LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Díaz de León

2009 TSPR 138

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. Díaz de León

CC-2008-04

Procedimiento Criminal – Recurso de Certiorari para revisar determinación de causa probable para arrestar o acusar

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

EL Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

Certiorari

v.

2009 TSPR 138

Amaury Díaz Medina y

Gerardo Bonano Pérez

176 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC-2005-632

Fecha: 27 de agosto de 2009

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Fajardo Panel XI

Juez Ponente:

Hon. Yvonne Feliciano Acevedo

Oficina del Procurador General:

Lcdo. Salvador Antonetti Stutts

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcda. Niza Meléndez Winandy

Lcdo. Héctor Jiménez Casillas

Materia: Artículo 401

Este documento constituye un documento oficial del

Tribunal Supremo

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oceso de

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del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio p

úblico a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Certiorari

Peticionario

v.

Amaury Díaz Medina,

Gerardo Bonano Pérez

CC-2005-632

Recurridos

Opinión del

Charneco

Tribunal

emitida

por

la

Jueza

Asociada

señora

Pabón

San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2009.

El presente recurso otorga a este Tribunal la

oportunidad

de

resolver

si

el

sometimiento

de

un

equipaje a un examen de olfato canino realizado con

el propósito de detectar sustancias controladas, por

un can entrenado para tal fin, constituye un registro

al amparo de la Sección 10 del Artículo II de la

Constitución de Puerto Rico. Luego de haber realizado

un detenido examen de la controversia presentada ante

nos,

resolvemos

que

el

examen

de

olfato

canino

realizado sobre el equipaje de la parte recurrida no

fue un registro en sentido constitucional. A su vez,

resolvemos

que

el

registro

ulterior

a

la

marca

positiva del can fue razonable por tratarse de una

situación de necesidad especial para el Estado, toda

CC-2005-632

2

vez que los agentes del orden público tenían una sospecha

individualizada razonable de que el contenido del equipaje

registrado tenía narcóticos.

Al así colegir, se armonizan

los intereses en pugna en una controversia de esta índole, a

saber:

la

protección

allanamientos

constitucional

irrazonables

como

contra

medida

registros

preventiva

y

para

proteger el derecho a la intimidad versus el interés del

Estado en combatir la criminalidad.

I.

Expondremos brevemente los hechos esenciales que dieron

génesis a la controversia que hoy toca resolver.

El Ministerio Público presentó acusaciones contra los

recurridos Amaury Díaz Medina y

Gerardo Bonano

Pérez por

violación al Art. 401 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de

1974,

según

enmendada,

conocida

como

“Ley

de

Sustancias

Controladas de Puerto Rico”, 24 L.P.R.A. sec. 2401. Se les

acusó

por

posesión

de

catorce

kilos

de

cocaína

con

la

intención de distribuir la droga.

Previo a la celebración del juicio en su fondo, Amaury

Díaz Medina, en adelante, Díaz Medina, presentó una “Moción

Solicitando la Supresión de Evidencia”.

En el escrito, Díaz

Medina

evidencia

solicitó

la

supresión

de

la

incautada

alegando que la misma había sido ocupada ilegalmente por no

mediar

orden

Evaluado

el

petitorio,

celebró

una

vista

compareció

para

como

el

registro

el

supuestamente

Tribunal

de

realizado.

Primera

de

supresión

de

evidencia

único

testigo

el

agente

Instancia

en

Nelson

la

cual

Rosado

CC-2005-632

3

Cintrón, adscrito a la División de Drogas y Narcóticos del

Municipio de Fajardo.

El

agente

Rosado

Cintrón

declaró

que,

previo

a

la

intervención con los acusados, su Supervisor había recibido

varias

confidencias

por

vía

telefónica

respecto

a

un

cargamento de drogas que Aduana Federal había recogido al

norte

de

la

Isla

del

Municipio

de

Culebra.

Luego

de

corroborar dicha información con un sargento del Task Force

de Aduana Federal, el declarante se trasladó a Culebra el 6

de diciembre de 2003. Una vez el agente Rosado Cintrón llegó

a Culebra, entrevistó a tres personas que le informaron que

parte del cargamento había sido recogido por el recurrido

Gerardo

Bonano

Pérez,

en

adelante,

individuo en una embarcación.

Bonano

Pérez,

y

otro

A su vez, le informaron que,

por el tamaño de la embarcación (incapaz de acomodar todo el

cargamento), Bonano Pérez y su acompañante tuvieron que dejar

en

el

agua,

para

recogerlo

posteriormente,

parte

del

cargamento, siendo incautado éste por agentes federales.

El declarante testificó que ese mismo día mientras se

encontraba en Bayamón haciendo gestiones para ingresar a una

persona en una facilidad correccional, recibió por teléfono

otra confidencia en la que le indicaron que Díaz Medina había

transportado de Culebra a Fajardo seis kilos de cocaína. El

agente

Rosado

Cintrón

declaró

que

conocía

a

Díaz

Medina

porque anteriormente había tenido que arrestar a éste, en un

caso

relacionado

a

sustancias

controladas.

Asimismo,

el

agente Rosado Cintrón atestó que el confidente le notificó

CC-2005-632

4

que Díaz Medina había realizado otros viajes similares en

esos días para transportar cocaína que tenían almacenada en

un lugar en Culebra.

El

agente

Rosado

Cintrón

declaró

que,

siguiendo

instrucciones de su Supervisor, se trasladó a Culebra el 11

de diciembre de 2003 donde entrevistó a varias personas que

confirmaron

las

confidencias

previas.

Indicó

que

al

día

siguiente pudo observar a Bonano Pérez llegar al lugar y

recibir dinero de una de dos personas que se encontraban

realizando una transacción de drogas. Alegó que Bonano Pérez

llegó al lugar en una camioneta pick up modelo Ford 150 color

negra y marrón, mientras que Díaz Medina se presentó en un

vehículo Toyota. Continuó el declarante atestando que luego

de dialogar, Bonano Pérez sacó de la parte de atrás de la

Ford dos paquetes con cinta adhesiva color gris y se los

entregó a Díaz Medina, que los colocó en un bulto color azul

y se marchó del lugar.

Al observar lo acaecido, el Agente Rosado Cintrón siguió

a

Díaz

Medina

hasta

Villa

Flamenco

donde

observó

a

éste

estacionarse al lado de una casa ubicada frente al aeropuerto

de Culebra. Declaró que Díaz Medina se bajó del vehículo

Toyota y sacó del baúl el bulto color azul llevándolo dentro

de la casa.1 Al informar lo sucedido a su Supervisor, éste le

ordenó preparar una Declaración Jurada a fin de obtener una

orden de registro y allanamiento de la mencionada residencia.

1

El agente Rosado Cintrón aseguró que, por su experiencia y la forma de

la envoltura, los paquetes que observó contenían sustancias controladas.

CC-2005-632

5

Así las cosas, el declarante relató que el 13 de diciembre de

2003 salió de Culebra y al llegar a la División de Drogas

recibió una confidencia telefónica de que los acusados se

hallaban en el aeropuerto de Culebra y se disponían a viajar

hasta Fajardo con tres bultos llenos de cocaína.

Según el

agente Rosado Cintrón, a los quince minutos lo volvieron a

llamar para informarle que los acusados habían conseguido un

vuelo

y

se

disponían

a

abordar

el

avión.

Además,

el

confidente supuestamente describió la vestimenta que llevaban

puesta los recurridos.

Continuó

su

testimonio

atestando

que

realizadas

las

gestiones con su supervisor, éste le indicó que consiguiera

al agente Daniel Marín, manejador de un perro de la Unidad

Canina. Al llegar a la división, el agente Daniel Marín fue

informado de las confidencias y salió junto al agente Rosado

Cintrón

hacia

agente

Rosado

el

aeropuerto

Cintrón

llevando

declaró

que

consigo

una

vez

un

can.

El

llegó

al

aeropuerto, observó a Díaz Medina con un bulto azul oscuro y

una bolsa blanca de supermercado. Testificó que tan pronto

Díaz Medina vio al agente acercarse, soltó el bulto azul y lo

colocó pegado a una pared de la oficina de Aduana Federal,

previo a sentarse en el primer asiento de una hilera de

asientos en el aeropuerto. Según la declaración del agente,

éste le pidió a Díaz Medina que se levantara pero no le hizo

caso.

Declaró que mientras tanto de frente hacia él venía

caminando Bonano Pérez con dos bultos en las manos.

El

agente Rosado Cintrón testificó que Bonano Pérez tiró uno de

CC-2005-632

6

los bultos junto al bulto de Díaz Medina (pegado a la pared)

y el otro se lo quedo consigo. El agente Rosado Cintrón

procedió a preguntarle a Bonano Pérez si éste le daba permiso

para registrar el bulto que traía, a lo que éste contestó que

no tenía ningún problema. De esta forma, Bonano Pérez colocó

el bulto que tenía consigo al lado del asiento donde se

encontraba sentado Díaz Medina.

El agente Rosado Cintrón comenzó a registrar el bulto de

Bonano Pérez y encontrándose en dicho ejercicio, el agente

Daniel Marín llegó con el can llamado Pirata, dirigiéndose

donde

estaban

los

habían

soltado

en

bultos

el

que

piso.

Bonano

El

Pérez

agente

y

Díaz

Marín

le

Medina

dio

una

instrucción al can, lo haló y el perro siguió olfateando. El

perro volvió a los bultos marcando positivo.

Esto ocasionó que el agente Rosado Cintrón soltara el

bulto

que

se

registrar

los

encontraba

que

se

en

el

encontraban

asiento

y

en

piso.

el

procediera

El

a

agente

declaró que al abrir el bulto que había soltado Díaz Medina,

encontró debajo de una ropa el primer kilo de cocaína que

estaba envuelto en cinta adhesiva color gris.2 Después de la

identificación

de

las

sustancias

controladas,

el

agente

Rosado Cintrón declaró que puso bajo arresto a Díaz Medina y

Bonano Pérez y les leyó las advertencias legales. Finalizó su

testimonio aclarando que en la División de Drogas se hizo un

registro más profundo encontrando siete kilos de cocaína en

cada uno de los dos bultos incautados.

2

Según el agente Rosado Cintrón, la envoltura de los paquetes era similar

a la de los paquetes que había identificado en Culebra.

CC-2005-632

7

El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la

“Moción de Supresión de Evidencia”. Expresó que no existían

los motivos fundados para realizar un registro sin orden

judicial

previa.

Inconforme,

el

Procurador

General,

en

representación del Pueblo de Puerto Rico, acudió al Tribunal

de Apelaciones.

El foro apelativo denegó expedir el auto de certiorari

solicitado por discernir que el Tribunal de Primera Instancia

no había incidido al suprimir la evidencia.

Entendió el

tribunal a quo que el registro realizado por el agente Rosado

Cintrón

había

sido

irrazonable.

Inconforme,

el

Procurador

General acude ante nos.

Ante este Foro, el Procurador General plantea, inter

alia, que incidió el foro apelativo al resolver el caso de

autos

aplicando

la

figura

del

registro

incidental

a

un

arresto, cuando procedía resolver que someter los bultos al

olfato de un can no constituye un registro.

Sostiene, a su

vez, que es de aplicación la norma de evidencia a plena vista

u olfato, por lo que no era necesaria la orden judicial

previa para el registro de los bultos. Finalmente, plantea

que

dicho

registro

motivó

el

arresto

de

los

recurridos

conforme la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.

Ap II.

A

contrario

sensu,

los

recurridos

sostienen

que

la

intervención estatal configuró un registro irrazonable porque

se llevo a cabo sin previa orden judicial, en ausencia de

motivos fundados suficientes, por lo que arguyen que los

CC-2005-632

foros

8

inferiores

no

incidieron

al

suprimir

la

evidencia

incautada.

Vista la petición de certiorari, acordamos expedir. Con

el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos

a resolver.

II.

La controversia en el caso de autos comporta un carácter

dual. En primer lugar, nos toca resolver si el examen de

olfato canino sobre los bultos de los recurridos Díaz Medina

y

Bonano

Pérez

Constitución.

En

es

un

registro

segundo

bajo

lugar,

y

el

palio

de

consustancial

nuestra

con

lo

primero, debemos determinar si la intervención posterior a la

marca

positiva

del

can

es

un

registro

en

sentido

constitucional y de serlo, si fue razonable, pese haberse

llevado a cabo sin una orden judicial previa. Conforme hemos

mencionado, la respuesta a la primera interrogante es en la

negativa y la de la segunda es en la afirmativa.

Previo a entrar

planteadas,

debemos

en el análisis

de las controversias

enfatizar

este

que

caso

vuelve

a

protagonizar la convergencia entre dos intereses primordiales

en nuestra sociedad que suelen ser asiduamente antagónicos.

Nos referimos a la garantía individual contra registros y

allanamientos irrazonables3 vis a vis el interés del Estado

en hacerle frente a la criminalidad en busca de una mejor

calidad de vida para sus ciudadanos. Tenemos presente que al

3

Enmda. IV, Const. EE.UU., Tomo 1; Art. II, sec. 10, Const. de Puerto

Rico, L.P.R.A., Tomo 1.

CC-2005-632

9

realizar la ponderación, es necesario armonizar los intereses

envueltos

sin

latentes

en

convertirnos

impidan

el

enajenarnos

nuestra

en

deber

de

sociedad

los

y

al

valores

mismo

intérpretes

propiciadores

del

de

Estado

o

luchar

principios

tiempo

de

evitar

óbices

contra

el

que

crimen.

Después de todo, como ya hemos expresado: “[e]n Puerto Rico

como

regla

individuo

general,

pueda

la

tener

expectativa

en

de

intimidad

circunstancias

que

un

relacionadas

directamente con la comisión de un acto criminal es limitada.

Así

lo

determinaron

quienes

redactaron

nuestra

Constitución”.4 Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 361,

390 (1995); Véanse, además, Pueblo v. Soto Soto, res. en 22

de mayo de 2006, 168 D.P.R. ___ (2006), 2006 T.S.P.R. 87,

2006 J.T.S. 96; Pueblo v. Colón Rafucci, 139 D.P.R. 959, 96667 (1996).

4

La Comisión de la Carta de Derechos de la Constituyente explicó la

Sección

10,

que

trata

sobre

la

protección

contra

registros

y

allanamientos irrazonables, de la siguiente manera:

“La inviolabilidad de la persona se extiende a todo lo que es

necesario para el desarrollo y expresión de la misma. El hogar, los

muebles y utensilios, los libros y papeles poseídos por un ciudadano

son como una prolongación de su persona, pues constituyen el ámbito en

que ésta se ha hecho y se mantiene. Toda intromisión sin su permiso en

este círculo privado equivale para todo hombre a una violación de su

personalidad. Lo mismo acontece con los medios en que se expresa su

intimidad y que reserva tan sólo para algunos: su correspondencia, sus

manifestaciones espontáneas a través de los modernos medios mecánicos

de comunicación. La lesión de la intimidad es en este sentido el más

penoso ataque a los derechos fundamentales de la persona.

Sin embargo, los mismos medios y propiedades que sirven para el

desarrollo y el sostén de la persona pueden ser instrumentos de delito

o resultado de su comisión. En estos casos detenerse ante esas

fronteras de la personalidad equivaldría a la protección indebida del

delito y del delincuente. En esa colisión de lo privado y lo público,

la solución se entrega, con todas las garantías, a la autoridad

judicial encargada de perseguir y sancionar las transgresiones de la

ley. Las garantías personales frente al arresto, el registro, la

incautación y el allanamiento tienen su límite en la conducta

criminal.” (Énfasis nuestro) Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente, págs. 2567-2568.

CC-2005-632

10

III.

Tanto la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados

Unidos

como

derecho

del

la

Constitución

pueblo

de

contra

Puerto

Rico

registros,

protegen

el

incautaciones

y

allanamientos irrazonables que puedan afectar sus personas,

casas,

papeles

Sanfilippo,

y

efectos.5

Práctica

Véase,

Jurídica

de

Olga

Elena

Puerto

Resumil

Rico,

de

Derecho

Procesal Penal, Equity Pub., Orford, NH, T. I, Vol. I, 1990,

pág. 203.

La

etiología

de

ambos

preceptos

constitucionales

es

proteger el derecho a la intimidad y dignidad del individuo

frente a actuaciones arbitrarias e irrazonables del Estado.

Pueblo v. Loubriel Suazo, 158 D.P.R. 371 (2003); Pueblo v.

Yip

Berríos,

142

D.P.R.

386

(1997);

Pueblo

v.

Santiago

Alicea, 138 D.P.R. 230 (1995); Pueblo v. Ramos Santos, 132

D.P.R. 363 (1992). Véase, Ernesto L. Chiesa, Derecho Procesal

Penal de Puerto Rico y Estados UnÍdos, 1ra ed., Colombia,

Forum Pub., 1991, T. I, Vol. I, pág. 283.

Sabido

es

que

la

mencionada

garantía

constitucional

protege fundamentalmente a la persona y no a los lugares, y

para que esta garantía se active es necesario determinar si

existe un interés personal del individuo sobre el lugar u

objeto allanado, incautado o registrado de modo que exista

una expectativa razonable de intimidad. Pueblo v. Loubriel

5

Nuestra Constitución, en su Art. II, Sec. 10 reconoce el derecho de la

ciudadanía “a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos

contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables”, salvo

autorización judicial, “cuando exista causa probable apoyada en juramento

o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las

personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Evidencia obtenida en

violación de esta sección será inadmisible en los tribunales”.

CC-2005-632

11

Suazo, supra; E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394 (1983).

Además,

la

protección

contra

registros

irrazonables

se

acciona solamente cuando los agentes gubernamentales realizan

un “registro” en sentido constitucional. Esto ocurre cuando

la persona que alega la violación, alberga subjetivamente una

expectativa legítima de intimidad que la sociedad reconoce

como razonable. Pueblo v. González, 167 D.P.R. 350 (2006). La

cuestión central es si la persona tiene un derecho razonable

a abrigar, donde sea, dentro de las circunstancias del caso

específico, la expectativa de que su intimidad se respete.

Íd; Pueblo v. Soto Soto, supra; Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R.

318 (1999); Pueblo en Interés del Menor N.O.R., 136 D.P.R.

949 (1994); Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001); Katz

v. United States, 389 U.S. 347 (1967).

Como consecuencia de este principio, se ha reconocido

que

ciertas

actividades

gubernamentales

no

activan

la

protección constitucional contra registros irrazonables, ya

que no existe expectativa razonable de intimidad sobre la

materia

investigada.

Así,

por

ejemplo,

no

se

activa

la

cláusula constitucional cuando la evidencia es ocupada en un

"campo

abierto"

abandonada.

o

cuando

la

evidencia

ocupada

ha

sido

Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139 (1985).

Véase, Ernesto L. Chiesa, op cit., Vol. 1, pág. 347. Tampoco

se activa la protección constitucional cuando se utilizan

binoculares

para

observar

el

campo

abierto

residencia. Pueblo v. Soto Soto, supra.

frente

a

una

CC-2005-632

12

La determinación de la existencia de una expectativa

razonable

cláusula

de

intimidad

que

constitucional

es

active

una

la

protección

de

la

de

a

ser

cuestión

umbral

determinada previo a entrar a considerar si la intervención

gubernamental fue razonable. Pueblo v. González, supra. Una

vez se determina la configuración de un registro por parte

del

Estado,

entonces

el

siguiente

peldaño

consiste

en

realizar un balance de intereses entre dicha expectativa y

los

intereses

estatales

que

hayan

motivado

la

actuación

estatal. Pueblo v. Cedeño Lacaustra, 157 D.P.R. 743, 788

(2002); Pueblo v. Yip Berríos, supra; Pueblo v. Dolce, 105

D.P.R. 422, 434-35 (1976).

En síntesis, lo primero que se debe auscultar y analizar

es si en esencia ha ocurrido o no un registro por parte del

Estado

para

hacer

extensiva

la

protección

constitucional

aludida. Si la conclusión del análisis es que no ha habido un

registro,

vano

sería

intereses

puesto

aplicar

que

no

la

doctrina

de

se

activaría

balance

la

de

garantía

constitucional contra registros y allanamientos irrazonables.

En

lo

sostenido

relativo

y

al

reconocido

equipaje

de

que

individuo

un

una

persona,

se

alberga

ha

una

expectativa razonable de intimidad sobre este, aunque dicha

expectativa sea menor que la que se puede tener en el hogar.6

Robbins

6

v.

California,

453

U.S.

420

(1981);

Arkansas

v.

En Kyllo v. United States, supra, se recalcó que el hogar es un área

donde el reconocimiento a la expectativa razonable a la intimidad tiene

raíces profundas en el Derecho Común.

CC-2005-632

13

Sanders, 442 U.S. 753 (1979); United States v. Chadwick, 433

U.S. 1 (1977).

Por

otro

lado,

para

hacer

asequible

la

protección

constitucional contra registros y allanamientos irrazonables,

la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II,

funge como vehículo procesal que permite la supresión de

evidencia obtenida en contravención con un registro sin orden

judicial previa. Un registro sin orden judicial previa se

presume

irrazonable

e

inválido

y

solamente

podría

ser

considerado razonable si concurren las circunstancias que la

jurisprudencia ha reconocido por vía de excepción. Pueblo v.

Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 775-776 (1982); Pueblo v.

Dolce, supra.7

IV.

A.

De entrada, y a la luz de la normativa reseñada, en el

caso de autos debemos determinar si en efecto el examen de

olfato canino sobre el equipaje de una persona constituye un

registro en sentido constitucional. Como ya señalamos, tal

determinación es una cuestión de umbral, necesaria para saber

si

hay

que

realizar

un

balance

de

intereses

entre

la

expectativa a la intimidad que se albergue sobre el contenido

del equipaje y el objetivo del Estado. Por eso, establecer lo

contrario (que el examen de olfato canino no es un registro),

7

Entre las excepciones reconocidas a un registro sin orden judicial se

encuentran: registro incidental a un arresto legal, evidencia a plena

vista, y consentimiento por parte del ciudadano objeto del registro.

Véanse, Pueblo v. Rosario Igartúa, 129 D.P.R. 1055 (1992); Pueblo v.

Acevedo Escobar, supra.

CC-2005-632

14

hace inmaterial realizar el balance de intereses porque no

habría expectativa de intimidad que proteger.

Desde hace más de veinticinco años, la jurisprudencia

federal ha reconocido y sigue afirmando que el examen de

olfato canino sobre el equipaje o bultos de una persona no

constituye

un

registro

que

amerite

protección constitucional contra

la

activación

de

la

registros y allanamientos

irrazonables.8 Esta normativa tuvo su albor en el caso de

Place v. United States, infra.

En este caso, Raymond J. Place se encontraba haciendo

turno para comprar un pasaje en el aeropuerto internacional

de Miami, con destino a Nueva York. Su comportamiento levantó

sospechas

a

unos

agentes

del

orden

público,

los

que,

posteriormente, mientras Place se dirigía a la puerta de su

avión le requirieron su boleto e identificación. Place le

mostró lo solicitado y consintió a que registraran sus bultos

pero por razón de que su vuelo estaba a punto de partir, los

agentes no hicieron el registro. Una vez llegó a Nueva York,

agentes del Drug Enforcement Administration (DEA) lo estaban

esperando al haber sido notificados desde Florida (por los

primeros agentes) que la dirección provista por Place para

comprar su boleto y la que llevaba el equipaje no existían y

que, a su vez, el teléfono que había informado como suyo,

pertenecía

a

una

tercera

dirección.

Place

se

negó

a

consentir el registro de sus bultos por los agentes. Los

8

Place v. United States, 462 U.S. 696 (1983); City of Indianapolis v.

Edmond, 531 U.S. 32 (2000); Illinois v. Caballes, 543 U.S. 405 (2005).

CC-2005-632

15

agentes retuvieron los bultos, transcurriendo noventa minutos

hasta que se le realizó y completó un examen de olfato canino

que arrojó positivo. Finalmente obtuvieron una orden para

registrarlos, encontrando cocaína. Así las cosas, Place fue

arrestado. Íd.

En la evaluación del caso, el Tribunal Supremo Federal

palmariamente

expectativa

reafirmó

razonable

que

de

todo

ciudadano

intimidad

sobre

tiene

su

una

equipaje

protegida por la Cuarta Enmienda. Íd, 707; Véase, United

States v. Chadwick, supra, pág. 7 (1977). Empero, también

sostuvo en lo pertinente: 1) que el olfato canino por un

perro

entrenado

para

detectar

sustancias

controladas

no

requiere abrir el equipaje; 2) que tampoco expone cosas que

no son contrabando por lo que éstas permanecerán ocultas de

la vista del público; 3) que la manera en que la información

es

recopilada

por

esta

técnica

investigativa

es

menos

intrusiva que un registro usual; 4) que el olfato solamente

revela la presencia o no de narcóticos (contrabando) y por

ello

la

información

recibida

es

limitada;

5)

que

este

descubrimiento limitado evita que el propietario del equipaje

sea objeto de vergüenza o inconvenientes que pueden ocasionar

otros métodos investigativos; y 6) que en esencia el examen

de olfato canino es una técnica investigativa sui generis y

que

por

tales

fundamentos

la

exposición

del

equipaje,

localizado en área pública y por un perro entrenado, no es un

CC-2005-632

16

registro a la luz de la Cuarta Enmienda. Place v. United

States, supra, pág. 707.9

Un año después, en United States v. Jacobsen, 466 U.S.

109

(1984),

el

Tribunal

concordancia

con

lo

Supremo

resuelto

en

Federal

Place

v.

resolvió,

United

en

States,

supra, que la intervención de los agentes del orden público

que no compromete ningún interés legítimo de privacidad, no

es un registro conforme la Cuarta Enmienda. Por lo tanto, el

interés que pueda tener una persona en poseer contrabando o

sustancias

controladas

no

se

considera

como

legítimo.

Es

decir, la acción gubernamental que solamente revela posesión

de

contrabando,

privacidad.

Por

no

compromete

eso,

la

ningún

expectativa

interés

legítimo

de

que

persona

en

una

particular pueda albergar con respecto a que algunas cosas

(como

los

narcóticos)

no

lleguen

al

conocimiento

de

los

agentes del orden público, no es sinónimo al interés en la

privacidad que la sociedad está preparada para reconocer como

razonable. Íd., págs. 122-123.

Posteriormente,

el

máximo

Foro

Federal

ratificó

lo

sostenido en Place v. United States, supra, en los casos de

Indianapolis v. Edmond, supra, e Illinois v. Caballes, supra,

extendiendo su aplicación al contexto de los automóviles que

9

El Tribunal Supremo Federal determinó, a su vez, que detener el equipaje

de una persona solamente sería razonable si existe sospecha razonable de

que el pasajero tiene sustancias controladas en dicho equipaje. Además,

el Tribunal apuntó que la detención del equipaje debía ser breve. Tales

pronunciamientos ponen de manifiesto la necesidad de sospecha razonable

para detener el equipaje de una persona con el objeto de someterlo a un

examen de olfato canino. Por consiguiente, si no ocurre dicha detención,

el equipaje puede ser sometido al examen de olfato canino sin necesidad

de sospecha razonable previa.

Nótese, que en el caso de autos, ni

siquiera hubo detención de equipaje. El examen de olfato canino se

realizó sobre los bultos que los coacusados habían soltado en el piso del

aeropuerto.

CC-2005-632

17

son detenidos legalmente. En el primero señaló que igual a

Place v. United States, supra, el examen de olfato canino en

el exterior de un automóvil no requiere entrar al carro y no

está diseñado para revelar ninguna información excepto la

presencia o ausencia de narcóticos y que el olfato de un can

que solamente camina alrededor de un carro es mucho menos

intrusivo

que

un

registro

usual.

En

el

segundo,

in

pari

materia, el tribunal tuvo la oportunidad de resolver si la

Cuarta Enmienda requería sospecha razonable para justificar

la utilización de un perro con el propósito de olfatear un

vehículo durante una detención vehicular válida. El Supremo

Federal sostuvo contundentemente, inter alia, que el examen

de olfato canino conducido durante una detención vehicular

válida que no revela información alguna excepto la ubicación

de

alguna

sustancia

poseer,10

no

necesita

sospecha

viola

que

la

ninguna

Cuarta

razonable

persona

Enmienda,

para

tiene

por

realizar

lo

derecho

a

que

se

dicho

no

examen.

Illinois v. Caballes, supra, págs. 408-410.11

10

Nótese que tal razonamiento es cónsono con lo resuelto en United States

v. Jacobsen, supra y así lo entendió el máximo Foro Federal en Illinois v.

Caballes, supra, al citar con aprobación al primero. La lógica es simple y

carece de cualquier pretensión distorsionada: si no existe expectativa

legítima de intimidad sobre el contrabando o los narcóticos, por la misma

razón, un examen de olfato canino dirigido únicamente a identificar si el

equipaje de una persona tiene o no contrabando, tampoco soslaya la

expectativa razonable de intimidad que pueda albergar una persona, puesto que

dicha expectativa, en ese contexto particular, no se reconoce.

11

Véase, United States v. Lovell, 849 F.2d 910 (5to Cir. 1988). Véase,

además, United States v. $191,910.00 In U.S. Currency, 16 F.3d 1051 (9no

Cir. 1994). Este caso valida la utilización del olfato canino para

examinar equipaje en ausencia o no de motivos fundados. Establece que si

existe sospecha razonable de que el viajero lleva droga consigo, los

agentes deben tener un can en el aeropuerto o cerca de éste, esperando

para oler el equipaje con el propósito de que la detención del equipaje

sea breve y razonable. Sin embargo, si no existe sospecha razonable, los

agentes del orden público no tienen que tener un can esperando al viajero

en el aeropuerto o cerca del mismo.

CC-2005-632

18

Se ha interpretado que al aplicar el caso de Place v.

United States, supra, es irrelevante si el olfato positivo

del can ocurre en un aeropuerto o si el oficial del orden

público logra detectar contrabando a plena vista. A contrario

sensu, lo realmente determinante es si la persona que observa

o el can que olfatea, están legalmente presentes cuando sus

respectivos

sentidos

detectan

evidencia

incriminatoria.

United States v. Esquilin, 208 F.3d 315, 318 (1er Cir. 2000);

United States v. Reed, 141 F.3d 644, 649 (6to Cir. 1998).

Incluso, antes

y después de Place v. United States,

supra, los tribunales federales han resuelto que el olfato de

un can sobre el equipaje de una persona no constituye un

registro porque la expectativa razonable de intimidad no se

extiende al espacio de aire que rodea a los mismos.

U.S. v.

Garcia, 42 F.3d 604, 150 A.L.R. Fed 719 (10mo Cir. 1994); U.

S. v. Goldstein, 635 F.2d 356 (5to Cir. 1981); U. S. v.

Fulero,

498

F.2d

748

(D.C.

Cir.

1974).

También,

se

ha

interpretado que la naturaleza limitada y discriminatoria del

olfato

canino

Enmienda

de

no

la

constituye

Constitución

un

registro

Federal.

bajo

la

Cuarta

Jennings

v.

Joshua

Indep. Sch. Dist., 877 F.2d 313, 316 (5to Cir. 1989). En

síntesis, las cortes federales, han sostenido que el examen

de

olfato

canino

sobre

los

bultos

de

las

personas,

automóviles, pertenencias de los estudiantes en una escuela,

entre

otros,

no

son

un

registro

al

amparo

de

la

Cuarta

Enmienda. Véase, U.S. v. Quoc Viet Hoang, 486 F.3d 1156 (9no

Cir. 2007);

U.S. v. Carpenter, 406 F.3d 915 (7mo Cir. 2005);

CC-2005-632

19

Doran v. Contoocook Valley Sch. Dist., 2009 DNH 32 (2009)12.

Como bien señala el comentarista John Wesley Hall, las cortes

federales

y

estatales

han

permitido

el

examen

de

olfato

canino de manera indiscriminada tanto en los equipajes como

en los automóviles. J.W. Hall, Search and Seizure, 3ra ed.,

Virginia, Lexis Publ. Co., Vol. I, pág. 674. Véanse, U.S. v.

Quoc Viet Hoang, supra; U.S. v. Olivera-Mendez, 484 F.3d 505

(8vo Cir. 2007); U.S. v. Carpenter, supra; U.S. v. Morgan,

270 F.3d 625 (8vo Cir. 2001); United States v. Ward, 144 F.3d

1024, 1031 (7mo Cir. 1998); U.S. v. De Los Santos Ferrer, 999

F.2d 7 (1er Cir. 1993); United States v. Turpin, 920 F.2d

1377, 1385 (8vo Cir. 1990); State v. Wallace, 372 Md. 137,

812 A.2d 291 (2002); People v. Ortega, 34 P.3d 986 (Colo.

12

En Doran v. Contoocook Valley Sch. Dist., 2009 D.N.H. 32 (2009), la

corte de distrito federal en New Hampshire ratificó lo resuelto por la

jurisprudencia federal extendiéndolo a los bultos de estudiantes en una

escuela donde los agentes se presentaron con los canes, como parte de un

plan llevado a cabo para lidiar con un problema de drogas recurrente en

dicha escuela. In extenso, el Tribunal expresó:

“Courts across this country have taken up the issue of drug detection

dog sniffs in a variety of circumstances. The existing precedents, those

binding on this court and those merely persuasive, leave little doubt

that the mere use of trained drug dogs on school grounds to sniff

students personal items does not qualify as a search within the meaning

of the Fourth Amendment. When confronted with cases involving dog sniffs

for illegal drugs in other contexts, the United States Supreme Court has

repeatedly concluded that the Fourth Amendment is not implicated by such

searches. See, e.g., Illinois v. Caballes, 543 U.S. 405, 409, 125 S. Ct.

834, 160 L. Ed. 2d 842 (2005) ("[T]he use of a well-trained narcoticsdetection canine - one that 'does not expose noncontraband items that

otherwise would remain hidden from public view,' during a lawful traffic

stop, generally does not implicate legitimate privacy interests...Any

intrusion on respondent's privacy expectations does not rise to the

level

of

a

constitutionally

cognizable

infringement."

(internal

citations omitted)); City of Indianapolis v. Edmond, 531 U.S. 32, 40,

121 S. Ct. 447, 148 L. Ed. 2d 333 (2000) ("It is well established that a

vehicle stop at a highway checkpoint effectuates a seizure within the

meaning of the Fourth Amendment... a sniff by a dog that simply walks

around a car is 'much less intrusive than a typical search.'"); United

States v. Place, 462 U.S. 696, 707, 103 S. Ct. 2637, 77 L. Ed. 2d 110

("[W]e conclude that the particular course of investigation that the

agents intended to pursue here - exposure of respondent's luggage, which

was located in a public place, to a trained canine - did not constitute

a 'search' within the meaning of the Fourth Amendment.").”

CC-2005-632

20

2001); State v. Scheetz, 950 P.2d 722 (Mont. 1997); State v.

Martínez, 925 P. 2d 1125 (Idaho. 1996).

A la luz de la diáfana normativa reseñada, este Tribunal

entiende que Place v. United States, supra y su correlativa

interpretación, deben ser adoptados en nuestra jurisdicción.

La afinidad entre el caso de autos y el de Place v. United

States, supra, es manifiesta e innegable. Así por ejemplo, el

registro realizado en ambos casos no fue producto de una

inspección rutinaria sino de un proceso investigativo. En el

caso de autos al igual que en Place v. United States, supra,

el

examen

de

olfato

canino

sobre

el

equipaje

se

condujo

porque había motivos fundados para creer que el contenido del

mismo tenía narcóticos. En Place v. United States, supra, el

examen de olfato canino se basó en la sospecha de los agentes

surgida a raíz del encuentro e interrogatorio con el acusado

y su comportamiento. Es decir, lo que motivó a los agentes a

realizar el examen de olfato canino sobre el equipaje de

Raymond

J.

contradictoria

Place

que

fue:

el

1)

acusado

la

había

información

falsa

proporcionado

a

y

las

autoridades cuando le interrogaron; y 2) el demeanor del

acusado en el aeropuerto. En el caso de autos, los motivos

para realizar el examen canino fueron las confidencias que el

Agente Rosado Cintrón recibió y corroboró. Añádase, que en

ambos casos el examen de olfato canino se llevo a cabo en un

aeropuerto, que es un lugar público donde los oficiales y el

can tenían derecho a estar. Además, fue en ese mismo lugar

donde el can marcó positivo a sustancias controladas sobre

CC-2005-632

21

las que, como hemos discutido, no existe ninguna expectativa

de intimidad según preceptuado en la normativa federal. La

única diferencia significativa que podemos apuntar es que en

el caso de autos distinto a Place v. United States, supra, no

hubo detención de equipaje porque los bultos sometidos al

olfato

del

can

estaban

colocados

contra

la

pared

en

el

aeropuerto cuando el perro se acercó para oler los mismos.13

Por lo tanto, es razonable colegir que el caso de autos es

casi un alter ego de Place v. United States, supra. No vemos

obstáculo fáctico que nos impida aplicar la normativa que

emana de las decisiones emitidas por el Tribunal Supremo

Federal y sus respectivas interpretaciones (tanto por los

tribunales federales y estatales), a la controversia traída a

nuestra consideración.

No

primacía

obstante

lo

que

nuestro

en

anterior,

estamos

ordenamiento

consientes

jurídico

de

la

tiene

el

derecho a la intimidad y su protección contra registros y

allanamientos irrazonables. Por consiguiente, para resguardar

tal derecho, entendemos que lo sostenido en Place v. United

States, supra, debe ceñirse al contexto del equipaje o los

bultos de una persona en un lugar donde los canes y los

agentes del orden público tengan derecho a estar. Por tal

13

Es importante distinguir cuando ocurre detención del equipaje y cuando

no hay detención. La jurisprudencia federal ha señalado consistentemente

que cuando se trata de la detención del equipaje para someterlo al olfato

canino, es necesario tener sospecha razonable de que el equipaje contiene

sustancias controladas. Precisamente en Place v. United States, supra, se

acoge la norma federal reconocida en Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968)

para aplicarla al equipaje. En Terry v. Ohio el máximo foro federal

estableció que era válido someter a una persona a un registro si se

sospechaba razonablemente que esa persona tenía armas, sin tener causa

probable para arresto. Íd. 30. Véase, además, U.S. v. Till-man, 81 F.3d

773, 775 (8vo Cir.1996); U.S. v. Polk, 97 F3d 1096, 1099 (8vo Cir. 1996).

CC-2005-632

22

razón, deben concurrir las justificaciones expuestas por el

Tribunal Supremo en dicho caso. Así, John Wesley Hall comenta

holísticamente que, del razonamiento que hizo el Tribunal

Supremo en el caso de Place v. United States, supra, se

desprende que el olfato canino podría constituir un registro

cuando es dirigido hacia una persona,14 grupo de personas,15 o

cuando dicho examen pueda ser objeto de vergüenza o cause

algún

inconveniente

en

el

contexto

de

una

investigación

particular. J.W. Hall, op. cit., Vol. I, pág. 667. Nótese que

las circunstancias recién aludidas, quedan fuera del ratio

decidendi sobre el que se cimienta la decisión de Place v.

United States, supra.

B.

Aunque,

como

ya

apuntamos,

no

existen

obstáculos

fácticos para la incorporación en nuestra jurisdicción del

precedente federal, no estamos ajenos al hecho de que se

podrían esgrimir argumentos para rechazar jurídicamente el

mismo. El más preeminente de todos, es a nuestro entender, el

relacionado

“factura

al

más

ámbito

ancha”.

mínimo

Por

federal

eso,

es

y

su

corolario

de

necesario

despejar

el

panorama para que la decisión que hoy tomamos no malogre la

pretensión última y no caprichosa de este Tribunal, de hacer

justicia.

14

Véase a modo ilustrativo, B.C. v. Plumas Unified Sch. Dist., 192 F.3d

1260, 1267 (9no Cir. 1999).

15

Véase a modo ilustrativo, Horton v. Goose Creek Independent School

District, 690 F.2d 470, (Tex. 1982).

CC-2005-632

Sabido

23

es

que

la

aplicabilidad

de

un

derecho

constitucional federal constituye sólo el ámbito mínimo de

dicho derecho. Por eso, el Tribunal Supremo de un estado,

incluyendo a Puerto Rico, puede interpretar su constitución

para darle a un derecho un ámbito mayor, pudiendo redundar en

una protección mayor al individuo que la que reconoce la

Constitución Federal. Pueblo v. Dolce, supra. Como corolario

de este principio, se ha reconocido que nuestra Carta de

Derechos es de factura más ancha que la Constitución Federal.

López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R. 219 (1987).

Es decir, que al igual que los estados de la Unión, en Puerto

Rico podemos ser más amplios y abarcadores que el Tribunal

Supremo

de

Estados

Unidos

al

interpretar

una

cláusula

homóloga de la Constitución Federal. H.M.C.A. v. Contralor,

133

D.P.R.

945,

974-975

(1993).

De

esta

manera,

hemos

sostenido que nuestra Constitución es más abarcadora que la

Constitución Federal en lo concerniente a la concesión de

derechos, incluyendo el derecho a la intimidad. H.M.C.A. v.

Contralor, surpra; Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672,

680 (1991); Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470, 475

(1988). De esta forma, la Cuarta Enmienda de la Constitución

Federal, según interpretada por el Tribunal Supremo de los

Estados Unidos de América, constituye la protección mínima

que los estados están obligados a reconocer. Rullán v. Fas

Alzamora, 166 D.P.R. 742, 771 (2006).

Al amparo de esa realidad, en el caso de autos, muy bien

se podría obviar y rechazar por completo lo preceptuado por

CC-2005-632

24

la jurisprudencia federal en torno al examen de olfato canino

para

detectar

narcóticos

en

el

equipaje

de

una

persona,

descansando en el reiterado principio de factura más ancha.

Sin

embargo,

hacer

abstracción

basándonos

en

la

factura

Derechos,

nos

parece

contrario

sensu,

más

de

la

ancha

innecesario

entendemos

que

normativa

de

nuestra

federal,

Carta

de

persuasivo.

A

y

poco

el

precedente

federal

reseñado debe regir en nuestra jurisdicción porque brinda

equilibrio entre el interés estatal de combatir el crimen y

el derecho a la intimidad que alberga todo ciudadano sobre

sus pertenencias.

No

negamos

que

nuestra

Carta

de

Derechos

tenga

un

alcance mayor de protección que la Constitución Federal.16

Después de todo, se trata de una Carta de Derechos aprobada

más

de

un

siglo

después

que

el

Bill

of

Rights

de

la

Constitución de los Estados Unidos. Véase en general, E.L.

Chiesa, Los derechos de los acusados y la factura más ancha,

65

Rev.

Jur.

U.P.R.

83,

(1996).

De

esta

forma,

y

por

mencionar alguna, la excepción de registro sin orden por ser

incidental al arresto, ha sido objeto de una interpretación

de factura más ancha en Puerto Rico. Véase, Íd., págs. 137138.

Empero, también ha ocurrido lo contrario. Es decir, que

este tribunal ha omitido hacer extensiva una interpretación

16

A manera de ejemplo, surge del propio texto de la Constitución de

Puerto Rico que en la Sección 8 de la Carta de Derechos, Art. II, sec. 8,

Const. de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, el derecho a la intimidad se

reconoce de forma expresa distinto a como ocurre en la Constitución

Federal.

CC-2005-632

de

factura

25

más

ancha

en

cuanto

a

la

protección

contra

registros y allanamientos irrazonables. De esta manera, en

Pueblo v. Dolce, supra, este Foro adoptó los requisitos de

registro a plena vista como excepción a un registro sin orden

según se habían establecido en la jurisprudencia federal sin

ampliar el alcance del derecho a la intimidad. Véase, E.L.

Chiesa,

supra,

pág.

141.

Asimismo,

no

puede

hablarse

de

factura más ancha cuando se trata de evidencia abandonada,

porque

la

garantía

constitucional

contra

registros

y

allanamientos irrazonables no cubre estos objetos, por no

existir expectativa razonable de intimidad. Pueblo v. Ortiz

Martínez, supra, págs. 144-145; Véase, E.L. Chiesa, supra,

pág. 140.17 Tampoco hay factura más ancha cuando se trata de

evidencia

en

campo

Procesal

Penal:

abierto.

Etapa

Véase,

E.L.

Investigativa,

Chiesa,

(L.

Derecho

Abraham

y

P.

Abraham), 1ra ed., E.U., Pub. JTS, 2006, págs. 206-212.

Es más, esta Corte, en el pasado y en relación a la

protección contra registros y allanamientos irrazonables, ha

adoptado

la

jurisprudencia

federal

por

ser

persuasiva

y

aplicable a nuestra Constitución, rechazando flagrantemente

una interpretación de factura más ancha. Pueblo v. Rivera

Collazo,

122

D.P.R.

408

(1988).

En

este

último

caso,

se

reconoció como excepción a un registro válido sin orden, el

registro en casos de emergencia. Allí, este Tribunal expresó:

17

Véase, Pueblo v. Duarte Mendoza, 109 D.P.R. 596, 599-600 (1980). Aquí,

este Foro reconoció el derecho al aborto, limitándose a predicar ese

derecho en la Constitución Federal y anunciando que en dicho tema “la

extensión de las protecciones que brinda nuestra Constitución no es mayor

a la que brinda la norteamericana”.

CC-2005-632

26

“Aunque hemos resuelto reiteradamente que al

interpretar el alcance de nuestras garantías

contra registros e incautaciones podemos ir más

allá de los límites de la Cuarta Enmienda,[…] que

nuestra

Constitución

goza

de

una

vitalidad

independiente

de

la

Constitución

de

Estados

Unidos,[…] y que su interpretación no ha sido ni

tiene

necesariamente

que

ser

históricamente

paralela en todo sentido con la que se ha dado a

la Cuarta Enmienda,[…] nos parece que dicha

interpretación es sumamente persuasiva y aplicable

a nuestra Constitución.” Íd., pág. 419.

Como

se

clasificación

desprende

omnímoda

de

que

lo

anterior,

delimite

la

no

existe

aplicación

una

de

la

factura más ancha en nuestro ordenamiento. Sin embargo, no

debemos olvidar, ni ser indiferentes a la intención de los

forjadores de nuestra Constitución, cuando determinaron en su

juicio, considerando siempre el mejor bienestar del pueblo,

que “las garantías personales frente al arresto, el registro,

la

incautación

y

el

allanamiento

tienen

su

límite

en

la

conducta criminal”. 4 Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente, págs. 2567-2568.

De

hecho,

y

con

toda

razón,

el

Honorable

ex

Juez

Asociado del Tribunal Supremo señor Negrón García, ideó una

norma

interpretativa

de

la

frase

factura

más

ancha

que

intenta evitar la invocación automática de tal principio. Al

respecto, el Juez Asociado, señor Negrón García señaló que:

“la

antedicha

'factura

más

ancha'

es

descriptiva, no prescriptiva. No debe dar

lugar, irreflexivamente, a un proceso mediante

el cual la norma constitucional puertorriqueña

se determina mecánicamente, tomando como base

el

grado

de

protección

a

la

intimidad

establecido por la jurisprudencia del Tribunal

Supremo federal y luego ensanchándolo. Que

nuestra jurisprudencia establezca un grado

mayor de protección que la federal es quizás

predecible, pero no es ni debe ser un pre-

CC-2005-632

27

requisito.

Nuestra

Constitución

requiere,

no

que

automáticamente establezcamos una protección

mayor que la federal, sino una protección

fundamentada en los principios que acoge

nuestra propia Carta de Derechos. Si el

razonamiento esbozado en la jurisprudencia de

otras

jurisdicciones

nos

convence,

es

perfectamente apropiado acogerlo.” Pueblo v.

Yip Berrios, supra, nota al calce, pág. 429.

(Opinión Disidente del Juez Asociado, señor

Negrón García, 1997).

La doctrina en Puerto Rico parece estar de acuerdo con

tal postura. Por ejemplo, la profesora Olga Elena Resumil ha

manifestado: “[E]l Hon. Negrón García plantea una interesante

norma interpretativa de la frase factura más ancha que merece

alta

consideración

y,

con

la

cual

coincidimos…”

Resumil, Derecho Procesal Penal, 67 Rev. Jur.

O.

E.

U.P.R. 941

(1998); Véase, además, en general, E. L. Chiesa, supra.

Cabe

señalar,

que

existen

un

sin

número

de

jurisdicciones estatales que han acogido lo pautado por el

Tribunal Supremo Federal en Place v. United States, supra,

rechazando

una

interpretación

de

factura

más

ancha,

por

entender que la normativa federal es apropiada. Uno de esos

casos es el de State v. Sheetz, supra, en el cual el estado

de Montana, acogió la norma de Place v. United States, supra,

al realizar un balance entre el interés estatal y el derecho

a la intimidad. Su razonamiento fue que, al igual que una

persona no tiene expectativa legítima de intimidad sobre el

color o peso del equipaje que lleve a un aeropuerto (lugar

público), tampoco lo tiene cuando es olfateado. La corte del

estado de Montana entendió que el examen de olfato canino

CC-2005-632

28

sobre el equipaje no revelaba nada sobre los bienes de las

personas

a

no

ser

que

fuera

contrabando

por

lo

que

el

contenido del equipaje permanecerá privado. En fin, concluyó

afirmando

que

la

utilización

de

un

can

entrenado

para

detectar narcóticos sobre los equipajes de las personas no

violaba el derecho a la intimidad ni tampoco constituía un

registro conforme su Constitución. Íd., págs. 727-728.18

De igual forma, en Daniels v. Cochran, 654 So.2d 609

(Fla. 4th DCA 1995) y posteriormente en Lindo v. State, 983

So.2d 672, (Fla. App. 4 Dist., 2008) el tribunal de Florida

acogió y ratificó la normativa federal citando con aprobación

el caso de Place v. United States, supra. En ambos casos se

resolvió que cuando se utiliza el examen de olfato canino

sobre el equipaje de una persona, dicha acción no constituye

un registro al amparo de la Cuarta Enmienda. De hecho, en el

caso de Lindo v. State, supra, el tribunal fue más lejos, al

determinar que la detención temporera de dos paquetes en un

correo

no

era

una

detención

que

requiriera

sospecha

individualizada razonable para tal actividad.19

18

Cabe destacar que el estado de Montana al igual que Puerto Rico,

reconoce el derecho a la intimidad de manera independiente en el Art. II,

Sec. 10 de su Constitución y el derecho a protección contra registros y

allanamientos irrazonables en su Art. II Sec. 11 de la misma. A pesar de

que dicho estado no estaba obligado a acoger la normativa de Place v.

United States, supra, por conducto del principio del ámbito mínimo

federal y la factura más ancha, decidió seguir el precedente federal.

19

Esto se distingue de lo resuelto en Place v. United States, supra, que

extendió la norma de stop and frisk reconocida en Terry v. Ohio, supra,

para hacerla efectiva en el contexto del equipaje de una persona. Dicha

norma establece que el equipaje de una persona puede ser detenido cuando

existe sospecha individualizada razonable de que contiene algún material

delictivo siempre que sea por un espacio de tiempo razonable.

CC-2005-632

A

29

similar

conclusión

llegó

el

Tribunal

Supremo

de

Colorado en el caso de People v. Wieser, 796 P.2d 982 (1990),

cuando

tuvo

que

resolver

si

el

examen

de

olfato

canino

llevado a cabo sobre el storage locker del acusado, que se

encontraba en un lugar accesible para el público, era un

registro bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución Federal.

Allí,

el

Tribunal

indubitada,

que

Supremo

bajo

la

de

Colorado

Constitución

sostuvo,

Federal

y

de

forma

bajo

su

Constitución Estatal, el examen de olfato canino en dicho

contexto no es un registro.

En State v. Harris, 280 S.W.3d 832 (Tenn. Crim. App.,

2008), el tribunal de Tennessee sostuvo que el examen de

olfato

canino

alrededor

de

un

vehículo

que

es

detenido

legalmente, tampoco es un registro en sentido constitucional

que active la protección de la Cuarta Enmienda. Además, el

tribunal, endosando lo resuelto por el caso de Illinois v.

Caballes,

supra,

expresó

que

no

hacía

falta

sospecha

individualizada razonable para realizar el examen de olfato

canino alrededor del vehículo detenido, toda vez que dicho

vehículo

fue

tráfico.

A

detenido

la

misma

legalmente

por

violar

conclusión

llegó

el

una

ley

de

Tribunal

de

Apelaciones del estado de Arizona en el caso de State v. Box,

205 Ariz. 492 (2003), al concluir que el examen de olfato

canino alrededor de un vehículo que es detenido válidamente

no constituye un registro al amparo de la Cuarta Enmienda de

la Constitución Federal.

CC-2005-632

30

De igual manera, en el caso de Dowty v. State, 363 Ark.

1

(2005),

el

Tribunal

Supremo

de

Arkansas

resolvió

que

realizar un examen de olfato canino alrededor de un vehículo

que se encontraba estacionado en un lugar público no es un

registro conforme a la Cuarta Enmienda. En dicho caso los

acusados alegaron que el examen de olfato canino constituyó

un

registro

porque

los

agentes

que

condujeron

el

procedimiento, no tenían sospecha individualizada razonable

de que en efecto, en el carro había narcóticos. El Tribunal

Supremo de Arkansas, citando con aprobación a lo resuelto en

Place

v.

United

States,

supra,

y

lo

que

habían

resuelto

distintos estados ante la misma controversia,20 concluyó que

como el examen de olfato canino no era un registro en sentido

constitucional,

no

era

necesario

tener

sospecha

individualizada razonable para justificar el examen. Véase,

Vega v. State, 56 Ark App. 145, 148 (1997).

A

tal

grado

se

ha

extendido

el

acogimiento

de

lo

preceptuado por el Foro Federal en Place v. United States,

supra, que en el caso de People v. Jones, 755 N.W.2d 224

(Mich. App., 2008), el estado de Michigan, resolvió que un

examen de olfato canino conducido frente a la puerta de la

residencia del acusado no constituyó un registro a la luz de

la

Cuarta

estaba

20

Enmienda.

legalmente

La

corte

presente

estatal

frente

a

sostuvo

la

que

residencia

el

can

cuando

En State v. McMillin, 23 Kan. App. 2d 100, 927 P.2d 949 (1996), en el

estado de Kansas se sostuvo que el examen de olfato canino alrededor de

un carro estacionado en un lugar público no era un registro bajo la

Cuarta Enmienda. Lo mismo ocurrió en State v. Garcia, 195 Wis. 2d 68, 535

N.W.2d 124 (1995), donde el estado de Wisconsin llegó a la misma

conclusión.

CC-2005-632

detectó

las

31

sustancias

controladas.

Además

señaló

que

no

había expectativa de intimidad frente a la entrada de la

residencia porque no tenía ninguna verja que impidiera llegar

hasta

la

misma

ni

había

ningún

signo

o

letrero

que

le

prohibiera a la gente entrar o acercarse a la propiedad.

En suma, la gran mayoría de los estados ha seguido el

derrotero que fue pautado por la jurisprudencia federal del

Tribunal Supremo de Estados Unidos, a los efectos de que el

examen de olfato canino no constituye un registro al amparo

de la Cuarta Enmienda de la Constitución Federal.21

Sostener

que

el

examen

de

olfato

canino

sobre

el

equipaje de una persona es un registro, implicaría tener que

obtener

una

orden

judicial

previa

para

registrar

o

como

mínimo, exigirles a los agentes del orden público, sospecha

previa de que el equipaje a registrarse contiene narcóticos.

Tal contención tornaría el uso de los canes en uno casi

fútil. Así por

ejemplo, si los

canes pudieran

utilizarse

únicamente para olfatear bultos cuando se tuviera la sospecha

21

Véanse, State v. Box, 205 Ariz. 492, 496-497 (2003); Dowty v. State,

363 Ark 1 (2005); People v. Ortega, 34 P.3d 986, 991 (Colo., 2001); Bain

v. State, 839 So.2d 739 (Fla. App., 2003); Cole v. State, 254 Ga. App.

424 (2002); State v. Snitkin, 67 Haw. 168 (1984); State v. Parkinson, 135

Idaho 357 (2000); People v. Cox, 318 Ill.App.3d 161 (2000); Bradshaw v.

State, 759 N.E.2d 271 (Ind. App., 2001); State v. Bergmann, 633 N.W.2d

328 (Iowa, 2001); State v. Barker, 252 Kan. 949 (1993); State v. Kalie,

699 So.2d 879 (La., 1997); State v. Washington, 687 So.2d 575 (La. App.,

1997); Fitzgerald v. State, 384 Md. 484 (2004); Commonwealth v. Feyenord,

62 Mass. App. 200 (2004); Millsap v. State, 767 So.2d 286 (Miss. App.,

2000); State v. LaFlamme, 869 S.W.2d 183 (Mo. App., 1993); Gama v. State,

112 Nev. 833 (1996); State v. Van Cleave, 131 N.M. 82 (2001); People v.

Offen, 78 N.Y.2d 1089 (1991); State v. Fisher, 141 N.C. App. 448 (2000);

State v. Kesler, 396 N.W.2d 729 (N.D., 1986); State v. Knight (Ohio Com.

Pl. 1997); State v. Rusnak, 120 Ohio App.3d 24 (1997); Scott v. State,

927 P.2d 1066 (Okla. Crim. App., 1996); State v. Smith, 327 Or. 366

(1998); Commonwealth v. Johnston, 515 Pa. 454 (1987); State v. England,

19 S.W.3d 762 (Tenn., 2000); Rodriguez v. State, 106 S.W.3d 224 (Tex.

App., 2003); State v. Miller, 256 Wis.2d 80 (2002); Morgan v. State, 95

P.3d 802 (Wy., 2004).

CC-2005-632

32

previa de que tal equipaje contiene material delictivo, el

can no haría falta ya que su provecho estriba precisamente en

que

pueden

descubrir

posible

material

delictivo

sin

las

trabas de tener que conducir antes un registro o necesitar

sospecha previa para intervenir con el equipaje.

Por todo lo expresado, entendemos que la jurisprudencia

federal relacionada al caso de autos, es sumamente persuasiva

y

aplicable.

No

vemos

razón

meritoria

para

rechazar

la

utilización de los canes con el fin de olfatear equipaje o

bultos de las personas sin que ello constituya un registro

cuando se trata de supuestos donde los bultos ni siquiera son

detenidos por los agentes del orden público y se encuentran

en un lugar público donde los agentes y canes tienen derecho

a estar. Rechazar lo resuelto por el Tribunal Supremo en

Place

v.

United

States,

supra,

y

su

posterior

progenie

jurisprudencial, implica ponerle trabas innecesaria al Estado

en la cada vez más ardua lucha contra el crimen.

Es imperativo destacar nuevamente, que lo resuelto hoy

en el caso de autos, debe limitarse al contexto fáctico que

hemos analizado. Nuestra decisión no pretende darle un cheque

en blanco a los agentes del estado para que por medio de la

utilización

de

canes

entrenados

para

detectar

narcóticos,

realicen ejercicios no enmarcados en lo aquí resuelto. Una

vez más, como hemos discutido, sostenemos, que el examen de

olfato canino que se realice sobre el equipaje de una persona

que se encuentra en un lugar público donde los agentes del

CC-2005-632

33

estado y sus respectivos canes tienen derecho a estar, no es

un registro en sentido constitucional.

C.

Existe

otro

argumento

que

podría

esbozarse

como

un

conato para rechazar la adopción a nuestra jurisdicción del

examen de olfato canino sobre el equipaje de una persona. Se

trata

del

carácter

tecnológico

que

caracteriza

a

un

can

entrenado para detectar narcóticos y que podría convertir a

dicho

perro

Ciertamente,

en

se

un

ha

instrumento

reconocido

que

demasiado

utilizar

intrusivo.

un

can

para

propósitos investigativos está relacionado con la utilización

de instrumentos tecnológicos que asisten los sentidos de un

agente u oficial del orden público para detectar sustancias

controladas.

Véase,

en

general,

W.R.

LaFave,

Search

and

Seizure, 4ta ed., St. Paul, West Publ. Co., Vol. I, secs. 2.2

(f), 2.2 (g). Véase, además, J.W. Hall, supra, secs. 9.99.22.

Ahora bien, el hecho de que un can entrenado para

detectar narcóticos tenga unas habilidades sensoriales más

desarrolladas que las de un ser humano, no debe supeditar su

utilización a detectar o investigar únicamente aquello que

una persona podría detectar o investigar a través de sus

sentidos.

No

debemos

olvidar

que

aunque

todo

registro

inherentemente incluye la utilización de los sentidos (tacto,

gusto, olfato,

etc.) no toda utilización de los sentidos

constituye un registro. Véase, United States v. Nicholson,

144 F.3d 632, 636 (10mo Cir. 1998). Por lo tanto, limitar la

utilización

de

un

can

a

explorar

aquello

que

el

hombre

CC-2005-632

34

solamente podría descubrir con sus propios sentidos, connota

en limitar de forma generalizada la ayuda que puedan dar al

Estado estos instrumentos para combatir el crimen y por otro

lado,

desarticular

la

noción

básica

de

que

no

toda

utilización de los instrumentos tecnológicos constituye un

registro en sentido constitucional.22 Como bien ha señalado el

Tribunal Supremo Federal:

“la

mera existencia de los avances

tecnológicos no implica la protección de la Cuarta Enmienda,

sino

más

bien

la

explotación

de

dicha

tecnología”.

(Traducción nuestra). United States v. Karo, 468 U.S. 705,

712 (1984). Así, y en lo pertinente al caso de autos, se ha

resuelto que no toda técnica de investigación que revele algo

acerca del contenido del equipaje de una persona, constituye

un registro. Place v. United States, supra; United States v.

Lovell, supra. Además, en el caso del olfato canino, el hecho

de que un perro como detector de olores sea más habilidoso

que una persona, no transforma el olfato de dicho animal en

uno ilegal, pues al igual que la evidencia a plena vista de

un

oficial

puede

ser

registrada

sin

una

orden

judicial

previa, evidencia a pleno olfato puede ser detectada sin una

orden. United States v. Roby, 122 F.3d 1120, 1124-1125 (8vo

Cir. 1997).

Por

otro

lado,

nos

parece

necesario

hacer

unas

distinciones importantes --relacionadas a los instrumentos

22

Véase, Pueblo v. Soto Soto, supra; Dow Chemical Co. v. United States,

476 US 227 (1986); United States v. Knotts, 460 US 276 (1983); Véase,

además, J.W. Hall, C. Underwood, Search and Seizure, 3ra ed., Newark, NJ

& San Francico, CA, LexisNexis Publ. Co., Vol. I & II Supplement, pág.

152-160.

CC-2005-632

35

tecnológicos que se utilizan para investigar-- entre el caso

de Place v. United States, supra y el de Kyllo v. United

States,

supra,

ya

que

este

último

podría

dar

la

falsa

impresión de enervar lo resuelto en el primero. En el caso de

Kyllo v. United States, supra, el Tribunal Supremo Federal

resolvió

que

utilizar

un

thermal

imager

(artefacto

que

detecta el calor que emite una residencia lo que permite

detectar el crecimiento de marihuana en la misma) constituye

un registro a la luz de la Cuarta Enmienda. Para llegar a

dicha conclusión la corte enfatizó el hecho de que el thermal

imager no era fácilmente accesible y disponible al público en

general

y

a

que

era

capaz

de

detectar

tanto

actividad

protegida como no protegida por la Constitución (la hora en

que una persona toma un sauna o se baña). Íd. Ciertamente, al

igual

que

instrumento

un

thermal

imager,

que

permite

a

la

el

olfato

policía

canino

obtener

es

un

información

concerniente a un área protegida que de otra forma no podría

obtenerse sin intrusión física. Ahora bien, distinto a Kyllo

v. United States, supra, los perros son accesibles para el

público en general y el olfato canino solamente detecta la

presencia o ausencia de narcóticos (sobre lo que no existe

expectativa

Jacobsen,

limitada

a

la

supra)

y

no

se

intimidad

por

lo

que

extiende

a

conforme

la

United

información

actividades

States

v.

obtenida

es

protegidas

como

ocurre con el thermal imager.23 Podemos colegir que Kyllo v.

23

En Illinois v. Caballes, supra, págs. 409-410, el máximo Foro Federal

sostuvo que no había ninguna inconsistencia entre lo resuelto en Kyllo v.

United States, supra y la utilización del examen de olfato canino para

CC-2005-632

36

United States, supra, aplica únicamente a actividades o cosas

sobre las que el individuo tiene una expectativa razonable de

intimidad como lo es el hogar. Véase, Tracey Maclin, Katz,

Kyllo and Technology: Virtual Fourth Amendment Protection in

the Twenty-First Century, 72 Miss. L.J. 51, 104-105, 124;

Véase, United States v. Elkins, 300 F.3d 638, 646 (6th Cir.

2002).24 Por ende, el caso de autos es armonizable con Kyllo

v. United States, supra, a través del crisol de Place v.

United States, supra, que como ya vimos, es afín al caso de

autos.

A su vez, nos parece que es importante distinguir lo

predicado en Pueblo v. Soto Soto, supra, con el caso de Place

v. United States, supra para demostrar que son armonizables.

En el primero, este Tribunal resolvió que los binoculares

(aunque se pueden usar para observar el campo abierto frente

a

una

casa

utilizar

sin

para

que

constituya

observar

lo

que

intrusión inconstitucional a la

un

registro)

no

se

no

se

ver

sin

podría

intimidad. En

deben

una

el caso de

autos, el olfato canino se utilizó en un lugar público, donde

los agentes tenían derecho a estar y sobre el espacio de aire

que rodeaba los bultos que fueron soltados en el suelo del

detectar narcóticos. Esto porque el olfato de un can se limita a

detectar artículos sobre los cuales no se reconoce expectativa legítima

de intimidad pero el thermal imager tenía la capacidad de detectar tanto

actividades protegidas como no protegidas por la Cuarta Enmienda.

24

Compárese a United States v. Karo, supra, con United States v. Knotts,

supra. En el primero se resolvió que monitorear con un beeper electrónico

el interior de una casa, constituye un registro. En el segundo se

resolvió que dicho acto no es un registro si se realiza cuando se está

viajando en público. Véase además, Michael Adler, Cyberspace, General

Searches, and Digital Contraband: The Fourth Amendment and the Net-WÍde

Search, 105 Yale L.J. 1093 (1996).

CC-2005-632

37

aeropuerto por los recurridos. Asimismo, el olfato canino fue

dirigido únicamente a detectar sustancias controladas sobre

las cuales no hay expectativa a la intimidad. Este mecanismo

investigativo no expone artículos íntimos de las personas

dentro

de

sus

equipajes.

Por

eso,

no

hubo

intrusión

inconstitucional a la intimidad de los recurridos.25 En fin,

de lo anterior se desprende que hay armonía entre el caso de

Place v. United States, supra y el de Pueblo v. Soto Soto,

supra.

En conclusión, la utilización del olfato canino como

instrumento

tecnológico

para

ayudar

al

Estado

en

sus

investigaciones, no debe limitarse, a priori, por el hecho de

que permite obtener información que un ser humano no podría

obtener por medio de sus sentidos. Es menester analizar los

hechos concretos de cada caso y la manera en que se utiliza

el instrumento

para determinar si permite otros usos más

abarcadores. No constituye ninguna explotación tecnológica el

utilizar un can para un fin y contexto delimitados como lo es

el olfatear bultos o equipajes en un lugar público. Sobre

todo cuando la información divulgada por el perro es una

sobre la cual no existe expectativa a la intimidad por recaer

sobre alguna actividad ilegal como el contrabando.

V.

Una vez determinado que el examen de olfato canino sobre

el equipaje de los recurridos no constituyó un registro, nos

25

Véase, United States v. Esquilin, supra, pág. 318 (2000); United States

v. Reed, supra, pág. 649 (6to Cir. 1998); United States. v. Garcia,

supra; United States v. Goldstein, supra.

CC-2005-632

resta

38

determinar

si

la

intervención

ulterior

a

la

marca

positiva del can, es un registro al amparo de la Constitución

de Puerto Rico, y de ser un registro, si fue razonable.

Resolvemos en la afirmativa ambas interrogantes.

El examen de olfato canino, per se, no justifica el

registro final sin obtenerse una orden judicial o sin que

concurra alguna de las excepciones al registro sin orden.

Véanse, United States v. Sokolow, 490 U.S. 1, 9 (1989); Place

v. United States, supra; U.S. v. Williams, 365 F.3d 399, 405406 (5th Cir. 2004); U.S. v. Carter, 139 F.3d 424 (4to Cir.

1998); U.S. v. Lambert, 46 F.3d 1064 (10mo Cir. 1995);

U.S.

v. Harvey, 961 F.2d 1361 (8th Cir. 1992).26 Es decir, la

realización del examen de olfato canino sobre el equipaje, al

no ser un registro, cuando produce una marca positiva, tiene

el efecto de originar los motivos fundados o de corroborar la

sospecha

previa

que

se

tenía

para

motivar

el

ulterior

registro.

A la luz de esa realidad, el Procurador General sostiene

que el registro ulterior a la marca positiva del can fue

razonable porque el olfato del can es análogo al pleno olfato

de

un

agente

como

excepción

para

incautar

evidencia

sin

previa orden judicial. El Procurador General se apoya en los

26

Sin embargo, nótese que cuando el examen de olfato canino se realiza

sobre el exterior de un automóvil, no hace falta obtener una orden

judicial previa o cumplir con alguna de las excepciones al registro sin

orden, para

proceder a registrar el vehículo. Illinois v. Caballes,

supra, pág. 406. Tampoco hace falta una orden cuando se trata de

registros rutinarios de bultos o equipajes en un aeropuerto por razones

de seguridad pública. Véase, Chandler v. Miller, 520 U.S. 305, 323

(1997).

CC-2005-632

39

casos de Pueblo v. Dolce, supra y Pueblo v. Acevedo Escobar,

supra.

En

Pueblo

v.

Dolce,

supra,

se

establecieron

los

criterios que se deben analizar para determinar si un objeto

se encuentra a plena vista y puede ser incautado sin previa

orden judicial, a saber: 1) el artículo debe descubrirse por

estar a plena vista y no en el curso o por razón de un

registro; 2) el agente que divise la evidencia, debe tener

derecho a estar en el lugar desde donde alcanzó a verla; 3)

debe descubrirse por inadvertencia; 4) la naturaleza ilícita

del

objeto

debe

ser

ostensible.

Íd,

436.

En

Pueblo

v.

Acevedo Escobar, supra, este Foro afirmó que la percepción de

pleno

olfato

es

análoga

con

la

percepción

a

plena

vista

reconocida en Pueblo v. Dolce, supra, variando solamente el

sentido a través del cual se detecta la evidencia. Pueblo v.

Acevedo

Escobar,

supra,

pág.

779.

Por

esa

analogía,

los

criterios adoptados en Pueblo v. Dolce, supra, tienen que

confluir en Pueblo v. Acevedo Escobar, supra.

La excepción invocada por el Procurador General

de

aplicación

al

caso

de

autos.

La

razón

es

que

no es

de

un

análisis de los requisitos esbozados en el caso de Pueblo v.

Dolce,

supra,

no

se

puede

concluir

que

se

satisfagan

cabalmente en el presente caso. Así por ejemplo, en este caso

la

evidencia

agente

Rosado

recurridos

no

se

descubre

Cintrón

contenían

por

inadvertencia

sospechaba

que

los

narcóticos.

Tampoco

ya

bultos

la

que

el

de

los

naturaleza

ilícita del objeto era apreciable por el agente puesto que la

CC-2005-632

40

cocaína hallada se encontraba oculta dentro de los bultos de

los recurridos.

Por otro lado, se ha reconocido que en circunstancias

particulares de necesidad especial del Estado un registro sin

previa orden judicial es válido, si existe causa probable por

sospecha individualizada.27 Esta determinación se debe hacer a

la luz de un balance de intereses entre los derechos del

individuo y los intereses estatales. Véanse, Pacheco Pietri

v. E.L.A., 133 D.P.R. 907 (1993); Skinner v. Railway Labor

Executives’ Assn., 489 U.S. 602 (1989); National Treasury

Employees Union v. Von Raab, 489 U.S. 656 (1989). Ya hemos

exteriorizado, que al decidir si procede eximir al Estado de

la

necesidad

realizar

un

de

obtener

registro,

lo

una

orden

judicial

determinante

es

que

previa

el

para

interés

público lo justifique y el peso de obtener la orden bajo las

circunstancias particulares del caso, probablemente frustren

el propósito legítimo que persigue el gobierno. Pueblo v.

Bonilla, supra, pág. 334. En otras palabras, para determinar

si posterior a un examen de olfato canino positivo se puede

realizar

totalidad

el

de

registro

las

de

los

bultos,

circunstancias

hay

que

atender

la

haciendo

un

balance

de

intereses. De ahí, que las excepciones para llevar a cabo un

registro sin orden no son numerus clausus, sino que se podrán

27

El principio de sospecha individualizada ha sido reconocido por nuestro

Ordenamiento en distintos casos. Véanse, Pueblo v. Yip Berrios, supra;

Pueblo v. Bonilla Bonilla, 149 D.P.R. 318 (1999).

CC-2005-632

reconocer

41

según

las

circunstancias

particulares

de

cada

caso.28

Con relación a la sospecha individualizada razonable que

surge luego de realizar una investigación criminal, la misma

se debe equiparar a los motivos fundados29 para un arresto

conforme lo estatuye la Regla 11 de Procedimiento Criminal,

supra.30 Esto debe ser así, ya que consideramos que si se

trata

de

una

norma

válida

para

el

arresto,

debía

serlo

también para el registro o allanamiento en vista de que no

hay mayor intrusión con la intimidad de la persona que el

arresto. Véase, Pueblo v. Muñoz Santiago, 131 D.P.R. 965,

981-982 (1992). La incautación de la persona misma constituye

una

intervención

humano

mas

grave

gubernamental

que

el

con

registro

la

o

intimidad

del

ser

allanamiento

de

una

pertenencia suya, y la norma que rige lo mayor debe ser buena

también

para

una

intervención

menor.

Véase,

Íd.

Véase,

además, E.L. Chiesa, op cit., Vol. I, sec.6.10, pág. 361.

28

Por eso, la incorporación a nuestro Ordenamiento Jurídico de las

excepciones para legitimar un registro sin orden, tienen origen

jurisprudencial. Véase, Pueblo v. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967); E.L.A.

v. Coca-Cola, 115 D.P.R. 197 (1984); Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R.

429 (1988); Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).

29

Entiéndase como motivos fundados “[a]quella información o conocimiento

que lleva a una persona ordinaria y prudente a creer que la persona

intervenida ha cometido un delito, independientemente de que luego se

establezca o no la comisión del delito”. Pueblo v. Martínez Torres, 120

D.P.R. 496 (1988).

30

Dicho precepto estatuye que “[u]n funcionario del orden público podrá

hacer un arresto sin la orden correspondiente: a) Cuando tuviere motivos

fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un

delito en su presencia. En este caso deberá hacerse el arresto

inmediatamente o dentro de un término razonable después de la comisión

del delito. De lo contrario el funcionario deberá solicitar que se expida

una orden de arresto; b) Cuando la persona arrestada hubiese cometido un

delito grave (felony), aunque no en su presencia; c) Cuando tuviere

motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha

cometido un delito grave (felony), independientemente de que dicho delito

se hubiere cometido o no en realidad”.

CC-2005-632

En

42

este

necesidad

caso,

especial

las

circunstancias

particulares

fueron

ejemplificadas

en

la

de

sospecha

individualizada razonable que anterior al examen del olfato

canino poseían los agentes del orden público y que una vez se

culminó

el

examen

individualizada

quedó

razonable

corroborada.

quedó

probada

La

al

sospecha

analizar

los

hechos del caso. Según se desprende de los autos, el Agente

Rosado Cintrón recibió varias confidencias que personalmente

corroboró,

las

Medina

Bonano

y

cuales

Pérez

indicaban

estaban

que

los

envueltos

recurridos

en

Díaz

actividades

ilícitas de contrabando. La última confidencia recibida por

el

agente

Rosado

Cintrón,

puso

de

manifiesto

que

los

recurridos estaban cometiendo un delito, al notificársele que

llegarían en un vuelo proveniente de Culebra hacia Fajardo

con sustancias controladas. Finalmente, cuando Rosado Cintrón

llegó al aeropuerto, se encontró de frente a los recurridos,

a cuyos bultos se les realizó un examen de olfato canino que

arrojó

positivo,

corroborando

una

vez

más

la

confidencia

informada.31 En fin, la cadena de confidencias corroboradas

31

Nótese, que en este caso están presentes las circunstancias necesarias

para que una confidencia sea suficiente y constituya los motivos fundados

de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, para realizar un arresto

sin orden. Véanse, Pueblo v. Ortiz, 135 D.P.R. 41 (1994); Pueblo v. Díaz,

106 D.P.R. 348 (1977). En estos casos este Tribunal resolvió que una

confidencia constituye los motivos fundados para realizar un arresto sin

orden bajo la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, si se cumple con

alguno de los siguientes requisitos: 1) que el confidente previamente ha

suministrado información correcta; 2) que la confidencia conduce hacia el

criminal en términos de lugar y tiempo; 3)que la misma ha sido

corroborada por observación del agente o por información de otras

fuentes; 4) que la corroboración se relaciona con actos delictivos

cometidos o en proceso de cometerse. Además, también se satisface el

requisito expresamente establecido en Pueblo v. Serrano Cancel, 148

D.P.R. 173 (1999), a los efectos de que para que la confidencia

constituya los motivos fundados, tiene que haber una corroboración de las

actividades sospechosas que se informan en la confidencia.

CC-2005-632

que

43

culminaron

con

la

marca

positiva

del

can

sobre

el

equipaje de los recurridos, son circunstancias excepcionales

que tuvieron el efecto de configurar los motivos fundados

para llevar a cabo el registro ulterior a la marca positiva

del can, sin necesidad de una orden judicial previa.

Al realizar el balance de intereses entre el derecho a

la intimidad de los recurridos y el interés del Estado en

hacerle

frente

al

trasiego

de

drogas

y

combatir

la

criminalidad, concluimos que la intervención del equipaje fue

razonable

al

estar

directamente

relacionada

a

la

previa

sospecha individualizada del agente Rosado Cintrón de que el

contenido del mismo tenía narcóticos. No olvidemos que además

de

la

corroboración

personal

que

hizo

dicho

agente,

el

recurrido Díaz Medina había sido arrestado anteriormente por

estar involucrado con sustancias controladas. Este hecho le

constaba

al

agente

Rosado

Cintrón

al

ser

éste

quien

lo

arrestó. Al sumar estos factores, no albergamos duda de que

el interés del Estado en el registro sin orden sobrepasaba el

derecho a la intimidad que albergaban los recurridos sobre

sus bultos. Hay que añadir que exigirle a los agentes obtener

Si las confidencias corroboradas pueden crear los motivos fundados de

la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, también podrían crear la

sospecha individualizada razonable --equivalente a los motivos fundados

de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra-- para llevar a cabo un

registro sin orden. Esto parte del mismo principio reconocido en el caso

de Pueblo v. Muñoz Santiago, supra, haciendo referencia al caso de Pueblo

v. Pagán Santiago, 130 D.P.R. 470 (1992), de que una norma que es válida

para el arresto, debía serlo también para el registro o allanamiento en

vista de que no hay mayor intrusión con la intimidad de la persona que el

arresto. Por lo tanto, si se permite arrestar a una persona cuando las

confidencias corroboradas crean los motivos fundados, con mayor razón, se

puede llevar a cabo un registro sin orden judicial cuando hay sospecha

individualizada razonable surgida por unas confidencias corroboradas a

través de la marca positiva de un can entrenado para detectar el artículo

delictivo relacionado a la confidencia.

CC-2005-632

44

una orden, hubiese impedido el

arresto de los

recurridos

hasta su obtención y el posterior hallazgo de la evidencia

incriminatoria. De esta forma,

la probabilidad de que se

hubiese

del

Estado

vez

que,

frustrado

criminalidad

el

interés

aumentaba,

toda

en

ab

combatir

interim,

la

los

recurridos estaban en libertad de abandonar el aeropuerto de

Fajardo.

Esto

implicaba

un

potencial

escape

del

eventual

arresto. Más aún, en el caso de Díaz Medina significaba la

posible

recurrencia

de

las

acciones

delictivas

que

su

historial reflejaba.

En síntesis, en el caso de autos la marca positiva del

can

corroboró

las

sospechas

previas

individualizadas

que

tenían los agentes del orden público. Esa corroboración fue

suficiente

para

configurar

los

motivos

fundados

que

les

permitió abrir los bultos de los acusados y registrarlos. Es

decir, en el caso de autos, la marca positiva del can les dio

a los agentes los motivos fundados para llevar a cabo el

registro del equipaje.

En

fin,

detectar

la

marca

sustancias

positiva

de

controladas,

un

can

puede

entrenado

producir

para

sospecha

individualizada razonable (si no se tenía) o corroborar la

misma, según ocurrió en el caso de autos. En ambos supuestos,

habrá

que

atender

la

totalidad

de

las

circunstancias,

haciendo un balance de intereses, para determinar si dicha

marca fue o no suficiente para abrir y registrar el equipaje.

Dicho análisis incluye evaluar la confiabilidad del can para

detectar

sustancias

controladas,

cuando

la

parte

cuya

CC-2005-632

pertenencia

45

haya

sido

olfateada

y

registrada,

impugne

el

registro, a base de la confiabilidad y nivel de certeza del

can para detectar narcóticos.

VI.

Por las razones expuestas anteriormente, resolvemos que

el

examen

de

olfato

canino

sobre

el

equipaje

no

es

un

registro al amparo de la Constitución de Puerto Rico y que el

registro realizado sin orden judicial ante la marca positiva

del can fue razonable. En vista de ello, concluimos que los

foros a quo erraron al ordenar la supresión de evidencia. Por

lo tanto, se revoca el dictamen recurrido y se devuelve el

caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los

procedimientos, conforme con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Certiorari

Peticionario

v.

Amaury Díaz Medina,

Gerardo Bonano Pérez

CC-2005-632

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2009.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte íntegra

de la presente, se revoca el dictamen emitido por

el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el

presente caso al Tribunal de Primera Instancia

para que continúen los procedimientos conforme con

lo aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Presidente señor Hernández Denton emite

Opinión Disidente. La Jueza Asociada señora Fiol

Matta disiente con la siguiente expresión:

“La Jueza Asociada Fiol Matta está de

acuerdo con la parte de la Opinión

Disidente del Juez Presidente Hernández

Denton que resolvería que el examen de

olfato canino constituye un registro per

se en sentido constitucional. También,

coincide con la Opinión Disidente en

cuanto sostiene que no era necesario que

los

agentes

obtuvieran

una

orden

judicial previa para realizar un examen

de

olfato

canino,

al

existir

una

sospecha individualizada razonable de

CC-2005-632

2

que los acusados Amaury Díaz Medina y Gerardo

Bonano

Pérez

escondían

contrabando

en

su

equipaje. No obstante, no puede avalar el

registro del bulto que hizo el agente Nelson

Rosado

Cintrón,

una

vez

la

sospecha

individualizada razonable fue corroborada por el

examen

de

olfato

canino.

Entiende

que

al

corroborarse las confidencias de que los acusados

Amaury Díaz Medina y Gerardo Pérez transportaban

sustancias controladas, procedía arrestarlos y

solicitar una orden judicial de registro para

examinar los bultos. No existía una emergencia

imperiosa, como lo sería la amenaza de una bomba,

ni los agentes del orden público se encontraban

en una situación donde su seguridad se encontrara

en peligro, ni existía la posibilidad de que la

evidencia

se

extraviara,

ni

ninguna

otra

excepción al registro sin orden previa que

justificara la intromisión gubernamental con el

bulto de los acusados. Al no procederse de esta

manera, considero que no erraron los foros

inferiores al declarar con lugar la Moción de

Supresión de Evidencia.”

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez, emite un

voto disidente, uniéndose a las expresiones de la Jueza

Asociada señora Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Peticionario

v.

CC-2005-632

Certiorari

Amaury Díaz Medina,

Gerardo Bonano Pérez

Recurridos

Opinión Disidente

Hernández Denton

emitida

por

el

Juez

Presidente

señor

San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2009.

If the issue is framed in terms of whether a

totally unrestrained use of such dogs in a

dragnet fashion would be tolerable in a free

society, one's answer might likely be no. W.R.

LaFave, Search and Seizure (2da Ed.) § 2.1(e),

pág. 315.

Coincidimos con la Parte V de la Opinión del

Tribunal en tanto revoca el dictamen recurrido

que

confirmó

la

supresión

de

la

evidencia

incautada. Al igual que la mayoría, en esta etapa

entendemos que la intervención con el equipaje de

los

acusados

fue

razonable.

particulares

de

necesidad

prescindir

de

una

“fueron

ejemplificadas

individualizada

orden

Las

circunstancias

especial

judicial

en

en

la

que

anterior

razonable

este

para

caso

sospecha

al

CC-2005-632

examen

del

2

olfato

poseían

canino

los

agentes

del

orden

público [a la luz de una extensa investigación criminal] y

que una vez se culminó el examen quedó corroborada”. Op. del

Tribunal, pág. 40. (Énfasis nuestro). A pesar de ello, nos

vemos obligados a disentir en este caso por dos razones de

trascendencia constitucional.

En

primer

lugar,

la

mayoría

aprovecha

la

oportunidad

para sugerir, de manera innecesaria y contradictoria, que la

utilización de un examen de olfato canino con el propósito

de detectar sustancias controladas en los efectos personales

de

una

persona

bajo

ninguna

circunstancia

constituye

un

registro per se en el sentido constitucional. Discrepamos de

tal razonamiento, pues se podría prestar para justificar el

uso al azar y arbitrario de esta intromisión gubernamental

hasta en la playa y en las plazas públicas del país, a pesar

de que toda la evidencia empírica disponible apunta a que el

margen de error del olfato de los perros acarrea un riesgo

potencial

de

infringir

el

derecho

de

intimidad

de

los

individuos. En contraste, nos hubiésemos ceñido a los hechos

de este caso para resolver, al amparo de nuestra Carta de

Derechos, que el examen de olfato canino en controversia fue

un

registro

individualizada

razonable

de

que

dado

los

que

acusados

medió

una

sospecha

participaban

en

un

esquema de contrabando de sustancias controladas.

Por otro lado, disentimos de la Opinión del Tribunal en

cuanto al remedio final concedido. Al disponer del caso, la

mayoría parte de la premisa inarticulada de que el olfato de

una unidad canina es una herramienta tecnológica precisa e

CC-2005-632

3

infalible. A su vez, el Tribunal no toma en consideración

que ni el manejador del can ni el analista forense que

preparó el informe de las sustancias incautadas estuvieron

presentes

en

la

vista

de

supresión

de

evidencia

que

revisamos en el recurso de epígrafe.

En atención a esa realidad procesal, y contrario a la

Opinión

del

instancia

Tribunal,

con

la

devolveríamos

instrucción

el

caso

particular

al

foro

de

de

que

la

admisibilidad final de la evidencia allanada esté sujeta a

que el Ministerio Público presente el testimonio de ambos

funcionarios en el juicio y que éstos estén disponibles para

ser contrainterrogados por la defensa sobre la confiabilidad

de las referidas herramientas investigativas. De esa forma,

se salvaguarda el derecho de confrontación de los acusados

bajo

la

Sexta

Enmienda

de

la

Constitución

Federal,

de

conformidad con lo resuelto recientemente por el Tribunal

Supremo de Estados Unidos en Meléndez-Díaz v. Massachusetts,

129 S.Ct. 2527 (2009).

I.

El

Ministerio

Público

presentó

sendas

acusaciones

en

contra de Amaury Díaz Medina y Gerardo Bonano Pérez por

violación al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas,

24 L.P.R.A. sec. 2401. En esencia, se les acusó de poseer

catorce kilos de cocaína con la intención de distribuirla.

Posteriormente, y antes de la celebración del juicio,

Díaz Medina presentó una “Moción de Supresión de Evidencia”

en la cual alegó que las sustancias controladas que dieron

lugar a la acusación fueron incautadas mediante un registro

CC-2005-632

4

realizado en el equipaje de los acusados sin orden judicial

previa.

En

vista

gubernamental

de

fue

ello,

adujo

irrazonable

que

bajo

dicha

la

intervención

Constitución

del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En la vista de supresión de evidencia declaró como único

testigo

el

Agte.

Nelson

Rosado

Cintrón,

adscrito

a

la

División de Drogas y Narcóticos de Fajardo. Sin embargo, no

testificó el Agte. Daniel Marín, quien fue el manejador del

can

llamado

Pirata

controversia.

que

Además,

realizó

se

el

presentaron

examen

dos

de

olfato

en

Certificados

de

Análisis Químico Forense, mas no testificó el perito que los

preparó.

Según

se

desprende

del

testimonio

del

agente

Rosado

Cintrón, el registro sin orden judicial del equipaje de Díaz

Medina y Bonano Pérez no fue producto de una inspección

rutinaria. Los agentes se presentaron al aeropuerto con la

unidad canina precisamente para culminar una investigación

criminal de varios días y corroborar ciertas confidencias

que

habían

recibido,

la

cuales

apuntaban

a

la

supuesta

participación de los acusados en un esquema de contrabando

de drogas.

Es decir, cuando los agentes llevaron al can

Pirata para olfatear el equipaje de los acusados ya existía

una sospecha individualizada y razonable de que Bonano Pérez

y

Díaz

Medina

se

encontraban

trasladando

sustancias

controladas desde Culebra hasta Fajardo. Luego de que –según

le indicó el agente Marín al agente Rosado Cintrón-32 el can

32

Surge del expediente que el foro de instancia, de

conformidad con la Regla 9(A) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap.

IV, R. 9(A), sólo admitió la prueba de referencia con

CC-2005-632

5

marcara

positivo

sobre

procedió

a

el

abrir

los

bultos

referido

de

los

acusados,

se

equipaje

para

confirmar

la

presencia de drogas. Tras efectuar el registro, los agentes

encontraron siete kilos de cocaína en cada uno de los dos

bultos incautados, para un total de catorce kilos.

Trabada

Instancia

la

declaró

controversia,

con

lugar

el

la

Tribunal

moción

de

de

Primera

supresión

de

evidencia. En síntesis, fundamentó su determinación en que

el Ministerio Público no presentó prueba admisible de la

razonabilidad del registro en la medida en que no produjo el

testimonio del agente Marín, quien era el manejador del can.

Además, concluyó que no existían los motivos fundados para

realizar un registro sin orden judicial previa del equipaje

en su fondo. Bajo fundamentos similares, el foro apelativo

denegó el auto de certiorari.

Aún insatisfecho, el Procurador General acude ante nos.

En esencia, aduce que el foro apelativo incidió al adjudicar

el caso a base de la figura del registro incidental a un

arresto, cuando procedía resolver que someter los bultos al

olfato canino no constituyó un registro per se. Ello, pues

sostiene que es aplicable la norma de evidencia a plena

vista

u

olfato

como

excepción

a

la

invalidez

de

los

registros sin orden judicial.

Así las cosas, mediante la Opinión emitida en el día de

hoy el Tribunal revoca el dictamen recurrido bajo la premisa

relación al manejo del can para los propósitos de determinar

los hechos que motivaron al agente Rosado Cintrón a realizar

el registro, mas no así como prueba sustantiva para el

juicio en su fondo.

CC-2005-632

6

fundamental

razonable

de

al

que

estar

“la

intervención

directamente

del

equipaje

relacionada

a

la

fue

previa

sospecha individualizada del agente Rosado Cintrón de que el

contenido del mismo tenía narcóticos”. Op. del Tribunal,

págs. 41-42. (Énfasis nuestro). En ese sentido, rechaza la

teoría esbozada por el Procurador General que aduce que el

examen

de

olfato

canino

no

fue

un

registro

porque

el

material delictivo que supuestamente contenía el equipaje se

encontraba a plena percepción. Hasta ahí estamos de acuerdo.

Sin embargo, no logramos entender la necesidad de hacer

unos pronunciamientos adicionales sobre la naturaleza del

examen de olfato canino bajo el Artículo II, Sección 10 de

nuestra

Constitución.

autolimitación

fútiles

e

De

judicial,

innecesarias

conformidad

tales

bajo

el

con

el

precepto

expresiones

son

contexto

fáctico

de

totalmente

de

este

caso, por lo que constituyen meramente dicta. Ello, dado que

la misma Opinión y el razonamiento esbozado en su Parte V

reconoce que tanto la intervención con el perro como el

registro

en

su

fondo

de

los

bultos

se

justificaron

al

demostrarse una sospecha individualizada previa de que los

acusados estaban involucrados en el trasiego de sustancias

controladas.

Ese

es

precisamente

el

criterio

que

nos

limitaríamos a adoptar para llegar al mismo resultado que la

mayoría.

Por tanto, no podemos suscribir la Opinión del Tribunal

en

su

afán

de

abrir

las

puertas

a

una

normativa

impracticable que, al expresar tajantemente que el examen de

olfato canino sobre los efectos personales no constituye un

CC-2005-632

registro,

7

soslaya

nuestra

Carta

de

Derechos

y

su

reconocimiento expreso del derecho de intimidad. Al proceder

de esta manera, la mayoría esgrime una visión constitucional

sumamente restrictiva que se abstrae de los hechos de este

caso y que podría tener unas repercusiones nocivas para las

libertades civiles en el país.

A

continuación,

disyuntiva

analítica

examinamos

que

se

con

detenimiento

desprende

de

la

la

Opinión

del

Tribunal. Enfatizamos nuestros puntos de coincidencia, así

como nuestras serias discrepancias con la supuesta adopción

de

la

factura

mínima

en

este

caso

a

pesar

de

que

la

normativa expuesta en la mencionada jurisprudencia federal

al

amparo

de

la

Cuarta

Enmienda

es

de

un

alcance

incongruente con el desarrollo del derecho de intimidad en

nuestro ordenamiento constitucional.

II.

En

primer

Constitución

del

lugar,

es

Estado

menester

Libre

recordar

Asociado

de

que

Puerto

la

Rico

consagra el derecho de la ciudadanía a la protección de su

intimidad personal, así como de sus casas, papeles y efectos

personales contra registros, incautaciones y allanamientos

irrazonables. Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A. P.R., L.P.R.A.

Tomo 1. Así pues, hemos expresado que el objetivo de esta

protección

constitucional

es

impedir

que

el

Estado

interfiera con la intimidad y dignidad de los seres humanos,

amparar sus documentos y otras pertenencias, e interponer la

figura imparcial del juez entre los funcionarios públicos y

la ciudadanía para ofrecer mayor garantía de razonabilidad a

CC-2005-632

8

la intrusión. Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R. 386 (1997);

Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 500 (1988).

En ocasiones anteriores hemos afirmado que "ante toda

controversia relacionada con esta protección constitucional,

lo primero es determinar la existencia o no de un registro".

Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318, 329 (1999); Pueblo en

Interés del Menor N.O.R., 136 D.P.R. 949, 961 (1994). En

algunas

situaciones

resulta

complejo

hacer

tal

determinación, pues la garantía constitucional protege a la

persona como tal y no a lugares o cosas específicas. No

obstante, la protección constitucional se puede extender a

estos lugares y objetos en determinadas circunstancias por

razón de la expectativa razonable de intimidad que alberga

cada individuo sobre ellos. Pueblo v. Soto Soto, 168 D.P.R.

46, 54-55 (2006); Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 147 D.P.R. 433,

440 (1999).

Por

otra

parte,

para

que

ocurra

un

registro

en

el

sentido constitucional no tiene que haber una intervención

física en un lugar u objeto particular. Al dilucidar si ha

ocurrido un registro, lo importante es determinar si se ha

infringido

una

expectativa

de

intimidad

que

la

persona

alberga subjetivamente y que la sociedad está preparada para

reconocer como razonable.

Pueblo v. Soto Soto, supra, pág.

55; Pueblo v. Bonilla, supra, pág. 330; Pueblo v. Rivera

Colón, 128 D.P.R. 672 (1991). Bajo esa misma óptica, se ha

resuelto en reiteradas ocasiones que todo ciudadano guarda

una expectativa razonable de intimidad sobre su equipaje y

efectos personales, por lo que el examen de éstos constituye

CC-2005-632

9

un registro en el sentido constitucional, aun bajo el crisol

de la factura mínima federal. Arkansas v. Sanders, 442 U.S.

753 (1979); United States v. Chadwick, 433 U.S. 1 (1977);

Pueblo v. Bonilla, supra, pág. 329.33

En ese contexto, coincidimos con la mayoría al resolver

que el allanamiento de la evidencia suprimida en el presente

caso no cumplió con la excepción de un hallazgo a plena

percepción

invocada

validáramos

el

por

el

registro

en

Procurador

General

controversia.

para

La

que

normativa

constitucional puertorriqueña que reconoció esta excepción

al

requisito

de

primera vez en

orden

judicial

previa

fue

enunciada

por

Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976).

En esa ocasión, este Foro estableció cuatro criterios

que

deben

considerarse

para

determinar

si

el

objeto

incautado sin orden judicial se hallaba a plena vista previo

al

registro,

a

saber:

(1)

el

artículo

debe

haberse

descubierto por estar a plena vista y no en el curso o por

razón de un registro; (2) el agente que observe la prueba

debe haber tenido derecho previo a estar en la posición

desde la cual podía verla; (3) debe descubrirse el objeto

inadvertidamente; y (4) la naturaleza delictiva del objeto

debe surgir de la simple observación. Cuando median estas

circunstancias,

no

procede

la

protección

constitucional

contra registros irrazonables, pues el interés investigativo

prevalece

33

sobre

la

expectativa

de

intimidad

mínima

que

Véanse, a modo ilustrativo, C.H. Whitebread & C.

Slobogin, Criminal Procedure: An Analysis of Cases and

Concepts, 4ta ed., 2004, págs. 118-121; E. Chiesa, Derecho

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Forum, 1995,

T. I, Vol. I, págs. 282-85.

CC-2005-632

10

abriga un individuo con relación a un objeto a plena vista.

Íd.

Posteriormente en Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R.

770,

779

(1982),

afirmamos

que

la

percepción

del

olfato

guarda analogía y equivalencia funcional con las situaciones

en las que se aplica la doctrina sobre prueba a plena vista,

pues la única diferencia es el modo en que el objeto es

detectado.

En

ese

caso,

se

resolvió

que

aun

si

el

consentimiento al registro del baúl prestado por el acusado

no se hubiera extendido al equipaje, hubiese subsistido la

admisibilidad de la evidencia ocupada porque la sustancia

controlada fue percibida por el simple olfato del agente, lo

que equivale a la percepción sensorial de la vista. Íd.

Véase, además, O. Resumil, Práctica Jurídica de Puerto Rico:

Derecho Procesal Penal, Tomo 1, Equity, 1994, pág. 271.

En el presente caso, los agentes del orden público no

descubrieron

la

prueba

naturaleza

delictiva

de

inadvertidamente.

la

evidencia

Además,

incautada

no

la

era

aparente de su faz, pues su existencia tampoco surgía de la

simple percepción del olfato de los agentes. Más bien, éstos

tuvieron que valerse del manejo de un can para hallar la

cocaína

supuestamente

escondida

en

el

equipaje

de

los

acusados. Por ende, entendemos -al igual que la mayoría- que

la excepción invocada por el Procurador General no es de

aplicación al caso de autos.34

34

Bajo esta misma premisa, el profesor Wayne R. LaFave ha

expresado que “[the] application of a ‘plain smell’ doctrine

to dog searches stretches the imagination”. Véase W.R.

LaFave, Search and Seizure, West, 4ta Ed., Sec. 2.2(g), pág.

528.

CC-2005-632

11

En efecto, la utilización de un can para los propósitos

investigativos

de

efectiva

detectar

para

este

caso

constituyó

sustancias

una

herramienta

controladas.

Ello

es

similar a la utilización de instrumentos tecnológicos para

complementar los sentidos perceptivos de un agente del orden

público. Por lo general, el uso sin orden judicial previa de

cualquier

instrumento

investigación

registros

es

tecnológico

válido

irrazonables,

y

no

siempre

en

el

viola

y

contexto

la

cuando

de

una

prohibición

de

se

limite

a

acelerar el descubrimiento de evidencia que hubiese sido

percibida eventual e inevitablemente por la plena percepción

del ser humano. Véase, en general, W.R. LaFave, supra, Secs.

2.2(f), 2.2(g).

Cónsono con lo anterior, en Kyllo v. United States, 533

U.S. 27 (2001), el Tribunal Supremo Federal resolvió que el

uso de un instrumento que detectaba el calor emitido por una

residencia constituía un registro que requiere que se cumpla

con todo el rigor de la Cuarta Enmienda. De otra parte,

recientemente en Pueblo v. Soto Soto, supra, resolvimos que

el uso de binoculares para observar el campo abierto frente

a una residencia no constituía un registro irrazonable per

se,

pero

aclaramos

que

“[d]istinto

sería

el

caso

si

el

propósito de utilizar el artefacto tecnológico fuera para

observar aquello que no se podría ver sin una intrusión

inconstitucional en la intimidad de la persona”. Pueblo v.

Soto Soto, supra, pág. 65, n.11. (Énfasis nuestro).

CC-2005-632

En

12

atención

a

ello,

somos

del

criterio

que

la

utilización del examen de olfato de la unidad canina tampoco

se

puede

amparar

bajo

la

excepción

que

elaboramos

recientemente en Pueblo v. Soto Soto, supra, en cuanto a los

hallazgos a plena percepción mediante el uso de instrumentos

tecnológicos en un campo abierto. La evidencia obtenida a

raíz de la utilización del perro no hubiese sido percibida

por el propio sentido del olfato ni de vista del agente

Rosado Cintrón. Es decir, no se trató de la utilización de

un

instrumento

descubrimiento

cuyo

de

uso

se

evidencia

limitaba

que

a

hubiese

acelerar

sido

el

percibida

eventual e inevitablemente por la plena percepción del ser

humano, sino para detectar aquello que no se podría percibir

sin una intrusión física con la intimidad de la persona.

En otras palabras, y contrario a lo sugerido por la

Opinión del Tribunal, entendemos que el uso arbitrario de

esta

táctica

investigativa

se

encuentra

reñido

con

lo

resuelto en Pueblo v. Soto Soto, supra. Dicho caso realmente

se

refiere

excepción

al

de

uso

de

hallazgo

instrumentos

a

plena

tecnológicos

percepción

que

bajo

la

la

misma

Opinión del Tribunal reconoce que no es aplicable a este

caso.

Además,

utilización

y

del

constitucional

como

explicaremos

examen

alguno

de

olfato

tiene

el

más

adelante,

la

canino

sin

control

potencial

de

proveer

positivos falsos, por lo que su uso en esas circunstancias

puede prestarse para la intromisión sin justificación previa

con

la

intimidad

y

los

efectos

personales

de

cualquier

individuo. Por tanto, al eximir de protección constitucional

CC-2005-632

13

la utilización indiscriminada del examen de olfato canino,

como

si

se

tratara

de

un

supuesto

análogo

al

uso

de

binoculares sobre un campo abierto, la mayoría confunde y

trastoca el alcance de la referida jurisprudencia. Todo ello

bajo el pretexto de un balance de intereses que favorece una

noción generalizada y estereotipada sobre la lucha contra el

crimen.35

Sin embargo, nuestra postura no significa que entendamos

que

el

examen

de

olfato

canino

no

deba

ser

un

táctica

investigativa legítima del Estado ni que se requiera obtener

una orden judicial previa para todo caso en que se fuera a

utilizar

la

misma.

De

igual

forma,

tampoco

endosamos

la

teoría de que la utilización del examen de olfato canino

deba limitarse a acelerar el descubrimiento de evidencia que

hubiese sido percibida eventual e inevitablemente por la

plena percepción del ser humano.

De hecho, somos del criterio que el examen de olfato

canino

presente

35

fue

una

caso,

intromisión

precisamente

gubernamental

por

las

válida

mismas

en

el

razones

La mayoría también enfatiza que en Kyllo fue determinante

que el thermal imager no era fácilmente accesible y

disponible al público, y contrasta ello con la gran

accesibilidad de los perros para el público en general. Del

mismo modo, en Soto Soto el Tribunal también enfatizó que

los binoculares son aditamentos fácilmente accesibles y

disponibles al público en general. No obstante, la realidad

es que estos perros son incluso menos accesibles que la

herramienta tecnológica utilizada en Kyllo. El costo

aproximado para adquirir y entrenar un can para fines de

detección de sustancias ilegales es de $20,000 a $29,000,

mientras que el Agema Thermovision 210 utilizado en Kyllo y

otros productos similares se pueden obtener por una cantidad

mucho menor que las referidas unidades caninas. Véanse K-9s

-- The cost of starting a K-9 unit, en Police Magazine, 21

de enero de 2004; http://www.opticsplanet.net/heat-seekerstermal-imagers.html.

CC-2005-632

14

elaboradas en la Parte V de la Opinión del Tribunal para

sustentar la validez de la intervención con el equipaje de

los

acusados:

que

el

agente

del

orden

público

logró

articular una sospecha individualizada previa de que los

acusados estaban involucrados en un esquema de contrabando

de

sustancias

controladas

que

una

vez

culminó

el

examen

quedó corroborada.

III.

El estándar de sospecha razonable individualizada no es

ajeno a nuestro ordenamiento jurídico. Ortiz Irizarry v.

D.T.O.P.,

164

D.P.R.

361

(2005);

Pueblo

v.

Yip

Berríos,

supra; Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988). En

particular,

la

sospecha

expectativa

de

que

individualizada

un

individuo

se

refiere

está

a

la

posiblemente

involucrado en la comisión de un delito particular. Para

determinar que ésta es razonable, se requiere un escrutinio

mayor que una mera sospecha generalizada. Véanse Reid v.

Georgia, 448 U.S. 438 (1980); Brown v. Texas, 443 U.S. 47

(1979); C.H. Whitebread & C. Slobogin, supra, págs. 246-248.

Como reconoce la Opinión del Tribunal, en el contexto de

una

intervención

investigación

gubernamental

criminal,

la

relacionada

sospecha

con

una

individualizada

razonable se debe equiparar a los motivos fundados para un

arresto que requiere la Regla 11 de Procedimiento Criminal,

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 11. En esencia, el funcionario del

Estado

fundados

que

realiza

suficientes

la

intervención

para

entender

debe

tener

motivos

que

el

individuo

intervenido ha cometido un delito en su presencia, más allá

CC-2005-632

15

de una sospecha generalizada. Ello responde a la protección

más amplia que provee nuestra Constitución al derecho de

intimidad. Véanse Pueblo v. Bonilla, supra, pág. 337; Pueblo

en interés de N.O.R.,supra; Pueblo v. Rivera Colón, supra.

En armonía con este precepto, se ha reconocido que bajo

ciertas

circunstancias

particulares

de

necesidad

especial

del Estado se puede sostener la validez constitucional de un

registro sin previa orden judicial al amparo de una causa

probable

por

sospecha

individualizada.

Por

su

parte,

la

razonabilidad de esta intervención se determina a base de un

balance de intereses entre los derechos del individuo y el

interés del Estado. Pacheco Pietri v. E.L.A., 133 D.P.R. 907

(1993).36

Además,

el

propósito

de

una

intromisión

a

la

intimidad en tales circunstancias excepcionales debe estar

estrechamente

que

invoca

el

relacionado

agente

del

con

la

orden

sospecha

público

individualizada

para

llevarla

a

cabo.37

36

Véanse además, Arizona v. Johnson, 129 S.Ct. 781 (2009);

City of Indianapolis v. Edmond, 531 U.S. 32 (2000); National

Treasury Employees Union v. Von Raab, 489 U.S. 656 (1989);

Skinner v. Railway Labor Executives' Assn., 489 U.S. 602

(1989); J. Álvarez González, Análisis del término 1998-99:

Derecho constitucional, 69 Rev. Jur. U.P.R. 419, 423430 (2000).

37

En ese sentido, conviene señalar que en City of

Indianapolis v. Edmond, supra, el Tribunal Supremo Federal

invalidó unos bloqueos en las carreteras dado que el

propósito de los mismos era encontrar drogas mediante el

examen de olfato canino en los vehículos detenidos. El

Tribunal reiteró la normativa de que un registro es

ordinariamente irrazonable en ausencia de una sospecha

individualizada. Además, afirmó que los registros sin

sospecha individualizada sólo son permisibles cuando existe

una necesidad especial más allá de la noción generalizada de

la lucha contra el crimen.

CC-2005-632

16

De conformidad con lo anterior, somos del criterio que

al existir una sospecha individualizada y razonable de que

un

individuo

esconde

contrabando

en

su

equipaje,

no

es

necesario que los agentes del orden público obtengan una

orden

judicial

previa

para

realizar

un

examen

de

olfato

canino en un área en donde éstos ya tienen derecho a estar.

En esos casos pueden concurrir las circunstancias especiales

de necesidad del Estado que justifiquen la utilización de

dicha técnica investigativa, la cual generalmente constituye

una

práctica policiaca menos intrusiva que otros registros

y allanamientos. Véase W.R. LaFave, supra, pág. 540.

En el presente caso, entendemos que dicho estándar debe

ser

aplicable

tanto

al

examen

de

olfato

canino

como

al

registro posterior del equipaje en su fondo. Se desprende

del expediente y de la Opinión del Tribunal que el agente

Rosado Cintrón había corroborado varias confidencias con su

propia

observación

en

el

transcurso

de

una

extensa

investigación criminal que apuntaban razonablemente a que

los

acusados

contrabando

de

estaban

drogas

involucrados

entre

los

en

el

municipios

trasiego

de

Culebra

y

y

Fajardo. Dado que transcurrieron pocos minutos desde que se

recibió la confidencia que posicionó a los acusados en el

aeropuerto y los sucesos que culminaron en el registro, es

evidente

que

el

agente

no

tuvo

tiempo

suficiente

para

obtener una orden judicial antes de llegar al aeropuerto.38

38

A modo ilustrativo, nótese que en el presente caso también

concurrieron varias de las circunstancias requeridas para

establecer los motivos fundados necesarios y realizar un

arresto bajo la Regla 11 de Procedimiento Criminal a base de

la confiabilidad de una confidencia. La confidencia condujo

CC-2005-632

En

17

atención

existencia

a

estas

de

la

circunstancias

mencionada

excepcionales,

sospecha

la

razonable

individualizada en el caso de autos justificó el uso del

examen de olfato canino sin la necesidad de que mediara una

orden

judicial

previa.

De

hecho,

y

a

pesar

pronunciamientos

innecesarios

y

naturaleza

esta

investigativa,

de

táctica

contradictorios

la

de

sus

sobre

la

sección

dispositiva de la Opinión del Tribunal coincide claramente

con este criterio. En particular, la mayoría expresa con

toda razón que “las circunstancias particulares de necesidad

especial

fueron

ejemplificadas

en

la

sospecha

individualizada razonable que anterior al examen del olfato

canino poseían los agentes del orden público y que una vez

se culminó el examen quedó corroborada”. Op. del Tribunal,

pág.

40.

(Énfasis

nuestro).

Además,

la

Opinión

sostiene

precisamente que “la intervención del equipaje fue razonable

al

estar

directamente

individualizada

narcóticos”.

En

...

de

relacionada

que

el

a

la

contenido

previa

del

sospecha

mismo

tenía

Íd., págs. 41-42. (Énfasis nuestro).

esencia,

coincidimos

con

la

lógica

de

ese

razonamiento dado que la utilización per se del examen de

olfato canino en el presente caso constituyó un registro

basado en una sospecha individualizada previa. El Ministerio

Público logró rebatir la presunción de la irrazonabilidad

hacia los acusados en términos de lugar y tiempo, fue

corroborada por observaciones del propio agente, y la

corroboración se relacionaba con actos delictivos cometidos

y en proceso de cometerse. Véanse Pueblo v. Díaz Díaz, 106

D.P.R. 348 (1977); Pueblo v. Acevedo Escobar, supra.

CC-2005-632

18

del registro en la vista de supresión de evidencia, pues el

testimonio

del

agente

Rosado

Cintrón

demostró

que

el

propósito del examen de olfato canino en este caso se limitó

a corroborar la mencionada confidencia. Además, tampoco se

trató de una detención irrazonable en contravención a la

factura mínima establecida en Terry v. Ohio, 392 U.S. 1

(1968), pues toda la intervención en controversia ocurrió

brevemente y medió la sospecha individualizada análoga a la

Regla

11

de

Procedimiento

Criminal,

supra,

que

requiere

nuestro ordenamiento constitucional.

Por otro lado, y como acertadamente reconoce la Opinión

del Tribunal al discutir la doctrina de necesidad especial,

debemos recordar que el hecho de que el can haya marcado

positivo

no

es

de

por

sí

suficiente

ni

justifica

automáticamente el registro en su fondo del equipaje sin

orden judicial previa, o sin que concurra alguna de las

demás

excepciones

al

registro

sin

orden.

Véanse

Op.

del

Tribunal, págs. 36-37; Arkansas v. Sanders, supra; United

States v. Chadwick, supra. En el supuesto de que concurran

tales

requisitos

y

las

exigencias

de

las

circunstancias

particulares del caso justifiquen tal proceder, se podría

prescindir

del

requisito

de

orden

judicial

previa

para

realizar el registro en su fondo del equipaje en el cual se

detectaron

sustancias

controladas

mediante

un

examen

de

olfato canino.39

39

Específicamente, un registro de esa naturaleza se

justifica de manera excepcional: (1) si a la luz de la

totalidad de las circunstancias del caso existen motivos

fundados suficientes para creer que el equipaje contiene

material delictivo; y (2) si las exigencias de las

CC-2005-632

En

19

otras

palabras,

aunque

-mediante

un

dictum

innecesario y confuso- la mayoría sugiere en su discusión

anterior a la parte dispositiva del caso que en nuestra

jurisdicción existe una amplia autoridad legal para realizar

un examen de olfato canino en ciertas circunstancias sin

sujeción a un estándar constitucional, de la misma Opinión

se

desprende

judicial

que

para

para

prescindir

registrar

Ministerio

Público

existencia

de

una

del

requisito

de

orden

equipaje

en

su

fondo

el

debe

establecer,

de

entrada,

la

sospecha

razonable

individualizada

que

el

constituya la causa probable requerida por el ordenamiento

penal más allá de comprobar que el perro marcó positivo.

En este caso, estamos de acuerdo con la Opinión del

Tribunal

en

tanto

concluye

que

la

reacción

del

can

al

“marcar positivo” tras olfatear los bultos arrojados en el

suelo configuró finalmente los motivos fundados necesarios

para que se realizara el registro en su fondo del mencionado

equipaje sin orden judicial previa. En virtud de un segundo

balance de intereses, entendemos que esa etapa del registro

en

controversia

–la

cual

comenzó

cuando

se

abrió

el

equipaje- se justificó luego de que el examen de olfato

canino corroborara las mencionadas confidencias. Es decir,

las exigencias de las circunstancias particulares de este

caso y la existencia de causa probable de que el equipaje

registrado contenía sustancias controladas permitieron que

circunstancias particulares del caso ameritan tal proceder.

Véanse, en ese contexto particular, United States v.

Sokolow, 490 U.S. 1 (1989); United States v. Ross, 456 U.S.

798 (1982).

CC-2005-632

se

20

prescindiera,

como

cuestión

práctica,

de

una

orden

judicial en el supuesto de autos. Véase Pueblo v. Acevedo

Escobar, supra.

En fin, en esta etapa entendemos que el examen de olfato

canino y el registro del equipaje en el caso de autos fueron

razonables

porque

el

alcance

de

la

intromisión

a

la

intimidad que permitieron dichas tácticas se circunscribía

específicamente a corroborar la causa probable basada en la

sospecha

individualizada

que

surgía

de

las

numerosas

confidencias que el agente Rosado Cintrón había recibido en

el

proceso

investigativo

drogas.40

contrabando

de

mayoría

tanto

en

relacionado

con

Por

tanto,

coincidimos

amparo

de

resuelve,

al

un

la

esquema

de

con

la

doctrina

de

necesidad especial y de sospecha individualizada razonable,

que procede revocar la sentencia recurrida del Tribunal de

Apelaciones

que

validó

la

supresión

de

evidencia

en

controversia.

IV.

Al aplicar dicha doctrina al presente caso, la mayoría

reconoce que la intervención en controversia constituyó un

registro,

e

implícitamente

sugiere

que

el

mero

acto

de

someter el equipaje al olfato canino de Pirata requirió la

Tales hechos guardan cierta analogía con los sucesos de

Pueblo v. Acevedo Escobar, supra, con la única excepción de

que en el caso de autos fue el examen de olfato canino, y no

la plena percepción de los agentes, el factor que finalmente

corroboró las confidencias que configuraron los motivos

fundados suficientes para realizar los arrestos y el

registro más profundo del equipaje. En ambos casos, los

agentes poseían las confidencias corroboradas que dieron

lugar

a

la

sospecha

razonable

individualizada

para

justificar la detención inicial de los acusados y la

detección subsiguiente de las sustancias controladas.

40

CC-2005-632

21

prevalencia de una sospecha individualizada. Así pues, la

contradicción fundamental que surge de la Parte IV de la

Opinión del Tribunal recae en su intento de dilucidar en qué

momento exactamente comenzó el registro.

Sin embargo, no hay duda de que a la luz de los hechos

de este caso y del análisis dispositivo que reseñamos en la

sección

previa,

cualquier

se

asunto

hacía

totalmente

ulterior

sobre

la

innecesario

discutir

naturaleza

de

esta

táctica investigativa. Sin embargo, en la discusión anterior

a la Parte V, la mayoría indica de modo tajante que debemos

circunscribir

el

análisis

gubernamental

estrictamente

sobre

a

lo

esta

intromisión

resuelto

por

la

jurisprudencia federal sobre el particular. Ello sin tomar

en

consideración

anunciada

que

sería

el

efecto

práctico

inherentemente

de

la

normativa

incompatible

con

el

desarrollo del derecho de intimidad y la protección contra

registros

y

allanamientos

irrazonables

en

nuestro

ordenamiento constitucional.

En específico, la mayoría sugiere que nos debemos ceñir

a la factura mínima federal despuntada por un dictum en

Place

v.

United

jurisprudencia

States,

posterior

del

462

U.S.

Tribunal

696

(1983)

Supremo

de

y

la

Estados

Unidos relacionada a este asunto. De esa forma, la mayoría

“incorpora” a nuestra jurisdicción el precepto de que el

examen

de

olfato

canino,

al

tratarse

de

una

técnica

investigativa sui géneris, no es un registro a la luz de la

CC-2005-632

22

Cuarta Enmienda de la Constitución Federal.41 En fin, la

Opinión

del

Tribunal

en

el

presente

caso

elabora

el

raciocinio de que como dicha táctica investigativa no se

considera un registro en el ámbito federal, tampoco lo debe

ser al amparo del Artículo II, Sección 10 de la Constitución

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Nos sorprende el salto lógico de esa conclusión, pues

además de ser innecesario para resolver el caso ante nos,

pasa

por

alto

protección

que

más

Constitución

de

nuestra

amplia

al

Estados

Carta

de

derecho

Unidos.

Derechos

de

En

provee

intimidad

efecto,

el

que

una

la

Tribunal

ignora la norma histórica de que el derecho constitucional

federal

supremos

reconoce

un

estatales

respectivas

gran

margen

para

que

interpreten

las

garantías

de

mayor

amplitud

y

constituciones

con

los

tribunales

sus

a

la

vanguardia de los preceptos enunciados en algunos de los

dictámenes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esa

es la virtud del federalismo estadounidense tan preciado por

sus ciudadanos. Véase Blassini Cabassa v. DRNA, res. el 7 de

agosto de 2009, 2009 TSPR ___ .42

41

Del mismo modo, y a pesar de que no guarda relación

alguna con este caso, la mayoría cita con beneplácito la

Opinión del máximo foro federal en Illinois v. Caballes, 543

U.S. 405 (2005), mediante la cual se resolvió que someter el

exterior del vehículo al olfato canino luego de una

detención vehicular rutinaria no viola la Cuarta Enmienda.

42

Véanse, además, Rullán v. Fas Alzamora, 166 D.P.R. 742,

771 (2006); Pacheco Pietri v. E.L.A., supra; López Vives v.

Policía de P.R., 118 D.P.R. 219, 226 (1987); Pueblo v.

Rivera Colón, supra; Pueblo v. Dolce, supra; E. L. Chiesa,

Los derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 Rev.

Jur. U.P.R. 83 (1996).

CC-2005-632

23

De

hecho,

adoptada

por

la

el

filosofía

Tribunal

de

reduccionismo

mediante

dictum

judicial

no

toma

en

consideración la tradición histórica del federalismo y la

interacción dinámica entre el constitucionalismo federal y

estatal, la cual ha permitido que la democracia en Estados

Unidos sobreviva y prospere por más de dos siglos. En muchas

ocasiones,

el

constitucional

derecho

de

estatal

vanguardia

ha

que

pautado

la

posteriormente

visión

acoge

el

Tribunal Supremo de Estados Unidos en un futuro, como parte

del “common law” federal. Véase W.J. Brennan, Some Judicial

Aspects of Federalism, 52 Rev. Jur. UPR 1, 7-9 (1983).43

En lo pertinente al presente caso, la Cuarta Enmienda de

la Constitución Federal, según interpretada por el Tribunal

Supremo de Estados Unidos, constituye tan solo la protección

mínima

que

Puerto

Rico

y

los

estados

están

obligados

a

reconocer en lo referente a la garantía contra registros y

allanamientos irrazonables. En contraste a la Constitución

Federal, nuestra Carta de Derechos protege expresamente la

honra, la reputación y la vida privada de las personas. Art.

II, Sec. 8, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Así, hemos

reiterado que “[e]l efecto conjunto de esta cláusula y la

garantía

constitucional

contra

registros

y

allanamientos

irrazonables ha sido establecer el derecho a la intimidad

43

Por ejemplo, en Cruzan v. Director, 497 U.S. 261 (1990),

el Tribunal Supremo de Estados Unidos acogió la normativa

del máximo foro estatal de New Jersey en In re Quinlan, 70

N.J. 10, 355 A.2d 647 (1976), sobre el derecho a rechazar

tratamiento médico. Por otro lado, en Kennedy v. Louisiana,

128 S.Ct. 2641 (2008), el Tribunal Supremo Federal aplicó el

escrutinio del “consenso nacional” del derecho estatal para

declarar inconstitucional la pena de muerte en ciertas

instancias.

CC-2005-632

como

24

uno

de

los

de

más

alta

jerarquía

en

nuestro

ordenamiento”. Pueblo v. Bonilla, supra; Arroyo v. Rattan

Specialties, 117 D.P.R. 35, 64 (1986).44

Reconocemos que la factura más ancha de nuestra Carta de

Derechos no se debe invocar livianamente. Sin embargo, y

contrario

a

lo

que

sugiere

la

Opinión

mayoritaria,

este

Tribunal tiene el deber de utilizar una visión abarcadora y

protectora

al

definir

los

contornos

de

los

derechos

constitucionales de cada individuo, particularmente en lo

que respecta a la intimidad y los registros y allanamientos

irrazonables. Esta realidad exige que atendamos con tesón

cualquier

supuesto

intimidad

o

los

en

que

derechos

una

expectativa

humanos

de

la

razonable

de

ciudadanía

se

encuentren bajo amenaza.45

V.

Aclarado lo anterior, no tenemos duda de que lo resuelto

por el Tribunal Supremo Federal en Illinois v. Caballes,

supra, y Place v. United States, supra, en cuanto al examen

de

olfato

canino,

no

es

compatible

con

la

primacía

que

históricamente se le ha reconocido al derecho de intimidad

44

La Comisión sobre la Carta de Derechos de la Convención

Constituyente enfatizó la importancia y amplitud de dicha

disposición constitucional, al señalar que:

Se trata de la inviolabilidad personal en su forma

más completa y amplia. El honor y la intimidad son

valores del individuo que merecen protección cabal

[..]

contra

injerencias

abusivas

de

las

autoridades. 4 Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente, pág. 2566. (Énfasis nuestro).

45

Véanse, por ejemplo, RDT Construction v. Colón Carlo II,

141 D.P.R. 861 (1996); P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R.

328 (1983).

CC-2005-632

en

25

nuestro

Opinión

ordenamiento

del

decisiones

Tribunal

de

al

tribunales

constitucional.

citar

con

estatales

Como

indica

aprobación

y

la

varias

federales,

esta

jurisprudencia federal ha permitido validar “el examen de

olfato

canino

equipajes

de

manera

en

los

como

indiscriminada

automóviles”,

a

tanto

en

los

pesar

de

la

expectativa razonable de intimidad que un individuo pueda

ostentar sobre tales objetos. Op. del Tribunal, pág. 19.

(Énfasis nuestro).

En atención a lo anterior, varios de los tratadistas más

eruditos del derecho procesal penal en Estados Unidos han

sido

contundentes

alcance

de

esta

al

expresar

jurisprudencia

su

preocupación

federal.

Por

sobre

el

ejemplo,

el

distinguido profesor LaFave ha caracterizado la decisión de

Caballes

como

un

“oversimplified

and

underprotective

no-

search-ergo-no-scope violation rule”. LaFave, supra, § 9.3

(f),

4ta ed., 2008-09 Pocket Part, pág. 73. Además, este

tratadista ha criticado continuamente el “cheque en blanco”

que concede la amplia normativa de Place, particularmente

porque se ha probado que estos perros entrenados no son

infalibles,

lo

que

significa

que

su

uso

podría

resultar

potencialmente en intromisiones indebidas con la intimidad

de personas inocentes. Íd., § 2.2(g), págs. 532-33.46

46

Es por ello que el ex Juez Asociado del Tribunal Supremo

Federal David Souter expresó en su disenso de Caballes que

[o]nce

the

dog’s

fallibity

is

recognized,

however, that ends the justification claimed in

Place for treating the sniff as sui generis under

the Fourth Amendment: the sniff alert does not

necessarily signal hidden contraband, and opening

the container or enclosed space whose emanations

CC-2005-632

26

Sin embargo, el raciocinio reduccionista de la mayoría

parte de la premisa inarticulada -y desacreditada- de que el

derecho de intimidad no está en juego en estos casos porque

el

examen

de

olfato

canino

se

dirige

únicamente

a

identificar si el equipaje de una persona contiene o no

contrabando;

y

expectativa

de

sustancias

ilegales.

realidad

ciencia

es

y

que

ciudadano

intimidad

que

la

un

ese

alguna

Como

sobre

mencionamos

fundamento

evidencia

no

ignora

estadística

puede

el

albergar

contrabando

de

anteriormente,

la

por

completo

disponible

sobre

la

los

exámenes de olfato canino, la cual apunta a que esta táctica

investigativa dista de ser perfecta y su utilización tiende

a

resultar

en

“positivos

falsos”

en

muchas

ocasiones.

LaFave, supra, § 2.2(g), págs. 532-33.

En específico, se ha demostrado empíricamente que las

unidades caninas no gozan de certeza ni precisión perfecta

en su olfato al detectar sustancias controladas, y que cada

perro

posee

un

historial

de

capacidad

y

habilidad

diferente.47 Ciertamente, las inexactitudes latentes en los

the dog has sensed will not necessarily reveal

contraband or any other evidence of crime.

Illinois v. Caballes, supra, (Op. dis. J.

Souter).

Véanse además, I. Bennett Capers, Policing, Race and Place,

44 Harv. C.R.-C.L. L. Rev. 43, 64 (2009); C.J. Hunt, Calling

in the Dogs: Suspicionless Sniff Searches and Reasonable

Expectations of Privacy, 56 Case W. Res. 285 (2005).

47

Véanse, por ejemplo, United States v. Kennedy, 131 F.3d

1371, 1378 (10mo Cir. 1997); United States v. Scarborough,

128 F.3d 1373, 1378, n.3 (10mo Cir. 1997); United States v.

Limares, 269 F.3d 794, 797 (7mo Cir. 2001); Laime v. State,

347 Ark. 142, 159, 60 S. W. 3d 464, 476 (2001); United

States v. $242,484.00, 351 F.3d 499, 511 (11mo. Cir. 2003);

R. v. Kang-Brown, 2008 SCC 18; R. v. A.M., 2008 SCC 19.

CC-2005-632

exámenes

27

de

olfato

canino

para

detectar

sustancias

controladas pueden resultar en una intromisión indebida a la

intimidad de los ciudadanos, particularmente cuando el perro

provee positivos falsos en un porciento desmedido de sus

intervenciones. Véanse LaFave, supra, §§ 2.2(e), 2.2(g), 9.3

(f); R.E. Myers II, Detector dogs and probable cause, 14

Geo. Mason L. Rev. 1 (2006).

Por ejemplo, en Doe v. Ranfrow, 475 F. Supp. 1012 (N.D.

Ind.

1979),

modificado

631

F.2d

91

(7mo

Cir.

1980),

un

examen de olfato canino realizado en una escuela “alertó” a

la policía sobre la presencia de sustancias ilegales en el

cuerpo de una niña de 13 años. Luego de que la niña se

vaciara

los

bolsillos,

el

perro

continuó

“marcando

positivo”. En vista de ello, dos agentes del orden público

la sujetaron a un registro al desnudo que no reveló la

presencia de drogas. Eventualmente se demostró que el perro

marcó positivo porque la niña había estado jugando con su

perra, la cual se encontraba en celo.48

Del mismo modo, en United States v. $ 639,558.00 in

United States Currency, 955 F.2d 712 (D.C. Cir. 1992), un

examen

de

olfato

canino

marcó

positivo

a

cocaína

en

la

maleta de un pasajero, pero no se encontró ninguna sustancia

Véase, además, K. Garner et al., Duty Cycle of the Detector

Dog: A Baseline Study 12 (Apr. 2001).

48

Además, en ese caso varios exámenes de olfato canino

realizados en la escuela “alertaron” a la policía sobre la

presencia de drogas en el cuerpo de otros 50 jóvenes. Sin

embargo, sólo 15 resultaron tener sustancias controladas

consigo, por lo que los 35 restantes fueron “positivos

falsos”. Doe. v. Ranfrow, supra.

CC-2005-632

28

controlada en la misma. Posteriormente se concluyó que el

perro marcó positivo porque en el dinero en efectivo del

pasajero había rastros diminutos de cocaína. En vista de

ello, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el

Circuito de D.C. indicó que del 75 al 97 porciento del

dinero

en

efectivo

en

circulación

contiene

suficiente

remanente de cocaína para alertar a un perro entrenado. Íd.49

Tales

incidentes

relacionados

a

la

imperfección

del

examen de olfato canino ejemplifican que su uso tiene el

potencial

de

irrazonables

exponer

y

a

todo

humillantes

ciudadano

respecto

a

a

su

intromisiones

intimidad.

Por

tanto, no nos podemos unir al criterio mayoritario que avala

innecesariamente la utilización indiscriminada y sin control

constitucional

alguno

de

estos

canes

para

detectar

sustancias controladas.

Más aún, la utilización de estos perros en la proximidad

inmediata de las personas tiene un carácter intimidante, por

lo

que

es

incuestionable

que

su

uso

tiene

un

efecto

intrusivo que podría ser hasta degradante para cualquier

individuo. Por ello, el profesor LaFave también ha afirmado

que su utilización puede ser ofensiva para algunos, y hasta

“reminiscent

of

the

ugliest

types

of

scenes

that

have

occurred in police states.” LaFave, supra, § 9.3 (f), pág.

81.50

49

De hecho, un estudio reciente de la Sociedad Química

Americana reveló que el 90% de los billetes de Estados

Unidos contiene rastros de cocaína. “Dinero con cocaína”, El

Nuevo Día, 17 de agosto de 2009, pág. 34.

50

En Place, la mayoría del Tribunal Supremo Federal enfatizó

que el examen de olfato canino en ese caso no conllevó

CC-2005-632

29

No hay duda, pues, de que la intromisión a la intimidad

que

permite

la

normativa

establecida

por

estos

casos

en

virtud de la Cuarta Enmienda se excede de las exigencias

mínimas

de

ese

derecho

al

amparo

de

nuestra

Carta

de

Derechos. Al permitir el uso indiscriminado del examen de

olfato

canino

–sobre

el

intimidad-,

para

cual

se

detectar

contrabando

en

el

equipaje

existe

una

expectativa

razonable

permitiría

la

intervención

con

de

cualquier

ciudadano sin justificación previa, con el único propósito

de

sentar

las

bases

para

un

minucioso

sin

orden

judicial

arresto

o

y

sospecha

sin

un

registro

más

razonable

individualizada.

Evidentemente, tal actuación del Estado tiene todas las

características de un registro, por lo que clasificarla de

otra forma opera en clara contravención a un sinnúmero de

precedentes

de

este

Tribunal

mediante

los

cuales

hemos

ampliado el derecho de intimidad de los puertorriqueños a

pesar de que la factura mínima federal permitiría otro curso

de acción. Véanse, por ejemplo, Pueblo v. Bonilla, supra;

Pueblo v. Malavé, supra; Pueblo v. Dolce, supra. Al amparo

de

tales

casos,

en

nuestra

jurisdicción

se

considera

irrazonable el registro incidental a un arresto del interior

ningún tipo de humillación o vergüenza porque no se hizo en

un espacio público. Es decir, el grado de intrusión a la

expectativa de intimidad al utilizar un examen de olfato

canino, y su clasificación como registro per se, depende de

las circunstancias particulares de cada caso. Sin embargo, y

como bien ilustra la Opinión del Tribunal, esta factura

mínima federal se ha interpretado para permitir, a modo de

excepción, un sinnúmero de intervenciones policiacas sin

orden judicial que de otra forma estarían reñidas con la

Constitución.

CC-2005-632

30

de un vehículo o de una persona, salvo que se haga de manera

superficial para hallar armas que pudieran ser alcanzadas

por el arrestado o para ocupar evidencia que de otra manera

podría desaparecer. Por tanto, mucho más irrazonable sería

establecer los motivos fundados para un arresto o registro

sin orden a base de un examen de olfato canino realizado de

manera arbitraria, el cual se podría llevar a cabo bajo esa

premisa contra cualquier peatón en un parque o en una calle

pública

sin

probar

sospecha

individualizada

o

sin

justificación previa alguna.

A la luz de la factura más ancha que emana de nuestra

Constitución, resulta inevitable concluir que el examen de

olfato

canino

es

un

registro

per

se

en

el

sentido

constitucional, que es exactamente lo que sugiere la parte

dispositiva de la Opinión del Tribunal al atender los hechos

de este caso. Por ello, no avalamos la posición asumida

mediante dictum de que la utilización de esa herramienta

investigativa sobre los efectos personales de un individuo

no está sujeta a ninguna de las garantías constitucionales

en protección del derecho de intimidad, precisamente porque

dicha

táctica

indiscriminadas

expone

y

a

todo

arbitrarias

ciudadano

que

podrían

a

intromisiones

dar

base

a

un

registro más profundo o hasta al arresto del individuo sin

que medie una orden judicial previa.

Claro está, la mayoría hace la salvedad de que para

detener a una persona con el propósito de someterla a un

examen de olfato canino sí hace falta probar una sospecha

individualizada

de

que

su

equipaje

contiene

sustancias

CC-2005-632

controladas.

31

Dicha

conclusión

es

forzosa,

pues

de

lo

contrario se violaría la factura mínima federal sobre el

particular establecida en Terry v. Ohio, supra.51

De igual forma, la Opinión infiere que se resguarda el

derecho de intimidad en nuestro ordenamiento jurídico al

ceñir la normativa de Place al contexto del equipaje. Ante

esa aclaración, la mayoría explica que lo resuelto en este

caso no se extiende hacia una persona, un grupo de personas,

o cuando dicho examen pueda ser objeto de vergüenza o cause

algún

inconveniente

en

el

contexto

de

una

investigación

particular. Por último, también indica que hace falta una

sospecha

individualizada

razonable

más

allá

de

la

marca

positiva del can para justificar el registro del equipaje en

su fondo. Véase Op. del Tribunal, págs. 21, 36-7.

Aun así, lo cierto es que la norma anunciada por el

Tribunal en el día de hoy tendría el efecto cascada de

exponer a cualquier peatón que no esté en movimiento en un

área pública a que sus efectos personales sean olfateados

por un perro grande e intimidante, cuya reacción –la cual se

ha probado que puede ser científicamente imperfecta- podría

acarrear consecuencias penales. A pesar de las salvaguardas

anunciadas por la mayoría, el alcance de la normativa

51

Adviértase, además, que en Place se resolvió que es

irrazonable

una

detención

extensa

del

equipaje

para

someterlo a dicha prueba en virtud de Terry, por lo que

todos

sus

pronunciamientos

sobre

el

olfato

canino

constituyeron dicta. El máximo foro federal aclaró que la

detención sería razonable sólo si es breve y si existe

sospecha razonable de que el pasajero lleva sustancias

controladas en el equipaje detenido. Véanse las Opiniones

Concurrentes del Juez Brennan y del Juez Blackmun, United

States v. Place, supra.

CC-2005-632

32

avalada fomenta que los ciudadanos le teman y hasta le huyan

a la policía para evitar un malentendido desagradable en un

pasadía en el parque, en la playa, o en la plaza pública.

Como

imperativo

democrático

en

protección

de

la

intimidad y los derechos civiles de nuestros ciudadanos, no

debemos concederle un cheque en blanco al Estado para que se

realicen estas intromisiones al azar y sin justificación

previa

alguna.

Lamentablemente,

el

razonamiento

autómata

esbozado por la mayoría en el día de hoy para clasificar el

examen de olfato canino como un “no registro” sienta las

bases

para

justificar

totalitarias

ajenas

a

en

el

los

futuro

otras

principios

intervenciones

fundamentales

que

emanan de nuestra Carta de Derechos.

Por otro lado, y aun bajo la óptica de que el examen de

olfato canino constituye un registro, consideramos que su

uso puede ser razonable y justificable en las circunstancias

apropiadas, sin lacerar las garantías constitucionales de

los

individuos.

presente

caso

De

hecho,

entendemos

como

que

hemos

el

uso

señalado,

en

de

táctica

esta

el

investigativa sin orden judicial previa fue razonable, pues

se articuló una sospecha individualizada de conformidad con

nuestra Carta de Derechos.

En armonía con nuestro criterio, múltiples tribunales

estatales han reconocido con posterioridad a Place que el

examen de olfato canino constituye un registro en virtud de

sus

propias

constituciones.

En

esencia,

un

número

significativo de los máximos foros estatales ha rechazado el

uso

indiscriminado

del

examen

de

olfato

canino

y

ha

CC-2005-632

33

requerido que para validar el mismo se pruebe, al menos, una

sospecha razonable individualizada de que la persona está

involucrada

en

la

comisión

de

un

delito

relacionado

al

contrabando de sustancias controladas. Veamos.

VI.

En Commonwealth v. Johnston, 530 A.2d 74 (Penn. 1987),

el Tribunal Supremo de Pennsylvania resolvió que

al amparo

de la disposición constitucional de ese estado referente a

la protección contra registros y allanamientos irrazonables,

el examen de olfato canino es un registro en el sentido

constitucional. Sin embargo, concluyó que la utilización de

los perros en ese caso fue razonable porque se articuló una

sospecha individualizada previa y porque la Policía probó

que tenía derecho a estar en el lugar donde se realizó el

registro.52 El tribunal explicó que para justificar este tipo

de intromisión gubernamental sin orden judicial previa, se

debe

cumplir

sospecha

con

un

escrutinio

individualizada

razonable

dual

y

de

de

articular

probar

que

una

los

agentes del orden público se encontraban legalmente en el

lugar donde se realizó el registro.53

Por otro lado, en State v. Pellicci, 580 A.2d 710 (N.H.

1990), el Tribunal Supremo de New Hampshire llegó a una

52

Para llegar a dicha conclusión, el Tribunal Supremo de ese

estado adoptó la posición del Juez Brennan en la Opinión

Concurrente de Place en cuanto a que el uso indiscriminado

de los perros permitiría lo que incluso Terry v. Ohio,

supra, no permite: el registro y allanamiento de propiedad

al azar y sin sospecha individualizada alguna.

53

Al adoptar este estándar, el Tribunal Supremo de

Pennsylvania explicó lo siguiente: “it is our view that a

free society will not remain free if police may use this, or

any other crime detection device, at random and without

reason”. Commonwealth v. Johnston, supra.

CC-2005-632

34

conclusión similar, por lo que validó la utilización de un

examen de olfato canino para registrar el vehículo de un

acusado en virtud de que existía sospecha razonable de que

éste transportaba sustancias controladas. Al concluir que el

referido examen es un registro que se puede efectuar sin

orden judicial previa en determinadas circunstancias, dicho

foro estatal aludió expresamente a la factura más ancha que

imperaba en virtud de la Constitución de ese estado. Además,

dado

que

el

examen

del

olfato

canino

se

prestaba

para

detectar lo que los agentes del orden público no podrían

percibir con sus propios sentidos, concluyó que la adopción

del

estándar

de

sospecha

razonable

era

un

Dunn,

N.E.2d

imperativo

constitucional. Íd.54

Asimismo,

1990),

el

en

People

v.

máximo

foro

judicial

564

del

estado

1054

de

(N.Y.

New

York

resolvió que aunque el examen de olfato canino no es un

registro al amparo de la Cuarta Enmienda de la Constitución

Federal,

sí

lo

es

bajo

la

disposición

análoga

de

la

Constitución de ese estado. Al rechazar la adopción de la

normativa

estatal,

de

el

Place

tribunal

en

el

concluyó

ordenamiento

que

el

constitucional

hecho

de

que

un

procedimiento investigativo pueda revelar evidencia de algún

54

La Opinión del Tribunal hace referencia a Doran v.

Contoocook Valley Sch. Dist., 2009 D.N.H. 32 (2009) (no

publicada). En dicha sentencia, la corte federal para el

distrito de New Hampshire resolvió sencillamente que la

utilización del examen de olfato canino en una escuela no

constituye un registro bajo la Cuarta Enmienda y la

jurisprudencia

federal

correspondiente.

La

mayoría

no

menciona, sin embargo, que la corte de distrito devolvió el

caso al tribunal estatal para que se dilucidara la causa de

acción bajo el derecho constitucional del estado de New

Hampshire.

CC-2005-632

material

35

delictivo

es

irrelevante

al

determinar

qué

constituye un registro. Por el contrario, sostuvo que el

análisis

se

debe

enfocar

en

si

ha

ocurrido

alguna

intromisión con alguna expectativa razonable de intimidad

del

individuo.

Una

vez

se

parte

de

esta

premisa,

es

inevitable concluir que el examen de olfato canino es un

registro

en

el

sentido

constitucional.

Dicha

técnica

investigativa permite a la policía obtener información sobre

el contenido escondido en un lugar u objeto que goza de una

expectativa razonable de intimidad por su relación con un

individuo.

Al igual que las decisiones estatales antes reseñadas,

el máximo foro de New York adoptó el estándar de sospecha

razonable

individualizada.

Según

explicó

ese

tribunal,

resolver lo contrario resultaría en aumentar el riesgo de

que los agentes del orden público tengan la vía libre para

correr con sus perros e intervenir de manera indiscriminada

con los transeúntes y cualquier ciudadano en búsqueda de

sustancias

Orwellian

controladas.

notion

would

Constitution”,

pues

discreción

de

los

registros

y

Para

dicho

be

repugnant

ésta

agentes

allanamientos.

protege

del

Íd.,

foro,

“[s]uch

under

contra

our

el

State

abuso

orden

público

al

pág.

1058.

A

an

de

realizar

esa

misma

conclusión han llegado las cortes supremas de muchos estados

como

-por

ejemplo-

Minnesota,

Colorado,

Connecticut

y

Alaska. Véanse, a modo comparativo, State v. Carter, 697

N.W. 2d 199 (Minn. 2005); People v. Haley, 41 P.3d 666

CC-2005-632

36

(Colo. 2001);55 State v. Waz, 692 A.2d 1217(Conn. 1997);

McGahan v. State, 807 P.2d 506, 510 (Alaska Ct. App. 1991).

Aunque es cierto que en estados como Idaho y Montana las

cortes

se

han

limitado

a

establecida

en

Place,56

somos

jurisprudencia

acoger

constitucional

la

del

de

factura

criterio

estados

como

mínima

que

New

la

York,

Pennsylvania, Connecticut, New Hampshire y Minnesota, con

una visión más abarcadora y vanguardista en cuanto a la

protección

del

derecho

de

intimidad

y

las

garantías

constitucionales contra registros irrazonables, es mucho más

contundente

y

persuasiva

en

el

contexto

de

nuestra

jurisdicción. Al concluir que el examen de olfato canino es

un

registro

sujeto

individualizada,

al

criterio

dicha

de

sospecha

jurisprudencia

es

razonable

de

mayor

consonancia con el desarrollo de los derechos individuales

al amparo de nuestra Carta de Derechos y nuestra propia

jurisprudencia

relativa

al

derecho

de

intimidad

y

la

protección contra registros irrazonables.

No

encontramos

razón

alguna

por

la

cual

debamos

considerar que nuestra propia Constitución, la cual reconoce

expresa

e

independientemente

el

derecho

a

la

intimidad,

confiera menos salvaguardas y garantías constitucionales que

55

Nótese que aunque en la Opinión del Tribunal se cita con

aprobación lo resuelto por el Tribunal Supremo de Colorado

en People v. Wieser, 796 P. 2d 982 (1990), ese mismo foro

adoptó precisamente el estándar de sospecha razonable

individualizada, por lo que ha resuelto en múltiples

ocasiones que la utilización del examen de olfato canino

constituye un registro bajo la Constitución de Colorado.

People v. Haley, supra; People v. Boylan, 854 P.2d 807

(1993); People v. Unruh, 713 P.2d 370 (1986).

56

Véanse State v. Scheetz, 950 P.2d 722 (Mont. 1997); State

v. Martinez, 925 P.2d 1125 (Idaho 1996).

CC-2005-632

esos

37

estados

en

lo

que

respecta

a

la

utilización

indiscriminada, al azar y arbitraria del examen de olfato

canino. Una intrusión gubernamental de esta naturaleza sin

control

constitucional

excepciones

a

ordenamiento,

intromisiones

alguno

un

registro

sino

que

sin

no

sólo

orden

cimienta

gubernamentales

las

a

incumple

judicial

bases

la

con

las

en

nuestro

para

mayores

intimidad,

en

contravención a los derechos fundamentales y democráticos de

nuestros ciudadanos.

Por ende, y al igual que los foros estatales en las

decisiones antes reseñadas, entendemos que tanto el derecho

de

intimidad

como

la

protección

contra

registros

irrazonables en nuestra jurisdicción nos obligan a concluir

que la utilización del examen de olfato canino constituye un

registro en el sentido constitucional, sujeto al estándar de

sospecha

razonable

individualizada.

Este

estándar

es

precisamente el que acoge la parte dispositiva de la Opinión

del

Tribunal,

por

lo

que

no

comprendemos

ni

se

nos

ha

demostrado cómo la imposición de este criterio objetivo de

razonabilidad para regular la intromisión gubernamental que

conlleva el examen de olfato canino laceraría los intereses

del Estado en la lucha contra el crimen, según sugiere de

modo generalizado la Parte IV de la Opinión del Tribunal. De

hecho,

el

estándar

de

sospecha

individualizada

es

tan

pragmático que incluso exime a los agentes del orden público

del

requisito

de

orden

judicial

previa

para

realizar

el

registro. Lo único que dicho estándar le impone al Estado es

la obligación de que no utilice esta herramienta de manera

CC-2005-632

38

arbitraria e indiscriminada, como bien se podría hacer al

ceñirnos exclusivamente a la factura mínima federal.57

VII.

Por todo lo antes expuesto, somos del criterio -en esta

etapa procesal- que el registro realizado sin orden judicial

previa en el caso de autos fue razonable bajo el crisol de

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Sin embargo, no podemos unirnos a la Opinión del Tribunal

dado que ésta no toma en consideración que el manejador del

can y el analista forense que preparó los Certificados de

Análisis

Químico

disponibles

para

Forense

ser

no

estuvieron

contrainterrogados

en

presentes

ni

la

de

vista

supresión de evidencia. Como consecuencia, la mayoría no

aclara que a pesar de que revocamos la supresión de la

evidencia

en

esta

etapa

de

los

procedimientos,

la

admisibilidad eventual y final de dicha prueba durante el

juicio está totalmente sujeta a los parámetros de la Sexta

Enmienda

57

de

la

Constitución

Federal,

según

interpretados

Por otro lado, en caso de un registro de fronteras o de un

examen de olfato canino dirigido a la detección de

explosivos imperan otras consideraciones. Por ejemplo, en

los supuestos en que exista un interés inmediato de

seguridad pública relacionado al tráfico aéreo, se puede

prescindir del requisito de orden judicial para realizar un

registro rutinario del equipaje en un aeropuerto sin

sospecha

individualizada

alguna.

Sin

embargo,

dicha

excepción no aplica cuando lo que se intenta promover es un

interés

generalizado

de

combatir

la

introducción

de

contrabando o de artículos sin pagar arbitrios. Ello sólo

lo podría realizar el gobierno federal en las fronteras

internacionales.

Véanse Torres v. Puerto Rico, 442 U.S.

465, 474-75 (1979); U.S. v. $124,570 U.S. Currency, 873 F.2d

1240 (9no Cir. 1989). Véase, además, a modo ilustrativo,

nuestra

Opinión

de

Conformidad

en

Pueblo

v.

Cedeño

Laclaustra, 157 D.P.R. 743 (2002).

CC-2005-632

39

recientemente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en

Meléndez-Díaz v. Massachusetts, supra.

En ese caso, el máximo foro federal resolvió que la

admisión de un certificado de análisis químico forense, por

tratarse de prueba inherentemente testimonial, estuvo reñida

con

el

derecho

de

confrontación

al

amparo

de

la

Sexta

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos dado que el

Ministerio Público no presentó al perito que lo preparó como

testigo de cargo.58 Al hacer un análisis formalista de este

derecho fundamental, el Tribunal Supremo Federal pautó la

normativa de que el Ministerio Público tiene la obligación

de

presentar

como

testigo

al

perito

que

preparó

los

referidos certificados, y que éste debe estar disponible

para ser contrainterrogado por la defensa. Se trata de una

aplicación sencilla de Crawford v. Washington, 541 U.S. 36

(2004), en el cual se resolvió que las declaraciones de

índole testimonial ofrecidas en contra de un acusado son

inadmisibles

salvo

que

el

declarante

se

presente

en

el

juicio, o si no está disponible, que el acusado haya tenido

una oportunidad previa de contrainterrogarlo.

Así

pues,

constitucional

Meléndez-Díaz

para

admitir

requiere

el

finalmente

en

mismo

el

rigor

juicio

la

prueba científica presentada por el Ministerio Público, por

58

Dicha

cláusula

dispone

que

“[i]n

all

criminal

prosecutions, the accused shall enjoy the right … to be

confronted with the witnesses against him”. Const. EE.UU.

Enm. VI. Ese mismo derecho está consagrado en el Artículo

II, Sección

11 de nuestra Constitución, al disponer que

“[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará

del derecho … a carearse con los testigos de cargo …”. Art.

II, Sec. 11, Const. E.L.A., supra.

CC-2005-632

40

lo que los peritos que manejan la tecnología investigativa

utilizada

para

obtenerla

deben

estar

sujetos

a

ser

contrainterrogados, independientemente de la confiabilidad y

precisión técnica que éstos puedan ostentar. Como dice el

Juez Antonin Scalia en la referida Opinión, “we would reach

the same conclusion if all analysts always possessed the

scientific acumen of Mme. Curie and the veracity of Mother

Theresa”. Meléndez-Díaz v. Massachusetts, supra, pág. 2537,

n. 6.

Dado que la Opinión del Tribunal en este caso trata a

los

perros

como

un

instrumento

tecnológico

análogo

al

“Breathalyzer” o a un análisis químico de drogas, entendemos

que

como

condición

absoluta

a

la

determinación

de

admisibilidad que hace el Tribunal en el día de hoy, el

Ministerio

Público

tendrá

que

presentar

como

testigo

de

cargo al agente Marín, manejador del can que realizó el

examen

de

olfato

en

controversia.

El

derecho

de

confrontación de los acusados respecto al manejador del can

se torna más apremiante al tomar en consideración que estos

perros no son infalibles ni operan sin margen de error, lo

que en ciertas circunstancias podría arrojar dudas sobre la

razonabilidad de su utilización.

Por consiguiente, al devolver el caso, instruiríamos al

Tribunal de Primera Instancia que Díaz Medina y Bonano Pérez

tienen el derecho fundamental de confrontar al manejador y

contrainterrogarlo sobre la confiabilidad del historial de

precisión

de

la

unidad

canina

particular

que

realizó

el

examen de olfato en controversia. En otras palabras, en el

CC-2005-632

41

contexto de una intervención tecnológica de esta naturaleza,

el Ministerio Público debe presentar evidencia suficiente

del historial de entrenamiento y certeza de la unidad canina

que realizó el examen. Además, dado que las declaraciones

recogidas en los Certificados de Análisis Químico Forense

presentados

supresión

por

de

el

Ministerio

evidencia

Público

constituyen

en

la

prueba

vista

de

testimonial,

sujetaríamos su admisión final a que el perito que

los

preparó sea presentado como testigo de cargo en el juicio.

Por

juicio

tanto,

el

preparó

resolveríamos

manejador

los

del

que

de

no

ni

el

analista

can

certificados,

la

referida

testificar

en

el

forense

que

prueba

debe

ser

suprimida. Dichas condiciones son necesarias no sólo para

salvaguardar el derecho de confrontación de los acusados,

sino

para

probar

que

no

se

violentó

la

protección

constitucional contra registros y allanamientos irrazonables

que consagra nuestra Carta de Derechos.

A pesar de que en esta etapa el Tribunal resuelve que el

registro en controversia fue razonable, adviértase que a

través de todo el proceso penal el Estado tiene el peso de

probar la razonabilidad del registro y la confiabilidad del

examen

59

de

olfato

canino

en

controversia.59

Según

hemos

Ciertamente, el Ministerio Público logró rebatir la

presunción de irrazonabilidad del registro sin orden

judicial en la vista de supresión de evidencia. Nótese que

la vista de supresión al amparo de la Regla 234 de

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234, no

equivale a un juicio en su fondo. Además, la utilización de

la referida herramienta procesal

en este caso se dirigió

principalmente “a asuntos de derecho que hay que dirimir

como paso previo a la admisibilidad de evidencia”. Pueblo v.

Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618, 633 (1999); Pueblo v.

Martínez Torres II, 126 D.P.R. 561, 575 (1990); Pueblo v.

CC-2005-632

42

resuelto anteriormente, la resolución negativa o positiva de

una moción de supresión no pone fin a la cuestión sobre la

admisibilidad

o

el

valor

probatorio

de

la

evidencia

impugnada. Véase Pueblo v. Hernández Flores, 113 D.P.R. 511

(1982).60 Como al devolver el caso el Tribunal no condiciona

la admisibilidad final de la evidencia en controversia al

rigor constitucional antes enunciado, disentimos.

Por último, discrepamos enérgicamente de la normativa

expresada por el Tribunal mediante dictum en cuanto a que la

utilización de un examen de olfato canino no es un registro

en

el

sentido

constitucional.

Hace

apenas

unos

días,

en

Blassini Cabassa v. D.R.N.A., supra, este Foro invalidó un

registro

realizado

sin

orden

judicial

en

una

propiedad

privada, precisamente al amparo de la amplitud del derecho

de intimidad que históricamente se ha reconocido en nuestro

ordenamiento

Tribunal

jurídico.

ahora

se

No

niega

comprendemos

a

reconocer

cómo

esa

este

misma

mismo

garantía

constitucional a un ciudadano frente a una unidad canina,

Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986). En específico,

atendimos en esta etapa la controversia de derecho sobre la

razonabilidad de utilizar un examen de olfato canino a la

luz de una sospecha individualizada previa de que el

equipaje de los acusados contenía sustancias controladas.

60

Al respecto, la profesora Resumil indica que al tratarse

de la resolución de una cuestión interlocutoria que incide

sobre derechos constitucionales, es permisible volver a

plantear la razonabilidad del registro “cuando nuevos hechos

o nueva luz sobre la credibilidad de los testigos de cargo u

otras materias que surjan en el juicio puedan arrojar dudas

sobre la resolución anterior”. O. Resumil, Práctica Jurídica

de Puerto Rico, Derecho Procesal Penal, Equity, 1990, pág.

323.

Véanse,

además,

E.

Chiesa,

Tratado

de

Derecho

Probatorio, Tomo II, Publicaciones JTS, págs. 1217-18; E.

Chiesa, Derecho Procesal Penal, supra, pág. 221.

CC-2005-632

43

exponiéndolo a una intromisión gubernamental humillante y

potencialmente

errónea

sin

necesidad

de

que

exista

una

sospecha individualizada previa. Parecería que un cazador de

tórtolas en una finca rural a campo abierto goza de mayor

protección constitucional contra intrusiones arbitrarias del

Estado que un individuo que reposa en la playa o en la plaza

pública. Véase Blassini Cabassa v. D.R.N.A., supra.

Como

se

precisamente

sabe,

en

los

nuestra

momentos

Constitución

en

que,

como

se

redactó

señala

Trías

Monge, “se sentían los primeros ramalazos del macartismo”.

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Vol.

III,

Editorial

UPR,

1982,

pág.

192.

En

atención

a

esa

realidad fáctica, el derecho de intimidad está consagrado

expresamente en nuestra Constitución, no por mera voluntad o

capricho del Comité de Redacción, Estilo y Enrolado de la

Convención Constituyente, sino por el mandato democrático

del propio pueblo puertorriqueño.

Lamentablemente, la Opinión del Tribunal en el presente

caso representa un retroceso histórico en el desarrollo de

vanguardia del derecho de intimidad en nuestra jurisdicción,

pues invoca un raciocinio que nos recuerda las distopías

ficticias de George Orwell y la represión policiaca de los

regímenes totalitarios de la historia moderna. Es por ello

que no podemos unirnos al intento mayoritario de reducir los

derechos civiles y fundamentales de nuestro pueblo que se

resguardan

en

los

principios

universales

democráticos de la mayor jerarquía.

y

los

derechos

CC-2005-632

Por

todo

44

lo

anterior,

disentimos

respetuosamente

del

proceder del Tribunal en el caso de autos.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente