Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pagán Rodríguez v. Hon. Carmen D. Miranda Fernández , Registradora de la Propiedad en Bayamón
2009 TSPR 163
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pagán Rodríguez v. Hon. Carmen D. Miranda Fernández , Registradora de la Propiedad en Bayamón
RG-2009-2
Derecho Registral – Tracto sucesivo en inscripción de cesión entre ex cónyuges
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Zaida L. Toro Avilés
Certiorari
Demandante-Recurrida
2009 TSPR 163
v.
177 DPR ____
Puerto Rico Telephone Company
Demandante-Peticionaria
Número del Caso: CC-2005-379
Fecha: 23 de octubre de 2009
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Mayagüez
Juez Ponente:
Hon. Carlos Soler Aquino
Abogada de la parte Recurrida:
Lcdo. José R. López de Victoria Bras
Materia:
Reclamación
de
descuento
declaratoria, daños y perjuicios
de
salario,
Sent
encia
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Zaida L. Toro Avilés
Demandante-Recurrida
v.
CC-2005-379
Certiorari
Puerto Rico Telephone Company
Demandada-Peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff
Caraballo
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2009.
En esta ocasión, nos corresponde resolver si
un patrono está obligado a cumplir con una orden de
embargo
de
salario
emitida
contra
una
de
sus
empleadas por una agencia administrativa del estado
de Nueva York, bajo la autoridad de la ley federal
“Higher
Education
determinar
si
el
Act”1.
Además,
procedimiento
nos
de
corresponde
es
exequátur
aplicable a dicha orden administrativa.
I.
La
demandante-recurrida,
Sra.
Zaida
L.
Toro
Avilés,
es
empleada
de
la
Puerto
Rico
Telephone
Company
(P.R.T.C.)
en
la
ciudad
de
Mayagüez,
__________________
1
Higher Education Act, 20 U.S.C. sec. 1070 et seq. (1965).
CC-2005-379
2
Puerto Rico. El 15 de enero de 2003, la P.R.T.C. recibió
una Orden de retención de salarios (“Order of Withholding
from Earnings”) de la corporación estatal de Nueva York
“New
York
State
Higher
Education
Services
Corporation”
(H.E.S.C.), con fecha del 3 de enero de 2003. La referida
orden, que fue emitida en virtud de la ley federal “Higher
Education Act” (H.E.A.),2 establecía que P.R.T.C. tenía que
retener del salario de la señora Toro Avilés una suma que
no excediera el diez por ciento (10%) del pago neto de la
empleada
en
cada
periodo
de
pago
o
la
suma
permitida
conforme a la Ley Federal sobre Embargos de Salarios,3 que
permite
los
embargos
múltiples
hasta
un
máximo
de
veinticinco por ciento (25%) del salario neto. Además, se
autorizó al patrono a descontar una suma mayor sólo si el
empleado consentía por escrito dicho descuento superior.
En
la
propia
orden
de
retención
remitida
por
la
H.E.S.C. se señalaba que ésta era un mecanismo utilizado
para
cobrar
deudas
morosas
de
préstamos
estudiantiles
garantizados bajo la legislación federal antecedida. Según
la
orden,
hasta
el
31
de
diciembre
de
2002
la
deuda
ascendía a seis mil seiscientos dieciséis dólares con un
centavo ($6,616.01). En dicho documento se le ordenó al
patrono
a
dirigir
las
sumas
retenidas
a
la
dirección
postal de la H.E.S.C., la cual fue provista. Así pues, la
P.R.T.C. procedió a hacer los descuentos del salario de la
recurrida bisemanalmente de conformidad con este
2
Íd.
3
Consumer Credit Protection Act, 15 U.S.C. sec. 1671 et seq.(1968).
CC-2005-379
3
procedimiento. A la señora Toro Avilés se le descontó una
primera
suma
de
cincuenta
y
un
dólares
con
veintiún
centavos ($51.21) y se le activó un descuento de setenta y
un dólares con sesenta centavos ($71.60) bisemanal hasta
que
se
completara
la
cantidad
adeudada
de
seis
mil
seiscientos dieciséis dólares con un centavo ($6,616.01).4
Así las cosas, el 15 de enero de 2004, la señora Toro
Avilés
presentó
una
demanda
contra
P.R.T.C.
en
la
que
alegó que desde diciembre de 2002 la P.R.T.C. le estaba
haciendo descuentos de su salario sin notificación previa,
sin
evidencia
Además,
y
sin
justificación
sostuvo
que
las
ni
actuaciones
autoridad
de
su
alguna.
patrono
se
fundamentaban en una Sentencia del estado de Nueva York
que nunca le fue informada ni que fue registrada en Puerto
Rico.
Alegó
salario
que
los
contraviniendo
descuentos
las
estaban
disposiciones
afectando
de
ley
y
su
los
derechos de ella como empleada. Por último, la demandante
alegó
que
no
existían
documentos
entregados
para
justificar
tal
actuaciones
de
la
eran
P.R.T.C.
que
le
determinación
totalmente
hayan
sido
y
las
que
opresivas e
injustificadas.
Por su parte, el 22 de abril de 2004, la P.R.T.C.
presentó
una
Moción
en
solicitud
de
sentencia
sumaria.
Atendida la solicitud, el tribunal mediante Orden dispuso
para la comparecencia de la parte demandante requiriéndole
su posición. Transcurrido en exceso el término de veinte
4
Véase, Apéndice de la Petición de certiorari de la parte demandadapeticionaria, parte VIII, pág. 163.
CC-2005-379
4
(20) días concedido a la parte demandante para exponer su
posición, ésta no compareció. El 21 de julio de 2004, el
foro primario declaró con lugar la moción, desestimando en
su totalidad la reclamación de la demandante. Dicho foro
concluyó que la P.R.T.C. estaba obligada a cumplir con la
orden
de
retención
de
salarios,
conforme
a
las
disposiciones de la H.E.A.
Inconforme, la señora Toro Avilés presentó recurso de
apelación ante el Tribunal de Apelaciones, el cual revocó
la
sentencia
apelada.
El
foro
apelativo
intermedio
determinó que: “[l]a sentencia extranjera en la que se
fundamenta su decisión, no tiene vigencia automática ex[
]propio vigore. Para que dicha sentencia tenga validez y
efectividad en nuestra jurisdicción, se requiere que se
cumpla con el procedimiento de Exequátur”.
Inconforme, la peticionaria P.R.T.C. acude ante nos
mediante
recurso
de
certiorari
en
el
que
señala
la
comisión, por parte del foro apelativo intermedio, de los
siguientes errores:
i.
Erró
el
Tribunal
de
Apelaciones
al
determinar que la orden de retención de
salario emitida por la New York Higher
Education
Services
Corporation
y
con
respecto a la deuda de la demandanterecurrida
surge
de
una
sentencia
extranjera y/o norteamericana.
ii.
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones
al
determinar
que
es
necesario
un
procedimiento
de
Exequátur
para
dar
validez a la orden de retención de salario
que emana de una Ley Federal especial en
lo sustantivo y en lo procesal.
iii.
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones
al revocar la sentencia sumaria dictada
CC-2005-379
5
correctamente por el Tribunal de Primera
Instancia
ante
la
inexistencia
de
controversias
de
hechos
materiales
y
esenciales.
iv.
En la alternativa, erró el Tribunal de
Apelaciones al determinar que la sentencia
sumaria no es un procedimiento legítimo
para obtener el Exequátur.
Con el beneficio de las comparecencias de las partes,
procedemos a resolver el recurso.
II.
El exequátur es el procedimiento que se utiliza para
reconocer
estados
de
y
ejecutar
Estados
sentencias
Unidos
o
de
de
tribunales
países
de
los
extranjeros
en
nuestra jurisdicción. El propósito de este procedimiento
es garantizar a las partes afectadas por una sentencia
extranjera el debido proceso de ley, y así brindarles la
oportunidad para ser escuchadas y presentar sus defensas.5
A tales efectos, este Tribunal enumeró las normas de
Derecho Internacional Privado que rigen, en ausencia de
tratado
o
legislación
convalidación
de
las
especial,
el
reconocimiento
sentencias
extranjeras
en
y
la
Puerto
Rico.6 Dichas normas, que hemos reconocido y ratificado a
través de los años, se pueden resumir de la siguiente
manera:
1. Que la sentencia extranjera haya sido dictada
por un tribunal con jurisdicción sobre la
persona y el asunto que sea objeto de la misma.
2. Que la sentencia haya sido dictada por un
tribunal competente.
5
6
Mench v. Mangual, 161 D.P.R. 851, 856 (2004).
Íd., pág. 856-857; Márquez Estrella, Ex-parte, 128 D.P.R. 243, 250
(1991); Silva Oliveras v. Durán Rodríguez, 119 D.P.R. 254, 259 (1987);
Ef. Litográficos v. Nat. Paper & Type Co., 112 D.P.R. 389 (1982).
CC-2005-379
6
3. Que se haya observado el debido proceso de ley
por el tribunal que emitió la sentencia.
4. Que el sistema bajo el cual se dictó la
sentencia se distinga por su imparcialidad y
ausencia de prejuicio contra los extranjeros.
5. Que la sentencia dictada en el extranjero no
sea contraria al orden público del foro
requerido o local, que no sea contraria a los
principios básicos de la justicia y que no haya
sido obtenida mediante fraude.7
De la norma antecedida se desprende que su aplicación
corresponde solamente a las sentencias dictadas en otros
países. En Márquez Estrella, Ex-parte, 128 D.P.R. 243, 250
(1991), definimos, específicamente en el contexto y para
efectos del recurso de exequátur, lo que constituye una
sentencia
de
este
cualquier
sentencia
tipo,
señalando
dictada
por
un
que
se
trata
de
tribunal
ajeno
al
Estado Libre Asociado, incluyendo los tribunales estatales
de los Estados Unidos.
Ahora bien, si se trata de una sentencia de un estado
de
los
Estados
Unidos
hemos
reconocido
que
el
procedimiento de exequátur es relativamente más sencillo.8
Por consiguiente, contrario a los casos de sentencias de
otros
países,
sentencias
de
el
reconocimiento
algún
estado
de
en
Puerto
Rico
de
las
los
Estados
Unidos
está
sujeto simplemente a las limitaciones de la cláusula de
entera fe y crédito de la Constitución federal.9 En estos
casos,
los
tribunales
puertorriqueños
sólo
tienen
que
darle entera fe y crédito a dichas sentencias estatales,
7
Íd.
8
Roseberry v. Registrador, 114 D.P.R. 743 (1983); Márquez Estrella,
Ex-parte, supra, págs. 255-256.
9
Íd.
CC-2005-379
7
siempre y cuando éstas hayan sido dictadas por un tribunal
con jurisdicción sobre la persona y la materia, mediante
el debido proceso de ley y no hayan sido obtenidas por
fraude.10 Así pues, el procedimiento de exequátur aplica
sólo a situaciones relacionadas con sentencias dictadas
por
tribunales
que
no
formen
puertorriqueña
y,
a
su
parte
vez,
los
de
la
jurisdicción
requisitos
varían
dependiendo si la sentencia que se pretende validar es de
un país extranjero, o de un estado de los Estados Unidos.
En este caso, sólo en las alegaciones de la parte
recurrida se hace mención de una sentencia del estado de
Nueva York, y ni siquiera se especifica el tribunal que la
emitió. Por consiguiente, luego de un riguroso análisis
del
expediente,
entendemos
que
dichas
expresiones
son
utilizadas erróneamente para hacer referencia a la orden
administrativa de la corporación estatal neoyorquina. Por
otro
lado,
es
evidente
que
el
Tribunal
de
Apelaciones
fundamentó su decisión en dichas alegaciones sin verificar
si verdaderamente existía una sentencia del estado de New
York. La cual, en definitiva, no existe.11
Al así actuar, el Tribunal de Apelaciones erró en su
función revisora al determinar que la orden de retención
de salario emitida por la corporación estatal “New York
10
Márquez Estrella, Ex-parte, supra, págs. 255-256.
11
La confusión sobre la existencia de la sentencia extranjera es tal,
que el Tribunal de Apelaciones expresó que existía una sentencia de un
tribunal de Nueva York y el Tribunal de Primera Instancia expresó que
existía una de un tribunal de Minnesota. Sin embargo, al examinar el
expediente surge que la sentencia de Minnesota a la que se hace alusión
es la del caso Educational Credit Management Corp. v. Cherish Products
Inc., 247 F. Supp. 2d 1132 (2003), la cual fue incluida por P.R.T.C. en
su moción de sentencia sumaria como fundamento legal para sustentar sus
alegaciones y no estaba relacionada directamente con el caso de autos.
CC-2005-379
Higher
8
Education
Services
Corporation”
surge
de
una
sentencia del estado de New York. Es claramente palpable
que dicha orden no fue emitida por un tribunal. Por lo
tanto,
el
primer
procedimiento
de
error
exequátur
fue
cometido
ya
que
el
no
aplicable
al
caso
de
es
autos.
Ahora bien, en este caso nos enfrentamos a una orden
administrativa estatal de un estado de los Estados Unidos
bajo la autoridad de una ley federal que ocupa el campo y
permite
la
plena
ejecución
de
dicha
orden
en
nuestra
jurisdicción sin necesidad de ir a los tribunales. Veamos.
III.
El programa federal “Federal Family Education Loan
Program” (FFELP), antes conocido como “Guaranteed Student
Loan Program”, fue creado por la ley federal conocida como
“Higher
Education
Act”
(H.E.A.)
como
un
esfuerzo
para
incentivar el uso de capital privado con el objetivo de
financiar a bajo interés, préstamos a largo plazo para la
educación post-secundaria.12
La
H.E.A.
permite
que
agencias
garantizadoras
(“guaranty agency”) manejen la administración del programa
de
préstamos
federal.13
a
Este
nivel
tipo
estatal
de
en
agencia
nombre
del
gobierno
garantiza
el
préstamo
estudiantil realizado a un prestamista privado. Así pues,
12
13
20 U.S.C. sec. 1071 et seq.
La H.E.A. define el término de “agencia garantizadora” de la forma
siguiente:
“The term ‘guaranty agency’ means any State or
nonprofit private institution or organization with which
the Secretary has an agreement under section 1078(b) of
this title.” 20 U.S.C. sec. 1085 (j).
CC-2005-379
si
un
9
estudiante
garantizadora
no
paga
paga
el
dicho
préstamo,
balance
la
agencia
(“out-standing
loan
balance”) al prestamista y toma el título del préstamo.
Una vez paga, ésta puede comenzar a realizar esfuerzos
para cobrar la deuda.
Cuando
el
prestatario
falla
en
reembolsar
el
préstamo, uno de los métodos de cobrar el pago de estos
préstamos
FFELP
en
mora,
es
mediante
el
embargo
administrativo
de
salario
(“Administrative
Garnishment”).14
Este
tipo
orden
de
permite
Wage
embargar
salarios sin la necesidad de tener una orden judicial, ya
que el Congreso entendió que no era costo-efectivo para el
Departamento de Justicia perseguir a través del proceso
judicial
los
préstamos
en
mora
que
este
tipo
de
envuelven
pequeñas
cantidades de dinero.15
Con
relación
a
embargos,
la
H.E.A.
dispone lo siguiente:
“(a) Garnishment requirements.
Notwithstanding any provision of State law,
a guaranty agency, or the Secretary in the case
of loans made, insured or guaranteed under this
title [20 USC §§ 1070 et seq.] that are held by
the Secretary, may garnish the disposable pay of
an individual to collect the amount owed by the
individual, if he or she is not currently making
required repayment under a repayment agreement
with the Secretary, or, in the case of a loan
guaranteed under part B [20 USC §§ 1071 et seq.]
on
which
the
guaranty
agency
received
reimbursement from the Secretary under section
428(c) [20 USCS § 1078], with the guaranty agency
holding the loan, as appropriate, provided that—
14
20 U.S.C. sec. 1095(a).
15
137 Cong. Rec. S7291-02, S7369.
CC-2005-379
10
(1)
the amount deducted for any pay period may
not exceed 15 percent of disposable pay,
except that a greater percentage may be
deducted with the written consent of the
individual involved;
(2)
the individual shall be provided written
notice, sent by mail to the individual's
last known address, a minimum of 30 days
prior to the initiation of proceedings, from
the guaranty agency or the Secretary, as
appropriate, informing such individual of
the nature and amount of the loan obligation
to be collected, the intention of the
guaranty
agency
or
the
Secretary,
as
appropriate, to initiate proceedings to
collect the debt through deductions from
pay, and an explanation of the rights of the
individual under this section;
(3)
the
individual
shall
opportunity to inspect
relating to the debt;
(4)
...
(5)
the
individual
shall
be
provided
an
opportunity for a hearing in accordance with
subsection (b) on the determination of the
Secretary
or
the
guaranty
agency,
as
appropriate, concerning the existence or the
amount
of
the
debt,…
concerning
the
existence or the amount of the debt,…
(6)
the employer shall pay to the Secretary or
the guaranty agency as directed in the
withholding order issued in this action, and
shall be liable for, and the Secretary or
the guaranty agency, as appropriate, may sue
the employer in a State or Federal court of
competent
jurisdiction
to
recover,
any
amount that such employer fails to withhold
from wages due an employee following receipt
of
such
employer
of
notice
of
the
withholding order, plus attorneys' fees,
costs, and, in the court's discretion,
punitive damages, but such employer shall
not be required to vary the normal pay and
disbursement cycles in order to comply with
this paragraph;
(7)
...
be
and
provided
an
copy records
CC-2005-379
(8)
De
11
Accordance with this section by reason of
the fact that the individual's wages have
been subject to garnishment under this
section, and such individual may sue in a
State
or
Federal
court
of
competent
jurisdiction any employer who takes such
action. The court shall award attorneys'
fees to a prevailing employee and, in its
discretion, may order reinstatement of the
individual, award punitive damages and back
pay to the employee, or order such other
remedy as may be reasonably necessary.” 20
U.S.C. sec. 1095a
lo
anterior,
podemos
colegir
que
este
estatuto
federal establece una serie de requisitos procesales con
los cuales la agencia garantizadora deberá cumplir antes
de emitir una orden de embargo de salario al patrono del
deudor. Entre estos requisitos se encuentran el deber de
notificación y el derecho que tiene el deudor a una vista,
entre otros. Sin embargo, como veremos más adelante, el
patrono no tiene discreción alguna para negarse a cumplir
con la orden.
Las disposiciones legales de la H.E.A. permiten a una
agencia garantizadora embargar el salario del prestatario
moroso,
emitiendo
una
orden
de
embargo
dirigida
a
su
patrono. La cantidad deducida en un periodo de pago no
podrá
exceder
neto.16
Dicha
el
quince
orden
por
deberá
ciento
(15%)
contener
la
del
salario
información
necesaria para permitirle al patrono cumplir con ésta.17
16
20 U.S.C. sec. 1095(a)(1); aunque al momento de los hechos el máximo
permitido por la ley era de diez por ciento (10%). Además, es
importante señalar que en el escenario en el cual el empleado
estuviese sujeto a múltiples embargos, la legislación federal
establece que nunca se le podrá embargar al empleado más del
veinticinco por ciento (25%) de su salario neto. 15 U.S.C. sec.
1673(a).
17
20 U.S.C. sec. 1095a(c); 34 C.F.R. sec. 682.410(b)(9)(i)(I).
CC-2005-379
12
Ahora bien, el patrono de dicho prestatario moroso no
está autorizado a impugnar o cuestionar si su empleado
debe realmente los préstamos. De hecho, del texto de la
disposición
sobre
el
embargo
de
salario
surge
que
el
patrono no tiene defensa alguna contra la orden de embargo
al disponer que, “the employer shall pay… as directed in
the withholding order.”18 Es decir, la H.E.A. permite que
sólo
el
prestatario
moroso,
y
no
su
patrono,
pueda
controvertir la deuda o el procedimiento.19
Si luego de recibir la orden de embargo el patrono se
negase a cumplirla, podría responder por dicha deuda.20 La
H.E.A.
permite
patrono
en
los
a
la
agencia
tribunales
garantizadora
estatales
y
demandar
federales
al
para
recobrar no sólo la deuda del empleado sino, que en este
tipo de situación, el patrono podría responder también por
las costas y los honorarios de abogado así como por los
daños punitivos.21 Así pues, el patrono no tiene discreción
alguna para negarse a cumplir con la orden de embargo
emitida por una agencia garantizadora bajo el palio de la
H.E.A. Además, el patrono no tiene otras alternativas a
seguir en la jurisdicción estatal, ya que la ley federal
clara y expresamente ocupa el campo estatal.22
18
20 U.S.C. sec. 1095a(a)(6).
19
20 U.S.C. sec. 1095a(a)(5) y 1095a(b).
20
20 U.S.C. sec. 1095a(a)(6); 34 C.F.R. sec. 682.410(b)(9)(i)(F).
21
Íd.
22
Véase, 20 U.S.C. sec. 1095a(a); esta sección claramente establece
que, “Notwithstanding any provision of State law, a guaranty agency,…
may garnish the disposable pay of an individual…”.
CC-2005-379
13
Por consiguiente, un patrono en Puerto Rico al que
una agencia administrativa de un estado le ha remitido una
orden de embargo contra unos de sus empleados, actuando
bajo la autoridad de una ley federal que ocupa el campo,
está obligado a cumplir con ésta.
En el caso de autos, la P.R.T.C. recibió una orden de
embargo de la corporación estatal neoyorquina H.E.S.C., el
15 de enero de 2003, en contra de su empleada Zaida L.
Toro Avilés. Dicha orden ordenaba a la P.R.T.C. embargar
el diez por ciento (10%) del salario neto de ésta o la
suma permitida por la ley federal. La orden contenía el
nombre de la empleada, su seguro social, dirección y la
cantidad que adeudaba. Además, señalaba la fuente de ley
que le permitía a H.E.S.C. emitir la orden de embargo de
salario. La orden incluía también la dirección a la cual
la
P.R.T.C.
debía
enviar
las
deducciones
hechas,
las
cuales debían contener el nombre y seguro social de la
deudora.
Por
lo
tanto,
ésta
contenía
la
información
necesaria para permitirle a la P.R.T.C. cumplir con ella.
Por su parte, la señora Toro Avilés expone en su
alegato que la P.R.T.C. no tenía autoridad para retener
parte
de
su
procedimiento
salario
de
y
que
no
exequátur.
se
había
Sin
seguido
embargo,
el
ambos
planteamientos son inmeritorios. Ya hemos mencionado que
el
procedimiento
de
exequátur
no
es
aplicable
a
las
la
actuación
de
la
órdenes
administrativas.
Además,
P.R.T.C.
está
por
los
tal
razón,
previamente
respaldada
esbozados.
Por
estatutos
la
federales
actuación
de
CC-2005-379
14
dicho patrono no fue ultra vires, sino que actuó dentro
del marco legal permitido. Al mismo tiempo, incumplir con
dicha orden administrativa expone al patrono a responder
judicialmente.23
Por otro lado, la legislación federal no requiere un
procedimiento especial para validar la orden de retención
de salarios recibida por el patrono, en este caso P.R.T.C.
Además, la señora Toro Avilés no impugnó la deuda, no
entabló ningún procedimiento judicial en contra de “New
York
State
Higher
Education
Services
Corporation”,
ni
impugnó el proceso seguido por ésta última. Claramente,
por disposición federal, en este caso no se requiere un
procedimiento especial para validar la orden recibida por
la P.R.T.C., previo a darle cumplimiento al embargo de
salarios.
Por lo tanto, erró el Tribunal de Apelaciones al
determinar que era necesario un procedimiento de exequátur
para dar validez a la orden de retención de salarios.
IV.
La Regla 36 de Procedimiento Civil provee para que
pueda
dictarse
reiteradas
sumaria
es
una
sentencia
ocasiones,
un
hemos
mecanismo
23
de
forma
expresado
procesal
que
sumaria.24
la
En
sentencia
extraordinario
cuyo
Con fines ilustrativos, véanse algunas decisiones similares a las
que
han
llegado
algunas
Cortes
de
Distrito
Federal
en
la
interpretación de esta ley. Educational Credit Management Corp. v.
Cherish Products Inc., 247 F. Supp. 2d 1132 (2003); Savage v. Scales,
310 F. Supp. 2d 122 (2004); Educational Credit Management Corporation
v. Chuck Wilson, 2005 U.S. Dist. LEXIS 45334 (E.D. Tenn. May 27,
2005).
24
32 L.P.R.A. Ap. III R. 36.
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15
propósito fundamental es agilizar la tramitación de los
pleitos al eludir la celebración ordinaria de juicios en
méritos.25
los
Para
que
proceda la
utilización de
este
mecanismo, el peticionario tiene que establecer su derecho
con
claridad
y
demostrar
la
inexistencia
de
una
controversia real sustancial sobre hechos materiales.26
Así
pues,
sumariamente
la
si
sentencia
de
las
solicitada
alegaciones,
se
dictará
deposiciones,
contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas,
en
unión
a
las
declaraciones
juradas,
si
las
hubiere,
surge que no existe una controversia real sustancial en
cuanto a ningún hecho material.27 Por lo que sólo restaría
por resolver una controversia de derecho.28
Por otro lado, la parte que se opone a la solicitud
de sentencia sumaria no puede descansar exclusivamente en
sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva, ésta tiene
que
controvertir
peticionario.29
“No
la
prueba
obstante,
el
presentada
mero
hecho
por
de
que
el
el
promovido no se oponga con evidencia que contravenga la
presentada por el solicitante de la sentencia sumaria, no
implica
necesariamente
que
ésta
proceda.”30
Es
25
González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127, 137 (2006); Sucn.
Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 D.P.R. 154, 184 (2005).
26
González Aristud v. Hosp. Pavía, supra.
27
32 L.P.R.A. Ap. III R. 36.3.
28
Íd.
29
González Aristud v. Hosp. Pavía, supra, pág. 138; Mgmt. Adm. Servs.
Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599 (2000).
30
González Aristud v. Hosp. Pavía, supra, pág. 138; Corp. Presiding
Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 (1986).
CC-2005-379
16
indispensable demostrar que se tiene razón como cuestión
de derecho.
A
la
luz
de
lo
anterior,
luego
de
analizar
el
expediente del caso de autos en su totalidad, concluimos
que así como dictaminó el Tribunal de Primera Instancia,
no queda ningún hecho material en controversia. Además,
como cuestión de derecho procedía que se dictara sentencia
sumaria.
Por
consiguiente,
el
tercer
error
señalado
también fue cometido, ya que el Tribunal de Apelaciones
erró al revocar la sentencia sumaria dictada correctamente
por el Tribunal de Primera Instancia ante la inexistencia
de controversias de hechos materiales y esenciales y que
como cuestión de derecho también procedía.31
V.
En
armonía
con
lo
antes
señalado,
se
revoca
la
Sentencia del Tribunal de Apelaciones (Región Judicial de
Mayagüez)
y
se
reinstala
la
Sentencia
del
Tribunal
de
Primera Instancia.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
31
Obviamos el argumento en alternativa señalado por el peticionario en
el cuarto error por considerarlo inmeritorio. Al aceptar la comisión
de los primeros tres errores, el último no es aplicable por tratar
sobre la utilización de una sentencia sumaria en un procedimiento de
exequátur, algo que no se ajusta a los hechos caso.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Zaida L. Toro Avilés
Demandante-Recurrida
v.
CC-2005-379
Certiorari
Puerto Rico Telephone Company
Demandada-Peticionaria
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2009.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se revoca la Sentencia del Tribunal de
Apelaciones (Región Judicial de Mayagüez) y se
reinstala la Sentencia del Tribunal de Primera
Instancia.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y
certifica
la
Secretaria
del
Tribunal
Supremo
Interina. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no
intervino. El Juez Asociado señor Martínez Torres no
interviene.
Juliana Mosquera Soler
Secretaria del Tribunal Supremo Interina