LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Nelson Rochet Santoro

2008 TSPR 125

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Nelson Rochet Santoro

TS-000008923

Conducta Profesional-Suspensión indefinida de la abogacía por violación a los Cánones 9, 18, 19, 21, 24, 33, 35 y 38 de ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

2008 TSPR 125

Nelson Rochet Santoro

174 DPR ____

Número del Caso: TS-8923

Fecha: 30 de junio de 2008

Abogado de la Parte Peticionaria:

Por Derecho Propio

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión será efectiva el 22 de julio de 2008

fecha en que se le notificó al abogado de suspensión

inmediata.)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Nelson Rochet Santoro

TS-8923

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2008.

Mediante Opinión y Orden del l2 de marzo de

2006, la Corte de Distrito de los Estados Unidos

para

el

desaforo

Distrito

del

Lcdo.

de

Puerto

Nelson

Rico

decretó

el

Rochet

Santoro

del

ejercicio de la abogacía ante dicho foro en el

caso

In

the

Matter

of:

Nelson

Rochet

Santoro,

Misc. No. 03-016(JAF); Civil No. 96-2443 (JAF).

Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones de los

Estados Unidos para el Primer Circuito confirmó

la

referida

Matter

of:

06-1690.

determinación

Nelson

en

el

caso

In

the

Rochet-Santoro,

No.

05-2855,

TS-8923

2

A la luz de la información recibida con relación a lo

ocurrido en la jurisdicción federal, el 14 de septiembre de

2007 emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos

término a Rochet Santoro para que mostrara causa por la

cual

este

Tribunal

no

debía

imponer

una

sanción

disciplinaria por los hechos que dieron lugar a su desaforo

en

la

Corte

de

Distrito

de

los

Estados

Unidos

para

el

Distrito de Puerto Rico (en adelante, Corte de Distrito

Federal).

Dicha Resolución se le notificó a Rochet Santoro

personalmente a través de la Oficina del Alguacil el 21 de

septiembre del mismo año.

En

respuesta,

indicando

que

Rochet

había

Santoro

solicitado

presentó

una

reconsideración

moción

ante

el

Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer

Circuito,

por

lo

que

requirió

un

término

contestar la orden de mostrar causa.

adicional

para

Dicha solicitud fue

declarada con lugar y, a tales efectos, le dimos hasta el 29

de octubre para cumplir con lo ordenado.

Posteriormente, la moción de reconsideración presentada

por

Rochet

Santoro

fue

denegada

por

el

Tribunal

de

Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito.

No obstante, Rochet Santoro presentó ante nos una “Moción

para que se paralicen los procedimientos” mediante la cual

nos informó que había presentado ante el mencionado foro

federal

fuera

otra

“Moción

Denegada”.

apelativos

Clarificando

En

pendientes,

vista

de

solicitó

la

Reconsideración

que

la

quedaban

paralización

que

trámites

de

los

TS-8923

3

procedimientos.

Al día de hoy, Rochet Santoro no nos ha

informado del resultado de esta última moción presentada.

No obstante, la Secretaría de este Tribunal se comunicó con

el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el

Primer

Circuito,

donde

le

informaron

que

la

solicitud

aludida también fue denegada el 13 de diciembre de 2007.

Enterado este Tribunal de dicha determinación, se le

concedió a Rochet Santoro un término final para contestar la

orden de mostrar causa emitida el 14 de septiembre de 2007.

Rochet

Santoro

compareció

fuera

del

término

concedido,

solicitando una nueva extensión del plazo para cumplir con

la orden de mostrar causa.

El pasado 11 de junio de 2008

denegamos dicha solicitud y dimos por sometido el asunto.

Por tanto, procedemos a resolver sin trámite ulterior.

I

El mencionado trasfondo procesal tuvo su génesis en la

litigación que produjo la “Explosión de Río Piedras” contra

las compañías Enron Corp., San Juan Gas y otros demandados.

Los

casos

que

consolidados

y

se

produjeron

resueltos

tras

mediante

ese

un

incidente

acuerdo

fueron

global

de

indemnización a ser pagada a favor de los demandantes bajo

la

supervisión

del

Juez

Federal,

Hon.

Robert

J.

Ward.

Rochet Santoro estaba admitido a la práctica en la Corte de

Distrito

Federal

y

representaba

a

múltiples

demandantes

envueltos en ese litigio.

Mientras

el

Hon.

Robert

Ward

supervisaba

los

desembolsos del dinero producto del acuerdo transaccional,

TS-8923

4

desarrolló

cierta

realizadas

por

preocupación

Rochet

con

Santoro

unas

deducciones

las

cantidades

de

correspondientes a sus clientes.

En vista de ello, sugirió

iniciar

una

investigación

sobre

el

efecto-

fue

ordenada

la

Comenzada

Santoro

la

por

investigación,

enviaron

cartas

asunto,

Corte

de

varios

y

la

cual

Distrito

ex-clientes

mociones

–en

Federal.

de

expresando

Rochet

diversas

inquietudes con la conducta profesional de Rochet Santoro y

con la calidad de los servicios legales ofrecidos.

En

esencia,

las

comunicaciones

incluían

alegaciones

sobre insatisfacción con el manejo de los casos y con la

comunicación

entre

abogado

y

cliente;

alegaciones

sobre

amenazas para que los clientes firmaran los contratos de

honorarios de abogado, y alegaciones sobre desembolsos no

autorizados

de

los

transaccional.

investigación,

fondos

Además,

se

disponibles

durante

descubrió

que

el

tras

el

acuerdo

desarrollo

Rochet

de

Santoro

la

había

contratado al Sr. Enrique Cardona (quien no tenía licencia

de abogado) y compartía con él los honorarios recibidos en

el caso relacionado a la Explosión de Río Piedras.

Por

estos

hechos,

y

tras

la

correspondiente

investigación, la entonces Magistrado Federal Aida Delgado

Colón rindió un Informe ante la Corte de Distrito Federal en

el cual le imputó a Rochet Santoro violación a las reglas

1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8(f), 3.2, 5.4(a)(b)(c), 5.4(d)1,

8.2(a)

y

8.4(a)(c)(d)

Profesional

de

la

de

American

la

Reglas

Bar

Modelo

Association.

de

Conducta

Después

de

TS-8923

5

concederle

referido

término

a

Rochet

Informe,

se

celebró

disciplinaria,

a

la

cual

Santoro

la

Rochet

para

reaccionar

correspondiente

Santoro

no

al

vista

asistió

sin

proveer justificación alguna.

Posteriormente,

los

jueces

de

la

Corte

de

Distrito

Federal se reunieron para discutir el asunto a la luz de los

hallazgos

de

la

levantadas

por

Magistrado

Rochet

y

de

Santoro,

las

objeciones

muchas

de

las

escritas

cuales

se

relacionaban con alegadas violaciones al debido proceso de

ley

durante

el

proceso

investigativo.

Tras

el

correspondiente análisis, los jueces de la Corte de Distrito

Federal determinaron que el proceso seguido en contra de

Rochet

Santoro

cumplió

con

las

exigencias

que

el

debido

proceso de ley garantiza en estas instancias y concluyeron

que, dada la gravedad de la conducta, procedía su desaforo

de la práctica de la abogacía ante dicho foro.

El Tribunal

de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito

sostuvo la determinación.

II

De

entrada,

debemos

tener

presente

que

el

deber

de

conducirse de un modo decoroso, íntegro y consistente con

los postulados de los Cánones de Ética Profesional es de

aplicación

a

jurisdicción,

In

postulen.

(1994).

de

todos

los

abogados

independientemente

re

Córdova

admitidos

del

González,

foro

135

en

ante

D.P.R.

nuestra

el

cual

260,

267

Ello en vista de que la naturaleza de la profesión

abogado

les

impide

actuar

al

margen

de

la

conducta

TS-8923

6

esperada una vez son admitidos al ejercicio de la profesión

en nuestro país.

Por tanto, “[e]l mero hecho de ejercer la

profesión ante el foro federal o un foro administrativo no

excluye

al

abogado

admitido

ámbito

de

aplicación

del

en

nuestra

Código

de

jurisdicción

Ética

del

Profesional”

(Énfasis en el original) Id.

Conforme a lo anterior, cuando un abogado admitido al

ejercicio

de

la

disciplinariamente

profesión

por

otro

en

Puerto

foro

Rico

es

sancionado

judicial,

es

imperativo

evaluar su conducta para determinar si procede la imposición

de una sanción disciplinaria en nuestra jurisdicción.

III

Según

surge

Distrito

Federal,

impropia

y

clientes.

de

la

Opinión

Rochet

deshonesta

que

y

Orden

de

la

Corte

Santoro

incurrió

en

conducta

afectó

los

intereses

de

de

sus

En particular, dicho foro encontró probado que

Rochet Santoro compartía honorarios con el señor Cardona a

cambio de que éste financiara el litigio.

A su vez, Rochet

Santoro le daba al señor Cardona información privilegiada de

los

clientes

y

le

relacionados al caso.

permitía

participar

de

los

asuntos

Igualmente, se estableció que Rochet

Santoro autorizaba al señor Cardona a formar parte de las

reuniones con los clientes y hasta custodiar los expedientes

del caso.

Asimismo, se probó que Rochet Santoro nunca les

informó a sus clientes del contrato existente entre él y el

señor Cardona.

Además, quedó probado que Rochet Santoro no

TS-8923

7

representó a sus clientes con competencia y diligencia, al

punto que muchos llegaron a considerar que abandonó el caso.

De igual manera, se estableció que Rochet Santoro hizo

desembolsos no autorizados de los fondos correspondientes a

sus clientes como parte del acuerdo transaccional.

vez,

quedó

gastos

probado

que

Rochet

administrativos

que

como

contingentes

y

incurridos.

Igualmente,

Santoro

parte

incluyó

en

se

de

las

logró

trató

de

los

incluir

honorarios

facturas

establecer

A su

gastos

que

no

Rochet

Santoro les decía a sus clientes que el Hon. Robert Ward era

un racista, que fue enviado a la Corte de Distrito Federal a

“cortarle

la

cabeza

a

desestimaría la demanda.

los

hispanos”

y

que

dicho

Juez

Todas estas imputaciones tenían el

propósito de conseguir que firmaran el acuerdo transaccional

y el contrato de honorarios de abogado.

De esa forma, se

estableció que Rochet Santoro amenazaba a los clientes para

que

firmaran

los

contratos

y

les

aseguraba

determinado en el desenlace del caso.

un

resultado

Finalmente, se probó

que Rochet Santoro alteró documentos e incurrió en conducta

deshonesta hacia sus clientes para beneficio personal.

Evidentemente,

contravención

Association

de

Rochet

las

Reglas

-utilizadas

como

Santoro

no

sólo

Modelos

de

la

marco

de

actuó

en

American

Bar

referencia

por

la

Corte de Distrito Federal- sino también en contravención de

los

Cánones

jurisdicción.

de

Ética

Profesional

imperantes

en

nuestra

TS-8923

8

Por un lado, no cabe duda que Rochet Santoro violó el

Canon

9

de

Ética

Profesional,

el

cual

dispone

que

los

abogados deben observar hacia los tribunales una conducta

que se caracterice por el mayor respeto. 4 L.P.R.A. Ap. IX,

C. 9.

Dicho Canon establece que el deber de respeto antes

mencionado

también

incluye

la

obligación

de

desalentar

y

evitar ataques injustificados o atentados ilícitos contra

los

jueces

o

los

tribunales.

Id;

Córdova González, supra, pág. 274.

véase,

además,

In

re

Ya anteriormente hemos

expresado que “el abogado no tiene licencia absoluta en el

uso del lenguaje para poner en entredicho o mancillar la

dignidad de los jueces”. In re López de Victoria, res. 22 de

septiembre

afirmado

de

que

2004,

resulta

2004

TSPR

nefasto

a

176.

Igualmente,

la

práctica

buena

hemos

de

la

profesión que un abogado haga serias imputaciones sobre el

obrar de un juez cuando las mismas no están avaladas por

evidencia

contundente

e

indubitada.

Id;

In

re

Crespo

Enríquez, 147 D.P.R. 656 (1999).

A pesar de la claridad de dicho postulado ético, Rochet

Santoro realizó ataques serios e infundados contra el Hon.

Robert Ward, al indicarle a sus clientes que éste era un

juez racista cuya misión en la Corte de Distrito Federal era

perjudicar a los hispanos.

infundió

la

idea

de

que

De hecho, Rochet Santoro les

dicho

Juez

les

desestimaría

demanda, precisamente, por razones discriminatorias.

la

Rochet

Santoro incurrió en dicha conducta con el único fin de que

TS-8923

9

éstos firmaran el acuerdo transaccional y el contrato de

honorarios de abogado.

De

esa

forma,

Rochet

Santoro

no

sólo

socavó

la

confianza de sus clientes en el sistema de justicia federal,

sino

que

mancilló

injustificada

e

infundadamente

reputación de un miembro de la Judicatura federal.

así,

no

cabe

duda

que

éste

no

cumplió

con

el

la

Siendo

deber

de

observar el mayor de los respetos hacia los tribunales, ni

con

la

observen,

obligación

todo

ello

de

propiciar

que

otros

también

en

violación

del

Canon

9

de

lo

Ética

Profesional, supra.

De otro lado, somos del criterio que Rochet Santoro

también se apartó de las exigencias éticas del Canon 18 de

Ética Profesional.

El referido Canon versa sobre el deber

de competencia y diligencia del abogado en la tramitación de

las causas que se le encomiendan.

En particular, dicho

Canon

abogado

dispone

que

“[e]s

deber

del

defender

los

intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada

caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella

forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y

responsable”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18; véase, además, In re

Pujol Thompson, res. 19 de junio de 2007, 2007 TSPR 129.

Evidentemente,

la

pauta

que

establece

el

Canon

18,

supra, abarca una expectativa básica y razonable de lo que

se espera de todo miembro del foro.

Como funcionarios del

tribunal,

desplegar

los

abogados

tienen

que

su

mayor

esfuerzo en la tramitación de los asuntos encomendados y

TS-8923

nunca

10

deben

diligencia,

apartarse

celo

y

de

los

estándares

competencia.

Véase

requeridos

In

re

de

Marrero

Figarella, 146 D.P.R. 541 (1998); In re Rodríguez Torres,

104 D.P.R. 758 (1976).

Sin embargo, la conducta de Rochet Santoro para con sus

clientes

no

se

caracterizó

competencia posible.

por

la

mayor

diligencia

y

Por el contrario, de la Opinión y

Orden de la Corte de Distrito Federal se desprende que éste

no respondía a las llamadas de sus clientes y no les asistía

adecuadamente en el proceso de descubrimiento de prueba.

De

hecho,

se

como

mencionamos

antes,

a

menudo

sus

clientes

sintieron abandonados en el transcurso del litigio para el

cual lo habían contratado.

Por tanto, no cabe duda que

Rochet Santoro incumplió con la exigencia básica de emplear

en los trámites encomendados la mayor diligencia, omitiendo

proveerles a sus clientes la mejor representación posible.

De igual manera, debemos reconocer que Rochet Santoro

actuó de espaldas al deber de información que preceptúa el

Canon 19 de Ética Profesional.

La referida norma ética

postula que el abogado debe mantener a su cliente siempre

informado

de

desarrollo

del

todo

asunto

caso.

4

importante

L.P.R.A.

Ap.

que

IX,

surja

C.

19;

en

el

véase,

además, In re Alonso Santiago, res. 13 de septiembre de

2005, 2005 TSPR 137.

expresado

que

un

Al interpretar dicho precepto, hemos

abogado

debe

mantener

a

su

cliente

informado de las gestiones realizadas y del desarrollo de

los asuntos a su cargo, consultándole cualquier duda sobre

TS-8923

11

aquello que no caiga en el ámbito discrecional. Véase In re

Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987).

exigencias

son

elemento

Evidentemente, estas

imprescindible

en

la

relación

fiduciaria que existe entre abogado y cliente. Véase In re

García Muñoz, res. 3 de abril de 2007, 2007 TSPR 90.

No obstante, Rochet Santoro omitió informarles a sus

clientes del acuerdo que tenía con el señor Cardona a los

efectos de que éste financiaría el litigio a cambio de la

mitad de los honorarios de abogado.

Además, Rochet Santoro

dejó de advertirles sobre las funciones que estaba poniendo

en manos de esta persona sin licencia de abogado y dejó de

informarles sobre el manejo que el señor Cardona tenía de

los expedientes del caso.

De esa forma, Rochet Santoro les

ocultó a sus clientes información importante relacionada con

sus casos y, por ende, incumplió el deber de información

establecido en el mencionado Canon 19, supra.

A su vez, Rochet Santoro actuó en contravención de los

principios recogidos en el Canon 33, el cual requiere que

todo abogado evite la práctica de la abogacía o la notaría

por

personas

no

autorizadas.

4

L.P.R.A.

Ap.

IX,

C.

33;

véase, además, In re Gervitz Carbonnel, res. 28 de julio de

2004, 2004 TSPR 141.

Igualmente, dicho Canon dispone que

será impropio de un abogado permitir o facilitar que una

persona no autorizada a ejercer la abogacía o la notaría

cobre total o parcialmente por los servicios profesionales

prestados por el abogado. Id. De forma similar, el Canon

aludido

prohíbe

que

un

abogado

permita

que

personas

no

TS-8923

12

autorizadas suministren consejo legal y que el abogado se

una en sociedad con personas no autorizadas a ejercer la

abogacía cuando cualquiera de las actividades de la sociedad

envuelva la abogacía o la notaría. Id.

Al interpretar la

referida disposición, hemos expresado que “[n]o sólo incurre

en

conducta

violatoria

del

Canon

33

aquel

abogado

que

permita que una persona ejerza ilegalmente la abogacía, sino

que claramente viola dicho Canon aquel jurista que comparte

sus honorarios con una persona que no es abogado” (énfasis

en el original). In re Franco Rivera, res. 16 de octubre de

2006, 2006 TSPR 170.

A

pesar

de

lo

acuerdo

con

el

señor

de

la

abogacía,

ejercicio

anterior,

Rochet

Cardona,

Santoro

persona

conforme

al

no

cual

llegó

a

un

admitida

al

este

último

financiaría el litigio relacionado a la Explosión de Río

Piedras,

a

cambio

recibieran

por

los

de

la

mitad

servicios

de

los

legales

honorarios

de

Rochet

que

se

Santoro.

Además de que –bajo ese esquema- Rochet Santoro compartía

indebidamente honorarios de abogado con el señor Cardona,

también permitía que este último interviniera en el manejo

del caso, en las reuniones con los clientes y hasta que

custodiara los expedientes.

Orden

de

la

Corte

de

De hecho, según la Opinión y

Distrito

Federal,

Rochet

Santoro

permitió que el señor Cardona tomara parte activa en la toma

de

decisiones

relacionadas

al

caso

para

el

que

fue

contratado.

Por tanto, resulta innegable que Rochet Santoro

autorizó

una

a

persona

no

admitida

al

ejercicio

de

la

TS-8923

13

abogacía a formar parte de la representación legal de sus

clientes y, en consecuencia, no se ajustó a la norma ética

recogida en el Canon 33, supra.

Incluso, no cabe duda que la conducta antes mencionada

supone,

además,

una

transgresión

del

Canon

21

de

Ética

Profesional, el cual dispone –entre otras cosas- que “[l]a

obligación de representar al cliente con fidelidad incluye

la

de

no

adoptar

divulgar

medidas

sus

secretos

adecuadas

o

para

y

confidencias,

evitar

su

la

de

divulgación”

(énfasis nuestro). 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 21; véanse, además,

In re Bauzá Torres, res. 31 de julio de 2007, 2007 TSPR 148;

In Re Bonilla Rodríguez, 154 D.P.R. 684 (2001).

Dicha norma

ética pretende evitar una conducta profesional que mine el

principio cardinal de confianza que fundamenta toda relación

entre abogado y cliente. In re Bauzá Torres, res. 31 de

julio de 2007, 2007 TSPR 148.

No

obstante,

Rochet

Santoro

no

honró

el

deber

de

lealtad y confidencialidad que todo abogado tiene para con

su cliente.

Éste, en lugar de salvaguardar las confidencias

de sus clientes, introdujo en la relación abogado-cliente a

una tercera persona que tuvo una participación activa en el

manejo

del

caso

y

que

recibió

parte

de

los

honorarios

pactados, todo ello sin el consentimiento de éstos.

Dicha

tercera persona tuvo acceso a información privilegiada y a

detalles

de

los

casos

sobre

los

ostentaba la representación legal.

cuales

Rochet

Santoro

De hecho, como hemos

mencionado antes, Rochet Santoro llevaba a ese tercero a las

TS-8923

14

reuniones

con

los

clientes

y

puso

en

sus

manos

debida autorización- los expedientes de éstos.

–sin

la

Por tanto,

debemos concluir que Rochet Santoro no actuó de conformidad

con el deber de fiducia y lealtad que supone la relación

abogado-cliente.

También

relacionado

con

el

Canon

21,

Rochet

Santoro

incurrió en una conducta que representa una grave falta al

deber de lealtad hacia el cliente, y al deber de sinceridad

y honradez que establece el Canon 35 de Ética Profesional, 4

L.P.R.A. Ap. IX, C. 35.

Nos referimos al hecho probado ante

la Corte de Distrito Federal de que Rochet Santoro realizó

deducciones no autorizadas de los fondos correspondientes a

sus clientes en concepto de indemnización como producto del

acuerdo

transaccional.

Indudablemente,

dicha

conducta

supone una seria afrenta contra la naturaleza fiduciaria que

caracteriza

la

relación

abogado-cliente

y

representa

una

desviación grave del estándar de sinceridad y honradez que

exige la comunidad jurídica.

La misma tiene el potencial de

menoscabar la confianza de los ciudadanos en la profesión

legal y de socavar los cimientos del sistema de justicia.

En vista de ello, somos del criterio que dicha conducta

amerita una severa sanción de parte de este Tribunal.

Ahora

bien,

además

de

lo

anterior,

Rochet

Santoro

incurrió en otras prácticas que atentan contra las normas

que rigen lo relacionado a honorarios de abogado.

Según

señalamos antes, éste forzó a sus clientes a firmar los

contratos

de

honorarios

de

abogado

empleando

medidas

de

TS-8923

15

amedrentamiento y de amenazas.

Igualmente, con el fin de

asegurar sus honorarios, Rochet Santoro le hizo creer a sus

clientes

que

contrataban

les

desestimarían

la

demanda

si

con

idéntico

les

prometió

resultados

y,

fin,

particulares en el desenlace del caso.

no

lo

Igualmente, quedó

probado que éste facturó por gastos no incurridos e incluyó

indebidamente en los honorarios contingentes ciertos gastos

administrativos.

Claramente,

cuanto

éste

dicha

dispone

conducta

que

infringe

“[l]a

el

fijación

Canon

de

24,

en

honorarios

profesionales debe regirse siempre por el principio de que

nuestra

profesión

es

una

parte

integrante

de

la

administración de la justicia y no un mero negocio con fines

de

lucro”

(énfasis

nuestro).

4

L.P.R.A.

Ap.

IX,

C.

24;

véanse, además, In re Rivera Rivera, res. 2 de agosto de

2007, 2007 TSPR 150; In re Díaz Lamoutte, 106 D.P.R. 450

(1977).

En la medida que Rochet Santoro utilizó mecanismos

inconsistentes con la verdad y la honestidad para asegurar

sus honorarios de abogado, actuó bajo el entendido de que el

ejercicio de la profesión es un simple negocio lucrativo.

De esa forma, no le hizo honor a la norma que postula que

los

contratos

de

servicios

profesionales

se

encuentran

inmersos en normas deontológicas que dotan a la relación

abogado-cliente

de

un

interés

público

superior

que

puede

trascender el interés exclusivo de las partes. Nassar Rizek

v. Oscar Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989).

TS-8923

La

16

conducta

violación

al

antes

Canon

mencionada

35,

constituye

el

supra,

cual

también

requiere

una

que

los

abogados actúen con sinceridad y honradez en las relaciones

con sus representados.

De hecho, al examinar los contornos

de

expresado

este

Canon,

hemos

claramente

que

“[n]o

es

sincero ni honrado utilizar medios que sean inconsistentes

con la verdad”. In re Marini Román, res. 6 de octubre de

2005,

2005

TSPR

148.

Dado

que

Rochet

Santoro

sembró

expectativas que no necesariamente se ajustan a la realidad,

y toda vez que les transmitió a sus clientes información

tergiversada

único

sobre

propósito

de

los

funcionarios

satisfacer

sus

del

tribunal

intereses

con

el

personales,

resulta innegable que éste no se condujo hacia sus clientes

de forma sincera y honrada.

Evidentemente, tampoco fue sincero ni honrado de parte

de Rochet Santoro alterar documentos durante el trámite del

litigio.

El

mencionado

Canon

35,

supra,

contempla

este

asunto de forma particular y, al respecto, establece que

“[e]l abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos

al examinar a los testigos, al redactar affidávit u otros

documentos

y

al

presentar

causas”

(énfasis

nuestro).

Indudablemente, dicha conducta refleja unas deficiencias en

el estado ético de Rochet Santoro que, hasta en las cosas

más pequeñas, parecen impedirle obrar con honradez.

Debemos

recordar que, más que un ideal irrealizable, la verdad es

atributo inseparable del ser abogado, y sin la misma no

TS-8923

17

podría justificar la profesión jurídica su existencia. In re

Davidson Lampón, res. 12 de mayo de 2003, 2003 TSPR 92.

Finalmente, examinada la conducta de Rochet Santoro en

su totalidad, somos del criterio que éste no cumplió con la

obligación de todo abogado de exaltar el honor y la dignidad

de

la

profesión.

Nótese

que

el

Canon

38

de

Ética

Profesional establece que “[e]l abogado deberá esforzarse,

al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y

dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve

sacrificios personales…”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38.

Al

interpretar este Canon hemos sostenido que "[c]ada abogado

es un espejo en que se refleja la imagen de la profesión...

que se debe representar con limpieza, lealtad, y el más

escrupuloso

sentido

de

responsabilidad”.

In

re

Quiñónez

Ayala, res. 30 de junio de 2005, 2005 TSPR 99; In re Ortiz

Brunet, 152 D.P.R. 542 (2000).

A la luz de estos principios, consideramos que Rochet

Santoro no se esforzó, al máximo de su capacidad, en exaltar

el honor y la dignidad de la profesión.

impregnada

de

impresión

de

una

haber

primordialmente

conducta

principios

de

impropiedad

con

Rochet

que

tan

estado

ánimo

de

Santoro

subyacen

la

Su conducta estuvo

severa

que

utilizando

la

lucro.

no

puso

profesión

de

produjo

la

profesión

Ciertamente,

la

manifiesto

los

legal,

sino

que

su

conducta se distinguió por sacar provecho de su posición y

por

emplear

verdad

y

la

medidas

y

honradez.

actuaciones

Sus

inconsistentes

actuaciones

con

la

constituyen

un

TS-8923

18

atentado, no sólo contra la lealtad que les debía a sus

clientes, sino contra el sistema judicial mismo en cuanto

atacó infundadamente la reputación de un magistrado.

IV

Conforme a lo anterior, concluimos que la conducta de

Rochet

Santoro

que

conllevó

su

desaforo

en

la

Corte

de

Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto

Rico

constituye,

a

su

vez,

conducta

violatoria

de

los

Cánones 9, 18, 19, 21, 24, 33, 35 y 38 de Ética Profesional

en nuestra jurisdicción.

En vista de ello, se decreta su

suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Nelson Rochet Santoro

TS-8923

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2008.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte integral de la presente Sentencia, se

suspende

inmediata

e

indefinidamente

del

ejercicio de la abogacía a Nelson Rochet Santoro.

Se le impone a Nelson Rochet Santoro el

deber de notificar a todos sus clientes de su

presente

inhabilidad

para

seguir

representándolos,

devolverles

cualesquiera

honorarios recibidos por trabajos no realizados e

informar oportunamente de su suspensión a los

distintos foros judiciales y administrativos del

país.

Además, deberá acreditar a este Tribunal el

cumplimiento con lo anterior dentro del término

de treinta (30) días a partir de la notificación

de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Así lo pronuncia y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Rebollo López no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo