Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Nelson Rochet Santoro
2008 TSPR 125
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Nelson Rochet Santoro
TS-000008923
Conducta Profesional-Suspensión indefinida de la abogacía por violación a los Cánones 9, 18, 19, 21, 24, 33, 35 y 38 de ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
2008 TSPR 125
Nelson Rochet Santoro
174 DPR ____
Número del Caso: TS-8923
Fecha: 30 de junio de 2008
Abogado de la Parte Peticionaria:
Por Derecho Propio
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión será efectiva el 22 de julio de 2008
fecha en que se le notificó al abogado de suspensión
inmediata.)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Nelson Rochet Santoro
TS-8923
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2008.
Mediante Opinión y Orden del l2 de marzo de
2006, la Corte de Distrito de los Estados Unidos
para
el
desaforo
Distrito
del
Lcdo.
de
Puerto
Nelson
Rico
decretó
el
Rochet
Santoro
del
ejercicio de la abogacía ante dicho foro en el
caso
In
the
Matter
of:
Nelson
Rochet
Santoro,
Misc. No. 03-016(JAF); Civil No. 96-2443 (JAF).
Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones de los
Estados Unidos para el Primer Circuito confirmó
la
referida
Matter
of:
06-1690.
determinación
Nelson
en
el
caso
In
the
Rochet-Santoro,
No.
05-2855,
TS-8923
2
A la luz de la información recibida con relación a lo
ocurrido en la jurisdicción federal, el 14 de septiembre de
2007 emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos
término a Rochet Santoro para que mostrara causa por la
cual
este
Tribunal
no
debía
imponer
una
sanción
disciplinaria por los hechos que dieron lugar a su desaforo
en
la
Corte
de
Distrito
de
los
Estados
Unidos
para
el
Distrito de Puerto Rico (en adelante, Corte de Distrito
Federal).
Dicha Resolución se le notificó a Rochet Santoro
personalmente a través de la Oficina del Alguacil el 21 de
septiembre del mismo año.
En
respuesta,
indicando
que
Rochet
había
Santoro
solicitado
presentó
una
reconsideración
moción
ante
el
Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer
Circuito,
por
lo
que
requirió
un
término
contestar la orden de mostrar causa.
adicional
para
Dicha solicitud fue
declarada con lugar y, a tales efectos, le dimos hasta el 29
de octubre para cumplir con lo ordenado.
Posteriormente, la moción de reconsideración presentada
por
Rochet
Santoro
fue
denegada
por
el
Tribunal
de
Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito.
No obstante, Rochet Santoro presentó ante nos una “Moción
para que se paralicen los procedimientos” mediante la cual
nos informó que había presentado ante el mencionado foro
federal
fuera
otra
“Moción
Denegada”.
apelativos
Clarificando
En
pendientes,
vista
de
solicitó
la
Reconsideración
que
la
quedaban
paralización
que
trámites
de
los
TS-8923
3
procedimientos.
Al día de hoy, Rochet Santoro no nos ha
informado del resultado de esta última moción presentada.
No obstante, la Secretaría de este Tribunal se comunicó con
el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el
Primer
Circuito,
donde
le
informaron
que
la
solicitud
aludida también fue denegada el 13 de diciembre de 2007.
Enterado este Tribunal de dicha determinación, se le
concedió a Rochet Santoro un término final para contestar la
orden de mostrar causa emitida el 14 de septiembre de 2007.
Rochet
Santoro
compareció
fuera
del
término
concedido,
solicitando una nueva extensión del plazo para cumplir con
la orden de mostrar causa.
El pasado 11 de junio de 2008
denegamos dicha solicitud y dimos por sometido el asunto.
Por tanto, procedemos a resolver sin trámite ulterior.
I
El mencionado trasfondo procesal tuvo su génesis en la
litigación que produjo la “Explosión de Río Piedras” contra
las compañías Enron Corp., San Juan Gas y otros demandados.
Los
casos
que
consolidados
y
se
produjeron
resueltos
tras
mediante
ese
un
incidente
acuerdo
fueron
global
de
indemnización a ser pagada a favor de los demandantes bajo
la
supervisión
del
Juez
Federal,
Hon.
Robert
J.
Ward.
Rochet Santoro estaba admitido a la práctica en la Corte de
Distrito
Federal
y
representaba
a
múltiples
demandantes
envueltos en ese litigio.
Mientras
el
Hon.
Robert
Ward
supervisaba
los
desembolsos del dinero producto del acuerdo transaccional,
TS-8923
4
desarrolló
cierta
realizadas
por
preocupación
Rochet
con
Santoro
unas
deducciones
las
cantidades
de
correspondientes a sus clientes.
En vista de ello, sugirió
iniciar
una
investigación
sobre
el
efecto-
fue
ordenada
la
Comenzada
Santoro
la
por
investigación,
enviaron
cartas
asunto,
Corte
de
varios
y
la
cual
Distrito
ex-clientes
mociones
–en
Federal.
de
expresando
Rochet
diversas
inquietudes con la conducta profesional de Rochet Santoro y
con la calidad de los servicios legales ofrecidos.
En
esencia,
las
comunicaciones
incluían
alegaciones
sobre insatisfacción con el manejo de los casos y con la
comunicación
entre
abogado
y
cliente;
alegaciones
sobre
amenazas para que los clientes firmaran los contratos de
honorarios de abogado, y alegaciones sobre desembolsos no
autorizados
de
los
transaccional.
investigación,
fondos
Además,
se
disponibles
durante
descubrió
que
el
tras
el
acuerdo
desarrollo
Rochet
de
Santoro
la
había
contratado al Sr. Enrique Cardona (quien no tenía licencia
de abogado) y compartía con él los honorarios recibidos en
el caso relacionado a la Explosión de Río Piedras.
Por
estos
hechos,
y
tras
la
correspondiente
investigación, la entonces Magistrado Federal Aida Delgado
Colón rindió un Informe ante la Corte de Distrito Federal en
el cual le imputó a Rochet Santoro violación a las reglas
1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8(f), 3.2, 5.4(a)(b)(c), 5.4(d)1,
8.2(a)
y
8.4(a)(c)(d)
Profesional
de
la
de
American
la
Reglas
Bar
Modelo
Association.
de
Conducta
Después
de
TS-8923
5
concederle
referido
término
a
Rochet
Informe,
se
celebró
disciplinaria,
a
la
cual
Santoro
la
Rochet
para
reaccionar
correspondiente
Santoro
no
al
vista
asistió
sin
proveer justificación alguna.
Posteriormente,
los
jueces
de
la
Corte
de
Distrito
Federal se reunieron para discutir el asunto a la luz de los
hallazgos
de
la
levantadas
por
Magistrado
Rochet
y
de
Santoro,
las
objeciones
muchas
de
las
escritas
cuales
se
relacionaban con alegadas violaciones al debido proceso de
ley
durante
el
proceso
investigativo.
Tras
el
correspondiente análisis, los jueces de la Corte de Distrito
Federal determinaron que el proceso seguido en contra de
Rochet
Santoro
cumplió
con
las
exigencias
que
el
debido
proceso de ley garantiza en estas instancias y concluyeron
que, dada la gravedad de la conducta, procedía su desaforo
de la práctica de la abogacía ante dicho foro.
El Tribunal
de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito
sostuvo la determinación.
II
De
entrada,
debemos
tener
presente
que
el
deber
de
conducirse de un modo decoroso, íntegro y consistente con
los postulados de los Cánones de Ética Profesional es de
aplicación
a
jurisdicción,
In
postulen.
(1994).
de
todos
los
abogados
independientemente
re
Córdova
admitidos
del
González,
foro
135
en
ante
D.P.R.
nuestra
el
cual
260,
267
Ello en vista de que la naturaleza de la profesión
abogado
les
impide
actuar
al
margen
de
la
conducta
TS-8923
6
esperada una vez son admitidos al ejercicio de la profesión
en nuestro país.
Por tanto, “[e]l mero hecho de ejercer la
profesión ante el foro federal o un foro administrativo no
excluye
al
abogado
admitido
ámbito
de
aplicación
del
en
nuestra
Código
de
jurisdicción
Ética
del
Profesional”
(Énfasis en el original) Id.
Conforme a lo anterior, cuando un abogado admitido al
ejercicio
de
la
disciplinariamente
profesión
por
otro
en
Puerto
foro
Rico
es
sancionado
judicial,
es
imperativo
evaluar su conducta para determinar si procede la imposición
de una sanción disciplinaria en nuestra jurisdicción.
III
Según
surge
Distrito
Federal,
impropia
y
clientes.
de
la
Opinión
Rochet
deshonesta
que
y
Orden
de
la
Corte
Santoro
incurrió
en
conducta
afectó
los
intereses
de
de
sus
En particular, dicho foro encontró probado que
Rochet Santoro compartía honorarios con el señor Cardona a
cambio de que éste financiara el litigio.
A su vez, Rochet
Santoro le daba al señor Cardona información privilegiada de
los
clientes
y
le
relacionados al caso.
permitía
participar
de
los
asuntos
Igualmente, se estableció que Rochet
Santoro autorizaba al señor Cardona a formar parte de las
reuniones con los clientes y hasta custodiar los expedientes
del caso.
Asimismo, se probó que Rochet Santoro nunca les
informó a sus clientes del contrato existente entre él y el
señor Cardona.
Además, quedó probado que Rochet Santoro no
TS-8923
7
representó a sus clientes con competencia y diligencia, al
punto que muchos llegaron a considerar que abandonó el caso.
De igual manera, se estableció que Rochet Santoro hizo
desembolsos no autorizados de los fondos correspondientes a
sus clientes como parte del acuerdo transaccional.
vez,
quedó
gastos
probado
que
Rochet
administrativos
que
como
contingentes
y
incurridos.
Igualmente,
Santoro
parte
incluyó
en
se
de
las
logró
trató
de
los
incluir
honorarios
facturas
establecer
A su
gastos
que
no
Rochet
Santoro les decía a sus clientes que el Hon. Robert Ward era
un racista, que fue enviado a la Corte de Distrito Federal a
“cortarle
la
cabeza
a
desestimaría la demanda.
los
hispanos”
y
que
dicho
Juez
Todas estas imputaciones tenían el
propósito de conseguir que firmaran el acuerdo transaccional
y el contrato de honorarios de abogado.
De esa forma, se
estableció que Rochet Santoro amenazaba a los clientes para
que
firmaran
los
contratos
y
les
aseguraba
determinado en el desenlace del caso.
un
resultado
Finalmente, se probó
que Rochet Santoro alteró documentos e incurrió en conducta
deshonesta hacia sus clientes para beneficio personal.
Evidentemente,
contravención
Association
de
Rochet
las
Reglas
-utilizadas
como
Santoro
no
sólo
Modelos
de
la
marco
de
actuó
en
American
Bar
referencia
por
la
Corte de Distrito Federal- sino también en contravención de
los
Cánones
jurisdicción.
de
Ética
Profesional
imperantes
en
nuestra
TS-8923
8
Por un lado, no cabe duda que Rochet Santoro violó el
Canon
9
de
Ética
Profesional,
el
cual
dispone
que
los
abogados deben observar hacia los tribunales una conducta
que se caracterice por el mayor respeto. 4 L.P.R.A. Ap. IX,
C. 9.
Dicho Canon establece que el deber de respeto antes
mencionado
también
incluye
la
obligación
de
desalentar
y
evitar ataques injustificados o atentados ilícitos contra
los
jueces
o
los
tribunales.
Id;
Córdova González, supra, pág. 274.
véase,
además,
In
re
Ya anteriormente hemos
expresado que “el abogado no tiene licencia absoluta en el
uso del lenguaje para poner en entredicho o mancillar la
dignidad de los jueces”. In re López de Victoria, res. 22 de
septiembre
afirmado
de
que
2004,
resulta
2004
TSPR
nefasto
a
176.
Igualmente,
la
práctica
buena
hemos
de
la
profesión que un abogado haga serias imputaciones sobre el
obrar de un juez cuando las mismas no están avaladas por
evidencia
contundente
e
indubitada.
Id;
In
re
Crespo
Enríquez, 147 D.P.R. 656 (1999).
A pesar de la claridad de dicho postulado ético, Rochet
Santoro realizó ataques serios e infundados contra el Hon.
Robert Ward, al indicarle a sus clientes que éste era un
juez racista cuya misión en la Corte de Distrito Federal era
perjudicar a los hispanos.
infundió
la
idea
de
que
De hecho, Rochet Santoro les
dicho
Juez
les
desestimaría
demanda, precisamente, por razones discriminatorias.
la
Rochet
Santoro incurrió en dicha conducta con el único fin de que
TS-8923
9
éstos firmaran el acuerdo transaccional y el contrato de
honorarios de abogado.
De
esa
forma,
Rochet
Santoro
no
sólo
socavó
la
confianza de sus clientes en el sistema de justicia federal,
sino
que
mancilló
injustificada
e
infundadamente
reputación de un miembro de la Judicatura federal.
así,
no
cabe
duda
que
éste
no
cumplió
con
el
la
Siendo
deber
de
observar el mayor de los respetos hacia los tribunales, ni
con
la
observen,
obligación
todo
ello
de
propiciar
que
otros
también
en
violación
del
Canon
9
de
lo
Ética
Profesional, supra.
De otro lado, somos del criterio que Rochet Santoro
también se apartó de las exigencias éticas del Canon 18 de
Ética Profesional.
El referido Canon versa sobre el deber
de competencia y diligencia del abogado en la tramitación de
las causas que se le encomiendan.
En particular, dicho
Canon
abogado
dispone
que
“[e]s
deber
del
defender
los
intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada
caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella
forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y
responsable”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18; véase, además, In re
Pujol Thompson, res. 19 de junio de 2007, 2007 TSPR 129.
Evidentemente,
la
pauta
que
establece
el
Canon
18,
supra, abarca una expectativa básica y razonable de lo que
se espera de todo miembro del foro.
Como funcionarios del
tribunal,
desplegar
los
abogados
tienen
que
su
mayor
esfuerzo en la tramitación de los asuntos encomendados y
TS-8923
nunca
10
deben
diligencia,
apartarse
celo
y
de
los
estándares
competencia.
Véase
requeridos
In
re
de
Marrero
Figarella, 146 D.P.R. 541 (1998); In re Rodríguez Torres,
104 D.P.R. 758 (1976).
Sin embargo, la conducta de Rochet Santoro para con sus
clientes
no
se
caracterizó
competencia posible.
por
la
mayor
diligencia
y
Por el contrario, de la Opinión y
Orden de la Corte de Distrito Federal se desprende que éste
no respondía a las llamadas de sus clientes y no les asistía
adecuadamente en el proceso de descubrimiento de prueba.
De
hecho,
se
como
mencionamos
antes,
a
menudo
sus
clientes
sintieron abandonados en el transcurso del litigio para el
cual lo habían contratado.
Por tanto, no cabe duda que
Rochet Santoro incumplió con la exigencia básica de emplear
en los trámites encomendados la mayor diligencia, omitiendo
proveerles a sus clientes la mejor representación posible.
De igual manera, debemos reconocer que Rochet Santoro
actuó de espaldas al deber de información que preceptúa el
Canon 19 de Ética Profesional.
La referida norma ética
postula que el abogado debe mantener a su cliente siempre
informado
de
desarrollo
del
todo
asunto
caso.
4
importante
L.P.R.A.
Ap.
que
IX,
surja
C.
19;
en
el
véase,
además, In re Alonso Santiago, res. 13 de septiembre de
2005, 2005 TSPR 137.
expresado
que
un
Al interpretar dicho precepto, hemos
abogado
debe
mantener
a
su
cliente
informado de las gestiones realizadas y del desarrollo de
los asuntos a su cargo, consultándole cualquier duda sobre
TS-8923
11
aquello que no caiga en el ámbito discrecional. Véase In re
Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595 (1987).
exigencias
son
elemento
Evidentemente, estas
imprescindible
en
la
relación
fiduciaria que existe entre abogado y cliente. Véase In re
García Muñoz, res. 3 de abril de 2007, 2007 TSPR 90.
No obstante, Rochet Santoro omitió informarles a sus
clientes del acuerdo que tenía con el señor Cardona a los
efectos de que éste financiaría el litigio a cambio de la
mitad de los honorarios de abogado.
Además, Rochet Santoro
dejó de advertirles sobre las funciones que estaba poniendo
en manos de esta persona sin licencia de abogado y dejó de
informarles sobre el manejo que el señor Cardona tenía de
los expedientes del caso.
De esa forma, Rochet Santoro les
ocultó a sus clientes información importante relacionada con
sus casos y, por ende, incumplió el deber de información
establecido en el mencionado Canon 19, supra.
A su vez, Rochet Santoro actuó en contravención de los
principios recogidos en el Canon 33, el cual requiere que
todo abogado evite la práctica de la abogacía o la notaría
por
personas
no
autorizadas.
4
L.P.R.A.
Ap.
IX,
C.
33;
véase, además, In re Gervitz Carbonnel, res. 28 de julio de
2004, 2004 TSPR 141.
Igualmente, dicho Canon dispone que
será impropio de un abogado permitir o facilitar que una
persona no autorizada a ejercer la abogacía o la notaría
cobre total o parcialmente por los servicios profesionales
prestados por el abogado. Id. De forma similar, el Canon
aludido
prohíbe
que
un
abogado
permita
que
personas
no
TS-8923
12
autorizadas suministren consejo legal y que el abogado se
una en sociedad con personas no autorizadas a ejercer la
abogacía cuando cualquiera de las actividades de la sociedad
envuelva la abogacía o la notaría. Id.
Al interpretar la
referida disposición, hemos expresado que “[n]o sólo incurre
en
conducta
violatoria
del
Canon
33
aquel
abogado
que
permita que una persona ejerza ilegalmente la abogacía, sino
que claramente viola dicho Canon aquel jurista que comparte
sus honorarios con una persona que no es abogado” (énfasis
en el original). In re Franco Rivera, res. 16 de octubre de
2006, 2006 TSPR 170.
A
pesar
de
lo
acuerdo
con
el
señor
de
la
abogacía,
ejercicio
anterior,
Rochet
Cardona,
Santoro
persona
conforme
al
no
cual
llegó
a
un
admitida
al
este
último
financiaría el litigio relacionado a la Explosión de Río
Piedras,
a
cambio
recibieran
por
los
de
la
mitad
servicios
de
los
legales
honorarios
de
Rochet
que
se
Santoro.
Además de que –bajo ese esquema- Rochet Santoro compartía
indebidamente honorarios de abogado con el señor Cardona,
también permitía que este último interviniera en el manejo
del caso, en las reuniones con los clientes y hasta que
custodiara los expedientes.
Orden
de
la
Corte
de
De hecho, según la Opinión y
Distrito
Federal,
Rochet
Santoro
permitió que el señor Cardona tomara parte activa en la toma
de
decisiones
relacionadas
al
caso
para
el
que
fue
contratado.
Por tanto, resulta innegable que Rochet Santoro
autorizó
una
a
persona
no
admitida
al
ejercicio
de
la
TS-8923
13
abogacía a formar parte de la representación legal de sus
clientes y, en consecuencia, no se ajustó a la norma ética
recogida en el Canon 33, supra.
Incluso, no cabe duda que la conducta antes mencionada
supone,
además,
una
transgresión
del
Canon
21
de
Ética
Profesional, el cual dispone –entre otras cosas- que “[l]a
obligación de representar al cliente con fidelidad incluye
la
de
no
adoptar
divulgar
medidas
sus
secretos
adecuadas
o
para
y
confidencias,
evitar
su
la
de
divulgación”
(énfasis nuestro). 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 21; véanse, además,
In re Bauzá Torres, res. 31 de julio de 2007, 2007 TSPR 148;
In Re Bonilla Rodríguez, 154 D.P.R. 684 (2001).
Dicha norma
ética pretende evitar una conducta profesional que mine el
principio cardinal de confianza que fundamenta toda relación
entre abogado y cliente. In re Bauzá Torres, res. 31 de
julio de 2007, 2007 TSPR 148.
No
obstante,
Rochet
Santoro
no
honró
el
deber
de
lealtad y confidencialidad que todo abogado tiene para con
su cliente.
Éste, en lugar de salvaguardar las confidencias
de sus clientes, introdujo en la relación abogado-cliente a
una tercera persona que tuvo una participación activa en el
manejo
del
caso
y
que
recibió
parte
de
los
honorarios
pactados, todo ello sin el consentimiento de éstos.
Dicha
tercera persona tuvo acceso a información privilegiada y a
detalles
de
los
casos
sobre
los
ostentaba la representación legal.
cuales
Rochet
Santoro
De hecho, como hemos
mencionado antes, Rochet Santoro llevaba a ese tercero a las
TS-8923
14
reuniones
con
los
clientes
y
puso
en
sus
manos
debida autorización- los expedientes de éstos.
–sin
la
Por tanto,
debemos concluir que Rochet Santoro no actuó de conformidad
con el deber de fiducia y lealtad que supone la relación
abogado-cliente.
También
relacionado
con
el
Canon
21,
Rochet
Santoro
incurrió en una conducta que representa una grave falta al
deber de lealtad hacia el cliente, y al deber de sinceridad
y honradez que establece el Canon 35 de Ética Profesional, 4
L.P.R.A. Ap. IX, C. 35.
Nos referimos al hecho probado ante
la Corte de Distrito Federal de que Rochet Santoro realizó
deducciones no autorizadas de los fondos correspondientes a
sus clientes en concepto de indemnización como producto del
acuerdo
transaccional.
Indudablemente,
dicha
conducta
supone una seria afrenta contra la naturaleza fiduciaria que
caracteriza
la
relación
abogado-cliente
y
representa
una
desviación grave del estándar de sinceridad y honradez que
exige la comunidad jurídica.
La misma tiene el potencial de
menoscabar la confianza de los ciudadanos en la profesión
legal y de socavar los cimientos del sistema de justicia.
En vista de ello, somos del criterio que dicha conducta
amerita una severa sanción de parte de este Tribunal.
Ahora
bien,
además
de
lo
anterior,
Rochet
Santoro
incurrió en otras prácticas que atentan contra las normas
que rigen lo relacionado a honorarios de abogado.
Según
señalamos antes, éste forzó a sus clientes a firmar los
contratos
de
honorarios
de
abogado
empleando
medidas
de
TS-8923
15
amedrentamiento y de amenazas.
Igualmente, con el fin de
asegurar sus honorarios, Rochet Santoro le hizo creer a sus
clientes
que
contrataban
les
desestimarían
la
demanda
si
con
idéntico
les
prometió
resultados
y,
fin,
particulares en el desenlace del caso.
no
lo
Igualmente, quedó
probado que éste facturó por gastos no incurridos e incluyó
indebidamente en los honorarios contingentes ciertos gastos
administrativos.
Claramente,
cuanto
éste
dicha
dispone
conducta
que
infringe
“[l]a
el
fijación
Canon
de
24,
en
honorarios
profesionales debe regirse siempre por el principio de que
nuestra
profesión
es
una
parte
integrante
de
la
administración de la justicia y no un mero negocio con fines
de
lucro”
(énfasis
nuestro).
4
L.P.R.A.
Ap.
IX,
C.
24;
véanse, además, In re Rivera Rivera, res. 2 de agosto de
2007, 2007 TSPR 150; In re Díaz Lamoutte, 106 D.P.R. 450
(1977).
En la medida que Rochet Santoro utilizó mecanismos
inconsistentes con la verdad y la honestidad para asegurar
sus honorarios de abogado, actuó bajo el entendido de que el
ejercicio de la profesión es un simple negocio lucrativo.
De esa forma, no le hizo honor a la norma que postula que
los
contratos
de
servicios
profesionales
se
encuentran
inmersos en normas deontológicas que dotan a la relación
abogado-cliente
de
un
interés
público
superior
que
puede
trascender el interés exclusivo de las partes. Nassar Rizek
v. Oscar Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989).
TS-8923
La
16
conducta
violación
al
antes
Canon
mencionada
35,
constituye
el
supra,
cual
también
requiere
una
que
los
abogados actúen con sinceridad y honradez en las relaciones
con sus representados.
De hecho, al examinar los contornos
de
expresado
este
Canon,
hemos
claramente
que
“[n]o
es
sincero ni honrado utilizar medios que sean inconsistentes
con la verdad”. In re Marini Román, res. 6 de octubre de
2005,
2005
TSPR
148.
Dado
que
Rochet
Santoro
sembró
expectativas que no necesariamente se ajustan a la realidad,
y toda vez que les transmitió a sus clientes información
tergiversada
único
sobre
propósito
de
los
funcionarios
satisfacer
sus
del
tribunal
intereses
con
el
personales,
resulta innegable que éste no se condujo hacia sus clientes
de forma sincera y honrada.
Evidentemente, tampoco fue sincero ni honrado de parte
de Rochet Santoro alterar documentos durante el trámite del
litigio.
El
mencionado
Canon
35,
supra,
contempla
este
asunto de forma particular y, al respecto, establece que
“[e]l abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos
al examinar a los testigos, al redactar affidávit u otros
documentos
y
al
presentar
causas”
(énfasis
nuestro).
Indudablemente, dicha conducta refleja unas deficiencias en
el estado ético de Rochet Santoro que, hasta en las cosas
más pequeñas, parecen impedirle obrar con honradez.
Debemos
recordar que, más que un ideal irrealizable, la verdad es
atributo inseparable del ser abogado, y sin la misma no
TS-8923
17
podría justificar la profesión jurídica su existencia. In re
Davidson Lampón, res. 12 de mayo de 2003, 2003 TSPR 92.
Finalmente, examinada la conducta de Rochet Santoro en
su totalidad, somos del criterio que éste no cumplió con la
obligación de todo abogado de exaltar el honor y la dignidad
de
la
profesión.
Nótese
que
el
Canon
38
de
Ética
Profesional establece que “[e]l abogado deberá esforzarse,
al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y
dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve
sacrificios personales…”. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38.
Al
interpretar este Canon hemos sostenido que "[c]ada abogado
es un espejo en que se refleja la imagen de la profesión...
que se debe representar con limpieza, lealtad, y el más
escrupuloso
sentido
de
responsabilidad”.
In
re
Quiñónez
Ayala, res. 30 de junio de 2005, 2005 TSPR 99; In re Ortiz
Brunet, 152 D.P.R. 542 (2000).
A la luz de estos principios, consideramos que Rochet
Santoro no se esforzó, al máximo de su capacidad, en exaltar
el honor y la dignidad de la profesión.
impregnada
de
impresión
de
una
haber
primordialmente
conducta
principios
de
impropiedad
con
Rochet
que
tan
estado
ánimo
de
Santoro
subyacen
la
Su conducta estuvo
severa
que
utilizando
la
lucro.
no
puso
profesión
de
produjo
la
profesión
Ciertamente,
la
manifiesto
los
legal,
sino
que
su
conducta se distinguió por sacar provecho de su posición y
por
emplear
verdad
y
la
medidas
y
honradez.
actuaciones
Sus
inconsistentes
actuaciones
con
la
constituyen
un
TS-8923
18
atentado, no sólo contra la lealtad que les debía a sus
clientes, sino contra el sistema judicial mismo en cuanto
atacó infundadamente la reputación de un magistrado.
IV
Conforme a lo anterior, concluimos que la conducta de
Rochet
Santoro
que
conllevó
su
desaforo
en
la
Corte
de
Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto
Rico
constituye,
a
su
vez,
conducta
violatoria
de
los
Cánones 9, 18, 19, 21, 24, 33, 35 y 38 de Ética Profesional
en nuestra jurisdicción.
En vista de ello, se decreta su
suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In Re:
Nelson Rochet Santoro
TS-8923
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2008.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte integral de la presente Sentencia, se
suspende
inmediata
e
indefinidamente
del
ejercicio de la abogacía a Nelson Rochet Santoro.
Se le impone a Nelson Rochet Santoro el
deber de notificar a todos sus clientes de su
presente
inhabilidad
para
seguir
representándolos,
devolverles
cualesquiera
honorarios recibidos por trabajos no realizados e
informar oportunamente de su suspensión a los
distintos foros judiciales y administrativos del
país.
Además, deberá acreditar a este Tribunal el
cumplimiento con lo anterior dentro del término
de treinta (30) días a partir de la notificación
de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Así lo pronuncia y manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Asociado señor Rebollo López no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo