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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Alexis Irizarry Vega

2009 TSPR 132

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Alexis Irizarry Vega

CP-2007-9

Conducta Profesional- Amonestación por violación al Canon 35 de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2009 TSPR 132

176 DPR ____

Alexis Irizarry Vega

Número del Caso: CP-2007-9

Fecha: 6 de julio de 2009

Oficina del Procurador General:

Lcda. Noemí Rivera de León

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del

Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del pr

oceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones

del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio p

úblico a la

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Conducta

Profesional

Alexis Irizarry Vega

CP-2007-9

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 6 de julio de 2009.

Nos corresponde evaluar si proceden ciertas

alegaciones de conducta impropia en contra de un

abogado por una supuesta violación a los Cánones de

Ética Profesional durante la tramitación de una

apelación ante la Junta de Apelaciones de Casos de

Inmigración.

I

Los hechos, según expuestos a continuación,

surgen mayormente de las determinaciones fácticas

del Comisionado Especial.

El

adelante,

licenciado

el

Alexis

licenciado

Irizarry

Irizarry

Vega

(en

Vega),

fue

admitido al ejercicio de la abogacía el 4 de enero

de 1994 y el 4 de enero de 1995 prestó juramento

2

CP-2007-9

como notario.1

Surge de la queja presentada por la señora

María Dolores Acosta Thomas (en adelante la señora Acosta

Thomas), que contrató los servicios del licenciado Irizarry

Vega para que la asistiera con relación a una petición de

residencia.

Para dichas gestiones le pagó al licenciado

Irizarry Vega dos mil dólares ($2,000).

El 18 de mayo de

1999 acudió al Departamento de Inmigración con su esposo y

el licenciado

Irizarry Vega.

Allí le indicaron que la

respuesta a su petición le sería notificada por correo.

En

enero

de

2000,

el

licenciado

Irizarry

Vega

le

informó a la señora Acosta Thomas que había que presentar

una apelación toda vez que su petición había sido denegada.

Surge del Informe del Comisionado Especial que el 14 de

febrero

de

2000

el

licenciado

apelación correspondiente.

Irizarry

Vega

preparó

la

Alega la señora Acosta Thomas

que el licenciado Irizarry Vega la hizo suscribir dicho

documento

aún

cuando

debía

saber

que

quien

tenía

firmarlo era su esposo por ser éste el peticionario.

que,

luego

de

suscribir

los

documentos,

el

que

Arguye

licenciado

Irizarry Vega dejó de contestar sus llamadas y de atenderla

cuando iba a su oficina.

Esto ocasionó que la señora

Acosta Thomas “se desesperara” y le pidiera los documentos

de su caso al licenciado Irizarry Vega.

Según

la

señora

Acosta

Thomas,

se

vio

obligada

a

contratar nueva representación legal ya que su caso no había

1

El licenciado Irizarry Vega fue suspendido del ejercicio de la

abogacía el 24 de agosto de 2000 por hechos no relacionados al caso de

autos. Fue reinstalado en el ejercicio de la profesión el 27 de abril

de 2001.

3

CP-2007-9

sido atendido por el Departamento de Inmigración.

En su

queja, ésta se reservó el derecho a presentar reclamaciones

contra el licenciado Irizarry Vega por los daños económicos

y emocionales alegadamente sufridos.

Así las cosas, el 8 de mayo de 2006 la Oficina del

Procurador General presentó un Informe para someter a la

consideración de este Tribunal la conducta incurrida por el

licenciado Irizarry Vega en su gestión profesional. Recibido

el Informe, el 2 de febrero de 2007 ordenamos presentar la

querella correspondiente por lo que el 30 de abril de 2007

el

Procurador

General

instó

una

querella

contra

el

licenciado Irizarry Vega imputándole un cargo por violación

al Canon 35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

En su querella, el Procurador General apunta que el

licenciado Irizarry Vega le solicitó a la señora Acosta

Thomas que suscribiera el documento de la apelación aún

cuando éste debía haber conocido que la persona que tenía

que firmar dicho documento era el esposo, en calidad de

peticionario.

paradero

No obstante, y ante el desconocimiento del

del

alegadamente

le

esposo,

el

sugirió

a

licenciado

la

señora

Irizarry

Acosta

Thomas

Vega

que

suscribiera la petición ya que la misma tenía un periodo

prescriptivo y que si la negaban por la falta de la firma

del esposo podían solicitar una reconsideración.

Luego de los trámites de rigor, designamos al Hon.

Charles A. Cordero, ex Juez del Tribunal de Apelaciones,

como Comisionado Especial para atender el procedimiento de

4

CP-2007-9

autos.

Tras celebrar una vista evidenciaría, el Comisionado

Especial

rindió

su

Informe

en

el

que

determinó

que,

analizada la prueba documental y testifical, el licenciado

Irizarry Vega no había violado la ética profesional.

Por

ello, recomendó el archivo de la querella y la desestimación

del cargo formulado contra el licenciado Irizarry Vega.

Sometido el caso ante nuestra consideración, y contando

con el beneficio del Informe del Comisionado Especial y del

Procurador

General,

así

como

con

la

contestación

de

Ética

del

licenciado Irizarry Vega, resolvemos.

II

Sabido

es

que

los

Cánones

Profesional

establecen las normas mínimas de conducta que rigen a los

miembros

de

la

profesión

legal

delicada e importante labor.

en

el

desempeño

de

su

In re: Matos González, 149

D.P.R. 817 (1999); In re: Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710

(1998).

En particular, hemos resuelto que el Canon 35 de Ética

Profesional le impone a los abogados un deber general de ser

sinceros

y

honrados

para

con

sus

representados

y

compañeros abogados, así como para con los tribunales.

L.P.R.A. Ap. IX, C. 35. Véase, además,

sus

4

In re: Padilla

Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998); In re: Franco Rivera,

Masini Soler, 134 D.P.R. 823 (1993). Añade el precepto, que

no es sincero ni honrado utilizar medios inconsistentes con

la verdad, ni se debe inducir a error al juzgador utilizando

artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho.

5

CP-2007-9

Dichos deberes se exigen en aras de preservar el honor y la

dignidad de la profesión, ya que el compromiso del abogado

con la verdad es uno siempre incondicional. In re: Fernández

de Ruiz, res. el 21 de abril de 2006, 167 D.P.R. ___ (2006),

2006 T.S.P.R. 73, 2006 J.T.S. 82. La verdad es un atributo

inseparable

del

ser

abogado,

y

sin

ésta,

la

profesión

jurídica no podría justificar su existencia. In re: Busó

Aboy, 166 D.P.R. 49 (2005).

Reiteradamente hemos expresado que el Canon 35 exige

que la conducta de todo miembro de la profesión ante los

tribunales, sea sincera y honrada. In re: López González,

res. el 11 de junio de 2007, 171 D.P.R. ___ (2007), 2007

T.S.P.R. 120, 2007 J.T.S. 127. Esto en virtud de que todo el

entramado de nuestro sistema judicial se erige sobre la

premisa

de

que

los

abogados,

sobre

quienes

recae

principalmente la misión de administrar la justicia, han de

conducirse siempre con integridad ante los foros judiciales.

In re: Montañés Miranda, 157 D.P.R. 275 (2002). En fin, un

abogado

que

falta

a

la

verdad

infringe

el

Canon

35,

independientemente de los motivos que lo movieron a incurrir

en esa conducta o de que no se hubiera perjudicado a tercero

alguno. In re: Grau Acosta, res. el 20 de septiembre de

2007, 172 D.P.R. ____ (2007), 2007 T.S.P.R. 170, 2007 J.T.S.

175.

De otra parte, es norma claramente establecida que el

criterio

probatorio

a

utilizarse

en

procedimientos

disciplinarios es el de prueba clara, robusta y convincente,

6

CP-2007-9

no afectada por reglas de exclusión ni a base de conjeturas.

In re: Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001).

Este

criterio requiere una carga probatoria más fuerte que la

mera preponderancia de la prueba ya que en estos procesos

está en juego el título de un abogado y, por ende, su

derecho fundamental a ganarse su sustento. Id.

Aún cuando

no se puede definir de manera precisa, la prueba clara,

robusta

y

evidencia

convincente

que

produce

ha

sido

en

un

descrita

juzgador

como

de

aquella

hechos

una

convicción duradera de las que contenciones fácticas son

altamente probables.

In re: Ruiz Rivera, res. el 28 de

junio de 2006, 168 D.P.R. ____ (2006), 2006 T.S.P.R. 106,

2006 J.T.S. 116; In re: Rodríguez Mercado, 165 D.P.R. 630

(2005).

La Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4

L.P.R.A.

Ap.

Comisionado

XXI-A,

establece

que

Especial

designado

celebrar

recibir la prueba.

le

corresponde

una

vista

al

para

Por tanto, sus determinaciones fácticas

merecen nuestra mayor deferencia.

Ahora bien, de igual

manera hemos resuelto que, aunque este Tribunal no está

obligado

a

aceptar

nombrado

para

pudiendo

adoptar,

el

atender

Informe

una

querella

modificar

ordinario

sostenemos

las

Comisionado

Especial

salvo

del

o

Comisionado

Especial

contra

abogado,

rechazar

conclusiones

que

parcialidad o error manifiesto.

se

un

tal

de

Informe,

hecho

demuestre

de

de

un

perjuicio,

In re: Gordon Menéndez I,

res. en 18 de mayo de 2007, 2007 T.S.P.R. 108, 2007 J.T.S.

7

CP-2007-9

114; In re: Moreira Avillán, 147 D.P.R. 78, 86 (1991); In

re: Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994); In re: Morales Soto,

134 D.P.R. 1012 (1994).

Examinado el derecho aplicable, analicemos los hechos

ante nuestra consideración.

III

Es

contención

del

Procurador

General

que

las

actuaciones del licenciado Irizarry Vega constituyen una

violación

al

Canon

35

del

Código

de

Ética

Profesional,

supra.

Alega el Procurador General que la sugerencia que le

hiciera

el

licenciado

Irizarry

Vega

a

la

señora

Acosta

Thomas, a los efectos de suscribir el documento, fue una

sumamente

irresponsable

ya

que

éste

sabía

que

la

firma

requerida era la del peticionario y no la del extranjero que

solicita la residencia.

De igual manera, el Procurador General expone que el

Canon 35 obliga a todo abogado a ajustarse a la sinceridad

de

los

hechos

al

redactar

documentos

y

que,

por

consiguiente, se puede inferir que el licenciado Irizarry

Vega, aún sabiendo lo requerido por ley en cuanto a la firma

de la petición, aconsejó a su clienta para quizás remitir la

petición

Procurador

dentro

del

General,

lo

término

prescriptivo.

anterior,

es

decir

el

Para

el

recomendar

cierta acción a un cliente a sabiendas que no era lo que

correspondía en ley, es una actuación que denigra y lesiona

la imagen de la profesión.

8

CP-2007-9

El Procurador General indica que, si bien es cierto que

se permite que el abogado suscriba el Formulario EIOR-29

(Notice of Appeal to the Board of Immigration - Appeals from

a Decision of an INS Officer), ello procede si se acompaña

el mismo con el Formulario EIOR-27 (Notice of Appearance) en

el

cual

el

peticionario

autoriza

al

abogado

a

ser

su

representante legal.

Por su parte, el Comisionado Especial determinó que el

licenciado

Irizarry

Vega

completó

el

aviso

de

apelación

mediante el Formulario EIOR-29 y suscribió el mismo como

abogado del peticionario.

Aduce el Comisionado Especial que

de

del

las

instrucciones

Formulario

EIOR-29

surge

expresamente que un abogado puede firmar por el apelante aún

cuando

también

se

requiere

presentar

un

comparecencia mediante el Formulario EIOR-27.

aviso

de

No obstante,

el Comisionado Especial determinó que en ninguna parte se

indica

que

el

Formulario

EIOR-27

tiene

que

presentarse

conjuntamente con el aviso de apelación y que la señora

Acosta Thomas no estaba impedida de firmar al margen del

Formulario

EIOR-29,

siempre

y

cuando

no

lo

hiciera

en

capacidad de apelante.

Sobre el particular, las instrucciones que provee el

Formulario EOIR-29 disponen lo siguiente:

“4. Counsel. An appellant may be represented, at

no expense to the Government, by an attorney or

other duly authorized representative. An attorney

or authorized representative must file a separate

notice of appearance (Form EOIR-27) with this

Notice of Appeal.

In presenting and prosecuting

this appeal, the INS may be represented by

appropriate counsel.” (Énfasis nuestro.)

9

CP-2007-9

De

lo

anterior

se

colige

que

es

necesario

abogado presente un aviso de comparecencia.

que

el

Por lo tanto,

coincidimos con el Comisionado Especial en cuanto a que el

licenciado Irizarry Vega podía suscribir el Formulario EIOR29 en calidad de representante legal del peticionario.

Sin

embargo,

lo

tal

y

como

señala

el

Comisionado

Especial,

cierto es que las instrucciones que provee dicho documento

establecen que es requerido que el representante legal que

suscriba

por

el

peticionario

presente

un

comparecencia mediante el Formulario EIOR-27.

aviso

de

Aún cuando

entendemos que el Formulario EIOR-29 no expresa que el aviso

de

comparecencia

(EOIR-27)

tiene

que

ser

presentado

conjuntamente, no cabe duda que es requisito instarlo cuando

un abogado firma la petición a nombre del peticionario.

El

licenciado

el

Irizarry

Vega

aceptó

que

no

cumplimentó

Formulario EOIR-27.

Ahora bien, como indica el Comisionado Especial en su

Informe, de la Declaración Jurada de la señora Acosta Thomas

surgen ciertas incongruencias como lo son: la discrepancia

en cuanto a la dirección en donde reside; una explicación de

cómo logró obtener una tarjeta de seguro social si no es

residente permanente de Puerto Rico o Estados Unidos, ni

permiso especial del Departamento de Inmigración para poder

trabajar; no se menciona el nombre de su supuesto esposo ni

la dirección de éste; y tampoco explica la razón por la cual

el

supuesto

esposo

no

fue

a

realizar

ninguna

gestión

relacionada al trámite de residencia, ni fue con ella a

10

CP-2007-9

firmar la petición de apelación.

Concluyó el Comisionado

Especial que dichas lagunas en la información le restan

credibilidad a la señora Acosta Thomas.

Ciertamente, y luego de evaluado el tracto procesal del

caso de autos, la credibilidad de la señora Acosta Thomas

resulta un tanto agraviada. Más aún, el hecho de que el

Departamento

de

Inmigración

le

denegara

su

petición

de

residencia basándose en la creencia de que había contraído

matrimonio

de

lograr

residencia

la

forma

fraudulenta

con

fines

únicamente

permanente

en

territorio

de

americano

abona a este parecer.

Conforme a lo anterior, resulta forzoso concluir que,

aún cuando el licenciado Irizarry Vega hubiese presentado el

Formulario EOIR-27, las probabilidades de que el resultado

de

la

apelación

presentada

fuera

una

señora Acosta Thomas son bien remotas.

favorable

para

la

Cabe señalar que el

licenciado Irizarry Vega dejó de ser el representante legal

de

la

señora

Acosta

Thomas

antes

que

llegara

la

determinación del Departamento de Inmigración en cuanto a la

apelación presentada. No obstante, independientemente del

resultado,

el

licenciado

Irizarry

Vega

venía

obligado

a

tramitar el procedimiento de la manera correcta y cumpliendo

con todas las normas que exige el mismo.

Analizados los hechos que motivaron la querella incoada

contra el licenciado Irizarry Vega, así como el Informe del

Comisionado Especial y la Moción en Oposición al Informe del

Honorable Comisionado que presentara el Procurador General y

11

CP-2007-9

tomando

en

consideración

la

única

conducta

antiética

imputada al licenciado Irizarry Vega a la luz del Canon 35,

supra,

y

el

hecho

de

que

su

actuación,

en

efecto,

no

perjudicó a ninguna persona, limitamos nuestra sanción a una

amonestación,

apercibiéndole

para

que

su

conducta

en

el

futuro sea acorde a lo que requieren el honor y la dignidad

de la profesión. Se le apercibe, además, de que en el futuro

deberá ser más riguroso en la tramitación de las causas.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Conducta

Profesional

Alexis Irizarry Vega

CP-2007-9

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 6 de julio de 2009.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte de la presente Sentencia, resolvemos que el

licenciado Irizarry Vega violó el Canon 35 de Ética

Profesional.

Se amonesta al licenciado Irizarry Vega por

sus

actuaciones.

Se

le

apercibe

para

que

su

conducta en el futuro sea acorde a lo que requieren

el honor y la dignidad de la profesión.

Se le

apercibe además de que en el futuro deberá ser más

riguroso en la tramitación de las causas.

Lo

acordó

el

Tribunal

y

certifica

la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente

2

CP-2007-9

señor Hernández Denton ordenaría el archivo de la

presente querella.

El Juez Asociado señor Martínez

Torres disiente porque entiende que no hubo prueba

de una violación del deber de honradez y sinceridad

que establece el Canon 35 y que, a lo sumo, el

querellado

siguió

litigación.

La

Rodríguez

se

una

Juez

une

a

estrategia

Asociada

las

errónea

señora

expresiones

de

Rodríguez

del

Juez

Asociado señor Martínez Torres.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo