Tribunal Supremo de Puerto Rico
Santiago León y otros v. Municipio de San Juan
2009 TSPR 153
Poder Judicial de Puerto Rico
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Santiago León y otros v. Municipio de San Juan
CC-2008-634
Procedimiento Civil: Aplicación interjurisdiccional de la doctrina de cosa juzgada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Vimarie Santiago León;
Ariel González Rivera
Certiorari
Recurridos
2009 TSPR 153
v.
177 DPR ____
Municipio de San Juan
Peticionario
Número del Caso: CC-2008-634
Fecha: 7 de octubre de 2009
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan-Panel III
Juez Ponente:
Hon. José A. Morales Rodríguez
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Simone Cataldi Malpica
Lcdo. Eliezer A. Aldarondo López
Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Jennifer López Negrón
Lcdo. Julio Nigaglioni Arrache
Materia: Salarios
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del Tribunal. Su distribución electrónica se hace c
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Vimarie Santiago León;
Ariel González Rivera
Recurridos
CC-2008-634
v
Municipio de San Juan
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.
San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2009.
Por
certiorari
medio
del
se
solicita
nos
presente
que
recurso
de
revisemos
una
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.
En dicha sentencia el foro apelativo intermedio
dispuso
que,
requisitos
a
para
pesar
de
aplicar
concurrir
todos
los
interjurisdiccionalmente
la doctrina de cosa juzgada, dicha aplicación, a
modo
de
excepción,
cede
ante
el
alto
interés
público
que
revisten
las
reclamaciones
instadas
por
recurridos.
Por
entender
el
los
que
foro
intermedio apelativo erró al aplicar la excepción
y no la norma, REVOCAMOS.
CC-2008-634
2
I
El 1 de agosto de 2001, la Sra. Vimarie Santiago León
comenzó
a
programa
Más
Salud
trabajar
como
Supervisora
de
en
tu
Comunidad
del
Municipio
de
San
Salud
del
Departamento.
Juan,
Sección
en
el
Departamento
de
en
adelante
el
Dicho puesto era uno transitorio y estaba
adscrito a la División de Programas Especiales.
El 26 de noviembre de 2001, la señora Santiago León
fue designada Directora Auxiliar de Programas Especiales.
Esta posición era una plaza regular que la señora Santiago
León pasó a ocupar interinamente.
Su jefe y supervisor
inmediato lo era el Dr. Alfredo L. Escalera, quien dirigía
el programa de salud del Departamento.
Posteriormente,
en
febrero
Santiago León quedó embarazada.
hecho
al
doctor
Escalera,
del
2002,
la
señora
Luego de comunicarle este
éste,
alegadamente,
inició
un
patrón de discrimen y de trato desigual en contra de la
señora Santiago León por razón de su estado de gestación.
Debido a ello, el 4 de octubre de 2002, la señora
Santiago León y el Sr. Ariel González Rivera, su compañero
consensual, presentaron la demanda de autos en contra del
Municipio de San Juan, en adelante el Municipio; el doctor
Escalera, en su carácter oficial y personal, Fulana de Tal
y
la
Sociedad
Legal
de
Bienes
Gananciales
compuesta; y la Compañía de Seguros ABC.1
demandantes
1
alegaron
que
la
Véase Apéndice, págs. 5-8.
conducta
de
por
ellos
En síntesis, los
los
demandados
CC-2008-634
3
quebrantaba la Sección 1 del Artículo II de la Constitución
de Puerto Rico;2 la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942,
conocida como la Ley de Protección de Madres Obreras;3 la
Ley Núm. 69 del 6 de julio de 1985, conocida como la Ley de
Discrimen en el Empleo por Razón de Sexo;4 y la Ley Núm. 17
del 22 de abril de 1988, conocida como la Ley en Contra del
Hostigamiento Sexual en el Empleo.5
Además, los demandantes
alegaron daños y perjuicios causados al amparo del Artículo
1802 del Código Civil.6
Luego de varios trámites procesales, el 30 de enero de
2004, la señora Santiago León y el señor González Rivera
presentaron otra demanda fundada en los mismos hechos, esta
vez en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para
el
Distrito
Distrito.7
de
Puerto
Rico,
en
adelante
Tribunal
de
Esta segunda demanda también estuvo dirigida en
contra del Municipio; el doctor Escalera, en su carácter
oficial y personal, Fulana de Tal y la Sociedad Legal de
Bienes Gananciales por ellos compuesta; y la Compañía de
Seguros ABC.
Sin
también
embargo,
se
a
hicieron
pesar
las
que
mismas
2
en
esta
segunda
reclamaciones
que
demanda
en
la
Art. II § 1 Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2000,
pág. 55.
3
29 L.P.R.A. § 467 et seq.
4
29 L.P.R.A. § 1321 et seq.
5
29 L.P.R.A. § 155 et seq.
6
31 L.P.R.A. § 5141.
7
Véase Apéndice, págs. 21-28.
CC-2008-634
4
demanda de autos, dichas reclamaciones estuvieron basadas
en
otras
disposiciones
legales;
la
Constitución
de
los
Estados Unidos de América;8 el Título VII de la Ley de
Derechos
Civiles
1964;9
de
el
“Pregnancy
Discrimination
Act”;10 el “Family and Medical Leave Act”;11 la Ley Núm. 81
del
30
de
agosto
de
1991,
conocida
como
la
Ley
de
Municipios Autónomos;12 la Ley Núm. 100 del 30 de junio de
1959, conocida como la Ley en Contra del Discrimen en el
Empleo;13 la Ley Núm. 69 del 6 de julio de 1985, supra;14 y
el Artículo 1802 del Código Civil.15
El 8 de agosto de 2006, luego de haber resuelto la
mayoría
de
las
controversias
presentadas
y
de
que
los
demandantes desistieran voluntariamente de su reclamación
bajo el “Family and Medical Leave Act”,16 el Tribunal de
Distrito
desestimó
con
perjuicio
permanecían ante su consideración.17
8
U.S.C. Const. Art. III § 2, cl.1.
9
42 U.S.C. § 2000e et seq.
10
42 U.S.C. § 2000e(k).
11
29 U.S.C. §§ 2601-2619.
12
21 L.P.R.A. § 4001 et seq.
13
29 L.P.R.A. § 146 et seq.
14
29 L.P.R.A. § 1321 et seq.
15
31 L.P.R.A. § 5141.
16
Véase Apéndice, págs. 29-31.
17
las
reclamaciones
que
Esto, debido a que los
Véase Apéndice, págs. 141-144. El 13 de marzo de 2006,
el Tribunal de Distrito desestimó con perjuicio todas las
reclamaciones instadas en contra del doctor Escalera, su
CC-2008-634
5
demandantes optaron por asumir una conducta negligente y no
cumplieron con las múltiples órdenes que había dictado el
Tribunal
de
Distrito
en
cuanto
al
manejo
diligente
del
caso, el descubrimiento de prueba y la radicación en tiempo
de los escritos.
Una
vez
la
sentencia
emitida
por
el
Tribunal
de
Distrito advino final y firme,18 el 11 de mayo de 2007, el
Municipio
presentó
Tribunal
de
Primera
una
moción
de
Instancia.19
desestimación
En
dicha
en
el
moción
el
Municipio alegó que la sentencia emitida por el Tribunal de
Distrito constituía cosa juzgada, por lo que solicitó que
se desestimaran las reclamaciones pendientes en su contra.20
Luego de escuchar a ambas partes, el 25 de septiembre
de
2007,
sentencia
el
Tribunal
parcial
en
de
Primera
la
cual
Instancia
dictó
se
a
negó
una
aplicar
interjurisdiccionalmente la doctrina de cosa juzgada a las
reclamaciones amparadas en la Sección 1 del Artículo II de
la Constitución de Puerto Rico, la Ley de Discrimen en el
esposa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ellos
compuesta. Véase Apéndice, págs. 123-133.
18
Esta sentencia desestimatoria advino final y firme luego
que transcurriera el término de 30 días para presentar el
“Notice of Appeal”, según lo establecido en la Regla
4(a)(1)(A) de Procedimiento Apelativo federal.
Dicho
término comenzó a transcurrir el 12 de marzo de 2007,
cuando el Tribunal de Distrito emitió una opinión y orden
en la cual denegó la moción de reconsideración presentada
por los demandantes.
19
20
Véase Apéndice, págs. 13-20.
Ya para esta fecha el Tribunal de Primera Instancia había
desestimado todas las reclamaciones en contra del doctor
Escalera, su esposa y la Sociedad Legal de Bienes
Gananciales por ellos compuesta. Véase Apéndice, pág. 126.
CC-2008-634
Empleo
6
por
Razón
de
Sexo,
y
la
Hostigamiento Sexual en el Empleo.21
Ley
en
Contra
del
El Tribunal de Primera
Instancia indicó que, a pesar de estar convencido que entre
ambos casos existía la más perfecta identidad de cosas,
causas y partes, dichas reclamaciones estaban revestidas de
un alto interés público, por lo que debían ventilarse en
sus méritos.
No obstante, el foro primario desestimó la
reclamación bajo el Artículo 1802 del Código Civil.22
Inconforme, el 30 de noviembre de 2007, el Municipio
presentó
un
recurso
de
apelación
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones.23
En su recurso, el Municipio argumentó que,
en
la
virtud
de
Regla
41(b)
de
Procedimiento
Civil
federal,24 la sentencia emitida por el Tribunal de Distrito
constituía una adjudicación en los méritos, por lo que el
Tribunal
de
Primera
Instancia
interjurisdiccionalmente
la
debió
doctrina
de
haber
cosa
aplicado
juzgada
a
todas las reclamaciones presentadas por los demandantes.
Luego de varios trámites procesales, el 23 de mayo de
2008,
el
Tribunal
de
21
Apelaciones
Véase Apéndice, págs. 148-160.
notificada el 16 de octubre de 2007.
22
dictó
Esta
sentencia
sentencia
fue
31 L.P.R.A. § 5141.
23
Véase Apéndice, págs. 171-191. El término para presentar
el recurso de apelación quedó debidamente interrumpido por
la moción de reconsideración que presentó el Municipio el
23 de octubre de 2007.
Véase Apéndice, págs. 161-169.
Dicha moción de reconsideración fue declarada SIN LUGAR
mediante Orden de 26 de octubre de 2007, notificada el 30
de octubre de 2007. Véase Apéndice, pág. 170.
24
Fed. R. Civ. P. 41(b).
CC-2008-634
confirmando
7
al
Tribunal
de
Primera
Instancia.25
Como
consecuencia de este dictamen desfavorable, el Municipio
acudió ante este Tribunal mediante recurso de certiorari.
En
dicho
recurso
el
Municipio
alegó
la
comisión
del
siguiente error:
Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la
sentencia del Tribunal de Instancia denegando la
desestimación en su totalidad del pleito, a pesar
de ser de aplicación la doctrina de cosa juzgada.
II
Nos encontramos ante un caso en el que se invoca la
aplicación
juzgada.
interjurisdiccional
de
la
doctrina
de
cosa
Tal aplicación puede ocurrir cuando se presenta
ante el Tribunal de Primera Instancia una sentencia federal
final
y
firme,
como
también
puede
ocurrir
cuando
se
presenta ante el Tribunal de Distrito una sentencia final y
firme emitida por un Tribunal local.26
Cuando la doctrina de cosa juzgada ha de aplicarse
interjurisdiccionalmente,
las
normas
jurídicas
determinan
la
sentencia
federal
el
efecto
de
preclusive effect) varían.
que
(claim
Estas dependerán del fundamento
invocado para sustentar la jurisdicción federal.
Así, si
el fundamento invocado por el demandante para sustentar la
jurisdicción del Tribunal de Distrito lo fue la diversidad
25
26
Véase Apéndice, págs. 223-237.
18 Moore´s Federal Practice, § 133-1 (Mathew Bender 3d
ed.)
Véase además Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas,
131 D.P.R. 212 (1992); Díaz Maldonado v. Lacot, 123 D.P.R.
261 (1989); Ramos González v. Felix Medina, 121 D.P.R. 312
(1988).
CC-2008-634
8
de ciudadanía,27 el efecto de cosa juzgada que tendrá la
decisión federal será determinado por las normas que el
foro local aplica en sus dictámenes.28
En
cambio,
cuando
el
fundamento
invocado
por
el
demandante para sustentar la jurisdicción del Tribunal de
Distrito es que el pleito incoado presenta una cuestión
federal,29 el efecto de cosa juzgada que tendrá la decisión
federal será determinado por las normas pautadas por el
Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Ello, para preservar
la supremacía y la finalidad de la decisión inicial basada
en las leyes del foro que la dictó.30
27
28 U.S.C.A. § 1332.
28
A esos efectos, en Semtek International, Inc. v. Lockheed
Martin Corp., 531 U.S. 497, 507-508 (2001), el Tribunal
Supremo federal indicó lo siguiente: “Since state, rather
than federal, substantive law is at issue there is no need
for a uniform federal rule.
And indeed, nationwide
uniformity in the substance of the matter is better served
by having the same claim-preclusive rule (the state rule)
apply whether the dismissal has been ordered by a state or
a federal court. This is, it seems to us, a classic case
for adopting, as the federally prescribed rule of decision,
the law that would be applied by state courts in the State
in which the federal diversity court sits”.
29
30
28 U.S.C.A. § 1331.
A esos efectos, en Semtek International, Inc. v. Lockheed
Martin Corp., 531 U.S. 497, 507 (2001), el Tribunal Supremo
federal indicó lo siguiente: “It is also true, however,
that no federal textual provision addresses the claimpreclusive effect of a federal-court judgment in a federalquestion case, yet we have long held that States cannot
give those judgments merely whatever effect they would give
their own judgments, but must accord them the effect that
this Court prescribes”.
Véase además Ramos González v.
Felix Medina, 121 D.P.R. 312, 327 (1988) (citando a Stoll
v. Gottlieb, 305 U.S. 165, 170-171 (1938); Depostit Bank v.
Frankfort, 191 U.S. 499, 517-520 (1903)).
CC-2008-634
En
el
reclamación
distintos
9
caso
de
autos,
en
el
Tribunal
estatutos
ciudadanía.
sentencia
los
de
federales
demandantes
instaron
su
Distrito
amparados
en
no
diversidad
de
y
en
Como consecuencia de ello, el efecto de la
desestimatoria
emitida
por
el
Tribunal
de
Distrito debe ser evaluado bajo las normas federales de res
judicata.31
La
doctrina
federal
de
cosa
juzgada
está
cimentada
sobre el interés en preservar la finalidad, efectividad y
certidumbre de las sentencias.32
es
una
mera
herramienta
técnico-procesales.
Es
Tal doctrina federal “no
procesal
una
heredada
doctrina
de
tiempos
fundamental
de
justicia sustancial, de política pública y de paz privada
que debe ser invocada y reforzada por los tribunales”.33
Como
norma
general,
la
referida
doctrina
federal
sostiene que toda sentencia final emitida por un Tribunal
competente que adjudique los méritos de las reclamaciones
presentadas, impide que las mismas partes relitiguen entre
sí las mismas causas de acción ya adjudicadas.34
31
Ramos
(1988).
González
v.
Félix
Medina,
121
D.P.R.
312,
328
32
González
v.
Félix
Medina,
121
D.P.R.
312,
339
Ramos
(1988).
33
Federated Department Stores, Inc. V. Moitie, 452 U.S.
394, 401 (1981). (Traducción nuestra).
34
Federated Department Stores, Inc. V. Moitie, 452 U.S.
394, 398 (1981) (citando a Commissioner v. Sunnen, 333 U.S.
591, 597 (1948); Cromwell v. County of Sac., 94 U.S. 351,
352-353 (1877)). Véase además Powell v. Infinity Ins. Co.,
922 A.2d 1073 (2007).
CC-2008-634
10
Para que la doctrina federal de cosa juzgada pueda
invocarse exitosamente tienen que concurrir los requisitos
siguientes:
(1)
identidad
de
partes;
(2)
identidad
de
causas de acción; y (3) una sentencia final adjudicando los
méritos de las mismas controversias.35
los
referidos
requisitos,
si
las
Una vez concurren
causas
de
acción
adjudicadas son reclamadas nuevamente, la sentencia emitida
impide
que
se
relitiguen,
entre
las
mismas
partes,
las
causas de acción adjudicadas o las que pudieron haberse
adjudicado si se hubiesen reclamado.36
En cuanto al primer requisito, hay identidad de partes
cuando las personas involucradas en ambos pleitos son las
mismas,
independientemente
litigios.
del
rol
asumido
en
ambos
En otras palabras, hay identidad de partes aun
cuando el demandante en el primer pleito es el demandado en
el segundo o viceversa.37
En cuanto a la identidad de causas de acción, este
requisito es similar al concepto de causa o razón de pedir
comprendido
en
nuestra
doctrina
de
cosa
juzgada.38
El
35
Central States, Southeast and Southwest Areas Pension
Fund v. Hunt Truck Lines, Inc., 296 F.3d 624, 628 (7mo Cir.
2002).
36
Powell v. Infinity Ins. Co., 922 A.2d 1073 (2007).
37
Véase Headley v. Bacon, 828 F.2d 1272 (8vo Cir. 1987);
Towers, Perrin, Forster & Crosby, Inc. v. Brown, 732 F.2d
345 (3er Cir. 1984).
38
Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312, 331
(1988) (citando a A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110
D.P.R. 753, 765 (1981); Lausell Marxuach v. Díaz de Yañez,
103 D.P.R. 533, 536 (1972); Colón v. San Patricio
Corporation, 81 D.P.R. 242, 271 (1959)).
CC-2008-634
referido
11
requisito
demandante
que
comprende
dieron
pie
contra del demandado.
a
todos
la
los
derechos
reclamación
instada
del
en
Poco importa si ambos pleitos se
originan bajo leyes diferentes, pues el mismo derecho puede
ser
protegido
por
más
de
una
disposición
legal.
Lo
importante es que la causa o razón para reclamar de ambos
pleitos surja de un núcleo común de hechos operacionales,
que sea una repetición fáctica o que surja de una misma
conducta, transacción u ocurrencia.39
En
cuanto
al
tercer
requisito,
sentencia
final
que
adjudique los méritos de las reclamaciones presentadas, la
Regla
41(b)
de
Procedimiento
Civil
federal
regula
el
alcance que tienen las sentencias desestimatorias emitidas
por el Tribunal de Distrito.
En lo pertinente, la referida
Regla indica lo siguiente:
(b) Involuntary Dismissal; Effect.
If the
plaintiff fails to prosecute or to comply with
these rules or a court order, a defendant may move
to dismiss the action or any claim against it.
Unless the dismissal order states otherwise, a
dismissal under this subdivision (b) and any
dismissal not under this rule –except one for lack
of jurisdiction, improper venue, or failure to
join a party under Rule 19- operates as an
adjudication on the merits.40
Una sentencia desestimatoria bajo la Regla 41(b) de
Procedimiento
Civil
federal,
adjudicación en los méritos.
supra,
opera
como
una
Esto, a menos que el Tribunal
de Distrito disponga lo contrario o que la desestimación
39
Ramos González v. Félix
(1988). (Citas omitidas).
40
Fed. R. Civ. P. 41(b).
Medina,
121
D.P.R.
312,
331
CC-2008-634
haya
sido
12
decretada
por
cualquiera
de
los
fundamentos
siguientes: falta de jurisdicción; competencia territorial
inadecuada; y dejar de acumular una parte bajo la Regla 19
de Procedimiento Civil federal.41
Cuando
la
sentencia
desestimatoria
dictada
por
el
Tribunal de Distrito estuvo motivada por el fracaso del
demandante
en
litigar
diligentemente
sus
reclamaciones
(failure to prosecute) o en su continua desobediencia con
las órdenes o reglas del tribunal, tal sentencia también
constituye una adjudicación en los méritos.42
No obstante lo expresado, hay contadas ocasiones en
donde
la
doctrina
federal
de
cosa
juzgada
no
debe
ser
aplicada.
Esto, a pesar de concurrir todos los requisitos
para ello.
Cuando la aplicación de la referida doctrina
afecta un interés público o causa una gran injusticia, el
Tribunal Supremo de Estados Unidos ha optado por hacer un
balance
de
intereses
y
ponderar
entre
los
fines
de
la
41
Fed. R. Civ. P. 19. Véase además Ramos González v. Félix
Medina, 121 D.P.R. 312, 321 (1988). (Citas omitidas).
42
A esos efectos, los profesores Charles Alan Wright,
Arthur R. Miller y Edward H. Cooper han señalado lo
siguiente: “Penalty dismissals provide a category in which
there is little need to venture beyond Civil Rule 41(b) in
search of preclusion answers.
Rule 41(b) provides that
unless the court in its order for dismissal otherwise
provides, dismissals for failure to prosecute, to comply
with the civil rules, or to comply with any other order of
the court operate as an adjudication upon the merits”.
Véase 18A Wright, Miller & Cooper, Federal Practice and
Procedure: Jurisdiction 2d, § 4440 (2002).
CC-2008-634
13
doctrina y el daño que se causaría al aplicarla, si alguno,
a las circunstancias particulares del caso.43
III
Nos
encontramos
ante
todos
los
concurren
interjurisdiccionalmente
juzgada.
basta
un
la
cuadró
fáctico
en
requisitos
para
doctrina
federal
el
que
aplicar
de
cosa
En cuanto a la identidad de partes requerida,
con
notar
que
en
ambos
casos
comparecen
como
demandantes Vimarie Santiago León y Ariel González Rivera,
y como demandados el Municipio; el doctor Escalera, en su
carácter oficial y personal, Fulana de Tal y la Sociedad
Legal
de
Compañía
Bienes
de
configura
Gananciales
Seguros
entre
ABC.
ambos
por
ellos
Como
resultado
pleitos
la
compuesta;
de
identidad
y
la
ello,
se
de
partes
requerida.
De
igual
requisito
de
manera,
en
identidad
el
de
caso
de
causas
de
autos
concurre
acción.
el
Ambas
reclamaciones plantean el mismo asunto, surgen del mismo
núcleo
común
quebrantamiento
de
hechos
de
los
operacionales
mismos
estatutos legales distintos.44
ambas
demandas
federal
no
es
involucran
el
aunque
bajo
derechos,
Más aún, de una lectura de
se
desprende
que
mas
que
traducción
una
e
la
instada
al
en
el
inglés
foro
de
la
43
Mericoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co., 320 U.S. 661
(1944); Federated Department Stores, Inc. V. Moitie, 452
U.S. 394 (1981).
Véase además Robertson v. Interstate
Securities Co., 435 F.2d 784 (8vo Cir. 1971).
44
Véase Rein v. Providian Financial Corp., 270 F.3d 895,
903 (9no Cir. 2001).
CC-2008-634
14
presentada en el foro local.
Siendo ello así, entendemos
que también se configura entre ambos pleitos la identidad
de causas de acción requerida.
En
cuanto
al
tercer
adjudicando
los
méritos
agosto
2006,
el
de
de
requisito,
las
Tribunal
sentencia
reclamaciones,
de
Distrito
final
el
8
de
desestimó
con
perjuicio el resto de las reclamaciones presentadas por los
demandantes
que
quedaban
ante
su
consideración.
Esto,
debido a que la parte demandante incumplió constantemente
con las órdenes del Tribunal de Distrito y demostró un
comportamiento
altamente
negligente
en
el
manejo
de
sus
reclamaciones.
Tal sentencia desestimatoria advino final y
firme luego de transcurrido el término de 30 días para
presentar el “Notice of Appeal”, según establecido en la
Regla 4(a)(1)(A) de Procedimiento Apelativo federal.45
Por ello, y en virtud del alcance que le han otorgado
los tribunales federales a las sentencias desestimatorias
dictadas al amparo de la referida la Regla 41(b),46 nos
resulta forzoso concluir que la sentencia desestimatoria
dictada por el Tribunal de Distrito es válida, final y
constituye una adjudicación en los méritos.
45
46
Fed. R. Ap. P. 4(a)(1)(A).
Semtek International, Inc. v. Lockheed Martin Corp., 531
U.S. 497 (2001); Aoude v. Mobil Oil Corp., 892 F.2d 1115,
1121-1122 (1er Cir. 1989); Nasser v. Isthmian Lines, 331
F.2d 124, 128 (2do Cir. 1964); Kearns v. General Motors
Corp., 94 F.3d 1553, 1555 (Cir. Fed. 1996); Horwitz v.
Alloy Automotive Co., 992 F.2d 100, 104 (7mo Cir. 1993);
Nagle v. Lee, 807 F.2d 435, 442-443 (5to Cir. 1987).
CC-2008-634
15
Finalmente, en cuanto a la excepción de la doctrina
federal de cosa juzgada, el Municipio peticionario aduce
que
el
Tribunal
de
Apelaciones
interjurisdiccionalmente.
En
Puerto
Rico
erró
al
no
Le asiste la razón.
las
reclamaciones
de
aplicarla
Veamos.
discrimen
por
condición de género, incluyendo aquel que se genera a raíz
de la condición de embarazo, están revestidas de un alto
interés público.
Además, existe una clara política pública
de condenar tales acciones discriminatorias.47
No obstante, cuando una persona pretende vindicar sus
derechos mediante la presentación paralela de reclamaciones
en
distintos
tribunales
de
jurisdicción
concurrente,
el
trámite y manejo de sus causas de acción requiere un grado
mayor de diligencia, cumplimiento y peritaje.
Así, si un
demandante fracasa en tramitar diligentemente sus causas de
acción,
éste
se
desestimadas.
interés
expone
Después
público
en
a
de
que
que
todo,
los
sus
reclamaciones
existe
pleitos
también
tengan
sean
un
alto
fin
y
no
obra
en
el
adquieran vida eterna en los tribunales.48
En
el
caso
ante
nos,
del
Tribunal
se
desprende
que
la
recurso
parte
que
demandante,
no
sólo
incumplió con múltiples órdenes del foro local, sino que
también asumió una conducta desinteresada en el manejo de
47
48
29 L.P.R.A. § 1321.
Federated Department Stores, Inc. V. Moitie, 452 U.S.
394, 401 (1981). Véase además, Blas v. Hospital Guadalupe,
167 D.P.R. 439, 446 (2006); Parrilla v. Rodríguez, 163
D.P.R. 263, 274 (2004); Bonafont Solis v. American Eagle,
143 D.P.R. 374, 382-383 (1997).
CC-2008-634
16
sus reclamaciones ante el Tribunal de Distrito.49
ello,
no
vemos
injusticia
alguna
en
Debido a
aplicar
interjurisdiccionalmente la doctrina de cosa juzgada.
La
manera en que concluyó el pleito en el foro federal fue el
producto de los propios actos de la demandante.
A estos
efectos, ya hace más de medio siglo que el Tribunal Supremo
federal se ha pronunciado al respecto:
The predicament in which respondent finds himself
is of his own making…. [W]e cannot be expected,
for his sole relief, to upset the general and
well-established
doctrine
of
res
judicata,
conceived in the light of the maxim that the
interest of the state requires that there be an
end to litigation -a maxim which comports with
common sense as well as public policy.
And the
mischief which would follow the establishment of
precedent for so disregarding this salutary
doctrine against prolonging strife would be
greater than the benefit which would result from
relieving some case of individual hardship.50
Resolver lo contrario eximiría a una parte de cumplir
con las normas y reglas procesales establecidas por los
distintos
ordenamientos
reclamar
causas
público.
Precisamente, el propio hecho de reclamar una
de
jurídicos
acción
por
revestidas
el
mero
de
alto
hecho
de
interés
causa de acción revestida de alto interés público implica
que la parte reclamante tiene que observar un grado mayor
de diligencia.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que
las circunstancias particulares de este caso no justifican
49
Véase Apéndice, págs. 45-52, 238-247.
50
Reed v. Allen, 286 U.S. 191, 198-199 (1932).
CC-2008-634
que
se
exima
17
a
la
interjurisdiccional
juzgada.
parte
de
la
demandante
doctrina
de
la
federal
aplicación
sobre
cosa
Revocamos las sentencias dictadas por el Tribunal
de Apelaciones y por el Tribunal de Primera Instancia, y
desestimamos con perjuicio la demanda de autos.
Se dictará sentencia de conformidad.
Efraín E. Rivera Pérez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Vimarie Santiago León;
Ariel González Rivera
Recurridos
CC-2008-634
v.
Municipio de San Juan
Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2009.
Por los fundamentos antes expuestos, en la
Opinión que antecede, la cual se hace formar
parte íntegra de la presente, resolvemos que las
circunstancias particulares de este caso no
justifican que se exima a la parte demandante de
la aplicación interjurisdiccional de la doctrina
federal
sobre
cosa
juzgada.
Revocamos
las
sentencias
dictadas
por
el
Tribunal
de
Apelaciones
y
por
el
Tribunal
de
Primera
Instancia,
y
desestimamos
con
perjuicio
la
demanda de autos.
Lo
acordó
el
Tribunal
y
certifica
la
Secretaria del Tribunal Supremo, Interina.
La
Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente con
opinión escrita.
Juliana Mosquera Soler
Secretaria del Tribunal Supremo, Interina
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Vimarie Santiago León;
Ariel González Rivera
Recurridos
Certiorari
CC-2008-634
v.
Municipio de San Juan
Peticionario
Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2009.
Disiento de la conclusión a la que llega la
mayoría
de
este
Tribunal
porque
entiendo
que
nuestra jurisprudencia claramente ha establecido
que
la
aplicación
interjurisdiccional
de
la
doctrina de cosa juzgada a una sentencia emitida
en
los
méritos
por
el
foro
federal,
no
es
automática ni absoluta. Por esto, se han creado
excepciones que posibilitan el que en ocasiones
se pueda descartar la finalidad de una sentencia.
Específicamente, se puede eximir a una parte de
los efectos de la figura jurídica de cosa juzgada
cuando
su
aplicación
puede
causar
una
injusticia
o
se
afecta un interés público.51
Sin duda, el propósito de la doctrina de cosa juzgada
es importante porque permite darle finalidad, efectividad y
certidumbre
a
las
determinaciones
emitidas
por
el
foro
judicial. No obstante, este interés procesal no puede estar
por encima de un derecho de índole constitucional, como lo
es
el
no
ser
discriminado
por
razón
de
sexo.52
Tan
substancial es esta prohibición de discriminación por sexo
que nuestra Asamblea Legislativa la ha hecho extensiva al
ámbito
obrero
patronal,
mediante
abundante
legislación
dirigida a erradicar este tipo de discrimen.
La determinación que hoy emite este tribunal pretende
establecer
que
la
aplicación
interjurisdiccional
de
la
doctrina de cosa juzgada es de mayor trascendencia que la
prohibición de discriminar por razón de sexo, el cual es un
interés y fin público de la más alta jerarquía. Difiero
totalmente de tal apreciación, mucho más cuando previamente
optamos por no aplicar la figura de cosa juzgada en un caso
en el cual lo que estaba en entredicho era la imagen de la
judicatura. En esa ocasión, específicamente resolvimos que:
…el interés público en mantener nuestro sistema
de justicia libre de cualquier apariencia de
parcialidad, aunque ésta sea infundada, sobrepasa
el interés de mantener la finalidad y eficacia de
las sentencias de otras jurisdicciones, sobre
todo cuando consideramos que la sentencia dictada
en el presente caso fue una de desestimación por
51
Ramos
(1988).
52
González
v.
Felix
Medina,
121
Art. II, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A. sec.1.
D.P.R.
312,
340
inacción y no una emitida después de un juicio
plenario…53
Si el interés público en mantener la apariencia de
imparcialidad
de
la
judicatura
posibilitó
el
que
se
activara la excepción a la norma jurídica de cosa juzgada,
con más justificación debe aplicarse ésta ante un interés
de
orden
constitucional,
dignidad
e
igualdad
manera,
considero
correctamente
al
que
como
humana.
el
resolver
lo
Al
es
no
el
procederse
a
esta
Apelaciones
actuó
de
que
debía
desestimarse
demanda bajo la doctrina de cosa juzgada.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
53
la
de
Tribunal
no
derecho
Ramos González v. Félix Medina, supra, págs. 341-342.
la