potestad

para

afectar

nuevamente

tales

predios

CT-2008-04

61

cuando los adquirió mediante un contrato de compraventa para

destinarlos al uso y dominio público de conformidad con el

estado de derecho puertorriqueño, el expediente del caso de

autos demuestra que tal conversión dominical nunca ocurrió.

Para determinar si el carácter de un bien es de dominio

público,

lo

más

importante

es

considerar

la

finalidad

y

destino que se le otorgue al mismo, y no su naturaleza física

o

geológica.

31

L.P.R.A.

1082.

Véase

M.

Godreau

y

J.A.

Giusti, supra, pág. 563.

El gobierno de Puerto Rico nunca destinó ni administró

los

terrenos

bienes

de

ganados

dominio

al

mar

del

Coast

público.

Ni

las

Guard

como

Parcel

expresiones

de

un

funcionario de la Administración de Terrenos ni un Reglamento

de Zonificación Especial que nunca fue implementado y que fue

derogado

por

uno

que

reconoce

la

patrimonialidad

de

los

terrenos al año siguiente de la adquisición de los terrenos

constituyen actos suficientes para la debida configuración de

la afectación demanial de los terrenos. Por consiguiente,

concluimos

que

patrimoniales

tales

tras

su

predios

continuaron

adquisición

por

siendo

bienes

Estado

Libre

el

Asociado de Puerto Rico en 1991.

De otra parte, es menester señalar que el Departamento

de Recursos Naturales y Ambientales certificó en diciembre de

1994

un

deslinde

de

la

zona

marítimo-terrestre

de

los

terrenos rellenados del Coast Guard Parcel, que según se

desprende

del

expediente,

no

interfería

con

los

predios

proyectados para la construcción del Proyecto Paseo Caribe.

Véase Exhibit Estipulado Núm. 34, Ap. Vol. I. Asimismo, en

CT-2008-04

62

septiembre de 1998, dicha agencia aprobó el deslinde de la

zona marítimo-terrestre del Hotel Caribe Hilton –incluyendo,

claro está, el Condado Bay Parcel- el cual también certificó

que

dicha

parcela

no

se

marítimo-terrestre

del

encontraba

litoral

enclavada

colindante.

en

la

Véase

zona

Exhibit

Estipulado Núm. 35, Ap. Vol. I.

Aunque dichos terrenos ganados al mar están enclavados

en lo que anteriormente formaba parte de la zona marítimoterrestre,

terrenos

no

se

objeto

ha

de

presentado

prueba

controversia

se

alguna

de

encuentren,

que

los

luego

de

realizados los rellenos, en el espacio de las costas que baña

el mar en su flujo y reflujo, ni en donde son sensibles las

mareas, ni en el espacio al cual llegan las mayores olas en

los temporales en donde las mareas no son sensibles. Por

tanto, es forzoso concluir que conforme al derecho aplicable,

los terrenos ganados al mar en el Condado Bay Parcel y el

Coast

Guard

convertidos

Parcel

en

fueron

bienes

debidamente

patrimoniales,

desafectados

por

lo

que

y

son

susceptibles de apropiación particular.

VII

Para concluir, la polémica relacionada al Proyecto Paseo

Caribe ha generado un intenso debate en el país sobre la

seguridad

jurídica

ordenamiento

y

la

estabilidad

constitucional.

Este

normativa

principio

de

nuestro

universal

del

derecho exige el reconocimiento de que las leyes y las reglas

en

una

sociedad

democrática

emanan

de

la

soberanía

del

pueblo, expresada por conducto de los poderes ejecutivos y

legislativos del gobierno, y que existe un poder judicial

CT-2008-04

63

independiente para garantizar la certeza y la confianza en la

interpretación

Ello

se

imparcial

mantuvo

del

estado

presente

al

de

derecho

aplicable.

pasar

juicio

sobre

la

clasificación jurídica de los terrenos ganados al mar objeto

de

controversia,

particularidades

pues

del

su

resolución

de

autos

caso

al

trasciende

incidir

sobre

las

una

política de planificación urbana que cimentó los orígenes de

muchas comunidades del país.

Por tanto, es necesario enmarcar esta Opinión en el

contexto

histórico

apropiado.

Debemos

recalcar

que

una

tercera parte del litoral de la bahía de San Juan ha sido

modificada por rellenos o dragados. Las áreas rellenadas -en

su

mayoría

alrededor

mediante

de

los

años

obras

gubernamentales

cuarenta

(1940)

realizadas

con

finalidades

urbanas- comprenden las zonas de Puerto Nuevo, Martín Peña,

la Puntilla, Puerta de Tierra, Isla Grande, Sabana y Amelia,

Isla de Cabras, Puente Blanco, Juana Matos, Barrio Obrero,

Ocean Park, Isla Verde, el Condado, la península Esperanza y

por último, las porciones sudeste y noreste de la Isleta de

San Juan. Véase J. Seguinot Barbosa, San Juan, Puerto Rico:

La Ciudad al margen de la Bahía, una visión geoecológica y

jurídica, Editorial GEO, 1997, pág. 90. Véanse, además, A.

Sepúlveda

&

J.

Carbonell,

Cangrejos

ilustrada

de

su

desarrollo

urbano

Investigaciones

CARIMAR,

Oficina

–

Santurce,

(1519-1950),

Estatal

de

Historia

Centro

de

Preservación

Histórica, San Juan (1987); A. Sepúlveda, San Juan, Historia

ilustrada

de

su

desarrollo

urbano,

1508-1898,

Investigaciones Carimar, San Juan (1989).

Centro

de

CT-2008-04

64

De esta forma, la política de dragado y relleno dirigida

por el propio Estado durante gran parte del siglo XX dio

origen a muchas comunidades de la ciudad capital, las cuales

abarcan

una

diversidad

representativa

nuestro

de

la

ordenamiento

socioeconómica

sociedad

que

en

la

y

cultural

puertorriqueña.

mayoría

de

los

Surge

de

sectores

mencionados –como por ejemplo, los barrios de Sabana y Amelia

asentados sobre las áreas de manglares al sur de la bahía- no

ha mediado acto legislativo alguno para aclarar la naturaleza

privativa

de

los

terrenos

rellenos.

Véase

J.

Seguinot

Barbosa, supra, pág. 74.49 A pesar de la falta de acción

legislativa para aclarar la naturaleza patrimonial de estos

sectores rescatados del mar o de terrenos sumergidos en áreas

de manglares, lo cierto es que el Estado promovió y participó

activamente

en

este

proceso

de

rellenos

para

fines

urbanísticos.50

49

El Procurador General alega que a lo largo del siglo XX

la Asamblea Legislativa entendió necesario emitir legislación

específica para enajenar terrenos sumergidos y terrenos

ganados al mar. No obstante, se desprende del historial

legislativo de los pocos ejemplos que nos presenta que el

propósito de dichas leyes era aclarar la incertidumbre sobre

la titularidad que ostentaban varias agencias sobre algunos

predios enclavados en la zona-marítimo terrestre, establecer

servidumbres de acceso a la playa, e incluso, eximir a varios

hoteles de la servidumbre de vigilancia litoral requerida

para terrenos de esta índole. Ese fue el caso de la Ley Núm.

25 del 2 de agosto de 1990 en cuanto al Hotel El

Conquistador, y la Ley Núm. 3 del 22 de agosto de 1990 en

referencia a unos predios del Hotel Condado Beach, el Centro

de Convenciones y el Hotel La Concha. A pesar de lo anterior,

no hemos encontrado ley alguna para desafectar los terrenos

rellenados en el litoral de la bahía en los que hoy se

asientan las comunidades mencionadas.

50

Por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico le garantizaba

una parcela a toda persona que colaborara en los rellenos de

las áreas manglares de Puerta de Tierra. El plan urbanístico

diseñado por el Estado consistía en la desecación y relleno

CT-2008-04

65

En el caso de autos, y desde el contexto histórico antes

mencionado, es evidente que las obras de relleno del Coast

Guard Parcel y del Condado Bay Parcel realizadas a mediados

del siglo XX no fueron producto de una anomalía o de un

procedimiento administrativo irregular. Todo lo contrario, el

origen de los terrenos ganados al mar objeto de controversia

en

el

presente

caso

forma

parte

de

un

proyecto

que

se

ajustaba enteramente al enfoque urbanístico de la época, con

la autorización expresa de las entidades gubernamentales que

se

entendían

con

jurisdicción

para

otorgar

los

permisos

correspondientes. Avalar la novel teoría esgrimida por el

Estado en este caso colocaría en una precaria situación a

miles de hogares localizados en algunas de las zonas más

características de la zona metropolitana. No podemos actuar

en abstracción de esa realidad.

Por todo lo antes expuesto, concluimos que los terrenos

ganados al mar en el Coast Guard Parcel y en el Condado Bay

_____________________________

de todas las áreas de manglares al margen de la bahía. Este

plan incluía los canales de San Antonio y Martín Peña; las

áreas de Las Monjas en Hato Rey, y el sector entre el canal

de San Fernando, Cataño y Bayamón. Véase “La Bahía de San

Juan: La desecación de los manglares” en el periódico El

Mundo, 25 de octubre de 1920, pág. 3, citado en J. Seguinot

Barbosa, supra. Este proyecto urbano de rellenos respondía a

que la creciente demanda por espacios para la construcción

obligó al Estado a vender en subasta pública terrenos

manglares y pantanosos. Id. págs. 66-67. Cónsono con dicha

política pública, de 1930 a 1950 se realizaron varios

rellenos de la antigua ciénaga de Machuchal para desarrollar

las comunidades de Ocean Park y Punta Las Marías. Asimismo,

se rellenó un sector de la orilla norte del Caño Martín Peña

para ampliar la comunidad de Barrio Obrero. A. Sepúlveda &

J. Carbonell, supra, págs. 48, 60. De otra parte, el gobierno

federal llevó a cabo un relleno inmenso de los alrededores de

la bahía de San Juan en las áreas de manglares al sur del

canal de San Antonio, Isla Grande y la isla Miraflores con

material proveniente de la bahía, en el sector donde se

construyó el aeropuerto Isla Grande y en el que hoy día ubica

el Centro de Convenciones.

CT-2008-04

66

Parcel fueron debidamente desafectados conforme al estado de

derecho

aplicable.

Estos

terrenos

son

susceptibles

de

enajenación patrimonial, por lo que no son bienes de dominio

público.

Por

consiguiente,

se

declara

No

ha

Lugar

la

apelación y se confirma la sentencia declaratoria dictada por

el Tribunal de Primera Instancia. Se declara que SGCP es el

titular de los terrenos bajo nuestro escrutinio, y que First

Bank es el acreedor hipotecario de los mismos conforme a los

asientos pertinentes del Registro de la Propiedad.

Por otro lado, y en vista de que hemos resuelto la

controversia con respecto a la titularidad de los terrenos

ganados al mar, nada impide que SGCP, Hilton International, y

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico procedan a otorgar

una

escritura

constituyendo

establezca

los

accesos

Jerónimo

del

Boquerón,

una

públicos

tanto

servidumbre

de

paso

que

necesarios

al

Fortín

San

para

reparación

y

su

mantenimiento, como para el uso y disfrute del público en

general. Sin duda alguna, el Fortín San Jerónimo es un bien

de dominio público que le pertenece al Pueblo de Puerto Rico,

por

lo

que

dicha

servidumbre

debe

constituirse

libre

de

restricciones y a perpetuidad.

Se dictará Sentencia correspondiente.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

San Gerónimo Caribe Project,

*

Inc.; Firstbank Puerto Rico, Inc. *

*

Apelados-Peticionarios

*

*

v.

*

*

*

Estado Libre Asociado de

*

Puerto Rico, representado por

*

el Secretario de Justicia;

*

Junta de Planificación

*

representada por su

*

Presidente; Administración de

*

Reglamentos y Permisos

*

representada por su

*

Administrador, Departamento

*

de Recursos Naturales y

*

Ambientales representado por

*

su Secretario

*

*

Apelantes-Recurridos

*

*

Hilton International of Puerto

*

Rico, Inc.; Hotel Development

*

Corp.

*

*

Demandados

*

***********************************

CT-2008-04

Certificación

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede

la cual se hace formar parte íntegra de la presente, se

confirma la sentencia declaratoria dictada por el Tribunal de

Primera Instancia. Se declara que SGCP es el titular de los

terrenos bajo nuestro escrutinio, y que First Bank es el

acreedor hipotecario de los mismos conforme a los asientos

pertinentes del Registro de la Propiedad.

Por otro lado, y en vista de que hemos resuelto la

controversia con respecto a la titularidad de los terrenos

ganados al mar, nada impide que SGCP, Hilton International, y

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico procedan a otorgar

una escritura constituyendo una servidumbre de paso que

establezca los accesos públicos necesarios al Fortín San

Jerónimo

del

Boquerón,

tanto

para

su

reparación

y

mantenimiento, como para el uso y disfrute del público en

general. Sin duda alguna, el Fortín San Jerónimo es un bien

de dominio público que le pertenece al Pueblo de Puerto Rico,

CT-2008-04

2

por lo que dicha servidumbre

restricciones y a perpetuidad.

debe

constituirse

libre

de

Así lo pronuncia y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. Todos los Jueces intervienen

por Regla de Necesidad. La Jueza Asociada señora Fiol Matta

emitió Opinión Disidente y Concurrente.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

San Gerónimo Caribe Project,

Inc., Firstbank Puerto Rico,

Inc.

Peticionarios

v.

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico,

representado

por

el

Secretario de Justicia, Junta de

Planificación representada por

su Presidente, Administración de

Reglamentos

y

Permisos

representada

por

su

Administrador, Departamento de

Recursos Naturales y Ambientales

representado por su Secretario

Recurridos

CT-2008-04

Hilton International of Puerto

Rico, Inc., Hotel Development

Corp.

Demandados

Opinión disidente y concurrente emitida por la Jueza Asociada

SEÑORA FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2008.

En este caso está en controversia si los terrenos

ganados al mar que son parte del predio donde se construye

el proyecto Paseo Caribe son bienes de dominio público. Una

mayoría de este Tribunal concluye que no lo son. Disiento,

en parte, de esta decisión pues el análisis de las leyes,

la

jurisprudencia

y

los

principios

aplicables

a

la

controversia me llevan a concluir que los terrenos ganados

al mar que son parte de la parcela denominada “Coast Guard

Parcel” constituyen bienes de dominio público del Pueblo de

Puerto Rico desde su traspaso a nuestra jurisdicción en

CT-2008-04

2

1991. En cuanto a los terrenos ganados al mar en la parcela

conocida como “Condado Bay Parcel” concurro con la decisión

mayoritaria.

I-

El Tratado de París de 1898:

En 1898, a través del Tratado de París, los Estados Unidos

adquirieron

todas

las

tierras

de

Puerto

Rico

que

eran

propiedad de la Corona Española.51 Sobre el particular, el

artículo VIII del Tratado dispone lo siguiente:

En cumplimiento de lo convenido en los artículos I, II y

III de este tratado, España renuncia en Cuba y cede en

Puerto Rico y en las otras islas de la Indias

Occidentales, en la Isla de Guam y en el Archipiélago de

las Filipinas, todos los edificios, muelles, cuarteles,

fortalezas, establecimientos, vías públicas y demás bienes

inmuebles que con arreglo a derecho son del dominio

público, y como tal corresponden a la Corona de España.

(Énfasis nuestro) Art. VIII, Tratado de París de 1898,

L.P.R.A. Tomo 1.

En virtud de este artículo, Estados Unidos adquirió los

bienes

de

dominio

público

que

pertenecían

a

la

Corona

Española, entre éstos, las playas, sus riberas y la zona

marítimo terrestre. En El Pueblo v. Dimas et al., 18 D.P.R.

1061 (1912), este Tribunal explica que según el artículo 339

del

Código

Civil

español,

vigente

cuando

se

celebró

el

Tratado de París, las playas y sus riberas eran bienes de

dominio público.52 De igual forma, según la ley de puertos

51

El artículo II del Tratado de París dispone lo siguiente:

España cede a los Estados Unidos la Isla de Puerto Rico

y las demás que están bajo su soberanía en las Indias

Occidentales, y la Isla de Guam en el Archipiélago de

las Marianas o Ladrones. Art. II, Tratado de París de

1898, L.P.R.A. Tomo 1.

El artículo 339.1 del Código Civil español de 1889 dispone

lo siguiente:

52

Son bienes de dominio público:

CT-2008-04

española vigente

en

aquella

fecha,

la

zona

3

marítimo

terrestre era un bien de dominio público que pertenecía a la

Corona Española y por lo tanto, fue adquirido por Estados

Unidos a través del tratado.53 Ley de Puertos española de

1880, Colección Legislativa de España, Madrid, 1881, Tomo

124, 2da parte, pág. 787. Véase, El Pueblo v. Dimas et al.,

supra, en las págs. 1072-1073. Véase además, Pueblo v. Del

Valle, 60 D.P.R. 184,

II-

190-192 (1942).

La Ley Foraker de 1900

El 12 de abril de 1900 el Congreso de los Estados Unidos

aprobó la Carta Orgánica de 1900, mejor conocida como la Ley

Foraker. 31 Stat. 77, L.P.R.A. Tomo 1. Dos secciones de esta

ley son particularmente importantes para la solución de este

caso.

_____________________________

1º Los destinados al uso público, como los caminos,

canales, ríos, torrentes, puertos y puentes construidos

por el Estado; las riberas, playas, radas y otros

análogos. (Énfasis nuestro) Art. 339.1 del Código Civil

español de 1889.

El artículo 1 de la

establece lo siguiente:

53

Ley

de

Puertos

española

de1880

Son del dominio nacional y uso público, sin perjuicio

de los derechos de particulares:

1º La zona marítimo-terrestre, que es el espacio de las

costas o fronteras marítimas del territorio español que

baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son

sensibles las mareas, y las mayores olas en los

temporales, en donde no lo sean.

Esta zona marítimo-terrestre se extiende tambien [sic]

por las márgenes de los rios [sic] hasta el sitio en

que sean navegables ó [sic] se hagan sensibles las

mareas. Art. 1 de la Ley de Puertos española de 1880,

Colección Legislativa de España, Madrid, 1881, Tomo

124, 2da parte, pág. 787.

CT-2008-04

4

La primera, la sección 8 de la Ley Foraker, mantuvo en

vigor las leyes y ordenanzas de Puerto Rico vigentes al

aprobarse

la

ley

federal,

en

todo

aquello

que

no

fuera

incompatible con las leyes de los Estados Unidos localmente

aplicables,

Foraker,

o

con

las

disposiciones

mientras

no

fueran

de

la

alteradas,

propia

Ley

enmendadas

o

revocadas por la autoridad legislativa de Puerto Rico o por

una ley del Congreso. Sec. 8 de la Carta Orgánica de 1900,

L.P.R.A. Tomo 1.54 Muñoz Díaz v. Corte, 42 D.P.R. 384, 390

(1931).

Aunque

adelante,

es

habremos

importante

de

analizar

mencionar

a

esta

este

sección

punto

que

más

de

acuerdo a la misma, tanto el Código Civil español de 1889,

extendido a Puerto Rico por Real Decreto del 31 de julio de

1889,

como

extendida

la

a

Ley

Puerto

de

Puertos

Rico

por

española

Real

de

Decreto

1880,

en

supra,

1886

y

denominada como la Ley de Puertos para la Isla de Puerto

Rico, mantuvieron su vigencia en la isla luego del traspaso

de soberanía en 1898. Respecto a la Ley de Puertos para la

Isla de Puerto Rico, en adelante la Ley de Puertos de 1886,

véase Colección Legislativa de España, Madrid, 1887, Tomo

54

En lo pertinente, la sección 8 de la Ley Foraker dispone

lo siguiente:

Que las leyes y ordenanzas de Puerto Rico actualmente

en vigor, continuarán vigentes, excepto en los casos en

que sean alteradas, enmendadas o modificadas por la

presente; o hayan sido alteradas o modificadas por

órdenes militares y decretos vigentes cuando esta ley

entre a regir, y en todo aquello en que las mismas no

resulten incompatibles, o en conflicto con las leyes

estatutarias de los Estados Unidos no inaplicables

localmente, o con las presentes disposiciones, hasta

que sean alteradas, enmendadas o revocadas por la

autoridad legislativa creada por la presente para

Puerto Rico, o por una ley del Congreso de los Estados

Unidos. Sec. 8 de la Carta Orgánica de 1900, L.P.R.A.

Tomo 1.

CT-2008-04

5

136, pág. 434; Rubert Amstrong v. E.L.A., 97 D.P.R. 588

(1969). En cuanto a la vigencia del Código Civil español en

Puerto Rico véase Colección Legislativa de España, Madrid,

1890, Tomo 143, pág. 582; Olivieri v. Biaggi, 17 D.P.R. 704

(1911).

La segunda sección en la que debemos detenernos es la

sección 13 de la Ley Foraker, mediante la cual el Gobierno

de los Estados Unidos traspasó al Gobierno de Puerto Rico

algunos de los bienes de dominio público que adquirió de la

Corona Española bajo el Tratado de París, sin incluir entre

ellos la superficie de los puertos ni las aguas navegables.

Sobre el particular, la sección 13 dispone lo siguiente:

Que todas las propiedades que puedan haber adquirido en

Puerto Rico los Estados Unidos por la cesión de España en

dicho Tratado de Paz [Tratado de París de 1898], en

puentes públicos, casas camineras, fuerza motriz de agua,

carreteras, corrientes no navegables, y los lechos de las

mismas, aguas subterráneas, minas o minerales bajo la

superficie de terrenos particulares, y toda propiedad que

al tiempo de la cesión pertenecía, bajo las leyes de

España entonces en vigor, a las varias Juntas de Obras de

Puertos de Puerto Rico, y todas las orillas de los

puertos, muelles, embarcaderos y terrenos saneados, pero

sin incluir la superficie de los puertos o aguas

navegables, por la presente quedan bajo la dirección del

Gobierno establecido por esta Ley, para ser administrados

en beneficio de El Pueblo de Puerto Rico; y la Asamblea

Legislativa creada por la presente, tendrá autoridad para

legislar respecto a todos esos asuntos, según lo estimare

conveniente, con sujeción a las limitaciones impuestas a

todos sus actos. (Énfasis nuestro) Sec. 13 de la Carta

Orgánica de 1900, L.P.R.A. Tomo 1.

III- La Ley federal de 1902 y la Reserva Militar de San

Juan:

La

Ley

federal

Pública

de

1902)

Núm.

249

autorizó

del

al

1

de

julio

Presidente

de

de

1902

los

(Ley

Estados

Unidos a reservar, para usos públicos, tierras públicas y

edificios pertenecientes a los Estados Unidos en la isla de

CT-2008-04

6

Puerto Rico. La ley cedió al gobierno de Puerto Rico, para

ser administrados en beneficio del pueblo, todas las tierras

públicas y edificios que pertenecían a los Estados Unidos

para esa fecha, que no fueran reservadas para usos públicos

por el Presidente, excluyendo específicamente los puertos,

aguas navegables y terrenos sumergidos.55 De esta forma, la

Ley federal de 1902, supra, no afectó la titularidad de las

aguas

navegables

expresamente

y

terrenos

tanto

del

sumergidos,

requisito

de

pues

los

ser

excluyó

reservados

específicamente por el Presidente para permanecer bajo la

jurisdicción

federal

como

de

la

posibilidad

de

ser

traspasados al Gobierno de Puerto Rico.56

55

La Ley Pública Núm. 249 del 1 de julio de 1902 dispone lo

siguiente:

Be

it

enacted

by

the

Senate

and

House

of

Representatives of the United States of America in

Congress assembled, That the President be, and he is

hereby, authorized to make, within one year after the

approval of this Act, such reservation of public lands

and buildings belonging to the United States in the

island of Porto Rico, for military, naval, light-house,

marine-hospital, post-offices, custom-houses, United

States courts, and other public purposes, as he may

deem necessary, and all the public lands and buildings,

not including harbor areas and navigable streams and

bodies of water and the submerged lands underlying the

same, owned by the United States in said island and not

so reserved be, and the same are hereby, granted to the

government of Porto Rico, to be held or disposed of for

the use and benefit of the people of said island:

Provided, That said grant is upon the express condition

that the government of Porto Rico, by proper authority,

release to the United States any interest or claim it

may have in or upon the lands or buildings reserved by

the President under the provisions of this Act.

(Énfasis nuestro) Id.

Cabe señalar que el Secretario de Justicia de los Estados

Unidos expresa esta misma conclusión al emitir una opinión

sobre otra Proclama del Presidente que creó una reserva

naval en Puerto Rico el 26 de junio de 1903. En su opinión,

el Secretario de Justicia Federal expresó lo siguiente:

56

CT-2008-04

7

Finalmente, como condición al traspaso de estos terrenos,

la ley requirió la renuncia por el gobierno de Puerto Rico a

cualquier

interés

o

reservados

por

Presidente.

el

reclamo

en

los

La

terrenos

Asamblea

y

edificios

Legislativa

de

Puerto Rico autorizó dicha renuncia mediante la Ley de 16 de

febrero de 1903. Véase, El Pueblo v. Dimas et al., supra, en

la pág. 1074.

Utilizando la facultad que le concedió la Ley federal de

1902, el Presidente de los Estados Unidos reservó ciertos

terrenos conocidos como la Reserva Militar de San Juan, a

través de la Orden Ejecutiva del 30 de junio de 1903 (en

adelante Orden Ejecutiva del 1903). La descripción de la

reserva en la orden ejecutiva es la siguiente:

_____________________________

These propositions are not tenable, for such lands as

belonged to Spain, under the treaty of Paris, were ceded

to the United States. The organic act of Porto Rico,

section 13 (31 Stat., 80), especially reserved to the

National Government “harbor areas and navigable waters.”

The act of July 1, 1902 (32 Stat., 731), under which the

President issued his proclamation, especially provides

that he may make such reservation of public buildings and

lands in Porto Rico belonging to the United States “as he

may deem necessary, and all the public lands an buildings,

not including harbor areas and navigable streams and

bodies of water and the submerged lands underlying the

same, owned by the United States in said island and not so

reserved be, and the same are hereby, granted to the

government of Porto Rico.” And the President in his

proclamation reserving the tract in question, makes use of

the same language.

The southern boundary of the reservation, viewed from any

aspect of the question, must be fixed at some line where

the President has power and authority to establish it, and

this under the organic act could not be upon “harbor areas

and navigable waters,” and under the act of July 1, 1902,

and the proclamation based thereon, it could not be upon

“navigable streams of waters and the submerged lands

underlying the same.” In issuing his proclamation, the

President could not have had in contemplation the sumerged

lands of the harbor, for he could not make these property

of Porto Rico”. 25 U.S. Op. Atty. Gen. 172, 176 (1904).

Véase además, 22 U.S. Op. Atty. Gen. 544 (1899).

CT-2008-04

8

Main Reservation, San Juan, Porto Rico

All that piece or parcel of land forming the westerly and

northerly portions of the island of San Juan, Porto Rico,

and extending from the Marina to El Morro on the west and

from the Morro to San Geronimo in the north, said tract of

land containing part of the southerly wall of the city,

all of the westerly wall, and all of the northerly wall,

together with Casa Blanca, the Infantry Barracks, El

Morro, Artillery Park, San Cristobal, San Geronimo, and

other military lands and buildings which said tract is

more particularly described as follows:

Beginning at the northwesterly corner of Tetuan and San

Juan Cristo streets and running thence along said house

1. S 85º 48’ W. 56.6 feet; thence

2. S 85º 48’ W. 56.6 feet; thence…

82. S. 66º 31’ E. parallel to the military road and 633

feet distant therefrom 1746 feet; thence

83. S. 23º 29’W. 633 feet to the northerly line of said

military road; thence crossing said military road

84. S. 23º 29 W. 1000 feet more or less to the San

Antonio Channel; thence following said channel easterly

to the San Antonio Bridge; thence northerly along the

shore line of the Laguna to the sea passing in front

San Geronimo; the northerly and westerly along the sea

passing San Geronimo, Escambron, and San Cristobal to a

point in line with the westerly line of the San

Sebastian Bastion;…. (Énfasis nuestro) Orden Ejecutiva

del 30 de junio de 1903.

Acorde a esta descripción, la Reserva Militar de San Juan

no incluyó expresamente las aguas navegables ni los terrenos

sumergidos bajo ellas. Por el contrario, en la Proclama se

utiliza consistentemente el vocablo “along” refiriéndose, en

lo que nos concierne, a “along the shoreline” o “along the

sea”.

La

palabra

“along”

significa

“al

lado

de”

y

se

refiere, por tanto, a la línea de colindancia con la playa

(“shoreline”) y con el mar (“sea”). Nos parece evidente que

cuando la descripción de una propiedad especifica que ésta

colinda

con

el

mar,

quedan

excluidas

de

ésta

las

aguas

navegables y terrenos sumergidos adyacentes. Por esto, el

límite de la Reserva Militar de San Juan establecida en 1903

colinda con el mar pero no incluye las aguas navegables o

terrenos sumergidos adyacentes a ésta.

CT-2008-04

9

No obstante, la Proclama del Presidente de los Estados

Unidos de 26 de agosto de 1929, cuyo propósito fue ceder al

gobierno de Puerto Rico parte de los bienes reservados en

1903, expresa que la reserva militar creada por la Orden

Ejecutiva

de

colindantes

con

1903

ésta.57

Estados

Unidos

adelante

Proclama

terrenos

de

la

incluyó

Núm.

1889

de

terrenos

Proclama

del

del

de

1929).

reserva

los

que

26

sumergidos

Presidente

de

los

1929

(en

describió

los

agosto

Esta

proclama

eran

cedidos

de

al

gobierno

de

Puerto Rico de la siguiente manera:

Begining at a point No. 84 of the Military Road, as

shown on the Military Chart of the Military Reservation

of San Juan, Porto Rico, and extending in a straight

line No. 23º 29’ E., through point No. 83 to the east

thence easterly along the shore line and outside of

Fort San Geronimo to the Laguna; thence southerly and

outside of

the shore line of Fort San Geronimo, and

westerly and southerly along the shore line of the

Laguna to San Antonio Battery; thence along San Antonio

Channel to a point where the line through points No. 83

and No. 84 intersets the channel; thence along the line

N. 23º 29’ E. to point No. 84, together with all the

right, title, and interest of the United States in all

shore and submerged lands lying shoreward of a line

drawn through points Nos. 90, 91, 92 and 93, as shown

on the military chart of the Military Reservation of

San Juan, Porto Rico; (Énfasis nuestro).

Al incluir en la descripción de la Reserva Militar de San

Juan creada los terrenos sumergidos colindantes con ésta, la

Proclama de 1929 contradice la Ley federal de 1902 y la

Orden Ejecutiva de 1903 que creó la reserva. Según vimos, en

la Orden Ejecutiva de 1903 el Presidente de los Estados

Unidos

no

reservó

expresamente

las

aguas

navegables

y

A la misma conclusión llegó el Comisionado de lo Interior

de Puerto Rico en la Certificación del 19 de diciembre de

1934, inscrita en el Registro de la Propiedad en el folio 48

vto, tomo 9 de Puerta de Tierra, finca 196. Dicha

certificación describe la Reserva Militar de San Juan según

la Proclama Presidencial de 1929.

57

CT-2008-04

10

terrenos sumergidos adyacentes a la reserva militar. Además,

la

Ley

federal

de

no

1902

autorizaba

al

Presidente

a

reservar dichos terrenos. Más aún, el Presidente sólo podía

ejercer la facultad delegada durante el periodo de un año.

Sabemos que acorde al principio de separación de poderes, el

Presidente

de

los

facultades

que

le

Estados

son

Unidos

delegadas

debe

ceñirse

a

las

el

Congreso

de

los

por

Estados Unidos conforme al propósito e intención de dicho

cuerpo legislativo. Véase, Youngstown Sheet & Tube Co. v.

Sawyer,

343

U.S.

579

(1952).

podemos

concluir

que

una

Considerado

expresión

todo

en

esto,

una

no

Proclama

Presidencial, emitida 27 años después de la Ley federal de

1902, tenga el efecto de reservar retroactivamente las aguas

navegables

y

terrenos

sumergidos

que

no

se

reservaron

expresamente durante el periodo concedido para ello por el

Congreso. Más aún, cuando el propósito de la Proclama de

1929 no era crear nuevas reservas o añadir terrenos a éstas,

sino cederle al gobierno de Puerto Rico terrenos reservados

previamente por el gobierno federal.

Por

otra

parte,

nos

parece

evidente

también

que

el

Tribunal de Primera Instancia se equivocó al basarse en un

documento

titulado

“Military

Chart

of

the

Military

Reservation of San Juan, Porto Rico” para concluir que la

reserva militar de 1902 incluyó las aguas navegables y los

terrenos sumergidos bajo éstas. El mencionado documento no

forma parte del expediente de este caso y además, no puede

ser

contrario

al

lenguaje

explícito

de

la

propia

orden

ejecutiva que creó la reserva ni a la Ley federal de 1902.

CT-2008-04

11

IV- La Ley Jones y la Ley de Relaciones Federales:

En 1917 los Estados Unidos traspasó al gobierno de Puerto

Rico el control sobre las aguas navegables de la isla y los

terrenos sumergidos bajo éstas, a través de la Ley Jones o

Carta Orgánica de 1917. Al hacerlo, no incluyó los terrenos

reservados por los Estados Unidos para fines públicos. En

particular, el artículo 8 de la ley expresa lo siguiente:

La superficie de los puertos y los cursos y extensiones de

aguas navegables y los terrenos sumergidos bajo ellos

dentro y alrededor de la Isla de Puerto Rico y de las

islas y aguas adyacentes que ahora pertenecen a los

Estados Unidos y no han sido reservados por los Estados

Unidos para fines públicos, quedan por la presente

colocados bajo el dominio del Gobierno de Puerto Rico,

para que sean administrados de la misma manera y con

sujeción a las mismas limitaciones que las propiedades

enumeradas en el artículo precedente; Disponiéndose que

todas las leyes de los Estados Unidos para la protección y

mejoramiento de las aguas navegables de los Estados

Unidos, y para la conservación de los intereses de la

navegación y del comercio, serán aplicables a dicha isla y

aguas y a sus islas y aguas adyacentes, excepto en aquello

en

que

las

mismas

sean

localmente

inaplicables;

Disponiéndose, además, que nada de lo contenido en esta

Ley se interpretará en el sentido de afectar o menoscabar

de ningún modo los términos o condiciones de cualesquiera

autorizaciones, permisos u otras facultades concedidos

legalmente hasta ahora por el Secretario de la Guerra u

otro funcionario o agente autorizado de los Estados Unidos

en o en relación con dichas aguas y terrenos sumergidos en

y alrededor de dicha isla y de sus islas adyacentes, o

hasta este momento ejercidos legalmente en o en relación

con las mismas aguas y terrenos; (Énfasis suplido) 2 de

marzo de 1917, Cap. 145, art. 8, 39 Stat. 954, L.P.R.A.

Tomo I.58

El ex Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico,

licenciado José Trías Monge, expresó lo siguiente respecto a

este artículo de la Ley Jones:

58

En lo concerniente a la entrega a Puerto Rico del

control de la superficie de los puertos y de los cursos

y extensiones de agua navegables y los terrenos

sumergidos bajo ellos que entonces perteneciesen a los

Estados Unidos y que no hubiesen sido reservados para

fines públicos, la ley Jones mejoraba la anterior ley

orgánica, ya que el art. 13 de ésta expresamente

excluía del control del gobierno de Puerto Rico estas

zonas y aguas. J. Trías Monge, HISTORIA CONSTITUCIONAL DE

PUERTO RICO, (1981), II, 91.

CT-2008-04

12

Se desprende de esta ley federal que las aguas navegables

y los terrenos sumergidos adyacentes a la Reserva Militar de

San Juan fueron cedidos al gobierno de Puerto Rico en 1917,

ya que, según explicamos en la parte III de esta opinión,

éstos no fueron reservados por el Presidente en 1903. En

1950, la Ley Pública 600, 64 Stat. 319, denominó a la Ley

Jones o Carta Orgánica de 1917 como la Ley de Relaciones

Federales con Puerto Rico, manteniendo en vigor la sección

antes citada.

Posteriormente, a través de la sección 606 de

la Ley Pública 96-205 del 12 de marzo de 1980, 94 Stat. 91,

el

Congreso

de

los

Estados

Unidos

enmendó

la

Ley

de

_____________________________

Según la Opinión

noviembre de 1930:

del

Secretario

de

Justicia

del

7

de

Las superficies de puertos y terrenos sumergidos dentro

y alrededor de la Isla de Puerto Rico están colocados

bajo el dominio del Gobierno de Puerto Rico por la

sección 8 de la Ley Orgánica, con sujeción a

cualesquiera leyes de los Estados Unidos que sean

aplicables. En el ejercicio de este dominio el Gobierno

de Puerto Rico actúa por conducto de la Legislatura de

Puerto Rico.

[…]

Podrá usted notar del lenguaje usado en la sección 8 de

la Ley Orgánica que las superficies de los puertos y

los terrenos sumergidos no están colocados bajo el

dominio de la Comisión de Servicio Público, sino bajo

el Gobierno de Puerto Rico, lo que en realidad

significa el poder legislativo de Puerto Rico. Op. Sec.

Just. Núm. 42 del 7 de noviembre de 1930.

Varias opiniones posteriores del Secretario de Justicia de

Puerto Rico han abordado la discusión de los poderes que

transfiere el artículo 8 de la Ley Jones al gobierno de

Puerto Rico. En particular, la Opinión del Secretario de

Justicia del 8 de junio de 1951 expresa lo siguiente:

Como se observará, el Artículo 8, supra, pone los

terrenos sumergidos en y alrededor de la isla de Puerto

Rico bajo el control del Gobierno de Puerto Rico, y los

Artículos 7 y 8, conjuntamente, confieren a la

Legislatura de Puerto Rico poderes legislativos amplios

y discreción en relación con aguas en Puerto Rico. Op.

Sec. Just. Núm. 29 del 8 de junio de 1951.

CT-2008-04

13

Relaciones Federales para reiterar su intención de cederle

el dominio de las aguas navegables y los terrenos sumergidos

bajo

éstas

al

gobierno

de

Puerto

Rico.59

Dicha

sección

establece lo siguiente:

Sec. 606. (a) Section 8 of the Act of March 2, 1917

(“Jones Act”), as amended (48 U.S.C. 749), is amended by

adding the following after the last sentence thereof:

“Notwithstanding any other provision of law, as used in

this section (1) ‘submerged lands underlying navigable

bodies of water’ include lands permanently or periodically

covered by tidal waters up to but not above the line of

mean high tide, all lands underlying the navigable bodies

of water in and around the island of Puerto Rico and the

adjacent islands, and all artificially made, filled in, or

reclaimed

lands

which

formerly

were

lands

beneath

navigable bodies of water; (2) ‘navigable bodies of water

and submerged lands underlying the same in and around the

island of Puerto Rico and the adjacent islands and water’

extend from the coastline of the island of Puerto Rico and

the adjacent islands as heretofore or hereafter modified

by accretion, erosion or reliction, seaward to a distance

of three marine leagues; (3) ‘control’ includes all right,

title, and interest in and to and jurisdiction and

authority over the submerged lands underlying the harbor

areas and navigable streams and bodies of water in and

around the island of Puerto Rico and the adjacent islands

and waters, and the natural resources underlying such

submerged lands and waters, and includes proprietary

rights of ownership, and the rights of management,

administration, leasing, use, and development of such

natural resources and submerged lands beneath such

waters”. (Énfasis nuestro). Id.60

El historial legislativo de la ley no deja dudas respecto

a

la

intención

del

Congreso

de

los

Estados

Unidos

de

concederle a Puerto Rico los mismos derechos que tienen los

estados

de

la

Unión

y

otros

territorios

de

los

Estados

Unidos sobre sus aguas navegables y terrenos sumergidos. A

esos fines el informe del Comité del Senado federal expresa

lo siguiente:

Véase además, Op. Sec. Just. Núm. 2 del 10 de febrero de

1981.

59

60

Véase texto citado en la nota 20.

CT-2008-04

14

This section, proposed by Senator Jackson, would confirm

the jurisdiction of Puerto Rico over its submerged lands

to three marine leagues. This jurisdiction was conferred

on Puerto Rico by sections 7 and 8 of the Organic Act of

1917 (‘Jones Act’) which transferred to the administration

of the Government of Puerto Rico control over lands

acquired by the United States from Spain through the

Treaty of Paris in 1899.

Puerto Rico’s jurisdiction and control has been evidenced

since 1917 and as recently as 1974, in commenting on the

Territorial Submerged Lands Act, the formal administration

report stated in part that ‘Puerto Rico, pursuant to 48

U.S.C. 749, controls the submerged lands around the

islands of Puerto Rico.’ In order to prevent any

unintentional exclusion of Puerto Rico from the measure

since the Commonwealth is not included in either the

Submerged Lands Act or the Territorial Submerged Lands

Act, Senator Johnston, Chairman of the Subcommittee on

territories and insular affairs, at the request of then

Governor Rafael Hernandez Colon and Resident Commissioner

Jaime Benitez requested further confirmation of Puerto

Rico’s jurisdiction. The Director of the Office of

Territorial Affairs testified that ‘by Act of Congress in

1917 (48 U.S.C. 749) the Government of Puerto Rico

obtained control of its submerged lands. As far as we are

aware, Puerto Rico’s administration of its submerged lands

had been quite smooth.’

Although the precise seaward jurisdiction was not as

explicitly stated in the 1917 Act for Puerto Rico as was

later done for the States under the Submerged Lands Act

and for the territories under the Territorial Submerged

Lands Act, the basis for such jurisdiction rests on

grounds similar to those asserted by Texas and Florida

based on Spanish Law and custom. The grant to Puerto Rico

in 1917, therefore, was three leagues. The amendment

merely confirms the action of the United States taken in

1917 by conforming the language of the 1917 Act to the

language of the Submerged Lands Act and the Territorial

Submerged Lands act.” (Énfasis nuestro) S. Rep. 96-467,

1980 U.S.C.C.A.N. 135.61

A

través

de

la

Ley

de

Relaciones

Federales

y

sus

enmiendas, el Congreso de los Estados Unidos ha reiterado su

intención de cederle al gobierno de Puerto Rico el control

de sus aguas navegables y terrenos sumergidos hasta tres

leguas marinas alrededor de la isla e islas adyacentes, con

excepción de aquellos terrenos que los Estados Unidos haya

Véase, Submerged Lands Act of 1953, 43 U.S.C.A. secs. 13011315; Territorial Submerged Lands Act, Ley Pública Núm. 93435 del 5 de octubre de 1974.

61

CT-2008-04

reservado para

usos

públicos.

La

ley

15

que

especifica

el

concepto de terrenos sumergidos incluye los terrenos ganados

al mar mediante relleno y además, establece que el término

“control”

comprende

todo

derecho,

título,

interés,

jurisdicción y autoridad sobre estos terrenos.

Finalmente,

el

Congreso

dispuso

que

todas

las

leyes

federales para la protección y mejoramiento de las aguas

navegables de los Estados Unidos y para la conservación de

los intereses de la navegación y comercio serán aplicables a

Puerto Rico y sus aguas navegables, a menos que éstas sean

localmente

inaplicables.62

Posteriormente

veremos

la

importancia de esta legislación en cuanto al dominio sobre

los terrenos ganados al mar en controversia.

V-

El traspaso de la Reserva Militar de San Juan al

Departamento de la Marina y el arrendamiento a Virgil

Baker

En 1919 el Departamento de Guerra de los Estados Unidos

traspasó parte de los terrenos de la Reserva Militar de San

Juan al Departamento de la Marina de los Estados Unidos,

llamándola entonces Reserva Naval San Jerónimo. Esta reserva

fue inscrita en el Registro de la Propiedad a favor de los

Estados Unidos.

Posteriormente, a través de la Ley Pública Núm. 35 del 12

de junio de 1921, el Congreso de los Estados Unidos autorizó

al Secretario del Departamento de la Marina a arrendar o

Un ejemplo de una ley federal creada para la protección y

conservación de las aguas navegables de los Estados Unidos y

aplicable a Puerto Rico es el Clean Water Act, 33 U.S.C.

secs. 1251 et seq. Véase, United States v. Rivera Torres,

826 F. 2d 151 (1987).

62

CT-2008-04

16

traspasar los terrenos bajo su control.63 El 15 de julio de

1921, el Secretario de la Marina de los Estados Unidos firmó

un contrato de arrendamiento con el Teniente Comandante de

la Marina retirado, Virgil Baker. A través de este contrato,

cuya vigencia sería de 999 años, la Marina de los Estados

Unidos arrendó parte de la Reserva Militar de San Juan,

específicamente

una

porción

de

terreno

localizado

en

la

Reserva Naval de San Gerónimo, descrita como sigue:

Site of Land bounded on the North by the Sea, on the East

by the small Inlet known as the Laguna, on the South by

the main Naval Reservation from which said Site is

segregated, and on the West by a tract of land belonging

to the TREASURY DEPARTMENT of the UNITED STATES and by the

Military Reservation of San Juan, Porto Rico….

El contrato fue inscrito en el Registro de la Propiedad y

en lo pertinente establece lo siguiente:

In accordance with the desire of the PARTY OF THE FIRST

PART this LEASE is granted in lieu of the complete

Transfer of Title provided for previous agreements

hereinbefore mentioned, and is accepted by the PARTY OF

THE SECOND PART in complete and entire satisfaction of all

such previous agreements. It is also mutually understood

and agreed that this LEASE is NOT REVOCABLE EXCEPT BY

MUTUAL AGREEMENT OF BOTH PARTIES, but that the NAVY

DEPARTMENT SHALL RETAIN TITLE TO SAID SITE OF LAND, and in

accordance with the Provisions of the ACT OF CONGRESS

authorizing the grant of this LEASE, it is mutually

understood and agreed that the NAVY DEPARTMENT SHALL HAVE,

IN TIME OF WAR OR NATIONAL EMERGENCY, IF NECESSARY, FREE

AND UNLIMITED USE, WITHOUT COST, OF THE SITE OF LAND

HEREIN, LEASED. (Énfasis nuestro).

63

En particular, la sección 5 de la referida ley estableció

lo siguiente:

That as consideration for a suitable site and requisite

rights, privileges, and easements for a receiving and

distant-control radio station in Porto Rico the Secretary

of the Navy be, and he hereby is, authorized to exchange

or lease for such period as he may deem proper any land

under naval control in Porto Rico not otherwise required

for naval purposes: Provided, That in time of war or

national emergency, if necessary, the Navy Department

shall have without cost free and unlimited use of any land

so exchanged or leased. Sec. 5 de la Ley Pública Núm. 35

del 12 de junio de 1921.

CT-2008-04

17

En 1928 el gobierno de los Estados Unidos demandó para

anular el contrato, alegando fraude. El Pueblo de Puerto

Rico intervino en el pleito reclamando ser el titular de los

terrenos sumergidos colindantes a los terrenos incluidos en

el arrendamiento. Eventualmente, el caso llegó al Tribunal

de Apelaciones para el Primer Circuito y dicho foro sostuvo

la validez del contrato. Sobre el asunto de la titularidad

de los terrenos sumergidos, reconoció que había controversia

entre

la

alegación

del

Pueblo

de

Puerto

Rico

y

la

aseveración de título de los Estados Unidos. No obstante, el

tribunal

apelativo

federal

decidió

que

no

era

necesario

resolver la reclamación del Pueblo de Puerto Rico, ya que el

Comandante

derecho,

Baker

título

había

o

cedido

interés

que

voluntariamente

cualquier

pudiera

sobre

tener

los

terrenos sumergidos adyacentes a los terrenos que le fueron

arrendados.64

64

Específicamente, expresó lo siguiente:

The people of Puerto Rico have filed a bill of

intervention, alleging that the deed by the United States

to Baker includes underwater area, and that the United

States could not lease such area to Baker, because it

belonged to the insular government, the people of Porto

Rico, and that Baker defrauded the United States. The

defendants answered, tendering a quitclaim deed by

Commander Baker to the people of Porto Rico of all rights

which the defendants had in such area, without prejudice

to the interest of the United States.

It will be seen that the government included the

underwater area in their lease. The bill of complaint

alleges that the tract, including the underwater area,

belonged to the United States. We do not think it

necessary to discuss the action of the people in the

insular government with reference to this underwater area.

So far as this suit is concerned, we think this question

is settled by the tender by Commander Baker of a quitclaim

deed to the insular government. This tendered deed was to

“release, relinquish, and quitclaim in favor of the people

of Porto Rico any right, title, or interest which he has

CT-2008-04

18

VI- La Proclama del Presidente de los Estados Unidos de

1929 y la reserva militar de cinco acres o “Coast

Guard Parcel”

Según mencionamos en la parte III de esta opinión, el 26

de agosto de 1929, mediante proclama dictada en el ejercicio

de su facultad bajo el artículo 7 de la Ley de Relaciones

Federales,

supra,

el

Presidente

de

los

Estados

Unidos

traspasó al Pueblo de Puerto Rico todo derecho, título e

interés

de

los

Estados

Unidos

sobre

los

terrenos

de

la

Reserva Naval San Jerónimo, incluyendo aquéllos arrendados

al

señor

Baker.

La

Proclama

de

1929

cedió

al

Pueblo

de

Puerto Rico los terrenos que el Presidente de los Estados

Unidos había reservado a través de la Orden Ejecutiva de

1903. En la parte III de esta opinión explicamos que si bien

la Proclama de 1929 incluye los terrenos sumergidos en la

descripción de la reserva, estos terrenos realmente nunca

fueron incluidos en la reserva. Además, el Congreso de los

Estados Unidos había cedido dichos terrenos sumergidos al

gobierno de Puerto Rico desde 1917, a través de la Ley de

Relaciones

Federales,

supra.

Véase

la

parte

IV

de

esta

opinión.

Ahora bien, en su proclama, el presidente excluyó de los

terrenos

cedidos

a

Puerto

Rico

una

reserva

militar

de

alrededor de cinco acres sobre la cual el gobierno federal

_____________________________

or may have by virtue of the said lease of July 15, 1921,

to the submerged area.” It seems clear to us that, if the

insular government in fact owned this area, the lease by

the United States to Baker was a nullity to this extent,

and, if any bill of intervention were filed, it should

have been directed primarily against the United States.

(Énfasis nuestro). Baker v. United States, 27 F. 2d 863,

877 (1er Cir. 1928).

CT-2008-04

19

mantuvo jurisdicción. La Proclama describe este terreno como

sigue:

(…) southerly of and contiguous to the tract heretofore

leased to Virgil Baker, and bounded on the north by the

southerly line of the said Virgil Baker tract, being a

straight line drawn from the point known as Point 85 at

the southwesterly corner of the Virgil Baker tract,

easterly along the southerly line of said Virgil Baker

tract through Point No. 86 to the Laguna; on the west by a

straight line drawn southerly from said Point 85 along the

westerly line of the tract hereby conveyed; on the east by

the shore line of the Laguna; and on the south by the

northerly line of a proposed road the course and location

of which road are to be fixed hereafter. The United States

retains title and jurisdiction over the said last

mentioned five acre tract. (Énfasis nuestro).

La reserva militar de alrededor de cinco acres establecida

en la proclama de 1929, mejor conocida como la “Coast Guard

Parcel”,

fue

retenida

por

el

Presidente

de

los

Estados

Unidos para que el Departamento de la Marina desarrollara en

ella servicios de comunicación.

Contrario a la descripción

de los terrenos cedidos a Puerto Rico, la descripción de

esta reserva no incluyó los terrenos sumergidos colindantes

con

ésta.

No

hubo,

pues,

intención

de

reservar

estos

terrenos sumergidos. Abona a nuestra conclusión el que la

reserva original creada en 1903 tampoco los incluía.65

65 El

Acta Aclaratoria del Comisionado del Interior de Puerto

Rico del 17 de junio de 1935, que describe el “Coast Guard

Parcel”, tampoco incluye estos terrenos al expresar que la

reserva colinda con la zona marítimo terrestre adyacente a

ésta. En lo pertinente, el Acta Aclaratoria expresa lo

siguiente:

PARCELA B- Urbana- Parcela de terreno radicada en el

barrio Puerta de Tierra, del término municipal de San

Juan, cuya propiedad se reserva el Gobierno de los Estados

Unidos de América. Tiene un area superficial de 1 hectares

[sic] 87 acres 93.24 centiareas [sic], equivalentes a 4

cuerdas con 781 centésimas de otra. Colinda al norte con

la parcela A, antes descrita, propiedad de El Pueblo de

Puerto Rico y arrendada al Teniente Comandante de Marina,

retirado, Virgil Baker, por el sur con la margen norte de

la variante de la Avenida Ponce de León que a (…) al

CT-2008-04

20

VII- Rellenos o terrenos ganados al mar aledaños al Coast

Guard Parcel

El 2 de julio de 1940 el Congreso de los Estados Unidos

aprobó

la

Ley

Pública

Núm.

703.

Esta

ley

autorizó

al

Secretario de Guerra, entre otras cosas, a llevar a cabo las

construcciones

y

mejoras

necesarias

en

las

distintas

localidades militares.66 En el caso de autos, el Tribunal de

Primera Instancia se basó en esta ley para concluir que las

obras de relleno de los terrenos sumergidos aledaños a la

“Coast

Guard

expropiación

Parcel”

forzosa

constituían

del

gobierno

un

ejercicio

federal.

de

Esta

interpretación no puede sostenerse. No se desprende de la

Ley

Pública

Núm.

703

de

1940

el

propósito

de

expropiar

terreno alguno. Tampoco se llevó a cabo proceso alguno de

expropiación

al

amparo

de

dicha

ley.

Según

surge

del

expediente, el gobierno federal nunca tuvo la intención de

_____________________________

puente Guillermo Esteves; por el este con la zona marítima

de la Laguna del Condado; y por el oeste, con terrenos

propiedad del Gobierno de los Estados Unidos de América.

66

En particular, la Ley Pública Núm. 703 dispone lo

siguiente:

[I]n order to expedite the building up of the national

defense, the Secretary of War is authorized, out of the

moneys appropriated for the War Department for nationaldefense purpose for the fiscal year ending June 30, 1941,

with or without advertising, (1) to provide for the

necessary construction, rehabilitation, conversion, and

installation at military posts, depots, stations, or other

localities, of plants, buildings, facilities, utilities

and appurtenances thereto (including Government-owned

facilities at privately owned plants and the expansion of

such plants, and the acquisition of such land, and the

purchase or lease of such structures, as may be

necessary). Ley Pública 703 del 2 de julio de 1940.

CT-2008-04

expropiar

dichos

terrenos,

21

autorizó

simplemente

al

Secretario de Guerra a destinar recursos para las obras que

fueran necesarias en el “Coast Guard Parcel” y adquirir los

terrenos para llevarlas a cabo.

En

diciembre

de

1940

la

Marina

de

los

Estados

Unidos

solicitó la autorización del Departamento de Guerra de los

Estados Unidos, la Comisión de Servicio Público de Puerto

Rico y el Departamento del Interior de Puerto Rico para

rellenar

“Coast

un

área

Guard

de

los

Parcel”.

terrenos

Estas

tres

sumergidos

aledaños

solicitudes

de

al

permisos

confirman que el gobierno federal no tuvo la intención de

expropiar los terrenos sumergidos aledaños al “Coast Guard

Parcel”. Más aún, la solicitud de permiso dirigida a la

Comisión de Servicio Público de Puerto Rico, fechada el 4 de

diciembre de 1940, manifestó que se requería que el gobierno

de Puerto Rico aprobara la obra propuesta. De esta forma, se

reconoció expresamente que dichos terrenos eran propiedad

del

gobierno

de

Puerto

Rico

desde

1917,

según

las

disposiciones de la Ley de Relaciones Federales.

El 18 de diciembre de 1940 el Comisionado Interino del

Departamento

del

Interior

de

Puerto

Rico,

señor

José

G.

Bloise, envió una carta al Secretario de la Comisión del

Servicio

Público

en

la

que

endosó

las

obras

de

relleno

propuestas y reiteró que los terrenos sumergidos adyacentes

al

“Coast

Puerto

Guard

Rico

Parcel”

desde

1917.

eran

En

propiedad

lo

del

pertinente,

gobierno

dicha

de

carta

expresa lo siguiente:

Allow me to call your attention to the fact that the

submerged lands comprised in the construction of said dike

and fill belong to the People of Puerto Rico, according to

CT-2008-04

22

article 8th of the Organic Act approved by the Congress of

the United States of America on March 2nd, 1917, and also

by Proclamation No. 1889 of the President of the United

States of America, dated August 26th, 1929. 67

Además, el Comisionado Interino recomendó al Departamento de

la Marina de los Estados Unidos que solicitara al Gobernador

de

Puerto

Rico

la

transferencia

de

dichos

terrenos

al

gobierno federal.68

El 7 de enero de 1941, la Comisión de Servicio Público de

Puerto Rico aprobó el permiso solicitado. En carta fechada

el 27 de enero de 1941, el Cuerpo de Ingenieros de los

Estados

Unidos

recomendó

aprobar

el

permiso.

El

10

de

febrero de 1941, el Departamento de Guerra de los Estados

Unidos autorizó el relleno. El 25 de febrero de 1941 el

Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos notificó de ello

Incluso, el Teniente Coronel J. Hyde, del Cuerpo de

Ingenieros de los Estados Unidos, reconoce que los terrenos

sumergidos eran propiedad del Pueblo de Puerto Rico en su

memorando del 27 de enero de 1941. En particular expresa:

67

The Acting Commissioner of the Interior states in the

attached setter that the land belongs to the People of

Puerto Rico, and recommends that steps be taken to

transfer this land to the Navy Department.

[…]

The land where the proposed construction is to be made is

owned by the People of Puerto Rico (Énfasis nuestro).

La comunicación del Comisionado Interino del Departamento

del Interior de Puerto Rico expresa que la Ley Núm. 66 del

25 de abril de 1940 (Ley Núm. 66), 1940 Leyes de Puerto

Rico, pág. 477-479, aplica a los terrenos sumergidos

aledaños al “Coast Guard Parcel”. Esta ley autoriza la

transferencia por el gobernador de Puerto Rico de terrenos

sumergidos al Gobierno federal para propósitos de defensa

nacional. Sin embargo, la propia Ley Núm. 66 expone que sus

disposiciones aplican a los terrenos sumergidos que se

encuentran alrededor de la Bahía de San Juan. La Laguna del

Condado no forma parte de la Bahía de San Juan aunque sus

aguas estén conectadas por el Canal San Antonio, y, por

ende, la Ley Núm. 66 no aplicaba a los terrenos en

controversia.

68

CT-2008-04

23

al Capitán del Puerto de San Juan, a la Comisión de Servicio

Público y al Comisionado del Departamento del Interior de

Puerto Rico. Las obras de relleno se terminaron el 1 de

octubre

de

1941

y

una

inspección

que

llevó

a

cabo

el

Departamento de Guerra de los Estados Unidos confirmó que

las

obras

se

hicieron

conforme

a

los

permisos.

Véase,

Memorando del 4 de diciembre de 1941 respecto a Pmts. PR

170/6 del Departamento de Guerra de los Estados Unidos.

VIII-

El dominio sobre los terrenos aledaños al “Coast

Guard Parcel” ganados al mar bajo la jurisdicción

federal

Aclarada la manera en que se crearon los terrenos ganados

al mar aledaños al “Coast Guard Parcel”, debemos abordar la

controversia

de

su

titularidad.

Para

ello,

es

necesario

precisar el derecho aplicable.

Según quedó establecido, al momento en que se llevaron a

cabo

las

obras

de

relleno

en

los

terrenos

sumergidos

colindantes al “Coast Guard Parcel”, el gobierno federal era

el

titular

de

dicha

parcela.

Siendo

ese

el

caso,

la

titularidad de dichos terrenos debe determinarse conforme al

derecho federal. Así lo resolvió el Tribunal Supremo de los

Estados Unidos en California ex rel. State Lands Commission

v. United States, 457 U.S. 273 (1982), cuando dispuso que

toda controversia respecto a los terrenos costeros que sean

propiedad de los Estados Unidos debe resolverse de acuerdo

al derecho federal. Id., pág. 288. A esos efectos afirmó que

el derecho federal se aplicará mientras los Estados Unidos

sea el titular del terreno costero y mantenga su interés

CT-2008-04

sobre éste.69

Quiere

ello

decir

que

para

24

determinar

la

titularidad de los terrenos ganados mar aledaños al “Coast

Guard

Parcel”,

terrenos,

al

debemos

momento

recurrir

en

al

que

se

derecho

rellenaron

federal,

y

esos

no

al

derecho puertorriqueño.

Ya

vimos

que

una

ley

federal,

la

Ley

de

Relaciones

Federales, supra, contiene disposiciones aplicables a los

terrenos ganados al mar en Puerto Rico. Según esta ley,

Puerto

Rico

tiene

todo

derecho,

título,

interés,

jurisdicción y autoridad sobre los terrenos ganados al mar

mediante relleno alrededor de la isla e islas adyacentes,

con

excepción

de

aquellos

que

los

Estados

Unidos

hayan

reservado para usos públicos. 48 U.S.C.A. sec. 749.70 Véase

De forma cónsona establecimos en Roberts v. U.S.O. Council

of P.R., 145 D.P.R. 58 (1998), que, como norma general, en

los

enclaves

militares

de

los

Estados

Unidos

hay

jurisdicción legislativa federal exclusiva. Al respecto,

definimos que la jurisdicción legislativa se refiere a

“quién tiene la facultad de regular, mediante legislación,

determinada materia, hecho o situación”.

69

La Ley de Relaciones

expresa lo siguiente:

70

Federales,

48

U.S.C.A.

sec.

749,

The harbor areas and navigable streams and bodies of

water and submerged lands underlying the same in and

around the island of Porto Rico [Puerto Rico] and the

adjacent islands and waters, now owned by the United

States and not reserved by the United States for public

purposes, be, and the same are hereby, placed under the

control of the government of Porto Rico [Puerto Rico],

to be administered in the same manner and subject to

the same limitations as the property enumerated in the

preceding section: Provided, That all laws of the

United States for the protection and improvement of the

navigable

waters

of

the

United

States

and

the

preservation of the interests of navigation and

commerce, except so far as the same may be locally

inapplicable, shall apply to said island and waters and

to its adjacent islands and waters: Provided further,

That nothing in this Act contained shall be construed

so as to affect or impair in any manner the terms or

conditions of any authorizations, permits, or other

CT-2008-04

25

además, la parte IV de esta opinión. Esto, sin embargo, no

resuelve

cuando

la

los

controversia

terrenos

particular

sumergidos

que

nos

ocupa,

pues

aledaños

al

“Coast

Guard

Parcel” fueron rellenados en 1940, la parcela colindante a

dichos terrenos pertenecía al gobierno de los Estados Unidos

y la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal requiere,

según vimos, que recurramos a la legislación federal y, en

su defecto, al derecho común federal (“federal common law”)

para

resolver

las

dudas

sobre

la

titularidad

en

estas

_____________________________

powers heretofore [prior to March 2, 1917] lawfully

granted or exercised in or in respect of said waters

and submerged lands in and surrounding said island and

its adjacent islands by the Secretary of War [Secretary

of the Army] or other authorized officer or agent of

the United States. Notwithstanding any other provision

of law, as used in this section (1) "submerged lands

underlying navigable bodies of water" include lands

permanently or periodically covered by tidal waters up

to but not above the line of mean high tide, all lands

underlying the navigable bodies of water in and around

the island of Puerto Rico and the adjacent islands, and

all artificially made, filled in, or reclaimed lands

which formerly were lands beneath navigable bodies of

water; (2) "navigable bodies of water and submerged

lands underlying the same in and around the island of

Puerto Rico and the adjacent islands and waters" extend

from the coastline of the island of Puerto Rico and the

adjacent islands as heretofore or hereafter modified by

accretion, erosion, or reliction, seaward to a distance

of three marine leagues; (3) "control" includes all

right, title, and interest in and to and jurisdiction

and authority over the submerged lands underlying the

harbor areas and navigable streams and bodies of water

in and around the island of Puerto Rico and the

adjacent islands and waters, and the natural resources

underlying such submerged lands and waters, and

includes proprietary rights of ownership, and the

rights of management, administration, leasing, use, and

development of such natural resources and submerged

lands beneath such waters. (Énfasis nuestro) 48

U.S.C.A. sec. 749.

CT-2008-04

26

circunstancias. California ex rel. State Lands Commission v.

United States, supra, págs. 282-284.71

En California ex rel. State Lands Commission v. United

States, supra, el Supremo federal abordó una controversia

sobre

la

titularidad

de

unas

accesiones

que

se

crearon

paulatinamente sobre unos terrenos sumergidos del Estado de

California. La parcela de terreno colindante a éstas era una

reserva

militar

Unidos.

La

de

la

Guardia

controversia

del

Costanera

caso

de

requería

los

Estados

determinar

si

dichos terrenos formados por accesión de manera paulatina

pertenecían al gobierno de los Estados Unidos o al Estado de

California.

El

controversia

a

Tribunal

favor

de

Supremo

los

“Submerged

Lands

Act”,

43

embargo,

aclaró

que

aunque

federal

Estados

U.S.C.A.

no

Unidos

resolvió

la

aplicando

el

sec.

1301-1315.

Sin

fuera

aplicable

esa

legislación, el derecho común federal desplazaría al derecho

Respecto a la aplicación del derecho común federal

(“federal common law”) el tratadista Chemerinsky nos explica

lo siguiente:

71

The phrase federal common law refers to the development

of legally binding federal law by the federal courts in

the absence of directly controlling constitutional or

statutory

provisions.

Chemerinsky,

Federal

Jurisdiction, 1989, pág. 293.

En particular, respecto a la aplicación del derecho común

federal cuando existe un interés propietario de los Estados

Unidos, Chemerinsky explica:

[F]ederal common law has developed where the Supreme

Court has decided that federal rules are “necessary to

protect uniquely federal interests.” Included in this

category is the creation of federal common law to

protect

federal

proprietary

interests

in

cases

involving the United States government…. Chemerinsky,

op. cit., pág. 297.

Véase además, J.P. Ludington, The Supreme Court

Post-Erie Federal Common Law, 31 L.Ed. 2d 1006.

and

the

CT-2008-04

estatal de

California,

con

la

consecuencia

de

27

que las

accesiones serían de los Estados Unidos, en virtud de los

derechos reconocidos bajo el derecho común federal a los

dueños

del

litoral

o

parcelas

colindantes.

California

ex

rel. State Lands Commission v. United States, supra, pág.

284.

Sin embargo, esta norma de derecho común federal sólo se

refiere

a

las

accesiones

causadas

natural

o

paulatinas

artificialmente.

o

imperceptibles

Específicamente,

el

Tribunal Supremo federal definió la accesión que estaba en

controversia en California ex rel. State Lands Commission v.

United

States,

supra,

de

la

siguiente

manera:

“gradual

process by which sand accumulated along the shore, although

caused by a jetty affecting the action of the sea.” (Énfasis

nuestro) Id., pág. 287. Véase, United States v. State of

Washington, 294 F. 2d 830 (1961). Ahora bien, según indica

el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el

Tercer

Circuito

en

Alexander

Hamilton

v.

Government

of

Virgin Islands, 757 F.2d 534 (1985): “there is a distinct

body of common law relating to the ownership of artificially

created fastlands”. Id., págs. 538-539. Específicamente, el

derecho

común

costero

no

federal

obtiene

ha

establecido

que

la

propiedad

sobre

el

propietario

los

terrenos

resultantes del relleno de terrenos sumergidos, por el mero

acto de depositar o causar el depósito de dicho relleno.

Véase, State of New Jersey v. State of New York, 523 U.S.

767 (1998); Georgia v. South Carolina, 497 U.S. 376 (1990);

Marine Railway & Coal Company, Inc. v. United States, 257

U.S. 47 (1921);

Alexander Hamilton v. Government of Virgin

CT-2008-04

28

Islands, supra, 538-539; Burns v. Forbes, 412 F. 2d 995

(1969).

En el caso de Alexander Hamilton v. Government of Virgin

Islands,

supra,

el

Tribunal

apelativo

federal

discutió

a

mayor profundidad esta norma y señaló que el propietario

costero adquirirá el título sobre el terreno cuando lleva a

cabo el relleno con la debida autorización. Específicamente,

el tribunal explica lo siguiente:

Where the reclamation and filling of the adjacent shore or

submerged soil was expressly permitted by legislative

enactment, or was authorized by a statute

fixing a

bulkhead, harbor, or dock line, or similar statute, or by

a valid license or permit or by local common law, it has

usually been held or recognized that filled land created

by a riparian or littoral proprietor belongs to him as

part of the upland, at least where the public rights with

respect to navigation and commerce are not substantially

impaired. Id., pág. 546. Véase, United States v. Groen, 72

F. Supp. 713 (1947). Véase además, B.H. Glenn, Rights to

land created at water’s edge by filling or dredging,

sección 2[b], 91 A.L.R.2d 857.

El tribunal aclara que esta norma no aplicará si el permiso

o

autorización

dispone

expresamente

que

el

propietario

original de los terrenos sumergidos retendrá la titularidad

de éstos una vez se lleven a cabo las obras de relleno.

Sobre esta situación, el tribunal apelativo federal explica

lo siguiente:

[T]he rationale behind this common law rule is that one

who obtained permission to improve his property should be

able to rely on the government’s expression of approval

for the knowledge that he will become the owner in fee

simple of any such improvements. Given an express

provision in the instrument of authorization to the

contrary, however, that landowner is no longer entitled to

rely on the authorization for the transfer of property

rights. Alexander Hamilton v. Government of Virgin

Islands, supra, pág. 547.

Según el expediente del caso que nos ocupa, el gobierno

federal obtuvo los permisos necesarios para llevar a cabo

CT-2008-04

29

las obras de relleno en los terrenos sumergidos aledaños al

“Coast

Guard

Parcel”.

Además,

ninguno

de

los

permisos

otorgados expresó que el gobierno de Puerto Rico retendría

sobre esos terrenos el dominio que era suyo desde 1917. Por

eso, según el derecho común federal aplicable al momento en

que

se

rellenaron

los

propiedad

del

Unidos

estuvieron

y

terrenos,

Departamento

de

sujetos

la

a

éstos

pasaron

a

Marina

de

los

Estados

jurisdicción

federal

la

ser

durante alrededor de 50 años (1941-1991).

IX-

Adquisición de los terrenos ganados al mar aledaños

al “Coast Guard Parcel” por el Gobierno de Puerto

Rico

En

1973,

Unidos

el

Departamento

transfirió

el

de

“Coast

la

Marina

Guard

Parcel”

de

los

Estados

a

la

Guardia

Costanera de los Estados Unidos. Véase, “Disposal Report No.

439” de 28 de septiembre de 1973. El 21 de mayo de 1990, en

respuesta a una solicitud de información del gobierno de

Puerto

Rico

sobre

Administración

de

la

titularidad

Servicios

de

Generales

esa

le

parcela,

envió

la

ciertos

estudios de título y un memorando de la Guardia Costanera de

los Estados Unidos en el que se concluye que el gobierno

federal era dueño de los terrenos ganados al mar en dicha

parcela desde 1941.

El 20 de julio de 1990 el Gobernador de Puerto Rico para

esa

fecha,

Hon.

Rafael

Hernández

Colón,

escribió

al

Presidente de los Estados Unidos solicitándole que, según la

autoridad conferida a éste por la sección 7 de la Ley de

Relaciones Federales, supra, cediera el “Coast Guard Parcel”

CT-2008-04

30

y los terrenos sumergidos aledaños a ésta al gobierno de

Puerto Rico, ya que la Guardia Costanera de los Estados

Unidos la había desalojado y la Administración de Servicios

Generales de los Estados Unidos tenía planes de venderla.72

El 4 de septiembre de 1990, el gobierno de los Estados

Unidos contestó la petición del Gobernador de Puerto Rico

informándole que la Administración de Servicios Generales no

le cedería el “Coast Guard Parcel” al gobierno de Puerto

Rico, sino que estaba en disposición de vendérsela. La carta

indica lo siguiente:

The relocation and sale of the San Geronimo Housing Area

will be highly beneficial to the Commonwealth of Puerto

Rico and the Federal Government. We would like to continue

negotiations with the Commonwealth for the purchase of

this property as soon as possible. Otherwise, we have no

choice but to offer the property for sale to the general

public on a competitive bid basis. (Énfasis nuestro).

El

4

de

octubre

de

1990,

el

entonces

Secretario

del

Departamento de Justicia de Puerto Rico, licenciado Héctor

Rivera Cruz, le informó a la Administración de Servicios

Generales que el gobierno de Puerto Rico presentaría una

demanda contra los Estados Unidos para lograr que el “Coast

Guard Parcel” y los terrenos ganados al mar adyacentes a

ésta fueran cedidos a Puerto Rico, según la sección 7 de la

Ley de Relaciones Federales, supra. Esto, con el fin de

evitar que el gobierno federal vendiera la parcela a una

En lo pertinente, la sección 7 de la Ley de Relaciones

Federales, supra, dispone lo siguiente:

72

Disponiéndose, que el Presidente podrá de tiempo en

tiempo, a su discreción, traspasar al Pueblo de Puerto

Rico aquellos terrenos, edificios o intereses en terrenos

u otras propiedades pertenecientes en la actualidad a los

Estados Unidos y dentro de los límites territoriales de

Puerto Rico, que a su juicio no se necesiten ya para

propósitos de los Estados Unidos. Id.

CT-2008-04

31

tercera persona, según lo había advertido en la carta del 4

de septiembre de ese año.

El gobierno federal respondió a la carta del Secretario de

Justicia

Puerto

Rico

el

16

de

recomendando

que

se

llevaran

a

llegar

acuerdo

aceptable

a

a

de

un

noviembre

de

1990,

cabo

negociaciones

para

ambas

partes.

El

14

de

febrero de 1991, un memorando interno de la Oficina del

Gobernador de Puerto Rico que consta en autos indica al

Gobernador Hernández Colón que al gobierno de Puerto Rico le

convenía más comprar la parcela que envolverse en un litigio

sobre titularidad. En cuanto a esto, el memorando expresa lo

siguiente:

[E]l ELA no podrá adquirir dicha propiedad litigando ya

que aunque el Tribunal Federal interprete la ley a favor

nuestro, los Estados Unidos podrían derrotar nuestro

propósito ubicando en dichas facilidades algún personal o

equipo del Coast Guard, aunque éste sea ínfimo.

Aunque este asunto había sido discutido previamente con

usted, traigo nuevamente a su atención el mismo. En

tasación hecha por la Administración de Terrenos, se

valoró la propiedad en 10.73 millones. La oferta inicial

de GSA era de 6.8 millones. Ante esta situación, sugiero

se autorize [sic] al licenciado Pérez [para entonces

Secretario de Justicia] a negociar con GSA un descuento de

50% de nuestro precio de tasación; lo que equivaldría

aproximadamente a unos 5 millones.

El 22 de agosto de 1991, la Administración de Terrenos de

Puerto Rico notificó al gobierno federal que compraría la

propiedad para beneficio del Pueblo de Puerto Rico. En dicha

comunicación

el

adquisición

de

gobierno

los

de

terrenos

Puerto

Rico

afirmó

que

la

serviría

al

interés

público

asegurando un buen manejo de la propiedad y la protección de

la zona costera. Además, señaló que la Administración de

Terrenos planificaba el manejo público de la propiedad y no

CT-2008-04

32

la venta o traspaso a personas privadas. Específicamente, la

carta expresó lo siguiente:

The Puerto Rico Land Administration, an agency of the

Commonwealth of Puerto Rico, is purchasing the San

Geronimo property for the benefit of the people of the

Commonwealth. The public interest will be served by

ensuring controlled management of the property and

shoreline protection.

The Land Administration at this time envisions public

management of the property and has not selected a private

firm for any future development. (Énfasis nuestro).

Para determinar el efecto de esta transferencia sobre la

titularidad de los terrenos, debemos acudir una vez más a la

jurisprudencia federal. En el caso de Oregon ex rel. State

Land Board v. Corvallis Sand & Gravel Co., 429 U.S. 363

(1977), el Tribunal Supremo federal resolvió que una vez el

interés

federal

sobre

una

propiedad

se

ha

extinguido

de

acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, dicha propiedad

estará sujeta al derecho estatal. Al respecto, el tribunal

explica lo siguiente:

We hold the true principle to be this, that whenever the

question in any Court, state or federal, is whether a

title to land which has once been property of the United

States has passed, that question must be resolved by the

laws of the United States; but that whenever, according to

these laws, the title shall have passed, then that

property, like all other property in the state, is subject

to state legislation; so far as that legislation is

consistent with the admission that the title passed and

vested according to the laws of the United States.

(Énfasis nuestro) Oregon ex rel. State Land Board v.

Corvallis Sand & Gravel Co., supra, pág. 377 [citando a

Wilcox v. Jackson, 13 Pet. 498, 517 (1839)].73

En California ex rel. State Lands Commission v. United

States, 457 U.S. 273 (1982), el Tribunal Supremo federal

estableció una distinción entre ese caso y el de Oregon ex

rel. State Land Board v. Corvallis Sand & Gravel Co., 429

U.S. 363 (1977), basándose en que en Corvallis, la

controversia giraba en torno a un terreno que colindaba con

el lecho de un río que el gobierno federal había

patentizado, mientras que en California ex. rel., se trataba

de una parcela costera que aún era propiedad del gobierno

federal. Además, el Supremo federal distinguió la norma de

Corvallis de aquellas controversias que se refieran a una

73

CT-2008-04

Según

33

lo

requiere

esta

compraventa

celebrado

norma

entre

federal

ambos

el

gobiernos

contrato

el

21

de

de

noviembre de 1991 se redactó conforme a las exigencias de

las

leyes

y

regulaciones

de

los

Estados

Unidos.

Así

lo

indica expresamente el contrato en una de sus cláusulas que

dispone

lo

siguiente:

“the

parties

hereto

desire

to

consumate the sale in accordance with applicable law and

regulation

nuestro).

of

El

the

United

precio

de

States

of

compraventa

America”.

fue

4.8

(Énfasis

millones

de

dólares, menos de la mitad del valor de tasación, según

informado

en

el

memorando

al

Gobernador

Hernández

Colón

antes citado.

A través de este contrato el gobierno federal cedió al

gobierno de Puerto Rico todo derecho, título e interés sobre

la propiedad. De esa forma, el interés federal sobre los

terrenos ganados al mar aledaños al “Coast Guard Parcel”

desapareció

Estados

conforme

Unidos

y

a

las

dichos

leyes

y

terrenos

regulaciones

de

entraron

nuestra

a

los

jurisdicción. En particular, entraron a nuestra jurisdicción

bajo

la

administración

de

la

Rama

Ejecutiva

de

nuestro

gobierno.

Una vez los terrenos ganados al mar aledaños al “Coast

Guard Parcel” entraron a la administración de Puerto Rico,

_____________________________

propiedad costera patentizada por el gobierno federal. Esto,

según explica el Juez Rehnquist en su opinión concurrente en

California ex rel. State Lands Commission v. United States,

supra, pág. 290 (a la que se unieron los Jueces Stevens y

O’Connor) se hizo a modo de dicta, pues el terreno en

controversia en California ex. rel., era propiedad de la

Guardia Costanera de los Estados Unidos, lo cual hacía

innecesario referirse a terrenos patentizados por el

gobierno federal. Por lo tanto, dicha distinción no era

pertinente al caso.

CT-2008-04

la Rama Ejecutiva

del

gobierno

de

Puerto

Rico

34

tenía

la

obligación de administrarlos según el derecho aplicable en

nuestra jurisdicción, conforme explicó el Tribunal Supremo

federal en el caso de Oregon ex rel. State Land Board v.

Corvallis Sand & Gravel Co., supra. Decidir lo contrario nos

llevaría a concluir que el derecho de los Estados Unidos

continúa

vigente

sobre

unos

terrenos

costeros

que

hace

diecisiete años fueron liberados del interés federal.

Veamos

entonces

cuál

era

el

derecho

aplicable

a

los

terrenos ganados al mar en controversia al momento en que

éstos entraron a nuestra jurisdicción.

En primer lugar, sabemos que las leyes de puertos vigente

en

Puerto

Rico

cuando

se

llevaron

a

cabo

las

obras

de

relleno en 1941 no regularon la titularidad de los terrenos,

pues

según

ya

explicamos,

en

aquel

momento

los

terrenos

ganados al mar estaban bajo la jurisdicción federal y el

derecho aplicable era el de los Estados Unidos. Nótese que

la

desafectación

protección

del

de

estos

interés

terrenos

federal,

en

1941

ocurrió

en

acorde

al

ordenamiento

jurídico de dicha jurisdicción.

En

1991,

cuando

se

traspasan

los

terrenos

a

la

jurisdicción de Puerto Rico, la ley aplicable vigente era la

Ley de Puertos de 1968, Ley de Muelles y Puertos de Puerto

Rico de 1968, 23 L.P.R.A. secs. 2101-2801. Según ésta, los

siguientes bienes inmuebles son bienes de dominio público,

ya que están incluidos en la zona marítimo terrestre:

[E]l espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar

en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas,

y las mayores olas en los temporales en donde las mareas

no son sensibles, e incluye los terrenos ganados al mar y

las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean

CT-2008-04

35

navegables o se hagan sensibles las mareas; y el término,

sin condicionar, significa la zona marítima terrestre de

Puerto Rico. (Énfasis nuestro). Art. 1, sec. 1.03 de la

Ley de Puertos de 1968, 23 L.P.R.A. sec. 2103.

Se desprende de esta disposición, que bajo la Ley de Puertos

de 1968 los terrenos ganados al mar son bienes de dominio

público.

En

segundo

lugar,

según

el

Reglamento

de

zonificación

especial del Condado de 1986, Reg. núm. 3319 del 7 de junio

de 1986, el “Coast Guard Parcel” se zonificó como una zona

pública

y/o

recreativa

(P).

Sec.

2.02

del

Reglamento

de

Zonificación Especial del Condado, supra. Por lo tanto, al

momento de entrar a nuestra jurisdicción, el “Coast Guard

Parcel” tenía una zonificación de zona pública o recreativa

y los terrenos ganados al mar aledaños a ésta eran bienes de

dominio público, según la Ley de Puertos de 1968, supra.

La opinión mayoritaria concluye que el que se adquirieran

los terrenos ganados al mar en controversia en este caso

mediante

contrato

de

compraventa

con

los

Estados

Unidos

conlleva, de por sí, el que dichos terrenos pasaran a ser

patrimoniales del Estado y que por lo tanto, se requería un

acto afirmativo de afectación al dominio público para que

dejaran

de

interés

federal

ordenamiento

serlo.

a

Por

el

contrario,

al

extinguirse

y

aplicar

por

primera

los

terrenos

ganados

al

mar

vez

el

nuestro

aledaños

al

“Coast Guard Parcel”, la Ley de Puertos de 1968 estableció

una

afectación

expresa

al

dominio

público

sobre

dichos

terrenos, que, como veremos en la parte XI de esta opinión,

sólo

podía

derrotarse

por

un

acto

legislativo

de

CT-2008-04

36

desafectación.74 Además, las cartas, memorandos y el propio

contrato de compraventa demuestran que el gobierno de Puerto

Rico optó por comprar porque según las leyes, reglamentos y

exigencias de la jurisdicción federal, no tenía otra forma

de adquirir estos terrenos. El contrato de compraventa entre

los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico fue sólo el

instrumento formal a través del cual el gobierno federal

aceptó ceder su interés sobre los terrenos en controversia.

Por eso, según ya explicamos, desde que nuestro gobierno

adquirió

los

terrenos

ganados

condiciones

establecidas

federales,

dichos

ordenamiento.

De

esa

por

terrenos

forma,

al

mar

las

están

les

cumpliendo

leyes

y

la

las

reglamentos

sujetos

aplica

con

a

nuestro

afectación

de

bienes de dominio público que establece la Ley de Puertos de

1968, supra. Oregon ex rel. State Land Board v. Corvallis

Sand & Gravel Co., supra, pág. 377 [citando a Wilcox v.

Jackson, 13 Pet. 498, 517 (1839)].

Se desprende claramente del expediente que durante todo el

proceso de negociación con el gobierno federal el gobierno

de Puerto Rico tuvo la intención de dedicar los terrenos

adquiridos al uso público y protección de las costas. Dicha

intención se evidencia específicamente en la carta enviada

por la Administración de Terrenos al gobierno federal el 22

de agosto de 1991, en la que informó lo siguiente:

The Puerto Rico Land Administration, an agency of the

Commonwealth of Puerto Rico, is purchasing the San

Geronimo property for the benefit of the people of the

Commonwealth. The public interest will be served by

ensuring controlled management of the property and

shoreline protection.

74

En vista de lo anterior, no es correcto aseverar que la

aplicación de la Ley de Puertos de 1968 es retroactiva.

CT-2008-04

37

The Land Administration at this time envisions public

management of the property and has not selected a private

firm for any future development. (Énfasis nuestro).

Abona a nuestra conclusión el que la reglamentación vigente

a la fecha de la adquisición zonificara al “Coast Guard

Parcel”

como

una

zona

pública

y/o

recreativa

(P).

Sin

embargo, la opinión mayoritaria concluye que el expediente

no

provee

evidencia

adquisición

el

que

demuestre

gobierno

de

que

Puerto

al

Rico

momento

de

destinase

la

los

terrenos a un uso público determinado.

Abordemos ahora la controversia sobre la titularidad de

los terrenos ganados al mar en la segunda parcela objeto de

este litigio, la parcela conocida como “Condado Bay Parcel”.

Para

ello,

debemos

Presidencial

de

remontarnos

1929,

a

nuevamente

través

de

la

a

la

Proclama

cual

el

gobierno

federal cedió las parcelas colindantes a dichos terrenos al

gobierno de Puerto Rico.

X-

El dominio sobre los terrenos ganados al mar en el

“Condado Bay Parcel”

Según explicamos en la parte III y VI de esta opinión, el

26 de agosto de 1929, el Presidente de los Estados Unidos

emitió una proclama mediante la cual traspasó al Pueblo de

Puerto Rico todo derecho, título e interés de los Estados

Unidos sobre los terrenos de la Reserva Naval San Jerónimo,

incluyendo

los

Posteriormente,

arrendados

el

Hotel

al

Caribe

señor

Hilton

Virgil

fue

Baker.

construido

en

parte de estos terrenos.

En 1949 el gobierno de Puerto Rico presentó una demanda de

expropiación,

con

el

fin

de

recuperar

aquellos

terrenos

sobre los cuales el señor Baker mantenía control en calidad

CT-2008-04

38

de arrendatario, aunque el título de propiedad sobre ellos

había pasado al gobierno de Puerto Rico mediante cesión en

1929. En la demanda de expropiación el gobierno de Puerto

Rico alegó lo siguiente:

Que el interés que El Pueblo de Puerto Rico se propone

adquirir en la propiedad objeto de este procedimiento es

el uso y disfrute de la misma durante el término del

arrendamiento otorgado al señor Virgil Baker y su esposa

Stella May Baker, por el Secretario interino de la Marina

de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, el día 15 de

julio de 1921, ahora subarrendada a la San Gerónimo

Development Co. Inc. (Énfasis nuestro).

El 28 de agosto de 1956 el gobierno de Puerto Rico compensó

al

señor

Baker

y

obtuvo

todos

los

década

de

los

cincuenta

la

derechos

sobre

la

propiedad.

En

la

Compañía

de

Fomento

Industrial de Puerto Rico decidió ampliar el Hotel Caribe

Hilton, para lo cual presentó una Consulta de Ubicación ante

la Junta de Planificación de Puerto Rico. El 22 de junio de

1955, la Junta de Planificación aprobó la consulta y, entre

otras

cosas,

sumergidos

autorizó

aledaños

a

que

la

se

rellenaran

parcela

que

los

los

terrenos

Estados

Unidos

había arrendado al señor Baker y que fue cedida al gobierno

de

Puerto

Rico

en

1929.

Los

terrenos

así

rellenados

o

ganados al mar constituyen la parcela denominada “Condado

Bay Parcel”. Hoy día, se construye parte del proyecto en

controversia,

tanto,

es

Paseo

necesario

Caribe,

sobre

analizar

la

dicha

parcela.

titularidad

de

Por

lo

estos

terrenos según el derecho aplicable al “Condado Bay Parcel”

al momento en que se llevaron a cabo las obras de relleno en

la década de los cincuenta.

CT-2008-04

Nuestro derecho

sobre

los

bienes

de

39

público

dominio

marítimo terrestres proviene del Derecho romano y el Derecho

civil español. Por esto, debemos examinar en cierto detalle

las

políticas

públicas

a

las

que

responden

estas

normas

jurídicas en las que se basa nuestro ordenamiento.

En el Derecho romano, el mar y sus riberas eran cosas

comunes que pertenecían a todas las personas en general y a

ninguna en particular. Esto, contrario a las cosas públicas

que pertenecían al Estado y eran destinadas al uso público.

Martínez Escudero explica:

Las riberas del mar no son en el Derecho romano, como

hemos visto, cosas públicas, sino cosas comunes, cuya

naturaleza jurídica es diferente. En efecto, las res

comunes omnium no pertenecen al populus romanus, como las

re

publicae,

ni

a

las

ciudades,

como

las

res

universitatis, sino son cosas que por su ius gentium

pertenecen a todos los hombres en general y a ninguno en

particular. L. Martínez Escudero, Playas y Costas: su

Régimen

Jurídico

Administrativo,

2da

ed.,

Madrid,

Editorial Montecorvo S.A., 1985, págs. 28-29.

Fundamentándose

Título

XXVIII

de

en

el

Derecho

la

Partida

III

romano,

la

de

Siete

las

Ley

III

del

Partidas,

establece que el mar y sus riberas son cosas comunes. En lo

pertinente, dicha ley dispone:

Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las

criaturas que biuen eneste mundo son estas, el ayre, e las

aguas dela lluvia, e el mar, e su ribera. (Énfasis

nuestro).

I.

Miralles

González,

Dominio

público

y

propiedad privada en la nueva Ley de Costas, 1ra ed.,

España, Editorial Civitas, S.A., 1992, pág. 21. Véase, L.

Martínez Escudero, op. cit., págs. 30-33.

El Derecho civil español moderno se apartó de esta doctrina

cuando clasificó el mar litoral, la zona marítima y las

playas como bienes de dominio público bajo la Ley de Aguas

del 3 de agosto de 1866 (Ley de Aguas de 1866), Colección

Legislativa de España, Madrid, 1866, Tomo 106, 2da parte,

CT-2008-04

40

pág. 294. Véase, I. Miralles González, op. cit., pág. 24.

Según

los

artículos

1

y

4

de

dicha

ley,

las

costas,

fronteras marítimas, mar litoral, zona marítima, las playas,

los

terrenos

sumergidos

bajo

éstos

y

las

accesiones

o

aterramientos que ocasionara el mar son bienes de dominio

público. Adviértase que esta clasificación no incluyó los

terrenos ganados al mar.75

En Rubert Armstrong v. E.L.A., supra, explicamos que la

exposición de motivos de la Ley de Aguas de 1866 caracterizó

a los bienes de dominio público como bienes inalienables e

imprescriptibles.

En

particular,

citamos

el

siguiente

fragmento de la exposición de motivos de la ley:

Los artículos 1 y 4 de la Ley de Aguas de 1866 disponen lo

siguiente:

75

Artículo 1º Son de dominio nacional y uso público

1º Las costas o fronteras marítimas del territorio

español, con sus obras, ensenadas, calas, radas, bahías y

puertos.

2º El mar litoral, ó bien la zona marítima que ciñe las

costas, en toda la anchura determinada por el derecho

internacional. En esta zona dispone y arregla el Estado la

vigilancia y los aprovechamientos, así como el derecho de

asilo e inmunidad, conforme á las leyes y á los tratados

internacionales.

3º Las playas. Se entiende por playa el espacio que

alternativamente cubren y descubren las aguas en el

movimiento de la marea. Forma su límite interior ó

terrestre la línea hasta donde llegan las más altas mareas

y equinocciales. Donde no fueren sensibles las mareas,

empieza la playa por la parte de tierra en la línea a

donde llegan las aguas en las tormentas ó temporales

ordinarios. (Énfasis nuestro) Art. 1 de la Ley de Aguas de

1866, supra, págs. 294-295

Artículo 4º Son del dominio público los terrenos que se

unen á las playas por las accesiones y aterramientos que

ocasione el mar. Cuando ya no los bañen las aguas del mar,

ni sean necesarios para los objetos de utilidad pública,

ni para el establecimiento de especiales industrias, ni

para el servicio de vigilancia, el Gobierno los declarará

propiedad de los dueños de las fincas colindantes en

aumento de ellas. (Énfasis nuestro) Art. 4 de la Ley de

Aguas de 1866, supra, pág. 295.

CT-2008-04

41

Por dominio público de la Nación entiende al que a ésta

compete sobre aquellas cosas cuyo uso es común por su

propia naturaleza o por el objeto a que se hallan

destinadas; tales son, por ejemplo, las playas, ríos,

caminos, muelles y puertos públicos; su carácter principal

es ser inenajenable e imprescriptible. Y por dominio

particular del Estado entiende el que a éste compete sobre

aquellas cosas destinadas a su servicio, o sea,

a la

satisfacción de sus necesidades colectivas, y no al uso

común, cosas de las que dispone como los particulares de

las que constituyen su patrimonio: tales son, entre otras

muchas, los montes, minas, arsenales, fortalezas y

edificios militares.

[…]

Al declarar también del dominio público de la Nación las

playas, se ha creído conveniente restablecer

la

disposición de nuestras antiguas leyes que de acuerdo con

las romanas, les fijaban por límite aquel donde alcanzan

las olas del mar en su temporales ordinarios, espacio

bastante para las necesidades de la navegación y pesca; y

en vez de la zona contigua de 20 varas, que después se ha

considerado como ensanche de aquellas, se establecen sobre

las heredades limítrofe las servidumbres de salvamento y

vigilancia,

con

las

cuales

quedan

suficientemente

atendidos los intereses de la navegación en casos de

naufragios, y los de la Hacienda pública para vigilancia

de las costas, sin necesidad de condenar a perpetua

esterilidad

terrenos

que

en

algunas

comarcas

son

susceptibles de cultivo. (Énfasis nuestro). Id., pág. 620.

Según se desprende de la exposición de motivos de la Ley

de Aguas de 1866, el propósito de la normativa española era

sustraer los bienes de dominio público marítimo terrestres

del

comercio

de

las

personas,

ya

que

dichos

bienes

satisfacen necesidades colectivas y sustentan el bienestar

común. Sin embargo, el propio esquema normativo permitía la

apropiación de estos bienes bajo circunstancias que en aquél

momento

histórico

lo

justificaban.

Explica

Ma

del

Pino

Rodríguez González en cuanto a esto:

Dentro del Derecho positivo español, fue la Ley de Aguas

de 3 de agosto de 1866 la primera norma que reguló con

carácter general las aguas marítimas y terrestres, y la

que dio comienzo a la citada tendencia expansiva. En todo

caso, incluyó dentro del dominio público marítimoterrestre las costas o fronteras marítimas del territorio

español con sus abras, ensenadas, calas, bahías y puertos;

el mar litoral (hoy denominado mar territorial); las

playas (sustituyendo este término al de ribera del mar

CT-2008-04

42

utilizado primero por el Derecho romano y luego por Las

Partidas), pero para referirse a la zona bañada por el

flujo y reflujo del mar, definición que coincide en

términos generales con el concepto de zona marítimoterrestre acogido luego en las Leyes de Puertos de 1880 y

1928; así como, finalmente, los terrenos que se unen a las

playas por accesiones o aterramientos ocasionados por el

mar. No obstante, también esta norma, tras declarar el uso

público de todos estos bienes, admitió la posibilidad de

que los particulares fueran propietarios de las marismas y

fincas colindantes con el mar o con sus playas o que

adquirieran los terrenos ganados al mar mediante las obras

de desecación de marismas propiedad del Estado o

comunales. (Énfasis nuestro) J.V. González García y otros,

Valencia,

Derechos de los Bienes Públicos, 1ra ed.,

Tirant Lo Blanch, 2005, pág. 135.

Un ejemplo de este esquema privatizador es el artículo 5

de la Ley de Aguas de 1866, supra, que dispone lo siguiente

respecto a los terrenos ganados al mar:

Los terrenos ganados al mar por consecuencia de obras

construidas por el Estado ó por las provincias, pueblos ó

particulares

competentemente

autorizados,

serán

de

propiedad de quien hubiere construido las obras, á no

haberse establecido otra cosa en la autorización. (Énfasis

nuestro) Art. 5 de la Ley de Aguas de 1866, supra, pág.

295.

Se colige de este artículo, que aunque el propósito de la

ley era que los bienes de dominio público no estuvieran

sujetos al tráfico comercial, el propio esquema legislativo

permitía que los terrenos sumergidos fueran privatizados a

través

de

obras

competentemente

autorizadas

que

tuvieran

como resultado ganar dichos terrenos al mar.

Posteriormente, España promulgó la Ley de Puertos de 1880,

a

la

que

hemos

hecho

referencia.

Esta

adoptó

una

clasificación de bienes de dominio público similar a la de

la ley de 1866 y utilizó por primera vez el término jurídico

de zona marítimo terrestre. Los terrenos ganados al mar no

fueron

incluidos

bajo

esta

clasificación

de

bienes.

Al

CT-2008-04

respecto, los

artículos

1

y

2

de

la

ley

43

establecen

lo

siguiente:

Artículo 1º Son de dominio nacional y uso público, sin

perjuicio de los derechos que correspondan á los

particulares:

1º La zona marítimo-terrestre, que es el espacio de las

costas o fronteras marítimas del territorio español que

baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles

las mareas, y las mayores olas en los temporales, en donde

no lo sean.

Esta zona marítimo-terrestre se extiende tambien [sic] por

las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean

navegables ó se hagan sensibles las mareas.

2º El mar litoral, ó bien la zona marítima que ciñe las

costas ó fronteras de los dominios de España, en toda la

anchura determinada por el derecho internacional, con sus

ensenadas,

radas,

bahías,

puertos

y

demás

abrigos

utilizables para la pesca y navegación. En esta zona

dispone y arregla el Estado la vigilancia y los

aprovechamientos, así como el derecho de asilo e

inmunidad, conforme todo á las leyes y á los Tratados

internacionales. (Énfasis nuestro) Art. 1 de la Ley de

Puertos española de 1880, supra, págs. 787-788.

Artículo 2º Son del dominio público los terrenos que se

unen á la zona marítimo-terrestre por las accesiones y

aterramientos

que

ocasione

el

mar.

Cuando,

por

consecuencia de estas accesiones, y por efecto de

retirarse el mar, la línea interior que limita la

expresada zona avance hacia aquél, los terrenos sobrantes

de lo que era antigua zona marítimo-terrestre pasarán á

ser propiedad del Estado, prévio el oportuno deslinde de

los Ministerios de Hacienda, Fomento y Marina, y el

primero

podrá

enajenarlos

cuando

no

se

consideren

necesarios para servicios marítimos ú otros de utilidad

pública. Si se enajenasen con arreglo á [sic] las leyes,

se concederá el derecho de tanteo á los dueños de los

terrenos colindantes. (Énfasis nuestro) Art. 2 de la Ley

de Puertos española de 1880, supra, pág. 788.

Esta

explotar

ley

de

las

1880

zonas

tuvo

el

propósito

portuarias,

por

lo

de

desarrollar

que

no

y

cambió

significativamente el esquema privatizador que existía bajo

la Ley de Aguas de 1866. Sobre esto, la tratadista Miralles

González expresa lo siguiente:

La Ley de Puertos del 7 de mayo de 1880 vino a regular a

modo supletorio la falta de legislación suficiente en la

materia.

Esta

ley,

como

es

obvio

de

su

propia

denominación, se centraba en la construcción y explotación

de las infraestructuras portuarias, por lo que sólo

CT-2008-04

44

tangencialmente incidía en el tema que nos ocupa. No

obstante, la definición que dio en su artículo 1 de la

“zona marítimo-terrestre” se convirtió en clásica y su

referencia en obligado hito legislativo a partir del cual

se incluían como pertenecientes al dominio público las

riberas. (Énfasis nuestro) I. Miralles González, op. cit.,

pág. 25.

La Ley de Puertos de 1880 no incluyó la norma establecida

en el artículo 5 de la Ley de Aguas de 1866 según la cual

los terrenos ganados al mar mediante obras realizadas con

autorización competente eran propiedad de quien las hubiera

realizado. Sin embargo, reguló los terrenos ganados al mar

en

los

puertos

reconoció

que

de

forma

algunos

cónsona

de

estos

a

dicho

artículo,

pues

terrenos

pudieran

ser

propiedad del concesionario al disponer lo siguiente:

En las concesiones de obras en los puertos con las cuales

se ganen terrenos al mar, se exceptuará siempre de los que

se reconozcan de propiedad del concesionario la parte

necesaria para la zona de servicio á que se refiere el

artículo 31, la cual quedará de propiedad del Estado.

(Énfasis nuestro) Art. 57 de la Ley de Puertos de 1880,

supra.

Con relación a los terrenos ganados al mar en zonas no

portuarias, el 20 de agosto de 1883 España adoptó por Real

orden

la

Instrucción

para

tramitar

las

concesiones

a

particulares bajo la Ley de Puertos de 1880 (en adelante,

Instrucción

de

la

Ley

de

Puertos

de

1880),

Colección

Legislativa de España , Madrid, 1884, Tomo 131, 2da parte,

pág. 390. Según la Instrucción, los terrenos ganados al mar

fuera de zonas portuarias serían propiedad de quien hubiere

realizado las obras con autorización competente, de forma

consistente con el esquema privatizador ya establecido bajo

CT-2008-04

45

el artículo 5 de la Ley de Aguas de 1866.76 La doctrina

española aplicó e interpretó la Ley de Puertos de 1880,

supra, de forma cónsona a la instrucción. En cuanto a esto,

Tomás Quintana López indica que:

La antigua Ley de Aguas de 1866 ya sancionó en su artículo

5 esta solución, posteriormente aceptada por la normativa

reguladora de las aguas marítimas, reparando cada una de

las normas siguientes en la circunstancia de que las obras

para ganar terreno al mar se realicen fuera o dentro de

los puertos.

[…]

Con posterioridad a la genérica privatización de los

terrenos ganados al mar que contempla nuestra primera Ley

de Aguas, es una norma de rango reglamentario –Real Orden

de 20 de agosto de 1883- la que individualiza las obras

realizadas fuera de los puertos para atribuir la propiedad

de los terrenos ganados al mar mediante ellas a quien las

hubiere realizado. La privatización de estos terrenos se

mantiene en los Reglamentos de Puertos de 1912 y 1928,

que, sin perturbar el principio, demanializan una zona de

aquéllos para destinarla a la vigilancia del litoral.

(Énfasis nuestro) T. Quintana López, La privatización de

los terrenos de que ha sido desalojado el mar, 111 R.A.P.

373, 384 (1986).

De igual manera, Martínez Escudero reitera lo siguiente:

La Ley de Aguas de 1866, en su artículo 5º, estableció que

‹‹los terrenos ganados al mar por consecuencia de obras

construidas por el Estado o por las provincias, pueblos o

El artículo 22 de la instrucción estableció lo siguiente

respecto a los terrenos ganados al mar en y fuera de los

puertos:

76

Los terrenos ganados al mar litoral fuera de los puertos

con obras construídas por el Estado, las provincias, los

Municipios

ó

los

particulares,

competentemente

autorizados, serán de propiedad de la entidad que los

hubiere llevado á cabo.

En las concesiones de obras dentro de los puertos, en las

cuales se ganan terrenos al mar, sólo se reconocerá de

propiedad de los concesionarios la parte que no ocupe la

zona de servicio, á que se refiere el art. 31 de la ley, y

fuera de ella no resulte destinada á vías y servicios

públicos en el estudio de los terrenos sobrantes, así de

los ya existente como de los ganados al mar, para

distribuirlos en relación al ensanche de las poblaciones y

á su enlace con los puertos; estudio que ha de aprobarse

antes del otorgamiento de la concesión, oyendo á los

respectivos Ayuntamientos, y que ha de acompañar á todo

proyecto de puerto. Art. 22 de la Instrucción de la Ley de

Puertos española de 1880, supra.

CT-2008-04

46

particulares

competentemente

autorizados,

serán

de

propiedad de quien hubiera construido las obras, a no

haberse establecido otra cosa en la autorización.

En cambio, la Ley de Puertos de 1880 solamente se refiere

–art. 57- a los terrenos ganados al mar dentro de los

puertos, omitiendo la referencia a los terrenos ganados al

mar fuera de los puertos, criterio seguido fielmente por

la Ley de Puertos de 1928.

La

laguna

legal

quedó

salvada

en

los

textos

reglamentarios, en los que, en efecto, se halla regulada

la cuestión de los terrenos ganados al mar tanto dentro

como fuera de los puertos. Así: artículo 22 de la

Instrucción de 20 de agosto de 1883, artículo 99 del

Reglamento de Puertos de 1912 y artículo 101 del

Reglamento

de

1928.

(Énfasis

nuestro)

L.

Martínez

Escudero, op. cit., pág. 147.

Según explicamos en la parte II de esta opinión, a través

de la sección 8 de la Ley Foraker, supra, se mantuvieron en

vigor las leyes y ordenanzas vigentes en Puerto Rico en el

año 1900. Muñoz Díaz v. Corte, supra. Por esto, tanto el

Código

Civil

español

de

1889,

como

la

Ley

de

Puertos

española de 1880, supra, extendida a Puerto Rico por Real

decreto en 1886 y denominada como la Ley de Puertos para la

Isla

de

Puerto

Rico

(Ley

de

Puertos

de

1886),

supra,

mantuvieron su vigencia en la isla luego del traspaso de

soberanía en 1898. Rubert Amstrong v. E.L.A., supra. Véase,

Olivieri v. Biaggi, supra.

El artículo 2 del Real decreto de la Ley de Puertos de

1886, supra, dispuso que el Ministro de Ultramar dictaría la

instrucción para la ejecución de la ley. El 10 de mayo de

1886, cumpliendo con el mandato de este artículo, se adoptó

por Real orden la Instrucción del Ministro de Ultramar para

implantar

la

Ley

de

Puertos

de

1886

en

Puerto

Rico.

Colección Legislativa de España, Madrid, 1887, Tomo 136, 2da

parte, pág. 1116; Publicada en la Gaceta de Madrid el 19 de

mayo de 1886, No. 139, 1886/03882. Veamos entonces cuál era

CT-2008-04

47

la fuerza jurídica de la Instrucción de la Ley de Puertos de

1886, de acuerdo al ordenamiento jurídico español vigente en

aquél momento, con miras a determinar si mantuvo su vigencia

en Puerto Rico luego del traspaso de soberanía en 1898.

Según el artículo 50 de la Constitución Española de 1876,

el Rey tenía la potestad de ejecutar las leyes. Además,

según el artículo 54 de dicha Constitución, el Rey dictaba

los

decretos,

general

reglamentos

necesarios

reglamentos

e

para

e

la

instrucciones

instrucciones

ejecución

así

de

de

las

dictados

aplicación

leyes.

eran

Los

Reales

decretos o Reales órdenes, dependiendo de la forma en que

fueran adoptados para su publicación. Alcubilla, Diccionario

de Administración, Madrid, 1887, Tomo 8, págs. 277-278.

Tanto el Real decreto como la Real orden manifestaban y

hacían efectiva la voluntad del Rey al implantar las leyes.

La diferencia principal entre ambos instrumentos ejecutivos

era su formalidad, ya que en el Real decreto hablaba el Rey

y en la Real Orden hablaba un Ministro a nombre del Rey

sobre asuntos de menos importancia y solemnidad. F. Seix,

Enciclopedia Jurídica Española, Barcelona, 1910, Tomo 26,

págs. 580, 586. Alcubilla, op. cit., pág. 277. Sobre la

fuerza

jurídica

de

un

Real

decreto

y

una

Real

orden,

Francisco Seix explica que “a) el Real decreto no puede

oponerse á la Constitución, ni derogar una ley; b) un Real

decreto no debe ser derogado ni modificado por una Real

orden

ú

otra

disposición

de

inferior

categoría

formal”.

(Énfasis nuestro) F. Seix, op. cit., págs. 581-582.

En este caso, la Instrucción de la Ley de Puertos de 1886

fue dictada por el Ministro de Ultramar, quien tenía a su

CT-2008-04

48

cargo el despacho de todos los asuntos de las provincias de

Ultramar, y fue adoptada por el Rey mediante Real orden.

Véase,

Alcubilla,

1887,

Tomo

Española,

Diccionario

de

7,

pág.

382;

F.

op.

cit.,

pág.

563.77

Administración,

Seix,

Por

Enciclopedia

lo

tanto,

Madrid,

Jurídica

según

el

ordenamiento jurídico de España, la Instrucción de la Ley de

Puertos de 1886, supra, tenía fuerza administrativa y según

la sección 8 de la Ley Foraker, supra, mantuvo su vigencia

en Puerto Rico luego del traspaso de soberanía en 1898,

junto

a

las

demás

leyes

y

ordenanzas

vigentes

en

aquél

momento histórico.78

La Ley de Puertos de 1886, adaptó la clasificación de

bienes de dominio público de la Ley de Puertos española de

1880,

al

contexto

puertorriqueño.

De

esta

forma,

sus

artículo 1 y 2 disponen lo siguiente:

Artículo 1º Son del dominio nacional y uso público, sin

perjuicio de los derechos que correspondan á los

particulares:

1º La zona marítimo-terrestre, que es el espacio de las

costas ó fronteras marítimas de la Isla de Puerto Rico y

sus adyacentes que forman parte del territorio español, y

que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son

sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales

en donde no lo sean.

Esta zona marítimo-terrestre se extiende también por las

márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables

ó se hagan sensibles las mareas.

2º El mar litoral ó bien la zona marítima que ciñe las

costas de la Isla y sus adyacentes en toda la anchura

determinada

por

el

derecho

internacional,

con

sus

El Ministerio de Ultramar fue creado por Real Decreto del

20 de mayo de 1863 para atender todos los asuntos de las

provincias

de

Ultramar.

Alcubilla,

Diccionario

de

Administración, Madrid, 1887, Tomo 7, pág. 382. Véase, F.

Seix, Enciclopedia Jurídica Española, Barcelona, 1910, Tomo

22, pág. 563.

77

Ejemplo de otra ley y reglamento que mantuvieron su

vigencia luego del cambio de soberanía en 1898 son la Ley

Hipotecaria y su Reglamento. Giménez et al. v. Brenes, 10

D.P.R. 128, 138 (1906).

78

CT-2008-04

49

ensenadas,

radas,

bahías,

puertos

y

demás

abrigos

utilizables para la pesca y navegación. En esta zona

dispone y arregla el Estado la vigilancia y los

aprovechamientos, así como el derecho de asilo e

inmunidad, conforme todo á las leyes y á los Tratados

internacionales. (Énfasis nuestro). Art. 1 de la Ley de

Puertos de 1886, supra.

Artículo 2º Son de dominio público los terrenos que se

unen á la zona marítimo-terrestre por las accesiones y

aterramientos que ocasione el mar. Cuando por consecuencia

de estas accesiones, y por efecto de retirarse el mar la

línea interior que limita la expresada zona avance hacia

aquél los terrenos sobrantes de lo que era antigua zona

marítimo-terrestre, pasarán á ser propiedad del Estado,

previo al oportuno deslinde por el Ministerio de Ultramar,

de acuerdo con el de Marina; y el primero podrá

enajenarlos cuando no se consideren necesarios para

servicios marítimos ú otros de utilidad pública. Si se

enajenasen con arreglo á las leyes, se concederá el

derecho

de

tanteo

á

los

dueños

de

los

terrenos

colindantes. (Énfasis nuestro). Art. 2 de la Ley de

Puertos de 1886, supra.

La citada clasificación de bienes de dominio público no

incluyó

los

terrenos

ganados

al

mar

artificialmente.

Respecto a éstos, el artículo 22 de la Instrucción de la Ley

de Puertos de 1886, supra, pág. 1124, dispone lo siguiente:

“Los terrenos ganados al mar litoral fuera de los puertos,

con

obras

construidas

por

el

Estado,

la

provincia,

los

Municipios ó los particulares, competentemente autorizados,

serán de propiedad de la entidad

cabo”.

(Énfasis

nuestro).

A

que los hubiere llevado a

través

de

este

artículo

se

extendió a Puerto Rico el esquema privatizador iniciado bajo

la Ley de Aguas de 1866, que establecía que los terrenos

ganados

al

mar

con

autorización

competente

en

zonas

no

portuarias puertorriqueñas, serían propiedad de quien los

hubiera creado. Esto, de forma cónsona al esquema jurídico

español

ya

discutido

que

fue

refrendado

por

la

Ley

de

Puertos española de 1880 y su instrucción. Por esto, la

CT-2008-04

50

Instrucción de la Ley de Puertos de 1886 es crucial para la

adjudicación de este caso.

En 1928 se adoptó la Ley de Muelles y Puertos de Puerto

Rico (Ley de Puertos de 1928), Ley núm. 59 del 30 de abril

de 1928. Esta ley mantuvo la clasificación de bienes de

dominio público establecida en los artículos 1 y 2 de la Ley

de Puertos de 1886. Además, respecto a los terrenos ganados

al mar, la sección 47 de la Ley de Puertos de 1928 dispuso

que los capitanes de puertos y el Comisionado del Interior

tenían la obligación de conservarlos.

En lo pertinente, la

sección 47 dispone:

Vigilar por sí y con su [sic] auxiliares, por la

conservación de los muelles, malecones, terraplenes, y

porque tanto éstos como los terrenos públicos que forman

la zona marítima y los terrenos agregados a ella o ganados

al mar, sean conservados y no sean ocupados sin el

consentimiento del Comisionado del Interior. (Énfasis

nuestro) Sec. 47 de La Ley de Puertos de 1928, supra.

Este

mandato

públicos

como

de

a

conservación

bienes

aplicaba

patrimoniales.

tanto

Por

a

lo

bienes

tanto,

la

sección 47 de la Ley de Puertos de 1928 citada no estableció

una clasificación de bienes sino que impuso la obligación de

proteger, custodiar y mantener dichos bienes acorde a su

clasificación.

La Ley de Puertos de 1928 también derogó “[t]oda ley o

parte de ley que se oponga a la presente”. Sec. 52 de la Ley

de puertos de 1928, supra. Veamos entonces si el artículo 22

de

la

Instrucción

establece

que

portuarias

son

los

de

la

Ley

terrenos

propiedad

de

de

Puertos

de

ganados

al

mar

quien

los

haya

1886,

que

zonas

no

creado

con

en

autorización competente, se puede reconciliar con la sección

47 de la Ley de Puertos de 1928. Hacemos este ejercicio

CT-2008-04

51

concientes de nuestro deber de armonizar las disposiciones

legales sobre una misma materia. Garriga, Jr. V. Tribunal

Superior, 88 D.P.R. 245, 248 (1963), Correa Suárez v. Junta

Retiro para Maestros, 88 D.P.R. 590, 598 (1963). En este

sentido, salta a la vista que si bien ambas disposiciones

versan sobre los terrenos ganados al mar, el artículo 22 de

la Instrucción de la Ley de Puertos de 1886, se refiere a la

titularidad y la sección 47 de la Ley de puertos de 1928, a

la

conservación

de

dichos

terrenos.

De

esta

forma,

el

mandato de conservación de los terrenos ganados al mar que

encontramos en la sección 47 de la Ley de Puertos de 1928 se

puede reconciliar con el artículo 22 de la Instrucción de la

Ley de Puertos de 1886, que establece que la titularidad de

los terrenos ganados al mar en zonas no portuarias y con

autorización competente, será de quien los haya creado.

Además,

la

Ley

de

Puertos

de

1928

no

alteró

la

clasificación de bienes de dominio público que establece la

Ley de Puertos de 1886. Según ya discutimos en la opinión,

esta clasificación no incluye los terrenos ganados al mar.

Por el contrario, la Ley de Puertos de 1968, supra, incluyó

expresamente

los

terrenos

ganados

al

mar

como

bienes

de

dominio público y por lo tanto, derogó el artículo 22 de la

Instrucción de la Ley de Puertos de 1886.

Examinemos ahora los cambios que se han hecho a nuestro

Código Civil a través de los años, para determinar si éstos

afectaron el esquema jurídico sobre los terrenos ganados al

mar en zonas no portuarias vigente en Puerto Rico hasta

1968.

CT-2008-04

52

Según el artículo 338 del Código Civil español de 1889,

supra, extendido a Puerto Rico por Real decreto en dicho

año, los bienes se clasificaban en dos categorías: dominio

público o propiedad privada.79 En 1902 Puerto Rico enmendó su

Código

Civil,

adoptando

la

apartándose

norma

de

la

tradición

tripartita

del

Estado

de

española

y

Louisiana,

proveniente del Derecho romano, según la cual los bienes

pueden ser comunes, de dominio público o privados. Art. 448

del Código Civil de Louisiana.80 Por esto, el artículo 254

del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 L.P.R.A. sec.

1023, establece que el mar y sus riberas son bienes comunes

y no bienes de dominio público. Dicho artículo expresa lo

siguiente: “Las cosas comunes son aquéllas cuya propiedad no

pertenece a nadie en particular y en las cuales todos los

hombres

tienen

libre

uso,

en

conformidad

con

su

propia

naturaleza: tales son el aire, las aguas pluviales, el mar y

sus riberas”. Id.81

El artículo 338 del Código Civil español dispone lo

siguiente: “Los bienes son de dominio público o de propiedad

privada”. Art. 338 del Código Civil español.

80 En

lo pertinente, el artículo 448 del Código Civil de

Louisiana dispone lo siguiente: “Things are divided into

common, public, and private”. Yiannopoulos explica esta

división se deriva del “Romanist tradition and corresponds

with divisions of things in the civil codes of other

jurisdictions”. 2 A.N. YIANNOPOULOS, LA. CIV. L. TREATISE, PROPERTY

§ 45 (4ta ed.).

79

Aunque Puerto Rico adoptó la norma tripartita del Estado de

Lousiana, dicho estado no clasifica la zona marítimo

terrestre ni el mar litoral de sus costas como cosas

comunes. Por el contrario, las clasifica como cosas

públicas. Sobre esto, los artículos 449 y 450 del Código

Civil de Louisiana disponen lo siguiente:

81

Common things may not be owned by anyone. They are such as

the air and the high seas that may be freely used by

everyone comformably with the use for which nature has

CT-2008-04

53

Ahora bien, de acuerdo al artículo 12 del mismo cuerpo de

ley, el Código Civil se aplicará de manera supletoria en las

materias que se rijan por leyes especiales. 31 L.P.R.A. sec.

12.82 Por lo tanto, mientras haya una ley especial de puertos

que regule la titularidad de los terrenos en controversia en

este

caso,

disposiciones

contrario

no

habrá

necesidad

supletorias

conllevaría

del

concluir

de

Código

que

recurrir

Civil.

una

ley

a

las

Resolver

general

lo

puede

derogar tácitamente las disposiciones de una ley especial,

lo cual es contrario a derecho. Housing Investment Corp. v.

Luna,

112

D.P.R.

173,

177-178

(1982),

Sierra

v.

Tribl.

Superior, 75 D.P.R. 841, 846-847 (1954), Vázquez v. Corte,

65 D.P.R. 598, 603 (1946).

_____________________________

intended them. (Énfasis

Civil de Lousiana.

nuetsro).

Art.

449

del

Código

Public things are owned by the state or its political

subdivisions in their capacity as public persons.

Public things that belong to the state are such as running

waters, the water and bottoms of natural navigable bodies,

the territorial sea, and the seashore.

Public things that may belong to political subdivisions of

the state are such as streets and public squares. (Énfasis

nuestro). Art. 450 del Código Civil de Louisiana.

Respecto al artículo 450 Yiannopoulos explica lo siguiente:

Article 450 of the Louisiana Civil Code places the “sea”,

that is, the water and bottom of the Gulf of Mexico within

Lousiana borders, in the category of public things. This

deviation from the Romanist tradition, according to which

the sea is a common thing, was prompted by wellestablished

Louisiana

practice

antedating

the

1978

revision. 2 A.N. YIANNOPOULOS, LA. CIV. L. TREATISE, PROPERTY § 69

(4ta ed.).

Véase, Figueroa v. Municipio de San Juan, 98 D.P.R. 534, 566

(1970), para una discusión sobre la adopción de las normas

del Código Civil de Louisiana en nuestra jurisdicción.

“En las materias que se rijan por leyes especiales, la

deficiencia de éstas se suplirá por las disposiciones de

este título”. 31 L.P.R.A. sec. 12.

82

CT-2008-04

54

Por lo tanto, el derecho aplicable a la controversia de

titularidad sobre los terrenos ganados al mar en el “Condado

Bay

Parcel”

al

momento

de

llevarse

a

cabo

las

obras

de

relleno en la década de los cincuenta, es la clasificación

de bienes de dominio público de la Ley de Puertos de 1886,

supra, y el artículo 22 de la instrucción de dicha ley.

Los terrenos sumergidos sobre los cuales se llevaron a

cabo las obras de relleno que resultaron en el “Condado Bay

Parcel”,

eran

bienes

de

dominio

público

bajo

la

Ley

de

Puertos de 1886, supra. Según ya explicamos, el artículo 22

de

la

instrucción

de

dicha

ley

proveía

para

que

dichos

terrenos fueran privatizados a través de obras de relleno

realizadas con la autorización competente. Por consiguiente,

una vez el gobierno de Puerto Rico llevó a cabo dichas obras

con la autorización competente de las agencias facultadas

para ello, los terrenos ganados al mar se convirtieron en

propiedad del gobierno, de acuerdo a la política pública

vigente

en

aquél

momento

De

histórico.

esta

forma,

el

“Condado Bay Parcel” se integró válidamente al comercio de

las personas y no puede ser clasificada como bien de dominio

público en la controversia de este caso.

Establecido

lo

anterior

debemos

retomar

la

discusión

respecto a los bienes de dominio público del “Coast Guard

Parcel” y evaluar las consecuencias negativas históricas del

esquema privatizador establecido por la Ley de Puertos de

1886

y

su

significativo

instrucción,

en

la

que

política

han

requerido

pública

de

un

cambio

Puerto

Rico

encaminada a la protección efectiva de los bienes de dominio

público marítimo terrestres.

CT-2008-04

55

XI- Potestad de la Rama Ejecutiva del gobierno de Puerto

Rico para destinar los bienes de dominio público del

“Coast Guard Parcel” a uso patrimonial o privado.

Los bienes de dominio público son bienes sustraídos de la

actividad comercial porque satisfacen necesidades colectivas

y sustentan el bienestar común. En función de la importancia

pública de estos bienes, nuestro ordenamiento jurídico ha

establecido, según ya explicamos en la parte IX de esta

opinión, que los bienes de dominio público son inalienables,

imprescriptibles e inembargables. Rubert Amstrong v. E.L.A.,

supra,

pág.

620,

Figueroa

D.P.R.

534,

562-563

Giusti,

Las

Conceciones

v.

(1970).

de

la

Municipio

Véase,

Corona

de

M.J.

y

San

Juan,

Godreau,

propiedad

98

J.A.

de

la

tierra en Puerto Rico, Siglos XVI-XX: Un estudio jurídico,

62 REV. JUR. U.P.R. 351, 562-564 (1993).

El tratadista Puig Peña explica que las cosas públicas o

bienes de dominio público se caracterizan por lo siguiente:

1º Por ser inalienables, estar fuera de comercio y ser

imprescriptibles.

2º Por la imposibilidad de imponer sobre las mismas,

cargas y servidumbres.

3º Por la generalización a todos los ciudadanos para

obtener los beneficios y ventajas que lleva consigo el

destino de utilidad pública.

4º Porque los agentes administrativos no tienen necesidad

de dirigirse a los Tribunales de Justicia para proteger la

cosa pública, pudiendo ejercitar su actividad coactiva

para que la propiedad de la cosa pública sea respetada. F.

Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, 1ra ed.,

Madrid, Editorial revista de Derecho Privado, 1958, Tomo

I, Volumen II, págs. 299.

La afectación de un bien al dominio público puede darse

por acto legislativo en protección del bienestar común.83

Véase, J.V. González García y otros, Derechos de los Bienes

Públicos, op. cit., págs. 88-92, para una discusión sobre

83

CT-2008-04

56

Cuando esto ocurre, la ley puede identificar unos bienes en

particular

o

puede

establecer

unas

características

o

criterios a partir de los cuales se puede identificar un

bien

de

dominio

público.

Por

ejemplo,

Martínez

Escudero

explica que todo bien al que pueda aplicársele la definición

de zona marítimo terrestre establecida por ley es un bien de

dominio público. L. Martínez Escudero, Playas y Costas: su

Régimen Jurídico Administrativo, 2da ed., Madrid, Editorial

Montecorvo S.A., 1985, pág. 57. A su vez, Isabel Miralles

González expone lo siguiente respecto a la afectación por

acto legislativo:

La consideración de dominio público de un bien arranca de

una declaración legal. El destino público de esos bienes

se hace para todos aquellos que participen de la misma

denominación, llámesele naturaleza o no, es decir, para

todos aquellos bienes reconocibles por sus características

intrínsecas, razón por la cual no precisan de un acto

específico de afectación. Basta con que la Ley (…) declare

el carácter de bienes de dominio público a los de un tipo

determinado, para que todos los que participan de esa

misma naturaleza vengan a integrarse en dicho dominio.

(Énfasis nuestro) I. Miralles González, Dominio público y

propiedad privada en la nueva Ley de Costas, 1ra ed.,

España, Editorial Civitas, S.A., 1992, pág. 69.

Por esto, si un bien es afectado como bien de dominio

público mediante legislación y no ha perdido, por causas

naturales,

las

características

físicas

o

factores

que

lo

hacen formar parte de dicha clasificación jurídica, sólo un

acto

de

igual

desafectación.84

fuerza

Constituye

jurídica

esto

un

podrá

ejercicio

permitir

de

su

política

pública que llamaremos en adelante el principio de la

_____________________________

las posibles formas de afectación de un bien al dominio

público.

Adviértase que no hemos abordado el análisis jurídico de

qué ocurre cuando la pérdida de las características físicas

de un bien de dominio público sean causadas por la voluntad

o arbitrariedad del ser humano y no por procesos naturales.

84

CT-2008-04

desafectación.

Al

respecto,

Godreau

y

57

explican

Giusti

lo

siguiente:

En tanto la terminación o cesación de la utilidad pública

permite que el bien sea enajenado, tal transformación no

puede

darse

arbitrariamente

o

sólo

mediante

la

determinación del funcionario o de la entidad que tenga su

custodia; será necesario, o bien que la inutilidad surja

de fenómenos naturales, o bien que medie un acto

legislativo declarando el cese de tal utilidad pública.

(Énfasis

nuestro)

M.J.

Godreau,

J.A.

Giusti,

Las

Conceciones de la Corona y propiedad de la tierra en

Puerto Rico, Siglos XVI-XX: Un estudio jurídico, supra,

pág. 563.

Además, Martínez Escudero nos explica lo siguiente respecto

al principio de la desafectación:

Por lo que se refiere a las playas, la garantía de su

inalienabilidad se encuentra en el hecho de que su destino

al uso público está establecido por declaración expresa de

la Ley …, por lo cual sería preciso una disposición con

fuerza de ley para hacer posible su enajenación; L.

Martínez Escudero, Playas y Costas, su Régimen Jurídico

Administrativo, op. cit., pág. 194.

De igual forma, Julio V. González García nos explica:

El fenómeno contrario al de la incorporación de un bien al

dominio público está constituido por la desafectación de

un bien, esto es, la operación por la cual el bien deja de

estar destinado al cumplimiento de un uso general

o un

servicio público y perderán [sic] en el mismo instante la

condición de bien de dominio público, pasando a estar

integrado en el grupo de los bienes patrimoniales o, en

ciertos casos recogidos en la legislación, yendo a manos

privadas.

Para evitar los problemas que plantea la pérdida de

destino de los bienes, resulta preciso un acto expreso en

el que se tome esta decisión. Acto expreso que debe tener,

como mínimo, el mismo rango que la decisión por la que

entró un bien en el dominio público. J.V. González García

y otros, Derechos de los Bienes Públicos, op. cit., pág.

93.

En la parte IX de esta opinión aclaramos que el esquema

jurídico privatizador que existía en Puerto Rico antes de

1968

permitía

la

privatización

través

de

obras

autorizadas

física

de

dichos

terrenos,

de

que

terrenos

alteraban

convirtiéndolos

sumergidos

la

en

a

naturaleza

terrenos

CT-2008-04

58

ganados al mar, según la Instrucción de la Ley de Puertos de

1886, supra. Según explicamos, dicha instrucción es un acto

jurídico de fuerza administrativa bajo el esquema jurídico

español.

Puerto

Por

Rico

esto,

el

1886

era

en

desafectación,

pues

esquema

privatizador

antagónico

permitía

que

un

al

extendido

principio

acto

de

a

la

administrativo

regulara la desafectación de unos bienes de dominio público

que fueron clasificados como tal por un acto legislativo.

Ante esta realidad jurídica y sus consecuencias negativas,

tanto la jurisdicción española como la nuestra han adoptado

un

nuevo

esquema

clasificando

dominio

jurídico

que

evita

los

terrenos

ganados

público

mediante

acto

al

dicho

mar

antagonismo,

como

legislativo.

bienes

de

Veamos

lo

sucedido en España, antes de examinar el esquema jurídico

vigente actualmente en nuestra jurisdicción.

En España, donde el sistema privatizador de los bienes de

dominio público marítimo terrestre estuvo en vigor durante

más de un siglo, la doctrina identificó las consecuencias

negativas del sistema y reiteró la importancia de proteger

dichos bienes. Ma del Pino Rodríguez González elabora sobre

la importancia de los bienes de dominio público marítimo

terrestre en el contexto español, explicando lo siguiente:

Los bienes marítimo-terrestre juegan un papel protagonista

dentro de la categoría general de los bienes de dominio

público. A nadie se esconde la importancia que actualmente

se asigna a aquéllos, lo cual justifica los objetivos

proteccionistas que preside hoy su regulación legal y la

actuación de nuestras administraciones públicas. Y es que

no debe olvidarse que estos bienes son susceptibles de un

intenso aprovechamiento económico, no sólo porque es en la

franja costera donde se concentra la mayor parte de la

oferta turística española (actividad que constituye una de

las principales fuentes de nuestra economía), sino también

como objeto de explotación pesquera o como fuente de

abundantes recursos mineros y petrolíferos. Se trata, por

CT-2008-04

59

tanto, de terrenos valiosos por las grandes posibilidades

que ofrecen, así como su valor social como lugar de ocio y

disfrute de los ciudadanos, pero escasos por las

crecientes demandas que soportan y muy sensibles y de

difícil recuperación en su equilibrio físico. (Énfasis

nuestro) J.V. González García y otros, Derechos de los

Bienes Públicos, 1ra ed.,

Valencia, Tirant Lo Blanch,

2005, pág. 131.

La exposición de motivos de la Ley de Costas española de

1988 también se refiere a las consecuencias negativas del

esquema

jurídico

privatizador

bajo

el

régimen

español

de

1880 y la importancia de proteger los bienes de dominio

público marítimo terrestre en la actualidad:

Las consecuencias del creciente proceso de privatización y

depredación,

posibilitado

por

una

grave

dejación

administrativa, han hecho irreconciliable, en numerosas

zonas, el paisaje litoral de no hace más de treinta años,

con un urbanismo nocivo de altas murallas de edificios al

mismo borde de la playa o del mar, vías de transporte de

gran intensidad de tráfico demasiado próximas a la orilla,

y vertidos al mar sin depuración en la mayoría de los

casos.

Este doble fenómeno de destrucción y privatización del

litoral, que amenaza extenderse a toda su longitud, exige

de modo apremiante una solución clara e inequívoca, acorde

con la naturaleza de estos bienes, y que, con una

perspectiva de futuro, tenga como objetivos la defensa de

su equilibrio y su progreso físico, la protección y

conservación de sus valores y virtualidades naturales y

culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos,

la garantía de su uso y disfrute abierto a todos, con

excepciones

plenamente

justificadas

por

el

interés

colectivo y estrictamente limitadas en el tiempo y en el

espacio, y con la adopción de las adecuadas medidas de

restauración. Ley núm. 22/1988, Aranzadi, Repertorio

cronológico de legislación, vol. III, pág. 3474 (1988).

Por esto, en 1978, España elevó a rango constitucional los

principios

de

inalienabilidad,

imprescriptibilidad

e

inembargabilidad, así como el principio de la desafectación

de los bienes de dominio público. De esta forma, el artículo

132.1

de

siguiente:

la

“La

Constitución

Ley

Española

regulará

el

de

régimen

1978

dispone

jurídico

de

lo

los

bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose

CT-2008-04

60

en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e

inembargabilidad,

así

como

su

desafectación”.

(Énfasis

nuestro) M. Pulido Quedeco, La Constitución Española: Con la

Jurisprudencia

del

Tribunal

Constitucional,

1ra

ed.,

Pamplona, Aranzadi, S.A., 1996, pág. 1592.

Además, el artículo 132.2 de la Constitución Española de

1978 delegó al legislador la clasificación o afectación de

bienes de dominio público, y especificó que tanto la zona

marítimo terrestre como las playas, el mar litoral y los

recursos

naturales

de

la

zona

económica

y

la

plataforma

continental siempre serán de dominio público. Dicho artículo

expresa lo siguiente: “Son bienes de dominio público estatal

los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo

terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos

naturales de la zona económica y la plataforma continental”.

M.

Pulido

González

Quedeco,

esto

op.

cit.

significó,

Según

para

el

Ma

del

Pino

Rodríguez

ordenamiento

jurídico

español:

un paso decidido hacia la demanialidad absoluta de los

espacios costeros.85 Por vez primera en nuestra historia

constitucional y sin que existan precedentes en el Derecho

comparado, se hizo una declaración constitucional expresa

e inequívoca a favor del carácter demanial de determinados

bienes, con la particularidad de que los únicos a los que

se atribuye directamente dicha clasificación pertenecen al

dominio

público

marítimo-terrestre,

mencionando,

expresamente, a la zona marítimo-terrestre, playa, mar

territorial y recursos naturales de la zona económica y

plataforma continental, declarando definitivamente su

titularidad pública a favor del Estado y remitiendo al

legislador estatal el establecimiento de su régimen

jurídico. (Énfasis nuestro) J.V. González García y otros,

Valencia,

Derechos de los Bienes Públicos, 1ra ed.,

Tirant Lo Blanch, 2005, pág. 131.

El concepto “demanial” significa perteneciente o relativo

al demanio o dominio público. Diccionario de la Real

Academia

Española,

http://buscon.rae.es/draeI/,

(última

visita el 2 de julio de 2008).

85

CT-2008-04

61

España adoptó la Ley de Costas de 1988 basándose en este

mandato

constitucional

y

apartándose

definitivamente

del

sistema privatizador de los bienes de dominio público que

había

existido

en

su

jurisdicción

desde

1866.

Así

lo

reconoció la exposición de motivos de la ley al expresar lo

siguiente:

La Ley cierra el paréntesis de signo privatizador que

inició la Ley de Aguas de 1866 con un equívoco respecto a

los derechos legítimamente adquiridos, que no deberían ser

otros que los concesionales, continuado por las Leyes de

Puertos de 1880, así como por la Ley de Costas de 1969, a

pesar de los graves problemas que ya existían en esta

época y de la postura contraria y prácticamente unánime de

la doctrina. (Citas omitidas) Ley núm. 22/1988, Aranzadi,

Repertorio cronológico de legislación, vol. III, pág. 3475

(1988).

El artículo 4 de la Ley de Costas de 1988 clasificó los

terrenos ganados al mar como bienes de dominio público. Id.,

pág. 3477. Esto, cumpliendo con el propósito de eliminar

la

posibilidad de que se pudiera adquirir la propiedad de los

terrenos ganados al mar a través de obras y establecer,

además,

mecanismos

que

favorezcan

la

incorporación

de

terrenos al dominio público, con el objetivo de ampliar la

estrecha

franja

costera

que

en

1988

contaba

con

la

clasificación demanial en España. Id., pág. 3475.

Veamos ahora el esquema jurídico vigente en Puerto Rico en

lo que respecta a los terrenos ganados al mar. En 1952 se

aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, 1999, pág. 247. El

artículo VI sección 19 de la Constitución estableció como

política pública del Estado Libre Asociado “la más eficaz

conservación de sus recursos naturales, así como el mayor

desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio

CT-2008-04

general de la

62

comunidad”. Art. VI sec. 19 Const. E.L.A.,

supra, pág. 421.

Este Tribunal ha interpretado que esta

disposición constituye un mandato constitucional que impone

al

Estado

el

deber

naturales,

a

la

ineludible

de

vez

procura

que

conservar

su

los

recursos

desarrollo

y

aprovechamiento para el beneficio general de la comunidad.

Misión Industrial v. Junta de Calidad Ambiental, 145 DPR

908, 919 (1998). Este mandato constitucional no es más que

la

exigencia

de

lograr

un

desarrollo

sostenible

de

los

recursos naturales del país.

Un desarrollo sostenible es aquél que crea y mantiene las

condiciones bajo las cuales el ser humano y la naturaleza

pueden

existir

política

en

pública

armonía

productiva.

ambiental,

Ley

Núm.

Véase,

416

Ley

del

sobre

22

de

septiembre de 2004, 12 L.P.R.A. sec. 8001 et seq.; Ley sobre

política pública de desarrollo sostenible, Ley Núm. 267 del

10 de septiembre de 2004, 23 L.P.R.A. secs. 501-508. Por lo

tanto,

la

política

pública

de

desarrollo

sostenible

nos

impone el reto de lograr la conservación de los recursos

naturales que es necesaria e imprescindible para sostener

las necesidades de desarrollo del país, para bien tanto de

las presentes como de las futuras generaciones. Esto, según

expresamos hace más de una década, con el fin de establecer

“una protección frente al estado, la sociedad, el gobierno,

e incluso el hombre, que en el mundo contemporáneo, sin

darse

cuenta

destruye

la

consumismo

que

está

socavando

naturaleza

en

aras

rampante,

creando

de

su

propia

un

materialismo

desbalances

existencia,

y

un

sistemáticos

CT-2008-04

63

irreversibles”. Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 D.P.R. 449,

462 (1995).

Este Tribunal ha reconocido que el mandato constitucional

de lograr el desarrollo sostenible del país es el “criterio

jurídico primordial para juzgar la validez o interpretar el

significado de cualquier norma o decisión relativa al uso o

protección

de

los

recursos

naturales

formulada

por

la

Asamblea Legislativa o por cualquier agencia, departamento,

municipio

o

instrumentalidad

gubernamental”.

Misión

Industrial v. Junta de Calidad Ambiental, 145 DPR 908, 919920 (1998). Además, hemos determinado que esta disposición

es

un

mandato

que

debe

observarse

rigurosamente

y

que

prevalece sobre cualquier estatuto, reglamento u ordenanza

que sea contraria a éste. Id.

Los

bienes

de

dominio

público

marítimo

terrestres

son

recursos naturales que tienen una importancia tal en Puerto

Rico que todo esquema jurídico que se haya adoptado para su

regulación

deberá

interpretarse

constitucional

de

lograr

sostenible.86

Nuestra

Ley

para

de

según

éstos

Puertos

el

un

de

mandato

desarrollo

1968,

supra,

En cuanto a la urgencia de proteger estos bienes en el

contexto

puertorriqueño,

resultan

particularmente

reveladoras las siguientes expresiones del Reglamento para

el

aprovechamiento,

vigilancia,

conservación

y

administración de las aguas territoriales, los terrenos

sumergidos bajo éstas y la zona marítimo terrestre, Reg.

núm. 4860 del 29 de diciembre de 1992:

86

Puerto Rico es una isla cuya extensión territorial es

relativamente limitada. Con una cordillera montañosa

central y reducidos llanos costeros, aproximadamente la

mitad del área superficial consiste de montañas y colinas

con declives de 45 grados o más. Los relativamente planos

terrenos costeros constituyen una tercera parte del

espacio superficial y un 80 porciento del total de

superficie plana. Como es de esperarse, gran parte del

CT-2008-04

64

establece que los terrenos ganados al mar son bienes de

dominio público, ya que los incluye específicamente dentro

de

la

zona

marítimo

terrestre.87

De

esta

forma,

quedó

derogada por acto legislativo la Instrucción de la Ley de

Puertos

de

1886,

que

permitía

la

privatización

de

estos

terrenos a través de un acto administrativo.88 Además, la Ley

_____________________________

desarrollo de la Isla ha ocurrido, precisamente, en los

llanos costeros y sus inmediaciones.

[…]

Hoy, casi quince años después de la aprobación del

Programa de Manejo, y de la suscripción de acuerdos por

entidades del ELA y del gobierno federal, las aguas

territoriales, los terrenos sumergidos y la zona marítimoterrestre continúan caracterizándose por la proliferación

de usos antagónicos y conflictivos. El aprovechamiento

privado de bienes del dominio público, reflejado por la

privatización de facto de la zona marítimo-terrestre

mediante construcciones que reducen parcial o totalmente

los accesos a las playas; el menoscabo de la integridad de

los sistemas naturales típicos de la costa, reflejado por

el vertido, con y sin autorización, de aguas residuales o

por el acceso a éstos de personas en exceso de su

capacidad de acarreo; el incremento en los riesgos a la

seguridad

pública

y

propiedad,

resultantes

de

construcciones y desarrollos dentro de la zona marítimoterrestre que ocasionan la erosión y degradación del

litoral, continúan. Art. 1.3 del Reglamento para el

aprovechamiento, vigilancia, conservación y administración

de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo

éstas y la zona marítimo terrestre, supra.

El Art. 1, sec. 1.03 de la Ley de Puertos de 1968, 23

L.P.R.A. sec. 2103, define este término de la manera

siguiente:

87

[E]l espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar

en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas,

y las mayores olas en los temporales en donde las mareas

no son sensibles, e incluye los terrenos ganados al mar y

las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean

navegables o se hagan sensibles las mareas; y el término,

sin condicionar, significa la zona marítima terrestre de

Puerto Rico. (Énfasis nuestro).

Adviértase que esta ley no tiene efecto retroactivo, por lo

que no cabe argumentar que aplica a la controversia de los

terrenos que constituyen el “Condado Bay Parcel”. 23

L.P.R.A. sec. 2111.

88

CT-2008-04

65

de Puertos de 1968, no adopta y por ende, no permite, la

posibilidad de desafectar estos bienes.

La sección 1.09 (d) de la Ley de Puertos de 1968, 23

L.P.R.A. sec. 2110, establece que a excepción de la zona

marítimo terrestre incluida en una zona portuaria, para lo

cual

la

ley

Transportación

provee

específicamente,

y

Obras

Interior)

tendrá

sobre

terrenos

agregados

facultades

y

a

Públicas

la

zona

ellas

o

funciones

de

el

(antes

marítimo

ganados

al

vigilancia,

Secretario

de

Comisionado

del

terrestre

y

los

mar

mismas

las

conservación

y

concesión de permisos que le fueron conferidas a través de

las secciones 18 y 47 de la Ley de Puertos de 1928. Ya

vimos, en la parte IX de esta opinión, que la sección 47 de

la ley de 1928 ordenaba la vigilancia y conservación de “los

muelles, malecones, terraplenes, (…) terrenos públicos que

forman la zona marítima y los terrenos agregados a ella o

ganados al mar, (…)”. Sec. 47 de La Ley de Puertos de 1928,

supra.

En el contexto jurídico del artículo VI sección 19 de la

Constitución de 1952, la jurisprudencia y la propia Ley de

puertos

de

1968,

el

criterio

jurídico

primordial

para

interpretar el significado de la sección 47 de la Ley de

Puertos de 1928 es el mandato constitucional de lograr el

desarrollo

sostenible

de

los

bienes

de

dominio

público

marítimo terrestres, dado que la Ley de Puertos de 1968

clasificó los terrenos ganados al mar como bienes de dominio

público marítimo terrestres. Interpretada de esta forma, la

sección 47 de la Ley de Puertos de 1928, supra, le impone al

Secretario de Transportación y Obras Públicas la obligación

CT-2008-04

de conservar

los

terrenos

ganados

al

mar

66

a

acorde

su

clasificación demanial.

Por lo tanto, cuando los terrenos ganados al mar aledaños

al

“Coast

Guard

Parcel”

entraron

nuevamente

a

nuestra

jurisdicción en 1991 eran terrenos ganados al mar afectados

como

bienes

gobierno

de

de

dominio

Puerto

público

Rico

y

no

la

Rama

tenía

Ejecutiva

discreción

del

para

desafectarlos y destinarlos a otro uso.

XII- Los actos de la Rama Ejecutiva del gobierno de Puerto

Rico sobre los bienes de dominio público del “Coast

Guard Parcel” luego de su adquisición en 1991

El 19 de diciembre de 1934, luego que los Estados Unidos

le hubiera cedido al Pueblo de Puerto Rico la Reserva Naval

San Gerónimo, el Comisionado del Interior del Gobierno de

Puerto

Rico

emitió

reserva

cedida

como

una

certificación

que

la

finca

el

196

en

identificó

Registro

de

la

la

Propiedad. El “Coast Guard Parcel” se inscribió a nombre de

los Estados Unidos en una nota marginal de la finca 196. El

Acta Aclaratoria emitida por el Comisionado del Interior en

1935, antes de que los Estados Unidos llevaran a cabo las

obras de relleno en la parcela, describe el “Coast Guard

Parcel” de la siguiente manera:

PARCELA B- Urbana- Parcela de terreno radicada en el

barrio Puerta de Tierra, del término municipal de San

Juan, cuya propiedad se reserva el Gobierno de los Estados

Unidos de América. Tiene un area [sic] superficial de 1

hectares 87 acres 93.24 centiareas, equivalentes a 4

cuerdas con 781 centésimas de otra. Colinda al norte con

la parcela A, antes descrita, propiedad de El Pueblo de

Puerto Rico y arrendada al Teniente Comandante de Marina,

retirado, Virgil Baker, por el sur con la margen norte de

la variante de la Avenida Ponce de León que a (…) al

puente Guillermo Esteves; por el este con la zona marítima

de la Laguna del Condado; y por el oeste, con terrenos

propiedad del Gobierno de los Estados Unidos de América.

CT-2008-04

67

Acta Aclaratoria del Comisionado del Interior de Puerto

Rico del 17 de junio de 1935.

La

descripción

citada

e

inscrita

en

el

Registro

de

la

Propiedad no incluyó los terrenos sumergidos aledaños a la

parcela. Después que la Administración de Terrenos de Puerto

Rico

adquiriera

el

“Coast

Guard

Parcel”

del

gobierno

federal, se presentó la escritura de compraventa entre ambos

gobiernos

al

descripción

Registro

de

la

de

la

Propiedad

propiedad

en

la

en

escritura

1992.

La

incluyó

los

terrenos ganados al mar.

En 1991, el “Coast Guard Parcel” estaba zonificada como

una

zona

Reglamento

pública

de

y/o

recreativa

Zonificación

Especial

(P).

Sec.

del

Condado,

2.02

del

supra.

Véase la parte IX de esta opinión. En 1993, la Junta de

Planificación

aprobó

el

Plan

de

Usos

del

Terreno

y

Reglamento de Zonificación Especial para la entrada de la

Isleta de San Juan. Este plan adoptó la definición de la

zona marítimo-terrestre que incluye los terrenos ganados al

mar como bienes de dominio público y rezonificó al “Coast

Guard Parcel” como una Zona de Desarrollo Especial (ZDE-A).

Reglamento de Planificación Núm. 23 del 15 de enero de 1993.

El 13 de diciembre de 1994, el Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales certificó el deslinde de la zona

marítimo terrestre de la “Coast Guard Parcel”, de acuerdo a

un

Plano

de

Mensura

preparado

por

la

Administración

de

Terrenos. El deslinde incluyó los terrenos ganados al mar

como parte de la propiedad de dicha agencia.89

El deslinde de la zona marítimo terrestre hecho por el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales en 1998 fue

89

CT-2008-04

68

El 10 de septiembre de 1998 la Administración de Terrenos

aprobó la venta del “Coast Guard Parcel” a la Corporación de

Desarrollo Hotelero, subsidiaria de la Compañía de Turismo

de Puerto Rico. El 15 de septiembre de 1998 el agrimensor

Renán

López

de

Azua

hizo

una

mensura

del

“Coast

Guard

Parcel” que corrige su descripción y cabida. Al describir la

propiedad, dicho agrimensor especifica que ésta colinda con

la Laguna del Condado, incluyendo, por tanto, los terrenos

ganados al mar.

El 5 de octubre de 1998, la Administración de Terrenos y

el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto

Rico

presentaron

una

Instancia

Solicitando

Rectificación

Registral para abrir un folio independiente del “Coast Guard

Parcel” que indicara que su titular era la Administración de

Terrenos. Hasta entonces la parcela aparecía en una nota

marginal

a

la

finca

196.

El

Registrador

así

lo

hizo

y

designó al “Coast Guard Parcel” como la finca 904.

El 21 de octubre de 1998 la Junta de Planificación aprobó

la venta del “Coast Guard Parcel”. A renglón seguido, el 6

de

noviembre

transfirió

la

de

1998

la

Administración

parcela

a

la

de

Corporación

Terrenos

de

le

Desarrollo

Hotelero a través de la escritura número 1 expedida por el

notario público Juan Alberto Correa Suárez. Ese mismo día,

la Corporación de Desarrollo Hotelero vendió la parcela a

“Hilton Internacional of Puerto Rico, Inc.”, a través de la

escritura número uno autorizada por el notario público José

Antonio

Fernández

Jaquete,

la

cual

_____________________________

respecto a los terrenos del Hotel

respecto al “Coast Guard Parcel”.

fue

inscrita

Caribe

Hilton

en

el

y

no

CT-2008-04

69

registro de la propiedad. Ambas escrituras, al igual que el

deslinde de 1994, incluyen los terrenos ganados al mar como

parte de la propiedad, ya que la describen como una parcela

que colinda con la Laguna del Condado.

El 12 de enero de 2000 la Junta de Planificación acordó

aprobar el proyecto mixto residencial, comercial y turístico

propuesto por “San Geronimo Caribe Project, Inc.” a través

de una consulta de ubicación. Los

terrenos objeto de la

consulta fueron descritos en el párrafo 2 de la resolución

administrativa de la siguiente manera:

El predio de consulta tiene una cabida de 6.51 cuerdas. El

mismo está delimitado por el Norte, con el hotel Caribe

Hilton, su estacionamiento y varias propiedades privadas;

por el Sur, con la Avenida Ponce de León y la Laguna del

Condado; por el Este, con la Laguna del Condado y el

Fortín San Gerónimo [sic]; y por el Oeste con la Avenida

Muñoz Rivera.

El 6 de junio de 2000 se actualizaron los estudios de

título y el 21 de julio de ese año “Hilton Internacional of

Puerto Rico, Inc.” vendió el “Coast Guard Parcel” a “San

Geronimo

Caribe

Project,

Inc.”.

Gerónimo

Caribe

Project,

Inc.”

administrativos

para

llevar

a

Posteriormente,

recibió

cabo

el

los

“San

permisos

proyecto

Paseo

Caribe.90 En particular, la Administración de Reglamentos y

Permisos expidió los permisos de construcción y uso para los

distintos

componentes

del

proyecto,

que

incluyen

la

construcción de obras permanentes sobre los terrenos ganados

al mar en la parcela.

Además,

Justicia

el

28

de

octubre

de

2002

emitió

una

opinión

dirigida

el

al

Subsecretario

de

Secretario

del

Véase el Índice o resumen de los permisos otorgados a Paseo

Caribe que surge del expediente.

90

CT-2008-04

70

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en la que

se concluye que los terrenos ganados al mar en controversia

no son bienes de dominio público. El Subsecretario explica

que los terrenos ganados al mar aledaños al “Coast Guard

Parcel”

fueron

desafectados

prospectiva

y

permanentemente

por los actos soberanos de los Estados Unidos y que por lo

tanto, a dichos terrenos no les aplica la Ley de Puertos de

1968, supra, que clasifica los terrenos ganados al mar como

bienes de dominio público marítimo terrestre. Op. Sec. Just.

Núm. 2002-19 del 28 de octubre de 2002. Como bien sabemos,

no es hasta el 11 de diciembre de 2007, que el Secretario de

Justicia reevaluó su posición y determinó que los terrenos

ganados al mar en el “Coast Guard Parcel” son bienes de

dominio público.

Estos hechos revelan que luego de que se adquiriera el

“Coast Guard Parcel” en 1991, la Rama Ejecutiva del gobierno

de

Puerto

Rico

marítimo

administró

terrestres

los

en

bienes

de

dominio

público

controversia

como

bienes

patrimoniales. Estos actos denotan, a mi entender, una clara

deficiencia en la administración pública de unos bienes que

por mandato legislativo fueron afectados al dominio público

para

satisfacer

necesidades

colectivas

y

asegurar

el

bienestar común. Además, demuestran indiferencia respecto al

valor histórico y cultural que tienen estos

terrenos por

estar localizados alrededor del Fortín San Jerónimo. Esto,

sin

ignorar

indiferencia

el

impacto

causó

al

negativo

interés

que

dicha

deficiencia

propietario

del

e

aquí

peticionario, “San Gerónimo Caribe Project, Inc.”. Ante esta

CT-2008-04

71

realidad, debemos evaluar el efecto de estos hechos sobre la

titularidad de los terrenos en controversia.

Uno de los actos contrarios a la naturaleza demanial de

estos

terrenos

fue

el

deslinde

que

el

Departamento

de

Recursos Naturales y Ambientales llevó a cabo en 1994. Dicho

deslinde incluyó los terrenos ganados al mar en la propiedad

de

la

Administración

de

Terrenos,

incumpliendo

así

el

mandato legislativo de la Ley de Puertos de 1968, supra, que

los sustrae del comercio de las personas.91

Un

deslinde

administrativo

no

adjudica

titularidad

ni

otorga derechos de propiedad, sino que establece los límites

entre

los

bienes

de

dominio

público

y

las

propiedades

colindantes con éstos, creando una presunción de corrección

sobre

dicha

delimitación.

Al

respecto

Martínez

Escudero

indica que de esa forma: “… el deslinde permite fijar los

límites

de

las

playas

y

de

la

zona

marítimo-terrestre,

declarando respecto de ellas y a favor de la Administración

un estado posesorio de hecho, sin prejuzgar las cuestiones

relativas a la propiedad privada”. L. Martínez Escudero, op.

En 1992 el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

adoptó el Reglamento para el aprovechamiento, vigilancia,

conservación y administración de las aguas territoriales,

los terrenos sumergidos bajo éstas y la zona marítimo

terrestre,

supra,

con

el

propósito

de

atemperar

la

legislación reguladora de los bienes de dominio público

marítimo terrestres a las realidades contemporáneas de

conservación y crear criterios y mecanismos para la

delimitación,

vigilancia,

conservación,

saneamiento

y

otorgación de concesiones y autorizaciones para el uso y

aprovechamiento de dichos bienes. En su artículo 2.108 el

reglamento adopta la definición de la zona marítimo

terrestre de la Ley de Puertos de 1968, supra, que incluye

los terrenos ganados al mar. El artículo 3 del reglamento

establece el proceso de deslinde que lleva a cabo el

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para

determinar el límite tierra adentro de la zona marítimo

terrestre según definida en el artículo 2.108.

91

CT-2008-04

cit., pág.

204.

Véase

además,

la

72

24.02 del

sección

Reglamento de Zonificación de la Zona Costanera y de Acceso

a las Playas y Costas de Puerto Rico, Reg. núm. 17 del 31 de

marzo de 1983.

Por lo tanto, el deslinde de 1994, aunque incluyó los

terrenos ganados al mar, no le concedió ningún derecho de

propiedad

sobre

dichos

bienes

a

la

Administración

de

Terrenos. Sin embargo, el deslinde trajo como consecuencia

que en 1998 el Registrador de la Propiedad creara un folio

independiente del “Coast Guard Parcel” (finca 904) en el

cual, conforme a la escritura de compraventa presentada en

el

registro

en

1992

y

inscribieron

los

terrenos

el

mencionado

ganados

al

deslinde,

mar

como

parte

se

del

solar propiedad de la Administración de Terrenos. A esto

siguió,

según

noviembre

del

vimos,

la

mismo

año

venta

de

a

Corporación

la

la

parcela

de

el

6

de

Desarrollo

Hotelero, y, el mismo día, a “Hilton Internacional of Puerto

Rico, Inc.”. Esta venta fue inscrita en el Registro de la

Propiedad.

Dos

años

más

tarde,

Planificación

aprobó

el

Proyecto

Internacional

of

Puerto

Rico,

después

que

Paseo

Inc.”

le

la

Junta

Caribe,

vendió

el

de

“Hilton

“Coast

Guard Parcel” a “San Geronimo Caribe Project, Inc.”. Esta

venta también fue inscrita en el Registro de la Propiedad e

incluyó

los

terrenos

ganados

al

mar

como

parte

de

la

propiedad vendida. Por lo tanto, debemos determinar si dicha

inscripción

y

su

historial

registral

tuvo

el

efecto

de

CT-2008-04

73

conceder el título de propiedad de estos bienes de dominio

público al peticionario.92

El

Tribunal

Geronimo

de

Caribe

Primera

Project,

Instancia

Inc.”

concluyó

adquirió

el

que

“San

título

de

propiedad sobre los terrenos ganados al mar en controversia

por

ser

un

tercero

registral.

No

es

correcta

esta

conclusión. La tercería registral es una protección que sólo

puede oponerse respecto a bienes sujetos al comercio de las

personas.

público

Según

son

comercio.

hemos

discutido,

inalienables

Rubert

Amstrong

los

bienes

y

están

v.

E.L.A.,

de

excluidos

supra,

dominio

de

dicho

pág.

620,

Figueroa v. Municipio de San Juan, supra, págs. 562-563.

Véase,

M.J.

Godreau,

J.A.

Giusti,

Las

Concesiones

de

la

Corona y propiedad de la tierra en Puerto Rico, Siglos XVIXX: Un estudio jurídico, op. cit., 562-564.

De acuerdo al principio de la inalienabilidad, el artículo

39 de la Ley Hipotecaria establece que los bienes de dominio

público no son inscribibles en el Registro de la Propiedad.

30 L.P.R.A. sec. 2202. Además, si la clasificación demanial

de un bien surge de la ley, la fe pública registral no se

puede

oponer

a

la

disposición

legislativa.

Al

respecto,

Rivera Rivera explica que “la norma jurídica no requiere de

publicidad

registral

para

que

Rivera

Rivera,

Derecho

afecte

a

terceros”.

Registral

L.

R.

Inmobiliario

Debemos aclarar que el caso Rubert Amstrong v. E.L.A.,

supra, no aplica a esta controversia registral. En dicho

caso, se determinó que la parcela en controversia no era un

bien de dominio público, de acuerdo a la Ley de Puertos de

1880, supra, ya que dicha ley no tenía efecto retroactivo

sobre derechos adquiridos e inscritos en el Registro de la

Propiedad y además, permitía la privatización de marismas.

Id., págs. 624-631.

92

CT-2008-04

74

Puertorriqueño, 2da ed., San Juan, Jurídica Editores, 2002,

pág. 159. De esta forma, cita a Lacruz Berdejo

expresando

lo siguiente: “Las limitaciones y cargas públicas afectan a

todos los propietarios por igual, vienen publicadas por ley,

son cognoscibles por cualquiera y con ellas debe contar todo

adquirente.

Es

el

Derecho

objetivo

y

no

la

situación

individual jurídica del Registro quien informa sobre tales

cargas”. Id.

Sin embargo, este caso presenta la situación particular de

que la inscripción de los bienes demaniales fue producto de

la venta de éstos

por el Estado. Surge así la controversia

de si la fe pública registral debe proteger a quien adquirió

los

bienes

confiando

en

la

inscripción

causada

por

el

Estado. Respecto a esta controversia Clavero Arevalo aclara

lo siguiente:

La protección de la buena fe que hace este precepto, de

quien adquiera un bien inscrito de persona que aparezca

como titular registral del mismo, puede pugnar con la

regla de la inalienabilidad del dominio público cuando el

bien adquirido por el tercero tenga este carácter y lo

adquiere de quienes a su vez lo adquirieron de la

Administración

pública.

Si

en

tales

casos

la

Administración

puede

hacer

entrar

en

juego

la

inalienabilidad del dominio público para recobrar el bien

vendido, el tercero hipotecario puede también hacer entrar

en juego el principio de la fe pública registral que le

ampara, (…). ¿Cuál de estas dos protecciones debe

prevalecer?

Para resolver esta interrogación hay que tener en cuenta

que los bienes del dominio público están exceptuados del

Registro de la Propiedad. La Ley hipotecaria tiene por

objeto regular el comercio jurídico inmobiliario, y por

ello quedan al margen de la misma los bienes que no son

susceptibles de tráfico jurídico. (…)

Este carácter extrarregistral [sic] de los bienes de

dominio público determina que para los mismos no puedan

jugar los principios hipotecarios, que sólo tienen validez

para los bienes que tienen acceso al registro. (…) De esta

manera, siendo el principio de la fe pública registral un

principio hipotecario, no puede jugar en contra de la

inalienabilidad del dominio público, porque estos bienes

están exceptuados del Registro de la Propiedad.

CT-2008-04

75

El problema se plantea cuando los bienes de dominio

público,…, han tenido acceso al Registro y se han

inmatriculado. Creemos que en tales casos procede la misma

solución, por cuanto se tratará en todo caso de una

inmatriculación y posteriores inscripciones indebidas, que

no constituyen por sí mismas desafectación del dominio

público. (Énfasis nuestro) M. F. Clavero Arevalo, La

inalienabilidad del dominio público, 1ra ed., Sevilla,

1958, págs. 116-118. Véase, R. Fornesa Ribó, Eficacia del

título hipotecario sobre parcelas de zona marítimoterrestre, 46 R.A.P. 123, 140-144 (1965), I. Miralles

González, op. cit., págs. 43-46.

Acorde a lo anterior, aunque la administración pública

erróneamente los haya inscrito y enajenado, éstos bienes no

perderán su naturaleza demanial a base de una inscripción

inválida en el Registro de la Propiedad.

El que “San Gerónimo Caribe Project, Inc.” recibiera los

permisos

Paseo

administrativos

Caribe

terrenos

tampoco

ganados

administrativos

al

no

para

afecta

mar

llevar

el

en

confieren

a

cabo

carácter

el

proyecto

demanial

de

controversia.

Los

titularidad

mucho

y

los

permisos

menos

pueden convalidar un acto nulo de enajenación de bienes de

dominio público. Por lo tanto, los permisos concedidos por

las agencias administrativas a “San Gerónimo Caribe Project,

Inc.”

no

afectan

el

carácter

demanial

de

los

terrenos

ganados al mar en controversia.

XIIIEl

Conclusión

análisis

histórico

del

derecho

y

los

principios

jurídicos aplicables a las controversias sometidas a nuestra

consideración

demuestran,

primeramente,

que

los

terrenos

ganados al mar en el “Condado Bay Parcel” sobre los que “San

Gerónimo Caribe Project, Inc.” tiene el título de propiedad

inscrito en el Registro de la Propiedad, no son bienes de

dominio público. Por eso concurro con la opinión mayoritaria

CT-2008-04

76

en cuanto a esto. No puedo concurrir, sin embargo, con el

análisis mayoritario respecto a los terrenos ganados al mar

aledaños al “Coast Guard Parcel”. Los fundamentos discutidos

me han convencido que éstos son bienes de dominio público y

no son susceptibles de tráfico jurídico. Dada la realidad de

que

el

peticionario

adquirió

y

ha

construido

sobre

esos

terrenos como consecuencia, aparentemente, de errores del

Estado, corresponde a la administración pública rectificar

dichos

errores

haciendo

un

ejercicio

competente

de

planificación, con el fin de lograr el desarrollo sostenible

de estos bienes conforme a su regulación jurídica demanial y

su realidad física actual.

La

opinión

mayoritaria

de

este

Tribunal

señala

reiteradamente que el resultado de este caso afectará los

derechos

adquiridos

de

miles

de

familias

y

ciudadanos

puertorriqueños que durante las décadas de los cuarenta y

cincuenta

establecieron

sus

propiedades

sobre

terrenos

ganados al mar. Sin embargo, la opinión mayoritaria acepta,

como lo hacemos en esta opinión, que los terrenos ganados al

mar desde 1968 son bienes de dominio público en nuestra

jurisdicción. Por lo tanto, al aplicar la Ley de Puertos de

1968

no

se

afectan

los

derechos

adquiridos

por

CT-2008-04

dichos ciudadanos bajo el viejo régimen privatizador.

77

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada