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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: David Rosado Cruz

2009 TSPR 158

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: David Rosado Cruz

AB-2005-134

Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la profesión de la abogacía por incumplimiento con requerimientos del Tribunal

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

2009 TSPR 158

v.

177 DPR ____

Jaime Santana Vélez

Peticionaria

Número del Caso: CC-2007-65

Fecha: 13 de octubre de 2009

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de

Mayagüez, Panel XIV

Juez Ponente:

Hon. Zaida Hernández Torres

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Víctor Santos Rivera

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Ricardo Alegría Pons

Procurador General Auxiliar

Materia: Art. 86 C.P.

Este documento constituye un documento oficial del

Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correccione

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nes del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como

un servicio

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2007-65

Jaime Santana Vélez

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2009

Este caso nos brinda la oportunidad de analizar

el sistema de imposición de penas del Código Penal

de

1974

a

la

luz

de

la

interpretación

que

del

derecho a juicio por jurado cobijado por la Enmienda

Sexta de la Constitución de los Estados Unidos ha

realizado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Veamos los hechos que originan esta controversia.

I.

El

Santana

29

de

Vélez

noviembre

(en

de

2003,

el

señor

Jaime

adelante

el Sr.

Santana

Vélez)

atropelló y causó la muerte al señor Atilano Vázquez

CC-2007-65

2

Santiago de 83 años de edad.

Se le celebró juicio por

jurado y fue encontrado culpable del delito de homicidio

involuntario codificado en el artículo 86 del Código Penal

de 1974.

Véase 33 L.P.R.A. sec. 4005 (2001) (derogado).

A

pesar de que el delito de homicidio involuntario bajo el

Código Penal de 1974 tiene una pena fija de un (1) año de

reclusión

Tribunal

en

lo

ausencia

sentenció

de

a

atenuantes

una

pena

o

de

agravantes,

tres

(3)

años

el

de

reclusión bajo el privilegio de sentencia suspendida y una

multa de $5,000.

El foro de instancia no celebró vista

para la presentación de prueba sobre agravantes ni realizó

determinación alguna con relación a éstos en la sentencia.

El

Tribunal

apelada.

durante

de

Apelaciones

confirmó

la

sentencia

Concluyó que se probaron al menos dos agravantes

el

juicio.

El

foro

intermedio,

a

base

de

la

exposición narrativa de la prueba, entendió que el acusado

indujo

a

perjurio

comunicarse

a

una

de

telefónicamente

las

con

testigos

ésta

previo a la celebración del juicio.

en

de

tres

cargo

al

ocasiones,

Por otro lado, dicho

foro consideró que la exagerada velocidad a la que se probó

que el peticionario conducía, equivalía a una negligencia

crasa.

que,

Ambos hechos constituían circunstancias agravantes

según

el

foro

intermedio,

validaban

la

sentencia

Tribunal

impuesta.

El

arguyendo

Sr.

que

Santana

la

Vélez

acudió

ante

este

sentencia

impuesta

está

reñida

con

su

derecho a juicio por jurado y lo resuelto por el Tribunal

Supremo de Estados Unidos en Apprendi v. New Jersey, 530

CC-2007-65

3

U.S. 466 (2000) y su jurisprudencia interpretativa, debido

a que un jurado no determinó los agravantes de la pena más

allá de duda razonable.

II.

La Enmienda Sexta de la Constitución de los Estados

Unidos garantiza que en todo proceso criminal el acusado

disfrutará del derecho a un juicio rápido y público por un

jurado

imparcial

del

estado

y

distrito

donde

se

cometido el delito. Véase Const. EE.UU., enmd. VI.

haya

Igual

garantía ofrece la Constitución del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico en su artículo II sección 11.

E.L.A. art. II, sec. 11.

Véase Const.

El derecho a juicio por jurado de

la Enmienda Sexta es un derecho fundamental que aplica a

los estados a través de la cláusula del debido proceso de

ley de la Enmienda Decimocuarta y, por lo tanto, a Puerto

Rico.1

Véase Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968);

Pueblo v. Laureano Burgos, 115 D.P.R. 447 esc. 6 (1984);

Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 esc. 14 (1986).

La función esencial del jurado es adjudicar los hechos

correspondientes del caso ante su consideración a base de

1

A pesar de lo resuelto en Balzac v. Porto Rico, 258 U.S.

298 (1922), el Profesor Álvarez González explica que

“[d]esde que Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968)

resolvió que [el derecho a juicio por jurado] es

‘fundamental’ y, como tal, aplicable a los estados . . .

parece razonable concluir que ese derecho es aplicable a

Puerto Rico bajo la doctrina de incorporación territorial”.

J.J. Álvarez González, Derecho Constitucional de Puerto

Rico y Relaciones Constitucionales con los Estados Unidos,

Bogotá, Editorial Temis S.A., 2009, pág. 428 citando a D.M.

Helfeld, How Much of the United States Constitution and

Statutes Are Applicable to the Commonwealth of Puerto Rico,

110 F.R.D. 452, 458 (1986) y J.J. Álvarez González, La

protección de los derechos humanos en Puerto Rico, 57 Rev.

Jur. U.P.R. 133, 150 (1988).

CC-2007-65

4

la evaluación de la prueba presentada y recibida en el

juicio.

Ap.

Regla 111 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.

R. 111; E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de

Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Editorial Forum,

1993, Vol. II, sec. 15.4, pág. 319.

Luego de determinados

los

las

hechos,

y

de

conformidad

con

instrucciones

del

juez, el jurado aplica el derecho, emitiendo el veredicto

que corresponda, siendo quien decide la cuestión última de

culpabilidad o inocencia del acusado.

Chiesa Aponte, op

cit., pág. 320; W.R. La Fave & J.H. Israel & N.J. King &

O.S.

Kerr,

Criminal

Procedure,

Thomson-West,

Minnesota,

2007, sec. 22.1 (a), pág. 5.

Si bien el veredicto del jurado representa la decisión

de

ese

cuerpo

sobre

la

responsabilidad

criminal

del

acusado, la adjudicación de la pena, en caso de veredicto

de culpabilidad, le corresponde al juez pues el derecho a

juicio por jurado no se extiende a dicha etapa.

Spaziano v. Florida, 468 U.S. 447 (1984).

Véase

Véase también

O.E. Resumil de Sanfilippo, Derecho Procesal Penal, Equity

de Puerto Rico, Hato Rey, 1990, sec. 5.3, pág. 68.

El

Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sin embargo, en una

serie

de

casos

comenzó

a

cuestionar

los

esquemas

de

sentencias establecidos por los estados a la luz de las

exigencias del debido proceso de ley, del derecho a juicio

por jurado cobijado por la Enmienda Sexta y del quantum de

CC-2007-65

5

prueba requerido para determinar factores agravantes de la

pena más allá del máximo permitido por ley.2

Así pues, en Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466

(2000), el Tribunal Supremo resolvió que cualquier hecho

que

agrave

la

estatutario,

pena

salvo

de

un

delito

más

allá

del

aquellos

hechos

relacionados

máximo

con

la

reincidencia, tiene que ser determinado por el jurado más

allá

de

duda

razonable

o

ser

aceptado

por

el

acusado.

(“Other than the fact of a prior conviction, any fact that

increases the penalty for a crime beyond the prescribed

statutory maximum must be submitted to a jury, and proved

beyond

a

reasonable

supra, pág. 490.

doubt.”)

Apprendi

v.

New

Jersey,

Indicó el Tribunal en esa ocasión que

históricamente ha existido una conexión entre el veredicto

de los jurados y la sentencia determinada por los jueces,

por

lo

que

la

pena

impuesta

al

acusado

tiene

que

corresponder a todos los hechos determinados por el jurado

más allá de duda razonable.

De esta manera, para propósitos del derecho a juicio

por jurado, el Tribunal estableció que cualquier hecho que

agrave la pena más allá del máximo estatutario, excepto

2

Véase McMillan v. Pennsylvania, 477 U.S. 79 (1986);

Almendarez-Torres v. United States, 523 U.S. 224 (1998);

Jones v. United States, 526 U.S. 227 (1999).

En estos

casos pre-Apprendi el Tribunal intentaba diferenciar si el

hecho agravante de la pena se trataba de elementos del

delito (“elements of the offense”) los que tenían que ir a

un jurado o de factores agravantes (“sentencing factors”)

que, originalmente, no tenían que ir a un jurado. Para un

resumen adecuado de los casos antes citados y su final

desenlace en Apprendi, véase W.R. La Fave & J.H. Israel &

N.J. King & O.S. Kerr, Criminal Procedure, Thomson-West,

Minnesota, 2007, sec. 26.4 (i), págs. 787-793.

CC-2007-65

aquellos

6

relacionados

con

la

reincidencia,

debe

ser

determinado por el jurado más allá de duda razonable, sin

hacer distinción entre si los hechos agravantes de la pena

son

elementos

del

delito

(“elements

of

the

offense”)

o

factores agravantes (“sentencing factors”).

En Apprendi, el acusado se declaró culpable de tres

delitos graves -dos cargos de segundo grado por posesión

ilegal de armas que conllevaban una pena de 5 a 10 años de

reclusión cada uno y otro de tercer grado por la posesión

de explosivos que conllevaba una pena de 3 a 5 años de

reclusión- por realizar disparos en contra de la residencia

de una familia afro-americana.

supra, págs. 469-470.

Apprendi v. New Jersey,

Según el acuerdo con Fiscalía, las

penas correspondientes a los cargos de posesión ilegal de

armas

se

cumplirían

concurrentes

con

explosivos.

Id. pág. 470.

enfrentaba

a

una

la

consecutivamente

pena

pena

por

la

entre

posesión

sí,

pero

ilegal

de

De esta manera, Apprendi se

máxima

agregada

de

20

años.

No

obstante, la pena de uno de los cargos por posesión ilegal

de armas podía ser agravada hasta un término de 20 años de

reclusión si el juez determinaba, por preponderancia de la

prueba,

que

el

delito

se

cometió

con

el

propósito

de

intimidar por razón de raza, color, género, incapacidad,

religión, orientación sexual u origen étnico.

Con la pena

agravada en ese delito, Apprendi se exponía a una pena

máxima agregada de 30 años.

En el acuerdo, la Fiscalía se reservó la prerrogativa

de solicitar la pena agravada y Apprendi el derecho de

CC-2007-65

7

impugnarla por considerarla inconstitucional.

Luego de la

celebración de una vista y la presentación de prueba por

parte de la Fiscalía, el juez determinó como cuestión de

hecho, que existía base para la pena agravada, por lo que

impuso una pena de 12 años en ese delito, mayor al límite

de

10

años

Tribunal

que

establecía

la

ley.

Supremo

anunció

la

norma

anteriormente

y

declaró

Id.

que

inconstitucional

pág.

471.

El

transcribimos

la

sentencia

impuesta, pues el estatuto en contra de los crímenes de

odio permitía que el juez impusiera una pena mayor a la que

se hubiese impuesto con el sólo veredicto de culpabilidad

del jurado.

Id. págs. 482-83.

Esta norma ha sido consistentemente reiterada por el

Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

En Blakely v.

Washington, 542 U.S. 296 (2004), el Tribunal revocó una

sentencia de 90 meses impuesta por un juez por el delito de

secuestro por estar reñida con la norma de Apprendi.

En

esa ocasión, el delito en particular tenía un intervalo de

pena de 49 a 53 meses.

juez

encontraba

justifying

an

Dicha pena podía ser agravada si el

“substantial

exceptional

and

compelling

sentence.”

Washington, supra, en la pág. 299.

reasons

Blakely

v.

El estado de Washington

arguyó que el delito de secuestro era clasificado como un

delito grave B (“class B felony”) para los cuales, por

estatuto, se establecía que tendrían una pena no mayor de

10 años.

De esta manera, arguyeron que no había problema

constitucional con Apprendi toda vez que la pena impuesta

CC-2007-65

8

estaba dentro del límite estatutario.

Id. en la pág. 303.

El Tribunal descartó este argumento indicando que:

[T]he “statutory maximum” for Apprendi purposes

is the maximum sentence a judge may impose solely

on the basis of the facts reflected in the jury

verdict or admitted by the defendant. . . .

In

other words, the relevant “statutory maximum” is

not the maximum sentence a judge may impose after

finding additional facts, but the maximum he may

impose without any additional findings. When a

judge inflicts punishment that the jury's verdict

alone does not allow, the jury has not found all

the facts “which the law makes essential to the

punishment,” . . . and the judge exceeds his

proper authority.

Blakely v. Washington, supra, en las págs. 303-04.

Así pues, el Tribunal aclaró en ese caso que el máximo

estatutario no es aquella pena máxima que podría imponerse

al considerar hechos agravantes de la pena, sino la pena

máxima que el juez puede imponer con el sólo veredicto de

culpabilidad

del

jurado,

sin

tener

que

realizar

determinaciones adicionales.

Esta norma fue extendida al ámbito federal en Booker

v.

U.S.,

543

Tribunal

U.S.

Supremo

220

(2005).

indicó

que

En

las

dicha

guías

ocasión,

el

federales

de

imposición de penas (“Federal Sentencing Guidelines”), las

cuales

regían

la

discreción

de

los

jueces

de

distrito

federales al imponer penas, eran inconstitucionales tal y

como fueron aprobadas por el Congreso, por permitir que

dichos jueces determinaran por preponderancia de la prueba

circunstancias

jurado.

y

el

agravantes

de

la

pena

en

ausencia

del

Según el Tribunal, el sistema de los “guidelines”

sistema

similares,

declarado

pues

en

inconstitucional

ambos

sistemas

los

en

Blakely

jueces

eran

estaban

CC-2007-65

9

obligados a imponer una pena establecida en un intervalo,

siendo

incapaces

de

imponer

una

sentencia

mayor

de

no

encontrar circunstancias agravantes.

El

Tribunal

Supremo,

no

obstante,

salvó

la

constitucionalidad de las guías al hacerlas discrecionales

y no mandatorias, estableciendo un sistema de discreción

total a los jueces de distrito federales en relación con la

imposición de penas, sujeta a una revisión en apelación

bajo

el

estándar

de

(“reasonableness”)3.

razonabilidad

Booker v. U.S., supra, pág. 261.

En la medida en que dicho

sistema permite que el juez imponga cualquier pena dentro

de un intervalo, independientemente de la determinación de

agravantes

o

atenuantes,

constitucionales

con

éste

Apprendi,

no

tiene

el

juez

pues

problemas

no

necesita

determinar hechos por sí mismo para agravar la pena, sino

que actúa dentro de la órbita de poder que un veredicto de

culpabilidad le concede.

Hace apenas dos (2) años, en Cunningham v. California,

549 U.S. 270 (2007), el Tribunal Supremo reiteró la norma

de Apprendi, Blakely y Booker.

En dicho caso, el Estado de

California tenía un sistema de imposición de penas en el

cual, en ausencia de que el juez encontrara agravantes o

atenuantes,

éste

intermedia.

En

venía

el

intermedia

era

de

atenuantes

la

pena

3

obligado

caso

12

en

años,

fija

era

a

imponer

la

pena

fija

cuestión,

la

pena

fija

de

mediar

circunstancias

de

6

y

años

de

mediar

En cuanto al estándar de razonabilidad (reasonableness) y

su aplicación por los Tribunales de Circuito Federales,

véase Rita v. U.S., 551 U.S. 338 (2007).

CC-2007-65

10

circunstancias agravantes la pena fija era de 16 años.

El

juez, al encontrar seis (6) circunstancias agravantes y una

atenuante, impuso la pena máxima de 16 años.

Supremo revocó dicha sentencia.

El Tribunal

Indicó que dicho sistema

contravenía la norma de Apprendi, Blakely y Booker, por ser

el juez y no el jurado el que encontraba los hechos que

podían agravar la pena más allá del límite estatutario.

El Tribunal descartó varios argumentos esbozados por

el Tribunal Supremo de California, el cual había validado

dicho sistema.

California arguyó que el límite estatutario

era

superior

el

sistema

límite

de

autorizaba

imposición

a

los

del

de

jueces

intervalo,

penas

a

toda

vez

establecido

tomar

en

que

el

simplemente

cuenta

hechos

que

tradicionalmente eran incidentales a la determinación de

una

sentencia

apropiada

en

un

intervalo

Cunningham v. California, supra, pág. 289.

California

comparó

su

sistema

al

determinado.

En ese sentido,

sistema

federal

post-

Booker. Id., pág. 291.

El Tribunal Supremo indicó que la ley de California

establecía

término

que

los

intermedio

jueces

debían

(“shall”)

como

sentencia,

en

imponer

el

ausencia

de

agravantes o atenuantes, por lo que los jueces no tenían

discreción

para

imponer

cualquier

pena

dentro

de

un

intervalo, sino que estaban obligados a imponer la pena

fija

intermedia

establecida.

Id.

en

la

pág.

292.

El

sistema, por tanto, no era comparable al sistema federal

post-Booker en el cual los jueces tienen total discreción

al

momento

de

imponer

penas,

independientemente

de

la

CC-2007-65

11

determinación de agravantes o atenuantes.

Por otro lado,

el Tribunal esbozó que la constitucionalidad del sistema

adoptado a la luz de Apprendi, Blakely y Booker no dependía

de

lo

que

California

podía

considerar

como

hechos

que

tradicionalmente los jueces determinaban en la imposición

de penas, sino que la norma seguía siendo que todo hecho

que

agrave

la

estatutario,

pena

de

salvo

un

delito

aquellos

más

allá

del

relacionados

límite

con

la

reincidencia, tiene que ser determinado por un jurado y

probado más allá de duda razonable.

Por

último,

el

Tribunal

ofreció

dos

alternativas

a

California y a los demás estados para mantener un sistema

de

sentencias

Sexta:

determinadas

que

no

violaran

la

Enmienda

1) establecer un sistema en el cual los jurados

durante el juicio, o luego del veredicto de culpabilidad,

determinen

los

agravantes

de

la

persona

convicta

o

2)

establecer un sistema de genuina discreción al juez, en el

cual

éste

pueda

imponer

cualquier

pena

que

entienda

pertinente dentro de un intervalo determinado, utilizando

las circunstancias atenuantes y agravantes como meras guías

de su discreción.

Así

pues,

jurisprudencia

es

clara

la

norma

de

Apprendi

interpretativa

según

esbozada

y

su

por

el

Tribunal Supremo.

Cualquier hecho que agrave la pena de un

acusado

más

del

hechos

relacionados

allá

límite

con

la

estatutario,

salvo

reincidencia,

aquellos

debe

determinado por un jurado más allá de duda razonable.

ser

El

límite estatutario es aquella pena máxima que el juez puede

CC-2007-65

12

imponer con el sólo veredicto de culpabilidad del jurado,

sin la necesidad de determinar hechos adicionales.

Ante

sistemas de sentencias determinadas, existen dos vías para

cumplir con la norma:

1) que sea un jurado, durante el

juicio o con posterioridad a éste, el que encuentre las

circunstancias

agravantes

de

la

pena

más

allá

de

duda

razonable o 2) establecer un sistema de genuina discreción

al juez en el cual éste tenga la autoridad para establecer

cualquier pena dentro de un intervalo, independientemente

de la determinación de agravantes y atenuantes, utilizando

éstos como meras guías de su discreción.

Debemos

analizar

el

sistema

de

imposición

de

penas

establecido bajo el Código Penal de 1974 para auscultar su

validez

a

la

luz

de

la

normativa

Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

establecida

por

el

Veamos.

III.

A diferencia del Código Penal de 2004 en el cual las

penas correspondientes a los delitos están determinadas por

el grado del mismo, el Código Penal de 1974 establece una

pena fija particular para cada delito, la cual puede variar

dependiendo de la existencia de atenuantes o agravantes.

Así,

el

delito

de

homicidio

involuntario

codificado

dicho Código, en su parte pertinente, expresa:

. . .

Cuando el homicidio involuntario se cometa por

una persona al conducir un vehículo de motor, se

le impondrá pena de reclusión por un término fijo

de

un

(1)

año.

De

mediar

circunstancias

agravantes, la pena fija establecida podrá ser

aumentada hasta un máximo de tres (3) años; de

en

CC-2007-65

13

mediar

circunstancias

atenuantes,

podrá

ser

reducida hasta un mínimo de seis (6) meses y un

día. El tribunal podrá imponer la pena de

restitución en adición a la pena de reclusión

establecida, o ambas penas.

. . .

Art. 86 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. sec.

4005. (Énfasis suplido).

De la lectura de dicho artículo, surge que el delito

de homicidio involuntario, cuando es causado al conducir un

vehículo de motor, conlleva una pena fija de un (1) año.

Para que un juez pueda imponer una pena mayor o menor a la

pena

fija

de

circunstancias

un

año,

es

agravantes

necesario

o

que

atenuantes.

se

Con

determinen

el

sólo

veredicto de culpabilidad del jurado, el juez sólo puede

imponer la pena fija establecida.

Por lo tanto, el límite

estatutario bajo Apprendi y Cunningham es el término fijo

establecido de un (1) año.

Nótese que el juez no tiene

discreción para establecer otra pena, si no es mediante la

determinación

de

hechos

adicionales

al

veredicto

del

jurado, pues el artículo en cuestión establece que “se le

impondrá pena de reclusión por un término fijo de un año”.

El artículo no establece que el juez podrá imponer, sino

que ordena que se le imponga dicha pena fija, limitando la

discreción de éste en ese ejercicio.

En ese sentido, el

texto de la ley es impositivo, no permisivo, por lo que el

juez está obligado a imponer la pena fija, en ausencia de

atenuantes o agravantes.

El límite a la discreción del juez en la imposición de

penas lo impone el propio Código Penal de 1974 en su Parte

CC-2007-65

General.

14

Así,

el

artículo

58

de

ese

cuerpo

de

ley

establece:

Cuando el tribunal condenare a pena de reclusión

dictará una sentencia determinada que tendrá

término específico de duración. En los casos de

delito

grave

se

impondrá

el

término

fijo

establecido por ley para el delito. De existir

circunstancias agravantes o atenuantes, deberá

aumentar o disminuir la pena fija dentro de los

límites establecidos en la ley para el delito. En

estos casos el término de reclusión a imponerse

también será fijo.

Art. 58 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A.

sec. 3282. (Énfasis suplido).

Según dicho artículo, los jueces al momento de imponer

sentencia

están

establecida

en

limitados

los

delitos

atenuantes y agravantes.

a

aplicar

graves,

la

en

pena

fija

ausencia

de

La determinación de la existencia

de circunstancias agravantes o atenuantes es la llave que

permite a los jueces desviarse de la pena fija establecida

y le concede discreción para imponer cualquier pena que

entiendan pertinente, dentro de los límites que el propio

delito establece.

Sin dicha determinación, no obstante, el

juez está impedido de imponer una pena mayor o menor de la

fija establecida.4

4

A pesar de que el delito de homicidio involuntario es

clasificado como menos grave, le es aplicable el artículo

58 por la pena ser de delito grave. En este sentido, dicho

delito es distinto a los demás delitos menos graves

estatuidos en el Código para los cuales, luego de las

enmiendas de 1980, la pena continuó siendo una pena de

reclusión no mayor de seis (6) meses, o multa no mayor de

quinientos (500) dólares. La pena del delito de homicidio

involuntario fue enmendada para atemperarla a la Ley de

Sentencias Determinadas y por esto el delito de homicidio

involuntario tiene una pena fija, al igual que todos los

delitos graves. Véase las Enmiendas Concordantes de la Ley

de Sentencia Determinada, Ley 101 de 4 de junio de 1980.

CC-2007-65

15

Al examinar la intención legislativa del artículo 58

del Código Penal de 1974, encontramos que ésta apoya la

interpretación que realizamos de su texto.

Dicho artículo

es producto de la Ley de Sentencias Determinadas, Ley 100

de

junio

4

de

1980,

34

L.P.R.A.

sec.

1044.

Según

la

exposición de motivos de la referida ley, la antigua Ley de

Sentencias Indeterminadas propiciaba “la disparidad en las

sentencias y no ofrecía certeza en cuanto a las penas a

imponerse por los delitos cometidos”.

Por lo tanto, la Ley

de Sentencias Determinadas tenía el propósito de que las

sentencias tuvieran “un mayor grado de certeza para que

operen como disuasivo de futura conducta criminal por parte

de los delincuentes potenciales y propicien uniformidad de

manera

que

cada

delito

se

castigue

de

acuerdo

con

su

gravedad”.

De manera que uno de los propósitos de la aprobación

de la Ley de Sentencias Determinadas, además de proveer

certeza

en

las

sentencias

impuestas,

fue

el

limitar

la

discreción de los jueces al aplicar las penas establecidas.

El antiguo sistema de sentencias indeterminadas propiciaba

la

disparidad,

toda

vez

que

ante

hechos

similares,

distintos jueces aplicaban penas dispares, por lo que la

administración de la justicia variaba intolerablemente de

juez a juez.

Así pues, la Ley de Sentencias Determinadas

vino a atender dicha anomalía, estableciendo penas fijas

para

cada

uno

de

los

delitos

graves,

discreción de los jueces de instancia.

limitando

así

la

CC-2007-65

16

Por tanto, el texto del artículo 58 del Código Penal,

la letra de cada uno de los delitos graves estatuidos en

dicho

Código,

Sentencias

y

la

intención

Determinadas

legislativa

apoyan

la

de

la

Ley

de

conclusión

de

que

los

jueces de instancia bajo el sistema del Código Penal de

1974

carecen

de

discreción

para

imponer

cualquier

pena

dentro del intervalo establecido en cada delito.

Al

analizar

el

sistema

de

imposición

de

penas

del

Código Penal de 1974 a la luz de la jurisprudencia federal

antes discutida, debemos concluir que nuestro sistema no es

tan distinto al sistema establecido por California, el cual

fue

declarado

Cunningham.

inconstitucional,

Cierto

es

que

en

aquel

su

aplicación,

sistema,

en

distinto

al

nuestro, es de triadas, es decir, que son posibles sólo

tres sentencias: la intermedia, la mínima o la máxima.

Sin

embargo, lo determinante para el análisis de Apprendi no es

si el sistema es de triadas o no, sino precisar si el juez

tiene discreción para imponer cualquier pena a través del

intervalo

o

viene

obligado

a

imponer

la

pena

fija

establecida para el delito, en ausencia de atenuantes o

agravantes.

En California, al igual que en Puerto Rico, el

juez

viene

obligado

salvo

que

haga

agravantes.

a

imponer

una

Apprendi

la

pena

determinación

y

los

casos

fija

de

intermedia,

atenuantes

subsiguientes

o

aplican

para prohibir que sea el juez quien agrave la pena más allá

del

límite

estatutario

al

determinar

por

sí

mismo

los

agravantes, sino que obliga a que éstos sean determinados

por el jurado más allá de duda razonable.

CC-2007-65

17

Aceptada la limitada discreción de nuestros jueces en

la

imposición

de

penas

bajo

el

Código

debemos

determinar

la

sistema,

tomando

consideración

en

solución

Penal

de

1974,

adecuada

para

nuestro

las

vías

que

dos

el

Tribunal Supremo ofreció a los estados en Cunningham para

cumplir

con

la

norma

de

Apprendi

y

poder

considerar

agravantes al momento de imponer la pena correspondiente en

casos

ventilados

ante

jurado.

A

la

luz

del

texto

del

Código Penal de 1974 y de la intención legislativa de la

Ley de Sentencias Determinadas, la creación de un sistema

de

imposición

discreción

de

penas

para

en

el

imponer

cual

la

el

juez

pena

tenga

que

total

entienda

correspondiente, independientemente de la determinación de

agravantes

o

atenuantes,

Legislativa

y

no

le

es

tarea

corresponde

de

a

la

Asamblea

este

Tribunal.

Interpretar que el artículo 58 del Código Penal de 1974 y

el texto de cada uno de los delitos que establecen penas

fijas

le

imponer

conceden

cualquier

discreción

pena

a

total

través

del

a

los

jueces

intervalo

no

para

sólo

vulneraría el claro texto de la ley, sino que desvirtuaría

también la intención legislativa plasmada en la Exposición

de Motivos de la Ley de Sentencias Determinadas.

Dicha

interpretación, además, sería un claro acto de legislación

judicial en violación a los más fundamentales preceptos de

nuestra Constitución y la doctrina de separación de poderes

que ésta promulga.

De modo que, la única solución que podemos adoptar

cónsona con el sistema de sentencia determinada del Código

CC-2007-65

Penal

de

18

1974

y

con

el

derecho

a

juicio

por

jurado

garantizado por la Enmienda Sexta es someter los agravantes

al

jurado

y

razonable.

que

éstos

sean

probados

más

allá

de

duda

Por lo antes expuesto, resolvemos que en casos

celebrados ante jurado bajo las disposiciones del Código

Penal

de

1974,

los

agravantes

de

la

pena

deben

ser

sometidos ante esa institución y ser probados más allá de

duda razonable, salvo que sean aceptados por el acusado.5

La solución que acogemos mantiene la esencia de nuestro

sistema de imposición de penas de conceder una limitada

discreción a los jueces de instancia al dictar sentencia,

respetando igualmente el derecho a juicio por jurado de los

acusados.6

Las

Reglas

de

norma

Procedimiento

que

hoy

Criminal

adoptamos,

pero

vigentes

no

tampoco

la

contemplan

la

impiden.

Es nuestra función establecer el procedimiento

que deberá seguirse en casos ventilados ante jurado.

En

casos en que los agravantes surjan de la prueba admisible

presentada,

el

Ministerio

Público

podrá

solicitar

al

Tribunal que éstos se le sometan al jurado en conjunto con

5

Esta norma no aplica a la imposición de penas en grado de

reincidencia. La reincidencia siempre debe ser alegada en

la acusación, excepto que sea aceptada por el acusado, pero

como exigencia del debido proceso de ley, no porque el

derecho a juicio por jurado de la Enmienda Sexta así lo

requiera. En ese sentido, véase Pueblo v. Montero Luciano,

res. 23 de octubre de 2006, 2006 TSPR 158; 169 D.P.R. ____

(2006).

6

Aun cuando no estamos ante un caso que se haya ventilado

bajo las disposiciones del Código Penal de 2004, los

principios constitucionales esbozados por el Tribunal

Supremo de los Estados Unidos, reconocidos en esta Opinión,

son igualmente aplicables a las disposiciones de dicho

Código.

CC-2007-65

19

la determinación de culpabilidad o inocencia.

En caso de

que el jurado emita un veredicto de culpabilidad, deberá

determinar igualmente si encontró probados más allá de duda

razonable los agravantes imputados.7

Por

el

contrario,

si

es

necesario

presentar

prueba

adicional a la requerida para establecer la comisión del

delito que no sería admisible durante el juicio o si el

juez considera que se le causaría un perjuicio indebido al

acusado

al

someter

los

agravantes

antes

de

rendirse

el

veredicto, entonces el procedimiento a seguir será similar

al que se lleva a cabo actualmente al amparo de las Reglas

de Procedimiento Criminal.

Procedimiento

podrán

Criminal

solicitar

del

Según las reglas 162.4 y 171 de

tanto

el

tribunal

acusado

que

como

escuche

el

fiscal

prueba

de

circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la

imposición

de

la

pena.

Véase

Reglas

162.4

y

171

de

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 162.4 & 171.

El Ministerio Público podrá hacer uso de las vistas que

conceden

dichas

reglas

para

presentar

prueba

agravantes que estime pertinentes imputar.

esos

casos,

no

sería

disuelto

sobre

los

El jurado, en

inmediatamente

luego

de

emitirse el veredicto, sino que tendrían que realizar la

7

En estos casos, el juez que presida los procedimientos

deberá emitir una instrucción al jurado a los efectos de

que deberán, en primera instancia, determinar si el acusado

es culpable o no culpable. Luego, de llegar a un veredicto

de culpabilidad, deberán considerar si, a base de la prueba

presentada para probar la comisión del delito, se probaron

más allá de duda razonable los agravantes imputados.

Del

jurado contestar en la afirmativa, el juez deberá tomar en

consideración dicha determinación al momento de imponer

sentencia.

CC-2007-65

20

determinación de los agravantes más allá de duda razonable

a base de la prueba desfilada en el juicio o a base de

prueba

adicional

dicha vista.

que

el

Ministerio

Público

presente

en

De los agravantes no ser probados más allá de

duda razonable por el jurado, el juez estará obligado a

imponer

la

pena

fija,

salvo

que

considere

probadas

circunstancias atenuantes que le permitan conceder una pena

menor.8

Por último, debe recordarse que por ser la norma que

establecemos

en

este

momento

de

carácter

constitucional

aplicable a los procesos penales, tiene efecto retroactivo

a todos aquellos casos que no hayan advenido finales y

firmes al día de hoy.

Pueblo v. González Cardona, 153

D.P.R. 765, 772 (2001); Griffith v. Kentucky, 479 U.S. 314

(1987).

En casos en los cuales el convicto alegue que su

sentencia

es

adoptada,

y

inconstitucional

así

sea

a

la

luz

determinado

por

el

de

la

tribunal,

norma

éste

deberá ser re-sentenciado al término fijo que establezca el

8

No existe exigencia constitucional de que los atenuantes

sean dirimidos por un jurado, pues la determinación de un

atenuante por parte del juez no expone al acusado a una

privación mayor de libertad que la determinación de

culpabilidad original rendida por el jurado. En Apprendi,

el Tribunal Supremo lo expresó de la siguiente manera:

“[i]f facts found by a jury support a guilty verdict of

murder, the judge is authorized by that jury verdict to

sentence the defendant to the maximum sentence provided by

the murder statute.

If the defendant can escape the

statutory maximum by showing, for example, that he is a war

veteran, then a judge that finds the fact of veteran status

is neither exposing the defendant to a deprivation of

liberty greater than that authorized by the verdict

according to statute, nor is the Judge imposing upon the

defendant greater stigma than that accompanying the jury

verdict alone. Core concerns animating the jury and burden

of proof requirements are thus absent from such a scheme.”

Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466 esc. 16 (2000).

CC-2007-65

21

delito correspondiente.

De ser el interés del Ministerio

Público en el proceso de re-sentencia que se imponga una

pena

con

instancia

jurado,

y

agravantes,

será

necesario

celebre

vista

para

sean

probados

que

una

éstos

que

estos

más

el

foro

de

fines

ante

un

allá

de

duda

razonable.9

IV.

En

este

culpable

del

caso,

el

delito

Sr.

de

Santana

Vélez

homicidio

fue

encontrado

involuntario.

Fue

sentenciado a una pena de reclusión de tres (3) años, bajo

el beneficio de sentencia suspendida, aun cuando el delito

de homicidio involuntario tiene una pena fija de un (1)

año.

Los agravantes no fueron aceptados por el acusado ni

presentados ante el jurado, por lo que dicho cuerpo no hizo

determinación alguna con relación a éstos.

La

sentencia

impuesta

al

Sr.

Santana

Vélez

es

inconstitucional a la luz de la norma adoptada en Apprendi

y su jurisprudencia interpretativa.

La pena máxima que

podía imponer el juez con el sólo veredicto del jurado era

la pena fija de un (1) año establecida en el artículo 86

del Código Penal de 1974.

9

Para imponer una pena mayor a

No existe problema de doble exposición con la celebración

de un proceso de re-sentencia frente a otro jurado.

En

dicho proceso no se juzgará nuevamente a la persona, pues

ya un jurado la declaró culpable, sino que se corregirá una

sentencia

inconstitucional.

Igual,

consideramos

que

cualquier reclamo de doble exposición que pueda levantar el

acusado, se entiende renunciado por éste al solicitar la

revisión de la sentencia.

Véase E.L. Chiesa Aponte,

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

Colombia, Editorial Forum, 1993, Vol. II, sec. 16.3, págs.

395-408. A manera persuasiva, véase Smylie v. Indiana, 823

N.E. 2d 679 (2005), en el cual se siguió idéntico

procedimiento.

CC-2007-65

22

esa, se debieron probar más allá de duda razonable y ante

el jurado las circunstancias agravantes que el Ministerio

Público quisiera imputar.

Por

revocación

los

de

fundamentos

la

antes

sentencia

expresados,

dictada

por

el

procede

la

Tribunal

de

Apelaciones e igualmente la sentencia impuesta por el foro

de instancia.

Se ordena la devolución del caso a dicho

foro para que se re-sentencie al Sr. Santana Vélez de forma

compatible con lo expuesto en esta Opinión.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2007-65

Jaime Santana Vélez

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2009

Por

los

fundamentos

expresados

en

la

Opinión que antecede, los cuales se incorporan

íntegramente a la presente, se dicta sentencia

revocando la sentencia dictada por el Tribunal

de

Apelaciones

e

igualmente

la

sentencia

impuesta por el foro de instancia. Se ordena la

devolución del caso a dicho foro para que se resentencie

al

Sr.

Santana

Vélez

de

forma

compatible con lo expuesto en esta Opinión.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo

Interina.

El Juez Asociado señor Martínez

Torres emite una Opinión de conformidad.

El

Juez Asociado señor Rivera Pérez emite una

Opinión disidente a la que se une la Jueza

Asociada señora Pabón Charneco y el Juez

Asociado señor Kolthoff Caraballo.

Juliana Mosquera Soler

Secretaria del Tribunal Supremo Interina

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2007-65

Jaime Santana Vélez

Peticionario

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2009.

El peticionario Jaime Santana Vélez arguye que

la sentencia que le fue impuesta viola su derecho a

juicio por jurado al amparo de la Sexta Enmienda a

la

Constitución

federal

y

su

jurisprudencia

interpretativa: Apprendi v. New Jersey, 530 U.S.

466

(2000);

Blakely

(2004);

United

(2005);

Cunningham

v.

States

v.

Washington,

542

U.S.

296

v.

Booker,

543

U.S.

220

California,

549

U.S.

270

(2007).

El Tribunal sostiene hoy la constitucionalidad

de

las

Reglas

162.4

y

171

de

Procedimiento

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 162.4 y 171, ya que

éstas no impiden la intervención del jurado en la

CC-2007-65

2

imposición de agravantes, según lo requiere la Sexta Enmienda.

Coincido plenamente con el análisis del Tribunal pero me parece

importante resaltar varios aspectos que justifican el dictamen

que hoy emitimos.

I

El Tribunal Supremo federal manifestó en Downes v. Bidwell,

182 U.S. 244 (1901), que luego del cambio de soberanía en las

postrimerías del Siglo XIX, Puerto Rico no fue incorporado a los

Estados Unidos, según ese término se utiliza en la Constitución

federal. Ese caso fue el inicio de una serie de jurisprudencia

federal conocida como los Casos Insulares. En esos casos, el

Tribunal Supremo decidió que el Congreso de los Estados Unidos,

al legislar para Puerto Rico, no tenía las mismas limitaciones

que la Constitución federal le impone frente a los estados.

En Balzac v. Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922), se expresó

que la Ley Orgánica de 2 de marzo de 1917, mejor conocida como

Ley Jones, no tuvo el efecto de incorporar a Puerto Rico la

cláusula de juicio por jurado de la Sexta Enmienda. Por voz de

su Juez Presidente Taft, el Tribunal Supremo expresó sobre las

disposiciones

constitucionales

que

“it

is

just

as

clearly

settled that they do not apply to territory belonging to the

United States which has not been incorporated into the Union”.

Id. a las págs. 304-305.

En ese caso se determinó que la Ley Orgánica de Puerto Rico

no era suficiente para incorporar a la Isla el derecho a juicio

por jurado dispuesto en la Sexta Enmienda, pues ese no fue el

CC-2007-65

3

propósito del Congreso. Para esa incorporación era necesaria la

declaración

expresa

o

una

fuerte

intención

de

parte

del

Insulares

resuelven

que

sólo

los

Congreso. Id. a la pág. 306.

Además,

“derechos

los

Casos

fundamentales”

de

la

Constitución

de

los

Estados

Unidos son de aplicación en Puerto Rico. Id. a las págs. 312313. Como el derecho a juicio por jurado en casos criminales no

se consideraba fundamental a principios del Siglo XX, no se

extendió a Puerto Rico.

Mucho ha transcurrido desde entonces. El 3 de julio de

1950, el Congreso aprobó la Ley Pública Núm. 600, P.L. 81-600,

64 Stat. 319 (1950), 1 L.P.R.A., 48 U.S.C.A. sec. 731b y ss. Al

amparo

de

esa

ley,

el

Pueblo

de

Puerto

Rico

aprobó

la

Constitución del Estado Libre Asociado, que entró en vigor el 25

de julio de 1952, luego de recibir la aprobación congresional

mediante la Ley Pública Núm. 447, P.L. 82-447, 66 Stat. 327

(1952), 1 L.P.R.A., 48 U.S.C.A. sec. 731d nota.10 De ese modo,

se estableció una relación que para aquel entonces era única

(unique) en el derecho estadounidense, ya que Puerto Rico se

convirtió en el primer territorio gobernado por una carta magna

redactada

por

sus

propios

habitantes.

Puerto

Rico

Dept.

of

Consumer Affairs v. Isla Petroleum Corp., 485 U.S. 495, 499

10

Sin embargo, en dicha Resolución, el Congreso de los

Estados Unidos no aprobó la Sección 20 del Artículo II.

Además, condicionó la vigencia de la Sección 5 del Artículo

II y la Sección 3 del Artículo VII a que se adoptara mediante

enmiendas un texto en específico. Dichas enmiendas no se

adoptaron

mediante

referendo

como

el

resto

de

la

Constitución, sino mediante la Resolución Núm. 34 de la

Convención Constituyente, de 10 de julio de 1952, es decir,

quince días antes de la vigencia de la carta magna.

CC-2007-65

4

(1988); Calero Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S.

663, 671-674 (1974).11

A partir de entonces, el Tribunal Supremo federal ha sido

consistente en reconocer que el propósito congresional tras la

Ley Pública Núm. 600 es que se le reconozcan a Puerto Rico la

autoridad y facultades internas similares a las de un estado de

la Unión. Puerto Rico v. Branstad, 483 U.S. 219, 229-230 (1987);

Rodríguez v. Popular Democratic Party, 457 U.S. 1, 8 (1982);

Examining Bd. v. Flores De Otero, 426 U.S. 572, 594 (1976);

Calero Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., supra a la pág. 673.

Lo

anterior

significa,

como

señaló

el

decano

David

M.

Helfeld, que Puerto Rico tiene que observar los mismos límites a

su autonomía interna que un estado de la Unión.

In the field of individual rights, if a state can

do it constitutionally, Puerto Rico can do it, and

vice versa. This principle would treat Puerto Rico,

by analogy, as equivalent to a state for the

purpose of defining the scope of individual

11

La situación de Puerto Rico ya no es única. Con

posterioridad al caso de Puerto Rico, otras áreas insulares

de los Estados Unidos siguieron el ejemplo de Puerto Rico y

redactaron sus propias constituciones, para regir sus asuntos

internos. Así, la Samoa Americana adoptó una Constitución

redactada localmente, que el Secretario del Interior aprobó

en 1960. El Congreso no intervino ya que nunca aprobó una ley

orgánica para ese territorio y dejó su organización en manos

de la Rama Ejecutiva del Gobierno federal. Pub. Res. 89, 70th

Cong.; 45 Stat. 1253 (1929), 48 U.S.C.A. sec. 1661(c). No

obstante, la Ley Pública Núm. 213 de 8 de diciembre de 1983,

97 Stat. 1462, 48 U.S.C.A. sec. 1662a, estableció que

cualquier enmienda o modificación a la Constitución de la

Samoa Americana podrá hacerse solamente mediante ley del

Congreso de los Estados Unidos.

Por otra parte, las Islas Marianas del Norte aprobaron

una Constitución local en 1978, por acuerdo (covenant) con el

Gobierno federal. Conforme a dicho acuerdo político, se

declaró

que

dicho

territorio

es

un

“self-governing

commonwealth… in political union with and under the

sovereignty of the United States of America….” Marianas

Covenant, Sec. 101.

CC-2007-65

constitutional

rights

vis-à-vis

Puerto

Rico

governmental actions....

This principle has been followed equally in

reverse: if a state cannot do it constitutionally,

neither

can

Puerto

Rico....

D.M.

Helfeld,

Applicability of the United States Constitution and

Federal Laws to the Commonwealth of Puerto Rico,

110 F.R.D. 449, 457 (1985).

Ante

Balzac

esa

realidad

moderna,

todavía

controla

la

la

cuestión

pregunta

de

la

obligada

5

es

si

aplicabilidad

en

Puerto Rico de la cláusula de juicio por jurado de la Sexta

Enmienda de la Constitución federal.

En Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968), el Tribunal

Supremo expresó que el derecho a juicio por jurado es un

derecho fundamental para la concepción americana de justicia.

Al

clasificar

el

derecho

a

un

juicio

por

jurado

como

fundamental, el Tribunal Supremo Federal se apartó de su

decisión

en

Balzac,

supra.

Tratándose

de

un

derecho

reconocido como fundamental, se extiende a los habitantes de

Puerto Rico, según la doctrina de los Casos Insulares. Dorr

v. United States, 195 U.S. 138, 148 (1904). Véanse, además,

Posadas de Puerto Rico Associates v. Tourism Co. of P. R.,

478

U.S.

328,

331

n.

1

(1986);

Rodríguez

v.

Popular

Democratic Party, supra a la pág. 7; Torres v. Puerto Rico,

442 U.S. 465, 469-470 (1979); Examining Bd. v. Flores De

Otero,

supra,

pág.

300

n.

30.

Por

tanto,

es

ineludible

concluir que la cláusula de juicio por jurado de la Sexta

Enmienda de la Constitución federal aplica a Puerto Rico. “En

cuanto al carácter no fundamental del derecho constitucional

federal a juicio por jurado, Balzac probablemente ya no es

buena ley.” J.J. Álvarez González, Derecho constitucional de

CC-2007-65

6

Puerto Rico y relaciones constitucionales con los Estados

Unidos,

Bogotá,

Editorial

Temis

S.A.,

2009,

pág.

428.

Consistente con esto, en Pueblo v. Laureano, 115 D.P.R. 447,

449

n.

6

(1984),

invocamos

a

Duncan

al

resolver

que

un

acusado de cometer ciertas infracciones a la Ley de Armas

clasificadas como delitos graves tenía derecho a un juicio

por jurado.

Coincido

con

el

decano

Helfeld

en

que

no

reconocer

la

aplicación en Puerto Rico del derecho constitucional federal a

juicio

por

jurado

justification,

en

casos

explaining

why

criminales

Puerto

“would

Rico

require

could

deny

a

a

fundamental right which no state can deny.” Helfeld, supra a la

pág. 458. Insistir en lo resuelto en Balzac luego del precedente

de Duncan, resultaría en que los ciudadanos americanos en Puerto

Rico

tendrían

menos

derechos

fundamentales

que

los

que

disfrutarían si estuvieran en cualquiera de los estados de la

Unión. Helfeld, supra a la pág. 458. Eso chocaría de frente con

la

disposición

de

privilegios

e

inmunidades

de

la

Ley

de

Relaciones Federales, Art. 2 de la Ley de 2 de marzo de 1917, 61

Stat. 772, 1 L.P.R.A., 48 U.S.C.A. sec. 737.12

Sostener la vigencia de Balzac después de Duncan sería

negar la igualdad de derechos fundamentales de los ciudadanos

americanos en Puerto Rico, lo que sería contrario al propósito

congresional de que se trate a Puerto Rico de forma análoga a un

12

“§ 2. [Privilegios e inmunidades]

Los

derechos,

privilegios

e

inmunidades

de

los

ciudadanos de los Estados Unidos se respetarán en Puerto Rico

hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuera un Estado de la

Unión y sujeto a las disposiciones del inciso 1 de la sec. 2

del Art. IV de la Constitución de los Estados Unidos.”

CC-2007-65

7

estado federado y a nuestro deber constitucional de garantizar

la justicia e igualdad a todos, al reafirmar “la lealtad a los

postulados

de

la

Constitución

Federal…”.

Preámbulo

de

la

Constitución de Puerto Rico, 1 L.P.R.A.

Establecida la aplicabilidad de la cláusula de juicio por

jurado de la Sexta Enmienda, hay que analizar entonces si la

actuación judicial que aquí revisamos es consistente con esta

garantía constitucional.

II

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en Apprendi v.

New Jersey, supra, y su progenie, delimitó la forma en que un

estado puede establecer su sistema de imposición de penas sin

menoscabar

el

derecho

a

un

juicio

por

jurado.

Esta

jurisprudencia sostiene que con la excepción de una convicción

previa, los hechos que incrementen la sentencia sobre el máximo

estatutario tienen que ser admitidos por el acusado o probados

más allá de duda razonable ante un jurado. La normativa esbozada

ha

suscitado

gran

debate

al

evaluar

el

impacto

de

estas

decisiones federales en los sistemas penales estatales.

En Apprendi, el acusado se declaró culpable de tres cargos

de segundo grado: dos por poseer un arma de fuego para uso

ilegal y otro de explosivos. Un estatuto del estado de New

Jersey (la ley contra crímenes de odios) autorizaba extender el

término de prisión fijado en ley. Un juez podía hacer esta

adición a la pena, por preponderancia de la prueba, si el delito

se cometió con el propósito de intimidar por razón de raza,

color,

género,

incapacidad,

religión,

orientación

sexual

u

origen étnico. Esto es, los hechos que fundamentaban la pena

CC-2007-65

8

agravada, a saber, la comisión del delito con el propósito de

intimidar a estos grupos, podían ser determinados por el juez

sin participación del jurado.

En este caso, el juez determinó que los delitos fueron

cometidos

para

intimidar

y

que

éstos

fueron

motivados

por

discrimen racial. Ante este hecho, el juez impuso una condena

extendida de 12 años. Esa condena conllevaba la determinación de

agravantes,

pues

(utilizar

un

exponía

una

a

con

arma

de

la

mera

fuego

sentencia

convicción

por

el

delito

el

acusado

para

uso

ilegal)

5

10

años

de

a

(intervalo

a

base

se

ser

utilizado por el juez), no de 12 años.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció que

existe un derecho a juicio por jurado para todo factor, con

excepción de una previa convicción, que incrementa la pena de un

crimen por encima del máximo estatutario como en este caso. En

aquella

ocasión,

el

sistema

utilizado

agravada

contra

el

acusado

fue

para

fijar

la

inconstitucional

pena

porque

restringió su derecho a juicio por jurado. Ya que el delito por

el que se declaró culpable el acusado (utilizar un arma de fuego

con propósitos ilegales) establecía una pena de 5 a 10 años, la

imposición de una pena de 12 años basada en hechos agravantes

era

inconstitucional.

Los

hechos

que

agravaban

la

pena

(el

propósito de intimidar) no fueron probados ante un jurado ni

admitidos

por

el

acusado.

El

acusado

se

declaró

culpable

(admitió los hechos) por la utilización del arma de forma ilegal

y no admitió que tuviera el propósito de intimidar (cuestión que

determinó el juez de forma inconstitucional). Para este factor

(un hecho) que aumentó la pena por encima del máximo estatutario

CC-2007-65

9

(10 años) era necesario que el acusado admitiera el hecho o que

éste fuera probado ante un jurado más allá de duda razonable.

El razonamiento del Tribunal Supremo federal se basó en la

concepción tradicional de la función del jurado en relación con

la imposición de la pena. Dicho Tribunal sostuvo que avalar el

sistema de imposición de penas impugnado sería contrario a la

Constitución

de

los

Estados

Unidos.

Desde

entonces,

muchos

estados han tenido que modificar sus estatutos penales para

atemperarlos a la norma esbozada. La norma establecida por el

más alto foro federal, lejos de impedir un sistema de agravación

de penas, establece los derechos de todo acusado frente a la

fijación de una pena agravada.

En

Blakely

v.

Washington,

supra,

el

Tribunal

Supremo

federal aplicó nuevamente la doctrina de Apprendi al sistema de

sentencias de Washington. Blakely secuestró a su esposa. Se

declaró culpable por delitos de secuestro, violencia doméstica y

armas. El estatuto penal establecía para el delito de secuestro

con un arma de fuego una sentencia de 49 a 53 meses de cárcel.

El

juez,

amparado

en

una

disposición

legal

que

permite

una

sentencia mayor si hay razones sustanciales para ello, condenó a

Blakely a cumplir 90 meses de prisión. Como razón sustancial, el

juez determinó el hecho de que el acusado actuó con crueldad

deliberada.

Al

igual

que

Apprendi,

se

trataba

de

una

pena

agravada fundamentada en una determinación de hechos que el

acusado no aceptó ni fue probada ante un jurado más allá de duda

razonable. En Blakely, el acusado admitió solamente los hechos

que configuraban el delito de secuestro en segundo grado.

CC-2007-65

10

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que el

máximo estatutario es la pena que el juez puede imponer por los

hechos reflejados en el veredicto del jurado o admitidos por el

acusado. Si la imposición de una pena mayor requiere que se

determinen hechos adicionales, esa pena está por encima del

máximo

estatutario.

El

Tribunal

insistió

en

que

toda

determinación de hechos que incremente el máximo estatutario

tiene que ser admitida por el acusado o probada ante un jurado

más allá de duda razonable. A estos efectos, se expresó:

[T]he relevant “statutory maximum” is not the

maximum sentence a judge may impose after finding

additional facts, but the maximum he may impose

without any additional findings. When a judge

inflicts punishment that the jury´s verdict alone

does not allow, the jury has not found all the

facts “which the law makes essential to the

punishment,”… and the judge exceeds his proper

authority”. Id. a las págs. 303-304 (cita omitida).

Añadió el máximo Tribunal:

Whether the judge's authority to impose an enhanced

sentence depends on finding a specified fact (as in

Apprendi), one of several specified facts (as in

Ring), or any aggravating fact (as here), it

remains the case that the jury's verdict alone does

not authorize the sentence. The judge acquires that

authority only upon finding some additional fact”.

Id. a la pág. 305.

Esta decisión reiteró la norma esbozada en Apprendi: Es

necesaria

la

admisión

jurado

para

imponer

hechos

adicionales

del

una

que

acusado

pena

o

la

agravada

agravan

la

determinación

que

pena.

se

Por

de

un

fundamenta

en

lo

tanto,

para

imponer una pena mayor a la establecida para el delito (máximo

estatutario)

cuando

se

requiere

la

determinación

de

hechos

adicionales a los del delito base, no se le puede privar al

acusado de su derecho a juicio por jurado.

CC-2007-65

11

Ahora bien, existe una excepción cuando el hecho agravante

es

reincidencia.

convicciones

Esta

previas

excepción

se

se

fundamenta

establecieron

en

en

que

las

procedimientos

anteriores que garantizaron los derechos del acusado, como lo

son el derecho a juico por jurado, la presunción de inocencia y

la

notificación

adecuada.

Además,

la

reincidencia

es

tradicionalmente un factor utilizado por los tribunales para

incrementar la sentencia. Véanse, Apprendi v. New Jersey, supra;

Jones v. United States, 526 U.S. 227 (1999); Almendarez-Torres

v. United States, 523 U.S. 224 (1998). Aun así, la reincidencia

siempre tiene que alegarse en la acusación, por exigencia del

debido

proceso

de

ley

(Const.

P.R.,

Art.

II,

Sec.

11,

1

L.P.R.A.) y no del derecho a juicio por jurado de la Sexta

Enmienda. Véase, Pueblo v. Montero Luciano, Opinión de 23 de

octubre de 2006, 2006 T.S.P.R. 158, 2006 J.T.S. 167, 169 D.P.R.

___ (2006).

Aplicada

la

norma

de

Apprendi

al

caso

de

Blakely,

el

Tribunal Supremo Federal concluyó que el sistema de imposición

de penas utilizado contra el acusado era inconstitucional. La

invalidez de este sistema se debió a que se le permitió al juez

determinar por sí solo unos hechos que agravaron la pena por

encima de la pena máxima sin agravantes. El acusado admitió un

delito que le exponía a una condena de 49 a 53 meses. Como la

determinación del hecho agravante (maldad deliberada) no fue

admitida por el acusado ni probada más allá de duda razonable

frente a un jurado, esta pena agravada de 90 meses no podía

sostenerse. Se resolvió de nuevo que debido a que el acusado

tiene un derecho a juicio por jurado, los hechos que aumentan

CC-2007-65

12

una pena sobre el límite establecido en ley tienen que ser

admitidos por el acusado o probados más allá de duda razonable.

En United States v. Booker, supra, el Tribunal Supremo de

los Estados Unidos tuvo la oportunidad de examinar las guías

federales para sentenciar. En este caso, se reafirmó la norma de

Apprendi para establecer lo siguiente:

Any fact (other than a prior conviction) which is

necessary to support a sentence exceeding the

maximum authorized by the facts established by a

plea of guilty or a jury verdict must be admitted

by the defendant or proved to a jury beyond a

reasonable doubt. Id. a la pág. 756.

Las guías federales para sentenciar se validaron por la

interpretación

que

constitucionales

al

se

les

dio.

disponer

que

Las

el

guías

juez

se

está

declararon

autorizado

a

imponer una pena dentro del intervalo fijado para el delito sin

tener que hacer una determinación adicional de la existencia de

agravantes.

Esto

es

muy

distinto

al

sistema

invalidado

en

Apprendi, donde para imponer una pena mayor a la autorizada, el

juez tenía que hacer una determinación de hechos no admitidos

por el acusado ni probados ante un jurado.

En Cunningham v. California, supra, el Tribunal Supremo

examinó las implicaciones de las Enmiendas VI y XIV sobre el

sistema de imposición de penas de California. Bajo la ley de

California, Cunningham podía ser sentenciado a una pena fija de

seis, doce o dieciséis años (sentencias determinadas), según las

circunstancias agravantes o atenuantes que se probaren. Esta ley

[determinate

sentencing

law

(DSL)]

sustituyó

el

régimen

de

sentencias indeterminadas que operó en California por más de 60

años. Según esta nueva ley de imposición de penas, el juez debía

CC-2007-65

imponer a

Cunningham

determinara

uno

o

una

más

sentencia

factores

de

12

agravantes

años,

o

13

salvo que

atenuantes.

De

determinar atenuantes la pena fija se reducía a seis años de

prisión pero de probarse agravantes la pena sería de dieciséis

años de cárcel.

Tras una vista posterior al juicio, el juez encontró seis

circunstancias

agravantes,

entre

las

cuales

estaban

la

vulnerabilidad de la víctima y el serio peligro a la comunidad

que mostraba la conducta violenta del acusado. Por esa razón, el

juez le impuso a Cunningham una pena agravada de dieciséis años.

El

Tribunal

Supremo

federal

invalidó

este

sistema

bajo

el

siguiente razonamiento:

If the jury´s verdict alone does not authorize the

sentence, if, instead, the judge must find an

additional fact to impose the longer term, the

Sixth Amendment requirement is not satisfied. Id. a

la pág. 290.

Añadió el más alto foro:

[O]ur decisions from Apprendi to Booker point to

the middle term specified in California´s statutes,

not the upper term, as the relevant statutory

maximum. Because the DSL authorizes the judge, not

the jury, to find the facts permitting an upper

term

sentence,

the

system

cannot

withstand

measurement against our Sixth Amendment precedent.

Id. a la pág. 293.

Esta jurisprudencia permite a los estados mantener sistemas

para determinar sentencias, pero éstos deben estar en armonía

con el derecho a juicio por jurado consagrado en la Constitución

federal. Se viola la Sexta Enmienda en la medida en que se le

priva a un acusado el derecho a un juicio por jurado para

determinar los hechos que agravan su pena. La determinación de

hechos que sostiene una pena agravada tiene que ser adjudicada

CC-2007-65

14

por el jurado mediante prueba durante el juicio o en vista

separada, a menos que la ley le otorgue al juez una genuina

discreción con un margen de penas disponible ante un veredicto

de culpabilidad sin necesidad de determinar hechos adicionales.

Id. a la pág. 294.

En estas decisiones, el Tribunal Supremo de Estados Unidos

ha

establecido

claramente

la

validez

de

sistemas

para

sentenciar, siempre que no contravengan el derecho a un juicio

por jurado. En Cunningham v. California, id. a la pág. 294 n.

17, se mencionan con aprobación las reformas legislativas de

algunos estados para cumplir con las exigencias de Apprendi y

su progenie. Al examinar algunas de estas leyes estatales, se

pueden apreciar sistemas para determinar sentencias por razón

de circunstancias agravantes similares al de Puerto Rico (un

sistema de sentencias determinadas que establece un intervalo

de tiempo de castigo dentro del cual se selecciona una pena

fija).

Alaska

Stat.

§§

12.55.125(c)

y

12.55.155(f)

(2004);

Ariz. Rev. Stat. Ann. § 13-702.01 (West Supp. 2006). Ahora

bien, estos sistemas tienen que funcionar conforme con la norma

federal que requiere, salvo las excepciones antes mencionadas,

que los hechos que dan base para la pena agravada sean probados

ante un jurado más allá de duda razonable.

No existe problema de inconstitucionalidad en un sistema

para imponer sentencias determinadas que durante o después del

juicio delega al jurado la determinación de los hechos que

agravan la pena sobre el máximo estatutario; o que permite al

juez escoger una pena dentro de un intervalo sin tener que

hacer una determinación de hechos agravantes.

CC-2007-65

15

III-A

En síntesis, la imposición de una pena agravada por encima

del máximo estatutario tiene que basarse en una de las cuatro

alternativas

reconocidas

por

la

jurisprudencia

federal,

a

saber, (1) que el acusado admita los hechos que agravan la

pena; (2) que sea el jurado quien determine esos hechos más

allá de duda razonable; (3) que el acusado consienta a que el

juez

determine

esos

hechos

únicamente

para

propósitos

de

sentencia; o (4) bajo la excepción de agravantes por convicción

previa. Una vez determinados estos hechos conforme a la Sexta

Enmienda,

el

juez

tiene

discreción

para

imponer

la

pena

agravada o para seleccionar la pena dentro del intervalo fijado

en ley.

La pena agravada impuesta al Sr. Jaime Santana Vélez violó

la

cláusula

peticionario

constitucional

fue

acusado

de

por

juicio

el

por

delito

jurado.

de

El

homicidio

involuntario bajo el Código Penal de 1974. En su Artículo 86 se

provee para este delito una pena de reclusión de “un término

fijo de un (1) año”. Art. 86, 33 L.P.R.A. sec. 4005. La pena

podía

ser

agravantes

aumentada

o

o

disminuida

atenuantes.

Ibíd.

de

mediar

circunstancias

De

mediar

circunstancias

agravantes, la pena podía ser aumentada a tres (3) años.13 Así

pues, una convicción por el delito de homicidio involuntario

13

“Homicidio Involuntario

........

Cuando el homicidio involuntario se cometa por una

persona al conducir un vehículo de motor, se le impondrá pena

de reclusión por un término fijo de un (1) año. De mediar

circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser

aumentada hasta un máximo de tres (3) años; de mediar

circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo

de seis (6) meses y un día…”. 33 L.P.R.A. sec. 4005.

CC-2007-65

16

sin más, autoriza al juez sólo a imponer una pena de un (1)

año, no más. La imposición de una pena mayor entre (1) año y un

(1)

día,

y

tres

(3)

años,

depende

de

una

determinación

ulterior, a saber, los hechos agravantes.

Al igual que el Artículo 74 del Código Penal de 2004, 33

L.P.R.A. sec. 4702, el Artículo 58 del Código Penal de 1974, 33

L.P.R.A. sec. 3282, permitía al juez imponer una pena mayor en

los casos en que se determinaren circunstancias agravantes.

Esta adjudicación de hechos era mandatoria para imponer la pena

mayor

por

agravantes

y

no

constituía

una

mera

guía

discrecional. El juez no contaba con un intervalo dentro del

cual seleccionar la pena. Las disposiciones mencionadas no le

otorgaron al juez la facultad para seleccionar la pena agravada

dentro

del

intervalo

provisto

sino

que

era

necesaria

la

determinación de otros hechos. Tanto es así, que para sostener

la pena agravada contra el señor Santana Vélez en este caso, el

Tribunal

de

Apelaciones

intervino

indebidamente

tuvo

con

que

un

determinar

testigo

y

que

que

el

acusado

conducía

con

negligencia crasa. Estos hechos aumentaron la pena por encima

del máximo estatutario de un (1) año.

Debido a que para la pena que le fue impuesta al acusado

(3 años) era necesaria la determinación de hechos agravantes,

esto se debió hacer por medio de alguna de las formas antes

indicadas. Para imponer una pena mayor a la fija establecida

por

ley,

era

necesario

determinar

algunos

de

los

hechos

descritos en la Regla 171 de Procedimiento Criminal, supra R.

171 (antes de ser enmendada para atemperarla al Código Penal de

CC-2007-65

17

14

2004). En ausencia de esta determinación adicional de hechos,

el juez tenía que imponer la pena fija de un (1) año.15 No tenía

discreción para seleccionar una pena dentro del intervalo de

seis

(6)

meses

determinación

de

y

tres

hechos

(3)

años,

agravantes

en

o

ausencia

de

una

atenuantes.

En

ese

sentido, el caso es indistinguible de Cunningham v. California,

supra.

Para dictar una sentencia agravada al amparo de la Regla

171 es necesario hacer una adjudicación de hechos. Esto es, hay

14

“Regla 171. Sentencia; Prueba sobre circunstancias

atenuantes o agravantes

El tribunal, a propia instancia o a instancia del

acusado o del fiscal, con notificación a las partes o la

parte contraria, podrá oír, en el más breve plazo posible,

prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los fines

de la imposición de la pena.

(a) ........

(b) Se podrán considerar como circunstancias agravantes,

entre otras, las siguientes:

(1) Hechos relacionados con la comisión del delito

y con la persona del acusado incluyendo entre otros:

(A) El delito fue de violencia, se causó grave

daño corporal, o amenaza de causarlo y se evidenciaron hechos

que revelan una gran crueldad, ningún respeto humano y un

rechazo a las normas de la decencia.

........

(G) El acusado amenazó a los testigos,

ilegalmente evitó que los testigos asistieran a las vistas o

los indujo a cometer perjurio o en cualquier otro modo

obstaculizó el proceso judicial.

........

(O) La víctima del delito es una persona de

sesenta (60) años de edad o más.

........” 34 L.P.R.A. Ap. II R. 171.

15

“Sentencia Determinada

Cuando el tribunal condenare a pena de reclusión dictará

una sentencia determinada que tendrá término específico de

duración. En los casos de delito grave se impondrá el término

fijo establecido por ley para el delito. De existir

circunstancias agravantes o atenuantes, deberá aumentar o

disminuir la pena fija dentro de los límites establecidos en

la ley para el delito. En estos casos el término de reclusión

a imponerse también será fijo.” Art. 58 del Código Penal de

1974, 33 L.P.R.A. sec. 3282.

CC-2007-65

que determinar

si

algún

hecho

enumerado

por

la

18

regla se

encuentra presente. Como esta determinación de hechos expone al

acusado a una pena mayor, es imprescindible cumplir con las

exigencias del derecho a juicio por jurado. La adjudicación de

los hechos que agravaron la pena impuesta al acusado por parte

del Tribunal de Apelaciones y sin el peso de prueba requerido,

violó su derecho bajo la Sexta Enmienda.

Para efectos de esa disposición constitucional el máximo

estatutario para el delito de homicidio involuntario en este

recurso es un año de reclusión (pena fija en

triadas). En

Apprendi era de 10 años (la pena mayor dentro del intervalo de

5 a 10 años) y en Cunningham era de 12 años (pena fija antes de

imponer

agravantes).

analizada

en

Por

Blakely

otro

v.

lado,

la

ley

supra,

Washington,

de

Washington

establecía

un

término máximo estatutario para cada delito. Wash. Rev. Code

Ann. § 9.94A.320.

En ese estado, para exceder el margen del término provisto

(una pena por encima del intervalo), el juez debía hacer una

determinación de hechos con un quántum de prueba establecido

por

ley

(substantial

and

compelling

reasons

justifying

an

exceptional sentence). Wash. Rev. Code Ann. § 9.94A.120. En

otra disposición se establecían

los factores agravantes que

ilustraban al juez. Wash. Rev. Code Ann. § 9.94A.390. Estas

disposiciones,

al

igual

que

en

Puerto

Rico,

establecen

el

término

impuesto

por

la

comisión

de

delito

el

a

ser

un

y

proceso para determinar una pena agravada.

En

fin,

de

lo

anterior

se

desprende

que

no

existe

diferencia entre el sistema de triadas revisado en Cunningham

CC-2007-65

19

v. California, supra, el de márgenes revisado en Blakely v.

Washington, supra, y el nuestro, en cuanto a la Sexta Enmienda

se refiere. El estatuto de California establecía una pena fija

para las sentencias agravadas o atenuadas. En Washington se

establecía

un

margen

de

penas

sin

agravantes.

Blakely

v.

Washington, supra. Pero al igual que en Puerto Rico, se exige

que

para

imponer

la

pena

agravada

se

determine

el

hecho

adicional que lo justifica.

Estos sistemas requieren la presentación de prueba y una

determinación

sobre

los

hechos

que

incrementan

la

pena

establecida para el delito imputado. Por exigencia de la Sexta

Enmienda, esos hechos tienen que ser determinados por un jurado

más allá de duda razonable o admitidos por el acusado. Por

supuesto, este derecho constitucional se tiene que reconocer de

igual forma al imponer una pena agravada bajo las disposiciones

análogas del Código Penal de 2004. Arts. 70-74, 33 L.P.R.A.

secs. 4698-4702.

La pena agravada impuesta al peticionario no satisfizo las

exigencias constitucionales, pues el jurado no determinó las

circunstancias

agravantes

más

allá

de

duda

razonable

ni

el

acusado admitió los hechos que agravan la pena. Debido a que no

se dio ninguna de las excepciones señaladas para imponer una

pena

agravada,

era

necesario

que

el

jurado

determinara

los

hechos agravantes más allá de duda razonable. De lo anterior se

desprende que en algunas instancias se puede imponer una pena

agravada como la impugnada sin la participación del jurado.

Esto es permisible cuando: (1) el acusado admite los hechos que

agravan

la

pena;

(2)

el

acusado

consiente

a

que

el

juez

CC-2007-65

20

determine esos hechos únicamente para propósitos de sentencia;

o (3) cuando el agravante consiste en la reincidencia.

Los Artículos 58 y 86 del Código Penal del 1974, supra,

así como las Reglas 162.4 y 171 de Procedimiento Criminal,

supra, no impiden la aplicación de un sistema constitucional

para

determinar

una

sentencia

agravada.

Estas

disposiciones

permiten a un acusado: (1) admitir los hechos que agravarían su

pena; (2) que sea un jurado quien determine más allá de duda

razonable

estos

hechos

agravantes;

o

(3)

que

el

acusado

consienta a que el juez determine esos hechos únicamente para

propósitos de sentencia.

El problema que este recurso en particular presenta frente

a la Sexta Enmienda tiene que ver con el proceso seguido para

agravar la pena y no con las disposiciones legales señaladas.

Las disposiciones legales aquí impugnadas son constitucionales,

pues permiten la imposición de penas agravadas conforme a la

Sexta Enmienda. La violación de la Sexta Enmienda surgió al

aplicar la ley y no tiene que ver con el contenido de esta

última.

El

ordenamiento

jurídico

penal

en

controversia

es

válido. Al determinar los hechos que agravaron la pena, el

Tribunal

de

Apelaciones

aplicó

inconstitucionalmente

las

disposiciones aludidas.16

B

16

Del mismo modo, en varios estados se ha sostenido la validez

de sus estatutos bajo la norma federal, aunque se ha delimitado

su aplicabilidad de conformidad con la Sexta Enmienda y la

jurisprudencia federal. Véanse, López v. State of Colorado, 113

P.3d 713 (Co. 2005); Smylie v. State of Indiana, 823 N.E.2d 679

(Ind. 2005); State of Washington v. Hughes, 110 P.3d 192 (Wash.

2005); State of Oregon v. Dilts, 103 P.3d 95 (Ore. 2004).

CC-2007-65

21

En el futuro, cuando sea necesaria la adjudicación de los

hechos

agravantes

por

parte

del

jurado,

y

como

medida

profiláctica, el juez debe tener la discreción para decidir en

qué etapa procesal se presenta la evidencia a estos fines. Esta

norma es la más adecuada en ausencia de legislación sobre el

particular. La jurisprudencia federal permite presentar dicha

evidencia durante el juicio o posterior al veredicto. La razón

es sencilla: no complicar los procesos en aquellos casos en que

ello no se amerita.

Con

los

criterios

establecidos

en

la

Regla

19

de

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 19, o en la Regla 403 de las

nuevas Reglas de Evidencia, vigentes a partir del 1 de enero de

2010, el juez puede decidir cuándo la prueba a ser presentada

al jurado antes de un veredicto puede afectar adversamente los

derechos del acusado y cuándo no. Le corresponde al juez que

preside el proceso hacer un análisis de las medidas necesarias

para salvaguardar la justicia en los casos específicos.

Cabe

señalar

que

mucha

de

la

prueba

que

sustenta

un

agravante es admisible en evidencia y es presentada durante el

juicio. Por ejemplo, cuando el agravante es la edad de la

víctima es casi inevitable que se presente ese factor al jurado

durante el juicio. En casos así, ordenar la bifurcación de los

procedimientos de forma automática llevaría a la presentación

de prueba acumulativa. Por eso, bajo este mismo análisis, otras

jurisdicciones

han

reconocido

la

idoneidad

de

una

regla

orientada a que el juez tenga discreción para decidir si los

agravantes se someterán al jurado durante el juicio o en una

vista

evidenciaria

luego

de

recaer

el

veredicto

de

CC-2007-65

22

culpabilidad. Véanse, Alaska Stat. § 12.55.155 (f) (2004); Kan.

Stat. Ann. § 21-4718(b)(2) (2005); Minn. Stat. § 244.10, subd.

5 (2005); N.C. Gen. Stat. Ann. § 15A-1340.16(a1) (Lexis 2005);

Wash. Rev. Code § 9.94A.537 (2006).

Por

último,

decisión

a

otros

conviene

aclarar

procesos

el

judiciales.

alcance

La

de

nuestra

norma

que

hoy

establecemos, conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo

federal en United States v. Booker, supra a la pág. 268, es de

aplicación retroactiva a toda determinación judicial pendiente

de revisión, o que no sea final y firme. En este caso, citando

a Grifith v. Kentucky, 479 U.S. 314, 328 (1987), el Tribunal

Supremo de Estados Unidos reiteró que “a new

rule for the

conduct of criminal prosecutions is to be applied retroactively

to all cases… pending on direct review or not yet final”. Esto

quiere decir que cuando se pauta una nueva norma constitucional

sobre

el

procedimiento

criminal

su

aplicación

a

casos

existentes es limitada. Estas exigencias podrían ser invocadas

únicamente en casos aún no resueltos o en los que todavía está

disponible

el

mecanismo

de

revisión

directa,

porque

no

son

finales y firmes. Pueblo v. González Cardona, 153 D.P.R. 765,

772 (2001).

Así pues, procede la devolución del caso al foro primario

para resentenciar al peticionario conforme al

criterio aquí

expuesto. Si el Ministerio Público lo solicita, debe celebrarse

una vista para establecer las circunstancias agravantes ante un

jurado.

culpable

La

disolución

por

impedimento

el

para

del

delito

jurado

de

constituir

que

homicidio

otro

encontró

al

involuntario

jurado

que

acusado

no

juzgue

es

los

CC-2007-65

agravantes.

Ante

hechos

similares,

igual

remedio

23

ordenó el

Tribunal Supremo de Indiana en Smylie v. State of Indiana, 823

N.E.2d 679 (2005).

Corresponde al fiscal evaluar este caso y decidir, en el

sano ejercicio de su discreción, si puede probar los hechos

agravantes ante un jurado, más allá de duda razonable. Ahora

bien, el exceso de velocidad constituye la negligencia que ya

es elemento esencial del delito de homicidio voluntario. Por lo

tanto,

ese

factor

no

puede

considerarse

como

circunstancia

agravante. En eso también erró el Tribunal de Apelaciones.

Tampoco se puede descartar el segundo factor agravante que

identificó el Tribunal de Apelaciones: las llamadas telefónicas

del peticionario para alegadamente inducir a una testigo de

cargo

a

cometer

perjurio.

En

todo

caso,

correspondería

al

jurado adjudicar el motivo de esas llamadas y determinar si las

considera hechos agravantes de la pena impuesta. Al abrogarse

esa función, el Tribunal de Apelaciones incidió.

En cambio, podría invocarse como agravante en este caso la

edad de la víctima, una persona de 83 años de edad. El texto de

la Regla 171(b)(1)(O) es claro: se considera agravante que la

víctima tenga 60 años de edad o más. Este subinciso se añadió a

la regla mediante la Ley Núm. 142 de 18 de julio de 1998. Es

correcto que el propósito del legislador fue castigar con una

pena mayor a aquéllos que se aprovechan de la edad mayor de la

víctima. Pero no es menos cierto, en primer lugar, que cuando

la letra de la ley es clara, no podemos negarnos a seguirla tan

sólo porque entendamos que la aplicación contemplada no fue la

intención de la Asamblea Legislativa. Art. 14 del Código Civil,

CC-2007-65

24

31 L.P.R.A. sec. 14; Alejandro Rivera v. E.L.A., 140 D.P.R. 538

(1996).

En segundo lugar, la Exposición de Motivos de la Ley Núm.

142, supra, no descarta la aplicación de la Regla 171(b)(1)(O)

a la situación que nos ocupa. La Asamblea Legislativa expresó

un deseo de darle protección legal especial a las personas

mayores

de

60

años

porque

“nuestra

sociedad

ha

perdido

la

noción de la importancia de considerar, respetar y velar por el

bienestar

de

las

personas

de

edad

avanzada.”

Exposición

de

Motivos de la Ley Núm. 142, supra. Para el legislador, este

grupo poblacional “no cuenta[] con la fortaleza física y los

recursos

Ibíd.

necesarios

Aunque

para

el

defenderse…”

legislador

no

de

delitos

mencionó

el

variados.

homicidio

involuntario al enumerar ciertos delitos en la Exposición de

Motivos, es claro que la lista

no fue exhaustiva, pues se

refiere a los delitos enumerados, “entre otros.” Ibíd. Más aun,

la

Exposición

de

Motivos

no

distinguió

entre

delitos

de

negligencia o intención específica, sino que hizo claro lo que

surge del texto de la ley: “Existe consenso en que cualquier

tipo

de

delito

que

se

avanzada

debe

constituir

(énfasis

suplido).

Así

cometa

una

pues,

contra

una

persona

de

edad

circunstancia

agravante...”

no

descartar

se

puede

la

aplicación de ese agravante a este caso.

IV

En conclusión, este Tribunal resuelve hoy que la norma de

Apprendi y su progenie aplica a los procedimientos penales en

los tribunales de Puerto Rico. Por consiguiente, por imperativo

de la Sexta Enmienda de la Constitución federal, para imponer

CC-2007-65

25

una pena agravada, por encima de la pena máxima estatutaria

establecida para el delito imputado, tiene que concurrir alguna

de las siguientes circunstancias: (1) que el acusado admita los

hechos

que

agravan

la

pena;

(2)

que

sea

el

jurado

quien

determine esos hechos más allá de duda razonable; (3) que el

acusado

consienta

a

que

el

juez

determine

esos

hechos

únicamente para propósitos de sentencia; o por excepción, (4)

que el agravante se trate de una convicción previa. El texto de

la Regla 171 de Procedimiento Criminal, supra, es enteramente

compatible

con

estas

alternativas.

El

problema

de

inconstitucionalidad en este caso surge en la aplicación de la

regla al determinarse los agravantes sin la intervención de un

jurado ni la anuencia del acusado, y por mera preponderancia de

prueba.

Devuelto

el

caso

al

Tribunal

de

Primera

Instancia,

corresponderá al Ministerio Público decidir, en el ejercicio de

su discreción, si interesa probar los hechos agravantes, más

allá de duda razonable y ante un jurado insaculado para ese

propósito, o si se allana a que se sentencie al señor Santana

Vélez a la pena fija de un (1) año que el Artículo 86 del

Código

Penal

de

1974,

supra,

establecía

para

el

delito

homicidio involuntario, cuando se cometieron los hechos.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

de

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

CC-2007-65

v.

Jaime Santana Vélez

Peticionario

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor Rivera

Pérez a la cual se unen la Jueza Asociada señora Pabón Charneco

y el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo.

San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2009.

La Mayoría reconoce que la Enmienda Sexta de

la Constitución de Estados Unidos que garantiza en

todo proceso criminal al acusado un juicio rápido

y público por un jurado imparcial de un estado de

la

Unión

y

distrito

donde

se

haya

cometido

el

delito es un derecho fundamental que protege a las

personas

que

residen

o

transitan

jurisdicción de ese estado.

por

la

Sostienen que dicha

protección individual aplica a los estados de la

Unión a través de la clausula del debido proceso

de

ley

de

la

Enmienda

Decimo

Cuarta

Constitución de los Estados Unidos.

tal criterio.

de

la

Compartimos

CC-2007-65

2

Estamos conformes con el criterio de la Mayoría a los

efectos que “[d]esde que Duncan v. Lousiana, 391 U.S. 145

(1968) resolvió que (el derecho a juicio por jurado) es

´fundamental´ y, como tal aplicable a los estados… parece

razonable concluir que ese derecho es aplicable a Puerto

Rico bajo la doctrina de incorporación territorial”.

No obstante, la Mayoría en este caso dispone que la

Sentencia con agravantes impuesta al aquí peticionario de

reclusión por tres (3) años, bajo el beneficio de sentencia

suspendida,

es

jurisprudencia

inconstitucional

del

Tribunal

Supremo

a

la

de

luz

Estados

de

la

Unidos.

Entiende la Mayoría que la pena máxima que podía imponer el

Tribunal de Primera Instancia era la pena fija de un(1) año

dispuesta por el Código Penal de 1974, por no haber sido

aceptados por el acusado ni presentados al jurado prueba

sobre agravantes y no haber determinación alguna de dicho

cuerpo sobre esos extremos. DISENTIMOS de tal criterio y

curso de acción.

I

Por hechos acontecidos el 29 de noviembre de 2003 en

el Municipio de San Germán, el Ministerio Público presentó

el

9

de

agosto

Artículo 86 del

homicidio

Jaime

de

2004

una

denuncia

por

violación

al

Código Penal de 1974,17 tipificado como

involuntario, contra el aquí peticionario, señor

Santana

Vélez,

en

adelante

Sr.

Santana

Vélez.

Específicamente, se le imputó conducir negligentemente su

17

33 L.P.R.A.sec.4005.

CC-2007-65

3

vehículo de motor y de este modo haber causado la muerte

del señor Atiliano Vázquez, quien en ese momento cruzaba

por la calle.18

De

conformidad

con

ordenamiento

jurídico

involuntario

el

Sr.

para

Santana

lo

dispuesto

el

delito

Vélez

fue

en

nuestro

de

homicidio

juzgado

mediante

juicio por jurado.19 Durante el juicio el Ministerio Público

probó que el Sr. Santana Vélez actuó de manera negligente

al no disminuir la velocidad del vehículo que conducía a

pesar de que el sol le dificultaba la visibilidad en la

carretera.

En consecuencia, el jurado emitió veredicto de

culpabilidad en contra de éste por el delito de homicidio

involuntario.

Habiendo

encontrado

sido

convicto

el

acusado

por

el

juzgado

debidamente

delito

de

y

homicidio

involuntario, el Tribunal de Primera Instancia impuso al

acusado el cumplimiento de la sentencia con circunstancias

agravantes, siendo condenado a tres (3) años de reclusión

bajo el privilegio de sentencia suspendida.20

18

Además, el

Denuncia. Anejo I del Recurso de Certiorari, página 1.

19

Este delito es clasificado como menos grave con derecho a

juicio por jurado, por lo que el Ministerio Público

presentó el 3 de noviembre de 2004 el pliego acusatorio y

se procedió a su lectura formal.

20

El Artículo 86

del Código Penal, supra, dispone que

cuando el homicidio involuntario se cometa por una persona

al conducir un vehículo de motor, se le impondrá pena de

reclusión por un término fijo de un (1) año.

De mediar

circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá

ser aumentada hasta un máximo de tres (3) años, de mediar

circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un

mínimo de seis (6) meses y un (1) día. El Tribunal podrá

CC-2007-65

pago de una

multa

de

licencia de conducir.

$5,000.00

y

la

suspensión

de

4

su

La sentencia emitida no especificó

las circunstancias consideradas como agravantes del delito

de homicidio involuntario.

Inconforme con la imposición de la pena agravada, el

Sr. Santana Vélez apeló ante el foro intermedio apelativo.

En síntesis, alegó que se violó su derecho constitucional a

juicio por jurado ya que no se efectuó una vista para

determinar la presencia de las circunstancias agravantes

imputadas y, el jurado no tuvo la oportunidad de evaluar si

tales

circunstancias

razonable.

se

establecían,

más

allá

de

duda

Expresó además, que el foro primario no explicó

a la defensa los fundamentos para la imposición de la pena

con agravantes.21

Por su parte, el Ministerio Público en su alegato de

réplica a la apelación planteó que no existía controversia

real

sobre

los

hechos

agravantes

por

lo

que

no

era

Apelaciones acogió el argumento

del

y

las

necesario celebrar vista previa.22

El Tribunal de

Ministerio

Público

expuso

en

su

sentencia

circunstancias que, a su juicio y, según planteadas en el

alegato de réplica del Procurador General ante dicho foro,

imponer la pena de restitución en adición a la pena de

reclusión establecida o ambas penas.

21

Alegato presentado por la defensa ante el Tribunal de

Apelaciones. Anejo VII, página 19-34.

22

Alegato presentado por el Procurador General ante el

Tribunal de Apelaciones, página 39.

CC-2007-65

5

fueron la base para incrementar el máximo estatutario de la

pena impuesta al delito.

El

prescribe

Tribunal

la

de

Regla

Apelaciones

171

de

entendió

Procedimiento

que,

según

Criminal,

34

L.P.R.A. Ap. II R. 171, le eran de aplicación los incisos

(b)(1)(G) y (O) de la referida regla.23

El inducir a perjurio, conducta que se concluyó se

configuró cuando el acusado se comunicó en tres ocasiones

con una testigo de cargo que presenció los hechos.

De

acuerdo con la testigo, éste le expresó que “no iba a alta

velocidad, y ella le contestó que iba a decir lo que había

visto”.24

El segundo agravante al amparo del inciso (O) de la

Regla 171, supra, lo fue la edad avanzada de la víctima,

Sr. Atilano Vázquez, quien tenía al momento de los hechos

83 años.

Por último, se consideró como agravante del delito de

homicidio involuntario, el exceso del límite de velocidad

dentro de la zona en la que conducía el Sr. Santana Vélez.

Por su parte el acusado planteó ante el Tribunal de

Apelaciones que el exceder el límite de velocidad dentro de

una zona y la muerte ocasionada constituye la negligencia y

23

(G)El acusado amenazó a los testigos, ilegalmente evitó

que los testigos asistieran a las vistas o los indujo a

cometer perjurio o en cualquier otro modo obstaculizó el

proceso judicial.

(O)La víctima del delito era una persona de sesenta (60)

años o más de edad.

24

Testimonio de la testigo ocular señora Mildred Vélez

Pacheco. Anejo VI.

Exposición narrativa de la prueba,

página 2.

CC-2007-65

por tanto,

los

elementos

constitutivos

del

delito

6

de

homicidio involuntario, razón por la cual no pueden ser

considerados

como

agravantes.

Además,

sostuvo

que

el

agravante que recae sobre la mayoría de edad de la víctima

no le es de aplicación ya que el propósito del mismo es

castigar

aquellas

situaciones

en

las

cuales

el

acusado

comete el delito aprovechando la situación de desventaja

por edad de la víctima, elemento de intención que en el

presente caso estuvo ausente.

En cuanto al agravante por inducir a perjurio a una

testigo

de

cargo,

el

Sr.

Santana

Vélez

sostuvo

que

su

actuación no iba dirigida a inducir a la testigo a cometer

perjurio

y

en

efecto

la

testigo

no

incurrió

en

tal

conducta. Sostuvo además, que no se desfiló prueba sobre

las circunstancias agravantes.

Finalmente, el Tribunal de Apelaciones determinó que

las comunicaciones del acusado con la testigo principal de

la

fiscalía

y

la

negligencia

crasa

del

peticionario

al

conducir su vehículo de motor constituían los agravantes

que justificaban la imposición de la pena agravada sin la

necesidad de celebrar una vista especial.

Respecto a la

edad

“por

avanzada

de

la

víctima,

expresó

que:

existir

otros agravantes en el caso de autos no es necesario entrar

a resolver esta controvesia”25 confirmando de este modo la

sentencia apelada.

25

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones, Región

Judicial de Mayagüez, Anejo IX, página 48.

CC-2007-65

Inconforme

aún,

el

Sr.

Santana

Vélez

acude

ante

7

nos

señalando que:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones

al confirmar la Sentencia del Tribunal de

Instancia que decreta una sentencia con

agravantes

contra

el

peticionario,

aduciendo a elementos inherentes en la

tipificación del delito como agravantes e

imputándole agravantes sin haberse probado

más allá de duda razonable por [sic]el

jurado.

II

El acusado plantea que por tratarse de un delito con

derecho a juicio por jurado, era el jurado quien debía

determinar

las

circunstancias

agravantes

conforme

a

los

principios esbozados por el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos en Apprendi v. New Jersey,26 y su progenie. En apoyo

de su reclamo trae ante nuestra consideración lo resuelto

en el caso Cunningham v. California.27

Arguye además, que

el exceso de velocidad no es una circunstancia agravante

sino que constituye la forma de negligencia que configuró

el

homicidio

involuntario.

Veamos

la

aplicación

de

la

casuística anteriormente citada a los hechos del presente

caso.

A.

La constitucionalidad de estatutos que imponen penas

mayores a un acusado ha sido recientemente discutida por la

26

531 U.S. 466 (2000).

27

549 U.S. 270 (2007).

CC-2007-65

8

Corte Suprema de los Estados Unidos en los casos Cunningham

v.

California,

supra,

Rita

v.

United

States,

551

U.S.

338(2007) y Oregon v Ice, 555 U.S.____(2009), resuelto el

14 de enero de 2009.

La reciente jurisprudencia reafirma y

elabora sobre la doctrina establecida en los casos Apprendi

y su progenie en torno a las garantías contenidas en la

Sexta Enmienda de los Estados Unidos.28

En

Apprendi v. New Jersey, supra, el Tribunal Supremo

de los Estados Unidos analizó la constitucionalidad de un

estatuto del estado de New Jersey que permitía al juez, al

momento

de

dictar

sentencia,

utilizar

factores

que

desfilaron durante el juicio como elementos para aumentar

la

pena

máxima

de

un

delito

sin

éstos

haber

sido

considerados por el jurado a base del criterio de “prueba

más allá de duda razonable”.

El acusado en este caso, el Sr. Charles Apprendi, fue

arrestado

por

afroamericana

disparar

que

hacia

el

recientemente

hogar

se

de

había

una

familia

mudado

al

vecindario. Durante el interrogatorio con la Policía éste

admitió que disparó al hogar de la familia por éstos ser

negros y no desearlos en el vecindario.

El Sr. Charles

Apprendi había realizado una alegación pre acordada con el

Ministerio Público en la que se declaró culpable, entre

28

In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy

the right to a speedy and public trial, by an impartial

jury of the State and district wherein the crime shall

have been committed, which district shall have been

previously ascertained by law, an to be informed of the

nature and cause of the accusation; to have compulsory

process for obtaining witnesses in his favor, and to have

the assistance of counsel for his defense.

CC-2007-65

9

otros cargos, del delito en segundo grado consistente en

utilizar un arma de fuego con propósitos ilegales.

El

estatuto de New Jersey tipificaba el utilizar un arma de

fuego

para

propósitos

ilegales

grado, con pena entre 5 a 10

como

delito

de

segundo

años. Sin embargo, dicho

estatuto permitía que esta pena fuese aumentada entre 10 a

20

años

si

el

juez,

determinaba

que

el

propósito

de

por

preponderancia

delito

intimidar

había

a

un

sido

de

la

cometido

individuo,

o

prueba,

con

el

grupo

de

individuos por razones de raza, color, género, impedimento,

religión, orientación sexual, u origen étnico.29

se

trataba

de

un

agravante

aquellos “actos motivados con

estatutario

Es decir,

dispuesto

la intención de

para

intimidar

cierto grupo”.

Por no estar alegado en la acusación, el Sr. Charles

Apprendi, no se declaró culpable del agravante constitutivo

de “actos motivados con la intención de intimidar cierto

grupo”. Sin embargo, luego de escuchar la prueba el juez

determinó por preponderancia de la prueba que el delito fue

cometido

por

motivaciones

de

prejuicio

racial

(”hate

crimes”). Por consiguiente, fue sentenciado a 12 años de

prisión por ese cargo, dos años más sobre la sentencia

máxima autorizada para el delito sin agravantes.

El

Tribunal

Supremo

de

los

Estados

Unidos

aceptó

revisar la decisión apelada y resolvió que el estatuto de

New

Jersey

que

permitía

al

juez

determinar

por

preponderancia de prueba los denominados “hate crimes” y,

29

N. J. Stat. Ann. Secc. 2C: 44-3 (e).

CC-2007-65

en consecuencia,

aumentar

el

término

de

una

10

sentencia

criminal por encima del máximo estatutario basado en esos

hechos agravantes, constituía una violación al derecho por

jurado consagrado en la Enmienda Sexta de la Constitución

de Estados Unidos.30

Cabe señalar que conforme a ésta decisión, cualquier

hecho que tienda a aumentar una sentencia más allá del

límite estatutario, tiene que ser alegado en la acusación y

probado

razonable

por

sin

el

Ministerio

distinción

Público

entre

más

allá

“elementos

del

de

duda

delito”

versus “elementos para dictar sentencia”.31 De éste modo se

30

“The Sixth Amendment demands that the fact of a prior

conviction, other than the fact of a prior conviction, any

fact that increases the penalty for a crime beyond the

prescribed statutory maximum must be submitted to a jury

and proved beyond a reasonable doubt”. Because the hatedcrime enhancement increased the punishment available to

the sentencing judge instead of raising the floor on the

sentencing range as a mandatory minimum would , the Court

would not allow the hated-crime enhancement to escape the

constitutional protections.” Apprendi v. New Jersey,530

U.S 466(2000).

31

Así lo resolvimos en Pueblo v. Montero Luciano, 169

D.P.R.____2006; 2006

T.S.P.R. 158, donde expresamos que

la Regla 48 de Procedimiento Criminal y la jurisprudencia

previa exigen alegar la reincidencia, ya que no constituye

un “sentencing factor” y al ser considerada tiene el

efecto de aumentar la sentencia. En esa ocasión resolvimos

que la Sec 7.04(b)(4) y (b)(5)era inconstitucional pues

violaba el derecho a notificación de cargos y a un debido

proceso de ley. Aclaramos que, la reincidencia equivale a

los “enhancements” en la jurisprudencia federal.

En Apprendi v. New Jersey ,supra se definen los “elementos

para dictar sentencia” o “ sentencing factors” de la

manera siguiente: “any element not found by a jury that

nevertheless affected the sentence impose by the judge”.

Cabe señalar que al respecto, en los casos AlmendarezTorres v. U.S., 523 U.S. 224 (1998) y Castillo v. U.S.,

530 U.S. 120 (2000), el Tribunal Supremo Federal argumentó

la diferencia entre “ hechos que son elementos del delito

CC-2007-65

11

garantiza el debido proceso de ley y el derecho a juicio

por jurado.

Lo pautado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos

en

Apprendi

v.

posteriormente

New

en

Jersey,

decisiones

supra,

ha

relativas

sido

a

reafirmado

éste

tema.

En

Blakely v. Washington,32 el Sr. Ralph Howard Blakely fue

acusado por el delito de secuestro en primer grado pero

hallado culpable por secuestro en segundo grado.

El sistema de sentencia de Washington - “The Reform

Act” –bajo el cual fue sentenciado el Sr. Blakely, disponía

para éste delito una pena máxima de 10 años de prisión.33

Este sistema establecía que un acusado no podía recibir una

sentencia sobre el “standard range” establecido para el

delito, es decir sobre 49 a 53 meses de prisión. También

dicho

estatuto

o

“Reform

Act”

contenía

unas

guías

y hechos relevantes únicamente para dictar sentencia. Sin

embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió a

favor de que los hechos que tendiesen a aumentar la pena,

tenían que ser considerados por el jurado. No obstante,

más enfáticos aún, en Apprendi, supra, el Tribunal Supremo

Federal expresó lo siguiente:

“merely labelling the hate-crime enhancement

as a sentencing factor could not allow New

Jersey

to

escape

constitutional

requirements”.

32

33

542 U.S. 296 (2004).

The Reform Act provided:

If no facts beyond those reflected in the

jury´s veredict were found by the trial

judge, a defendant could not receive a

sentence above a “standard range” of 49 to 53

months. The Reform Act permitted but did not

required a judge to exceed that standard

range if she found substantial and compelling

reasons justifying an exceptional sentence”.

Blakely v. Washington, 542 U.S. 296, 299

(2004).

CC-2007-65

mandatorias

de

circunstancias

agravantes

las

justificaban

el

aumento

sentencia,

si

de

la

12

cuales

el

juez

encontraba “substantial and compelling reasons justifying

an exceptional sentence.”34

El juez impuso al Sr. Blakely una pena de 90 meses

basado

en

que

el

delito

fue

realizado

con

“deliberada

maldad”, uno de los factores enumerados en el estatuto de

Washington.35

Acogido el recurso, el Tribunal Supremo de los Estados

Unidos resolvió que el sistema de imposición de penas del

Estado

de

Washington

inconstitucional,

ya

que

bajo

“The

violaba

la

Reform

Act”

era

Sexta

Enmienda

al

autorizar que el juez aumentara la pena máxima para el

delito según sus propias determinaciones de hechos.

En

efecto,

el

Tribunal

sostuvo, que cualquier factor

Supremo

de

Estados

distinto a una

Unidos

convicción

previa que pudiera agravar la pena máxima estatutaria de un

delito, tenía que ser admitido por el acusado o sometido al

jurado, y sostenido por hechos admitidos o probados por el

jurado más allá de duda razonable. Por consiguiente, dado

que la “deliberada maldad” no había sido admitida por el

Sr. Blakely ni contenida en el pliego acusatorio, el juez

34

Wash. Rev. Code Ann. sec. 9.94 A (120) 2 (2000).

35

Blakely v. Washington, 542 U.S. 296, 300 (2004).

CC-2007-65

13

no tenía discreción para utilizar éste hecho y aumentar la

sentencia sobre el máximo estatutario de 53 meses.36

Posteriormente,

en

United

extendió la norma establecida

States

Booker,37

v.

se

en Blakely v. Washington,

supra, al “Federal Sentencing Guidelines”. Estas guías –al

igual que las contenidas en el sistema de sentencia de

Washington, “Reform Act” eran mandatorias, y permitían que

el

juez

tomara

en

cuenta

hechos

desfilados ante el jurado, y

a

adicionales

los

por preponderancia de la

prueba, aumentar el margen estatutario establecido.

El

Sr.

Freddie

Booker

fue

hallado

culpable

en

un

juicio por jurado por el delito de posesión y distribución

de drogas. El “Federal Sentencing Guidelines” establecía un

“statutory

range”

de

210

a

262

meses

de

prisión.

Sin

embargo, el juez consideró que la cantidad de sustancia

controlada

que

el

Sr.

Booker

determinada por el jurado.

poseía

era

mayor

que

la

Teniendo en cuenta este hecho

decidió sentenciar al acusado a 360 meses de prisión.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que

las

disposiciones

de

la

Guía

de

Sentencia

Federal

que

ordenaban de manera mandatoria al juez sopesar hechos que

no

fueran

considerados

por

el

jurado

para

imponer

36

una

Al respecto, el Juez Antonin Scalia, quien articuló la

Opinión Mayoritaria del Tribunal expresó que tal como se

estableció en Apprendi, supra:

”judge´s authorithy to sentence derives

wholly from the jury´s verdict. Without that

restriction, the jury would not exercise the

control that the Framers intended”

37

543 U.S. 220 (2005).

CC-2007-65

14

sentencia, eran inconstitucionales y violaban el derecho

salvaguardado

en

la

Sexta

Enmienda.38

En

consecuencia,

fueron transformadas en recomendaciones para orientar al

juez en el ejercicio de su discreción.39

De esta manera, el

juez no estaba atado al “sentencing range” de las guías

mandatorias y la revisión apelativa de éstas

estaría

sujeta

particular,

el

al

criterio

Tribunal

de

razonabilidad.40

Supremo

de

los

sentencias

Sobre

Estados

el

Unidos

expresó lo siguiente:

“If the Guidelines as currently written could

be read as merely advisory provisions that

recommended, rather tan required, the selection

of

particular

sentences

in

response

to

differing sets of facts, their use would not

implicate the Sixth Amendment.

We have never

doubt the authorithy of a judge to exercise

broad discretion in imposing a sentence within

a statutory range. Indeed, everyone agrees that

the constitutional issues presented by [this

case] would have been avoided entirely if

Congress

had

omitted

from

the

Federal

38

“The Guidelines as written, however, are not advisory;

they are mandatory and binding on all judges” Blakely v.

Washington, supra.

39

La secciones modificadas lo fueron: 18 U.S.C.sec.3553

(b) (1) y 18 U.S.C.sec.3742(e).

La Corte Suprema Federal evaluó dos tendencias posibles:

a)…“would engraft

today´s

Sixth

requirement“

onto the existing

Amendment

jury

system

trial

y la segunda y acogida por la Corte Suprema

Federal:

b)“made the guidelines advisory while the same

time “maintaining a strong connection between

the sentence imposed and the offender´s real

conducta

connection

important

to

the

increased

uniformity

of

sentencing

that

Congress intended its Guidelines system to

achieve”. (Énfasis nuestro).

40

U.S. v. Booker, 543 U.S. 220, 261 (2005).

CC-2007-65

Sentencing Reform Act the provision that make

the Guidelines binding on district judges… For

when a trial judge exercises his discretion to

select a specific sentence within a defined

range, the defendant has no right to a jury

determination of the facts that the judge deems

relevant.”41

15

Dos (2) años más tarde, el Tribunal Supremo de Estados

Unidos

expidió

recurso

presentado

por

el

Sr.

John

Cunningham. El mismo fue resuelto el 22 de enero de 2007.42

En

este

caso,

en

el

Estado

de

California

se

encontró

culpable al Sr. Cunningham por el delito de agresión sexual

contra su hijo.

El

sistema

de

sentencia

determinada

de

California,

“DSL”43 disponía para éste delito una pena entre 6,12,16

años. Este sistema, “DSL” funcionaba a base de triadas de

sentencias fijas en las cuales el juez no tenía discreción

para seleccionar dentro del margen establecido, es decir

entre 6 y 16

años. En consecuencia, estaba obligado a

imponer la pena media a un acusado de delito en ausencia de

circunstancias agravantes o atenuantes.44 Sin embargo, si

el

juez

encontraba

algún

hecho

adicional

que

41

Íd., en la pág. 233. (Énfasis nuestro).

42

Cunningham v. California, 549 U.S. 270 (2007).

43

estuviera

En 1970, el Estado de California adoptó el sistema de

Sentencia determinada, “DSL” con el objetivo de mantener

la uniformidad y asegurar la proporcionalidad del castigo

y el delito.

44

“Cunningham´s sentencing judge had no discretion to

select a sentence within a range of 6 to 16 years. His

instruction was to select 12 years, nothing less and

nothing

more,

unless

he

found

facts

allowing

the

imposition of a sentence of 6 or 16 years.” (Énfasis

nuestro, Opinión Mayoritaria, Juez Ginsburg, Cunningham v.

California, supra.)

CC-2007-65

razonablemente

16

relacionado con la decisión emitida por el

jurado podía imponer la pena agravada. Estos hechos se

establecían

por

preponderancia

de

la

prueba

hacerlos constar oralmente en el record.

y

debía

En Cunningham v.

California, supra, el Juez, luego del veredicto del jurado,

consideró la vulnerabilidad de la víctima y la conducta

violenta del Sr. Cunningham, como circunstancias agravantes

que justificaban imponerle la pena agravada de 16 años.

En atención al reclamo del Sr. Cunningham, el Tribunal

Supremo

de

sentencia

Estados

Unidos

determinada,

determinó

“DSL”,

que

violaba

el

las

sistema

de

garantías

y

salvaguardadas de la Sexta y Decimocuarta Enmienda de la

Constitución de Estados Unidos toda vez que otorga al juez

autoridad única para hacer determinaciones de hecho para

una pena agravada o atenuada. Además, carecía de discreción

para imponer una sentencia dentro del intervalo o “range”

estatutario.

Fundamentó que, con excepción de casos de convicciones

previas, la determinación fáctica necesaria para agravar

las penas era provincia exclusiva del jurado, las cuales

tenían que ser probadas más allá de duda razonable. Por

consiguiente, el sistema de triada de sentencia establecido

impedía que el juez ejerciera su discreción para considerar

por

sí

mismo

hechos

que

le

permitieran

seleccionar

una

sentencia entre 6 y 16 años.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que el

Estado de California podía adoptar cualquiera de los dos

(2)

sistemas

incorporados

por

muchos

estados

y

que

son

CC-2007-65

17

consistentes con lo resuelto en los casos de Apprendi y

Blakely, supra. Se expresó el Alto Foro sobre este asunto

de la forma siguiente:

“We noted that several States have modified their

systems in the wake of Apprendi and Blakely to

retain determinate sentencing.

They have done so by:

a) calling upon the jury –either at a trial or in

a separated sentencing proceeding—to find any

fact necessary to imposition of an elevated

sentence. As earlier noted, California already

employs juries in this manner to determine

statutory sentencing enhancements.

b)“Other states have chosen to permit judges

genuinely to exercise broad discretion …within a

statutory

range

which

“everyone

agrees”,

45

encounters no Sixth Amendment shoal.”

En Rita v. United Status,46 el Tribunal Supremo de

Estados Unidos resolvió que, compatible con lo decidido en

Cunningham v. California, supra, una sentencia dictada con

circunstancias agravantes se presume válida si la misma

está comprendida dentro de los parámetros establecidos en

el estatuto.47

Conforme a la decisión del Tribunal Supremo de los

Estados Unidos, existen dos (2) alternativas para evitar

una

violación

de

la

Sexta

Enmienda.

En

un

sistema

de

sentencia determinada se puede, presentar al jurado todo

45

Cunningham v. California, supra. (Énfasis nuestro).

46

127 S. Ct. 2456 (2007).

47

”This Court´s Sixth Amendment cases do not automatically

forbid a sentencing court to take account factual matters

not determined by a jury and the increase the sentence in

consequence” Rita, supra, págs. 2465-2466.

CC-2007-65

hecho que

sea

pertinente

para

la

imposición

de

18

una

sentencia agravada; o permitir que los jueces ejerzan su

discreción

dentro

del

margen

estatutario,

lo

cual

no

presentaría problemas de violación al derecho a juicio por

jurado. Nos inclinamos por la segunda alternativa la cual

no

está

reñida

con

nuestro

sistema

de

imposición

de

sentencia.48

Nuestro ordenamiento jurídico no está basado en un

sistema de triada de sentencia sino que funciona a base de

un “sentencing range” o intervalo de sentencia donde se

establecen penas que fluctúan hacia un mínimo, en presencia

de

atenuantes

y

hacía

un

máximo,

en

presencia

de

agravantes. Esto permite que el juez ejerza su discreción

conforme

a

las

guías

codificadas

en

la

Regla

171

de

Procedimiento Criminal,49 la cual orienta la discreción del

juez dentro del intervalo de la pena.

Procedimiento

Criminal,50

establece

La Regla 162.4 de

los

procedimientos

adecuados para evitar un abuso de discreción y ofrecer al

acusado las garantías del debido proceso de ley.

Atendido el problema constitucional planteado ante

nos al amparo de la Sexta Enmienda de la Constitución de

los

Estados

Unidos,

procedemos

a

evaluar

el

aspecto

procesal de la imposición de la pena con circunstancias

48

Ejemplo de ello lo es Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R.

197 (1985). En dicho caso discutimos el modo de proceder

cuando el juez tiene ante su consideración circunstancias

atenuantes y agravantes.

49

34 L.P.R.A. Ap. II R. 171.

50

34 L.P.R.A. Ap. II R. 162.4.

CC-2007-65

19

agravantes, en ausencia de la celebración de una vista

evidenciaria de naturaleza adversativa.

B

El Sr. Santana Vélez fue acusado por el delito de

homicidio involuntario51 y sentenciado el 14 de septiembre

de 2005. La conducta del peticionario fue incurrida durante

la vigencia del anterior Código Penal, derogado el 9 de

agosto de 2004.

En Puerto Rico mediante la Ley 110 del 4 de junio de

1980,52 se eliminó el sistema de sentencia indeterminada y

se

estableció

un

sistema

de

pena

fija,

que

permitía

aumentar o disminuir la pena fija conforme a la presencia

de circunstancias agravantes o atenuantes. Bajo el sistema

de sentencia determinada, el juez no posee la discreción

“amplia” que concede el sistema de sentencia indeterminada

pero retiene cierto grado de discreción para apartarse de

la pena fija establecida para el delito por el cual es

hallado

culpable

el

acusado,

ya

para

reducirla

o

para

aumentarla.53

El Código Penal de 1974, incorporó este modelo de

Sentencias Determinadas.54

51

La pena fija en el Código Penal

Artículo 86 del Código Penal de 1974.

52

25 L.P.R.A. sec. 448.

E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y

Estados Unidos, Vol. III, Editorial Forum (1993), pág.

541.

53

54

Actualmente, el Nuevo Código Penal (2004), según

enmendado, provee un intervalo de pena para cada delito.

El Artículo 74 del Nuevo Código Penal, supra, ofrece unas

guías que sirven para orientar al juez en el ejercicio de

CC-2007-65

de 1974

para

el

delito

de

homicidio

20

involuntario se

estableció de acuerdo a la existencia de circunstancias

agravantes o atenuantes durante el transcurso de la acción

punible.

La

reclusión

de

sanción

un

(1)

básica

año.

constituía

De

un

existir

término

de

circunstancias

atenuantes, se podía reducir la reclusión a seis (6) meses

y un (1) día, y de existir circunstancias agravantes, ésta

podía ser incrementada a tres (3) años.

En nuestra jurisdicción el sistema de imposición de la

pena con circunstancias agravantes y atenuantes se rige por

lo dispuesto en la Regla 171 de Procedimiento Criminal,

supra, la cual dispone en lo pertinente lo siguiente:

El Tribunal, a propia instancia o a instancia

del acusado o del fiscal, con notificación a las

partes o a la parte contraria, podrá oír, en el

más

breve

plazo

posible,

prueba

de

circunstancias atenuantes o agravantes a los

fines de la imposición de la pena.

…

Durante

la

vigencia

del

Código

Penal

de

1974,

se

disponía que los factores pertinentes para el ejercicio de

la discreción del juez eran los establecidos en la Regla

171 de Procedimiento Criminal, supra, en armonía con el

Artículo 60, del Código Penal derogado.55

su discreción al momento de escoger la pena según el grado

de severidad correspondiente al delito.

55

33 L.P.R.A. sec. 3284. El Artículo 60 del Código Penal

de

1974,

proveía

una

enumeración

de

circunstancias

personales y de circunstancias relacionadas con el hecho

delictivo las cuales debían ser consideradas por el juez al

imponer la sentencia. El referido artículo disponía:

Los

objetivos

generales

que

informan

imposición de la pena son los siguientes:

la

CC-2007-65

21

Por tanto, al ejercer su discreción los jueces debían

regirse por los criterios establecido en la Regla 171 de

Procedimiento Criminal, supra, y el Artículo 60 del Código

Penal de 1974, conforme a los hechos y circunstancias de

(a) la protección de la sociedad y la prevención

de la delincuencia,(b) el castigo justo al autor

del delito,(c) la rehabilitación moral y social

del autor dentro de los recursos disponibles del

Estado,(d) el logro de la uniformidad en la

imposición de la pena, (e) la consideración de

la naturaleza disuasiva de la pena.

Dentro de los límites establecidos por la ley,

las penas se fijarán de acuerdo a la mayor o

menor gravedad del hecho cometido y tomando en

consideración,

entre

otras,

las

siguientes

circunstancias:

(a) la naturaleza de la acción u omisión

delictuosa, (b) los medios empleados,(c) la

importancia de los deberes transgredidos.,(d) la

extensión del daño [o] del peligro causado, (e)

la

edad,

educación,

historial

social

y

reputación del autor, (f)la conducta relacionada

con el delito antes, durante y después de la

comisión del mismo,(g) La calidad de los móviles

del

hecho,(h)

la

conducta

de

la

víctima

relacionada con la transacción delictuosa.

Las relaciones, circunstancias y cualidades

personales que aumenten o disminuyan la pena,

afectará[n] solamente a la persona a quien

correspondan."

La Dra. Dora Nevares Muñiz criticó en su análisis el

señalamiento de circunstancias del referido artículo, así

como la Regla 171 de Procedimiento Criminal, supra, porque

facilitaban la disparidad en la imposición de la sentencia,

propiciando disparidad y penas no proporcionales a la

severidad del delito. Es decir, en ocasiones las penas

impuestas en el Código Penal de 1974, no correspondían a la

severidad del delito ni propiciaban la uniformidad en las

sentencias para personas que cometen delitos con similar

severidad. (Sobre ésta discusión, véase Dora Nevares Muñiz,

Código Penal de Puerto Rico, Revisado y Comentada, Análisis

Editorial del Artículo 60, Instituto para el Desarrollo del

Derecho, Edición 1995, pág. 91. Véase además, Dora Nevares

Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Parte General, Quinta

Edición Revisada, Instituto para el Desarrollo del Derecho,

pág. 60).

CC-2007-65

22

cada caso en particular y a la situación individual de cada

convicto.56

Al

interpretar

las

disposiciones

antes

citadas

resolvimos que para sentenciar válidamente a un acusado por

un

delito

haberse

cuando

presentado

median

circunstancias

prueba

sobre

la

agravantes,

presencia

de

debe

tales

circunstancias durante una vista evidenciaría de naturaleza

adversativa.57 La evaluación sobre la presencia o ausencia

de circunstancias agravantes o atenuantes la gobierna el

derecho penal sustantivo.

La

Regla

162.4

de

Procedimiento

Criminal,

supra

dispone, lo siguiente:

Tanto el acusado como el fiscal podrán

solicitar del tribunal que escuche prueba de

circunstancias atenuantes o agravantes a los

fines de la imposición de la pena. Si de las

alegaciones sometidas surgiere que existe

controversia real sobre un hecho material que

requiriere la presentación de prueba, entonces

el tribunal celebrará una vista en el más

breve plazo posible, en la cual:

a) El

Fiscal

podrá

presentar

prueba

de

circunstancias agravantes que a su juicio

justifiquen

que

se

dicte

una

sentencia

rigurosa o el que no se deban suspender los

efectos de la sentencia o, en caso contrario,

que se impongan condiciones estrictas.

b) El acusado podrá presentar prueba de

circunstancias atenuantes que a su juicio

justifiquen que se dicte una sentencia benigna

o que se suspendan los efectos de la misma.

56

Pueblo v. Echevarría Rodríguez 128 D.P.R. 299,

(1991); Pueblo v. Castro Muñiz, 118 D.P.R. 625 (1987).

57

371

Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614 (1985).

Aquí establecimos que, no puede considerarse como prueba

de agravantes la información del oficial probatorio en el

informe pre sentencia.

CC-2007-65

23

Como bien indica la Regla 162.4, supra, en los casos

donde

existe

una

solicitud

para

que

el

acusado

sea

sentenciado con circunstancias agravantes o atenuantes se

puede

celebrar

una

vista.

Dicha

vista

puede

ser

a

solicitud de parte o ser señalada “motu propio” por el

Tribunal.

Esta

circunstancias

vista

agravantes

permite

o

controvertir

atenuantes

y

de

las

este

modo

orientar la discreción del juez al momento de seleccionar

la pena dentro del margen estatutario.

Cabe señalar que la

vista tal y como está cumple una función orientadora que se

limita a los “sentencing factors”, es decir, circunstancias

accidentales que influyen en la determinación de la pena

pero que, en sí mismos no constituyen el injusto penal.

No

obstante,

a

pesar

de

que

la

Regla

162.4

de

Procedimiento Criminal, supra, dispone dicho procedimiento,

la

jurisprudencia

reiterado

surgen

que

las

si

interpretativa

de

la

circunstancias

prueba

de

dicha

presentada

agravantes

o

regla

en

el

atenuantes

ha

juicio

y

no

existe controversia real sobre la presencia de alguna de

tales

circunstancias,

vista.58

Así

también,

necesario

celebrar

solicitan

y

no

no

hay

necesidad

de

celebrar

la

hemos

expresado

que

tampoco

es

dicha

existe

vista

cuando

controversia

las

real

partes

sobre

un

no

la

hecho

material que requiera la presentación de prueba.59

58

Pueblo v. Castro Muñiz, 118 D.P.R. 625, 636 (1987);

Pueblo v. Santiago Acosta, 121 D.P.R. 727, 743 (1988);

Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 D.P.R. 860 (1998).

59

Íd.

CC-2007-65

Por

Criminal,

otro

lado,

supra,

verbalmente

o

la

Regla

requiere

por

162.4

que

los

las

razones

escrito

imponen una pena particular.60

de

24

Procedimiento

tribunales

por

expliquen

las

cuales

Esta explicación cumple el

objetivo de evitar la “arbitrariedad en la imposición de

las penas”.

Cuando el Tribunal de Primera Instancia expone

las

que

razones

ha

tenido

al

imponer

una

pena

con

agravantes o atenuantes, facilita la función revisora de

los tribunales apelativos.

III

El reconocer a nuestros jueces la discreción dentro

del margen estatutario establecido; no está reñido con las

disposiciones de la Sexta Enmienda de la Constitución de

los Estados Unidos ni con la Constitución de Puerto Rico.

Esta discreción, dentro del margen estatutario, permite que

el juez evalúe las circunstancias agravantes y atenuantes

que modifican las penas, modo de proceder que es cónsono

con lo resuelto en Cunningham v. California, supra.

A tenor con la Regla 162.4 de Procedimiento Criminal,

supra, tanto el Ministerio Público como la defensa pueden

solicitar al Tribunal que escuche prueba de circunstancias

agravantes

o

atenuantes

a

los

fines

de

orientar

la

discreción judicial en la imposición de la pena dentro del

margen estatutario.

Esta vista no tiene que celebrarse en

presencia del jurado y la misma es imperativa siempre que

60

Pueblo v. Castro Muñíz, supra.

CC-2007-65

exista controversia real sobre

25

algún hecho material que

requiera la presentación de prueba.

En

el

caso

encontrado

ante

culpable

nos,

por

el

un

Sr.

jurado

homicidio involuntario bajo el

Santana

Vélez

fue

por

delito

de

el

derogado Código Penal de

1974. Los elementos constitutivos del delito de homicidio

involuntario, en esta modalidad, son la acción negligente

del acto y como resultado, la muerte de un ser humano. La

pena básica para dicho delito es un término de reclusión de

un (1) año. De existir atenuantes, se podía reducir a seis

(6) meses y un (1) día y de estar presentes agravantes, la

pena podía ser incrementada hasta tres (3) años.

El foro sentenciador impuso al Sr. Santana Vélez la

pena máxima de tres (3) años dispuesta en el Código Penal

de

1974

para

circunstancias

los

casos

en

que

estaban

agravantes.

El

acusado

se

presentes

acogió

al

beneficio de sentencia suspendida según dispuesto en la Ley

Núm. 259 del 3 de abril de 1946.61

La sentencia del Tribunal de Primera Instancia no hizo

mención alguna de las circunstancias agravantes presentes

para aumentar la pena fija establecida para el delito.

surge

del

expediente

que,

en

su

momento,

el

No

Ministerio

Público haya alegado y solicitado presentar prueba sobre la

presencia de circunstancias agravantes que permitieran al

juez

sentenciador

razonablemente

conformidad.

Por

61

sec. 1026.

34 L.P.R.A

tal

razón,

la

imponer

defensa

una

no

pena

de

solicitó

la

CC-2007-65

celebración

de

una

vista

adversativa

a

26

fines de

los

controvertir la prueba en su contra.

El Tribunal de Apelaciones, sin poseer los elementos

de juicio necesarios,

acogió el argumento presentado por

el

y

Procurador

General

determinó

como

circunstancias

agravantes las llamadas que el Sr. Santana Vélez hiciera a

la

testigo

ocular

del

accidente

como

de

inducir

a

tratar

un

intento

perjurio”

a

de

“persuadir

o

dicha

testigo.62

Asimismo, que la víctima era mayor de 60 años63

y, finalmente, que “el conductor haya continuado su marcha

a

dicha

velocidad

a

pesar

de

tener

la

luz

del

sol

obstruyéndole la visión”.64

Los hechos presentes manifiestan que no se desfiló

prueba sobre las circunstancias agravantes impuestas al Sr.

Santana

Vélez.

Unas

llamadas

telefónicas

no

constituyen

prueba suficiente para establecer sin más que el acusado

indujo a perjurio a la referida testigo.

No desfiló prueba alguna durante el juicio sobre el

contenido de las referidas conversaciones de manera que se

pudiese concluir que el acusado intentó lograr un acuerdo

con la testigo para que ofreciera testimonio falso, o que

le propuso tal curso de acción.

62

Regla 171 inciso (b) (1) (g) de Procedimiento Criminal,

34 L.P.R.A. R. 171.

63

Regla 171 inciso (b) (1) (o) de Procedimiento Criminal,

supra.

64

Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones.

IX del Recurso de Certiorari, pág. 47.

Anejo

CC-2007-65

27

Por otro lado, se le imputó como agravante el hecho de

que la víctima era mayor de 60 años. Sobre el particular,

la Ley 142 del 18 de julio de 1998 enmendó la Regla 171 de

Procedimiento Criminal para incorporar los incisos “o” y

“p” a fin de incluir como circunstancias agravantes que la

víctima del delito fuera una persona de 60 años o más, o

que el delito se cometiera en una institución, albergue u

hogar

para

personas

de

60

años

o

más.

La

intención

legislativa, recogida en la Exposición de Motivos de dicha

ley, va dirigida hacia aquellos delitos en los que hubo la

intención criminal de aprovecharse de la avanzada edad de

la víctima.65 En el presente caso, es evidente que la edad

de la víctima no constituyó un factor o elemento junto con

el

acto

intencional

de

causarle

daño

que

configure

la

comisión del delito de homicidio involuntario.

Por último, no surge del expediente que el Ministerio

Público planteara durante la celebración de juicio, que se

tomara

en

cuenta

circunstancia

el

exceso

agravante.

de

velocidad

Precisamente,

como

bajo

una

las

circunstancias particulares de éste caso, fue el exceso de

velocidad la condición inherente a la negligencia propia

del homicidio involuntario.66

65

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 142 de 18 de julio

de 1998.

66

“Distíngase que, cuando se trata de muertes causadas por

conductores de vehículos de motor, el acusado puede haber

realizado varios actos ilegales que no equivalen a delitos

menos graves. Por ejemplo, no tocar bocina cuando la ley

lo requiere, conducir a velocidad mayor que el límite

autorizado, no detenerse ante una señal de pare. En estos

casos, si ocurre una muerte como consecuencia de tales

CC-2007-65

A la

luz

de

los

hechos

estimamos

que

en

el

presente

y

28

expuestos,

principios

caso,

existen

hechos

controvertidos que exigen la presentación de prueba en una

vista evidenciaria de naturaleza adversativa a los fines de

orientar la discreción del juez en la imposición de la

sentencia.

IV

Por

los

fundamentos

antes

respetuosamente

del

de

Revocaríamos

sentencia

la

curso

expuestos

acción

apelada

y

de

disentimos

la

Mayoría.

devolveríamos

el

presente caso al Tribunal de Primera Instancia para que el

Ministerio

Público

circunstancias

en

una

agravantes

vista

que

adversativa

tenga

a

bien,

pruebe

las

previamente

alegadas y debidamente notificadas al aquí peticionario.

Una vez el foro primario pueda determinar sobre este asunto

estaría en posición de sentenciar al aquí peticionario.

Efraín E. Rivera Pérez

Juez Asociado

actos será homicidio involuntario en la modalidad de

negligencia.” (Énfasis nuestro). Véase, los comentarios al

delito de Homicidio Involuntario, Dora Nevares Muñiz,

Código Penal de Puerto Rico, Instituto para el Desarrollo

del Derecho, Inc. Edición 1995, pág. 129-130.

“Cuando la circunstancia agravante o atenuante es un

elemento del delito o se trata de una condición que es

inherente al delito no puede ser doblemente considerada al

fijar la pena. En el derecho Comparado es lo que los

tratadistas denominan caso de inherencia expresa e

inherencia tácita.”

Véase, los comentarios a la

aplicabilidad

de

las

circunstancias

atenuantes

o

agravantes, Artículo 73, Dora Nevares Muñiz, Código Penal

de Puerto Rico, Instituto para el Desarrollo del Derecho,

Inc. Edición 2004-2005, pág. 100-101.