LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Centro Unido de Detallistas, et. al vs. Comisión de Servicios Público et als

2008 TSPR 116

Poder Judicial de Puerto Rico

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Centro Unido de Detallistas, et. al vs. Comisión de Servicios Público et als

CC-2007-0690

Derecho Administrativo-Acción de Impugnación de reglamento bajo la Sec. 2.7 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro Unido de

Detallistas, et. al.

Certiorari

Recurridos

2008 TSPR 116

vs.

174 DPR ____

Comisión de Servicio Público

et als

Peticionaria

Número del Caso: CC-2007-690

Fecha: 11 de julio de 2008

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel V

Juez Ponente:

Hon. Carlos Rivera Martínez

Oficina del Procurador General:

Lcda. Rosa Elena Pérez Agosto

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Manuel Fernández

Materia: Impugnación de Reglamento

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro Unido de

Detallistas, et. al.

Recurridos

v.

CC-2007-690

Certiorari

Comisión de Servicio Público

Peticionaria

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ

DENTON

San Juan, Puerto Rico, a 11 de julio de 2008.

El recurso de epígrafe tiene su origen en la

impugnación

del

reglamento

de

multas

administrativas de la Comisión de Servicio Público,

por

parte

del

Centro

Unido

de

Detallistas

y

de

otras entidades, al amparo de la Sec. 2.7 de la Ley

de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme

(L.P.A.U.). Esta disposición permite que cualquier

persona solicite la anulación de un reglamento por

causa

del

incumplimiento

con

el

proceso

de

reglamentación que establece dicha ley.

En esta ocasión, la interrogante que debemos

resolver es si mediante esa sección también pueden

impugnarse faltas no relacionadas con el mencionado

criterio; a saber, la inobservancia de

las

normas

CC-2007-690

contenidas

3

en

la

Ley

de

Flexibilidad

Administrativa

y

Reglamentaria para el Pequeño Negocio.

Por entender que la llamada “acción de nulidad” de la

L.P.A.U.

solamente

puede

utilizarse

para

remediar

el

incumplimiento con el proceso uniforme de reglamentación de

ese estatuto, revocamos la sentencia recurrida.

I.

La Comisión de Servicio Público de Puerto Rico (en

adelante, la Comisión) inició a mediados del año 2005 los

trámites

necesarios

para

adoptar

el

Reglamento

para

la

Imposición de Multas Administrativas, Reglamento Núm. 7041

de 9 de agosto de 2005. A esos efectos, el presidente de la

Comisión le cursó una carta a la Procuradora de Pequeños

Negocios (en adelante, la Procuradora) junto a una copia

del “Análisis de Flexibilidad Inicial” sobre el señalado

reglamento,

según

Administrativa

y

lo

dispone

Reglamentaria

la

Ley

de

para

el

Flexibilidad

Pequeño

Negocio

(L.F.A.R.), Ley Núm. 454 de 28 de diciembre de 2000, 3

L.P.R.A. sec. 2251 et seq.

Poco

tiempo

después,

la

Comisión

celebró

una

vista

pública a la cual asistieron varios de sus concesionarios,

algunas asociaciones integradas por éstos y la Procuradora.

Como

resultado

referido

su

análisis,

recomendaciones

embargo,

de

no

la

acerca

hubo

comparecencia

y

funcionaria

del

reglamento

comunicación

del

realizó

entre

del

varias

propuesto.

posterior

entidades sobre tales señalamientos.

recibo

Sin

ambas

CC-2007-690

4

Oportunamente,

la

Comisión

presentó

el

reglamento

aludido ante el Departamento de Estado. Por su parte, el

Secretario de Estado le impartió su aprobación el 11 de

octubre de 2005; fecha a partir de la cual entró en vigor

el mismo.

En

desacuerdo

con

lo

ocurrido,

el

Centro

Unido

de

Detallistas, así como varios concesionarios y asociaciones

de

concesionarios

solicitaron

al

(en

Tribunal

adelante,

los

Apelaciones

la

de

recurridos),

anulación

del

reglamento bajo la Sec. 2.7 de la L.P.A.U. por estimar que

en su adopción no se cumplió con las normas establecidas

por la L.F.A.R. En particular, señalaron que la Comisión no

acogió las recomendaciones de la Procuradora; no sometió un

informe

sobre

el

impacto

económico

del

reglamento;

no

remitió un “Análisis de Flexibilidad Final”, y no preparó

su versión inicial en la forma dispuesta por la L.F.A.R.

Además,

adujeron

que

la

Comisión

incumplió

con

su

obligación de enviar copia de los análisis y del reglamento

adoptado

a

la

Oficina

de

la

Procuradora

de

Pequeños

Negocios.

Por otra parte, cuestionaron la norma incluida en el

reglamento dirigida a prohibir la “conducta impropia” de

las personas cobijadas por el mismo. A su entender, dicha

norma es inherentemente imprecisa y adolece de vaguedad,

por

lo

que

viola

las

Secs.

2

y

7

del

Art.

II

de

la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En

atención

a

estos

señalamientos,

la

Comisión

compareció ante el Tribunal de Apelaciones y adujo que el

CC-2007-690

5

reglamento en controversia se aprobó cumpliendo cabalmente

con las disposiciones de la L.P.A.U., así como con las de

la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 109 de

28 de junio de 1962, 27 L.P.R.A. sec. 1101 et seq. A su

vez, negó que la norma que prohíbe la “conducta impropia”

viole la Constitución y cuestionó la legitimación de los

recurridos

para

impugnar

el

reglamento

por

el

alegado

incumplimiento con la L.F.A.R. Sobre los méritos de este

último

punto,

la

Comisión

afirmó

que

cumplió

sustancialmente con las normas contenidas en dicha ley.

Examinado

rechazó

el

el

asunto,

planteamiento

el

sobre

Tribunal

de

falta

legitimación

de

Apelaciones

y

acogió los argumentos relativos al incumplimiento con las

normas

procesales

de

la

L.F.A.R.

Por

ende,

amparado

exclusivamente en ese fundamento, dicho foro declaró nulo

el reglamento sobre multas administrativas promulgado por

la Comisión.

Tras solicitar infructuosamente la reconsideración del

referido

dictamen,

la

Comisión

comparece

ante

nos

por

conducto del Procurador General y argumenta, aparte de lo

ya

señalado,

judicial

que

el

la

L.F.A.R.

como

remedio

bajo

reglamentos

disposiciones.

Por

el

alcance

no

limitado

de

la

contempla

la

anulación

al

contrario,

revisión

de

incumplimiento

de

alega

probarse

que

de

sus

dicha falta, ésta sólo conllevaría la imposición de medidas

correctivas.

Por su parte, los recurridos reiteran su posición ante

el foro apelativo y señalan, además, que a diferencia de lo

CC-2007-690

6

que arguye la Comisión, la L.F.A.R. no excluye el remedio

de nulidad. De igual forma, aclaran que su reclamo está

basado

realmente

en

la

acción

de

impugnación

de

la

L.P.A.U., por lo que no consideran aplicables a este caso

las

normas

sobre

remedios

correctivos

contenidas

en

la

sección de la L.F.A.R. que regula la revisión judicial.

Examinada

la

petición,

acordamos

expedir.

Con

el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a

resolver.

II.

El rol de la revisión judicial como parte fundamental

del ordenamiento procesal administrativo puertorriqueño es

innegable. No debe sorprendernos, entonces, que muchos de

los

casos

atendidos

por

los

tribunales

versen

sobre

la

serie de condiciones que deben estar presentes antes de

ejercer

esa

precisamente,

facultad

la

revisora.

controversia

que

En

nos

esta

ocupa

ocasión,

consiste

en

determinar si los recurridos cumplieron con los requisitos

necesarios

para

solicitar

la

anulación

del

reglamento

promulgado por la Comisión.

Como norma general, antes de considerar los méritos de

una

impugnación

tribunales

reglamentaria

como

la

de

autos,

cerciorarse

que:

(1)

la

legislatura

(2)

la

parte

apropiada

reclamo

se

instó

contra

deben

permitió

la

revisión

presentó

la

acción;

(3)

demandado

correcto;

(4)

necesaria

madurez;

y

judicial;

el

la

controversia

goza

de

los

el

la

(5) se utilizó el recurso adecuado.

CC-2007-690

7

Véase B. Schwartz, Administrative Law, 3ra ed., L. B. &

Co., págs. 470-71.

Evidentemente,

en

el

presente

caso

no

es

necesario

profundizar sobre el tercer elemento, pues es indudable que

la acción se instó contra la entidad correcta; es decir,

contra la agencia que promulgó el reglamento impugnado: la

Comisión de Servicio Público. No obstante, el cumplimiento

de los recurridos con el resto de los criterios reseñados

requiere de un examen más detenido. En ese sentido, como el

legislador

estableció

por

vía

estatutaria

unas

normas

específicas sobre la revisión judicial, nuestro análisis

debe tener como punto de partida la interpretación de los

estatutos que gobiernan el asunto. Veamos.

A.

La

Ley

(L.P.A.U.),

L.P.R.A.

de

Ley

sec.

Procedimiento

Núm.

2102

170

et

de

seq.,

12

Administrativo

Uniforme

de

de

1988,

las

agencias

agosto

requiere

que

3

administrativas cumplan con ciertos requisitos al aprobar,

enmendar

o

derogar

sus

reglamentos.

embargo,

sólo

aplica

a

aquellas

derechos

sustantivos

de

los

Esa

exigencia,

sin

normas

que

afecten

los

individuos;

es

decir,

sólo

atañe a las reglas “legislativas”. Este tipo de reglas crea

derechos,

impone

obligaciones

y

establece

un

patrón

de

conducta que tiene fuerza de ley. Ni siquiera la propia

agencia tiene discreción para desvincularse de sus efectos,

pues se trata de reglas que brindan contenido sustantivo o

detallado, o en cierta forma, complementan la ley. Véanse 3

L.P.R.A. secs. 2121-2141; Asoc. de Maestros v. Comisión,

CC-2007-690

8

159 D.P.R. 81, 93 (2003); Agosto Serrano v. F.S.E., 132

D.P.R. 866 (1993); véase, además, Hernández v. Colegio de

Optómetras, 157 D.P.R. 332, 343 (2002).

Naturalmente,

por

la

singular

importancia

de

las

reglas legislativas y por sus efectos sobre la ciudadanía

en general, la L.P.A.U. condiciona su adopción a un proceso

de

notificación,

participación

y

ciudadana

publicación.

Véase Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 691-92

(2000).

El

cumplimiento

de

ese

proceso

es

indispensable

para poder reconocerle fuerza de ley a la regla promulgada,

ya que ello forma parte de las garantías procesales que

permean todo el estatuto. Colegio de Optómetras, supra. Por

consiguiente, a fin de promover el referido cumplimiento,

la

Sec.

2.7

de

la

L.P.A.U.

decreta

la

nulidad

de

todo

reglamento que se adopte al margen de sus disposiciones. A

tales efectos, la sección establece lo siguiente:

(a) Una regla o reglamento aprobado […] será

nulo si no cumpliera sustancialmente con las

disposiciones de [la L.P.A.U.].

(b) Cualquier acción para impugnar la validez

de su faz de una regla o reglamento por el

incumplimiento

de

las

disposiciones

de

[la

L.P.A.U.] deberá iniciarse en el Tribunal de

Apelaciones dentro de los treinta (30) días

siguientes a la fecha de vigencia de dicha regla o

reglamento.

(c) La acción que se inicie para impugnar el

procedimiento seguido al adoptar las reglas o

reglamentos de que se trate no paralizará [su]

vigencia […], a menos que la ley al amparo de la

cual se adopta disponga expresamente lo contrario.

3 L.P.R.A. sec. 2127 (énfasis suplido).

En

el

pasado

hemos

señalado

que

la

intención

del

legislador al establecer esta “acción de nulidad” o “acción

CC-2007-690

de

9

impugnación”

fue

crear

un

procedimiento

uniforme

de

revisión judicial de las acciones tomadas por las agencias

al

sus

promulgar

Parguera

Lorie,

v.

145

Fernández

JP,

reglamentos.

148

D.P.R.

D.P.R.

30,

Quiñones,

Véanse

307,

39-40

Derecho

Asoc.

Dueños

Casas

314

(1999);

Montoto

v.

(1998);

véase,

además,

D.

y

de

Administrativo

Ley

Procedimiento Administrativo Uniforme, Forum, Bogotá, 2da ed.,

2001, sec. 3.2, pág. 122.

De esta forma, de conformidad con los elementos que

enumeramos

anteriormente,

la

citada

disposición

no

sólo

autoriza la revisión judicial, sino que regula la manera en

que debe presentarse la petición a esos efectos. Así, pues,

el primer inciso de la Sec. 2.7 de la L.P.A.U. describe las

circunstancias

reglamento.

apartarse

que

Como

del

podrían

la

dar

agencia

procedimiento

pie

no

a

la

tiene

establecido

nulidad

de

discreción

por

la

un

para

L.P.A.U.,

cualquier incumplimiento sustancial con sus normas vicia de

nulidad

el

reglamento

adoptado.

Evidentemente,

a

fin

de

evaluar una impugnación bajo dicho fundamento es necesario

tomar

en

considera

cuenta

de

cuáles

ineludible

son

los

requisitos

cumplimiento.

Al

que

la

ley

respecto,

el

profesor Fernández Quiñones señala que según el texto de la

L.P.A.U. “es imprescindible cumplir con los requisitos de la

notificación de la regla propuesta, concesión de oportunidad

a la ciudadanía de presentar sus escritos y publicación de

la regla adoptada”. Fernández Quiñones, supra, págs. 120-21;

véase, además, Mun. de San Juan, supra.

CC-2007-690

Por

su

10

parte,

el

inciso

(b)

de

la

Sec.

2.7

de

la

L.P.A.U. establece el mecanismo para solicitar la nulidad de

un reglamento de acuerdo con lo establecido en el inciso

anterior. El texto de esta disposición no tiene antecedentes

directos en la legislación federal homóloga, la Ley Federal

de Procedimiento Administrativo, 5 U.S.C. sec. 551 et seq.

El historial legislativo de la L.P.A.U. tampoco contiene una

discusión pormenorizada de la misma. Sin embargo, ante el

propósito legislativo ya reseñado, en J.P. v. Frente Unido

Pro Defensa Valle de Lajas, 2005 T.S.P.R. 117, res. 26 de

agosto de 2005, págs. 18-19, interpretamos el alcance de la

acción establecida en ese inciso de la forma siguiente:

Cualquier

persona

puede

impugnar

la

validez de una regla o reglamento aprobado por

una

agencia

administrativa

por

el

incumplimiento de las disposiciones de la

L.P.A.U. dentro del término de treinta (30)

días, haya participado o no durante la

celebración de las vistas públicas celebradas

como parte del proceso para su aprobación. No

tiene que ser afectad[a] por la aplicación de

dicha regla o reglamento para tener la

capacidad

para

promover

la

referida

impugnación ante el Tribunal de Apelaciones.

(Énfasis suplido).

Del

mismo

modo,

señalamos

que

cualquier

persona

afectada por la aplicación de un reglamento puede impugnar

su

validez

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

en

cualquier momento, ya sea por razones constitucionales o por

otros

motivos.

impugnación

distinta

de

Por

ende,

reglamentaria

cualquier

reconocimos

provista

proceso

que

que

acción

de

la

L.P.A.U.

es

pueda

entablar

un

por

la

ciudadano agraviado por la acción de una agencia, bien tras

un procedimiento de adjudicación o a raíz de la aplicación

CC-2007-690

11

de un reglamento que, a su entender, carezca de validez.

Véase Asoc. Dueños Casas Parguera, supra, pág. 315, n.4;

Fernández Quiñones, supra, págs. 120-22.

Fundamentalmente, dicha distinción responde al hecho de

que los tribunales ordinariamente examinan la validez de los

reglamentos

de

judicial

interviene

no

forma

Por

lo

general,

directamente

con

la

colateral.

el

acción

foro

de

la

agencia al adoptar sus reglamentos, sino que la revisión se

produce

a

través

de

pleitos

particulares

en

los

que

se

cuestionan las determinaciones tomadas por las agencias al

amparo

de

éstos.

relacionadas

impugnada.

con

Por

Esas

acciones

intentos

concretos

eso,

en

la

normalmente

están

aplicar

regla

de

práctica,

el

la

interdicto,

la

sentencia declaratoria y el propio procedimiento para hacer

cumplir la resolución de la agencia son los mecanismos más

utilizados

al

revisar

la

validez

de

las

reglas

administrativas. Véase D. Fernández Quiñones, La Revisión

Judicial

de

las

Decisiones

Administrativas,

69

Rev.

Jur.

U.P.R. 1129, 1147-48 (2000); e.g., Asoc. de Maestros, supra;

Colegio de Optómetras, supra.

Ahora bien, al considerar esta causa de acción hay que

tener

presente

Quiñones,

puede

que,

ser

como

señala

el

“irreconciliable

profesor

la

Fernández

expresión

‘de

la

validez de su faz’ por el incumplimiento, toda vez que la

regla no refleja de su faz el incumplimiento de lo pautado

por la ley”. Por consiguiente, la falta a la que alude la

Sec. 2.7 de la L.P.A.U. no surge del texto de la norma

promulgada,

sino

que

es

consecuencia

de

una

“inacción

o

CC-2007-690

desatención

12

de

los

funcionarios

que

intervienen

en

la

adopción de la regla”. Fernández Quiñones, supra. En otras

palabras, la referida acción de impugnación reglamentaria no

sólo tiene la característica de que puede ser instada por

cualquier

persona

dentro

del

término

jurisdiccional

de

treinta días dispuesto en la ley, sino que también aplica

solamente en unas circunstancias específicas.

De esa forma, al establecerse que la impugnación del

reglamento es “de su faz” se prescinde de la necesidad de

considerar

hechos

relativos

a

la

aplicación

concreta

del

mismo. Es decir, no se requiere demostrar una lesión a un

interés individualizado del litigante para que proceda la

revisión, ya que ésta busca invalidar el reglamento en toda

circunstancia en que pueda ser aplicable. No obstante, de

acuerdo con el propio texto de la Sec. 2.7 de la L.P.A.U.,

esa impugnación “de su faz” se circunscribe a los casos en

que se alegue el incumplimiento con las garantías procesales

de la propia ley. Véase J. A. Echevarría Vargas, Derecho

Administrativo Puertorriqueño, Situm, 2007, págs. 84-85; cf.

Preminger v. Secretary of Veterans Affairs, 517 F.3d 1299,

1308 (Fed. Cir. 2008); Disabled American Veterans v. Gober,

234 F.3d 682, 688 (Fed. Cir. 2000).

La

referida

característica

es

producto

de

una

determinación legislativa expresa mediante la cual, con el

propósito de lograr un fin determinado, el legislador creó

un interés legal a favor de la ciudadanía. El menoscabo de

ese interés por causa de las actuaciones de una agencia

administrativa,

efectivamente,

es

lo

que

permite

que

CC-2007-690

13

cualquier ciudadano reclame la reparación de un daño que en

otras

circunstancias

se

concebiría

como

abstracto

y

generalizado. Véanse L. S. Bressman, Procedure as Politics

in Administrative Law, 107 Colum. L. Rev. 1749, 1796-1804

(2007); C. R. Sunstein, Standing Injuries, 1993 Sup. Ct.

Rev. 37 (1993); C. R. Sunstein, What’s Standing after Lujan?

Of Citizens Suits, “Injuries”, and Article III, 91 Mich. L.

Rev. 163, 191 (1992).

En

suma,

existencia

de

la

normativa

reseñada

dos

de

condiciones

las

permite

comprobar

necesarias

para

la

la

revisión judicial. Por un lado, precisa las personas que

tienen

derecho

a

solicitar

la

revisión

judicial

de

un

reglamento bajo la L.P.A.U. y, de otro, establece el alcance

de la facultad revisora del foro judicial.

B.

No es la primera vez que nos enfrentamos a situaciones

de esta naturaleza. En Salas Soler v. Srio. de Agricultura,

102 D.P.R. 716 (1974), reconocimos la facultad tanto de una

organización

de

asuntos

ambientales

como

de

uno

de

sus

miembros para solicitar un mandamus contra el Secretario de

Agricultura,

quien

había

aprobado

un

reglamento

sobre

venenos y pesticidas sin antes someter ante la Junta de

Calidad Ambiental la correspondiente declaración de impacto

ambiental. Dicho proceder respondió al hecho de que por vía

estatutaria se proveía “expresamente para el ejercicio en

determinadas circunstancias de una acción pública, limitada

al mandamus, por ciudadanos privados ‘afectados por la falta

de

implementación

de

[la

Ley

sobre

Política

Pública

CC-2007-690

14

Ambiental entonces vigente]’”.1 Salas Soler, supra, pág. 721

(énfasis suplido); cf. Fundación Arqueológica v. Depto. de la

Vivienda, 109 D.P.R. 387 (1980).

Salas

compartido

Soler

presentaba

por

sociedad

la

un

en

agravio

general,

que,

por

ser

ordinariamente

no

sería susceptible de consideración judicial. Sin embargo, no

desestimamos la demanda presentada en ese caso ya que la

Asamblea

Legislativa

presentación

de

un

había

autorizado

mandamus

contra

expresamente

la

Secretario

de

el

Agricultura. Es decir, a fin de remediar los problemas que

motivaron

la

aprobación

del

estatuto

invocado

en

Salas

Soler, el legislador autorizó que a solicitud de cualquier

ciudadano afectado por la falta de implementación de la ley

se pudiese exigir su cumplimiento mediante un mandamus. En

cierto sentido, el caso ante nuestra consideración presenta

una actuación legislativa similar.

A

través

de

la

L.P.A.U.

el

legislador

instituyó

la

acción de impugnación de reglamentos con el propósito de

garantizar

que

las

agencias

cumplan

con

el

procedimiento

pautado por dicha ley y evitar que éstas pongan en marcha

normas que lo contravengan. De esa forma, al aprobar la Sec.

2.7 de la L.P.A.U. el legislador reconoció como un daño el

incumplimiento con esa normativa procesal, a fin de permitir

1

De

igual

forma,

concluimos

que

los

demandantes

demostraron haber sufrido un daño concreto, ya que no era

necesario que éste fuese de naturaleza económica. No

obstante, señalamos que nuestra decisión en ese sentido no

implicaba una autorización para la presentación por un

ciudadano, en todo contexto, de acciones en alegada defensa

de una política estatal. Véase Salas Soler, supra, págs.

723-24.

CC-2007-690

15

que una persona o entidad impugne un reglamento sin que

previamente demuestre haber sido afectado por su adopción o

aplicación.

Como

corolario

de

ese

reconocimiento,

sin

embargo, es indispensable que los planteamientos formulados

al amparo de la referida acción guarden relación con el

menoscabo que se pretendió evitar.2

Por ende, al igual que en Salas Soler, la corrección

del uso de la acción de impugnación en el caso de autos

depende,

esencialmente,

del

alcance

de

una

autorización

legislativa. Como hemos visto, el mismo está delimitado por

la propia Sec. 2.7, la cual decreta nula toda regla en cuyo

proceso

de

adopción

se

incumpla

sustancialmente

con

las

disposiciones de la L.P.A.U. De una interpretación integrada

de sus tres incisos, tomada razón de que dicha sección es

parte de un esquema legislativo más amplio, se desprende con

meridiana claridad que el campo de operación de la acción de

nulidad está limitado a situaciones en que se alegue el

incumplimiento

con

L.P.A.U

alguna

o

de

el

proceso

otra

de

reglamentación

disposición

de

esa

de

la

ley.

En

consecuencia, resulta forzoso concluir que la Sec. 2.7 de la

L.P.A.U. no dejó margen para la presentación de argumentos

de otro tipo por parte de ciudadanos meramente interesados

2

Así se pone en vigor la intención legislativa de

proveer un medio eficaz para que los tribunales hagan

cumplir el proceso de reglamentación de la ley y garanticen

que las agencias actúen de acuerdo con las facultades que

les fueron delegadas. Véanse R. J. Pierce, Jr., Lujan v.

Defenders of Wildlife: Standing as a Judicially Imposed

Limit on Legislative Power, 42 Duke L.J. 1170 (1993); P. L.

Strauss, Revisiting Overton Park: Political and Judicial

Controls

over

Administrative

Actions

Affecting

the

Community, 39 UCLA L. Rev. 1251 (1992).

CC-2007-690

16

en solicitar la anulación de un reglamento que, en términos

procesales, cumplió sustancialmente con las exigencias de la

L.P.A.U.

En

cierta

forma,

esto

es

el

reflejo

de

que

el

legislador tuvo en mente que nuestro ordenamiento requiere

que las controversias objeto de adjudicación gocen de la

madurez suficiente como para permitir la dilucidación de los

asuntos planteados con certeza y fluidez. Véase, e.g., Asoc.

Guardias Penales v. Srio. de Justicia, 87 D.P.R. 711 (1963).

Así, por ejemplo, en la jurisdicción federal se ha resuelto

reiteradamente que las impugnaciones instadas antes de que

se ponga en vigor la regla en controversia (pre-enforcement

challenges),

por

controversia”.3

lo

general,

Véanse,

e.g.,

no

presentan

United

un

Public

“caso

o

Workers

v.

Mitchell, 330 U.S. 75 (1947); A. T. & T. Corp. v. Iowa

Utilities Board, 525 U.S. 366, 384 (1999); R. D. Rotunda &

J. E. Nowak, Treatise on Constitutional Law: Substance and

Procedure,

4ta

ed.,

Thomson/West,

vol.

1,

sec.

2.13(d),

págs. 291-302; véase, además, Asoc. de Maestros, supra, pág.

87, n.6.

Además, nuestra interpretación de la Sec. 2.7 de la

L.P.A.U.,

más

allá

de

considerar

aisladamente

lo

que

establece el texto de la citada disposición, toma en cuenta

el marco jurídico y el entorno social en que se aprobó la

L.P.A.U.:

3

la

existencia

de

un

sinnúmero

de

agencias

con

El señalado impedimento, claro está, no afecta la

consideración de una impugnación bajo la Sec. 2.7 de la

L.P.A.U., puesto que cuando una agencia incumple con el

procedimiento de dicha ley, en ese momento, la controversia

cobra vitalidad.

CC-2007-690

procesos

17

disímiles

y

de

difícil

comprensión.

Además,

reconoce la función que el legislador previó para la misma y

el efecto del significado que los tribunales le hemos dado

desde su aprobación: garantizar que las agencias cumplan con

los criterios uniformes pautados por el estatuto.

De esta manera, atendemos el problema que el legislador

quiso

corregir

seleccionado

y

para

hacemos

lograr

más

ese

efectivo

objetivo.

el

remedio

Concretamente,

fortalecemos la particular función de la acción de nulidad

de la L.P.A.U. como medio para garantizar que las agencias

administrativas

del

país

cumplan

a

cabalidad

con

el

procedimiento de reglamentación establecido por dicha ley. A

su vez, evitamos sujetar a los reglamentos promulgados por

esas agencias a una revisión judicial directa por causas que

no

fueron

contempladas

por

el

legislador

al

regular

la

manera en que habría de ejercerse la facultad revisora de

los tribunales.

III.

A pesar de lo anterior, en su comparecencia ante nos

los recurridos elaboran varios argumentos para sostener su

impugnación bajo la reseñada acción de nulidad. Sin embargo,

a la luz de la normativa antes expuesta, sólo uno de sus

planteamientos podía ser presentado a través de la acción

regulada por la Sec. 2.7 de la L.P.A.U. En síntesis, los

recurridos alegan que el Reglamento para la Imposición de

Multas Administrativas, supra, contempla sanciones máximas

de hasta $500,000.00, lo cual argumentan va en contra de las

normas de la Sec. 7.1 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2201.

CC-2007-690

18

Dicha sección establece que toda violación a las leyes o

reglamentos que administra la agencia podrá ser penalizada

con multas administrativas que no excederán de $5,000.00.

Ahora bien, acto seguido, la citada sección prescribe

lo siguiente: “Si la ley especial de que se trate dispone

una penalidad administrativa mayor a la que se establece en

esta sección, la agencia podrá imponer la penalidad mayor”.

A esos efectos, el Art. 21 de la Ley de Servicio Público de

Puerto

Rico,

supra,

decreta

que

el

máximo

de

cualquier

sanción a imponerse por la Comisión de Servicio Público no

podrá

exceder

de

$10,000.00

por

infracción.

En

casos

de

conducta reiterada y contumaz, a la cual se refiere la cifra

de $500,000.00 antes mencionada, el citado Art. 21 fija la

sanción

máxima,

precisamente,

L.P.R.A.

sec.

Por

1108.

en

esa

consiguiente,

cantidad.

en

Véase

cuanto

a

27

este

aspecto de la controversia ante nos, no les asiste la razón

a los recurridos.

Sobre los demás señalamientos de los recurridos, éstos

se basan en fundamentos que no guardan relación alguna con

los

propósitos

de

la

aludida

Sec.

2.7,

ni

con

el

procedimiento de reglamentación de la L.P.A.U. Por tanto,

los mismos no podían ser presentados por los recurridos ante

el Tribunal de Apelaciones bajo las circunstancias del caso

de autos, pues van más allá de la autorización concedida por

el

legislador

promulgados

Permitir

para

por

que

las

revisar

judicialmente

agencias

cualquier

los

administrativas

persona

formule

los

reglamentos

del

país.

referidos

planteamientos a través de esa acción, tendría el efecto

CC-2007-690

19

ilógico de exponer a los reglamentos administrativos a una

revisión

directa

por

antes

que

pusiesen

de

se

parte

del

en

Tribunal

vigor

y

de

aun

Apelaciones,

cuando

en

su

aprobación no se hubiese incumplido con los procedimientos

pautados por la L.P.A.U.

En

fin,

el

caso

de

autos

es

demostrativo

de

los

problemas que presenta la utilización de la Sec. 2.7 de la

L.P.A.U.

fuera

de

las

instancias

anticipadas

por

el

legislador al adoptarla. Por ejemplo, en este caso no existe

evidencia alguna de que los recurridos hayan sufrido un daño

concreto como consecuencia de la aprobación del reglamento

en cuestión. De igual forma, el carácter particular de la

acción

de

determinar

impugnación

si

las

de

la

entidades

L.P.A.U.

no

recurridas

nos

permite

satisfacen

la

definición de “pequeño negocio” de la L.F.A.R., a fin de

precisar

si

tienen

derecho

a

invocar

el

amparo

de

sus

disposiciones. Tampoco podemos evaluar el contexto en que se

dan las presuntas violaciones constitucionales, por cuanto

del expediente lo único que surge es una mera alegación a

esos efectos.

Así, pues, en consideración de lo anterior, somos del

criterio que en el caso de autos tampoco están presentes las

circunstancias necesarias para poder atender el reclamo de

los recurridos bajo las normas sobre revisión judicial de la

L.F.A.R. En primer lugar, el Art. 11 de la L.F.A.R. dispone

que una “pequeña empresa” agraviada o adversamente afectada

por la acción de una agencia puede presentar un recurso de

revisión “en los tribunales” para evaluar el cumplimiento

CC-2007-690

con

las

artículo

20

normas

de

dicha

ley.

la

exclusividad

establece

Más

adelante,

de

el

ese

citado

remedio

estatutario. Sin embargo, según se desprende de los autos,

las

entidades

recurridas

cobijadas

por

la

L.F.A.R.

Tampoco

no

definición

han

alegado

han

de

demostrado

“pequeña

que

hayan

que

empresa”

sido

estén

de

la

afectadas

adversamente por la presunta inatención de la Comisión de

Servicio Público a las normas de dicha ley.

Claramente, todo ello es el resultado de que bajo la

L.F.A.R. la revisión judicial está enmarcada en el contexto

de la aplicación de un reglamento; contrario a lo que ocurre

bajo la L.P.A.U., en que la revisión judicial es “de su

faz”. Por tal razón, es evidente que el foro apelativo no es

el más adecuado para atender un recurso de revisión bajo la

L.F.A.R. En ese sentido, el propio legislador estableció que

este tipo de recursos se inste “en los tribunales”, en vez

de asignar la competencia exclusiva sobre los mismos a un

foro como el Tribunal de Apelaciones, siguiendo el modelo de

la Sec. 2.7 de la L.P.A.U. Así, pues, como la impugnación de

una

aplicación

concreta

de

un

reglamento

normalmente

requiere la formulación de determinaciones de hecho, estamos

convencidos de que el foro más adecuado para atender este

tipo de acciones es el Tribunal de Primera Instancia. Véase,

en general, R. J. Pierce, Jr., Administrative Law Treatise,

4ta ed., Aspen, Nueva York, vol. 3, sec. 18.2, 1326-43.

En vista de todo lo anterior, concluimos que el Centro

Unido de Detallistas y demás recurridos solamente estaban

autorizados bajo la Sec. 2.7 de la L.P.A.U. a presentar

CC-2007-690

argumentos

21

relacionados

al

incumplimiento

de

una

agencia

administrativa con las disposiciones de la propia L.P.A.U.

Por ende, éstos no podían utilizar dicha acción para obviar

los requisitos que podrían activar el remedio exclusivo de

la L.F.A.R. En última instancia, el único planteamiento de

los

recurridos

que

podía

considerar

el

Tribunal

de

Apelaciones bajo la aludida sección --relativo al monto de

las

multas

administrativas

contenidas

en

el

reglamento

impugnado-- resulta inmeritorio. En consecuencia, erró el

Tribunal de Apelaciones al declarar nulo el Reglamento para

la Imposición de Multas Administrativas promulgado por la

Comisión de Servicio Público.

IV.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

revocamos

la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y, en su

lugar, desestimamos el recurso de revisión judicial instado

por los recurridos al amparo de la Sec. 2.7 de la L.P.A.U.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro Unido de

Detallistas, et. al.

Recurridos

v.

CC-2007-690

Certiorari

Comisión de Servicio Público

Peticionaria

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 11 de julio de 2008.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente, se revoca la Sentencia emitida por

el Tribunal de Apelaciones y, en su lugar, se

desestima el recurso de revisión judicial instado

por los recurridos al amparo de la Sec. 2.7 de la

L.P.A.U.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez

Asociado señor Rivera Pérez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo