Tribunal Supremo de Puerto Rico
Centro Unido de Detallistas, et. al vs. Comisión de Servicios Público et als
2008 TSPR 116
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
Centro Unido de Detallistas, et. al vs. Comisión de Servicios Público et als
CC-2007-0690
Derecho Administrativo-Acción de Impugnación de reglamento bajo la Sec. 2.7 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Centro Unido de
Detallistas, et. al.
Certiorari
Recurridos
2008 TSPR 116
vs.
174 DPR ____
Comisión de Servicio Público
et als
Peticionaria
Número del Caso: CC-2007-690
Fecha: 11 de julio de 2008
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan-Panel V
Juez Ponente:
Hon. Carlos Rivera Martínez
Oficina del Procurador General:
Lcda. Rosa Elena Pérez Agosto
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Manuel Fernández
Materia: Impugnación de Reglamento
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Centro Unido de
Detallistas, et. al.
Recurridos
v.
CC-2007-690
Certiorari
Comisión de Servicio Público
Peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ
DENTON
San Juan, Puerto Rico, a 11 de julio de 2008.
El recurso de epígrafe tiene su origen en la
impugnación
del
reglamento
de
multas
administrativas de la Comisión de Servicio Público,
por
parte
del
Centro
Unido
de
Detallistas
y
de
otras entidades, al amparo de la Sec. 2.7 de la Ley
de
Procedimiento
Administrativo
Uniforme
(L.P.A.U.). Esta disposición permite que cualquier
persona solicite la anulación de un reglamento por
causa
del
incumplimiento
con
el
proceso
de
reglamentación que establece dicha ley.
En esta ocasión, la interrogante que debemos
resolver es si mediante esa sección también pueden
impugnarse faltas no relacionadas con el mencionado
criterio; a saber, la inobservancia de
las
normas
CC-2007-690
contenidas
3
en
la
Ley
de
Flexibilidad
Administrativa
y
Reglamentaria para el Pequeño Negocio.
Por entender que la llamada “acción de nulidad” de la
L.P.A.U.
solamente
puede
utilizarse
para
remediar
el
incumplimiento con el proceso uniforme de reglamentación de
ese estatuto, revocamos la sentencia recurrida.
I.
La Comisión de Servicio Público de Puerto Rico (en
adelante, la Comisión) inició a mediados del año 2005 los
trámites
necesarios
para
adoptar
el
Reglamento
para
la
Imposición de Multas Administrativas, Reglamento Núm. 7041
de 9 de agosto de 2005. A esos efectos, el presidente de la
Comisión le cursó una carta a la Procuradora de Pequeños
Negocios (en adelante, la Procuradora) junto a una copia
del “Análisis de Flexibilidad Inicial” sobre el señalado
reglamento,
según
Administrativa
y
lo
dispone
Reglamentaria
la
Ley
de
para
el
Flexibilidad
Pequeño
Negocio
(L.F.A.R.), Ley Núm. 454 de 28 de diciembre de 2000, 3
L.P.R.A. sec. 2251 et seq.
Poco
tiempo
después,
la
Comisión
celebró
una
vista
pública a la cual asistieron varios de sus concesionarios,
algunas asociaciones integradas por éstos y la Procuradora.
Como
resultado
referido
su
análisis,
recomendaciones
embargo,
de
no
la
acerca
hubo
comparecencia
y
funcionaria
del
reglamento
comunicación
del
realizó
entre
del
varias
propuesto.
posterior
entidades sobre tales señalamientos.
recibo
Sin
ambas
CC-2007-690
4
Oportunamente,
la
Comisión
presentó
el
reglamento
aludido ante el Departamento de Estado. Por su parte, el
Secretario de Estado le impartió su aprobación el 11 de
octubre de 2005; fecha a partir de la cual entró en vigor
el mismo.
En
desacuerdo
con
lo
ocurrido,
el
Centro
Unido
de
Detallistas, así como varios concesionarios y asociaciones
de
concesionarios
solicitaron
al
(en
Tribunal
adelante,
los
Apelaciones
la
de
recurridos),
anulación
del
reglamento bajo la Sec. 2.7 de la L.P.A.U. por estimar que
en su adopción no se cumplió con las normas establecidas
por la L.F.A.R. En particular, señalaron que la Comisión no
acogió las recomendaciones de la Procuradora; no sometió un
informe
sobre
el
impacto
económico
del
reglamento;
no
remitió un “Análisis de Flexibilidad Final”, y no preparó
su versión inicial en la forma dispuesta por la L.F.A.R.
Además,
adujeron
que
la
Comisión
incumplió
con
su
obligación de enviar copia de los análisis y del reglamento
adoptado
a
la
Oficina
de
la
Procuradora
de
Pequeños
Negocios.
Por otra parte, cuestionaron la norma incluida en el
reglamento dirigida a prohibir la “conducta impropia” de
las personas cobijadas por el mismo. A su entender, dicha
norma es inherentemente imprecisa y adolece de vaguedad,
por
lo
que
viola
las
Secs.
2
y
7
del
Art.
II
de
la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En
atención
a
estos
señalamientos,
la
Comisión
compareció ante el Tribunal de Apelaciones y adujo que el
CC-2007-690
5
reglamento en controversia se aprobó cumpliendo cabalmente
con las disposiciones de la L.P.A.U., así como con las de
la Ley de Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 109 de
28 de junio de 1962, 27 L.P.R.A. sec. 1101 et seq. A su
vez, negó que la norma que prohíbe la “conducta impropia”
viole la Constitución y cuestionó la legitimación de los
recurridos
para
impugnar
el
reglamento
por
el
alegado
incumplimiento con la L.F.A.R. Sobre los méritos de este
último
punto,
la
Comisión
afirmó
que
cumplió
sustancialmente con las normas contenidas en dicha ley.
Examinado
rechazó
el
el
asunto,
planteamiento
el
sobre
Tribunal
de
falta
legitimación
de
Apelaciones
y
acogió los argumentos relativos al incumplimiento con las
normas
procesales
de
la
L.F.A.R.
Por
ende,
amparado
exclusivamente en ese fundamento, dicho foro declaró nulo
el reglamento sobre multas administrativas promulgado por
la Comisión.
Tras solicitar infructuosamente la reconsideración del
referido
dictamen,
la
Comisión
comparece
ante
nos
por
conducto del Procurador General y argumenta, aparte de lo
ya
señalado,
judicial
que
el
la
L.F.A.R.
como
remedio
bajo
reglamentos
disposiciones.
Por
el
alcance
no
limitado
de
la
contempla
la
anulación
al
contrario,
revisión
de
incumplimiento
de
alega
probarse
que
de
sus
dicha falta, ésta sólo conllevaría la imposición de medidas
correctivas.
Por su parte, los recurridos reiteran su posición ante
el foro apelativo y señalan, además, que a diferencia de lo
CC-2007-690
6
que arguye la Comisión, la L.F.A.R. no excluye el remedio
de nulidad. De igual forma, aclaran que su reclamo está
basado
realmente
en
la
acción
de
impugnación
de
la
L.P.A.U., por lo que no consideran aplicables a este caso
las
normas
sobre
remedios
correctivos
contenidas
en
la
sección de la L.F.A.R. que regula la revisión judicial.
Examinada
la
petición,
acordamos
expedir.
Con
el
beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a
resolver.
II.
El rol de la revisión judicial como parte fundamental
del ordenamiento procesal administrativo puertorriqueño es
innegable. No debe sorprendernos, entonces, que muchos de
los
casos
atendidos
por
los
tribunales
versen
sobre
la
serie de condiciones que deben estar presentes antes de
ejercer
esa
precisamente,
facultad
la
revisora.
controversia
que
En
nos
esta
ocupa
ocasión,
consiste
en
determinar si los recurridos cumplieron con los requisitos
necesarios
para
solicitar
la
anulación
del
reglamento
promulgado por la Comisión.
Como norma general, antes de considerar los méritos de
una
impugnación
tribunales
reglamentaria
como
la
de
autos,
cerciorarse
que:
(1)
la
legislatura
(2)
la
parte
apropiada
reclamo
se
instó
contra
deben
permitió
la
revisión
presentó
la
acción;
(3)
demandado
correcto;
(4)
necesaria
madurez;
y
judicial;
el
la
controversia
goza
de
los
el
la
(5) se utilizó el recurso adecuado.
CC-2007-690
7
Véase B. Schwartz, Administrative Law, 3ra ed., L. B. &
Co., págs. 470-71.
Evidentemente,
en
el
presente
caso
no
es
necesario
profundizar sobre el tercer elemento, pues es indudable que
la acción se instó contra la entidad correcta; es decir,
contra la agencia que promulgó el reglamento impugnado: la
Comisión de Servicio Público. No obstante, el cumplimiento
de los recurridos con el resto de los criterios reseñados
requiere de un examen más detenido. En ese sentido, como el
legislador
estableció
por
vía
estatutaria
unas
normas
específicas sobre la revisión judicial, nuestro análisis
debe tener como punto de partida la interpretación de los
estatutos que gobiernan el asunto. Veamos.
A.
La
Ley
(L.P.A.U.),
L.P.R.A.
de
Ley
sec.
Procedimiento
Núm.
2102
170
et
de
seq.,
12
Administrativo
Uniforme
de
de
1988,
las
agencias
agosto
requiere
que
3
administrativas cumplan con ciertos requisitos al aprobar,
enmendar
o
derogar
sus
reglamentos.
embargo,
sólo
aplica
a
aquellas
derechos
sustantivos
de
los
Esa
exigencia,
sin
normas
que
afecten
los
individuos;
es
decir,
sólo
atañe a las reglas “legislativas”. Este tipo de reglas crea
derechos,
impone
obligaciones
y
establece
un
patrón
de
conducta que tiene fuerza de ley. Ni siquiera la propia
agencia tiene discreción para desvincularse de sus efectos,
pues se trata de reglas que brindan contenido sustantivo o
detallado, o en cierta forma, complementan la ley. Véanse 3
L.P.R.A. secs. 2121-2141; Asoc. de Maestros v. Comisión,
CC-2007-690
8
159 D.P.R. 81, 93 (2003); Agosto Serrano v. F.S.E., 132
D.P.R. 866 (1993); véase, además, Hernández v. Colegio de
Optómetras, 157 D.P.R. 332, 343 (2002).
Naturalmente,
por
la
singular
importancia
de
las
reglas legislativas y por sus efectos sobre la ciudadanía
en general, la L.P.A.U. condiciona su adopción a un proceso
de
notificación,
participación
y
ciudadana
publicación.
Véase Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 691-92
(2000).
El
cumplimiento
de
ese
proceso
es
indispensable
para poder reconocerle fuerza de ley a la regla promulgada,
ya que ello forma parte de las garantías procesales que
permean todo el estatuto. Colegio de Optómetras, supra. Por
consiguiente, a fin de promover el referido cumplimiento,
la
Sec.
2.7
de
la
L.P.A.U.
decreta
la
nulidad
de
todo
reglamento que se adopte al margen de sus disposiciones. A
tales efectos, la sección establece lo siguiente:
(a) Una regla o reglamento aprobado […] será
nulo si no cumpliera sustancialmente con las
disposiciones de [la L.P.A.U.].
(b) Cualquier acción para impugnar la validez
de su faz de una regla o reglamento por el
incumplimiento
de
las
disposiciones
de
[la
L.P.A.U.] deberá iniciarse en el Tribunal de
Apelaciones dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de vigencia de dicha regla o
reglamento.
(c) La acción que se inicie para impugnar el
procedimiento seguido al adoptar las reglas o
reglamentos de que se trate no paralizará [su]
vigencia […], a menos que la ley al amparo de la
cual se adopta disponga expresamente lo contrario.
3 L.P.R.A. sec. 2127 (énfasis suplido).
En
el
pasado
hemos
señalado
que
la
intención
del
legislador al establecer esta “acción de nulidad” o “acción
CC-2007-690
de
9
impugnación”
fue
crear
un
procedimiento
uniforme
de
revisión judicial de las acciones tomadas por las agencias
al
sus
promulgar
Parguera
Lorie,
v.
145
Fernández
JP,
reglamentos.
148
D.P.R.
D.P.R.
30,
Quiñones,
Véanse
307,
39-40
Derecho
Asoc.
Dueños
Casas
314
(1999);
Montoto
v.
(1998);
véase,
además,
D.
y
de
Administrativo
Ley
Procedimiento Administrativo Uniforme, Forum, Bogotá, 2da ed.,
2001, sec. 3.2, pág. 122.
De esta forma, de conformidad con los elementos que
enumeramos
anteriormente,
la
citada
disposición
no
sólo
autoriza la revisión judicial, sino que regula la manera en
que debe presentarse la petición a esos efectos. Así, pues,
el primer inciso de la Sec. 2.7 de la L.P.A.U. describe las
circunstancias
reglamento.
apartarse
que
Como
del
podrían
la
dar
agencia
procedimiento
pie
no
a
la
tiene
establecido
nulidad
de
discreción
por
la
un
para
L.P.A.U.,
cualquier incumplimiento sustancial con sus normas vicia de
nulidad
el
reglamento
adoptado.
Evidentemente,
a
fin
de
evaluar una impugnación bajo dicho fundamento es necesario
tomar
en
considera
cuenta
de
cuáles
ineludible
son
los
requisitos
cumplimiento.
Al
que
la
ley
respecto,
el
profesor Fernández Quiñones señala que según el texto de la
L.P.A.U. “es imprescindible cumplir con los requisitos de la
notificación de la regla propuesta, concesión de oportunidad
a la ciudadanía de presentar sus escritos y publicación de
la regla adoptada”. Fernández Quiñones, supra, págs. 120-21;
véase, además, Mun. de San Juan, supra.
CC-2007-690
Por
su
10
parte,
el
inciso
(b)
de
la
Sec.
2.7
de
la
L.P.A.U. establece el mecanismo para solicitar la nulidad de
un reglamento de acuerdo con lo establecido en el inciso
anterior. El texto de esta disposición no tiene antecedentes
directos en la legislación federal homóloga, la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo, 5 U.S.C. sec. 551 et seq.
El historial legislativo de la L.P.A.U. tampoco contiene una
discusión pormenorizada de la misma. Sin embargo, ante el
propósito legislativo ya reseñado, en J.P. v. Frente Unido
Pro Defensa Valle de Lajas, 2005 T.S.P.R. 117, res. 26 de
agosto de 2005, págs. 18-19, interpretamos el alcance de la
acción establecida en ese inciso de la forma siguiente:
Cualquier
persona
puede
impugnar
la
validez de una regla o reglamento aprobado por
una
agencia
administrativa
por
el
incumplimiento de las disposiciones de la
L.P.A.U. dentro del término de treinta (30)
días, haya participado o no durante la
celebración de las vistas públicas celebradas
como parte del proceso para su aprobación. No
tiene que ser afectad[a] por la aplicación de
dicha regla o reglamento para tener la
capacidad
para
promover
la
referida
impugnación ante el Tribunal de Apelaciones.
(Énfasis suplido).
Del
mismo
modo,
señalamos
que
cualquier
persona
afectada por la aplicación de un reglamento puede impugnar
su
validez
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
en
cualquier momento, ya sea por razones constitucionales o por
otros
motivos.
impugnación
distinta
de
Por
ende,
reglamentaria
cualquier
reconocimos
provista
proceso
que
que
acción
de
la
L.P.A.U.
es
pueda
entablar
un
por
la
ciudadano agraviado por la acción de una agencia, bien tras
un procedimiento de adjudicación o a raíz de la aplicación
CC-2007-690
11
de un reglamento que, a su entender, carezca de validez.
Véase Asoc. Dueños Casas Parguera, supra, pág. 315, n.4;
Fernández Quiñones, supra, págs. 120-22.
Fundamentalmente, dicha distinción responde al hecho de
que los tribunales ordinariamente examinan la validez de los
reglamentos
de
judicial
interviene
no
forma
Por
lo
general,
directamente
con
la
colateral.
el
acción
foro
de
la
agencia al adoptar sus reglamentos, sino que la revisión se
produce
a
través
de
pleitos
particulares
en
los
que
se
cuestionan las determinaciones tomadas por las agencias al
amparo
de
éstos.
relacionadas
impugnada.
con
Por
Esas
acciones
intentos
concretos
eso,
en
la
normalmente
están
aplicar
regla
de
práctica,
el
la
interdicto,
la
sentencia declaratoria y el propio procedimiento para hacer
cumplir la resolución de la agencia son los mecanismos más
utilizados
al
revisar
la
validez
de
las
reglas
administrativas. Véase D. Fernández Quiñones, La Revisión
Judicial
de
las
Decisiones
Administrativas,
69
Rev.
Jur.
U.P.R. 1129, 1147-48 (2000); e.g., Asoc. de Maestros, supra;
Colegio de Optómetras, supra.
Ahora bien, al considerar esta causa de acción hay que
tener
presente
Quiñones,
puede
que,
ser
como
señala
el
“irreconciliable
profesor
la
Fernández
expresión
‘de
la
validez de su faz’ por el incumplimiento, toda vez que la
regla no refleja de su faz el incumplimiento de lo pautado
por la ley”. Por consiguiente, la falta a la que alude la
Sec. 2.7 de la L.P.A.U. no surge del texto de la norma
promulgada,
sino
que
es
consecuencia
de
una
“inacción
o
CC-2007-690
desatención
12
de
los
funcionarios
que
intervienen
en
la
adopción de la regla”. Fernández Quiñones, supra. En otras
palabras, la referida acción de impugnación reglamentaria no
sólo tiene la característica de que puede ser instada por
cualquier
persona
dentro
del
término
jurisdiccional
de
treinta días dispuesto en la ley, sino que también aplica
solamente en unas circunstancias específicas.
De esa forma, al establecerse que la impugnación del
reglamento es “de su faz” se prescinde de la necesidad de
considerar
hechos
relativos
a
la
aplicación
concreta
del
mismo. Es decir, no se requiere demostrar una lesión a un
interés individualizado del litigante para que proceda la
revisión, ya que ésta busca invalidar el reglamento en toda
circunstancia en que pueda ser aplicable. No obstante, de
acuerdo con el propio texto de la Sec. 2.7 de la L.P.A.U.,
esa impugnación “de su faz” se circunscribe a los casos en
que se alegue el incumplimiento con las garantías procesales
de la propia ley. Véase J. A. Echevarría Vargas, Derecho
Administrativo Puertorriqueño, Situm, 2007, págs. 84-85; cf.
Preminger v. Secretary of Veterans Affairs, 517 F.3d 1299,
1308 (Fed. Cir. 2008); Disabled American Veterans v. Gober,
234 F.3d 682, 688 (Fed. Cir. 2000).
La
referida
característica
es
producto
de
una
determinación legislativa expresa mediante la cual, con el
propósito de lograr un fin determinado, el legislador creó
un interés legal a favor de la ciudadanía. El menoscabo de
ese interés por causa de las actuaciones de una agencia
administrativa,
efectivamente,
es
lo
que
permite
que
CC-2007-690
13
cualquier ciudadano reclame la reparación de un daño que en
otras
circunstancias
se
concebiría
como
abstracto
y
generalizado. Véanse L. S. Bressman, Procedure as Politics
in Administrative Law, 107 Colum. L. Rev. 1749, 1796-1804
(2007); C. R. Sunstein, Standing Injuries, 1993 Sup. Ct.
Rev. 37 (1993); C. R. Sunstein, What’s Standing after Lujan?
Of Citizens Suits, “Injuries”, and Article III, 91 Mich. L.
Rev. 163, 191 (1992).
En
suma,
existencia
de
la
normativa
reseñada
dos
de
condiciones
las
permite
comprobar
necesarias
para
la
la
revisión judicial. Por un lado, precisa las personas que
tienen
derecho
a
solicitar
la
revisión
judicial
de
un
reglamento bajo la L.P.A.U. y, de otro, establece el alcance
de la facultad revisora del foro judicial.
B.
No es la primera vez que nos enfrentamos a situaciones
de esta naturaleza. En Salas Soler v. Srio. de Agricultura,
102 D.P.R. 716 (1974), reconocimos la facultad tanto de una
organización
de
asuntos
ambientales
como
de
uno
de
sus
miembros para solicitar un mandamus contra el Secretario de
Agricultura,
quien
había
aprobado
un
reglamento
sobre
venenos y pesticidas sin antes someter ante la Junta de
Calidad Ambiental la correspondiente declaración de impacto
ambiental. Dicho proceder respondió al hecho de que por vía
estatutaria se proveía “expresamente para el ejercicio en
determinadas circunstancias de una acción pública, limitada
al mandamus, por ciudadanos privados ‘afectados por la falta
de
implementación
de
[la
Ley
sobre
Política
Pública
CC-2007-690
14
Ambiental entonces vigente]’”.1 Salas Soler, supra, pág. 721
(énfasis suplido); cf. Fundación Arqueológica v. Depto. de la
Vivienda, 109 D.P.R. 387 (1980).
Salas
compartido
Soler
presentaba
por
sociedad
la
un
en
agravio
general,
que,
por
ser
ordinariamente
no
sería susceptible de consideración judicial. Sin embargo, no
desestimamos la demanda presentada en ese caso ya que la
Asamblea
Legislativa
presentación
de
un
había
autorizado
mandamus
contra
expresamente
la
Secretario
de
el
Agricultura. Es decir, a fin de remediar los problemas que
motivaron
la
aprobación
del
estatuto
invocado
en
Salas
Soler, el legislador autorizó que a solicitud de cualquier
ciudadano afectado por la falta de implementación de la ley
se pudiese exigir su cumplimiento mediante un mandamus. En
cierto sentido, el caso ante nuestra consideración presenta
una actuación legislativa similar.
A
través
de
la
L.P.A.U.
el
legislador
instituyó
la
acción de impugnación de reglamentos con el propósito de
garantizar
que
las
agencias
cumplan
con
el
procedimiento
pautado por dicha ley y evitar que éstas pongan en marcha
normas que lo contravengan. De esa forma, al aprobar la Sec.
2.7 de la L.P.A.U. el legislador reconoció como un daño el
incumplimiento con esa normativa procesal, a fin de permitir
1
De
igual
forma,
concluimos
que
los
demandantes
demostraron haber sufrido un daño concreto, ya que no era
necesario que éste fuese de naturaleza económica. No
obstante, señalamos que nuestra decisión en ese sentido no
implicaba una autorización para la presentación por un
ciudadano, en todo contexto, de acciones en alegada defensa
de una política estatal. Véase Salas Soler, supra, págs.
723-24.
CC-2007-690
15
que una persona o entidad impugne un reglamento sin que
previamente demuestre haber sido afectado por su adopción o
aplicación.
Como
corolario
de
ese
reconocimiento,
sin
embargo, es indispensable que los planteamientos formulados
al amparo de la referida acción guarden relación con el
menoscabo que se pretendió evitar.2
Por ende, al igual que en Salas Soler, la corrección
del uso de la acción de impugnación en el caso de autos
depende,
esencialmente,
del
alcance
de
una
autorización
legislativa. Como hemos visto, el mismo está delimitado por
la propia Sec. 2.7, la cual decreta nula toda regla en cuyo
proceso
de
adopción
se
incumpla
sustancialmente
con
las
disposiciones de la L.P.A.U. De una interpretación integrada
de sus tres incisos, tomada razón de que dicha sección es
parte de un esquema legislativo más amplio, se desprende con
meridiana claridad que el campo de operación de la acción de
nulidad está limitado a situaciones en que se alegue el
incumplimiento
con
L.P.A.U
alguna
o
de
el
proceso
otra
de
reglamentación
disposición
de
esa
de
la
ley.
En
consecuencia, resulta forzoso concluir que la Sec. 2.7 de la
L.P.A.U. no dejó margen para la presentación de argumentos
de otro tipo por parte de ciudadanos meramente interesados
2
Así se pone en vigor la intención legislativa de
proveer un medio eficaz para que los tribunales hagan
cumplir el proceso de reglamentación de la ley y garanticen
que las agencias actúen de acuerdo con las facultades que
les fueron delegadas. Véanse R. J. Pierce, Jr., Lujan v.
Defenders of Wildlife: Standing as a Judicially Imposed
Limit on Legislative Power, 42 Duke L.J. 1170 (1993); P. L.
Strauss, Revisiting Overton Park: Political and Judicial
Controls
over
Administrative
Actions
Affecting
the
Community, 39 UCLA L. Rev. 1251 (1992).
CC-2007-690
16
en solicitar la anulación de un reglamento que, en términos
procesales, cumplió sustancialmente con las exigencias de la
L.P.A.U.
En
cierta
forma,
esto
es
el
reflejo
de
que
el
legislador tuvo en mente que nuestro ordenamiento requiere
que las controversias objeto de adjudicación gocen de la
madurez suficiente como para permitir la dilucidación de los
asuntos planteados con certeza y fluidez. Véase, e.g., Asoc.
Guardias Penales v. Srio. de Justicia, 87 D.P.R. 711 (1963).
Así, por ejemplo, en la jurisdicción federal se ha resuelto
reiteradamente que las impugnaciones instadas antes de que
se ponga en vigor la regla en controversia (pre-enforcement
challenges),
por
controversia”.3
lo
general,
Véanse,
e.g.,
no
presentan
United
un
Public
“caso
o
Workers
v.
Mitchell, 330 U.S. 75 (1947); A. T. & T. Corp. v. Iowa
Utilities Board, 525 U.S. 366, 384 (1999); R. D. Rotunda &
J. E. Nowak, Treatise on Constitutional Law: Substance and
Procedure,
4ta
ed.,
Thomson/West,
vol.
1,
sec.
2.13(d),
págs. 291-302; véase, además, Asoc. de Maestros, supra, pág.
87, n.6.
Además, nuestra interpretación de la Sec. 2.7 de la
L.P.A.U.,
más
allá
de
considerar
aisladamente
lo
que
establece el texto de la citada disposición, toma en cuenta
el marco jurídico y el entorno social en que se aprobó la
L.P.A.U.:
3
la
existencia
de
un
sinnúmero
de
agencias
con
El señalado impedimento, claro está, no afecta la
consideración de una impugnación bajo la Sec. 2.7 de la
L.P.A.U., puesto que cuando una agencia incumple con el
procedimiento de dicha ley, en ese momento, la controversia
cobra vitalidad.
CC-2007-690
procesos
17
disímiles
y
de
difícil
comprensión.
Además,
reconoce la función que el legislador previó para la misma y
el efecto del significado que los tribunales le hemos dado
desde su aprobación: garantizar que las agencias cumplan con
los criterios uniformes pautados por el estatuto.
De esta manera, atendemos el problema que el legislador
quiso
corregir
seleccionado
y
para
hacemos
lograr
más
ese
efectivo
objetivo.
el
remedio
Concretamente,
fortalecemos la particular función de la acción de nulidad
de la L.P.A.U. como medio para garantizar que las agencias
administrativas
del
país
cumplan
a
cabalidad
con
el
procedimiento de reglamentación establecido por dicha ley. A
su vez, evitamos sujetar a los reglamentos promulgados por
esas agencias a una revisión judicial directa por causas que
no
fueron
contempladas
por
el
legislador
al
regular
la
manera en que habría de ejercerse la facultad revisora de
los tribunales.
III.
A pesar de lo anterior, en su comparecencia ante nos
los recurridos elaboran varios argumentos para sostener su
impugnación bajo la reseñada acción de nulidad. Sin embargo,
a la luz de la normativa antes expuesta, sólo uno de sus
planteamientos podía ser presentado a través de la acción
regulada por la Sec. 2.7 de la L.P.A.U. En síntesis, los
recurridos alegan que el Reglamento para la Imposición de
Multas Administrativas, supra, contempla sanciones máximas
de hasta $500,000.00, lo cual argumentan va en contra de las
normas de la Sec. 7.1 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2201.
CC-2007-690
18
Dicha sección establece que toda violación a las leyes o
reglamentos que administra la agencia podrá ser penalizada
con multas administrativas que no excederán de $5,000.00.
Ahora bien, acto seguido, la citada sección prescribe
lo siguiente: “Si la ley especial de que se trate dispone
una penalidad administrativa mayor a la que se establece en
esta sección, la agencia podrá imponer la penalidad mayor”.
A esos efectos, el Art. 21 de la Ley de Servicio Público de
Puerto
Rico,
supra,
decreta
que
el
máximo
de
cualquier
sanción a imponerse por la Comisión de Servicio Público no
podrá
exceder
de
$10,000.00
por
infracción.
En
casos
de
conducta reiterada y contumaz, a la cual se refiere la cifra
de $500,000.00 antes mencionada, el citado Art. 21 fija la
sanción
máxima,
precisamente,
L.P.R.A.
sec.
Por
1108.
en
esa
consiguiente,
cantidad.
en
Véase
cuanto
a
27
este
aspecto de la controversia ante nos, no les asiste la razón
a los recurridos.
Sobre los demás señalamientos de los recurridos, éstos
se basan en fundamentos que no guardan relación alguna con
los
propósitos
de
la
aludida
Sec.
2.7,
ni
con
el
procedimiento de reglamentación de la L.P.A.U. Por tanto,
los mismos no podían ser presentados por los recurridos ante
el Tribunal de Apelaciones bajo las circunstancias del caso
de autos, pues van más allá de la autorización concedida por
el
legislador
promulgados
Permitir
para
por
que
las
revisar
judicialmente
agencias
cualquier
los
administrativas
persona
formule
los
reglamentos
del
país.
referidos
planteamientos a través de esa acción, tendría el efecto
CC-2007-690
19
ilógico de exponer a los reglamentos administrativos a una
revisión
directa
por
antes
que
pusiesen
de
se
parte
del
en
Tribunal
vigor
y
de
aun
Apelaciones,
cuando
en
su
aprobación no se hubiese incumplido con los procedimientos
pautados por la L.P.A.U.
En
fin,
el
caso
de
autos
es
demostrativo
de
los
problemas que presenta la utilización de la Sec. 2.7 de la
L.P.A.U.
fuera
de
las
instancias
anticipadas
por
el
legislador al adoptarla. Por ejemplo, en este caso no existe
evidencia alguna de que los recurridos hayan sufrido un daño
concreto como consecuencia de la aprobación del reglamento
en cuestión. De igual forma, el carácter particular de la
acción
de
determinar
impugnación
si
las
de
la
entidades
L.P.A.U.
no
recurridas
nos
permite
satisfacen
la
definición de “pequeño negocio” de la L.F.A.R., a fin de
precisar
si
tienen
derecho
a
invocar
el
amparo
de
sus
disposiciones. Tampoco podemos evaluar el contexto en que se
dan las presuntas violaciones constitucionales, por cuanto
del expediente lo único que surge es una mera alegación a
esos efectos.
Así, pues, en consideración de lo anterior, somos del
criterio que en el caso de autos tampoco están presentes las
circunstancias necesarias para poder atender el reclamo de
los recurridos bajo las normas sobre revisión judicial de la
L.F.A.R. En primer lugar, el Art. 11 de la L.F.A.R. dispone
que una “pequeña empresa” agraviada o adversamente afectada
por la acción de una agencia puede presentar un recurso de
revisión “en los tribunales” para evaluar el cumplimiento
CC-2007-690
con
las
artículo
20
normas
de
dicha
ley.
la
exclusividad
establece
Más
adelante,
de
el
ese
citado
remedio
estatutario. Sin embargo, según se desprende de los autos,
las
entidades
recurridas
cobijadas
por
la
L.F.A.R.
Tampoco
no
definición
han
alegado
han
de
demostrado
“pequeña
que
hayan
que
empresa”
sido
estén
de
la
afectadas
adversamente por la presunta inatención de la Comisión de
Servicio Público a las normas de dicha ley.
Claramente, todo ello es el resultado de que bajo la
L.F.A.R. la revisión judicial está enmarcada en el contexto
de la aplicación de un reglamento; contrario a lo que ocurre
bajo la L.P.A.U., en que la revisión judicial es “de su
faz”. Por tal razón, es evidente que el foro apelativo no es
el más adecuado para atender un recurso de revisión bajo la
L.F.A.R. En ese sentido, el propio legislador estableció que
este tipo de recursos se inste “en los tribunales”, en vez
de asignar la competencia exclusiva sobre los mismos a un
foro como el Tribunal de Apelaciones, siguiendo el modelo de
la Sec. 2.7 de la L.P.A.U. Así, pues, como la impugnación de
una
aplicación
concreta
de
un
reglamento
normalmente
requiere la formulación de determinaciones de hecho, estamos
convencidos de que el foro más adecuado para atender este
tipo de acciones es el Tribunal de Primera Instancia. Véase,
en general, R. J. Pierce, Jr., Administrative Law Treatise,
4ta ed., Aspen, Nueva York, vol. 3, sec. 18.2, 1326-43.
En vista de todo lo anterior, concluimos que el Centro
Unido de Detallistas y demás recurridos solamente estaban
autorizados bajo la Sec. 2.7 de la L.P.A.U. a presentar
CC-2007-690
argumentos
21
relacionados
al
incumplimiento
de
una
agencia
administrativa con las disposiciones de la propia L.P.A.U.
Por ende, éstos no podían utilizar dicha acción para obviar
los requisitos que podrían activar el remedio exclusivo de
la L.F.A.R. En última instancia, el único planteamiento de
los
recurridos
que
podía
considerar
el
Tribunal
de
Apelaciones bajo la aludida sección --relativo al monto de
las
multas
administrativas
contenidas
en
el
reglamento
impugnado-- resulta inmeritorio. En consecuencia, erró el
Tribunal de Apelaciones al declarar nulo el Reglamento para
la Imposición de Multas Administrativas promulgado por la
Comisión de Servicio Público.
IV.
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
revocamos
la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y, en su
lugar, desestimamos el recurso de revisión judicial instado
por los recurridos al amparo de la Sec. 2.7 de la L.P.A.U.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Centro Unido de
Detallistas, et. al.
Recurridos
v.
CC-2007-690
Certiorari
Comisión de Servicio Público
Peticionaria
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 11 de julio de 2008.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte íntegra
de la presente, se revoca la Sentencia emitida por
el Tribunal de Apelaciones y, en su lugar, se
desestima el recurso de revisión judicial instado
por los recurridos al amparo de la Sec. 2.7 de la
L.P.A.U.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez
Asociado señor Rivera Pérez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo