Tribunal Supremo de Puerto Rico
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales vs. Juan Carlos Méndez en su capacidad oficial como Secretario de Departamento de Hacienda
2008 TSPR 118
Poder Judicial de Puerto Rico
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Centro de Recaudación de Ingresos Municipales vs. Juan Carlos Méndez en su capacidad oficial como Secretario de Departamento de Hacienda
CT-2007-0008
Derecho Constitucional-Efecto de resolución conjunta sobre una ley; caso justiciable
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales
Demandante-peticionario
Certiorari
vs.
2008 TSPR 118
Juan Carlos Méndez en su
Capacidad oficial como
Secretario de Departamento
de Hacienda, y otros
174 DPR ____
Demandados-recurridos
Número del Caso: CT-2007-8
Fecha: 14 de julio de 2008
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo.José A. Acosta Grubb
Lcda. María Luisa Montalvo Vera
Lcdo. José L. Ramírez Coll
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. José A. Acosta
Cámara de Representantes de Puerto Rico:
Lcdo. Richard W. Markus
Lcdo. Manuel D. Herrero
Lcdo. Carlos E. Pérez Acosta
Lcda. Janille Rodríguez Beamud
Asociación de Alcaldes de Puerto Rico:
Lcdo. José A. Rivera Ayala
Lcdo. Pedro E. Ortiz Alvarez
Federación de Alcaldes de Puerto Rico:
Lcda. Carmen S. Curet Salim
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Salvador J. Antonetti-Stutts
Procurador General
Lcda. Maite D. Oronoz Rodríguez
Subprocuradora General
Lcda. Sarah Y. Rosado Morales
Prouradora General Auxiliar
Materia: Certificación
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales
Demandante-peticionario
vs.
CT-2007-8
CERTIFICACIÓN
Juan Carlos Méndez en su
capacidad oficial como
Secretario de Departamento
de Hacienda, y otros
Demandados-recurridos
OPINIÓN DEL
REBOLLO LÓPEZ
TRIBUNAL
EMITIDA
POR
EL
JUEZ
ASOCIADO
SEÑOR
San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2008
El
18
de
Recaudaciones
julio
de
de
Ingresos
2007,
el
Centro
Municipales
de
(CRIM)
presentó, ante la Sala Superior de San Juan del
Tribunal de Primera Instancia, una demanda sobre
Mandamus y Sentencia Declaratoria contra el Estado
Libre Asociado, el Hon. Juan Carlos Méndez Torres,
en
su
capacidad
oficial
de
Secretario
del
Departamento de Hacienda y el Hon. José Guillermo
Dávila Matos, en su capacidad oficial de Director
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. En su
demanda, el CRIM alegó que conforme a la Ley del
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Ley
Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, 21 L.P.R.A. §5801
et seq., le correspondía el pago de la Aportación
para
Ingreso
al
Fondo
de
Equiparación
de
2
CT-2007-8
Ingresos
Municipales,
partida
conocida
como
el
subsidio
municipal, equivalente al 2.5% de las rentas internas netas
del Fon General del Gobierno de Puerto Rico para el año
fiscal
2007-2008.
Secretario
de
Señaló
Hacienda
que
bajo
debía
la
referida
transferir
al
Ley,
el
Banco
Gubernamental de Fomento, no más tarde del décimo día de
cada mes, una doceava parte del estimado de ingresos a
recibirse en el año fiscal en cuestión, y el Banco a su vez
le remitiría dichos fondos a los municipios no más tarde
del decimoquinto día de cada mes; ello así ya que, a su
juicio,
el
subsidio
municipal
es
una
asignación
fija
e
ineludible.
El CRIM sostuvo que, en vista de que los ingresos
estimados que le fueron notificados a los municipios para
el
año
fiscal
2006-2007
ascendían
a
$9.09
billones,
le
correspondían al CRIM $227.25 millones, de los cuales sólo
habían sido desembolsados $214.225 millones. Señaló que, en
una carta suscrita por su Director, la OGP reconoció al
CRIM un crédito de $13.025 millones1 por concepto de la
deficiencia en el pago del subsidio municipal respecto al
año
fiscal
2006-2007.
Mientras,
el
CRIM
indicó
que
los
ingresos estimados para el año fiscal 2007-2008 ascendieron
a $8.702 billones, por lo cual procedía el pago de $217.5
millones al CRIM, o sea, $18,129,166.67 mensuales. El CRIM
1
De la carta de 30 de agosto de 2006 surge que la OGP le
reconoció un crédito de $14,171,000 ya que, según expresó,
la cantidad que le correspondía al CRIM para el año fiscal
2006-2007 era $230,649,000.
3
CT-2007-8
arguyó que, no obstante lo anterior, el Director de la OGP
y
el
Secretario
obligaciones
de
que
le
Hacienda
impone
la
incumplieron
con
las
Ley
que
sólo
80,
ya
desembolsaron $214.225 millones para el año fiscal 20062007
y
$188.029
millones
para
el
año
fiscal
2007-2008,
ambas cifras menores al 2.5% de los ingresos estimados para
el Fondo General, no habiéndole satisfecho el crédito que
le reconocieron de $13.025 millones.
Por todo lo antes expuesto, el CRIM solicitó al foro
de
instancia
que:
ordenara
al
Director
de
la
OGP
a
autorizar la transferencia del subsidio municipal correcto,
a
saber:
$18,129,166.67
mensuales,
a
partir
del
mes
de
julio del año fiscal 2007-2008 y le ordenara al Secretario
de
Hacienda
a
transferir
inmediatamente
$2,460,083.34,
balance impagado a causa de la deficiencia en el pago por
concepto de subsidio municipal que le fuera enviado al CRIM
el
10
de
julio
de
2007
así
como
la
transferencia
de
$18,129,166.67 en o antes del décimo día de cada mes del
año fiscal 2007-2008. Por último, solicitó del tribunal que
declarase que la OGP le había reconocido al CRIM un crédito
de
$13.025
millones,
por
concepto
de
un
ajuste
de
las
Rentas Internas Netas del Presupuesto aprobado para el año
fiscal 2006-2007, y que ordenara el pago inmediato de dicha
suma.
Luego
de
presentada
la
demanda,
el
CRIM
presentó
varias mociones solicitando la celebración de una vista,
aduciendo
la
urgencia
en
la
adjudicación
del
caso.
De
4
CT-2007-8
hecho,
el
24
de
agosto
de
2007,
el
CRIM
solicitó
la
disposición sumaria del caso. A esos efectos, argumentó que
la Ley 80 le imponía un deber ministerial al Secretario de
Hacienda y al Director de la OGP de autorizar mensualmente
el
desembolso
de
una
doceava
(1/12)
parte
del
subsidio
municipal correspondiente al año fiscal en cuestión, que
consistía de un 2.5% de las rentas internas netas del Fondo
General.
Sobre
el
particular,
adujo
que
no
existía
controversia en torno a las cuantías que le correspondían
por concepto del subsidio municipal establecido en la Ley
80 y el incumplimiento con el pago de las mismas. A saber,
el 2.5% de $9.09 billones, ascendente a $227.25 millones
para el año fiscal 2006-2007, y el 2.5% de $8.702 billones,
ascendente a $217.55 millones para el año fiscal 2007-2008.
En consecuencia, sostuvo que procedía el pago de $13.025
millones de ajuste para el año fiscal 2006-2007 ya que sólo
se habían desembolsado $214.225 millones, y $4,920,166.68
correspondientes al balance impagado del subsidio municipal
para los meses de julio y agosto de 2007, en los cuales
sólo
se
inferior
desembolsaron
$15,669,083.33
a
parte
la
doceava
del
cada
subsidio
mes,
cantidad
municipal
de
$217.55 millones para el año fiscal 2007-2008.
Durante la vista celebrada el 27 de agosto de 2007,
las partes acordaron que la cuestión a resolverse era una
de
estricto
derecho,
por
lo
cual,
sometieron
una
estipulación de hechos. Ello no obstante, el 31 de agosto
de 2007, el Secretario de Hacienda, el Director de la OGP y
5
CT-2007-8
el
ELA,
por
conducto
del
Departamento
de
Justicia,
se
opusieron a la solicitud de sentencia sumaria del CRIM y, a
su
vez,
solicitaron
Plantearon,
en
primer
la
desestimación
término,
que
el
del
CRIM
pleito.
carecía
de
legitimación activa para presentar la demanda en cuestión
porque, por tratarse de una cuestión política, cualquier
reclamación
sobre
las
cuantías
asignadas
para
los
años
fiscales 2006-2007 y 2007-2008 debía ser planteada ante la
Asamblea
Legislativa
y
no
ante
el
foro
judicial.
Sostuvieron que, de intervenir en el caso, el foro judicial
estaría interfiriendo indebidamente con la Rama Ejecutiva y
la
Rama
Legislativa,
en
violación
al
principio
de
separación de poderes. A su vez, adujeron la improcedencia
del recurso de mandamus, bajo el fundamento de que las
facultades de aprobar leyes o resoluciones conjuntas, de
hacer
cumplir
las
leyes,
la
de
asignar
fondos
del
presupuesto general y administrar dichos fondos, no estaban
sujetas a ser revisadas judicialmente. Por último, alegaron
que mediante la Resolución Conjunta 158 de 10 de julio de
2006,
la
Asamblea
Legislativa
le
asignó
al
CRIM
$214,225,000 por concepto del subsidio municipal para el
año fiscal 2006-2007, y en la Resolución Conjunta 87 de 30
de
junio
de
2007,
le
asignó
al
CRIM
$188,029,000
por
concepto del subsidio municipal para el año fiscal 20072008. Sostuvieron que las referidas resoluciones conjuntas,
las cuales tienen fuerza de ley, tuvieron el efecto de
6
CT-2007-8
modificar la Ley 80 en lo relativo al subsidio municipal
correspondiente a los años fiscales 2006-2007 y 2007-2008.
El
CRIM
se
opuso
a
la
desestimación
del
pleito
alegando que tenía legitimación activa ante la existencia
de
un
daño
claro,
real
e
inmediato
a
raíz
del
incumplimiento con la Ley 80. A su vez, arguyó que una
resolución conjunta no puede derogar una ley, y aun si así
fuere,
la
resoluciones
derogación
no
puede
conjuntas
en
cuestión
ser
en
tácita,
y
las
momento
alguno
consignaron de forma expresa la derogación o modificación
de la Ley 80.
El 21 de septiembre de 2007, el Tribunal de Primera
Instancia emitió sentencia declarando sin lugar la demanda
presentada por el CRIM. Aun cuando resolvió que el CRIM
tenía legitimación activa para presentar la misma, concluyó
que no existía un deber ministerial del Director de la OGP
y del Secretario de Hacienda, al amparo de la Ley 80, por
motivo de las Resoluciones Conjuntas 158 y 87, las cuales
dejaron “en suspenso” la aplicación de la Ley 80 durante
los años fiscales 2006-2007 y 2007-2008. A tales efectos,
el
foro
recurrido
sostuvo
que
“la
Asamblea
Legislativa
tiene la facultad de suspender el efecto de una disposición
legal,
en
este
caso
referente
a
la
asignación
presupuestaria, cuando en el ejercicio de sus prerrogativas
lo
entienda
necesario
para
el
buen
funcionamiento
gubernamental de acuerdo a la realidad fiscal del país.”
7
CT-2007-8
De otra parte, el tribunal primario indicó que a pesar
de que el Director de la OGP le cursó una carta al CRIM
reconociendo una deuda de $13.025 millones, por concepto de
la diferencia entre el subsidio municipal que le fue pagado
y la cantidad que le correspondía al amparo de la Ley 80,
ello constituyó un error administrativo que no podía crear
derechos.
fondos
Así,
cuando
era
no
improcedente
existía
una
el
desembolso
asignación
de
válida
dichos
de
los
mismos.
Inconforme con tal determinación, el CRIM acudió al
Tribunal de Apelaciones. No obstante, el 16 de octubre de
2007
presentó
una
solicitud
de
certificación
ante
este
Tribunal, solicitando que atendiéramos el caso de epígrafe,
pretiriendo el cauce procesal ordinario. En su solicitud,
plantea que erró el foro de instancia al concluir que las
Resoluciones
Conjuntas
158
y
87
tuvieron
el
efecto
de
suspender tácitamente las disposiciones de la Ley 80 sobre
el subsidio municipal. Todas las partes se allanaron a la
solicitud
de
certificación,
por
lo
cual
expedimos
el
recurso y, con el beneficio de la comparecencia de las
partes, procedemos a resolver.
I
A
Es
norma
guardianes
reiterada
celosos
de
que
los
nuestra
tribunales
debemos
ser
jurisdicción.
Sánchez
v.
Secretario de Justicia, 157 D.P.R. 360 (2002). Sobre ello,
8
CT-2007-8
hemos expresado que “[l]a jurisdicción, fuente principal de
la autoridad de los tribunales para interpretar y hacer
cumplir las leyes en nuestro sistema de gobierno, se halla
gobernada por la aplicación de las diversas doctrinas que
dan
vida
al
principio
de
justiciabilidad…”.
Sánchez
v.
instrumento
de
Secretario de Justicia, ante, a la pág. 370.
La
legitimación
activa
es
un
autolimitación judicial que tiene su génesis en la doctrina
de
la
justiciabilidad
de
las
controversias.
Su
función
principal es asegurar que sólo se atiendan aquellos casos
que presentan un caso o controversia que le permita al
tribunal
resolver
controversias
surgidas
entre
partes
opuestas y concederles a éstas un remedio apropiado. Romero
Barceló v. E.L.A., res. 10 de noviembre de 2006, 2006 TSPR
163. El promovente de la acción posee legitimación activa
cuando “con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa
de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del
tribunal las cuestiones en controversia”. Hernández Agosto
v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 413 (1982); Sánchez v.
Secretario de Justicia, ante; Col. Ópticos de P.R. v. Vani
Visual, 124 D.P.R. 559 (1989).
Una parte posee legitimación activa cuando demuestra:
1) que ha sufrido un daño claro y palpable; 2) que el daño
es real, inmediato y preciso y no abstracto o hipotético;
3) que existe conexión entre el daño sufrido y la causa de
acción ejercitada; y 4) que la causa de acción surge bajo
el palio de la Constitución o de una ley. Romero Barceló v.
9
CT-2007-8
E.L.A., ante; Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, res. 3 de
julio de 2006, 2006 TSPR 115; Acevedo Vilá v. Meléndez
Ortíz, res. 7 de junio de 2005, 2005 TSPR 79; Sánchez v.
Secretario
de
Justicia,
ante;
Colegio
de
Peritos
Electricistas v. A.E.E., 150 D.P.R. 327 (2000); Hernández
Torres v. Hernández Colón, 129 D.P.R. 824 (1992); Hernández
Agosto v. Romero Barceló, ante; PPD v. PNP, 139 D.P.R. 643
(1995).
Por el contrario, un caso no es justiciable cuando:
plantea una cuestión política; cuando una de las partes no
tiene
capacidad
después
de
jurídica
comenzado
el
para
promover
pleito,
el
hechos
pleito;
si
posteriores
lo
convierten en académico; y si las partes buscan obtener una
opinión consultiva o se promueve un pleito que no está
maduro. Córdova Iturregui v. González Rodríguez, res. 29 de
junio de 2007, 2007 TSPR 133; Noriega v. Hernández Colón,
135 D.P.R. 406 (1994). Si bien en ocasiones previas hemos
interpretado los requisitos sobre legitimación activa de
forma flexible y liberal, tal discreción no es ilimitada.
Col.
Ópticos
de
P.R.
v.
Vani
Visual,
ante;
Pacheco
Fraticcelli v. Cintrón Antonsanti, 122 D.P.R. 229 (1988);
Solís v. Municipio, 120 D.P.R. 53 (1987). Ello en vista de
que
los
tribunales
sólo
podemos
decidir
controversias
dentro de un contexto adversativo que sea susceptible de
ser resuelto judicialmente y siempre teniendo como norte
que nuestro sistema de separación de poderes limita nuestra
intervención
en
aquellas
materias
que
son
del
criterio
10
CT-2007-8
exclusivo de las otras ramas de gobierno. Acevedo Vilá v.
Meléndez Ortíz, ante; Sánchez v. Secretario de Justicia,
ante; Noriega v. Hernández Colón, ante; Com. de la Mujer v.
Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980).
De
ordinario,
las
controversias
que
tratan
sobre
asuntos que le han sido delegados a otras ramas de gobierno
se consideran de índole político y por tanto, constituyen
una cuestión política que no es susceptible de ser resuelta
judicialmente.
Córdova
Iturregui
v.
González
Rodríguez,
ante. Dicho de otro modo, una cuestión política es aquella
que plantea asuntos que deben ser resueltos por las otras
ramas de Gobierno. Sin embargo, ello no implica que todo
asunto político sea una cuestión política. En Santa Aponte
v.
Secretario
del
Senado,
105
D.P.R.
750,
759
(1977),
atendiendo la normativa establecida en Baker v. Carr, 369
U.S. 186 (1962)2, resolvimos que aun cuando la Asamblea
Legislativa
y
el
Poder
Ejecutivo
tienen
poderes
y
facultades exclusivas a cada rama, la “definición de sus
contornos y la determinación de su ejercicio son asuntos
cuidadosamente
2
reservados
a
los
tribunales.”
Son
los
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que una
controversia plantea una cuestión política cuando: el
asunto en controversia se ha delegado expresamente a otra
rama del gobierno, hay una ausencia de normas judiciales
sobre
el
asunto,
resulta
imposible
adjudicar
la
controversia sin hacer una determinación de política
pública que no le corresponde a los tribunales, requiere
adherirse a una decisión política previa o cuando se genera
un
potencial
de
confusión
debido
a
determinaciones
conflictivas entre varios departamentos del Gobierno en
torno al mismo asunto. Véase Silva v. Hernández Agosto,
ante; Noriega v. Hernández Colón, ante.
11
CT-2007-8
tribunales
los
intérpretes
finales
de
las
leyes
y
la
Constitución, e incluso, de las actuaciones de las otras
ramas del Gobierno. Ello es necesario ya que una rama de
gobierno
no
puede
convertirse
en
juez
de
sus
propias
actuaciones. Así se vela el cumplimiento con el sistema de
pesos y contrapesos. Acevedo Vilá v. Meléndez Ortíz, ante;
Santa
Aponte
Hernández
v.
Secretario
Agosto,
118
del
D.P.R.
Senado,
45
ante;
(1986);
Silva
v.
Noriega
v.
Hernández Colón, ante; PPD v. PNP, ante.
B
La Ley de la Judicatura de Puerto Rico nos confiere
jurisdicción original para considerar en primera instancia
los recursos de mandamus. Art. 3.002 de la Ley Núm. 201 de
22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. §24s; Véase, además, los
Artículos 649 y 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32
LPRA §§3421-22.
El mandamus es un recurso extraordinario y
por tanto, discrecional y altamente privilegiado, mediante
el
cual
se
le
ordena
a
una
persona
o
entidad
el
cumplimiento de un acto que en dicho auto se exprese y que
esté dentro de sus atribuciones o deberes. Artículo 649 del
Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. § 3421; sólo
procede cuando sea el único remedio disponible en ley para
la
parte
que
lo
Enjuiciamiento
solicita.
Civil,
particular,
hemos
cumplimiento
de
32
expresado
un
deber
Artículo
651
del
Código
de
L.P.R.A.
§3423.
Sobre
el
“ordenar
el
que
procede
ministerial,
que
no
admite
12
CT-2007-8
discreción en su ejercicio, cuando no hay otro mecanismo en
ley para conseguir dicho remedio.” Acevedo Vilá v. Aponte
Hernández, ante (citando a Báez Galib v. C.E.E., 152 D.P.R.
382 (2000)); Véase Córdova Iturregui v. González Rodríguez,
ante.
Al determinar si se debe expedir un auto de mandamus,
debe tomarse en cuenta el posible impacto que éste pueda
tener
sobre
potencial
de
lo
intereses
confusión
o
públicos
en
cuestión
y
el
perjuicios
de
los
derechos
de
terceros, a la vez evitando una intromisión indebida en los
procedimientos del poder ejecutivo. Noriega v. Hernández
Colón,
ante.
Hemos
destacado
público
que
tendrá
la
que
“el
expedición
posible
del
impacto
mandamus
será
proporcional a la importancia del deber ministerial que se
alega
ha
sido
incumplido
y
que
se
pretende
vindicar
mediante el mandamus.” Báez Galib v. C.E.E., ante, a la
pág. 392. Es decir, su procedencia depende del carácter del
acto que se pretende compeler mediante el recurso. Córdova
Iturregui
v.
González
Rodríguez,
ante;
Acevedo
Vilá
v.
Aponte Hernández, ante.
C
Nuestra Constitución establece que “cualquier proyecto
de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de
los
miembros
que
componen
cada
cámara
se
someterá
al
Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no
lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro
13
CT-2007-8
de diez días [sic] contados a partir de la fecha en que lo
hubiese recibido.” Si el Gobernador objeta la aprobación de
un proyecto de ley, dicho proyecto sólo se convertirá en
ley si es aprobado por dos terceras partes del número total
de los miembros que componen cada cámara. Art. II, Sec. 19,
Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo I.
A
su
vez,
la
Sección
18
del
Artículo
3
de
la
Constitución, Tomo I, L.P.R.A., dispone que se determinarán
por ley los asuntos que puedan ser objeto de consideración
mediante resolución conjunta, pero toda resolución conjunta
seguirá el mismo trámite de un proyecto de ley. La Ley
sobre la Aprobación, Promulgación y Distribución de Leyes y
Otros Documentos, Ley Núm. 2 de 4 de marzo de 1953, 2
L.P.R.A.
§181
et
reglamenta
seq.,
estatutariamente
lo
relativo a la aprobación de las leyes y, particularmente,
las resoluciones conjuntas. A tales efectos, establece que
“toda
legislación
que
haya
de
perder
su
fuerza
al
realizarse la obra, o cumplirse la finalidad que persigue,
será objeto de consideración por la Asamblea Legislativa
mediante
estatutos
resolución
conjunta
permanentes
de
y
no
Puerto
formará
parte
Rico.”
Sección
de
1,
los
2
L.P.R.A. §200. De modo que una resolución conjunta tiene
una
duración
limitada.
La
Sección
3
aclara
que
ninguna
medida será inválida porque se haya aprobado indebidamente
como resolución conjunta, debiendo haberlo sido como ley, o
porque se haya aprobado como ley, debiendo haberlo sido
como resolución conjunta.”
14
CT-2007-8
D
El
CRIM
es
“una
entidad
municipal,
independiente
y
separada de cualquier otra agencia o instrumentalizad del
Gobierno…”. Artículo 3 de la Ley 80, 21 L.P.R.A. §5802. Su
propósito y responsabilidad primaria es recaudar, recibir y
distribuir los fondos públicos provenientes de las diversas
fuentes señaladas en su ley habilitadora.
Mediante el Artículo 15 de la referida Ley 80, 21
L.P.R.A. §5814, se creó el Fondo de Equiparación para los
Municipios,
con
el
propósito
de
mantener
separados
los
fondos transferidos a los municipios de los demás fondos
del
Gobierno.
municipios,
al
Entre
las
amparo
de
partidas
la
Ley
que
reciben
los
se
encuentra
el
80,
subsidio municipal, cuantía que se computa a base de las
rentas internas netas del Fondo General del Estado Libre
Asociado3.
Sobre el particular, el Artículo 16(c) de la Ley 80,
21 L.P.R.A. §5815, dispone que para el año fiscal 2001-2002
y para años fiscales subsiguientes, se transferirá a los
municipios dos y cinco décimas por ciento (2.5%) de las
rentas
internas
netas
del
Fondo
General.
Una
vez
se
determina la cuantía correspondiente al 2.5% de las rentas
internas
3
netas
del
Fondo
General
del
año
fiscal
en
El Artículo 2 de la Ley 80, 21 L.P.R.A. §5801, define
rentas internas netas como “el total de las rentas del
Fondo General resultante luego de deducir los ingresos
provenientes
de
fuentes
externas,
los
ingresos
no
recurrentes y los ingresos con que se nutren las cuentas y
fondos especiales.”
15
CT-2007-8
cuestión, “el Secretario (de Hacienda) transferirá al Banco
Gubernamental de Fomento, no más tarde del décimo día de
cada mes, una doceava (1/12) parte del estimado de los
ingresos a recibirse en el año fiscal de que se trate…”. A
su vez, no más tarde del decimoquinto día del mes, el Banco
Gubernamental
de
Fomento
remesará
tales
fondos
a
cada
municipio. Artículos 16 y 18 de la Ley 80, 21 L.P.R.A.
§§5815 y 5817.
II
En su solicitud de certificación, el CRIM plantea que
erró el tribunal de instancia al resolver que la Resolución
Conjunta 158 y la Resolución Conjunta 87 suspendieron el
efecto de la Ley 80 durante los años fiscales 2006-2007 y
2007-2008. A su juicio, tal alegada suspensión en realidad
constituye
una
autorrenovable
permanentemente
derogación
establecida
de
la
tácita
por
de
ley,
totalidad
una
asignación
privando
de
al
los
CRIM
fondos
correspondientes al subsidio municipal ya que en momento
alguno se ha indicado que el pago de las cuantías adeudadas
será satisfecho en una fecha posterior. Sostiene que una
resolución conjunta no puede enmendar o derogar una ley de
forma
tácita
ni
dejar
sin
efecto
una
asignación
autorrenovable y en su lugar, fijar una cantidad totalmente
arbitraria.
Por
su
presentada
parte,
por
el
los
CRIM
demandados
no
es
alegan
que
justiciable
la
acción
porque
la
16
CT-2007-8
controversia
planteada
es
una
cuestión
política.
A
su
juicio, todas las funciones relacionadas al presupuesto así
como
los
desembolsos
exclusiva
de
las
del
otras
presupuesto,
ramas
del
son
competencia
gobierno
y
no
son
susceptibles de adjudicación en el foro judicial. Sostienen
que de intervenir el foro judicial en el presente caso, se
provocaría
un
desbalance
requeriría
la
asignación
en
de
el
presupuesto
ya
que
fondos
adicionales
que
no
fueron contemplados; además, ello alegadamente constituiría
una violación al principio de separación de poderes.
Los
demandados
también
arguyen
que
la
Resolución
Conjunta 158 y la Resolución Conjunta 87 tuvieron el efecto
de “suspender” temporalmente, no de derogar tácitamente, la
aplicación de la Ley 80. Por lo cual, alegan que no cabe
hablar de un deber ministerial del Secretario de Hacienda y
el Director de la OGP, e igualmente, resulta improcedente
el
recurso
de
mandamus.
Argumentan
que
las
referidas
resoluciones tienen los mismos efectos que una ley y, por
ser posteriores a la Ley 80 e incompatibles con lo allí
establecido, tienen primacía. Adicional a ello, señalan que
nuestra Constitución no proscribe la suspensión temporera
de una ley.
De entrada, es menester señalar que, contrario a lo
planteado por los demandados, el CRIM posee legitimación
activa para entablar la acción de epígrafe. Además de ser
el
organismo
municipales,
responsable
actualmente
del
sufre
manejo
de
un
claro,
daño
los
fondos
real
y
17
CT-2007-8
palpable,
a
saber,
no
ha
recibido
los
fondos
que
le
corresponden en virtud de la Ley 80. Ello tiene serias
consecuencias
para
la
administración
y
funcionamiento
adecuado de todos los municipios. Adviértase, además, que
según señalamos anteriormente, no todo asunto político es
una cuestión política.
Nuestra intervención en el presente recurso no viola
el principio de separación de poderes, ni se trata aquí de
una
cuestión
política
sino
de
la
interpretación
y
armonización de una ley con unas resoluciones conjuntas, o
sea,
una
cuestión
de
derecho,
facultad
que
le
compete
exclusivamente a la Rama Judicial. Conforme ya destacamos,
reiteradamente hemos resuelto que los tribunales son los
intérpretes finales de las leyes y de nuestra Constitución.
De otra parte, el mandamus es el recurso apropiado
cuando
un
ministerial,
funcionario
es
decir,
público
con
una
incumple
un
obligación
que
deber
le
fue
impuesta por ley. Ante el incumplimiento de parte de los
demandados,
el
CRIM
no
tenía
remedios
alternos
para
solicitar el cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 80. El
planteamiento de los demandados en torno a que el CRIM
debió
acudir
improcedente
ante
la
Asamblea
e
irrazonable.
Legislativa
Cuando
se
es
totalmente
trata
del
cumplimiento de un deber impuesto por ley, los tribunales
tienen la facultad para intervenir e interpretar el derecho
aplicable.
18
CT-2007-8
Ciertamente, si bien la Sección 3 de la antes citada
Ley 2 dispone que una resolución conjunta o una ley no
perderá
su
validez
por
haber
sido
aprobada
mediante
el
mecanismo incorrecto, aquí no se trata de invalidar una
resolución conjunta que debió ser ley. Tampoco se trata de
si una resolución conjunta debe ser aprobada mediante el
mismo proceso que una ley y si tiene la misma validez. No
cabe
duda
que
las
resoluciones
conjuntas
son
mecanismos
esenciales para una función legislativa adecuada y eficaz.
Particularmente,
han
sido
utilizadas
comúnmente
en
lo
relativo a los presupuestos. Sin embargo, el caso de marras
presenta una situación diferente, a saber, el efecto de una
resolución
conjunta
sobre
una
ley
que
establece
una
versa
sobre
unas
cuales
se
asignación fija y autorrenovable.
Esto
es,
resoluciones
el
presente
conjuntas
mediante
caso
las
intentó
modificar tácitamente las disposiciones claras y vigentes
de la Ley 80 sobre la asignación de fondos para el subsidio
municipal. Del texto de la referida Ley surge palmariamente
que el subsidio municipal es una asignación de 2.5%, fija y
autorrenovable. En nuestro ordenamiento, la Rama Judicial y
la Universidad de Puerto Rico también gozan de asignaciones
fijas
y
autorrenovables.
Ello
le
garantiza
a
dichas
entidades una porción de los ingresos del Fondo General,
sin la necesidad de justificar anualmente los fondos que
necesitan para su funcionamiento adecuado. Véase Ley Núm.
286 de 20 de diciembre de 2002, 23 L.P.R.A. §104; Ley Núm.
19
CT-2007-8
2 de 20 de enero de 1966, según enmendada, 18 L.P.R.A. §521
et seq.
Adviértase que las partes estipularon ciertos hechos
que
no
están
en
controversia,
los
cuales
exponemos
a
continuación. En primer término, acordaron que el estimado
de rentas internas netas del presupuesto aprobado para el
año fiscal 2006-2007 era de $9.09 billones y que el 2.5% de
tal cantidad era $227.25 millones, de lo cual sólo se le
asignó al CRIM $214,225,000 mediante la Resolución Conjunta
158. De otra parte, estipularon que el estimado de rentas
internas netas del presupuesto aprobado para el año fiscal
2007-2008
era
de
$8.702
billones
y
que
el
2.5%
de
tal
cantidad era $217.5 millones, de lo cual sólo se le asignó
al CRIM $188,029 millones mediante la Resolución Conjunta
87.
Para
los
meses
de
julio
y
agosto
de
2007,
el
Departamento de Hacienda desembolsó al Banco Gubernamental
de
Fomento
un
total
de
$31,338,167
por
concepto
del
subsidio municipal, es decir, desembolsó mensualmente 1/12
parte
de
$188,029
$15,669,083.33
millones,
mensuales.
Sin
lo
cual
embargo,
equivale
ambas
a
partes
reconocieron que 1/12 parte de $217.5 millones, el estimado
de rentas internas netas del presupuesto aprobado para el
año fiscal 2007-2008, equivale a $18,129,166.67.
Los demandados sostienen, repetimos, que a pesar de
todo lo antes expuesto, no cabe hablar de un incumplimiento
con la Ley 80 ya que las resoluciones conjuntas tuvieron el
20
CT-2007-8
efecto
de
suspender
su
efectividad
durante
los
años
fiscales 2006-2007 y 2007-2008. No les asiste la razón.
Distinto
a
lo
alegado
por
los
demandados,
de
las
resoluciones conjuntas en cuestión no surge indicio alguno
de la alegada intención de los legisladores de “suspender”
o modificar lo dispuesto en la Ley 80. Incluso, del texto
de
ambas
resoluciones
conjuntas
surge
una
intención
contraria a lo que ahora alegan los demandados, ya que en
éstas, al señalar la procedencia de las cuantías a ser
concedidas al CRIM, la Asamblea Legislativa expuso que eran
“[p]ara cumplir con la Aportación al Fondo de Equiparación,
Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada”.
Dicho de otro modo, reconocieron expresamente la vigencia,
validez y obligatoriedad de la Ley 80.
Los demandados admiten que el 30 de agosto de 2006, el
Director
de
la
OGP
le
remitió
una
carta
al
Director
Ejecutivo del CRIM, informándole que, a tenor con la Ley
80, el CRIM tenía un crédito a su favor de $14,171,000, por
concepto del subsidio municipal. En la referida carta, el
Director
Ejecutivo
de
la
OGP
le
informó
al
Director
Ejecutivo del CRIM lo siguiente:
[c]omo es de su conocimiento, durante el mes de
junio de 2006 la Asamblea Legislativa aprobó la
Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 1408, la
cual se convirtió en la Resolución Conjunta Núm.
158 de 10 de julio de 2006. Específicamente, en
el inciso B 5(i) la Asamblea Legislativa reafirmó
la vigencia de la Ley Número 80 de 30 de agosto
de 1991, según enmendada, mejor conocida como:
‘Ley del Centro de Recaudación de Ingresos
Municipales’.
21
CT-2007-8
De acuerdo con lo establecido en la Ley Núm. 80,
supra, la cantidad que debió incluirse en la
Resolución
Conjunta
era
doscientos
treinta
millones seiscientos cuarenta y nueve mil dólares
($230,649,000), y no doscientos catorce millones
doscientos
veinticinco
mil
dólares
($214,225,000).
A tales efectos, la Oficina de Gerencia y
Presupuesto reconoce que a tenor con lo dispuesto
en la Ley Núm. 80, supra, usted tiene un crédito
a su favor por catorce millones ciento setenta y
un dólares ($14,171,000) que será sufragado al
Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales
cuando los ingresos del Estado así lo permitan.
Cordialmente,
José Guillermo Dávila Matos (Énfasis suplido.)
Ante
tal
lenguaje
no
cabe
hablar
de
un
error
administrativo ni de supuestas enmiendas a la Ley 80. Esto
es, en la susodicha carta, cursada antes de la presentación
de
la
demanda
que
motiva
el
presente
recurso,
la
OGP
expresamente reconoció la validez de la Ley 80 así como la
existencia de un crédito de $14,171 millones a favor del
CRIM.
De
lo
anterior
claramente
se
infiere
que
la
OGP
reconoció que la Resolución Conjunta 158 tenía un efecto
transitorio,
y
que
una
disponibles,
los
mismos
vez
serían
los
fondos
transferidos
estuvieran
al
CRIM.
De
igual forma, la Resolución Conjunta 87 también tiene un
efecto transitorio, en tanto allí se reconoce la validez de
la Ley 80 pero los fondos desembolsados son menores a los
que
asigna
la
referida
Ley.
Como
consecuencia,
el
Departamento de Hacienda y la OGP todavía le adeudan al
22
CT-2007-8
CRIM la diferencia entre las cuantías pagadas por concepto
del subsidio municipal para los años fiscales 2006-2007 y
2007-2008, y la cantidad que le correspondía en virtud de
la Ley 80, o sea, el 2.5% del total de las rentas internas
netas del Fondo General para los años fiscales en cuestión.4
En fin, la asignación autorrenovable de 2.5% del total
de
las
rentas
internas
netas
del
Fondo
General
que
establece la Ley 80, debió ser incluida correctamente al
fijarse el presupuesto general. Es un porcentaje fijo que
ha sido avalado por la Rama Legislativa y la Rama Ejecutiva
desde que fue instaurado en nuestro ordenamiento jurídico.
No podemos excusar su incumplimiento bajo el pretexto de
que así hacerlo crearía un desbalance en el presupuesto. La
Ley
es
clara
y
debió
ser
cumplida
fielmente
desde
un
principio.
III
En mérito de lo antes expuesto, procede decretar la
revocación de la sentencia recurrida.
Se dictará Sentencia de conformidad.
FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Asociado
4
En su demanda, en lo relativo al año fiscal 2007-2008, el
CRIM sólo solicitó el pago de las deficiencias para el mes
de julio, ya que la fecha de la presentación de la demanda
fue el 18 de julio de 2007. Sin embargo, actualmente se le
adeuda el pago de la deficiencia en el pago del subsidio
municipal de los meses posteriores a julio de 2007 hasta el
presente.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales
Demandante-peticionario
vs.
CT-2007-8
CERTIFICACIÓN
Juan Carlos Méndez en su
capacidad oficial como
Secretario de Departamento
de Hacienda, y otros
Demandados-recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2008
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual forma parte íntegra de la
presente, se dicta Sentencia revocatoria de la
emitida en el presente caso por el Tribunal de
Apelaciones.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo. El
Juez Presidente señor Hernández Denton emitió
Opinión de Conformidad.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Centro de Recaudación de
Ingresos Municipales
Demandante-Peticionario
v.
Juan Carlos Méndez en su
capacidad oficial como
Secretario del Departamento
de Hacienda, y otros
CT-2007-8
Certificación
Demandados-Recurridos
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ
DENTON
San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2008.
Estamos conformes, en términos generales, con la
Opinión del Tribunal y la determinación de revocar
la sentencia apelada. Sin duda alguna, la Asamblea
Legislativa y la Rama Ejecutiva no pueden asignar,
mediante una resolución conjunta de presupuesto,
una
cantidad
totalmente
contravención
a
operacional
que
autorrenovable
ciertas
las
arbitraria
garantías
provee
la
establecida
por
entidades
públicas.
de
en
autonomía
tasa
fija
y
a
favor
de
vista
de
las
ley
En
y
ramificaciones positivas que tiene el desenlace de
este caso en nuestro ordenamiento constitucional,
deseamos
reflexionar
seguido por la mayoría.
sobre
el
curso
de
acción
2
CT-2007-8
La controversia ante nuestra consideración es de estricto
derecho. En esencia, ésta consistió en determinar si las
Resoluciones
Conjuntas
158
y
87
–correspondientes
a
los
presupuestos gubernamentales de los años fiscales 2006-2007 y
2007-2008-
tuvieron
el
efecto
de
suspender
o
derogar
temporera y tácitamente la fórmula establecida por la Ley
Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, 21 L.P.R.A. sec. 5801 et.
seq., con relación al subsidio municipal que maneja el Centro
de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
Ante la realidad fáctica que las mencionadas resoluciones
conjuntas
le
asignaron
al
CRIM
una
cantidad
significativamente menor a la correspondiente por concepto
del subsidio municipal conforme a la fórmula impuesta por la
Ley Núm. 80, supra, el Procurador General alega que el CRIM
carece de legitimación activa para presentar la demanda de
autos. A su juicio, la mencionada controversia trata de una
cuestión
política
que
sólo
puede
ser
dilucidada
ante
la
Asamblea Legislativa y no ante el foro judicial. A su vez,
sostiene
que
de
intervenir
en
el
caso
la
Rama
Judicial
estaría interfiriendo indebidamente con las Ramas Ejecutiva y
Legislativa, en violación a la doctrina de separación de
poderes. Nada más lejos de la verdad.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
dispone que “[s]e determinará por ley los asuntos que puedan
ser
objeto
de
consideración
mediante
resolución
conjunta,
pero toda resolución conjunta seguirá el mismo trámite de un
proyecto de ley”. Art. 3, Sec. 18, Const. E.L.A., L.P.R.A.
Tomo 1.
Las
diferencias
prácticas
entre
una
resolución
3
CT-2007-8
conjunta y un proyecto de ley fueron objeto de un intenso
debate de teoría constitucional y procedimiento legislativo
por parte de la Convención Constituyente. Véase, Diario de
Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, Tomo
II, págs. 856-863.
En esa ocasión, el delegado Antonio Reyes Delgado expresó
su
preocupación
en
cuanto
a
que
la
referida
disposición
constitucional se pudiera interpretar para sugerir que la
Asamblea
Legislativa
tiene
la
facultad
de
enmendar
o
modificar una ley o un código por virtud de una resolución
conjunta, cuando la jurisprudencia interpretativa de la Ley
Jones claramente establecía que tal acción legislativa no era
posible. Valiente & Co. v. Sancho Bonet, Tes., 50 D.P.R. 586
(1936). En vista de ello, presentó una enmienda a los efectos
de calificar que sólo los asuntos especiales pudieran ser
objeto de consideración mediante resolución conjunta. Id.,
pág. 857.
Dicha
enmienda
fue
derrotada
ante
la
oposición
de
los
delegados Luis Negrón López y Celestino Iriarte, pues éstos
expresaron que tal calificación no era necesaria porque el
mismo precepto constitucional limitaba el mecanismo de la
resolución conjunta “a los asuntos que se incluyan en la ley
que apruebe la Asamblea Legislativa […] para dar cumplimiento
a esta disposición constitucional, [los cuales] tendrán que
ser asuntos especiales”. Id., pág. 860. Es decir, el consenso
imperante
en
la
Convención
Constituyente
fue
que
la
resolución conjunta se podría utilizar como un mecanismo para
4
CT-2007-8
legislar
asuntos
especiales
y
transitorios,
“sin
otras
consecuencias ulteriores”. Id., pág. 862. Sin embargo, en
ningún momento se sugierió que la resolución conjunta puede
ser utilizada para modificar, suspender o dejar sin efecto aunque sea transitoriamente- una ley que forma parte de los
estatutos
permanentes
del
ordenamiento
jurídico
puertorriqueño.
En
cumplimiento
con
el
mandato
constitucional
antes
mencionado, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley sobre la
Aprobación,
Promulgación
y
Distribución
de
Leyes
y
Otros
Documentos, Ley Núm. 2 de 4 de marzo de 1953, la cual definió
la resolución conjunta como “[t]oda legislación que haya de
perder
su
fuerza
finalidad
que
al
realizarse
persigue
[…]
y
la
obra,
no
formará
o
cumplirse
parte
de
la
los
estatutos permanentes de Puerto Rico”. 2 L.P.R.A. sec. 200. A
su vez, dicha ley dispone que se excluyen de dicha definición
de resolución conjunta “aquellos casos en que la materia que
deba
considerarse
como
resolución
conjunta
sea
parte
necesaria, aunque incidental, de una materia principal que
deba considerarse mediante proyecto de ley”. Id. Por otro
lado,
el
referido
legislativa
estatuto
dispone
inválida
porque
será
que
“[n]inguna
se
haya
medida
aprobado
indebidamente como resolución conjunta, debiendo haberlo sido
como
ley,
o
porque
se
haya
aprobado
como
ley,
debiendo
haberlo sido como resolución conjunta”. 2 L.P.R.A. sec. 201.
No obstante lo anterior, y como bien señala la Opinión del
Tribunal, la controversia ante nos no trata sobre la validez
5
CT-2007-8
de una resolución conjunta que debió ser ley, sino sobre el
efecto de una resolución conjunta contraria al mandato de una
ley que requiere una asignación fija y autorrenovable con el
fin de proteger la independencia operacional de la entidad
pública en cuestión. Por tanto, somos del criterio que las
resoluciones
conjuntas
en
controversia
constituyeron
un
intento por parte de las ramas políticas de modificar las
disposiciones claras y precisas de la Ley Núm. 80, supra, que
regulan la asignación de fondos con relación al subsidio
municipal que administra el CRIM. Dicha ley establece que tal
asignación es contingente a una tasa fija y autorrenovable de
2.5%
de
las
rentas
gobierno
en
el
cualquier
asignación
internas
año
fiscal
menor
netas
del
Fondo
General
del
por
lo
que
propósitos
en
una
correspondiente,
para
tales
resolución conjunta de presupuesto adolece de nulidad por ser
contraria al referido estatuto. 21 L.P.R.A. sec. 5815.
Más
aún,
las
propias
resoluciones
conjuntas
en
controversia reconocieron la validez y obligatoriedad de la
tasa
fija
municipal,
y
autorrenovable
pues
las
con
partidas
relación
asignadas
al
subsidio
al
CRIM
se
justificaron expresamente “para cumplir con la Aportación al
Fondo de Equiparación, Ley Núm. 80 […]”. Es por ello que
nuestra intervención en el presente caso no constituye una
mera revisión judicial de la facultad de aprobar leyes o
resoluciones
presupuesto
conjuntas,
general
o
ni
la
administrar
de
asignar
dichos
fondos
fondos.
Todo
contrario, pues la controversia ante nos evidentemente se
del
lo
6
CT-2007-8
refiere, como acertadamente indica la Opinión del Tribunal,
al cumplimiento del Poder Ejecutivo y Legislativo con un
deber impuesto por ley, toda vez que la Ley 80 no ha sido
derogada ni enmendada por ninguna ley posterior. Ante la
situación fáctica de que los fondos asignados y desembolsados
fueron menores a los que asigna la tasa fija y autorrenovable
impuesta
por
el
referido
estatuto,
el
Departamento
de
Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto todavía le
adeudan al CRIM las cantidades estipuladas para los años
fiscales 2006-2007 y 2007-2008.5
Por último, conviene mencionar que el Artículo 3 de la Ley
Núm.
80,
supra,
enfatiza
que
el
CRIM
es
“una
entidad
municipal, independiente y separada de cualquier otra agencia
o instrumentalidad del Gobierno…”. 21 L.P.R.A. sec. 5802.
(Énfasis nuestro). Cónsono con ello, las asignaciones fijas y
autorrenovables establecidas por ley para el CRIM, así como
las fórmulas presupuestarias establecidas por ley para la
Universidad de Puerto Rico y la Rama Judicial, le proveen
5
En atención a que los tribunales son los intérpretes
finales de las leyes, la Constitución y de las actuaciones de
las otras ramas, la controversia ante nos sobre la validez de
una resolución conjunta que contradice el texto de una ley es
claramente justiciable. Nuestra intervención en el presente
caso es fundamental, pues una rama de gobierno no puede
convertirse en juez de sus propias actuaciones cuando éstas
contravienen el sistema de pesos y contrapesos que delinea la
Constitución. La Constitución le confiere determinadas
facultades al Poder Legislativo y Ejecutivo, pero la
definición de sus contornos y la determinación de la validez
de su ejercicio son asuntos reservados a los tribunales.
Véanse Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz, res. 7 de junio de
2005, 2005 TSPR 79; Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 135
D.P.R. 406 (1994); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105
D.P.R. 750 (1977).
7
CT-2007-8
automáticamente
a
dichas
entidades
una
porción
de
los
ingresos del Fondo General sin sujeción al vaivén electoral y
partidista del momento. La integridad de estas asignaciones
garantiza la autonomía operacional de las instrumentalidades
públicas
concernidas,
justifiquen
fondos
anualmente
particulares
que
pues
no
se
ante
la
Asamblea
necesitan
requiere
para
que
éstas
Legislativa
su
los
funcionamiento
adecuado. Véanse Ley Núm. 80, supra; Ley Núm. 286 de 20 de
diciembre de 2002, 23 L.P.R.A. sec. 104; Ley Núm. 2 de 20 de
enero
de
1966,
18
L.P.R.A.
sec.
521.
Es
por
ello
que
cualquier intento -por medio de una resolución conjunta- de
reducir,
suspender
establecida
por
o
derogar
la
ley
para
estas
cuantía
proporcional
entidades
públicas
independientes constituye una acción nula y ultra vires que
contraviene el estado de derecho vigente.
Por todo lo antes expuesto, no cabe duda que las ramas
políticas
deben
cumplir
con
el
claro
mandato
de
la
ley,
asignando las partidas por concepto del subsidio municipal de
conformidad con la tasa fija y autorrenovable que establece
la Ley Núm. 80, supra. Por ende, estamos conformes con la
Opinión del Tribunal.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente