LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Amieiro González, etals vs. Pinnacle Real Estate Group y otros

2008 TSPR 52

Poder Judicial de Puerto Rico

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Amieiro González, etals vs. Pinnacle Real Estate Group y otros

CC-2006-0774

Derecho Administrativo-Jurisdicción del DACO bajo la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresas de Bienes Raíces

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Vivian Amieiro González,

et al.

Querellantes-Peticionarios

Certiorari

2008 TSPR 52

Vs.

173 DPR ____

Pinnacle Real Estate Group,

PSC, H/N/C Home Team

Querellada-Recurrida

María del C. Arredondo Pérez y

María Rosa Arredondo Pérez

Querelladas-Recurridas

Número del Caso: CC-2006-774

Fecha: 26 de marzo de 2008

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel II

Juez Ponente:

Hon. Troadio González Vargas

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Manuel Izquierdo Encarnación

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Pedro A. Barceló Lugo

Materia: Revisión Administrativa

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Vivian Amieiro González,

et al.

Querellantes-Peticionarios

Vs.

CC-2006-774

Certiorari

Pinnacle Real Estate Group,

PSC, H/N/C Home Team

Querellada-Recurrida

María del C. Arredondo Pérez y

María Rosa Arredondo Pérez

Querelladas-Recurridas

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Hernández

Denton

San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2008.

En esta ocasión, nos corresponde resolver si la

Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la

Profesión de Corredor, Vendedor o Empresas de Bienes

Raíces, 20 L.P.R.A. sec. 3025 et seq., le confiere al

Departamento de Asuntos del Consumidor jurisdicción

sobre las vendedoras de una propiedad.

Por entender

que el referido estatuto expresamente excluye de su

aplicación

a

los

propietarios

de

bienes

inmuebles

situados en o fuera Puerto Rico cuando éstos no se

dedican habitualmente al negocio de bienes raíces,

confirmamos el dictamen recurrido.

I

Los

hechos

controversia.

del

Carmen

de

este

caso

no

están

en

El 10 de abril de 2002, la Sra. María

Arredondo

Pérez

y

la

Sra.

María

Rosa

CC-2006-774

2

Arredondo Pérez (en adelante, las señoras Arredondo Pérez)

contrataron los servicios de los corredores de bienes raíces,

Pinnacle Real Estate Group (en adelante, Pinnacle) para la

venta de un bien inmueble perteneciente a ellas, sito en

Miramar.

Seis

suscribieron

meses

un

después,

contrato

las

de

señoras

compraventa

Arredondo

Pérez

por

precio

el

convenido de $550,000 con los peticionarios, la Sra. Vivian

Amieiro

González

y

su

esposo,

el

Sr.

Natalio

Izquierdo

Encarnación (en adelante, el matrimonio Izquierdo-Amieiro).

En vista de que el matrimonio Izquierdo-Amieiro deseaba

demoler

la

estructura

y

construir

una

nueva

edificación,

acudió ante la Administración de Reglamentos y Permisos (en

adelante,

A.R.P.E.)

correspondientes.

para

obtener

permisos

Como parte del proceso de demolición de la

estructura,

A.R.P.E.

le

requirió

Amieiro

estudio

de

materiales

un

los

al

matrimonio

Izquierdo-

tóxicos.

Para

esta

encomienda, los peticionarios contrataron al Arquitecto César

A. Santos, quien tras realizar dicho estudio determinó que la

estructura estaba contaminada con asbesto y pintura con base

de plomo.

pagó

En vista de ello, el matrimonio Izquierdo-Amieiro

$5,000

remoción

de

por

el

referido

los

materiales

estudio

y

$112,000

tóxicos

a

la

por

compañía

la

SAQ

Environmental Engineers, Inc.

A raíz de estos hechos, el 10 de octubre de 2003, el

matrimonio

Izquierdo-Amieiro

entabló

una

querella

ante

el

Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante, DACO)

contra Pinnacle, al amparo de la Ley para Reglamentar el

Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor

CC-2006-774

o

3

Empresas

de

Bienes

Raíces,

(en

adelante,

Ley

para

Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces), Ley Núm. 10 de 26

de

abril

de

1994,

Izquierdo-Amieiro

Pinnacle

no

le

En

supra.

esencia,

arguyó

que

antes

de

informó

sobre

la

posible

el

la

matrimonio

compraventa,

existencia

de

materiales tóxicos en el inmueble, impidiéndole así tomar una

decisión

informada.

Por

ello,

el

matrimonio

Izquierdo-

Amieiro le reclamó a Pinnacle una indemnización, ascendente a

$117,000, para recobrar los gastos incurridos en el estudio y

remoción de los materiales tóxicos.

Oportunamente, Pinnacle compareció ante DACO y solicitó

que se incluyera como parte indispensable a las vendedoras,

las señoras Arredondo Pérez.

En vista de ello, DACO le

ordenó al matrimonio Izquierdo-Amieiro enmendar la querella

para incluir a las vendedoras.

orden,

los

peticionarios

En cumplimiento con dicha

enmendaron

la

querella

y

le

notificaron a las señoras Arredondo Pérez mediante facsímil.

Así las cosas, las señoras Arredondo Pérez comparecieron ante

DACO y sostuvieron que la agencia no tenía jurisdicción sobre

ellas en virtud de la Ley para Reglamentar el Negocio de

Bienes Raíces, supra, toda vez que dicha ley excluye de su

aplicación a las personas que no se dedican habitualmente a

la venta de bienes raíces.

Celebrada la vista administrativa, DACO concluyó que las

señoras

Arredondo

responsables

y

les

Pérez

y

ordenó

Pinnacle

pagar

eran

$117,000

solidariamente

al

matrimonio

Izquierdo-Amieiro por los gastos incurridos en el estudio y

remoción de los contaminantes.

Fundamentó su determinación

CC-2006-774

en

que

4

el

Artículo

6(d)

de

la

Ley

Orgánica

de

DACO,

3

L.P.R.A. sec. 341e(d), que le concede la facultad de vindicar

los derechos de los consumidores en todas las leyes vigentes,

le permite adjudicar controversias al amparo de la Ley para

la Reducción de los Riesgos Provocados por la

Pintura a Base

de Plomo en Viviendas Residenciales, “Residencial Lead-Based

Paint Hazard Act”, 48 U.S.C. 4851 et seq.

La agencia razonó,

además, que dicho estatuto federal exige que, antes de la

compraventa,

el

vendedor

y

el

corredor

de

bienes

raíces

divulguen al comprador su conocimiento sobre la existencia de

pintura con base de plomo en estructuras construidas antes de

1978.

Inconformes con la Resolución de DACO, todas las partes

presentaron sus respectivas mociones de reconsideración. Cabe

señalar

que

en

su

moción

de

reconsideración

las

señoras

Arredondo Pérez levantaron por primera vez la defensa de

falta de jurisdicción sobre la persona.

Alegaron que no son

residentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que

DACO

actuó

ultra

vires

al

asumir

jurisdicción

acogió

las

mociones

de

luego

de

prorrogar

el

sobre

su

persona.

La

agencia

presentadas,

y

reconsideración

término

para

considerarlas, modificó la resolución emitida a los efectos

de que Pinnacle y las señoras Arredondo Pérez satisficieran

la

indemnización

determinó

que

mancomunadamente.

Pinnacle

sólo

Específicamente,

respondería

por

una

DACO

suma

porcentual igual a la que recibió en carácter de comisión por

los servicios prestados, mientras que las señoras Arredondo

CC-2006-774

5

Pérez asumirían el pago del monto restante.

Respecto al

señalamiento

la

de

falta

de

jurisdicción

sobre

persona

alegado por las señoras Arredondo Pérez, DACO lo descartó por

entender que existían contactos mínimos.

Insatisfechas,

las

señoras

Arredondo

Pérez

acudieron

ante el Tribunal de Apelaciones y adujeron que la agencia

erró

al

adjudicar

la

querella

al

amparo

de

la

Ley

para

Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, supra, ya que a su

entender dicho estatuto no les aplica toda vez que ellas no

son vendedoras de bienes raíces.

Cuestionaron, además, la

facultad de DACO para aplicar e interpretar la Ley para la

Reducción de los Riesgos Provocados por la Pintura a Base de

Plomo en Viviendas Residenciales, supra.

señoras

Arredondo

Pérez

arguyeron

Por último, las

nuevamente

que

DACO

no

podía asumir jurisdicción sobre sus personas ya que ellas

eran residentes del estado de la Florida.

Luego de los trámites de rigor, el foro apelativo revocó

la determinación de DACO y concluyó que la agencia no tenía

jurisdicción sobre las señoras Arredondo Pérez, toda vez que

la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, supra,

excluye de su aplicación a los vendedores que no se dedican

habitualmente a la venta de bienes raíces.

Estimó, además,

que DACO excedió su discreción al asumir jurisdicción sobre

las

señoras

matrimonio

Arredondo

Pérez

Izquierdo-Amieiro

ya

no

que

entre

existía

una

éstas

y

el

relación

de

consumidor y proveedor de servicios, según definida en la ley

habilitadora

apelativo

de

la

agencia.

añadió

que

DACO

no

Por

es

un

último,

el

foro

jurisdicción

de

tribunal

CC-2006-774

6

general y que no puede asumir jurisdicción sobre las señoras

Arredondo Pérez en virtud de la Ley para la Reducción de los

Riesgos

Provocados

por

la

Pintura

a

Base

de

Plomo

en

que,

al

Viviendas Residenciales, supra.

Por

amparo

otra

de

parte,

la

Ley

el

para

foro

apelativo

Reglamentar

el

concluyó

Negocio

de

Bienes

Raíces, supra, DACO puede resolver la querella presentada en

contra

de

federal.

Pinnacle

y

A

señaló

su

vez,

aplicarle

que

el

el

mencionado

matrimonio

estatuto

Izquierdo-

Amieiro podía incoar una acción contra las señoras Arredondo

Pérez en el foro judicial federal, en el Tribunal de Primera

Instancia

o

en

las

agencias

federales

Environmental

Protection

Agency

y

Department

of

Housing

con

el

dictamen,

el

matrimonio

ante

nos

mediante

recurso

and

Urban

Development.

Inconforme

Amieiro

acude

de

Izquierdo-

certiorari

y

arguye que erró el foro apelativo al resolver que DACO no

ostentaba jurisdicción sobre las vendedoras al amparo de la

Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, supra, ni

en

virtud

de

la

Ley

para

Provocados

por

la

Pintura

la

a

Reducción

Base

de

de

Plomo

los

en

Riesgos

Viviendas

Residenciales, supra.

Examinada la solicitud presentada, acordamos expedir.

Le concedimos a las señoras Arredondo Pérez y a Pinnacle un

término

para

compareció.

matrimonio

presentar

Con

el

sus

alegatos,

beneficio

Izquierdo-Amieiro

Pérez, procedemos a resolver.

y

mas

este

último

de

la

comparecencia

de

las

señoras

no

del

Arredondo

CC-2006-774

7

II

A

Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico la ley es

el medio o fuente que establece los límites del poder y de

las facultades de las agencias administrativas. Véase Caribe

Communications v. P.R.T.C., 157 D.P.R. 203, 211 (2002).

La

ley habilitadora es el mecanismo legal que le delega a la

agencia los poderes necesarios para actuar de conformidad con

el propósito legislativo. Id.

En virtud de ello, una agencia

administrativa sólo puede llevar a cabo las funciones que se

le han encomendado legislativamente y aquellas que surgen de

su actividad o encomienda principal. Caribe Communications v.

P.R.T.C.,

supra,

a

la

página

213.

No

obstante,

si

la

actuación de la agencia administrativa excede los poderes

delegados por la Asamblea Legislativa, será considerada ultra

vires y, por ende, nula.

De conformidad con lo anterior, hemos expresado que “una

agencia

administrativa

no

puede

asumir

jurisdicción

sobre

situación alguna que no esté autorizada por ley; es decir, ni

la

necesidad,

ni

la

utilidad,

ni

la

conveniencia

pueden

sustituir al estatuto en cuanto a fuente de poder de una

agencia administrativa. Es por ello que cualquier duda en

cuanto a la existencia de dicho poder debe resolverse en

contra del ejercicio del mismo”. (Énfasis en el original).

Raimundi Meléndez v. Productora de Agregados, res. el 21 de

junio de 2004, 2004 TSPR 106.

La controversia que nos ocupa requiere, precisamente,

analizar

el

alcance

y

la

extensión

del

poder

conferido

CC-2006-774

8

legislativamente

a

DACO,

con

el

fin

de

determinar

autoridad sobre las señoras Arredondo Pérez.

su

Para ello, es

preciso repasar algunas disposiciones de su ley habilitadora.

B

El Departamento de Asuntos del Consumidor fue creado con

el fin primordial de vindicar e implementar los derechos del

consumidor. 3 L.P.R.A sec. 341B. En sintonía con lo anterior,

la ley habilitadora de DACO le confirió a su Secretario la

facultad

de

querellas

atender,

presentadas

investigar

y

resolver

las

quejas

y

por

consumidores

de

bienes

y

los

servicios adquiridos o recibidos en el sector privado de la

economía.

3

L.P.R.A.

sec.

341e(c).

En

aras

de

vindicar

eficazmente los derechos de los consumidores, DACO posee una

estructura

amplios

de

adjudicación

poderes

para

administrativa

adjudicar

las

con

plenos

y

querellas

ante

su

consideración, y conceder los remedios pertinentes conforme a

derecho. 3 L.P.R.A. sec. 341e(d).

Ahora bien, para adjudicar eficientemente los derechos

de

los

consumidores,

es

preciso

que

el

procedimiento

administrativo sea flexible, ágil, rápido, y libre de las

trabas

procesales

de

los

tribunales

de

justicia.

Véase

Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 717, 720 (1961).

A

tenor con esta normativa, hemos expresado que “[l]a inclusión

de

un

tercero

en

el

proceso

administrativo

sin

que

el

querellante o la agencia lo estime necesario o conveniente,

complica

y

retarda

innecesariamente

el

procedimiento,

en

contravención a la filosofía adjudicatoria que informa los

procesos administrativos.

Desde luego, la inclusión de un

CC-2006-774

9

tercero sería mandatoria si su exclusión le privase de su día

en corte.” Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 834, 841

(1978).

Conforme a lo anterior, no cabe duda que la inclusión de

un

tercero

en

el

proceso

administrativo

debe

ponderarse

cuidadosamente a los fines de evitar que la demora perjudique

al

consumidor

y

dé

al

traste

con

caracteriza dichos procedimientos.

la

flexibilidad

que

La responsabilidad que

pueda tener el tercero que se interesa incluir frente al

querellado o ante el querellante puede dilucidarse mediante

litigación ordinaria. Véase Pérez Ríos v. Hull Dobbs, supra.

De esta manera, se evita la dilación en los procedimientos

administrativos y se le garantiza al consumidor un proceso

rápido

y

sencillo,

y

la

pronta

solución

de

la

querella

presentada ante DACO.

Para el análisis de la controversia ante nos, es preciso

recalcar

que

comprende

las

consumidores.

silencio

el

sobre

entramado

causas

de

administrativo

acción

de

DACO

sólo

presentadas

por

los

A pesar de que la ley orgánica de DACO guarda

quién

es

un

consumidor,

el

Reglamento

de

Procedimientos Adjudicativos de DACO lo define como “toda

persona natural, que adquiere o utiliza productos o servicios

como

destinatario

asociación

o

final.

entidad

que

Incluye

por

toda

designación

otra

de

persona,

ley

está

facultado para presentar su reclamación en el Departamento.”

(Énfasis suplido). Regla 4(d) del Reglamento Núm. 6219 de 18

de

noviembre

de

2000.

Asimismo,

la

citada

disposición

excluye de la definición de consumidor a cualquier persona o

CC-2006-774

entidad

10

que

adquiere

bienes

o

servicios

con

motivo

de

lucrarse en una posterior reventa. Id.

De lo anterior se desprende que la jurisdicción de DACO

depende,

esencialmente,

del

reclamo

de

un

consumidor

en

oposición a una persona o entidad que provee productos o

servicios.

Cónsono con ello, hemos resuelto que DACO carece

de jurisdicción para entender en una querella presentada por

una

parte

que

no

pueda

calificarse

como

un

consumidor.

Martínez Segarra v. Rosado Santoni, res. el 14 de septiembre

de 2005, 2005 TSPR 127.

A su vez, de lo anterior se colige

que la debida adjudicación de las querellas presentadas ante

el DACO supone una limitación razonable a la inclusión de

terceras personas ajenas al procedimiento, en la medida que

ello pueda desvirtuar el propósito legislativo de conferirle

a los consumidores un foro ágil, flexible y eficaz.

C

Ahora

bien,

la

Asamblea

Legislativa

le

ha

conferido

autoridad a DACO para regular y atender asuntos específicos

en los que, claro está, hay consumidores envueltos.

efectos,

la

Asamblea

Legislativa

aprobó

la

A tales

Ley

para

Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de

Corredor,

Vendedor

mediante

la

cual

o

Empresas

agrupó

todas

de

las

Bienes

Raíces,

supra,

disposiciones

legales

relativas al negocio de bienes raíces y dispuso un nuevo y

más

estricto

cuerpo

reglamentario

con

el

propósito

de

beneficiar a los consumidores, vendedores y corredores de

bienes raíces. Vélez López v. Izquierdo Stella, res. el 7 de

junio de 2004, 2004 TSPR 92.

CC-2006-774

La

11

referida

pieza

legislativa

facultó

a

DACO

para

supervisar tanto el negocio de bienes raíces en Puerto Rico

como la venta en Puerto Rico de bienes ubicados fuera de esta

jurisdicción.

20

L.P.R.A

sec.

3046.

Específicamente,

le

concedió a DACO la facultad de realizar investigaciones y

adjudicar

querellas

transacciones

de

propiedades

Puerto

al

incurrir

en

cualquiera de los actos o prácticas proscritas en la Ley.

20

localizadas

en

o

sobre

fuera

de

Rico

L.P.R.A. sec. 3046(a).

A esos efectos, la Ley para Reglamentar el Negocio de

Bienes Raíces, supra, le prohíbe a toda persona sujeta a las

disposiciones de la misma incurrir o inducir a otra persona a

incurrir en la siguiente práctica: “[n]o suministrar a las

partes, al momento de consumarse una transacción de bienes

raíces, toda la información necesaria para la misma y todos

los

documentos

que

exigen

las

leyes

y

los

reglamentos

aplicables”. (Énfasis suplido) 20 L.P.R.A. sec. 3054(a)(8).

Asimismo,

el

referido

estatuto

proscribe

“[o]cultar

deliberadamente información esencial sobre las condiciones de

una propiedad, con el ánimo de inducir a una de las partes a

concluir la transacción en unos términos que, de conocerlos,

no

hubiese

realizado

la

transacción

o

hubiese

pagado

un

precio menor”. 20 L.P.R.A. sec. 3054(a)(17).

No

obstante,

conviene

aclarar

que

la

Ley

para

Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, supra, expresamente

excluye

de

su

aplicación

a

“los

propietarios

de

bienes

inmuebles localizados en o fuera de Puerto Rico que vendan o

enajenen

bienes

inmuebles

propios

cuando

no

se

dediquen

CC-2006-774

12

habitualmente

a

la

venta

de

bienes

(Énfasis

raíces”.

suplido). 20 L.P.R.A. sec. 3056(e).

La medida legislativa en

cuestión

el

define

propietario

como

titular

de

un

bien

inmueble localizado en o fuera de Puerto Rico que solicite o

contrate los servicios de un corredor, vendedor o empresa de

bienes raíces para llevar a cabo una transacción de bienes

raíces relacionada con dicho inmueble.

20 L.P.R.A. sec.

3025(r).

Con

estos

preceptos

en

mente,

y

a

la

luz

de

los

enunciados esbozados sobre el alcance de las facultades de

las

agencias

ostenta

administrativas,

jurisdicción

sobre

la

debemos

resolver

persona

de

las

si

DACO

vendedoras,

señoras Arredondo Pérez, al amparo de la Ley para Reglamentar

el Negocio de Bienes Raíces, supra.

III

En el caso de autos, el matrimonio Izquierdo-Amieiro

presentó ante DACO una querella contra la empresa de bienes

raíces Pinnacle a la luz de lo dispuesto en la Ley para

Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, supra.

Ésta, a su

vez, solicitó que se incluyera como parte indispensable a las

señoras Arredondo Pérez. DACO acogió el recurso y le ordenó

al

matrimonio

presentada

para

Izquierdo-Amieiro

incluir

como

enmendar

parte

la

querella

indispensable

a

las

señoras Arredondo Pérez. No obstante, éstas alegaron -y hoy

sostienen ante nos- que

DACO no tenía jurisdicción sobre

ellas en virtud de dicha legislación. Les asiste la razón.

Conforme surge de la normativa antes expuesta, la Ley

para

Reglamentar

el

Negocio

de

Bienes

Raíces,

supra,

le

CC-2006-774

otorga

13

jurisdicción

a

DACO

para

atender

querellas

contra

corredores, vendedores y empresas de bienes raíces cuando

éstos incurren en alguna de las prácticas proscritas por el

estatuto.

El propio estatuto dispone expresamente que sus

disposiciones no le aplicarán a los propietarios que no se

dedican habitualmente al negocio de bienes raíces.

En el presente caso, no surge del expediente que las

señoras Arredondo Pérez se dedicaran al negocio de bienes

raíces.

las

Por el contrario, es un hecho incontrovertido que

señoras

Arredondo

Pérez

contrataron

Pinnacle para la venta de su propiedad.

celebrada

ningún

ante

DACO,

el

matrimonio

momento

alegó

que

las

hechos

del

caso

de

autos

Izquierdo-Amieiro

señoras

se

servicios

de

Además, en la vista

dedicaban al negocio de bienes raíces.

los

los

Arredondo

Pérez

en

se

Por consiguiente, de

desprende

con

meridiana

claridad que las señoras Arredondo Pérez son propietarias de

un bien inmueble sito en Puerto Rico y que no se dedican

habitualmente al negocio de bienes raíces.

Conforme

a

lo

anterior,

al

DACO

asumir

jurisdicción

sobre las señoras Arredondo Pérez en virtud de la Ley para

Reglamentar

el

Negocio

de

Bienes

Raíces

jurisdicción que evidentemente no ostentaba.

se

arrogó

una

DACO no tenía

discreción para asumir jurisdicción sobre las recurridas en

virtud

de

la

Ley

para

Reglamentar

el

Negocio

de

Bienes

Raíces, supra, cuando dicho estatuto excluye de su aplicación

a los propietarios que no se dedican a la venta de bienes

raíces.

Claramente, no se puede incluir en la ley, por vía

de interpretación, lo que no está dispuesto en la misma.

CC-2006-774

14

A su vez, no cabe duda que DACO estaba impedido de

acoger la solicitud de Pinnacle para incluir en la querella a

las señoras Arredondo Pérez como parte indispensable.

Nótese

que

por

Pinnacle

no

es

un

consumidor

según

definido

el

Reglamento del DACO, supra, sino un comerciante que no puede

aprovechar

la

estructura

vindicar

sus

derechos.

Santoni,

supra.

En

administrativa

Véase

aras

Martínez

de mantener

del

DACO

para

Segarra

v.

Rosado

la

efectividad

del

procedimiento administrativo ante DACO, no podemos avalar que

el mismo se utilice para atender reclamaciones que muy bien

pueden ser resueltas de forma ordinaria. Véase Pérez Ríos v.

Hull Dobbs, supra, donde nos expresamos a tales efectos.

Por tanto, no podemos endosar la práctica de utilizar

argumentos

de

parte

indispensable

como

subterfugio

para

obviar la jurisdicción conferida por la ley habilitadora de

la agencia.

Debemos recordar que DACO no es un foro de

jurisdicción general y que tiene que ceñirse a la autoridad

que le fue delegada por la Asamblea Legislativa.

contrario,

produciría

resultados

Resolver lo

incompatibles

con

el

propósito de la ley y con la política misma de delegación

legislativa.

Finalmente, conviene aclarar que -así como DACO no podía

acoger la solicitud de Pinnacle para incluir a las señoras

Arredondo

Pérez

como

co-querelladas

en

el

proceso

administrativo- tampoco podía asumir jurisdicción sobre las

recurridas en virtud de la Ley para la Reducción de los

Riesgos

Viviendas

Provocados

por

Residenciales,

la

Pintura

supra.

a

Base

Ciertamente,

de

el

Plomo

en

referido

CC-2006-774

estatuto

15

federal

contiene

disposiciones

aplicables

a

los

propietarios de una propiedad cuando éstos pretenden venderla

o alquilarla, aun cuando haya mediado la intervención de un

corredor de bienes raíces. Véase 42 U.S.C. sec. 4852d.

obstante,

eso

no

significa

que

DACO

esté

facultado

No

para

asumir jurisdicción sobre esas personas aunque no se cumplan

los criterios y requisitos necesarios para ello.

Téngase

presente que la jurisdicción de DACO está delimitada por su

ley habilitadora y por otras leyes mediante las cuales el

legislador

delegó

en

ella

facultades

reglamentarias y adjudicativas.

investigativas,

Conforme a esas facultades

delegadas, DACO no podía acceder a la solicitud de Pinnacle

de incluir a las señoras Arredondo Pérez como co-querelladas,

toda vez que éste no se considera un consumidor en relación a

las señoras Arredondo Pérez.

Si

bien

reconocemos

que

existe

una

amplia

gama

de

asuntos que pueden ser llevados ante la consideración de

DACO, todos ellos se enmarcan dentro de los poderes delegados

y

se

relacionan

directamente

con

el

fin

que

motivó

su

creación: la vindicación e implementación de los derechos de

los consumidores.

Por tanto, el mero hecho de que la ley

federal contenga disposiciones dirigidas a propietarios que

no se dediquen habitualmente al negocio de bienes raíces, no

implica que DACO pueda asumir jurisdicción sobre ellos cuando

dicha actuación produciría un resultado contrario a su ley

habilitadora.

Es decir, independientemente de que la agencia

pueda

las

aplicar

disposiciones

del

estatuto

federal

con

respecto a personas sobre las cuales posee jurisdicción –

CC-2006-774

16

aspecto que no ha sido cuestionado por la parte peticionariaresulta evidente que dicha ley no representa una alteración a

las

funciones

jurisdicción

de

DACO

ni

tiene

que

le

fue

el

efecto

concedida

de

por

la

ampliar

la

Asamblea

Legislativa.

A

la

luz

correctamente

excedió

su

el

de

lo

foro

discreción

anterior,

concluimos

que

actuó

apelativo

al

determinar

que

DACO

al

jurisdicción

sobre

las

confirmamos

la

asumir

señoras Arredondo Pérez.

IV

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Vivian Amieiro González,

et al.

Querellantes-Peticionarios

vs.

CC-2006-774

Certiorari

Pinnacle Real Estate Group,

PSC, H/N/C Home Team

Querellada-Recurrida

María del C. Arredondo Pérez y

María Rosa Arredondo Pérez

Querelladas-Recurridas

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2008.

Por los fundamentos expuestos en la

Opinión que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de la presente, se confirma la

sentencia del Tribunal de Apelaciones.

Así lo pronuncia y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo