Tribunal Supremo de Puerto Rico
Rodríguez Díaz y otros vs. ELA y otros
2008 TSPR 120
Poder Judicial de Puerto Rico
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Rodríguez Díaz y otros vs. ELA y otros
CC-2007-0796
Derechos R eales- Art. 555 del Código Civil: Hallazgo de cosa mueble con dueño desconocido
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ovidio E. Rodríguez Díaz, Geisha
Mary Rodríguez Díaz y Mía
Rodríguez Díaz, menores de edad
representados por su madre con
patria potestad, Rose Marie
Díaz Ramos
Certiorari
2008 TSPR 120
174 DPR ____
Peticionarios
vs.
Estado Libre Asociado de Puerto
Rico, Policía de Puerto Rico,
Departamento de Hacienda, Héctor
Rojas Rivera y/o Sucn. de Héctor
Rojas Rivera compuesta por
Fulano, Sutano y Perensejo, la
Sucn. de Don Rufo González
Guzmán compuesta por Rufo
González Rosario, Harold
González Rosario, Paul González
Rosario y Doña Adalberta Rosario
Viuda de González
Recurridos
Número del Caso: CC-2007-796
Fecha: 14 de julio de 2008
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Carolina
Juez Ponente:
Hon. Carlos Rivera Martínez
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Reinaldo Camps Del Valle
Procurador General Auxiliar
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Héctor L. Peña De León
Lcdo. José R. Reyes Hernández
Materia: Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ovidio E. Rodríguez Díaz, Geisha *
Mary Rodríguez Díaz y Mía
*
Rodríguez Díaz, menores de edad *
representados por su madre con *
patria potestad, Rose Marie
*
Díaz Ramos
*
*
Peticionarios
*
*
vs.
*
*
Estado Libre Asociado de Puerto *
Rico, Policía de Puerto Rico,
*
Departamento de Hacienda, Héctor *
Rojas Rivera y/o Sucn. de Héctor *
Rojas Rivera compuesta por
*
Fulano, Sutano y Perensejo, la *
Sucn. de Don Rufo González
*
Guzmán compuesta por Rufo
*
González Rosario, Harold
*
González Rosario, Paul González *
Rosario y Doña Adalberta Rosario *
Viuda de González
*
*
Recurridos
*
*********************************
CC-2007-796
Certiorari
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor
Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2008.
Los peculiares hechos que dan paso a la controversia
ante nuestra consideración no sólo nos dan la oportunidad
de
precisar
el
alcance
de
la
Ley
Uniforme
de
Confiscaciones, sino también de pronunciarnos con relación
a figuras jurídicas sobre las cuales nos hemos expresado en
muy pocas ocasiones, a pesar de estar definidas en nuestro
Código Civil desde su adopción a finales del Siglo XIX. En
particular, nos corresponde delimitar las definiciones de
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tesoro oculto y hallazgo de cosa mueble, con el fin de
determinar el tratamiento que se le debe ofrecer a dos
“pailas
de
pintura”
repletas
de
dinero
en
efectivo,
encontradas por dos jóvenes ocultas entre la vegetación en
las cercanías de un manantial en el Municipio de Carolina.
Luego
de
estudiar
detenidamente
la
presente
controversia, resolvemos que el dinero encontrado debe ser
tratado como un hallazgo de cosa mueble. De esta forma,
revocamos la Sentencia emitida en este caso por el Tribunal
de Apelaciones, en cuanto se negó a aplicar dicha figura y,
en su lugar, aplicó la Ley Uniforme de Confiscaciones a
pesar de la ausencia de prueba que vinculara el referido
dinero con la comisión de delito alguno.
I
Los hechos de este caso no están en controversia. El
25 de agosto de 1994, el Sr. Ovidio Rodríguez Rivera, quien
para esa fecha contaba con diecisiete (17) años de edad,
salió a buscar agua a un manantial ubicado en unos predios
del
Sector
Saint
Just,
en
Carolina.
El
señor
Rodríguez
Rivera estaba acompañado de su amigo, el Sr. Héctor Rojas
Rivera. Una vez en el lugar, el señor Rodríguez Rivera se
alejó alrededor de 50 a 75 metros, ya que sintió urgencia
de hacer una necesidad fisiológica.
En ese momento, divisó
entre las plantas dos recipientes plásticos o “pailas de
pintura”.
Al abrirlos, encontró que contenían una gran
cantidad de dinero en efectivo, por lo que llamó a su amigo
y
decidieron
llevarse
“las
pailas”
con
el
dinero.
Los
CC-2007-796
4
jóvenes acordaron llevar el dinero a la residencia de la
madre del señor Rodríguez Rivera, la Sra. Miriam Rivera
Ayuso,
y
lo
ocultaron
en
el
armario
de
una
de
las
habitaciones. Esa noche los jóvenes utilizaron alrededor de
quinientos
dólares
($500)
-provenientes
del
dinero
encontrado- para compartir con sus amigos y comprar ropa y
calzado deportivo.
Al día siguiente, la señora Rivera Ayuso encontró los
recipientes y, por desconocer de dónde provenían, decidió
llamar a la Policía. Los agentes de la Policía incautaron
el dinero y luego de contabilizarlo determinaron que la
suma total era de noventa y un mil setecientos setenta y
siete dólares ($91,777). Luego de incautar el dinero, la
Policía
procedió
Hacienda.
a
consignarlo
en
el
Departamento
de
El 18 de mayo de 1995, el señor Rodríguez Rivera
solicitó ante dicho departamento la devolución del dinero,
pero el mismo nunca le fue devuelto. Por tal razón, el 5 de
septiembre
de
1996
presentó
una
demanda
sobre
cobro
de
dinero y daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda.
Posteriormente, la demanda fue enmendada para incluir
a
la
sucesión
de
Héctor
Rojas
Rivera,
amigo
del
señor
Rodríguez Rivera y la Sucesión de Rufino González Guzmán,
dueño
del
predio
donde
fue
encontrado
el
dinero.
La
Sucesión González Guzmán compareció al tribunal y aseguró
desconocer el origen del dinero encontrado, así como la
CC-2007-796
5
identidad del dueño. Además, afirmó no tener interés en el
dinero.
Luego de celebrar una inspección ocular y la vista en
su
fondo,
el
tribunal
entendió
que
la
controversia
a
resolver era si el dinero encontrado se trataba de una cosa
perdida, abandonada o de un tesoro oculto.
Examinado
trataba
del
el
asunto,
hallazgo
de
el
una
tribunal
cosa
concluyó
mueble
con
que
se
dueño
no
identificado, pero que al utilizar parte del dinero antes
de informar sobre el hallazgo, los menores no cumplieron
con el procedimiento establecido por el Artículo 555 del
Código
Civil,
31
L.P.R.A.
sec.
1956,
para
que
pudieran
reclamar cualquier derecho que tuvieran sobre el mismo. De
igual forma, al descartar la aplicación de otras doctrinas,
el tribunal determinó que no se trataba de un tesoro oculto
por carecer del elemento de antigüedad, ni cosa abandonada
por entender que la doctrina jurídica del abandono requería
una declaración de voluntad y un acto real en cuanto al
abandono
de
la
posesión
de
la
propiedad.
Expresó
que
conforme a nuestro Código Civil se debe presumir que la
cosa
encontrada
no
ha
sido
abandonada,
sino
que
se
ha
perdido.
A base de todo ello, el tribunal declaró no ha lugar
la
demanda
y
ordenó
la
publicación
del
hallazgo,
de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 555 del Código
Civil,
supra.
Además,
determinó
que
de
no
aparecer
el
CC-2007-796
dueño,
la
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cosa
o
su
valor
pasaría
a
ser
propiedad
del
Municipio de Carolina.
Inconforme, el señor Rodríguez Rivera recurrió ante el
Tribunal
de
Apelaciones.
En
esencia,
adujo
que
erró
el
tribunal de instancia al aplicar la figura del hallazgo del
Artículo 555 del Código Civil, supra, en lugar de la figura
del tesoro oculto que regula el Artículo 554 del mismo
cuerpo legal, 31 L.P.R.A. sec. 1955. Asimismo, alegó que
erró el tribunal al determinar que la conducta del señor
Rodríguez
Rivera
era
compatible
con
el
propósito
o
intención de apropiarse del dinero, cuando al momento de
los hechos éste era incapaz por minoría de edad.
Luego
que
el
tribunal
apelativo
le
concediera
un
término a la parte apelada para presentar su alegato, quien
único compareció fue el E.L.A. –por conducto del Procurador
General- y solicitó que se le eximiera de comparecer dado
que el tribunal de instancia desestimó la demanda en su
contra
y
que
señalamiento
el
al
señor
Rodríguez
respecto.
Rivera
Además,
no
hizo
ningún
sostuvo
que
independientemente de si se trataba de un hallazgo de cosa
mueble o de un tesoro oculto, el E.L.A. no era el acreedor,
por lo que a su juicio no era parte en el litigio. Por
último, negó que en el caso de autos fuera aplicable la Ley
Uniforme de Confiscaciones, 34 L.P.R.A. sec. 1723, et seq,
toda vez que el dinero encontrado no había sido relacionado
con actividad delictiva alguna.
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7
Examinados los planteamientos de los comparecientes,
el Tribunal de Apelaciones determinó que no eran aplicables
al
caso
de
autos
las
disposiciones
del
Código
Civil
referentes a las figuras de propiedad mueble abandonada o
tesoro
oculto.
En
Confiscaciones,
su
lugar,
aplicó
la
supra,
tras
inferir
la
Ley
Uniforme
de
ilegitimidad
o
ilegalidad del dinero encontrado. A base de ello, resolvió
que
el
dinero
debía
permanecer
consignado
en
el
Departamento de Hacienda hasta tanto su titular se presente
a reclamarlo, acreditando la legitimidad de su procedencia.
Según
el
foro
apelativo,
será
luego
de
establecida
la
titularidad y legitimidad del dinero que, antes de ordenar
la devolución, se determinará qué derecho, si alguno, le
corresponde al hallador a la luz de lo dispuesto en el
Código Civil. Por último, resolvió que de no aparecer el
titular del dinero, el Estado procedería a disponer del
mismo conforme a la reglamentación vigente.
Aún inconforme, el señor Rodríguez Rivera acude ante
nos y solicita la revocación del dictamen recurrido.1 En
síntesis, sostiene que el foro apelativo erró al sustituir
las determinaciones de hecho formuladas por el tribunal de
instancia.
Igualmente,
impugna
la
aplicación
de
la
Ley
Uniforme de Confiscaciones, supra, al caso de autos y aduce
que
procede
1
la
devolución
del
dinero
conforme
a
las
Por el señor Rodríguez Rivera haber fallecido durante
el transcurso del pleito judicial, comparecen sus hijas
menores de edad, representadas por su madre.
CC-2007-796
8
disposiciones del Código Civil sobre la figura del tesoro
oculto.
Examinada la petición, el pasado 13 de diciembre de
2007
le
concedimos
término
al
E.L.A.
para
que
mostrara
causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y
revocar la sentencia recurrida. El E.L.A. ha comparecido
oportunamente.
Con
el
beneficio
de
la
comparecencia
de
ambas partes, procedemos a resolver.
II
La Ley Uniforme de Confiscaciones, supra, dispone que
estará
sujeta
a
confiscación
a
favor
del
Estado
Libre
Asociado de Puerto Rico toda propiedad que sea utilizada en
relación a, o sea el resultado o producto de la comisión de
delitos graves y de aquellos delitos menos graves en que
por ley se autorice la confiscación, cuando tales delitos
graves y menos graves estén tipificados en el Código Penal
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en las leyes de
sustancias controladas, de armas y explosivos, en las leyes
contra
el
crimen
organizado,
en
las
leyes
de
juegos
alcohólicas,
leyes
fiscales,
leyes
prohibidos,
bebidas
contra
apropiación
la
ilegal
de
vehículos,
leyes
de
vehículos y tránsito y de embarcaciones, así como en otras
leyes y aquella propiedad que esté sujeta a una sentencia
de
confiscación
que
así
lo
autorice.
34
L.P.R.A.
sec.
1723(a).
La ley establece una presunción de que el dinero en
efectivo e instrumentos negociables que se encuentren en el
CC-2007-796
9
lugar o cercanías del lugar en donde ocurra la incautación,
son
el
producto
de
la
actividad
ilegal,
o
han
sido
utilizados o se han intentado utilizar para llevar a cabo
el acto que da lugar a la confiscación.
determinar
que
los
referidos
Cuando se pudiere
dineros
o
instrumentos
negociables no tenían nexo alguno con el delito imputado,
se
depositarán
los
mismos
en
la
colecturía
de
rentas
internas más cercana al lugar de la ocupación para que el
Secretario de Hacienda los devuelva a su dueño, siguiendo
los procedimientos vigentes en el Departamento de Hacienda.
Id.
En pasadas ocasiones hemos definido la confiscación
como el acto de ocupación que lleva a cabo el Estado de
todo
derecho
hayan
sido
de
propiedad
utilizados
sobre
en
cualesquiera
relación
con
la
bienes
que
comisión
de
ciertos delitos. Centeno Rodríguez v. E.L.A., res. el 3 de
mayo de 2007, 2007 T.S.P.R. 81; Del Toro Lugo v. E.L.A.,
136 D.P.R. 973, 980-981 (1994). El Estado puede apropiarse
de
bienes
mediante
relacionados
una
acción
procedimiento
penal.
de
con
alguna
confiscación
Esta
acción
actividad
dentro
es
criminal
del
mismo
conocida
como
confiscación criminal y la misma depende del resultado del
proceso penal que se lleva contra el imputado. En estos
casos la confiscación se impone como una pena adicional.
Del Toro Lugo v. E.L.A., Id.
Ahora bien, el Estado también puede recurrir a una
acción civil de confiscación, la cual hemos definido como
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una acción in rem, en la que se imputa la utilización de la
propiedad confiscada en la comisión de un delito. Del Toro
Lugo v. E.L.A., Id. Al precisar cuáles son los elementos
pertinentes
a
la
determinación
de
si
procede
una
confiscación civil, hemos expresado que dichos elementos
son: (1) prueba suficiente y preponderante de que se ha
cometido un delito y (2) un nexo entre la comisión del
delito y la propiedad confiscada. (Énfasis nuestro) Véase
Suárez v. E.L.A., 162 D.P.R. 43, 52 (2004); Del Toro Lugo
v. E.L.A., supra.
La
confiscación
civil,
por
ser
una
acción
in
rem,
puede efectuarse antes de acusar a la persona, antes de que
exista
una
declaración
de
culpabilidad
o
absolución
o
antes, incluso, de que se presente algún cargo criminal.
Sin
embargo,
para
que
sostener,
le
propiedad
confiscada
la
corresponde
confiscación
al
fue
E.L.A.
utilizada
delictiva. Así lo expresamos en
civil
demostrar
en
una
se
pueda
que
la
actividad
Suárez v. E.L.A., supra,
al citar la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 18 de 1ro
de
enero
de
2003,
que
enmendó
la
Ley
Uniforme
de
Confiscaciones, supra, para atemperarla a nuestra decisión
en Del Toro v. E.L.A., supra.
Por
medio
de
la
Ley
Núm.
18,
supra,
la
Asamblea
Legislativa eliminó el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley
Uniforme
de
Confiscaciones,
supra,
que
establecía
la
inaplicabilidad de la doctrina de cosa juzgada entre la
acción civil de confiscación y el resultado favorable para
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11
el imputado en el proceso criminal. La Asamblea Legislativa
juzgó
que
dicho
artículo
vulneraba
el
derecho
de
un
ciudadano a no ser privado de su propiedad sin el debido
proceso de ley ni una justa compensación.
Al sostener el carácter retroactivo de la Ley Núm. 18,
supra, y examinar su historial legislativo, así como la
jurisprudencia sobre el asunto, hemos reafirmado el vínculo
necesario en todo caso de confiscación entre la propiedad
confiscada
y
la
comisión
del
delito.
Véase
Suárez
v.
E.L.A., supra pág. 55.
En
el
determinó
caso
que
se
de
autos,
debía
el
Tribunal
aplicar
la
de
Ley
Apelaciones
Uniforme
de
Confiscaciones, supra, al dinero encontrado por el señor
Rodríguez Rivera en las “pailas de pintura”, a pesar de que
el Estado no probó el vínculo entre el referido dinero y la
comisión de delito alguno, y a pesar de la comparecencia
del Procurador General oponiéndose a que se aplicara dicha
legislación al caso de epígrafe.
En su comparecencia ante nos, el Procurador General
reiteró que procedía la devolución del dinero y sostuvo que
ante la inexistencia de prueba de que alguien haya cometido
un delito, el Estado no se puede adjudicar bienes privados
de un ciudadano. Además, aseguró que en el presente caso
sólo hay una mera sospecha de que el dinero proviene de
actividades ilegales, y que con ello no se puede cumplir
con el estándar probatorio exigido por ley. De hecho, el
Procurador General sostiene que la decisión de iniciar un
CC-2007-796
12
proceso de confiscación es una actuación discrecional de la
Rama
Ejecutiva,
misma
sería
por
una
lo
que
nuestra
actuación
intervención
indebida
contraria
con
la
a
la
separación de poderes.
La propia sentencia recurrida admite que no hay prueba
sobre la procedencia del dinero encontrado. Sin embargo, el
foro apelativo infiere que el dinero proviene de alguna
actividad ilegal, apoyándose en expresiones anteriores de
este Tribunal que afirman que los tribunales no deben creer
aquello
que
ninguna
persona
de
parecer
ordinario
no
creería. No obstante, al igual que el Procurador General,
somos del criterio que una mera sospecha o inferencia no
cumple
con
necesario
el
estándar
para
establecer
de
preponderancia
el
vínculo
entre
de
la
la
propiedad
objeto de confiscación y la comisión de un delito.
prueba
Por lo
tanto, concluimos que erró el Tribunal de Apelaciones al
aplicar
la
Ley
Uniforme
de
Confiscaciones,
supra,
en
ausencia total de prueba que vincule el dinero encontrado
con alguna actividad delictiva.
Aclarado lo anterior, debemos determinar si el dinero
encontrado por el señor Rodríguez Rivera debe ser tratado
como
un
oculto,
hallazgo
según
las
de
propiedad
definiciones
Civil para tales figuras.
mueble
o
como
un
tesoro
provistas
por
el
Código
CC-2007-796
13
III
A
El
Código
Civil
de
Puerto
Rico
dispone
que
se
adquieren por ocupación los bienes apropiables que por su
naturaleza
carecen
de
dueño,
como
los
animales
que
son
objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas
muebles abandonadas. Art. 550 Código Civil de Puerto Rico,
31
L.P.R.A.
sec.
1951.
En
cuanto
al
tesoro
oculto,
el
Artículo 286 del Código Civil lo define como el depósito
oculto
o
ignorado
de
dinero,
alhajas,
u
otros
preciosos cuya legítima pertenencia no conste.
objetos
31 L.P.R.A.
sec. 1117. El tesoro oculto, según el citado cuerpo legal,
pertenece al dueño del terreno en que se hallare.
Sin
embargo, cuando fuere hecho el descubrimiento en propiedad
ajena o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del
Pueblo de los Estados Unidos de América, y por casualidad,
la mitad se aplicará al descubridor. 31 L.P.R.A. sec. 1116.
La mayoría de la doctrina española coincide en algunos de
los elementos constitutivos del tesoro. Comentaristas como
Scaevola y Manresa sostienen que el tesoro ha de ser oculto
o escondido, ha de estar compuesto sólo por dinero, alhajas
o
materia
preciosa
y
ha
de
ser
cosa
sin
dueño.
Véase
Scaevola, Código Civil, Instituto Reus, S.A., Madrid, 1949,
pág. 505; Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil,
Reus, S.A. Madrid, 1976, pág. 232. Sin embargo, el carácter
antiguo o no del hallazgo parece causar gran debate entre
los estudiosos y comentaristas del Código Civil.
CC-2007-796
14
El comentarista José Luis Moreu Ballonga sostiene que
es la antigüedad del depósito el requisito esencial del
concepto tesoro. En vista de ello, según Moreu Ballonga, si
lo hallado no es antiguo, entonces no es tesoro. Sobre este
particular,
arguye
que
toda
cosa
encontrada
oculta
no
antigua se debe asimilar al supuesto normal de hallazgo de
cosas encontradas sobre la superficie del suelo, debiendo
restituirse la cosa a su dueño si se conoce, publicar el
hallazgo en caso contrario, y sancionarse como hurto la
omisión dolosa de esta obligación con retención de la cosa.
Moreu Ballonga, Ocupación, Hallazgo y Tesoro; Bosch, S.A.,
Barcelona, 1980, págs. 279-282.
El mencionado tratadista basa su tesis en que bajo el
derecho romano se exigía el elemento de antigüedad para
diferenciar
el
tesoro
de
otros
depósitos.
Éste
expresa,
además, que en el caso de los hallazgos antiguos no es
necesaria
la
consignación,
ya
que
por
su
antigüedad
se
presume que el dueño, si lo tuviera, no aparecerá para
reclamarlo. A igual conclusión llega Ignacio Sierra Gil de
la
Cuesta
quien
expresa
en
términos
categóricos
que
el
tesoro supone que “la cosa es antigua o fue depositada en
tiempos
pretéritos”.
Véase
Marín
Castán,
Comentario
del
Código Civil, Sierra Gil de la Cuesta, Tomo 4, Editorial
Bosch, Barcelona, 2000, pág. 124.
Sin embargo, el propio Moreu Ballonga reconoce que la
mayoría
de
la
doctrina
ha
rechazado
la
antigüedad
del
depósito como requisito indispensable para catalogarlo como
CC-2007-796
15
tesoro. Más bien, la doctrina española prevaleciente señala
el carácter inhallable del dueño del tesoro como lo crucial
al
definir
la
referida
figura
jurídica.
Al
rechazar
el
carácter indispensable del elemento de antigüedad, Manresa
subraya
que
lo
importante
es
que
no
conste
el
dueño
legítimo del depósito en cuestión. En su análisis sobre la
figura del tesoro expresa lo siguiente:
Tres condiciones exige nuestro Código siguiendo
nuestra tradición jurídica (1) en el tesoro
para los efectos de la ley: 1.a, que sea oculto
e ignorado; es decir, que constituya el
hallazgo del mismo un verdadero descubrimiento;
2.a, que ha de estar constituido el tesoro por
dinero, alhajas u otros objetos preciosos. El
Código prescinde racionalmente del calificativo
de antiguos que el Derecho anterior aplicaba a
los objetos del tesoro (Énfasis nuestro).
Manresa y Navarro, supra, Pág. 232.
El tercer elemento, según Manresa, es que no conste el
dueño legítimo.
No obstante, si bien es cierto que la doctrina rechaza
la antigüedad como elemento esencial para definir la figura
del
tesoro,
ningún
tratadista
niega
que
dicho
elemento
pueda ser relevante. Ahora bien, su importancia estriba no
en
la
antigüedad
por
sí
sola,
sino
en
señalar
la
imposibilidad de hallar el dueño legítimo del depósito. A
tales
efectos,
al
explicar
el
abandono
del
elemento
de
antigüedad que adscribía el derecho romano a la figura del
tesoro, Castán Tobeñas expresa: “[h]a suprimido, pues, el
Código el requisito de la antigüedad (vetus), que, al fin
como
dice
De
Diego,
no
era
exigido
sino
como
señal
o
presunción de que los objetos no tenían dueño conocido”. J.
CC-2007-796
16
Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral; Reus,
S.A. Madrid, 1987, Tomo II, Vol. I, pág. 318.
En iguales términos se expresa Puig Brutau, quien al
acentuar la diferencia entre el tesoro y las cosas perdidas
expresa
que
en
el
caso
del
primero,
el
propietario
es
desconocido y no es creíble que llegue a conocérsele. Puig
Brutau,
Fundamentos
Barcelona,
1994,
de
Tomo
Derecho
III,
Vol.
Civil,
I,
págs.
Bosch,
S.A.,
299-302.
Este
tratadista, citando una Sentencia del 17 de abril de 1951
del Tribunal Supremo español, señala que si bien es cierto
que el Código prescinde del requisito de antigüedad del
depósito al señalar los requisitos que son constitutivos de
tesoro, apartándose en este aspecto del precedente romano y
de
alguna
ignorancia
legislación
de
la
extranjera,
legítima
lo
pertenencia
frecuentemente
motivada
por
nuestro)
Brutau,
supra,
Puig
“es
la
cierto
del
que
la
hallazgo
va
(Énfasis
antigüedad”.
pág.
301.
Finalmente,
y
cónsono con lo anterior, Pantaleón Prieto propone que se
defina
el
tesoro
como
cosa
mueble
cuyo
dueño
ya
es
imposible que se presente y pruebe su dominio. A. Pantaleón
Prieto,
Comentarios
al
Código
Civil
y
Compilaciones
Forales, Dirigido por Manuel Albaladejo, Revista de Derecho
Privado, Tomo VIII, Vol. I, pág. 499.
Esto es, la antigüedad –aun cuando no sea el elemento
decisivo para definir la figura del tesoro- es importante
para
determinar
presentará
para
que
el
probar
su
dueño
del
propiedad,
depósito
ya
no
lo
sí
resulta
que
se
CC-2007-796
17
crucial para poder catalogar tal hallazgo como tesoro. Es,
precisamente, la imposibilidad de que el presunto dueño se
presente
a
probar
su
propiedad
lo
que
torna
inútil
la
publicación del hallazgo de cosa mueble dispuesto por el
Código
en
su
Artículo
555,
supra.
Por
tal
razón,
la
propiedad sobre el tesoro es adquirida por el hallador por
la mera ocupación, sin que sea necesario intentar conseguir
al
presunto
dueño,
al
igual
que
ocurre
con
las
cosas
abandonadas. Véase Art. 550 del Código Civil, supra.
De acuerdo a esta normativa, antes de concluir si un
hallazgo debe ser catalogado como tesoro, el tribunal debe
examinar las circunstancias del hallazgo y determinar si su
dueño
puede
ser
encontrado
o
no.
Dentro
de
las
circunstancias que el tribunal debe tomar en consideración
se encuentra el elemento de la antigüedad, que -tal como ha
expresado el Tribunal Supremo español- usualmente señala la
imposibilidad de que el dueño legítimo se presente a probar
su propiedad.
Con este marco doctrinal en mente, debemos determinar
si –como aduce el peticionario- el dinero encontrado por él
debe ser considerado un tesoro oculto, de manera que la
propiedad sobre éste pueda derivarse de la mera ocupación.
En el caso de autos, el tribunal de instancia realizó
una
inspección
circunstancias
ocular
del
en
la
hallazgo.
que
pudo
examinar
Tras
hacer
la
las
referida
inspección, el tribunal determinó que no se trataba de un
tesoro.
Ello
en
vista
de
que
las
circunstancias
del
CC-2007-796
18
hallazgo –incluyendo, pero sin limitarse al dato de que el
deposito parecía ser reciente- indicaban que el dueño podía
ser encontrado si se daba paso a la publicación del mismo.
Según nuestro criterio, actuó bien el foro primario al
así resolver. Su actuación es cónsona con la jurisprudencia
y la doctrina antes discutida. Al descartar la aplicación
de la figura del tesoro oculto al hallazgo en controversia,
el
tribunal
tomó
en
cuenta
que
el
dinero
encontrado
consistía de moneda de curso legal corriente, lo que señala
que se trata de un depósito reciente. Además, el foro de
instancia razonó que por las circunstancias particulares
del hallazgo, todo parecía indicar que fue depositado en el
lugar temporeramente por su dueño para luego volver a tomar
posesión del mismo. Todo ello es indicativo de que el dueño
del
depósito
sí
podía
ser
encontrado,
por
lo
que
era
improcedente aplicar la figura del tesoro oculto.
Debemos
español,
recordar
así
prevaleciente,
como
el
que
la
conforme
doctrina
elemento
al
sobre
fundamental
Tribunal
el
Supremo
Código
para
Civil
definir
la
figura del tesoro oculto es la imposibilidad de encontrar
el dueño del depósito. De esta forma, la antigüedad del
hallazgo
puede
válidamente
ser
tomada
en
cuenta
por
el
tribunal como prueba de la imposibilidad de que el dueño
original se presente a probar su propiedad. Una vez el
tribunal
determina
–como
en
este
caso-
que
las
circunstancias del hallazgo señalan que el dueño sí puede
ser encontrado con la publicación del hallazgo, se de debe
CC-2007-796
19
descartar la aplicación de la figura del tesoro oculto y
procede ordenar la publicación de conformidad al artículo
555 del Código Civil, supra.
Nos resta, pues, determinar si el depósito en cuestión
debe ser tratado como un hallazgo de cosa abandonada o un
hallazgo
de
cosa
perdida
desconocido,
en
cuyo
descrito
el
Artículo
en
o
caso
555
cosa
mueble
aplicaría
el
del
Código
con
dueño
procedimiento
Civil,
supra.
Además, en caso de que determinemos que aplica el referido
artículo, debemos resolver si -tal como determinó el foro
de instancia- el señor Rodríguez Rivera perdió todo derecho
sobre la cosa encontrada por haber utilizado alrededor de
quinientos
dólares
($500)
provenientes
del
hallazgo
e
intentar quedarse con el mismo sin notificar a nadie ni
hacer
gestión
alguna
para
encontrar
al
verdadero
dueño.
Veamos.
B
Las cosas abandonadas o cosas nullius se adquieren por
su mera ocupación. Art. 550 Código Civil, supra. Para que
aplique este artículo y podamos hablar de cosa abandonada,
es
necesario
un
acto
deliberado
de
abandono.
Sobre
el
particular, Manresa expresa que el abandono en el sentido
de desapoderarse de una cosa, de renunciar al dominio sobre
ella, de romper toda relación jurídica con la misma, ha de
ser expreso, claro y evidente. Si no es así, la ley presume
que la cosa abandonada ha sufrido extravío, que tiene un
dueño; en suma, que el abandono no ha sido voluntario o
CC-2007-796
20
intencional. Manresa, supra pág. 105. Por ello, para poder
hablar de cosa abandonada, las circunstancias del hallazgo
deben permitirnos determinar que el dueño, en efecto, quiso
abandonarla.
Así,
cuando
una
persona
encuentra
una
cosa
mueble y las circunstancias no revelan si la misma fue
abandonada o está perdida, ha de suponer, en principio, que
se trata de una cosa perdida. En dicho caso, no entran en
juego las reglas concretas de la ocupación, sino las del
hallazgo.
Al
motivo
Véase Puig Brutau, supra, págs. 292-293.
definir
por
el
cosa
cual
perdida,
la
vacante de posesión.
voluntad
de
quien
cosa
carece
mueble
de
ha
importancia
llegado
a
el
estar
Puede ello haber ocurrido contra la
la
venía
poseyendo
o
que
su
último
poseedor la haya abandonado de forma voluntaria, siempre
que dicho abandono no conlleve la extinción de la propiedad
sobre la cosa.
Véase Pantaleón Prieto, supra, págs. 456-
457. Por lo tanto, debe estimarse como cosa perdida aquella
propiedad mueble que ha sido abandonada voluntariamente por
su antiguo poseedor para luego recuperarla.
Como
establece
mencionáramos
el
anteriormente,
procedimiento
a
seguir
el
Código
en
los
Civil
casos
de
hallazgos de propiedad mueble. En términos generales, el
Código dispone que aquel que encuentra una cosa mueble que
no sea tesoro debe restituirla a su anterior poseedor y si
éste no fuere conocido, debe consignarla inmediatamente en
poder del alcalde del pueblo en donde se hubiere verificado
el hallazgo. El alcalde hará publicar el hallazgo fijando
CC-2007-796
21
avisos escritos a tal efecto en el pasillo principal del
edificio municipal, en el correo y en la colecturía de
rentas internas por dos semanas consecutivas. Pasados seis
meses, a contar desde que terminó la publicación del aviso,
sin
haberse
encontrada,
presentado
o
su
el
valor,
dueño,
al
se
adjudicará
que
la
halló.
dispuesto
en
el
Art.
la
cosa
555
del
Código Civil, supra.
El
procedimiento
referido
artículo
está diseñado para identificar al dueño –si lo tiene- de la
cosa
encontrada.
establecido
Sólo
para
que
luego
el
de
dueño
transcurrido
se
presente
el
a
término
probar
su
propiedad, puede el hallador reclamar la cosa y adquirir su
dominio.
Sobre
el
objetivo
de
este
artículo
nos
dice
Manresa que la persona que ocupa las cosas extraviadas, “al
encontrarlas,
no
Todos
los
plazos
señalados,
adquiere
anuncios,
se
instantáneamente
todas
las
destinan
el
formalidades,
exclusivamente
dominio.
todos
a
los
hallar
o
encontrar ese dueño, todo se exige en beneficio de él.”
Véase Manresa, supra.
Por
otra
parte,
cuando
el
hallador
es
un
menor
o
incapaz, surgen a su cargo las obligaciones propias del
hallador con la recogida de la cosa. No obstante, el menor
sólo responderá, en principio, del incumplimiento de tales
obligaciones en la medida en que sea capaz de culpa civil,
o en que se haya enriquecido a costa de la cosa encontrada.
Sobre este particular, en sus comentarios en la obra de
Albaladejo,
Pantaleón
Prieto
afirma
que
si
el
menor
o
CC-2007-796
22
incapaz tiene capacidad natural de señorío de hecho sobre
la cosa y la posee, dicho menor o incapacitado debe estar
sujeto
a
las
obligaciones
propias
del
hallador,
sin
perjuicio de las limitaciones a la responsabilidad por el
incumplimiento de las mismas que el ordenamiento establece
a fin de protegerle. Pantaleón Prieto, supra, pág. 529-533.
No obstante, en ese caso, su padre o tutor, por su
condición
de
representante
correcto
cumplimiento
de
legal,
tales
debe
velar
obligaciones
por
el
(incluso
restituyendo o consignando personalmente la cosa a nombre
del representado) en el momento en que llegue a conocer el
hallazgo. Si no lo hace así, su representado responderá del
incumplimiento de las mismas según las reglas generales. En
tal circunstancia, el derecho del premio o la adquisición
de
la
propiedad
incapacitado
de
la
cosa,
corresponderá
al
hallador,
tanto
si
mismo
es
él
menor
o
quien
personalmente restituye o consigna la cosa, como si lo hace
en su nombre su representante legal. Pantaleón Prieto, Id.
A la luz de lo anterior, -y luego de haber descartado
que se tratara de un tesoro oculto- somos del criterio que
las “pailas de pintura” encontradas por el señor Rodríguez
Rivera deben ser consideradas como cosa mueble extraviada y
no como cosa abandonada, cuya propiedad es adquirida por la
mera ocupación. Es decir, el objeto encontrado debe ser
tratado como cosa perdida con dueño desconocido.
así,
aun
asumiendo
–tal
como
hizo
el
Esto es
Tribunal
de
CC-2007-796
23
Apelaciones- que las “pailas de pintura” fueron abandonadas
por su dueño para luego ir por ellas y recuperarlas.
Recordemos que la mayoría de la doctrina sostiene que
en los casos en que de las circunstancias del hallazgo no
surja claramente la voluntad inequívoca del dueño de la
cosa
hallada
de
desprenderse
de
su
propiedad,
se
debe
presumir que la cosa está perdida y no abandonada. En el
caso de autos, luego de una inspección ocular, el tribunal
de instancia determinó que no podía concluir que el dinero
había sido abandonado de manera voluntaria e intencional
por su dueño. Más bien, todo parecía indicar que su dueño
lo había depositado en el lugar temporalmente para luego
volver por él. Por tanto, siendo así, procedía que se diera
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 555 del Código
Civil, supra.
No obstante, el señor Rodríguez Rivera, en lugar de
intentar
encontrar
“pailas
de
al
pintura”
dueño
o
del
dinero
consignarlo
hallado
ante
la
en
las
autoridad
competente, optó por utilizar parte del mismo para comprar
ropa y calzado deportivo y compartir con sus amigos. Fue su
madre,
la
señora
Rivera
Ayuso
quien
al
encontrar
las
“pailas de pintura” llamó a la Policía para entregárselas.
En vista de ello, el foro de instancia resolvió que el
señor Rodríguez Rivera no cumplió con las obligaciones del
hallador de cosa mueble, por lo que perdió el derecho a la
recompensa que dispone el Código Civil. Erró el foro de
instancia al así resolver.
CC-2007-796
24
En su sentencia, el tribunal de instancia fundamentó
su determinación de excluir al señor Rodríguez Rivera de la
recompensa que dispone el Código Civil, en lo resuelto por
este Tribunal en Mieres, Fiscal v. Pagán, 76 D.P.R. 699
(1954). En ese caso, el Sr. Pedro Pagan Soto -a quien el
Tribunal
describe
como
un
joven
vendedor
de
periódicos-
encontró un billete de lotería y luego de enterarse de que
el mismo había sido premiado, acudió al Negociado de la
Lotería a cobrar el premio. La dueña del billete, quien lo
había perdido días antes, estaba en el lugar cuando el
señor Pagan Soto fue a cobrar el premio y, tras intentar
infructuosamente
que
se
lo
devolviera,
presentó
una
denuncia en la fiscalía. A pesar de que no se radicaron
cargos, las partes iniciaron un litigio para determinar a
quién pertenecía el premio.
En aquella ocasión, al confirmar al foro de instancia
resolvimos que el billete extraviado debía ser tratado como
cosa perdida y no como cosa abandonada, por lo que se debía
proceder
de
conformidad
con
el
Artículo
555
del
Código
Civil, supra. Además, concluimos que el señor Pagan Soto no
tenía derecho a la recompensa que dispone el Código Civil
ya que éste incumplió con las obligaciones del hallador.
Ello a pesar de que luego de presentada la denuncia ante el
Ministerio Público, su padre consignó la cantidad de quince
mil
dólares
controversia.
($15,000)
por
el
valor
del
premio
en
CC-2007-796
25
El transfondo fáctico que dio lugar a lo resuelto en
Mieres, Fiscal v. Pagán, Id, es claramente distinguible del
caso de autos. En primer lugar, de los hechos narrados en
la Opinión del Tribunal no surge que se tratara de un menor
de edad. Por ello, no es posible determinar si la actuación
del padre –de haber sido oportuna- hubiera beneficiado al
hijo. De otra parte, tampoco surge de los hechos que el
padre procurara que su hijo cumpliera con las obligaciones
del hallador. Lo único que sabemos es que no consignó el
billete premiado ante la autoridad competente ni lo entregó
a su antiguo dueño a pesar de conocer quien era.
Por el
contrario, no fue hasta después que el señor Pagan Soto
cobró el premio en el Negociado de la Lotería y que la
antigua
dueña
presentó
una
Público,
que
su
consignó
padre
denuncia
los
ante
el
quince
Ministerio
mil
dólares
($15,000).
En el caso de autos, la madre del menor -la señora
Rivera
Ayuso-
hallazgo
e
descubrió
el
inmediatamente
dinero
dio
al
parte
día
a
la
siguiente
del
Policía
por
desconocer a quién pertenecía. Su conducta es cónsona con
el objetivo del Código Civil de dar oportunidad para que el
dueño original pueda presentarse a probar su propiedad.2
2
Si bien la señora Rivera Ayuso no entregó las “pailas
de pintura” directamente al alcalde, ésta notificó del
hallazgo a la Policía y, por tanto, puso al Estado en
posición de disponer de la cosa encontrada de conformidad
al Código Civil y encontrar al dueño original. La doctrina
ha reconocido la validez –en ciertas circunstancias- de la
entrega de la cosa encontrada a la Policía, al párroco del
lugar o la redacción de un periódico. Lo importante es que
finalmente el hallazgo pueda ser consignado en la alcaldía
CC-2007-796
26
Además, al así actuar, ésta cumplió con su responsabilidad
como representante legal de su hijo de velar porque éste
actuara de conformidad con las obligaciones del hallador y
evitó que su hijo perdiera el derecho a la recompensa del
Artículo
556
del
Código
Civil,
supra,
o
su
derecho
de
adquirir la propiedad de la cosa encontrada de no aparecer
el dueño original.
Si bien el señor Rodríguez Rivera tenía capacidad para
entender que el dinero no era suyo y que debía intentar
encontrar el verdadero dueño (cumpliendo de esta forma con
las obligaciones del hallador) lo cierto es que se debe
tomar en cuenta que, por tratarse de un menor de edad, era
su madre quien debía velar porque éste cumpliera con tales
obligaciones.3 Así, al entregar el dinero a la Policía -tan
____________________________________
y se publique. Véase Pantaleón Prieto, supra, pág. 552. De
igual forma, Díez-Picazo sostiene que aún cuando el Código
Civil subordina el derecho a la recompensa a la entrega de
la cosa al alcalde, sería totalmente injusta la aplicación
literal del precepto ya que lo que la ley premia es la
actividad beneficiosa para el dueño original que se puede
lograr incluso entregándole la cosa directamente a éste y
no al alcalde. Díez-Picazo y Gullón, Sistema de Derecho
Civil, Vol. II, Sexta Edición, Tecnos, S.A., Madrid, 1997,
pág. 194.
3
Coincidimos con el foro de instancia en cuanto señaló
que no podemos imputar la misma capacidad a todos los
menores
y
que
nuestro
ordenamiento
hace
ciertas
distinciones a la hora de reconocer la capacidad de éstos
para realizar distintos actos o negocios jurídicos. Es por
ello que estimamos correcto concluir que el señor Rodríguez
Rivera -siendo un menor de diecisiete (17) años- estaba
sujeto a las obligaciones del hallador. No obstante, aun en
estos casos donde el menor tiene capacidad de una voluntad
natural de señorío sobre la cosa encontrada y la posee, es
en última instancia su padre o tutor quien debe velar por
el cumplimiento de tales obligaciones y evitar que su hijo
enfrente las consecuencias de incumplir con el Código
Civil, incluyendo la posibilidad de perder el derecho a la
CC-2007-796
pronto
se
27
enteró
del
hallazgo-
la
señora
Rivera
Ayuso
cumplió en nombre de su hijo con lo dispuesto por el Código
Civil para el hallazgo de cosa mueble. Por tanto, los actos
de la señora Rivera Ayuso benefician a su hijo ya que actuó
en nombre de éste y no en su nombre propio. Evidentemente,
resolver que ésta actuó en su nombre propio constituiría un
“despojo”
a
poseyendo,
su
representado
resultado
que
de
la
cosa
no
podemos
que
éste
venía
endosar.
Véase
Pantaleón Prieto, supra.
En consecuencia, debe ordenarse la consignación en el
Municipio
“pailas
de
de
Carolina
pintura”
del
y
dinero
proceder
hallazgo conforme al Código Civil.
original,
el
dinero
debe
ser
encontrado
con
la
en
las
dos
publicación
del
De no aparecer el dueño
adjudicado
a
favor
de
la
Sucesión del señor Rodríguez Rivera. De igual forma, la
Sucesión será acreedora del premio dispuesto en el Artículo
556 del Código Civil, supra, de aparecer el dueño original.4
IV
En
vista
de
todo
lo
anterior,
se
expide
el
auto
solicitado y se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal
____________________________________
recompensa o de adquirir la
encontrada.
4
propiedad
de
la
cosa
Para evitar que se le impute al señor Rodríguez
Rivera haber incumplido con las obligaciones del hallador
y pierda el derecho a la recompensa dispuesta por el Código
Civil de aparecer el dueño o su derecho de adquirir la
propiedad de la cosa encontrada de no aparecer, éste
(representado ahora por su sucesión) o, en su defecto, la
señora Rivera Ayuso, como su representante legal, deberá
asegurarse que se consigne la totalidad del dinero
encontrado reponiendo los quinientos dólares ($500) que el
menor tomó de las “pailas de pintura”.
CC-2007-796
28
de Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera
Instancia para que ordene la consignación del dinero en el
Municipio
de
Carolina
y
se
proceda
conforme
al
procedimiento dispuesto en el Código Civil para el hallazgo
de cosas muebles.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ovidio E. Rodríguez Díaz, Geisha *
Mary Rodríguez Díaz y Mía
*
Rodríguez Díaz, menores de edad *
representados por su madre con *
patria potestad, Rose Marie
*
Díaz Ramos
*
*
Peticionarios
*
*
vs.
*
*
Estado Libre Asociado de Puerto *
Rico, Policía de Puerto Rico,
*
Departamento de Hacienda, Héctor *
Rojas Rivera y/o Sucn. de Héctor *
Rojas Rivera compuesta por
*
Fulano, Sutano y Perensejo, la *
Sucn. de Don Rufo González
*
Guzmán compuesta por Rufo
*
González Rosario, Harold
*
González Rosario, Paul González *
Rosario y Doña Adalberta Rosario *
Viuda de González
*
*
Recurridos
*
*********************************
CC-2007-796
Certiorari
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2008.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se expide el auto solicitado y se revoca la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
ordene la consignación del dinero en el Municipio de
Carolina y se proceda conforme al procedimiento dispuesto
en el Código Civil para el hallazgo de cosas muebles.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor
Rebollo López concurre con el resultado sin opinión
escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo