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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Martinez Román y otros v. E.L.A de Puerto Rico y otros

2009 TSPR 176

Poder Judicial de Puerto Rico

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Martinez Román y otros v. E.L.A de Puerto Rico y otros

CT-2009-6

Decisión referente a Moción de Inhibición

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Zoraida Martínez Román, Saudy

Leilany Hernández Colón y

Jessenia Ayala Maldonado

Recurridos

v.

2009 TSPR 176

177 DPR ____

Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

Departamento de la Familia,

Administración para el sustento de

menores (A.S.U.M.E.)

Peticionarios

Número del Caso: CT-2009-6

Fecha: 20 de noviembre de 2009

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz

Lcda. Rosa Campos Silva

Lcdo. Simone Cataldi Malpica

Lcdo. Eliezer A. Aldarodo López

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Arcelio A. Maldonado Avilés II

Materia: Interdicto Preliminar, permanente y Sentencia Declaratoria

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Zoraida Martínez Román, Saudy

Leilany

Hernández

Colón,

Jesenia Ayala Maldonado

Recurridas

v.

CT-2009-6

Estado

Libre

Asociado

de

Puerto Rico, Departamento de

la Familia, y Administración

para el Sustento de Menores

Peticionarios

Decisión del Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES y de la Jueza

Asociada señora PABÓN CHARNECO, referente a moción de inhibición.

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de noviembre de 2009.

La parte recurrida, representada por el Lcdo.

Arcelio

A.

Maldonado

Avilés

II,

solicita

la

recusación del Juez y la Jueza que suscriben por unas

expresiones

en

la

Opinión

de

Conformidad

del

Juez

Asociado señor Rafael L. Martínez Torres en el caso

Yiyi Motors v. E.L.A., res. el 14 de octubre de 2009,

2009 T.S.P.R. 159, 177 D.P.R. ___ (2009). Según la

“moción

de

inhibición”,

reproducidas

e

dichas

interpretadas

en

expresiones,

un

según

editorial

del

periódico El Nuevo Día de 2 de noviembre de 2009, le

crean

a

las

recurridas

“la

preocupación

fundada,

genuina y legítima de que los aludidos Jueces de este

Tribunal Supremo, vayan a adjudicar su caso a base

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del

2

criterio

político

partidista...”.

Moción

de

inhibición, pág. 7.

De lo único que no debe haber duda aquí es de que la

preocupación que expresan las recurridas por conducto de

su abogado, es infundada, no tiene base alguna en la

realidad ni en la Opinión de Conformidad emitida en Yiyi

Motors

v.

E.L.A.,

supra,

y

raya

en

el

borde

de

la

difamación.

Con respeto a las recurridas y su abogado, debemos

señalarles

que

Conformidad

las

son

expresiones

claras

y

en

no

la

Opinión

corresponden

a

de

la

interpretación que les dio el editorialista ni la moción

de recusación. Una mera lectura de esas expresiones basta

para

comprenderlas.

cualquier

duda

se

Pero

si

despeja

eso

en

no

un

fuera

artículo

suficiente,

del

mismo

rotativo, que las recurridas y su abogado no incluyeron

como anejo ni al cual hacen referencia, publicado luego

del

editorial

Asociado

antes

señor

citado.

En

Martínez

ese

artículo,

Torres

el

explicó

Juez

sus

manifestaciones, en claro contraste con la tergiversación

que repiten las recurridas y su abogado. Señaló el Juez

Asociado señor Martínez Torres:

Se ha dicho que yo escribí que las

decisiones tienen que responder a un mandato

electoral, y nada más lejos de la verdad. Lo

que

escribí

quiere

decir

que

hay

unas

discrepancias entre los miembros del tribunal y

que eso es de esperarse en el sistema, porque

cuando las ramas políticas nominan [a los

Jueces del Tribunal Supremo] lo hacen a base de

entender que el nominado responde a una

filosofía jurídica general similar, pero no

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pueden esperar que por eso, las decisiones del

[T]ribunal le sean favorables. Tribunal en

fuego, La revista, El Nuevo Día, domingo, 8 de

noviembre de 2009, pág. 6.

En otras palabras, la Opinión de Conformidad hizo

referencia a que lejos de significar una hecatombe, las

diferencias de criterio en el Tribunal son naturales ante

la

presencia

de

nuevos

integrantes

con

una

filosofía

judicial propia. Esos nombramientos son el resultado del

mandato electoral dado al Gobernador y al Senado para

llenar las vacantes existentes en el Tribunal Supremo.

Ese es nuestro sistema constitucional y no hay porqué

desmerecerlo.

De

ahí

se

ha

saltado

equivocadamente

a

hacer

el

siguiente silogismo: (a) Los nuevos Jueces llegaron al

Tribunal Supremo luego de su nombramiento por las ramas

políticas del gobierno. (b) Los incumbentes en las ramas

políticas tienen esa facultad producto del resultado de

las

elecciones

generales.

(c)

Por

lo

tanto,

las

decisiones de los nuevos integrantes del Tribunal van a

responder al resultado electoral.

Semejante barbaridad es antijurídica y errónea, y no

corresponde

a

lo

que

se

expresó

en

la

Opinión

de

Conformidad de Yiyi Motors v. E.L.A., supra. De hecho, en

ese caso la decisión fue en contra del Gobierno.

Las decisiones, a diferencia de los nombramientos,

responden a los hechos y el derecho. Se ajustan a la

conciencia libre e independiente del juez y no a los

deseos

de

los

políticos.

Se

emiten

con

total

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4

imparcialidad e independencia de criterio judicial, con

absoluta fidelidad a la Constitución y las leyes, y de

acuerdo a los hechos que están ante el Tribunal.

El buen abogado busca siempre la fuente original,

que en este caso es la Opinión de Conformidad, y no las

interpretaciones

pedestres

que

otros

le

puedan

dar.

Conviene aclarar, entonces, para beneficio y tranquilidad

de

las

partes

y

del

Pueblo

en

general,

la

teoría

democrática detrás de las expresiones que le “preocupan”

a la parte recurrida y su abogado.

Al respecto, el Juez Asociado señor Martínez Torres

dictó una charla el lunes, 16 de noviembre de 2009, ante

los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, en

Ponce, y allí abundó sobre el tema que nos ocupa:

Por supuesto, una vez ocupan su cargo, los

jueces

en

nuestro

sistema

tienen

total

independencia para decidir. Esa independencia

judicial significa que el juez va a resolver

conforme con su conciencia, y a base de la ley

y el derecho, sin dejarse influenciar por los

políticos, los cabilderos, por el resultado de

las elecciones, los comentarios en la prensa ni

por las manifestaciones callejeras. El proceso

de nombramiento, en cambio, es distinto.

Los jueces son elegidos y nominados por el

Primer Ejecutivo; luego, son confirmados por el

Senado. Tanto el Primer Ejecutivo como los

senadores son políticos. Tienen ideas forjadas

de cuál debe ser el rol de los tribunales y

esas ideas las comparten con la mayoría del

pueblo que los eligió. Por ejemplo, pueden

entender que los tribunales deben ser más o

menos lenientes al dictar sentencias penales;

que deben ser más activos o por el contrario,

más

deferentes

con

las

agencias

administrativas; que deben ser más expansivos o

en cambio, más recatados al interpretar las

garantías constitucionales de los individuos

frente

al

gobierno.

Todas

esas

actitudes

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jurídicas -en esos y otros temas- forman la

filosofía judicial del nominado y definirán su

ejecutoria como Juez del Tribunal Supremo. Es

decir, tenemos que reconocer, como dijo el Juez

Cardozo, que “las grandes mareas y corrientes

que absorben al resto de los hombres no alteran

su curso para pasarle por el lado a los

jueces”.1

Por ende, al investigar candidatos al

máximo tribunal, los políticos que los escogen

evalúan todos esos factores. Buscan candidatos

que compartan su filosofía de cómo debe

comportarse el Tribunal Supremo. No es que

busquen que determinados casos se resuelvan de

cierta manera o que el Tribunal decida a favor

del gobernante. Los políticos saben que más

fácil sería hallar la mitológica olla repleta

de oro al final del arcoíris. De lo que se

trata es de moldear indirectamente el Tribunal

Supremo con la visión judicial del Primer

Ejecutivo, sea ésta activista o conservadora.

Esa visión responde al pueblo, indirectamente,

ya que los electores eligen sus gobernantes en

la

Rama

Ejecutiva

y

el

Senado,

y

les

encomiendan

la

nominación

y

confirmación,

respectivamente, de los Jueces del Tribunal

Supremo. A ese proceso le he llamado el “flujo

normal de la marea judicial en una democracia,

producto indirecto del mandato del Pueblo

expresado donde corresponde, en las urnas”.2

Solamente una mente prejuiciada o de escasa cultura

jurídica

puede

interpretar

esa

última

frase

como

una

advertencia de que los recursos ante este Tribunal se van

a

resolver

conforme

al

resultado

de

las

elecciones

esa

afirmación,

generales o a favor del Poder Ejecutivo.

Ante

la

patente

incorrección

de

rechazamos los fundamentos de la moción de inhibición.

1

B.N. Cardozo, The Nature of the Judicial Process, New

Haven, Yale Univ. Press, 1921, pág. 168.

2

Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A., res. el 14 de octubre de

2009, 2009 T.S.P.R. 159, 177 D.P.R. ___, ___ (2009),

Opinión de Conformidad.

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6

Las partes y sus abogados pueden estar seguras de que los

suscribientes

independencia

resolverán

judicial,

de

este

acuerdo

caso

con

total

a

hechos

y

los

el

derecho.

Ahora bien, los suscribientes tenemos que advertir

para éste y casos ulteriores, que no vamos a permitir que

la tergiversación de nuestras manifestaciones anteriores

se utilice para tratar de evitar nuestra intervención en

casos de alto interés público. No hay constancia alguna

de prejuicio o ánimo prevenido de los suscribientes que

impida nuestra intervención en este caso. Véase, e.g.,

Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 142 D.P.R. 941 (1997)

(Decisión del Juez Asociado señor Corrada Del Río sobre

moción de recusación). Si las recurridas y su abogado

confían en que el derecho les favorece, no deben albergar

preocupación alguna.

Tampoco

repetición

o

vamos

a

expansión

permanecer

callados

del

de

patrón

ante

la

descrédito

que

denunciamos en la Opinión de Conformidad de Yiyi Motors

v. E.L.A., supra, que motivaron las expresiones que son

objeto de la moción de inhibición. “Al advenir a esta

noble profesión, al juez no puede considerársele como que

renuncia a defender su honra y dignidad, así como su

título y trabajo.” In re Colton Fontán II, 154 D.P.R.

776, 798 (2001) (Decisión del Juez Asociado señor RIVERA

PÉREZ sobre moción de inhibición). Conviene recordar que

señalar

que

un

juez

aparenta

estar

parcializado

o

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7

prejuiciado, sin motivos fundados para que un observador

imparcial

pueda

creerlo,

es

una

alegación

que

siempre

hemos censurado, rechazado y desalentado. Id., pág. 799;

In re Cardona Álvarez, 116 D.P.R. 895 (1986). La seria

imputación de una apariencia razonable de parcialidad por

un juez tiene que basarse en hechos objetivos y no en

opiniones editoriales y recortes de periódico.

Concluimos que un observador objetivo, razonable y

prudente, con conocimiento específico y detallado de las

expresiones hechas en la Opinión de Conformidad de Yiyi

Motors v. E.L.A., supra, no tendría base razonable ni

motivo

fundado

para

dudar

de

la

imparcialidad

de

los

suscribientes. In re Colton Fontán II, supra, pág. 799.

La base para la “preocupación” de las recurridas y su

abogado

no

es

interpretación

la

Opinión

errónea

que

de

otros

Conformidad

sino

han

de

hecho

la

ella.

Nuestro sistema exige mayor cultura jurídica de parte de

los abogados y más ponderación al recurrir al mecanismo

de la recusación de jueces.

El

abogado,

en

el

descargo

de

su

responsabilidad

como

representante

de

su

cliente, debe actuar sin temor cuando tiene

motivos fundados para solicitar la inhibición

de un juez; sin embargo, debe ser cauteloso y

prudente, sobre todo, cuando el motivo de la

inhibición que se invoca como causa es conducta

del juez alegadamente reñida con la ética

judicial,

y

mientras

más

grave

sea

su

imputación, mayor debe ser su ponderación de

las bases de la misma. In re Colton Fontán II,

id., pág. 798.

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En fin, por todo lo expuesto, se declara sin lugar

la moción de inhibición.

Publíquese.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

MILDRED G. PABÓN CHARNECO

Jueza Asociada