LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Centro de Recaudación de Ingresos Municipales vs. Juan Carlos Méndez en su capacidad oficial como Secretario de Departamento de Hacienda

2008 TSPR 118

Poder Judicial de Puerto Rico

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Centro de Recaudación de Ingresos Municipales vs. Juan Carlos Méndez en su capacidad oficial como Secretario de Departamento de Hacienda

CT-2007-0008

Derecho Constitucional-Efecto de resolución conjunta sobre una ley; caso justiciable

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro de Recaudación de

Ingresos Municipales

Demandante-peticionario

Certiorari

vs.

2008 TSPR 118

Juan Carlos Méndez en su

Capacidad oficial como

Secretario de Departamento

de Hacienda, y otros

174 DPR ____

Demandados-recurridos

Número del Caso: CT-2007-8

Fecha: 14 de julio de 2008

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo.José A. Acosta Grubb

Lcda. María Luisa Montalvo Vera

Lcdo. José L. Ramírez Coll

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. José A. Acosta

Cámara de Representantes de Puerto Rico:

Lcdo. Richard W. Markus

Lcdo. Manuel D. Herrero

Lcdo. Carlos E. Pérez Acosta

Lcda. Janille Rodríguez Beamud

Asociación de Alcaldes de Puerto Rico:

Lcdo. José A. Rivera Ayala

Lcdo. Pedro E. Ortiz Alvarez

Federación de Alcaldes de Puerto Rico:

Lcda. Carmen S. Curet Salim

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Salvador J. Antonetti-Stutts

Procurador General

Lcda. Maite D. Oronoz Rodríguez

Subprocuradora General

Lcda. Sarah Y. Rosado Morales

Prouradora General Auxiliar

Materia: Certificación

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro de Recaudación de

Ingresos Municipales

Demandante-peticionario

vs.

CT-2007-8

CERTIFICACIÓN

Juan Carlos Méndez en su

capacidad oficial como

Secretario de Departamento

de Hacienda, y otros

Demandados-recurridos

OPINIÓN DEL

REBOLLO LÓPEZ

TRIBUNAL

EMITIDA

POR

EL

JUEZ

ASOCIADO

SEÑOR

San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2008

El

18

de

Recaudaciones

julio

de

de

Ingresos

2007,

el

Centro

Municipales

de

(CRIM)

presentó, ante la Sala Superior de San Juan del

Tribunal de Primera Instancia, una demanda sobre

Mandamus y Sentencia Declaratoria contra el Estado

Libre Asociado, el Hon. Juan Carlos Méndez Torres,

en

su

capacidad

oficial

de

Secretario

del

Departamento de Hacienda y el Hon. José Guillermo

Dávila Matos, en su capacidad oficial de Director

de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. En su

demanda, el CRIM alegó que conforme a la Ley del

Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, Ley

Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, 21 L.P.R.A. §5801

et seq., le correspondía el pago de la Aportación

para

Ingreso

al

Fondo

de

Equiparación

de

2

CT-2007-8

Ingresos

Municipales,

partida

conocida

como

el

subsidio

municipal, equivalente al 2.5% de las rentas internas netas

del Fon General del Gobierno de Puerto Rico para el año

fiscal

2007-2008.

Secretario

de

Señaló

Hacienda

que

bajo

debía

la

referida

transferir

al

Ley,

el

Banco

Gubernamental de Fomento, no más tarde del décimo día de

cada mes, una doceava parte del estimado de ingresos a

recibirse en el año fiscal en cuestión, y el Banco a su vez

le remitiría dichos fondos a los municipios no más tarde

del decimoquinto día de cada mes; ello así ya que, a su

juicio,

el

subsidio

municipal

es

una

asignación

fija

e

ineludible.

El CRIM sostuvo que, en vista de que los ingresos

estimados que le fueron notificados a los municipios para

el

año

fiscal

2006-2007

ascendían

a

$9.09

billones,

le

correspondían al CRIM $227.25 millones, de los cuales sólo

habían sido desembolsados $214.225 millones. Señaló que, en

una carta suscrita por su Director, la OGP reconoció al

CRIM un crédito de $13.025 millones1 por concepto de la

deficiencia en el pago del subsidio municipal respecto al

año

fiscal

2006-2007.

Mientras,

el

CRIM

indicó

que

los

ingresos estimados para el año fiscal 2007-2008 ascendieron

a $8.702 billones, por lo cual procedía el pago de $217.5

millones al CRIM, o sea, $18,129,166.67 mensuales. El CRIM

1

De la carta de 30 de agosto de 2006 surge que la OGP le

reconoció un crédito de $14,171,000 ya que, según expresó,

la cantidad que le correspondía al CRIM para el año fiscal

2006-2007 era $230,649,000.

3

CT-2007-8

arguyó que, no obstante lo anterior, el Director de la OGP

y

el

Secretario

obligaciones

de

que

le

Hacienda

impone

la

incumplieron

con

las

Ley

que

sólo

80,

ya

desembolsaron $214.225 millones para el año fiscal 20062007

y

$188.029

millones

para

el

año

fiscal

2007-2008,

ambas cifras menores al 2.5% de los ingresos estimados para

el Fondo General, no habiéndole satisfecho el crédito que

le reconocieron de $13.025 millones.

Por todo lo antes expuesto, el CRIM solicitó al foro

de

instancia

que:

ordenara

al

Director

de

la

OGP

a

autorizar la transferencia del subsidio municipal correcto,

a

saber:

$18,129,166.67

mensuales,

a

partir

del

mes

de

julio del año fiscal 2007-2008 y le ordenara al Secretario

de

Hacienda

a

transferir

inmediatamente

$2,460,083.34,

balance impagado a causa de la deficiencia en el pago por

concepto de subsidio municipal que le fuera enviado al CRIM

el

10

de

julio

de

2007

así

como

la

transferencia

de

$18,129,166.67 en o antes del décimo día de cada mes del

año fiscal 2007-2008. Por último, solicitó del tribunal que

declarase que la OGP le había reconocido al CRIM un crédito

de

$13.025

millones,

por

concepto

de

un

ajuste

de

las

Rentas Internas Netas del Presupuesto aprobado para el año

fiscal 2006-2007, y que ordenara el pago inmediato de dicha

suma.

Luego

de

presentada

la

demanda,

el

CRIM

presentó

varias mociones solicitando la celebración de una vista,

aduciendo

la

urgencia

en

la

adjudicación

del

caso.

De

4

CT-2007-8

hecho,

el

24

de

agosto

de

2007,

el

CRIM

solicitó

la

disposición sumaria del caso. A esos efectos, argumentó que

la Ley 80 le imponía un deber ministerial al Secretario de

Hacienda y al Director de la OGP de autorizar mensualmente

el

desembolso

de

una

doceava

(1/12)

parte

del

subsidio

municipal correspondiente al año fiscal en cuestión, que

consistía de un 2.5% de las rentas internas netas del Fondo

General.

Sobre

el

particular,

adujo

que

no

existía

controversia en torno a las cuantías que le correspondían

por concepto del subsidio municipal establecido en la Ley

80 y el incumplimiento con el pago de las mismas. A saber,

el 2.5% de $9.09 billones, ascendente a $227.25 millones

para el año fiscal 2006-2007, y el 2.5% de $8.702 billones,

ascendente a $217.55 millones para el año fiscal 2007-2008.

En consecuencia, sostuvo que procedía el pago de $13.025

millones de ajuste para el año fiscal 2006-2007 ya que sólo

se habían desembolsado $214.225 millones, y $4,920,166.68

correspondientes al balance impagado del subsidio municipal

para los meses de julio y agosto de 2007, en los cuales

sólo

se

inferior

desembolsaron

$15,669,083.33

a

parte

la

doceava

del

cada

subsidio

mes,

cantidad

municipal

de

$217.55 millones para el año fiscal 2007-2008.

Durante la vista celebrada el 27 de agosto de 2007,

las partes acordaron que la cuestión a resolverse era una

de

estricto

derecho,

por

lo

cual,

sometieron

una

estipulación de hechos. Ello no obstante, el 31 de agosto

de 2007, el Secretario de Hacienda, el Director de la OGP y

5

CT-2007-8

el

ELA,

por

conducto

del

Departamento

de

Justicia,

se

opusieron a la solicitud de sentencia sumaria del CRIM y, a

su

vez,

solicitaron

Plantearon,

en

primer

la

desestimación

término,

que

el

del

CRIM

pleito.

carecía

de

legitimación activa para presentar la demanda en cuestión

porque, por tratarse de una cuestión política, cualquier

reclamación

sobre

las

cuantías

asignadas

para

los

años

fiscales 2006-2007 y 2007-2008 debía ser planteada ante la

Asamblea

Legislativa

y

no

ante

el

foro

judicial.

Sostuvieron que, de intervenir en el caso, el foro judicial

estaría interfiriendo indebidamente con la Rama Ejecutiva y

la

Rama

Legislativa,

en

violación

al

principio

de

separación de poderes. A su vez, adujeron la improcedencia

del recurso de mandamus, bajo el fundamento de que las

facultades de aprobar leyes o resoluciones conjuntas, de

hacer

cumplir

las

leyes,

la

de

asignar

fondos

del

presupuesto general y administrar dichos fondos, no estaban

sujetas a ser revisadas judicialmente. Por último, alegaron

que mediante la Resolución Conjunta 158 de 10 de julio de

2006,

la

Asamblea

Legislativa

le

asignó

al

CRIM

$214,225,000 por concepto del subsidio municipal para el

año fiscal 2006-2007, y en la Resolución Conjunta 87 de 30

de

junio

de

2007,

le

asignó

al

CRIM

$188,029,000

por

concepto del subsidio municipal para el año fiscal 20072008. Sostuvieron que las referidas resoluciones conjuntas,

las cuales tienen fuerza de ley, tuvieron el efecto de

6

CT-2007-8

modificar la Ley 80 en lo relativo al subsidio municipal

correspondiente a los años fiscales 2006-2007 y 2007-2008.

El

CRIM

se

opuso

a

la

desestimación

del

pleito

alegando que tenía legitimación activa ante la existencia

de

un

daño

claro,

real

e

inmediato

a

raíz

del

incumplimiento con la Ley 80. A su vez, arguyó que una

resolución conjunta no puede derogar una ley, y aun si así

fuere,

la

resoluciones

derogación

no

puede

conjuntas

en

cuestión

ser

en

tácita,

y

las

momento

alguno

consignaron de forma expresa la derogación o modificación

de la Ley 80.

El 21 de septiembre de 2007, el Tribunal de Primera

Instancia emitió sentencia declarando sin lugar la demanda

presentada por el CRIM. Aun cuando resolvió que el CRIM

tenía legitimación activa para presentar la misma, concluyó

que no existía un deber ministerial del Director de la OGP

y del Secretario de Hacienda, al amparo de la Ley 80, por

motivo de las Resoluciones Conjuntas 158 y 87, las cuales

dejaron “en suspenso” la aplicación de la Ley 80 durante

los años fiscales 2006-2007 y 2007-2008. A tales efectos,

el

foro

recurrido

sostuvo

que

“la

Asamblea

Legislativa

tiene la facultad de suspender el efecto de una disposición

legal,

en

este

caso

referente

a

la

asignación

presupuestaria, cuando en el ejercicio de sus prerrogativas

lo

entienda

necesario

para

el

buen

funcionamiento

gubernamental de acuerdo a la realidad fiscal del país.”

7

CT-2007-8

De otra parte, el tribunal primario indicó que a pesar

de que el Director de la OGP le cursó una carta al CRIM

reconociendo una deuda de $13.025 millones, por concepto de

la diferencia entre el subsidio municipal que le fue pagado

y la cantidad que le correspondía al amparo de la Ley 80,

ello constituyó un error administrativo que no podía crear

derechos.

fondos

Así,

cuando

era

no

improcedente

existía

una

el

desembolso

asignación

de

válida

dichos

de

los

mismos.

Inconforme con tal determinación, el CRIM acudió al

Tribunal de Apelaciones. No obstante, el 16 de octubre de

2007

presentó

una

solicitud

de

certificación

ante

este

Tribunal, solicitando que atendiéramos el caso de epígrafe,

pretiriendo el cauce procesal ordinario. En su solicitud,

plantea que erró el foro de instancia al concluir que las

Resoluciones

Conjuntas

158

y

87

tuvieron

el

efecto

de

suspender tácitamente las disposiciones de la Ley 80 sobre

el subsidio municipal. Todas las partes se allanaron a la

solicitud

de

certificación,

por

lo

cual

expedimos

el

recurso y, con el beneficio de la comparecencia de las

partes, procedemos a resolver.

I

A

Es

norma

guardianes

reiterada

celosos

de

que

los

nuestra

tribunales

debemos

ser

jurisdicción.

Sánchez

v.

Secretario de Justicia, 157 D.P.R. 360 (2002). Sobre ello,

8

CT-2007-8

hemos expresado que “[l]a jurisdicción, fuente principal de

la autoridad de los tribunales para interpretar y hacer

cumplir las leyes en nuestro sistema de gobierno, se halla

gobernada por la aplicación de las diversas doctrinas que

dan

vida

al

principio

de

justiciabilidad…”.

Sánchez

v.

instrumento

de

Secretario de Justicia, ante, a la pág. 370.

La

legitimación

activa

es

un

autolimitación judicial que tiene su génesis en la doctrina

de

la

justiciabilidad

de

las

controversias.

Su

función

principal es asegurar que sólo se atiendan aquellos casos

que presentan un caso o controversia que le permita al

tribunal

resolver

controversias

surgidas

entre

partes

opuestas y concederles a éstas un remedio apropiado. Romero

Barceló v. E.L.A., res. 10 de noviembre de 2006, 2006 TSPR

163. El promovente de la acción posee legitimación activa

cuando “con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa

de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del

tribunal las cuestiones en controversia”. Hernández Agosto

v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 413 (1982); Sánchez v.

Secretario de Justicia, ante; Col. Ópticos de P.R. v. Vani

Visual, 124 D.P.R. 559 (1989).

Una parte posee legitimación activa cuando demuestra:

1) que ha sufrido un daño claro y palpable; 2) que el daño

es real, inmediato y preciso y no abstracto o hipotético;

3) que existe conexión entre el daño sufrido y la causa de

acción ejercitada; y 4) que la causa de acción surge bajo

el palio de la Constitución o de una ley. Romero Barceló v.

9

CT-2007-8

E.L.A., ante; Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, res. 3 de

julio de 2006, 2006 TSPR 115; Acevedo Vilá v. Meléndez

Ortíz, res. 7 de junio de 2005, 2005 TSPR 79; Sánchez v.

Secretario

de

Justicia,

ante;

Colegio

de

Peritos

Electricistas v. A.E.E., 150 D.P.R. 327 (2000); Hernández

Torres v. Hernández Colón, 129 D.P.R. 824 (1992); Hernández

Agosto v. Romero Barceló, ante; PPD v. PNP, 139 D.P.R. 643

(1995).

Por el contrario, un caso no es justiciable cuando:

plantea una cuestión política; cuando una de las partes no

tiene

capacidad

después

de

jurídica

comenzado

el

para

promover

pleito,

el

hechos

pleito;

si

posteriores

lo

convierten en académico; y si las partes buscan obtener una

opinión consultiva o se promueve un pleito que no está

maduro. Córdova Iturregui v. González Rodríguez, res. 29 de

junio de 2007, 2007 TSPR 133; Noriega v. Hernández Colón,

135 D.P.R. 406 (1994). Si bien en ocasiones previas hemos

interpretado los requisitos sobre legitimación activa de

forma flexible y liberal, tal discreción no es ilimitada.

Col.

Ópticos

de

P.R.

v.

Vani

Visual,

ante;

Pacheco

Fraticcelli v. Cintrón Antonsanti, 122 D.P.R. 229 (1988);

Solís v. Municipio, 120 D.P.R. 53 (1987). Ello en vista de

que

los

tribunales

sólo

podemos

decidir

controversias

dentro de un contexto adversativo que sea susceptible de

ser resuelto judicialmente y siempre teniendo como norte

que nuestro sistema de separación de poderes limita nuestra

intervención

en

aquellas

materias

que

son

del

criterio

10

CT-2007-8

exclusivo de las otras ramas de gobierno. Acevedo Vilá v.

Meléndez Ortíz, ante; Sánchez v. Secretario de Justicia,

ante; Noriega v. Hernández Colón, ante; Com. de la Mujer v.

Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980).

De

ordinario,

las

controversias

que

tratan

sobre

asuntos que le han sido delegados a otras ramas de gobierno

se consideran de índole político y por tanto, constituyen

una cuestión política que no es susceptible de ser resuelta

judicialmente.

Córdova

Iturregui

v.

González

Rodríguez,

ante. Dicho de otro modo, una cuestión política es aquella

que plantea asuntos que deben ser resueltos por las otras

ramas de Gobierno. Sin embargo, ello no implica que todo

asunto político sea una cuestión política. En Santa Aponte

v.

Secretario

del

Senado,

105

D.P.R.

750,

759

(1977),

atendiendo la normativa establecida en Baker v. Carr, 369

U.S. 186 (1962)2, resolvimos que aun cuando la Asamblea

Legislativa

y

el

Poder

Ejecutivo

tienen

poderes

y

facultades exclusivas a cada rama, la “definición de sus

contornos y la determinación de su ejercicio son asuntos

cuidadosamente

2

reservados

a

los

tribunales.”

Son

los

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que una

controversia plantea una cuestión política cuando: el

asunto en controversia se ha delegado expresamente a otra

rama del gobierno, hay una ausencia de normas judiciales

sobre

el

asunto,

resulta

imposible

adjudicar

la

controversia sin hacer una determinación de política

pública que no le corresponde a los tribunales, requiere

adherirse a una decisión política previa o cuando se genera

un

potencial

de

confusión

debido

a

determinaciones

conflictivas entre varios departamentos del Gobierno en

torno al mismo asunto. Véase Silva v. Hernández Agosto,

ante; Noriega v. Hernández Colón, ante.

11

CT-2007-8

tribunales

los

intérpretes

finales

de

las

leyes

y

la

Constitución, e incluso, de las actuaciones de las otras

ramas del Gobierno. Ello es necesario ya que una rama de

gobierno

no

puede

convertirse

en

juez

de

sus

propias

actuaciones. Así se vela el cumplimiento con el sistema de

pesos y contrapesos. Acevedo Vilá v. Meléndez Ortíz, ante;

Santa

Aponte

Hernández

v.

Secretario

Agosto,

118

del

D.P.R.

Senado,

45

ante;

(1986);

Silva

v.

Noriega

v.

Hernández Colón, ante; PPD v. PNP, ante.

B

La Ley de la Judicatura de Puerto Rico nos confiere

jurisdicción original para considerar en primera instancia

los recursos de mandamus. Art. 3.002 de la Ley Núm. 201 de

22 de agosto de 2003, 4 L.P.R.A. §24s; Véase, además, los

Artículos 649 y 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32

LPRA §§3421-22.

El mandamus es un recurso extraordinario y

por tanto, discrecional y altamente privilegiado, mediante

el

cual

se

le

ordena

a

una

persona

o

entidad

el

cumplimiento de un acto que en dicho auto se exprese y que

esté dentro de sus atribuciones o deberes. Artículo 649 del

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. § 3421; sólo

procede cuando sea el único remedio disponible en ley para

la

parte

que

lo

Enjuiciamiento

solicita.

Civil,

particular,

hemos

cumplimiento

de

32

expresado

un

deber

Artículo

651

del

Código

de

L.P.R.A.

§3423.

Sobre

el

“ordenar

el

que

procede

ministerial,

que

no

admite

12

CT-2007-8

discreción en su ejercicio, cuando no hay otro mecanismo en

ley para conseguir dicho remedio.” Acevedo Vilá v. Aponte

Hernández, ante (citando a Báez Galib v. C.E.E., 152 D.P.R.

382 (2000)); Véase Córdova Iturregui v. González Rodríguez,

ante.

Al determinar si se debe expedir un auto de mandamus,

debe tomarse en cuenta el posible impacto que éste pueda

tener

sobre

potencial

de

lo

intereses

confusión

o

públicos

en

cuestión

y

el

perjuicios

de

los

derechos

de

terceros, a la vez evitando una intromisión indebida en los

procedimientos del poder ejecutivo. Noriega v. Hernández

Colón,

ante.

Hemos

destacado

público

que

tendrá

la

que

“el

expedición

posible

del

impacto

mandamus

será

proporcional a la importancia del deber ministerial que se

alega

ha

sido

incumplido

y

que

se

pretende

vindicar

mediante el mandamus.” Báez Galib v. C.E.E., ante, a la

pág. 392. Es decir, su procedencia depende del carácter del

acto que se pretende compeler mediante el recurso. Córdova

Iturregui

v.

González

Rodríguez,

ante;

Acevedo

Vilá

v.

Aponte Hernández, ante.

C

Nuestra Constitución establece que “cualquier proyecto

de ley que sea aprobado por una mayoría del número total de

los

miembros

que

componen

cada

cámara

se

someterá

al

Gobernador y se convertirá en ley si éste lo firma o si no

lo devuelve con sus objeciones a la cámara de origen dentro

13

CT-2007-8

de diez días [sic] contados a partir de la fecha en que lo

hubiese recibido.” Si el Gobernador objeta la aprobación de

un proyecto de ley, dicho proyecto sólo se convertirá en

ley si es aprobado por dos terceras partes del número total

de los miembros que componen cada cámara. Art. II, Sec. 19,

Const. E.L.A., L.P.R.A. Tomo I.

A

su

vez,

la

Sección

18

del

Artículo

3

de

la

Constitución, Tomo I, L.P.R.A., dispone que se determinarán

por ley los asuntos que puedan ser objeto de consideración

mediante resolución conjunta, pero toda resolución conjunta

seguirá el mismo trámite de un proyecto de ley. La Ley

sobre la Aprobación, Promulgación y Distribución de Leyes y

Otros Documentos, Ley Núm. 2 de 4 de marzo de 1953, 2

L.P.R.A.

§181

et

reglamenta

seq.,

estatutariamente

lo

relativo a la aprobación de las leyes y, particularmente,

las resoluciones conjuntas. A tales efectos, establece que

“toda

legislación

que

haya

de

perder

su

fuerza

al

realizarse la obra, o cumplirse la finalidad que persigue,

será objeto de consideración por la Asamblea Legislativa

mediante

estatutos

resolución

conjunta

permanentes

de

y

no

Puerto

formará

parte

Rico.”

Sección

de

1,

los

2

L.P.R.A. §200. De modo que una resolución conjunta tiene

una

duración

limitada.

La

Sección

3

aclara

que

ninguna

medida será inválida porque se haya aprobado indebidamente

como resolución conjunta, debiendo haberlo sido como ley, o

porque se haya aprobado como ley, debiendo haberlo sido

como resolución conjunta.”

14

CT-2007-8

D

El

CRIM

es

“una

entidad

municipal,

independiente

y

separada de cualquier otra agencia o instrumentalizad del

Gobierno…”. Artículo 3 de la Ley 80, 21 L.P.R.A. §5802. Su

propósito y responsabilidad primaria es recaudar, recibir y

distribuir los fondos públicos provenientes de las diversas

fuentes señaladas en su ley habilitadora.

Mediante el Artículo 15 de la referida Ley 80, 21

L.P.R.A. §5814, se creó el Fondo de Equiparación para los

Municipios,

con

el

propósito

de

mantener

separados

los

fondos transferidos a los municipios de los demás fondos

del

Gobierno.

municipios,

al

Entre

las

amparo

de

partidas

la

Ley

que

reciben

los

se

encuentra

el

80,

subsidio municipal, cuantía que se computa a base de las

rentas internas netas del Fondo General del Estado Libre

Asociado3.

Sobre el particular, el Artículo 16(c) de la Ley 80,

21 L.P.R.A. §5815, dispone que para el año fiscal 2001-2002

y para años fiscales subsiguientes, se transferirá a los

municipios dos y cinco décimas por ciento (2.5%) de las

rentas

internas

netas

del

Fondo

General.

Una

vez

se

determina la cuantía correspondiente al 2.5% de las rentas

internas

3

netas

del

Fondo

General

del

año

fiscal

en

El Artículo 2 de la Ley 80, 21 L.P.R.A. §5801, define

rentas internas netas como “el total de las rentas del

Fondo General resultante luego de deducir los ingresos

provenientes

de

fuentes

externas,

los

ingresos

no

recurrentes y los ingresos con que se nutren las cuentas y

fondos especiales.”

15

CT-2007-8

cuestión, “el Secretario (de Hacienda) transferirá al Banco

Gubernamental de Fomento, no más tarde del décimo día de

cada mes, una doceava (1/12) parte del estimado de los

ingresos a recibirse en el año fiscal de que se trate…”. A

su vez, no más tarde del decimoquinto día del mes, el Banco

Gubernamental

de

Fomento

remesará

tales

fondos

a

cada

municipio. Artículos 16 y 18 de la Ley 80, 21 L.P.R.A.

§§5815 y 5817.

II

En su solicitud de certificación, el CRIM plantea que

erró el tribunal de instancia al resolver que la Resolución

Conjunta 158 y la Resolución Conjunta 87 suspendieron el

efecto de la Ley 80 durante los años fiscales 2006-2007 y

2007-2008. A su juicio, tal alegada suspensión en realidad

constituye

una

autorrenovable

permanentemente

derogación

establecida

de

la

tácita

por

de

ley,

totalidad

una

asignación

privando

de

al

los

CRIM

fondos

correspondientes al subsidio municipal ya que en momento

alguno se ha indicado que el pago de las cuantías adeudadas

será satisfecho en una fecha posterior. Sostiene que una

resolución conjunta no puede enmendar o derogar una ley de

forma

tácita

ni

dejar

sin

efecto

una

asignación

autorrenovable y en su lugar, fijar una cantidad totalmente

arbitraria.

Por

su

presentada

parte,

por

el

los

CRIM

demandados

no

es

alegan

que

justiciable

la

acción

porque

la

16

CT-2007-8

controversia

planteada

es

una

cuestión

política.

A

su

juicio, todas las funciones relacionadas al presupuesto así

como

los

desembolsos

exclusiva

de

las

del

otras

presupuesto,

ramas

del

son

competencia

gobierno

y

no

son

susceptibles de adjudicación en el foro judicial. Sostienen

que de intervenir el foro judicial en el presente caso, se

provocaría

un

desbalance

requeriría

la

asignación

en

de

el

presupuesto

ya

que

fondos

adicionales

que

no

fueron contemplados; además, ello alegadamente constituiría

una violación al principio de separación de poderes.

Los

demandados

también

arguyen

que

la

Resolución

Conjunta 158 y la Resolución Conjunta 87 tuvieron el efecto

de “suspender” temporalmente, no de derogar tácitamente, la

aplicación de la Ley 80. Por lo cual, alegan que no cabe

hablar de un deber ministerial del Secretario de Hacienda y

el Director de la OGP, e igualmente, resulta improcedente

el

recurso

de

mandamus.

Argumentan

que

las

referidas

resoluciones tienen los mismos efectos que una ley y, por

ser posteriores a la Ley 80 e incompatibles con lo allí

establecido, tienen primacía. Adicional a ello, señalan que

nuestra Constitución no proscribe la suspensión temporera

de una ley.

De entrada, es menester señalar que, contrario a lo

planteado por los demandados, el CRIM posee legitimación

activa para entablar la acción de epígrafe. Además de ser

el

organismo

municipales,

responsable

actualmente

del

sufre

manejo

de

un

claro,

daño

los

fondos

real

y

17

CT-2007-8

palpable,

a

saber,

no

ha

recibido

los

fondos

que

le

corresponden en virtud de la Ley 80. Ello tiene serias

consecuencias

para

la

administración

y

funcionamiento

adecuado de todos los municipios. Adviértase, además, que

según señalamos anteriormente, no todo asunto político es

una cuestión política.

Nuestra intervención en el presente recurso no viola

el principio de separación de poderes, ni se trata aquí de

una

cuestión

política

sino

de

la

interpretación

y

armonización de una ley con unas resoluciones conjuntas, o

sea,

una

cuestión

de

derecho,

facultad

que

le

compete

exclusivamente a la Rama Judicial. Conforme ya destacamos,

reiteradamente hemos resuelto que los tribunales son los

intérpretes finales de las leyes y de nuestra Constitución.

De otra parte, el mandamus es el recurso apropiado

cuando

un

ministerial,

funcionario

es

decir,

público

con

una

incumple

un

obligación

que

deber

le

fue

impuesta por ley. Ante el incumplimiento de parte de los

demandados,

el

CRIM

no

tenía

remedios

alternos

para

solicitar el cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 80. El

planteamiento de los demandados en torno a que el CRIM

debió

acudir

improcedente

ante

la

Asamblea

e

irrazonable.

Legislativa

Cuando

se

es

totalmente

trata

del

cumplimiento de un deber impuesto por ley, los tribunales

tienen la facultad para intervenir e interpretar el derecho

aplicable.

18

CT-2007-8

Ciertamente, si bien la Sección 3 de la antes citada

Ley 2 dispone que una resolución conjunta o una ley no

perderá

su

validez

por

haber

sido

aprobada

mediante

el

mecanismo incorrecto, aquí no se trata de invalidar una

resolución conjunta que debió ser ley. Tampoco se trata de

si una resolución conjunta debe ser aprobada mediante el

mismo proceso que una ley y si tiene la misma validez. No

cabe

duda

que

las

resoluciones

conjuntas

son

mecanismos

esenciales para una función legislativa adecuada y eficaz.

Particularmente,

han

sido

utilizadas

comúnmente

en

lo

relativo a los presupuestos. Sin embargo, el caso de marras

presenta una situación diferente, a saber, el efecto de una

resolución

conjunta

sobre

una

ley

que

establece

una

versa

sobre

unas

cuales

se

asignación fija y autorrenovable.

Esto

es,

resoluciones

el

presente

conjuntas

mediante

caso

las

intentó

modificar tácitamente las disposiciones claras y vigentes

de la Ley 80 sobre la asignación de fondos para el subsidio

municipal. Del texto de la referida Ley surge palmariamente

que el subsidio municipal es una asignación de 2.5%, fija y

autorrenovable. En nuestro ordenamiento, la Rama Judicial y

la Universidad de Puerto Rico también gozan de asignaciones

fijas

y

autorrenovables.

Ello

le

garantiza

a

dichas

entidades una porción de los ingresos del Fondo General,

sin la necesidad de justificar anualmente los fondos que

necesitan para su funcionamiento adecuado. Véase Ley Núm.

286 de 20 de diciembre de 2002, 23 L.P.R.A. §104; Ley Núm.

19

CT-2007-8

2 de 20 de enero de 1966, según enmendada, 18 L.P.R.A. §521

et seq.

Adviértase que las partes estipularon ciertos hechos

que

no

están

en

controversia,

los

cuales

exponemos

a

continuación. En primer término, acordaron que el estimado

de rentas internas netas del presupuesto aprobado para el

año fiscal 2006-2007 era de $9.09 billones y que el 2.5% de

tal cantidad era $227.25 millones, de lo cual sólo se le

asignó al CRIM $214,225,000 mediante la Resolución Conjunta

158. De otra parte, estipularon que el estimado de rentas

internas netas del presupuesto aprobado para el año fiscal

2007-2008

era

de

$8.702

billones

y

que

el

2.5%

de

tal

cantidad era $217.5 millones, de lo cual sólo se le asignó

al CRIM $188,029 millones mediante la Resolución Conjunta

87.

Para

los

meses

de

julio

y

agosto

de

2007,

el

Departamento de Hacienda desembolsó al Banco Gubernamental

de

Fomento

un

total

de

$31,338,167

por

concepto

del

subsidio municipal, es decir, desembolsó mensualmente 1/12

parte

de

$188,029

$15,669,083.33

millones,

mensuales.

Sin

lo

cual

embargo,

equivale

ambas

a

partes

reconocieron que 1/12 parte de $217.5 millones, el estimado

de rentas internas netas del presupuesto aprobado para el

año fiscal 2007-2008, equivale a $18,129,166.67.

Los demandados sostienen, repetimos, que a pesar de

todo lo antes expuesto, no cabe hablar de un incumplimiento

con la Ley 80 ya que las resoluciones conjuntas tuvieron el

20

CT-2007-8

efecto

de

suspender

su

efectividad

durante

los

años

fiscales 2006-2007 y 2007-2008. No les asiste la razón.

Distinto

a

lo

alegado

por

los

demandados,

de

las

resoluciones conjuntas en cuestión no surge indicio alguno

de la alegada intención de los legisladores de “suspender”

o modificar lo dispuesto en la Ley 80. Incluso, del texto

de

ambas

resoluciones

conjuntas

surge

una

intención

contraria a lo que ahora alegan los demandados, ya que en

éstas, al señalar la procedencia de las cuantías a ser

concedidas al CRIM, la Asamblea Legislativa expuso que eran

“[p]ara cumplir con la Aportación al Fondo de Equiparación,

Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada”.

Dicho de otro modo, reconocieron expresamente la vigencia,

validez y obligatoriedad de la Ley 80.

Los demandados admiten que el 30 de agosto de 2006, el

Director

de

la

OGP

le

remitió

una

carta

al

Director

Ejecutivo del CRIM, informándole que, a tenor con la Ley

80, el CRIM tenía un crédito a su favor de $14,171,000, por

concepto del subsidio municipal. En la referida carta, el

Director

Ejecutivo

de

la

OGP

le

informó

al

Director

Ejecutivo del CRIM lo siguiente:

[c]omo es de su conocimiento, durante el mes de

junio de 2006 la Asamblea Legislativa aprobó la

Resolución Conjunta de la Cámara Núm. 1408, la

cual se convirtió en la Resolución Conjunta Núm.

158 de 10 de julio de 2006. Específicamente, en

el inciso B 5(i) la Asamblea Legislativa reafirmó

la vigencia de la Ley Número 80 de 30 de agosto

de 1991, según enmendada, mejor conocida como:

‘Ley del Centro de Recaudación de Ingresos

Municipales’.

21

CT-2007-8

De acuerdo con lo establecido en la Ley Núm. 80,

supra, la cantidad que debió incluirse en la

Resolución

Conjunta

era

doscientos

treinta

millones seiscientos cuarenta y nueve mil dólares

($230,649,000), y no doscientos catorce millones

doscientos

veinticinco

mil

dólares

($214,225,000).

A tales efectos, la Oficina de Gerencia y

Presupuesto reconoce que a tenor con lo dispuesto

en la Ley Núm. 80, supra, usted tiene un crédito

a su favor por catorce millones ciento setenta y

un dólares ($14,171,000) que será sufragado al

Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales

cuando los ingresos del Estado así lo permitan.

Cordialmente,

José Guillermo Dávila Matos (Énfasis suplido.)

Ante

tal

lenguaje

no

cabe

hablar

de

un

error

administrativo ni de supuestas enmiendas a la Ley 80. Esto

es, en la susodicha carta, cursada antes de la presentación

de

la

demanda

que

motiva

el

presente

recurso,

la

OGP

expresamente reconoció la validez de la Ley 80 así como la

existencia de un crédito de $14,171 millones a favor del

CRIM.

De

lo

anterior

claramente

se

infiere

que

la

OGP

reconoció que la Resolución Conjunta 158 tenía un efecto

transitorio,

y

que

una

disponibles,

los

mismos

vez

serían

los

fondos

transferidos

estuvieran

al

CRIM.

De

igual forma, la Resolución Conjunta 87 también tiene un

efecto transitorio, en tanto allí se reconoce la validez de

la Ley 80 pero los fondos desembolsados son menores a los

que

asigna

la

referida

Ley.

Como

consecuencia,

el

Departamento de Hacienda y la OGP todavía le adeudan al

22

CT-2007-8

CRIM la diferencia entre las cuantías pagadas por concepto

del subsidio municipal para los años fiscales 2006-2007 y

2007-2008, y la cantidad que le correspondía en virtud de

la Ley 80, o sea, el 2.5% del total de las rentas internas

netas del Fondo General para los años fiscales en cuestión.4

En fin, la asignación autorrenovable de 2.5% del total

de

las

rentas

internas

netas

del

Fondo

General

que

establece la Ley 80, debió ser incluida correctamente al

fijarse el presupuesto general. Es un porcentaje fijo que

ha sido avalado por la Rama Legislativa y la Rama Ejecutiva

desde que fue instaurado en nuestro ordenamiento jurídico.

No podemos excusar su incumplimiento bajo el pretexto de

que así hacerlo crearía un desbalance en el presupuesto. La

Ley

es

clara

y

debió

ser

cumplida

fielmente

desde

un

principio.

III

En mérito de lo antes expuesto, procede decretar la

revocación de la sentencia recurrida.

Se dictará Sentencia de conformidad.

FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ

Juez Asociado

4

En su demanda, en lo relativo al año fiscal 2007-2008, el

CRIM sólo solicitó el pago de las deficiencias para el mes

de julio, ya que la fecha de la presentación de la demanda

fue el 18 de julio de 2007. Sin embargo, actualmente se le

adeuda el pago de la deficiencia en el pago del subsidio

municipal de los meses posteriores a julio de 2007 hasta el

presente.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro de Recaudación de

Ingresos Municipales

Demandante-peticionario

vs.

CT-2007-8

CERTIFICACIÓN

Juan Carlos Méndez en su

capacidad oficial como

Secretario de Departamento

de Hacienda, y otros

Demandados-recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2008

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual forma parte íntegra de la

presente, se dicta Sentencia revocatoria de la

emitida en el presente caso por el Tribunal de

Apelaciones.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo. El

Juez Presidente señor Hernández Denton emitió

Opinión de Conformidad.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro de Recaudación de

Ingresos Municipales

Demandante-Peticionario

v.

Juan Carlos Méndez en su

capacidad oficial como

Secretario del Departamento

de Hacienda, y otros

CT-2007-8

Certificación

Demandados-Recurridos

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ

DENTON

San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2008.

Estamos conformes, en términos generales, con la

Opinión del Tribunal y la determinación de revocar

la sentencia apelada. Sin duda alguna, la Asamblea

Legislativa y la Rama Ejecutiva no pueden asignar,

mediante una resolución conjunta de presupuesto,

una

cantidad

totalmente

contravención

a

operacional

que

autorrenovable

ciertas

las

arbitraria

garantías

provee

la

establecida

por

entidades

públicas.

de

en

autonomía

tasa

fija

y

a

favor

de

vista

de

las

ley

En

y

ramificaciones positivas que tiene el desenlace de

este caso en nuestro ordenamiento constitucional,

deseamos

reflexionar

seguido por la mayoría.

sobre

el

curso

de

acción

2

CT-2007-8

La controversia ante nuestra consideración es de estricto

derecho. En esencia, ésta consistió en determinar si las

Resoluciones

Conjuntas

158

y

87

–correspondientes

a

los

presupuestos gubernamentales de los años fiscales 2006-2007 y

2007-2008-

tuvieron

el

efecto

de

suspender

o

derogar

temporera y tácitamente la fórmula establecida por la Ley

Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, 21 L.P.R.A. sec. 5801 et.

seq., con relación al subsidio municipal que maneja el Centro

de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Ante la realidad fáctica que las mencionadas resoluciones

conjuntas

le

asignaron

al

CRIM

una

cantidad

significativamente menor a la correspondiente por concepto

del subsidio municipal conforme a la fórmula impuesta por la

Ley Núm. 80, supra, el Procurador General alega que el CRIM

carece de legitimación activa para presentar la demanda de

autos. A su juicio, la mencionada controversia trata de una

cuestión

política

que

sólo

puede

ser

dilucidada

ante

la

Asamblea Legislativa y no ante el foro judicial. A su vez,

sostiene

que

de

intervenir

en

el

caso

la

Rama

Judicial

estaría interfiriendo indebidamente con las Ramas Ejecutiva y

Legislativa, en violación a la doctrina de separación de

poderes. Nada más lejos de la verdad.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

dispone que “[s]e determinará por ley los asuntos que puedan

ser

objeto

de

consideración

mediante

resolución

conjunta,

pero toda resolución conjunta seguirá el mismo trámite de un

proyecto de ley”. Art. 3, Sec. 18, Const. E.L.A., L.P.R.A.

Tomo 1.

Las

diferencias

prácticas

entre

una

resolución

3

CT-2007-8

conjunta y un proyecto de ley fueron objeto de un intenso

debate de teoría constitucional y procedimiento legislativo

por parte de la Convención Constituyente. Véase, Diario de

Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, Tomo

II, págs. 856-863.

En esa ocasión, el delegado Antonio Reyes Delgado expresó

su

preocupación

en

cuanto

a

que

la

referida

disposición

constitucional se pudiera interpretar para sugerir que la

Asamblea

Legislativa

tiene

la

facultad

de

enmendar

o

modificar una ley o un código por virtud de una resolución

conjunta, cuando la jurisprudencia interpretativa de la Ley

Jones claramente establecía que tal acción legislativa no era

posible. Valiente & Co. v. Sancho Bonet, Tes., 50 D.P.R. 586

(1936). En vista de ello, presentó una enmienda a los efectos

de calificar que sólo los asuntos especiales pudieran ser

objeto de consideración mediante resolución conjunta. Id.,

pág. 857.

Dicha

enmienda

fue

derrotada

ante

la

oposición

de

los

delegados Luis Negrón López y Celestino Iriarte, pues éstos

expresaron que tal calificación no era necesaria porque el

mismo precepto constitucional limitaba el mecanismo de la

resolución conjunta “a los asuntos que se incluyan en la ley

que apruebe la Asamblea Legislativa […] para dar cumplimiento

a esta disposición constitucional, [los cuales] tendrán que

ser asuntos especiales”. Id., pág. 860. Es decir, el consenso

imperante

en

la

Convención

Constituyente

fue

que

la

resolución conjunta se podría utilizar como un mecanismo para

4

CT-2007-8

legislar

asuntos

especiales

y

transitorios,

“sin

otras

consecuencias ulteriores”. Id., pág. 862. Sin embargo, en

ningún momento se sugierió que la resolución conjunta puede

ser utilizada para modificar, suspender o dejar sin efecto aunque sea transitoriamente- una ley que forma parte de los

estatutos

permanentes

del

ordenamiento

jurídico

puertorriqueño.

En

cumplimiento

con

el

mandato

constitucional

antes

mencionado, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley sobre la

Aprobación,

Promulgación

y

Distribución

de

Leyes

y

Otros

Documentos, Ley Núm. 2 de 4 de marzo de 1953, la cual definió

la resolución conjunta como “[t]oda legislación que haya de

perder

su

fuerza

finalidad

que

al

realizarse

persigue

[…]

y

la

obra,

no

formará

o

cumplirse

parte

de

la

los

estatutos permanentes de Puerto Rico”. 2 L.P.R.A. sec. 200. A

su vez, dicha ley dispone que se excluyen de dicha definición

de resolución conjunta “aquellos casos en que la materia que

deba

considerarse

como

resolución

conjunta

sea

parte

necesaria, aunque incidental, de una materia principal que

deba considerarse mediante proyecto de ley”. Id. Por otro

lado,

el

referido

legislativa

estatuto

dispone

inválida

porque

será

que

“[n]inguna

se

haya

medida

aprobado

indebidamente como resolución conjunta, debiendo haberlo sido

como

ley,

o

porque

se

haya

aprobado

como

ley,

debiendo

haberlo sido como resolución conjunta”. 2 L.P.R.A. sec. 201.

No obstante lo anterior, y como bien señala la Opinión del

Tribunal, la controversia ante nos no trata sobre la validez

5

CT-2007-8

de una resolución conjunta que debió ser ley, sino sobre el

efecto de una resolución conjunta contraria al mandato de una

ley que requiere una asignación fija y autorrenovable con el

fin de proteger la independencia operacional de la entidad

pública en cuestión. Por tanto, somos del criterio que las

resoluciones

conjuntas

en

controversia

constituyeron

un

intento por parte de las ramas políticas de modificar las

disposiciones claras y precisas de la Ley Núm. 80, supra, que

regulan la asignación de fondos con relación al subsidio

municipal que administra el CRIM. Dicha ley establece que tal

asignación es contingente a una tasa fija y autorrenovable de

2.5%

de

las

rentas

gobierno

en

el

cualquier

asignación

internas

año

fiscal

menor

netas

del

Fondo

General

del

por

lo

que

propósitos

en

una

correspondiente,

para

tales

resolución conjunta de presupuesto adolece de nulidad por ser

contraria al referido estatuto. 21 L.P.R.A. sec. 5815.

Más

aún,

las

propias

resoluciones

conjuntas

en

controversia reconocieron la validez y obligatoriedad de la

tasa

fija

municipal,

y

autorrenovable

pues

las

con

partidas

relación

asignadas

al

subsidio

al

CRIM

se

justificaron expresamente “para cumplir con la Aportación al

Fondo de Equiparación, Ley Núm. 80 […]”. Es por ello que

nuestra intervención en el presente caso no constituye una

mera revisión judicial de la facultad de aprobar leyes o

resoluciones

presupuesto

conjuntas,

general

o

ni

la

administrar

de

asignar

dichos

fondos

fondos.

Todo

contrario, pues la controversia ante nos evidentemente se

del

lo

6

CT-2007-8

refiere, como acertadamente indica la Opinión del Tribunal,

al cumplimiento del Poder Ejecutivo y Legislativo con un

deber impuesto por ley, toda vez que la Ley 80 no ha sido

derogada ni enmendada por ninguna ley posterior. Ante la

situación fáctica de que los fondos asignados y desembolsados

fueron menores a los que asigna la tasa fija y autorrenovable

impuesta

por

el

referido

estatuto,

el

Departamento

de

Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto todavía le

adeudan al CRIM las cantidades estipuladas para los años

fiscales 2006-2007 y 2007-2008.5

Por último, conviene mencionar que el Artículo 3 de la Ley

Núm.

80,

supra,

enfatiza

que

el

CRIM

es

“una

entidad

municipal, independiente y separada de cualquier otra agencia

o instrumentalidad del Gobierno…”. 21 L.P.R.A. sec. 5802.

(Énfasis nuestro). Cónsono con ello, las asignaciones fijas y

autorrenovables establecidas por ley para el CRIM, así como

las fórmulas presupuestarias establecidas por ley para la

Universidad de Puerto Rico y la Rama Judicial, le proveen

5

En atención a que los tribunales son los intérpretes

finales de las leyes, la Constitución y de las actuaciones de

las otras ramas, la controversia ante nos sobre la validez de

una resolución conjunta que contradice el texto de una ley es

claramente justiciable. Nuestra intervención en el presente

caso es fundamental, pues una rama de gobierno no puede

convertirse en juez de sus propias actuaciones cuando éstas

contravienen el sistema de pesos y contrapesos que delinea la

Constitución. La Constitución le confiere determinadas

facultades al Poder Legislativo y Ejecutivo, pero la

definición de sus contornos y la determinación de la validez

de su ejercicio son asuntos reservados a los tribunales.

Véanse Acevedo Vilá v. Meléndez Ortiz, res. 7 de junio de

2005, 2005 TSPR 79; Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 135

D.P.R. 406 (1994); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105

D.P.R. 750 (1977).

7

CT-2007-8

automáticamente

a

dichas

entidades

una

porción

de

los

ingresos del Fondo General sin sujeción al vaivén electoral y

partidista del momento. La integridad de estas asignaciones

garantiza la autonomía operacional de las instrumentalidades

públicas

concernidas,

justifiquen

fondos

anualmente

particulares

que

pues

no

se

ante

la

Asamblea

necesitan

requiere

para

que

éstas

Legislativa

su

los

funcionamiento

adecuado. Véanse Ley Núm. 80, supra; Ley Núm. 286 de 20 de

diciembre de 2002, 23 L.P.R.A. sec. 104; Ley Núm. 2 de 20 de

enero

de

1966,

18

L.P.R.A.

sec.

521.

Es

por

ello

que

cualquier intento -por medio de una resolución conjunta- de

reducir,

suspender

establecida

por

o

derogar

la

ley

para

estas

cuantía

proporcional

entidades

públicas

independientes constituye una acción nula y ultra vires que

contraviene el estado de derecho vigente.

Por todo lo antes expuesto, no cabe duda que las ramas

políticas

deben

cumplir

con

el

claro

mandato

de

la

ley,

asignando las partidas por concepto del subsidio municipal de

conformidad con la tasa fija y autorrenovable que establece

la Ley Núm. 80, supra. Por ende, estamos conformes con la

Opinión del Tribunal.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente