Tribunal Supremo de Puerto Rico
Sagardía de Jesús et als v. Hosp. Auxilio Mutuo y otros
2009 TSPR 173
Poder Judicial de Puerto Rico
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Sagardía de Jesús et als v. Hosp. Auxilio Mutuo y otros
CC-2005-1236
Daños y Perjuicios – Efecto de transacción en la responsabilidad de co-acusadas de daño; responsabilidad vicaria de hospital por impericia de contratista independiente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Miguel Sagardía De Jesús
Et als.
Peticionarios
Certiorari
v.
2009 TSPR 173
Hospital Auxilio Mutuo
Y otros
177 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CC-2005-1263
Fecha: 12 de noviembre de 2009
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Juez Ponente:
Hon. Aleida Varona Méndez
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Harry Anduze MontaÑo
Lcdo. Rafael A. García López
Lcdo. Raúl S. Mariani Franco
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. José A. Rivera Cordero
Materia: Daños y Perjuicios
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Miguel Sagardía De Jesús
et als.
Peticionarios
CC-2005-1263
Certiorari
v.
Hospital Auxilio Mutuo
y Otros
Recurridos
Opinión del Tribunal
Kolthoff Caraballo
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 2009.
En
el
presente
caso
nos
corresponde
determinar si procede la reducción de una suma
acordada en una transacción celebrada entre los
demandantes
y
unos
codemandados,
de
la
cuantía
total concedida como daños. Esto, en instancias en
las
cuales
posteriormente
responsabilidad
en
no
se
le
atribuya
el
acto
torticero
codemandados
relevados
por
el
transacción.
Igualmente,
hospital
responde
impericia
médica
contratista
independiente
franquicia
exclusiva
debemos
vicariamente
cometidos
que
a
los
acuerdo
de
resolver
por
por
si
un
actos
de
un
médico
laboraba
en
una
que
brindaba
CC-2005-1263
servicios
2
de
institución.
anestesiología
a
Además,
considerar
debemos
los
pacientes
si
de
dicha
procedía
la
reducción de la compensación concedida a los demandantes
por los daños físicos que sufrió su hijo, por éste no
haber estado consciente durante varios días.
I
Las
determinaciones
de
hechos
esenciales
son
las
siguientes.
A mediados del año 1992, la señora Rita M. Deliz
Cordero quedó embarazada y estuvo recibiendo tratamiento
prenatal con el grupo de ginecólogos-obstetras compuesto
por los doctores Arsenio Comas Urrutia, Ubaldo Catasús y
Juan Figueroa Longo, bajo el cuidado principal del Dr.
Comas.
El
embarazo
fue
normal
y
no
hubo
evidencia
de
problema alguno con el feto durante la gestación. En la
mañana del 2 de abril de 1993, la señora Deliz acude al
Hospital
Auxilio
Mutuo
(Hospital)
por
órdenes
del
Dr.
Comas, por ésta estar de parto activo. Al ser examinada en
el Hospital, el Dr. Comas procedió a abrirle las membranas
(conocido
como
“romper
fuente”)
y
el
líquido amniótico
reflejó presencia de meconio1 (“meconium stain”). En esos
momentos no se observaba progreso en el parto, por lo que
el
médico
determinó
que
probablemente
la
señora
Deliz
debía ser sometida a una cesárea.
1
El meconio es el “material que se acumula en el intestino del feto y
que forma las primeras heces del recién nacido. La presencia de
meconio en el líquido amniótico durante el parto puede indicar
sufrimiento fetal.” Diccionario Mosby, Medicina, Enfermería y Ciencias
de la salud, Edit. Elsevier, Madrid, 6ta edición, 2003, V. I, pág.
997.
CC-2005-1263
A
las
existía
3
11:30
a.m.,
desproporción
como
el
céfalo
parto
no
pélvica,
progresaba
sumado
a
y
la
presencia de meconio previamente detectada, el Dr. Comas
decidió proceder con un parto mediante cesárea. Antes de
realizarse
la
cesárea,
no
se
realizaron
gestiones
para
que, durante el parto, estuviera presente un pediatra u
otro
personal
médico
adiestrado,
aunque
se
tenía
conocimiento de la presencia del meconio. No hubo pediatra
disponible
durante
el
parto,
aun
cuando
el
Hospital
contaba para esa fecha con pediatras y neonatólogos en su
facultad
médica.
Durante
el
parto
estuvo
presente
el
personal médico siguiente: el Dr. Comas, el Dr. Miguel A.
Eliza
García
(anestesista),
una
anestesista
y
dos
enfermeras (“circulating” y “scrub nurse”).
A las 12:16 p.m. nació Miguel Alfonso, un bebé varón
de 9 libras y 6 onzas, con el cuerpo cubierto de meconio.
Al
nacer,
el
Dr.
Comas,
conforme
al
procedimiento
de
rigor, succionó al bebé por la boca y luego por la nariz.
Inmediatamente
después,
el
bebé
lloró
y
entonces
lo
entregó al Dr. Eliza, asumiendo éste la responsabilidad
por su atención, pues no había en sala otra persona con el
adiestramiento
y
experiencia
en
el
manejo
de
un
bebé
recién nacido.
El Dr. Eliza le succionó a Miguel Alfonso 4cc de
meconio, le aplicó oxígeno, lo intubó endotraquealmente y
CC-2005-1263
4
utilizó un laringoscopio.2 Además, se le otorgó un “Apgar
Score”3 de 7 al nacer y de 9 a los cinco minutos. Sin
embargo, no surge del récord quién o quiénes otorgaron el
“Apgar”
ni
qué
criterios
se
tomaron
para
adjudicar
la
puntuación. Durante el juicio, el Dr. Eliza testificó que
fue él quién lo otorgó, debido a que el récord médico no
ofrece
mucha
claridad.
Más
bien
adolece
de
múltiples
deficiencias y crasas omisiones.4
Al examinar al recién nacido Miguel Alfonso en el
“nursery”, el pediatra en turno (Dr. Sánchez) procedió a
succionarlo
nuevamente.
Además
de
los
4cc
de
meconio
succionados por el Dr. Eliza en Sala de Operaciones, se le
2
Sin embargo, aunque del récord no surge claramente de dónde se
extrajeron los 4cc de meconio al bebé, el Dr. Eliza declaró en corte
que extrajo el meconio del estómago. Tampoco está claro qué método se
utilizó para suplirle el oxígeno, cuál fue la razón para utilizar un
laringoscopio y qué resultó de su utilización, cómo se intubó al bebé
y cómo se desarrolló el procedimiento. Aparecen marcadas todas las
medidas de resucitación pero no se explica o detalla cuándo, cómo,
cuántas veces y por qué se llevaron a cabo dichas medidas.
3
El “Apgar Score” es una evaluación de la condición física de los
niños recién nacidos al primer minuto y a los cinco minutos de nacido.
Se le asigna un valor de 0 a 2 a cada uno de los cinco criterios a
evaluar. Los criterios son: el ritmo cardiaco, la respiración, el tono
muscular, respuesta a la estimulación y el color de piel. La
puntuación máxima es de 10. El “Apgar Score” es utilizado para conocer
la condición del recién nacido. Véase, J.E. Schmidt, Attorney´s
Dictionary of Medicine, LexisNexis Matthew Bender, 2003, Vol. 1 A-CG,
Pág. A-475
4
Hay una ausencia total de datos en el récord médico que expliquen
cuál fue el tratamiento médico brindado por el Dr. Eliza al bebé en la
Sala de Operaciones. No existe anotación que documente con claridad y
detalle las circunstancias que rodearon el manejo y tratamiento del
bebé al nacer. Tampoco refleja quién ordenó su traslado de Sala de
Operaciones al “Nursery”. Aún cuando el Dr. Eliza administró todas las
medidas de resucitación al bebé, lo que refleja una situación de
cuidado, fue trasladado con un escolta al “Nursery” en una incubadora
corriente sin personal médico alguno. Además, quedó evidenciado que
previo a su transferencia al “Nursery”, al menos durante 17 minutos,
el bebé fue desatendido en Sala de Operaciones, sin seguimiento o
medidas especiales a pesar de los procedimientos o medidas especiales
de resucitación que le fueron impartidas por el Dr. Eliza.
CC-2005-1263
5
extrajeron 7cc de meconio del estómago y casi 1cc de la
tráquea. Ante el riesgo de un proceso infeccioso, el Dr.
Sánchez
ordenó
la
administración
de
antibióticos.
Sin
embargo, los antibióticos fueron ordenados a la 1:00 p.m.
y fueron administrados por las enfermeras del hospital a
las
3:15
p.m.
No
fue
hasta
las
3:30
p.m.
cuando
se
cumplimentaron todas las órdenes médicas dadas.
A las 4.55 p.m. se confirmó que Miguel Alfonso tenía
pulmonía. Ante este cuadro y el deterioro continuo del
recién nacido, el Dr. Sánchez, en comunicación con el Dr.
Jaunarena (pediatra de la familia) decidió trasladarlo al
Hospital Damas en Ponce a una Unidad de Cuidado Intensivo
Neonatal, ya que el Hospital Auxilio Mutuo no contaba con
una para ese entonces.
A
las
5:30
p.m.,
el
Dr.
Ochoa
(neonatólogo)
del
Hospital Damas de Ponce aceptó el traslado del bebé a esa
institución. Debido a que el Hospital Auxilio Mutuo no
tenía protocolo para ello, no fue hasta las 7:15 de la
noche que se pudo transportar a Miguel Alfonso al Hospital
Damas en ambulancia. Durante el viaje, el recién nacido
fue acompañado por el Dr. Sánchez, una técnica de terapia
respiratoria,
una
enfermera
de
intensivo
y
dos
paramédicos.
Una vez admitido en la Unidad de Cuidado Intensivo
del Hospital Damas en horas de la noche del 2 de abril de
1993, el bebé continuó recibiendo tratamiento médico. Pese
a
los
cuidados
brindados,
su
condición
respiratoria
CC-2005-1263
empeoró.
6
Ante
esta
situación,
los
médicos
del
Hospital
Damas le aconsejaron a los demandantes que trasladaran al
recién
nacido
a
los
Estados
Unidos,
a
una
institución
hospitalaria que tuviera una máquina especializada llamada
“Extral Corporal Membrane Oxygenation” (ECMO).
Así las cosas, el bebé fue trasladado en ambulancia
aérea al Miami Children´s Hospital donde fue colocado en
ECMO.
Estuvo
bajo
tratamiento
en
el
Hospital
de
Miami
desde el 4 de abril de 1993, siendo su cuerpecito sometido
a estar lleno de agujas y tubos. Además, lo mantuvieron en
el
área
de
cuidado
intensivo
dentro
de
una
máquina
a
través de la cual podían introducirse las manos mediante
unas
aberturas,
para
darle
tratamiento
médico
que
requería. Allí, estuvo acompañado en todo momento de su
padre, el señor Sagardía De Jesús, hasta que su madre, la
señora
Deliz
Cordero
le
fue
permitido
viajar
y
pudo
acompañarlo también. Durante su estadía en dicho Hospital,
ambos progenitores contemplaron impotentes el deterioro de
su
primogénito,
hasta
que
entre
otras
complicaciones,
Miguel Alfonso sufrió un paro cardíaco que lo mantuvo en
estado
comatoso
desde
el
23
de
abril
hasta
su
fallecimiento el 27 de abril de 1993.
Ante esta situación el señor Miguel E. Sagardía De
Jesús, la señora Rita M. Deliz Cordero y la sociedad legal
de gananciales constituida entre ellos instaron una acción
por
daños
y
perjuicios
ginecólogos-obstetras
Comas
contra
el
Urrutia,
Hospital
Catasús
y
y
los
Figueroa
CC-2005-1263
7
Longo, además contra el anestesiólogo Eliza García. Alegó
la
parte
demandante
que,
como
consecuencia
de
las
actuaciones y omisiones negligente de la parte demandada,
se produjo el fallecimiento de Miguel Alfonso veinticinco
(25) días después de su nacimiento.
Antes
de
comenzar
el
juicio,
desistieron
con
perjuicio
de
su
doctores
Comas,
Catasús
y
los
demandantes
reclamación
Figueroa
Longo
contra
los
mediante
un
acuerdo de transacción privado. Conforme a dicho acuerdo,
los
demandantes
exoneraron
a
los
codemandados
antes
mencionados de su responsabilidad hacia éstos y los demás
codemandados.
Los
codemandados
exonerados
a
su
vez,
se
obligaron a pagar la cantidad de doscientos mil dólares
($200,000.00) a los demandantes. El Tribunal de Primera
Instancia
dictó
sentencia
parcial
de
conformidad,
permaneciendo en el pleito el Hospital y el Dr. Eliza.
Durante la discusión de la transacción en el primer
día de juicio, según se desprende de la transcripción de
la vista, los codemandados manifestaron en corte abierta
que
no
interesaban
reclamar
partida
alguna
de
los
codemandados relevados.5 Además, la Jueza que condujo los
procesos,
partes,
5
claramente
permitió
al
y
con
Hospital
la
anuencia
y
al
Dr.
de
Eliza
todas
las
presentar
Véase, Addendum I de la Petición de certiorari a la pág. 28.
CC-2005-1263
prueba
8
sobre
la
responsabilidad
de
los
codemandados
liberados, si así lo entendían pertinente.6
Celebrado el juicio, y luego de apreciar la extensa
prueba desfilada y escuchar los testimonios vertidos, el
tribunal declaró con lugar la demanda y condenó a los
codemandados
(Hospital
Auxilio
Mutuo
y
Dr.
Eliza)
a
resarcir solidariamente a los demandantes por los daños
sufridos.
Determinó
que
era
más
probable
que
el
bebé
hubiera
sobrevivido
si
hubiese
recibido
una
atención
médica más temprana de forma continua y consistente por
parte
del
Dr.
Eliza,
el
personal
de
enfermería
del
Hospital y de éste como institución hospitalaria.
El
tribunal
responsabilidad
concluyó
del
bebé
que
al
el
Dr.
nacer
y
Eliza
asumió
la
negligentemente
no
solicitó la presencia de un pediatra, neonatólogo, ni de
ningún
otro
profesional.
Respecto
al
récord
médico,
concluyó que la falta de anotaciones por parte del Dr.
Eliza
era
alarmante
e
injustificable.
Determinó
además
que, aún cuando no es inusual la presencia de meconio y su
aspiración,
al
ser
intervención
rápida
advertida,
y
es
adecuada
necesario
para
hacer
lograr
su
una
mayor
extracción y así evitar o disminuir los daños que pueda
causar al bebé.
“Nursery”
le
Concluyó que
fueron
extraídos
si al llegar
7cc
de
el
meconio
bebé al
en
su
estómago y 1cc de su tráquea por el pediatra, ello fue
6
Véase, Addendum I de la Petición de certiorari.
CC-2005-1263
9
resultado de una extracción negligente por parte del Dr.
Eliza.
En
Eliza
consecuencia,
fue
el
tribunal
al
no
negligente
concluyó
extraer
todo
que
el
Dr.
el
meconio
aspirado por el bebé, lo que provocó daños que causaron su
posterior
deceso.
intervención
del
En
Dr.
específico,
Eliza
con
el
expresó
bebé
fue
que
la
corta,
inadecuada, falta de continuidad y no documentada en el
récord
médico.
solidariamente
Respecto
al
responsable
Hospital,
concluyó
que
era
ante
demandantes.7
El
los
tribunal les condenó a pagar solidariamente la cantidad de
ochocientos nueve mil setecientos setenta y ocho dólares
con cincuenta y dos centavos ($809,778.52).8 Además, el
7
Entre las desviaciones principales de la mejor práctica de la
medicina que fueron cometidas por el Hospital, según determinó el
tribunal están las siguientes:
1. No proveer personal suficiente adiestrado en Sala de
Operaciones para atender al bebé que se conocía y que
estaba expuesto a meconio;
2. Llevar y permitir que sus empleados cumplimentaran un
récord
insuficiente
con
serias
contradicciones
y
omisiones que invalidan su utilización para describir de
forma precisa el tratamiento brindado;
3. Tener y mantener un contrato de exclusividad con la firma
de anestesiología de la cual el Dr. Eliza formaba parte
delegando en dicho grupo, sin supervisión alguna, la
determinación del personal y equipo necesario en sus
salas de operaciones;
4. La omisión del personal de enfermería y de recién nacidos
de reconocer la condición de cuidado que presentaba el
bebé y dar aviso con premura al pediatra de turno para su
atención;
5. La falta de personal de enfermería de seguir las órdenes
médicas en un término razonable y de forma adecuada;
6. Su omisión de tener un protocolo establecido para el
traslado de recién nacidos a una sala de intensivo
neonatal cuando fuera necesario.
7.
8
Dicha cantidad está constituida por las siguientes partidas:
($6,857.00) por el costo de la ambulancia aérea; ($828.52) por los
gastos de alojamiento en el Miami Children´s Hospital; ($684.00) por
los gastos de la funeraria en Miami; ($650.00) por los gastos de la
funeraria en Puerto Rico; ($759.00) por los gastos de pasajes aéreos;
($50,000.00) a ambos demandantes por la causa de acción de su hijo por
CC-2005-1263
10
tribunal le impuso a los demandados el pago de las costas,
gastos y honorarios de abogado por temeridad por la suma
de cuatro mil dólares ($4,000.00) e intereses al 5.25%
prevaleciente.
Así
pues,
tribunal
a
de
la
luz
instancia
de
la
prueba
dictaminó
presentada,
que
los
el
únicos
responsables del evento dañoso fueron los codemandados Dr.
Eliza
y
el
Hospital.
moción
Por
de
tal
presentaron
una
conclusiones
de
derecho
determinación
de
responsabilidad
razón,
aunque
determinaciones
adicionales,
de
de
éstos
hechos
solicitando
los
y
la
codemandados
relevados, la Jueza la declaró no ha lugar.
El Hospital y el Dr. Eliza acudieron ante el Tribunal
de Apelaciones mediante recursos de apelación separados,
los cuales fueron consolidados. El Tribunal de Apelaciones
emitió
una
extensa
sentencia
y
después
de
discutir
en
detalle los planteamientos de los demandados, modificó la
sentencia del Tribunal de Primera Instancia señalando que
el Hospital no incurrió en negligencia por el hecho de
éste tener y mantener un contrato de exclusividad con la
firma de anestesiología de la cual el Dr. Eliza formaba
parte delegando en dicho grupo, sin supervisión alguna, la
determinación del personal y equipo necesario en sus salas
de
operaciones.
De
igual
manera,
resolvió
que
no
se
el dolor físico sufrido por éste a razón de $2,000.00 por 25 días;
($350,000.00) por las angustias mentales sufridas por la señora Deliz
en su acción directa; y ($400,000.00) por las angustias mentales
sufridas por el señor Sagardía.
CC-2005-1263
11
estableció el nexo causal entre el daño causado y el hecho
que
el
Hospital
no
contara
con
un
protocolo
para
el
traslado de infantes en condición crítica a una unidad
hospitalaria de cuidado terciario. No obstante, se sostuvo
la determinación de solidaridad entre el Hospital y el Dr.
Eliza que había hecho el Tribunal de Primera Instancia.
Asimismo,
el
Tribunal
de
Apelaciones
modificó
la
partida de cincuenta mil dólares ($50,000.00) concedida a
los demandantes por el dolor físico sufrido por su hijo a
razón de dos mil dólares ($2,000.00) por 25 días y la
redujo a un periodo de 17 días, para un total de treinta y
cuatro
mil
dólares
($34,000.00).
El
foro
intermedio
entendió que al ser una compensación sustentada en los
dolores
físicos
aquellos
días
del
que
bebé,
conforme
procedía
al
la
expediente
reducción
y
la
de
prueba
presentada éste estuvo sedado y/o en estado de coma. Por
consiguiente, al no sentir dolor durante ocho (8) días no
podía ser compensado por los dolores físicos no percibidos
en esos días.
El Tribunal de Apelaciones también redujo del monto
total de la indemnización la cantidad de doscientos mil
dólares ($200,000.00) ya satisfecha a los demandantes en
virtud del acuerdo de transacción con los co-demandados
relevados.
Así
modificada,
se
confirmó
las
estuvo
la
sentencia
apelada.
Ninguna
de
partes
conforme
con
esta
sentencia, por lo cual recurrieron ante este foro mediante
CC-2005-1263
12
sus respectivos recursos. No obstante, los recursos del
Hospital Auxilio Mutuo y del Dr. Eliza no fueron acogidos
por este Tribunal. Por su parte, en el recurso ante nos
los demandantes plantearon los siguientes errores:
i.
Cometió error el Tribunal de Apelaciones al
modificar la Sentencia dictada por el Tribunal
de Primera Instancia y de esa forma reducir de
la
cuantía
concedida
como
daños
a
los
demandantes-peticionarios, la suma total de la
transacción
entre
los
demandantespeticionarios y los doctores Comas, Catasús y
Figueroa Longo.
ii. Cometió error el Tribunal de Apelaciones al
modificar la Sentencia dictada por el Tribunal
de Primera Instancia y al determinar que el
Hospital Auxilio Mutuo no es responsable por
no contar para el 1993 con un protocolo para
el traslado de infantes en condición crítica a
una unidad terciaria.
iii. Cometió error el Tribunal de Apelaciones al
modificar la Sentencia dictada por el Tribunal
de Primera Instancia y reducir la compensación
concedida a los demandantes por daños físicos
experimentados por el recién nacido.
iv. Cometió error el Tribunal de Apelaciones al
modificar la Sentencia dictada por el Tribunal
de
Primera
Instancia
al
no
imponer
responsabilidad vicaria al Hospital Auxilio
mutuo por las actuaciones del doctor Eliza aún
cuando
se
demostró
que
el
grupo
de
Anestesiólogos para el que trabajaba el Dr.
Eliza era contractualmente responsable por
tener el personal diestro disponible que fuera
necesario en sala de parto en todo momento.
Estando en condiciones de resolver, procedemos a así
hacerlo.
II.
En cuanto al primer error, los peticionarios alegan
que el Tribunal de Apelaciones erró al restar la suma
CC-2005-1263
producto
de
13
una
transacción
entre
éstos
y
unos
codemandados de la cuantía total que se les concedió por
concepto de daños. Tienen razón los peticionarios.
A.
Los
contrato
principales
de
elementos
transacción
son:
1)
constitutivos
de
un
la
de
una
existencia
controversia o relación jurídica incierta litigiosa; 2) la
intención
de
las
transacción-
la
objetivos
la
de
partes
de
sustituir
incertidumbre
relación
–mediante
sobre
jurídica
por
la
los
elementos
otra
“cierta
e
incontestable”; 3) concesiones recíprocas.9 La antecedida
incertidumbre, en la mayoría de los casos, es la causa de
la
transacción.
Las
partes,
al
transigir,
podrían
encontrarse en un estado de incertidumbre en torno a la
razón jurídica que les asista y la ignorancia objetiva del
resultado del pleito o pleito futuro; esa incertidumbre es
lo que normalmente les mueve a transigir.10
Por
consiguiente,
por
virtud
del
contrato
de
transacción las partes sustituyen dicha incertidumbre con
la certeza del contrato. Además, al transar, ambas partes
asumen el riesgo -de haber pagado más o recibir menos- con
el fin de evitar o finalizar un litigio.
9
Art. 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4821; US Fire Insurance
Company v. A.E.E., res. el 24 de septiembre de 2008, 2008 T.S.P.R.
160, 174 D.P.R. __; Mun. de San Juan v. Professional Research &
Community Services, res. el 18 de mayo de 2007, 2007 T.S.P.R. 95.
10
L.R. Rivera Rivera, El Contrato de Transacción, sus efectos en
situaciones de solidaridad, Jurídica Editores, 1998, pág. 37 (citando
a Cossío y Corral).
CC-2005-1263
14
B.
En
los
pleitos
de
daños
y
perjuicios,
la
víctima
puede renunciar a su reclamación con alguno de los cocausantes de un daño, mediante un contrato de transacción.
Además,
esta
situación
puede
ocurrir
en
supuestos
de
pluralidad de sujetos. En los últimos años hemos elucidado
los
efectos
supuestos
que
de
produce
este
tipo
de
contrato
solidaridad
de
los
pleitos
de
en
los
daños
y
perjuicios con pluralidad de sujetos. Hemos sostenido que
dependiendo de lo pactado, así serán los efectos de ese
acuerdo sobre el co-causante o codemandado con quien se
transa y los demás que permanezcan en el pleito.11 Por
consiguiente, es de vital importancia establecer qué fue
lo
que
se
pactó
y
poder
acertar
el
alcance
de
dicha
transacción.12
Recientemente, en US Fire Insurance v. A.E.E., res.
el 24 de septiembre de 2008, 2008 T.S.P.R. 160, 174 D.P.R.
__, clarificamos la normativa sobre los efectos de una
transacción
tanto
en
la
relación
interna
entre
codemandados solidarios como en la relación externa entre
codemandados y demandantes. Expresamos que en la situación
en la cual la víctima exonera de responsabilidad a uno de
los codemandados, ello no acarrea el relevo de los otros
codemandados,
si
esto
último
no
surge
claramente
del
11
US Fire Insurance Company v. A.E.E., supra; S.L.G. Szendrey v.
Hospicare Inc., 158 D.P.R. 648, 656 (2003); Blas Toledo v. Hospital
Nuestra Señora de la Guadalupe, 167 D.P.R. 439 (2006).
12
Art. 1714 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4826.
CC-2005-1263
15
acuerdo de transacción.13
continuar
su
Con lo cual, la víctima puede
reclamación
contra
los
restantes
codemandados.
Por su parte, los efectos que una transacción pueda
tener sobre los codemandados que no transigieron dependerá
de
lo
pactado
entre
el
demandante
y
el
codemandado
liberado. Puede darse el caso en el cual a través del
acuerdo de transacción la víctima libere a un codemandado
de toda responsabilidad que pueda surgir en relación con
el
evento
dañoso.
exoneración
de
(relación
externa)
Esta
la
actuación
se
entiende
responsabilidad
hacia
así
la
como
hacia
como
una
la
víctima
relación
entre
codemandados (relación interna). Por consiguiente, cuando
esto
sucede,
si
el
codemandado
liberado
aceptó
su
responsabilidad en el evento dañoso o cuando finalmente un
tribunal haga dicha determinación de responsabilidad, el
principal efecto es que la víctima asume la porción de
responsabilidad
que
se
le
atribuya
al
co-causante
liberado.14 Así pues, los demás co-causantes del daño no
podrán
recobrar
liberado.15
No
está
ninguna
cantidad
disponible
la
del
acción
co-causante
de
nivelación
porque el acuerdo de transacción exoneró al co-causante
13
Íd.; Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403, 409 (1969); S.L.G.
Szendrey v. Hospicare Inc., supra, pág. 655; Blás Toledo v. Hospital
Nuestra Señora de la Guadalupe, et al., supra.
14
US Fire Insurance v. A.E.E., supra; Szendrey v. Hospicare Inc.,
supra, pág. 656-659 (Énfasis suplido.)
15
US Fire Insurance v. A.E.E., supra.
CC-2005-1263
16
relevado de la responsabilidad interna. Por consiguiente,
se
le
resta
la
porción
de
responsabilidad
que
se
le
atribuya al co-causante liberado para que así éstos no
paguen más de lo que le corresponda.16
En estas circunstancias, los demás co-causantes sólo
responderán por la porción que quede luego de restar el
monto correspondiente a la porción de responsabilidad del
co-causante liberado y no por la totalidad de los daños.17
Por
su
parte,
el
demandante
recibirá
la
cantidad
establecida en el acuerdo de transacción como pago del
monto correspondiente a la porción de responsabilidad que
en su día se determine para ese co-causante, si alguna.18
Por
tal
razón,
conforme
al
riesgo
asumido,
si
al
dictar la sentencia el monto correspondiente a la porción
de responsabilidad del co-causante liberado es mayor a lo
recibido
demandante
a
cambio
asume
del
dicha
relevo
de
reducción;
responsabilidad,
por
el
contrario,
el
si
dicha cantidad es menor a lo recibido a cambio del relevo
de responsabilidad, el demandante percibe la ganancia.19
En este tipo de acuerdo transaccional, si luego de
haber sido liberado, dicho co-causante no es encontrado
16
Este proceder se sostiene en el interés de evitar el enriquecimiento
injusto de una parte, finalidad de la acción de nivelación. Íd.;
Szendrey v. Hospicare Inc., supra, pág. 654; P.R. Fuels, Inc. v.
Empire Gas Co., Inc., 149 D.P.R. 691, 712-713 (1999); Ramos v. Caparra
Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60, 63-64 (1985).
17
US Fire Insurance v. A.E.E., supra; Szendrey v. Hospicare Inc.,
supra, pág. 658. (Énfasis suplido.)
18
US Fire Insurance v. A.E.E., supra.
19
Íd.
CC-2005-1263
incurso
17
en
responsabilidad,
éste
no
tiene
derecho
a
recobrar lo pagado ni los demás co-causantes a instar una
acción en nivelación. El demandante en este caso percibe
la ganancia.
Por
otra
parte,
el
acuerdo
transaccional
se
puede
limitar a la exoneración de un co-causante en la relación
externa solamente. Es decir, que el demandante renuncie a
una acción de daños y perjuicios en contra de uno de los
co-causantes, sin relevar a éste de los efectos que pueda
tener
con
los
restantes
co-causantes.
Este
tipo
de
transacción no impide que la víctima continúe la demanda
en contra de los demás co-causantes de su daño, esperando
recobrar
de
éstos
hasta
la
totalidad
del
monto
correspondiente a los daños causados.20 En el caso que para
satisfacer la sentencia que advenga en su día, los demás
co-causantes tengan que asumir la correspondiente porción
del co-causante liberado y pagar una suma en exceso a la
porción
tendrán
de
responsabilidad
disponible
la
que
les
corresponda,
correspondiente
acción
éstos
de
nivelación.21
En este contexto, procede la reducción del monto de
la sentencia la cantidad objeto de la transacción. De lo
contrario, el demandante, sin asumir riesgo alguno, podría
recobrar la totalidad del monto de la sentencia, así como
20
US Fire Insurance v. A.E.E., supra; Véase, Blás Toledo v. Hospital
Nuestra Señora de la Guadalupe, et al., supra.
21
Íd.
CC-2005-1263
18
la cuantía obtenida mediante el acuerdo transaccional.22
Esta
actuación
enriquecimiento
constituiría
injusto
ya
un
que
escenario
los
de
co-causantes
percibirían un empobrecimiento al pagar más de lo que les
corresponde
y
el
enriquecimiento,
sin,
riesgo
alguno.
Por
demandante
como
experimentaría
señalamos,
consiguiente,
haber
este
tipo
un
asumido
de
acuerdo
transaccional que exonera sólo de la relación externa a
los co-causantes liberados, tiene el efecto de mantener la
acción de nivelación disponible para los co-causantes no
liberados hacia los liberados.
C.
Con relación a los hechos del caso de autos, en el
Acuerdo
Privado
demandantes
con
de
Transacción
los
doctores
que
Comas,
suscribieron
Figueroa
los
Longo
y
Catasús, estos últimos se obligaron a pagar doscientos mil
dólares ($200,000.00) como compensación total por todo lo
que alegaba la parte demandante en cuanto a éstos. Aún
así, los codemandados liberados expresaron que el pago de
dicha
suma
de
dinero
responsabilidad.
Como
no
constituía
resultado
del
una
admisión
Acuerdo,
de
los
demandantes relevaron a los doctores Comas, Figueroa Longo
y
Catasús
de
todas
las
reclamaciones
expuestas
en
la
demanda. Con esta actuación, se les exoneró de la relación
externa entre éstos y los demandantes.
22
US Fire Insurance v. A.E.E., supra.
CC-2005-1263
19
Por otro lado, el Acuerdo refleja que la intención de
los
demandantes
fue
relevar
a
los
codemandados
de
la
relación interna por igual. Dicho contrato de transacción
refleja que los demandantes le extendieron un relevo total
a
los
codemandados
transigentes
en
lo
que
respecta
a
cualquier reclamo de los demás codemandados de instarse
una
acción
exoneró
a
de
coparte.23
los
Por
codemandados
consiguiente,
liberados
el
tanto
Acuerdo
de
la
responsabilidad externa como de la interna.
En el momento en el que los demandantes liberaron a
los
codemandados
–los
doctores Comas,
Figueroa
Catasús- de ambas relaciones, éstos se subrogaron
Longo
y
en sus
posiciones. Al así hacerlo, el principal efecto fue que,
si
se
le
adjudicaba
responsabilidad
a
algunos
de
los
codemandados liberados, se le restaría a la suma concedida
la porción de responsabilidad adjudicada. En este caso,
los
codemandados
liberados
no
fueron
encontrados
responsables o co-causantes del acto torticero y, por lo
tanto, nada se les podía restar a los demandantes de la
23
En lo pertinente dicho acuerdo expone en la página 5 lo siguiente:
En la eventualidad de que el tribunal permitiera cualquier
acción de coparte o de demanda de terceros contra alguno o
todos los codemandados aquí comparecientes y en su día pudiera
resultar que el Tribunal declarara con lugar cualquier acción
de coparte o de demanda de terceros y que ello conlleve la
imposición del pago de cualquier cantidad a favor del
demandante de coparte o del demandante de tercero o de los
demandantes; entonces los demandantes relevarán del pago de la
partida que correspondiere, fuere la cantidad que fuere, a los
aquí comparecientes…
Esto significa que los codemandados comparecientes no tendrán
que pagar a la parte demandante suma adicional a la pagada a
tenor con el presente acuerdo. La parte demandante a su vez
renuncia a cualquier derecho que pueda tener a base de
solidaridad para cobrarle a los demandados que aquí comparecen
cualquier suma en exceso de la aquí acordada.
CC-2005-1263
cantidad
20
que
recibieron
como
parte
del
contrato
de
transacción que suscribieron.
En
US
Fire
Insurance
v.
A.E.E.,
sostuvimos
supra,
“que un demandante que suscribe un acuerdo transaccional
con uno de los co-demandados y termina recibiendo en total
una
cantidad
mayor
a
lo
que
le
sentencia
dictada
a
su
favor,
ganancia
dependiendo
de
lo
corresponde
podrá
pactado
según
percibir
en
el
la
dicha
acuerdo
transaccional”. El acuerdo transaccional del presente caso
demuestra
que
los
responsabilidad
demandantes
que
se
le
asumieron
llegara
a
la
porción
imputar
a
de
los
codemandados liberados, por lo que asumió el riesgo de
recobrar menos o más. La transacción en este tipo de casos
conlleva
la
demandantes
asunción
y
los
de
riesgos
codemandados
por
parte
liberados.
de
los
Porque,
como
hemos mencionado, el contrato de transacción se fundamenta
en
la
incertidumbre
del
litigio.
Podría
darse
el
caso
donde se encuentre responsable al codemandado liberado, y
dependiendo de su respectiva porción de responsabilidad,
el negocio haya sido beneficioso o no para uno o el otro.
Ese es el riesgo de la transacción.
En este caso, los doctores Comas, Figueroa Longo y
Catasús
llegaron
a
un
acuerdo
transaccional
con
los
demandantes y de esta forma evitaron el largo proceso del
litigio. Éstos asumieron el riesgo de pagar de más; lo que
eventualmente sucedió. El Tribunal de Apelaciones en su
sentencia
descontó
los
doscientos
mil
dólares
CC-2005-1263
21
($200,000.00) de la suma total de daños concedida bajo el
palio de la equidad. Sostuvo que “[d]e no deducirse dicha
cuantía del monto total otorgado por el foro sentenciador
constituiría una doble compensación a favor de la parte
demandante respecto a la suma estipulada”.
Sin
embargo,
entendemos
que
con
la
normativa
antecedida podemos disponer de la controversia sin tener
que acudir a la equidad. Además, el posible efecto de
cobrar de más por causa del riesgo asumido en un contrato
de transacción no constituye una doble compensación por el
daño sufrido.
Por
otro
lado,
apelativo
sería
beneficiar
aportaron
nada
transaccional.
en
Ellos
sostener
a
la
la
los
decisión
codemandados
consecución
pagarían
del
menos
del
de
lo
foro
que
no
acuerdo
que
le
corresponde gracias a un contrato de transacción del cual
no
formaron
alguno.
parte,
Además,
y
por
permitir
el
que
cual
el
no
asumieron
demandante
riesgo
perciba
la
ganancia en nada perjudica ni concierne a los codemandados
puesto que éstos nada tuvieron que aportar a tal rédito, y
por otro lado, ellos tienen que pagar el por ciento de
responsabilidad que le corresponde de todos modos.
Por ende, revocamos en lo pertinente la determinación
del Tribunal de Apelaciones y sostenemos que la cantidad
de doscientos mil dólares ($200,000.00) concedida por el
contrato de transacción no debió ser restada de la cuantía
total de daños.
CC-2005-1263
22
III.
En
el
planteamiento
del
segundo
error,
los
demandantes alegan que el Tribunal de Apelaciones erró al
determinar que el Hospital no es responsable por no contar
para el 1993 con un protocolo para el traslado de infantes
en condición crítica a una unidad terciaria. No les asiste
la razón.
Entre los elementos requeridos por el Art. 1802 del
Código
Civil,24
se
encuentra
causal.
Ésta,
no
se
especulación
o
la
causalidad
establece
conjetura,
más
o
relación
a
base
de
una
mera
bien
en
los
casos
de
impericia médica, la causalidad se demuestra al probar que
la actuación del médico fue la que con mayor probabilidad
causó el daño.25
En los hechos particulares de este caso no está en
controversia
la
responsabilidad
negligencia
de
sus
responsabilidad
del
del
empleados,
Dr.
Eliza
y
Hospital
que
la
junto
falta
del
por
la
a
la
personal
diestro en la Sala de Parto, fueron la causa que con mayor
probabilidad causó el daño. Sin embargo, de conformidad
con
la
prueba
desfilada
quedó
establecido
que
aunque
Miguel Alfonso se encontraba en una condición delicada,
éste se mantuvo estable en Ponce e incluso no fue intubado
hasta el siguiente día. Además, no surge del expediente
ninguna
evidencia
que
demuestre
que
el
traslado
24
31 L.P.R.A. sec. 5141
25
Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639, 649-650 (1988).
fue
CC-2005-1263
23
negligente ni que la ausencia del protocolo afectara a
Miguel Alfonso. Por tal razón, como atinadamente concluyó
el foro apelativo, los demandantes no lograron demostrar
la relación causal entre la falta del protocolo para el
traslado de infantes en condición crítica a una unidad
terciaria y los daños acaecidos.
IV.
Los demandantes alegan que el Tribunal de Apelaciones
erró al reducir la compensación que les fue concedida por
los
daños
físicos
experimentados
por
su
hijo.
Tienen
Civil,
supra,
es
el
extracontractual
al
razón.
A.
El
umbral
Artículo
de
la
1802
del
Código
responsabilidad
civil
exponer que “[e]l que por acción u omisión cause daño a
otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a
reparar el daño causado”. La doctrina ha definido el daño
como
“todo
menoscabo
material
o
moral
causado
contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona y
del cual haya de responder otra”.26
Intrínseco al mismo concepto del daño se encuentran
los daños patrimoniales y los no patrimoniales. El daño
patrimonial consiste en el menoscabo –valorable en dinero-
26
J. Santos Briz, Tratado de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch,
2003, T. III, pág. 457; Véase, Ramírez Ferrer v. Conagra Foods Puerto
Rico Inc., res. el 14 de abril de 2009, 2009 T.S.P.R. 55, 175 D.P.R.
__; García Pagán v. Shiley Caribbean, 122 D.P.R. 193, 205-206 (1988).
CC-2005-1263
24
sobre el patrimonio del perjudicado.27 Por su parte los
daños
no
patrimoniales
“son
en
principio
aquellos
cuya
valoración en dinero no tiene la base equivalencial que
caracteriza a los patrimoniales, por afectar precisamente
a
elementos
o
intereses
de
difícil
valoración
pecuniaria”.28
Los
daños
patrimoniales.
morales,
Sin
en
embargo,
la
esencia,
son
doctrina
ha
daños
no
distinguido
entre los daños propiamente morales o puros y los daños
morales impropios o daños patrimoniales indirectos. Los
primeros son los que no producen repercusiones de carácter
patrimonial; los segundos son aquellos que por medio de la
“lesión de intereses inmateriales trascienden a valores
del patrimonio”.29
Hemos señalado anteriormente que los daños morales
son los infligidos a las creencias, los sentimientos, la
dignidad, la estima social o la salud física o psíquica
del
perjudicado.30
Por
consiguiente,
son
aquellos
que
afectan principalmente los derechos de la personalidad, ya
sea física o moral, del ser humano.31 Así también, se han
27
H.M. Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios Extracontractuales en
Puerto Rico, San Juan, Publicaciones JTS, 1986, 2da ed., Vol. I, pág.
428; Santos Briz, op cit., pág. 461.
28
Santos Briz, op cit., pág. 460.
29
Santos Briz, op. cit., pág. 461; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil
Español, Común y Foral, Madrid, Ed. Reus, 1993, 15ta ed., Tomo 4,
págs. 950-951.
30
Rivera Colón v. S.L.G. Díaz, 165 D.P.R. 408, 428 (2005).
31
Brau del Toro, op cit., pág. 427.
CC-2005-1263
25
reconocido como daños morales afecciones a la integridad
de las facultades físicas, la privación de algún miembro o
facultad de una persona, así como todo dolor físico o
moral.32
Ahora bien, el daño moral es un concepto amplio que
abarca
distintas
vertientes
de
la
naturaleza
humana
y
surge de múltiples causas.33 Como hemos señalado, dicha
amplitud
abarca
desde
el
dolor
físico
o
corporal,
las
angustias mentales, hasta los daños o lesiones corporales.
Si bien en muchas ocasiones se han utilizado los términos
de
sufrimientos
o
daños
físicos
como
conceptos
independientes al concepto de “daño moral”, es meritorio
reconocer que éstos forman parte de dicho concepto aunque
sea en vertientes diferentes.
Un acto torticero puede producir una lesión o daño
corporal, el cual puede consistir desde golpes leves hasta
un daño grave que produzca la muerte.34 Este tipo de daño
corporal
es
resarcible
y
ha
sido
reconocido
como
uno
32
A.
Borrell
Macía,
Responsabilidades
Derivadas
de
Culpa
Extracontractual Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1958, 2da ed., pág. 211.
(Énfasis suplido.)
33
“[A]sí, por ejemplo, el dolor moral que produce la pérdida de una
joya familiar; de daños morales derivados de dolores físicos o de
enfermedades físicas o mentales, y de daños morales concomitantes con
daños patrimoniales o a la inversa. Todos ellos tienen de común
producir perturbaciones anímicas (disgusto, desánimo, desesperación,
pérdida de la satisfacción de vivir, etcétera), pero derivan de
motivos distintos.” Santos Briz, op. cit. Pág. 461.
34
“El daño físico o corporal puede ser de naturaleza grave, que
produzca la muerte. Incluye desde los golpes leves, laceraciones o
abrasiones hasta fracturas, amputaciones de miembros, mutilaciones y
daños a las estructuras óseas y a los órganos internos.” A. J. AmadeoMurga, El valor de los daños en la responsabilidad civil, San Juan,
Ed. Esmaco, 1997, T. I, pág. 223.
CC-2005-1263
26
independiente dentro del daño moral.35 Por consiguiente,
una lesión a la integridad física de una persona o a sus
facultades
producto
de
un
acto
torticero
puede
ser
compensable.
Por otro lado, una de las principales manifestaciones
de una lesión corporal puede ser el dolor. Manifestación
que
podría
psíquico
producirse
de
la
tanto
persona.
en
El
el
ámbito
dolor
físico
físico
como
“[e]s
la
manifestación a nivel local o general de la lesión, como
consecuencia de los receptores nerviosos especializados en
las distintas captaciones de estímulos.”36 Es una sensación
aflictiva
por
causa
de
una
afección
corporal,
que
se
manifiesta de diversas formas, en la mayoría de los casos
de forma perceptible. Por tal razón, para sentir dolor una
persona tiene que tener la capacidad de sentirlos. Así
pues,
más
allá
del
difícil
proceso
de
cuantificar
el
dolor, es evidente que el dolor físico es más fácil de
constatar, por estar relacionado intrínsecamente con la
lesión corporal, que el dolor psíquico o las angustias
mentales.37
Por su parte, la angustia mental es la reacción de la
mente y de la consciencia en torno a un daño corporal o un
35
36
Font v. Viking Construction, Corp., 58 D.P.R. 689, 711 (1941).
B. Pérez Pineda, M. García Blázquez, Manual de Valoración
Baremación del Daño Corporal, Ed. Comares, 1995, 4ta ed., pág. 36.
37
y
“El hombre, a diferencia del resto de los seres vivos, tiene
capacidad para sentir el dolor en presente (manifestación puntual de
la lesión), en pasado (recuerdo del dolor y la lesión sufrida), y en
futuro (miedo a que se repita la situación dolorosa).” Íd., págs. 3-4.
CC-2005-1263
evento
27
sufrido
y
su
impacto
subjetivo
en
el
bienestar
personal.38 Por consiguiente, la angustia mental no siempre
guarda
relación
principalmente
con
el
un
daño
ámbito
corporal,
emocional
y
ya
que
mental
afecta
del
ser
humano. Ésta puede surgir como consecuencia directa del
evento dañoso o por su efecto colateral producto del daño
que sufrió otra persona.
B.
Este
Tribunal
adoptó
hace
mucho
tiempo
que
los
sufrimientos físicos y mentales que sufre una víctima de
un hecho torticero desde la ocurrencia de éste hasta su
muerte son compensables a la víctima, por ende, al morir
ésta, transmite la causa de acción a sus herederos.39 Sin
embargo,
en
torno
Tribunal
expresó
infancia
una
niña
a
los
niños
recién
nacidos,
que
durante
los
primeros
no
podía,
como
tal,
este
meses
sufrir
de
daños
mentales dentro del significado jurídico-compensatorio.40
38
Amadeo-Murga, op cit., pág. 224.
39
Véase, Vda. Delgado v. Boston Insurance, 101 D.P.R. 598 (1973).
Además, este Tribunal se ha expresado en varias ocasiones al respecto.
En Vda. Delgado v. Boston Insurance, supra, concedimos quince mil
dólares ($15,000.00) a los herederos de un causante por los
sufrimientos físicos y morales que sufrió por tres días previos a su
muerte, a causa de extensas quemaduras. Por su parte, en la decisión
de Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854 (1978), concedimos cinco mil
dólares ($5,000.00) por los sufrimientos que enfrentaron unos esposos
durante un corto periodo de tiempo antes que perecieran ahogados en
las corrientes de un río. En Colón v. Municipio de Guayama, 114 D.P.R.
193 (1983), este Tribunal elevó de quince mil dólares ($15,000.00) a
veinticinco mil dólares ($25,000.00) la compensación concedida a los
herederos de un joven que sufrió severas y dolorosas lesiones, que lo
mantuvieron diez (10) días parapléjico antes de su muerte. En
definitiva, es norma reiterada en nuestra jurisdicción que la causa de
acción por daños morales es transmisible.
40
Riley v. Rodríguez, 119 D.P.R. 762, 804 (1987).
CC-2005-1263
28
Así pues, en casos de niños de pocos meses de nacidos que
mueran a raíz de un hecho torticero, éstos sí transmiten
su causa de acción sobre sus daños morales aunque limitada
en
lo
correspondiente
a
la
vertiente
de
los
daños
mentales.
C.
Corresponde
al
juzgador,
en
su
sano
juicio,
experiencia y discreción, la valoración justa y necesaria
para
compensar
los
daños
y
sufridos.41
perjuicios
Sin
embargo, la razonabilidad debe ser la brújula que guíe al
juzgador
en
el
valoración
de
Nationwide,
156
serpentino
los
daños.
D.P.R.
camino
Así,
614,
de
la
estimación
y
S.L.G.
Rodríguez
v.
(2002),
expresamos
lo
en
622
siguiente:
La estimación y valorización de daños es una
gestión o tarea difícil y angustiosa, ello debido
al cierto grado de especulación en la determinación
de éstos y por incluir, a su vez, elementos
subjetivos tales como la discreción y el sentido de
justicia y conciencia humana del juzgador de los
hechos.42
La
labor
judicial
se
torna
más
complicada
en
los
casos de daños morales, ya que la determinación de un daño
moral y su eventual compensación no es una labor mecánica
ni realizable con facilidad. Por tal razón, conlleva un
gran esfuerzo para tratar de conceder valor monetario a
41
S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.P.R. 614,
Concepción Guzmán v. A.F.F., 92 D.P.R. 488, 502 (1965).
42
623
(2002);
Véanse, Nieves Cruz v. U.P.R., 151 D.P.R. 150 (2000); Rodríguez
Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 451 (1985).
CC-2005-1263
intereses
29
personales
que
no
son
parte
del
entramado
patrimonial.
Por ende, este Tribunal ha sostenido en innumerables
ocasiones
que
se
abstendrá
de
intervenir
con
la
apreciación de la prueba y la determinación de daños que
un foro de instancia haya emitido.43 Así pues, es norma
clara
que
instancia,
en
y
deferencia
en
pro
de
y
la
respeto
a
los
foros
de
estabilidad,
los
tribunales
apelativos solamente tienen la facultad de modificar las
cuantías concedidas en aquellos casos en que las mismas
"sean ridículamente bajas o exageradamente altas".44
D.
El
padres
Tribunal
de
Miguel
de
Primera
Alfonso
la
Instancia
cantidad
concedió
de
a
los
cincuenta
mil
dólares ($50,000.00) por los daños y sufrimientos físicos
de éste. En específico dicho tribunal sentenció:
El bebé Sagardía-Delíz en vez de ser recibido, por el
calor de los brazos tiernos de sus padres, fue
colocado en una cuna con un respirador y todo su
pequeño cuerpecito tenía tubos y agujas que le fueron
colocados para medicarlo y alimentarlo por los 25
días en que vivió. Ese sufrimiento físico es
compensable y le otorgamos por ello una cantidad
razonable a los padres en la acción heredada de su
hijo por dicho concepto.
Sin embargo, al final de la sentencia, la juez de
instancia expuso que los cincuenta mil dólares ($50,000.00)
a ambos demandantes por la causa heredada de su hijo era
43
Albino Agosto v. Martinez, Inc., res. el 4 de junio de 2007, 2007
T.S.P.R. 111, 171 D.P.R. ___; S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, supra.
44
Íd.
CC-2005-1263
30
por el dolor físico sufrido por éste, a razón de dos mil
dólares ($2,000.00) por día por veinticinco (25) días. Así
pues, el Tribunal de Apelaciones utilizó esta expresión
para descontarle a la cuantía concedida los días que el
bebé “no percibió dolor”. Dicho tribunal restó un total de
ocho (8) días de la cuantía otorgada fundamentado en que el
niño estuvo: un (1) día sin intubar, dos (2) días sedado
sin respuesta a los estímulos y cinco (5) días en estado de
coma.45
Si bien es cierto que el foro primario expresó al
final de su sentencia que la cuantía concedida era a razón
de dos mil dólares ($2,000.00) por día, lo cierto es que,
según
puede
sentencia,
colegirse
la
de
compensación
la
de
totalidad
cincuenta
de
la
mil
propia
dólares
($50,000.00) era por concepto de los daños y sufrimientos
físicos de Miguel Alfonso. No sólo por los dolores físicos
que sufrió, sino por el concepto más abarcador del daño
moral,
entre
los
cuales
se
encuentran
las
lesiones
corporales.46 Es evidente que el pequeño Miguel Alfonso
45
El Tribunal de Apelaciones específicamente dijo:
Del total concedido por el Tribunal de Primera Instancia
deberán descontarse los días en que Miguel Alfonso no estuvo
intubado y con tubos y agujas en todo su cuerpo, a saber el día 2.
También, deberán descontarse los días en que según el récord médico
del Hospital Damas el bebé estuvo sedado y no respondía a estímulos,
o sea, los días 3 y 4. De igual forma deberán deducirse los días en
que el niño permaneció comatoso y sin respuesta a dolor, a saber los
días 23, 24, 25, 26 y 27. Todos estos suman un total de ocho (8)
días por lo que solo procedería dicha partida por diecisiete (17)
días a razón de $2,000.00 diarios para un total de $34,000.00.
46
Es necesario señalar, que no entendemos prudente la acción de
valorar los daños a base de los días en los que una persona estuvo o
no en un estado de inconsciencia o comatoso, tal como lo hizo el
tribunal de instancia. Más bien, somos de la opinión que la mejor
práctica sería que tal proceso pudiera utilizarse para calcular una
CC-2005-1263
estuvo
31
algunos
días
sedado
afección
consecuencia
de
una
producto
un
acto
de
de
y
en
estado
a su
de
coma
como
integridad corporal,
impericia
médica.
Esta
lesión
corporal, así como su afección a su facultad de sentir,
son compensables. El que una persona esté en estado de
coma
o
sedada
constituye
moral.
como
una
consecuencia
lesión
Dicha
de
corporal
compensación
un
acto
compensable
no
se
torticero,
como
fundamenta
daño
en
la
percepción del dolor solamente sino, entre otras cosas, en
la lesión que sufrió, la cual la mantiene en la condición
comatosa o imperceptible al dolor.47
Por ende, la cuantía concedida a los demandantes por
los daños sufridos por su hijo corresponde a todos los
daños morales que éste sufrió como consecuencia del acto
torticero. Esa cuantía la entendemos razonable por lo que
nos
abstenemos
prueba
y
instancia
la
de
intervenir
determinación
hizo.
En
vista
de
con
de
lo
la
daños
apreciación
que
anterior,
de
la
foro
de
revocamos
la
el
determinación del Tribunal de Apelaciones de reducir la
cuantía concedida a los padres de Miguel Alfonso, por los
daños que éste sufrió.
suma única y separada que indemnice el daño objetivo de perder
contacto con la realidad, por determinado tiempo, o como parte del
proceso para calcular la suma general de daños a concederse.
47
Por otro lado, no surge del expediente ningún tipo de prueba
pericial o científica que sostenga la conclusión de que el niño no
sintió dolor los días que estuvo sin intubar y sin agujas por todo el
cuerpo y los días en que estuvo sedado, como sostuvo el foro apelativo
en su sentencia.
CC-2005-1263
32
V.
Por último, los demandantes señalan como cuarto error
que quedó demostrado que el grupo de anestesiólogos para
el que trabajaba el Dr. Eliza tenían una responsabilidad
contractual de tener el personal diestro disponible que
fuera necesario en sala de parto en todo momento y por lo
tanto,
se
debía
imponer
responsabilidad
vicaria
al
Hospital por las actuaciones del Dr. Eliza. Sin embargo,
al examinar la sentencia del Tribunal de Apelaciones es
claro
que
Tribunal
dicho
de
tribunal
Primera
responsabilidad
era
anestesiólogos.48
Así,
modificó
Instancia
del
Hospital
como
muy
la
sentencia
al
exponer
y
no
bien
del
sentenció
del
que
la
grupo
de
el
foro
intermedio, la responsabilidad del Hospital era directa y
no
vicaria.
Nos
corresponde
entonces,
determinar
si
el
Hospital es vicariamente responsable por las actuaciones
del Dr. Eliza.
A.
No existe duda de que un hospital responde por la
negligencia
de
sus
empleados
al
cometer
actos
de
mala
48
Específicamente el Tribunal de Apelaciones expuso en su sentencia lo
siguiente:
“Al analizar el contrato nos percatamos que el mismo es uno
referido únicamente al servicio de anestesiología y no de servicios
total[es] de las salas del HOSPITAL. La exclusividad del contrato
no re[levó] en ningún momento de responsabilidad al HOSPITAL de
proveer el personal adiestrado y equipo necesario para la operación
de sus salas. Fue erróneo del Tribunal de Primera Instancia
concluir que en virtud del contrato de exclusividad Eliza era la
persona responsable de proveer el personal y equipo necesario en
las Salas de Operaciones. Es nuestro análisis del contrato que era
el hospital quien tenía la obligación de proveer personal y equipo
necesario para ofrecer los servicios de anestesiología (a excepción
de los anestesistas).” Págs. 47 y 48 (Énfasis en el original.)
CC-2005-1263
33
práctica contra pacientes atendidos en sus facilidades. La
responsabilidad del hospital, en estos casos, se enmarca
en la responsabilidad vicaria bajo el palio del artículo
1803 del Código Civil.49 Sin embargo, con relación a los
actos de impericia médica cometidos exclusivamente por un
médico no empleado de un hospital, al cual la institución
le concedió el privilegio de utilizar sus facilidades para
atender
sus
pacientes
privados,
este
Tribunal
ha
establecido una clara distinción.
Si se trata de actos ocasionados por el médico hacia
sus pacientes privados, cometidos en un hospital que el
médico escogió, de ordinario el hospital no responde.50 No
obstante, el hospital podría responder por éstos médicos
si incumple con alguna de las siguientes disposiciones:
(a) una cuidadosa selección de los médicos a quienes les
ha conferido el privilegio; (b) exigir que esos médicos se
mantengan al día con cursos de mejoramiento profesional;
(c) mantenerse al tanto del trabajo de esos médicos e
intervenir,
cuando
sea
posible,
ante
un
acto
obvio
de
impericia médica de éstos; (d) descontinuar el privilegio
concedido
ante
repetidos
o
crasos
actos
de
impericia
médica de esos médicos; y (e) mantenerse razonablemente al
día en cuanto a los adelantos tecnológicos habidos.51
49
31 L.P.R.A. sec. 5142
50
Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 D.P.R. 397, 408-409 (1985).
51
Íd., págs. 409-410.
CC-2005-1263
34
Por su parte, en el escenario en el cual el paciente
acude al hospital y es el hospital el que le provee los
médicos,
hemos
pautado
que
el
hospital
responderá
solidariamente con el médico no empleado, responsable del
acto de impericia.52 Esto es así, en primer término, porque
es el hospital el que provee el servicio del médico en
particular, y el paciente normalmente no tiene opción o
participación
alguna
en
su
selección.53
Por
tal
razón,
“[h]asta cierto punto se puede afirmar que en esta clase
de
situación
el
hospital
le
está
‘garantizando’
al
paciente que ese doctor, o cualquiera otro que lo atienda
bajo esas circunstancias, es uno competente y apto para
prestarle ayuda médica.”54 En segundo lugar, el paciente a
quien tiene de frente es al hospital y no a los médicos en
particular.55 Así pues, el médico que labora en el hospital
es, ante el paciente, un aparente empleado del hospital o
un auxiliar del mismo. En tercer lugar, es evidente que
cuando
un
paciente
acude
al
hospital
a
recibir
un
servicio, la relación principal que se crea es entre éste
y el paciente.56 Ya que en este contexto, el hospital no es
un lugar que alberga a muchos médicos individuales, sino
que es un ente que se obliga a brindar un buen servicio al
52
Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, pág. 407
53
Íd.
54
Íd.
55
Íd.
56
Íd., pág. 408
CC-2005-1263
35
paciente que acude a éste. Por último, este Tribunal ha
sostenido
que
incluso
en
casos
que
estemos
ante
un
contratista independiente, pero en una relación en la que
el
hospital
“resulta
principalmente
beneficiado
por
la
labor que realiza el médico”, éste deberá responder por
los actos negligente de aquél.57
Además, respecto a la anterior normativa, reconocimos
que “no hace diferencia alguna que el doctor que atienda
al paciente sea o un empleado propiamente del hospital, o
uno a quien el hospital le haya concedido una ‘franquicia’
para
brindar
servicios
médicos
especializados
a
los
pacientes del mismo, o uno que es miembro de la facultad
(staff) del hospital y a quien éste llama en consulta para
atender al paciente, etc.”.58
En torno a los escenarios de franquicias exclusivas
–como
contratos
para
servicios
de
radiología,
anestesiología y servicios de salas de emergencias, entre
otros- es evidente que le aplica la doctrina precedida. En
este tipo de escenario usualmente el paciente no tiene
participación u opción alguna en la selección del médico o
servicio en particular. Es el hospital quien provee el
servicio
a
aquellos
pacientes
que
acuden
a
éste.
Por
consiguiente, en este tipo de situaciones, el hospital es
responsable ante el paciente conjuntamente con el médico.
57
Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, pág. 408
58
Íd. (Énfasis suplido.)
CC-2005-1263
36
Se crea una garantía implícita de que es el hospital quien
va
a
proveer
el
servicio
y
de
manera
competente.
Sin
embargo, en este tipo de situación en la cual el hospital
le concede una franquicia exclusiva a un médico o a un
grupo
de
éstos
especializados
a
para
los
brindar
servicios
pacientes del
propio
médicos
hospital,
la
institución deberá responder por los actos negligentes de
éstos.
Con
relación
a
una
la
situación
concesionario
de
franquicia
servicios
de
anestesiología
Tribunal
había
expresado
en
particular
exclusiva
un
que
para
hospital,
estos
de
un
prestar
ya
este
concesionarios
responden junto con el hospital si éste carece de equipo
básico
para
operar
la
concesión
adecuadamente.59
No
obstante, es preciso añadir que aunque en muchos de éstos
casos nos enfrentamos ante un contratista independiente,
al
hospital
resultar
principalmente
beneficiado
por
la
labor que realiza el médico, éste deberá responder junto
con el médico por los actos negligentes que éste último
cometa.60
Ahora bien, la responsabilidad del hospital no es una
vicaria,
sino
una
responsabilidad
directa,
primaria
e
independiente, dirigida hacia el paciente. Responsabilidad
que no puede evadir empleando contratistas independientes
59
Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 323, 350 (1998).
60
Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, pág. 408.
CC-2005-1263
37
porque quien le está proveyendo el servicio y los médicos
al paciente es el propio hospital. Por tal razón, ambos
responderán
solidariamente
por
el
acto
negligente
que
en
cometido.
Anteriormente,
habíamos
reconocido
ciertas
circunstancias los hospitales podrían ser responsables por
aquellos médicos que sólo gozan del privilegio de laborar
en dicho hospital sin ser empleados del mismo.61 En esa
ocasión, adelantamos que en estos casos la responsabilidad
sería solidaria, sin menoscabo de la determinación de los
grados de responsabilidad y el derecho a la nivelación en
la relación interna.62 Por ende, si el paciente acudió al
hospital, ya sea por su cuenta o por orden de su médico
privado, y sufre algún daño compensable por causa de un
médico contratista independiente, tanto el médico como el
hospital responderán solidariamente.
B.
En
lo
referente
a
la
responsabilidad
del
Hospital
sobre las actuaciones del Dr. Eliza, surge expresamente de
la cláusula trigésima del contrato de exclusividad que el
segundo es un contratista independiente del primero. Sin
embargo,
como
expresamos
anteriormente,
el
Hospital
responde solidariamente por las actuaciones de éste. En
este caso la señora Deliz acude al Hospital por órdenes de
61
Nuñez v. Cintrón, 115 D.P.R. 598, 606 (1984).
62
Íd.
CC-2005-1263
38
su médico, pero el acto de impericia médica no fue causado
por dicho médico. El acto de impericia fue causado por el
anestesiólogo
Eliza,
el
cual
es
un
contratista
independiente del Hospital. No obstante, es evidente que
la señora Deliz no tuvo opción ni participación alguna a
la hora de escoger el médico que iba a anestesiarla, y
mucho menos que tendría que ser ese anestesiólogo (Dr.
Eliza) quien tendría que atender a su bebé, por falta de
un pediatra en la sala de operaciones. Por su parte, al
ser operada, el anestesiólogo pasó a ser un auxiliar del
Hospital
y
así
la
institución
está
sujeta
a
responder
solidariamente con el médico, por los actos de éste. Así
pues, el cuarto error no fue cometido.
VI.
Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la
sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, a los
efectos antes indicados, y así modificada, se confirma la
misma.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Miguel Sagardía De Jesús
et als.
Peticionarios
CC-2005-1263
Certiorari
v.
Hospital Auxilio Mutuo
y Otros
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 2009.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte íntegra
de la presente, se modifica la sentencia dictada
por el Tribunal de Apelaciones, a los efectos antes
indicados, y así modificada, se confirma la misma.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La
Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez Asociada
señora
Rodríguez
Rodríguez
concurren
con
el
resultado sin opinión escrita. El Juez Presidente
señor Hernández Denton emitió Opinión concurrente
en parte y disidente en parte.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Miguel Sagardía de Jesús,
et al.
Peticionarios
v.
Hospital Auxilio Mutuo
Certiorari
y otros
CC-2005-1263
Recurridos
Opinión concurrente en parte y disidente en parte emitida
por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON
San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 2009.
Concurrimos con la Parte IV de la Opinión del
Tribunal, pues el foro recurrido erró al reducir la
indemnización otorgada a los esposos Sagardía-Deliz
por los daños que sufrió su hijo Miguel Alfonso.
Ahora bien, disentimos del resto de la Opinión del
Tribunal por entender que a la luz del contrato de
transacción suscrito en el caso de autos procede
que
apliquemos
la
norma
pautada
en
Szendrey
v.
Hospicare, Inc., 158 DPR 648, 658-59 (2003).
De esta forma, los demandantes absorberían la
porción de la culpa que les hubiera correspondido a
los demandados que liberaron, tanto en la relación
externa como en la relación interna, y por ende, se
reduciría de la suma concedida mediante sentencia
CC-2005-1263
3
la cantidad correspondiente al grado de negligencia de esos
codemandados. A falta de una determinación específica sobre
la distribución de culpas en la relación interna, entonces
procede devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia
para que realice la misma o divida equitativamente la culpa
entre todos los cocausantes del daño. Véase Art. 1091 del
Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3102; véanse,
además: U.S. Fire Insurance Co. v. AEE, 2008 TSPR 160, res.
24
de
septiembre
de
2008;
Sánchez
Rodríguez
v.
López
Jiménez, 118 DPR 701, 710 y n.2 (1987).
En la Opinión del Tribunal, sin embargo, se resuelve
que los efectos de la norma que pautamos en Szendrey no son
aplicables a este caso, porque no se presentó reclamación
alguna contra los médicos relevados. Además, se expresa que
los codemandados restantes –el Dr. Miguel A. Eliza García
(anestesiólogo) y el Hospital Auxilio Mutuo— no presentaron
prueba
sobre
la
responsabilidad
de
esos
codemandados
ni
sobre la distribución de la culpa entre los cocausantes de
la muerte de Miguel Alfonso. Por tanto, se resuelve que no
procede descontar de la sentencia el monto correspondiente
al grado de culpa de los demandados liberados.
El principal problema con esta determinación estriba
en que Szendrey prohíbe, precisamente, presentar cualquier
reclamación –ya sea a través de una demanda contra coparte,
una demanda contra tercero o una demanda independiente de
nivelación— en contra de los codemandados liberados, cuando
la intención expresada en el contrato de transacción es
eximirlos de su responsabilidad en la relación interna y
CC-2005-1263
4
externa. No sería necesario reclamarle a los codemandados
liberados, pues en virtud del contrato de transacción éstos
en nada tendrían que responderles a los demandantes o a los
demandados que permanezcan en el pleito.
No obstante, a cambio de ese relevo total, la parte
demandante se coloca en la posición de los codemandados
liberados. De esta manera, asume el riesgo de que en la
determinación
final
de
responsabilidad
contra
todos
los
cocausantes, se le impute a éstos un grado de culpa mayor
al anticipado cuando se suscribió el acuerdo transaccional.
Sólo de esta forma tendría sentido firmar un contrato de
transacción pues, como es sabido, parte de la causa en este
tipo de convenios es que se renuncie mutuamente a algo. A
tales efectos, se ha expresado que:
No es lícito afirmar que la causa se centre en
el poner fin a una controversia, sino que debe
complementarse necesariamente con las recíprocas
concesiones… Es necesario siempre que ambas
partes sacrifiquen y concedan al mismo tiempo
alguna cosa en función de la superación del
litigio sobre la cosa controvertida.
…
En conjunto, el litigio y las recíprocas
concesiones constituyen los elementos de la
causa.
S.
Tamayo
Haya,
El
contrato
de
transacción, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, pág.
210 (citado en López Tristani v. Maldonado, 168
DPR 838, 857 (2006)).
En vista de este principio, es inevitable cuestionar
cuál es la verdadera causa del contrato de transacción que
firmaron los demandantes en este caso. Si a pesar de firmar
dicho acuerdo transaccional no enfrentarían riesgo alguno,
pues como resuelve la Opinión del Tribunal pueden recobrar
los daños que causaron todos los que intervinieron en su
CC-2005-1263
5
producción, tal contrato carecería de causa. Más importante
aún, permitir que los demandantes cobren tanto la cuantía
obtenida mediante transacción, como la concedida mediante
sentencia, sería improcedente. Esto, pues los demandados
que no tomaron parte en el acuerdo transaccional estarían
pagando el total de la sentencia y, en virtud de dicho
contrato, no tendrían el derecho de presentar una acción de
nivelación contra los demandados liberados.
En atención a ello, en Szendrey resolvimos en términos
claros e imperativos que el foro de instancia “tendrá que
determinar en su sentencia el monto líquido total de los
daños
ocasionados
a
la
parte
demandante
por
todos
sus
cocausantes y deducirá de dicho monto total aquella porción
monetaria
equivalente
al
grado
de
responsabilidad”
del
codemandado liberado. Del mismo modo, para la nivelación
entre los codemandados que permanezcan en el caso, “tendrá
que determinar el grado de contribución de cada uno de
éstos a los daños sufridos por la parte demandante, aun
cuando permanecen obligados frente a ésta por la totalidad
de los daños restantes”, o sea, por la suma que resulte
tras el descuento de aquella porción que corresponda al
grado de culpa del codemandado liberado. Íd. págs. 658-59.
La alternativa a lo anterior sería, claro está, que en
una acción independiente de nivelación los demandados que
no formaron parte del acuerdo transaccional –en este caso,
el doctor Eliza García y el hospital— les reclamen a los
demandantes por el monto que pagaron en exceso y que éstos
debían asumir según el contrato de transacción. Véase Soc.
CC-2005-1263
6
de Gananciales v. Soc. de Gananciales, 109 DPR 279 (1979);
Torres v. AFF, 94 DPR 314 (1967).
A pesar de ello, en vista de que los litigantes en esa
acción futura de nivelación ya forman parte del caso ante
nuestra consideración, es innecesario aguardar porque se
presente tal demanda. No hay duda de que en este caso el
foro de instancia erró al no aplicar la norma de Szendrey
cuando dictó su sentencia. Durante el primer día del juicio
se suscitó un extenso debate sobre el alcance del contrato
de transacción, sus efectos sobre los demandados liberados
y sus consecuencias en cuanto a las normas de solidaridad.
Tras analizar el asunto, y a pesar de negarse inicialmente
a acoger el acuerdo transaccional, el foro de instancia le
impartió su aprobación. Ello luego de que los abogados de
los demandantes le manifestaran al tribunal que habrían de
presentar prueba sobre la responsabilidad de cada uno de
los demandados –incluso de aquellos que fueron liberados en
virtud del acuerdo transaccional. Véase Addendum a la Pet.
de Certiorari, págs. 61-62. Así, pues, el foro de instancia
podría
adjudicar
los
grados
de
culpa
correspondientes
a
cada uno de los cocausantes y, por lo tanto, podría aplicar
correctamente la normativa de Szendrey.
Una lectura de dicho contrato de transacción revela
que las partes en este caso tenían la intención de liberar
al Dr. Arsenio Comas Urrutia y a su grupo de obstetricia,
tanto en la relación externa como en la relación interna:
[L]a parte demandante releva, exonera y para siempre
libera a los codemandados Dr. Arsenio Comas Urrutia,
Seguros Triple-S, Inc., y a la Sociedad profesional
CC-2005-1263
7
para
la
práctica
de
Ginecología
Obstetrics
Gynecologist
&
Perinatal
Medicine
Associates,
compuesta por el Dr. Arsenio Comas, el Dr. Juan
Figueroa Longo, y el Dr. Ubaldo Catasús, de todas las
reclamaciones o causas de acción que surjan por
cualquier motivo o por razón de cualesquiera daños o
pérdida … que la parte demandante haya sufrido o que
de aquí en adelante pueda sufrir como consecuencia de
los hechos de la demanda radicada en este caso o en
cualquiera de sus enmiendas.
…
A la fecha en que se suscribe el presente Acuerdo
no existen acciones de coparte entre los codemandados.
En la eventualidad de que después de firmarse y
ejecutarse
el
presente
acuerdo
alguno
de
los
codemandados que permanecen en el pleito procedieran a
radicar alguna acción de coparte o de demanda de
terceros contra todos o algunos de los codemandados
aquí comparecientes, aunque cualquiera de dichas
acciones sería tardía e improcedente en derecho, los
demandantes se obligan previo pago de la suma
transaccional de $200,000.00 a lo siguiente:
a. Le extienden un relevo total a
codemandados
comparecientes
en
lo
respecta
a
cualquier
reclamo
de
codemandados en dicha acción de coparte.
los
que
los
b. [De permitirse cualquier demanda contra
coparte o contra tercero,] los demandantes
relevarán del pago de la partida que
correspondiere, fuere la cantidad que fuere,
a los [codemandados] aquí comparecientes.
En atención al lenguaje del citado contrato, y como
parte de la evaluación de éste, el foro de instancia indicó
al comenzar la vista en su fondo que “los abogados de la
parte demandante… van a probar todas sus alegaciones… en
contra de partes que ni siquiera ya van a estar aquí”.
Addendum a la Pet. de Certiorari, págs. 61-62. Ello en
obvia referencia al doctor Comas y a los otros demandados
liberados. Así, pues, no le correspondía a los codemandados
que quedaron en el pleito presentar prueba contra aquellos
que fueron liberados, ya que ante un acuerdo transaccional
como el que se firmó en este caso, cualquier demanda contra
CC-2005-1263
8
coparte o contra tercero hubiese sido improcedente. Tampoco
es pertinente que el doctor Eliza “renunciara” a reclamar
cantidad alguna de parte de los codemandados liberados, ya
que de todos modos no lo podía hacer en virtud del contrato
de transacción.
Aun cuando en los primeros días del juicio se presentó
cierta prueba relacionada con las actuaciones del doctor
Comas, los demandantes reevaluaron su determinación previa
de pasar prueba en contra de éste y anunciaron que estarían
retirando al perito obstetra que habían contratado a tales
efectos. Ello por entender que no era necesario ante el
contrato de transacción suscrito por las partes. Ap. de la
Pet. de Certiorari, págs. 1164-65. Sin embargo, a esa fecha
ya habíamos resuelto Szendrey v. Hospicare, Inc., supra,
mediante Opinión emitida el 14 de febrero de 2003.
En vista de ello, somos del criterio que antes de
dictar
su
sentencia
—en
diciembre
de
2003—
el
foro
de
instancia debió requerir prueba sobre el grado de culpa
correspondiente a los demandados liberados, en virtud de la
norma de Szendrey. Los demandados así se lo hicieron saber
al
tribunal
en
diversas
ocasiones,
incluso
mediante
la
presentación de una moción de determinaciones de hecho y
conclusiones de derecho adicionales. Aun así, el Tribunal
de Primera Instancia denegó dicha moción bajo el fundamento
de que el acuerdo transaccional era confidencial. Ap. de
Pet. de Certiorari, págs. 164-68. Erró al así proceder.
Por ende, concurrimos con la Parte IV de la Opinión
del Tribunal que revoca la reducción de la suma concedida a
CC-2005-1263
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los esposos Sagardía-Deliz por los daños que sufrió su hijo
Miguel Alfonso. Ahora bien, disentimos de su negativa de
aplicar
la
normativa
establecida
por
este
Tribunal
Szendrey v. Hospicare, Inc., supra, al caso de autos.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
en