LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pagán Rodríguez v. Hon. Carmen D. Miranda Fernández , Registradora de la Propiedad en Bayamón

2009 TSPR 163

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Pagán Rodríguez v. Hon. Carmen D. Miranda Fernández , Registradora de la Propiedad en Bayamón

RG-2009-2

Derecho Registral – Tracto sucesivo en inscripción de cesión entre ex cónyuges

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Zaida L. Toro Avilés

Certiorari

Demandante-Recurrida

2009 TSPR 163

v.

177 DPR ____

Puerto Rico Telephone Company

Demandante-Peticionaria

Número del Caso: CC-2005-379

Fecha: 23 de octubre de 2009

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Mayagüez

Juez Ponente:

Hon. Carlos Soler Aquino

Abogada de la parte Recurrida:

Lcdo. José R. López de Victoria Bras

Materia:

Reclamación

de

descuento

declaratoria, daños y perjuicios

de

salario,

Sent

encia

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Zaida L. Toro Avilés

Demandante-Recurrida

v.

CC-2005-379

Certiorari

Puerto Rico Telephone Company

Demandada-Peticionaria

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff

Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2009.

En esta ocasión, nos corresponde resolver si

un patrono está obligado a cumplir con una orden de

embargo

de

salario

emitida

contra

una

de

sus

empleadas por una agencia administrativa del estado

de Nueva York, bajo la autoridad de la ley federal

“Higher

Education

determinar

si

el

Act”1.

Además,

procedimiento

nos

de

corresponde

es

exequátur

aplicable a dicha orden administrativa.

I.

La

demandante-recurrida,

Sra.

Zaida

L.

Toro

Avilés,

es

empleada

de

la

Puerto

Rico

Telephone

Company

(P.R.T.C.)

en

la

ciudad

de

Mayagüez,

__________________

1

Higher Education Act, 20 U.S.C. sec. 1070 et seq. (1965).

CC-2005-379

2

Puerto Rico. El 15 de enero de 2003, la P.R.T.C. recibió

una Orden de retención de salarios (“Order of Withholding

from Earnings”) de la corporación estatal de Nueva York

“New

York

State

Higher

Education

Services

Corporation”

(H.E.S.C.), con fecha del 3 de enero de 2003. La referida

orden, que fue emitida en virtud de la ley federal “Higher

Education Act” (H.E.A.),2 establecía que P.R.T.C. tenía que

retener del salario de la señora Toro Avilés una suma que

no excediera el diez por ciento (10%) del pago neto de la

empleada

en

cada

periodo

de

pago

o

la

suma

permitida

conforme a la Ley Federal sobre Embargos de Salarios,3 que

permite

los

embargos

múltiples

hasta

un

máximo

de

veinticinco por ciento (25%) del salario neto. Además, se

autorizó al patrono a descontar una suma mayor sólo si el

empleado consentía por escrito dicho descuento superior.

En

la

propia

orden

de

retención

remitida

por

la

H.E.S.C. se señalaba que ésta era un mecanismo utilizado

para

cobrar

deudas

morosas

de

préstamos

estudiantiles

garantizados bajo la legislación federal antecedida. Según

la

orden,

hasta

el

31

de

diciembre

de

2002

la

deuda

ascendía a seis mil seiscientos dieciséis dólares con un

centavo ($6,616.01). En dicho documento se le ordenó al

patrono

a

dirigir

las

sumas

retenidas

a

la

dirección

postal de la H.E.S.C., la cual fue provista. Así pues, la

P.R.T.C. procedió a hacer los descuentos del salario de la

recurrida bisemanalmente de conformidad con este

2

Íd.

3

Consumer Credit Protection Act, 15 U.S.C. sec. 1671 et seq.(1968).

CC-2005-379

3

procedimiento. A la señora Toro Avilés se le descontó una

primera

suma

de

cincuenta

y

un

dólares

con

veintiún

centavos ($51.21) y se le activó un descuento de setenta y

un dólares con sesenta centavos ($71.60) bisemanal hasta

que

se

completara

la

cantidad

adeudada

de

seis

mil

seiscientos dieciséis dólares con un centavo ($6,616.01).4

Así las cosas, el 15 de enero de 2004, la señora Toro

Avilés

presentó

una

demanda

contra

P.R.T.C.

en

la

que

alegó que desde diciembre de 2002 la P.R.T.C. le estaba

haciendo descuentos de su salario sin notificación previa,

sin

evidencia

Además,

y

sin

justificación

sostuvo

que

las

ni

actuaciones

autoridad

de

su

alguna.

patrono

se

fundamentaban en una Sentencia del estado de Nueva York

que nunca le fue informada ni que fue registrada en Puerto

Rico.

Alegó

salario

que

los

contraviniendo

descuentos

las

estaban

disposiciones

afectando

de

ley

y

su

los

derechos de ella como empleada. Por último, la demandante

alegó

que

no

existían

documentos

entregados

para

justificar

tal

actuaciones

de

la

eran

P.R.T.C.

que

le

determinación

totalmente

hayan

sido

y

las

que

opresivas e

injustificadas.

Por su parte, el 22 de abril de 2004, la P.R.T.C.

presentó

una

Moción

en

solicitud

de

sentencia

sumaria.

Atendida la solicitud, el tribunal mediante Orden dispuso

para la comparecencia de la parte demandante requiriéndole

su posición. Transcurrido en exceso el término de veinte

4

Véase, Apéndice de la Petición de certiorari de la parte demandadapeticionaria, parte VIII, pág. 163.

CC-2005-379

4

(20) días concedido a la parte demandante para exponer su

posición, ésta no compareció. El 21 de julio de 2004, el

foro primario declaró con lugar la moción, desestimando en

su totalidad la reclamación de la demandante. Dicho foro

concluyó que la P.R.T.C. estaba obligada a cumplir con la

orden

de

retención

de

salarios,

conforme

a

las

disposiciones de la H.E.A.

Inconforme, la señora Toro Avilés presentó recurso de

apelación ante el Tribunal de Apelaciones, el cual revocó

la

sentencia

apelada.

El

foro

apelativo

intermedio

determinó que: “[l]a sentencia extranjera en la que se

fundamenta su decisión, no tiene vigencia automática ex[

]propio vigore. Para que dicha sentencia tenga validez y

efectividad en nuestra jurisdicción, se requiere que se

cumpla con el procedimiento de Exequátur”.

Inconforme, la peticionaria P.R.T.C. acude ante nos

mediante

recurso

de

certiorari

en

el

que

señala

la

comisión, por parte del foro apelativo intermedio, de los

siguientes errores:

i.

Erró

el

Tribunal

de

Apelaciones

al

determinar que la orden de retención de

salario emitida por la New York Higher

Education

Services

Corporation

y

con

respecto a la deuda de la demandanterecurrida

surge

de

una

sentencia

extranjera y/o norteamericana.

ii.

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones

al

determinar

que

es

necesario

un

procedimiento

de

Exequátur

para

dar

validez a la orden de retención de salario

que emana de una Ley Federal especial en

lo sustantivo y en lo procesal.

iii.

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones

al revocar la sentencia sumaria dictada

CC-2005-379

5

correctamente por el Tribunal de Primera

Instancia

ante

la

inexistencia

de

controversias

de

hechos

materiales

y

esenciales.

iv.

En la alternativa, erró el Tribunal de

Apelaciones al determinar que la sentencia

sumaria no es un procedimiento legítimo

para obtener el Exequátur.

Con el beneficio de las comparecencias de las partes,

procedemos a resolver el recurso.

II.

El exequátur es el procedimiento que se utiliza para

reconocer

estados

de

y

ejecutar

Estados

sentencias

Unidos

o

de

de

tribunales

países

de

los

extranjeros

en

nuestra jurisdicción. El propósito de este procedimiento

es garantizar a las partes afectadas por una sentencia

extranjera el debido proceso de ley, y así brindarles la

oportunidad para ser escuchadas y presentar sus defensas.5

A tales efectos, este Tribunal enumeró las normas de

Derecho Internacional Privado que rigen, en ausencia de

tratado

o

legislación

convalidación

de

las

especial,

el

reconocimiento

sentencias

extranjeras

en

y

la

Puerto

Rico.6 Dichas normas, que hemos reconocido y ratificado a

través de los años, se pueden resumir de la siguiente

manera:

1. Que la sentencia extranjera haya sido dictada

por un tribunal con jurisdicción sobre la

persona y el asunto que sea objeto de la misma.

2. Que la sentencia haya sido dictada por un

tribunal competente.

5

6

Mench v. Mangual, 161 D.P.R. 851, 856 (2004).

Íd., pág. 856-857; Márquez Estrella, Ex-parte, 128 D.P.R. 243, 250

(1991); Silva Oliveras v. Durán Rodríguez, 119 D.P.R. 254, 259 (1987);

Ef. Litográficos v. Nat. Paper & Type Co., 112 D.P.R. 389 (1982).

CC-2005-379

6

3. Que se haya observado el debido proceso de ley

por el tribunal que emitió la sentencia.

4. Que el sistema bajo el cual se dictó la

sentencia se distinga por su imparcialidad y

ausencia de prejuicio contra los extranjeros.

5. Que la sentencia dictada en el extranjero no

sea contraria al orden público del foro

requerido o local, que no sea contraria a los

principios básicos de la justicia y que no haya

sido obtenida mediante fraude.7

De la norma antecedida se desprende que su aplicación

corresponde solamente a las sentencias dictadas en otros

países. En Márquez Estrella, Ex-parte, 128 D.P.R. 243, 250

(1991), definimos, específicamente en el contexto y para

efectos del recurso de exequátur, lo que constituye una

sentencia

de

este

cualquier

sentencia

tipo,

señalando

dictada

por

un

que

se

trata

de

tribunal

ajeno

al

Estado Libre Asociado, incluyendo los tribunales estatales

de los Estados Unidos.

Ahora bien, si se trata de una sentencia de un estado

de

los

Estados

Unidos

hemos

reconocido

que

el

procedimiento de exequátur es relativamente más sencillo.8

Por consiguiente, contrario a los casos de sentencias de

otros

países,

sentencias

de

el

reconocimiento

algún

estado

de

en

Puerto

Rico

de

las

los

Estados

Unidos

está

sujeto simplemente a las limitaciones de la cláusula de

entera fe y crédito de la Constitución federal.9 En estos

casos,

los

tribunales

puertorriqueños

sólo

tienen

que

darle entera fe y crédito a dichas sentencias estatales,

7

Íd.

8

Roseberry v. Registrador, 114 D.P.R. 743 (1983); Márquez Estrella,

Ex-parte, supra, págs. 255-256.

9

Íd.

CC-2005-379

7

siempre y cuando éstas hayan sido dictadas por un tribunal

con jurisdicción sobre la persona y la materia, mediante

el debido proceso de ley y no hayan sido obtenidas por

fraude.10 Así pues, el procedimiento de exequátur aplica

sólo a situaciones relacionadas con sentencias dictadas

por

tribunales

que

no

formen

puertorriqueña

y,

a

su

parte

vez,

los

de

la

jurisdicción

requisitos

varían

dependiendo si la sentencia que se pretende validar es de

un país extranjero, o de un estado de los Estados Unidos.

En este caso, sólo en las alegaciones de la parte

recurrida se hace mención de una sentencia del estado de

Nueva York, y ni siquiera se especifica el tribunal que la

emitió. Por consiguiente, luego de un riguroso análisis

del

expediente,

entendemos

que

dichas

expresiones

son

utilizadas erróneamente para hacer referencia a la orden

administrativa de la corporación estatal neoyorquina. Por

otro

lado,

es

evidente

que

el

Tribunal

de

Apelaciones

fundamentó su decisión en dichas alegaciones sin verificar

si verdaderamente existía una sentencia del estado de New

York. La cual, en definitiva, no existe.11

Al así actuar, el Tribunal de Apelaciones erró en su

función revisora al determinar que la orden de retención

de salario emitida por la corporación estatal “New York

10

Márquez Estrella, Ex-parte, supra, págs. 255-256.

11

La confusión sobre la existencia de la sentencia extranjera es tal,

que el Tribunal de Apelaciones expresó que existía una sentencia de un

tribunal de Nueva York y el Tribunal de Primera Instancia expresó que

existía una de un tribunal de Minnesota. Sin embargo, al examinar el

expediente surge que la sentencia de Minnesota a la que se hace alusión

es la del caso Educational Credit Management Corp. v. Cherish Products

Inc., 247 F. Supp. 2d 1132 (2003), la cual fue incluida por P.R.T.C. en

su moción de sentencia sumaria como fundamento legal para sustentar sus

alegaciones y no estaba relacionada directamente con el caso de autos.

CC-2005-379

Higher

8

Education

Services

Corporation”

surge

de

una

sentencia del estado de New York. Es claramente palpable

que dicha orden no fue emitida por un tribunal. Por lo

tanto,

el

primer

procedimiento

de

error

exequátur

fue

cometido

ya

que

el

no

aplicable

al

caso

de

es

autos.

Ahora bien, en este caso nos enfrentamos a una orden

administrativa estatal de un estado de los Estados Unidos

bajo la autoridad de una ley federal que ocupa el campo y

permite

la

plena

ejecución

de

dicha

orden

en

nuestra

jurisdicción sin necesidad de ir a los tribunales. Veamos.

III.

El programa federal “Federal Family Education Loan

Program” (FFELP), antes conocido como “Guaranteed Student

Loan Program”, fue creado por la ley federal conocida como

“Higher

Education

Act”

(H.E.A.)

como

un

esfuerzo

para

incentivar el uso de capital privado con el objetivo de

financiar a bajo interés, préstamos a largo plazo para la

educación post-secundaria.12

La

H.E.A.

permite

que

agencias

garantizadoras

(“guaranty agency”) manejen la administración del programa

de

préstamos

federal.13

a

Este

nivel

tipo

estatal

de

en

agencia

nombre

del

gobierno

garantiza

el

préstamo

estudiantil realizado a un prestamista privado. Así pues,

12

13

20 U.S.C. sec. 1071 et seq.

La H.E.A. define el término de “agencia garantizadora” de la forma

siguiente:

“The term ‘guaranty agency’ means any State or

nonprofit private institution or organization with which

the Secretary has an agreement under section 1078(b) of

this title.” 20 U.S.C. sec. 1085 (j).

CC-2005-379

si

un

9

estudiante

garantizadora

no

paga

paga

el

dicho

préstamo,

balance

la

agencia

(“out-standing

loan

balance”) al prestamista y toma el título del préstamo.

Una vez paga, ésta puede comenzar a realizar esfuerzos

para cobrar la deuda.

Cuando

el

prestatario

falla

en

reembolsar

el

préstamo, uno de los métodos de cobrar el pago de estos

préstamos

FFELP

en

mora,

es

mediante

el

embargo

administrativo

de

salario

(“Administrative

Garnishment”).14

Este

tipo

orden

de

permite

Wage

embargar

salarios sin la necesidad de tener una orden judicial, ya

que el Congreso entendió que no era costo-efectivo para el

Departamento de Justicia perseguir a través del proceso

judicial

los

préstamos

en

mora

que

este

tipo

de

envuelven

pequeñas

cantidades de dinero.15

Con

relación

a

embargos,

la

H.E.A.

dispone lo siguiente:

“(a) Garnishment requirements.

Notwithstanding any provision of State law,

a guaranty agency, or the Secretary in the case

of loans made, insured or guaranteed under this

title [20 USC §§ 1070 et seq.] that are held by

the Secretary, may garnish the disposable pay of

an individual to collect the amount owed by the

individual, if he or she is not currently making

required repayment under a repayment agreement

with the Secretary, or, in the case of a loan

guaranteed under part B [20 USC §§ 1071 et seq.]

on

which

the

guaranty

agency

received

reimbursement from the Secretary under section

428(c) [20 USCS § 1078], with the guaranty agency

holding the loan, as appropriate, provided that—

14

20 U.S.C. sec. 1095(a).

15

137 Cong. Rec. S7291-02, S7369.

CC-2005-379

10

(1)

the amount deducted for any pay period may

not exceed 15 percent of disposable pay,

except that a greater percentage may be

deducted with the written consent of the

individual involved;

(2)

the individual shall be provided written

notice, sent by mail to the individual's

last known address, a minimum of 30 days

prior to the initiation of proceedings, from

the guaranty agency or the Secretary, as

appropriate, informing such individual of

the nature and amount of the loan obligation

to be collected, the intention of the

guaranty

agency

or

the

Secretary,

as

appropriate, to initiate proceedings to

collect the debt through deductions from

pay, and an explanation of the rights of the

individual under this section;

(3)

the

individual

shall

opportunity to inspect

relating to the debt;

(4)

...

(5)

the

individual

shall

be

provided

an

opportunity for a hearing in accordance with

subsection (b) on the determination of the

Secretary

or

the

guaranty

agency,

as

appropriate, concerning the existence or the

amount

of

the

debt,…

concerning

the

existence or the amount of the debt,…

(6)

the employer shall pay to the Secretary or

the guaranty agency as directed in the

withholding order issued in this action, and

shall be liable for, and the Secretary or

the guaranty agency, as appropriate, may sue

the employer in a State or Federal court of

competent

jurisdiction

to

recover,

any

amount that such employer fails to withhold

from wages due an employee following receipt

of

such

employer

of

notice

of

the

withholding order, plus attorneys' fees,

costs, and, in the court's discretion,

punitive damages, but such employer shall

not be required to vary the normal pay and

disbursement cycles in order to comply with

this paragraph;

(7)

...

be

and

provided

an

copy records

CC-2005-379

(8)

De

11

Accordance with this section by reason of

the fact that the individual's wages have

been subject to garnishment under this

section, and such individual may sue in a

State

or

Federal

court

of

competent

jurisdiction any employer who takes such

action. The court shall award attorneys'

fees to a prevailing employee and, in its

discretion, may order reinstatement of the

individual, award punitive damages and back

pay to the employee, or order such other

remedy as may be reasonably necessary.” 20

U.S.C. sec. 1095a

lo

anterior,

podemos

colegir

que

este

estatuto

federal establece una serie de requisitos procesales con

los cuales la agencia garantizadora deberá cumplir antes

de emitir una orden de embargo de salario al patrono del

deudor. Entre estos requisitos se encuentran el deber de

notificación y el derecho que tiene el deudor a una vista,

entre otros. Sin embargo, como veremos más adelante, el

patrono no tiene discreción alguna para negarse a cumplir

con la orden.

Las disposiciones legales de la H.E.A. permiten a una

agencia garantizadora embargar el salario del prestatario

moroso,

emitiendo

una

orden

de

embargo

dirigida

a

su

patrono. La cantidad deducida en un periodo de pago no

podrá

exceder

neto.16

Dicha

el

quince

orden

por

deberá

ciento

(15%)

contener

la

del

salario

información

necesaria para permitirle al patrono cumplir con ésta.17

16

20 U.S.C. sec. 1095(a)(1); aunque al momento de los hechos el máximo

permitido por la ley era de diez por ciento (10%). Además, es

importante señalar que en el escenario en el cual el empleado

estuviese sujeto a múltiples embargos, la legislación federal

establece que nunca se le podrá embargar al empleado más del

veinticinco por ciento (25%) de su salario neto. 15 U.S.C. sec.

1673(a).

17

20 U.S.C. sec. 1095a(c); 34 C.F.R. sec. 682.410(b)(9)(i)(I).

CC-2005-379

12

Ahora bien, el patrono de dicho prestatario moroso no

está autorizado a impugnar o cuestionar si su empleado

debe realmente los préstamos. De hecho, del texto de la

disposición

sobre

el

embargo

de

salario

surge

que

el

patrono no tiene defensa alguna contra la orden de embargo

al disponer que, “the employer shall pay… as directed in

the withholding order.”18 Es decir, la H.E.A. permite que

sólo

el

prestatario

moroso,

y

no

su

patrono,

pueda

controvertir la deuda o el procedimiento.19

Si luego de recibir la orden de embargo el patrono se

negase a cumplirla, podría responder por dicha deuda.20 La

H.E.A.

permite

patrono

en

los

a

la

agencia

tribunales

garantizadora

estatales

y

demandar

federales

al

para

recobrar no sólo la deuda del empleado sino, que en este

tipo de situación, el patrono podría responder también por

las costas y los honorarios de abogado así como por los

daños punitivos.21 Así pues, el patrono no tiene discreción

alguna para negarse a cumplir con la orden de embargo

emitida por una agencia garantizadora bajo el palio de la

H.E.A. Además, el patrono no tiene otras alternativas a

seguir en la jurisdicción estatal, ya que la ley federal

clara y expresamente ocupa el campo estatal.22

18

20 U.S.C. sec. 1095a(a)(6).

19

20 U.S.C. sec. 1095a(a)(5) y 1095a(b).

20

20 U.S.C. sec. 1095a(a)(6); 34 C.F.R. sec. 682.410(b)(9)(i)(F).

21

Íd.

22

Véase, 20 U.S.C. sec. 1095a(a); esta sección claramente establece

que, “Notwithstanding any provision of State law, a guaranty agency,…

may garnish the disposable pay of an individual…”.

CC-2005-379

13

Por consiguiente, un patrono en Puerto Rico al que

una agencia administrativa de un estado le ha remitido una

orden de embargo contra unos de sus empleados, actuando

bajo la autoridad de una ley federal que ocupa el campo,

está obligado a cumplir con ésta.

En el caso de autos, la P.R.T.C. recibió una orden de

embargo de la corporación estatal neoyorquina H.E.S.C., el

15 de enero de 2003, en contra de su empleada Zaida L.

Toro Avilés. Dicha orden ordenaba a la P.R.T.C. embargar

el diez por ciento (10%) del salario neto de ésta o la

suma permitida por la ley federal. La orden contenía el

nombre de la empleada, su seguro social, dirección y la

cantidad que adeudaba. Además, señalaba la fuente de ley

que le permitía a H.E.S.C. emitir la orden de embargo de

salario. La orden incluía también la dirección a la cual

la

P.R.T.C.

debía

enviar

las

deducciones

hechas,

las

cuales debían contener el nombre y seguro social de la

deudora.

Por

lo

tanto,

ésta

contenía

la

información

necesaria para permitirle a la P.R.T.C. cumplir con ella.

Por su parte, la señora Toro Avilés expone en su

alegato que la P.R.T.C. no tenía autoridad para retener

parte

de

su

procedimiento

salario

de

y

que

no

exequátur.

se

había

Sin

seguido

embargo,

el

ambos

planteamientos son inmeritorios. Ya hemos mencionado que

el

procedimiento

de

exequátur

no

es

aplicable

a

las

la

actuación

de

la

órdenes

administrativas.

Además,

P.R.T.C.

está

por

los

tal

razón,

previamente

respaldada

esbozados.

Por

estatutos

la

federales

actuación

de

CC-2005-379

14

dicho patrono no fue ultra vires, sino que actuó dentro

del marco legal permitido. Al mismo tiempo, incumplir con

dicha orden administrativa expone al patrono a responder

judicialmente.23

Por otro lado, la legislación federal no requiere un

procedimiento especial para validar la orden de retención

de salarios recibida por el patrono, en este caso P.R.T.C.

Además, la señora Toro Avilés no impugnó la deuda, no

entabló ningún procedimiento judicial en contra de “New

York

State

Higher

Education

Services

Corporation”,

ni

impugnó el proceso seguido por ésta última. Claramente,

por disposición federal, en este caso no se requiere un

procedimiento especial para validar la orden recibida por

la P.R.T.C., previo a darle cumplimiento al embargo de

salarios.

Por lo tanto, erró el Tribunal de Apelaciones al

determinar que era necesario un procedimiento de exequátur

para dar validez a la orden de retención de salarios.

IV.

La Regla 36 de Procedimiento Civil provee para que

pueda

dictarse

reiteradas

sumaria

es

una

sentencia

ocasiones,

un

hemos

mecanismo

23

de

forma

expresado

procesal

que

sumaria.24

la

En

sentencia

extraordinario

cuyo

Con fines ilustrativos, véanse algunas decisiones similares a las

que

han

llegado

algunas

Cortes

de

Distrito

Federal

en

la

interpretación de esta ley. Educational Credit Management Corp. v.

Cherish Products Inc., 247 F. Supp. 2d 1132 (2003); Savage v. Scales,

310 F. Supp. 2d 122 (2004); Educational Credit Management Corporation

v. Chuck Wilson, 2005 U.S. Dist. LEXIS 45334 (E.D. Tenn. May 27,

2005).

24

32 L.P.R.A. Ap. III R. 36.

CC-2005-379

15

propósito fundamental es agilizar la tramitación de los

pleitos al eludir la celebración ordinaria de juicios en

méritos.25

los

Para

que

proceda la

utilización de

este

mecanismo, el peticionario tiene que establecer su derecho

con

claridad

y

demostrar

la

inexistencia

de

una

controversia real sustancial sobre hechos materiales.26

Así

pues,

sumariamente

la

si

sentencia

de

las

solicitada

alegaciones,

se

dictará

deposiciones,

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas,

en

unión

a

las

declaraciones

juradas,

si

las

hubiere,

surge que no existe una controversia real sustancial en

cuanto a ningún hecho material.27 Por lo que sólo restaría

por resolver una controversia de derecho.28

Por otro lado, la parte que se opone a la solicitud

de sentencia sumaria no puede descansar exclusivamente en

sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva, ésta tiene

que

controvertir

peticionario.29

“No

la

prueba

obstante,

el

presentada

mero

hecho

por

de

que

el

el

promovido no se oponga con evidencia que contravenga la

presentada por el solicitante de la sentencia sumaria, no

implica

necesariamente

que

ésta

proceda.”30

Es

25

González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127, 137 (2006); Sucn.

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 D.P.R. 154, 184 (2005).

26

González Aristud v. Hosp. Pavía, supra.

27

32 L.P.R.A. Ap. III R. 36.3.

28

Íd.

29

González Aristud v. Hosp. Pavía, supra, pág. 138; Mgmt. Adm. Servs.

Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599 (2000).

30

González Aristud v. Hosp. Pavía, supra, pág. 138; Corp. Presiding

Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 (1986).

CC-2005-379

16

indispensable demostrar que se tiene razón como cuestión

de derecho.

A

la

luz

de

lo

anterior,

luego

de

analizar

el

expediente del caso de autos en su totalidad, concluimos

que así como dictaminó el Tribunal de Primera Instancia,

no queda ningún hecho material en controversia. Además,

como cuestión de derecho procedía que se dictara sentencia

sumaria.

Por

consiguiente,

el

tercer

error

señalado

también fue cometido, ya que el Tribunal de Apelaciones

erró al revocar la sentencia sumaria dictada correctamente

por el Tribunal de Primera Instancia ante la inexistencia

de controversias de hechos materiales y esenciales y que

como cuestión de derecho también procedía.31

V.

En

armonía

con

lo

antes

señalado,

se

revoca

la

Sentencia del Tribunal de Apelaciones (Región Judicial de

Mayagüez)

y

se

reinstala

la

Sentencia

del

Tribunal

de

Primera Instancia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

31

Obviamos el argumento en alternativa señalado por el peticionario en

el cuarto error por considerarlo inmeritorio. Al aceptar la comisión

de los primeros tres errores, el último no es aplicable por tratar

sobre la utilización de una sentencia sumaria en un procedimiento de

exequátur, algo que no se ajusta a los hechos caso.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Zaida L. Toro Avilés

Demandante-Recurrida

v.

CC-2005-379

Certiorari

Puerto Rico Telephone Company

Demandada-Peticionaria

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2009.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se revoca la Sentencia del Tribunal de

Apelaciones (Región Judicial de Mayagüez) y se

reinstala la Sentencia del Tribunal de Primera

Instancia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y

certifica

la

Secretaria

del

Tribunal

Supremo

Interina. El Juez Asociado señor Rivera Pérez no

intervino. El Juez Asociado señor Martínez Torres no

interviene.

Juliana Mosquera Soler

Secretaria del Tribunal Supremo Interina