Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Díaz de León
2009 TSPR 138
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Díaz de León
CC-2008-04
Procedimiento Criminal – Recurso de Certiorari para revisar determinación de causa probable para arrestar o acusar
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
EL Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
Certiorari
v.
2009 TSPR 138
Amaury Díaz Medina y
Gerardo Bonano Pérez
176 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CC-2005-632
Fecha: 27 de agosto de 2009
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Fajardo Panel XI
Juez Ponente:
Hon. Yvonne Feliciano Acevedo
Oficina del Procurador General:
Lcdo. Salvador Antonetti Stutts
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcda. Niza Meléndez Winandy
Lcdo. Héctor Jiménez Casillas
Materia: Artículo 401
Este documento constituye un documento oficial del
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Certiorari
Peticionario
v.
Amaury Díaz Medina,
Gerardo Bonano Pérez
CC-2005-632
Recurridos
Opinión del
Charneco
Tribunal
emitida
por
la
Jueza
Asociada
señora
Pabón
San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2009.
El presente recurso otorga a este Tribunal la
oportunidad
de
resolver
si
el
sometimiento
de
un
equipaje a un examen de olfato canino realizado con
el propósito de detectar sustancias controladas, por
un can entrenado para tal fin, constituye un registro
al amparo de la Sección 10 del Artículo II de la
Constitución de Puerto Rico. Luego de haber realizado
un detenido examen de la controversia presentada ante
nos,
resolvemos
que
el
examen
de
olfato
canino
realizado sobre el equipaje de la parte recurrida no
fue un registro en sentido constitucional. A su vez,
resolvemos
que
el
registro
ulterior
a
la
marca
positiva del can fue razonable por tratarse de una
situación de necesidad especial para el Estado, toda
CC-2005-632
2
vez que los agentes del orden público tenían una sospecha
individualizada razonable de que el contenido del equipaje
registrado tenía narcóticos.
Al así colegir, se armonizan
los intereses en pugna en una controversia de esta índole, a
saber:
la
protección
allanamientos
constitucional
irrazonables
como
contra
medida
registros
preventiva
y
para
proteger el derecho a la intimidad versus el interés del
Estado en combatir la criminalidad.
I.
Expondremos brevemente los hechos esenciales que dieron
génesis a la controversia que hoy toca resolver.
El Ministerio Público presentó acusaciones contra los
recurridos Amaury Díaz Medina y
Gerardo Bonano
Pérez por
violación al Art. 401 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de
1974,
según
enmendada,
conocida
como
“Ley
de
Sustancias
Controladas de Puerto Rico”, 24 L.P.R.A. sec. 2401. Se les
acusó
por
posesión
de
catorce
kilos
de
cocaína
con
la
intención de distribuir la droga.
Previo a la celebración del juicio en su fondo, Amaury
Díaz Medina, en adelante, Díaz Medina, presentó una “Moción
Solicitando la Supresión de Evidencia”.
En el escrito, Díaz
Medina
evidencia
solicitó
la
supresión
de
la
incautada
alegando que la misma había sido ocupada ilegalmente por no
mediar
orden
Evaluado
el
petitorio,
celebró
una
vista
compareció
para
como
el
registro
el
supuestamente
Tribunal
de
realizado.
Primera
de
supresión
de
evidencia
único
testigo
el
agente
Instancia
en
Nelson
la
cual
Rosado
CC-2005-632
3
Cintrón, adscrito a la División de Drogas y Narcóticos del
Municipio de Fajardo.
El
agente
Rosado
Cintrón
declaró
que,
previo
a
la
intervención con los acusados, su Supervisor había recibido
varias
confidencias
por
vía
telefónica
respecto
a
un
cargamento de drogas que Aduana Federal había recogido al
norte
de
la
Isla
del
Municipio
de
Culebra.
Luego
de
corroborar dicha información con un sargento del Task Force
de Aduana Federal, el declarante se trasladó a Culebra el 6
de diciembre de 2003. Una vez el agente Rosado Cintrón llegó
a Culebra, entrevistó a tres personas que le informaron que
parte del cargamento había sido recogido por el recurrido
Gerardo
Bonano
Pérez,
en
adelante,
individuo en una embarcación.
Bonano
Pérez,
y
otro
A su vez, le informaron que,
por el tamaño de la embarcación (incapaz de acomodar todo el
cargamento), Bonano Pérez y su acompañante tuvieron que dejar
en
el
agua,
para
recogerlo
posteriormente,
parte
del
cargamento, siendo incautado éste por agentes federales.
El declarante testificó que ese mismo día mientras se
encontraba en Bayamón haciendo gestiones para ingresar a una
persona en una facilidad correccional, recibió por teléfono
otra confidencia en la que le indicaron que Díaz Medina había
transportado de Culebra a Fajardo seis kilos de cocaína. El
agente
Rosado
Cintrón
declaró
que
conocía
a
Díaz
Medina
porque anteriormente había tenido que arrestar a éste, en un
caso
relacionado
a
sustancias
controladas.
Asimismo,
el
agente Rosado Cintrón atestó que el confidente le notificó
CC-2005-632
4
que Díaz Medina había realizado otros viajes similares en
esos días para transportar cocaína que tenían almacenada en
un lugar en Culebra.
El
agente
Rosado
Cintrón
declaró
que,
siguiendo
instrucciones de su Supervisor, se trasladó a Culebra el 11
de diciembre de 2003 donde entrevistó a varias personas que
confirmaron
las
confidencias
previas.
Indicó
que
al
día
siguiente pudo observar a Bonano Pérez llegar al lugar y
recibir dinero de una de dos personas que se encontraban
realizando una transacción de drogas. Alegó que Bonano Pérez
llegó al lugar en una camioneta pick up modelo Ford 150 color
negra y marrón, mientras que Díaz Medina se presentó en un
vehículo Toyota. Continuó el declarante atestando que luego
de dialogar, Bonano Pérez sacó de la parte de atrás de la
Ford dos paquetes con cinta adhesiva color gris y se los
entregó a Díaz Medina, que los colocó en un bulto color azul
y se marchó del lugar.
Al observar lo acaecido, el Agente Rosado Cintrón siguió
a
Díaz
Medina
hasta
Villa
Flamenco
donde
observó
a
éste
estacionarse al lado de una casa ubicada frente al aeropuerto
de Culebra. Declaró que Díaz Medina se bajó del vehículo
Toyota y sacó del baúl el bulto color azul llevándolo dentro
de la casa.1 Al informar lo sucedido a su Supervisor, éste le
ordenó preparar una Declaración Jurada a fin de obtener una
orden de registro y allanamiento de la mencionada residencia.
1
El agente Rosado Cintrón aseguró que, por su experiencia y la forma de
la envoltura, los paquetes que observó contenían sustancias controladas.
CC-2005-632
5
Así las cosas, el declarante relató que el 13 de diciembre de
2003 salió de Culebra y al llegar a la División de Drogas
recibió una confidencia telefónica de que los acusados se
hallaban en el aeropuerto de Culebra y se disponían a viajar
hasta Fajardo con tres bultos llenos de cocaína.
Según el
agente Rosado Cintrón, a los quince minutos lo volvieron a
llamar para informarle que los acusados habían conseguido un
vuelo
y
se
disponían
a
abordar
el
avión.
Además,
el
confidente supuestamente describió la vestimenta que llevaban
puesta los recurridos.
Continuó
su
testimonio
atestando
que
realizadas
las
gestiones con su supervisor, éste le indicó que consiguiera
al agente Daniel Marín, manejador de un perro de la Unidad
Canina. Al llegar a la división, el agente Daniel Marín fue
informado de las confidencias y salió junto al agente Rosado
Cintrón
hacia
agente
Rosado
el
aeropuerto
Cintrón
llevando
declaró
que
consigo
una
vez
un
can.
El
llegó
al
aeropuerto, observó a Díaz Medina con un bulto azul oscuro y
una bolsa blanca de supermercado. Testificó que tan pronto
Díaz Medina vio al agente acercarse, soltó el bulto azul y lo
colocó pegado a una pared de la oficina de Aduana Federal,
previo a sentarse en el primer asiento de una hilera de
asientos en el aeropuerto. Según la declaración del agente,
éste le pidió a Díaz Medina que se levantara pero no le hizo
caso.
Declaró que mientras tanto de frente hacia él venía
caminando Bonano Pérez con dos bultos en las manos.
El
agente Rosado Cintrón testificó que Bonano Pérez tiró uno de
CC-2005-632
6
los bultos junto al bulto de Díaz Medina (pegado a la pared)
y el otro se lo quedo consigo. El agente Rosado Cintrón
procedió a preguntarle a Bonano Pérez si éste le daba permiso
para registrar el bulto que traía, a lo que éste contestó que
no tenía ningún problema. De esta forma, Bonano Pérez colocó
el bulto que tenía consigo al lado del asiento donde se
encontraba sentado Díaz Medina.
El agente Rosado Cintrón comenzó a registrar el bulto de
Bonano Pérez y encontrándose en dicho ejercicio, el agente
Daniel Marín llegó con el can llamado Pirata, dirigiéndose
donde
estaban
los
habían
soltado
en
bultos
el
que
piso.
Bonano
El
Pérez
agente
y
Díaz
Marín
le
Medina
dio
una
instrucción al can, lo haló y el perro siguió olfateando. El
perro volvió a los bultos marcando positivo.
Esto ocasionó que el agente Rosado Cintrón soltara el
bulto
que
se
registrar
los
encontraba
que
se
en
el
encontraban
asiento
y
en
piso.
el
procediera
El
a
agente
declaró que al abrir el bulto que había soltado Díaz Medina,
encontró debajo de una ropa el primer kilo de cocaína que
estaba envuelto en cinta adhesiva color gris.2 Después de la
identificación
de
las
sustancias
controladas,
el
agente
Rosado Cintrón declaró que puso bajo arresto a Díaz Medina y
Bonano Pérez y les leyó las advertencias legales. Finalizó su
testimonio aclarando que en la División de Drogas se hizo un
registro más profundo encontrando siete kilos de cocaína en
cada uno de los dos bultos incautados.
2
Según el agente Rosado Cintrón, la envoltura de los paquetes era similar
a la de los paquetes que había identificado en Culebra.
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7
El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la
“Moción de Supresión de Evidencia”. Expresó que no existían
los motivos fundados para realizar un registro sin orden
judicial
previa.
Inconforme,
el
Procurador
General,
en
representación del Pueblo de Puerto Rico, acudió al Tribunal
de Apelaciones.
El foro apelativo denegó expedir el auto de certiorari
solicitado por discernir que el Tribunal de Primera Instancia
no había incidido al suprimir la evidencia.
Entendió el
tribunal a quo que el registro realizado por el agente Rosado
Cintrón
había
sido
irrazonable.
Inconforme,
el
Procurador
General acude ante nos.
Ante este Foro, el Procurador General plantea, inter
alia, que incidió el foro apelativo al resolver el caso de
autos
aplicando
la
figura
del
registro
incidental
a
un
arresto, cuando procedía resolver que someter los bultos al
olfato de un can no constituye un registro.
Sostiene, a su
vez, que es de aplicación la norma de evidencia a plena vista
u olfato, por lo que no era necesaria la orden judicial
previa para el registro de los bultos. Finalmente, plantea
que
dicho
registro
motivó
el
arresto
de
los
recurridos
conforme la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.
Ap II.
A
contrario
sensu,
los
recurridos
sostienen
que
la
intervención estatal configuró un registro irrazonable porque
se llevo a cabo sin previa orden judicial, en ausencia de
motivos fundados suficientes, por lo que arguyen que los
CC-2005-632
foros
8
inferiores
no
incidieron
al
suprimir
la
evidencia
incautada.
Vista la petición de certiorari, acordamos expedir. Con
el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos
a resolver.
II.
La controversia en el caso de autos comporta un carácter
dual. En primer lugar, nos toca resolver si el examen de
olfato canino sobre los bultos de los recurridos Díaz Medina
y
Bonano
Pérez
Constitución.
En
es
un
registro
segundo
bajo
lugar,
y
el
palio
de
consustancial
nuestra
con
lo
primero, debemos determinar si la intervención posterior a la
marca
positiva
del
can
es
un
registro
en
sentido
constitucional y de serlo, si fue razonable, pese haberse
llevado a cabo sin una orden judicial previa. Conforme hemos
mencionado, la respuesta a la primera interrogante es en la
negativa y la de la segunda es en la afirmativa.
Previo a entrar
planteadas,
debemos
en el análisis
de las controversias
enfatizar
este
que
caso
vuelve
a
protagonizar la convergencia entre dos intereses primordiales
en nuestra sociedad que suelen ser asiduamente antagónicos.
Nos referimos a la garantía individual contra registros y
allanamientos irrazonables3 vis a vis el interés del Estado
en hacerle frente a la criminalidad en busca de una mejor
calidad de vida para sus ciudadanos. Tenemos presente que al
3
Enmda. IV, Const. EE.UU., Tomo 1; Art. II, sec. 10, Const. de Puerto
Rico, L.P.R.A., Tomo 1.
CC-2005-632
9
realizar la ponderación, es necesario armonizar los intereses
envueltos
sin
latentes
en
convertirnos
impidan
el
enajenarnos
nuestra
en
deber
de
sociedad
los
y
al
valores
mismo
intérpretes
propiciadores
del
de
Estado
o
luchar
principios
tiempo
de
evitar
óbices
contra
el
que
crimen.
Después de todo, como ya hemos expresado: “[e]n Puerto Rico
como
regla
individuo
general,
pueda
la
tener
expectativa
en
de
intimidad
circunstancias
que
un
relacionadas
directamente con la comisión de un acto criminal es limitada.
Así
lo
determinaron
quienes
redactaron
nuestra
Constitución”.4 Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 361,
390 (1995); Véanse, además, Pueblo v. Soto Soto, res. en 22
de mayo de 2006, 168 D.P.R. ___ (2006), 2006 T.S.P.R. 87,
2006 J.T.S. 96; Pueblo v. Colón Rafucci, 139 D.P.R. 959, 96667 (1996).
4
La Comisión de la Carta de Derechos de la Constituyente explicó la
Sección
10,
que
trata
sobre
la
protección
contra
registros
y
allanamientos irrazonables, de la siguiente manera:
“La inviolabilidad de la persona se extiende a todo lo que es
necesario para el desarrollo y expresión de la misma. El hogar, los
muebles y utensilios, los libros y papeles poseídos por un ciudadano
son como una prolongación de su persona, pues constituyen el ámbito en
que ésta se ha hecho y se mantiene. Toda intromisión sin su permiso en
este círculo privado equivale para todo hombre a una violación de su
personalidad. Lo mismo acontece con los medios en que se expresa su
intimidad y que reserva tan sólo para algunos: su correspondencia, sus
manifestaciones espontáneas a través de los modernos medios mecánicos
de comunicación. La lesión de la intimidad es en este sentido el más
penoso ataque a los derechos fundamentales de la persona.
Sin embargo, los mismos medios y propiedades que sirven para el
desarrollo y el sostén de la persona pueden ser instrumentos de delito
o resultado de su comisión. En estos casos detenerse ante esas
fronteras de la personalidad equivaldría a la protección indebida del
delito y del delincuente. En esa colisión de lo privado y lo público,
la solución se entrega, con todas las garantías, a la autoridad
judicial encargada de perseguir y sancionar las transgresiones de la
ley. Las garantías personales frente al arresto, el registro, la
incautación y el allanamiento tienen su límite en la conducta
criminal.” (Énfasis nuestro) Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente, págs. 2567-2568.
CC-2005-632
10
III.
Tanto la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados
Unidos
como
derecho
del
la
Constitución
pueblo
de
contra
Puerto
Rico
registros,
protegen
el
incautaciones
y
allanamientos irrazonables que puedan afectar sus personas,
casas,
papeles
Sanfilippo,
y
efectos.5
Práctica
Véase,
Jurídica
de
Olga
Elena
Puerto
Resumil
Rico,
de
Derecho
Procesal Penal, Equity Pub., Orford, NH, T. I, Vol. I, 1990,
pág. 203.
La
etiología
de
ambos
preceptos
constitucionales
es
proteger el derecho a la intimidad y dignidad del individuo
frente a actuaciones arbitrarias e irrazonables del Estado.
Pueblo v. Loubriel Suazo, 158 D.P.R. 371 (2003); Pueblo v.
Yip
Berríos,
142
D.P.R.
386
(1997);
Pueblo
v.
Santiago
Alicea, 138 D.P.R. 230 (1995); Pueblo v. Ramos Santos, 132
D.P.R. 363 (1992). Véase, Ernesto L. Chiesa, Derecho Procesal
Penal de Puerto Rico y Estados UnÍdos, 1ra ed., Colombia,
Forum Pub., 1991, T. I, Vol. I, pág. 283.
Sabido
es
que
la
mencionada
garantía
constitucional
protege fundamentalmente a la persona y no a los lugares, y
para que esta garantía se active es necesario determinar si
existe un interés personal del individuo sobre el lugar u
objeto allanado, incautado o registrado de modo que exista
una expectativa razonable de intimidad. Pueblo v. Loubriel
5
Nuestra Constitución, en su Art. II, Sec. 10 reconoce el derecho de la
ciudadanía “a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos
contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables”, salvo
autorización judicial, “cuando exista causa probable apoyada en juramento
o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las
personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Evidencia obtenida en
violación de esta sección será inadmisible en los tribunales”.
CC-2005-632
11
Suazo, supra; E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394 (1983).
Además,
la
protección
contra
registros
irrazonables
se
acciona solamente cuando los agentes gubernamentales realizan
un “registro” en sentido constitucional. Esto ocurre cuando
la persona que alega la violación, alberga subjetivamente una
expectativa legítima de intimidad que la sociedad reconoce
como razonable. Pueblo v. González, 167 D.P.R. 350 (2006). La
cuestión central es si la persona tiene un derecho razonable
a abrigar, donde sea, dentro de las circunstancias del caso
específico, la expectativa de que su intimidad se respete.
Íd; Pueblo v. Soto Soto, supra; Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R.
318 (1999); Pueblo en Interés del Menor N.O.R., 136 D.P.R.
949 (1994); Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001); Katz
v. United States, 389 U.S. 347 (1967).
Como consecuencia de este principio, se ha reconocido
que
ciertas
actividades
gubernamentales
no
activan
la
protección constitucional contra registros irrazonables, ya
que no existe expectativa razonable de intimidad sobre la
materia
investigada.
Así,
por
ejemplo,
no
se
activa
la
cláusula constitucional cuando la evidencia es ocupada en un
"campo
abierto"
abandonada.
o
cuando
la
evidencia
ocupada
ha
sido
Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139 (1985).
Véase, Ernesto L. Chiesa, op cit., Vol. 1, pág. 347. Tampoco
se activa la protección constitucional cuando se utilizan
binoculares
para
observar
el
campo
abierto
residencia. Pueblo v. Soto Soto, supra.
frente
a
una
CC-2005-632
12
La determinación de la existencia de una expectativa
razonable
cláusula
de
intimidad
que
constitucional
es
active
una
la
protección
de
la
de
a
ser
cuestión
umbral
determinada previo a entrar a considerar si la intervención
gubernamental fue razonable. Pueblo v. González, supra. Una
vez se determina la configuración de un registro por parte
del
Estado,
entonces
el
siguiente
peldaño
consiste
en
realizar un balance de intereses entre dicha expectativa y
los
intereses
estatales
que
hayan
motivado
la
actuación
estatal. Pueblo v. Cedeño Lacaustra, 157 D.P.R. 743, 788
(2002); Pueblo v. Yip Berríos, supra; Pueblo v. Dolce, 105
D.P.R. 422, 434-35 (1976).
En síntesis, lo primero que se debe auscultar y analizar
es si en esencia ha ocurrido o no un registro por parte del
Estado
para
hacer
extensiva
la
protección
constitucional
aludida. Si la conclusión del análisis es que no ha habido un
registro,
vano
sería
intereses
puesto
aplicar
que
no
la
doctrina
de
se
activaría
balance
la
de
garantía
constitucional contra registros y allanamientos irrazonables.
En
lo
sostenido
relativo
y
al
reconocido
equipaje
de
que
individuo
un
una
persona,
se
alberga
ha
una
expectativa razonable de intimidad sobre este, aunque dicha
expectativa sea menor que la que se puede tener en el hogar.6
Robbins
6
v.
California,
453
U.S.
420
(1981);
Arkansas
v.
En Kyllo v. United States, supra, se recalcó que el hogar es un área
donde el reconocimiento a la expectativa razonable a la intimidad tiene
raíces profundas en el Derecho Común.
CC-2005-632
13
Sanders, 442 U.S. 753 (1979); United States v. Chadwick, 433
U.S. 1 (1977).
Por
otro
lado,
para
hacer
asequible
la
protección
constitucional contra registros y allanamientos irrazonables,
la Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II,
funge como vehículo procesal que permite la supresión de
evidencia obtenida en contravención con un registro sin orden
judicial previa. Un registro sin orden judicial previa se
presume
irrazonable
e
inválido
y
solamente
podría
ser
considerado razonable si concurren las circunstancias que la
jurisprudencia ha reconocido por vía de excepción. Pueblo v.
Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 775-776 (1982); Pueblo v.
Dolce, supra.7
IV.
A.
De entrada, y a la luz de la normativa reseñada, en el
caso de autos debemos determinar si en efecto el examen de
olfato canino sobre el equipaje de una persona constituye un
registro en sentido constitucional. Como ya señalamos, tal
determinación es una cuestión de umbral, necesaria para saber
si
hay
que
realizar
un
balance
de
intereses
entre
la
expectativa a la intimidad que se albergue sobre el contenido
del equipaje y el objetivo del Estado. Por eso, establecer lo
contrario (que el examen de olfato canino no es un registro),
7
Entre las excepciones reconocidas a un registro sin orden judicial se
encuentran: registro incidental a un arresto legal, evidencia a plena
vista, y consentimiento por parte del ciudadano objeto del registro.
Véanse, Pueblo v. Rosario Igartúa, 129 D.P.R. 1055 (1992); Pueblo v.
Acevedo Escobar, supra.
CC-2005-632
14
hace inmaterial realizar el balance de intereses porque no
habría expectativa de intimidad que proteger.
Desde hace más de veinticinco años, la jurisprudencia
federal ha reconocido y sigue afirmando que el examen de
olfato canino sobre el equipaje o bultos de una persona no
constituye
un
registro
que
amerite
protección constitucional contra
la
activación
de
la
registros y allanamientos
irrazonables.8 Esta normativa tuvo su albor en el caso de
Place v. United States, infra.
En este caso, Raymond J. Place se encontraba haciendo
turno para comprar un pasaje en el aeropuerto internacional
de Miami, con destino a Nueva York. Su comportamiento levantó
sospechas
a
unos
agentes
del
orden
público,
los
que,
posteriormente, mientras Place se dirigía a la puerta de su
avión le requirieron su boleto e identificación. Place le
mostró lo solicitado y consintió a que registraran sus bultos
pero por razón de que su vuelo estaba a punto de partir, los
agentes no hicieron el registro. Una vez llegó a Nueva York,
agentes del Drug Enforcement Administration (DEA) lo estaban
esperando al haber sido notificados desde Florida (por los
primeros agentes) que la dirección provista por Place para
comprar su boleto y la que llevaba el equipaje no existían y
que, a su vez, el teléfono que había informado como suyo,
pertenecía
a
una
tercera
dirección.
Place
se
negó
a
consentir el registro de sus bultos por los agentes. Los
8
Place v. United States, 462 U.S. 696 (1983); City of Indianapolis v.
Edmond, 531 U.S. 32 (2000); Illinois v. Caballes, 543 U.S. 405 (2005).
CC-2005-632
15
agentes retuvieron los bultos, transcurriendo noventa minutos
hasta que se le realizó y completó un examen de olfato canino
que arrojó positivo. Finalmente obtuvieron una orden para
registrarlos, encontrando cocaína. Así las cosas, Place fue
arrestado. Íd.
En la evaluación del caso, el Tribunal Supremo Federal
palmariamente
expectativa
reafirmó
razonable
que
de
todo
ciudadano
intimidad
sobre
tiene
su
una
equipaje
protegida por la Cuarta Enmienda. Íd, 707; Véase, United
States v. Chadwick, supra, pág. 7 (1977). Empero, también
sostuvo en lo pertinente: 1) que el olfato canino por un
perro
entrenado
para
detectar
sustancias
controladas
no
requiere abrir el equipaje; 2) que tampoco expone cosas que
no son contrabando por lo que éstas permanecerán ocultas de
la vista del público; 3) que la manera en que la información
es
recopilada
por
esta
técnica
investigativa
es
menos
intrusiva que un registro usual; 4) que el olfato solamente
revela la presencia o no de narcóticos (contrabando) y por
ello
la
información
recibida
es
limitada;
5)
que
este
descubrimiento limitado evita que el propietario del equipaje
sea objeto de vergüenza o inconvenientes que pueden ocasionar
otros métodos investigativos; y 6) que en esencia el examen
de olfato canino es una técnica investigativa sui generis y
que
por
tales
fundamentos
la
exposición
del
equipaje,
localizado en área pública y por un perro entrenado, no es un
CC-2005-632
16
registro a la luz de la Cuarta Enmienda. Place v. United
States, supra, pág. 707.9
Un año después, en United States v. Jacobsen, 466 U.S.
109
(1984),
el
Tribunal
concordancia
con
lo
Supremo
resuelto
en
Federal
Place
v.
resolvió,
United
en
States,
supra, que la intervención de los agentes del orden público
que no compromete ningún interés legítimo de privacidad, no
es un registro conforme la Cuarta Enmienda. Por lo tanto, el
interés que pueda tener una persona en poseer contrabando o
sustancias
controladas
no
se
considera
como
legítimo.
Es
decir, la acción gubernamental que solamente revela posesión
de
contrabando,
privacidad.
Por
no
compromete
eso,
la
ningún
expectativa
interés
legítimo
de
que
persona
en
una
particular pueda albergar con respecto a que algunas cosas
(como
los
narcóticos)
no
lleguen
al
conocimiento
de
los
agentes del orden público, no es sinónimo al interés en la
privacidad que la sociedad está preparada para reconocer como
razonable. Íd., págs. 122-123.
Posteriormente,
el
máximo
Foro
Federal
ratificó
lo
sostenido en Place v. United States, supra, en los casos de
Indianapolis v. Edmond, supra, e Illinois v. Caballes, supra,
extendiendo su aplicación al contexto de los automóviles que
9
El Tribunal Supremo Federal determinó, a su vez, que detener el equipaje
de una persona solamente sería razonable si existe sospecha razonable de
que el pasajero tiene sustancias controladas en dicho equipaje. Además,
el Tribunal apuntó que la detención del equipaje debía ser breve. Tales
pronunciamientos ponen de manifiesto la necesidad de sospecha razonable
para detener el equipaje de una persona con el objeto de someterlo a un
examen de olfato canino. Por consiguiente, si no ocurre dicha detención,
el equipaje puede ser sometido al examen de olfato canino sin necesidad
de sospecha razonable previa.
Nótese, que en el caso de autos, ni
siquiera hubo detención de equipaje. El examen de olfato canino se
realizó sobre los bultos que los coacusados habían soltado en el piso del
aeropuerto.
CC-2005-632
17
son detenidos legalmente. En el primero señaló que igual a
Place v. United States, supra, el examen de olfato canino en
el exterior de un automóvil no requiere entrar al carro y no
está diseñado para revelar ninguna información excepto la
presencia o ausencia de narcóticos y que el olfato de un can
que solamente camina alrededor de un carro es mucho menos
intrusivo
que
un
registro
usual.
En
el
segundo,
in
pari
materia, el tribunal tuvo la oportunidad de resolver si la
Cuarta Enmienda requería sospecha razonable para justificar
la utilización de un perro con el propósito de olfatear un
vehículo durante una detención vehicular válida. El Supremo
Federal sostuvo contundentemente, inter alia, que el examen
de olfato canino conducido durante una detención vehicular
válida que no revela información alguna excepto la ubicación
de
alguna
sustancia
poseer,10
no
necesita
sospecha
viola
que
la
ninguna
Cuarta
razonable
persona
Enmienda,
para
tiene
por
realizar
lo
derecho
a
que
se
dicho
no
examen.
Illinois v. Caballes, supra, págs. 408-410.11
10
Nótese que tal razonamiento es cónsono con lo resuelto en United States
v. Jacobsen, supra y así lo entendió el máximo Foro Federal en Illinois v.
Caballes, supra, al citar con aprobación al primero. La lógica es simple y
carece de cualquier pretensión distorsionada: si no existe expectativa
legítima de intimidad sobre el contrabando o los narcóticos, por la misma
razón, un examen de olfato canino dirigido únicamente a identificar si el
equipaje de una persona tiene o no contrabando, tampoco soslaya la
expectativa razonable de intimidad que pueda albergar una persona, puesto que
dicha expectativa, en ese contexto particular, no se reconoce.
11
Véase, United States v. Lovell, 849 F.2d 910 (5to Cir. 1988). Véase,
además, United States v. $191,910.00 In U.S. Currency, 16 F.3d 1051 (9no
Cir. 1994). Este caso valida la utilización del olfato canino para
examinar equipaje en ausencia o no de motivos fundados. Establece que si
existe sospecha razonable de que el viajero lleva droga consigo, los
agentes deben tener un can en el aeropuerto o cerca de éste, esperando
para oler el equipaje con el propósito de que la detención del equipaje
sea breve y razonable. Sin embargo, si no existe sospecha razonable, los
agentes del orden público no tienen que tener un can esperando al viajero
en el aeropuerto o cerca del mismo.
CC-2005-632
18
Se ha interpretado que al aplicar el caso de Place v.
United States, supra, es irrelevante si el olfato positivo
del can ocurre en un aeropuerto o si el oficial del orden
público logra detectar contrabando a plena vista. A contrario
sensu, lo realmente determinante es si la persona que observa
o el can que olfatea, están legalmente presentes cuando sus
respectivos
sentidos
detectan
evidencia
incriminatoria.
United States v. Esquilin, 208 F.3d 315, 318 (1er Cir. 2000);
United States v. Reed, 141 F.3d 644, 649 (6to Cir. 1998).
Incluso, antes
y después de Place v. United States,
supra, los tribunales federales han resuelto que el olfato de
un can sobre el equipaje de una persona no constituye un
registro porque la expectativa razonable de intimidad no se
extiende al espacio de aire que rodea a los mismos.
U.S. v.
Garcia, 42 F.3d 604, 150 A.L.R. Fed 719 (10mo Cir. 1994); U.
S. v. Goldstein, 635 F.2d 356 (5to Cir. 1981); U. S. v.
Fulero,
498
F.2d
748
(D.C.
Cir.
1974).
También,
se
ha
interpretado que la naturaleza limitada y discriminatoria del
olfato
canino
Enmienda
de
no
la
constituye
Constitución
un
registro
Federal.
bajo
la
Cuarta
Jennings
v.
Joshua
Indep. Sch. Dist., 877 F.2d 313, 316 (5to Cir. 1989). En
síntesis, las cortes federales, han sostenido que el examen
de
olfato
canino
sobre
los
bultos
de
las
personas,
automóviles, pertenencias de los estudiantes en una escuela,
entre
otros,
no
son
un
registro
al
amparo
de
la
Cuarta
Enmienda. Véase, U.S. v. Quoc Viet Hoang, 486 F.3d 1156 (9no
Cir. 2007);
U.S. v. Carpenter, 406 F.3d 915 (7mo Cir. 2005);
CC-2005-632
19
Doran v. Contoocook Valley Sch. Dist., 2009 DNH 32 (2009)12.
Como bien señala el comentarista John Wesley Hall, las cortes
federales
y
estatales
han
permitido
el
examen
de
olfato
canino de manera indiscriminada tanto en los equipajes como
en los automóviles. J.W. Hall, Search and Seizure, 3ra ed.,
Virginia, Lexis Publ. Co., Vol. I, pág. 674. Véanse, U.S. v.
Quoc Viet Hoang, supra; U.S. v. Olivera-Mendez, 484 F.3d 505
(8vo Cir. 2007); U.S. v. Carpenter, supra; U.S. v. Morgan,
270 F.3d 625 (8vo Cir. 2001); United States v. Ward, 144 F.3d
1024, 1031 (7mo Cir. 1998); U.S. v. De Los Santos Ferrer, 999
F.2d 7 (1er Cir. 1993); United States v. Turpin, 920 F.2d
1377, 1385 (8vo Cir. 1990); State v. Wallace, 372 Md. 137,
812 A.2d 291 (2002); People v. Ortega, 34 P.3d 986 (Colo.
12
En Doran v. Contoocook Valley Sch. Dist., 2009 D.N.H. 32 (2009), la
corte de distrito federal en New Hampshire ratificó lo resuelto por la
jurisprudencia federal extendiéndolo a los bultos de estudiantes en una
escuela donde los agentes se presentaron con los canes, como parte de un
plan llevado a cabo para lidiar con un problema de drogas recurrente en
dicha escuela. In extenso, el Tribunal expresó:
“Courts across this country have taken up the issue of drug detection
dog sniffs in a variety of circumstances. The existing precedents, those
binding on this court and those merely persuasive, leave little doubt
that the mere use of trained drug dogs on school grounds to sniff
students personal items does not qualify as a search within the meaning
of the Fourth Amendment. When confronted with cases involving dog sniffs
for illegal drugs in other contexts, the United States Supreme Court has
repeatedly concluded that the Fourth Amendment is not implicated by such
searches. See, e.g., Illinois v. Caballes, 543 U.S. 405, 409, 125 S. Ct.
834, 160 L. Ed. 2d 842 (2005) ("[T]he use of a well-trained narcoticsdetection canine - one that 'does not expose noncontraband items that
otherwise would remain hidden from public view,' during a lawful traffic
stop, generally does not implicate legitimate privacy interests...Any
intrusion on respondent's privacy expectations does not rise to the
level
of
a
constitutionally
cognizable
infringement."
(internal
citations omitted)); City of Indianapolis v. Edmond, 531 U.S. 32, 40,
121 S. Ct. 447, 148 L. Ed. 2d 333 (2000) ("It is well established that a
vehicle stop at a highway checkpoint effectuates a seizure within the
meaning of the Fourth Amendment... a sniff by a dog that simply walks
around a car is 'much less intrusive than a typical search.'"); United
States v. Place, 462 U.S. 696, 707, 103 S. Ct. 2637, 77 L. Ed. 2d 110
("[W]e conclude that the particular course of investigation that the
agents intended to pursue here - exposure of respondent's luggage, which
was located in a public place, to a trained canine - did not constitute
a 'search' within the meaning of the Fourth Amendment.").”
CC-2005-632
20
2001); State v. Scheetz, 950 P.2d 722 (Mont. 1997); State v.
Martínez, 925 P. 2d 1125 (Idaho. 1996).
A la luz de la diáfana normativa reseñada, este Tribunal
entiende que Place v. United States, supra y su correlativa
interpretación, deben ser adoptados en nuestra jurisdicción.
La afinidad entre el caso de autos y el de Place v. United
States, supra, es manifiesta e innegable. Así por ejemplo, el
registro realizado en ambos casos no fue producto de una
inspección rutinaria sino de un proceso investigativo. En el
caso de autos al igual que en Place v. United States, supra,
el
examen
de
olfato
canino
sobre
el
equipaje
se
condujo
porque había motivos fundados para creer que el contenido del
mismo tenía narcóticos. En Place v. United States, supra, el
examen de olfato canino se basó en la sospecha de los agentes
surgida a raíz del encuentro e interrogatorio con el acusado
y su comportamiento. Es decir, lo que motivó a los agentes a
realizar el examen de olfato canino sobre el equipaje de
Raymond
J.
contradictoria
Place
que
fue:
el
1)
acusado
la
había
información
falsa
proporcionado
a
y
las
autoridades cuando le interrogaron; y 2) el demeanor del
acusado en el aeropuerto. En el caso de autos, los motivos
para realizar el examen canino fueron las confidencias que el
Agente Rosado Cintrón recibió y corroboró. Añádase, que en
ambos casos el examen de olfato canino se llevo a cabo en un
aeropuerto, que es un lugar público donde los oficiales y el
can tenían derecho a estar. Además, fue en ese mismo lugar
donde el can marcó positivo a sustancias controladas sobre
CC-2005-632
21
las que, como hemos discutido, no existe ninguna expectativa
de intimidad según preceptuado en la normativa federal. La
única diferencia significativa que podemos apuntar es que en
el caso de autos distinto a Place v. United States, supra, no
hubo detención de equipaje porque los bultos sometidos al
olfato
del
can
estaban
colocados
contra
la
pared
en
el
aeropuerto cuando el perro se acercó para oler los mismos.13
Por lo tanto, es razonable colegir que el caso de autos es
casi un alter ego de Place v. United States, supra. No vemos
obstáculo fáctico que nos impida aplicar la normativa que
emana de las decisiones emitidas por el Tribunal Supremo
Federal y sus respectivas interpretaciones (tanto por los
tribunales federales y estatales), a la controversia traída a
nuestra consideración.
No
primacía
obstante
lo
que
nuestro
en
anterior,
estamos
ordenamiento
consientes
jurídico
de
la
tiene
el
derecho a la intimidad y su protección contra registros y
allanamientos irrazonables. Por consiguiente, para resguardar
tal derecho, entendemos que lo sostenido en Place v. United
States, supra, debe ceñirse al contexto del equipaje o los
bultos de una persona en un lugar donde los canes y los
agentes del orden público tengan derecho a estar. Por tal
13
Es importante distinguir cuando ocurre detención del equipaje y cuando
no hay detención. La jurisprudencia federal ha señalado consistentemente
que cuando se trata de la detención del equipaje para someterlo al olfato
canino, es necesario tener sospecha razonable de que el equipaje contiene
sustancias controladas. Precisamente en Place v. United States, supra, se
acoge la norma federal reconocida en Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968)
para aplicarla al equipaje. En Terry v. Ohio el máximo foro federal
estableció que era válido someter a una persona a un registro si se
sospechaba razonablemente que esa persona tenía armas, sin tener causa
probable para arresto. Íd. 30. Véase, además, U.S. v. Till-man, 81 F.3d
773, 775 (8vo Cir.1996); U.S. v. Polk, 97 F3d 1096, 1099 (8vo Cir. 1996).
CC-2005-632
22
razón, deben concurrir las justificaciones expuestas por el
Tribunal Supremo en dicho caso. Así, John Wesley Hall comenta
holísticamente que, del razonamiento que hizo el Tribunal
Supremo en el caso de Place v. United States, supra, se
desprende que el olfato canino podría constituir un registro
cuando es dirigido hacia una persona,14 grupo de personas,15 o
cuando dicho examen pueda ser objeto de vergüenza o cause
algún
inconveniente
en
el
contexto
de
una
investigación
particular. J.W. Hall, op. cit., Vol. I, pág. 667. Nótese que
las circunstancias recién aludidas, quedan fuera del ratio
decidendi sobre el que se cimienta la decisión de Place v.
United States, supra.
B.
Aunque,
como
ya
apuntamos,
no
existen
obstáculos
fácticos para la incorporación en nuestra jurisdicción del
precedente federal, no estamos ajenos al hecho de que se
podrían esgrimir argumentos para rechazar jurídicamente el
mismo. El más preeminente de todos, es a nuestro entender, el
relacionado
“factura
al
más
ámbito
ancha”.
mínimo
Por
federal
eso,
es
y
su
corolario
de
necesario
despejar
el
panorama para que la decisión que hoy tomamos no malogre la
pretensión última y no caprichosa de este Tribunal, de hacer
justicia.
14
Véase a modo ilustrativo, B.C. v. Plumas Unified Sch. Dist., 192 F.3d
1260, 1267 (9no Cir. 1999).
15
Véase a modo ilustrativo, Horton v. Goose Creek Independent School
District, 690 F.2d 470, (Tex. 1982).
CC-2005-632
Sabido
23
es
que
la
aplicabilidad
de
un
derecho
constitucional federal constituye sólo el ámbito mínimo de
dicho derecho. Por eso, el Tribunal Supremo de un estado,
incluyendo a Puerto Rico, puede interpretar su constitución
para darle a un derecho un ámbito mayor, pudiendo redundar en
una protección mayor al individuo que la que reconoce la
Constitución Federal. Pueblo v. Dolce, supra. Como corolario
de este principio, se ha reconocido que nuestra Carta de
Derechos es de factura más ancha que la Constitución Federal.
López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R. 219 (1987).
Es decir, que al igual que los estados de la Unión, en Puerto
Rico podemos ser más amplios y abarcadores que el Tribunal
Supremo
de
Estados
Unidos
al
interpretar
una
cláusula
homóloga de la Constitución Federal. H.M.C.A. v. Contralor,
133
D.P.R.
945,
974-975
(1993).
De
esta
manera,
hemos
sostenido que nuestra Constitución es más abarcadora que la
Constitución Federal en lo concerniente a la concesión de
derechos, incluyendo el derecho a la intimidad. H.M.C.A. v.
Contralor, surpra; Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672,
680 (1991); Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470, 475
(1988). De esta forma, la Cuarta Enmienda de la Constitución
Federal, según interpretada por el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos de América, constituye la protección mínima
que los estados están obligados a reconocer. Rullán v. Fas
Alzamora, 166 D.P.R. 742, 771 (2006).
Al amparo de esa realidad, en el caso de autos, muy bien
se podría obviar y rechazar por completo lo preceptuado por
CC-2005-632
24
la jurisprudencia federal en torno al examen de olfato canino
para
detectar
narcóticos
en
el
equipaje
de
una
persona,
descansando en el reiterado principio de factura más ancha.
Sin
embargo,
hacer
abstracción
basándonos
en
la
factura
Derechos,
nos
parece
contrario
sensu,
más
de
la
ancha
innecesario
entendemos
que
normativa
de
nuestra
federal,
Carta
de
persuasivo.
A
y
poco
el
precedente
federal
reseñado debe regir en nuestra jurisdicción porque brinda
equilibrio entre el interés estatal de combatir el crimen y
el derecho a la intimidad que alberga todo ciudadano sobre
sus pertenencias.
No
negamos
que
nuestra
Carta
de
Derechos
tenga
un
alcance mayor de protección que la Constitución Federal.16
Después de todo, se trata de una Carta de Derechos aprobada
más
de
un
siglo
después
que
el
Bill
of
Rights
de
la
Constitución de los Estados Unidos. Véase en general, E.L.
Chiesa, Los derechos de los acusados y la factura más ancha,
65
Rev.
Jur.
U.P.R.
83,
(1996).
De
esta
forma,
y
por
mencionar alguna, la excepción de registro sin orden por ser
incidental al arresto, ha sido objeto de una interpretación
de factura más ancha en Puerto Rico. Véase, Íd., págs. 137138.
Empero, también ha ocurrido lo contrario. Es decir, que
este tribunal ha omitido hacer extensiva una interpretación
16
A manera de ejemplo, surge del propio texto de la Constitución de
Puerto Rico que en la Sección 8 de la Carta de Derechos, Art. II, sec. 8,
Const. de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, el derecho a la intimidad se
reconoce de forma expresa distinto a como ocurre en la Constitución
Federal.
CC-2005-632
de
factura
25
más
ancha
en
cuanto
a
la
protección
contra
registros y allanamientos irrazonables. De esta manera, en
Pueblo v. Dolce, supra, este Foro adoptó los requisitos de
registro a plena vista como excepción a un registro sin orden
según se habían establecido en la jurisprudencia federal sin
ampliar el alcance del derecho a la intimidad. Véase, E.L.
Chiesa,
supra,
pág.
141.
Asimismo,
no
puede
hablarse
de
factura más ancha cuando se trata de evidencia abandonada,
porque
la
garantía
constitucional
contra
registros
y
allanamientos irrazonables no cubre estos objetos, por no
existir expectativa razonable de intimidad. Pueblo v. Ortiz
Martínez, supra, págs. 144-145; Véase, E.L. Chiesa, supra,
pág. 140.17 Tampoco hay factura más ancha cuando se trata de
evidencia
en
campo
Procesal
Penal:
abierto.
Etapa
Véase,
E.L.
Investigativa,
Chiesa,
(L.
Derecho
Abraham
y
P.
Abraham), 1ra ed., E.U., Pub. JTS, 2006, págs. 206-212.
Es más, esta Corte, en el pasado y en relación a la
protección contra registros y allanamientos irrazonables, ha
adoptado
la
jurisprudencia
federal
por
ser
persuasiva
y
aplicable a nuestra Constitución, rechazando flagrantemente
una interpretación de factura más ancha. Pueblo v. Rivera
Collazo,
122
D.P.R.
408
(1988).
En
este
último
caso,
se
reconoció como excepción a un registro válido sin orden, el
registro en casos de emergencia. Allí, este Tribunal expresó:
17
Véase, Pueblo v. Duarte Mendoza, 109 D.P.R. 596, 599-600 (1980). Aquí,
este Foro reconoció el derecho al aborto, limitándose a predicar ese
derecho en la Constitución Federal y anunciando que en dicho tema “la
extensión de las protecciones que brinda nuestra Constitución no es mayor
a la que brinda la norteamericana”.
CC-2005-632
26
“Aunque hemos resuelto reiteradamente que al
interpretar el alcance de nuestras garantías
contra registros e incautaciones podemos ir más
allá de los límites de la Cuarta Enmienda,[…] que
nuestra
Constitución
goza
de
una
vitalidad
independiente
de
la
Constitución
de
Estados
Unidos,[…] y que su interpretación no ha sido ni
tiene
necesariamente
que
ser
históricamente
paralela en todo sentido con la que se ha dado a
la Cuarta Enmienda,[…] nos parece que dicha
interpretación es sumamente persuasiva y aplicable
a nuestra Constitución.” Íd., pág. 419.
Como
se
clasificación
desprende
omnímoda
de
que
lo
anterior,
delimite
la
no
existe
aplicación
una
de
la
factura más ancha en nuestro ordenamiento. Sin embargo, no
debemos olvidar, ni ser indiferentes a la intención de los
forjadores de nuestra Constitución, cuando determinaron en su
juicio, considerando siempre el mejor bienestar del pueblo,
que “las garantías personales frente al arresto, el registro,
la
incautación
y
el
allanamiento
tienen
su
límite
en
la
conducta criminal”. 4 Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente, págs. 2567-2568.
De
hecho,
y
con
toda
razón,
el
Honorable
ex
Juez
Asociado del Tribunal Supremo señor Negrón García, ideó una
norma
interpretativa
de
la
frase
factura
más
ancha
que
intenta evitar la invocación automática de tal principio. Al
respecto, el Juez Asociado, señor Negrón García señaló que:
“la
antedicha
'factura
más
ancha'
es
descriptiva, no prescriptiva. No debe dar
lugar, irreflexivamente, a un proceso mediante
el cual la norma constitucional puertorriqueña
se determina mecánicamente, tomando como base
el
grado
de
protección
a
la
intimidad
establecido por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo federal y luego ensanchándolo. Que
nuestra jurisprudencia establezca un grado
mayor de protección que la federal es quizás
predecible, pero no es ni debe ser un pre-
CC-2005-632
27
requisito.
Nuestra
Constitución
requiere,
no
que
automáticamente establezcamos una protección
mayor que la federal, sino una protección
fundamentada en los principios que acoge
nuestra propia Carta de Derechos. Si el
razonamiento esbozado en la jurisprudencia de
otras
jurisdicciones
nos
convence,
es
perfectamente apropiado acogerlo.” Pueblo v.
Yip Berrios, supra, nota al calce, pág. 429.
(Opinión Disidente del Juez Asociado, señor
Negrón García, 1997).
La doctrina en Puerto Rico parece estar de acuerdo con
tal postura. Por ejemplo, la profesora Olga Elena Resumil ha
manifestado: “[E]l Hon. Negrón García plantea una interesante
norma interpretativa de la frase factura más ancha que merece
alta
consideración
y,
con
la
cual
coincidimos…”
Resumil, Derecho Procesal Penal, 67 Rev. Jur.
O.
E.
U.P.R. 941
(1998); Véase, además, en general, E. L. Chiesa, supra.
Cabe
señalar,
que
existen
un
sin
número
de
jurisdicciones estatales que han acogido lo pautado por el
Tribunal Supremo Federal en Place v. United States, supra,
rechazando
una
interpretación
de
factura
más
ancha,
por
entender que la normativa federal es apropiada. Uno de esos
casos es el de State v. Sheetz, supra, en el cual el estado
de Montana, acogió la norma de Place v. United States, supra,
al realizar un balance entre el interés estatal y el derecho
a la intimidad. Su razonamiento fue que, al igual que una
persona no tiene expectativa legítima de intimidad sobre el
color o peso del equipaje que lleve a un aeropuerto (lugar
público), tampoco lo tiene cuando es olfateado. La corte del
estado de Montana entendió que el examen de olfato canino
CC-2005-632
28
sobre el equipaje no revelaba nada sobre los bienes de las
personas
a
no
ser
que
fuera
contrabando
por
lo
que
el
contenido del equipaje permanecerá privado. En fin, concluyó
afirmando
que
la
utilización
de
un
can
entrenado
para
detectar narcóticos sobre los equipajes de las personas no
violaba el derecho a la intimidad ni tampoco constituía un
registro conforme su Constitución. Íd., págs. 727-728.18
De igual forma, en Daniels v. Cochran, 654 So.2d 609
(Fla. 4th DCA 1995) y posteriormente en Lindo v. State, 983
So.2d 672, (Fla. App. 4 Dist., 2008) el tribunal de Florida
acogió y ratificó la normativa federal citando con aprobación
el caso de Place v. United States, supra. En ambos casos se
resolvió que cuando se utiliza el examen de olfato canino
sobre el equipaje de una persona, dicha acción no constituye
un registro al amparo de la Cuarta Enmienda. De hecho, en el
caso de Lindo v. State, supra, el tribunal fue más lejos, al
determinar que la detención temporera de dos paquetes en un
correo
no
era
una
detención
que
requiriera
sospecha
individualizada razonable para tal actividad.19
18
Cabe destacar que el estado de Montana al igual que Puerto Rico,
reconoce el derecho a la intimidad de manera independiente en el Art. II,
Sec. 10 de su Constitución y el derecho a protección contra registros y
allanamientos irrazonables en su Art. II Sec. 11 de la misma. A pesar de
que dicho estado no estaba obligado a acoger la normativa de Place v.
United States, supra, por conducto del principio del ámbito mínimo
federal y la factura más ancha, decidió seguir el precedente federal.
19
Esto se distingue de lo resuelto en Place v. United States, supra, que
extendió la norma de stop and frisk reconocida en Terry v. Ohio, supra,
para hacerla efectiva en el contexto del equipaje de una persona. Dicha
norma establece que el equipaje de una persona puede ser detenido cuando
existe sospecha individualizada razonable de que contiene algún material
delictivo siempre que sea por un espacio de tiempo razonable.
CC-2005-632
A
29
similar
conclusión
llegó
el
Tribunal
Supremo
de
Colorado en el caso de People v. Wieser, 796 P.2d 982 (1990),
cuando
tuvo
que
resolver
si
el
examen
de
olfato
canino
llevado a cabo sobre el storage locker del acusado, que se
encontraba en un lugar accesible para el público, era un
registro bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución Federal.
Allí,
el
Tribunal
indubitada,
que
Supremo
bajo
la
de
Colorado
Constitución
sostuvo,
Federal
y
de
forma
bajo
su
Constitución Estatal, el examen de olfato canino en dicho
contexto no es un registro.
En State v. Harris, 280 S.W.3d 832 (Tenn. Crim. App.,
2008), el tribunal de Tennessee sostuvo que el examen de
olfato
canino
alrededor
de
un
vehículo
que
es
detenido
legalmente, tampoco es un registro en sentido constitucional
que active la protección de la Cuarta Enmienda. Además, el
tribunal, endosando lo resuelto por el caso de Illinois v.
Caballes,
supra,
expresó
que
no
hacía
falta
sospecha
individualizada razonable para realizar el examen de olfato
canino alrededor del vehículo detenido, toda vez que dicho
vehículo
fue
tráfico.
A
detenido
la
misma
legalmente
por
violar
conclusión
llegó
el
una
ley
de
Tribunal
de
Apelaciones del estado de Arizona en el caso de State v. Box,
205 Ariz. 492 (2003), al concluir que el examen de olfato
canino alrededor de un vehículo que es detenido válidamente
no constituye un registro al amparo de la Cuarta Enmienda de
la Constitución Federal.
CC-2005-632
30
De igual manera, en el caso de Dowty v. State, 363 Ark.
1
(2005),
el
Tribunal
Supremo
de
Arkansas
resolvió
que
realizar un examen de olfato canino alrededor de un vehículo
que se encontraba estacionado en un lugar público no es un
registro conforme a la Cuarta Enmienda. En dicho caso los
acusados alegaron que el examen de olfato canino constituyó
un
registro
porque
los
agentes
que
condujeron
el
procedimiento, no tenían sospecha individualizada razonable
de que en efecto, en el carro había narcóticos. El Tribunal
Supremo de Arkansas, citando con aprobación a lo resuelto en
Place
v.
United
States,
supra,
y
lo
que
habían
resuelto
distintos estados ante la misma controversia,20 concluyó que
como el examen de olfato canino no era un registro en sentido
constitucional,
no
era
necesario
tener
sospecha
individualizada razonable para justificar el examen. Véase,
Vega v. State, 56 Ark App. 145, 148 (1997).
A
tal
grado
se
ha
extendido
el
acogimiento
de
lo
preceptuado por el Foro Federal en Place v. United States,
supra, que en el caso de People v. Jones, 755 N.W.2d 224
(Mich. App., 2008), el estado de Michigan, resolvió que un
examen de olfato canino conducido frente a la puerta de la
residencia del acusado no constituyó un registro a la luz de
la
Cuarta
estaba
20
Enmienda.
legalmente
La
corte
presente
estatal
frente
a
sostuvo
la
que
residencia
el
can
cuando
En State v. McMillin, 23 Kan. App. 2d 100, 927 P.2d 949 (1996), en el
estado de Kansas se sostuvo que el examen de olfato canino alrededor de
un carro estacionado en un lugar público no era un registro bajo la
Cuarta Enmienda. Lo mismo ocurrió en State v. Garcia, 195 Wis. 2d 68, 535
N.W.2d 124 (1995), donde el estado de Wisconsin llegó a la misma
conclusión.
CC-2005-632
detectó
las
31
sustancias
controladas.
Además
señaló
que
no
había expectativa de intimidad frente a la entrada de la
residencia porque no tenía ninguna verja que impidiera llegar
hasta
la
misma
ni
había
ningún
signo
o
letrero
que
le
prohibiera a la gente entrar o acercarse a la propiedad.
En suma, la gran mayoría de los estados ha seguido el
derrotero que fue pautado por la jurisprudencia federal del
Tribunal Supremo de Estados Unidos, a los efectos de que el
examen de olfato canino no constituye un registro al amparo
de la Cuarta Enmienda de la Constitución Federal.21
Sostener
que
el
examen
de
olfato
canino
sobre
el
equipaje de una persona es un registro, implicaría tener que
obtener
una
orden
judicial
previa
para
registrar
o
como
mínimo, exigirles a los agentes del orden público, sospecha
previa de que el equipaje a registrarse contiene narcóticos.
Tal contención tornaría el uso de los canes en uno casi
fútil. Así por
ejemplo, si los
canes pudieran
utilizarse
únicamente para olfatear bultos cuando se tuviera la sospecha
21
Véanse, State v. Box, 205 Ariz. 492, 496-497 (2003); Dowty v. State,
363 Ark 1 (2005); People v. Ortega, 34 P.3d 986, 991 (Colo., 2001); Bain
v. State, 839 So.2d 739 (Fla. App., 2003); Cole v. State, 254 Ga. App.
424 (2002); State v. Snitkin, 67 Haw. 168 (1984); State v. Parkinson, 135
Idaho 357 (2000); People v. Cox, 318 Ill.App.3d 161 (2000); Bradshaw v.
State, 759 N.E.2d 271 (Ind. App., 2001); State v. Bergmann, 633 N.W.2d
328 (Iowa, 2001); State v. Barker, 252 Kan. 949 (1993); State v. Kalie,
699 So.2d 879 (La., 1997); State v. Washington, 687 So.2d 575 (La. App.,
1997); Fitzgerald v. State, 384 Md. 484 (2004); Commonwealth v. Feyenord,
62 Mass. App. 200 (2004); Millsap v. State, 767 So.2d 286 (Miss. App.,
2000); State v. LaFlamme, 869 S.W.2d 183 (Mo. App., 1993); Gama v. State,
112 Nev. 833 (1996); State v. Van Cleave, 131 N.M. 82 (2001); People v.
Offen, 78 N.Y.2d 1089 (1991); State v. Fisher, 141 N.C. App. 448 (2000);
State v. Kesler, 396 N.W.2d 729 (N.D., 1986); State v. Knight (Ohio Com.
Pl. 1997); State v. Rusnak, 120 Ohio App.3d 24 (1997); Scott v. State,
927 P.2d 1066 (Okla. Crim. App., 1996); State v. Smith, 327 Or. 366
(1998); Commonwealth v. Johnston, 515 Pa. 454 (1987); State v. England,
19 S.W.3d 762 (Tenn., 2000); Rodriguez v. State, 106 S.W.3d 224 (Tex.
App., 2003); State v. Miller, 256 Wis.2d 80 (2002); Morgan v. State, 95
P.3d 802 (Wy., 2004).
CC-2005-632
32
previa de que tal equipaje contiene material delictivo, el
can no haría falta ya que su provecho estriba precisamente en
que
pueden
descubrir
posible
material
delictivo
sin
las
trabas de tener que conducir antes un registro o necesitar
sospecha previa para intervenir con el equipaje.
Por todo lo expresado, entendemos que la jurisprudencia
federal relacionada al caso de autos, es sumamente persuasiva
y
aplicable.
No
vemos
razón
meritoria
para
rechazar
la
utilización de los canes con el fin de olfatear equipaje o
bultos de las personas sin que ello constituya un registro
cuando se trata de supuestos donde los bultos ni siquiera son
detenidos por los agentes del orden público y se encuentran
en un lugar público donde los agentes y canes tienen derecho
a estar. Rechazar lo resuelto por el Tribunal Supremo en
Place
v.
United
States,
supra,
y
su
posterior
progenie
jurisprudencial, implica ponerle trabas innecesaria al Estado
en la cada vez más ardua lucha contra el crimen.
Es imperativo destacar nuevamente, que lo resuelto hoy
en el caso de autos, debe limitarse al contexto fáctico que
hemos analizado. Nuestra decisión no pretende darle un cheque
en blanco a los agentes del estado para que por medio de la
utilización
de
canes
entrenados
para
detectar
narcóticos,
realicen ejercicios no enmarcados en lo aquí resuelto. Una
vez más, como hemos discutido, sostenemos, que el examen de
olfato canino que se realice sobre el equipaje de una persona
que se encuentra en un lugar público donde los agentes del
CC-2005-632
33
estado y sus respectivos canes tienen derecho a estar, no es
un registro en sentido constitucional.
C.
Existe
otro
argumento
que
podría
esbozarse
como
un
conato para rechazar la adopción a nuestra jurisdicción del
examen de olfato canino sobre el equipaje de una persona. Se
trata
del
carácter
tecnológico
que
caracteriza
a
un
can
entrenado para detectar narcóticos y que podría convertir a
dicho
perro
Ciertamente,
en
se
un
ha
instrumento
reconocido
que
demasiado
utilizar
intrusivo.
un
can
para
propósitos investigativos está relacionado con la utilización
de instrumentos tecnológicos que asisten los sentidos de un
agente u oficial del orden público para detectar sustancias
controladas.
Véase,
en
general,
W.R.
LaFave,
Search
and
Seizure, 4ta ed., St. Paul, West Publ. Co., Vol. I, secs. 2.2
(f), 2.2 (g). Véase, además, J.W. Hall, supra, secs. 9.99.22.
Ahora bien, el hecho de que un can entrenado para
detectar narcóticos tenga unas habilidades sensoriales más
desarrolladas que las de un ser humano, no debe supeditar su
utilización a detectar o investigar únicamente aquello que
una persona podría detectar o investigar a través de sus
sentidos.
No
debemos
olvidar
que
aunque
todo
registro
inherentemente incluye la utilización de los sentidos (tacto,
gusto, olfato,
etc.) no toda utilización de los sentidos
constituye un registro. Véase, United States v. Nicholson,
144 F.3d 632, 636 (10mo Cir. 1998). Por lo tanto, limitar la
utilización
de
un
can
a
explorar
aquello
que
el
hombre
CC-2005-632
34
solamente podría descubrir con sus propios sentidos, connota
en limitar de forma generalizada la ayuda que puedan dar al
Estado estos instrumentos para combatir el crimen y por otro
lado,
desarticular
la
noción
básica
de
que
no
toda
utilización de los instrumentos tecnológicos constituye un
registro en sentido constitucional.22 Como bien ha señalado el
Tribunal Supremo Federal:
“la
mera existencia de los avances
tecnológicos no implica la protección de la Cuarta Enmienda,
sino
más
bien
la
explotación
de
dicha
tecnología”.
(Traducción nuestra). United States v. Karo, 468 U.S. 705,
712 (1984). Así, y en lo pertinente al caso de autos, se ha
resuelto que no toda técnica de investigación que revele algo
acerca del contenido del equipaje de una persona, constituye
un registro. Place v. United States, supra; United States v.
Lovell, supra. Además, en el caso del olfato canino, el hecho
de que un perro como detector de olores sea más habilidoso
que una persona, no transforma el olfato de dicho animal en
uno ilegal, pues al igual que la evidencia a plena vista de
un
oficial
puede
ser
registrada
sin
una
orden
judicial
previa, evidencia a pleno olfato puede ser detectada sin una
orden. United States v. Roby, 122 F.3d 1120, 1124-1125 (8vo
Cir. 1997).
Por
otro
lado,
nos
parece
necesario
hacer
unas
distinciones importantes --relacionadas a los instrumentos
22
Véase, Pueblo v. Soto Soto, supra; Dow Chemical Co. v. United States,
476 US 227 (1986); United States v. Knotts, 460 US 276 (1983); Véase,
además, J.W. Hall, C. Underwood, Search and Seizure, 3ra ed., Newark, NJ
& San Francico, CA, LexisNexis Publ. Co., Vol. I & II Supplement, pág.
152-160.
CC-2005-632
35
tecnológicos que se utilizan para investigar-- entre el caso
de Place v. United States, supra y el de Kyllo v. United
States,
supra,
ya
que
este
último
podría
dar
la
falsa
impresión de enervar lo resuelto en el primero. En el caso de
Kyllo v. United States, supra, el Tribunal Supremo Federal
resolvió
que
utilizar
un
thermal
imager
(artefacto
que
detecta el calor que emite una residencia lo que permite
detectar el crecimiento de marihuana en la misma) constituye
un registro a la luz de la Cuarta Enmienda. Para llegar a
dicha conclusión la corte enfatizó el hecho de que el thermal
imager no era fácilmente accesible y disponible al público en
general
y
a
que
era
capaz
de
detectar
tanto
actividad
protegida como no protegida por la Constitución (la hora en
que una persona toma un sauna o se baña). Íd. Ciertamente, al
igual
que
instrumento
un
thermal
imager,
que
permite
a
la
el
olfato
policía
canino
obtener
es
un
información
concerniente a un área protegida que de otra forma no podría
obtenerse sin intrusión física. Ahora bien, distinto a Kyllo
v. United States, supra, los perros son accesibles para el
público en general y el olfato canino solamente detecta la
presencia o ausencia de narcóticos (sobre lo que no existe
expectativa
Jacobsen,
limitada
a
la
supra)
y
no
se
intimidad
por
lo
que
extiende
a
conforme
la
United
información
actividades
States
v.
obtenida
es
protegidas
como
ocurre con el thermal imager.23 Podemos colegir que Kyllo v.
23
En Illinois v. Caballes, supra, págs. 409-410, el máximo Foro Federal
sostuvo que no había ninguna inconsistencia entre lo resuelto en Kyllo v.
United States, supra y la utilización del examen de olfato canino para
CC-2005-632
36
United States, supra, aplica únicamente a actividades o cosas
sobre las que el individuo tiene una expectativa razonable de
intimidad como lo es el hogar. Véase, Tracey Maclin, Katz,
Kyllo and Technology: Virtual Fourth Amendment Protection in
the Twenty-First Century, 72 Miss. L.J. 51, 104-105, 124;
Véase, United States v. Elkins, 300 F.3d 638, 646 (6th Cir.
2002).24 Por ende, el caso de autos es armonizable con Kyllo
v. United States, supra, a través del crisol de Place v.
United States, supra, que como ya vimos, es afín al caso de
autos.
A su vez, nos parece que es importante distinguir lo
predicado en Pueblo v. Soto Soto, supra, con el caso de Place
v. United States, supra para demostrar que son armonizables.
En el primero, este Tribunal resolvió que los binoculares
(aunque se pueden usar para observar el campo abierto frente
a
una
casa
utilizar
sin
para
que
constituya
observar
lo
que
intrusión inconstitucional a la
un
registro)
no
se
no
se
ver
sin
podría
intimidad. En
deben
una
el caso de
autos, el olfato canino se utilizó en un lugar público, donde
los agentes tenían derecho a estar y sobre el espacio de aire
que rodeaba los bultos que fueron soltados en el suelo del
detectar narcóticos. Esto porque el olfato de un can se limita a
detectar artículos sobre los cuales no se reconoce expectativa legítima
de intimidad pero el thermal imager tenía la capacidad de detectar tanto
actividades protegidas como no protegidas por la Cuarta Enmienda.
24
Compárese a United States v. Karo, supra, con United States v. Knotts,
supra. En el primero se resolvió que monitorear con un beeper electrónico
el interior de una casa, constituye un registro. En el segundo se
resolvió que dicho acto no es un registro si se realiza cuando se está
viajando en público. Véase además, Michael Adler, Cyberspace, General
Searches, and Digital Contraband: The Fourth Amendment and the Net-WÍde
Search, 105 Yale L.J. 1093 (1996).
CC-2005-632
37
aeropuerto por los recurridos. Asimismo, el olfato canino fue
dirigido únicamente a detectar sustancias controladas sobre
las cuales no hay expectativa a la intimidad. Este mecanismo
investigativo no expone artículos íntimos de las personas
dentro
de
sus
equipajes.
Por
eso,
no
hubo
intrusión
inconstitucional a la intimidad de los recurridos.25 En fin,
de lo anterior se desprende que hay armonía entre el caso de
Place v. United States, supra y el de Pueblo v. Soto Soto,
supra.
En conclusión, la utilización del olfato canino como
instrumento
tecnológico
para
ayudar
al
Estado
en
sus
investigaciones, no debe limitarse, a priori, por el hecho de
que permite obtener información que un ser humano no podría
obtener por medio de sus sentidos. Es menester analizar los
hechos concretos de cada caso y la manera en que se utiliza
el instrumento
para determinar si permite otros usos más
abarcadores. No constituye ninguna explotación tecnológica el
utilizar un can para un fin y contexto delimitados como lo es
el olfatear bultos o equipajes en un lugar público. Sobre
todo cuando la información divulgada por el perro es una
sobre la cual no existe expectativa a la intimidad por recaer
sobre alguna actividad ilegal como el contrabando.
V.
Una vez determinado que el examen de olfato canino sobre
el equipaje de los recurridos no constituyó un registro, nos
25
Véase, United States v. Esquilin, supra, pág. 318 (2000); United States
v. Reed, supra, pág. 649 (6to Cir. 1998); United States. v. Garcia,
supra; United States v. Goldstein, supra.
CC-2005-632
resta
38
determinar
si
la
intervención
ulterior
a
la
marca
positiva del can, es un registro al amparo de la Constitución
de Puerto Rico, y de ser un registro, si fue razonable.
Resolvemos en la afirmativa ambas interrogantes.
El examen de olfato canino, per se, no justifica el
registro final sin obtenerse una orden judicial o sin que
concurra alguna de las excepciones al registro sin orden.
Véanse, United States v. Sokolow, 490 U.S. 1, 9 (1989); Place
v. United States, supra; U.S. v. Williams, 365 F.3d 399, 405406 (5th Cir. 2004); U.S. v. Carter, 139 F.3d 424 (4to Cir.
1998); U.S. v. Lambert, 46 F.3d 1064 (10mo Cir. 1995);
U.S.
v. Harvey, 961 F.2d 1361 (8th Cir. 1992).26 Es decir, la
realización del examen de olfato canino sobre el equipaje, al
no ser un registro, cuando produce una marca positiva, tiene
el efecto de originar los motivos fundados o de corroborar la
sospecha
previa
que
se
tenía
para
motivar
el
ulterior
registro.
A la luz de esa realidad, el Procurador General sostiene
que el registro ulterior a la marca positiva del can fue
razonable porque el olfato del can es análogo al pleno olfato
de
un
agente
como
excepción
para
incautar
evidencia
sin
previa orden judicial. El Procurador General se apoya en los
26
Sin embargo, nótese que cuando el examen de olfato canino se realiza
sobre el exterior de un automóvil, no hace falta obtener una orden
judicial previa o cumplir con alguna de las excepciones al registro sin
orden, para
proceder a registrar el vehículo. Illinois v. Caballes,
supra, pág. 406. Tampoco hace falta una orden cuando se trata de
registros rutinarios de bultos o equipajes en un aeropuerto por razones
de seguridad pública. Véase, Chandler v. Miller, 520 U.S. 305, 323
(1997).
CC-2005-632
39
casos de Pueblo v. Dolce, supra y Pueblo v. Acevedo Escobar,
supra.
En
Pueblo
v.
Dolce,
supra,
se
establecieron
los
criterios que se deben analizar para determinar si un objeto
se encuentra a plena vista y puede ser incautado sin previa
orden judicial, a saber: 1) el artículo debe descubrirse por
estar a plena vista y no en el curso o por razón de un
registro; 2) el agente que divise la evidencia, debe tener
derecho a estar en el lugar desde donde alcanzó a verla; 3)
debe descubrirse por inadvertencia; 4) la naturaleza ilícita
del
objeto
debe
ser
ostensible.
Íd,
436.
En
Pueblo
v.
Acevedo Escobar, supra, este Foro afirmó que la percepción de
pleno
olfato
es
análoga
con
la
percepción
a
plena
vista
reconocida en Pueblo v. Dolce, supra, variando solamente el
sentido a través del cual se detecta la evidencia. Pueblo v.
Acevedo
Escobar,
supra,
pág.
779.
Por
esa
analogía,
los
criterios adoptados en Pueblo v. Dolce, supra, tienen que
confluir en Pueblo v. Acevedo Escobar, supra.
La excepción invocada por el Procurador General
de
aplicación
al
caso
de
autos.
La
razón
es
que
no es
de
un
análisis de los requisitos esbozados en el caso de Pueblo v.
Dolce,
supra,
no
se
puede
concluir
que
se
satisfagan
cabalmente en el presente caso. Así por ejemplo, en este caso
la
evidencia
agente
Rosado
recurridos
no
se
descubre
Cintrón
contenían
por
inadvertencia
sospechaba
que
los
narcóticos.
Tampoco
ya
bultos
la
que
el
de
los
naturaleza
ilícita del objeto era apreciable por el agente puesto que la
CC-2005-632
40
cocaína hallada se encontraba oculta dentro de los bultos de
los recurridos.
Por otro lado, se ha reconocido que en circunstancias
particulares de necesidad especial del Estado un registro sin
previa orden judicial es válido, si existe causa probable por
sospecha individualizada.27 Esta determinación se debe hacer a
la luz de un balance de intereses entre los derechos del
individuo y los intereses estatales. Véanse, Pacheco Pietri
v. E.L.A., 133 D.P.R. 907 (1993); Skinner v. Railway Labor
Executives’ Assn., 489 U.S. 602 (1989); National Treasury
Employees Union v. Von Raab, 489 U.S. 656 (1989). Ya hemos
exteriorizado, que al decidir si procede eximir al Estado de
la
necesidad
realizar
un
de
obtener
registro,
lo
una
orden
judicial
determinante
es
que
previa
el
para
interés
público lo justifique y el peso de obtener la orden bajo las
circunstancias particulares del caso, probablemente frustren
el propósito legítimo que persigue el gobierno. Pueblo v.
Bonilla, supra, pág. 334. En otras palabras, para determinar
si posterior a un examen de olfato canino positivo se puede
realizar
totalidad
el
de
registro
las
de
los
bultos,
circunstancias
hay
que
atender
la
haciendo
un
balance
de
intereses. De ahí, que las excepciones para llevar a cabo un
registro sin orden no son numerus clausus, sino que se podrán
27
El principio de sospecha individualizada ha sido reconocido por nuestro
Ordenamiento en distintos casos. Véanse, Pueblo v. Yip Berrios, supra;
Pueblo v. Bonilla Bonilla, 149 D.P.R. 318 (1999).
CC-2005-632
reconocer
41
según
las
circunstancias
particulares
de
cada
caso.28
Con relación a la sospecha individualizada razonable que
surge luego de realizar una investigación criminal, la misma
se debe equiparar a los motivos fundados29 para un arresto
conforme lo estatuye la Regla 11 de Procedimiento Criminal,
supra.30 Esto debe ser así, ya que consideramos que si se
trata
de
una
norma
válida
para
el
arresto,
debía
serlo
también para el registro o allanamiento en vista de que no
hay mayor intrusión con la intimidad de la persona que el
arresto. Véase, Pueblo v. Muñoz Santiago, 131 D.P.R. 965,
981-982 (1992). La incautación de la persona misma constituye
una
intervención
humano
mas
grave
gubernamental
que
el
con
registro
la
o
intimidad
del
ser
allanamiento
de
una
pertenencia suya, y la norma que rige lo mayor debe ser buena
también
para
una
intervención
menor.
Véase,
Íd.
Véase,
además, E.L. Chiesa, op cit., Vol. I, sec.6.10, pág. 361.
28
Por eso, la incorporación a nuestro Ordenamiento Jurídico de las
excepciones para legitimar un registro sin orden, tienen origen
jurisprudencial. Véase, Pueblo v. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967); E.L.A.
v. Coca-Cola, 115 D.P.R. 197 (1984); Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R.
429 (1988); Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).
29
Entiéndase como motivos fundados “[a]quella información o conocimiento
que lleva a una persona ordinaria y prudente a creer que la persona
intervenida ha cometido un delito, independientemente de que luego se
establezca o no la comisión del delito”. Pueblo v. Martínez Torres, 120
D.P.R. 496 (1988).
30
Dicho precepto estatuye que “[u]n funcionario del orden público podrá
hacer un arresto sin la orden correspondiente: a) Cuando tuviere motivos
fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un
delito en su presencia. En este caso deberá hacerse el arresto
inmediatamente o dentro de un término razonable después de la comisión
del delito. De lo contrario el funcionario deberá solicitar que se expida
una orden de arresto; b) Cuando la persona arrestada hubiese cometido un
delito grave (felony), aunque no en su presencia; c) Cuando tuviere
motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha
cometido un delito grave (felony), independientemente de que dicho delito
se hubiere cometido o no en realidad”.
CC-2005-632
En
42
este
necesidad
caso,
especial
las
circunstancias
particulares
fueron
ejemplificadas
en
la
de
sospecha
individualizada razonable que anterior al examen del olfato
canino poseían los agentes del orden público y que una vez se
culminó
el
examen
individualizada
quedó
razonable
corroborada.
quedó
probada
La
al
sospecha
analizar
los
hechos del caso. Según se desprende de los autos, el Agente
Rosado Cintrón recibió varias confidencias que personalmente
corroboró,
las
Medina
Bonano
y
cuales
Pérez
indicaban
estaban
que
los
envueltos
recurridos
en
Díaz
actividades
ilícitas de contrabando. La última confidencia recibida por
el
agente
Rosado
Cintrón,
puso
de
manifiesto
que
los
recurridos estaban cometiendo un delito, al notificársele que
llegarían en un vuelo proveniente de Culebra hacia Fajardo
con sustancias controladas. Finalmente, cuando Rosado Cintrón
llegó al aeropuerto, se encontró de frente a los recurridos,
a cuyos bultos se les realizó un examen de olfato canino que
arrojó
positivo,
corroborando
una
vez
más
la
confidencia
informada.31 En fin, la cadena de confidencias corroboradas
31
Nótese, que en este caso están presentes las circunstancias necesarias
para que una confidencia sea suficiente y constituya los motivos fundados
de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, para realizar un arresto
sin orden. Véanse, Pueblo v. Ortiz, 135 D.P.R. 41 (1994); Pueblo v. Díaz,
106 D.P.R. 348 (1977). En estos casos este Tribunal resolvió que una
confidencia constituye los motivos fundados para realizar un arresto sin
orden bajo la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, si se cumple con
alguno de los siguientes requisitos: 1) que el confidente previamente ha
suministrado información correcta; 2) que la confidencia conduce hacia el
criminal en términos de lugar y tiempo; 3)que la misma ha sido
corroborada por observación del agente o por información de otras
fuentes; 4) que la corroboración se relaciona con actos delictivos
cometidos o en proceso de cometerse. Además, también se satisface el
requisito expresamente establecido en Pueblo v. Serrano Cancel, 148
D.P.R. 173 (1999), a los efectos de que para que la confidencia
constituya los motivos fundados, tiene que haber una corroboración de las
actividades sospechosas que se informan en la confidencia.
CC-2005-632
que
43
culminaron
con
la
marca
positiva
del
can
sobre
el
equipaje de los recurridos, son circunstancias excepcionales
que tuvieron el efecto de configurar los motivos fundados
para llevar a cabo el registro ulterior a la marca positiva
del can, sin necesidad de una orden judicial previa.
Al realizar el balance de intereses entre el derecho a
la intimidad de los recurridos y el interés del Estado en
hacerle
frente
al
trasiego
de
drogas
y
combatir
la
criminalidad, concluimos que la intervención del equipaje fue
razonable
al
estar
directamente
relacionada
a
la
previa
sospecha individualizada del agente Rosado Cintrón de que el
contenido del mismo tenía narcóticos. No olvidemos que además
de
la
corroboración
personal
que
hizo
dicho
agente,
el
recurrido Díaz Medina había sido arrestado anteriormente por
estar involucrado con sustancias controladas. Este hecho le
constaba
al
agente
Rosado
Cintrón
al
ser
éste
quien
lo
arrestó. Al sumar estos factores, no albergamos duda de que
el interés del Estado en el registro sin orden sobrepasaba el
derecho a la intimidad que albergaban los recurridos sobre
sus bultos. Hay que añadir que exigirle a los agentes obtener
Si las confidencias corroboradas pueden crear los motivos fundados de
la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, también podrían crear la
sospecha individualizada razonable --equivalente a los motivos fundados
de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra-- para llevar a cabo un
registro sin orden. Esto parte del mismo principio reconocido en el caso
de Pueblo v. Muñoz Santiago, supra, haciendo referencia al caso de Pueblo
v. Pagán Santiago, 130 D.P.R. 470 (1992), de que una norma que es válida
para el arresto, debía serlo también para el registro o allanamiento en
vista de que no hay mayor intrusión con la intimidad de la persona que el
arresto. Por lo tanto, si se permite arrestar a una persona cuando las
confidencias corroboradas crean los motivos fundados, con mayor razón, se
puede llevar a cabo un registro sin orden judicial cuando hay sospecha
individualizada razonable surgida por unas confidencias corroboradas a
través de la marca positiva de un can entrenado para detectar el artículo
delictivo relacionado a la confidencia.
CC-2005-632
44
una orden, hubiese impedido el
arresto de los
recurridos
hasta su obtención y el posterior hallazgo de la evidencia
incriminatoria. De esta forma,
la probabilidad de que se
hubiese
del
Estado
vez
que,
frustrado
criminalidad
el
interés
aumentaba,
toda
en
ab
combatir
interim,
la
los
recurridos estaban en libertad de abandonar el aeropuerto de
Fajardo.
Esto
implicaba
un
potencial
escape
del
eventual
arresto. Más aún, en el caso de Díaz Medina significaba la
posible
recurrencia
de
las
acciones
delictivas
que
su
historial reflejaba.
En síntesis, en el caso de autos la marca positiva del
can
corroboró
las
sospechas
previas
individualizadas
que
tenían los agentes del orden público. Esa corroboración fue
suficiente
para
configurar
los
motivos
fundados
que
les
permitió abrir los bultos de los acusados y registrarlos. Es
decir, en el caso de autos, la marca positiva del can les dio
a los agentes los motivos fundados para llevar a cabo el
registro del equipaje.
En
fin,
detectar
la
marca
sustancias
positiva
de
controladas,
un
can
puede
entrenado
producir
para
sospecha
individualizada razonable (si no se tenía) o corroborar la
misma, según ocurrió en el caso de autos. En ambos supuestos,
habrá
que
atender
la
totalidad
de
las
circunstancias,
haciendo un balance de intereses, para determinar si dicha
marca fue o no suficiente para abrir y registrar el equipaje.
Dicho análisis incluye evaluar la confiabilidad del can para
detectar
sustancias
controladas,
cuando
la
parte
cuya
CC-2005-632
pertenencia
45
haya
sido
olfateada
y
registrada,
impugne
el
registro, a base de la confiabilidad y nivel de certeza del
can para detectar narcóticos.
VI.
Por las razones expuestas anteriormente, resolvemos que
el
examen
de
olfato
canino
sobre
el
equipaje
no
es
un
registro al amparo de la Constitución de Puerto Rico y que el
registro realizado sin orden judicial ante la marca positiva
del can fue razonable. En vista de ello, concluimos que los
foros a quo erraron al ordenar la supresión de evidencia. Por
lo tanto, se revoca el dictamen recurrido y se devuelve el
caso al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los
procedimientos, conforme con lo aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Certiorari
Peticionario
v.
Amaury Díaz Medina,
Gerardo Bonano Pérez
CC-2005-632
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2009.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte íntegra
de la presente, se revoca el dictamen emitido por
el Tribunal de Apelaciones y se devuelve el
presente caso al Tribunal de Primera Instancia
para que continúen los procedimientos conforme con
lo aquí resuelto.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Presidente señor Hernández Denton emite
Opinión Disidente. La Jueza Asociada señora Fiol
Matta disiente con la siguiente expresión:
“La Jueza Asociada Fiol Matta está de
acuerdo con la parte de la Opinión
Disidente del Juez Presidente Hernández
Denton que resolvería que el examen de
olfato canino constituye un registro per
se en sentido constitucional. También,
coincide con la Opinión Disidente en
cuanto sostiene que no era necesario que
los
agentes
obtuvieran
una
orden
judicial previa para realizar un examen
de
olfato
canino,
al
existir
una
sospecha individualizada razonable de
CC-2005-632
2
que los acusados Amaury Díaz Medina y Gerardo
Bonano
Pérez
escondían
contrabando
en
su
equipaje. No obstante, no puede avalar el
registro del bulto que hizo el agente Nelson
Rosado
Cintrón,
una
vez
la
sospecha
individualizada razonable fue corroborada por el
examen
de
olfato
canino.
Entiende
que
al
corroborarse las confidencias de que los acusados
Amaury Díaz Medina y Gerardo Pérez transportaban
sustancias controladas, procedía arrestarlos y
solicitar una orden judicial de registro para
examinar los bultos. No existía una emergencia
imperiosa, como lo sería la amenaza de una bomba,
ni los agentes del orden público se encontraban
en una situación donde su seguridad se encontrara
en peligro, ni existía la posibilidad de que la
evidencia
se
extraviara,
ni
ninguna
otra
excepción al registro sin orden previa que
justificara la intromisión gubernamental con el
bulto de los acusados. Al no procederse de esta
manera, considero que no erraron los foros
inferiores al declarar con lugar la Moción de
Supresión de Evidencia.”
La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez, emite un
voto disidente, uniéndose a las expresiones de la Jueza
Asociada señora Fiol Matta.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Peticionario
v.
CC-2005-632
Certiorari
Amaury Díaz Medina,
Gerardo Bonano Pérez
Recurridos
Opinión Disidente
Hernández Denton
emitida
por
el
Juez
Presidente
señor
San Juan, Puerto Rico, a 27 de agosto de 2009.
If the issue is framed in terms of whether a
totally unrestrained use of such dogs in a
dragnet fashion would be tolerable in a free
society, one's answer might likely be no. W.R.
LaFave, Search and Seizure (2da Ed.) § 2.1(e),
pág. 315.
Coincidimos con la Parte V de la Opinión del
Tribunal en tanto revoca el dictamen recurrido
que
confirmó
la
supresión
de
la
evidencia
incautada. Al igual que la mayoría, en esta etapa
entendemos que la intervención con el equipaje de
los
acusados
fue
razonable.
particulares
de
necesidad
prescindir
de
una
“fueron
ejemplificadas
individualizada
orden
Las
circunstancias
especial
judicial
en
en
la
que
anterior
razonable
este
para
caso
sospecha
al
CC-2005-632
examen
del
2
olfato
poseían
canino
los
agentes
del
orden
público [a la luz de una extensa investigación criminal] y
que una vez se culminó el examen quedó corroborada”. Op. del
Tribunal, pág. 40. (Énfasis nuestro). A pesar de ello, nos
vemos obligados a disentir en este caso por dos razones de
trascendencia constitucional.
En
primer
lugar,
la
mayoría
aprovecha
la
oportunidad
para sugerir, de manera innecesaria y contradictoria, que la
utilización de un examen de olfato canino con el propósito
de detectar sustancias controladas en los efectos personales
de
una
persona
bajo
ninguna
circunstancia
constituye
un
registro per se en el sentido constitucional. Discrepamos de
tal razonamiento, pues se podría prestar para justificar el
uso al azar y arbitrario de esta intromisión gubernamental
hasta en la playa y en las plazas públicas del país, a pesar
de que toda la evidencia empírica disponible apunta a que el
margen de error del olfato de los perros acarrea un riesgo
potencial
de
infringir
el
derecho
de
intimidad
de
los
individuos. En contraste, nos hubiésemos ceñido a los hechos
de este caso para resolver, al amparo de nuestra Carta de
Derechos, que el examen de olfato canino en controversia fue
un
registro
individualizada
razonable
de
que
dado
los
que
acusados
medió
una
sospecha
participaban
en
un
esquema de contrabando de sustancias controladas.
Por otro lado, disentimos de la Opinión del Tribunal en
cuanto al remedio final concedido. Al disponer del caso, la
mayoría parte de la premisa inarticulada de que el olfato de
una unidad canina es una herramienta tecnológica precisa e
CC-2005-632
3
infalible. A su vez, el Tribunal no toma en consideración
que ni el manejador del can ni el analista forense que
preparó el informe de las sustancias incautadas estuvieron
presentes
en
la
vista
de
supresión
de
evidencia
que
revisamos en el recurso de epígrafe.
En atención a esa realidad procesal, y contrario a la
Opinión
del
instancia
Tribunal,
con
la
devolveríamos
instrucción
el
caso
particular
al
foro
de
de
que
la
admisibilidad final de la evidencia allanada esté sujeta a
que el Ministerio Público presente el testimonio de ambos
funcionarios en el juicio y que éstos estén disponibles para
ser contrainterrogados por la defensa sobre la confiabilidad
de las referidas herramientas investigativas. De esa forma,
se salvaguarda el derecho de confrontación de los acusados
bajo
la
Sexta
Enmienda
de
la
Constitución
Federal,
de
conformidad con lo resuelto recientemente por el Tribunal
Supremo de Estados Unidos en Meléndez-Díaz v. Massachusetts,
129 S.Ct. 2527 (2009).
I.
El
Ministerio
Público
presentó
sendas
acusaciones
en
contra de Amaury Díaz Medina y Gerardo Bonano Pérez por
violación al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas,
24 L.P.R.A. sec. 2401. En esencia, se les acusó de poseer
catorce kilos de cocaína con la intención de distribuirla.
Posteriormente, y antes de la celebración del juicio,
Díaz Medina presentó una “Moción de Supresión de Evidencia”
en la cual alegó que las sustancias controladas que dieron
lugar a la acusación fueron incautadas mediante un registro
CC-2005-632
4
realizado en el equipaje de los acusados sin orden judicial
previa.
En
vista
gubernamental
de
fue
ello,
adujo
irrazonable
que
bajo
dicha
la
intervención
Constitución
del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En la vista de supresión de evidencia declaró como único
testigo
el
Agte.
Nelson
Rosado
Cintrón,
adscrito
a
la
División de Drogas y Narcóticos de Fajardo. Sin embargo, no
testificó el Agte. Daniel Marín, quien fue el manejador del
can
llamado
Pirata
controversia.
que
Además,
realizó
se
el
presentaron
examen
dos
de
olfato
en
Certificados
de
Análisis Químico Forense, mas no testificó el perito que los
preparó.
Según
se
desprende
del
testimonio
del
agente
Rosado
Cintrón, el registro sin orden judicial del equipaje de Díaz
Medina y Bonano Pérez no fue producto de una inspección
rutinaria. Los agentes se presentaron al aeropuerto con la
unidad canina precisamente para culminar una investigación
criminal de varios días y corroborar ciertas confidencias
que
habían
recibido,
la
cuales
apuntaban
a
la
supuesta
participación de los acusados en un esquema de contrabando
de drogas.
Es decir, cuando los agentes llevaron al can
Pirata para olfatear el equipaje de los acusados ya existía
una sospecha individualizada y razonable de que Bonano Pérez
y
Díaz
Medina
se
encontraban
trasladando
sustancias
controladas desde Culebra hasta Fajardo. Luego de que –según
le indicó el agente Marín al agente Rosado Cintrón-32 el can
32
Surge del expediente que el foro de instancia, de
conformidad con la Regla 9(A) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap.
IV, R. 9(A), sólo admitió la prueba de referencia con
CC-2005-632
5
marcara
positivo
sobre
procedió
a
el
abrir
los
bultos
referido
de
los
acusados,
se
equipaje
para
confirmar
la
presencia de drogas. Tras efectuar el registro, los agentes
encontraron siete kilos de cocaína en cada uno de los dos
bultos incautados, para un total de catorce kilos.
Trabada
Instancia
la
declaró
controversia,
con
lugar
el
la
Tribunal
moción
de
de
Primera
supresión
de
evidencia. En síntesis, fundamentó su determinación en que
el Ministerio Público no presentó prueba admisible de la
razonabilidad del registro en la medida en que no produjo el
testimonio del agente Marín, quien era el manejador del can.
Además, concluyó que no existían los motivos fundados para
realizar un registro sin orden judicial previa del equipaje
en su fondo. Bajo fundamentos similares, el foro apelativo
denegó el auto de certiorari.
Aún insatisfecho, el Procurador General acude ante nos.
En esencia, aduce que el foro apelativo incidió al adjudicar
el caso a base de la figura del registro incidental a un
arresto, cuando procedía resolver que someter los bultos al
olfato canino no constituyó un registro per se. Ello, pues
sostiene que es aplicable la norma de evidencia a plena
vista
u
olfato
como
excepción
a
la
invalidez
de
los
registros sin orden judicial.
Así las cosas, mediante la Opinión emitida en el día de
hoy el Tribunal revoca el dictamen recurrido bajo la premisa
relación al manejo del can para los propósitos de determinar
los hechos que motivaron al agente Rosado Cintrón a realizar
el registro, mas no así como prueba sustantiva para el
juicio en su fondo.
CC-2005-632
6
fundamental
razonable
de
al
que
estar
“la
intervención
directamente
del
equipaje
relacionada
a
la
fue
previa
sospecha individualizada del agente Rosado Cintrón de que el
contenido del mismo tenía narcóticos”. Op. del Tribunal,
págs. 41-42. (Énfasis nuestro). En ese sentido, rechaza la
teoría esbozada por el Procurador General que aduce que el
examen
de
olfato
canino
no
fue
un
registro
porque
el
material delictivo que supuestamente contenía el equipaje se
encontraba a plena percepción. Hasta ahí estamos de acuerdo.
Sin embargo, no logramos entender la necesidad de hacer
unos pronunciamientos adicionales sobre la naturaleza del
examen de olfato canino bajo el Artículo II, Sección 10 de
nuestra
Constitución.
autolimitación
fútiles
e
De
judicial,
innecesarias
conformidad
tales
bajo
el
con
el
precepto
expresiones
son
contexto
fáctico
de
totalmente
de
este
caso, por lo que constituyen meramente dicta. Ello, dado que
la misma Opinión y el razonamiento esbozado en su Parte V
reconoce que tanto la intervención con el perro como el
registro
en
su
fondo
de
los
bultos
se
justificaron
al
demostrarse una sospecha individualizada previa de que los
acusados estaban involucrados en el trasiego de sustancias
controladas.
Ese
es
precisamente
el
criterio
que
nos
limitaríamos a adoptar para llegar al mismo resultado que la
mayoría.
Por tanto, no podemos suscribir la Opinión del Tribunal
en
su
afán
de
abrir
las
puertas
a
una
normativa
impracticable que, al expresar tajantemente que el examen de
olfato canino sobre los efectos personales no constituye un
CC-2005-632
registro,
7
soslaya
nuestra
Carta
de
Derechos
y
su
reconocimiento expreso del derecho de intimidad. Al proceder
de esta manera, la mayoría esgrime una visión constitucional
sumamente restrictiva que se abstrae de los hechos de este
caso y que podría tener unas repercusiones nocivas para las
libertades civiles en el país.
A
continuación,
disyuntiva
analítica
examinamos
que
se
con
detenimiento
desprende
de
la
la
Opinión
del
Tribunal. Enfatizamos nuestros puntos de coincidencia, así
como nuestras serias discrepancias con la supuesta adopción
de
la
factura
mínima
en
este
caso
a
pesar
de
que
la
normativa expuesta en la mencionada jurisprudencia federal
al
amparo
de
la
Cuarta
Enmienda
es
de
un
alcance
incongruente con el desarrollo del derecho de intimidad en
nuestro ordenamiento constitucional.
II.
En
primer
Constitución
del
lugar,
es
Estado
menester
Libre
recordar
Asociado
de
que
Puerto
la
Rico
consagra el derecho de la ciudadanía a la protección de su
intimidad personal, así como de sus casas, papeles y efectos
personales contra registros, incautaciones y allanamientos
irrazonables. Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A. P.R., L.P.R.A.
Tomo 1. Así pues, hemos expresado que el objetivo de esta
protección
constitucional
es
impedir
que
el
Estado
interfiera con la intimidad y dignidad de los seres humanos,
amparar sus documentos y otras pertenencias, e interponer la
figura imparcial del juez entre los funcionarios públicos y
la ciudadanía para ofrecer mayor garantía de razonabilidad a
CC-2005-632
8
la intrusión. Pueblo v. Yip Berríos, 142 D.P.R. 386 (1997);
Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 500 (1988).
En ocasiones anteriores hemos afirmado que "ante toda
controversia relacionada con esta protección constitucional,
lo primero es determinar la existencia o no de un registro".
Pueblo v. Bonilla, 149 D.P.R. 318, 329 (1999); Pueblo en
Interés del Menor N.O.R., 136 D.P.R. 949, 961 (1994). En
algunas
situaciones
resulta
complejo
hacer
tal
determinación, pues la garantía constitucional protege a la
persona como tal y no a lugares o cosas específicas. No
obstante, la protección constitucional se puede extender a
estos lugares y objetos en determinadas circunstancias por
razón de la expectativa razonable de intimidad que alberga
cada individuo sobre ellos. Pueblo v. Soto Soto, 168 D.P.R.
46, 54-55 (2006); Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 147 D.P.R. 433,
440 (1999).
Por
otra
parte,
para
que
ocurra
un
registro
en
el
sentido constitucional no tiene que haber una intervención
física en un lugar u objeto particular. Al dilucidar si ha
ocurrido un registro, lo importante es determinar si se ha
infringido
una
expectativa
de
intimidad
que
la
persona
alberga subjetivamente y que la sociedad está preparada para
reconocer como razonable.
Pueblo v. Soto Soto, supra, pág.
55; Pueblo v. Bonilla, supra, pág. 330; Pueblo v. Rivera
Colón, 128 D.P.R. 672 (1991). Bajo esa misma óptica, se ha
resuelto en reiteradas ocasiones que todo ciudadano guarda
una expectativa razonable de intimidad sobre su equipaje y
efectos personales, por lo que el examen de éstos constituye
CC-2005-632
9
un registro en el sentido constitucional, aun bajo el crisol
de la factura mínima federal. Arkansas v. Sanders, 442 U.S.
753 (1979); United States v. Chadwick, 433 U.S. 1 (1977);
Pueblo v. Bonilla, supra, pág. 329.33
En ese contexto, coincidimos con la mayoría al resolver
que el allanamiento de la evidencia suprimida en el presente
caso no cumplió con la excepción de un hallazgo a plena
percepción
invocada
validáramos
el
por
el
registro
en
Procurador
General
controversia.
para
La
que
normativa
constitucional puertorriqueña que reconoció esta excepción
al
requisito
de
primera vez en
orden
judicial
previa
fue
enunciada
por
Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976).
En esa ocasión, este Foro estableció cuatro criterios
que
deben
considerarse
para
determinar
si
el
objeto
incautado sin orden judicial se hallaba a plena vista previo
al
registro,
a
saber:
(1)
el
artículo
debe
haberse
descubierto por estar a plena vista y no en el curso o por
razón de un registro; (2) el agente que observe la prueba
debe haber tenido derecho previo a estar en la posición
desde la cual podía verla; (3) debe descubrirse el objeto
inadvertidamente; y (4) la naturaleza delictiva del objeto
debe surgir de la simple observación. Cuando median estas
circunstancias,
no
procede
la
protección
constitucional
contra registros irrazonables, pues el interés investigativo
prevalece
33
sobre
la
expectativa
de
intimidad
mínima
que
Véanse, a modo ilustrativo, C.H. Whitebread & C.
Slobogin, Criminal Procedure: An Analysis of Cases and
Concepts, 4ta ed., 2004, págs. 118-121; E. Chiesa, Derecho
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Forum, 1995,
T. I, Vol. I, págs. 282-85.
CC-2005-632
10
abriga un individuo con relación a un objeto a plena vista.
Íd.
Posteriormente en Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R.
770,
779
(1982),
afirmamos
que
la
percepción
del
olfato
guarda analogía y equivalencia funcional con las situaciones
en las que se aplica la doctrina sobre prueba a plena vista,
pues la única diferencia es el modo en que el objeto es
detectado.
En
ese
caso,
se
resolvió
que
aun
si
el
consentimiento al registro del baúl prestado por el acusado
no se hubiera extendido al equipaje, hubiese subsistido la
admisibilidad de la evidencia ocupada porque la sustancia
controlada fue percibida por el simple olfato del agente, lo
que equivale a la percepción sensorial de la vista. Íd.
Véase, además, O. Resumil, Práctica Jurídica de Puerto Rico:
Derecho Procesal Penal, Tomo 1, Equity, 1994, pág. 271.
En el presente caso, los agentes del orden público no
descubrieron
la
prueba
naturaleza
delictiva
de
inadvertidamente.
la
evidencia
Además,
incautada
no
la
era
aparente de su faz, pues su existencia tampoco surgía de la
simple percepción del olfato de los agentes. Más bien, éstos
tuvieron que valerse del manejo de un can para hallar la
cocaína
supuestamente
escondida
en
el
equipaje
de
los
acusados. Por ende, entendemos -al igual que la mayoría- que
la excepción invocada por el Procurador General no es de
aplicación al caso de autos.34
34
Bajo esta misma premisa, el profesor Wayne R. LaFave ha
expresado que “[the] application of a ‘plain smell’ doctrine
to dog searches stretches the imagination”. Véase W.R.
LaFave, Search and Seizure, West, 4ta Ed., Sec. 2.2(g), pág.
528.
CC-2005-632
11
En efecto, la utilización de un can para los propósitos
investigativos
de
efectiva
detectar
para
este
caso
constituyó
sustancias
una
herramienta
controladas.
Ello
es
similar a la utilización de instrumentos tecnológicos para
complementar los sentidos perceptivos de un agente del orden
público. Por lo general, el uso sin orden judicial previa de
cualquier
instrumento
investigación
registros
es
tecnológico
válido
irrazonables,
y
no
siempre
en
el
viola
y
contexto
la
cuando
de
una
prohibición
de
se
limite
a
acelerar el descubrimiento de evidencia que hubiese sido
percibida eventual e inevitablemente por la plena percepción
del ser humano. Véase, en general, W.R. LaFave, supra, Secs.
2.2(f), 2.2(g).
Cónsono con lo anterior, en Kyllo v. United States, 533
U.S. 27 (2001), el Tribunal Supremo Federal resolvió que el
uso de un instrumento que detectaba el calor emitido por una
residencia constituía un registro que requiere que se cumpla
con todo el rigor de la Cuarta Enmienda. De otra parte,
recientemente en Pueblo v. Soto Soto, supra, resolvimos que
el uso de binoculares para observar el campo abierto frente
a una residencia no constituía un registro irrazonable per
se,
pero
aclaramos
que
“[d]istinto
sería
el
caso
si
el
propósito de utilizar el artefacto tecnológico fuera para
observar aquello que no se podría ver sin una intrusión
inconstitucional en la intimidad de la persona”. Pueblo v.
Soto Soto, supra, pág. 65, n.11. (Énfasis nuestro).
CC-2005-632
En
12
atención
a
ello,
somos
del
criterio
que
la
utilización del examen de olfato de la unidad canina tampoco
se
puede
amparar
bajo
la
excepción
que
elaboramos
recientemente en Pueblo v. Soto Soto, supra, en cuanto a los
hallazgos a plena percepción mediante el uso de instrumentos
tecnológicos en un campo abierto. La evidencia obtenida a
raíz de la utilización del perro no hubiese sido percibida
por el propio sentido del olfato ni de vista del agente
Rosado Cintrón. Es decir, no se trató de la utilización de
un
instrumento
descubrimiento
cuyo
de
uso
se
evidencia
limitaba
que
a
hubiese
acelerar
sido
el
percibida
eventual e inevitablemente por la plena percepción del ser
humano, sino para detectar aquello que no se podría percibir
sin una intrusión física con la intimidad de la persona.
En otras palabras, y contrario a lo sugerido por la
Opinión del Tribunal, entendemos que el uso arbitrario de
esta
táctica
investigativa
se
encuentra
reñido
con
lo
resuelto en Pueblo v. Soto Soto, supra. Dicho caso realmente
se
refiere
excepción
al
de
uso
de
hallazgo
instrumentos
a
plena
tecnológicos
percepción
que
bajo
la
la
misma
Opinión del Tribunal reconoce que no es aplicable a este
caso.
Además,
utilización
y
del
constitucional
como
explicaremos
examen
alguno
de
olfato
tiene
el
más
adelante,
la
canino
sin
control
potencial
de
proveer
positivos falsos, por lo que su uso en esas circunstancias
puede prestarse para la intromisión sin justificación previa
con
la
intimidad
y
los
efectos
personales
de
cualquier
individuo. Por tanto, al eximir de protección constitucional
CC-2005-632
13
la utilización indiscriminada del examen de olfato canino,
como
si
se
tratara
de
un
supuesto
análogo
al
uso
de
binoculares sobre un campo abierto, la mayoría confunde y
trastoca el alcance de la referida jurisprudencia. Todo ello
bajo el pretexto de un balance de intereses que favorece una
noción generalizada y estereotipada sobre la lucha contra el
crimen.35
Sin embargo, nuestra postura no significa que entendamos
que
el
examen
de
olfato
canino
no
deba
ser
un
táctica
investigativa legítima del Estado ni que se requiera obtener
una orden judicial previa para todo caso en que se fuera a
utilizar
la
misma.
De
igual
forma,
tampoco
endosamos
la
teoría de que la utilización del examen de olfato canino
deba limitarse a acelerar el descubrimiento de evidencia que
hubiese sido percibida eventual e inevitablemente por la
plena percepción del ser humano.
De hecho, somos del criterio que el examen de olfato
canino
presente
35
fue
una
caso,
intromisión
precisamente
gubernamental
por
las
válida
mismas
en
el
razones
La mayoría también enfatiza que en Kyllo fue determinante
que el thermal imager no era fácilmente accesible y
disponible al público, y contrasta ello con la gran
accesibilidad de los perros para el público en general. Del
mismo modo, en Soto Soto el Tribunal también enfatizó que
los binoculares son aditamentos fácilmente accesibles y
disponibles al público en general. No obstante, la realidad
es que estos perros son incluso menos accesibles que la
herramienta tecnológica utilizada en Kyllo. El costo
aproximado para adquirir y entrenar un can para fines de
detección de sustancias ilegales es de $20,000 a $29,000,
mientras que el Agema Thermovision 210 utilizado en Kyllo y
otros productos similares se pueden obtener por una cantidad
mucho menor que las referidas unidades caninas. Véanse K-9s
-- The cost of starting a K-9 unit, en Police Magazine, 21
de enero de 2004; http://www.opticsplanet.net/heat-seekerstermal-imagers.html.
CC-2005-632
14
elaboradas en la Parte V de la Opinión del Tribunal para
sustentar la validez de la intervención con el equipaje de
los
acusados:
que
el
agente
del
orden
público
logró
articular una sospecha individualizada previa de que los
acusados estaban involucrados en un esquema de contrabando
de
sustancias
controladas
que
una
vez
culminó
el
examen
quedó corroborada.
III.
El estándar de sospecha razonable individualizada no es
ajeno a nuestro ordenamiento jurídico. Ortiz Irizarry v.
D.T.O.P.,
164
D.P.R.
361
(2005);
Pueblo
v.
Yip
Berríos,
supra; Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988). En
particular,
la
sospecha
expectativa
de
que
individualizada
un
individuo
se
refiere
está
a
la
posiblemente
involucrado en la comisión de un delito particular. Para
determinar que ésta es razonable, se requiere un escrutinio
mayor que una mera sospecha generalizada. Véanse Reid v.
Georgia, 448 U.S. 438 (1980); Brown v. Texas, 443 U.S. 47
(1979); C.H. Whitebread & C. Slobogin, supra, págs. 246-248.
Como reconoce la Opinión del Tribunal, en el contexto de
una
intervención
investigación
gubernamental
criminal,
la
relacionada
sospecha
con
una
individualizada
razonable se debe equiparar a los motivos fundados para un
arresto que requiere la Regla 11 de Procedimiento Criminal,
34 L.P.R.A. Ap. II, R. 11. En esencia, el funcionario del
Estado
fundados
que
realiza
suficientes
la
intervención
para
entender
debe
tener
motivos
que
el
individuo
intervenido ha cometido un delito en su presencia, más allá
CC-2005-632
15
de una sospecha generalizada. Ello responde a la protección
más amplia que provee nuestra Constitución al derecho de
intimidad. Véanse Pueblo v. Bonilla, supra, pág. 337; Pueblo
en interés de N.O.R.,supra; Pueblo v. Rivera Colón, supra.
En armonía con este precepto, se ha reconocido que bajo
ciertas
circunstancias
particulares
de
necesidad
especial
del Estado se puede sostener la validez constitucional de un
registro sin previa orden judicial al amparo de una causa
probable
por
sospecha
individualizada.
Por
su
parte,
la
razonabilidad de esta intervención se determina a base de un
balance de intereses entre los derechos del individuo y el
interés del Estado. Pacheco Pietri v. E.L.A., 133 D.P.R. 907
(1993).36
Además,
el
propósito
de
una
intromisión
a
la
intimidad en tales circunstancias excepcionales debe estar
estrechamente
que
invoca
el
relacionado
agente
del
con
la
orden
sospecha
público
individualizada
para
llevarla
a
cabo.37
36
Véanse además, Arizona v. Johnson, 129 S.Ct. 781 (2009);
City of Indianapolis v. Edmond, 531 U.S. 32 (2000); National
Treasury Employees Union v. Von Raab, 489 U.S. 656 (1989);
Skinner v. Railway Labor Executives' Assn., 489 U.S. 602
(1989); J. Álvarez González, Análisis del término 1998-99:
Derecho constitucional, 69 Rev. Jur. U.P.R. 419, 423430 (2000).
37
En ese sentido, conviene señalar que en City of
Indianapolis v. Edmond, supra, el Tribunal Supremo Federal
invalidó unos bloqueos en las carreteras dado que el
propósito de los mismos era encontrar drogas mediante el
examen de olfato canino en los vehículos detenidos. El
Tribunal reiteró la normativa de que un registro es
ordinariamente irrazonable en ausencia de una sospecha
individualizada. Además, afirmó que los registros sin
sospecha individualizada sólo son permisibles cuando existe
una necesidad especial más allá de la noción generalizada de
la lucha contra el crimen.
CC-2005-632
16
De conformidad con lo anterior, somos del criterio que
al existir una sospecha individualizada y razonable de que
un
individuo
esconde
contrabando
en
su
equipaje,
no
es
necesario que los agentes del orden público obtengan una
orden
judicial
previa
para
realizar
un
examen
de
olfato
canino en un área en donde éstos ya tienen derecho a estar.
En esos casos pueden concurrir las circunstancias especiales
de necesidad del Estado que justifiquen la utilización de
dicha técnica investigativa, la cual generalmente constituye
una
práctica policiaca menos intrusiva que otros registros
y allanamientos. Véase W.R. LaFave, supra, pág. 540.
En el presente caso, entendemos que dicho estándar debe
ser
aplicable
tanto
al
examen
de
olfato
canino
como
al
registro posterior del equipaje en su fondo. Se desprende
del expediente y de la Opinión del Tribunal que el agente
Rosado Cintrón había corroborado varias confidencias con su
propia
observación
en
el
transcurso
de
una
extensa
investigación criminal que apuntaban razonablemente a que
los
acusados
contrabando
de
estaban
drogas
involucrados
entre
los
en
el
municipios
trasiego
de
Culebra
y
y
Fajardo. Dado que transcurrieron pocos minutos desde que se
recibió la confidencia que posicionó a los acusados en el
aeropuerto y los sucesos que culminaron en el registro, es
evidente
que
el
agente
no
tuvo
tiempo
suficiente
para
obtener una orden judicial antes de llegar al aeropuerto.38
38
A modo ilustrativo, nótese que en el presente caso también
concurrieron varias de las circunstancias requeridas para
establecer los motivos fundados necesarios y realizar un
arresto bajo la Regla 11 de Procedimiento Criminal a base de
la confiabilidad de una confidencia. La confidencia condujo
CC-2005-632
En
17
atención
existencia
a
estas
de
la
circunstancias
mencionada
excepcionales,
sospecha
la
razonable
individualizada en el caso de autos justificó el uso del
examen de olfato canino sin la necesidad de que mediara una
orden
judicial
previa.
De
hecho,
y
a
pesar
pronunciamientos
innecesarios
y
naturaleza
esta
investigativa,
de
táctica
contradictorios
la
de
sus
sobre
la
sección
dispositiva de la Opinión del Tribunal coincide claramente
con este criterio. En particular, la mayoría expresa con
toda razón que “las circunstancias particulares de necesidad
especial
fueron
ejemplificadas
en
la
sospecha
individualizada razonable que anterior al examen del olfato
canino poseían los agentes del orden público y que una vez
se culminó el examen quedó corroborada”. Op. del Tribunal,
pág.
40.
(Énfasis
nuestro).
Además,
la
Opinión
sostiene
precisamente que “la intervención del equipaje fue razonable
al
estar
directamente
individualizada
narcóticos”.
En
...
de
relacionada
que
el
a
la
contenido
previa
del
sospecha
mismo
tenía
Íd., págs. 41-42. (Énfasis nuestro).
esencia,
coincidimos
con
la
lógica
de
ese
razonamiento dado que la utilización per se del examen de
olfato canino en el presente caso constituyó un registro
basado en una sospecha individualizada previa. El Ministerio
Público logró rebatir la presunción de la irrazonabilidad
hacia los acusados en términos de lugar y tiempo, fue
corroborada por observaciones del propio agente, y la
corroboración se relacionaba con actos delictivos cometidos
y en proceso de cometerse. Véanse Pueblo v. Díaz Díaz, 106
D.P.R. 348 (1977); Pueblo v. Acevedo Escobar, supra.
CC-2005-632
18
del registro en la vista de supresión de evidencia, pues el
testimonio
del
agente
Rosado
Cintrón
demostró
que
el
propósito del examen de olfato canino en este caso se limitó
a corroborar la mencionada confidencia. Además, tampoco se
trató de una detención irrazonable en contravención a la
factura mínima establecida en Terry v. Ohio, 392 U.S. 1
(1968), pues toda la intervención en controversia ocurrió
brevemente y medió la sospecha individualizada análoga a la
Regla
11
de
Procedimiento
Criminal,
supra,
que
requiere
nuestro ordenamiento constitucional.
Por otro lado, y como acertadamente reconoce la Opinión
del Tribunal al discutir la doctrina de necesidad especial,
debemos recordar que el hecho de que el can haya marcado
positivo
no
es
de
por
sí
suficiente
ni
justifica
automáticamente el registro en su fondo del equipaje sin
orden judicial previa, o sin que concurra alguna de las
demás
excepciones
al
registro
sin
orden.
Véanse
Op.
del
Tribunal, págs. 36-37; Arkansas v. Sanders, supra; United
States v. Chadwick, supra. En el supuesto de que concurran
tales
requisitos
y
las
exigencias
de
las
circunstancias
particulares del caso justifiquen tal proceder, se podría
prescindir
del
requisito
de
orden
judicial
previa
para
realizar el registro en su fondo del equipaje en el cual se
detectaron
sustancias
controladas
mediante
un
examen
de
olfato canino.39
39
Específicamente, un registro de esa naturaleza se
justifica de manera excepcional: (1) si a la luz de la
totalidad de las circunstancias del caso existen motivos
fundados suficientes para creer que el equipaje contiene
material delictivo; y (2) si las exigencias de las
CC-2005-632
En
19
otras
palabras,
aunque
-mediante
un
dictum
innecesario y confuso- la mayoría sugiere en su discusión
anterior a la parte dispositiva del caso que en nuestra
jurisdicción existe una amplia autoridad legal para realizar
un examen de olfato canino en ciertas circunstancias sin
sujeción a un estándar constitucional, de la misma Opinión
se
desprende
judicial
que
para
para
prescindir
registrar
Ministerio
Público
existencia
de
una
del
requisito
de
orden
equipaje
en
su
fondo
el
debe
establecer,
de
entrada,
la
sospecha
razonable
individualizada
que
el
constituya la causa probable requerida por el ordenamiento
penal más allá de comprobar que el perro marcó positivo.
En este caso, estamos de acuerdo con la Opinión del
Tribunal
en
tanto
concluye
que
la
reacción
del
can
al
“marcar positivo” tras olfatear los bultos arrojados en el
suelo configuró finalmente los motivos fundados necesarios
para que se realizara el registro en su fondo del mencionado
equipaje sin orden judicial previa. En virtud de un segundo
balance de intereses, entendemos que esa etapa del registro
en
controversia
–la
cual
comenzó
cuando
se
abrió
el
equipaje- se justificó luego de que el examen de olfato
canino corroborara las mencionadas confidencias. Es decir,
las exigencias de las circunstancias particulares de este
caso y la existencia de causa probable de que el equipaje
registrado contenía sustancias controladas permitieron que
circunstancias particulares del caso ameritan tal proceder.
Véanse, en ese contexto particular, United States v.
Sokolow, 490 U.S. 1 (1989); United States v. Ross, 456 U.S.
798 (1982).
CC-2005-632
se
20
prescindiera,
como
cuestión
práctica,
de
una
orden
judicial en el supuesto de autos. Véase Pueblo v. Acevedo
Escobar, supra.
En fin, en esta etapa entendemos que el examen de olfato
canino y el registro del equipaje en el caso de autos fueron
razonables
porque
el
alcance
de
la
intromisión
a
la
intimidad que permitieron dichas tácticas se circunscribía
específicamente a corroborar la causa probable basada en la
sospecha
individualizada
que
surgía
de
las
numerosas
confidencias que el agente Rosado Cintrón había recibido en
el
proceso
investigativo
drogas.40
contrabando
de
mayoría
tanto
en
relacionado
con
Por
tanto,
coincidimos
amparo
de
resuelve,
al
un
la
esquema
de
con
la
doctrina
de
necesidad especial y de sospecha individualizada razonable,
que procede revocar la sentencia recurrida del Tribunal de
Apelaciones
que
validó
la
supresión
de
evidencia
en
controversia.
IV.
Al aplicar dicha doctrina al presente caso, la mayoría
reconoce que la intervención en controversia constituyó un
registro,
e
implícitamente
sugiere
que
el
mero
acto
de
someter el equipaje al olfato canino de Pirata requirió la
Tales hechos guardan cierta analogía con los sucesos de
Pueblo v. Acevedo Escobar, supra, con la única excepción de
que en el caso de autos fue el examen de olfato canino, y no
la plena percepción de los agentes, el factor que finalmente
corroboró las confidencias que configuraron los motivos
fundados suficientes para realizar los arrestos y el
registro más profundo del equipaje. En ambos casos, los
agentes poseían las confidencias corroboradas que dieron
lugar
a
la
sospecha
razonable
individualizada
para
justificar la detención inicial de los acusados y la
detección subsiguiente de las sustancias controladas.
40
CC-2005-632
21
prevalencia de una sospecha individualizada. Así pues, la
contradicción fundamental que surge de la Parte IV de la
Opinión del Tribunal recae en su intento de dilucidar en qué
momento exactamente comenzó el registro.
Sin embargo, no hay duda de que a la luz de los hechos
de este caso y del análisis dispositivo que reseñamos en la
sección
previa,
cualquier
se
asunto
hacía
totalmente
ulterior
sobre
la
innecesario
discutir
naturaleza
de
esta
táctica investigativa. Sin embargo, en la discusión anterior
a la Parte V, la mayoría indica de modo tajante que debemos
circunscribir
el
análisis
gubernamental
estrictamente
sobre
a
lo
esta
intromisión
resuelto
por
la
jurisprudencia federal sobre el particular. Ello sin tomar
en
consideración
anunciada
que
sería
el
efecto
práctico
inherentemente
de
la
normativa
incompatible
con
el
desarrollo del derecho de intimidad y la protección contra
registros
y
allanamientos
irrazonables
en
nuestro
ordenamiento constitucional.
En específico, la mayoría sugiere que nos debemos ceñir
a la factura mínima federal despuntada por un dictum en
Place
v.
United
jurisprudencia
States,
posterior
del
462
U.S.
Tribunal
696
(1983)
Supremo
de
y
la
Estados
Unidos relacionada a este asunto. De esa forma, la mayoría
“incorpora” a nuestra jurisdicción el precepto de que el
examen
de
olfato
canino,
al
tratarse
de
una
técnica
investigativa sui géneris, no es un registro a la luz de la
CC-2005-632
22
Cuarta Enmienda de la Constitución Federal.41 En fin, la
Opinión
del
Tribunal
en
el
presente
caso
elabora
el
raciocinio de que como dicha táctica investigativa no se
considera un registro en el ámbito federal, tampoco lo debe
ser al amparo del Artículo II, Sección 10 de la Constitución
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Nos sorprende el salto lógico de esa conclusión, pues
además de ser innecesario para resolver el caso ante nos,
pasa
por
alto
protección
que
más
Constitución
de
nuestra
amplia
al
Estados
Carta
de
derecho
Unidos.
Derechos
de
En
provee
intimidad
efecto,
el
que
una
la
Tribunal
ignora la norma histórica de que el derecho constitucional
federal
supremos
reconoce
un
estatales
respectivas
gran
margen
para
que
interpreten
las
garantías
de
mayor
amplitud
y
constituciones
con
los
tribunales
sus
a
la
vanguardia de los preceptos enunciados en algunos de los
dictámenes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esa
es la virtud del federalismo estadounidense tan preciado por
sus ciudadanos. Véase Blassini Cabassa v. DRNA, res. el 7 de
agosto de 2009, 2009 TSPR ___ .42
41
Del mismo modo, y a pesar de que no guarda relación
alguna con este caso, la mayoría cita con beneplácito la
Opinión del máximo foro federal en Illinois v. Caballes, 543
U.S. 405 (2005), mediante la cual se resolvió que someter el
exterior del vehículo al olfato canino luego de una
detención vehicular rutinaria no viola la Cuarta Enmienda.
42
Véanse, además, Rullán v. Fas Alzamora, 166 D.P.R. 742,
771 (2006); Pacheco Pietri v. E.L.A., supra; López Vives v.
Policía de P.R., 118 D.P.R. 219, 226 (1987); Pueblo v.
Rivera Colón, supra; Pueblo v. Dolce, supra; E. L. Chiesa,
Los derechos de los acusados y la factura más ancha, 65 Rev.
Jur. U.P.R. 83 (1996).
CC-2005-632
23
De
hecho,
adoptada
por
la
el
filosofía
Tribunal
de
reduccionismo
mediante
dictum
judicial
no
toma
en
consideración la tradición histórica del federalismo y la
interacción dinámica entre el constitucionalismo federal y
estatal, la cual ha permitido que la democracia en Estados
Unidos sobreviva y prospere por más de dos siglos. En muchas
ocasiones,
el
constitucional
derecho
de
estatal
vanguardia
ha
que
pautado
la
posteriormente
visión
acoge
el
Tribunal Supremo de Estados Unidos en un futuro, como parte
del “common law” federal. Véase W.J. Brennan, Some Judicial
Aspects of Federalism, 52 Rev. Jur. UPR 1, 7-9 (1983).43
En lo pertinente al presente caso, la Cuarta Enmienda de
la Constitución Federal, según interpretada por el Tribunal
Supremo de Estados Unidos, constituye tan solo la protección
mínima
que
Puerto
Rico
y
los
estados
están
obligados
a
reconocer en lo referente a la garantía contra registros y
allanamientos irrazonables. En contraste a la Constitución
Federal, nuestra Carta de Derechos protege expresamente la
honra, la reputación y la vida privada de las personas. Art.
II, Sec. 8, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Así, hemos
reiterado que “[e]l efecto conjunto de esta cláusula y la
garantía
constitucional
contra
registros
y
allanamientos
irrazonables ha sido establecer el derecho a la intimidad
43
Por ejemplo, en Cruzan v. Director, 497 U.S. 261 (1990),
el Tribunal Supremo de Estados Unidos acogió la normativa
del máximo foro estatal de New Jersey en In re Quinlan, 70
N.J. 10, 355 A.2d 647 (1976), sobre el derecho a rechazar
tratamiento médico. Por otro lado, en Kennedy v. Louisiana,
128 S.Ct. 2641 (2008), el Tribunal Supremo Federal aplicó el
escrutinio del “consenso nacional” del derecho estatal para
declarar inconstitucional la pena de muerte en ciertas
instancias.
CC-2005-632
como
24
uno
de
los
de
más
alta
jerarquía
en
nuestro
ordenamiento”. Pueblo v. Bonilla, supra; Arroyo v. Rattan
Specialties, 117 D.P.R. 35, 64 (1986).44
Reconocemos que la factura más ancha de nuestra Carta de
Derechos no se debe invocar livianamente. Sin embargo, y
contrario
a
lo
que
sugiere
la
Opinión
mayoritaria,
este
Tribunal tiene el deber de utilizar una visión abarcadora y
protectora
al
definir
los
contornos
de
los
derechos
constitucionales de cada individuo, particularmente en lo
que respecta a la intimidad y los registros y allanamientos
irrazonables. Esta realidad exige que atendamos con tesón
cualquier
supuesto
intimidad
o
los
en
que
derechos
una
expectativa
humanos
de
la
razonable
de
ciudadanía
se
encuentren bajo amenaza.45
V.
Aclarado lo anterior, no tenemos duda de que lo resuelto
por el Tribunal Supremo Federal en Illinois v. Caballes,
supra, y Place v. United States, supra, en cuanto al examen
de
olfato
canino,
no
es
compatible
con
la
primacía
que
históricamente se le ha reconocido al derecho de intimidad
44
La Comisión sobre la Carta de Derechos de la Convención
Constituyente enfatizó la importancia y amplitud de dicha
disposición constitucional, al señalar que:
Se trata de la inviolabilidad personal en su forma
más completa y amplia. El honor y la intimidad son
valores del individuo que merecen protección cabal
[..]
contra
injerencias
abusivas
de
las
autoridades. 4 Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente, pág. 2566. (Énfasis nuestro).
45
Véanse, por ejemplo, RDT Construction v. Colón Carlo II,
141 D.P.R. 861 (1996); P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R.
328 (1983).
CC-2005-632
en
25
nuestro
Opinión
ordenamiento
del
decisiones
Tribunal
de
al
tribunales
constitucional.
citar
con
estatales
Como
indica
aprobación
y
la
varias
federales,
esta
jurisprudencia federal ha permitido validar “el examen de
olfato
canino
equipajes
de
manera
en
los
como
indiscriminada
automóviles”,
a
tanto
en
los
pesar
de
la
expectativa razonable de intimidad que un individuo pueda
ostentar sobre tales objetos. Op. del Tribunal, pág. 19.
(Énfasis nuestro).
En atención a lo anterior, varios de los tratadistas más
eruditos del derecho procesal penal en Estados Unidos han
sido
contundentes
alcance
de
esta
al
expresar
jurisprudencia
su
preocupación
federal.
Por
sobre
el
ejemplo,
el
distinguido profesor LaFave ha caracterizado la decisión de
Caballes
como
un
“oversimplified
and
underprotective
no-
search-ergo-no-scope violation rule”. LaFave, supra, § 9.3
(f),
4ta ed., 2008-09 Pocket Part, pág. 73. Además, este
tratadista ha criticado continuamente el “cheque en blanco”
que concede la amplia normativa de Place, particularmente
porque se ha probado que estos perros entrenados no son
infalibles,
lo
que
significa
que
su
uso
podría
resultar
potencialmente en intromisiones indebidas con la intimidad
de personas inocentes. Íd., § 2.2(g), págs. 532-33.46
46
Es por ello que el ex Juez Asociado del Tribunal Supremo
Federal David Souter expresó en su disenso de Caballes que
[o]nce
the
dog’s
fallibity
is
recognized,
however, that ends the justification claimed in
Place for treating the sniff as sui generis under
the Fourth Amendment: the sniff alert does not
necessarily signal hidden contraband, and opening
the container or enclosed space whose emanations
CC-2005-632
26
Sin embargo, el raciocinio reduccionista de la mayoría
parte de la premisa inarticulada -y desacreditada- de que el
derecho de intimidad no está en juego en estos casos porque
el
examen
de
olfato
canino
se
dirige
únicamente
a
identificar si el equipaje de una persona contiene o no
contrabando;
y
expectativa
de
sustancias
ilegales.
realidad
ciencia
es
y
que
ciudadano
intimidad
que
la
un
ese
alguna
Como
sobre
mencionamos
fundamento
evidencia
no
ignora
estadística
puede
el
albergar
contrabando
de
anteriormente,
la
por
completo
disponible
sobre
la
los
exámenes de olfato canino, la cual apunta a que esta táctica
investigativa dista de ser perfecta y su utilización tiende
a
resultar
en
“positivos
falsos”
en
muchas
ocasiones.
LaFave, supra, § 2.2(g), págs. 532-33.
En específico, se ha demostrado empíricamente que las
unidades caninas no gozan de certeza ni precisión perfecta
en su olfato al detectar sustancias controladas, y que cada
perro
posee
un
historial
de
capacidad
y
habilidad
diferente.47 Ciertamente, las inexactitudes latentes en los
the dog has sensed will not necessarily reveal
contraband or any other evidence of crime.
Illinois v. Caballes, supra, (Op. dis. J.
Souter).
Véanse además, I. Bennett Capers, Policing, Race and Place,
44 Harv. C.R.-C.L. L. Rev. 43, 64 (2009); C.J. Hunt, Calling
in the Dogs: Suspicionless Sniff Searches and Reasonable
Expectations of Privacy, 56 Case W. Res. 285 (2005).
47
Véanse, por ejemplo, United States v. Kennedy, 131 F.3d
1371, 1378 (10mo Cir. 1997); United States v. Scarborough,
128 F.3d 1373, 1378, n.3 (10mo Cir. 1997); United States v.
Limares, 269 F.3d 794, 797 (7mo Cir. 2001); Laime v. State,
347 Ark. 142, 159, 60 S. W. 3d 464, 476 (2001); United
States v. $242,484.00, 351 F.3d 499, 511 (11mo. Cir. 2003);
R. v. Kang-Brown, 2008 SCC 18; R. v. A.M., 2008 SCC 19.
CC-2005-632
exámenes
27
de
olfato
canino
para
detectar
sustancias
controladas pueden resultar en una intromisión indebida a la
intimidad de los ciudadanos, particularmente cuando el perro
provee positivos falsos en un porciento desmedido de sus
intervenciones. Véanse LaFave, supra, §§ 2.2(e), 2.2(g), 9.3
(f); R.E. Myers II, Detector dogs and probable cause, 14
Geo. Mason L. Rev. 1 (2006).
Por ejemplo, en Doe v. Ranfrow, 475 F. Supp. 1012 (N.D.
Ind.
1979),
modificado
631
F.2d
91
(7mo
Cir.
1980),
un
examen de olfato canino realizado en una escuela “alertó” a
la policía sobre la presencia de sustancias ilegales en el
cuerpo de una niña de 13 años. Luego de que la niña se
vaciara
los
bolsillos,
el
perro
continuó
“marcando
positivo”. En vista de ello, dos agentes del orden público
la sujetaron a un registro al desnudo que no reveló la
presencia de drogas. Eventualmente se demostró que el perro
marcó positivo porque la niña había estado jugando con su
perra, la cual se encontraba en celo.48
Del mismo modo, en United States v. $ 639,558.00 in
United States Currency, 955 F.2d 712 (D.C. Cir. 1992), un
examen
de
olfato
canino
marcó
positivo
a
cocaína
en
la
maleta de un pasajero, pero no se encontró ninguna sustancia
Véase, además, K. Garner et al., Duty Cycle of the Detector
Dog: A Baseline Study 12 (Apr. 2001).
48
Además, en ese caso varios exámenes de olfato canino
realizados en la escuela “alertaron” a la policía sobre la
presencia de drogas en el cuerpo de otros 50 jóvenes. Sin
embargo, sólo 15 resultaron tener sustancias controladas
consigo, por lo que los 35 restantes fueron “positivos
falsos”. Doe. v. Ranfrow, supra.
CC-2005-632
28
controlada en la misma. Posteriormente se concluyó que el
perro marcó positivo porque en el dinero en efectivo del
pasajero había rastros diminutos de cocaína. En vista de
ello, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el
Circuito de D.C. indicó que del 75 al 97 porciento del
dinero
en
efectivo
en
circulación
contiene
suficiente
remanente de cocaína para alertar a un perro entrenado. Íd.49
Tales
incidentes
relacionados
a
la
imperfección
del
examen de olfato canino ejemplifican que su uso tiene el
potencial
de
irrazonables
exponer
y
a
todo
humillantes
ciudadano
respecto
a
a
su
intromisiones
intimidad.
Por
tanto, no nos podemos unir al criterio mayoritario que avala
innecesariamente la utilización indiscriminada y sin control
constitucional
alguno
de
estos
canes
para
detectar
sustancias controladas.
Más aún, la utilización de estos perros en la proximidad
inmediata de las personas tiene un carácter intimidante, por
lo
que
es
incuestionable
que
su
uso
tiene
un
efecto
intrusivo que podría ser hasta degradante para cualquier
individuo. Por ello, el profesor LaFave también ha afirmado
que su utilización puede ser ofensiva para algunos, y hasta
“reminiscent
of
the
ugliest
types
of
scenes
that
have
occurred in police states.” LaFave, supra, § 9.3 (f), pág.
81.50
49
De hecho, un estudio reciente de la Sociedad Química
Americana reveló que el 90% de los billetes de Estados
Unidos contiene rastros de cocaína. “Dinero con cocaína”, El
Nuevo Día, 17 de agosto de 2009, pág. 34.
50
En Place, la mayoría del Tribunal Supremo Federal enfatizó
que el examen de olfato canino en ese caso no conllevó
CC-2005-632
29
No hay duda, pues, de que la intromisión a la intimidad
que
permite
la
normativa
establecida
por
estos
casos
en
virtud de la Cuarta Enmienda se excede de las exigencias
mínimas
de
ese
derecho
al
amparo
de
nuestra
Carta
de
Derechos. Al permitir el uso indiscriminado del examen de
olfato
canino
–sobre
el
intimidad-,
para
cual
se
detectar
contrabando
en
el
equipaje
existe
una
expectativa
razonable
permitiría
la
intervención
con
de
cualquier
ciudadano sin justificación previa, con el único propósito
de
sentar
las
bases
para
un
minucioso
sin
orden
judicial
arresto
o
y
sospecha
sin
un
registro
más
razonable
individualizada.
Evidentemente, tal actuación del Estado tiene todas las
características de un registro, por lo que clasificarla de
otra forma opera en clara contravención a un sinnúmero de
precedentes
de
este
Tribunal
mediante
los
cuales
hemos
ampliado el derecho de intimidad de los puertorriqueños a
pesar de que la factura mínima federal permitiría otro curso
de acción. Véanse, por ejemplo, Pueblo v. Bonilla, supra;
Pueblo v. Malavé, supra; Pueblo v. Dolce, supra. Al amparo
de
tales
casos,
en
nuestra
jurisdicción
se
considera
irrazonable el registro incidental a un arresto del interior
ningún tipo de humillación o vergüenza porque no se hizo en
un espacio público. Es decir, el grado de intrusión a la
expectativa de intimidad al utilizar un examen de olfato
canino, y su clasificación como registro per se, depende de
las circunstancias particulares de cada caso. Sin embargo, y
como bien ilustra la Opinión del Tribunal, esta factura
mínima federal se ha interpretado para permitir, a modo de
excepción, un sinnúmero de intervenciones policiacas sin
orden judicial que de otra forma estarían reñidas con la
Constitución.
CC-2005-632
30
de un vehículo o de una persona, salvo que se haga de manera
superficial para hallar armas que pudieran ser alcanzadas
por el arrestado o para ocupar evidencia que de otra manera
podría desaparecer. Por tanto, mucho más irrazonable sería
establecer los motivos fundados para un arresto o registro
sin orden a base de un examen de olfato canino realizado de
manera arbitraria, el cual se podría llevar a cabo bajo esa
premisa contra cualquier peatón en un parque o en una calle
pública
sin
probar
sospecha
individualizada
o
sin
justificación previa alguna.
A la luz de la factura más ancha que emana de nuestra
Constitución, resulta inevitable concluir que el examen de
olfato
canino
es
un
registro
per
se
en
el
sentido
constitucional, que es exactamente lo que sugiere la parte
dispositiva de la Opinión del Tribunal al atender los hechos
de este caso. Por ello, no avalamos la posición asumida
mediante dictum de que la utilización de esa herramienta
investigativa sobre los efectos personales de un individuo
no está sujeta a ninguna de las garantías constitucionales
en protección del derecho de intimidad, precisamente porque
dicha
táctica
indiscriminadas
expone
y
a
todo
arbitrarias
ciudadano
que
podrían
a
intromisiones
dar
base
a
un
registro más profundo o hasta al arresto del individuo sin
que medie una orden judicial previa.
Claro está, la mayoría hace la salvedad de que para
detener a una persona con el propósito de someterla a un
examen de olfato canino sí hace falta probar una sospecha
individualizada
de
que
su
equipaje
contiene
sustancias
CC-2005-632
controladas.
31
Dicha
conclusión
es
forzosa,
pues
de
lo
contrario se violaría la factura mínima federal sobre el
particular establecida en Terry v. Ohio, supra.51
De igual forma, la Opinión infiere que se resguarda el
derecho de intimidad en nuestro ordenamiento jurídico al
ceñir la normativa de Place al contexto del equipaje. Ante
esa aclaración, la mayoría explica que lo resuelto en este
caso no se extiende hacia una persona, un grupo de personas,
o cuando dicho examen pueda ser objeto de vergüenza o cause
algún
inconveniente
en
el
contexto
de
una
investigación
particular. Por último, también indica que hace falta una
sospecha
individualizada
razonable
más
allá
de
la
marca
positiva del can para justificar el registro del equipaje en
su fondo. Véase Op. del Tribunal, págs. 21, 36-7.
Aun así, lo cierto es que la norma anunciada por el
Tribunal en el día de hoy tendría el efecto cascada de
exponer a cualquier peatón que no esté en movimiento en un
área pública a que sus efectos personales sean olfateados
por un perro grande e intimidante, cuya reacción –la cual se
ha probado que puede ser científicamente imperfecta- podría
acarrear consecuencias penales. A pesar de las salvaguardas
anunciadas por la mayoría, el alcance de la normativa
51
Adviértase, además, que en Place se resolvió que es
irrazonable
una
detención
extensa
del
equipaje
para
someterlo a dicha prueba en virtud de Terry, por lo que
todos
sus
pronunciamientos
sobre
el
olfato
canino
constituyeron dicta. El máximo foro federal aclaró que la
detención sería razonable sólo si es breve y si existe
sospecha razonable de que el pasajero lleva sustancias
controladas en el equipaje detenido. Véanse las Opiniones
Concurrentes del Juez Brennan y del Juez Blackmun, United
States v. Place, supra.
CC-2005-632
32
avalada fomenta que los ciudadanos le teman y hasta le huyan
a la policía para evitar un malentendido desagradable en un
pasadía en el parque, en la playa, o en la plaza pública.
Como
imperativo
democrático
en
protección
de
la
intimidad y los derechos civiles de nuestros ciudadanos, no
debemos concederle un cheque en blanco al Estado para que se
realicen estas intromisiones al azar y sin justificación
previa
alguna.
Lamentablemente,
el
razonamiento
autómata
esbozado por la mayoría en el día de hoy para clasificar el
examen de olfato canino como un “no registro” sienta las
bases
para
justificar
totalitarias
ajenas
a
en
el
los
futuro
otras
principios
intervenciones
fundamentales
que
emanan de nuestra Carta de Derechos.
Por otro lado, y aun bajo la óptica de que el examen de
olfato canino constituye un registro, consideramos que su
uso puede ser razonable y justificable en las circunstancias
apropiadas, sin lacerar las garantías constitucionales de
los
individuos.
presente
caso
De
hecho,
entendemos
como
que
hemos
el
uso
señalado,
en
de
táctica
esta
el
investigativa sin orden judicial previa fue razonable, pues
se articuló una sospecha individualizada de conformidad con
nuestra Carta de Derechos.
En armonía con nuestro criterio, múltiples tribunales
estatales han reconocido con posterioridad a Place que el
examen de olfato canino constituye un registro en virtud de
sus
propias
constituciones.
En
esencia,
un
número
significativo de los máximos foros estatales ha rechazado el
uso
indiscriminado
del
examen
de
olfato
canino
y
ha
CC-2005-632
33
requerido que para validar el mismo se pruebe, al menos, una
sospecha razonable individualizada de que la persona está
involucrada
en
la
comisión
de
un
delito
relacionado
al
contrabando de sustancias controladas. Veamos.
VI.
En Commonwealth v. Johnston, 530 A.2d 74 (Penn. 1987),
el Tribunal Supremo de Pennsylvania resolvió que
al amparo
de la disposición constitucional de ese estado referente a
la protección contra registros y allanamientos irrazonables,
el examen de olfato canino es un registro en el sentido
constitucional. Sin embargo, concluyó que la utilización de
los perros en ese caso fue razonable porque se articuló una
sospecha individualizada previa y porque la Policía probó
que tenía derecho a estar en el lugar donde se realizó el
registro.52 El tribunal explicó que para justificar este tipo
de intromisión gubernamental sin orden judicial previa, se
debe
cumplir
sospecha
con
un
escrutinio
individualizada
razonable
dual
y
de
de
articular
probar
que
una
los
agentes del orden público se encontraban legalmente en el
lugar donde se realizó el registro.53
Por otro lado, en State v. Pellicci, 580 A.2d 710 (N.H.
1990), el Tribunal Supremo de New Hampshire llegó a una
52
Para llegar a dicha conclusión, el Tribunal Supremo de ese
estado adoptó la posición del Juez Brennan en la Opinión
Concurrente de Place en cuanto a que el uso indiscriminado
de los perros permitiría lo que incluso Terry v. Ohio,
supra, no permite: el registro y allanamiento de propiedad
al azar y sin sospecha individualizada alguna.
53
Al adoptar este estándar, el Tribunal Supremo de
Pennsylvania explicó lo siguiente: “it is our view that a
free society will not remain free if police may use this, or
any other crime detection device, at random and without
reason”. Commonwealth v. Johnston, supra.
CC-2005-632
34
conclusión similar, por lo que validó la utilización de un
examen de olfato canino para registrar el vehículo de un
acusado en virtud de que existía sospecha razonable de que
éste transportaba sustancias controladas. Al concluir que el
referido examen es un registro que se puede efectuar sin
orden judicial previa en determinadas circunstancias, dicho
foro estatal aludió expresamente a la factura más ancha que
imperaba en virtud de la Constitución de ese estado. Además,
dado
que
el
examen
del
olfato
canino
se
prestaba
para
detectar lo que los agentes del orden público no podrían
percibir con sus propios sentidos, concluyó que la adopción
del
estándar
de
sospecha
razonable
era
un
Dunn,
N.E.2d
imperativo
constitucional. Íd.54
Asimismo,
1990),
el
en
People
v.
máximo
foro
judicial
564
del
estado
1054
de
(N.Y.
New
York
resolvió que aunque el examen de olfato canino no es un
registro al amparo de la Cuarta Enmienda de la Constitución
Federal,
sí
lo
es
bajo
la
disposición
análoga
de
la
Constitución de ese estado. Al rechazar la adopción de la
normativa
estatal,
de
el
Place
tribunal
en
el
concluyó
ordenamiento
que
el
constitucional
hecho
de
que
un
procedimiento investigativo pueda revelar evidencia de algún
54
La Opinión del Tribunal hace referencia a Doran v.
Contoocook Valley Sch. Dist., 2009 D.N.H. 32 (2009) (no
publicada). En dicha sentencia, la corte federal para el
distrito de New Hampshire resolvió sencillamente que la
utilización del examen de olfato canino en una escuela no
constituye un registro bajo la Cuarta Enmienda y la
jurisprudencia
federal
correspondiente.
La
mayoría
no
menciona, sin embargo, que la corte de distrito devolvió el
caso al tribunal estatal para que se dilucidara la causa de
acción bajo el derecho constitucional del estado de New
Hampshire.
CC-2005-632
material
35
delictivo
es
irrelevante
al
determinar
qué
constituye un registro. Por el contrario, sostuvo que el
análisis
se
debe
enfocar
en
si
ha
ocurrido
alguna
intromisión con alguna expectativa razonable de intimidad
del
individuo.
Una
vez
se
parte
de
esta
premisa,
es
inevitable concluir que el examen de olfato canino es un
registro
en
el
sentido
constitucional.
Dicha
técnica
investigativa permite a la policía obtener información sobre
el contenido escondido en un lugar u objeto que goza de una
expectativa razonable de intimidad por su relación con un
individuo.
Al igual que las decisiones estatales antes reseñadas,
el máximo foro de New York adoptó el estándar de sospecha
razonable
individualizada.
Según
explicó
ese
tribunal,
resolver lo contrario resultaría en aumentar el riesgo de
que los agentes del orden público tengan la vía libre para
correr con sus perros e intervenir de manera indiscriminada
con los transeúntes y cualquier ciudadano en búsqueda de
sustancias
Orwellian
controladas.
notion
would
Constitution”,
pues
discreción
de
los
registros
y
Para
dicho
be
repugnant
ésta
agentes
allanamientos.
protege
del
Íd.,
foro,
“[s]uch
under
contra
our
el
State
abuso
orden
público
al
pág.
1058.
A
an
de
realizar
esa
misma
conclusión han llegado las cortes supremas de muchos estados
como
-por
ejemplo-
Minnesota,
Colorado,
Connecticut
y
Alaska. Véanse, a modo comparativo, State v. Carter, 697
N.W. 2d 199 (Minn. 2005); People v. Haley, 41 P.3d 666
CC-2005-632
36
(Colo. 2001);55 State v. Waz, 692 A.2d 1217(Conn. 1997);
McGahan v. State, 807 P.2d 506, 510 (Alaska Ct. App. 1991).
Aunque es cierto que en estados como Idaho y Montana las
cortes
se
han
limitado
a
establecida
en
Place,56
somos
jurisprudencia
acoger
constitucional
la
del
de
factura
criterio
estados
como
mínima
que
New
la
York,
Pennsylvania, Connecticut, New Hampshire y Minnesota, con
una visión más abarcadora y vanguardista en cuanto a la
protección
del
derecho
de
intimidad
y
las
garantías
constitucionales contra registros irrazonables, es mucho más
contundente
y
persuasiva
en
el
contexto
de
nuestra
jurisdicción. Al concluir que el examen de olfato canino es
un
registro
sujeto
individualizada,
al
criterio
dicha
de
sospecha
jurisprudencia
es
razonable
de
mayor
consonancia con el desarrollo de los derechos individuales
al amparo de nuestra Carta de Derechos y nuestra propia
jurisprudencia
relativa
al
derecho
de
intimidad
y
la
protección contra registros irrazonables.
No
encontramos
razón
alguna
por
la
cual
debamos
considerar que nuestra propia Constitución, la cual reconoce
expresa
e
independientemente
el
derecho
a
la
intimidad,
confiera menos salvaguardas y garantías constitucionales que
55
Nótese que aunque en la Opinión del Tribunal se cita con
aprobación lo resuelto por el Tribunal Supremo de Colorado
en People v. Wieser, 796 P. 2d 982 (1990), ese mismo foro
adoptó precisamente el estándar de sospecha razonable
individualizada, por lo que ha resuelto en múltiples
ocasiones que la utilización del examen de olfato canino
constituye un registro bajo la Constitución de Colorado.
People v. Haley, supra; People v. Boylan, 854 P.2d 807
(1993); People v. Unruh, 713 P.2d 370 (1986).
56
Véanse State v. Scheetz, 950 P.2d 722 (Mont. 1997); State
v. Martinez, 925 P.2d 1125 (Idaho 1996).
CC-2005-632
esos
37
estados
en
lo
que
respecta
a
la
utilización
indiscriminada, al azar y arbitraria del examen de olfato
canino. Una intrusión gubernamental de esta naturaleza sin
control
constitucional
excepciones
a
ordenamiento,
intromisiones
alguno
un
registro
sino
que
sin
no
sólo
orden
cimienta
gubernamentales
las
a
incumple
judicial
bases
la
con
las
en
nuestro
para
mayores
intimidad,
en
contravención a los derechos fundamentales y democráticos de
nuestros ciudadanos.
Por ende, y al igual que los foros estatales en las
decisiones antes reseñadas, entendemos que tanto el derecho
de
intimidad
como
la
protección
contra
registros
irrazonables en nuestra jurisdicción nos obligan a concluir
que la utilización del examen de olfato canino constituye un
registro en el sentido constitucional, sujeto al estándar de
sospecha
razonable
individualizada.
Este
estándar
es
precisamente el que acoge la parte dispositiva de la Opinión
del
Tribunal,
por
lo
que
no
comprendemos
ni
se
nos
ha
demostrado cómo la imposición de este criterio objetivo de
razonabilidad para regular la intromisión gubernamental que
conlleva el examen de olfato canino laceraría los intereses
del Estado en la lucha contra el crimen, según sugiere de
modo generalizado la Parte IV de la Opinión del Tribunal. De
hecho,
el
estándar
de
sospecha
individualizada
es
tan
pragmático que incluso exime a los agentes del orden público
del
requisito
de
orden
judicial
previa
para
realizar
el
registro. Lo único que dicho estándar le impone al Estado es
la obligación de que no utilice esta herramienta de manera
CC-2005-632
38
arbitraria e indiscriminada, como bien se podría hacer al
ceñirnos exclusivamente a la factura mínima federal.57
VII.
Por todo lo antes expuesto, somos del criterio -en esta
etapa procesal- que el registro realizado sin orden judicial
previa en el caso de autos fue razonable bajo el crisol de
la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Sin embargo, no podemos unirnos a la Opinión del Tribunal
dado que ésta no toma en consideración que el manejador del
can y el analista forense que preparó los Certificados de
Análisis
Químico
disponibles
para
Forense
ser
no
estuvieron
contrainterrogados
en
presentes
ni
la
de
vista
supresión de evidencia. Como consecuencia, la mayoría no
aclara que a pesar de que revocamos la supresión de la
evidencia
en
esta
etapa
de
los
procedimientos,
la
admisibilidad eventual y final de dicha prueba durante el
juicio está totalmente sujeta a los parámetros de la Sexta
Enmienda
57
de
la
Constitución
Federal,
según
interpretados
Por otro lado, en caso de un registro de fronteras o de un
examen de olfato canino dirigido a la detección de
explosivos imperan otras consideraciones. Por ejemplo, en
los supuestos en que exista un interés inmediato de
seguridad pública relacionado al tráfico aéreo, se puede
prescindir del requisito de orden judicial para realizar un
registro rutinario del equipaje en un aeropuerto sin
sospecha
individualizada
alguna.
Sin
embargo,
dicha
excepción no aplica cuando lo que se intenta promover es un
interés
generalizado
de
combatir
la
introducción
de
contrabando o de artículos sin pagar arbitrios. Ello sólo
lo podría realizar el gobierno federal en las fronteras
internacionales.
Véanse Torres v. Puerto Rico, 442 U.S.
465, 474-75 (1979); U.S. v. $124,570 U.S. Currency, 873 F.2d
1240 (9no Cir. 1989). Véase, además, a modo ilustrativo,
nuestra
Opinión
de
Conformidad
en
Pueblo
v.
Cedeño
Laclaustra, 157 D.P.R. 743 (2002).
CC-2005-632
39
recientemente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en
Meléndez-Díaz v. Massachusetts, supra.
En ese caso, el máximo foro federal resolvió que la
admisión de un certificado de análisis químico forense, por
tratarse de prueba inherentemente testimonial, estuvo reñida
con
el
derecho
de
confrontación
al
amparo
de
la
Sexta
Enmienda de la Constitución de Estados Unidos dado que el
Ministerio Público no presentó al perito que lo preparó como
testigo de cargo.58 Al hacer un análisis formalista de este
derecho fundamental, el Tribunal Supremo Federal pautó la
normativa de que el Ministerio Público tiene la obligación
de
presentar
como
testigo
al
perito
que
preparó
los
referidos certificados, y que éste debe estar disponible
para ser contrainterrogado por la defensa. Se trata de una
aplicación sencilla de Crawford v. Washington, 541 U.S. 36
(2004), en el cual se resolvió que las declaraciones de
índole testimonial ofrecidas en contra de un acusado son
inadmisibles
salvo
que
el
declarante
se
presente
en
el
juicio, o si no está disponible, que el acusado haya tenido
una oportunidad previa de contrainterrogarlo.
Así
pues,
constitucional
Meléndez-Díaz
para
admitir
requiere
el
finalmente
en
mismo
el
rigor
juicio
la
prueba científica presentada por el Ministerio Público, por
58
Dicha
cláusula
dispone
que
“[i]n
all
criminal
prosecutions, the accused shall enjoy the right … to be
confronted with the witnesses against him”. Const. EE.UU.
Enm. VI. Ese mismo derecho está consagrado en el Artículo
II, Sección
11 de nuestra Constitución, al disponer que
“[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará
del derecho … a carearse con los testigos de cargo …”. Art.
II, Sec. 11, Const. E.L.A., supra.
CC-2005-632
40
lo que los peritos que manejan la tecnología investigativa
utilizada
para
obtenerla
deben
estar
sujetos
a
ser
contrainterrogados, independientemente de la confiabilidad y
precisión técnica que éstos puedan ostentar. Como dice el
Juez Antonin Scalia en la referida Opinión, “we would reach
the same conclusion if all analysts always possessed the
scientific acumen of Mme. Curie and the veracity of Mother
Theresa”. Meléndez-Díaz v. Massachusetts, supra, pág. 2537,
n. 6.
Dado que la Opinión del Tribunal en este caso trata a
los
perros
como
un
instrumento
tecnológico
análogo
al
“Breathalyzer” o a un análisis químico de drogas, entendemos
que
como
condición
absoluta
a
la
determinación
de
admisibilidad que hace el Tribunal en el día de hoy, el
Ministerio
Público
tendrá
que
presentar
como
testigo
de
cargo al agente Marín, manejador del can que realizó el
examen
de
olfato
en
controversia.
El
derecho
de
confrontación de los acusados respecto al manejador del can
se torna más apremiante al tomar en consideración que estos
perros no son infalibles ni operan sin margen de error, lo
que en ciertas circunstancias podría arrojar dudas sobre la
razonabilidad de su utilización.
Por consiguiente, al devolver el caso, instruiríamos al
Tribunal de Primera Instancia que Díaz Medina y Bonano Pérez
tienen el derecho fundamental de confrontar al manejador y
contrainterrogarlo sobre la confiabilidad del historial de
precisión
de
la
unidad
canina
particular
que
realizó
el
examen de olfato en controversia. En otras palabras, en el
CC-2005-632
41
contexto de una intervención tecnológica de esta naturaleza,
el Ministerio Público debe presentar evidencia suficiente
del historial de entrenamiento y certeza de la unidad canina
que realizó el examen. Además, dado que las declaraciones
recogidas en los Certificados de Análisis Químico Forense
presentados
supresión
por
de
el
Ministerio
evidencia
Público
constituyen
en
la
prueba
vista
de
testimonial,
sujetaríamos su admisión final a que el perito que
los
preparó sea presentado como testigo de cargo en el juicio.
Por
juicio
tanto,
el
preparó
resolveríamos
manejador
los
del
que
de
no
ni
el
analista
can
certificados,
la
referida
testificar
en
el
forense
que
prueba
debe
ser
suprimida. Dichas condiciones son necesarias no sólo para
salvaguardar el derecho de confrontación de los acusados,
sino
para
probar
que
no
se
violentó
la
protección
constitucional contra registros y allanamientos irrazonables
que consagra nuestra Carta de Derechos.
A pesar de que en esta etapa el Tribunal resuelve que el
registro en controversia fue razonable, adviértase que a
través de todo el proceso penal el Estado tiene el peso de
probar la razonabilidad del registro y la confiabilidad del
examen
59
de
olfato
canino
en
controversia.59
Según
hemos
Ciertamente, el Ministerio Público logró rebatir la
presunción de irrazonabilidad del registro sin orden
judicial en la vista de supresión de evidencia. Nótese que
la vista de supresión al amparo de la Regla 234 de
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 234, no
equivale a un juicio en su fondo. Además, la utilización de
la referida herramienta procesal
en este caso se dirigió
principalmente “a asuntos de derecho que hay que dirimir
como paso previo a la admisibilidad de evidencia”. Pueblo v.
Blase Vázquez, 148 D.P.R. 618, 633 (1999); Pueblo v.
Martínez Torres II, 126 D.P.R. 561, 575 (1990); Pueblo v.
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42
resuelto anteriormente, la resolución negativa o positiva de
una moción de supresión no pone fin a la cuestión sobre la
admisibilidad
o
el
valor
probatorio
de
la
evidencia
impugnada. Véase Pueblo v. Hernández Flores, 113 D.P.R. 511
(1982).60 Como al devolver el caso el Tribunal no condiciona
la admisibilidad final de la evidencia en controversia al
rigor constitucional antes enunciado, disentimos.
Por último, discrepamos enérgicamente de la normativa
expresada por el Tribunal mediante dictum en cuanto a que la
utilización de un examen de olfato canino no es un registro
en
el
sentido
constitucional.
Hace
apenas
unos
días,
en
Blassini Cabassa v. D.R.N.A., supra, este Foro invalidó un
registro
realizado
sin
orden
judicial
en
una
propiedad
privada, precisamente al amparo de la amplitud del derecho
de intimidad que históricamente se ha reconocido en nuestro
ordenamiento
Tribunal
jurídico.
ahora
se
No
niega
comprendemos
a
reconocer
cómo
esa
este
misma
mismo
garantía
constitucional a un ciudadano frente a una unidad canina,
Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986). En específico,
atendimos en esta etapa la controversia de derecho sobre la
razonabilidad de utilizar un examen de olfato canino a la
luz de una sospecha individualizada previa de que el
equipaje de los acusados contenía sustancias controladas.
60
Al respecto, la profesora Resumil indica que al tratarse
de la resolución de una cuestión interlocutoria que incide
sobre derechos constitucionales, es permisible volver a
plantear la razonabilidad del registro “cuando nuevos hechos
o nueva luz sobre la credibilidad de los testigos de cargo u
otras materias que surjan en el juicio puedan arrojar dudas
sobre la resolución anterior”. O. Resumil, Práctica Jurídica
de Puerto Rico, Derecho Procesal Penal, Equity, 1990, pág.
323.
Véanse,
además,
E.
Chiesa,
Tratado
de
Derecho
Probatorio, Tomo II, Publicaciones JTS, págs. 1217-18; E.
Chiesa, Derecho Procesal Penal, supra, pág. 221.
CC-2005-632
43
exponiéndolo a una intromisión gubernamental humillante y
potencialmente
errónea
sin
necesidad
de
que
exista
una
sospecha individualizada previa. Parecería que un cazador de
tórtolas en una finca rural a campo abierto goza de mayor
protección constitucional contra intrusiones arbitrarias del
Estado que un individuo que reposa en la playa o en la plaza
pública. Véase Blassini Cabassa v. D.R.N.A., supra.
Como
se
precisamente
sabe,
en
los
nuestra
momentos
Constitución
en
que,
como
se
redactó
señala
Trías
Monge, “se sentían los primeros ramalazos del macartismo”.
J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Vol.
III,
Editorial
UPR,
1982,
pág.
192.
En
atención
a
esa
realidad fáctica, el derecho de intimidad está consagrado
expresamente en nuestra Constitución, no por mera voluntad o
capricho del Comité de Redacción, Estilo y Enrolado de la
Convención Constituyente, sino por el mandato democrático
del propio pueblo puertorriqueño.
Lamentablemente, la Opinión del Tribunal en el presente
caso representa un retroceso histórico en el desarrollo de
vanguardia del derecho de intimidad en nuestra jurisdicción,
pues invoca un raciocinio que nos recuerda las distopías
ficticias de George Orwell y la represión policiaca de los
regímenes totalitarios de la historia moderna. Es por ello
que no podemos unirnos al intento mayoritario de reducir los
derechos civiles y fundamentales de nuestro pueblo que se
resguardan
en
los
principios
universales
democráticos de la mayor jerarquía.
y
los
derechos
CC-2005-632
Por
todo
44
lo
anterior,
disentimos
respetuosamente
del
proceder del Tribunal en el caso de autos.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente