LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. De Jesús Carrillo; International Fidelity Insurance Company

2009 TSPR 189

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. De Jesús Carrillo; International Fidelity Insurance Company

CC-2008-486

Sentencia con Opinión Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

Javier De Jesús Carrillo

2009 TSPR 189

Acusado

International Fidelity

177 DPR ____

Insurance Company

Fiadora-Peticionaria

Número del Caso: CC-2008-486

Fecha: 30 de diciembre de 2009

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Carolina, Panel XIII

Juez Ponente:

Hon. Luis A. Rosario Villanueva

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcda. Magda Enid Ralat Ballester

Oficina del Procurador General:

Lcda. María T. Caballero García

Procuradora General Auxiliar

Materia: Art. 401 SC, Art. 252 CP, Art. 284 CP

Este documento constituye un documento oficial del

Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correccione

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de compilación y publicación oficial de las decisio

nes del

Tribunal. Su istribución electrónica se hace como u

n servicio

público a la comunidad. ?

EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Javier De Jesús Carrillo

CC-2008-486

Certiorari

Acusado

International Fidelity

Insurance Company

Fiadora-Peticionaria

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2009.

En

esta

ocasión

nos

corresponde

resolver

si

procede confiscar la fianza prestada a favor de un

acusado cuando éste deja de comparecer y luego se

descubre

que

autoridades

la

era

identidad

falsa.

Por

que

proveyó

entender

que

a

las

en

las

circunstancias de este caso el error en la identidad

del acusado constituyó un vicio del consentimiento

que invalidó el contrato de fianza, y que la fiadora

descansó razonablemente en la identificación provista

por el Estado, revocamos la sentencia del Tribunal de

Apelaciones

fianza.

que

confirmó

la

confiscación

de

la

CC-2008-846

2

I.

En abril de 2007 la Policía de Puerto Rico arrestó a un

individuo por una alegada infracción al Art. 401 de la Ley de

Sustancias

Controladas,

24

L.P.R.A.

sec.

2401.

Tras

ser

intervenido por los agentes, éste indicó que su nombre era

Javier De Jesús Carrillo y proveyó una licencia de conducir

del

estado

de

California

con

su

foto

y

firma.

Además,

presentó una tarjeta de identificación del estado de Nevada

con foto y firma y una tarjeta de seguro social con su

nombre,

número

y

firma.

Según

sus

identificaciones

y

manifestaciones a los agentes, nació el 26 de octubre de 1970

en Río Grande, Puerto Rico.

Asimismo, indicó que residía en

un condominio en el área de Isla Verde y proveyó la dirección

correspondiente.

Con

esta

información,

los

agentes

de

la

Policía

presentaron la denuncia y se celebró una vista de causa para

arresto, al amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal,

34 L.P.R.A. Ap. II. Luego de encontrarse causa probable para

el

arresto

del

individuo

por

el

delito

de

posesión

de

sustancias controladas con intención de distribuir bajo el

Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, se

le fijó una fianza de $100,000.

En vista de ello, se le condujo a la Oficina de Servicios

con Antelación al Juicio (O.S.A.J.), donde se verificó su

información personal. Al no poder prestar la fianza, fue

referido a la Oficina de Servicios Técnicos de la Policía, en

donde

fue

fichado

y

se

le

tomaron

las

correspondientes

CC-2008-846

3

fotografías y huellas digitales.

la

Administración

de

Por último, fue llevado a

Corrección

donde

nuevamente

fue

fotografiado y se le tomaron las huellas digitales, para ser

posteriormente ingresado al Centro de Detención Correccional

de Bayamón.

Iniciado el proceso criminal en su contra, el imputado

compareció

en

varias

ocasiones

al

Tribunal

Instancia en distintas etapas del procedimiento.

de

Primera

En mayo de

2007 se celebró la vista preliminar, en la cual se encontró

causa probable para acusarlo por el delito de posesión de una

sustancia controlada con intención de distribuirla.

En junio

del mismo año se realizó el acto de lectura de acusación y se

señaló la fecha para el juicio. Pendiente de la celebración

del juicio y aproximadamente tres meses luego de su arresto,

en julio de 2007 el acusado prestó la fianza fijada a través

de International Fidelity Insurance Company (International) y

se ordenó su excarcelación.

Llegado el día señalado para el juicio en agosto de 2007,

el acusado no compareció, por lo que el foro de instancia

emitió una orden de mostrar causa por la cual no se debía

confiscar la fianza. International compareció al tribunal y

solicitó un término para investigar sobre el paradero de De

Jesús Carrillo.

Al realizar la correspondiente investigación, la fiadora

se percató de que el acusado había provisto una identidad

falsa y se desconocía su verdadero nombre y paradero. Cuando

se comunicaron con la madre de Javier De Jesús Carrillo, ésta

CC-2008-846

4

le indicó que el hombre que aparecía en las fotos no era su

hijo y que su hijo vivía en Estados Unidos y estaba dispuesto

a venir a Puerto Rico para probarlo y aclarar el asunto sobre

su identidad aparentemente robada.

International también descubrió que las huellas digitales

que se le tomaron al acusado no correspondían con las del

verdadero

Javier

acudir

condominio

al

De

Jesús

en

Carrillo.

Isla

Verde

De

que

igual

el

forma,

acusado

al

había

provisto como su dirección residencial, el administrador del

edificio les indicó a los investigadores que el acusado era

un extranjero de nacionalidad mexicana que había alquilado un

apartamento allí en diciembre de 2006 para participar de un

evento deportivo que se llevó a cabo en Carolina, pero se

había marchado del lugar.

Así, pues, en la vista celebrada por el foro de instancia

para dilucidar el asunto de la confiscación de la fianza,

International aceptó que no pudo dar con el paradero del

acusado

y

que

jurisdicción.

presumía

que

éste

se

había

evadido

de

la

No obstante, la fiadora alertó al tribunal que

había descubierto que la información provista por el acusado

era falsa y se trataba de un aparente robo de identidad. Por

ello, International solicitó que se le permitiera presentar

prueba

sobre

el

asunto

del

aparente

fraude

de

identidad

cometido por el acusado en aras de eximirle del pago de la

fianza.

El foro de instancia, sin embargo, no accedió a esta

petición.

En su lugar, decretó la confiscación de la fianza

ya que la compañía no había podido presentar al acusado.

CC-2008-846

5

Inconforme,

International

acudió

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones, el cual confirmó la sentencia dictada por el

foro de instancia y determinó que la fiadora debió ser más

diligente para corroborar la identidad del acusado.

Insatisfecha aún, International presentó el recurso que

nos

ocupa

síntesis,

y

señaló

alegó

que

la

comisión

de

los

tribunales

varios

a

quo

errores.

erraron

al

En

no

exonerarla de la fianza y al no decretar la nulidad del

contrato por razón de vicios del consentimiento, toda vez que

medió

un

error

esencial

en

la

identidad

del

acusado.

International señaló también que el foro apelativo intermedio

incidió al determinar que ésta no había sido diligente al

identificar al acusado previo a fiarlo y al concluir que no

era suficiente descansar en la información provista en la

denuncia,

pues

ésta

era

susceptible

de

ser

enmendada

en

cualquier momento. Del mismo modo, adujo que el Tribunal de

Apelaciones erró en su determinación de que la fiadora no

había

ejercido

la

diligencia

requerida

para

asegurar

la

comparecencia del fiado según se comprometió a hacerlo. Por

último, sostuvo que el foro de instancia debió permitirle a

la fiadora presentar evidencia sobre la nulidad del contrato

por vicios del consentimiento.

Examinado

el

recurso,

expedimos

el

auto.

Con

el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a

resolver.

CC-2008-846

6

II.

A.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

garantiza a todo acusado en un proceso criminal el derecho a

permanecer en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo

condenatorio. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo

1.

Del mismo modo, la Regla 218 de Procedimiento Criminal

dispone

que

toda

persona

arrestada

por

cualquier

delito

tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza hasta tanto

recaiga una condena en su contra.

218.

El

propósito

comparecencia

del

de

dicho

acusado

34 L.P.R.A. Ap. II, R.

derecho

en

las

es

garantizar

diversas

etapas

la

del

procedimiento criminal celebrado en su contra y asegurar su

sumisión a las órdenes y citaciones del tribunal. 34 L.P.R.A.

Ap. II, R. 219(a); Pueblo v. Negrón Vázquez, 109 D.P.R. 265,

266-67 (1979).

Conforme al ordenamiento procesal vigente, la fianza se

podrá

prestar

por

una

compañía

autorizada

para

prestar

fianzas o por un fiador residente en Puerto Rico que posea

bienes inmuebles en la isla. Además, ésta deberá ser suscrita

o reconocida ante un magistrado o secretario de un tribunal.

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 220.

En virtud de lo anterior, hemos resuelto que el contrato

de fianza en el contexto de un procedimiento criminal es un

acuerdo entre el Estado y el fiador mediante el cual éste

último se compromete a garantizar la presencia del imputado

de delito en todas las etapas del proceso judicial llevado en

CC-2008-846

su

contra.

Pueblo

v.

7

Pueblo

v.

Cía.

Fianzas

de

Colón,

161

de

D.P.R.

P.R.,

254,

139

260

D.P.R.

(2004);

206,

211

(1995); Pueblo v. Félix Avilés, 128 D.P.R. 468, 480 (1991).

Como

parte

de

dicho

acuerdo,

el

fiador

accede

a

la

confiscación del monto de la fianza a favor del Estado si la

persona fiada incumple con las órdenes del tribunal. Pueblo

v. Soto Ortiz, 151 D.P.R. 619, 626 (2000); Pueblo v. Félix

Avilés, supra.

En vista del compromiso que hace el fiador de

garantizar la comparecencia del acusado, hemos resuelto que

su responsabilidad va más allá de prestar la fianza.

En

específico, queda obligado a tomar parte activa en el proceso

penal para estar al tanto del paradero del fiado y así poder

asegurarse que éste comparecerá al tribunal cuando se le

requiera. Pueblo v. Colón, supra, págs. 260-61.

Según

las

incomparecencia

Reglas

o

de

Procedimiento

incumplimiento

del

Criminal,

ante

la

acusado

con

las

condiciones impuestas por el tribunal, se le ordenará al

fiador

fianza.

mostrar

causa

por

la

cual

no

deba

confiscarse

la

Si la explicación resulta satisfactoria para el

tribunal, podrá dejar la fianza sin efecto.

De lo contrario,

dictará sentencia sumaria en contra del fiador y ordenará su

confiscación.

No obstante, la sentencia dictada no será

firme ni ejecutable hasta cuarenta días después de haberse

notificado, por lo que podrá dejarse sin efecto si el fiador

lleva al acusado ante el tribunal en dicho término.

34

L.P.R.A. Ap. II, R. 227(a); Pueblo v. Rivera Segarra, supra;

CC-2008-846

Pueblo

v.

8

Newport

Bonding

&

Surety

Co.,

145

D.P.R.

546

de

sea

(1998).

De

modo

similar,

se

dispone

que,

antes

que

ejecutada dicha sentencia, el tribunal tendrá discreción para

dejarla sin efecto si el fiador ha llevado al acusado ante el

tribunal y éste puede constatarlo a su satisfacción.

Dicha

solicitud deberá hacerse dentro de un término razonable, pero

nunca

después

de

transcurridos

registrado la sentencia.

seis

meses

de

haberse

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 227(a).

A pesar de que la fianza para garantizar la comparecencia

de un acusado se suscita en el contexto de un procedimiento

criminal,

su

confiscación

y

ejecución

se

rigen

por

un

procedimiento especial de carácter civil cuya finalidad es

hacer cumplir una obligación contractual del fiador a favor

del Estado. Pueblo v. Martínez Hernández, 158 D.P.R. 388, 397

(2003).

B.

Por otro lado, el contrato de fianza es un acuerdo entre

dos partes regulado por los preceptos del derecho civil.

En

lo pertinente, el Código Civil dispone que la fianza es el

mecanismo mediante el cual una parte se obliga a pagar o

cumplir por un tercero, en caso de que éste no lo haga. 31

L.P.R.A. sec. 4871.

Se trata de un contrato consensual que

se perfecciona por el mero consentimiento, sin estar sujeto a

requisitos

de

forma

o

exigencias

particulares.

J.

Puig

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Vol. II, 1982,

pág. 590; J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho

CC-2008-846

de

9

Contratos,

además,

Tomo

IV,

Professional

Vol.

II,

Underwriters

D.P.R. 536, 543 (1988).

1990,

v.

pág.

Dis.

536.

Véase,

Automotriz,

121

No obstante, la fianza siempre debe

ser expresa, pues su existencia no se presume. 31 L.P.R.A.

sec. 4876.

En lo que respecta al contrato de fianza otorgado en el

contexto de un procedimiento penal, dicho contrato es sui

géneris, ya que en su interpretación y ejecución se combinan

asuntos de derecho civil y de derecho procesal penal.

Así lo

hemos destacado en el pasado al reconocer que, a pesar de que

su

existencia

y

eventualidades

de

eficacia

un

proceso

están

supeditadas

criminal,

se

trata

a

las

de

una

obligación contractual que otorga una garantía de carácter

monetario.

Pueblo v. Martínez Hernández, supra, pág. 401.

En virtud de ello, surge una figura de naturaleza mixta que

integra aspectos de derecho civil con elementos propios de

las acciones penales.1

De manera particular, en el contrato de fianza suscitado

en

el

ámbito

del

procedimiento

criminal

se

impone

el

mencionado requisito de que un magistrado o secretario de un

tribunal autorice la fianza.

Criminal, supra.

se

cumplen

las

Regla 220 de Procedimiento

Ello así, en aras de que éste verifique si

exigencias

que

se

requieren

persona o entidad pueda fungir como fiador.

para

que

una

Véase, además,

Regla 221 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

1

Cabe señalar que los contratos de fianza criminal se rigen

también por las disposiciones del Código de Seguros

referentes a los contratos de garantía.

Véase 26 L.P.R.A.

secs. 2201-05.

CC-2008-846

10

Asimismo,

las

Reglas

de

Procedimiento

Criminal

que

disponen el proceso para la confiscación de la fianza ante la

incomparecencia del acusado nos refieren a las Reglas de

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, y establecen que,

una

vez

la

sentencia

confiscatoria

adviene

firme

y

ejecutoria, ésta se hará valer del modo ordinario que se

ejecutan

las

sentencias

civiles.

Véanse,

Regla

227

de

Procedimiento Civil, supra; Pueblo v. Del Valle, 35 D.P.R.

478, 480 (1926).

En ese sentido, hemos resuelto que la

ejecución de la sentencia confiscatoria de la fianza es un

proceso civil en el cual se admite la imposición de intereses

según

dispone

L.P.R.A.

cuales

Ap.

se

la

Regla

44.3

de

III,

para

todas

aquellas

sentencias

dinero.

Pueblo

ordene

el

pago

de

Procedimiento

Civil,

v.

en

32

las

Martínez

Hernández, supra, pág. 402.

Así, pues, el ordenamiento procesal relacionado con la

fianza incorpora asuntos propios del derecho civil en lo

referente a la ejecución del referido contrato.

En atención

a que la prestación de la fianza se perfecciona mediante un

contrato, debemos examinar los elementos de dicho acuerdo a

la luz de la doctrina general de la contratación.

C.

Es

una

norma

ampliamente

conocida

que

existen

tres

requisitos indispensables para la validez de los contratos:

consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea

materia

del

contrato

y

causa

de

la

obligación

que

se

establezca. 31 L.P.R.A. sec. 3391; Acevedo Mangual v. SIMED,

CC-2008-846

11

res. el 14 de julio de 2009, 2009 T.S.P.R. 122; Quiñones

López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 154 (1996).

En

vista

de

consentimiento

lo

anterior,

será

nulo

se

ha

establecido

que

cuando

se

preste

error,

por

el

violencia, intimidación o dolo. 31 L.P.R.A. sec. 3404; Pérez

Rosa v. Morales Rosado, res. el 28 de septiembre de 2007,

2007

T.S.P.R.

171.

El

Artículo

1218

del

Código

Civil

establece, en lo pertinente, que para que el error invalide

el consentimiento deberá recaer sobre la sustancia de la cosa

que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones

esenciales de ésta que principalmente hubiesen dado motivo a

celebrarlo. 31 L.P.R.A. sec. 3405.

Lube

v.

Ortiz

Rolón,

94

Véanse, además, Girod

D.P.R.

406,

414

(1967);

Capó

Caballero v. Ramos, 83 D.P.R. 650, 672 (1961).

Según

indica

Puig

Brutau,

cuando

ocurre

este

tipo

de

error –llamado error propio o vicio del consentimiento- la

declaración de la voluntad de la parte contratante concuerda

con su intención de contratar, mas su decisión se basa en una

representación que no es real, provocada por ignorancia o

información falsa.

J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho

Civil, Tomo II, Vol. I, 1988, pág. 81.

Es decir, la parte

tiene

el

contrato

que

éste,

la

intención

determinado

objeto,

de

llevar

pero

a

cabo

desconoce

sobre

o

sus

condiciones esenciales, no son las que se le representan. Por

tanto, de haber sabido de antemano la verdadera situación, no

habría realizado el negocio jurídico.

CC-2008-846

12

Así, pues, se han establecido ciertos requisitos para que

el error propio invalide el consentimiento del contratante de

forma tal que el contrato sea ineficaz.

En primer lugar, el

error ha de ser esencialmente determinante de la voluntad del

que lo alega, de modo que de haber conocido la inexactitud

que dio lugar al error, la voluntad del contratante sería

distinta. De otra parte, debe existir una relación causal

entre el error y la finalidad que perseguía el contratante,

de manera que el propósito que éste tenía se vea frustrado

como consecuencia del error que afectó su voluntad.

Por

último, el error nunca se presumirá y deberá ser excusable,

por lo que aquel que alegue su existencia tendrá la carga de

probarlo. Vélez Torres, op. cit., págs. 51-53.

A

su

debemos

vez,

para

evaluar

si

determinar

se

pudo

si

el

haber

error

evitado

es

excusable,

mediante

una

diligencia razonable por la parte que lo invoca, tomando en

cuenta si las personas involucradas en la contratación son

conocedoras o expertas en la materia objeto del contrato.

Capó Caballero v. Ramos, supra, pág. 677; Puig Brutau, op.

cit., Vol. I, pág. 91.

De esta forma, aun cuando el error

recaiga sobre un elemento esencial, sólo será suficiente para

anular el negocio si se considera que es un error excusable,

causado por hechos desconocidos que la parte que lo invoca no

pudo descubrir mediante un grado mediano de cuidado. Rosa

Valentín v. Vázquez Lozada, 103 D.P.R. 796, 812 (1975); Girod

Lube v. Ortiz Rolón, supra, págs. 414-15; Capó Caballero v.

Ramos, supra, pág. 673.

CC-2008-846

Con

13

estos

preceptos

en

mente,

pasemos

a

analizar

concretamente la controversia ante nuestra consideración.

III.

A.

International

alega,

esencialmente,

que

los

foros

inferiores erraron al determinar la validez del contrato de

fianza y ordenar su confiscación, toda vez que al momento de

suscribir dicho acuerdo mediaron vicios del consentimiento en

cuanto a la identidad de la persona fiada.

En atención a

ello, aduce que el contrato de fianza es nulo.

Para evaluar

tales aseveraciones, debemos considerar si se configuraron

los tres requisitos esenciales que exige el Código Civil para

todos

los

contratos:

consentimiento,

objeto

y

causa.

31

L.P.R.A. sec. 3391.

El consentimiento en estos casos es aquel que prestan el

Estado y la compañía de fianzas al acordar que, ante la

incomparecencia del acusado, la fiadora entregará la cantidad

acordada a favor del Estado.

intención

quedó

evidenciada

En el caso de autos, dicha

mediante

la

comparecencia

de

ambas partes al otorgamiento del documento de fianza, en el

cual International ofreció garantizar la comparecencia del

acusado, y el Estado, a través del juez o secretario que

suscribe el documento, aceptó que se prestara la referida

fianza. Véase 31 L.P.R.A. sec. 3401.

objeto

del

contrato

en

este

tipo

De otra parte, el

de

acuerdos

es

la

comparecencia del acusado que la fiadora se compromete a

garantizar.

Íntimamente relacionado con ello, la causa de

CC-2008-846

14

dichos contratos es la garantía de que, en caso de que el

acusado no comparezca a los señalamientos del tribunal, la

fiadora entregará la cantidad pactada al Estado.

Así, pues,

de primera intención, el contrato de fianza otorgado por

International a favor de Javier De Jesús Carrillo aparenta

cumplir con los tres requisitos antes mencionados.

Ahora bien, la fiadora alega que su consentimiento estuvo

viciado

al

haber

prestado

la

fianza

por

una

persona

aparentemente cometió fraude en cuanto a su identidad.

que

Para

atender dicho señalamiento, debemos evaluar si, en efecto, el

error en la identidad del fiado constituyó un error propio

sobre

el

objeto

del

contrato

o

sobre

sus

condiciones

esenciales que invalidó el consentimiento prestado por la

compañía, según dispone el Artículo 1218 del Código Civil,

supra.

Según

mencionáramos,

el

objeto

del

contrato

fue

comparecencia del acusado que garantizó la fiadora.

la

Sin

duda, la identidad de la persona es una condición esencial

que da motivo a la celebración del contrato de fianza entre

el fiador y el Estado, toda vez que es imposible garantizar

la

comparecencia

de

alguien

sin

conocer

información y circunstancias personales.

su

nombre,

Por lo tanto, el

hecho de que la persona a ser fiada no era quien dijo ser y

su información y datos personales correspondían a un tercero

ajeno al proceso ciertamente constituye un error sobre las

condiciones esenciales del objeto del contrato. Se trata,

pues, del error propio capaz de invalidar el consentimiento

CC-2008-846

15

de quien accede a prestar la fianza.

de la doctrina antes esbozada,

error

cumple

con

los

No obstante, a la luz

corresponde evaluar si dicho

requisitos

necesarios

para

que

se

invalide el contrato.

En primer lugar, debemos determinar si se trata de un

error sobre un elemento del contrato que fue esencialmente

determinante de la voluntad de quien reclama la existencia

del error. En el caso de autos, al ser la comparecencia de un

acusado el propósito central del contrato, resulta evidente

que la identidad de la persona es un factor esencial para

decidir si se presta o no la fianza a su favor, por lo que

entendemos que dicho requisito fue satisfecho.

Asimismo, hay que considerar si existe un nexo causal

entre el error alegado y la finalidad de la contratación.

Si

la

la

finalidad

del

contrato

de

fianza

es

garantizar

comparecencia de una persona, y resulta que la identidad de

ésta es errónea, dicho error crea un impedimento para llevar

a cabo el fin del contrato.

Por tanto, este factor también

está presente en el caso ante nuestra consideración.

De otra parte, la condición de que el que alegue el error

tenga el peso de la prueba para demostrar su existencia –pues

el error no se presume- también se ha cumplido en el caso de

autos.

Es evidente que la fiadora es quien tiene el peso de

la prueba de demostrar que el error alegado efectivamente

ocurrió y que no pudo evitarlo. International descubrió el

error luego de una investigación realizada para dar con el

paradero de Javier De Jesús Carrillo una vez éste dejó de

CC-2008-846

16

comparecer al procedimiento y así lo ha intentado demostrar

ante los foros judiciales.

Primera

Instancia,

presentar

prueba

En la vista ante el Tribunal de

la

fiadora

sobre

las

solicitó

diligencias

la

oportunidad

realizadas

que

de

le

llevaron al descubrimiento del error en la identidad del

fiado,

así

como

correctamente

y

de

sus

esfuerzos

localizarlo.2

No

para

obstante,

identificarlo

el

foro

de

instancia no lo permitió.

A pesar de ello, entendemos que surge del expediente que

la fiadora ha cumplido con probar satisfactoriamente que, en

efecto, el acusado proveyó una identidad falsa que vició su

consentimiento al suscribir el contrato de fianza.

Además,

el Procurador General ha admitido en sus comparecencias que

se trató de un fraude de identidad que no pudo ser detectado

ni por el Estado ni por el fiador hasta que el acusado

desapareció, por lo que estimamos que la existencia del error

ha quedado probada.

Por último, resta determinar si se trata de un error

excusable.

Como

señaláramos,

ello

conlleva

realizar

una

evaluación de la diligencia desplegada por el que invoca el

error y constatar que éste no fue causado por la negligencia

de

dicha

parte.

Específicamente,

debemos

resolver

si

International fue diligente al identificar al fiado previo a

2

Para ello, se propuso presentar los testimonios de la Sra.

Rosa Carrillo Feliciano, madre del verdadero Javier De Jesús

Carrillo, el Sr. José Rivera, administrador del Condominio

La Mancha en Isla Verde, y los Sres. Daniel Pizarro Flores y

Frankie López Bonano, agente investigador y apoderado,

respectivamente, de la compañía fiadora.

Consta en el

expediente un resumen de lo que hubiese declarado cada uno

de estos testigos.

CC-2008-846

17

otorgar el contrato de fianza. Para ello, debemos examinar

las

circunstancias

particulares

del

caso

y

los

hechos

pertinentes relacionados con la prestación de la referida

fianza.

B.

En el caso de autos, International prestó la fianza a

favor de Javier De Jesús Carrillo poco más de tres meses

luego de que éste fuera arrestado por la Policía de Puerto

Rico.

Durante esos tres meses, el acusado estuvo todo el

tiempo bajo la custodia del Estado.

En particular, luego de

su arresto por la Policía de Puerto Rico, el Departamento de

Justicia –a través de sus fiscales-, la Oficina de Servicios

con Antelación al Juicio y, finalmente, la Administración de

Corrección

tuvieron

su

control

y,

de

hecho,

permaneció

confinado suficiente tiempo para que el Estado investigara

sobre su identidad. Por lo tanto, debemos evaluar si fue

razonable que la fiadora descansara en la identificación que

realizó el Estado al momento de prestar su consentimiento al

contrato de fianza, en aras de determinar si tal error fue

excusable para fines de la validez del contrato.

Para

ello,

resulta

pertinente

destacar

que

en

su

comparecencia ante nos el Procurador General señala que el

Estado no cometió un error al identificar al acusado, sino

que fue víctima del fraude perpetrado por éste al apropiarse

de la identidad de un tercero.

El Estado admite que el

fraude fue imposible de detectar, aun cuando verificó la

identidad del acusado mediante los mecanismos disponibles: el

CC-2008-846

18

requerimiento de los documentos de identificación, la toma de

fotografías

y

huellas

digitales

y

la

verificación

de

la

información por la O.S.A.J.3 Así, pues, cuando International

prestó la fianza, el acusado llevaba tres meses encarcelado

en una institución penal y durante ese período el Estado no

se percató de que se trataba de una identidad falsa. Fue

precisamente

en

estos

hechos

que

descansó

la

fiadora

al

suscribir el contrato de fianza en nombre del acusado.

Adviértase, además, que no se trata de un mero error en

el nombre de la persona, sino de toda una identidad falsa,

incluyendo direcciones, fecha y lugar de nacimiento y número

de seguro social, herramientas esenciales para localizar a

una persona. En este caso, al utilizar dicha información,

International dio con el paradero del verdadero Javier De

Jesús Carrillo.

De haber sido el acusado realmente Javier De

Jesús Carrillo, International habría cumplido con el deber de

garantizar su comparecencia.

aparente

robo

de

identidad

Se trata, sin embargo, de un

en

el

que

la

persona

acusada

asumió la identidad de otro, proveyó todos los documentos

corroborativos de ésta como si fueran suyos y logró burlar a

todas las partes involucradas en este proceso.

3

Cabe señalar que una de las funciones principales de dicha

oficina es “recopilar y verificar información sobre el

historial socioeconómico, escolaridad, empleo, residencia,

lazos con la comunidad y cualquier otra información,

incluyendo la adicción o dependencia del alcohol o sustancias

controladas, que le sirva al tribunal de guía para determinar

los medios para poner en libertad provisional a toda persona

arrestada por imputársele la comisión de un delito.” 4

L.P.R.A. sec. 1304.

CC-2008-846

19

En ese sentido, el Tribunal de Apelaciones concluyó que

la información y los datos contenidos en la denuncia y la

acusación –los cuales International entendió correctos- no

son garantía absoluta de su corrección, pues éstos podrían

ser modificados mediante la enmienda correspondiente.

No

obstante,

de

somos

del

criterio

que

lo

anterior

pierde

perspectiva que no estamos ante un error en el nombre que

aparece en los referidos documentos, el cual ciertamente se

puede enmendar en cualquier momento, sino ante un fraude de

identidad que impidió a la fiadora cumplir con su deber.

En

vista

exigirle

a

de

la

estos

hechos

fiadora

que

particulares,

llevara

a

no

cabo

podemos

gestiones

extraordinarias para detectar el fraude perpetrado previo a

otorgar el contrato de fianza, ni cuestionar la confianza en

los métodos de identificación y procesos de corroboración

utilizados por al menos cuatro entidades del Estado para

mantener al acusado en una institución penal aguardando su

día

en

corte.

razonablemente

Por

ello,

entendemos

diligente

al

que

tomar

la

fiadora

fue

como

cierta

la

identificación realizada por el Estado.

En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones expuso que la

fiadora “debió hacer un ejercicio razonable de solicitarle al

imputado

una

identificación

con

foto

u

otro

medio

de

identificación para asegurarse que era quien decía ser o

corroborara su verdadera identidad”. Sentencia del Tribunal

de Apelaciones, pág. 14.

en

este

caso,

el

No obstante, debemos recalcar que,

acusado

se

encontraba

confinado

en

una

CC-2008-846

20

institución penal.

Como es sabido, al ingresar a la cárcel,

los

despojados

confinados

son

de

todas

sus

pertenencias,

incluyendo sus documentos de identificación, y éstas pasan a

la custodia del Estado.

Es el Estado, entonces, quien provee

a la fiadora los mencionados documentos.

las

identificaciones

con

foto

En vista de ello,

fueron

provistas

a

International y de éstas no se desprendía que fueran falsas o

correspondieran

a

una

identidad

robada.

Si

la

diligencia

exigible en estos casos se limitara a verificar las tarjetas

de identificación, es evidente que ello, no sólo se cumplió,

sino

que

fue

insuficiente

para

advertir

el

error

en

la

identidad del acusado.

En el caso de autos, el individuo que se hizo llamar

Javier De Jesús Carrillo incurrió en conducta que afectó los

intereses de todas las partes involucradas en el proceso. El

Estado vio afectado su interés y objetivo de enjuiciar a las

personas que cometen delitos, mientras que la fiadora puso en

riesgo una cantidad sustancial de dinero para garantizar un

deber imposible de cumplir.

El mero hecho de que la fiadora

reciba una prima a cambio de prestar la fianza no es razón

suficiente para castigarle por las acciones de un acusado que

engañó a todos y evadió su responsabilidad ante el proceso

criminal

instado

en

su

contra.

Ello,

más

aún,

cuando

la

fiadora descansó razonablemente en la información recopilada,

verificada y provista por el Estado, el cual, dicho sea de

paso, es la otra parte contratante.

CC-2008-846

Las

21

Reglas

de

Procedimiento

Criminal

no

contemplan

expresamente la situación de invalidez del contrato de fianza

por fraude en la identidad del fiado como una situación que

exima al fiador de pagar la cantidad fijada. Sin embargo, y

según analizáramos anteriormente, la fianza en el contexto

del proceso penal no se presta en el vacío, sino que se

viabiliza a través de un contrato. Pueblo v. Colón, supra,

pág. 260.

Es por esto que la doctrina general de contratos

en este caso nos obliga a concluir que el consentimiento

prestado por la fiadora estuvo viciado por el error en la

identidad del acusado.

En vista de ello, y tras determinar

que el error fue excusable, no podemos sujetar a la compañía

de fianzas al cumplimiento de los términos de un acuerdo en

el cual no contaba con todos los elementos necesarios para

prestar su anuencia adecuadamente.4

4

A modo ilustrativo, consideramos prudente señalar que en

algunas jurisdicciones de Estados Unidos se ha aceptado la

falsedad o fraude en la identidad del fiado como una

justificación válida para eximir a las fiadoras del pago de

la fianza.

Por ejemplo, en el estado de Georgia existe

legislación

que

establece

que

los

tribunales

podrán,

discrecionalmente, relevar de responsabilidad a un fiador

cuando el fiado utilizó un nombre falso mientras estuvo

encarcelado, excepto cuando el fiador sabía o debió haber

sabido tal hecho, siempre que le demuestre al tribunal que

actuó diligentemente. Véase O.C.G.A. sec. 17-6-31 (d)(2); R.

Bozman, Criminal Procedure: Bonds and Recognizances: Release

Surety from Liability at Discretion of the Court When the

Principal Uses a False Name, 14 Ga. St. U.L. Rev. 106 (1997).

Asimismo, en Louisiana se resolvió que, en un caso en que

el imputado proveyó el nombre de su hermano a las

autoridades, la fiadora “reasonably relied on the information

obtained by the Sheriff’s Office; thus, it should not be

penalized because that information was erroneous”. State v.

Turner, 893 So. 2d 900, 904 (2004).

CC-2008-846

En

el

22

curso

ordinario

de

sus

negocios,

International

otorgó su consentimiento para otorgar un contrato con el

Estado con el fin de prestar la fianza para garantizar la

comparecencia de Javier De Jesús Carrillo.

No obstante, su

decisión de prestar la referida fianza estuvo basada en una

falsa

representación

en

cuanto

a

la

identidad

de

dicha

persona. Por consiguiente, resolvemos que en vista de que el

acusado estuvo bajo la custodia del Estado durante tres meses

y

su

identidad

fue

verificada

y

aceptada

por

varios

organismos gubernamentales –incluyendo aquellos cuya función

principal

es

corroborar

la

información

personal

de

los

acusados-, International no incurrió en falta de diligencia

al identificar y fiar a Javier De Jesús Carrillo.

Ello

constituyó un error excusable que vició su consentimiento al

momento de suscribir el contrato de fianza, por lo que éste

es nulo.

En vista de lo anterior, no procede la confiscación

de la fianza ante la incomparecencia del acusado.

Ahora bien, aclaramos que lo resuelto en el día de hoy no

constituye –de forma alguna- una carta blanca a las fiadoras

para descansar ciegamente en la información recopilada por el

Estado y dejar de ejercer un esfuerzo diligente y razonable

para

identificar

adecuadamente

a

las

personas

cuya

____________________________

Otras jurisdicciones utilizan el criterio de la discreción

judicial al momento de determinar si procede exonerar a un

fiador de responsabilidad, aun cuando no se haya podido

entregar al acusado al tribunal. Véanse, e.g., Fed. R. Crim.

P., Rs. 46(f)(2)(B), 46(g); Colorado Revised Statues sec. 164-112 (5)(h); Idaho Code sec. 19-2917, Idaho Crim. Rule 46

(e)(4); Utah Code Ann. sec. 77-20b-101 (4)(e); State v. Beck,

167 P.3d 788 (Idaho App. 2007); People v. Escalera, 121 P.3d

306 (Colo. App. 2005).

CC-2008-846

23

comparecencia garantizan.

una

norma

absoluta

que

Tampoco se debe considerar como

exima

de

responsabilidad

a

las

fiadoras en cualquier instancia en que resulte que el fiado

proveyó información falsa o cometió fraude de identidad.

Los

tribunales

para

deberán

evaluar

los

hechos

de

cada

caso

determinar si la diligencia desplegada fue razonable a la luz

de la totalidad de las circunstancias.

IV.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

revocamos

la

sentencia del Tribunal de Apelaciones y la confiscación de la

fianza ordenada por el Tribunal de Primera Instancia.

Así

lo

pronunció,

manda

el

Secretaria del Tribunal Supremo.

Tribunal

y

certifica

la

La Jueza Asociada señora

Pabón Charneco emitió Opinión Disidente a la cual se unen los

Jueces

Asociados

señores

Martínez

Torres

y

Kolthoff

Caraballo.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2008-486

Javier De Jesús Carrillo

Certiorari

Acusado

International Fidelity

Insurance Company

Fiadora-Peticionaria

Opinión disidente emitida por la Jueza Asociada señora Pabón

Charneco a la que se le une el Juez Asociado señor Martínez Torres

y el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2009.

Disiento

Tribunal

de

la

respecto

a

Sentencia

la

dictada

determinación

de

por

el

que

no

procede la confiscación de la fianza por existir un

vicio

en

el

consentimiento

que

invalidó

el

contrato. Esto tras descubrirse que la identidad

que el acusado proveyó a las autoridades era falsa;

información

en

la

que

descansó

la

fiadora

para

medir su riesgo. Discrepo por entender que, aunque

el error cometido es uno esencial o determinante

para la celebración del contrato, la fiadora no

desplegó

la

conocedora

de

obligaciones

diligencia

este

según

exigible

negocio

ni

a

una

cumplió

persona

con

sus

dispuesto en las Reglas de

CC-2008-846

2

Procedimiento

Criminal

pertinentes y las interpretaciones

provistas por este Tribunal.

I

El 13 de abril de 2007, un individuo identificado como

Javier De Jesús Carrillo fue intervenido y arrestado por

alegada violación al Artículo 401 de la Ley Núm. 4 de 23 de

junio

de

1971,

según

enmendada,

conocida

como

Ley

de

Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec.

2401. Esta persona proveyó al agente del orden público una

licencia

de

conducir

con

foto

y

firma

del

estado

de

California, una tarjeta de seguro social con su nombre,

número y firma, y una tarjeta de identificación del estado

de Nevada con foto y firma.

Además, informó que residía en

un

el

condominio

apuntar

que

corroboraba

la

ubicado

en

ninguno

de

dirección

área

los

de

Isla

documentos

ofrecida

Verde.

Cabe

presentados

verbalmente

por

el

acusado.

El 14 de abril de 2007, el Ministerio Público sometió

la denuncia a base de la información suministrada. Ese

mismo día fue celebrada la vista de determinación de causa

para arresto, en la que se determinó causa probable para el

mismo

y

se

fijó

una

fianza

por

la

suma

de

cien

mil

($100,000) dólares. Conforme al proceso correspondiente, el

individuo fue entrevistado e investigado por un oficial de

CC-2008-846

3

la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ).5

Al no poder prestar la cantidad impuesta, éste fue fichado

por la Oficina de Servicios Técnicos de la Policía y,

posteriormente,

ingresado

al

Centro

de

Detención

Correccional de Bayamón.

El

23

de

julio

de

2007,

International

Fidelity

Insurance Company (International o “la fiadora”), prestó la

fianza correspondiente a favor del acusado tras descansar

en la información obtenida por el Estado.

5

No obstante,

El procedimiento de evaluación e investigación de la información

suministrada por los imputados es llevado conforme al Reglamento sobre

procedimientos uniformes para la evaluación, recomendación de libertad

provisional, supervisión y seguimiento de imputados de delito bajo la

jurisdicción de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio,

Reglamento Núm. 5991, Departamento de Estado, 6 de julio de 1999. Éste

incluye una entrevista inicial con un Oficial de la Unidad de

Evaluación y Recomendación de la Oficina de Servicios con Antelación

al Juicio (OSAJ) quien recoge la información demográfica ofrecida por

el imputado y la verifica en los sistemas de información disponibles.

Tal como expone el Artículo 6(c) de la Ley Núm. 177 de 12 de agosto de

1995, según enmendada, conocida como Ley de la Oficina de Servicios

con Antelación al Juicio, 4 L.P.R.A. sec. 1307, éstos incluyen el

Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJC), el National Crime

Information Center (NCIC), el Vehicle and Driver Information System

(VADIS/DAVID), la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT)

y cualesquiera otros sistemas de información análogos.

Una vez realizada dicha búsqueda, el Oficial cumplimenta el

formulario Informe (que se nutre también de información provista por

el imputado en una segunda entrevista) y que se somete con las debidas

recomendaciones al tribunal luego de evaluar la información de acuerdo

con los Criterios de Evaluación de Riesgo para Recomendaciones al

Tribunal y supervisión por OSAJ. No obstante, no es hasta que el

tribunal decreta la libertad provisional bajo la jurisdicción de la

Oficina que ésta toma fotografías del liberado y las registra en el

Registro de Cámara Instantánea. Además, le solicita al liberado en la

denominada “entrevista social” ciertos documentos con el propósito de

verificar

sus

datos

personales.

Éstos

incluyen:

cartas

de

recomendación de vecinos, amigos o familiares con dirección y

teléfonos distintos, recibo reciente de luz, agua o teléfono,

certificado de buena conducta, acta de nacimiento, entre otros. Es en

esta etapa que las referencias y la información provistas por el

liberado son, pues, verificadas por los recursos humanos de la

Oficina, incluyendo la realización de las investigaciones de campo

pertinentes.

Esta información sirve para determinar los niveles de

supervisión requeridos. Reglamento sobre procedimientos uniformes para

la evaluación, recomendación de libertad provisional, supervisión y

seguimiento de imputados de delito bajo la jurisdicción de la Oficina

de Servicios con Antelación al Juicio, supra, págs. 42-43, 54.

CC-2008-846

éste

no

4

compareció

al

juicio

en

su

fondo.

Como

consecuencia, el tribunal emitió una orden de mostrar causa

por

la

cual

no

se

debía

confiscar

la

fianza,

siendo

notificada ésta el 13 de agosto de 2007. En dicha fecha

International comenzó una investigación para dar con el

paradero del acusado.

La fiadora, entonces, se percató de

que la identidad ofrecida por éste no concordaba con la del

verdadero

Javier

De

Jesús

Carrillo

y

lo

comunicó

al

tribunal.

En una segunda vista

el

13

de

noviembre

de

para mostrar causa – celebrada

2007

luego

de

que

la

fiadora

solicitara tiempo adicional para localizar al fiado – el

tribunal consideró que no medió explicación satisfactoria

para el incumplimiento de las condiciones de la fianza por

lo

que

dictó

sentencia

sumaria

contra

la

confiscando el importe de la referida fianza.

fiadora

Ésta fue

notificada el 6 de diciembre de 2007.

Inconforme,

Apelaciones

y

International

tras

la

recurrió

confirmación

al

de

Tribunal

la

de

sentencia

recurrida por tal foro, acude ante nos.

II

En estrecha relación con la presunción de inocencia

que cobija a todo acusado, la Sección 11 del Artículo II de

la Constitución de Puerto Rico garantiza que:

CC-2008-846

5

Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad

bajo

fianza

antes

de

mediar

un

fallo

condenatorio.

La detención preventiva antes del juicio no

excederá de seis meses. Las fianzas y las multas

no serán excesivas. Art. II, Sec. 11, Const. P.R,

L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 343.

En nuestro ordenamiento este derecho se hace efectivo

a través del contrato de fianza, sujeto a las exigencias de

las Reglas de Procedimiento Criminal, ya sea mediante el

reconocimiento de un fiador o por medio del depósito del

importe de la fianza por el acusado. No obstante, del

acusado no prestar la misma, el Estado lo mantendrá bajo su

custodia

por

constitucional

un

–

no

periodo

que

–

por

disposición

podrá

exceder

de

los

seis

meses.

Sánchez Álvarez v. González, 78 D.P.R. 849 (1955).

El contrato de fianza criminal es uno sui generis

entre el fiador y el Estado por el que el Estado transfiere

la

custodia

compromete

durante

del

a

todo

acusado

al

fiador

garantizar

la

comparecencia

el

procedimiento

y

criminal

éste

último

del

seguido

se

acusado

en

su

contra. Pueblo v. Colón, 161 D.P.R. 254 (2004); Pueblo v.

Martínez

Hernández,

158

D.P.R.

388

(2003);

Pueblo

v.

Newport Bonding & Surety Co., 145 D.P.R. 546 (1998).

No

obstante, como todo contrato de fianza siempre hay tres

partes involucradas – acreedor, deudor-fiado y fiador – lo

CC-2008-846

6

que da lugar a una serie de relaciones jurídicas entre

dichos sujetos que no pueden ser descartadas ligeramente.6

J. Alventosa del Río, La Fianza: Ámbito de Responsabilidad,

Granada, Ed. Comares, 1988, pág. 11.

En el contexto criminal, el contrato de fianza tiene

como

objetivo

asegurar

la

comparecencia

de

la

persona

acusada ante el tribunal a todas las etapas del proceso

judicial. Regla 219 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.

Ap. II, R.219. Es por tal motivo que la responsabilidad del

fiador no se limita a la prestación de la fianza. Como

parte

de

las

particularidades

del

contrato

de

fianza

criminal, el fiador está obligado a tomar parte activa en

todo el proceso penal para estar al tanto del paradero del

imputado

de

delito

y

asegurar

su

sumisión

al

proceso

criminal pendiente. Pueblo v. Colón, supra, págs. 260-61;

Pueblo v. Martínez Hernández, supra. Esto presupone, por

tanto,

un

alto

grado

de

diligencia

de

su

parte,

particularmente en aquellos casos en los que la fiadora es

una corporación que se dedica lucrativamente a ese negocio.

Pueblo v. Colón, supra, pág. 266.

6

“Es normal que el contrato de fianza se celebre entre el acreedor de

otro y el fiador, por ser las partes acreedora y deudora en la

relación accesoria de fianza.

Sin embargo, la razón o causa

determinante de que alguien se obligue a pagar una deuda ajena está en

la relación que media entre el fiador y el deudor principal, que

deberá calificarse en cada caso según su propia naturaleza […], con

independencia de la relación de fianza que es la existente entre

acreedor y fiador”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra.

ed. Barcelona, Ed. Bosch, 1988, Tomo II, vol. I pág. 596.

CC-2008-846

Toda

7

vez

que

la

custodia

del

acusado

ha

sido

transferida al fiador, la incomparecencia del custodio ante

el tribunal representa el incumplimiento del fiador de sus

obligaciones.

Pueblo

v.

Colón,

supra.

Por

dicho

incumplimiento deberá responder con la garantía ofrecida

según

el

procedimiento

de

confiscación

de

fianza

establecido en la Regla 227(a) de Procedimiento Criminal,

supra, R. 227(a). Dicho precepto dispone que de no mediar

una explicación satisfactoria para el incumplimiento, el

tribunal procederá a dictar una sentencia sumaria contra

los fiadores y confiscará el importe de la fianza.

III

En el caso de autos, la fiadora aduce que medio vicio

en su consentimiento por error y que éste conlleva la

anulabilidad

del

contrato.

Esto

porque

confió

en

la

identificación provista por el Estado que mediante varias

de sus instituciones intervino, entrevistó y mantuvo la

custodia del individuo bajo una identidad falsa. Apunta,

además, que le es imposible ubicar y arrestar al acusado

debido al error de identidad cometido por la “crasa falta

de

diligencia”

del

Estado

que

le

“indujo

a

error”

haciéndola entrar a un contrato bajo falsa creencia. Por

tanto, procedemos a profundizar en el estudio del vicio en

el consentimiento por error y su aplicación en el contrato

de fianza.

CC-2008-846

Todo

8

contrato

contratantes,

de

requiere

del

objeto

cierto

un

consentimiento

que

sea

de

los

materia

del

contrato y de causa. 31 L.P.R.A. sec. 3391. A tenor con

estos requisitos, el Artículo 1217 del Código Civil expone

que

“[s]erá

nulo

el

consentimiento

prestado

por

error,

violencia, intimidación o dolo”. 31 L.P.R.A. sec. 3404. En

particular, el error como vicio en el consentimiento ocurre

cuando, “la ignorancia o una falsa información ha inducido

al declarante a decidir algo que no es lo que realmente le

hubiese interesado”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho

Civil, supra, pág. 81. No obstante, no todo error invalida

el

consentimiento

y,

por

consiguiente,

el

contrato.

Nuestro ordenamiento requiere, en lo pertinente, que éste

recaiga:

…sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto

del contrato, o sobre aquellas condiciones de la

misma que principalmente hubiesen dado motivo a

celebrarlo.

El error sobre la persona sólo invalidará el

contrato cuando la consideración a ella hubiere

sido la causa principal del mismo.

El simple error de cuenta sólo dará lugar a su

corrección. 31 L.P.R.A. sec. 3405.

Cónsono

con

lo

anterior,

el

error

como

causa

de

invalidación del contrato es excepcional por presumirse la

CC-2008-846

9

validez del contrato y del consentimiento. Por tanto, quien

invoca el error tiene la carga de probarlo. Capó Caballero

v.

Ramos,

83

D.P.R.

650,

673

(1961);

L.

Díez-Picazo,

Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 6ta ed. Madrid,

Ed. Thomson/Civitas, 2007, pág. 209; J.R. Vélez Torres,

Curso de Derecho Civil: Derecho de Contratos, San Juan,

Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto

Rico,

1990,

pág.

53.

Asimismo,

y

conforme

nos

hemos

expresado en distintas ocasiones, para que éste anule un

negocio jurídico, se requiere principalmente que el error

sea

uno esencial y excusable.

Capó Caballero v. Ramos,

supra, pág. 673; Díez-Picazo, op. cit., pág. 213.

A. Error esencial

El error –sobre la sustancia de la cosa que fuere

objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la

misma–

es

esencial

cuando

fue

determinante

para

la

celebración del negocio por la parte contratante que lo

alega. Coop. La Sagrada Familia v. Castillo, 107 D.P.R. 405

(1978). El error esencial incluye el error en la identidad,

la materia o las cualidades esenciales de la cosa, siempre

y cuando, éstas fueran especialmente tenidas en cuenta.

Puig

Brutau,

op.

cit.,

pág.

85.

A

esos

efectos,

lo

importante es que el tribunal quede convencido de que del

contratante

haber

celebrado

el

Castillo,

supra.

conocido

contrato.

su

Coop.

Asimismo,

error,

La

hemos

éste

Sagrada

no

hubiese

Familia

expresado

que

v.

“la

CC-2008-846

10

apreciación de la esencialidad del error requiere prueba y

constancia del nexo que en cada caso tenga aquél con los

fines y objeto que las partes hayan perseguido y tenido en

cuenta

al

contratar”.

Coop.

La

Sagrada

Familia

v.

Castillo, supra.

B. Error excusable

Por otro lado, es preciso que el error sea excusable,

esto es que derive de actos desconocidos del obligado sin

que tal desconocimiento haya podido ser evitado con mediana

prudencia o diligencia, que no sea imputable al que lo

sufre. Capó Caballero v. Ramos, supra; Díez-Picazo, op.

cit., pág. 215.

En Capó Caballero v. Ramos, supra, citando

con aprobación las manifestaciones del Tribunal Supremo de

España expresamos que “es mucho menos admisible el error

«cuando

quienes

contratan

son

personas

peritas

o

conocedoras del respectivo negocio»”. Id., pág. 677.

Respecto a diligencia exigible y la distribución de

las

cargas

precontractuales

de

información

entre

partes, Díez-Picazo expresa que:

…cada parte debe informarse de las circunstancias

y condiciones que son esenciales o relevantes

para ella, desde luego en los casos en que tal

información le es fácilmente accesible.

La

diligencia se aprecia, además, teniendo en cuenta

las condiciones de las personas. Es exigible

mayor

diligencia

cuando

se

trata

de

un

profesional o de un experto.

La diligencia

exigible es, por el contrario, menor, cuando se

trata

de

persona

inexperta

que

entre

en

las

CC-2008-846

11

negociaciones con un experto. Díez-Picazo, op.

cit., pág. 216.

Por tanto, cada parte contratante tiene el deber de

informarse.

No obstante, esto no limita el análisis de los

tribunales sobre la diligencia y conducta de la otra parte

contratante.

IV

En el caso de autos, el acusado proveyó una identidad

falsa a las autoridades y actuó en todo momento bajo tal

identidad, incluso durante el periodo en el que estuvo bajo

la custodia del Estado.

El Estado utilizó los mecanismos

acostumbrados y requeridos para corroborar la información y

no advirtió la falsedad.

Posteriormente,

International,

compañía experta en este tipo de transacciones, prestó una

fianza por la cantidad de cien mil dólares ($100,000.00) en

efectivo como garantía de la comparecencia del acusado tras

haber confiado en la identidad provista por el Estado.

Por

tal motivo, se le transfirió a la fiadora su custodia.

No nos cabe duda de que el engaño cometido por el

individuo lesiona tanto los intereses del Estado, que quedó

imposibilitado

de

procesarlo

criminalmente,

intereses económicos de la compañía fiadora.

considerando

el

conflicto

de

intereses

como

los

No obstante,

existente

entre

ambas partes y conforme a la jurisprudencia y la doctrina

CC-2008-846

12

antes descritas, debemos examinar si el error que aduce la

fiadora fue uno esencial; cuál es la diligencia debida por

la fiadora, y si conlleva la excusabilidad de dicho error.

A. Error esencial

El

objeto

International

del

era

contrato

de

fianza

suscrito

garantizar

la

presentación

por

ante

el

tribunal del individuo que usurpó la identidad del señor

Javier

De

Jesús

Carrillo.

Estamos

contestes

con

la

determinación de que hubo error esencial respecto al objeto

del contrato. Entendemos que de la fiadora haber conocido

que no estaba garantizando al verdadero señor De Jesús, no

hubiese celebrado el mismo porque al cambiar la identidad

del

sujeto

cuya

presencia

garantizaba,

los

elementos

a

considerar para medir su riesgo se trastocaban totalmente.

No obstante, éste no es el único criterio para conceder la

anulación del contrato de fianza.

El error, además de ser

esencial, debe ser excusable.

B. Error excusable

Para que un error en la formación de un contrato sea

excusable, la parte contratante que aduce el error tiene el

deber de informarse de forma diligente.

Como discutiéramos

anteriormente, tal deber recae sobre ambas partes.

De los hechos del caso surge que el Estado realizó la

investigación correspondiente al proceso criminal en contra

del fiado. Lamentablemente, a pesar de su gestión, no pudo

CC-2008-846

13

descubrir la falsedad de la información suministrada por el

acusado. Sin embargo, aunque el Estado no logró percatarse

de

que

el

acusado

había

falsificado

su

identidad,

su

actuación reflejó la diligencia debida. En lo concerniente

a la evaluación e investigación llevadas a cabo por OSAJ,

dicha Oficina utiliza unos sistemas de información para

verificar

la

Reglamento

información

sobre

evaluación,

provista.

A

procedimientos

recomendación

de

tenor

con

uniformes

libertad

en

el

para

la

provisional,

supervisión y seguimiento de imputados de delito bajo la

jurisdicción de la Oficina de Servicios con Antelación al

Juicio, Reglamento Núm. 5991, Departamento de Estado, 6 de

julio de 1999, es ya cuando el tribunal decreta la libertad

provisional del individuo bajo la jurisdicción de OSAJ que

ésta corrobora – por medio de mecanismos adicionales e

inclusive

mediante

investigaciones

de

campo

-

la

información proporcionada, así como las recomendaciones y

otros

documentos

posteriormente

solicitados

con

el

propósito de verificar datos personales y así determinar

los niveles de supervisión requeridos para cada individuo.

Por otro lado, la fiadora simplemente descansó en la

información provista por el Estado, particularmente en la

denuncia, sin realizar una investigación independiente que

satisficiera

sus

necesidades

como

negocio

y

asumió

la

custodia y el riesgo por la incomparecencia del acusado.

La confianza que pudiera suscitarle la denuncia, documento

CC-2008-846

14

que puede ser enmendado por defectos de forma como defectos

sustanciales,

no

le

exime

de

la

diligencia

que

le

es

exigible como perita. Reglas 38(a) y 38(b) de Procedimiento

Criminal, supra, Reglas 38(a) y 38(b).

Todos los argumentos presentados por la fiadora, y

avalados por la Sentencia, imponen sobre el Estado el peso

de

la

corroboración

de

la

identidad

del

acusado.

Erróneamente, ésta arguye que en un contrato de fianza el

Estado asume la responsabilidad contractual de identificar

al imputado, sin necesidad de ésta verificarla, mientras

que

ella

solamente

se

obliga

a

fiar

y

garantizar

la

comparecencia del fiado. Toma, por tanto, el riesgo de la

incomparecencia a base de dicha información. Esto porque no

es parte de la pericia requerida a este tipo de compañías

la identificación de a quien fía tales sumas.

No podemos

avalar tales argumentos.

Precisamente, si la obligación de la fiadora consiste

en fiar y garantizar la comparecencia del fiado, entonces

para

cumplir

satisfactoriamente

con

esa

obligación,

consustancialmente, debe procurar, cuando menos, constatar

la identidad del fiado. Lo anterior no requiere de una

constatación

empírica

con

bases

científicas.

Basta

con

llevar a cabo aquella gestión razonable que le permita

asegurarse de que el fiado es quién dice ser. ¿Cómo una

compañía fiadora puede prestar una fianza de una cantidad

CC-2008-846

15

sustancial de dinero sin siquiera constatar la identidad

del

fiado,

máximo,

cuando

la

información

que

le

proporcionan a la fiadora antes de tomar su decisión de

afianzar al acusado, denota, prima facie, la posibilidad de

que el candidato a fianza haya falsificado su identidad o

que pueda evadir la jurisdicción estatal?7 Los argumentos

de la fiadora, no sólo desconocen las distintas relaciones

jurídicas existentes de un contrato de fianza, sino que

ignoran

el

deber

de

informarse

que

tienen

las

partes

contratantes y escudan la falta de diligencia de la fiadora

tras la supuesta crasa falta de diligencia de la otra parte

contratante.

Cabe señalar que a una compañía fiadora se le exige

mayor diligencia por su condición de experta en la materia

objeto de contrato que a una persona sin conocimiento de la

misma.

Como expresáramos en Pueblo v. Martínez Hernández,

supra, pág. 400, n. 10, las compañías fiadoras “[p]reviendo

la

eventualidad

de

tener

que

pagar

en

caso

de

incomparecencia del fiado, […] le exigen [al fiado] el pago

de primas y el otorgamiento de garantías colaterales para

7

Como parte de la información a la que tuvo acceso la fiadora antes de

tomar su decisión de afianzar al acusado, pudo inspeccionar dos

tarjetas de identificación aparentemente emitidas por dos estados de

los Estados Unidos con distintas direcciones, así como una tercera

dirección en Puerto Rico ofrecida verbalmente por el acusado. Podemos

razonablemente inferir que fue por esta misma falta de nexos con la

comunidad, evidenciada por documentos de otros estados, que OSAJ no le

ofreció a éste otros de sus servicios.

CC-2008-846

16

cubrir el monto de la fianza, de manera que su riesgo quede

asegurado.”

las

Por tanto, no es un negocio que se realice sin

debidas

salvaguardas

y

menos

ante

una

suma

tan

considerable.

Por tanto, somos de opinión que no es suficientemente

diligente una fiadora que descarga su responsabilidad de

revisar datos esenciales para la formación del contrato de

fianza en el Estado. Sostener lo contrario, le impondría la

responsabilidad absoluta al Estado (es decir, a una de las

partes contratantes) de asegurarse que la información sobre

el

potencial

fiado

sea

correcta.

Tal

contención,

refrendaría hasta la más absurda indolencia del ente fiador

en procurar la corroboración de la información suministrada

por el Estado sobre el candidato a ser fiado. Ese proceder

no sería justo. Por eso, somos del parecer, que aunque el

elemento bajo el que recayó el error era uno esencial determinante

para la celebración del negocio – éste no es

un error excusable debido a la falta de diligencia exigible

a

una

corporación

que

se

dedica

lucrativamente

a

ese

negocio.

La Sentencia señala que lo que resuelve no autoriza a

las

fiadoras

a

no

“ejercer

un

esfuerzo

diligente

y

razonable para identificar adecuadamente a las personas

cuya comparecencia garantizan” ni a que se interprete como

“norma absoluta que exima de responsabilidad a las fiadoras

CC-2008-846

17

en cualquier instancia en que resulte que el fiado proveyó

información

falsa

o

cometió

fraude

de

identidad”.

No

obstante, es un contrasentido que no le exija tal esfuerzo

a International y determine que no procede la confiscación

de

la

fianza

por

ésta

haber

descansado

tanto

en

la

identificación – según los mecanismos disponibles – del

Estado, como en que el acusado estuviera bajo su custodia

por tres meses. Es decir, si este no es el caso apropiado

para

resolver

que

la

fiadora

no

puede

ser

eximida

de

responsabilidad al no ejercer un grado mínimo de diligencia

para constatar que el fiado proveyó información falsa sobre

su identidad, entonces nos preguntamos ¿cuál será ese caso?

¿Hasta dónde habrá de extenderse la desidia de la fiadora

para resolver que su omisión fue inexcusable? Además, la

Sentencia tiene el efecto de descargar totalmente sobre el

Estado el deber de informarse que ambos contratantes se

supone compartan como parte de la diligencia debida en la

formación de todo contrato.

De forma alguna deseamos que se interprete que todo el

peso sobre la identidad del fiador recae en la fiadora

simplemente

porque

ésta

deriva

lucro

de

dicho

negocio.

Somos conscientes de que una fiadora diligente puede no

percatarse de este tipo de error como le sucedió al Estado.

No

obstante,

la

fiadora

debe

demostrar

actuaciones

diligentes que sean, a su vez, evaluadas al tenor con los

CC-2008-846

18

hechos de cada caso.

Éstas no están presentes en el caso

de autos.

De los hechos y admisiones de International surge que

ésta no llevó a cabo ninguna averiguación independiente de

la información suministrada, esencial para el contrato, y

por la que asumió un riesgo por la suma de cien mil dólares

($100,000).

Asimismo, se desentendió del imputado hasta

que el Tribunal de Primera Instancia le notificó una Orden

para Mostrar Causa ante la incomparecencia del individuo al

juicio en su fondo, fecha en que la fiadora admite que

comenzó su investigación para dar con su paradero y por la

que se enteró de que la identidad suministrada por éste era

falsa. La investigación que realizó la fiadora en este caso

luego de su incumplimiento, que incluyó la visita a la

residencia

enterara

informada

de

la

por

falsa

el

acusado

identidad

y

por

provista,

considerarse como una gestión extraordinaria.

cuando

la

fiadora

decidió

no

corroborar

la

no

que

se

puede

Esto máxime

previamente

la

dirección de la residencia en Puerto Rico a pesar de haber

tenido acceso a esta información y cuando solamente contaba

con dos identificaciones vigentes del acusado - que fueran

supuestamente

expedidas

por

los

estados

de

Nevada

y

California y en las que aparecían direcciones del acusado

en ambos estados. Ante este cuadro somos de opinión que la

gestión mínima que podía realizar la compañía fiadora era

verificar la dirección provista por el acusado dada la

CC-2008-846

inexistencia

19

de

una

identificación

que

contara

con

una

dirección física en Puerto Rico.

Ahora, sin embargo, ésta solicita que se le exonere

del cumplimiento de su obligación puesto que prestó tal

fianza confiando en la información provista por el Estado

en la denuncia que, según alega, tiene el deber contractual

de identificar al fiado.

El error en la formación del contrato pudo haberse

evitado por el ejercicio de una diligencia razonable a la

hora de contratar sus servicios. La fiadora, que se lucra

por la asunción del riesgo de la no comparecencia de los

acusados

al

sustituir

solicitó

la

custodia

al

Estado,

asumió

del

acusado,

quien

un

de

riesgo

otra

y

forma

hubiese permanecido bajo la custodia del Estado dentro de

los límites constitucionales. No podemos sancionar el que

el Estado asuma este riesgo por la falta de diligencia de

la fiadora, particularmente cuando se presume que ésta es

experta en la materia.

Es por su condición de experta que

ésta determina los riesgos que toma, así como los medios e

información que utiliza para evaluarlos.

erróneamente

descansó

en

el

supuesto

En este caso

de

que

no

le

corresponde contractualmente identificar ni investigar a

quién fiaba.

haber

Asimismo, International expresó que luego de

evaluado

la

información

provista

por

el

Estado,

CC-2008-846

consideró

20

que

ésta

era

razonablemente

confiable

para

prestar dicha fianza.

Sería ingenuo de nuestra parte liberar del pago de la

fianza a una compañía especialista en la materia que fía a

un individuo por semejante cantidad en las circunstancias

antes descritas.

Tal proceder podría tener efectos nocivos

en los contratos de fianza criminal, pudiendo prestarse

para un uso inescrupuloso que, además, impone al Estado

todas las consecuencias. Al fin y al cabo, nuestra postura

es cónsona con el raciocinio lógico e inteligible de que

para

cumplir

con

determinada

obligación,

es

preciso

realizar ciertos actos para lograr su consecución.

En esencia, estamos contestes con la Sentencia dictada

con relación a que el error en la identidad del acusado es

uno de carácter esencial o sustancial en la formación del

contrato de fianza. No obstante, disentimos por entender

que

el

error

excusable.

diligencia

sufrido

La

al

en

fiadora

momento

el

caso

no

demostró

de

su

de

autos

no

es

uno

ni

mínimo

de

formación.

un

Por

tanto,

concluimos que tal error no anula el referido contrato.

V

Por

los

argumentos

antes

expresados,

disiento

respetuosamente de la Sentencia emitida por el Tribunal.

El Tribunal de Apelaciones actuó correctamente al confirmar

CC-2008-846

21

la sentencia de confiscación de la fianza. No se puede

responsabilizar al Estado por un riesgo asumido por la

aseguradora.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada