LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Sagardía de Jesús et als v. Hosp. Auxilio Mutuo y otros

2009 TSPR 173

Poder Judicial de Puerto Rico

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Sagardía de Jesús et als v. Hosp. Auxilio Mutuo y otros

CC-2005-1236

Daños y Perjuicios – Efecto de transacción en la responsabilidad de co-acusadas de daño; responsabilidad vicaria de hospital por impericia de contratista independiente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel Sagardía De Jesús

Et als.

Peticionarios

Certiorari

v.

2009 TSPR 173

Hospital Auxilio Mutuo

Y otros

177 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC-2005-1263

Fecha: 12 de noviembre de 2009

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Juez Ponente:

Hon. Aleida Varona Méndez

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Harry Anduze MontaÑo

Lcdo. Rafael A. García López

Lcdo. Raúl S. Mariani Franco

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. José A. Rivera Cordero

Materia: Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del

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un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel Sagardía De Jesús

et als.

Peticionarios

CC-2005-1263

Certiorari

v.

Hospital Auxilio Mutuo

y Otros

Recurridos

Opinión del Tribunal

Kolthoff Caraballo

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 2009.

En

el

presente

caso

nos

corresponde

determinar si procede la reducción de una suma

acordada en una transacción celebrada entre los

demandantes

y

unos

codemandados,

de

la

cuantía

total concedida como daños. Esto, en instancias en

las

cuales

posteriormente

responsabilidad

en

no

se

le

atribuya

el

acto

torticero

codemandados

relevados

por

el

transacción.

Igualmente,

hospital

responde

impericia

médica

contratista

independiente

franquicia

exclusiva

debemos

vicariamente

cometidos

que

a

los

acuerdo

de

resolver

por

por

si

un

actos

de

un

médico

laboraba

en

una

que

brindaba

CC-2005-1263

servicios

2

de

institución.

anestesiología

a

Además,

considerar

debemos

los

pacientes

si

de

dicha

procedía

la

reducción de la compensación concedida a los demandantes

por los daños físicos que sufrió su hijo, por éste no

haber estado consciente durante varios días.

I

Las

determinaciones

de

hechos

esenciales

son

las

siguientes.

A mediados del año 1992, la señora Rita M. Deliz

Cordero quedó embarazada y estuvo recibiendo tratamiento

prenatal con el grupo de ginecólogos-obstetras compuesto

por los doctores Arsenio Comas Urrutia, Ubaldo Catasús y

Juan Figueroa Longo, bajo el cuidado principal del Dr.

Comas.

El

embarazo

fue

normal

y

no

hubo

evidencia

de

problema alguno con el feto durante la gestación. En la

mañana del 2 de abril de 1993, la señora Deliz acude al

Hospital

Auxilio

Mutuo

(Hospital)

por

órdenes

del

Dr.

Comas, por ésta estar de parto activo. Al ser examinada en

el Hospital, el Dr. Comas procedió a abrirle las membranas

(conocido

como

“romper

fuente”)

y

el

líquido amniótico

reflejó presencia de meconio1 (“meconium stain”). En esos

momentos no se observaba progreso en el parto, por lo que

el

médico

determinó

que

probablemente

la

señora

Deliz

debía ser sometida a una cesárea.

1

El meconio es el “material que se acumula en el intestino del feto y

que forma las primeras heces del recién nacido. La presencia de

meconio en el líquido amniótico durante el parto puede indicar

sufrimiento fetal.” Diccionario Mosby, Medicina, Enfermería y Ciencias

de la salud, Edit. Elsevier, Madrid, 6ta edición, 2003, V. I, pág.

997.

CC-2005-1263

A

las

existía

3

11:30

a.m.,

desproporción

como

el

céfalo

parto

no

pélvica,

progresaba

sumado

a

y

la

presencia de meconio previamente detectada, el Dr. Comas

decidió proceder con un parto mediante cesárea. Antes de

realizarse

la

cesárea,

no

se

realizaron

gestiones

para

que, durante el parto, estuviera presente un pediatra u

otro

personal

médico

adiestrado,

aunque

se

tenía

conocimiento de la presencia del meconio. No hubo pediatra

disponible

durante

el

parto,

aun

cuando

el

Hospital

contaba para esa fecha con pediatras y neonatólogos en su

facultad

médica.

Durante

el

parto

estuvo

presente

el

personal médico siguiente: el Dr. Comas, el Dr. Miguel A.

Eliza

García

(anestesista),

una

anestesista

y

dos

enfermeras (“circulating” y “scrub nurse”).

A las 12:16 p.m. nació Miguel Alfonso, un bebé varón

de 9 libras y 6 onzas, con el cuerpo cubierto de meconio.

Al

nacer,

el

Dr.

Comas,

conforme

al

procedimiento

de

rigor, succionó al bebé por la boca y luego por la nariz.

Inmediatamente

después,

el

bebé

lloró

y

entonces

lo

entregó al Dr. Eliza, asumiendo éste la responsabilidad

por su atención, pues no había en sala otra persona con el

adiestramiento

y

experiencia

en

el

manejo

de

un

bebé

recién nacido.

El Dr. Eliza le succionó a Miguel Alfonso 4cc de

meconio, le aplicó oxígeno, lo intubó endotraquealmente y

CC-2005-1263

4

utilizó un laringoscopio.2 Además, se le otorgó un “Apgar

Score”3 de 7 al nacer y de 9 a los cinco minutos. Sin

embargo, no surge del récord quién o quiénes otorgaron el

“Apgar”

ni

qué

criterios

se

tomaron

para

adjudicar

la

puntuación. Durante el juicio, el Dr. Eliza testificó que

fue él quién lo otorgó, debido a que el récord médico no

ofrece

mucha

claridad.

Más

bien

adolece

de

múltiples

deficiencias y crasas omisiones.4

Al examinar al recién nacido Miguel Alfonso en el

“nursery”, el pediatra en turno (Dr. Sánchez) procedió a

succionarlo

nuevamente.

Además

de

los

4cc

de

meconio

succionados por el Dr. Eliza en Sala de Operaciones, se le

2

Sin embargo, aunque del récord no surge claramente de dónde se

extrajeron los 4cc de meconio al bebé, el Dr. Eliza declaró en corte

que extrajo el meconio del estómago. Tampoco está claro qué método se

utilizó para suplirle el oxígeno, cuál fue la razón para utilizar un

laringoscopio y qué resultó de su utilización, cómo se intubó al bebé

y cómo se desarrolló el procedimiento. Aparecen marcadas todas las

medidas de resucitación pero no se explica o detalla cuándo, cómo,

cuántas veces y por qué se llevaron a cabo dichas medidas.

3

El “Apgar Score” es una evaluación de la condición física de los

niños recién nacidos al primer minuto y a los cinco minutos de nacido.

Se le asigna un valor de 0 a 2 a cada uno de los cinco criterios a

evaluar. Los criterios son: el ritmo cardiaco, la respiración, el tono

muscular, respuesta a la estimulación y el color de piel. La

puntuación máxima es de 10. El “Apgar Score” es utilizado para conocer

la condición del recién nacido. Véase, J.E. Schmidt, Attorney´s

Dictionary of Medicine, LexisNexis Matthew Bender, 2003, Vol. 1 A-CG,

Pág. A-475

4

Hay una ausencia total de datos en el récord médico que expliquen

cuál fue el tratamiento médico brindado por el Dr. Eliza al bebé en la

Sala de Operaciones. No existe anotación que documente con claridad y

detalle las circunstancias que rodearon el manejo y tratamiento del

bebé al nacer. Tampoco refleja quién ordenó su traslado de Sala de

Operaciones al “Nursery”. Aún cuando el Dr. Eliza administró todas las

medidas de resucitación al bebé, lo que refleja una situación de

cuidado, fue trasladado con un escolta al “Nursery” en una incubadora

corriente sin personal médico alguno. Además, quedó evidenciado que

previo a su transferencia al “Nursery”, al menos durante 17 minutos,

el bebé fue desatendido en Sala de Operaciones, sin seguimiento o

medidas especiales a pesar de los procedimientos o medidas especiales

de resucitación que le fueron impartidas por el Dr. Eliza.

CC-2005-1263

5

extrajeron 7cc de meconio del estómago y casi 1cc de la

tráquea. Ante el riesgo de un proceso infeccioso, el Dr.

Sánchez

ordenó

la

administración

de

antibióticos.

Sin

embargo, los antibióticos fueron ordenados a la 1:00 p.m.

y fueron administrados por las enfermeras del hospital a

las

3:15

p.m.

No

fue

hasta

las

3:30

p.m.

cuando

se

cumplimentaron todas las órdenes médicas dadas.

A las 4.55 p.m. se confirmó que Miguel Alfonso tenía

pulmonía. Ante este cuadro y el deterioro continuo del

recién nacido, el Dr. Sánchez, en comunicación con el Dr.

Jaunarena (pediatra de la familia) decidió trasladarlo al

Hospital Damas en Ponce a una Unidad de Cuidado Intensivo

Neonatal, ya que el Hospital Auxilio Mutuo no contaba con

una para ese entonces.

A

las

5:30

p.m.,

el

Dr.

Ochoa

(neonatólogo)

del

Hospital Damas de Ponce aceptó el traslado del bebé a esa

institución. Debido a que el Hospital Auxilio Mutuo no

tenía protocolo para ello, no fue hasta las 7:15 de la

noche que se pudo transportar a Miguel Alfonso al Hospital

Damas en ambulancia. Durante el viaje, el recién nacido

fue acompañado por el Dr. Sánchez, una técnica de terapia

respiratoria,

una

enfermera

de

intensivo

y

dos

paramédicos.

Una vez admitido en la Unidad de Cuidado Intensivo

del Hospital Damas en horas de la noche del 2 de abril de

1993, el bebé continuó recibiendo tratamiento médico. Pese

a

los

cuidados

brindados,

su

condición

respiratoria

CC-2005-1263

empeoró.

6

Ante

esta

situación,

los

médicos

del

Hospital

Damas le aconsejaron a los demandantes que trasladaran al

recién

nacido

a

los

Estados

Unidos,

a

una

institución

hospitalaria que tuviera una máquina especializada llamada

“Extral Corporal Membrane Oxygenation” (ECMO).

Así las cosas, el bebé fue trasladado en ambulancia

aérea al Miami Children´s Hospital donde fue colocado en

ECMO.

Estuvo

bajo

tratamiento

en

el

Hospital

de

Miami

desde el 4 de abril de 1993, siendo su cuerpecito sometido

a estar lleno de agujas y tubos. Además, lo mantuvieron en

el

área

de

cuidado

intensivo

dentro

de

una

máquina

a

través de la cual podían introducirse las manos mediante

unas

aberturas,

para

darle

tratamiento

médico

que

requería. Allí, estuvo acompañado en todo momento de su

padre, el señor Sagardía De Jesús, hasta que su madre, la

señora

Deliz

Cordero

le

fue

permitido

viajar

y

pudo

acompañarlo también. Durante su estadía en dicho Hospital,

ambos progenitores contemplaron impotentes el deterioro de

su

primogénito,

hasta

que

entre

otras

complicaciones,

Miguel Alfonso sufrió un paro cardíaco que lo mantuvo en

estado

comatoso

desde

el

23

de

abril

hasta

su

fallecimiento el 27 de abril de 1993.

Ante esta situación el señor Miguel E. Sagardía De

Jesús, la señora Rita M. Deliz Cordero y la sociedad legal

de gananciales constituida entre ellos instaron una acción

por

daños

y

perjuicios

ginecólogos-obstetras

Comas

contra

el

Urrutia,

Hospital

Catasús

y

y

los

Figueroa

CC-2005-1263

7

Longo, además contra el anestesiólogo Eliza García. Alegó

la

parte

demandante

que,

como

consecuencia

de

las

actuaciones y omisiones negligente de la parte demandada,

se produjo el fallecimiento de Miguel Alfonso veinticinco

(25) días después de su nacimiento.

Antes

de

comenzar

el

juicio,

desistieron

con

perjuicio

de

su

doctores

Comas,

Catasús

y

los

demandantes

reclamación

Figueroa

Longo

contra

los

mediante

un

acuerdo de transacción privado. Conforme a dicho acuerdo,

los

demandantes

exoneraron

a

los

codemandados

antes

mencionados de su responsabilidad hacia éstos y los demás

codemandados.

Los

codemandados

exonerados

a

su

vez,

se

obligaron a pagar la cantidad de doscientos mil dólares

($200,000.00) a los demandantes. El Tribunal de Primera

Instancia

dictó

sentencia

parcial

de

conformidad,

permaneciendo en el pleito el Hospital y el Dr. Eliza.

Durante la discusión de la transacción en el primer

día de juicio, según se desprende de la transcripción de

la vista, los codemandados manifestaron en corte abierta

que

no

interesaban

reclamar

partida

alguna

de

los

codemandados relevados.5 Además, la Jueza que condujo los

procesos,

partes,

5

claramente

permitió

al

y

con

Hospital

la

anuencia

y

al

Dr.

de

Eliza

todas

las

presentar

Véase, Addendum I de la Petición de certiorari a la pág. 28.

CC-2005-1263

prueba

8

sobre

la

responsabilidad

de

los

codemandados

liberados, si así lo entendían pertinente.6

Celebrado el juicio, y luego de apreciar la extensa

prueba desfilada y escuchar los testimonios vertidos, el

tribunal declaró con lugar la demanda y condenó a los

codemandados

(Hospital

Auxilio

Mutuo

y

Dr.

Eliza)

a

resarcir solidariamente a los demandantes por los daños

sufridos.

Determinó

que

era

más

probable

que

el

bebé

hubiera

sobrevivido

si

hubiese

recibido

una

atención

médica más temprana de forma continua y consistente por

parte

del

Dr.

Eliza,

el

personal

de

enfermería

del

Hospital y de éste como institución hospitalaria.

El

tribunal

responsabilidad

concluyó

del

bebé

que

al

el

Dr.

nacer

y

Eliza

asumió

la

negligentemente

no

solicitó la presencia de un pediatra, neonatólogo, ni de

ningún

otro

profesional.

Respecto

al

récord

médico,

concluyó que la falta de anotaciones por parte del Dr.

Eliza

era

alarmante

e

injustificable.

Determinó

además

que, aún cuando no es inusual la presencia de meconio y su

aspiración,

al

ser

intervención

rápida

advertida,

y

es

adecuada

necesario

para

hacer

lograr

su

una

mayor

extracción y así evitar o disminuir los daños que pueda

causar al bebé.

“Nursery”

le

Concluyó que

fueron

extraídos

si al llegar

7cc

de

el

meconio

bebé al

en

su

estómago y 1cc de su tráquea por el pediatra, ello fue

6

Véase, Addendum I de la Petición de certiorari.

CC-2005-1263

9

resultado de una extracción negligente por parte del Dr.

Eliza.

En

Eliza

consecuencia,

fue

el

tribunal

al

no

negligente

concluyó

extraer

todo

que

el

Dr.

el

meconio

aspirado por el bebé, lo que provocó daños que causaron su

posterior

deceso.

intervención

del

En

Dr.

específico,

Eliza

con

el

expresó

bebé

fue

que

la

corta,

inadecuada, falta de continuidad y no documentada en el

récord

médico.

solidariamente

Respecto

al

responsable

Hospital,

concluyó

que

era

ante

demandantes.7

El

los

tribunal les condenó a pagar solidariamente la cantidad de

ochocientos nueve mil setecientos setenta y ocho dólares

con cincuenta y dos centavos ($809,778.52).8 Además, el

7

Entre las desviaciones principales de la mejor práctica de la

medicina que fueron cometidas por el Hospital, según determinó el

tribunal están las siguientes:

1. No proveer personal suficiente adiestrado en Sala de

Operaciones para atender al bebé que se conocía y que

estaba expuesto a meconio;

2. Llevar y permitir que sus empleados cumplimentaran un

récord

insuficiente

con

serias

contradicciones

y

omisiones que invalidan su utilización para describir de

forma precisa el tratamiento brindado;

3. Tener y mantener un contrato de exclusividad con la firma

de anestesiología de la cual el Dr. Eliza formaba parte

delegando en dicho grupo, sin supervisión alguna, la

determinación del personal y equipo necesario en sus

salas de operaciones;

4. La omisión del personal de enfermería y de recién nacidos

de reconocer la condición de cuidado que presentaba el

bebé y dar aviso con premura al pediatra de turno para su

atención;

5. La falta de personal de enfermería de seguir las órdenes

médicas en un término razonable y de forma adecuada;

6. Su omisión de tener un protocolo establecido para el

traslado de recién nacidos a una sala de intensivo

neonatal cuando fuera necesario.

7.

8

Dicha cantidad está constituida por las siguientes partidas:

($6,857.00) por el costo de la ambulancia aérea; ($828.52) por los

gastos de alojamiento en el Miami Children´s Hospital; ($684.00) por

los gastos de la funeraria en Miami; ($650.00) por los gastos de la

funeraria en Puerto Rico; ($759.00) por los gastos de pasajes aéreos;

($50,000.00) a ambos demandantes por la causa de acción de su hijo por

CC-2005-1263

10

tribunal le impuso a los demandados el pago de las costas,

gastos y honorarios de abogado por temeridad por la suma

de cuatro mil dólares ($4,000.00) e intereses al 5.25%

prevaleciente.

Así

pues,

tribunal

a

de

la

luz

instancia

de

la

prueba

dictaminó

presentada,

que

los

el

únicos

responsables del evento dañoso fueron los codemandados Dr.

Eliza

y

el

Hospital.

moción

Por

de

tal

presentaron

una

conclusiones

de

derecho

determinación

de

responsabilidad

razón,

aunque

determinaciones

adicionales,

de

de

éstos

hechos

solicitando

los

y

la

codemandados

relevados, la Jueza la declaró no ha lugar.

El Hospital y el Dr. Eliza acudieron ante el Tribunal

de Apelaciones mediante recursos de apelación separados,

los cuales fueron consolidados. El Tribunal de Apelaciones

emitió

una

extensa

sentencia

y

después

de

discutir

en

detalle los planteamientos de los demandados, modificó la

sentencia del Tribunal de Primera Instancia señalando que

el Hospital no incurrió en negligencia por el hecho de

éste tener y mantener un contrato de exclusividad con la

firma de anestesiología de la cual el Dr. Eliza formaba

parte delegando en dicho grupo, sin supervisión alguna, la

determinación del personal y equipo necesario en sus salas

de

operaciones.

De

igual

manera,

resolvió

que

no

se

el dolor físico sufrido por éste a razón de $2,000.00 por 25 días;

($350,000.00) por las angustias mentales sufridas por la señora Deliz

en su acción directa; y ($400,000.00) por las angustias mentales

sufridas por el señor Sagardía.

CC-2005-1263

11

estableció el nexo causal entre el daño causado y el hecho

que

el

Hospital

no

contara

con

un

protocolo

para

el

traslado de infantes en condición crítica a una unidad

hospitalaria de cuidado terciario. No obstante, se sostuvo

la determinación de solidaridad entre el Hospital y el Dr.

Eliza que había hecho el Tribunal de Primera Instancia.

Asimismo,

el

Tribunal

de

Apelaciones

modificó

la

partida de cincuenta mil dólares ($50,000.00) concedida a

los demandantes por el dolor físico sufrido por su hijo a

razón de dos mil dólares ($2,000.00) por 25 días y la

redujo a un periodo de 17 días, para un total de treinta y

cuatro

mil

dólares

($34,000.00).

El

foro

intermedio

entendió que al ser una compensación sustentada en los

dolores

físicos

aquellos

días

del

que

bebé,

conforme

procedía

al

la

expediente

reducción

y

la

de

prueba

presentada éste estuvo sedado y/o en estado de coma. Por

consiguiente, al no sentir dolor durante ocho (8) días no

podía ser compensado por los dolores físicos no percibidos

en esos días.

El Tribunal de Apelaciones también redujo del monto

total de la indemnización la cantidad de doscientos mil

dólares ($200,000.00) ya satisfecha a los demandantes en

virtud del acuerdo de transacción con los co-demandados

relevados.

Así

modificada,

se

confirmó

las

estuvo

la

sentencia

apelada.

Ninguna

de

partes

conforme

con

esta

sentencia, por lo cual recurrieron ante este foro mediante

CC-2005-1263

12

sus respectivos recursos. No obstante, los recursos del

Hospital Auxilio Mutuo y del Dr. Eliza no fueron acogidos

por este Tribunal. Por su parte, en el recurso ante nos

los demandantes plantearon los siguientes errores:

i.

Cometió error el Tribunal de Apelaciones al

modificar la Sentencia dictada por el Tribunal

de Primera Instancia y de esa forma reducir de

la

cuantía

concedida

como

daños

a

los

demandantes-peticionarios, la suma total de la

transacción

entre

los

demandantespeticionarios y los doctores Comas, Catasús y

Figueroa Longo.

ii. Cometió error el Tribunal de Apelaciones al

modificar la Sentencia dictada por el Tribunal

de Primera Instancia y al determinar que el

Hospital Auxilio Mutuo no es responsable por

no contar para el 1993 con un protocolo para

el traslado de infantes en condición crítica a

una unidad terciaria.

iii. Cometió error el Tribunal de Apelaciones al

modificar la Sentencia dictada por el Tribunal

de Primera Instancia y reducir la compensación

concedida a los demandantes por daños físicos

experimentados por el recién nacido.

iv. Cometió error el Tribunal de Apelaciones al

modificar la Sentencia dictada por el Tribunal

de

Primera

Instancia

al

no

imponer

responsabilidad vicaria al Hospital Auxilio

mutuo por las actuaciones del doctor Eliza aún

cuando

se

demostró

que

el

grupo

de

Anestesiólogos para el que trabajaba el Dr.

Eliza era contractualmente responsable por

tener el personal diestro disponible que fuera

necesario en sala de parto en todo momento.

Estando en condiciones de resolver, procedemos a así

hacerlo.

II.

En cuanto al primer error, los peticionarios alegan

que el Tribunal de Apelaciones erró al restar la suma

CC-2005-1263

producto

de

13

una

transacción

entre

éstos

y

unos

codemandados de la cuantía total que se les concedió por

concepto de daños. Tienen razón los peticionarios.

A.

Los

contrato

principales

de

elementos

transacción

son:

1)

constitutivos

de

un

la

de

una

existencia

controversia o relación jurídica incierta litigiosa; 2) la

intención

de

las

transacción-

la

objetivos

la

de

partes

de

sustituir

incertidumbre

relación

–mediante

sobre

jurídica

por

la

los

elementos

otra

“cierta

e

incontestable”; 3) concesiones recíprocas.9 La antecedida

incertidumbre, en la mayoría de los casos, es la causa de

la

transacción.

Las

partes,

al

transigir,

podrían

encontrarse en un estado de incertidumbre en torno a la

razón jurídica que les asista y la ignorancia objetiva del

resultado del pleito o pleito futuro; esa incertidumbre es

lo que normalmente les mueve a transigir.10

Por

consiguiente,

por

virtud

del

contrato

de

transacción las partes sustituyen dicha incertidumbre con

la certeza del contrato. Además, al transar, ambas partes

asumen el riesgo -de haber pagado más o recibir menos- con

el fin de evitar o finalizar un litigio.

9

Art. 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4821; US Fire Insurance

Company v. A.E.E., res. el 24 de septiembre de 2008, 2008 T.S.P.R.

160, 174 D.P.R. __; Mun. de San Juan v. Professional Research &

Community Services, res. el 18 de mayo de 2007, 2007 T.S.P.R. 95.

10

L.R. Rivera Rivera, El Contrato de Transacción, sus efectos en

situaciones de solidaridad, Jurídica Editores, 1998, pág. 37 (citando

a Cossío y Corral).

CC-2005-1263

14

B.

En

los

pleitos

de

daños

y

perjuicios,

la

víctima

puede renunciar a su reclamación con alguno de los cocausantes de un daño, mediante un contrato de transacción.

Además,

esta

situación

puede

ocurrir

en

supuestos

de

pluralidad de sujetos. En los últimos años hemos elucidado

los

efectos

supuestos

que

de

produce

este

tipo

de

contrato

solidaridad

de

los

pleitos

de

en

los

daños

y

perjuicios con pluralidad de sujetos. Hemos sostenido que

dependiendo de lo pactado, así serán los efectos de ese

acuerdo sobre el co-causante o codemandado con quien se

transa y los demás que permanezcan en el pleito.11 Por

consiguiente, es de vital importancia establecer qué fue

lo

que

se

pactó

y

poder

acertar

el

alcance

de

dicha

transacción.12

Recientemente, en US Fire Insurance v. A.E.E., res.

el 24 de septiembre de 2008, 2008 T.S.P.R. 160, 174 D.P.R.

__, clarificamos la normativa sobre los efectos de una

transacción

tanto

en

la

relación

interna

entre

codemandados solidarios como en la relación externa entre

codemandados y demandantes. Expresamos que en la situación

en la cual la víctima exonera de responsabilidad a uno de

los codemandados, ello no acarrea el relevo de los otros

codemandados,

si

esto

último

no

surge

claramente

del

11

US Fire Insurance Company v. A.E.E., supra; S.L.G. Szendrey v.

Hospicare Inc., 158 D.P.R. 648, 656 (2003); Blas Toledo v. Hospital

Nuestra Señora de la Guadalupe, 167 D.P.R. 439 (2006).

12

Art. 1714 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4826.

CC-2005-1263

15

acuerdo de transacción.13

continuar

su

Con lo cual, la víctima puede

reclamación

contra

los

restantes

codemandados.

Por su parte, los efectos que una transacción pueda

tener sobre los codemandados que no transigieron dependerá

de

lo

pactado

entre

el

demandante

y

el

codemandado

liberado. Puede darse el caso en el cual a través del

acuerdo de transacción la víctima libere a un codemandado

de toda responsabilidad que pueda surgir en relación con

el

evento

dañoso.

exoneración

de

(relación

externa)

Esta

la

actuación

se

entiende

responsabilidad

hacia

así

la

como

hacia

como

una

la

víctima

relación

entre

codemandados (relación interna). Por consiguiente, cuando

esto

sucede,

si

el

codemandado

liberado

aceptó

su

responsabilidad en el evento dañoso o cuando finalmente un

tribunal haga dicha determinación de responsabilidad, el

principal efecto es que la víctima asume la porción de

responsabilidad

que

se

le

atribuya

al

co-causante

liberado.14 Así pues, los demás co-causantes del daño no

podrán

recobrar

liberado.15

No

está

ninguna

cantidad

disponible

la

del

acción

co-causante

de

nivelación

porque el acuerdo de transacción exoneró al co-causante

13

Íd.; Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403, 409 (1969); S.L.G.

Szendrey v. Hospicare Inc., supra, pág. 655; Blás Toledo v. Hospital

Nuestra Señora de la Guadalupe, et al., supra.

14

US Fire Insurance v. A.E.E., supra; Szendrey v. Hospicare Inc.,

supra, pág. 656-659 (Énfasis suplido.)

15

US Fire Insurance v. A.E.E., supra.

CC-2005-1263

16

relevado de la responsabilidad interna. Por consiguiente,

se

le

resta

la

porción

de

responsabilidad

que

se

le

atribuya al co-causante liberado para que así éstos no

paguen más de lo que le corresponda.16

En estas circunstancias, los demás co-causantes sólo

responderán por la porción que quede luego de restar el

monto correspondiente a la porción de responsabilidad del

co-causante liberado y no por la totalidad de los daños.17

Por

su

parte,

el

demandante

recibirá

la

cantidad

establecida en el acuerdo de transacción como pago del

monto correspondiente a la porción de responsabilidad que

en su día se determine para ese co-causante, si alguna.18

Por

tal

razón,

conforme

al

riesgo

asumido,

si

al

dictar la sentencia el monto correspondiente a la porción

de responsabilidad del co-causante liberado es mayor a lo

recibido

demandante

a

cambio

asume

del

dicha

relevo

de

reducción;

responsabilidad,

por

el

contrario,

el

si

dicha cantidad es menor a lo recibido a cambio del relevo

de responsabilidad, el demandante percibe la ganancia.19

En este tipo de acuerdo transaccional, si luego de

haber sido liberado, dicho co-causante no es encontrado

16

Este proceder se sostiene en el interés de evitar el enriquecimiento

injusto de una parte, finalidad de la acción de nivelación. Íd.;

Szendrey v. Hospicare Inc., supra, pág. 654; P.R. Fuels, Inc. v.

Empire Gas Co., Inc., 149 D.P.R. 691, 712-713 (1999); Ramos v. Caparra

Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60, 63-64 (1985).

17

US Fire Insurance v. A.E.E., supra; Szendrey v. Hospicare Inc.,

supra, pág. 658. (Énfasis suplido.)

18

US Fire Insurance v. A.E.E., supra.

19

Íd.

CC-2005-1263

incurso

17

en

responsabilidad,

éste

no

tiene

derecho

a

recobrar lo pagado ni los demás co-causantes a instar una

acción en nivelación. El demandante en este caso percibe

la ganancia.

Por

otra

parte,

el

acuerdo

transaccional

se

puede

limitar a la exoneración de un co-causante en la relación

externa solamente. Es decir, que el demandante renuncie a

una acción de daños y perjuicios en contra de uno de los

co-causantes, sin relevar a éste de los efectos que pueda

tener

con

los

restantes

co-causantes.

Este

tipo

de

transacción no impide que la víctima continúe la demanda

en contra de los demás co-causantes de su daño, esperando

recobrar

de

éstos

hasta

la

totalidad

del

monto

correspondiente a los daños causados.20 En el caso que para

satisfacer la sentencia que advenga en su día, los demás

co-causantes tengan que asumir la correspondiente porción

del co-causante liberado y pagar una suma en exceso a la

porción

tendrán

de

responsabilidad

disponible

la

que

les

corresponda,

correspondiente

acción

éstos

de

nivelación.21

En este contexto, procede la reducción del monto de

la sentencia la cantidad objeto de la transacción. De lo

contrario, el demandante, sin asumir riesgo alguno, podría

recobrar la totalidad del monto de la sentencia, así como

20

US Fire Insurance v. A.E.E., supra; Véase, Blás Toledo v. Hospital

Nuestra Señora de la Guadalupe, et al., supra.

21

Íd.

CC-2005-1263

18

la cuantía obtenida mediante el acuerdo transaccional.22

Esta

actuación

enriquecimiento

constituiría

injusto

ya

un

que

escenario

los

de

co-causantes

percibirían un empobrecimiento al pagar más de lo que les

corresponde

y

el

enriquecimiento,

sin,

riesgo

alguno.

Por

demandante

como

experimentaría

señalamos,

consiguiente,

haber

este

tipo

un

asumido

de

acuerdo

transaccional que exonera sólo de la relación externa a

los co-causantes liberados, tiene el efecto de mantener la

acción de nivelación disponible para los co-causantes no

liberados hacia los liberados.

C.

Con relación a los hechos del caso de autos, en el

Acuerdo

Privado

demandantes

con

de

Transacción

los

doctores

que

Comas,

suscribieron

Figueroa

los

Longo

y

Catasús, estos últimos se obligaron a pagar doscientos mil

dólares ($200,000.00) como compensación total por todo lo

que alegaba la parte demandante en cuanto a éstos. Aún

así, los codemandados liberados expresaron que el pago de

dicha

suma

de

dinero

responsabilidad.

Como

no

constituía

resultado

del

una

admisión

Acuerdo,

de

los

demandantes relevaron a los doctores Comas, Figueroa Longo

y

Catasús

de

todas

las

reclamaciones

expuestas

en

la

demanda. Con esta actuación, se les exoneró de la relación

externa entre éstos y los demandantes.

22

US Fire Insurance v. A.E.E., supra.

CC-2005-1263

19

Por otro lado, el Acuerdo refleja que la intención de

los

demandantes

fue

relevar

a

los

codemandados

de

la

relación interna por igual. Dicho contrato de transacción

refleja que los demandantes le extendieron un relevo total

a

los

codemandados

transigentes

en

lo

que

respecta

a

cualquier reclamo de los demás codemandados de instarse

una

acción

exoneró

a

de

coparte.23

los

Por

codemandados

consiguiente,

liberados

el

tanto

Acuerdo

de

la

responsabilidad externa como de la interna.

En el momento en el que los demandantes liberaron a

los

codemandados

–los

doctores Comas,

Figueroa

Catasús- de ambas relaciones, éstos se subrogaron

Longo

y

en sus

posiciones. Al así hacerlo, el principal efecto fue que,

si

se

le

adjudicaba

responsabilidad

a

algunos

de

los

codemandados liberados, se le restaría a la suma concedida

la porción de responsabilidad adjudicada. En este caso,

los

codemandados

liberados

no

fueron

encontrados

responsables o co-causantes del acto torticero y, por lo

tanto, nada se les podía restar a los demandantes de la

23

En lo pertinente dicho acuerdo expone en la página 5 lo siguiente:

En la eventualidad de que el tribunal permitiera cualquier

acción de coparte o de demanda de terceros contra alguno o

todos los codemandados aquí comparecientes y en su día pudiera

resultar que el Tribunal declarara con lugar cualquier acción

de coparte o de demanda de terceros y que ello conlleve la

imposición del pago de cualquier cantidad a favor del

demandante de coparte o del demandante de tercero o de los

demandantes; entonces los demandantes relevarán del pago de la

partida que correspondiere, fuere la cantidad que fuere, a los

aquí comparecientes…

Esto significa que los codemandados comparecientes no tendrán

que pagar a la parte demandante suma adicional a la pagada a

tenor con el presente acuerdo. La parte demandante a su vez

renuncia a cualquier derecho que pueda tener a base de

solidaridad para cobrarle a los demandados que aquí comparecen

cualquier suma en exceso de la aquí acordada.

CC-2005-1263

cantidad

20

que

recibieron

como

parte

del

contrato

de

transacción que suscribieron.

En

US

Fire

Insurance

v.

A.E.E.,

sostuvimos

supra,

“que un demandante que suscribe un acuerdo transaccional

con uno de los co-demandados y termina recibiendo en total

una

cantidad

mayor

a

lo

que

le

sentencia

dictada

a

su

favor,

ganancia

dependiendo

de

lo

corresponde

podrá

pactado

según

percibir

en

el

la

dicha

acuerdo

transaccional”. El acuerdo transaccional del presente caso

demuestra

que

los

responsabilidad

demandantes

que

se

le

asumieron

llegara

a

la

porción

imputar

a

de

los

codemandados liberados, por lo que asumió el riesgo de

recobrar menos o más. La transacción en este tipo de casos

conlleva

la

demandantes

asunción

y

los

de

riesgos

codemandados

por

parte

liberados.

de

los

Porque,

como

hemos mencionado, el contrato de transacción se fundamenta

en

la

incertidumbre

del

litigio.

Podría

darse

el

caso

donde se encuentre responsable al codemandado liberado, y

dependiendo de su respectiva porción de responsabilidad,

el negocio haya sido beneficioso o no para uno o el otro.

Ese es el riesgo de la transacción.

En este caso, los doctores Comas, Figueroa Longo y

Catasús

llegaron

a

un

acuerdo

transaccional

con

los

demandantes y de esta forma evitaron el largo proceso del

litigio. Éstos asumieron el riesgo de pagar de más; lo que

eventualmente sucedió. El Tribunal de Apelaciones en su

sentencia

descontó

los

doscientos

mil

dólares

CC-2005-1263

21

($200,000.00) de la suma total de daños concedida bajo el

palio de la equidad. Sostuvo que “[d]e no deducirse dicha

cuantía del monto total otorgado por el foro sentenciador

constituiría una doble compensación a favor de la parte

demandante respecto a la suma estipulada”.

Sin

embargo,

entendemos

que

con

la

normativa

antecedida podemos disponer de la controversia sin tener

que acudir a la equidad. Además, el posible efecto de

cobrar de más por causa del riesgo asumido en un contrato

de transacción no constituye una doble compensación por el

daño sufrido.

Por

otro

lado,

apelativo

sería

beneficiar

aportaron

nada

transaccional.

en

Ellos

sostener

a

la

la

los

decisión

codemandados

consecución

pagarían

del

menos

del

de

lo

foro

que

no

acuerdo

que

le

corresponde gracias a un contrato de transacción del cual

no

formaron

alguno.

parte,

Además,

y

por

permitir

el

que

cual

el

no

asumieron

demandante

riesgo

perciba

la

ganancia en nada perjudica ni concierne a los codemandados

puesto que éstos nada tuvieron que aportar a tal rédito, y

por otro lado, ellos tienen que pagar el por ciento de

responsabilidad que le corresponde de todos modos.

Por ende, revocamos en lo pertinente la determinación

del Tribunal de Apelaciones y sostenemos que la cantidad

de doscientos mil dólares ($200,000.00) concedida por el

contrato de transacción no debió ser restada de la cuantía

total de daños.

CC-2005-1263

22

III.

En

el

planteamiento

del

segundo

error,

los

demandantes alegan que el Tribunal de Apelaciones erró al

determinar que el Hospital no es responsable por no contar

para el 1993 con un protocolo para el traslado de infantes

en condición crítica a una unidad terciaria. No les asiste

la razón.

Entre los elementos requeridos por el Art. 1802 del

Código

Civil,24

se

encuentra

causal.

Ésta,

no

se

especulación

o

la

causalidad

establece

conjetura,

más

o

relación

a

base

de

una

mera

bien

en

los

casos

de

impericia médica, la causalidad se demuestra al probar que

la actuación del médico fue la que con mayor probabilidad

causó el daño.25

En los hechos particulares de este caso no está en

controversia

la

responsabilidad

negligencia

de

sus

responsabilidad

del

del

empleados,

Dr.

Eliza

y

Hospital

que

la

junto

falta

del

por

la

a

la

personal

diestro en la Sala de Parto, fueron la causa que con mayor

probabilidad causó el daño. Sin embargo, de conformidad

con

la

prueba

desfilada

quedó

establecido

que

aunque

Miguel Alfonso se encontraba en una condición delicada,

éste se mantuvo estable en Ponce e incluso no fue intubado

hasta el siguiente día. Además, no surge del expediente

ninguna

evidencia

que

demuestre

que

el

traslado

24

31 L.P.R.A. sec. 5141

25

Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639, 649-650 (1988).

fue

CC-2005-1263

23

negligente ni que la ausencia del protocolo afectara a

Miguel Alfonso. Por tal razón, como atinadamente concluyó

el foro apelativo, los demandantes no lograron demostrar

la relación causal entre la falta del protocolo para el

traslado de infantes en condición crítica a una unidad

terciaria y los daños acaecidos.

IV.

Los demandantes alegan que el Tribunal de Apelaciones

erró al reducir la compensación que les fue concedida por

los

daños

físicos

experimentados

por

su

hijo.

Tienen

Civil,

supra,

es

el

extracontractual

al

razón.

A.

El

umbral

Artículo

de

la

1802

del

Código

responsabilidad

civil

exponer que “[e]l que por acción u omisión cause daño a

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a

reparar el daño causado”. La doctrina ha definido el daño

como

“todo

menoscabo

material

o

moral

causado

contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona y

del cual haya de responder otra”.26

Intrínseco al mismo concepto del daño se encuentran

los daños patrimoniales y los no patrimoniales. El daño

patrimonial consiste en el menoscabo –valorable en dinero-

26

J. Santos Briz, Tratado de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch,

2003, T. III, pág. 457; Véase, Ramírez Ferrer v. Conagra Foods Puerto

Rico Inc., res. el 14 de abril de 2009, 2009 T.S.P.R. 55, 175 D.P.R.

__; García Pagán v. Shiley Caribbean, 122 D.P.R. 193, 205-206 (1988).

CC-2005-1263

24

sobre el patrimonio del perjudicado.27 Por su parte los

daños

no

patrimoniales

“son

en

principio

aquellos

cuya

valoración en dinero no tiene la base equivalencial que

caracteriza a los patrimoniales, por afectar precisamente

a

elementos

o

intereses

de

difícil

valoración

pecuniaria”.28

Los

daños

patrimoniales.

morales,

Sin

en

embargo,

la

esencia,

son

doctrina

ha

daños

no

distinguido

entre los daños propiamente morales o puros y los daños

morales impropios o daños patrimoniales indirectos. Los

primeros son los que no producen repercusiones de carácter

patrimonial; los segundos son aquellos que por medio de la

“lesión de intereses inmateriales trascienden a valores

del patrimonio”.29

Hemos señalado anteriormente que los daños morales

son los infligidos a las creencias, los sentimientos, la

dignidad, la estima social o la salud física o psíquica

del

perjudicado.30

Por

consiguiente,

son

aquellos

que

afectan principalmente los derechos de la personalidad, ya

sea física o moral, del ser humano.31 Así también, se han

27

H.M. Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios Extracontractuales en

Puerto Rico, San Juan, Publicaciones JTS, 1986, 2da ed., Vol. I, pág.

428; Santos Briz, op cit., pág. 461.

28

Santos Briz, op cit., pág. 460.

29

Santos Briz, op. cit., pág. 461; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil

Español, Común y Foral, Madrid, Ed. Reus, 1993, 15ta ed., Tomo 4,

págs. 950-951.

30

Rivera Colón v. S.L.G. Díaz, 165 D.P.R. 408, 428 (2005).

31

Brau del Toro, op cit., pág. 427.

CC-2005-1263

25

reconocido como daños morales afecciones a la integridad

de las facultades físicas, la privación de algún miembro o

facultad de una persona, así como todo dolor físico o

moral.32

Ahora bien, el daño moral es un concepto amplio que

abarca

distintas

vertientes

de

la

naturaleza

humana

y

surge de múltiples causas.33 Como hemos señalado, dicha

amplitud

abarca

desde

el

dolor

físico

o

corporal,

las

angustias mentales, hasta los daños o lesiones corporales.

Si bien en muchas ocasiones se han utilizado los términos

de

sufrimientos

o

daños

físicos

como

conceptos

independientes al concepto de “daño moral”, es meritorio

reconocer que éstos forman parte de dicho concepto aunque

sea en vertientes diferentes.

Un acto torticero puede producir una lesión o daño

corporal, el cual puede consistir desde golpes leves hasta

un daño grave que produzca la muerte.34 Este tipo de daño

corporal

es

resarcible

y

ha

sido

reconocido

como

uno

32

A.

Borrell

Macía,

Responsabilidades

Derivadas

de

Culpa

Extracontractual Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1958, 2da ed., pág. 211.

(Énfasis suplido.)

33

“[A]sí, por ejemplo, el dolor moral que produce la pérdida de una

joya familiar; de daños morales derivados de dolores físicos o de

enfermedades físicas o mentales, y de daños morales concomitantes con

daños patrimoniales o a la inversa. Todos ellos tienen de común

producir perturbaciones anímicas (disgusto, desánimo, desesperación,

pérdida de la satisfacción de vivir, etcétera), pero derivan de

motivos distintos.” Santos Briz, op. cit. Pág. 461.

34

“El daño físico o corporal puede ser de naturaleza grave, que

produzca la muerte. Incluye desde los golpes leves, laceraciones o

abrasiones hasta fracturas, amputaciones de miembros, mutilaciones y

daños a las estructuras óseas y a los órganos internos.” A. J. AmadeoMurga, El valor de los daños en la responsabilidad civil, San Juan,

Ed. Esmaco, 1997, T. I, pág. 223.

CC-2005-1263

26

independiente dentro del daño moral.35 Por consiguiente,

una lesión a la integridad física de una persona o a sus

facultades

producto

de

un

acto

torticero

puede

ser

compensable.

Por otro lado, una de las principales manifestaciones

de una lesión corporal puede ser el dolor. Manifestación

que

podría

psíquico

producirse

de

la

tanto

persona.

en

El

el

ámbito

dolor

físico

físico

como

“[e]s

la

manifestación a nivel local o general de la lesión, como

consecuencia de los receptores nerviosos especializados en

las distintas captaciones de estímulos.”36 Es una sensación

aflictiva

por

causa

de

una

afección

corporal,

que

se

manifiesta de diversas formas, en la mayoría de los casos

de forma perceptible. Por tal razón, para sentir dolor una

persona tiene que tener la capacidad de sentirlos. Así

pues,

más

allá

del

difícil

proceso

de

cuantificar

el

dolor, es evidente que el dolor físico es más fácil de

constatar, por estar relacionado intrínsecamente con la

lesión corporal, que el dolor psíquico o las angustias

mentales.37

Por su parte, la angustia mental es la reacción de la

mente y de la consciencia en torno a un daño corporal o un

35

36

Font v. Viking Construction, Corp., 58 D.P.R. 689, 711 (1941).

B. Pérez Pineda, M. García Blázquez, Manual de Valoración

Baremación del Daño Corporal, Ed. Comares, 1995, 4ta ed., pág. 36.

37

y

“El hombre, a diferencia del resto de los seres vivos, tiene

capacidad para sentir el dolor en presente (manifestación puntual de

la lesión), en pasado (recuerdo del dolor y la lesión sufrida), y en

futuro (miedo a que se repita la situación dolorosa).” Íd., págs. 3-4.

CC-2005-1263

evento

27

sufrido

y

su

impacto

subjetivo

en

el

bienestar

personal.38 Por consiguiente, la angustia mental no siempre

guarda

relación

principalmente

con

el

un

daño

ámbito

corporal,

emocional

y

ya

que

mental

afecta

del

ser

humano. Ésta puede surgir como consecuencia directa del

evento dañoso o por su efecto colateral producto del daño

que sufrió otra persona.

B.

Este

Tribunal

adoptó

hace

mucho

tiempo

que

los

sufrimientos físicos y mentales que sufre una víctima de

un hecho torticero desde la ocurrencia de éste hasta su

muerte son compensables a la víctima, por ende, al morir

ésta, transmite la causa de acción a sus herederos.39 Sin

embargo,

en

torno

Tribunal

expresó

infancia

una

niña

a

los

niños

recién

nacidos,

que

durante

los

primeros

no

podía,

como

tal,

este

meses

sufrir

de

daños

mentales dentro del significado jurídico-compensatorio.40

38

Amadeo-Murga, op cit., pág. 224.

39

Véase, Vda. Delgado v. Boston Insurance, 101 D.P.R. 598 (1973).

Además, este Tribunal se ha expresado en varias ocasiones al respecto.

En Vda. Delgado v. Boston Insurance, supra, concedimos quince mil

dólares ($15,000.00) a los herederos de un causante por los

sufrimientos físicos y morales que sufrió por tres días previos a su

muerte, a causa de extensas quemaduras. Por su parte, en la decisión

de Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854 (1978), concedimos cinco mil

dólares ($5,000.00) por los sufrimientos que enfrentaron unos esposos

durante un corto periodo de tiempo antes que perecieran ahogados en

las corrientes de un río. En Colón v. Municipio de Guayama, 114 D.P.R.

193 (1983), este Tribunal elevó de quince mil dólares ($15,000.00) a

veinticinco mil dólares ($25,000.00) la compensación concedida a los

herederos de un joven que sufrió severas y dolorosas lesiones, que lo

mantuvieron diez (10) días parapléjico antes de su muerte. En

definitiva, es norma reiterada en nuestra jurisdicción que la causa de

acción por daños morales es transmisible.

40

Riley v. Rodríguez, 119 D.P.R. 762, 804 (1987).

CC-2005-1263

28

Así pues, en casos de niños de pocos meses de nacidos que

mueran a raíz de un hecho torticero, éstos sí transmiten

su causa de acción sobre sus daños morales aunque limitada

en

lo

correspondiente

a

la

vertiente

de

los

daños

mentales.

C.

Corresponde

al

juzgador,

en

su

sano

juicio,

experiencia y discreción, la valoración justa y necesaria

para

compensar

los

daños

y

sufridos.41

perjuicios

Sin

embargo, la razonabilidad debe ser la brújula que guíe al

juzgador

en

el

valoración

de

Nationwide,

156

serpentino

los

daños.

D.P.R.

camino

Así,

614,

de

la

estimación

y

S.L.G.

Rodríguez

v.

(2002),

expresamos

lo

en

622

siguiente:

La estimación y valorización de daños es una

gestión o tarea difícil y angustiosa, ello debido

al cierto grado de especulación en la determinación

de éstos y por incluir, a su vez, elementos

subjetivos tales como la discreción y el sentido de

justicia y conciencia humana del juzgador de los

hechos.42

La

labor

judicial

se

torna

más

complicada

en

los

casos de daños morales, ya que la determinación de un daño

moral y su eventual compensación no es una labor mecánica

ni realizable con facilidad. Por tal razón, conlleva un

gran esfuerzo para tratar de conceder valor monetario a

41

S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.P.R. 614,

Concepción Guzmán v. A.F.F., 92 D.P.R. 488, 502 (1965).

42

623

(2002);

Véanse, Nieves Cruz v. U.P.R., 151 D.P.R. 150 (2000); Rodríguez

Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 451 (1985).

CC-2005-1263

intereses

29

personales

que

no

son

parte

del

entramado

patrimonial.

Por ende, este Tribunal ha sostenido en innumerables

ocasiones

que

se

abstendrá

de

intervenir

con

la

apreciación de la prueba y la determinación de daños que

un foro de instancia haya emitido.43 Así pues, es norma

clara

que

instancia,

en

y

deferencia

en

pro

de

y

la

respeto

a

los

foros

de

estabilidad,

los

tribunales

apelativos solamente tienen la facultad de modificar las

cuantías concedidas en aquellos casos en que las mismas

"sean ridículamente bajas o exageradamente altas".44

D.

El

padres

Tribunal

de

Miguel

de

Primera

Alfonso

la

Instancia

cantidad

concedió

de

a

los

cincuenta

mil

dólares ($50,000.00) por los daños y sufrimientos físicos

de éste. En específico dicho tribunal sentenció:

El bebé Sagardía-Delíz en vez de ser recibido, por el

calor de los brazos tiernos de sus padres, fue

colocado en una cuna con un respirador y todo su

pequeño cuerpecito tenía tubos y agujas que le fueron

colocados para medicarlo y alimentarlo por los 25

días en que vivió. Ese sufrimiento físico es

compensable y le otorgamos por ello una cantidad

razonable a los padres en la acción heredada de su

hijo por dicho concepto.

Sin embargo, al final de la sentencia, la juez de

instancia expuso que los cincuenta mil dólares ($50,000.00)

a ambos demandantes por la causa heredada de su hijo era

43

Albino Agosto v. Martinez, Inc., res. el 4 de junio de 2007, 2007

T.S.P.R. 111, 171 D.P.R. ___; S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, supra.

44

Íd.

CC-2005-1263

30

por el dolor físico sufrido por éste, a razón de dos mil

dólares ($2,000.00) por día por veinticinco (25) días. Así

pues, el Tribunal de Apelaciones utilizó esta expresión

para descontarle a la cuantía concedida los días que el

bebé “no percibió dolor”. Dicho tribunal restó un total de

ocho (8) días de la cuantía otorgada fundamentado en que el

niño estuvo: un (1) día sin intubar, dos (2) días sedado

sin respuesta a los estímulos y cinco (5) días en estado de

coma.45

Si bien es cierto que el foro primario expresó al

final de su sentencia que la cuantía concedida era a razón

de dos mil dólares ($2,000.00) por día, lo cierto es que,

según

puede

sentencia,

colegirse

la

de

compensación

la

de

totalidad

cincuenta

de

la

mil

propia

dólares

($50,000.00) era por concepto de los daños y sufrimientos

físicos de Miguel Alfonso. No sólo por los dolores físicos

que sufrió, sino por el concepto más abarcador del daño

moral,

entre

los

cuales

se

encuentran

las

lesiones

corporales.46 Es evidente que el pequeño Miguel Alfonso

45

El Tribunal de Apelaciones específicamente dijo:

Del total concedido por el Tribunal de Primera Instancia

deberán descontarse los días en que Miguel Alfonso no estuvo

intubado y con tubos y agujas en todo su cuerpo, a saber el día 2.

También, deberán descontarse los días en que según el récord médico

del Hospital Damas el bebé estuvo sedado y no respondía a estímulos,

o sea, los días 3 y 4. De igual forma deberán deducirse los días en

que el niño permaneció comatoso y sin respuesta a dolor, a saber los

días 23, 24, 25, 26 y 27. Todos estos suman un total de ocho (8)

días por lo que solo procedería dicha partida por diecisiete (17)

días a razón de $2,000.00 diarios para un total de $34,000.00.

46

Es necesario señalar, que no entendemos prudente la acción de

valorar los daños a base de los días en los que una persona estuvo o

no en un estado de inconsciencia o comatoso, tal como lo hizo el

tribunal de instancia. Más bien, somos de la opinión que la mejor

práctica sería que tal proceso pudiera utilizarse para calcular una

CC-2005-1263

estuvo

31

algunos

días

sedado

afección

consecuencia

de

una

producto

un

acto

de

de

y

en

estado

a su

de

coma

como

integridad corporal,

impericia

médica.

Esta

lesión

corporal, así como su afección a su facultad de sentir,

son compensables. El que una persona esté en estado de

coma

o

sedada

constituye

moral.

como

una

consecuencia

lesión

Dicha

de

corporal

compensación

un

acto

compensable

no

se

torticero,

como

fundamenta

daño

en

la

percepción del dolor solamente sino, entre otras cosas, en

la lesión que sufrió, la cual la mantiene en la condición

comatosa o imperceptible al dolor.47

Por ende, la cuantía concedida a los demandantes por

los daños sufridos por su hijo corresponde a todos los

daños morales que éste sufrió como consecuencia del acto

torticero. Esa cuantía la entendemos razonable por lo que

nos

abstenemos

prueba

y

instancia

la

de

intervenir

determinación

hizo.

En

vista

de

con

de

lo

la

daños

apreciación

que

anterior,

de

la

foro

de

revocamos

la

el

determinación del Tribunal de Apelaciones de reducir la

cuantía concedida a los padres de Miguel Alfonso, por los

daños que éste sufrió.

suma única y separada que indemnice el daño objetivo de perder

contacto con la realidad, por determinado tiempo, o como parte del

proceso para calcular la suma general de daños a concederse.

47

Por otro lado, no surge del expediente ningún tipo de prueba

pericial o científica que sostenga la conclusión de que el niño no

sintió dolor los días que estuvo sin intubar y sin agujas por todo el

cuerpo y los días en que estuvo sedado, como sostuvo el foro apelativo

en su sentencia.

CC-2005-1263

32

V.

Por último, los demandantes señalan como cuarto error

que quedó demostrado que el grupo de anestesiólogos para

el que trabajaba el Dr. Eliza tenían una responsabilidad

contractual de tener el personal diestro disponible que

fuera necesario en sala de parto en todo momento y por lo

tanto,

se

debía

imponer

responsabilidad

vicaria

al

Hospital por las actuaciones del Dr. Eliza. Sin embargo,

al examinar la sentencia del Tribunal de Apelaciones es

claro

que

Tribunal

dicho

de

tribunal

Primera

responsabilidad

era

anestesiólogos.48

Así,

modificó

Instancia

del

Hospital

como

muy

la

sentencia

al

exponer

y

no

bien

del

sentenció

del

que

la

grupo

de

el

foro

intermedio, la responsabilidad del Hospital era directa y

no

vicaria.

Nos

corresponde

entonces,

determinar

si

el

Hospital es vicariamente responsable por las actuaciones

del Dr. Eliza.

A.

No existe duda de que un hospital responde por la

negligencia

de

sus

empleados

al

cometer

actos

de

mala

48

Específicamente el Tribunal de Apelaciones expuso en su sentencia lo

siguiente:

“Al analizar el contrato nos percatamos que el mismo es uno

referido únicamente al servicio de anestesiología y no de servicios

total[es] de las salas del HOSPITAL. La exclusividad del contrato

no re[levó] en ningún momento de responsabilidad al HOSPITAL de

proveer el personal adiestrado y equipo necesario para la operación

de sus salas. Fue erróneo del Tribunal de Primera Instancia

concluir que en virtud del contrato de exclusividad Eliza era la

persona responsable de proveer el personal y equipo necesario en

las Salas de Operaciones. Es nuestro análisis del contrato que era

el hospital quien tenía la obligación de proveer personal y equipo

necesario para ofrecer los servicios de anestesiología (a excepción

de los anestesistas).” Págs. 47 y 48 (Énfasis en el original.)

CC-2005-1263

33

práctica contra pacientes atendidos en sus facilidades. La

responsabilidad del hospital, en estos casos, se enmarca

en la responsabilidad vicaria bajo el palio del artículo

1803 del Código Civil.49 Sin embargo, con relación a los

actos de impericia médica cometidos exclusivamente por un

médico no empleado de un hospital, al cual la institución

le concedió el privilegio de utilizar sus facilidades para

atender

sus

pacientes

privados,

este

Tribunal

ha

establecido una clara distinción.

Si se trata de actos ocasionados por el médico hacia

sus pacientes privados, cometidos en un hospital que el

médico escogió, de ordinario el hospital no responde.50 No

obstante, el hospital podría responder por éstos médicos

si incumple con alguna de las siguientes disposiciones:

(a) una cuidadosa selección de los médicos a quienes les

ha conferido el privilegio; (b) exigir que esos médicos se

mantengan al día con cursos de mejoramiento profesional;

(c) mantenerse al tanto del trabajo de esos médicos e

intervenir,

cuando

sea

posible,

ante

un

acto

obvio

de

impericia médica de éstos; (d) descontinuar el privilegio

concedido

ante

repetidos

o

crasos

actos

de

impericia

médica de esos médicos; y (e) mantenerse razonablemente al

día en cuanto a los adelantos tecnológicos habidos.51

49

31 L.P.R.A. sec. 5142

50

Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 D.P.R. 397, 408-409 (1985).

51

Íd., págs. 409-410.

CC-2005-1263

34

Por su parte, en el escenario en el cual el paciente

acude al hospital y es el hospital el que le provee los

médicos,

hemos

pautado

que

el

hospital

responderá

solidariamente con el médico no empleado, responsable del

acto de impericia.52 Esto es así, en primer término, porque

es el hospital el que provee el servicio del médico en

particular, y el paciente normalmente no tiene opción o

participación

alguna

en

su

selección.53

Por

tal

razón,

“[h]asta cierto punto se puede afirmar que en esta clase

de

situación

el

hospital

le

está

‘garantizando’

al

paciente que ese doctor, o cualquiera otro que lo atienda

bajo esas circunstancias, es uno competente y apto para

prestarle ayuda médica.”54 En segundo lugar, el paciente a

quien tiene de frente es al hospital y no a los médicos en

particular.55 Así pues, el médico que labora en el hospital

es, ante el paciente, un aparente empleado del hospital o

un auxiliar del mismo. En tercer lugar, es evidente que

cuando

un

paciente

acude

al

hospital

a

recibir

un

servicio, la relación principal que se crea es entre éste

y el paciente.56 Ya que en este contexto, el hospital no es

un lugar que alberga a muchos médicos individuales, sino

que es un ente que se obliga a brindar un buen servicio al

52

Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, pág. 407

53

Íd.

54

Íd.

55

Íd.

56

Íd., pág. 408

CC-2005-1263

35

paciente que acude a éste. Por último, este Tribunal ha

sostenido

que

incluso

en

casos

que

estemos

ante

un

contratista independiente, pero en una relación en la que

el

hospital

“resulta

principalmente

beneficiado

por

la

labor que realiza el médico”, éste deberá responder por

los actos negligente de aquél.57

Además, respecto a la anterior normativa, reconocimos

que “no hace diferencia alguna que el doctor que atienda

al paciente sea o un empleado propiamente del hospital, o

uno a quien el hospital le haya concedido una ‘franquicia’

para

brindar

servicios

médicos

especializados

a

los

pacientes del mismo, o uno que es miembro de la facultad

(staff) del hospital y a quien éste llama en consulta para

atender al paciente, etc.”.58

En torno a los escenarios de franquicias exclusivas

–como

contratos

para

servicios

de

radiología,

anestesiología y servicios de salas de emergencias, entre

otros- es evidente que le aplica la doctrina precedida. En

este tipo de escenario usualmente el paciente no tiene

participación u opción alguna en la selección del médico o

servicio en particular. Es el hospital quien provee el

servicio

a

aquellos

pacientes

que

acuden

a

éste.

Por

consiguiente, en este tipo de situaciones, el hospital es

responsable ante el paciente conjuntamente con el médico.

57

Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, pág. 408

58

Íd. (Énfasis suplido.)

CC-2005-1263

36

Se crea una garantía implícita de que es el hospital quien

va

a

proveer

el

servicio

y

de

manera

competente.

Sin

embargo, en este tipo de situación en la cual el hospital

le concede una franquicia exclusiva a un médico o a un

grupo

de

éstos

especializados

a

para

los

brindar

servicios

pacientes del

propio

médicos

hospital,

la

institución deberá responder por los actos negligentes de

éstos.

Con

relación

a

una

la

situación

concesionario

de

franquicia

servicios

de

anestesiología

Tribunal

había

expresado

en

particular

exclusiva

un

que

para

hospital,

estos

de

un

prestar

ya

este

concesionarios

responden junto con el hospital si éste carece de equipo

básico

para

operar

la

concesión

adecuadamente.59

No

obstante, es preciso añadir que aunque en muchos de éstos

casos nos enfrentamos ante un contratista independiente,

al

hospital

resultar

principalmente

beneficiado

por

la

labor que realiza el médico, éste deberá responder junto

con el médico por los actos negligentes que éste último

cometa.60

Ahora bien, la responsabilidad del hospital no es una

vicaria,

sino

una

responsabilidad

directa,

primaria

e

independiente, dirigida hacia el paciente. Responsabilidad

que no puede evadir empleando contratistas independientes

59

Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 323, 350 (1998).

60

Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, pág. 408.

CC-2005-1263

37

porque quien le está proveyendo el servicio y los médicos

al paciente es el propio hospital. Por tal razón, ambos

responderán

solidariamente

por

el

acto

negligente

que

en

cometido.

Anteriormente,

habíamos

reconocido

ciertas

circunstancias los hospitales podrían ser responsables por

aquellos médicos que sólo gozan del privilegio de laborar

en dicho hospital sin ser empleados del mismo.61 En esa

ocasión, adelantamos que en estos casos la responsabilidad

sería solidaria, sin menoscabo de la determinación de los

grados de responsabilidad y el derecho a la nivelación en

la relación interna.62 Por ende, si el paciente acudió al

hospital, ya sea por su cuenta o por orden de su médico

privado, y sufre algún daño compensable por causa de un

médico contratista independiente, tanto el médico como el

hospital responderán solidariamente.

B.

En

lo

referente

a

la

responsabilidad

del

Hospital

sobre las actuaciones del Dr. Eliza, surge expresamente de

la cláusula trigésima del contrato de exclusividad que el

segundo es un contratista independiente del primero. Sin

embargo,

como

expresamos

anteriormente,

el

Hospital

responde solidariamente por las actuaciones de éste. En

este caso la señora Deliz acude al Hospital por órdenes de

61

Nuñez v. Cintrón, 115 D.P.R. 598, 606 (1984).

62

Íd.

CC-2005-1263

38

su médico, pero el acto de impericia médica no fue causado

por dicho médico. El acto de impericia fue causado por el

anestesiólogo

Eliza,

el

cual

es

un

contratista

independiente del Hospital. No obstante, es evidente que

la señora Deliz no tuvo opción ni participación alguna a

la hora de escoger el médico que iba a anestesiarla, y

mucho menos que tendría que ser ese anestesiólogo (Dr.

Eliza) quien tendría que atender a su bebé, por falta de

un pediatra en la sala de operaciones. Por su parte, al

ser operada, el anestesiólogo pasó a ser un auxiliar del

Hospital

y

así

la

institución

está

sujeta

a

responder

solidariamente con el médico, por los actos de éste. Así

pues, el cuarto error no fue cometido.

VI.

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la

sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones, a los

efectos antes indicados, y así modificada, se confirma la

misma.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel Sagardía De Jesús

et als.

Peticionarios

CC-2005-1263

Certiorari

v.

Hospital Auxilio Mutuo

y Otros

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 2009.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente, se modifica la sentencia dictada

por el Tribunal de Apelaciones, a los efectos antes

indicados, y así modificada, se confirma la misma.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. La

Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez Asociada

señora

Rodríguez

Rodríguez

concurren

con

el

resultado sin opinión escrita. El Juez Presidente

señor Hernández Denton emitió Opinión concurrente

en parte y disidente en parte.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel Sagardía de Jesús,

et al.

Peticionarios

v.

Hospital Auxilio Mutuo

Certiorari

y otros

CC-2005-1263

Recurridos

Opinión concurrente en parte y disidente en parte emitida

por el Juez Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON

San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 2009.

Concurrimos con la Parte IV de la Opinión del

Tribunal, pues el foro recurrido erró al reducir la

indemnización otorgada a los esposos Sagardía-Deliz

por los daños que sufrió su hijo Miguel Alfonso.

Ahora bien, disentimos del resto de la Opinión del

Tribunal por entender que a la luz del contrato de

transacción suscrito en el caso de autos procede

que

apliquemos

la

norma

pautada

en

Szendrey

v.

Hospicare, Inc., 158 DPR 648, 658-59 (2003).

De esta forma, los demandantes absorberían la

porción de la culpa que les hubiera correspondido a

los demandados que liberaron, tanto en la relación

externa como en la relación interna, y por ende, se

reduciría de la suma concedida mediante sentencia

CC-2005-1263

3

la cantidad correspondiente al grado de negligencia de esos

codemandados. A falta de una determinación específica sobre

la distribución de culpas en la relación interna, entonces

procede devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia

para que realice la misma o divida equitativamente la culpa

entre todos los cocausantes del daño. Véase Art. 1091 del

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3102; véanse,

además: U.S. Fire Insurance Co. v. AEE, 2008 TSPR 160, res.

24

de

septiembre

de

2008;

Sánchez

Rodríguez

v.

López

Jiménez, 118 DPR 701, 710 y n.2 (1987).

En la Opinión del Tribunal, sin embargo, se resuelve

que los efectos de la norma que pautamos en Szendrey no son

aplicables a este caso, porque no se presentó reclamación

alguna contra los médicos relevados. Además, se expresa que

los codemandados restantes –el Dr. Miguel A. Eliza García

(anestesiólogo) y el Hospital Auxilio Mutuo— no presentaron

prueba

sobre

la

responsabilidad

de

esos

codemandados

ni

sobre la distribución de la culpa entre los cocausantes de

la muerte de Miguel Alfonso. Por tanto, se resuelve que no

procede descontar de la sentencia el monto correspondiente

al grado de culpa de los demandados liberados.

El principal problema con esta determinación estriba

en que Szendrey prohíbe, precisamente, presentar cualquier

reclamación –ya sea a través de una demanda contra coparte,

una demanda contra tercero o una demanda independiente de

nivelación— en contra de los codemandados liberados, cuando

la intención expresada en el contrato de transacción es

eximirlos de su responsabilidad en la relación interna y

CC-2005-1263

4

externa. No sería necesario reclamarle a los codemandados

liberados, pues en virtud del contrato de transacción éstos

en nada tendrían que responderles a los demandantes o a los

demandados que permanezcan en el pleito.

No obstante, a cambio de ese relevo total, la parte

demandante se coloca en la posición de los codemandados

liberados. De esta manera, asume el riesgo de que en la

determinación

final

de

responsabilidad

contra

todos

los

cocausantes, se le impute a éstos un grado de culpa mayor

al anticipado cuando se suscribió el acuerdo transaccional.

Sólo de esta forma tendría sentido firmar un contrato de

transacción pues, como es sabido, parte de la causa en este

tipo de convenios es que se renuncie mutuamente a algo. A

tales efectos, se ha expresado que:

No es lícito afirmar que la causa se centre en

el poner fin a una controversia, sino que debe

complementarse necesariamente con las recíprocas

concesiones… Es necesario siempre que ambas

partes sacrifiquen y concedan al mismo tiempo

alguna cosa en función de la superación del

litigio sobre la cosa controvertida.

…

En conjunto, el litigio y las recíprocas

concesiones constituyen los elementos de la

causa.

S.

Tamayo

Haya,

El

contrato

de

transacción, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, pág.

210 (citado en López Tristani v. Maldonado, 168

DPR 838, 857 (2006)).

En vista de este principio, es inevitable cuestionar

cuál es la verdadera causa del contrato de transacción que

firmaron los demandantes en este caso. Si a pesar de firmar

dicho acuerdo transaccional no enfrentarían riesgo alguno,

pues como resuelve la Opinión del Tribunal pueden recobrar

los daños que causaron todos los que intervinieron en su

CC-2005-1263

5

producción, tal contrato carecería de causa. Más importante

aún, permitir que los demandantes cobren tanto la cuantía

obtenida mediante transacción, como la concedida mediante

sentencia, sería improcedente. Esto, pues los demandados

que no tomaron parte en el acuerdo transaccional estarían

pagando el total de la sentencia y, en virtud de dicho

contrato, no tendrían el derecho de presentar una acción de

nivelación contra los demandados liberados.

En atención a ello, en Szendrey resolvimos en términos

claros e imperativos que el foro de instancia “tendrá que

determinar en su sentencia el monto líquido total de los

daños

ocasionados

a

la

parte

demandante

por

todos

sus

cocausantes y deducirá de dicho monto total aquella porción

monetaria

equivalente

al

grado

de

responsabilidad”

del

codemandado liberado. Del mismo modo, para la nivelación

entre los codemandados que permanezcan en el caso, “tendrá

que determinar el grado de contribución de cada uno de

éstos a los daños sufridos por la parte demandante, aun

cuando permanecen obligados frente a ésta por la totalidad

de los daños restantes”, o sea, por la suma que resulte

tras el descuento de aquella porción que corresponda al

grado de culpa del codemandado liberado. Íd. págs. 658-59.

La alternativa a lo anterior sería, claro está, que en

una acción independiente de nivelación los demandados que

no formaron parte del acuerdo transaccional –en este caso,

el doctor Eliza García y el hospital— les reclamen a los

demandantes por el monto que pagaron en exceso y que éstos

debían asumir según el contrato de transacción. Véase Soc.

CC-2005-1263

6

de Gananciales v. Soc. de Gananciales, 109 DPR 279 (1979);

Torres v. AFF, 94 DPR 314 (1967).

A pesar de ello, en vista de que los litigantes en esa

acción futura de nivelación ya forman parte del caso ante

nuestra consideración, es innecesario aguardar porque se

presente tal demanda. No hay duda de que en este caso el

foro de instancia erró al no aplicar la norma de Szendrey

cuando dictó su sentencia. Durante el primer día del juicio

se suscitó un extenso debate sobre el alcance del contrato

de transacción, sus efectos sobre los demandados liberados

y sus consecuencias en cuanto a las normas de solidaridad.

Tras analizar el asunto, y a pesar de negarse inicialmente

a acoger el acuerdo transaccional, el foro de instancia le

impartió su aprobación. Ello luego de que los abogados de

los demandantes le manifestaran al tribunal que habrían de

presentar prueba sobre la responsabilidad de cada uno de

los demandados –incluso de aquellos que fueron liberados en

virtud del acuerdo transaccional. Véase Addendum a la Pet.

de Certiorari, págs. 61-62. Así, pues, el foro de instancia

podría

adjudicar

los

grados

de

culpa

correspondientes

a

cada uno de los cocausantes y, por lo tanto, podría aplicar

correctamente la normativa de Szendrey.

Una lectura de dicho contrato de transacción revela

que las partes en este caso tenían la intención de liberar

al Dr. Arsenio Comas Urrutia y a su grupo de obstetricia,

tanto en la relación externa como en la relación interna:

[L]a parte demandante releva, exonera y para siempre

libera a los codemandados Dr. Arsenio Comas Urrutia,

Seguros Triple-S, Inc., y a la Sociedad profesional

CC-2005-1263

7

para

la

práctica

de

Ginecología

Obstetrics

Gynecologist

&

Perinatal

Medicine

Associates,

compuesta por el Dr. Arsenio Comas, el Dr. Juan

Figueroa Longo, y el Dr. Ubaldo Catasús, de todas las

reclamaciones o causas de acción que surjan por

cualquier motivo o por razón de cualesquiera daños o

pérdida … que la parte demandante haya sufrido o que

de aquí en adelante pueda sufrir como consecuencia de

los hechos de la demanda radicada en este caso o en

cualquiera de sus enmiendas.

…

A la fecha en que se suscribe el presente Acuerdo

no existen acciones de coparte entre los codemandados.

En la eventualidad de que después de firmarse y

ejecutarse

el

presente

acuerdo

alguno

de

los

codemandados que permanecen en el pleito procedieran a

radicar alguna acción de coparte o de demanda de

terceros contra todos o algunos de los codemandados

aquí comparecientes, aunque cualquiera de dichas

acciones sería tardía e improcedente en derecho, los

demandantes se obligan previo pago de la suma

transaccional de $200,000.00 a lo siguiente:

a. Le extienden un relevo total a

codemandados

comparecientes

en

lo

respecta

a

cualquier

reclamo

de

codemandados en dicha acción de coparte.

los

que

los

b. [De permitirse cualquier demanda contra

coparte o contra tercero,] los demandantes

relevarán del pago de la partida que

correspondiere, fuere la cantidad que fuere,

a los [codemandados] aquí comparecientes.

En atención al lenguaje del citado contrato, y como

parte de la evaluación de éste, el foro de instancia indicó

al comenzar la vista en su fondo que “los abogados de la

parte demandante… van a probar todas sus alegaciones… en

contra de partes que ni siquiera ya van a estar aquí”.

Addendum a la Pet. de Certiorari, págs. 61-62. Ello en

obvia referencia al doctor Comas y a los otros demandados

liberados. Así, pues, no le correspondía a los codemandados

que quedaron en el pleito presentar prueba contra aquellos

que fueron liberados, ya que ante un acuerdo transaccional

como el que se firmó en este caso, cualquier demanda contra

CC-2005-1263

8

coparte o contra tercero hubiese sido improcedente. Tampoco

es pertinente que el doctor Eliza “renunciara” a reclamar

cantidad alguna de parte de los codemandados liberados, ya

que de todos modos no lo podía hacer en virtud del contrato

de transacción.

Aun cuando en los primeros días del juicio se presentó

cierta prueba relacionada con las actuaciones del doctor

Comas, los demandantes reevaluaron su determinación previa

de pasar prueba en contra de éste y anunciaron que estarían

retirando al perito obstetra que habían contratado a tales

efectos. Ello por entender que no era necesario ante el

contrato de transacción suscrito por las partes. Ap. de la

Pet. de Certiorari, págs. 1164-65. Sin embargo, a esa fecha

ya habíamos resuelto Szendrey v. Hospicare, Inc., supra,

mediante Opinión emitida el 14 de febrero de 2003.

En vista de ello, somos del criterio que antes de

dictar

su

sentencia

—en

diciembre

de

2003—

el

foro

de

instancia debió requerir prueba sobre el grado de culpa

correspondiente a los demandados liberados, en virtud de la

norma de Szendrey. Los demandados así se lo hicieron saber

al

tribunal

en

diversas

ocasiones,

incluso

mediante

la

presentación de una moción de determinaciones de hecho y

conclusiones de derecho adicionales. Aun así, el Tribunal

de Primera Instancia denegó dicha moción bajo el fundamento

de que el acuerdo transaccional era confidencial. Ap. de

Pet. de Certiorari, págs. 164-68. Erró al así proceder.

Por ende, concurrimos con la Parte IV de la Opinión

del Tribunal que revoca la reducción de la suma concedida a

CC-2005-1263

9

los esposos Sagardía-Deliz por los daños que sufrió su hijo

Miguel Alfonso. Ahora bien, disentimos de su negativa de

aplicar

la

normativa

establecida

por

este

Tribunal

Szendrey v. Hospicare, Inc., supra, al caso de autos.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

en