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Tribunal Supremo de Puerto Rico

José Miguel Mestres Dosal v. María del Carmen Dosal Escandón, et als.

2008 TSPR 20

Poder Judicial de Puerto Rico

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José Miguel Mestres Dosal v. María del Carmen Dosal Escandón, et als.

CC-2006-0814

Derecho Laboral – Reclamación de discrimen por edad bajo la Ley 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada · 7 febrero 2008

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Miguel Mestres Dosal

Certiorari

Peticionario

2008 TSPR 20

vs.

173 DPR ____

María del Carmen Dosal Escandón,

et als.

Recurridos

Número del Caso: CC-2006-814

Fecha: 7 de febrero de 2008

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Arecibo -Panel VII

Juez Ponente:

Hon. Gretchen Coll Martí

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Ángel M. Bonnet Rosario

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Héctor A. Cortés Babilonia

Lcdo. Héctor Santos Ortiz

Materia: Despido Injustificado

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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Miguel Mestres Dosal

Peticionario

v.

María del Carmen Dosal,

Escandón, et als,

CC-2006-814

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero 2008

En esta ocasión nos corresponde determinar si en

una

reclamación

de

discrimen

por

razón

de

edad

instada bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959,

según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 146-151, (Ley Núm.

100) un reclamante despedido luego de haber cumplido

los 65 años, puede recuperar una partida en concepto

de

daños

por

ingresos

dejados

de

percibir.

Resolvemos en la afirmativa.

I.

El señor José Miguel Mestres Dosal presentó una

querella sobre despido ilegal contra María del Carmen

Dosal

Escandón,

Clínico

Román,

su

y

madre,

contra

el

contra

señor

el

Laboratorio

Rafael

Mestres

3

CC-2006-814

Dosal,

su

hermano.

La

querella

se

presentó

bajo

el

procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de

1961, 32 L.P.R.A. secs. 3118-3132.

En la misma, Mestres

Dosal señaló que desde el 1ero de julio de 1995 laboraba bajo

un contrato de trabajo sin término fijo en el Laboratorio

Clínico

Román,

el

cual

pertenecía

administrado por su hermano.

a

su

madre

y

era

Alegó, que al cumplir la edad

de sesenta y cinco (65) años, su hermano Rafael le indicó que

tenía que retirarse del trabajo y acogerse a los beneficios

del Seguro Social.

fue

despedido

el

Tras su renuencia a acogerse al retiro,

31

de

julio

de

2003.

A

la

fecha

del

despido, Mestres Dosal tenía 65 años de edad.

Basado en los hechos reseñados, el querellante arguyó en

la

querella

que

fue

objeto

de

contravención a la Ley Núm. 100.

discrimen

por

edad

en

Solicitó como remedio la

reposición en el empleo y el pago del doble de los salarios

dejados de recibir hasta el momento en que se le repusiera en

el empleo.

Reclamó también el pago de unas sumas por daños

morales, vacaciones y por no disfrutar del periodo para tomar

alimentos.

Luego

de

contestar

la

querella,

la

parte

querellada

presentó una moción de desestimación en la que alegó, entre

otras cosas, que la reclamación debía ser desestimada por

contravenir la doctrina de inmunidad familiar.

Se alegó

también que la querella era inmeritoria pues el querellante

había solicitado y obtenido los beneficios del Seguro Social.

Por último, se adujo que los hechos ocurrieron luego de que

4

CC-2006-814

el querellante cumpliera sesenta y cinco (65) años de edad,

cuando éste ya había excedido la expectativa de vida útil por

lo

que

su

percibir

reclamo

era

sobre

el

improcedente.

pago

de

salarios

El

querellante

dejados

de

presentó

la

correspondiente oposición.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia declaró

sin

lugar

la

solicitud

la

parte

querellada y convirtió el proceso en uno ordinario.

Los

querellados

de

entonces

de

desestimación

presentaron

de

una

moción

reconsideración en la que alegaron que según Odriozola v. S.

Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485 (1985), el empleado

despedido

discriminatoriamente

tiene

derecho

a

que

se

le

compensen los ingresos que pudiera devengar hasta los sesenta

y cinco (65) años por ser ésta la edad de retiro.

Siendo

así, el querellante, de prevalecer, sólo tendría derecho al

remedio en daños mas no al pago de salarios prospectivos o

retroactivos por haber rebasado la edad de 65 años.

En su oposición, el querellante adujo que los hechos que

dieron lugar a Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., supra,

ocurrieron cuando la Ley Núm. 100 establecía un límite de

protección

hasta

los

sesenta

y

cinco

límite que fue eliminado de la ley.

(65)

años

de

edad,

En vista de lo cual, la

doctrina de Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., supra, no

aplicaba al caso de autos.

El tribunal de instancia acogió el planteamiento de los

querellados y declaró con lugar la moción de reconsideración.

Con este proceder, limitó la compensación a la cual podría

5

CC-2006-814

tener derecho el querellante, al excluir el pago de salarios

dejados de percibir como daño resarcible.

Inconforme con

dicha determinación, el querellante acudió ante el Tribunal

de Apelaciones.

El

foro

apelativo,

mediante

expedir el auto de certiorari.

resolución,

se

negó

a

Explicó en su denegatoria

que, aun cuando no existe límite a la edad protegida por la

Ley Núm. 100, en la generalidad de los casos resueltos a

excepción

de

Suro

v.

E.L.A.,

111

D.P.R.

456

(1981),

la

expectativa de vida útil de una persona ha sido estimada en

los sesenta y cinco años.

Concluyó que según Odriozola v. S.

Cosmetic Dist. Corp., supra, un querellante no podía reclamar

lucro cesante pretérito (“back pay”), ni lucro cesante futuro

(“front pay”), a partir de la fecha en que cumplió la edad de

sesenta y cinco años, así como tampoco tendría derecho a la

reposición en el empleo.

Concluyó entonces que no había

errado el foro primario en su determinación.

Inconforme

aún,

el

señor

Mestres

Dosal

nosotros mediante un recurso de certiorari.

acudió

ante

Luego de que la

parte recurrida presentara su oposición, el 1 de diciembre de

2006 expedimos el auto.

Ambas partes han comparecido por lo

que pasamos a resolver.

II.

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 100, para

ofrecer

una

eficaz

protección

a

los

trabajadores

contra

diversos tipos de discrimen en el ámbito laboral.

Suárez

Ruiz v. Figueroa Colón, 145 D.P.R. 142, 145 (1998); Díaz v.

6

CC-2006-814

Windham Hotel Corp., 155 D.P.R. 364, 381 (2001).

El estatuto

prohíbe que un patrono despida, suspenda o discrimine contra

un empleado por razón de edad, raza, color, sexo, origen

social o nacional, condición social, afiliación política, o

ideas políticas o religiosas, o por ser víctima de violencia

doméstica, agresión sexual o acecho.

Su propósito no es otro

que la erradicación de las prácticas discriminatorias en el

empleo propiciando así mayor igualdad de oportunidades en el

empleo.

Mediante esta legislación, junto a otras de igual

naturaleza,

la

Asamblea

Legislativa

concretizó

el

mandato

constitucional de esencial igualdad humana en el contexto

obrero patronal.

La

ley

impone

responsabilidad

civil

al

patrono

que

incurra en conducta discriminatoria por una suma igual al

doble

de

empleado.1

1

los

daños

que

el

acto

discriminatorio

cause

al

El estatuto no establece limitación alguna en

A esos efectos, la Ley Núm. 100 dispone:

Todo

patrono

que

despida,

suspenda

o

discrimine contra un empleado suyo en relación a su

sueldo, salario, jornal o compensación, términos,

categorías,

condiciones

o

privilegios

de

su

trabajo, o que deje de emplear o rehúse emplear o

reemplear a una persona, o limite o clasifique sus

empleados en cualquier forma que tienda a privar a

una persona de oportunidades de empleo o que

afecten su status de empleado, por razón de edad,

según ésta se define más adelante, raza, color,

sexo, origen social o nacional, condición social,

afiliación

política,

o

ideas

políticas

o

religiosas, o por ser víctima o ser percibida como

víctima de violencia doméstica, agresión sexual o

acecho del empleado o solicitante de empleo:

(a) Incurrirá en responsabilidad civil:

(1) Por una suma igual al doble del importe de

los daños que el acto haya causado al empleado o

solicitante de empleo;

7

CC-2006-814

cuanto al tipo de daño que ha de resarcirse, por lo que el

empleado tiene derecho a que se le compensen tanto los daños

emocionales como los económicos, incluyendo una partida por

la pérdida de ingresos.

García Pagán v. Shiley Caribbean,

etc., 122 D.P.R. 193, 212 (1988); Berríos v. González et al.,

151 D.P.R. 327, 342 (2000).

La

Ley

Núm.

100

reconoce

el

derecho

del

empleado

discriminado a la reposición en el empleo en aquellos casos

que

se

estime

apropiado.

Así,

hemos

señalado

que

la

reposición en el empleo es “el remedio preferente en casos de

despido por discrimen”.

López Vicil v. ITT Intermedia, Inc.,

142 D.P.R. 857, 866 (1997); S.L.G. Afanador v. Roger Electric

Co., Inc., 156 D.P.R. 651, 668 (2002).

Por esta razón,

siempre que sea posible, el empleado debe ser reinstalado en

su trabajo.

Este es el remedio más completo, aún cuado no

siempre sea posible.

S.L.G. Afanador, supra, pág. 669.

_______________________

(2) o por una suma no menor de quinientos

dólares ($500) ni mayor de dos mil dólares

($2,000), a discreción del tribunal, si no se

pudieren determinar daños pecuniarios;

(3) o el doble de la cantidad de los daños

ocasionados si ésta fuere inferior a la suma de

quinientos dólares ($500), y;

(b) incurrirá, además, en un delito menos grave y,

convicto que fuere, será castigado con multa no

menor de cien dólares ($500) ni mayor de dos mil

dólares ($2,000), o cárcel por un término no menor

de seis, o ambas penas, a discreción del tribunal.

….

El tribunal en la sentencia que dicte en

acciones civiles interpuestas bajo las precedentes

disposiciones podrá ordenar al patrono que reponga

en su empleo al trabajador y que cese y desista del

acto de que se trate.

Artículo 1 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según

enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 146.

8

CC-2006-814

Por

otro

dependerá,

en

lado,

la

compensación

gran

medida,

de

si

por

el

daños

empleado

económicos

puede

ser

reinstalado a su trabajo.

En tal rigor, cuando proceda la

reposición

la

en

el

empleo,

compensación

en

concepto

de

salarios dejados de recibir se limita a los salarios que

hubiese recibido el empleado desde su despido hasta dictada

sentencia.

Por el contrario, cuando la reposición no sea

posible, el empleado podría ser acreedor a una compensación

adicional en concepto de daños por la pérdida de ingresos

futuros.

López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra, pág.

866-867; S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., supra,

págs. 668-669.

Fijados los contornos generales de la Ley Núm. 100,

pasemos a analizar en mayor detenimiento la controversia que

hoy nos ocupa.

III.

A.

La controversia ante nuestra consideración versa sobre

el remedio al que tiene derecho un empleado mayor de sesenta

y cinco años que ha sido despedido a causa de discrimen por

razón de edad.

Con el propósito de dilucidar la naturaleza

de los remedios disponibles para un querellante bajo estas

circunstancias, debemos comenzar examinando detenidamente las

enmiendas que ha sufrido la Ley Núm. 100 desde su aprobación,

relacionadas con la edad de las personas protegidas por el

estatuto.

9

CC-2006-814

Esta tarea la emprendemos con el entendimiento de que en

las reclamaciones de discrimen en el empleo, debemos tomar en

consideración los valores sociales y económicos que subyacen

la legislación laboral, que no son otros sino la protección

de la clase trabajadora.

De esta forma, procuramos aquella

interpretación que sea más favorable para el empleado víctima

de

discrimen.

Ello

sin

menospreciar,

claro

está,

los

intereses y prerrogativas patronales que el sistema económico

les reconoce a estos últimos.

B.

Inicialmente, la Ley 100 prohibía el discrimen por razón

de “edad avanzada” y definía “edad avanzada” como la edad

comprendida entre los treinta (30) y sesenta y cinco (65)

años.

Artículos 1 y 6 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de

1959, 1959 Leyes de Puerto Rico, págs. 301 y 303.

Con la

aprobación de la Ley Núm. 37 de 7 de junio de 1977, se

enmendó el estatuto para prohibir el discrimen por edad en

cualquier contexto, no sólo por razón de edad avanzada.

SLG

Hernández Beltrán v. TOLIC, 151 D.P.R. 754, 774 (2000).

A

esos fines, se sustituyó la edad mínima protegida de treinta

y cinco (35) años por “la edad mínima en que legalmente se

permita trabajar a los menores”.

Ley Núm. 37 de 7 de junio

de 1977, 1977 Leyes de Puerto Rico, pág. 88.

No obstante, el

máximo de la edad protegida se mantuvo en sesenta y cinco

(65) años.

En el 1983 se enmendó la Ley Núm. 100 nuevamente para

aumentar el máximo de la edad protegida de sesenta y cinco

10

CC-2006-814

(65) años a setenta (70) años.

Ley Núm. 67 de 3 de junio de

1983,

Rico,

1983

Leyes

de

Puerto

págs.

150-154.

La

exposición de motivos de esta ley nos permite concluir que

fueron dos las motivaciones que animaron al legislador.

Por

un

de

lado,

el

reconocimiento

discriminación

de

de

que

trabajadores

de

el

más

problema

edad

se

iba

acrecentando con el transcurso del tiempo y que cada vez eran

más las reclamaciones de este tipo.

Las empresas, haciéndose

eco de una cultura que sublima los valores y la estética de

la juventud, sistemáticamente, contrataban, promocionaban y

beneficiaban a sus empleados más jóvenes en perjuicio de los

de

mayor

edad.

Además,

con

la

enmienda,

se

pretendió

atemperar nuestra legislación a las disposiciones del “Age

Discrimination in Employment Act” (ADEA), 29 U.S.C.A. secs.

621-634, contraparte de la Ley Núm. 100 en el ámbito federal.

En

ese

momento,

protección

los

la

ADEA

setenta

establecía

(70)

años.

como

edad

límite

Actualmente,

la

de

ADEA

protege a personas mayores de (40) años de edad, sin tope

alguno.2

Finalmente,

en

1990

la

Ley

Núm.

100

fue

objeto

de

enmienda, esta vez para eliminar el tope de setenta (70) años

de la edad protegida.

Ley Núm. 32 de 8 de diciembre de 1990,

1990 Leyes de Puerto Rico, pág. 1524.

Así, actualmente, el

Artículo 6 de la Ley Núm. 100, 29 L.P.R.A. sec. 151, define

2

“The prohibitions in this Act shall be limited to

individuals who are at least 40 years of age.”

Age

Discrimination in Employment Act, sec. 12 (a), 29 U.S.C. sec.

631 (a).

11

CC-2006-814

edad

como

“cualquier

edad

desde

la

edad

mínima

en

que

legalmente se permita trabajar a los menores, de acuerdo con

la ocupación o industria de que se trate, sin límite alguno”.

Díaz v. Windham Hotel Corp., supra, pág. 380.

Con este cambio en la ley se pretendió ofrecer la más

amplia

protección

al

trabajador,

eliminando

artificial de edad máxima de protección.

la

barrera

Ello propicia el

empleo de las personas de más edad utilizando como criterio

las destrezas y capacidades del trabajador y no su edad.

otra

parte,

con

este

cambio

se

superan

las

De

nociones

estereotipadas sobre el efecto que tiene, o puede tener, el

proceso de madurez sobre las capacidades de un trabajador

para despeñar adecuadamente las funciones de su trabajo.3

Este cambio de enfoque es reflejo del reconocimiento de que,

de

ordinario,

la

edad

de

las

personas

no

es

un

factor

decisivo para determinar si un empleado está o no cualificado

para realizar las labores de un empleo.4

Obsérvese además, que el Art. 3 de la Ley Núm. 100, 29

L.P.R.A. sec. 148, proscribe el despido de un empleado sin

justa

causa.

injustificado.”

3

“[T]odo

despido

discriminatorio

…

es

Díaz v. Windham Hotel Corp., supra, pág.

Sobre este particular véase, Craver, The Application of the

Age Discrimination in Employment Act to Persons over Seventy,

78 Geo. Wash. L. Rev. 52 (1990).

4

Advertimos sin embargo, que no obstante lo reseñado, hay

oficios o trabajos donde la edad de la persona puede

considerarse como un requisito ocupacional bona fide para el

adecuado desempeño de ese trabajo u oficio. E.g., 29 U.S.C.

sec. 623(f)(1). En estos casos, la Ley Núm. 100, no ofrece

particular protección porque el trabajador no estaría

cualificado para desempeñarse en ese empleo.

12

CC-2006-814

387; SLG Hernández Beltrán v. TOLIC, supra, págs. 775 y 778.

Por

el

contrario,

el

patrono

que

despida

a

un

empleado

mediando justa causa para ello no puede ser responsable de

discrimen bajo la Ley Núm. 100.

Díaz v. Windham Hotel Corp.,

supra, págs. 387-391; López Vicil v. ITT Intermedia, Inc.,

supra, pág. 863.

En términos generales entonces, el que una persona no

esté cualificada para realizar las labores de su empleo es

justa causa para el despido.

concluir

que

un

patrono

Con lo cual, para que se pueda

ha

incurrido

en

discrimen,

el

empleado tiene que estar “cualificado para ejercer el puesto

que ocupa”.

Díaz v. Windham Hotel Corp., supra, pág. 390.

Por lo tanto, se configura el discrimen por razón de edad

cuando el patrono despide a una persona cualificada para

realizar sus labores, por razón de su edad.

Conforme dispone la Ley Núm. 100, la edad del empleado

no es criterio de relevancia para determinar si se está o no

cualificado para un empleo.

De lo contrario, tendríamos que

concluir que el legislador arropó con el manto de protección

de la Ley Núm. 100 a un grupo de personas no cualificadas

para desempeñar las labores de su empleo.

En atención a ello

resolvemos que como resultado de la eliminación de la edad

máxima protegida establecida en la Ley Núm. 100, esta ley no

establece una edad específica hasta la cual una persona está

cualificada para trabajar.

No obstante lo anterior, los recurridos alegan que aun

cuando

el

peticionario

se

encuentra

dentro

del

grupo

de

13

CC-2006-814

personas protegidas por la Ley Núm. 100, no tiene derecho a

todos los remedios que el estatuto provee.

En específico,

sostienen que éste no tiene derecho a la reposición en el

empleo, a los salarios dejados de recibir ni a los salarios

futuros que se conceden en los casos en que la reposición en

el empleo no es posible, por haber rebasado los sesenta y

cinco (65) años de edad.

Si

como

hemos

No tienen razón.

dicho,

Ley

Núm.

100

se

enmendó

para

ampliar su marco de protección al eliminar la edad máxima

protegida en reconocimiento de que, de ordinario, la edad no

es

un

criterio

para

concluir

si

una

persona

está

o

cualificada para trabajar, no es razonable concluir que

no

ello

no obstante, esa persona cualificada para trabajar no tiene

derecho a todos los remedios que la ley le reconoce.

legislador

reconoció

trabajar,

es

disponibles.

propuesto

es

un

que

contra

Avalar

de

estas

todo

personas

sentido

están

limitarle

una

interpretación

en

punto

incompatible

y

Si el

aptas

para

los

remedios

el

sentido

contraria

al

que

una

propósito que animó la aprobación de la ley.

En

atención

a

lo

anterior,

resolvemos

en

reclamación de discrimen por edad instada bajo la Ley Núm.

100 por una persona mayor de sesenta y cinco años, probado el

discrimen, el trabajador discriminado tendrá derecho a todos

los remedios que la ley reconoce, incluyendo la reposición en

el empleo, y si ello no fuere posible, a una compensación en

concepto de daños por la pérdida de ingresos futuros.

14

CC-2006-814

Nos resta ahora atender cómo se hará el cálculo de los

ingresos dejados de percibir en estos casos.

IV.

Iniciamos

nuestra

discusión

reconociendo

que

la

determinación de una partida por concepto de paga prospectiva

conlleva,

necesariamente,

cierto

grado

de

especulación.

Esta especulación sin embargo, no es

S.L.G. Afanador, supra.

impedimento para su concesión.

En Afanador indicamos que en

esta

tarea

siguiente:

el

foro

primario

debe

tomar

“si

el

demandante

ha

mitigado

en

cuenta

daños;

si

lo

ha

aportado evidencia de que, hasta la fecha de su retiro no iba

a ser posible obtener un trabajo comparable al que tenía

previo a los actos discriminatorios; y si la fecha estimada

de retiro es una plausible.”

S.L.G. Afanador, supra, pág.

670.

Algo similar indicamos en Odriozola v. S. Cosmetic Dist.

Corp., supra, págs. 509-510, al señalar que “el empleado

despedido discriminatoriamente por edad tiene derecho a que

se le compense por ingresos futuros que pudiera devengar

hasta la edad del retiro.”

(Énfasis nuestro).

Al hacer

estas expresiones nos apoyamos en lo resuelto por el Tribunal

de

Apelaciones

de

los

Estados

Unidos

para

el

Segundo

Circuito, en Whittesey v. Union Carbite Corp., 742 F.2d 724

(2do Cir. 1984).

tenía

una

Allí se dispuso que si el demandante no

probabilidad

real

de

conseguir

otro

empleo

equiparable al que tenía procedía la compensación por la

pérdida de ingresos futuros y se concedería hasta la edad de

15

CC-2006-814

setenta (70) años, pues esa era la edad límite de protección

bajo la ADEA.5

En Whittesey, el tribunal de apelaciones federal utilizó

los siguientes criterios para considerar si procedía la paga

prospectiva:

la

probabilidad

del

empleado

despedido

de

obtener un empleo comparable, la edad máxima de protección

bajo ADEA, y la política de retiro compulsorio que pudiese

tener

la

empresa

demandada,

dispuesta para el retiro.

específicamente,

la

edad

Evaluemos estos factores a la luz

de nuestro ordenamiento jurídico actual.

5

Específicamente, en aquel caso se indicó:

Judge Leval was within his discretion in

allowing front pay for the full period from trial

until Whittlesey would reach age 70, when

compulsory retirement could be imposed without

violating the ADEA. …

In sum, we think that front pay is, in

limited circumstances, an appropriate remedy

under the ADEA. It serves a necessary role in

making victims of discrimination whole in cases

where the factfinder can reasonably predict that

the plaintiff has no reasonable prospect of

obtaining

comparable

alternative

employment.

Given the high level of Whittlesey's position at

Union Carbide and the few years remaining before

he will be outside the protection of the ADEA,

the award of front pay in this case did not

require undue speculation, either as to the

possibility of mitigation, or as to the amount he

would have made at Union Carbide had he not been

fired. To have denied him compensation for the

losses he would otherwise suffer during those

years would have been inconsistent with the act's

purposes.

It

would

have

been

particularly

inappropriate in a case like this one where the

district

court

found

the

impossibility

of

reinstatement to be the fault of the employer.

(Énfasis nuestro.)

Whittesey v. Union Carbite Corp., 742 F.2d 724, 729 (2do

Cir. 1984).

16

CC-2006-814

Como ya hemos resaltado, la Ley Núm. 100 no contiene una

edad máxima de protección por lo que dicho factor no se ha de

considerar

en

estos

factores, a saber:

casos.

Ahora

bien,

los

otros

dos

la probabilidad real de conseguir otro

empleo comparable y la existencia de una política legítima de

retiro obligatorio en la empresa, son factores a ponderar.

Entonces,

somos

compensación

por

del

criterio

que

la

pérdida

de

para

establecer

la

salarios

futuros

los

tribunales deben determinar, en primer turno, si el empleado

despedido tiene una probabilidad real de obtener otro empleo

similar y, de concluirse que no existe tal probabilidad,

procede

vislumbrar

si

la

entidad

para

la

cual

trabajaba

mantenía o no una política legítima de retiro obligatorio.

Cuando se determine que el empleado despedido no tiene

una probabilidad real de conseguir otro empleo similar y el

empleado discriminado trabajara en una entidad que mantuviera

una

política

legítima

establecida

por

momento

computar

de

ingresos futuros.

dicha

de

retiro

política

la

obligatorio,

la

edad

sería

la

determinante

al

compensación

por

la

de

pérdida

Ello así, ya que alcanzada dicha edad, el

empleado vendría obligado a retirarse.6

Nos

resta

entonces

determinar,

cómo

establecer

la

compensación por la pérdida de salarios futuros cuando no

exista una política legítima de retiro obligatorio.

La parte

recurrida sostiene que en estos casos, la edad dispuesta para

6

No estamos resolviendo en este momento lo que constituiría

una política legítima de retiro obligatorio.

17

CC-2006-814

acogerse

a

los

definitoria.

beneficios

del

Seguro

Social

No compartimos este criterio.

es

la

edad

Nos explicamos.

Primero, aceptar la posición de los recurridos tendría

el efecto de limitar la compensación de algunas personas por

razón de su edad, independientemente de si están cualificadas

o

no

para

realizar

explicamos,

dicho

las

labores

resultado

de

sería

su

empleo.

contrario

a

Como

la

clara

política pública establecida en la Ley Núm. 100 cuando se

eliminó el límite de edad de las personas protegidas por la

ley.

los

Segundo, avalar este argumento es aceptar como válidos

estereotipos

sobre

la

edad

y

sus

efectos

sobre

el

trabajador que el legislador pretendió eliminar al enmendar

la Ley Núm. 100 en 1990.

bajo

la

Ley

Núm.

100

Recalcamos que el criterio rector

es

si

el

trabajador

está

o

no

cualificado para desempeñar las funciones de su empleo, pues

si

no

está

cualificado

el

patrono

no

incurre

en

acción

discriminatoria cuando le despide.

Por

lo

tanto,

para

establecer

la

compensación

por

concepto de pérdida de salarios que ha de recibir un empleado

que no tiene una probabilidad real de conseguir otro empleo

comparable, será necesario establecer la edad hasta la cual,

con mayor probabilidad, dicho empleado estaría cualificado

para

realizar

las

labores

de

su

empleo

y

hubiese realizado de no haber sido despedido.

en

efecto

las

Véase, Suro v.

E.L.A., 111 D.P.R. 456, 461-462 (1981).

Esta es una determinación que se tomará caso a caso,

pues

los

factores

que

inciden

sobre

dicho

asunto

son

18

CC-2006-814

múltiples y variados lo que impide que se designe una edad

fija de antemano o se establezca una fórmula rígida a ser

aplicada en todo caso.

El estado de salud de la persona, sus

hábitos de trabajo, la ocupación que ostenta o naturaleza del

trabajo que desempeña, son sólo algunos de los factores que

influyen en esa determinación.

Por último, la parte recurrida nos señala que en López

Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra, indicamos que el pago

de salarios se computa hasta los sesenta y cinco (65) años de

edad.

Un examen detenido de este caso demuestra que la parte

querellada nuevamente se equivoca.

En López Vicil, supra, nos enfrentamos a una situación

en

la

cual

concediendo

el

una

foro

primario

compensación

había

por

la

dictado

pérdida

de

sentencia

ingresos

futuros sin antes dilucidar si la reinstalación en el empleo

era apropiada.

Apoyados en Odriozola, supra, resolvimos que

para conceder una compensación por la pérdida de ingresos

futuros

hasta

los

querellante

no

determinar

primero

sesenta

había

si

y

cinco

alcanzado

éste

(65)

dicha

podía

ser

años,

edad,

era

cuando

el

necesario

reinstalado

en

su

empleo.7

7

En López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 D.P.R. 857, 867

(1997), resolvimos en lo pertinente:

Aquí, al momento de dictarse sentencia en

instancia, la supervisora de López Vicil se había

retirado de la empresa.

Parecería que cualquier

posibilidad de fricción en el empleo, pues, había

desaparecido. Como López Vicil no había cumplido

aun los 65 años, el tribunal de instancia debió

dilucidar si la reinstalación era apropiada.

Odriozola u. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R.

485, 509-510 (1985). Como aun a la fecha de hoy

19

CC-2006-814

Nótese que en López Vicil no pasamos juicio sobre la

edad hasta la que el querellante hubiese trabajado.

Por lo

tanto,

estaban

nuestros

pronunciamientos

en

este

caso

no

dirigidos a establecer la edad hasta la cual ha de computarse

la compensación por los salarios dejados de recibir, por lo

que, no tienen el alcance pretendido.

A la luz del marco normativo antes expuesto, pasamos a

resolver la controversia ante nuestra consideración.

V.

En el caso ante nuestra consideración el señor José

Miguel Mestres Dosal fue despedido una vez cumplió sesenta y

cinco (65) años de edad.

Dosal

presentó

discrimen

por

Basado en lo anterior, Mestres

una

querella

edad.

La

alegando

parte

que

querellada

fue

objeto

arguyó

que

de

el

peticionario no tendría derecho a los salarios dejados de

recibir ni a los salarios futuros que se conceden en los

casos en que la reposición en el empleo no es posible, por

haber rebasado los sesenta y cinco (65) años de edad al

momento

de

Instancia

Apelaciones

su

alegado

acogió

denegó

despido.

dicho

la

El

planteamiento

expedición

del

Tribunal

y

auto

el

de

de

Primera

Tribunal

de

certiorari.

Inconforme, el querellante acudió ante nosotros.

_______________________

restan varios años antes de que López Vicil

llegue a la edad de 65, debe devolverse el caso

al tribunal de instancia para que, luego de

escuchar a las partes, determine si el remedio de

reposición es jurídicamente posible. De ser ello

así, la compensación en concepto de la pérdida

económica se limitará a ingresos pasados.

20

CC-2006-814

Conforme

lo

discutido

previamente

revocamos

la

determinación de los foros anteriores y devolvemos al foro

primario

demostrado

para

que

continúen

que

el

señor

los

Mestres

procesos.

De

Dosal

víctima

fue

quedar

de

discrimen por edad, éste tendrá derecho a todos los remedios

que la ley provee.

Si se determinara que la reinstalación no

es posible y que el peticionario no tiene una probabilidad

real de conseguir otro empleo comparable, tendrá derecho a

una compensación en concepto de pérdida de ingresos futuros

hasta el momento en el cual, con mayor probabilidad, hubiese

estado cualificado y en efecto hubiese realizado las labores

de su empleo de no haber sido despedido.

En virtud de lo anterior, se dictará sentencia revocando

la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

continúe con los procedimientos conforme lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia de conformidad

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

José Miguel Mestres Dosal

Peticionario

v.

María del Carmen Dosal,

Escandón, et als,

CC-2006-814

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero 2008

Por los fundamentos expresados en la Opinión

que

antecede,

los

cuales

se

incorporan

íntegramente a la presente, se revoca la sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones y se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia

para que continúe con los procedimientos conforme

lo aquí resuelto.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Tribunal

certifica la Secretaria del Tribunal.

y

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo