LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rodríguez Díaz y otros vs. ELA y otros

2008 TSPR 120

Poder Judicial de Puerto Rico

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Rodríguez Díaz y otros vs. ELA y otros

CC-2007-0796

Derechos R eales- Art. 555 del Código Civil: Hallazgo de cosa mueble con dueño desconocido

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ovidio E. Rodríguez Díaz, Geisha

Mary Rodríguez Díaz y Mía

Rodríguez Díaz, menores de edad

representados por su madre con

patria potestad, Rose Marie

Díaz Ramos

Certiorari

2008 TSPR 120

174 DPR ____

Peticionarios

vs.

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, Policía de Puerto Rico,

Departamento de Hacienda, Héctor

Rojas Rivera y/o Sucn. de Héctor

Rojas Rivera compuesta por

Fulano, Sutano y Perensejo, la

Sucn. de Don Rufo González

Guzmán compuesta por Rufo

González Rosario, Harold

González Rosario, Paul González

Rosario y Doña Adalberta Rosario

Viuda de González

Recurridos

Número del Caso: CC-2007-796

Fecha: 14 de julio de 2008

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Carolina

Juez Ponente:

Hon. Carlos Rivera Martínez

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Reinaldo Camps Del Valle

Procurador General Auxiliar

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Héctor L. Peña De León

Lcdo. José R. Reyes Hernández

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ovidio E. Rodríguez Díaz, Geisha *

Mary Rodríguez Díaz y Mía

*

Rodríguez Díaz, menores de edad *

representados por su madre con *

patria potestad, Rose Marie

*

Díaz Ramos

*

*

Peticionarios

*

*

vs.

*

*

Estado Libre Asociado de Puerto *

Rico, Policía de Puerto Rico,

*

Departamento de Hacienda, Héctor *

Rojas Rivera y/o Sucn. de Héctor *

Rojas Rivera compuesta por

*

Fulano, Sutano y Perensejo, la *

Sucn. de Don Rufo González

*

Guzmán compuesta por Rufo

*

González Rosario, Harold

*

González Rosario, Paul González *

Rosario y Doña Adalberta Rosario *

Viuda de González

*

*

Recurridos

*

*********************************

CC-2007-796

Certiorari

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor

Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2008.

Los peculiares hechos que dan paso a la controversia

ante nuestra consideración no sólo nos dan la oportunidad

de

precisar

el

alcance

de

la

Ley

Uniforme

de

Confiscaciones, sino también de pronunciarnos con relación

a figuras jurídicas sobre las cuales nos hemos expresado en

muy pocas ocasiones, a pesar de estar definidas en nuestro

Código Civil desde su adopción a finales del Siglo XIX. En

particular, nos corresponde delimitar las definiciones de

CC-2007-796

3

tesoro oculto y hallazgo de cosa mueble, con el fin de

determinar el tratamiento que se le debe ofrecer a dos

“pailas

de

pintura”

repletas

de

dinero

en

efectivo,

encontradas por dos jóvenes ocultas entre la vegetación en

las cercanías de un manantial en el Municipio de Carolina.

Luego

de

estudiar

detenidamente

la

presente

controversia, resolvemos que el dinero encontrado debe ser

tratado como un hallazgo de cosa mueble. De esta forma,

revocamos la Sentencia emitida en este caso por el Tribunal

de Apelaciones, en cuanto se negó a aplicar dicha figura y,

en su lugar, aplicó la Ley Uniforme de Confiscaciones a

pesar de la ausencia de prueba que vinculara el referido

dinero con la comisión de delito alguno.

I

Los hechos de este caso no están en controversia. El

25 de agosto de 1994, el Sr. Ovidio Rodríguez Rivera, quien

para esa fecha contaba con diecisiete (17) años de edad,

salió a buscar agua a un manantial ubicado en unos predios

del

Sector

Saint

Just,

en

Carolina.

El

señor

Rodríguez

Rivera estaba acompañado de su amigo, el Sr. Héctor Rojas

Rivera. Una vez en el lugar, el señor Rodríguez Rivera se

alejó alrededor de 50 a 75 metros, ya que sintió urgencia

de hacer una necesidad fisiológica.

En ese momento, divisó

entre las plantas dos recipientes plásticos o “pailas de

pintura”.

Al abrirlos, encontró que contenían una gran

cantidad de dinero en efectivo, por lo que llamó a su amigo

y

decidieron

llevarse

“las

pailas”

con

el

dinero.

Los

CC-2007-796

4

jóvenes acordaron llevar el dinero a la residencia de la

madre del señor Rodríguez Rivera, la Sra. Miriam Rivera

Ayuso,

y

lo

ocultaron

en

el

armario

de

una

de

las

habitaciones. Esa noche los jóvenes utilizaron alrededor de

quinientos

dólares

($500)

-provenientes

del

dinero

encontrado- para compartir con sus amigos y comprar ropa y

calzado deportivo.

Al día siguiente, la señora Rivera Ayuso encontró los

recipientes y, por desconocer de dónde provenían, decidió

llamar a la Policía. Los agentes de la Policía incautaron

el dinero y luego de contabilizarlo determinaron que la

suma total era de noventa y un mil setecientos setenta y

siete dólares ($91,777). Luego de incautar el dinero, la

Policía

procedió

Hacienda.

a

consignarlo

en

el

Departamento

de

El 18 de mayo de 1995, el señor Rodríguez Rivera

solicitó ante dicho departamento la devolución del dinero,

pero el mismo nunca le fue devuelto. Por tal razón, el 5 de

septiembre

de

1996

presentó

una

demanda

sobre

cobro

de

dinero y daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado

de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda.

Posteriormente, la demanda fue enmendada para incluir

a

la

sucesión

de

Héctor

Rojas

Rivera,

amigo

del

señor

Rodríguez Rivera y la Sucesión de Rufino González Guzmán,

dueño

del

predio

donde

fue

encontrado

el

dinero.

La

Sucesión González Guzmán compareció al tribunal y aseguró

desconocer el origen del dinero encontrado, así como la

CC-2007-796

5

identidad del dueño. Además, afirmó no tener interés en el

dinero.

Luego de celebrar una inspección ocular y la vista en

su

fondo,

el

tribunal

entendió

que

la

controversia

a

resolver era si el dinero encontrado se trataba de una cosa

perdida, abandonada o de un tesoro oculto.

Examinado

trataba

del

el

asunto,

hallazgo

de

el

una

tribunal

cosa

concluyó

mueble

con

que

se

dueño

no

identificado, pero que al utilizar parte del dinero antes

de informar sobre el hallazgo, los menores no cumplieron

con el procedimiento establecido por el Artículo 555 del

Código

Civil,

31

L.P.R.A.

sec.

1956,

para

que

pudieran

reclamar cualquier derecho que tuvieran sobre el mismo. De

igual forma, al descartar la aplicación de otras doctrinas,

el tribunal determinó que no se trataba de un tesoro oculto

por carecer del elemento de antigüedad, ni cosa abandonada

por entender que la doctrina jurídica del abandono requería

una declaración de voluntad y un acto real en cuanto al

abandono

de

la

posesión

de

la

propiedad.

Expresó

que

conforme a nuestro Código Civil se debe presumir que la

cosa

encontrada

no

ha

sido

abandonada,

sino

que

se

ha

perdido.

A base de todo ello, el tribunal declaró no ha lugar

la

demanda

y

ordenó

la

publicación

del

hallazgo,

de

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 555 del Código

Civil,

supra.

Además,

determinó

que

de

no

aparecer

el

CC-2007-796

dueño,

la

6

cosa

o

su

valor

pasaría

a

ser

propiedad

del

Municipio de Carolina.

Inconforme, el señor Rodríguez Rivera recurrió ante el

Tribunal

de

Apelaciones.

En

esencia,

adujo

que

erró

el

tribunal de instancia al aplicar la figura del hallazgo del

Artículo 555 del Código Civil, supra, en lugar de la figura

del tesoro oculto que regula el Artículo 554 del mismo

cuerpo legal, 31 L.P.R.A. sec. 1955. Asimismo, alegó que

erró el tribunal al determinar que la conducta del señor

Rodríguez

Rivera

era

compatible

con

el

propósito

o

intención de apropiarse del dinero, cuando al momento de

los hechos éste era incapaz por minoría de edad.

Luego

que

el

tribunal

apelativo

le

concediera

un

término a la parte apelada para presentar su alegato, quien

único compareció fue el E.L.A. –por conducto del Procurador

General- y solicitó que se le eximiera de comparecer dado

que el tribunal de instancia desestimó la demanda en su

contra

y

que

señalamiento

el

al

señor

Rodríguez

respecto.

Rivera

Además,

no

hizo

ningún

sostuvo

que

independientemente de si se trataba de un hallazgo de cosa

mueble o de un tesoro oculto, el E.L.A. no era el acreedor,

por lo que a su juicio no era parte en el litigio. Por

último, negó que en el caso de autos fuera aplicable la Ley

Uniforme de Confiscaciones, 34 L.P.R.A. sec. 1723, et seq,

toda vez que el dinero encontrado no había sido relacionado

con actividad delictiva alguna.

CC-2007-796

7

Examinados los planteamientos de los comparecientes,

el Tribunal de Apelaciones determinó que no eran aplicables

al

caso

de

autos

las

disposiciones

del

Código

Civil

referentes a las figuras de propiedad mueble abandonada o

tesoro

oculto.

En

Confiscaciones,

su

lugar,

aplicó

la

supra,

tras

inferir

la

Ley

Uniforme

de

ilegitimidad

o

ilegalidad del dinero encontrado. A base de ello, resolvió

que

el

dinero

debía

permanecer

consignado

en

el

Departamento de Hacienda hasta tanto su titular se presente

a reclamarlo, acreditando la legitimidad de su procedencia.

Según

el

foro

apelativo,

será

luego

de

establecida

la

titularidad y legitimidad del dinero que, antes de ordenar

la devolución, se determinará qué derecho, si alguno, le

corresponde al hallador a la luz de lo dispuesto en el

Código Civil. Por último, resolvió que de no aparecer el

titular del dinero, el Estado procedería a disponer del

mismo conforme a la reglamentación vigente.

Aún inconforme, el señor Rodríguez Rivera acude ante

nos y solicita la revocación del dictamen recurrido.1 En

síntesis, sostiene que el foro apelativo erró al sustituir

las determinaciones de hecho formuladas por el tribunal de

instancia.

Igualmente,

impugna

la

aplicación

de

la

Ley

Uniforme de Confiscaciones, supra, al caso de autos y aduce

que

procede

1

la

devolución

del

dinero

conforme

a

las

Por el señor Rodríguez Rivera haber fallecido durante

el transcurso del pleito judicial, comparecen sus hijas

menores de edad, representadas por su madre.

CC-2007-796

8

disposiciones del Código Civil sobre la figura del tesoro

oculto.

Examinada la petición, el pasado 13 de diciembre de

2007

le

concedimos

término

al

E.L.A.

para

que

mostrara

causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y

revocar la sentencia recurrida. El E.L.A. ha comparecido

oportunamente.

Con

el

beneficio

de

la

comparecencia

de

ambas partes, procedemos a resolver.

II

La Ley Uniforme de Confiscaciones, supra, dispone que

estará

sujeta

a

confiscación

a

favor

del

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico toda propiedad que sea utilizada en

relación a, o sea el resultado o producto de la comisión de

delitos graves y de aquellos delitos menos graves en que

por ley se autorice la confiscación, cuando tales delitos

graves y menos graves estén tipificados en el Código Penal

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en las leyes de

sustancias controladas, de armas y explosivos, en las leyes

contra

el

crimen

organizado,

en

las

leyes

de

juegos

alcohólicas,

leyes

fiscales,

leyes

prohibidos,

bebidas

contra

apropiación

la

ilegal

de

vehículos,

leyes

de

vehículos y tránsito y de embarcaciones, así como en otras

leyes y aquella propiedad que esté sujeta a una sentencia

de

confiscación

que

así

lo

autorice.

34

L.P.R.A.

sec.

1723(a).

La ley establece una presunción de que el dinero en

efectivo e instrumentos negociables que se encuentren en el

CC-2007-796

9

lugar o cercanías del lugar en donde ocurra la incautación,

son

el

producto

de

la

actividad

ilegal,

o

han

sido

utilizados o se han intentado utilizar para llevar a cabo

el acto que da lugar a la confiscación.

determinar

que

los

referidos

Cuando se pudiere

dineros

o

instrumentos

negociables no tenían nexo alguno con el delito imputado,

se

depositarán

los

mismos

en

la

colecturía

de

rentas

internas más cercana al lugar de la ocupación para que el

Secretario de Hacienda los devuelva a su dueño, siguiendo

los procedimientos vigentes en el Departamento de Hacienda.

Id.

En pasadas ocasiones hemos definido la confiscación

como el acto de ocupación que lleva a cabo el Estado de

todo

derecho

hayan

sido

de

propiedad

utilizados

sobre

en

cualesquiera

relación

con

la

bienes

que

comisión

de

ciertos delitos. Centeno Rodríguez v. E.L.A., res. el 3 de

mayo de 2007, 2007 T.S.P.R. 81; Del Toro Lugo v. E.L.A.,

136 D.P.R. 973, 980-981 (1994). El Estado puede apropiarse

de

bienes

mediante

relacionados

una

acción

procedimiento

penal.

de

con

alguna

confiscación

Esta

acción

actividad

dentro

es

criminal

del

mismo

conocida

como

confiscación criminal y la misma depende del resultado del

proceso penal que se lleva contra el imputado. En estos

casos la confiscación se impone como una pena adicional.

Del Toro Lugo v. E.L.A., Id.

Ahora bien, el Estado también puede recurrir a una

acción civil de confiscación, la cual hemos definido como

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10

una acción in rem, en la que se imputa la utilización de la

propiedad confiscada en la comisión de un delito. Del Toro

Lugo v. E.L.A., Id. Al precisar cuáles son los elementos

pertinentes

a

la

determinación

de

si

procede

una

confiscación civil, hemos expresado que dichos elementos

son: (1) prueba suficiente y preponderante de que se ha

cometido un delito y (2) un nexo entre la comisión del

delito y la propiedad confiscada. (Énfasis nuestro) Véase

Suárez v. E.L.A., 162 D.P.R. 43, 52 (2004); Del Toro Lugo

v. E.L.A., supra.

La

confiscación

civil,

por

ser

una

acción

in

rem,

puede efectuarse antes de acusar a la persona, antes de que

exista

una

declaración

de

culpabilidad

o

absolución

o

antes, incluso, de que se presente algún cargo criminal.

Sin

embargo,

para

que

sostener,

le

propiedad

confiscada

la

corresponde

confiscación

al

fue

E.L.A.

utilizada

delictiva. Así lo expresamos en

civil

demostrar

en

una

se

pueda

que

la

actividad

Suárez v. E.L.A., supra,

al citar la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 18 de 1ro

de

enero

de

2003,

que

enmendó

la

Ley

Uniforme

de

Confiscaciones, supra, para atemperarla a nuestra decisión

en Del Toro v. E.L.A., supra.

Por

medio

de

la

Ley

Núm.

18,

supra,

la

Asamblea

Legislativa eliminó el inciso (c) del Artículo 2 de la Ley

Uniforme

de

Confiscaciones,

supra,

que

establecía

la

inaplicabilidad de la doctrina de cosa juzgada entre la

acción civil de confiscación y el resultado favorable para

CC-2007-796

11

el imputado en el proceso criminal. La Asamblea Legislativa

juzgó

que

dicho

artículo

vulneraba

el

derecho

de

un

ciudadano a no ser privado de su propiedad sin el debido

proceso de ley ni una justa compensación.

Al sostener el carácter retroactivo de la Ley Núm. 18,

supra, y examinar su historial legislativo, así como la

jurisprudencia sobre el asunto, hemos reafirmado el vínculo

necesario en todo caso de confiscación entre la propiedad

confiscada

y

la

comisión

del

delito.

Véase

Suárez

v.

E.L.A., supra pág. 55.

En

el

determinó

caso

que

se

de

autos,

debía

el

Tribunal

aplicar

la

de

Ley

Apelaciones

Uniforme

de

Confiscaciones, supra, al dinero encontrado por el señor

Rodríguez Rivera en las “pailas de pintura”, a pesar de que

el Estado no probó el vínculo entre el referido dinero y la

comisión de delito alguno, y a pesar de la comparecencia

del Procurador General oponiéndose a que se aplicara dicha

legislación al caso de epígrafe.

En su comparecencia ante nos, el Procurador General

reiteró que procedía la devolución del dinero y sostuvo que

ante la inexistencia de prueba de que alguien haya cometido

un delito, el Estado no se puede adjudicar bienes privados

de un ciudadano. Además, aseguró que en el presente caso

sólo hay una mera sospecha de que el dinero proviene de

actividades ilegales, y que con ello no se puede cumplir

con el estándar probatorio exigido por ley. De hecho, el

Procurador General sostiene que la decisión de iniciar un

CC-2007-796

12

proceso de confiscación es una actuación discrecional de la

Rama

Ejecutiva,

misma

sería

por

una

lo

que

nuestra

actuación

intervención

indebida

contraria

con

la

a

la

separación de poderes.

La propia sentencia recurrida admite que no hay prueba

sobre la procedencia del dinero encontrado. Sin embargo, el

foro apelativo infiere que el dinero proviene de alguna

actividad ilegal, apoyándose en expresiones anteriores de

este Tribunal que afirman que los tribunales no deben creer

aquello

que

ninguna

persona

de

parecer

ordinario

no

creería. No obstante, al igual que el Procurador General,

somos del criterio que una mera sospecha o inferencia no

cumple

con

necesario

el

estándar

para

establecer

de

preponderancia

el

vínculo

entre

de

la

la

propiedad

objeto de confiscación y la comisión de un delito.

prueba

Por lo

tanto, concluimos que erró el Tribunal de Apelaciones al

aplicar

la

Ley

Uniforme

de

Confiscaciones,

supra,

en

ausencia total de prueba que vincule el dinero encontrado

con alguna actividad delictiva.

Aclarado lo anterior, debemos determinar si el dinero

encontrado por el señor Rodríguez Rivera debe ser tratado

como

un

oculto,

hallazgo

según

las

de

propiedad

definiciones

Civil para tales figuras.

mueble

o

como

un

tesoro

provistas

por

el

Código

CC-2007-796

13

III

A

El

Código

Civil

de

Puerto

Rico

dispone

que

se

adquieren por ocupación los bienes apropiables que por su

naturaleza

carecen

de

dueño,

como

los

animales

que

son

objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas

muebles abandonadas. Art. 550 Código Civil de Puerto Rico,

31

L.P.R.A.

sec.

1951.

En

cuanto

al

tesoro

oculto,

el

Artículo 286 del Código Civil lo define como el depósito

oculto

o

ignorado

de

dinero,

alhajas,

u

otros

preciosos cuya legítima pertenencia no conste.

objetos

31 L.P.R.A.

sec. 1117. El tesoro oculto, según el citado cuerpo legal,

pertenece al dueño del terreno en que se hallare.

Sin

embargo, cuando fuere hecho el descubrimiento en propiedad

ajena o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del

Pueblo de los Estados Unidos de América, y por casualidad,

la mitad se aplicará al descubridor. 31 L.P.R.A. sec. 1116.

La mayoría de la doctrina española coincide en algunos de

los elementos constitutivos del tesoro. Comentaristas como

Scaevola y Manresa sostienen que el tesoro ha de ser oculto

o escondido, ha de estar compuesto sólo por dinero, alhajas

o

materia

preciosa

y

ha

de

ser

cosa

sin

dueño.

Véase

Scaevola, Código Civil, Instituto Reus, S.A., Madrid, 1949,

pág. 505; Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil,

Reus, S.A. Madrid, 1976, pág. 232. Sin embargo, el carácter

antiguo o no del hallazgo parece causar gran debate entre

los estudiosos y comentaristas del Código Civil.

CC-2007-796

14

El comentarista José Luis Moreu Ballonga sostiene que

es la antigüedad del depósito el requisito esencial del

concepto tesoro. En vista de ello, según Moreu Ballonga, si

lo hallado no es antiguo, entonces no es tesoro. Sobre este

particular,

arguye

que

toda

cosa

encontrada

oculta

no

antigua se debe asimilar al supuesto normal de hallazgo de

cosas encontradas sobre la superficie del suelo, debiendo

restituirse la cosa a su dueño si se conoce, publicar el

hallazgo en caso contrario, y sancionarse como hurto la

omisión dolosa de esta obligación con retención de la cosa.

Moreu Ballonga, Ocupación, Hallazgo y Tesoro; Bosch, S.A.,

Barcelona, 1980, págs. 279-282.

El mencionado tratadista basa su tesis en que bajo el

derecho romano se exigía el elemento de antigüedad para

diferenciar

el

tesoro

de

otros

depósitos.

Éste

expresa,

además, que en el caso de los hallazgos antiguos no es

necesaria

la

consignación,

ya

que

por

su

antigüedad

se

presume que el dueño, si lo tuviera, no aparecerá para

reclamarlo. A igual conclusión llega Ignacio Sierra Gil de

la

Cuesta

quien

expresa

en

términos

categóricos

que

el

tesoro supone que “la cosa es antigua o fue depositada en

tiempos

pretéritos”.

Véase

Marín

Castán,

Comentario

del

Código Civil, Sierra Gil de la Cuesta, Tomo 4, Editorial

Bosch, Barcelona, 2000, pág. 124.

Sin embargo, el propio Moreu Ballonga reconoce que la

mayoría

de

la

doctrina

ha

rechazado

la

antigüedad

del

depósito como requisito indispensable para catalogarlo como

CC-2007-796

15

tesoro. Más bien, la doctrina española prevaleciente señala

el carácter inhallable del dueño del tesoro como lo crucial

al

definir

la

referida

figura

jurídica.

Al

rechazar

el

carácter indispensable del elemento de antigüedad, Manresa

subraya

que

lo

importante

es

que

no

conste

el

dueño

legítimo del depósito en cuestión. En su análisis sobre la

figura del tesoro expresa lo siguiente:

Tres condiciones exige nuestro Código siguiendo

nuestra tradición jurídica (1) en el tesoro

para los efectos de la ley: 1.a, que sea oculto

e ignorado; es decir, que constituya el

hallazgo del mismo un verdadero descubrimiento;

2.a, que ha de estar constituido el tesoro por

dinero, alhajas u otros objetos preciosos. El

Código prescinde racionalmente del calificativo

de antiguos que el Derecho anterior aplicaba a

los objetos del tesoro (Énfasis nuestro).

Manresa y Navarro, supra, Pág. 232.

El tercer elemento, según Manresa, es que no conste el

dueño legítimo.

No obstante, si bien es cierto que la doctrina rechaza

la antigüedad como elemento esencial para definir la figura

del

tesoro,

ningún

tratadista

niega

que

dicho

elemento

pueda ser relevante. Ahora bien, su importancia estriba no

en

la

antigüedad

por

sí

sola,

sino

en

señalar

la

imposibilidad de hallar el dueño legítimo del depósito. A

tales

efectos,

al

explicar

el

abandono

del

elemento

de

antigüedad que adscribía el derecho romano a la figura del

tesoro, Castán Tobeñas expresa: “[h]a suprimido, pues, el

Código el requisito de la antigüedad (vetus), que, al fin

como

dice

De

Diego,

no

era

exigido

sino

como

señal

o

presunción de que los objetos no tenían dueño conocido”. J.

CC-2007-796

16

Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral; Reus,

S.A. Madrid, 1987, Tomo II, Vol. I, pág. 318.

En iguales términos se expresa Puig Brutau, quien al

acentuar la diferencia entre el tesoro y las cosas perdidas

expresa

que

en

el

caso

del

primero,

el

propietario

es

desconocido y no es creíble que llegue a conocérsele. Puig

Brutau,

Fundamentos

Barcelona,

1994,

de

Tomo

Derecho

III,

Vol.

Civil,

I,

págs.

Bosch,

S.A.,

299-302.

Este

tratadista, citando una Sentencia del 17 de abril de 1951

del Tribunal Supremo español, señala que si bien es cierto

que el Código prescinde del requisito de antigüedad del

depósito al señalar los requisitos que son constitutivos de

tesoro, apartándose en este aspecto del precedente romano y

de

alguna

ignorancia

legislación

de

la

extranjera,

legítima

lo

pertenencia

frecuentemente

motivada

por

nuestro)

Brutau,

supra,

Puig

“es

la

cierto

del

que

la

hallazgo

va

(Énfasis

antigüedad”.

pág.

301.

Finalmente,

y

cónsono con lo anterior, Pantaleón Prieto propone que se

defina

el

tesoro

como

cosa

mueble

cuyo

dueño

ya

es

imposible que se presente y pruebe su dominio. A. Pantaleón

Prieto,

Comentarios

al

Código

Civil

y

Compilaciones

Forales, Dirigido por Manuel Albaladejo, Revista de Derecho

Privado, Tomo VIII, Vol. I, pág. 499.

Esto es, la antigüedad –aun cuando no sea el elemento

decisivo para definir la figura del tesoro- es importante

para

determinar

presentará

para

que

el

probar

su

dueño

del

propiedad,

depósito

ya

no

lo

sí

resulta

que

se

CC-2007-796

17

crucial para poder catalogar tal hallazgo como tesoro. Es,

precisamente, la imposibilidad de que el presunto dueño se

presente

a

probar

su

propiedad

lo

que

torna

inútil

la

publicación del hallazgo de cosa mueble dispuesto por el

Código

en

su

Artículo

555,

supra.

Por

tal

razón,

la

propiedad sobre el tesoro es adquirida por el hallador por

la mera ocupación, sin que sea necesario intentar conseguir

al

presunto

dueño,

al

igual

que

ocurre

con

las

cosas

abandonadas. Véase Art. 550 del Código Civil, supra.

De acuerdo a esta normativa, antes de concluir si un

hallazgo debe ser catalogado como tesoro, el tribunal debe

examinar las circunstancias del hallazgo y determinar si su

dueño

puede

ser

encontrado

o

no.

Dentro

de

las

circunstancias que el tribunal debe tomar en consideración

se encuentra el elemento de la antigüedad, que -tal como ha

expresado el Tribunal Supremo español- usualmente señala la

imposibilidad de que el dueño legítimo se presente a probar

su propiedad.

Con este marco doctrinal en mente, debemos determinar

si –como aduce el peticionario- el dinero encontrado por él

debe ser considerado un tesoro oculto, de manera que la

propiedad sobre éste pueda derivarse de la mera ocupación.

En el caso de autos, el tribunal de instancia realizó

una

inspección

circunstancias

ocular

del

en

la

hallazgo.

que

pudo

examinar

Tras

hacer

la

las

referida

inspección, el tribunal determinó que no se trataba de un

tesoro.

Ello

en

vista

de

que

las

circunstancias

del

CC-2007-796

18

hallazgo –incluyendo, pero sin limitarse al dato de que el

deposito parecía ser reciente- indicaban que el dueño podía

ser encontrado si se daba paso a la publicación del mismo.

Según nuestro criterio, actuó bien el foro primario al

así resolver. Su actuación es cónsona con la jurisprudencia

y la doctrina antes discutida. Al descartar la aplicación

de la figura del tesoro oculto al hallazgo en controversia,

el

tribunal

tomó

en

cuenta

que

el

dinero

encontrado

consistía de moneda de curso legal corriente, lo que señala

que se trata de un depósito reciente. Además, el foro de

instancia razonó que por las circunstancias particulares

del hallazgo, todo parecía indicar que fue depositado en el

lugar temporeramente por su dueño para luego volver a tomar

posesión del mismo. Todo ello es indicativo de que el dueño

del

depósito

sí

podía

ser

encontrado,

por

lo

que

era

improcedente aplicar la figura del tesoro oculto.

Debemos

español,

recordar

así

prevaleciente,

como

el

que

la

conforme

doctrina

elemento

al

sobre

fundamental

Tribunal

el

Supremo

Código

para

Civil

definir

la

figura del tesoro oculto es la imposibilidad de encontrar

el dueño del depósito. De esta forma, la antigüedad del

hallazgo

puede

válidamente

ser

tomada

en

cuenta

por

el

tribunal como prueba de la imposibilidad de que el dueño

original se presente a probar su propiedad. Una vez el

tribunal

determina

–como

en

este

caso-

que

las

circunstancias del hallazgo señalan que el dueño sí puede

ser encontrado con la publicación del hallazgo, se de debe

CC-2007-796

19

descartar la aplicación de la figura del tesoro oculto y

procede ordenar la publicación de conformidad al artículo

555 del Código Civil, supra.

Nos resta, pues, determinar si el depósito en cuestión

debe ser tratado como un hallazgo de cosa abandonada o un

hallazgo

de

cosa

perdida

desconocido,

en

cuyo

descrito

el

Artículo

en

o

caso

555

cosa

mueble

aplicaría

el

del

Código

con

dueño

procedimiento

Civil,

supra.

Además, en caso de que determinemos que aplica el referido

artículo, debemos resolver si -tal como determinó el foro

de instancia- el señor Rodríguez Rivera perdió todo derecho

sobre la cosa encontrada por haber utilizado alrededor de

quinientos

dólares

($500)

provenientes

del

hallazgo

e

intentar quedarse con el mismo sin notificar a nadie ni

hacer

gestión

alguna

para

encontrar

al

verdadero

dueño.

Veamos.

B

Las cosas abandonadas o cosas nullius se adquieren por

su mera ocupación. Art. 550 Código Civil, supra. Para que

aplique este artículo y podamos hablar de cosa abandonada,

es

necesario

un

acto

deliberado

de

abandono.

Sobre

el

particular, Manresa expresa que el abandono en el sentido

de desapoderarse de una cosa, de renunciar al dominio sobre

ella, de romper toda relación jurídica con la misma, ha de

ser expreso, claro y evidente. Si no es así, la ley presume

que la cosa abandonada ha sufrido extravío, que tiene un

dueño; en suma, que el abandono no ha sido voluntario o

CC-2007-796

20

intencional. Manresa, supra pág. 105. Por ello, para poder

hablar de cosa abandonada, las circunstancias del hallazgo

deben permitirnos determinar que el dueño, en efecto, quiso

abandonarla.

Así,

cuando

una

persona

encuentra

una

cosa

mueble y las circunstancias no revelan si la misma fue

abandonada o está perdida, ha de suponer, en principio, que

se trata de una cosa perdida. En dicho caso, no entran en

juego las reglas concretas de la ocupación, sino las del

hallazgo.

Al

motivo

Véase Puig Brutau, supra, págs. 292-293.

definir

por

el

cosa

cual

perdida,

la

vacante de posesión.

voluntad

de

quien

cosa

carece

mueble

de

ha

importancia

llegado

a

el

estar

Puede ello haber ocurrido contra la

la

venía

poseyendo

o

que

su

último

poseedor la haya abandonado de forma voluntaria, siempre

que dicho abandono no conlleve la extinción de la propiedad

sobre la cosa.

Véase Pantaleón Prieto, supra, págs. 456-

457. Por lo tanto, debe estimarse como cosa perdida aquella

propiedad mueble que ha sido abandonada voluntariamente por

su antiguo poseedor para luego recuperarla.

Como

establece

mencionáramos

el

anteriormente,

procedimiento

a

seguir

el

Código

en

los

Civil

casos

de

hallazgos de propiedad mueble. En términos generales, el

Código dispone que aquel que encuentra una cosa mueble que

no sea tesoro debe restituirla a su anterior poseedor y si

éste no fuere conocido, debe consignarla inmediatamente en

poder del alcalde del pueblo en donde se hubiere verificado

el hallazgo. El alcalde hará publicar el hallazgo fijando

CC-2007-796

21

avisos escritos a tal efecto en el pasillo principal del

edificio municipal, en el correo y en la colecturía de

rentas internas por dos semanas consecutivas. Pasados seis

meses, a contar desde que terminó la publicación del aviso,

sin

haberse

encontrada,

presentado

o

su

el

valor,

dueño,

al

se

adjudicará

que

la

halló.

dispuesto

en

el

Art.

la

cosa

555

del

Código Civil, supra.

El

procedimiento

referido

artículo

está diseñado para identificar al dueño –si lo tiene- de la

cosa

encontrada.

establecido

Sólo

para

que

luego

el

de

dueño

transcurrido

se

presente

el

a

término

probar

su

propiedad, puede el hallador reclamar la cosa y adquirir su

dominio.

Sobre

el

objetivo

de

este

artículo

nos

dice

Manresa que la persona que ocupa las cosas extraviadas, “al

encontrarlas,

no

Todos

los

plazos

señalados,

adquiere

anuncios,

se

instantáneamente

todas

las

destinan

el

formalidades,

exclusivamente

dominio.

todos

a

los

hallar

o

encontrar ese dueño, todo se exige en beneficio de él.”

Véase Manresa, supra.

Por

otra

parte,

cuando

el

hallador

es

un

menor

o

incapaz, surgen a su cargo las obligaciones propias del

hallador con la recogida de la cosa. No obstante, el menor

sólo responderá, en principio, del incumplimiento de tales

obligaciones en la medida en que sea capaz de culpa civil,

o en que se haya enriquecido a costa de la cosa encontrada.

Sobre este particular, en sus comentarios en la obra de

Albaladejo,

Pantaleón

Prieto

afirma

que

si

el

menor

o

CC-2007-796

22

incapaz tiene capacidad natural de señorío de hecho sobre

la cosa y la posee, dicho menor o incapacitado debe estar

sujeto

a

las

obligaciones

propias

del

hallador,

sin

perjuicio de las limitaciones a la responsabilidad por el

incumplimiento de las mismas que el ordenamiento establece

a fin de protegerle. Pantaleón Prieto, supra, pág. 529-533.

No obstante, en ese caso, su padre o tutor, por su

condición

de

representante

correcto

cumplimiento

de

legal,

tales

debe

velar

obligaciones

por

el

(incluso

restituyendo o consignando personalmente la cosa a nombre

del representado) en el momento en que llegue a conocer el

hallazgo. Si no lo hace así, su representado responderá del

incumplimiento de las mismas según las reglas generales. En

tal circunstancia, el derecho del premio o la adquisición

de

la

propiedad

incapacitado

de

la

cosa,

corresponderá

al

hallador,

tanto

si

mismo

es

él

menor

o

quien

personalmente restituye o consigna la cosa, como si lo hace

en su nombre su representante legal. Pantaleón Prieto, Id.

A la luz de lo anterior, -y luego de haber descartado

que se tratara de un tesoro oculto- somos del criterio que

las “pailas de pintura” encontradas por el señor Rodríguez

Rivera deben ser consideradas como cosa mueble extraviada y

no como cosa abandonada, cuya propiedad es adquirida por la

mera ocupación. Es decir, el objeto encontrado debe ser

tratado como cosa perdida con dueño desconocido.

así,

aun

asumiendo

–tal

como

hizo

el

Esto es

Tribunal

de

CC-2007-796

23

Apelaciones- que las “pailas de pintura” fueron abandonadas

por su dueño para luego ir por ellas y recuperarlas.

Recordemos que la mayoría de la doctrina sostiene que

en los casos en que de las circunstancias del hallazgo no

surja claramente la voluntad inequívoca del dueño de la

cosa

hallada

de

desprenderse

de

su

propiedad,

se

debe

presumir que la cosa está perdida y no abandonada. En el

caso de autos, luego de una inspección ocular, el tribunal

de instancia determinó que no podía concluir que el dinero

había sido abandonado de manera voluntaria e intencional

por su dueño. Más bien, todo parecía indicar que su dueño

lo había depositado en el lugar temporalmente para luego

volver por él. Por tanto, siendo así, procedía que se diera

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 555 del Código

Civil, supra.

No obstante, el señor Rodríguez Rivera, en lugar de

intentar

encontrar

“pailas

de

al

pintura”

dueño

o

del

dinero

consignarlo

hallado

ante

la

en

las

autoridad

competente, optó por utilizar parte del mismo para comprar

ropa y calzado deportivo y compartir con sus amigos. Fue su

madre,

la

señora

Rivera

Ayuso

quien

al

encontrar

las

“pailas de pintura” llamó a la Policía para entregárselas.

En vista de ello, el foro de instancia resolvió que el

señor Rodríguez Rivera no cumplió con las obligaciones del

hallador de cosa mueble, por lo que perdió el derecho a la

recompensa que dispone el Código Civil. Erró el foro de

instancia al así resolver.

CC-2007-796

24

En su sentencia, el tribunal de instancia fundamentó

su determinación de excluir al señor Rodríguez Rivera de la

recompensa que dispone el Código Civil, en lo resuelto por

este Tribunal en Mieres, Fiscal v. Pagán, 76 D.P.R. 699

(1954). En ese caso, el Sr. Pedro Pagan Soto -a quien el

Tribunal

describe

como

un

joven

vendedor

de

periódicos-

encontró un billete de lotería y luego de enterarse de que

el mismo había sido premiado, acudió al Negociado de la

Lotería a cobrar el premio. La dueña del billete, quien lo

había perdido días antes, estaba en el lugar cuando el

señor Pagan Soto fue a cobrar el premio y, tras intentar

infructuosamente

que

se

lo

devolviera,

presentó

una

denuncia en la fiscalía. A pesar de que no se radicaron

cargos, las partes iniciaron un litigio para determinar a

quién pertenecía el premio.

En aquella ocasión, al confirmar al foro de instancia

resolvimos que el billete extraviado debía ser tratado como

cosa perdida y no como cosa abandonada, por lo que se debía

proceder

de

conformidad

con

el

Artículo

555

del

Código

Civil, supra. Además, concluimos que el señor Pagan Soto no

tenía derecho a la recompensa que dispone el Código Civil

ya que éste incumplió con las obligaciones del hallador.

Ello a pesar de que luego de presentada la denuncia ante el

Ministerio Público, su padre consignó la cantidad de quince

mil

dólares

controversia.

($15,000)

por

el

valor

del

premio

en

CC-2007-796

25

El transfondo fáctico que dio lugar a lo resuelto en

Mieres, Fiscal v. Pagán, Id, es claramente distinguible del

caso de autos. En primer lugar, de los hechos narrados en

la Opinión del Tribunal no surge que se tratara de un menor

de edad. Por ello, no es posible determinar si la actuación

del padre –de haber sido oportuna- hubiera beneficiado al

hijo. De otra parte, tampoco surge de los hechos que el

padre procurara que su hijo cumpliera con las obligaciones

del hallador. Lo único que sabemos es que no consignó el

billete premiado ante la autoridad competente ni lo entregó

a su antiguo dueño a pesar de conocer quien era.

Por el

contrario, no fue hasta después que el señor Pagan Soto

cobró el premio en el Negociado de la Lotería y que la

antigua

dueña

presentó

una

Público,

que

su

consignó

padre

denuncia

los

ante

el

quince

Ministerio

mil

dólares

($15,000).

En el caso de autos, la madre del menor -la señora

Rivera

Ayuso-

hallazgo

e

descubrió

el

inmediatamente

dinero

dio

al

parte

día

a

la

siguiente

del

Policía

por

desconocer a quién pertenecía. Su conducta es cónsona con

el objetivo del Código Civil de dar oportunidad para que el

dueño original pueda presentarse a probar su propiedad.2

2

Si bien la señora Rivera Ayuso no entregó las “pailas

de pintura” directamente al alcalde, ésta notificó del

hallazgo a la Policía y, por tanto, puso al Estado en

posición de disponer de la cosa encontrada de conformidad

al Código Civil y encontrar al dueño original. La doctrina

ha reconocido la validez –en ciertas circunstancias- de la

entrega de la cosa encontrada a la Policía, al párroco del

lugar o la redacción de un periódico. Lo importante es que

finalmente el hallazgo pueda ser consignado en la alcaldía

CC-2007-796

26

Además, al así actuar, ésta cumplió con su responsabilidad

como representante legal de su hijo de velar porque éste

actuara de conformidad con las obligaciones del hallador y

evitó que su hijo perdiera el derecho a la recompensa del

Artículo

556

del

Código

Civil,

supra,

o

su

derecho

de

adquirir la propiedad de la cosa encontrada de no aparecer

el dueño original.

Si bien el señor Rodríguez Rivera tenía capacidad para

entender que el dinero no era suyo y que debía intentar

encontrar el verdadero dueño (cumpliendo de esta forma con

las obligaciones del hallador) lo cierto es que se debe

tomar en cuenta que, por tratarse de un menor de edad, era

su madre quien debía velar porque éste cumpliera con tales

obligaciones.3 Así, al entregar el dinero a la Policía -tan

____________________________________

y se publique. Véase Pantaleón Prieto, supra, pág. 552. De

igual forma, Díez-Picazo sostiene que aún cuando el Código

Civil subordina el derecho a la recompensa a la entrega de

la cosa al alcalde, sería totalmente injusta la aplicación

literal del precepto ya que lo que la ley premia es la

actividad beneficiosa para el dueño original que se puede

lograr incluso entregándole la cosa directamente a éste y

no al alcalde. Díez-Picazo y Gullón, Sistema de Derecho

Civil, Vol. II, Sexta Edición, Tecnos, S.A., Madrid, 1997,

pág. 194.

3

Coincidimos con el foro de instancia en cuanto señaló

que no podemos imputar la misma capacidad a todos los

menores

y

que

nuestro

ordenamiento

hace

ciertas

distinciones a la hora de reconocer la capacidad de éstos

para realizar distintos actos o negocios jurídicos. Es por

ello que estimamos correcto concluir que el señor Rodríguez

Rivera -siendo un menor de diecisiete (17) años- estaba

sujeto a las obligaciones del hallador. No obstante, aun en

estos casos donde el menor tiene capacidad de una voluntad

natural de señorío sobre la cosa encontrada y la posee, es

en última instancia su padre o tutor quien debe velar por

el cumplimiento de tales obligaciones y evitar que su hijo

enfrente las consecuencias de incumplir con el Código

Civil, incluyendo la posibilidad de perder el derecho a la

CC-2007-796

pronto

se

27

enteró

del

hallazgo-

la

señora

Rivera

Ayuso

cumplió en nombre de su hijo con lo dispuesto por el Código

Civil para el hallazgo de cosa mueble. Por tanto, los actos

de la señora Rivera Ayuso benefician a su hijo ya que actuó

en nombre de éste y no en su nombre propio. Evidentemente,

resolver que ésta actuó en su nombre propio constituiría un

“despojo”

a

poseyendo,

su

representado

resultado

que

de

la

cosa

no

podemos

que

éste

venía

endosar.

Véase

Pantaleón Prieto, supra.

En consecuencia, debe ordenarse la consignación en el

Municipio

“pailas

de

de

Carolina

pintura”

del

y

dinero

proceder

hallazgo conforme al Código Civil.

original,

el

dinero

debe

ser

encontrado

con

la

en

las

dos

publicación

del

De no aparecer el dueño

adjudicado

a

favor

de

la

Sucesión del señor Rodríguez Rivera. De igual forma, la

Sucesión será acreedora del premio dispuesto en el Artículo

556 del Código Civil, supra, de aparecer el dueño original.4

IV

En

vista

de

todo

lo

anterior,

se

expide

el

auto

solicitado y se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal

____________________________________

recompensa o de adquirir la

encontrada.

4

propiedad

de

la

cosa

Para evitar que se le impute al señor Rodríguez

Rivera haber incumplido con las obligaciones del hallador

y pierda el derecho a la recompensa dispuesta por el Código

Civil de aparecer el dueño o su derecho de adquirir la

propiedad de la cosa encontrada de no aparecer, éste

(representado ahora por su sucesión) o, en su defecto, la

señora Rivera Ayuso, como su representante legal, deberá

asegurarse que se consigne la totalidad del dinero

encontrado reponiendo los quinientos dólares ($500) que el

menor tomó de las “pailas de pintura”.

CC-2007-796

28

de Apelaciones. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para que ordene la consignación del dinero en el

Municipio

de

Carolina

y

se

proceda

conforme

al

procedimiento dispuesto en el Código Civil para el hallazgo

de cosas muebles.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ovidio E. Rodríguez Díaz, Geisha *

Mary Rodríguez Díaz y Mía

*

Rodríguez Díaz, menores de edad *

representados por su madre con *

patria potestad, Rose Marie

*

Díaz Ramos

*

*

Peticionarios

*

*

vs.

*

*

Estado Libre Asociado de Puerto *

Rico, Policía de Puerto Rico,

*

Departamento de Hacienda, Héctor *

Rojas Rivera y/o Sucn. de Héctor *

Rojas Rivera compuesta por

*

Fulano, Sutano y Perensejo, la *

Sucn. de Don Rufo González

*

Guzmán compuesta por Rufo

*

González Rosario, Harold

*

González Rosario, Paul González *

Rosario y Doña Adalberta Rosario *

Viuda de González

*

*

Recurridos

*

*********************************

CC-2007-796

Certiorari

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2008.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se expide el auto solicitado y se revoca la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones. Se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

ordene la consignación del dinero en el Municipio de

Carolina y se proceda conforme al procedimiento dispuesto

en el Código Civil para el hallazgo de cosas muebles.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor

Rebollo López concurre con el resultado sin opinión

escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo