Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Alexis Irizarry Vega
2009 TSPR 132
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Alexis Irizarry Vega
CP-2007-9
Conducta Profesional- Amonestación por violación al Canon 35 de Ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2009 TSPR 132
176 DPR ____
Alexis Irizarry Vega
Número del Caso: CP-2007-9
Fecha: 6 de julio de 2009
Oficina del Procurador General:
Lcda. Noemí Rivera de León
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del
Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del pr
oceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones
del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio p
úblico a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Conducta
Profesional
Alexis Irizarry Vega
CP-2007-9
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 6 de julio de 2009.
Nos corresponde evaluar si proceden ciertas
alegaciones de conducta impropia en contra de un
abogado por una supuesta violación a los Cánones de
Ética Profesional durante la tramitación de una
apelación ante la Junta de Apelaciones de Casos de
Inmigración.
I
Los hechos, según expuestos a continuación,
surgen mayormente de las determinaciones fácticas
del Comisionado Especial.
El
adelante,
licenciado
el
Alexis
licenciado
Irizarry
Irizarry
Vega
(en
Vega),
fue
admitido al ejercicio de la abogacía el 4 de enero
de 1994 y el 4 de enero de 1995 prestó juramento
2
CP-2007-9
como notario.1
Surge de la queja presentada por la señora
María Dolores Acosta Thomas (en adelante la señora Acosta
Thomas), que contrató los servicios del licenciado Irizarry
Vega para que la asistiera con relación a una petición de
residencia.
Para dichas gestiones le pagó al licenciado
Irizarry Vega dos mil dólares ($2,000).
El 18 de mayo de
1999 acudió al Departamento de Inmigración con su esposo y
el licenciado
Irizarry Vega.
Allí le indicaron que la
respuesta a su petición le sería notificada por correo.
En
enero
de
2000,
el
licenciado
Irizarry
Vega
le
informó a la señora Acosta Thomas que había que presentar
una apelación toda vez que su petición había sido denegada.
Surge del Informe del Comisionado Especial que el 14 de
febrero
de
2000
el
licenciado
apelación correspondiente.
Irizarry
Vega
preparó
la
Alega la señora Acosta Thomas
que el licenciado Irizarry Vega la hizo suscribir dicho
documento
aún
cuando
debía
saber
que
quien
tenía
firmarlo era su esposo por ser éste el peticionario.
que,
luego
de
suscribir
los
documentos,
el
que
Arguye
licenciado
Irizarry Vega dejó de contestar sus llamadas y de atenderla
cuando iba a su oficina.
Esto ocasionó que la señora
Acosta Thomas “se desesperara” y le pidiera los documentos
de su caso al licenciado Irizarry Vega.
Según
la
señora
Acosta
Thomas,
se
vio
obligada
a
contratar nueva representación legal ya que su caso no había
1
El licenciado Irizarry Vega fue suspendido del ejercicio de la
abogacía el 24 de agosto de 2000 por hechos no relacionados al caso de
autos. Fue reinstalado en el ejercicio de la profesión el 27 de abril
de 2001.
3
CP-2007-9
sido atendido por el Departamento de Inmigración.
En su
queja, ésta se reservó el derecho a presentar reclamaciones
contra el licenciado Irizarry Vega por los daños económicos
y emocionales alegadamente sufridos.
Así las cosas, el 8 de mayo de 2006 la Oficina del
Procurador General presentó un Informe para someter a la
consideración de este Tribunal la conducta incurrida por el
licenciado Irizarry Vega en su gestión profesional. Recibido
el Informe, el 2 de febrero de 2007 ordenamos presentar la
querella correspondiente por lo que el 30 de abril de 2007
el
Procurador
General
instó
una
querella
contra
el
licenciado Irizarry Vega imputándole un cargo por violación
al Canon 35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.
En su querella, el Procurador General apunta que el
licenciado Irizarry Vega le solicitó a la señora Acosta
Thomas que suscribiera el documento de la apelación aún
cuando éste debía haber conocido que la persona que tenía
que firmar dicho documento era el esposo, en calidad de
peticionario.
paradero
No obstante, y ante el desconocimiento del
del
alegadamente
le
esposo,
el
sugirió
a
licenciado
la
señora
Irizarry
Acosta
Thomas
Vega
que
suscribiera la petición ya que la misma tenía un periodo
prescriptivo y que si la negaban por la falta de la firma
del esposo podían solicitar una reconsideración.
Luego de los trámites de rigor, designamos al Hon.
Charles A. Cordero, ex Juez del Tribunal de Apelaciones,
como Comisionado Especial para atender el procedimiento de
4
CP-2007-9
autos.
Tras celebrar una vista evidenciaría, el Comisionado
Especial
rindió
su
Informe
en
el
que
determinó
que,
analizada la prueba documental y testifical, el licenciado
Irizarry Vega no había violado la ética profesional.
Por
ello, recomendó el archivo de la querella y la desestimación
del cargo formulado contra el licenciado Irizarry Vega.
Sometido el caso ante nuestra consideración, y contando
con el beneficio del Informe del Comisionado Especial y del
Procurador
General,
así
como
con
la
contestación
de
Ética
del
licenciado Irizarry Vega, resolvemos.
II
Sabido
es
que
los
Cánones
Profesional
establecen las normas mínimas de conducta que rigen a los
miembros
de
la
profesión
legal
delicada e importante labor.
en
el
desempeño
de
su
In re: Matos González, 149
D.P.R. 817 (1999); In re: Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710
(1998).
En particular, hemos resuelto que el Canon 35 de Ética
Profesional le impone a los abogados un deber general de ser
sinceros
y
honrados
para
con
sus
representados
y
compañeros abogados, así como para con los tribunales.
L.P.R.A. Ap. IX, C. 35. Véase, además,
sus
4
In re: Padilla
Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998); In re: Franco Rivera,
Masini Soler, 134 D.P.R. 823 (1993). Añade el precepto, que
no es sincero ni honrado utilizar medios inconsistentes con
la verdad, ni se debe inducir a error al juzgador utilizando
artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho.
5
CP-2007-9
Dichos deberes se exigen en aras de preservar el honor y la
dignidad de la profesión, ya que el compromiso del abogado
con la verdad es uno siempre incondicional. In re: Fernández
de Ruiz, res. el 21 de abril de 2006, 167 D.P.R. ___ (2006),
2006 T.S.P.R. 73, 2006 J.T.S. 82. La verdad es un atributo
inseparable
del
ser
abogado,
y
sin
ésta,
la
profesión
jurídica no podría justificar su existencia. In re: Busó
Aboy, 166 D.P.R. 49 (2005).
Reiteradamente hemos expresado que el Canon 35 exige
que la conducta de todo miembro de la profesión ante los
tribunales, sea sincera y honrada. In re: López González,
res. el 11 de junio de 2007, 171 D.P.R. ___ (2007), 2007
T.S.P.R. 120, 2007 J.T.S. 127. Esto en virtud de que todo el
entramado de nuestro sistema judicial se erige sobre la
premisa
de
que
los
abogados,
sobre
quienes
recae
principalmente la misión de administrar la justicia, han de
conducirse siempre con integridad ante los foros judiciales.
In re: Montañés Miranda, 157 D.P.R. 275 (2002). En fin, un
abogado
que
falta
a
la
verdad
infringe
el
Canon
35,
independientemente de los motivos que lo movieron a incurrir
en esa conducta o de que no se hubiera perjudicado a tercero
alguno. In re: Grau Acosta, res. el 20 de septiembre de
2007, 172 D.P.R. ____ (2007), 2007 T.S.P.R. 170, 2007 J.T.S.
175.
De otra parte, es norma claramente establecida que el
criterio
probatorio
a
utilizarse
en
procedimientos
disciplinarios es el de prueba clara, robusta y convincente,
6
CP-2007-9
no afectada por reglas de exclusión ni a base de conjeturas.
In re: Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001).
Este
criterio requiere una carga probatoria más fuerte que la
mera preponderancia de la prueba ya que en estos procesos
está en juego el título de un abogado y, por ende, su
derecho fundamental a ganarse su sustento. Id.
Aún cuando
no se puede definir de manera precisa, la prueba clara,
robusta
y
evidencia
convincente
que
produce
ha
sido
en
un
descrita
juzgador
como
de
aquella
hechos
una
convicción duradera de las que contenciones fácticas son
altamente probables.
In re: Ruiz Rivera, res. el 28 de
junio de 2006, 168 D.P.R. ____ (2006), 2006 T.S.P.R. 106,
2006 J.T.S. 116; In re: Rodríguez Mercado, 165 D.P.R. 630
(2005).
La Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4
L.P.R.A.
Ap.
Comisionado
XXI-A,
establece
que
Especial
designado
celebrar
recibir la prueba.
le
corresponde
una
vista
al
para
Por tanto, sus determinaciones fácticas
merecen nuestra mayor deferencia.
Ahora bien, de igual
manera hemos resuelto que, aunque este Tribunal no está
obligado
a
aceptar
nombrado
para
pudiendo
adoptar,
el
atender
Informe
una
querella
modificar
ordinario
sostenemos
las
Comisionado
Especial
salvo
del
o
Comisionado
Especial
contra
abogado,
rechazar
conclusiones
que
parcialidad o error manifiesto.
se
un
tal
de
Informe,
hecho
demuestre
de
de
un
perjuicio,
In re: Gordon Menéndez I,
res. en 18 de mayo de 2007, 2007 T.S.P.R. 108, 2007 J.T.S.
7
CP-2007-9
114; In re: Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78, 86 (1991); In
re: Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994); In re: Morales Soto,
134 D.P.R. 1012 (1994).
Examinado el derecho aplicable, analicemos los hechos
ante nuestra consideración.
III
Es
contención
del
Procurador
General
que
las
actuaciones del licenciado Irizarry Vega constituyen una
violación
al
Canon
35
del
Código
de
Ética
Profesional,
supra.
Alega el Procurador General que la sugerencia que le
hiciera
el
licenciado
Irizarry
Vega
a
la
señora
Acosta
Thomas, a los efectos de suscribir el documento, fue una
sumamente
irresponsable
ya
que
éste
sabía
que
la
firma
requerida era la del peticionario y no la del extranjero que
solicita la residencia.
De igual manera, el Procurador General expone que el
Canon 35 obliga a todo abogado a ajustarse a la sinceridad
de
los
hechos
al
redactar
documentos
y
que,
por
consiguiente, se puede inferir que el licenciado Irizarry
Vega, aún sabiendo lo requerido por ley en cuanto a la firma
de la petición, aconsejó a su clienta para quizás remitir la
petición
Procurador
dentro
del
General,
lo
término
prescriptivo.
anterior,
es
decir
el
Para
el
recomendar
cierta acción a un cliente a sabiendas que no era lo que
correspondía en ley, es una actuación que denigra y lesiona
la imagen de la profesión.
8
CP-2007-9
El Procurador General indica que, si bien es cierto que
se permite que el abogado suscriba el Formulario EIOR-29
(Notice of Appeal to the Board of Immigration - Appeals from
a Decision of an INS Officer), ello procede si se acompaña
el mismo con el Formulario EIOR-27 (Notice of Appearance) en
el
cual
el
peticionario
autoriza
al
abogado
a
ser
su
representante legal.
Por su parte, el Comisionado Especial determinó que el
licenciado
Irizarry
Vega
completó
el
aviso
de
apelación
mediante el Formulario EIOR-29 y suscribió el mismo como
abogado del peticionario.
Aduce el Comisionado Especial que
de
del
las
instrucciones
Formulario
EIOR-29
surge
expresamente que un abogado puede firmar por el apelante aún
cuando
también
se
requiere
presentar
un
comparecencia mediante el Formulario EIOR-27.
aviso
de
No obstante,
el Comisionado Especial determinó que en ninguna parte se
indica
que
el
Formulario
EIOR-27
tiene
que
presentarse
conjuntamente con el aviso de apelación y que la señora
Acosta Thomas no estaba impedida de firmar al margen del
Formulario
EIOR-29,
siempre
y
cuando
no
lo
hiciera
en
capacidad de apelante.
Sobre el particular, las instrucciones que provee el
Formulario EOIR-29 disponen lo siguiente:
“4. Counsel. An appellant may be represented, at
no expense to the Government, by an attorney or
other duly authorized representative. An attorney
or authorized representative must file a separate
notice of appearance (Form EOIR-27) with this
Notice of Appeal.
In presenting and prosecuting
this appeal, the INS may be represented by
appropriate counsel.” (Énfasis nuestro.)
9
CP-2007-9
De
lo
anterior
se
colige
que
es
necesario
abogado presente un aviso de comparecencia.
que
el
Por lo tanto,
coincidimos con el Comisionado Especial en cuanto a que el
licenciado Irizarry Vega podía suscribir el Formulario EIOR29 en calidad de representante legal del peticionario.
Sin
embargo,
lo
tal
y
como
señala
el
Comisionado
Especial,
cierto es que las instrucciones que provee dicho documento
establecen que es requerido que el representante legal que
suscriba
por
el
peticionario
presente
un
comparecencia mediante el Formulario EIOR-27.
aviso
de
Aún cuando
entendemos que el Formulario EIOR-29 no expresa que el aviso
de
comparecencia
(EOIR-27)
tiene
que
ser
presentado
conjuntamente, no cabe duda que es requisito instarlo cuando
un abogado firma la petición a nombre del peticionario.
El
licenciado
el
Irizarry
Vega
aceptó
que
no
cumplimentó
Formulario EOIR-27.
Ahora bien, como indica el Comisionado Especial en su
Informe, de la Declaración Jurada de la señora Acosta Thomas
surgen ciertas incongruencias como lo son: la discrepancia
en cuanto a la dirección en donde reside; una explicación de
cómo logró obtener una tarjeta de seguro social si no es
residente permanente de Puerto Rico o Estados Unidos, ni
permiso especial del Departamento de Inmigración para poder
trabajar; no se menciona el nombre de su supuesto esposo ni
la dirección de éste; y tampoco explica la razón por la cual
el
supuesto
esposo
no
fue
a
realizar
ninguna
gestión
relacionada al trámite de residencia, ni fue con ella a
10
CP-2007-9
firmar la petición de apelación.
Concluyó el Comisionado
Especial que dichas lagunas en la información le restan
credibilidad a la señora Acosta Thomas.
Ciertamente, y luego de evaluado el tracto procesal del
caso de autos, la credibilidad de la señora Acosta Thomas
resulta un tanto agraviada. Más aún, el hecho de que el
Departamento
de
Inmigración
le
denegara
su
petición
de
residencia basándose en la creencia de que había contraído
matrimonio
de
lograr
residencia
la
forma
fraudulenta
con
fines
únicamente
permanente
en
territorio
de
americano
abona a este parecer.
Conforme a lo anterior, resulta forzoso concluir que,
aún cuando el licenciado Irizarry Vega hubiese presentado el
Formulario EOIR-27, las probabilidades de que el resultado
de
la
apelación
presentada
fuera
una
señora Acosta Thomas son bien remotas.
favorable
para
la
Cabe señalar que el
licenciado Irizarry Vega dejó de ser el representante legal
de
la
señora
Acosta
Thomas
antes
que
llegara
la
determinación del Departamento de Inmigración en cuanto a la
apelación presentada. No obstante, independientemente del
resultado,
el
licenciado
Irizarry
Vega
venía
obligado
a
tramitar el procedimiento de la manera correcta y cumpliendo
con todas las normas que exige el mismo.
Analizados los hechos que motivaron la querella incoada
contra el licenciado Irizarry Vega, así como el Informe del
Comisionado Especial y la Moción en Oposición al Informe del
Honorable Comisionado que presentara el Procurador General y
11
CP-2007-9
tomando
en
consideración
la
única
conducta
antiética
imputada al licenciado Irizarry Vega a la luz del Canon 35,
supra,
y
el
hecho
de
que
su
actuación,
en
efecto,
no
perjudicó a ninguna persona, limitamos nuestra sanción a una
amonestación,
apercibiéndole
para
que
su
conducta
en
el
futuro sea acorde a lo que requieren el honor y la dignidad
de la profesión. Se le apercibe, además, de que en el futuro
deberá ser más riguroso en la tramitación de las causas.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Conducta
Profesional
Alexis Irizarry Vega
CP-2007-9
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 6 de julio de 2009.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte de la presente Sentencia, resolvemos que el
licenciado Irizarry Vega violó el Canon 35 de Ética
Profesional.
Se amonesta al licenciado Irizarry Vega por
sus
actuaciones.
Se
le
apercibe
para
que
su
conducta en el futuro sea acorde a lo que requieren
el honor y la dignidad de la profesión.
Se le
apercibe además de que en el futuro deberá ser más
riguroso en la tramitación de las causas.
Lo
acordó
el
Tribunal
y
certifica
la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente
2
CP-2007-9
señor Hernández Denton ordenaría el archivo de la
presente querella.
El Juez Asociado señor Martínez
Torres disiente porque entiende que no hubo prueba
de una violación del deber de honradez y sinceridad
que establece el Canon 35 y que, a lo sumo, el
querellado
siguió
litigación.
La
Rodríguez
se
una
Juez
une
a
estrategia
Asociada
las
errónea
señora
expresiones
de
Rodríguez
del
Juez
Asociado señor Martínez Torres.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo