Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: David Rosado Cruz
2009 TSPR 158
Poder Judicial de Puerto Rico
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AB-2005-134
Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la profesión de la abogacía por incumplimiento con requerimientos del Tribunal
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
2009 TSPR 158
v.
177 DPR ____
Jaime Santana Vélez
Peticionaria
Número del Caso: CC-2007-65
Fecha: 13 de octubre de 2009
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de
Mayagüez, Panel XIV
Juez Ponente:
Hon. Zaida Hernández Torres
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Víctor Santos Rivera
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Ricardo Alegría Pons
Procurador General Auxiliar
Materia: Art. 86 C.P.
Este documento constituye un documento oficial del
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2007-65
Jaime Santana Vélez
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2009
Este caso nos brinda la oportunidad de analizar
el sistema de imposición de penas del Código Penal
de
1974
a
la
luz
de
la
interpretación
que
del
derecho a juicio por jurado cobijado por la Enmienda
Sexta de la Constitución de los Estados Unidos ha
realizado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Veamos los hechos que originan esta controversia.
I.
El
Santana
29
de
Vélez
noviembre
(en
de
2003,
el
señor
Jaime
adelante
el Sr.
Santana
Vélez)
atropelló y causó la muerte al señor Atilano Vázquez
CC-2007-65
2
Santiago de 83 años de edad.
Se le celebró juicio por
jurado y fue encontrado culpable del delito de homicidio
involuntario codificado en el artículo 86 del Código Penal
de 1974.
Véase 33 L.P.R.A. sec. 4005 (2001) (derogado).
A
pesar de que el delito de homicidio involuntario bajo el
Código Penal de 1974 tiene una pena fija de un (1) año de
reclusión
Tribunal
en
lo
ausencia
sentenció
de
a
atenuantes
una
pena
o
de
agravantes,
tres
(3)
años
el
de
reclusión bajo el privilegio de sentencia suspendida y una
multa de $5,000.
El foro de instancia no celebró vista
para la presentación de prueba sobre agravantes ni realizó
determinación alguna con relación a éstos en la sentencia.
El
Tribunal
apelada.
durante
de
Apelaciones
confirmó
la
sentencia
Concluyó que se probaron al menos dos agravantes
el
juicio.
El
foro
intermedio,
a
base
de
la
exposición narrativa de la prueba, entendió que el acusado
indujo
a
perjurio
comunicarse
a
una
de
telefónicamente
las
con
testigos
ésta
previo a la celebración del juicio.
en
de
tres
cargo
al
ocasiones,
Por otro lado, dicho
foro consideró que la exagerada velocidad a la que se probó
que el peticionario conducía, equivalía a una negligencia
crasa.
que,
Ambos hechos constituían circunstancias agravantes
según
el
foro
intermedio,
validaban
la
sentencia
Tribunal
impuesta.
El
arguyendo
Sr.
que
Santana
la
Vélez
acudió
ante
este
sentencia
impuesta
está
reñida
con
su
derecho a juicio por jurado y lo resuelto por el Tribunal
Supremo de Estados Unidos en Apprendi v. New Jersey, 530
CC-2007-65
3
U.S. 466 (2000) y su jurisprudencia interpretativa, debido
a que un jurado no determinó los agravantes de la pena más
allá de duda razonable.
II.
La Enmienda Sexta de la Constitución de los Estados
Unidos garantiza que en todo proceso criminal el acusado
disfrutará del derecho a un juicio rápido y público por un
jurado
imparcial
del
estado
y
distrito
donde
se
cometido el delito. Véase Const. EE.UU., enmd. VI.
haya
Igual
garantía ofrece la Constitución del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico en su artículo II sección 11.
E.L.A. art. II, sec. 11.
Véase Const.
El derecho a juicio por jurado de
la Enmienda Sexta es un derecho fundamental que aplica a
los estados a través de la cláusula del debido proceso de
ley de la Enmienda Decimocuarta y, por lo tanto, a Puerto
Rico.1
Véase Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968);
Pueblo v. Laureano Burgos, 115 D.P.R. 447 esc. 6 (1984);
Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 esc. 14 (1986).
La función esencial del jurado es adjudicar los hechos
correspondientes del caso ante su consideración a base de
1
A pesar de lo resuelto en Balzac v. Porto Rico, 258 U.S.
298 (1922), el Profesor Álvarez González explica que
“[d]esde que Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968)
resolvió que [el derecho a juicio por jurado] es
‘fundamental’ y, como tal, aplicable a los estados . . .
parece razonable concluir que ese derecho es aplicable a
Puerto Rico bajo la doctrina de incorporación territorial”.
J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto
Rico y Relaciones Constitucionales con los Estados Unidos,
Bogotá, Editorial Temis S.A., 2009, pág. 428 citando a D.M.
Helfeld, How Much of the United States Constitution and
Statutes Are Applicable to the Commonwealth of Puerto Rico,
110 F.R.D. 452, 458 (1986) y J.J. Álvarez González, La
protección de los derechos humanos en Puerto Rico, 57 Rev.
Jur. U.P.R. 133, 150 (1988).
CC-2007-65
4
la evaluación de la prueba presentada y recibida en el
juicio.
Ap.
Regla 111 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.
R. 111; E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de
Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Editorial Forum,
1993, Vol. II, sec. 15.4, pág. 319.
Luego de determinados
los
las
hechos,
y
de
conformidad
con
instrucciones
del
juez, el jurado aplica el derecho, emitiendo el veredicto
que corresponda, siendo quien decide la cuestión última de
culpabilidad o inocencia del acusado.
Chiesa Aponte, op
cit., pág. 320; W.R. La Fave & J.H. Israel & N.J. King &
O.S.
Kerr,
Criminal
Procedure,
Thomson-West,
Minnesota,
2007, sec. 22.1 (a), pág. 5.
Si bien el veredicto del jurado representa la decisión
de
ese
cuerpo
sobre
la
responsabilidad
criminal
del
acusado, la adjudicación de la pena, en caso de veredicto
de culpabilidad, le corresponde al juez pues el derecho a
juicio por jurado no se extiende a dicha etapa.
Spaziano v. Florida, 468 U.S. 447 (1984).
Véase
Véase también
O.E. Resumil de Sanfilippo, Derecho Procesal Penal, Equity
de Puerto Rico, Hato Rey, 1990, sec. 5.3, pág. 68.
El
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sin embargo, en una
serie
de
casos
comenzó
a
cuestionar
los
esquemas
de
sentencias establecidos por los estados a la luz de las
exigencias del debido proceso de ley, del derecho a juicio
por jurado cobijado por la Enmienda Sexta y del quantum de
CC-2007-65
5
prueba requerido para determinar factores agravantes de la
pena más allá del máximo permitido por ley.2
Así pues, en Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466
(2000), el Tribunal Supremo resolvió que cualquier hecho
que
agrave
la
estatutario,
pena
salvo
de
un
delito
más
allá
del
aquellos
hechos
relacionados
máximo
con
la
reincidencia, tiene que ser determinado por el jurado más
allá
de
duda
razonable
o
ser
aceptado
por
el
acusado.
(“Other than the fact of a prior conviction, any fact that
increases the penalty for a crime beyond the prescribed
statutory maximum must be submitted to a jury, and proved
beyond
a
reasonable
supra, pág. 490.
doubt.”)
Apprendi
v.
New
Jersey,
Indicó el Tribunal en esa ocasión que
históricamente ha existido una conexión entre el veredicto
de los jurados y la sentencia determinada por los jueces,
por
lo
que
la
pena
impuesta
al
acusado
tiene
que
corresponder a todos los hechos determinados por el jurado
más allá de duda razonable.
De esta manera, para propósitos del derecho a juicio
por jurado, el Tribunal estableció que cualquier hecho que
agrave la pena más allá del máximo estatutario, excepto
2
Véase McMillan v. Pennsylvania, 477 U.S. 79 (1986);
Almendarez-Torres v. United States, 523 U.S. 224 (1998);
Jones v. United States, 526 U.S. 227 (1999).
En estos
casos pre-Apprendi el Tribunal intentaba diferenciar si el
hecho agravante de la pena se trataba de elementos del
delito (“elements of the offense”) los que tenían que ir a
un jurado o de factores agravantes (“sentencing factors”)
que, originalmente, no tenían que ir a un jurado. Para un
resumen adecuado de los casos antes citados y su final
desenlace en Apprendi, véase W.R. La Fave & J.H. Israel &
N.J. King & O.S. Kerr, Criminal Procedure, Thomson-West,
Minnesota, 2007, sec. 26.4 (i), págs. 787-793.
CC-2007-65
aquellos
6
relacionados
con
la
reincidencia,
debe
ser
determinado por el jurado más allá de duda razonable, sin
hacer distinción entre si los hechos agravantes de la pena
son
elementos
del
delito
(“elements
of
the
offense”)
o
factores agravantes (“sentencing factors”).
En Apprendi, el acusado se declaró culpable de tres
delitos graves -dos cargos de segundo grado por posesión
ilegal de armas que conllevaban una pena de 5 a 10 años de
reclusión cada uno y otro de tercer grado por la posesión
de explosivos que conllevaba una pena de 3 a 5 años de
reclusión- por realizar disparos en contra de la residencia
de una familia afro-americana.
supra, págs. 469-470.
Apprendi v. New Jersey,
Según el acuerdo con Fiscalía, las
penas correspondientes a los cargos de posesión ilegal de
armas
se
cumplirían
concurrentes
con
explosivos.
Id. pág. 470.
enfrentaba
a
una
la
consecutivamente
pena
pena
por
la
entre
posesión
sí,
pero
ilegal
de
De esta manera, Apprendi se
máxima
agregada
de
20
años.
No
obstante, la pena de uno de los cargos por posesión ilegal
de armas podía ser agravada hasta un término de 20 años de
reclusión si el juez determinaba, por preponderancia de la
prueba,
que
el
delito
se
cometió
con
el
propósito
de
intimidar por razón de raza, color, género, incapacidad,
religión, orientación sexual u origen étnico.
Con la pena
agravada en ese delito, Apprendi se exponía a una pena
máxima agregada de 30 años.
En el acuerdo, la Fiscalía se reservó la prerrogativa
de solicitar la pena agravada y Apprendi el derecho de
CC-2007-65
7
impugnarla por considerarla inconstitucional.
Luego de la
celebración de una vista y la presentación de prueba por
parte de la Fiscalía, el juez determinó como cuestión de
hecho, que existía base para la pena agravada, por lo que
impuso una pena de 12 años en ese delito, mayor al límite
de
10
años
Tribunal
que
establecía
la
ley.
Supremo
anunció
la
norma
anteriormente
y
declaró
Id.
que
inconstitucional
pág.
471.
El
transcribimos
la
sentencia
impuesta, pues el estatuto en contra de los crímenes de
odio permitía que el juez impusiera una pena mayor a la que
se hubiese impuesto con el sólo veredicto de culpabilidad
del jurado.
Id. págs. 482-83.
Esta norma ha sido consistentemente reiterada por el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
En Blakely v.
Washington, 542 U.S. 296 (2004), el Tribunal revocó una
sentencia de 90 meses impuesta por un juez por el delito de
secuestro por estar reñida con la norma de Apprendi.
En
esa ocasión, el delito en particular tenía un intervalo de
pena de 49 a 53 meses.
juez
encontraba
justifying
an
Dicha pena podía ser agravada si el
“substantial
exceptional
and
compelling
sentence.”
Washington, supra, en la pág. 299.
reasons
Blakely
v.
El estado de Washington
arguyó que el delito de secuestro era clasificado como un
delito grave B (“class B felony”) para los cuales, por
estatuto, se establecía que tendrían una pena no mayor de
10 años.
De esta manera, arguyeron que no había problema
constitucional con Apprendi toda vez que la pena impuesta
CC-2007-65
8
estaba dentro del límite estatutario.
Id. en la pág. 303.
El Tribunal descartó este argumento indicando que:
[T]he “statutory maximum” for Apprendi purposes
is the maximum sentence a judge may impose solely
on the basis of the facts reflected in the jury
verdict or admitted by the defendant. . . .
In
other words, the relevant “statutory maximum” is
not the maximum sentence a judge may impose after
finding additional facts, but the maximum he may
impose without any additional findings. When a
judge inflicts punishment that the jury's verdict
alone does not allow, the jury has not found all
the facts “which the law makes essential to the
punishment,” . . . and the judge exceeds his
proper authority.
Blakely v. Washington, supra, en las págs. 303-04.
Así pues, el Tribunal aclaró en ese caso que el máximo
estatutario no es aquella pena máxima que podría imponerse
al considerar hechos agravantes de la pena, sino la pena
máxima que el juez puede imponer con el sólo veredicto de
culpabilidad
del
jurado,
sin
tener
que
realizar
determinaciones adicionales.
Esta norma fue extendida al ámbito federal en Booker
v.
U.S.,
543
Tribunal
U.S.
Supremo
220
(2005).
indicó
que
En
las
dicha
guías
ocasión,
el
federales
de
imposición de penas (“Federal Sentencing Guidelines”), las
cuales
regían
la
discreción
de
los
jueces
de
distrito
federales al imponer penas, eran inconstitucionales tal y
como fueron aprobadas por el Congreso, por permitir que
dichos jueces determinaran por preponderancia de la prueba
circunstancias
jurado.
y
el
agravantes
de
la
pena
en
ausencia
del
Según el Tribunal, el sistema de los “guidelines”
sistema
similares,
declarado
pues
en
inconstitucional
ambos
sistemas
los
en
Blakely
jueces
eran
estaban
CC-2007-65
9
obligados a imponer una pena establecida en un intervalo,
siendo
incapaces
de
imponer
una
sentencia
mayor
de
no
encontrar circunstancias agravantes.
El
Tribunal
Supremo,
no
obstante,
salvó
la
constitucionalidad de las guías al hacerlas discrecionales
y no mandatorias, estableciendo un sistema de discreción
total a los jueces de distrito federales en relación con la
imposición de penas, sujeta a una revisión en apelación
bajo
el
estándar
de
(“reasonableness”)3.
razonabilidad
Booker v. U.S., supra, pág. 261.
En la medida en que dicho
sistema permite que el juez imponga cualquier pena dentro
de un intervalo, independientemente de la determinación de
agravantes
o
atenuantes,
constitucionales
con
éste
Apprendi,
no
tiene
el
juez
pues
problemas
no
necesita
determinar hechos por sí mismo para agravar la pena, sino
que actúa dentro de la órbita de poder que un veredicto de
culpabilidad le concede.
Hace apenas dos (2) años, en Cunningham v. California,
549 U.S. 270 (2007), el Tribunal Supremo reiteró la norma
de Apprendi, Blakely y Booker.
En dicho caso, el Estado de
California tenía un sistema de imposición de penas en el
cual, en ausencia de que el juez encontrara agravantes o
atenuantes,
éste
intermedia.
En
venía
el
intermedia
era
de
atenuantes
la
pena
3
obligado
caso
12
en
años,
fija
era
a
imponer
la
pena
fija
cuestión,
la
pena
fija
de
mediar
circunstancias
de
6
y
años
de
mediar
En cuanto al estándar de razonabilidad (reasonableness) y
su aplicación por los Tribunales de Circuito Federales,
véase Rita v. U.S., 551 U.S. 338 (2007).
CC-2007-65
10
circunstancias agravantes la pena fija era de 16 años.
El
juez, al encontrar seis (6) circunstancias agravantes y una
atenuante, impuso la pena máxima de 16 años.
Supremo revocó dicha sentencia.
El Tribunal
Indicó que dicho sistema
contravenía la norma de Apprendi, Blakely y Booker, por ser
el juez y no el jurado el que encontraba los hechos que
podían agravar la pena más allá del límite estatutario.
El Tribunal descartó varios argumentos esbozados por
el Tribunal Supremo de California, el cual había validado
dicho sistema.
California arguyó que el límite estatutario
era
superior
el
sistema
límite
de
autorizaba
imposición
a
los
del
de
jueces
intervalo,
penas
a
toda
vez
establecido
tomar
en
que
el
simplemente
cuenta
hechos
que
tradicionalmente eran incidentales a la determinación de
una
sentencia
apropiada
en
un
intervalo
Cunningham v. California, supra, pág. 289.
California
comparó
su
sistema
al
determinado.
En ese sentido,
sistema
federal
post-
Booker. Id., pág. 291.
El Tribunal Supremo indicó que la ley de California
establecía
término
que
los
intermedio
jueces
debían
(“shall”)
como
sentencia,
en
imponer
el
ausencia
de
agravantes o atenuantes, por lo que los jueces no tenían
discreción
para
imponer
cualquier
pena
dentro
de
un
intervalo, sino que estaban obligados a imponer la pena
fija
intermedia
establecida.
Id.
en
la
pág.
292.
El
sistema, por tanto, no era comparable al sistema federal
post-Booker en el cual los jueces tienen total discreción
al
momento
de
imponer
penas,
independientemente
de
la
CC-2007-65
11
determinación de agravantes o atenuantes.
Por otro lado,
el Tribunal esbozó que la constitucionalidad del sistema
adoptado a la luz de Apprendi, Blakely y Booker no dependía
de
lo
que
California
podía
considerar
como
hechos
que
tradicionalmente los jueces determinaban en la imposición
de penas, sino que la norma seguía siendo que todo hecho
que
agrave
la
estatutario,
pena
de
salvo
un
delito
aquellos
más
allá
del
relacionados
límite
con
la
reincidencia, tiene que ser determinado por un jurado y
probado más allá de duda razonable.
Por
último,
el
Tribunal
ofreció
dos
alternativas
a
California y a los demás estados para mantener un sistema
de
sentencias
Sexta:
determinadas
que
no
violaran
la
Enmienda
1) establecer un sistema en el cual los jurados
durante el juicio, o luego del veredicto de culpabilidad,
determinen
los
agravantes
de
la
persona
convicta
o
2)
establecer un sistema de genuina discreción al juez, en el
cual
éste
pueda
imponer
cualquier
pena
que
entienda
pertinente dentro de un intervalo determinado, utilizando
las circunstancias atenuantes y agravantes como meras guías
de su discreción.
Así
pues,
jurisprudencia
es
clara
la
norma
de
Apprendi
interpretativa
según
esbozada
y
su
por
el
Tribunal Supremo.
Cualquier hecho que agrave la pena de un
acusado
más
del
hechos
relacionados
allá
límite
con
la
estatutario,
salvo
reincidencia,
aquellos
debe
determinado por un jurado más allá de duda razonable.
ser
El
límite estatutario es aquella pena máxima que el juez puede
CC-2007-65
12
imponer con el sólo veredicto de culpabilidad del jurado,
sin la necesidad de determinar hechos adicionales.
Ante
sistemas de sentencias determinadas, existen dos vías para
cumplir con la norma:
1) que sea un jurado, durante el
juicio o con posterioridad a éste, el que encuentre las
circunstancias
agravantes
de
la
pena
más
allá
de
duda
razonable o 2) establecer un sistema de genuina discreción
al juez en el cual éste tenga la autoridad para establecer
cualquier pena dentro de un intervalo, independientemente
de la determinación de agravantes y atenuantes, utilizando
éstos como meras guías de su discreción.
Debemos
analizar
el
sistema
de
imposición
de
penas
establecido bajo el Código Penal de 1974 para auscultar su
validez
a
la
luz
de
la
normativa
Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
establecida
por
el
Veamos.
III.
A diferencia del Código Penal de 2004 en el cual las
penas correspondientes a los delitos están determinadas por
el grado del mismo, el Código Penal de 1974 establece una
pena fija particular para cada delito, la cual puede variar
dependiendo de la existencia de atenuantes o agravantes.
Así,
el
delito
de
homicidio
involuntario
codificado
dicho Código, en su parte pertinente, expresa:
. . .
Cuando el homicidio involuntario se cometa por
una persona al conducir un vehículo de motor, se
le impondrá pena de reclusión por un término fijo
de
un
(1)
año.
De
mediar
circunstancias
agravantes, la pena fija establecida podrá ser
aumentada hasta un máximo de tres (3) años; de
en
CC-2007-65
13
mediar
circunstancias
atenuantes,
podrá
ser
reducida hasta un mínimo de seis (6) meses y un
día. El tribunal podrá imponer la pena de
restitución en adición a la pena de reclusión
establecida, o ambas penas.
. . .
Art. 86 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. sec.
4005. (Énfasis suplido).
De la lectura de dicho artículo, surge que el delito
de homicidio involuntario, cuando es causado al conducir un
vehículo de motor, conlleva una pena fija de un (1) año.
Para que un juez pueda imponer una pena mayor o menor a la
pena
fija
de
circunstancias
un
año,
es
agravantes
necesario
o
que
atenuantes.
se
Con
determinen
el
sólo
veredicto de culpabilidad del jurado, el juez sólo puede
imponer la pena fija establecida.
Por lo tanto, el límite
estatutario bajo Apprendi y Cunningham es el término fijo
establecido de un (1) año.
Nótese que el juez no tiene
discreción para establecer otra pena, si no es mediante la
determinación
de
hechos
adicionales
al
veredicto
del
jurado, pues el artículo en cuestión establece que “se le
impondrá pena de reclusión por un término fijo de un año”.
El artículo no establece que el juez podrá imponer, sino
que ordena que se le imponga dicha pena fija, limitando la
discreción de éste en ese ejercicio.
En ese sentido, el
texto de la ley es impositivo, no permisivo, por lo que el
juez está obligado a imponer la pena fija, en ausencia de
atenuantes o agravantes.
El límite a la discreción del juez en la imposición de
penas lo impone el propio Código Penal de 1974 en su Parte
CC-2007-65
General.
14
Así,
el
artículo
58
de
ese
cuerpo
de
ley
establece:
Cuando el tribunal condenare a pena de reclusión
dictará una sentencia determinada que tendrá
término específico de duración. En los casos de
delito
grave
se
impondrá
el
término
fijo
establecido por ley para el delito. De existir
circunstancias agravantes o atenuantes, deberá
aumentar o disminuir la pena fija dentro de los
límites establecidos en la ley para el delito. En
estos casos el término de reclusión a imponerse
también será fijo.
Art. 58 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A.
sec. 3282. (Énfasis suplido).
Según dicho artículo, los jueces al momento de imponer
sentencia
están
establecida
en
limitados
los
delitos
atenuantes y agravantes.
a
aplicar
graves,
la
en
pena
fija
ausencia
de
La determinación de la existencia
de circunstancias agravantes o atenuantes es la llave que
permite a los jueces desviarse de la pena fija establecida
y le concede discreción para imponer cualquier pena que
entiendan pertinente, dentro de los límites que el propio
delito establece.
Sin dicha determinación, no obstante, el
juez está impedido de imponer una pena mayor o menor de la
fija establecida.4
4
A pesar de que el delito de homicidio involuntario es
clasificado como menos grave, le es aplicable el artículo
58 por la pena ser de delito grave. En este sentido, dicho
delito es distinto a los demás delitos menos graves
estatuidos en el Código para los cuales, luego de las
enmiendas de 1980, la pena continuó siendo una pena de
reclusión no mayor de seis (6) meses, o multa no mayor de
quinientos (500) dólares. La pena del delito de homicidio
involuntario fue enmendada para atemperarla a la Ley de
Sentencias Determinadas y por esto el delito de homicidio
involuntario tiene una pena fija, al igual que todos los
delitos graves. Véase las Enmiendas Concordantes de la Ley
de Sentencia Determinada, Ley 101 de 4 de junio de 1980.
CC-2007-65
15
Al examinar la intención legislativa del artículo 58
del Código Penal de 1974, encontramos que ésta apoya la
interpretación que realizamos de su texto.
Dicho artículo
es producto de la Ley de Sentencias Determinadas, Ley 100
de
junio
4
de
1980,
34
L.P.R.A.
sec.
1044.
Según
la
exposición de motivos de la referida ley, la antigua Ley de
Sentencias Indeterminadas propiciaba “la disparidad en las
sentencias y no ofrecía certeza en cuanto a las penas a
imponerse por los delitos cometidos”.
Por lo tanto, la Ley
de Sentencias Determinadas tenía el propósito de que las
sentencias tuvieran “un mayor grado de certeza para que
operen como disuasivo de futura conducta criminal por parte
de los delincuentes potenciales y propicien uniformidad de
manera
que
cada
delito
se
castigue
de
acuerdo
con
su
gravedad”.
De manera que uno de los propósitos de la aprobación
de la Ley de Sentencias Determinadas, además de proveer
certeza
en
las
sentencias
impuestas,
fue
el
limitar
la
discreción de los jueces al aplicar las penas establecidas.
El antiguo sistema de sentencias indeterminadas propiciaba
la
disparidad,
toda
vez
que
ante
hechos
similares,
distintos jueces aplicaban penas dispares, por lo que la
administración de la justicia variaba intolerablemente de
juez a juez.
Así pues, la Ley de Sentencias Determinadas
vino a atender dicha anomalía, estableciendo penas fijas
para
cada
uno
de
los
delitos
graves,
discreción de los jueces de instancia.
limitando
así
la
CC-2007-65
16
Por tanto, el texto del artículo 58 del Código Penal,
la letra de cada uno de los delitos graves estatuidos en
dicho
Código,
Sentencias
y
la
intención
Determinadas
legislativa
apoyan
la
de
la
Ley
de
conclusión
de
que
los
jueces de instancia bajo el sistema del Código Penal de
1974
carecen
de
discreción
para
imponer
cualquier
pena
dentro del intervalo establecido en cada delito.
Al
analizar
el
sistema
de
imposición
de
penas
del
Código Penal de 1974 a la luz de la jurisprudencia federal
antes discutida, debemos concluir que nuestro sistema no es
tan distinto al sistema establecido por California, el cual
fue
declarado
Cunningham.
inconstitucional,
Cierto
es
que
en
aquel
su
aplicación,
sistema,
en
distinto
al
nuestro, es de triadas, es decir, que son posibles sólo
tres sentencias: la intermedia, la mínima o la máxima.
Sin
embargo, lo determinante para el análisis de Apprendi no es
si el sistema es de triadas o no, sino precisar si el juez
tiene discreción para imponer cualquier pena a través del
intervalo
o
viene
obligado
a
imponer
la
pena
fija
establecida para el delito, en ausencia de atenuantes o
agravantes.
En California, al igual que en Puerto Rico, el
juez
viene
obligado
salvo
que
haga
agravantes.
a
imponer
una
Apprendi
la
pena
determinación
y
los
casos
fija
de
intermedia,
atenuantes
subsiguientes
o
aplican
para prohibir que sea el juez quien agrave la pena más allá
del
límite
estatutario
al
determinar
por
sí
mismo
los
agravantes, sino que obliga a que éstos sean determinados
por el jurado más allá de duda razonable.
CC-2007-65
17
Aceptada la limitada discreción de nuestros jueces en
la
imposición
de
penas
bajo
el
Código
debemos
determinar
la
sistema,
tomando
consideración
en
solución
Penal
de
1974,
adecuada
para
nuestro
las
vías
que
dos
el
Tribunal Supremo ofreció a los estados en Cunningham para
cumplir
con
la
norma
de
Apprendi
y
poder
considerar
agravantes al momento de imponer la pena correspondiente en
casos
ventilados
ante
jurado.
A
la
luz
del
texto
del
Código Penal de 1974 y de la intención legislativa de la
Ley de Sentencias Determinadas, la creación de un sistema
de
imposición
discreción
de
penas
para
en
el
imponer
cual
la
el
juez
pena
tenga
que
total
entienda
correspondiente, independientemente de la determinación de
agravantes
o
atenuantes,
Legislativa
y
no
le
es
tarea
corresponde
de
a
la
Asamblea
este
Tribunal.
Interpretar que el artículo 58 del Código Penal de 1974 y
el texto de cada uno de los delitos que establecen penas
fijas
le
imponer
conceden
cualquier
discreción
pena
a
total
través
del
a
los
jueces
intervalo
no
para
sólo
vulneraría el claro texto de la ley, sino que desvirtuaría
también la intención legislativa plasmada en la Exposición
de Motivos de la Ley de Sentencias Determinadas.
Dicha
interpretación, además, sería un claro acto de legislación
judicial en violación a los más fundamentales preceptos de
nuestra Constitución y la doctrina de separación de poderes
que ésta promulga.
De modo que, la única solución que podemos adoptar
cónsona con el sistema de sentencia determinada del Código
CC-2007-65
Penal
de
18
1974
y
con
el
derecho
a
juicio
por
jurado
garantizado por la Enmienda Sexta es someter los agravantes
al
jurado
y
razonable.
que
éstos
sean
probados
más
allá
de
duda
Por lo antes expuesto, resolvemos que en casos
celebrados ante jurado bajo las disposiciones del Código
Penal
de
1974,
los
agravantes
de
la
pena
deben
ser
sometidos ante esa institución y ser probados más allá de
duda razonable, salvo que sean aceptados por el acusado.5
La solución que acogemos mantiene la esencia de nuestro
sistema de imposición de penas de conceder una limitada
discreción a los jueces de instancia al dictar sentencia,
respetando igualmente el derecho a juicio por jurado de los
acusados.6
Las
Reglas
de
norma
Procedimiento
que
hoy
Criminal
adoptamos,
pero
vigentes
no
tampoco
la
contemplan
la
impiden.
Es nuestra función establecer el procedimiento
que deberá seguirse en casos ventilados ante jurado.
En
casos en que los agravantes surjan de la prueba admisible
presentada,
el
Ministerio
Público
podrá
solicitar
al
Tribunal que éstos se le sometan al jurado en conjunto con
5
Esta norma no aplica a la imposición de penas en grado de
reincidencia. La reincidencia siempre debe ser alegada en
la acusación, excepto que sea aceptada por el acusado, pero
como exigencia del debido proceso de ley, no porque el
derecho a juicio por jurado de la Enmienda Sexta así lo
requiera. En ese sentido, véase Pueblo v. Montero Luciano,
res. 23 de octubre de 2006, 2006 TSPR 158; 169 D.P.R. ____
(2006).
6
Aun cuando no estamos ante un caso que se haya ventilado
bajo las disposiciones del Código Penal de 2004, los
principios constitucionales esbozados por el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos, reconocidos en esta Opinión,
son igualmente aplicables a las disposiciones de dicho
Código.
CC-2007-65
19
la determinación de culpabilidad o inocencia.
En caso de
que el jurado emita un veredicto de culpabilidad, deberá
determinar igualmente si encontró probados más allá de duda
razonable los agravantes imputados.7
Por
el
contrario,
si
es
necesario
presentar
prueba
adicional a la requerida para establecer la comisión del
delito que no sería admisible durante el juicio o si el
juez considera que se le causaría un perjuicio indebido al
acusado
al
someter
los
agravantes
antes
de
rendirse
el
veredicto, entonces el procedimiento a seguir será similar
al que se lleva a cabo actualmente al amparo de las Reglas
de Procedimiento Criminal.
Procedimiento
podrán
Criminal
solicitar
del
Según las reglas 162.4 y 171 de
tanto
el
tribunal
acusado
que
como
escuche
el
fiscal
prueba
de
circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la
imposición
de
la
pena.
Véase
Reglas
162.4
y
171
de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 162.4 & 171.
El Ministerio Público podrá hacer uso de las vistas que
conceden
dichas
reglas
para
presentar
prueba
agravantes que estime pertinentes imputar.
esos
casos,
no
sería
disuelto
sobre
los
El jurado, en
inmediatamente
luego
de
emitirse el veredicto, sino que tendrían que realizar la
7
En estos casos, el juez que presida los procedimientos
deberá emitir una instrucción al jurado a los efectos de
que deberán, en primera instancia, determinar si el acusado
es culpable o no culpable. Luego, de llegar a un veredicto
de culpabilidad, deberán considerar si, a base de la prueba
presentada para probar la comisión del delito, se probaron
más allá de duda razonable los agravantes imputados.
Del
jurado contestar en la afirmativa, el juez deberá tomar en
consideración dicha determinación al momento de imponer
sentencia.
CC-2007-65
20
determinación de los agravantes más allá de duda razonable
a base de la prueba desfilada en el juicio o a base de
prueba
adicional
dicha vista.
que
el
Ministerio
Público
presente
en
De los agravantes no ser probados más allá de
duda razonable por el jurado, el juez estará obligado a
imponer
la
pena
fija,
salvo
que
considere
probadas
circunstancias atenuantes que le permitan conceder una pena
menor.8
Por último, debe recordarse que por ser la norma que
establecemos
en
este
momento
de
carácter
constitucional
aplicable a los procesos penales, tiene efecto retroactivo
a todos aquellos casos que no hayan advenido finales y
firmes al día de hoy.
Pueblo v. González Cardona, 153
D.P.R. 765, 772 (2001); Griffith v. Kentucky, 479 U.S. 314
(1987).
En casos en los cuales el convicto alegue que su
sentencia
es
adoptada,
y
inconstitucional
así
sea
a
la
luz
determinado
por
el
de
la
tribunal,
norma
éste
deberá ser re-sentenciado al término fijo que establezca el
8
No existe exigencia constitucional de que los atenuantes
sean dirimidos por un jurado, pues la determinación de un
atenuante por parte del juez no expone al acusado a una
privación mayor de libertad que la determinación de
culpabilidad original rendida por el jurado. En Apprendi,
el Tribunal Supremo lo expresó de la siguiente manera:
“[i]f facts found by a jury support a guilty verdict of
murder, the judge is authorized by that jury verdict to
sentence the defendant to the maximum sentence provided by
the murder statute.
If the defendant can escape the
statutory maximum by showing, for example, that he is a war
veteran, then a judge that finds the fact of veteran status
is neither exposing the defendant to a deprivation of
liberty greater than that authorized by the verdict
according to statute, nor is the Judge imposing upon the
defendant greater stigma than that accompanying the jury
verdict alone. Core concerns animating the jury and burden
of proof requirements are thus absent from such a scheme.”
Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466 esc. 16 (2000).
CC-2007-65
21
delito correspondiente.
De ser el interés del Ministerio
Público en el proceso de re-sentencia que se imponga una
pena
con
instancia
jurado,
y
agravantes,
será
necesario
celebre
vista
para
sean
probados
que
una
éstos
que
estos
más
el
foro
de
fines
ante
un
allá
de
duda
razonable.9
IV.
En
este
culpable
del
caso,
el
delito
Sr.
de
Santana
Vélez
homicidio
fue
encontrado
involuntario.
Fue
sentenciado a una pena de reclusión de tres (3) años, bajo
el beneficio de sentencia suspendida, aun cuando el delito
de homicidio involuntario tiene una pena fija de un (1)
año.
Los agravantes no fueron aceptados por el acusado ni
presentados ante el jurado, por lo que dicho cuerpo no hizo
determinación alguna con relación a éstos.
La
sentencia
impuesta
al
Sr.
Santana
Vélez
es
inconstitucional a la luz de la norma adoptada en Apprendi
y su jurisprudencia interpretativa.
La pena máxima que
podía imponer el juez con el sólo veredicto del jurado era
la pena fija de un (1) año establecida en el artículo 86
del Código Penal de 1974.
9
Para imponer una pena mayor a
No existe problema de doble exposición con la celebración
de un proceso de re-sentencia frente a otro jurado.
En
dicho proceso no se juzgará nuevamente a la persona, pues
ya un jurado la declaró culpable, sino que se corregirá una
sentencia
inconstitucional.
Igual,
consideramos
que
cualquier reclamo de doble exposición que pueda levantar el
acusado, se entiende renunciado por éste al solicitar la
revisión de la sentencia.
Véase E.L. Chiesa Aponte,
Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,
Colombia, Editorial Forum, 1993, Vol. II, sec. 16.3, págs.
395-408. A manera persuasiva, véase Smylie v. Indiana, 823
N.E. 2d 679 (2005), en el cual se siguió idéntico
procedimiento.
CC-2007-65
22
esa, se debieron probar más allá de duda razonable y ante
el jurado las circunstancias agravantes que el Ministerio
Público quisiera imputar.
Por
revocación
los
de
fundamentos
la
antes
sentencia
expresados,
dictada
por
el
procede
la
Tribunal
de
Apelaciones e igualmente la sentencia impuesta por el foro
de instancia.
Se ordena la devolución del caso a dicho
foro para que se re-sentencie al Sr. Santana Vélez de forma
compatible con lo expuesto en esta Opinión.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2007-65
Jaime Santana Vélez
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2009
Por
los
fundamentos
expresados
en
la
Opinión que antecede, los cuales se incorporan
íntegramente a la presente, se dicta sentencia
revocando la sentencia dictada por el Tribunal
de
Apelaciones
e
igualmente
la
sentencia
impuesta por el foro de instancia. Se ordena la
devolución del caso a dicho foro para que se resentencie
al
Sr.
Santana
Vélez
de
forma
compatible con lo expuesto en esta Opinión.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo
Interina.
El Juez Asociado señor Martínez
Torres emite una Opinión de conformidad.
El
Juez Asociado señor Rivera Pérez emite una
Opinión disidente a la que se une la Jueza
Asociada señora Pabón Charneco y el Juez
Asociado señor Kolthoff Caraballo.
Juliana Mosquera Soler
Secretaria del Tribunal Supremo Interina
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2007-65
Jaime Santana Vélez
Peticionario
Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ
TORRES
En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2009.
El peticionario Jaime Santana Vélez arguye que
la sentencia que le fue impuesta viola su derecho a
juicio por jurado al amparo de la Sexta Enmienda a
la
Constitución
federal
y
su
jurisprudencia
interpretativa: Apprendi v. New Jersey, 530 U.S.
466
(2000);
Blakely
(2004);
United
(2005);
Cunningham
v.
States
v.
Washington,
542
U.S.
296
v.
Booker,
543
U.S.
220
California,
549
U.S.
270
(2007).
El Tribunal sostiene hoy la constitucionalidad
de
las
Reglas
162.4
y
171
de
Procedimiento
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 162.4 y 171, ya que
éstas no impiden la intervención del jurado en la
CC-2007-65
2
imposición de agravantes, según lo requiere la Sexta Enmienda.
Coincido plenamente con el análisis del Tribunal pero me parece
importante resaltar varios aspectos que justifican el dictamen
que hoy emitimos.
I
El Tribunal Supremo federal manifestó en Downes v. Bidwell,
182 U.S. 244 (1901), que luego del cambio de soberanía en las
postrimerías del Siglo XIX, Puerto Rico no fue incorporado a los
Estados Unidos, según ese término se utiliza en la Constitución
federal. Ese caso fue el inicio de una serie de jurisprudencia
federal conocida como los Casos Insulares. En esos casos, el
Tribunal Supremo decidió que el Congreso de los Estados Unidos,
al legislar para Puerto Rico, no tenía las mismas limitaciones
que la Constitución federal le impone frente a los estados.
En Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922), se expresó
que la Ley Orgánica de 2 de marzo de 1917, mejor conocida como
Ley Jones, no tuvo el efecto de incorporar a Puerto Rico la
cláusula de juicio por jurado de la Sexta Enmienda. Por voz de
su Juez Presidente Taft, el Tribunal Supremo expresó sobre las
disposiciones
constitucionales
que
“it
is
just
as
clearly
settled that they do not apply to territory belonging to the
United States which has not been incorporated into the Union”.
Id. a las págs. 304-305.
En ese caso se determinó que la Ley Orgánica de Puerto Rico
no era suficiente para incorporar a la Isla el derecho a juicio
por jurado dispuesto en la Sexta Enmienda, pues ese no fue el
CC-2007-65
3
propósito del Congreso. Para esa incorporación era necesaria la
declaración
expresa
o
una
fuerte
intención
de
parte
del
Insulares
resuelven
que
sólo
los
Congreso. Id. a la pág. 306.
Además,
“derechos
los
Casos
fundamentales”
de
la
Constitución
de
los
Estados
Unidos son de aplicación en Puerto Rico. Id. a las págs. 312313. Como el derecho a juicio por jurado en casos criminales no
se consideraba fundamental a principios del Siglo XX, no se
extendió a Puerto Rico.
Mucho ha transcurrido desde entonces. El 3 de julio de
1950, el Congreso aprobó la Ley Pública Núm. 600, P.L. 81-600,
64 Stat. 319 (1950), 1 L.P.R.A., 48 U.S.C.A. sec. 731b y ss. Al
amparo
de
esa
ley,
el
Pueblo
de
Puerto
Rico
aprobó
la
Constitución del Estado Libre Asociado, que entró en vigor el 25
de julio de 1952, luego de recibir la aprobación congresional
mediante la Ley Pública Núm. 447, P.L. 82-447, 66 Stat. 327
(1952), 1 L.P.R.A., 48 U.S.C.A. sec. 731d nota.10 De ese modo,
se estableció una relación que para aquel entonces era única
(unique) en el derecho estadounidense, ya que Puerto Rico se
convirtió en el primer territorio gobernado por una carta magna
redactada
por
sus
propios
habitantes.
Puerto
Rico
Dept.
of
Consumer Affairs v. Isla Petroleum Corp., 485 U.S. 495, 499
10
Sin embargo, en dicha Resolución, el Congreso de los
Estados Unidos no aprobó la Sección 20 del Artículo II.
Además, condicionó la vigencia de la Sección 5 del Artículo
II y la Sección 3 del Artículo VII a que se adoptara mediante
enmiendas un texto en específico. Dichas enmiendas no se
adoptaron
mediante
referendo
como
el
resto
de
la
Constitución, sino mediante la Resolución Núm. 34 de la
Convención Constituyente, de 10 de julio de 1952, es decir,
quince días antes de la vigencia de la carta magna.
CC-2007-65
4
(1988); Calero Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S.
663, 671-674 (1974).11
A partir de entonces, el Tribunal Supremo federal ha sido
consistente en reconocer que el propósito congresional tras la
Ley Pública Núm. 600 es que se le reconozcan a Puerto Rico la
autoridad y facultades internas similares a las de un estado de
la Unión. Puerto Rico v. Branstad, 483 U.S. 219, 229-230 (1987);
Rodríguez v. Popular Democratic Party, 457 U.S. 1, 8 (1982);
Examining Bd. v. Flores De Otero, 426 U.S. 572, 594 (1976);
Calero Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., supra a la pág. 673.
Lo
anterior
significa,
como
señaló
el
decano
David
M.
Helfeld, que Puerto Rico tiene que observar los mismos límites a
su autonomía interna que un estado de la Unión.
In the field of individual rights, if a state can
do it constitutionally, Puerto Rico can do it, and
vice versa. This principle would treat Puerto Rico,
by analogy, as equivalent to a state for the
purpose of defining the scope of individual
11
La situación de Puerto Rico ya no es única. Con
posterioridad al caso de Puerto Rico, otras áreas insulares
de los Estados Unidos siguieron el ejemplo de Puerto Rico y
redactaron sus propias constituciones, para regir sus asuntos
internos. Así, la Samoa Americana adoptó una Constitución
redactada localmente, que el Secretario del Interior aprobó
en 1960. El Congreso no intervino ya que nunca aprobó una ley
orgánica para ese territorio y dejó su organización en manos
de la Rama Ejecutiva del Gobierno federal. Pub. Res. 89, 70th
Cong.; 45 Stat. 1253 (1929), 48 U.S.C.A. sec. 1661(c). No
obstante, la Ley Pública Núm. 213 de 8 de diciembre de 1983,
97 Stat. 1462, 48 U.S.C.A. sec. 1662a, estableció que
cualquier enmienda o modificación a la Constitución de la
Samoa Americana podrá hacerse solamente mediante ley del
Congreso de los Estados Unidos.
Por otra parte, las Islas Marianas del Norte aprobaron
una Constitución local en 1978, por acuerdo (covenant) con el
Gobierno federal. Conforme a dicho acuerdo político, se
declaró
que
dicho
territorio
es
un
“self-governing
commonwealth… in political union with and under the
sovereignty of the United States of America….” Marianas
Covenant, Sec. 101.
CC-2007-65
constitutional
rights
vis-à-vis
Puerto
Rico
governmental actions....
This principle has been followed equally in
reverse: if a state cannot do it constitutionally,
neither
can
Puerto
Rico....
D.M.
Helfeld,
Applicability of the United States Constitution and
Federal Laws to the Commonwealth of Puerto Rico,
110 F.R.D. 449, 457 (1985).
Ante
Balzac
esa
realidad
moderna,
todavía
controla
la
la
cuestión
pregunta
de
la
obligada
5
es
si
aplicabilidad
en
Puerto Rico de la cláusula de juicio por jurado de la Sexta
Enmienda de la Constitución federal.
En Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968), el Tribunal
Supremo expresó que el derecho a juicio por jurado es un
derecho fundamental para la concepción americana de justicia.
Al
clasificar
el
derecho
a
un
juicio
por
jurado
como
fundamental, el Tribunal Supremo Federal se apartó de su
decisión
en
Balzac,
supra.
Tratándose
de
un
derecho
reconocido como fundamental, se extiende a los habitantes de
Puerto Rico, según la doctrina de los Casos Insulares. Dorr
v. United States, 195 U.S. 138, 148 (1904). Véanse, además,
Posadas de Puerto Rico Associates v. Tourism Co. of P. R.,
478
U.S.
328,
331
n.
1
(1986);
Rodríguez
v.
Popular
Democratic Party, supra a la pág. 7; Torres v. Puerto Rico,
442 U.S. 465, 469-470 (1979); Examining Bd. v. Flores De
Otero,
supra,
pág.
300
n.
30.
Por
tanto,
es
ineludible
concluir que la cláusula de juicio por jurado de la Sexta
Enmienda de la Constitución federal aplica a Puerto Rico. “En
cuanto al carácter no fundamental del derecho constitucional
federal a juicio por jurado, Balzac probablemente ya no es
buena ley.” J.J. Álvarez González, Derecho constitucional de
CC-2007-65
6
Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados
Unidos,
Bogotá,
Editorial
Temis
S.A.,
2009,
pág.
428.
Consistente con esto, en Pueblo v. Laureano, 115 D.P.R. 447,
449
n.
6
(1984),
invocamos
a
Duncan
al
resolver
que
un
acusado de cometer ciertas infracciones a la Ley de Armas
clasificadas como delitos graves tenía derecho a un juicio
por jurado.
Coincido
con
el
decano
Helfeld
en
que
no
reconocer
la
aplicación en Puerto Rico del derecho constitucional federal a
juicio
por
jurado
justification,
en
casos
explaining
why
criminales
Puerto
“would
Rico
require
could
deny
a
a
fundamental right which no state can deny.” Helfeld, supra a la
pág. 458. Insistir en lo resuelto en Balzac luego del precedente
de Duncan, resultaría en que los ciudadanos americanos en Puerto
Rico
tendrían
menos
derechos
fundamentales
que
los
que
disfrutarían si estuvieran en cualquiera de los estados de la
Unión. Helfeld, supra a la pág. 458. Eso chocaría de frente con
la
disposición
de
privilegios
e
inmunidades
de
la
Ley
de
Relaciones Federales, Art. 2 de la Ley de 2 de marzo de 1917, 61
Stat. 772, 1 L.P.R.A., 48 U.S.C.A. sec. 737.12
Sostener la vigencia de Balzac después de Duncan sería
negar la igualdad de derechos fundamentales de los ciudadanos
americanos en Puerto Rico, lo que sería contrario al propósito
congresional de que se trate a Puerto Rico de forma análoga a un
12
“§ 2. [Privilegios e inmunidades]
Los
derechos,
privilegios
e
inmunidades
de
los
ciudadanos de los Estados Unidos se respetarán en Puerto Rico
hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuera un Estado de la
Unión y sujeto a las disposiciones del inciso 1 de la sec. 2
del Art. IV de la Constitución de los Estados Unidos.”
CC-2007-65
7
estado federado y a nuestro deber constitucional de garantizar
la justicia e igualdad a todos, al reafirmar “la lealtad a los
postulados
de
la
Constitución
Federal…”.
Preámbulo
de
la
Constitución de Puerto Rico, 1 L.P.R.A.
Establecida la aplicabilidad de la cláusula de juicio por
jurado de la Sexta Enmienda, hay que analizar entonces si la
actuación judicial que aquí revisamos es consistente con esta
garantía constitucional.
II
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en Apprendi v.
New Jersey, supra, y su progenie, delimitó la forma en que un
estado puede establecer su sistema de imposición de penas sin
menoscabar
el
derecho
a
un
juicio
por
jurado.
Esta
jurisprudencia sostiene que con la excepción de una convicción
previa, los hechos que incrementen la sentencia sobre el máximo
estatutario tienen que ser admitidos por el acusado o probados
más allá de duda razonable ante un jurado. La normativa esbozada
ha
suscitado
gran
debate
al
evaluar
el
impacto
de
estas
decisiones federales en los sistemas penales estatales.
En Apprendi, el acusado se declaró culpable de tres cargos
de segundo grado: dos por poseer un arma de fuego para uso
ilegal y otro de explosivos. Un estatuto del estado de New
Jersey (la ley contra crímenes de odios) autorizaba extender el
término de prisión fijado en ley. Un juez podía hacer esta
adición a la pena, por preponderancia de la prueba, si el delito
se cometió con el propósito de intimidar por razón de raza,
color,
género,
incapacidad,
religión,
orientación
sexual
u
origen étnico. Esto es, los hechos que fundamentaban la pena
CC-2007-65
8
agravada, a saber, la comisión del delito con el propósito de
intimidar a estos grupos, podían ser determinados por el juez
sin participación del jurado.
En este caso, el juez determinó que los delitos fueron
cometidos
para
intimidar
y
que
éstos
fueron
motivados
por
discrimen racial. Ante este hecho, el juez impuso una condena
extendida de 12 años. Esa condena conllevaba la determinación de
agravantes,
pues
(utilizar
un
exponía
una
a
con
arma
de
la
mera
fuego
sentencia
convicción
por
el
delito
el
acusado
para
uso
ilegal)
5
10
años
de
a
(intervalo
a
base
se
ser
utilizado por el juez), no de 12 años.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció que
existe un derecho a juicio por jurado para todo factor, con
excepción de una previa convicción, que incrementa la pena de un
crimen por encima del máximo estatutario como en este caso. En
aquella
ocasión,
el
sistema
utilizado
agravada
contra
el
acusado
fue
para
fijar
la
inconstitucional
pena
porque
restringió su derecho a juicio por jurado. Ya que el delito por
el que se declaró culpable el acusado (utilizar un arma de fuego
con propósitos ilegales) establecía una pena de 5 a 10 años, la
imposición de una pena de 12 años basada en hechos agravantes
era
inconstitucional.
Los
hechos
que
agravaban
la
pena
(el
propósito de intimidar) no fueron probados ante un jurado ni
admitidos
por
el
acusado.
El
acusado
se
declaró
culpable
(admitió los hechos) por la utilización del arma de forma ilegal
y no admitió que tuviera el propósito de intimidar (cuestión que
determinó el juez de forma inconstitucional). Para este factor
(un hecho) que aumentó la pena por encima del máximo estatutario
CC-2007-65
9
(10 años) era necesario que el acusado admitiera el hecho o que
éste fuera probado ante un jurado más allá de duda razonable.
El razonamiento del Tribunal Supremo federal se basó en la
concepción tradicional de la función del jurado en relación con
la imposición de la pena. Dicho Tribunal sostuvo que avalar el
sistema de imposición de penas impugnado sería contrario a la
Constitución
de
los
Estados
Unidos.
Desde
entonces,
muchos
estados han tenido que modificar sus estatutos penales para
atemperarlos a la norma esbozada. La norma establecida por el
más alto foro federal, lejos de impedir un sistema de agravación
de penas, establece los derechos de todo acusado frente a la
fijación de una pena agravada.
En
Blakely
v.
Washington,
supra,
el
Tribunal
Supremo
federal aplicó nuevamente la doctrina de Apprendi al sistema de
sentencias de Washington. Blakely secuestró a su esposa. Se
declaró culpable por delitos de secuestro, violencia doméstica y
armas. El estatuto penal establecía para el delito de secuestro
con un arma de fuego una sentencia de 49 a 53 meses de cárcel.
El
juez,
amparado
en
una
disposición
legal
que
permite
una
sentencia mayor si hay razones sustanciales para ello, condenó a
Blakely a cumplir 90 meses de prisión. Como razón sustancial, el
juez determinó el hecho de que el acusado actuó con crueldad
deliberada.
Al
igual
que
Apprendi,
se
trataba
de
una
pena
agravada fundamentada en una determinación de hechos que el
acusado no aceptó ni fue probada ante un jurado más allá de duda
razonable. En Blakely, el acusado admitió solamente los hechos
que configuraban el delito de secuestro en segundo grado.
CC-2007-65
10
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que el
máximo estatutario es la pena que el juez puede imponer por los
hechos reflejados en el veredicto del jurado o admitidos por el
acusado. Si la imposición de una pena mayor requiere que se
determinen hechos adicionales, esa pena está por encima del
máximo
estatutario.
El
Tribunal
insistió
en
que
toda
determinación de hechos que incremente el máximo estatutario
tiene que ser admitida por el acusado o probada ante un jurado
más allá de duda razonable. A estos efectos, se expresó:
[T]he relevant “statutory maximum” is not the
maximum sentence a judge may impose after finding
additional facts, but the maximum he may impose
without any additional findings. When a judge
inflicts punishment that the jury´s verdict alone
does not allow, the jury has not found all the
facts “which the law makes essential to the
punishment,”… and the judge exceeds his proper
authority”. Id. a las págs. 303-304 (cita omitida).
Añadió el máximo Tribunal:
Whether the judge's authority to impose an enhanced
sentence depends on finding a specified fact (as in
Apprendi), one of several specified facts (as in
Ring), or any aggravating fact (as here), it
remains the case that the jury's verdict alone does
not authorize the sentence. The judge acquires that
authority only upon finding some additional fact”.
Id. a la pág. 305.
Esta decisión reiteró la norma esbozada en Apprendi: Es
necesaria
la
admisión
jurado
para
imponer
hechos
adicionales
del
una
que
acusado
pena
o
la
agravada
agravan
la
determinación
que
pena.
se
Por
de
un
fundamenta
en
lo
tanto,
para
imponer una pena mayor a la establecida para el delito (máximo
estatutario)
cuando
se
requiere
la
determinación
de
hechos
adicionales a los del delito base, no se le puede privar al
acusado de su derecho a juicio por jurado.
CC-2007-65
11
Ahora bien, existe una excepción cuando el hecho agravante
es
reincidencia.
convicciones
Esta
previas
excepción
se
se
fundamenta
establecieron
en
en
que
las
procedimientos
anteriores que garantizaron los derechos del acusado, como lo
son el derecho a juico por jurado, la presunción de inocencia y
la
notificación
adecuada.
Además,
la
reincidencia
es
tradicionalmente un factor utilizado por los tribunales para
incrementar la sentencia. Véanse, Apprendi v. New Jersey, supra;
Jones v. United States, 526 U.S. 227 (1999); Almendarez-Torres
v. United States, 523 U.S. 224 (1998). Aun así, la reincidencia
siempre tiene que alegarse en la acusación, por exigencia del
debido
proceso
de
ley
(Const.
P.R.,
Art.
II,
Sec.
11,
1
L.P.R.A.) y no del derecho a juicio por jurado de la Sexta
Enmienda. Véase, Pueblo v. Montero Luciano, Opinión de 23 de
octubre de 2006, 2006 T.S.P.R. 158, 2006 J.T.S. 167, 169 D.P.R.
___ (2006).
Aplicada
la
norma
de
Apprendi
al
caso
de
Blakely,
el
Tribunal Supremo Federal concluyó que el sistema de imposición
de penas utilizado contra el acusado era inconstitucional. La
invalidez de este sistema se debió a que se le permitió al juez
determinar por sí solo unos hechos que agravaron la pena por
encima de la pena máxima sin agravantes. El acusado admitió un
delito que le exponía a una condena de 49 a 53 meses. Como la
determinación del hecho agravante (maldad deliberada) no fue
admitida por el acusado ni probada más allá de duda razonable
frente a un jurado, esta pena agravada de 90 meses no podía
sostenerse. Se resolvió de nuevo que debido a que el acusado
tiene un derecho a juicio por jurado, los hechos que aumentan
CC-2007-65
12
una pena sobre el límite establecido en ley tienen que ser
admitidos por el acusado o probados más allá de duda razonable.
En United States v. Booker, supra, el Tribunal Supremo de
los Estados Unidos tuvo la oportunidad de examinar las guías
federales para sentenciar. En este caso, se reafirmó la norma de
Apprendi para establecer lo siguiente:
Any fact (other than a prior conviction) which is
necessary to support a sentence exceeding the
maximum authorized by the facts established by a
plea of guilty or a jury verdict must be admitted
by the defendant or proved to a jury beyond a
reasonable doubt. Id. a la pág. 756.
Las guías federales para sentenciar se validaron por la
interpretación
que
constitucionales
al
se
les
dio.
disponer
que
Las
el
guías
juez
se
está
declararon
autorizado
a
imponer una pena dentro del intervalo fijado para el delito sin
tener que hacer una determinación adicional de la existencia de
agravantes.
Esto
es
muy
distinto
al
sistema
invalidado
en
Apprendi, donde para imponer una pena mayor a la autorizada, el
juez tenía que hacer una determinación de hechos no admitidos
por el acusado ni probados ante un jurado.
En Cunningham v. California, supra, el Tribunal Supremo
examinó las implicaciones de las Enmiendas VI y XIV sobre el
sistema de imposición de penas de California. Bajo la ley de
California, Cunningham podía ser sentenciado a una pena fija de
seis, doce o dieciséis años (sentencias determinadas), según las
circunstancias agravantes o atenuantes que se probaren. Esta ley
[determinate
sentencing
law
(DSL)]
sustituyó
el
régimen
de
sentencias indeterminadas que operó en California por más de 60
años. Según esta nueva ley de imposición de penas, el juez debía
CC-2007-65
imponer a
Cunningham
determinara
uno
o
una
más
sentencia
factores
de
12
agravantes
años,
o
13
salvo que
atenuantes.
De
determinar atenuantes la pena fija se reducía a seis años de
prisión pero de probarse agravantes la pena sería de dieciséis
años de cárcel.
Tras una vista posterior al juicio, el juez encontró seis
circunstancias
agravantes,
entre
las
cuales
estaban
la
vulnerabilidad de la víctima y el serio peligro a la comunidad
que mostraba la conducta violenta del acusado. Por esa razón, el
juez le impuso a Cunningham una pena agravada de dieciséis años.
El
Tribunal
Supremo
federal
invalidó
este
sistema
bajo
el
siguiente razonamiento:
If the jury´s verdict alone does not authorize the
sentence, if, instead, the judge must find an
additional fact to impose the longer term, the
Sixth Amendment requirement is not satisfied. Id. a
la pág. 290.
Añadió el más alto foro:
[O]ur decisions from Apprendi to Booker point to
the middle term specified in California´s statutes,
not the upper term, as the relevant statutory
maximum. Because the DSL authorizes the judge, not
the jury, to find the facts permitting an upper
term
sentence,
the
system
cannot
withstand
measurement against our Sixth Amendment precedent.
Id. a la pág. 293.
Esta jurisprudencia permite a los estados mantener sistemas
para determinar sentencias, pero éstos deben estar en armonía
con el derecho a juicio por jurado consagrado en la Constitución
federal. Se viola la Sexta Enmienda en la medida en que se le
priva a un acusado el derecho a un juicio por jurado para
determinar los hechos que agravan su pena. La determinación de
hechos que sostiene una pena agravada tiene que ser adjudicada
CC-2007-65
14
por el jurado mediante prueba durante el juicio o en vista
separada, a menos que la ley le otorgue al juez una genuina
discreción con un margen de penas disponible ante un veredicto
de culpabilidad sin necesidad de determinar hechos adicionales.
Id. a la pág. 294.
En estas decisiones, el Tribunal Supremo de Estados Unidos
ha
establecido
claramente
la
validez
de
sistemas
para
sentenciar, siempre que no contravengan el derecho a un juicio
por jurado. En Cunningham v. California, id. a la pág. 294 n.
17, se mencionan con aprobación las reformas legislativas de
algunos estados para cumplir con las exigencias de Apprendi y
su progenie. Al examinar algunas de estas leyes estatales, se
pueden apreciar sistemas para determinar sentencias por razón
de circunstancias agravantes similares al de Puerto Rico (un
sistema de sentencias determinadas que establece un intervalo
de tiempo de castigo dentro del cual se selecciona una pena
fija).
Alaska
Stat.
§§
12.55.125(c)
y
12.55.155(f)
(2004);
Ariz. Rev. Stat. Ann. § 13-702.01 (West Supp. 2006). Ahora
bien, estos sistemas tienen que funcionar conforme con la norma
federal que requiere, salvo las excepciones antes mencionadas,
que los hechos que dan base para la pena agravada sean probados
ante un jurado más allá de duda razonable.
No existe problema de inconstitucionalidad en un sistema
para imponer sentencias determinadas que durante o después del
juicio delega al jurado la determinación de los hechos que
agravan la pena sobre el máximo estatutario; o que permite al
juez escoger una pena dentro de un intervalo sin tener que
hacer una determinación de hechos agravantes.
CC-2007-65
15
III-A
En síntesis, la imposición de una pena agravada por encima
del máximo estatutario tiene que basarse en una de las cuatro
alternativas
reconocidas
por
la
jurisprudencia
federal,
a
saber, (1) que el acusado admita los hechos que agravan la
pena; (2) que sea el jurado quien determine esos hechos más
allá de duda razonable; (3) que el acusado consienta a que el
juez
determine
esos
hechos
únicamente
para
propósitos
de
sentencia; o (4) bajo la excepción de agravantes por convicción
previa. Una vez determinados estos hechos conforme a la Sexta
Enmienda,
el
juez
tiene
discreción
para
imponer
la
pena
agravada o para seleccionar la pena dentro del intervalo fijado
en ley.
La pena agravada impuesta al Sr. Jaime Santana Vélez violó
la
cláusula
peticionario
constitucional
fue
acusado
de
por
juicio
el
por
delito
jurado.
de
El
homicidio
involuntario bajo el Código Penal de 1974. En su Artículo 86 se
provee para este delito una pena de reclusión de “un término
fijo de un (1) año”. Art. 86, 33 L.P.R.A. sec. 4005. La pena
podía
ser
agravantes
aumentada
o
o
disminuida
atenuantes.
Ibíd.
de
mediar
circunstancias
De
mediar
circunstancias
agravantes, la pena podía ser aumentada a tres (3) años.13 Así
pues, una convicción por el delito de homicidio involuntario
13
“Homicidio Involuntario
........
Cuando el homicidio involuntario se cometa por una
persona al conducir un vehículo de motor, se le impondrá pena
de reclusión por un término fijo de un (1) año. De mediar
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser
aumentada hasta un máximo de tres (3) años; de mediar
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo
de seis (6) meses y un día…”. 33 L.P.R.A. sec. 4005.
CC-2007-65
16
sin más, autoriza al juez sólo a imponer una pena de un (1)
año, no más. La imposición de una pena mayor entre (1) año y un
(1)
día,
y
tres
(3)
años,
depende
de
una
determinación
ulterior, a saber, los hechos agravantes.
Al igual que el Artículo 74 del Código Penal de 2004, 33
L.P.R.A. sec. 4702, el Artículo 58 del Código Penal de 1974, 33
L.P.R.A. sec. 3282, permitía al juez imponer una pena mayor en
los casos en que se determinaren circunstancias agravantes.
Esta adjudicación de hechos era mandatoria para imponer la pena
mayor
por
agravantes
y
no
constituía
una
mera
guía
discrecional. El juez no contaba con un intervalo dentro del
cual seleccionar la pena. Las disposiciones mencionadas no le
otorgaron al juez la facultad para seleccionar la pena agravada
dentro
del
intervalo
provisto
sino
que
era
necesaria
la
determinación de otros hechos. Tanto es así, que para sostener
la pena agravada contra el señor Santana Vélez en este caso, el
Tribunal
de
Apelaciones
intervino
indebidamente
tuvo
con
que
un
determinar
testigo
y
que
que
el
acusado
conducía
con
negligencia crasa. Estos hechos aumentaron la pena por encima
del máximo estatutario de un (1) año.
Debido a que para la pena que le fue impuesta al acusado
(3 años) era necesaria la determinación de hechos agravantes,
esto se debió hacer por medio de alguna de las formas antes
indicadas. Para imponer una pena mayor a la fija establecida
por
ley,
era
necesario
determinar
algunos
de
los
hechos
descritos en la Regla 171 de Procedimiento Criminal, supra R.
171 (antes de ser enmendada para atemperarla al Código Penal de
CC-2007-65
17
14
2004). En ausencia de esta determinación adicional de hechos,
el juez tenía que imponer la pena fija de un (1) año.15 No tenía
discreción para seleccionar una pena dentro del intervalo de
seis
(6)
meses
determinación
de
y
tres
hechos
(3)
años,
agravantes
en
o
ausencia
de
una
atenuantes.
En
ese
sentido, el caso es indistinguible de Cunningham v. California,
supra.
Para dictar una sentencia agravada al amparo de la Regla
171 es necesario hacer una adjudicación de hechos. Esto es, hay
14
“Regla 171. Sentencia; Prueba sobre circunstancias
atenuantes o agravantes
El tribunal, a propia instancia o a instancia del
acusado o del fiscal, con notificación a las partes o la
parte contraria, podrá oír, en el más breve plazo posible,
prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los fines
de la imposición de la pena.
(a) ........
(b) Se podrán considerar como circunstancias agravantes,
entre otras, las siguientes:
(1) Hechos relacionados con la comisión del delito
y con la persona del acusado incluyendo entre otros:
(A) El delito fue de violencia, se causó grave
daño corporal, o amenaza de causarlo y se evidenciaron hechos
que revelan una gran crueldad, ningún respeto humano y un
rechazo a las normas de la decencia.
........
(G) El acusado amenazó a los testigos,
ilegalmente evitó que los testigos asistieran a las vistas o
los indujo a cometer perjurio o en cualquier otro modo
obstaculizó el proceso judicial.
........
(O) La víctima del delito es una persona de
sesenta (60) años de edad o más.
........” 34 L.P.R.A. Ap. II R. 171.
15
“Sentencia Determinada
Cuando el tribunal condenare a pena de reclusión dictará
una sentencia determinada que tendrá término específico de
duración. En los casos de delito grave se impondrá el término
fijo establecido por ley para el delito. De existir
circunstancias agravantes o atenuantes, deberá aumentar o
disminuir la pena fija dentro de los límites establecidos en
la ley para el delito. En estos casos el término de reclusión
a imponerse también será fijo.” Art. 58 del Código Penal de
1974, 33 L.P.R.A. sec. 3282.
CC-2007-65
que determinar
si
algún
hecho
enumerado
por
la
18
regla se
encuentra presente. Como esta determinación de hechos expone al
acusado a una pena mayor, es imprescindible cumplir con las
exigencias del derecho a juicio por jurado. La adjudicación de
los hechos que agravaron la pena impuesta al acusado por parte
del Tribunal de Apelaciones y sin el peso de prueba requerido,
violó su derecho bajo la Sexta Enmienda.
Para efectos de esa disposición constitucional el máximo
estatutario para el delito de homicidio involuntario en este
recurso es un año de reclusión (pena fija en
triadas). En
Apprendi era de 10 años (la pena mayor dentro del intervalo de
5 a 10 años) y en Cunningham era de 12 años (pena fija antes de
imponer
agravantes).
analizada
en
Por
Blakely
otro
v.
lado,
la
ley
supra,
Washington,
de
Washington
establecía
un
término máximo estatutario para cada delito. Wash. Rev. Code
Ann. § 9.94A.320.
En ese estado, para exceder el margen del término provisto
(una pena por encima del intervalo), el juez debía hacer una
determinación de hechos con un quántum de prueba establecido
por
ley
(substantial
and
compelling
reasons
justifying
an
exceptional sentence). Wash. Rev. Code Ann. § 9.94A.120. En
otra disposición se establecían
los factores agravantes que
ilustraban al juez. Wash. Rev. Code Ann. § 9.94A.390. Estas
disposiciones,
al
igual
que
en
Puerto
Rico,
establecen
el
término
impuesto
por
la
comisión
de
delito
el
a
ser
un
y
proceso para determinar una pena agravada.
En
fin,
de
lo
anterior
se
desprende
que
no
existe
diferencia entre el sistema de triadas revisado en Cunningham
CC-2007-65
19
v. California, supra, el de márgenes revisado en Blakely v.
Washington, supra, y el nuestro, en cuanto a la Sexta Enmienda
se refiere. El estatuto de California establecía una pena fija
para las sentencias agravadas o atenuadas. En Washington se
establecía
un
margen
de
penas
sin
agravantes.
Blakely
v.
Washington, supra. Pero al igual que en Puerto Rico, se exige
que
para
imponer
la
pena
agravada
se
determine
el
hecho
adicional que lo justifica.
Estos sistemas requieren la presentación de prueba y una
determinación
sobre
los
hechos
que
incrementan
la
pena
establecida para el delito imputado. Por exigencia de la Sexta
Enmienda, esos hechos tienen que ser determinados por un jurado
más allá de duda razonable o admitidos por el acusado. Por
supuesto, este derecho constitucional se tiene que reconocer de
igual forma al imponer una pena agravada bajo las disposiciones
análogas del Código Penal de 2004. Arts. 70-74, 33 L.P.R.A.
secs. 4698-4702.
La pena agravada impuesta al peticionario no satisfizo las
exigencias constitucionales, pues el jurado no determinó las
circunstancias
agravantes
más
allá
de
duda
razonable
ni
el
acusado admitió los hechos que agravan la pena. Debido a que no
se dio ninguna de las excepciones señaladas para imponer una
pena
agravada,
era
necesario
que
el
jurado
determinara
los
hechos agravantes más allá de duda razonable. De lo anterior se
desprende que en algunas instancias se puede imponer una pena
agravada como la impugnada sin la participación del jurado.
Esto es permisible cuando: (1) el acusado admite los hechos que
agravan
la
pena;
(2)
el
acusado
consiente
a
que
el
juez
CC-2007-65
20
determine esos hechos únicamente para propósitos de sentencia;
o (3) cuando el agravante consiste en la reincidencia.
Los Artículos 58 y 86 del Código Penal del 1974, supra,
así como las Reglas 162.4 y 171 de Procedimiento Criminal,
supra, no impiden la aplicación de un sistema constitucional
para
determinar
una
sentencia
agravada.
Estas
disposiciones
permiten a un acusado: (1) admitir los hechos que agravarían su
pena; (2) que sea un jurado quien determine más allá de duda
razonable
estos
hechos
agravantes;
o
(3)
que
el
acusado
consienta a que el juez determine esos hechos únicamente para
propósitos de sentencia.
El problema que este recurso en particular presenta frente
a la Sexta Enmienda tiene que ver con el proceso seguido para
agravar la pena y no con las disposiciones legales señaladas.
Las disposiciones legales aquí impugnadas son constitucionales,
pues permiten la imposición de penas agravadas conforme a la
Sexta Enmienda. La violación de la Sexta Enmienda surgió al
aplicar la ley y no tiene que ver con el contenido de esta
última.
El
ordenamiento
jurídico
penal
en
controversia
es
válido. Al determinar los hechos que agravaron la pena, el
Tribunal
de
Apelaciones
aplicó
inconstitucionalmente
las
disposiciones aludidas.16
B
16
Del mismo modo, en varios estados se ha sostenido la validez
de sus estatutos bajo la norma federal, aunque se ha delimitado
su aplicabilidad de conformidad con la Sexta Enmienda y la
jurisprudencia federal. Véanse, López v. State of Colorado, 113
P.3d 713 (Co. 2005); Smylie v. State of Indiana, 823 N.E.2d 679
(Ind. 2005); State of Washington v. Hughes, 110 P.3d 192 (Wash.
2005); State of Oregon v. Dilts, 103 P.3d 95 (Ore. 2004).
CC-2007-65
21
En el futuro, cuando sea necesaria la adjudicación de los
hechos
agravantes
por
parte
del
jurado,
y
como
medida
profiláctica, el juez debe tener la discreción para decidir en
qué etapa procesal se presenta la evidencia a estos fines. Esta
norma es la más adecuada en ausencia de legislación sobre el
particular. La jurisprudencia federal permite presentar dicha
evidencia durante el juicio o posterior al veredicto. La razón
es sencilla: no complicar los procesos en aquellos casos en que
ello no se amerita.
Con
los
criterios
establecidos
en
la
Regla
19
de
Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 19, o en la Regla 403 de las
nuevas Reglas de Evidencia, vigentes a partir del 1 de enero de
2010, el juez puede decidir cuándo la prueba a ser presentada
al jurado antes de un veredicto puede afectar adversamente los
derechos del acusado y cuándo no. Le corresponde al juez que
preside el proceso hacer un análisis de las medidas necesarias
para salvaguardar la justicia en los casos específicos.
Cabe
señalar
que
mucha
de
la
prueba
que
sustenta
un
agravante es admisible en evidencia y es presentada durante el
juicio. Por ejemplo, cuando el agravante es la edad de la
víctima es casi inevitable que se presente ese factor al jurado
durante el juicio. En casos así, ordenar la bifurcación de los
procedimientos de forma automática llevaría a la presentación
de prueba acumulativa. Por eso, bajo este mismo análisis, otras
jurisdicciones
han
reconocido
la
idoneidad
de
una
regla
orientada a que el juez tenga discreción para decidir si los
agravantes se someterán al jurado durante el juicio o en una
vista
evidenciaria
luego
de
recaer
el
veredicto
de
CC-2007-65
22
culpabilidad. Véanse, Alaska Stat. § 12.55.155 (f) (2004); Kan.
Stat. Ann. § 21-4718(b)(2) (2005); Minn. Stat. § 244.10, subd.
5 (2005); N.C. Gen. Stat. Ann. § 15A-1340.16(a1) (Lexis 2005);
Wash. Rev. Code § 9.94A.537 (2006).
Por
último,
decisión
a
otros
conviene
aclarar
procesos
el
judiciales.
alcance
La
de
nuestra
norma
que
hoy
establecemos, conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo
federal en United States v. Booker, supra a la pág. 268, es de
aplicación retroactiva a toda determinación judicial pendiente
de revisión, o que no sea final y firme. En este caso, citando
a Grifith v. Kentucky, 479 U.S. 314, 328 (1987), el Tribunal
Supremo de Estados Unidos reiteró que “a new
rule for the
conduct of criminal prosecutions is to be applied retroactively
to all cases… pending on direct review or not yet final”. Esto
quiere decir que cuando se pauta una nueva norma constitucional
sobre
el
procedimiento
criminal
su
aplicación
a
casos
existentes es limitada. Estas exigencias podrían ser invocadas
únicamente en casos aún no resueltos o en los que todavía está
disponible
el
mecanismo
de
revisión
directa,
porque
no
son
finales y firmes. Pueblo v. González Cardona, 153 D.P.R. 765,
772 (2001).
Así pues, procede la devolución del caso al foro primario
para resentenciar al peticionario conforme al
criterio aquí
expuesto. Si el Ministerio Público lo solicita, debe celebrarse
una vista para establecer las circunstancias agravantes ante un
jurado.
culpable
La
disolución
por
impedimento
el
para
del
delito
jurado
de
constituir
que
homicidio
otro
encontró
al
involuntario
jurado
que
acusado
no
juzgue
es
los
CC-2007-65
agravantes.
Ante
hechos
similares,
igual
remedio
23
ordenó el
Tribunal Supremo de Indiana en Smylie v. State of Indiana, 823
N.E.2d 679 (2005).
Corresponde al fiscal evaluar este caso y decidir, en el
sano ejercicio de su discreción, si puede probar los hechos
agravantes ante un jurado, más allá de duda razonable. Ahora
bien, el exceso de velocidad constituye la negligencia que ya
es elemento esencial del delito de homicidio voluntario. Por lo
tanto,
ese
factor
no
puede
considerarse
como
circunstancia
agravante. En eso también erró el Tribunal de Apelaciones.
Tampoco se puede descartar el segundo factor agravante que
identificó el Tribunal de Apelaciones: las llamadas telefónicas
del peticionario para alegadamente inducir a una testigo de
cargo
a
cometer
perjurio.
En
todo
caso,
correspondería
al
jurado adjudicar el motivo de esas llamadas y determinar si las
considera hechos agravantes de la pena impuesta. Al abrogarse
esa función, el Tribunal de Apelaciones incidió.
En cambio, podría invocarse como agravante en este caso la
edad de la víctima, una persona de 83 años de edad. El texto de
la Regla 171(b)(1)(O) es claro: se considera agravante que la
víctima tenga 60 años de edad o más. Este subinciso se añadió a
la regla mediante la Ley Núm. 142 de 18 de julio de 1998. Es
correcto que el propósito del legislador fue castigar con una
pena mayor a aquéllos que se aprovechan de la edad mayor de la
víctima. Pero no es menos cierto, en primer lugar, que cuando
la letra de la ley es clara, no podemos negarnos a seguirla tan
sólo porque entendamos que la aplicación contemplada no fue la
intención de la Asamblea Legislativa. Art. 14 del Código Civil,
CC-2007-65
24
31 L.P.R.A. sec. 14; Alejandro Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R. 538
(1996).
En segundo lugar, la Exposición de Motivos de la Ley Núm.
142, supra, no descarta la aplicación de la Regla 171(b)(1)(O)
a la situación que nos ocupa. La Asamblea Legislativa expresó
un deseo de darle protección legal especial a las personas
mayores
de
60
años
porque
“nuestra
sociedad
ha
perdido
la
noción de la importancia de considerar, respetar y velar por el
bienestar
de
las
personas
de
edad
avanzada.”
Exposición
de
Motivos de la Ley Núm. 142, supra. Para el legislador, este
grupo poblacional “no cuenta[] con la fortaleza física y los
recursos
Ibíd.
necesarios
Aunque
para
el
defenderse…”
legislador
no
de
delitos
mencionó
el
variados.
homicidio
involuntario al enumerar ciertos delitos en la Exposición de
Motivos, es claro que la lista
no fue exhaustiva, pues se
refiere a los delitos enumerados, “entre otros.” Ibíd. Más aun,
la
Exposición
de
Motivos
no
distinguió
entre
delitos
de
negligencia o intención específica, sino que hizo claro lo que
surge del texto de la ley: “Existe consenso en que cualquier
tipo
de
delito
que
se
avanzada
debe
constituir
(énfasis
suplido).
Así
cometa
una
pues,
contra
una
persona
de
edad
circunstancia
agravante...”
no
descartar
se
puede
la
aplicación de ese agravante a este caso.
IV
En conclusión, este Tribunal resuelve hoy que la norma de
Apprendi y su progenie aplica a los procedimientos penales en
los tribunales de Puerto Rico. Por consiguiente, por imperativo
de la Sexta Enmienda de la Constitución federal, para imponer
CC-2007-65
25
una pena agravada, por encima de la pena máxima estatutaria
establecida para el delito imputado, tiene que concurrir alguna
de las siguientes circunstancias: (1) que el acusado admita los
hechos
que
agravan
la
pena;
(2)
que
sea
el
jurado
quien
determine esos hechos más allá de duda razonable; (3) que el
acusado
consienta
a
que
el
juez
determine
esos
hechos
únicamente para propósitos de sentencia; o por excepción, (4)
que el agravante se trate de una convicción previa. El texto de
la Regla 171 de Procedimiento Criminal, supra, es enteramente
compatible
con
estas
alternativas.
El
problema
de
inconstitucionalidad en este caso surge en la aplicación de la
regla al determinarse los agravantes sin la intervención de un
jurado ni la anuencia del acusado, y por mera preponderancia de
prueba.
Devuelto
el
caso
al
Tribunal
de
Primera
Instancia,
corresponderá al Ministerio Público decidir, en el ejercicio de
su discreción, si interesa probar los hechos agravantes, más
allá de duda razonable y ante un jurado insaculado para ese
propósito, o si se allana a que se sentencie al señor Santana
Vélez a la pena fija de un (1) año que el Artículo 86 del
Código
Penal
de
1974,
supra,
establecía
para
el
delito
homicidio involuntario, cuando se cometieron los hechos.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
de
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
CC-2007-65
v.
Jaime Santana Vélez
Peticionario
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera
Pérez a la cual se unen la Jueza Asociada señora Pabón Charneco
y el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo.
San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2009.
La Mayoría reconoce que la Enmienda Sexta de
la Constitución de Estados Unidos que garantiza en
todo proceso criminal al acusado un juicio rápido
y público por un jurado imparcial de un estado de
la
Unión
y
distrito
donde
se
haya
cometido
el
delito es un derecho fundamental que protege a las
personas
que
residen
o
transitan
jurisdicción de ese estado.
por
la
Sostienen que dicha
protección individual aplica a los estados de la
Unión a través de la clausula del debido proceso
de
ley
de
la
Enmienda
Decimo
Cuarta
Constitución de los Estados Unidos.
tal criterio.
de
la
Compartimos
CC-2007-65
2
Estamos conformes con el criterio de la Mayoría a los
efectos que “[d]esde que Duncan v. Lousiana, 391 U.S. 145
(1968) resolvió que (el derecho a juicio por jurado) es
´fundamental´ y, como tal aplicable a los estados… parece
razonable concluir que ese derecho es aplicable a Puerto
Rico bajo la doctrina de incorporación territorial”.
No obstante, la Mayoría en este caso dispone que la
Sentencia con agravantes impuesta al aquí peticionario de
reclusión por tres (3) años, bajo el beneficio de sentencia
suspendida,
es
jurisprudencia
inconstitucional
del
Tribunal
Supremo
a
la
de
luz
Estados
de
la
Unidos.
Entiende la Mayoría que la pena máxima que podía imponer el
Tribunal de Primera Instancia era la pena fija de un(1) año
dispuesta por el Código Penal de 1974, por no haber sido
aceptados por el acusado ni presentados al jurado prueba
sobre agravantes y no haber determinación alguna de dicho
cuerpo sobre esos extremos. DISENTIMOS de tal criterio y
curso de acción.
I
Por hechos acontecidos el 29 de noviembre de 2003 en
el Municipio de San Germán, el Ministerio Público presentó
el
9
de
agosto
Artículo 86 del
homicidio
Jaime
de
2004
una
denuncia
por
violación
al
Código Penal de 1974,17 tipificado como
involuntario, contra el aquí peticionario, señor
Santana
Vélez,
en
adelante
Sr.
Santana
Vélez.
Específicamente, se le imputó conducir negligentemente su
17
33 L.P.R.A.sec.4005.
CC-2007-65
3
vehículo de motor y de este modo haber causado la muerte
del señor Atiliano Vázquez, quien en ese momento cruzaba
por la calle.18
De
conformidad
con
ordenamiento
jurídico
involuntario
el
Sr.
para
Santana
lo
dispuesto
el
delito
Vélez
fue
en
nuestro
de
homicidio
juzgado
mediante
juicio por jurado.19 Durante el juicio el Ministerio Público
probó que el Sr. Santana Vélez actuó de manera negligente
al no disminuir la velocidad del vehículo que conducía a
pesar de que el sol le dificultaba la visibilidad en la
carretera.
En consecuencia, el jurado emitió veredicto de
culpabilidad en contra de éste por el delito de homicidio
involuntario.
Habiendo
encontrado
sido
convicto
el
acusado
por
el
juzgado
debidamente
delito
de
y
homicidio
involuntario, el Tribunal de Primera Instancia impuso al
acusado el cumplimiento de la sentencia con circunstancias
agravantes, siendo condenado a tres (3) años de reclusión
bajo el privilegio de sentencia suspendida.20
18
Además, el
Denuncia. Anejo I del Recurso de Certiorari, página 1.
19
Este delito es clasificado como menos grave con derecho a
juicio por jurado, por lo que el Ministerio Público
presentó el 3 de noviembre de 2004 el pliego acusatorio y
se procedió a su lectura formal.
20
El Artículo 86
del Código Penal, supra, dispone que
cuando el homicidio involuntario se cometa por una persona
al conducir un vehículo de motor, se le impondrá pena de
reclusión por un término fijo de un (1) año.
De mediar
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá
ser aumentada hasta un máximo de tres (3) años, de mediar
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un
mínimo de seis (6) meses y un (1) día. El Tribunal podrá
CC-2007-65
pago de una
multa
de
licencia de conducir.
$5,000.00
y
la
suspensión
de
4
su
La sentencia emitida no especificó
las circunstancias consideradas como agravantes del delito
de homicidio involuntario.
Inconforme con la imposición de la pena agravada, el
Sr. Santana Vélez apeló ante el foro intermedio apelativo.
En síntesis, alegó que se violó su derecho constitucional a
juicio por jurado ya que no se efectuó una vista para
determinar la presencia de las circunstancias agravantes
imputadas y, el jurado no tuvo la oportunidad de evaluar si
tales
circunstancias
razonable.
se
establecían,
más
allá
de
duda
Expresó además, que el foro primario no explicó
a la defensa los fundamentos para la imposición de la pena
con agravantes.21
Por su parte, el Ministerio Público en su alegato de
réplica a la apelación planteó que no existía controversia
real
sobre
los
hechos
agravantes
por
lo
que
no
era
Apelaciones acogió el argumento
del
y
las
necesario celebrar vista previa.22
El Tribunal de
Ministerio
Público
expuso
en
su
sentencia
circunstancias que, a su juicio y, según planteadas en el
alegato de réplica del Procurador General ante dicho foro,
imponer la pena de restitución en adición a la pena de
reclusión establecida o ambas penas.
21
Alegato presentado por la defensa ante el Tribunal de
Apelaciones. Anejo VII, página 19-34.
22
Alegato presentado por el Procurador General ante el
Tribunal de Apelaciones, página 39.
CC-2007-65
5
fueron la base para incrementar el máximo estatutario de la
pena impuesta al delito.
El
prescribe
Tribunal
la
de
Regla
Apelaciones
171
de
entendió
Procedimiento
que,
según
Criminal,
34
L.P.R.A. Ap. II R. 171, le eran de aplicación los incisos
(b)(1)(G) y (O) de la referida regla.23
El inducir a perjurio, conducta que se concluyó se
configuró cuando el acusado se comunicó en tres ocasiones
con una testigo de cargo que presenció los hechos.
De
acuerdo con la testigo, éste le expresó que “no iba a alta
velocidad, y ella le contestó que iba a decir lo que había
visto”.24
El segundo agravante al amparo del inciso (O) de la
Regla 171, supra, lo fue la edad avanzada de la víctima,
Sr. Atilano Vázquez, quien tenía al momento de los hechos
83 años.
Por último, se consideró como agravante del delito de
homicidio involuntario, el exceso del límite de velocidad
dentro de la zona en la que conducía el Sr. Santana Vélez.
Por su parte el acusado planteó ante el Tribunal de
Apelaciones que el exceder el límite de velocidad dentro de
una zona y la muerte ocasionada constituye la negligencia y
23
(G)El acusado amenazó a los testigos, ilegalmente evitó
que los testigos asistieran a las vistas o los indujo a
cometer perjurio o en cualquier otro modo obstaculizó el
proceso judicial.
(O)La víctima del delito era una persona de sesenta (60)
años o más de edad.
24
Testimonio de la testigo ocular señora Mildred Vélez
Pacheco. Anejo VI.
Exposición narrativa de la prueba,
página 2.
CC-2007-65
por tanto,
los
elementos
constitutivos
del
delito
6
de
homicidio involuntario, razón por la cual no pueden ser
considerados
como
agravantes.
Además,
sostuvo
que
el
agravante que recae sobre la mayoría de edad de la víctima
no le es de aplicación ya que el propósito del mismo es
castigar
aquellas
situaciones
en
las
cuales
el
acusado
comete el delito aprovechando la situación de desventaja
por edad de la víctima, elemento de intención que en el
presente caso estuvo ausente.
En cuanto al agravante por inducir a perjurio a una
testigo
de
cargo,
el
Sr.
Santana
Vélez
sostuvo
que
su
actuación no iba dirigida a inducir a la testigo a cometer
perjurio
y
en
efecto
la
testigo
no
incurrió
en
tal
conducta. Sostuvo además, que no se desfiló prueba sobre
las circunstancias agravantes.
Finalmente, el Tribunal de Apelaciones determinó que
las comunicaciones del acusado con la testigo principal de
la
fiscalía
y
la
negligencia
crasa
del
peticionario
al
conducir su vehículo de motor constituían los agravantes
que justificaban la imposición de la pena agravada sin la
necesidad de celebrar una vista especial.
Respecto a la
edad
“por
avanzada
de
la
víctima,
expresó
que:
existir
otros agravantes en el caso de autos no es necesario entrar
a resolver esta controvesia”25 confirmando de este modo la
sentencia apelada.
25
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, Región
Judicial de Mayagüez, Anejo IX, página 48.
CC-2007-65
Inconforme
aún,
el
Sr.
Santana
Vélez
acude
ante
7
nos
señalando que:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones
al confirmar la Sentencia del Tribunal de
Instancia que decreta una sentencia con
agravantes
contra
el
peticionario,
aduciendo a elementos inherentes en la
tipificación del delito como agravantes e
imputándole agravantes sin haberse probado
más allá de duda razonable por [sic]el
jurado.
II
El acusado plantea que por tratarse de un delito con
derecho a juicio por jurado, era el jurado quien debía
determinar
las
circunstancias
agravantes
conforme
a
los
principios esbozados por el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos en Apprendi v. New Jersey,26 y su progenie. En apoyo
de su reclamo trae ante nuestra consideración lo resuelto
en el caso Cunningham v. California.27
Arguye además, que
el exceso de velocidad no es una circunstancia agravante
sino que constituye la forma de negligencia que configuró
el
homicidio
involuntario.
Veamos
la
aplicación
de
la
casuística anteriormente citada a los hechos del presente
caso.
A.
La constitucionalidad de estatutos que imponen penas
mayores a un acusado ha sido recientemente discutida por la
26
531 U.S. 466 (2000).
27
549 U.S. 270 (2007).
CC-2007-65
8
Corte Suprema de los Estados Unidos en los casos Cunningham
v.
California,
supra,
Rita
v.
United
States,
551
U.S.
338(2007) y Oregon v Ice, 555 U.S.____(2009), resuelto el
14 de enero de 2009.
La reciente jurisprudencia reafirma y
elabora sobre la doctrina establecida en los casos Apprendi
y su progenie en torno a las garantías contenidas en la
Sexta Enmienda de los Estados Unidos.28
En
Apprendi v. New Jersey, supra, el Tribunal Supremo
de los Estados Unidos analizó la constitucionalidad de un
estatuto del estado de New Jersey que permitía al juez, al
momento
de
dictar
sentencia,
utilizar
factores
que
desfilaron durante el juicio como elementos para aumentar
la
pena
máxima
de
un
delito
sin
éstos
haber
sido
considerados por el jurado a base del criterio de “prueba
más allá de duda razonable”.
El acusado en este caso, el Sr. Charles Apprendi, fue
arrestado
por
afroamericana
disparar
que
hacia
el
recientemente
hogar
se
de
había
una
familia
mudado
al
vecindario. Durante el interrogatorio con la Policía éste
admitió que disparó al hogar de la familia por éstos ser
negros y no desearlos en el vecindario.
El Sr. Charles
Apprendi había realizado una alegación pre acordada con el
Ministerio Público en la que se declaró culpable, entre
28
In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy
the right to a speedy and public trial, by an impartial
jury of the State and district wherein the crime shall
have been committed, which district shall have been
previously ascertained by law, an to be informed of the
nature and cause of the accusation; to have compulsory
process for obtaining witnesses in his favor, and to have
the assistance of counsel for his defense.
CC-2007-65
9
otros cargos, del delito en segundo grado consistente en
utilizar un arma de fuego con propósitos ilegales.
El
estatuto de New Jersey tipificaba el utilizar un arma de
fuego
para
propósitos
ilegales
grado, con pena entre 5 a 10
como
delito
de
segundo
años. Sin embargo, dicho
estatuto permitía que esta pena fuese aumentada entre 10 a
20
años
si
el
juez,
determinaba
que
el
propósito
de
por
preponderancia
delito
intimidar
había
a
un
sido
de
la
cometido
individuo,
o
prueba,
con
el
grupo
de
individuos por razones de raza, color, género, impedimento,
religión, orientación sexual, u origen étnico.29
se
trataba
de
un
agravante
aquellos “actos motivados con
estatutario
Es decir,
dispuesto
la intención de
para
intimidar
cierto grupo”.
Por no estar alegado en la acusación, el Sr. Charles
Apprendi, no se declaró culpable del agravante constitutivo
de “actos motivados con la intención de intimidar cierto
grupo”. Sin embargo, luego de escuchar la prueba el juez
determinó por preponderancia de la prueba que el delito fue
cometido
por
motivaciones
de
prejuicio
racial
(”hate
crimes”). Por consiguiente, fue sentenciado a 12 años de
prisión por ese cargo, dos años más sobre la sentencia
máxima autorizada para el delito sin agravantes.
El
Tribunal
Supremo
de
los
Estados
Unidos
aceptó
revisar la decisión apelada y resolvió que el estatuto de
New
Jersey
que
permitía
al
juez
determinar
por
preponderancia de prueba los denominados “hate crimes” y,
29
N. J. Stat. Ann. Secc. 2C: 44-3 (e).
CC-2007-65
en consecuencia,
aumentar
el
término
de
una
10
sentencia
criminal por encima del máximo estatutario basado en esos
hechos agravantes, constituía una violación al derecho por
jurado consagrado en la Enmienda Sexta de la Constitución
de Estados Unidos.30
Cabe señalar que conforme a ésta decisión, cualquier
hecho que tienda a aumentar una sentencia más allá del
límite estatutario, tiene que ser alegado en la acusación y
probado
razonable
por
sin
el
Ministerio
distinción
Público
entre
más
allá
“elementos
del
de
duda
delito”
versus “elementos para dictar sentencia”.31 De éste modo se
30
“The Sixth Amendment demands that the fact of a prior
conviction, other than the fact of a prior conviction, any
fact that increases the penalty for a crime beyond the
prescribed statutory maximum must be submitted to a jury
and proved beyond a reasonable doubt”. Because the hatedcrime enhancement increased the punishment available to
the sentencing judge instead of raising the floor on the
sentencing range as a mandatory minimum would , the Court
would not allow the hated-crime enhancement to escape the
constitutional protections.” Apprendi v. New Jersey,530
U.S 466(2000).
31
Así lo resolvimos en Pueblo v. Montero Luciano, 169
D.P.R.____2006; 2006
T.S.P.R. 158, donde expresamos que
la Regla 48 de Procedimiento Criminal y la jurisprudencia
previa exigen alegar la reincidencia, ya que no constituye
un “sentencing factor” y al ser considerada tiene el
efecto de aumentar la sentencia. En esa ocasión resolvimos
que la Sec 7.04(b)(4) y (b)(5)era inconstitucional pues
violaba el derecho a notificación de cargos y a un debido
proceso de ley. Aclaramos que, la reincidencia equivale a
los “enhancements” en la jurisprudencia federal.
En Apprendi v. New Jersey ,supra se definen los “elementos
para dictar sentencia” o “ sentencing factors” de la
manera siguiente: “any element not found by a jury that
nevertheless affected the sentence impose by the judge”.
Cabe señalar que al respecto, en los casos AlmendarezTorres v. U.S., 523 U.S. 224 (1998) y Castillo v. U.S.,
530 U.S. 120 (2000), el Tribunal Supremo Federal argumentó
la diferencia entre “ hechos que son elementos del delito
CC-2007-65
11
garantiza el debido proceso de ley y el derecho a juicio
por jurado.
Lo pautado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos
en
Apprendi
v.
posteriormente
New
en
Jersey,
decisiones
supra,
ha
relativas
sido
a
reafirmado
éste
tema.
En
Blakely v. Washington,32 el Sr. Ralph Howard Blakely fue
acusado por el delito de secuestro en primer grado pero
hallado culpable por secuestro en segundo grado.
El sistema de sentencia de Washington - “The Reform
Act” –bajo el cual fue sentenciado el Sr. Blakely, disponía
para éste delito una pena máxima de 10 años de prisión.33
Este sistema establecía que un acusado no podía recibir una
sentencia sobre el “standard range” establecido para el
delito, es decir sobre 49 a 53 meses de prisión. También
dicho
estatuto
o
“Reform
Act”
contenía
unas
guías
y hechos relevantes únicamente para dictar sentencia. Sin
embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió a
favor de que los hechos que tendiesen a aumentar la pena,
tenían que ser considerados por el jurado. No obstante,
más enfáticos aún, en Apprendi, supra, el Tribunal Supremo
Federal expresó lo siguiente:
“merely labelling the hate-crime enhancement
as a sentencing factor could not allow New
Jersey
to
escape
constitutional
requirements”.
32
33
542 U.S. 296 (2004).
The Reform Act provided:
If no facts beyond those reflected in the
jury´s veredict were found by the trial
judge, a defendant could not receive a
sentence above a “standard range” of 49 to 53
months. The Reform Act permitted but did not
required a judge to exceed that standard
range if she found substantial and compelling
reasons justifying an exceptional sentence”.
Blakely v. Washington, 542 U.S. 296, 299
(2004).
CC-2007-65
mandatorias
de
circunstancias
agravantes
las
justificaban
el
aumento
sentencia,
si
de
la
12
cuales
el
juez
encontraba “substantial and compelling reasons justifying
an exceptional sentence.”34
El juez impuso al Sr. Blakely una pena de 90 meses
basado
en
que
el
delito
fue
realizado
con
“deliberada
maldad”, uno de los factores enumerados en el estatuto de
Washington.35
Acogido el recurso, el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos resolvió que el sistema de imposición de penas del
Estado
de
Washington
inconstitucional,
ya
que
bajo
“The
violaba
la
Reform
Act”
era
Sexta
Enmienda
al
autorizar que el juez aumentara la pena máxima para el
delito según sus propias determinaciones de hechos.
En
efecto,
el
Tribunal
sostuvo, que cualquier factor
Supremo
de
Estados
distinto a una
Unidos
convicción
previa que pudiera agravar la pena máxima estatutaria de un
delito, tenía que ser admitido por el acusado o sometido al
jurado, y sostenido por hechos admitidos o probados por el
jurado más allá de duda razonable. Por consiguiente, dado
que la “deliberada maldad” no había sido admitida por el
Sr. Blakely ni contenida en el pliego acusatorio, el juez
34
Wash. Rev. Code Ann. sec. 9.94 A (120) 2 (2000).
35
Blakely v. Washington, 542 U.S. 296, 300 (2004).
CC-2007-65
13
no tenía discreción para utilizar éste hecho y aumentar la
sentencia sobre el máximo estatutario de 53 meses.36
Posteriormente,
en
United
extendió la norma establecida
States
Booker,37
v.
se
en Blakely v. Washington,
supra, al “Federal Sentencing Guidelines”. Estas guías –al
igual que las contenidas en el sistema de sentencia de
Washington, “Reform Act” eran mandatorias, y permitían que
el
juez
tomara
en
cuenta
hechos
desfilados ante el jurado, y
a
adicionales
los
por preponderancia de la
prueba, aumentar el margen estatutario establecido.
El
Sr.
Freddie
Booker
fue
hallado
culpable
en
un
juicio por jurado por el delito de posesión y distribución
de drogas. El “Federal Sentencing Guidelines” establecía un
“statutory
range”
de
210
a
262
meses
de
prisión.
Sin
embargo, el juez consideró que la cantidad de sustancia
controlada
que
el
Sr.
Booker
determinada por el jurado.
poseía
era
mayor
que
la
Teniendo en cuenta este hecho
decidió sentenciar al acusado a 360 meses de prisión.
El Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que
las
disposiciones
de
la
Guía
de
Sentencia
Federal
que
ordenaban de manera mandatoria al juez sopesar hechos que
no
fueran
considerados
por
el
jurado
para
imponer
36
una
Al respecto, el Juez Antonin Scalia, quien articuló la
Opinión Mayoritaria del Tribunal expresó que tal como se
estableció en Apprendi, supra:
”judge´s authorithy to sentence derives
wholly from the jury´s verdict. Without that
restriction, the jury would not exercise the
control that the Framers intended”
37
543 U.S. 220 (2005).
CC-2007-65
14
sentencia, eran inconstitucionales y violaban el derecho
salvaguardado
en
la
Sexta
Enmienda.38
En
consecuencia,
fueron transformadas en recomendaciones para orientar al
juez en el ejercicio de su discreción.39
De esta manera, el
juez no estaba atado al “sentencing range” de las guías
mandatorias y la revisión apelativa de éstas
estaría
sujeta
particular,
el
al
criterio
Tribunal
de
razonabilidad.40
Supremo
de
los
sentencias
Sobre
Estados
el
Unidos
expresó lo siguiente:
“If the Guidelines as currently written could
be read as merely advisory provisions that
recommended, rather tan required, the selection
of
particular
sentences
in
response
to
differing sets of facts, their use would not
implicate the Sixth Amendment.
We have never
doubt the authorithy of a judge to exercise
broad discretion in imposing a sentence within
a statutory range. Indeed, everyone agrees that
the constitutional issues presented by [this
case] would have been avoided entirely if
Congress
had
omitted
from
the
Federal
38
“The Guidelines as written, however, are not advisory;
they are mandatory and binding on all judges” Blakely v.
Washington, supra.
39
La secciones modificadas lo fueron: 18 U.S.C.sec.3553
(b) (1) y 18 U.S.C.sec.3742(e).
La Corte Suprema Federal evaluó dos tendencias posibles:
a)…“would engraft
today´s
Sixth
requirement“
onto the existing
Amendment
jury
system
trial
y la segunda y acogida por la Corte Suprema
Federal:
b)“made the guidelines advisory while the same
time “maintaining a strong connection between
the sentence imposed and the offender´s real
conducta
connection
important
to
the
increased
uniformity
of
sentencing
that
Congress intended its Guidelines system to
achieve”. (Énfasis nuestro).
40
U.S. v. Booker, 543 U.S. 220, 261 (2005).
CC-2007-65
Sentencing Reform Act the provision that make
the Guidelines binding on district judges… For
when a trial judge exercises his discretion to
select a specific sentence within a defined
range, the defendant has no right to a jury
determination of the facts that the judge deems
relevant.”41
15
Dos (2) años más tarde, el Tribunal Supremo de Estados
Unidos
expidió
recurso
presentado
por
el
Sr.
John
Cunningham. El mismo fue resuelto el 22 de enero de 2007.42
En
este
caso,
en
el
Estado
de
California
se
encontró
culpable al Sr. Cunningham por el delito de agresión sexual
contra su hijo.
El
sistema
de
sentencia
determinada
de
California,
“DSL”43 disponía para éste delito una pena entre 6,12,16
años. Este sistema, “DSL” funcionaba a base de triadas de
sentencias fijas en las cuales el juez no tenía discreción
para seleccionar dentro del margen establecido, es decir
entre 6 y 16
años. En consecuencia, estaba obligado a
imponer la pena media a un acusado de delito en ausencia de
circunstancias agravantes o atenuantes.44 Sin embargo, si
el
juez
encontraba
algún
hecho
adicional
que
41
Íd., en la pág. 233. (Énfasis nuestro).
42
Cunningham v. California, 549 U.S. 270 (2007).
43
estuviera
En 1970, el Estado de California adoptó el sistema de
Sentencia determinada, “DSL” con el objetivo de mantener
la uniformidad y asegurar la proporcionalidad del castigo
y el delito.
44
“Cunningham´s sentencing judge had no discretion to
select a sentence within a range of 6 to 16 years. His
instruction was to select 12 years, nothing less and
nothing
more,
unless
he
found
facts
allowing
the
imposition of a sentence of 6 or 16 years.” (Énfasis
nuestro, Opinión Mayoritaria, Juez Ginsburg, Cunningham v.
California, supra.)
CC-2007-65
razonablemente
16
relacionado con la decisión emitida por el
jurado podía imponer la pena agravada. Estos hechos se
establecían
por
preponderancia
de
la
prueba
hacerlos constar oralmente en el record.
y
debía
En Cunningham v.
California, supra, el Juez, luego del veredicto del jurado,
consideró la vulnerabilidad de la víctima y la conducta
violenta del Sr. Cunningham, como circunstancias agravantes
que justificaban imponerle la pena agravada de 16 años.
En atención al reclamo del Sr. Cunningham, el Tribunal
Supremo
de
sentencia
Estados
Unidos
determinada,
determinó
“DSL”,
que
violaba
el
las
sistema
de
garantías
y
salvaguardadas de la Sexta y Decimocuarta Enmienda de la
Constitución de Estados Unidos toda vez que otorga al juez
autoridad única para hacer determinaciones de hecho para
una pena agravada o atenuada. Además, carecía de discreción
para imponer una sentencia dentro del intervalo o “range”
estatutario.
Fundamentó que, con excepción de casos de convicciones
previas, la determinación fáctica necesaria para agravar
las penas era provincia exclusiva del jurado, las cuales
tenían que ser probadas más allá de duda razonable. Por
consiguiente, el sistema de triada de sentencia establecido
impedía que el juez ejerciera su discreción para considerar
por
sí
mismo
hechos
que
le
permitieran
seleccionar
una
sentencia entre 6 y 16 años.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que el
Estado de California podía adoptar cualquiera de los dos
(2)
sistemas
incorporados
por
muchos
estados
y
que
son
CC-2007-65
17
consistentes con lo resuelto en los casos de Apprendi y
Blakely, supra. Se expresó el Alto Foro sobre este asunto
de la forma siguiente:
“We noted that several States have modified their
systems in the wake of Apprendi and Blakely to
retain determinate sentencing.
They have done so by:
a) calling upon the jury –either at a trial or in
a separated sentencing proceeding—to find any
fact necessary to imposition of an elevated
sentence. As earlier noted, California already
employs juries in this manner to determine
statutory sentencing enhancements.
b)“Other states have chosen to permit judges
genuinely to exercise broad discretion …within a
statutory
range
which
“everyone
agrees”,
45
encounters no Sixth Amendment shoal.”
En Rita v. United Status,46 el Tribunal Supremo de
Estados Unidos resolvió que, compatible con lo decidido en
Cunningham v. California, supra, una sentencia dictada con
circunstancias agravantes se presume válida si la misma
está comprendida dentro de los parámetros establecidos en
el estatuto.47
Conforme a la decisión del Tribunal Supremo de los
Estados Unidos, existen dos (2) alternativas para evitar
una
violación
de
la
Sexta
Enmienda.
En
un
sistema
de
sentencia determinada se puede, presentar al jurado todo
45
Cunningham v. California, supra. (Énfasis nuestro).
46
127 S. Ct. 2456 (2007).
47
”This Court´s Sixth Amendment cases do not automatically
forbid a sentencing court to take account factual matters
not determined by a jury and the increase the sentence in
consequence” Rita, supra, págs. 2465-2466.
CC-2007-65
hecho que
sea
pertinente
para
la
imposición
de
18
una
sentencia agravada; o permitir que los jueces ejerzan su
discreción
dentro
del
margen
estatutario,
lo
cual
no
presentaría problemas de violación al derecho a juicio por
jurado. Nos inclinamos por la segunda alternativa la cual
no
está
reñida
con
nuestro
sistema
de
imposición
de
sentencia.48
Nuestro ordenamiento jurídico no está basado en un
sistema de triada de sentencia sino que funciona a base de
un “sentencing range” o intervalo de sentencia donde se
establecen penas que fluctúan hacia un mínimo, en presencia
de
atenuantes
y
hacía
un
máximo,
en
presencia
de
agravantes. Esto permite que el juez ejerza su discreción
conforme
a
las
guías
codificadas
en
la
Regla
171
de
Procedimiento Criminal,49 la cual orienta la discreción del
juez dentro del intervalo de la pena.
Procedimiento
Criminal,50
establece
La Regla 162.4 de
los
procedimientos
adecuados para evitar un abuso de discreción y ofrecer al
acusado las garantías del debido proceso de ley.
Atendido el problema constitucional planteado ante
nos al amparo de la Sexta Enmienda de la Constitución de
los
Estados
Unidos,
procedemos
a
evaluar
el
aspecto
procesal de la imposición de la pena con circunstancias
48
Ejemplo de ello lo es Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R.
197 (1985). En dicho caso discutimos el modo de proceder
cuando el juez tiene ante su consideración circunstancias
atenuantes y agravantes.
49
34 L.P.R.A. Ap. II R. 171.
50
34 L.P.R.A. Ap. II R. 162.4.
CC-2007-65
19
agravantes, en ausencia de la celebración de una vista
evidenciaria de naturaleza adversativa.
B
El Sr. Santana Vélez fue acusado por el delito de
homicidio involuntario51 y sentenciado el 14 de septiembre
de 2005. La conducta del peticionario fue incurrida durante
la vigencia del anterior Código Penal, derogado el 9 de
agosto de 2004.
En Puerto Rico mediante la Ley 110 del 4 de junio de
1980,52 se eliminó el sistema de sentencia indeterminada y
se
estableció
un
sistema
de
pena
fija,
que
permitía
aumentar o disminuir la pena fija conforme a la presencia
de circunstancias agravantes o atenuantes. Bajo el sistema
de sentencia determinada, el juez no posee la discreción
“amplia” que concede el sistema de sentencia indeterminada
pero retiene cierto grado de discreción para apartarse de
la pena fija establecida para el delito por el cual es
hallado
culpable
el
acusado,
ya
para
reducirla
o
para
aumentarla.53
El Código Penal de 1974, incorporó este modelo de
Sentencias Determinadas.54
51
La pena fija en el Código Penal
Artículo 86 del Código Penal de 1974.
52
25 L.P.R.A. sec. 448.
E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y
Estados Unidos, Vol. III, Editorial Forum (1993), pág.
541.
53
54
Actualmente, el Nuevo Código Penal (2004), según
enmendado, provee un intervalo de pena para cada delito.
El Artículo 74 del Nuevo Código Penal, supra, ofrece unas
guías que sirven para orientar al juez en el ejercicio de
CC-2007-65
de 1974
para
el
delito
de
homicidio
20
involuntario se
estableció de acuerdo a la existencia de circunstancias
agravantes o atenuantes durante el transcurso de la acción
punible.
La
reclusión
de
sanción
un
(1)
básica
año.
constituía
De
un
existir
término
de
circunstancias
atenuantes, se podía reducir la reclusión a seis (6) meses
y un (1) día, y de existir circunstancias agravantes, ésta
podía ser incrementada a tres (3) años.
En nuestra jurisdicción el sistema de imposición de la
pena con circunstancias agravantes y atenuantes se rige por
lo dispuesto en la Regla 171 de Procedimiento Criminal,
supra, la cual dispone en lo pertinente lo siguiente:
El Tribunal, a propia instancia o a instancia
del acusado o del fiscal, con notificación a las
partes o a la parte contraria, podrá oír, en el
más
breve
plazo
posible,
prueba
de
circunstancias atenuantes o agravantes a los
fines de la imposición de la pena.
…
Durante
la
vigencia
del
Código
Penal
de
1974,
se
disponía que los factores pertinentes para el ejercicio de
la discreción del juez eran los establecidos en la Regla
171 de Procedimiento Criminal, supra, en armonía con el
Artículo 60, del Código Penal derogado.55
su discreción al momento de escoger la pena según el grado
de severidad correspondiente al delito.
55
33 L.P.R.A. sec. 3284. El Artículo 60 del Código Penal
de
1974,
proveía
una
enumeración
de
circunstancias
personales y de circunstancias relacionadas con el hecho
delictivo las cuales debían ser consideradas por el juez al
imponer la sentencia. El referido artículo disponía:
Los
objetivos
generales
que
informan
imposición de la pena son los siguientes:
la
CC-2007-65
21
Por tanto, al ejercer su discreción los jueces debían
regirse por los criterios establecido en la Regla 171 de
Procedimiento Criminal, supra, y el Artículo 60 del Código
Penal de 1974, conforme a los hechos y circunstancias de
(a) la protección de la sociedad y la prevención
de la delincuencia,(b) el castigo justo al autor
del delito,(c) la rehabilitación moral y social
del autor dentro de los recursos disponibles del
Estado,(d) el logro de la uniformidad en la
imposición de la pena, (e) la consideración de
la naturaleza disuasiva de la pena.
Dentro de los límites establecidos por la ley,
las penas se fijarán de acuerdo a la mayor o
menor gravedad del hecho cometido y tomando en
consideración,
entre
otras,
las
siguientes
circunstancias:
(a) la naturaleza de la acción u omisión
delictuosa, (b) los medios empleados,(c) la
importancia de los deberes transgredidos.,(d) la
extensión del daño [o] del peligro causado, (e)
la
edad,
educación,
historial
social
y
reputación del autor, (f)la conducta relacionada
con el delito antes, durante y después de la
comisión del mismo,(g) La calidad de los móviles
del
hecho,(h)
la
conducta
de
la
víctima
relacionada con la transacción delictuosa.
Las relaciones, circunstancias y cualidades
personales que aumenten o disminuyan la pena,
afectará[n] solamente a la persona a quien
correspondan."
La Dra. Dora Nevares Muñiz criticó en su análisis el
señalamiento de circunstancias del referido artículo, así
como la Regla 171 de Procedimiento Criminal, supra, porque
facilitaban la disparidad en la imposición de la sentencia,
propiciando disparidad y penas no proporcionales a la
severidad del delito. Es decir, en ocasiones las penas
impuestas en el Código Penal de 1974, no correspondían a la
severidad del delito ni propiciaban la uniformidad en las
sentencias para personas que cometen delitos con similar
severidad. (Sobre ésta discusión, véase Dora Nevares Muñiz,
Código Penal de Puerto Rico, Revisado y Comentada, Análisis
Editorial del Artículo 60, Instituto para el Desarrollo del
Derecho, Edición 1995, pág. 91. Véase además, Dora Nevares
Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Parte General, Quinta
Edición Revisada, Instituto para el Desarrollo del Derecho,
pág. 60).
CC-2007-65
22
cada caso en particular y a la situación individual de cada
convicto.56
Al
interpretar
las
disposiciones
antes
citadas
resolvimos que para sentenciar válidamente a un acusado por
un
delito
haberse
cuando
presentado
median
circunstancias
prueba
sobre
la
agravantes,
presencia
de
debe
tales
circunstancias durante una vista evidenciaría de naturaleza
adversativa.57 La evaluación sobre la presencia o ausencia
de circunstancias agravantes o atenuantes la gobierna el
derecho penal sustantivo.
La
Regla
162.4
de
Procedimiento
Criminal,
supra
dispone, lo siguiente:
Tanto el acusado como el fiscal podrán
solicitar del tribunal que escuche prueba de
circunstancias atenuantes o agravantes a los
fines de la imposición de la pena. Si de las
alegaciones sometidas surgiere que existe
controversia real sobre un hecho material que
requiriere la presentación de prueba, entonces
el tribunal celebrará una vista en el más
breve plazo posible, en la cual:
a) El
Fiscal
podrá
presentar
prueba
de
circunstancias agravantes que a su juicio
justifiquen
que
se
dicte
una
sentencia
rigurosa o el que no se deban suspender los
efectos de la sentencia o, en caso contrario,
que se impongan condiciones estrictas.
b) El acusado podrá presentar prueba de
circunstancias atenuantes que a su juicio
justifiquen que se dicte una sentencia benigna
o que se suspendan los efectos de la misma.
56
Pueblo v. Echevarría Rodríguez 128 D.P.R. 299,
(1991); Pueblo v. Castro Muñiz, 118 D.P.R. 625 (1987).
57
371
Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614 (1985).
Aquí establecimos que, no puede considerarse como prueba
de agravantes la información del oficial probatorio en el
informe pre sentencia.
CC-2007-65
23
Como bien indica la Regla 162.4, supra, en los casos
donde
existe
una
solicitud
para
que
el
acusado
sea
sentenciado con circunstancias agravantes o atenuantes se
puede
celebrar
una
vista.
Dicha
vista
puede
ser
a
solicitud de parte o ser señalada “motu propio” por el
Tribunal.
Esta
circunstancias
vista
agravantes
permite
o
controvertir
atenuantes
y
de
las
este
modo
orientar la discreción del juez al momento de seleccionar
la pena dentro del margen estatutario.
Cabe señalar que la
vista tal y como está cumple una función orientadora que se
limita a los “sentencing factors”, es decir, circunstancias
accidentales que influyen en la determinación de la pena
pero que, en sí mismos no constituyen el injusto penal.
No
obstante,
a
pesar
de
que
la
Regla
162.4
de
Procedimiento Criminal, supra, dispone dicho procedimiento,
la
jurisprudencia
reiterado
surgen
que
las
si
interpretativa
de
la
circunstancias
prueba
de
dicha
presentada
agravantes
o
regla
en
el
atenuantes
ha
juicio
y
no
existe controversia real sobre la presencia de alguna de
tales
circunstancias,
vista.58
Así
también,
necesario
celebrar
solicitan
y
no
no
hay
necesidad
de
celebrar
la
hemos
expresado
que
tampoco
es
dicha
existe
vista
cuando
controversia
las
real
partes
sobre
un
no
la
hecho
material que requiera la presentación de prueba.59
58
Pueblo v. Castro Muñiz, 118 D.P.R. 625, 636 (1987);
Pueblo v. Santiago Acosta, 121 D.P.R. 727, 743 (1988);
Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 D.P.R. 860 (1998).
59
Íd.
CC-2007-65
Por
Criminal,
otro
lado,
supra,
verbalmente
o
la
Regla
requiere
por
162.4
que
los
las
razones
escrito
imponen una pena particular.60
de
24
Procedimiento
tribunales
por
expliquen
las
cuales
Esta explicación cumple el
objetivo de evitar la “arbitrariedad en la imposición de
las penas”.
Cuando el Tribunal de Primera Instancia expone
las
que
razones
ha
tenido
al
imponer
una
pena
con
agravantes o atenuantes, facilita la función revisora de
los tribunales apelativos.
III
El reconocer a nuestros jueces la discreción dentro
del margen estatutario establecido; no está reñido con las
disposiciones de la Sexta Enmienda de la Constitución de
los Estados Unidos ni con la Constitución de Puerto Rico.
Esta discreción, dentro del margen estatutario, permite que
el juez evalúe las circunstancias agravantes y atenuantes
que modifican las penas, modo de proceder que es cónsono
con lo resuelto en Cunningham v. California, supra.
A tenor con la Regla 162.4 de Procedimiento Criminal,
supra, tanto el Ministerio Público como la defensa pueden
solicitar al Tribunal que escuche prueba de circunstancias
agravantes
o
atenuantes
a
los
fines
de
orientar
la
discreción judicial en la imposición de la pena dentro del
margen estatutario.
Esta vista no tiene que celebrarse en
presencia del jurado y la misma es imperativa siempre que
60
Pueblo v. Castro Muñíz, supra.
CC-2007-65
exista controversia real sobre
25
algún hecho material que
requiera la presentación de prueba.
En
el
caso
encontrado
ante
culpable
nos,
por
el
un
Sr.
jurado
homicidio involuntario bajo el
Santana
Vélez
fue
por
delito
de
el
derogado Código Penal de
1974. Los elementos constitutivos del delito de homicidio
involuntario, en esta modalidad, son la acción negligente
del acto y como resultado, la muerte de un ser humano. La
pena básica para dicho delito es un término de reclusión de
un (1) año. De existir atenuantes, se podía reducir a seis
(6) meses y un (1) día y de estar presentes agravantes, la
pena podía ser incrementada hasta tres (3) años.
El foro sentenciador impuso al Sr. Santana Vélez la
pena máxima de tres (3) años dispuesta en el Código Penal
de
1974
para
circunstancias
los
casos
en
que
estaban
agravantes.
El
acusado
se
presentes
acogió
al
beneficio de sentencia suspendida según dispuesto en la Ley
Núm. 259 del 3 de abril de 1946.61
La sentencia del Tribunal de Primera Instancia no hizo
mención alguna de las circunstancias agravantes presentes
para aumentar la pena fija establecida para el delito.
surge
del
expediente
que,
en
su
momento,
el
No
Ministerio
Público haya alegado y solicitado presentar prueba sobre la
presencia de circunstancias agravantes que permitieran al
juez
sentenciador
razonablemente
conformidad.
Por
61
sec. 1026.
34 L.P.R.A
tal
razón,
la
imponer
defensa
una
no
pena
de
solicitó
la
CC-2007-65
celebración
de
una
vista
adversativa
a
26
fines de
los
controvertir la prueba en su contra.
El Tribunal de Apelaciones, sin poseer los elementos
de juicio necesarios,
acogió el argumento presentado por
el
y
Procurador
General
determinó
como
circunstancias
agravantes las llamadas que el Sr. Santana Vélez hiciera a
la
testigo
ocular
del
accidente
como
de
inducir
a
tratar
un
intento
perjurio”
a
de
“persuadir
o
dicha
testigo.62
Asimismo, que la víctima era mayor de 60 años63
y, finalmente, que “el conductor haya continuado su marcha
a
dicha
velocidad
a
pesar
de
tener
la
luz
del
sol
obstruyéndole la visión”.64
Los hechos presentes manifiestan que no se desfiló
prueba sobre las circunstancias agravantes impuestas al Sr.
Santana
Vélez.
Unas
llamadas
telefónicas
no
constituyen
prueba suficiente para establecer sin más que el acusado
indujo a perjurio a la referida testigo.
No desfiló prueba alguna durante el juicio sobre el
contenido de las referidas conversaciones de manera que se
pudiese concluir que el acusado intentó lograr un acuerdo
con la testigo para que ofreciera testimonio falso, o que
le propuso tal curso de acción.
62
Regla 171 inciso (b) (1) (g) de Procedimiento Criminal,
34 L.P.R.A. R. 171.
63
Regla 171 inciso (b) (1) (o) de Procedimiento Criminal,
supra.
64
Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.
IX del Recurso de Certiorari, pág. 47.
Anejo
CC-2007-65
27
Por otro lado, se le imputó como agravante el hecho de
que la víctima era mayor de 60 años. Sobre el particular,
la Ley 142 del 18 de julio de 1998 enmendó la Regla 171 de
Procedimiento Criminal para incorporar los incisos “o” y
“p” a fin de incluir como circunstancias agravantes que la
víctima del delito fuera una persona de 60 años o más, o
que el delito se cometiera en una institución, albergue u
hogar
para
personas
de
60
años
o
más.
La
intención
legislativa, recogida en la Exposición de Motivos de dicha
ley, va dirigida hacia aquellos delitos en los que hubo la
intención criminal de aprovecharse de la avanzada edad de
la víctima.65 En el presente caso, es evidente que la edad
de la víctima no constituyó un factor o elemento junto con
el
acto
intencional
de
causarle
daño
que
configure
la
comisión del delito de homicidio involuntario.
Por último, no surge del expediente que el Ministerio
Público planteara durante la celebración de juicio, que se
tomara
en
cuenta
circunstancia
el
exceso
agravante.
de
velocidad
Precisamente,
como
bajo
una
las
circunstancias particulares de éste caso, fue el exceso de
velocidad la condición inherente a la negligencia propia
del homicidio involuntario.66
65
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 142 de 18 de julio
de 1998.
66
“Distíngase que, cuando se trata de muertes causadas por
conductores de vehículos de motor, el acusado puede haber
realizado varios actos ilegales que no equivalen a delitos
menos graves. Por ejemplo, no tocar bocina cuando la ley
lo requiere, conducir a velocidad mayor que el límite
autorizado, no detenerse ante una señal de pare. En estos
casos, si ocurre una muerte como consecuencia de tales
CC-2007-65
A la
luz
de
los
hechos
estimamos
que
en
el
presente
y
28
expuestos,
principios
caso,
existen
hechos
controvertidos que exigen la presentación de prueba en una
vista evidenciaria de naturaleza adversativa a los fines de
orientar la discreción del juez en la imposición de la
sentencia.
IV
Por
los
fundamentos
antes
respetuosamente
del
de
Revocaríamos
sentencia
la
curso
expuestos
acción
apelada
y
de
disentimos
la
Mayoría.
devolveríamos
el
presente caso al Tribunal de Primera Instancia para que el
Ministerio
Público
circunstancias
en
una
agravantes
vista
que
adversativa
tenga
a
bien,
pruebe
las
previamente
alegadas y debidamente notificadas al aquí peticionario.
Una vez el foro primario pueda determinar sobre este asunto
estaría en posición de sentenciar al aquí peticionario.
Efraín E. Rivera Pérez
Juez Asociado
actos será homicidio involuntario en la modalidad de
negligencia.” (Énfasis nuestro). Véase, los comentarios al
delito de Homicidio Involuntario, Dora Nevares Muñiz,
Código Penal de Puerto Rico, Instituto para el Desarrollo
del Derecho, Inc. Edición 1995, pág. 129-130.
“Cuando la circunstancia agravante o atenuante es un
elemento del delito o se trata de una condición que es
inherente al delito no puede ser doblemente considerada al
fijar la pena. En el derecho Comparado es lo que los
tratadistas denominan caso de inherencia expresa e
inherencia tácita.”
Véase, los comentarios a la
aplicabilidad
de
las
circunstancias
atenuantes
o
agravantes, Artículo 73, Dora Nevares Muñiz, Código Penal
de Puerto Rico, Instituto para el Desarrollo del Derecho,
Inc. Edición 2004-2005, pág. 100-101.