Tribunal Supremo de Puerto Rico
Amieiro González, etals vs. Pinnacle Real Estate Group y otros
2008 TSPR 52
Poder Judicial de Puerto Rico
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Amieiro González, etals vs. Pinnacle Real Estate Group y otros
CC-2006-0774
Derecho Administrativo-Jurisdicción del DACO bajo la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresas de Bienes Raíces
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Vivian Amieiro González,
et al.
Querellantes-Peticionarios
Certiorari
2008 TSPR 52
Vs.
173 DPR ____
Pinnacle Real Estate Group,
PSC, H/N/C Home Team
Querellada-Recurrida
María del C. Arredondo Pérez y
María Rosa Arredondo Pérez
Querelladas-Recurridas
Número del Caso: CC-2006-774
Fecha: 26 de marzo de 2008
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel II
Juez Ponente:
Hon. Troadio González Vargas
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Manuel Izquierdo Encarnación
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Pedro A. Barceló Lugo
Materia: Revisión Administrativa
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Vivian Amieiro González,
et al.
Querellantes-Peticionarios
Vs.
CC-2006-774
Certiorari
Pinnacle Real Estate Group,
PSC, H/N/C Home Team
Querellada-Recurrida
María del C. Arredondo Pérez y
María Rosa Arredondo Pérez
Querelladas-Recurridas
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Presidente señor Hernández
Denton
San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2008.
En esta ocasión, nos corresponde resolver si la
Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la
Profesión de Corredor, Vendedor o Empresas de Bienes
Raíces, 20 L.P.R.A. sec. 3025 et seq., le confiere al
Departamento de Asuntos del Consumidor jurisdicción
sobre las vendedoras de una propiedad.
Por entender
que el referido estatuto expresamente excluye de su
aplicación
a
los
propietarios
de
bienes
inmuebles
situados en o fuera Puerto Rico cuando éstos no se
dedican habitualmente al negocio de bienes raíces,
confirmamos el dictamen recurrido.
I
Los
hechos
controversia.
del
Carmen
de
este
caso
no
están
en
El 10 de abril de 2002, la Sra. María
Arredondo
Pérez
y
la
Sra.
María
Rosa
CC-2006-774
2
Arredondo Pérez (en adelante, las señoras Arredondo Pérez)
contrataron los servicios de los corredores de bienes raíces,
Pinnacle Real Estate Group (en adelante, Pinnacle) para la
venta de un bien inmueble perteneciente a ellas, sito en
Miramar.
Seis
suscribieron
meses
un
después,
contrato
las
de
señoras
compraventa
Arredondo
Pérez
por
precio
el
convenido de $550,000 con los peticionarios, la Sra. Vivian
Amieiro
González
y
su
esposo,
el
Sr.
Natalio
Izquierdo
Encarnación (en adelante, el matrimonio Izquierdo-Amieiro).
En vista de que el matrimonio Izquierdo-Amieiro deseaba
demoler
la
estructura
y
construir
una
nueva
edificación,
acudió ante la Administración de Reglamentos y Permisos (en
adelante,
A.R.P.E.)
correspondientes.
para
obtener
permisos
Como parte del proceso de demolición de la
estructura,
A.R.P.E.
le
requirió
Amieiro
estudio
de
materiales
un
los
al
matrimonio
Izquierdo-
tóxicos.
Para
esta
encomienda, los peticionarios contrataron al Arquitecto César
A. Santos, quien tras realizar dicho estudio determinó que la
estructura estaba contaminada con asbesto y pintura con base
de plomo.
pagó
En vista de ello, el matrimonio Izquierdo-Amieiro
$5,000
remoción
de
por
el
referido
los
materiales
estudio
y
$112,000
tóxicos
a
la
por
compañía
la
SAQ
Environmental Engineers, Inc.
A raíz de estos hechos, el 10 de octubre de 2003, el
matrimonio
Izquierdo-Amieiro
entabló
una
querella
ante
el
Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante, DACO)
contra Pinnacle, al amparo de la Ley para Reglamentar el
Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor
CC-2006-774
o
3
Empresas
de
Bienes
Raíces,
(en
adelante,
Ley
para
Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces), Ley Núm. 10 de 26
de
abril
de
1994,
Izquierdo-Amieiro
Pinnacle
no
le
En
supra.
esencia,
arguyó
que
antes
de
informó
sobre
la
posible
el
la
matrimonio
compraventa,
existencia
de
materiales tóxicos en el inmueble, impidiéndole así tomar una
decisión
informada.
Por
ello,
el
matrimonio
Izquierdo-
Amieiro le reclamó a Pinnacle una indemnización, ascendente a
$117,000, para recobrar los gastos incurridos en el estudio y
remoción de los materiales tóxicos.
Oportunamente, Pinnacle compareció ante DACO y solicitó
que se incluyera como parte indispensable a las vendedoras,
las señoras Arredondo Pérez.
En vista de ello, DACO le
ordenó al matrimonio Izquierdo-Amieiro enmendar la querella
para incluir a las vendedoras.
orden,
los
peticionarios
En cumplimiento con dicha
enmendaron
la
querella
y
le
notificaron a las señoras Arredondo Pérez mediante facsímil.
Así las cosas, las señoras Arredondo Pérez comparecieron ante
DACO y sostuvieron que la agencia no tenía jurisdicción sobre
ellas en virtud de la Ley para Reglamentar el Negocio de
Bienes Raíces, supra, toda vez que dicha ley excluye de su
aplicación a las personas que no se dedican habitualmente a
la venta de bienes raíces.
Celebrada la vista administrativa, DACO concluyó que las
señoras
Arredondo
responsables
y
les
Pérez
y
ordenó
Pinnacle
pagar
eran
$117,000
solidariamente
al
matrimonio
Izquierdo-Amieiro por los gastos incurridos en el estudio y
remoción de los contaminantes.
Fundamentó su determinación
CC-2006-774
en
que
4
el
Artículo
6(d)
de
la
Ley
Orgánica
de
DACO,
3
L.P.R.A. sec. 341e(d), que le concede la facultad de vindicar
los derechos de los consumidores en todas las leyes vigentes,
le permite adjudicar controversias al amparo de la Ley para
la Reducción de los Riesgos Provocados por la
Pintura a Base
de Plomo en Viviendas Residenciales, “Residencial Lead-Based
Paint Hazard Act”, 48 U.S.C. 4851 et seq.
La agencia razonó,
además, que dicho estatuto federal exige que, antes de la
compraventa,
el
vendedor
y
el
corredor
de
bienes
raíces
divulguen al comprador su conocimiento sobre la existencia de
pintura con base de plomo en estructuras construidas antes de
1978.
Inconformes con la Resolución de DACO, todas las partes
presentaron sus respectivas mociones de reconsideración. Cabe
señalar
que
en
su
moción
de
reconsideración
las
señoras
Arredondo Pérez levantaron por primera vez la defensa de
falta de jurisdicción sobre la persona.
Alegaron que no son
residentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que
DACO
actuó
ultra
vires
al
asumir
jurisdicción
acogió
las
mociones
de
luego
de
prorrogar
el
sobre
su
persona.
La
agencia
presentadas,
y
reconsideración
término
para
considerarlas, modificó la resolución emitida a los efectos
de que Pinnacle y las señoras Arredondo Pérez satisficieran
la
indemnización
determinó
que
mancomunadamente.
Pinnacle
sólo
Específicamente,
respondería
por
una
DACO
suma
porcentual igual a la que recibió en carácter de comisión por
los servicios prestados, mientras que las señoras Arredondo
CC-2006-774
5
Pérez asumirían el pago del monto restante.
Respecto al
señalamiento
la
de
falta
de
jurisdicción
sobre
persona
alegado por las señoras Arredondo Pérez, DACO lo descartó por
entender que existían contactos mínimos.
Insatisfechas,
las
señoras
Arredondo
Pérez
acudieron
ante el Tribunal de Apelaciones y adujeron que la agencia
erró
al
adjudicar
la
querella
al
amparo
de
la
Ley
para
Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, supra, ya que a su
entender dicho estatuto no les aplica toda vez que ellas no
son vendedoras de bienes raíces.
Cuestionaron, además, la
facultad de DACO para aplicar e interpretar la Ley para la
Reducción de los Riesgos Provocados por la Pintura a Base de
Plomo en Viviendas Residenciales, supra.
señoras
Arredondo
Pérez
arguyeron
Por último, las
nuevamente
que
DACO
no
podía asumir jurisdicción sobre sus personas ya que ellas
eran residentes del estado de la Florida.
Luego de los trámites de rigor, el foro apelativo revocó
la determinación de DACO y concluyó que la agencia no tenía
jurisdicción sobre las señoras Arredondo Pérez, toda vez que
la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, supra,
excluye de su aplicación a los vendedores que no se dedican
habitualmente a la venta de bienes raíces.
Estimó, además,
que DACO excedió su discreción al asumir jurisdicción sobre
las
señoras
matrimonio
Arredondo
Pérez
Izquierdo-Amieiro
ya
no
que
entre
existía
una
éstas
y
el
relación
de
consumidor y proveedor de servicios, según definida en la ley
habilitadora
apelativo
de
la
agencia.
añadió
que
DACO
no
Por
es
un
último,
el
foro
jurisdicción
de
tribunal
CC-2006-774
6
general y que no puede asumir jurisdicción sobre las señoras
Arredondo Pérez en virtud de la Ley para la Reducción de los
Riesgos
Provocados
por
la
Pintura
a
Base
de
Plomo
en
que,
al
Viviendas Residenciales, supra.
Por
amparo
otra
de
parte,
la
Ley
el
para
foro
apelativo
Reglamentar
el
concluyó
Negocio
de
Bienes
Raíces, supra, DACO puede resolver la querella presentada en
contra
de
federal.
Pinnacle
y
A
señaló
su
vez,
aplicarle
que
el
el
mencionado
matrimonio
estatuto
Izquierdo-
Amieiro podía incoar una acción contra las señoras Arredondo
Pérez en el foro judicial federal, en el Tribunal de Primera
Instancia
o
en
las
agencias
federales
Environmental
Protection
Agency
y
Department
of
Housing
con
el
dictamen,
el
matrimonio
ante
nos
mediante
recurso
and
Urban
Development.
Inconforme
Amieiro
acude
de
Izquierdo-
certiorari
y
arguye que erró el foro apelativo al resolver que DACO no
ostentaba jurisdicción sobre las vendedoras al amparo de la
Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, supra, ni
en
virtud
de
la
Ley
para
Provocados
por
la
Pintura
la
a
Reducción
Base
de
de
Plomo
los
en
Riesgos
Viviendas
Residenciales, supra.
Examinada la solicitud presentada, acordamos expedir.
Le concedimos a las señoras Arredondo Pérez y a Pinnacle un
término
para
compareció.
matrimonio
presentar
Con
el
sus
alegatos,
beneficio
Izquierdo-Amieiro
Pérez, procedemos a resolver.
y
mas
este
último
de
la
comparecencia
de
las
señoras
no
del
Arredondo
CC-2006-774
7
II
A
Sabido es que en nuestro ordenamiento jurídico la ley es
el medio o fuente que establece los límites del poder y de
las facultades de las agencias administrativas. Véase Caribe
Communications v. P.R.T.C., 157 D.P.R. 203, 211 (2002).
La
ley habilitadora es el mecanismo legal que le delega a la
agencia los poderes necesarios para actuar de conformidad con
el propósito legislativo. Id.
En virtud de ello, una agencia
administrativa sólo puede llevar a cabo las funciones que se
le han encomendado legislativamente y aquellas que surgen de
su actividad o encomienda principal. Caribe Communications v.
P.R.T.C.,
supra,
a
la
página
213.
No
obstante,
si
la
actuación de la agencia administrativa excede los poderes
delegados por la Asamblea Legislativa, será considerada ultra
vires y, por ende, nula.
De conformidad con lo anterior, hemos expresado que “una
agencia
administrativa
no
puede
asumir
jurisdicción
sobre
situación alguna que no esté autorizada por ley; es decir, ni
la
necesidad,
ni
la
utilidad,
ni
la
conveniencia
pueden
sustituir al estatuto en cuanto a fuente de poder de una
agencia administrativa. Es por ello que cualquier duda en
cuanto a la existencia de dicho poder debe resolverse en
contra del ejercicio del mismo”. (Énfasis en el original).
Raimundi Meléndez v. Productora de Agregados, res. el 21 de
junio de 2004, 2004 TSPR 106.
La controversia que nos ocupa requiere, precisamente,
analizar
el
alcance
y
la
extensión
del
poder
conferido
CC-2006-774
8
legislativamente
a
DACO,
con
el
fin
de
determinar
autoridad sobre las señoras Arredondo Pérez.
su
Para ello, es
preciso repasar algunas disposiciones de su ley habilitadora.
B
El Departamento de Asuntos del Consumidor fue creado con
el fin primordial de vindicar e implementar los derechos del
consumidor. 3 L.P.R.A sec. 341B. En sintonía con lo anterior,
la ley habilitadora de DACO le confirió a su Secretario la
facultad
de
querellas
atender,
presentadas
investigar
y
resolver
las
quejas
y
por
consumidores
de
bienes
y
los
servicios adquiridos o recibidos en el sector privado de la
economía.
3
L.P.R.A.
sec.
341e(c).
En
aras
de
vindicar
eficazmente los derechos de los consumidores, DACO posee una
estructura
amplios
de
adjudicación
poderes
para
administrativa
adjudicar
las
con
plenos
y
querellas
ante
su
consideración, y conceder los remedios pertinentes conforme a
derecho. 3 L.P.R.A. sec. 341e(d).
Ahora bien, para adjudicar eficientemente los derechos
de
los
consumidores,
es
preciso
que
el
procedimiento
administrativo sea flexible, ágil, rápido, y libre de las
trabas
procesales
de
los
tribunales
de
justicia.
Véase
Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 717, 720 (1961).
A
tenor con esta normativa, hemos expresado que “[l]a inclusión
de
un
tercero
en
el
proceso
administrativo
sin
que
el
querellante o la agencia lo estime necesario o conveniente,
complica
y
retarda
innecesariamente
el
procedimiento,
en
contravención a la filosofía adjudicatoria que informa los
procesos administrativos.
Desde luego, la inclusión de un
CC-2006-774
9
tercero sería mandatoria si su exclusión le privase de su día
en corte.” Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 834, 841
(1978).
Conforme a lo anterior, no cabe duda que la inclusión de
un
tercero
en
el
proceso
administrativo
debe
ponderarse
cuidadosamente a los fines de evitar que la demora perjudique
al
consumidor
y
dé
al
traste
con
caracteriza dichos procedimientos.
la
flexibilidad
que
La responsabilidad que
pueda tener el tercero que se interesa incluir frente al
querellado o ante el querellante puede dilucidarse mediante
litigación ordinaria. Véase Pérez Ríos v. Hull Dobbs, supra.
De esta manera, se evita la dilación en los procedimientos
administrativos y se le garantiza al consumidor un proceso
rápido
y
sencillo,
y
la
pronta
solución
de
la
querella
presentada ante DACO.
Para el análisis de la controversia ante nos, es preciso
recalcar
que
comprende
las
consumidores.
silencio
el
sobre
entramado
causas
de
administrativo
acción
de
DACO
sólo
presentadas
por
los
A pesar de que la ley orgánica de DACO guarda
quién
es
un
consumidor,
el
Reglamento
de
Procedimientos Adjudicativos de DACO lo define como “toda
persona natural, que adquiere o utiliza productos o servicios
como
destinatario
asociación
o
final.
entidad
que
Incluye
por
toda
designación
otra
de
persona,
ley
está
facultado para presentar su reclamación en el Departamento.”
(Énfasis suplido). Regla 4(d) del Reglamento Núm. 6219 de 18
de
noviembre
de
2000.
Asimismo,
la
citada
disposición
excluye de la definición de consumidor a cualquier persona o
CC-2006-774
entidad
10
que
adquiere
bienes
o
servicios
con
motivo
de
lucrarse en una posterior reventa. Id.
De lo anterior se desprende que la jurisdicción de DACO
depende,
esencialmente,
del
reclamo
de
un
consumidor
en
oposición a una persona o entidad que provee productos o
servicios.
Cónsono con ello, hemos resuelto que DACO carece
de jurisdicción para entender en una querella presentada por
una
parte
que
no
pueda
calificarse
como
un
consumidor.
Martínez Segarra v. Rosado Santoni, res. el 14 de septiembre
de 2005, 2005 TSPR 127.
A su vez, de lo anterior se colige
que la debida adjudicación de las querellas presentadas ante
el DACO supone una limitación razonable a la inclusión de
terceras personas ajenas al procedimiento, en la medida que
ello pueda desvirtuar el propósito legislativo de conferirle
a los consumidores un foro ágil, flexible y eficaz.
C
Ahora
bien,
la
Asamblea
Legislativa
le
ha
conferido
autoridad a DACO para regular y atender asuntos específicos
en los que, claro está, hay consumidores envueltos.
efectos,
la
Asamblea
Legislativa
aprobó
la
A tales
Ley
para
Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de
Corredor,
Vendedor
mediante
la
cual
o
Empresas
agrupó
todas
de
las
Bienes
Raíces,
supra,
disposiciones
legales
relativas al negocio de bienes raíces y dispuso un nuevo y
más
estricto
cuerpo
reglamentario
con
el
propósito
de
beneficiar a los consumidores, vendedores y corredores de
bienes raíces. Vélez López v. Izquierdo Stella, res. el 7 de
junio de 2004, 2004 TSPR 92.
CC-2006-774
La
11
referida
pieza
legislativa
facultó
a
DACO
para
supervisar tanto el negocio de bienes raíces en Puerto Rico
como la venta en Puerto Rico de bienes ubicados fuera de esta
jurisdicción.
20
L.P.R.A
sec.
3046.
Específicamente,
le
concedió a DACO la facultad de realizar investigaciones y
adjudicar
querellas
transacciones
de
propiedades
Puerto
al
incurrir
en
cualquiera de los actos o prácticas proscritas en la Ley.
20
localizadas
en
o
sobre
fuera
de
Rico
L.P.R.A. sec. 3046(a).
A esos efectos, la Ley para Reglamentar el Negocio de
Bienes Raíces, supra, le prohíbe a toda persona sujeta a las
disposiciones de la misma incurrir o inducir a otra persona a
incurrir en la siguiente práctica: “[n]o suministrar a las
partes, al momento de consumarse una transacción de bienes
raíces, toda la información necesaria para la misma y todos
los
documentos
que
exigen
las
leyes
y
los
reglamentos
aplicables”. (Énfasis suplido) 20 L.P.R.A. sec. 3054(a)(8).
Asimismo,
el
referido
estatuto
proscribe
“[o]cultar
deliberadamente información esencial sobre las condiciones de
una propiedad, con el ánimo de inducir a una de las partes a
concluir la transacción en unos términos que, de conocerlos,
no
hubiese
realizado
la
transacción
o
hubiese
pagado
un
precio menor”. 20 L.P.R.A. sec. 3054(a)(17).
No
obstante,
conviene
aclarar
que
la
Ley
para
Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, supra, expresamente
excluye
de
su
aplicación
a
“los
propietarios
de
bienes
inmuebles localizados en o fuera de Puerto Rico que vendan o
enajenen
bienes
inmuebles
propios
cuando
no
se
dediquen
CC-2006-774
12
habitualmente
a
la
venta
de
bienes
(Énfasis
raíces”.
suplido). 20 L.P.R.A. sec. 3056(e).
La medida legislativa en
cuestión
el
define
propietario
como
titular
de
un
bien
inmueble localizado en o fuera de Puerto Rico que solicite o
contrate los servicios de un corredor, vendedor o empresa de
bienes raíces para llevar a cabo una transacción de bienes
raíces relacionada con dicho inmueble.
20 L.P.R.A. sec.
3025(r).
Con
estos
preceptos
en
mente,
y
a
la
luz
de
los
enunciados esbozados sobre el alcance de las facultades de
las
agencias
ostenta
administrativas,
jurisdicción
sobre
la
debemos
resolver
persona
de
las
si
DACO
vendedoras,
señoras Arredondo Pérez, al amparo de la Ley para Reglamentar
el Negocio de Bienes Raíces, supra.
III
En el caso de autos, el matrimonio Izquierdo-Amieiro
presentó ante DACO una querella contra la empresa de bienes
raíces Pinnacle a la luz de lo dispuesto en la Ley para
Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, supra.
Ésta, a su
vez, solicitó que se incluyera como parte indispensable a las
señoras Arredondo Pérez. DACO acogió el recurso y le ordenó
al
matrimonio
presentada
para
Izquierdo-Amieiro
incluir
como
enmendar
parte
la
querella
indispensable
a
las
señoras Arredondo Pérez. No obstante, éstas alegaron -y hoy
sostienen ante nos- que
DACO no tenía jurisdicción sobre
ellas en virtud de dicha legislación. Les asiste la razón.
Conforme surge de la normativa antes expuesta, la Ley
para
Reglamentar
el
Negocio
de
Bienes
Raíces,
supra,
le
CC-2006-774
otorga
13
jurisdicción
a
DACO
para
atender
querellas
contra
corredores, vendedores y empresas de bienes raíces cuando
éstos incurren en alguna de las prácticas proscritas por el
estatuto.
El propio estatuto dispone expresamente que sus
disposiciones no le aplicarán a los propietarios que no se
dedican habitualmente al negocio de bienes raíces.
En el presente caso, no surge del expediente que las
señoras Arredondo Pérez se dedicaran al negocio de bienes
raíces.
las
Por el contrario, es un hecho incontrovertido que
señoras
Arredondo
Pérez
contrataron
Pinnacle para la venta de su propiedad.
celebrada
ningún
ante
DACO,
el
matrimonio
momento
alegó
que
las
hechos
del
caso
de
autos
Izquierdo-Amieiro
señoras
se
servicios
de
Además, en la vista
dedicaban al negocio de bienes raíces.
los
los
Arredondo
Pérez
en
se
Por consiguiente, de
desprende
con
meridiana
claridad que las señoras Arredondo Pérez son propietarias de
un bien inmueble sito en Puerto Rico y que no se dedican
habitualmente al negocio de bienes raíces.
Conforme
a
lo
anterior,
al
DACO
asumir
jurisdicción
sobre las señoras Arredondo Pérez en virtud de la Ley para
Reglamentar
el
Negocio
de
Bienes
Raíces
jurisdicción que evidentemente no ostentaba.
se
arrogó
una
DACO no tenía
discreción para asumir jurisdicción sobre las recurridas en
virtud
de
la
Ley
para
Reglamentar
el
Negocio
de
Bienes
Raíces, supra, cuando dicho estatuto excluye de su aplicación
a los propietarios que no se dedican a la venta de bienes
raíces.
Claramente, no se puede incluir en la ley, por vía
de interpretación, lo que no está dispuesto en la misma.
CC-2006-774
14
A su vez, no cabe duda que DACO estaba impedido de
acoger la solicitud de Pinnacle para incluir en la querella a
las señoras Arredondo Pérez como parte indispensable.
Nótese
que
por
Pinnacle
no
es
un
consumidor
según
definido
el
Reglamento del DACO, supra, sino un comerciante que no puede
aprovechar
la
estructura
vindicar
sus
derechos.
Santoni,
supra.
En
administrativa
Véase
aras
Martínez
de mantener
del
DACO
para
Segarra
v.
Rosado
la
efectividad
del
procedimiento administrativo ante DACO, no podemos avalar que
el mismo se utilice para atender reclamaciones que muy bien
pueden ser resueltas de forma ordinaria. Véase Pérez Ríos v.
Hull Dobbs, supra, donde nos expresamos a tales efectos.
Por tanto, no podemos endosar la práctica de utilizar
argumentos
de
parte
indispensable
como
subterfugio
para
obviar la jurisdicción conferida por la ley habilitadora de
la agencia.
Debemos recordar que DACO no es un foro de
jurisdicción general y que tiene que ceñirse a la autoridad
que le fue delegada por la Asamblea Legislativa.
contrario,
produciría
resultados
Resolver lo
incompatibles
con
el
propósito de la ley y con la política misma de delegación
legislativa.
Finalmente, conviene aclarar que -así como DACO no podía
acoger la solicitud de Pinnacle para incluir a las señoras
Arredondo
Pérez
como
co-querelladas
en
el
proceso
administrativo- tampoco podía asumir jurisdicción sobre las
recurridas en virtud de la Ley para la Reducción de los
Riesgos
Viviendas
Provocados
por
Residenciales,
la
Pintura
supra.
a
Base
Ciertamente,
de
el
Plomo
en
referido
CC-2006-774
estatuto
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federal
contiene
disposiciones
aplicables
a
los
propietarios de una propiedad cuando éstos pretenden venderla
o alquilarla, aun cuando haya mediado la intervención de un
corredor de bienes raíces. Véase 42 U.S.C. sec. 4852d.
obstante,
eso
no
significa
que
DACO
esté
facultado
No
para
asumir jurisdicción sobre esas personas aunque no se cumplan
los criterios y requisitos necesarios para ello.
Téngase
presente que la jurisdicción de DACO está delimitada por su
ley habilitadora y por otras leyes mediante las cuales el
legislador
delegó
en
ella
facultades
reglamentarias y adjudicativas.
investigativas,
Conforme a esas facultades
delegadas, DACO no podía acceder a la solicitud de Pinnacle
de incluir a las señoras Arredondo Pérez como co-querelladas,
toda vez que éste no se considera un consumidor en relación a
las señoras Arredondo Pérez.
Si
bien
reconocemos
que
existe
una
amplia
gama
de
asuntos que pueden ser llevados ante la consideración de
DACO, todos ellos se enmarcan dentro de los poderes delegados
y
se
relacionan
directamente
con
el
fin
que
motivó
su
creación: la vindicación e implementación de los derechos de
los consumidores.
Por tanto, el mero hecho de que la ley
federal contenga disposiciones dirigidas a propietarios que
no se dediquen habitualmente al negocio de bienes raíces, no
implica que DACO pueda asumir jurisdicción sobre ellos cuando
dicha actuación produciría un resultado contrario a su ley
habilitadora.
Es decir, independientemente de que la agencia
pueda
las
aplicar
disposiciones
del
estatuto
federal
con
respecto a personas sobre las cuales posee jurisdicción –
CC-2006-774
16
aspecto que no ha sido cuestionado por la parte peticionariaresulta evidente que dicha ley no representa una alteración a
las
funciones
jurisdicción
de
DACO
ni
tiene
que
le
fue
el
efecto
concedida
de
por
la
ampliar
la
Asamblea
Legislativa.
A
la
luz
correctamente
excedió
su
el
de
lo
foro
discreción
anterior,
concluimos
que
actuó
apelativo
al
determinar
que
DACO
al
jurisdicción
sobre
las
confirmamos
la
asumir
señoras Arredondo Pérez.
IV
Por
los
fundamentos
que
anteceden,
sentencia del Tribunal de Apelaciones.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Vivian Amieiro González,
et al.
Querellantes-Peticionarios
vs.
CC-2006-774
Certiorari
Pinnacle Real Estate Group,
PSC, H/N/C Home Team
Querellada-Recurrida
María del C. Arredondo Pérez y
María Rosa Arredondo Pérez
Querelladas-Recurridas
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2008.
Por los fundamentos expuestos en la
Opinión que antecede, la cual se hace formar
parte íntegra de la presente, se confirma la
sentencia del Tribunal de Apelaciones.
Así lo pronuncia y manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Asociado señor Rivera Pérez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo