LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Santiago León y otros v. Municipio de San Juan

2009 TSPR 153

Poder Judicial de Puerto Rico

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Santiago León y otros v. Municipio de San Juan

CC-2008-634

Procedimiento Civil: Aplicación interjurisdiccional de la doctrina de cosa juzgada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Vimarie Santiago León;

Ariel González Rivera

Certiorari

Recurridos

2009 TSPR 153

v.

177 DPR ____

Municipio de San Juan

Peticionario

Número del Caso: CC-2008-634

Fecha: 7 de octubre de 2009

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel III

Juez Ponente:

Hon. José A. Morales Rodríguez

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Simone Cataldi Malpica

Lcdo. Eliezer A. Aldarondo López

Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Jennifer López Negrón

Lcdo. Julio Nigaglioni Arrache

Materia: Salarios

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del Tribunal. Su distribución electrónica se hace c

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Vimarie Santiago León;

Ariel González Rivera

Recurridos

CC-2008-634

v

Municipio de San Juan

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez.

San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2009.

Por

certiorari

medio

del

se

solicita

nos

presente

que

recurso

de

revisemos

una

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

En dicha sentencia el foro apelativo intermedio

dispuso

que,

requisitos

a

para

pesar

de

aplicar

concurrir

todos

los

interjurisdiccionalmente

la doctrina de cosa juzgada, dicha aplicación, a

modo

de

excepción,

cede

ante

el

alto

interés

público

que

revisten

las

reclamaciones

instadas

por

recurridos.

Por

entender

el

los

que

foro

intermedio apelativo erró al aplicar la excepción

y no la norma, REVOCAMOS.

CC-2008-634

2

I

El 1 de agosto de 2001, la Sra. Vimarie Santiago León

comenzó

a

programa

Más

Salud

trabajar

como

Supervisora

de

en

tu

Comunidad

del

Municipio

de

San

Salud

del

Departamento.

Juan,

Sección

en

el

Departamento

de

en

adelante

el

Dicho puesto era uno transitorio y estaba

adscrito a la División de Programas Especiales.

El 26 de noviembre de 2001, la señora Santiago León

fue designada Directora Auxiliar de Programas Especiales.

Esta posición era una plaza regular que la señora Santiago

León pasó a ocupar interinamente.

Su jefe y supervisor

inmediato lo era el Dr. Alfredo L. Escalera, quien dirigía

el programa de salud del Departamento.

Posteriormente,

en

febrero

Santiago León quedó embarazada.

hecho

al

doctor

Escalera,

del

2002,

la

señora

Luego de comunicarle este

éste,

alegadamente,

inició

un

patrón de discrimen y de trato desigual en contra de la

señora Santiago León por razón de su estado de gestación.

Debido a ello, el 4 de octubre de 2002, la señora

Santiago León y el Sr. Ariel González Rivera, su compañero

consensual, presentaron la demanda de autos en contra del

Municipio de San Juan, en adelante el Municipio; el doctor

Escalera, en su carácter oficial y personal, Fulana de Tal

y

la

Sociedad

Legal

de

Bienes

Gananciales

compuesta; y la Compañía de Seguros ABC.1

demandantes

1

alegaron

que

la

Véase Apéndice, págs. 5-8.

conducta

de

por

ellos

En síntesis, los

los

demandados

CC-2008-634

3

quebrantaba la Sección 1 del Artículo II de la Constitución

de Puerto Rico;2 la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942,

conocida como la Ley de Protección de Madres Obreras;3 la

Ley Núm. 69 del 6 de julio de 1985, conocida como la Ley de

Discrimen en el Empleo por Razón de Sexo;4 y la Ley Núm. 17

del 22 de abril de 1988, conocida como la Ley en Contra del

Hostigamiento Sexual en el Empleo.5

Además, los demandantes

alegaron daños y perjuicios causados al amparo del Artículo

1802 del Código Civil.6

Luego de varios trámites procesales, el 30 de enero de

2004, la señora Santiago León y el señor González Rivera

presentaron otra demanda fundada en los mismos hechos, esta

vez en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para

el

Distrito

Distrito.7

de

Puerto

Rico,

en

adelante

Tribunal

de

Esta segunda demanda también estuvo dirigida en

contra del Municipio; el doctor Escalera, en su carácter

oficial y personal, Fulana de Tal y la Sociedad Legal de

Bienes Gananciales por ellos compuesta; y la Compañía de

Seguros ABC.

Sin

también

embargo,

se

a

hicieron

pesar

las

que

mismas

2

en

esta

segunda

reclamaciones

que

demanda

en

la

Art. II § 1 Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2000,

pág. 55.

3

29 L.P.R.A. § 467 et seq.

4

29 L.P.R.A. § 1321 et seq.

5

29 L.P.R.A. § 155 et seq.

6

31 L.P.R.A. § 5141.

7

Véase Apéndice, págs. 21-28.

CC-2008-634

4

demanda de autos, dichas reclamaciones estuvieron basadas

en

otras

disposiciones

legales;

la

Constitución

de

los

Estados Unidos de América;8 el Título VII de la Ley de

Derechos

Civiles

1964;9

de

el

“Pregnancy

Discrimination

Act”;10 el “Family and Medical Leave Act”;11 la Ley Núm. 81

del

30

de

agosto

de

1991,

conocida

como

la

Ley

de

Municipios Autónomos;12 la Ley Núm. 100 del 30 de junio de

1959, conocida como la Ley en Contra del Discrimen en el

Empleo;13 la Ley Núm. 69 del 6 de julio de 1985, supra;14 y

el Artículo 1802 del Código Civil.15

El 8 de agosto de 2006, luego de haber resuelto la

mayoría

de

las

controversias

presentadas

y

de

que

los

demandantes desistieran voluntariamente de su reclamación

bajo el “Family and Medical Leave Act”,16 el Tribunal de

Distrito

desestimó

con

perjuicio

permanecían ante su consideración.17

8

U.S.C. Const. Art. III § 2, cl.1.

9

42 U.S.C. § 2000e et seq.

10

42 U.S.C. § 2000e(k).

11

29 U.S.C. §§ 2601-2619.

12

21 L.P.R.A. § 4001 et seq.

13

29 L.P.R.A. § 146 et seq.

14

29 L.P.R.A. § 1321 et seq.

15

31 L.P.R.A. § 5141.

16

Véase Apéndice, págs. 29-31.

17

las

reclamaciones

que

Esto, debido a que los

Véase Apéndice, págs. 141-144. El 13 de marzo de 2006,

el Tribunal de Distrito desestimó con perjuicio todas las

reclamaciones instadas en contra del doctor Escalera, su

CC-2008-634

5

demandantes optaron por asumir una conducta negligente y no

cumplieron con las múltiples órdenes que había dictado el

Tribunal

de

Distrito

en

cuanto

al

manejo

diligente

del

caso, el descubrimiento de prueba y la radicación en tiempo

de los escritos.

Una

vez

la

sentencia

emitida

por

el

Tribunal

de

Distrito advino final y firme,18 el 11 de mayo de 2007, el

Municipio

presentó

Tribunal

de

Primera

una

moción

de

Instancia.19

desestimación

En

dicha

en

el

moción

el

Municipio alegó que la sentencia emitida por el Tribunal de

Distrito constituía cosa juzgada, por lo que solicitó que

se desestimaran las reclamaciones pendientes en su contra.20

Luego de escuchar a ambas partes, el 25 de septiembre

de

2007,

sentencia

el

Tribunal

parcial

en

de

Primera

la

cual

Instancia

dictó

se

a

negó

una

aplicar

interjurisdiccionalmente la doctrina de cosa juzgada a las

reclamaciones amparadas en la Sección 1 del Artículo II de

la Constitución de Puerto Rico, la Ley de Discrimen en el

esposa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ellos

compuesta. Véase Apéndice, págs. 123-133.

18

Esta sentencia desestimatoria advino final y firme luego

que transcurriera el término de 30 días para presentar el

“Notice of Appeal”, según lo establecido en la Regla

4(a)(1)(A) de Procedimiento Apelativo federal.

Dicho

término comenzó a transcurrir el 12 de marzo de 2007,

cuando el Tribunal de Distrito emitió una opinión y orden

en la cual denegó la moción de reconsideración presentada

por los demandantes.

19

20

Véase Apéndice, págs. 13-20.

Ya para esta fecha el Tribunal de Primera Instancia había

desestimado todas las reclamaciones en contra del doctor

Escalera, su esposa y la Sociedad Legal de Bienes

Gananciales por ellos compuesta. Véase Apéndice, pág. 126.

CC-2008-634

Empleo

6

por

Razón

de

Sexo,

y

la

Hostigamiento Sexual en el Empleo.21

Ley

en

Contra

del

El Tribunal de Primera

Instancia indicó que, a pesar de estar convencido que entre

ambos casos existía la más perfecta identidad de cosas,

causas y partes, dichas reclamaciones estaban revestidas de

un alto interés público, por lo que debían ventilarse en

sus méritos.

No obstante, el foro primario desestimó la

reclamación bajo el Artículo 1802 del Código Civil.22

Inconforme, el 30 de noviembre de 2007, el Municipio

presentó

un

recurso

de

apelación

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones.23

En su recurso, el Municipio argumentó que,

en

la

virtud

de

Regla

41(b)

de

Procedimiento

Civil

federal,24 la sentencia emitida por el Tribunal de Distrito

constituía una adjudicación en los méritos, por lo que el

Tribunal

de

Primera

Instancia

interjurisdiccionalmente

la

debió

doctrina

de

haber

cosa

aplicado

juzgada

a

todas las reclamaciones presentadas por los demandantes.

Luego de varios trámites procesales, el 23 de mayo de

2008,

el

Tribunal

de

21

Apelaciones

Véase Apéndice, págs. 148-160.

notificada el 16 de octubre de 2007.

22

dictó

Esta

sentencia

sentencia

fue

31 L.P.R.A. § 5141.

23

Véase Apéndice, págs. 171-191. El término para presentar

el recurso de apelación quedó debidamente interrumpido por

la moción de reconsideración que presentó el Municipio el

23 de octubre de 2007.

Véase Apéndice, págs. 161-169.

Dicha moción de reconsideración fue declarada SIN LUGAR

mediante Orden de 26 de octubre de 2007, notificada el 30

de octubre de 2007. Véase Apéndice, pág. 170.

24

Fed. R. Civ. P. 41(b).

CC-2008-634

confirmando

7

al

Tribunal

de

Primera

Instancia.25

Como

consecuencia de este dictamen desfavorable, el Municipio

acudió ante este Tribunal mediante recurso de certiorari.

En

dicho

recurso

el

Municipio

alegó

la

comisión

del

siguiente error:

Erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar la

sentencia del Tribunal de Instancia denegando la

desestimación en su totalidad del pleito, a pesar

de ser de aplicación la doctrina de cosa juzgada.

II

Nos encontramos ante un caso en el que se invoca la

aplicación

juzgada.

interjurisdiccional

de

la

doctrina

de

cosa

Tal aplicación puede ocurrir cuando se presenta

ante el Tribunal de Primera Instancia una sentencia federal

final

y

firme,

como

también

puede

ocurrir

cuando

se

presenta ante el Tribunal de Distrito una sentencia final y

firme emitida por un Tribunal local.26

Cuando la doctrina de cosa juzgada ha de aplicarse

interjurisdiccionalmente,

las

normas

jurídicas

determinan

la

sentencia

federal

el

efecto

de

preclusive effect) varían.

que

(claim

Estas dependerán del fundamento

invocado para sustentar la jurisdicción federal.

Así, si

el fundamento invocado por el demandante para sustentar la

jurisdicción del Tribunal de Distrito lo fue la diversidad

25

26

Véase Apéndice, págs. 223-237.

18 Moore´s Federal Practice, § 133-1 (Mathew Bender 3d

ed.)

Véase además Rodríguez Rodríguez v. Colberg Comas,

131 D.P.R. 212 (1992); Díaz Maldonado v. Lacot, 123 D.P.R.

261 (1989); Ramos González v. Felix Medina, 121 D.P.R. 312

(1988).

CC-2008-634

8

de ciudadanía,27 el efecto de cosa juzgada que tendrá la

decisión federal será determinado por las normas que el

foro local aplica en sus dictámenes.28

En

cambio,

cuando

el

fundamento

invocado

por

el

demandante para sustentar la jurisdicción del Tribunal de

Distrito es que el pleito incoado presenta una cuestión

federal,29 el efecto de cosa juzgada que tendrá la decisión

federal será determinado por las normas pautadas por el

Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Ello, para preservar

la supremacía y la finalidad de la decisión inicial basada

en las leyes del foro que la dictó.30

27

28 U.S.C.A. § 1332.

28

A esos efectos, en Semtek International, Inc. v. Lockheed

Martin Corp., 531 U.S. 497, 507-508 (2001), el Tribunal

Supremo federal indicó lo siguiente: “Since state, rather

than federal, substantive law is at issue there is no need

for a uniform federal rule.

And indeed, nationwide

uniformity in the substance of the matter is better served

by having the same claim-preclusive rule (the state rule)

apply whether the dismissal has been ordered by a state or

a federal court. This is, it seems to us, a classic case

for adopting, as the federally prescribed rule of decision,

the law that would be applied by state courts in the State

in which the federal diversity court sits”.

29

30

28 U.S.C.A. § 1331.

A esos efectos, en Semtek International, Inc. v. Lockheed

Martin Corp., 531 U.S. 497, 507 (2001), el Tribunal Supremo

federal indicó lo siguiente: “It is also true, however,

that no federal textual provision addresses the claimpreclusive effect of a federal-court judgment in a federalquestion case, yet we have long held that States cannot

give those judgments merely whatever effect they would give

their own judgments, but must accord them the effect that

this Court prescribes”.

Véase además Ramos González v.

Felix Medina, 121 D.P.R. 312, 327 (1988) (citando a Stoll

v. Gottlieb, 305 U.S. 165, 170-171 (1938); Depostit Bank v.

Frankfort, 191 U.S. 499, 517-520 (1903)).

CC-2008-634

En

el

reclamación

distintos

9

caso

de

autos,

en

el

Tribunal

estatutos

ciudadanía.

sentencia

los

de

federales

demandantes

instaron

su

Distrito

amparados

en

no

diversidad

de

y

en

Como consecuencia de ello, el efecto de la

desestimatoria

emitida

por

el

Tribunal

de

Distrito debe ser evaluado bajo las normas federales de res

judicata.31

La

doctrina

federal

de

cosa

juzgada

está

cimentada

sobre el interés en preservar la finalidad, efectividad y

certidumbre de las sentencias.32

es

una

mera

herramienta

técnico-procesales.

Es

Tal doctrina federal “no

procesal

una

heredada

doctrina

de

tiempos

fundamental

de

justicia sustancial, de política pública y de paz privada

que debe ser invocada y reforzada por los tribunales”.33

Como

norma

general,

la

referida

doctrina

federal

sostiene que toda sentencia final emitida por un Tribunal

competente que adjudique los méritos de las reclamaciones

presentadas, impide que las mismas partes relitiguen entre

sí las mismas causas de acción ya adjudicadas.34

31

Ramos

(1988).

González

v.

Félix

Medina,

121

D.P.R.

312,

328

32

González

v.

Félix

Medina,

121

D.P.R.

312,

339

Ramos

(1988).

33

Federated Department Stores, Inc. V. Moitie, 452 U.S.

394, 401 (1981). (Traducción nuestra).

34

Federated Department Stores, Inc. V. Moitie, 452 U.S.

394, 398 (1981) (citando a Commissioner v. Sunnen, 333 U.S.

591, 597 (1948); Cromwell v. County of Sac., 94 U.S. 351,

352-353 (1877)). Véase además Powell v. Infinity Ins. Co.,

922 A.2d 1073 (2007).

CC-2008-634

10

Para que la doctrina federal de cosa juzgada pueda

invocarse exitosamente tienen que concurrir los requisitos

siguientes:

(1)

identidad

de

partes;

(2)

identidad

de

causas de acción; y (3) una sentencia final adjudicando los

méritos de las mismas controversias.35

los

referidos

requisitos,

si

las

Una vez concurren

causas

de

acción

adjudicadas son reclamadas nuevamente, la sentencia emitida

impide

que

se

relitiguen,

entre

las

mismas

partes,

las

causas de acción adjudicadas o las que pudieron haberse

adjudicado si se hubiesen reclamado.36

En cuanto al primer requisito, hay identidad de partes

cuando las personas involucradas en ambos pleitos son las

mismas,

independientemente

litigios.

del

rol

asumido

en

ambos

En otras palabras, hay identidad de partes aun

cuando el demandante en el primer pleito es el demandado en

el segundo o viceversa.37

En cuanto a la identidad de causas de acción, este

requisito es similar al concepto de causa o razón de pedir

comprendido

en

nuestra

doctrina

de

cosa

juzgada.38

El

35

Central States, Southeast and Southwest Areas Pension

Fund v. Hunt Truck Lines, Inc., 296 F.3d 624, 628 (7mo Cir.

2002).

36

Powell v. Infinity Ins. Co., 922 A.2d 1073 (2007).

37

Véase Headley v. Bacon, 828 F.2d 1272 (8vo Cir. 1987);

Towers, Perrin, Forster & Crosby, Inc. v. Brown, 732 F.2d

345 (3er Cir. 1984).

38

Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312, 331

(1988) (citando a A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110

D.P.R. 753, 765 (1981); Lausell Marxuach v. Díaz de Yañez,

103 D.P.R. 533, 536 (1972); Colón v. San Patricio

Corporation, 81 D.P.R. 242, 271 (1959)).

CC-2008-634

referido

11

requisito

demandante

que

comprende

dieron

pie

contra del demandado.

a

todos

la

los

derechos

reclamación

instada

del

en

Poco importa si ambos pleitos se

originan bajo leyes diferentes, pues el mismo derecho puede

ser

protegido

por

más

de

una

disposición

legal.

Lo

importante es que la causa o razón para reclamar de ambos

pleitos surja de un núcleo común de hechos operacionales,

que sea una repetición fáctica o que surja de una misma

conducta, transacción u ocurrencia.39

En

cuanto

al

tercer

requisito,

sentencia

final

que

adjudique los méritos de las reclamaciones presentadas, la

Regla

41(b)

de

Procedimiento

Civil

federal

regula

el

alcance que tienen las sentencias desestimatorias emitidas

por el Tribunal de Distrito.

En lo pertinente, la referida

Regla indica lo siguiente:

(b) Involuntary Dismissal; Effect.

If the

plaintiff fails to prosecute or to comply with

these rules or a court order, a defendant may move

to dismiss the action or any claim against it.

Unless the dismissal order states otherwise, a

dismissal under this subdivision (b) and any

dismissal not under this rule –except one for lack

of jurisdiction, improper venue, or failure to

join a party under Rule 19- operates as an

adjudication on the merits.40

Una sentencia desestimatoria bajo la Regla 41(b) de

Procedimiento

Civil

federal,

adjudicación en los méritos.

supra,

opera

como

una

Esto, a menos que el Tribunal

de Distrito disponga lo contrario o que la desestimación

39

Ramos González v. Félix

(1988). (Citas omitidas).

40

Fed. R. Civ. P. 41(b).

Medina,

121

D.P.R.

312,

331

CC-2008-634

haya

sido

12

decretada

por

cualquiera

de

los

fundamentos

siguientes: falta de jurisdicción; competencia territorial

inadecuada; y dejar de acumular una parte bajo la Regla 19

de Procedimiento Civil federal.41

Cuando

la

sentencia

desestimatoria

dictada

por

el

Tribunal de Distrito estuvo motivada por el fracaso del

demandante

en

litigar

diligentemente

sus

reclamaciones

(failure to prosecute) o en su continua desobediencia con

las órdenes o reglas del tribunal, tal sentencia también

constituye una adjudicación en los méritos.42

No obstante lo expresado, hay contadas ocasiones en

donde

la

doctrina

federal

de

cosa

juzgada

no

debe

ser

aplicada.

Esto, a pesar de concurrir todos los requisitos

para ello.

Cuando la aplicación de la referida doctrina

afecta un interés público o causa una gran injusticia, el

Tribunal Supremo de Estados Unidos ha optado por hacer un

balance

de

intereses

y

ponderar

entre

los

fines

de

la

41

Fed. R. Civ. P. 19. Véase además Ramos González v. Félix

Medina, 121 D.P.R. 312, 321 (1988). (Citas omitidas).

42

A esos efectos, los profesores Charles Alan Wright,

Arthur R. Miller y Edward H. Cooper han señalado lo

siguiente: “Penalty dismissals provide a category in which

there is little need to venture beyond Civil Rule 41(b) in

search of preclusion answers.

Rule 41(b) provides that

unless the court in its order for dismissal otherwise

provides, dismissals for failure to prosecute, to comply

with the civil rules, or to comply with any other order of

the court operate as an adjudication upon the merits”.

Véase 18A Wright, Miller & Cooper, Federal Practice and

Procedure: Jurisdiction 2d, § 4440 (2002).

CC-2008-634

13

doctrina y el daño que se causaría al aplicarla, si alguno,

a las circunstancias particulares del caso.43

III

Nos

encontramos

ante

todos

los

concurren

interjurisdiccionalmente

juzgada.

basta

un

la

cuadró

fáctico

en

requisitos

para

doctrina

federal

el

que

aplicar

de

cosa

En cuanto a la identidad de partes requerida,

con

notar

que

en

ambos

casos

comparecen

como

demandantes Vimarie Santiago León y Ariel González Rivera,

y como demandados el Municipio; el doctor Escalera, en su

carácter oficial y personal, Fulana de Tal y la Sociedad

Legal

de

Compañía

Bienes

de

configura

Gananciales

Seguros

entre

ABC.

ambos

por

ellos

Como

resultado

pleitos

la

compuesta;

de

identidad

y

la

ello,

se

de

partes

requerida.

De

igual

requisito

de

manera,

en

identidad

el

de

caso

de

causas

de

autos

concurre

acción.

el

Ambas

reclamaciones plantean el mismo asunto, surgen del mismo

núcleo

común

quebrantamiento

de

hechos

de

los

operacionales

mismos

estatutos legales distintos.44

ambas

demandas

federal

no

es

involucran

el

aunque

bajo

derechos,

Más aún, de una lectura de

se

desprende

que

mas

que

traducción

una

e

la

instada

al

en

el

inglés

foro

de

la

43

Mericoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co., 320 U.S. 661

(1944); Federated Department Stores, Inc. V. Moitie, 452

U.S. 394 (1981).

Véase además Robertson v. Interstate

Securities Co., 435 F.2d 784 (8vo Cir. 1971).

44

Véase Rein v. Providian Financial Corp., 270 F.3d 895,

903 (9no Cir. 2001).

CC-2008-634

14

presentada en el foro local.

Siendo ello así, entendemos

que también se configura entre ambos pleitos la identidad

de causas de acción requerida.

En

cuanto

al

tercer

adjudicando

los

méritos

agosto

2006,

el

de

de

requisito,

las

Tribunal

sentencia

reclamaciones,

de

Distrito

final

el

8

de

desestimó

con

perjuicio el resto de las reclamaciones presentadas por los

demandantes

que

quedaban

ante

su

consideración.

Esto,

debido a que la parte demandante incumplió constantemente

con las órdenes del Tribunal de Distrito y demostró un

comportamiento

altamente

negligente

en

el

manejo

de

sus

reclamaciones.

Tal sentencia desestimatoria advino final y

firme luego de transcurrido el término de 30 días para

presentar el “Notice of Appeal”, según establecido en la

Regla 4(a)(1)(A) de Procedimiento Apelativo federal.45

Por ello, y en virtud del alcance que le han otorgado

los tribunales federales a las sentencias desestimatorias

dictadas al amparo de la referida la Regla 41(b),46 nos

resulta forzoso concluir que la sentencia desestimatoria

dictada por el Tribunal de Distrito es válida, final y

constituye una adjudicación en los méritos.

45

46

Fed. R. Ap. P. 4(a)(1)(A).

Semtek International, Inc. v. Lockheed Martin Corp., 531

U.S. 497 (2001); Aoude v. Mobil Oil Corp., 892 F.2d 1115,

1121-1122 (1er Cir. 1989); Nasser v. Isthmian Lines, 331

F.2d 124, 128 (2do Cir. 1964); Kearns v. General Motors

Corp., 94 F.3d 1553, 1555 (Cir. Fed. 1996); Horwitz v.

Alloy Automotive Co., 992 F.2d 100, 104 (7mo Cir. 1993);

Nagle v. Lee, 807 F.2d 435, 442-443 (5to Cir. 1987).

CC-2008-634

15

Finalmente, en cuanto a la excepción de la doctrina

federal de cosa juzgada, el Municipio peticionario aduce

que

el

Tribunal

de

Apelaciones

interjurisdiccionalmente.

En

Puerto

Rico

erró

al

no

Le asiste la razón.

las

reclamaciones

de

aplicarla

Veamos.

discrimen

por

condición de género, incluyendo aquel que se genera a raíz

de la condición de embarazo, están revestidas de un alto

interés público.

Además, existe una clara política pública

de condenar tales acciones discriminatorias.47

No obstante, cuando una persona pretende vindicar sus

derechos mediante la presentación paralela de reclamaciones

en

distintos

tribunales

de

jurisdicción

concurrente,

el

trámite y manejo de sus causas de acción requiere un grado

mayor de diligencia, cumplimiento y peritaje.

Así, si un

demandante fracasa en tramitar diligentemente sus causas de

acción,

éste

se

desestimadas.

interés

expone

Después

público

en

a

de

que

que

todo,

los

sus

reclamaciones

existe

pleitos

también

tengan

sean

un

alto

fin

y

no

obra

en

el

adquieran vida eterna en los tribunales.48

En

el

caso

ante

nos,

del

Tribunal

se

desprende

que

la

recurso

parte

que

demandante,

no

sólo

incumplió con múltiples órdenes del foro local, sino que

también asumió una conducta desinteresada en el manejo de

47

48

29 L.P.R.A. § 1321.

Federated Department Stores, Inc. V. Moitie, 452 U.S.

394, 401 (1981). Véase además, Blas v. Hospital Guadalupe,

167 D.P.R. 439, 446 (2006); Parrilla v. Rodríguez, 163

D.P.R. 263, 274 (2004); Bonafont Solis v. American Eagle,

143 D.P.R. 374, 382-383 (1997).

CC-2008-634

16

sus reclamaciones ante el Tribunal de Distrito.49

ello,

no

vemos

injusticia

alguna

en

Debido a

aplicar

interjurisdiccionalmente la doctrina de cosa juzgada.

La

manera en que concluyó el pleito en el foro federal fue el

producto de los propios actos de la demandante.

A estos

efectos, ya hace más de medio siglo que el Tribunal Supremo

federal se ha pronunciado al respecto:

The predicament in which respondent finds himself

is of his own making…. [W]e cannot be expected,

for his sole relief, to upset the general and

well-established

doctrine

of

res

judicata,

conceived in the light of the maxim that the

interest of the state requires that there be an

end to litigation -a maxim which comports with

common sense as well as public policy.

And the

mischief which would follow the establishment of

precedent for so disregarding this salutary

doctrine against prolonging strife would be

greater than the benefit which would result from

relieving some case of individual hardship.50

Resolver lo contrario eximiría a una parte de cumplir

con las normas y reglas procesales establecidas por los

distintos

ordenamientos

reclamar

causas

público.

Precisamente, el propio hecho de reclamar una

de

jurídicos

acción

por

revestidas

el

mero

de

alto

hecho

de

interés

causa de acción revestida de alto interés público implica

que la parte reclamante tiene que observar un grado mayor

de diligencia.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que

las circunstancias particulares de este caso no justifican

49

Véase Apéndice, págs. 45-52, 238-247.

50

Reed v. Allen, 286 U.S. 191, 198-199 (1932).

CC-2008-634

que

se

exima

17

a

la

interjurisdiccional

juzgada.

parte

de

la

demandante

doctrina

de

la

federal

aplicación

sobre

cosa

Revocamos las sentencias dictadas por el Tribunal

de Apelaciones y por el Tribunal de Primera Instancia, y

desestimamos con perjuicio la demanda de autos.

Se dictará sentencia de conformidad.

Efraín E. Rivera Pérez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Vimarie Santiago León;

Ariel González Rivera

Recurridos

CC-2008-634

v.

Municipio de San Juan

Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2009.

Por los fundamentos antes expuestos, en la

Opinión que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de la presente, resolvemos que las

circunstancias particulares de este caso no

justifican que se exima a la parte demandante de

la aplicación interjurisdiccional de la doctrina

federal

sobre

cosa

juzgada.

Revocamos

las

sentencias

dictadas

por

el

Tribunal

de

Apelaciones

y

por

el

Tribunal

de

Primera

Instancia,

y

desestimamos

con

perjuicio

la

demanda de autos.

Lo

acordó

el

Tribunal

y

certifica

la

Secretaria del Tribunal Supremo, Interina.

La

Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente con

opinión escrita.

Juliana Mosquera Soler

Secretaria del Tribunal Supremo, Interina

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Vimarie Santiago León;

Ariel González Rivera

Recurridos

Certiorari

CC-2008-634

v.

Municipio de San Juan

Peticionario

Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2009.

Disiento de la conclusión a la que llega la

mayoría

de

este

Tribunal

porque

entiendo

que

nuestra jurisprudencia claramente ha establecido

que

la

aplicación

interjurisdiccional

de

la

doctrina de cosa juzgada a una sentencia emitida

en

los

méritos

por

el

foro

federal,

no

es

automática ni absoluta. Por esto, se han creado

excepciones que posibilitan el que en ocasiones

se pueda descartar la finalidad de una sentencia.

Específicamente, se puede eximir a una parte de

los efectos de la figura jurídica de cosa juzgada

cuando

su

aplicación

puede

causar

una

injusticia

o

se

afecta un interés público.51

Sin duda, el propósito de la doctrina de cosa juzgada

es importante porque permite darle finalidad, efectividad y

certidumbre

a

las

determinaciones

emitidas

por

el

foro

judicial. No obstante, este interés procesal no puede estar

por encima de un derecho de índole constitucional, como lo

es

el

no

ser

discriminado

por

razón

de

sexo.52

Tan

substancial es esta prohibición de discriminación por sexo

que nuestra Asamblea Legislativa la ha hecho extensiva al

ámbito

obrero

patronal,

mediante

abundante

legislación

dirigida a erradicar este tipo de discrimen.

La determinación que hoy emite este tribunal pretende

establecer

que

la

aplicación

interjurisdiccional

de

la

doctrina de cosa juzgada es de mayor trascendencia que la

prohibición de discriminar por razón de sexo, el cual es un

interés y fin público de la más alta jerarquía. Difiero

totalmente de tal apreciación, mucho más cuando previamente

optamos por no aplicar la figura de cosa juzgada en un caso

en el cual lo que estaba en entredicho era la imagen de la

judicatura. En esa ocasión, específicamente resolvimos que:

…el interés público en mantener nuestro sistema

de justicia libre de cualquier apariencia de

parcialidad, aunque ésta sea infundada, sobrepasa

el interés de mantener la finalidad y eficacia de

las sentencias de otras jurisdicciones, sobre

todo cuando consideramos que la sentencia dictada

en el presente caso fue una de desestimación por

51

Ramos

(1988).

52

González

v.

Felix

Medina,

121

Art. II, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A. sec.1.

D.P.R.

312,

340

inacción y no una emitida después de un juicio

plenario…53

Si el interés público en mantener la apariencia de

imparcialidad

de

la

judicatura

posibilitó

el

que

se

activara la excepción a la norma jurídica de cosa juzgada,

con más justificación debe aplicarse ésta ante un interés

de

orden

constitucional,

dignidad

e

igualdad

manera,

considero

correctamente

al

que

como

humana.

el

resolver

lo

Al

es

no

el

procederse

a

esta

Apelaciones

actuó

de

que

debía

desestimarse

demanda bajo la doctrina de cosa juzgada.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

53

la

de

Tribunal

no

derecho

Ramos González v. Félix Medina, supra, págs. 341-342.

la