Tribunal Supremo de Puerto Rico
Resolución del Tribunal
2009 TSPR 122
Poder Judicial de Puerto Rico
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Resolución del Tribunal
ER-2009-002
Enmienda a la Regla 21 de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Heidi M. Acevedo Mangual
Daniel Francis Ayala y la
Sociedad de Bienes Gananciales
Por ellos constituida
Demandantes-Peticionarios
Certiorari
2009 TSPR 122
176 DPR ____
v.
SIMED como aseguradora del
Dr. Edgardo Colón Ledeé
Demandada-Recurrida
Dr. Edgardo Colon Ledeé
Hospital Mimiya, Inc., SIMED
Demandandos
Número del Caso: CC-2005-0042
Fecha: 14 de julio de 2009
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel I
Juez Ponente:
Hon. Carlos J. López Feliciano
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Fabiola Fernández Chaves
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Cristina B. Martínez Guzmán
Materia: Seguros-Interpretación de Contrato de Segu
responsabilidad médico hospitalaria.
ro de
Este documento constituye un documento oficial del
Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correccione
s del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónic
a se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Heidi M. Acevedo Mangual
Daniel Francis Ayala y la
Sociedad de Bienes Gananciales
por ellos constituida
Demandantes-Peticionarios
v.
CC-2005-42
Certiorari
SIMED como aseguradora del
Dr. Edgardo Colón Ledeé
Demandada-Recurrida
Dr. Edgardo Colón Ledeé,
Hospital Mimiya, Inc., SIMED
Demandados
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff
Caraballo
San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2009.
Nos corresponde pautar si un contrato de venta
al por menor a plazos en su modalidad de contrato de
financiamiento de primas de seguro, que fue suscrito
por
las
partes
contratantes
y
la
compañía
aseguradora, pero que no se hizo formar parte de la
póliza de seguro, puede modificar los términos de
ésta.
I
El 30 de noviembre de 2000, el Sindicato de
Aseguradores para la Suscripción Conjunta del Seguro
de
Responsabilidad
(SIMED)
expidió
responsabilidad
Profesional
una
póliza
Médico-Hospitalaria
de
médico-hospitalaria
a
seguro
de
favor
del
CC-2005-42
doctor
2
Edgardo
plástica
y
Colón
Ledeé,
reconstructiva.
La
especialista
póliza,
del
en
cirugía
tipo
“claims
made”, cubría el periodo comprendido entre el 26 de enero
de 2001 al 26 de enero de 2002, con fecha retroactiva al
26 de enero de 1998.1
La cubierta de la póliza no se extendía a todas las
reclamaciones instadas en contra de Colón Ledeé, sino que
entre
los
términos
y
condiciones
del
contrato
se
establecían ciertas exclusiones. Así, SIMED no respondería
por aquellas reclamaciones que se generasen de actos u
omisiones del galeno ocurridas previo al 26 de enero de
1998 o con posterioridad a la terminación del contrato, ni
que se hayan instado en contra de éste previo al 26 de
enero de 2001 o con posterioridad a la terminación del
contrato.
Ahora bien, en cuanto a las reclamaciones generadas
por actuaciones u omisiones de Colón Ledeé ocurridas con
posterioridad al 26 de enero de 1998, pero instadas luego
de la terminación del contrato, las cuales de ordinario no
1
El término “póliza” “[s]e refiere al contrato por escrito mediante
el cual una parte, el asegurador, se compromete, a cambio del pago de
una prima, a indemnizar a un tercero, por lo general al asegurado o
un reclamante, por una pérdida contingente al ocurrir un evento
futuro incierto previsto”. R. Cruz, Derecho de Seguros, San Juan,
Publicaciones JTS, 1999, págs. 386-387. La póliza del tipo “claims
made”, conocida en castellano como de “reclamaciones hechas” o de
“descubrimiento” (discovery policy), ofrece protección al asegurado
sólo en contra de las reclamaciones hechas y traídas a la atención de
la aseguradora durante su periodo de vigencia, por lo que la
notificación de la reclamación a la aseguradora es lo que constituye
el evento y el riesgo asegurado, independientemente de la fecha en
que ocurrió el siniestro. Torres v. E.L.A., 130 D.P.R. 640, 645-647
(1992); Cruz, op cit., pág. 338. “Así pues, la cubierta bajo un
póliza de tipo ‘claims-made’ depende de que se presente la
notificación a la aseguradora dentro del término de vigencia de la
póliza o dentro de cualquier otro término que puedan haber convenido
las partes después de la expiración de la misma.” Torres v. E.L.A.,
supra, págs. 646-647 (1992) (énfasis suplido) (escolio omitido).
CC-2005-42
3
estarían cubiertas, la cláusula número IX de la póliza
establecía
una
extensión
automática
del
periodo
de
cubierta. La referida cláusula le proveía a Colón Ledeé un
periodo de cubierta adicional de 60 días para notificar a
SIMED sobre las reclamaciones instadas en su contra. Este
periodo de 60 días comenzaba a transcurrir a partir de
hacerse
efectiva
la
terminación
o
cancelación
de
la
póliza. Se dispuso, además, que esta extensión automática
procedía
tanto
si
la
póliza
era
cancelada
por
la
aseguradora, como si lo era a petición del asegurado, por
cualquier razón que no fuese la falta de pago de las
primas por parte del asegurado.2 Por lo tanto, la única
2
La aludida cláusula número IX expresamente establecía:
IX. AUTOMATIC EXTENDED REPORTING PERIOD
Notwithstanding the provisions of the preceding Section I,
the period for reporting claims or suits shall be
automatically (and without the payment of any additional
premiums) extended for a period of sixty (60) days if the
insurance provided by this policy is terminated by either
the Syndicate or the Insured, for whatever reason, except
for the Insured´s nonpayment of premiums. The Automatic
Extended Reporting Period shall only apply to claims first
made against the Insured during the sixty (60) days
following immediately upon the effective date of such
termination, but only by reason of claims because of injury
to which this policy applies, arising out of the rendering
of or failure to render professional services by the Insured
on or after the retroactive date of this policy and prior to
the effective date of such termination, and subject
otherwise to all of the terms, exclusions and conditions of
this policy. However, this Automatic Extended Reporting
Period may be of unlimited duration under the following
circumstances: a) if the Insured retires permanently from
the practice of medicine after attaining the age of sixty
(60) years; b) the named insured has been insured by the
Syndicate
for
at
least
five
(5)
consecutive
years
immediately prior to such termination; and c) the Insured
has not been involved in any claim or suit during the period
insured by the Syndicate. There shall be no separate
aggregate limits of liability for this Automatic Extended
Reporting Period, and it shall be subject to the remaining
aggregate limit of liability, if any of this policy. The
Automatic Extended Reporting Period does not apply to claims
first made against the Insured that are covered under any
subsequent insurance or any other extended reporting period
coverage the Insured purchased, or that would otherwise be
CC-2005-42
4
situación que permitía que SIMED negara cubierta a favor
de Colón Ledeé en esos 60 días era si la cancelación del
contrato se debía a la falta de pago de las primas.
Así lo convenido, Colón Ledeé financió con BT Finance
(BTF), una subsidiaria del Bank & Trust of Puerto Rico, el
pago de la prima correspondiente a la póliza mediante un
contrato de venta al por menor a plazos, en su modalidad
de contrato de financiamiento de primas de seguro.3 Como
la prima total pactada en la póliza fue de $21,948.00,
Colón
Ledeé
pagó
un
pronto
de
$6,584.00
y
BTF
pagó
directamente a SIMED la diferencia de $15,364.00, siendo
covered under said coverages, but for exhaustion of the
amount of insurance applicable to such claim.
3
El contrato de venta al por menor a plazos está definido en la Ley
de ventas a plazos y compañías de financiamiento, Ley Núm. 64 de 19
de junio de 1964, 10 L.P.R.A. sec. 731 et seq., en los siguientes
términos:
Significa cualquier acuerdo convenido en Puerto Rico para
pagar el precio de venta al por menor a plazos de mercancía
o servicios en el transcurso de un periodo determinado de
tiempo. Además, incluye los certificados de mercancía y
certificados de crédito, así como cualquier acuerdo
convenido en Puerto Rico en virtud del cual el comprador
prometa pagar a plazos el precio de venta diferido de
mercancía o servicios, o cualquier parte del mismo o
cualquier otro acuerdo convenido en Puerto Rico en virtud
del cual el comprador prometa pagar a plazos el balance
descubierto de su deuda con un vendedor al por menor y bajo
los cuales los cargos a plazos se debitan al balance
descubierto por la deuda. El término incluye exclusivamente
acuerdos convenidos para pagar el precio de venta al por
menor a plazos de mercancía o servicios donde el comprador
sea un individuo y medie un cargo por financiamiento.
10 L.P.R.A. sec. 731(6).
Por otro lado, la Ley de ventas a plazos y compañías de
financiamiento, supra, define el término “compañía de financiamiento”
de la siguiente manera:
Significa una persona que se dedique total o parcialmente,
directa o indirectamente, al negocio de comprar o de otra
manera adquirir contratos de ventas al por menor a plazos o
intereses sobre los mismos, otorgados por otras personas.
Este término incluye las personas que se dedican al negocio
de financiar primas de póliza de seguro. . . .
10 L.P.R.A. sec. 731(15).
CC-2005-42
5
ésta la cantidad finalmente financiada. De esta forma,
SIMED
recibió
el
pago
total
de
la
prima
y
BTF
quedó
designado como cesionario de Colón Ledeé. Así, BTF tenía
la facultad para, entre otras cosas, ordenarle a SIMED la
cancelación de la póliza en caso de que el doctor dejare
de pagar cualquier mensualidad a la que estaba obligado en
virtud del contrato de venta al por menor a plazos.4
Además,
el
galeno
pactó
con
BTF
que
la
póliza
serviría de garantía del cumplimento con los términos del
financiamiento, toda vez que éste cedía a BTF todas las
sumas y los pagos que le adviniesen pagaderos en relación
con la póliza, su cancelación o cualquier reembolso de
primas
no
devengadas.5
SIMED,
quien
consta
como
parte
suscribiente del contrato de venta al por menor a plazos,
consintió a la cesión. Sin embargo, este contrato no se
hizo formar parte de la póliza de seguro.
4
Sobre el particular, es menester puntualizar que hemos establecido
que cuando una compañía financiera solicita la cancelación de una
póliza debido a la falta de pagos por parte del asegurado, ello debe
entenderse como una cancelación realizada a solicitud del asegurado y,
como tal, adviene efectiva de manera inmediata, esto es, sin necesidad
de esperar a que la aseguradora devuelva las primas no devengadas.
Reyes Ayala v. Torres Amaral et al., 130 D.P.R. 743, 748 (1992). En
cambio, cuando dicha cancelación se debe a una actuación unilateral de
la aseguradora, la cubierta de la póliza se mantendrá vigente hasta que
la aseguradora devuelva las primas no devengadas, momento en el cual
adviene efectiva la cancelación. Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., 106
D.P.R. 689, 695 (1978).
5
Específicamente, la cláusula número 4 del contrato de venta al por
menor a plazos disponía:
En garantía de la obligación del Comprador evidenciada por
este documento, el Comprador cede y transfiere a BT FINANCE
la póliza y todos los derechos del Comprador bajo la misma,
incluyendo, sin estar limitado a, todas las sumas y pagos
que sean o advengan pagaderos al Comprador en relación con
la Póliza, su cancelación, cualquier reembolso por primas
no devengadas resultantes de cualquier cancelación o por
cambios que surjan en las pólizas que conllevan primas a
devolver. . . .
CC-2005-42
6
El 8 de agosto de 2001, tras no recibir el pago
mensual correspondiente de parte del doctor Colón Ledeé,
BTF ordenó a SIMED que cancelara la póliza. Mediante la
comunicación escrita a esos efectos, BTF expuso que ello
se
debía
a
atrasos
en
los
pagos
del
financiamiento,
entiéndase, fundamentó su petición en el incumplimiento
con los términos del contrato de venta al por menor a
plazos.6 Como consecuencia, el 10 de agosto de 2001 SIMED
informó a Colón Ledeé sobre la cancelación de su póliza,
efectiva el 20 de agosto de 2001. En el documento mediante
el cual SIMED le notificó la cancelación de su póliza al
galeno, se consignó que el motivo por el cual ésta se
cancelaba era debido a la petición de BTF a esos efectos.7
Así las cosas, en una fecha anterior al 16 de octubre
de 2001 –no surge claramente del expediente de autos la
fecha exacta- Colón Ledeé solicitó la reinstalación de la
póliza,
a
documento
lo
que
SIMED
intitulado
Representation
and
le
requirió
“Insured´s
Acceptance”.8
El
que
sometiera
Statement
documento
no
un
of
fue
devuelto con la firma de Colón Ledeé, sino que, el 16 de
octubre de 2001, el galeno le envió a SIMED una misiva en
la que adujo que el atraso en los pagos a BTF se había
resuelto. Manifestó que no emitió el pago correspondiente
6
BTF fundamentó su solicitud de cancelación de la póliza en los
siguientes términos: “The loan granted for the insurance policies
financing is in arrears. We have request[ed] the cancellation
p[u]rsuant to loan terms and conditions”.
7
En específico, SIMED expuso: “Reason(s) for the Cancellation is
(are): REQUESTED BY FINANCE COMPANY”.
8
Este documento requería una declaración del doctor Colón Ledeé a los
efectos de que no se había presentado ninguna reclamación en su
contra durante el periodo de la cancelación.
CC-2005-42
al
7
financiamiento
debido
a
que
había
estado
fuera
de
Puerto Rico por más de un mes. Luego de saldar la deuda
atrasada, y a pesar de la cancelación de la póliza, Colón
Ledeé
continuó
concepto
de
efectuando
las
pagos
a
mensualidades
favor
de
BTF
por
correspondientes
al
financiamiento. Sin embargo, el 23 de octubre de 2001,
SIMED
le
notificó
al
doctor
Colón
Ledeé
que
no
le
reinstalaría la póliza. Además, el 10 de diciembre de
2001, SIMED le envió a BTF un cheque por la suma de
$9,560.00.9 La razón aducida para la emisión de ese cheque
fue que se otorgaba en concepto de la prima no devengada
con posterioridad a la efectividad de la cancelación.10
Ahora
cuando,
el
bien,
la
18
octubre
de
controversia
de
que
2001,
nos
esto
ocupa
es,
surge
entre
la
solicitud de reinstalación hecha por Colón Ledeé y la
consiguiente denegación de SIMED, el doctor le notificó a
SIMED de la demanda sobre daños y perjuicios por alegada
impericia médica presentada por los aquí peticionarios,
Heidi
M.
Acevedo
Mangual,
Daniel
Francis
Ayala
y
la
9
A pesar de que el referido cheque está fechado de 25 de septiembre
de 2001, del expediente se desprende que SIMED se lo envió a BTF el
10 de diciembre de ese año y que éste lo recibió el siguiente 14 de
diciembre. Además, se desprende que fue el mismo 10 de diciembre de
2001 que se le notificó a Colón Ledeé que la suma de $9,560.00 había
sido entregada a BTF a tenor con la cesión pactada entre las partes.
Incluso, este cheque aparece como cobrado el 24 de enero de 2002.
10
El concepto de primas no devengadas se refiere a aquellas primas
que tienen que ser devueltas al asegurado como consecuencia de la
cancelación de una póliza pagada antes de su vencimiento. Véase,
Cruz, op cit., pág. 365 (definiendo el término “devolución de
primas”). Al contrario, el término “prima devengada” se define como
la “[p]orción de prima correspondiente al período estricto de seguro
transcurrido durante el ejercicio en que se ha asumido la cobertura
del riesgo”. J. Castelo Matrán, Diccionario MAPFRE de seguros,
Madrid, 1988, pág. 211. A modo de ejemplo, si una póliza se suscribe
con carácter anual un 10 de enero de determinado año, para el 30 de
junio de ese mismo año, la prima devengada será el 50% de la que
hubiese correspondido a la anualidad completa. Íd.
CC-2005-42
8
Sociedad de Bienes Gananciales por ellos constituida, en
contra
de
él
y
de
SIMED
como
su
aseguradora,
entre
otros.11
La acción civil se presentó en el Tribunal de Primera
Instancia el 27 de septiembre de 2001 y se emplazó a Colón
Ledeé el 18 de octubre del mismo año, fecha en la que,
como
ya
señalamos,
el
galeno
procedió
a
notificar
inmediatamente la reclamación a SIMED.
Trabadas las alegaciones entre las partes, el 20 de
diciembre de 2002 SIMED le solicitó al foro primario que
dictara sentencia sumaria a su favor y, en consecuencia,
desestimara la demanda en su contra. Adujo que procedía
dictar
sentencia
controversia
que
sumaria
toda
vez
que
para
fecha
en
que
la
no
se
estaba
en
presentó
la
reclamación de epígrafe, Colón Ledeé no era asegurado de
SIMED ya que desde el 20 de agosto de 2001 la póliza
estaba cancelada.
Oportunamente,
oposición
a
que
los
peticionarios
se
dictara
presentaron
sentencia
su
sumaria.
Argumentaron, entre otras cosas, que la póliza se canceló
el 20 de agosto de 2001 por falta de pago a BTF, por lo
que, para el 18 de octubre de 2001, fecha en que se
emplazó a Colón Ledeé y se le notificó a SIMED, el doctor
sí estaba asegurado de acuerdo con la cláusula IX de la
11
En esencia, los peticionarios alegaron en su demanda que el 3 de
octubre de 2000 el doctor Colón Ledeé le realizó a Acevedo Mangual
una abdominoplastía y que, como consecuencia de las actuaciones
negligentes del médico, ésta sufrió necrosis en el área del abdomen.
Así, solicitaron que se responsabilizara solidariamente a los
demandados a indemnizarles por los daños y perjuicios sufridos, los
cuales estimaron en $2,100,000.00.
CC-2005-42
9
póliza. Ello, debido a que dicha cláusula establecía una
extensión
automática
de
60
días
para
reportar
reclamaciones sin necesidad de pago de prima adicional
siempre
que
la
cancelación
de
la
póliza
se
hubiese
efectuado por cualquier razón que no fuese la falta de
pago de las primas. De tal forma, sostuvieron que como la
póliza se satisfizo totalmente en un solo pago, ésta no se
canceló por falta de pago de la prima.
Luego
de
que
las
partes
presentaran
ciertos
documentos suplementarios concernientes al planteamiento
de sentencia sumaria, el 20 de marzo de 2003 el Tribunal
de
Primera
Instancia
desestimó
con
perjuicio
la
reclamación instada contra SIMED. Determinó que como Colón
Ledeé notificó la reclamación a SIMED el 18 de octubre de
2001, a sabiendas de que su póliza se había cancelado
desde el 20 de agosto de 2001 por falta de pago, SIMED no
era el asegurador del galeno a la fecha en que se presentó
la demanda.
Inconformes, los peticionarios acudieron al Tribunal
de Apelaciones, el cual confirmó la sentencia apelada. El
foro
a
quo
concluyó
que
SIMED
no
aplicó
la
aludida
extensión automática porque la cancelación de su póliza
obedeció a la falta de pago de la prima, lo que constituyó
la excepción única para no extender el periodo de cubierta
ante reclamaciones como la de autos. Determinó que la
cancelación respondió a disposiciones claramente pactadas
entre el doctor Colón Ledeé, SIMED y BTF. Así, dispuso que
ante la ausencia de una genuina controversia sobre los
CC-2005-42
10
hechos esenciales y materiales pertinentes a la cuestión
de si Colón Ledeé estaba asegurado por SIMED al momento en
que
se
presentó
la
reclamación,
procedía
confirmar
la
sentencia parcial recurrida.
Insatisfechos con la determinación del Tribunal de
Apelaciones,
Heidi
Ayala
Sociedad
y
la
M.
Acevedo
de
Mangual,
Bienes
Daniel
Gananciales
Francis
por
ellos
constituida presentaron un recurso de certiorari ante este
Tribunal. El 15 de abril de 2005 expedimos el auto. Con el
beneficio de los alegatos de ambas partes, procedemos a
resolver.
II
En
primer
lugar,
en
su
alegato
los
peticionarios
señalan que la cancelación de la póliza que aseguraba al
doctor Colón Ledeé se debió a la falta de pago de las
mensualidades estipuladas en el contrato de venta al por
menor a plazos, mediante el cual, a su vez, se financió la
prima del contrato de seguro. Por lo tanto, éstos exponen
que en realidad nunca hubo tal falta de pago de la prima,
como lo sostuvo el foro apelativo intermedio. Siendo así,
aducen que la cláusula de extensión automática del término
de cubierta se encontraba en pleno vigor, por lo que la
reclamación
debió
haber
sido
acogida
por
haberse
notificado dentro del periodo de 60 días a partir de la
cancelación de la póliza.
De
esta
forma,
concluyen
que
Colón
Ledeé
era
un
asegurado de SIMED toda vez que la única excepción para no
proveer cubierta en dicho periodo era que la cancelación
CC-2005-42
11
se debiera a la falta de pago de las primas y no a la
falta de pago del financiamiento. Sobre este particular,
resalta el hecho de que la prima se había pagado en su
totalidad
con
anterioridad
a
que
se
originara
la
controversia de autos.
En segundo lugar, los peticionarios argumentan que el
convenio con la compañía de financiamiento de modo alguno
pudo modificar o alterar el contrato de seguro ya que, al
no haberse hecho formar parte de éste, no se cumplió con
lo dispuesto en el Art. 11.180 del Código de Seguros de
Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 26
L.P.R.A. sec. 1118.
Por su parte, SIMED plantea que el contrato de venta
al por menor a plazos suscrito con BTF gravó la prima
pagada a SIMED como garantía del cumplimento del asegurado
con los términos del financiamiento, ya que en éste se
dispuso que Colón Ledeé cedía a BTF todas las sumas y los
pagos
que
le
adviniesen
pagaderos
en
relación
con
la
póliza, su cancelación o cualquier reembolso por primas no
devengadas. En virtud de esa garantía, aduce que cualquier
notificación por falta de pago del financiamiento se debe
considerar como una cancelación por falta de pago de la
prima.
Más aún, sostiene que por mediar un contrato de venta
al por menor a plazos como mecanismo de pago de la prima,
resultaría antijurídico no equiparar la falta de pago del
financiamiento a la falta de pago de la prima. De esta
forma,
concluye
que
se
constituyó
una
cancelación
por
CC-2005-42
12
falta de pago de la prima bajo los términos del contrato
de
seguro,
cuestión
que
impide
la
aplicación
de
la
extensión del término de cubierta de 60 días, por lo que a
la
fecha
de
recibo
de
la
reclamación,
SIMED
no
tenía
expedida póliza alguna a favor del galeno.
Así
las
posiciones
encontradas,
analicemos
las
características principales del contrato de seguro y la
forma adecuada de modificarlo o alterarlo.
III
Las compañías aseguradoras constituyen la institución
por excelencia para la protección de las necesidades y
consecuencias
dañosas
de
los
riesgos
que
amenazan
al
hombre en su vida o patrimonio.12 El alto interés público
del
que
está
revestido
de
la
desprende
el
negocio
extraordinaria
de
los
importancia
seguros
y
el
se
papel
evidentemente social del que participa.13 De ahí que el
Estado
se
haya
encargado
de
regularlo
ampliamente,
en
principio, mediante el Código de Seguros de Puerto Rico,
Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 26 L.P.R.A. sec. 101
et
seq.,
rigiendo
las
disposiciones
de
nuestro
Código
Civil de manera supletoria.14
Un contrato de seguro es un acuerdo mediante el cual
una persona se obliga a indemnizar a otra, o a proveerle
un beneficio específico o determinable, ante la ocurrencia
12
L. Benítez de Lugo y Reymundo, El Riesgo Jurídico, Madrid, 1961,
pág. 17.
13
Véase, Echandi Otero v. Stewart Title, 174 D.P.R. ___ (2008), 2008
T.S.P.R. 126, 2008 J.T.S. 146, 1581.
14
López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 D.P.R. 562, 569 (2003).
CC-2005-42
13
de un suceso incierto pero previsto en el contrato.15 El
asegurador asume unos riesgos a cambio de una prima, de lo
que surge una obligación por parte de éste de responder
por la carga económica que recaiga sobre el asegurado en
caso de ocurrir el evento especificado en el contrato.16
Así,
el
propósito
de
todo
contrato
de
seguro
es
la
indemnización y la protección en caso de producirse el
suceso incierto previsto en éste.17
El
contrato
profesional
de
seguro
contra
médico-hospitalaria
la
responsabilidad
tiene
como
finalidad
indemnizar a los galenos y a las instituciones para el
cuidado de la salud por las pérdidas pecuniarias en las
que éstos incurren al ser responsabilizados por los daños
causados a terceros reclamantes, pacientes y familiares,
por error, omisión, culpa o negligencia, como consecuencia
de, o inherentes a, los servicios profesionales brindados
o
que
debieron
haber
constituye
una
asegurado,
dentro
brindado.18
cubierta
de
de
los
En
seguro
límites
otras
que
palabras,
protege
establecidos
en
al
el
contrato, contra la responsabilidad legal de éste por los
daños
15
o
lesiones
causadas
a
terceras
personas
como
26 L.P.R.A. sec. 102.
16
Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. Oquendo Camacho, 158 D.P.R. 714,
721 (2003).
17
Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1582; Molina v. Plaza
Acuática, 166 D.P.R. 260, 267 (2005).
18
Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675, 689-690 (2001); véase,
26 L.P.R.A. sec. 4102(2),(7).
CC-2005-42
14
consecuencia del rendimiento negligente de sus servicios
profesionales.19
Este tipo de contrato, comúnmente conocido como de
impericia médica o mala práctica profesional, ha adquirido
en los pasados años una gran importancia. Esto, debido a
que permite que tanto el paciente como el médico o la
institución
asegurada
puedan
sentirse
confiados:
el
paciente, porque sabe que en su día, y en el supuesto de
que le asista la razón, será indemnizado por los daños que
el médico pueda causarle; y el asegurado, porque sabe que,
por su profesión, está verdaderamente expuesto a causar
daños
a
otros
cuyas
causas
de
acción
agravarían
extraordinariamente su patrimonio.20
Confirma la importancia que tiene en la vida moderna
el
seguro
de
responsabilidad
por
impericia
médica,
el
hecho de que a los profesionales de la salud se les exige,
como condición previa para ejercer la medicina en Puerto
Rico, tener que demostrar su responsabilidad financiera
para
el
año
fiscal
en
que
ejercerán
sus
funciones,
mediante, entre otras cosas, la obtención de una póliza
anual de responsabilidad por impericia médica.21
Ahora bien, adquirida una póliza de seguro, en caso
de producirse el suceso incierto previsto en ésta, suelen
generarse controversias con relación a si los términos en
que fue redactada obligan al asegurador a indemnizar al
19
Díaz Ayala et al. v. E.L.A., supra, pág. 690.
20
Véase, Benítez de Lugo y Reymundo, op cit., págs. 32-33.
21
26 L.P.R.A. sec. 4105.
CC-2005-42
15
asegurado o a proveerle el beneficio especificado. Ante
esta realidad, es menester tener presente al momento de
interpretar tales cláusulas que los contratos de seguro,
al igual que todos los contratos, constituyen en estricto
derecho
la
ley
siempre
y
cuando
contratos
en
entre
las
cumplan
general,
a
partes.22
Claro
con
requisitos
de
los
consentimiento
de
los
los
saber,
está,
esto
contratantes, objeto cierto y causa de la obligación que
se genera.23
Anteriormente
hemos
resuelto
que
un
contrato
de
seguros es uno de adhesión.24 Un contrato de adhesión es
aquel mediante el cual una sola de las partes dicta las
condiciones del contrato, las cuales ha de aceptar la otra
parte contratante.25
Como
contrato
de
adhesión,
el
de
seguros
debe
interpretarse liberalmente a favor del asegurado con el
objetivo
de
sostener
la
cubierta
por
vía
de
una
interpretación razonable.26 Esto obedece a que, como los
términos de las pólizas de seguro no son el producto de la
negociación entre las partes, sino que son prefijados por
el asegurador sin que el asegurado tenga la facultad de
22
Art. 1230 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3451;
Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1581; López v. Atlantic
Southern Ins. Co., supra, pág. 569.
23
Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3391;
Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 154 (1996).
24
López v. Atlantic Southern Ins. Co., supra, pág. 568, Quiñones
López v. Manzano Pozas, supra, pág. 155.
25
26
Zequeira v. C.R.U.V., 83 D.P.R. 878, 880 (1961).
López v. Atlantic Southern Ins. Co., supra, pág. 568, Quiñones
López v. Manzano Pozas, supra, pág. 155.
CC-2005-42
16
variarlos, el asegurador “tiene la obligación de hacer
clara su intención; en otras palabras[,] viene obligado a
establecer en la póliza, de manera diáfana, los riesgos
por los que viene obligado a responder”.27
No obstante, esta norma no tiene el efecto de obligar
a los tribunales a interpretar a favor del asegurado una
cláusula
cuando
que
su
claramente
significado
le
y
da
alcance
la
razón
sea
al
claro
asegurador
y
libre
de
ambigüedad.28
En reiteradas ocasiones hemos sostenido que si los
términos, las condiciones y las exclusiones de un contrato
de
seguro
son
claros,
se
hará
ambigüedades,
contratantes.29
cuando
“por
Los
sí
específicos
valer
la
clara
términos
de
un
mismos
son
y
libres
voluntad
contrato
bastante
de
son
lúcidos
de
los
claros
para
ser
entendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas,
controversias
necesitar
ni
para
diversidad
su
de
interpretaciones
comprensión
y
sin
razonamientos
o
demostraciones susceptibles de impugnación”.30 En ausencia
de ambigüedad, las cláusulas del contrato son obligatorias
27
Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of P.R., 129 D.P.R. 521, 547
(1991).
28
Quiñones López v. Manzano Pozas, supra,
Librotex Inc., 141 D.P.R. 375, 380-381 (1996).
pág.
155;
A.A.A.
29
v.
Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1581; Coop. Ahorro y
Créd. Oriental v. Oquendo Camacho, supra, pág. 724; López v. Atlantic
Southern Ins. Co., supra, pág. 569.
30
Sucn. Ramírez v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 357, 361 (1959).
CC-2005-42
17
pues no se admitirá una interpretación que vulnere el
claro propósito y voluntad de las partes.31
En atención a lo anterior, hemos reconocido que los
términos de las pólizas de seguro “deben ser generalmente
atendidos en su más corriente y usual significado, sin
atender demasiado al rigor gramatical, sino al uso general
y
popular
de
las
voces”.32
Así,
se
le
confiere
al
asegurado el derecho a confiar en la cubierta que se le
ofrece
tras
una
lectura
de
sus
cláusulas
conforme
al
sentido popular de sus palabras.33 Sin embargo, si de la
póliza
se
desprende
un
determinado
término,
éste
significado
particular
se
a
aplicará
tenor
para
con
lo
convenido por las partes. Consecuentemente, la labor de
los tribunales consiste en buscar el sentido y significado
que a las cláusulas contenidas en la póliza le daría una
persona
de
inteligencia
promedio
que
se
apreste
a
adquirirla.34
Por otro lado, al determinar cuáles son los riesgos
cubiertos
por
una
póliza
de
seguro,
es
necesario
considerar si en el contrato figura alguna cláusula de
exclusión.35
Debido
a
que
estas
cláusulas
tienen
el
propósito de limitar la cubierta establecida en el acuerdo
31
Quiñones López v. Manzano Pozas, supra, pág. 156; López v. Atlantic
Southern Ins. Co., supra, pág. 569.
32
Morales Garay v. Roldan Coss, 110 D.P.R. 701, 706 (1981).
33
Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1582; Domínguez v. GA
Life, 157 D.P.R. 690, 699-700 (2002).
34
Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. Oquendo Camacho, supra, pág. 723;
Quiñones López v. Manzano Pozas, supra, pág. 155.
35
Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 D.P.R. ___ (2007), 2007 T.S.P.R.
153, 2007 J.T.S. 159, 99.
CC-2005-42
18
principal y disponen que el asegurador no responderá por
determinados eventos, riesgos o peligros, hemos concluido
que éstas han de interpretarse restrictivamente de forma
tal que cualquier ambigüedad debe resolverse a favor del
asegurado.36 De esta forma se cumple con el propósito de
todo
contrato
de
seguro,
esto
es,
ofrecer
la
mayor
protección a la persona asegurada.37 No obstante, si una
cláusula
de
exclusión
aplica
claramente
a
determinada
situación, la aseguradora no está obligada a responder por
los riesgos expresamente excluidos.38
Ahora bien, la interpretación que de una póliza de
seguro se realice tiene que ser cónsona con la norma de
hermenéutica
que
impone
el
Art.
11.250
del
Código
de
Seguros de Puerto Rico, el cual dispone lo siguiente:
Todo contrato de seguro deberá interpretarse
globalmente, a base del conjunto total de sus
términos y condiciones, según se expresen en la
póliza y según se hayan ampliado, extendido, o
modificado por aditamento, endoso o solicitud
adherido a la póliza y que forme parte de
ésta.39
El
texto
referido
establece
que
la
ampliación,
extensión o modificación del contrato de seguro se da por
aditamento, endoso o solicitud adherida a la póliza para
36
Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1582; Monteagudo Pérez
v. E.L.A., supra, pág. 99; Marín v. American Int´l Ins. Co. of P.R.,
137 D.P.R. 356, 362 (1994); véase además, Cruz, op cit., págs. 167168.
37
Íd.
38
Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1582; Marín v. American
Int´l Ins. Co. of P.R., supra, pág. 362.
39
26 L.P.R.A. sec. 1125 (énfasis suplido).
CC-2005-42
19
formar
parte
global
a
de
partir
condiciones.40
ésta,
del
De
y
debe
conjunto
lo
interpretarse
total
anterior
de
se
sus
de
manera
términos y
desprende
que
al
interpretar una póliza, ello debe realizarse conforme al
propósito
de
ésta,
a
saber,
ofrecer
protección
al
asegurado.41 Por esto, no se favorecerán interpretaciones
sutiles
que
le
permitan
al
asegurador
evadir
su
responsabilidad.42
Además, y como piedra angular a la controversia que
nos ocupa, es cardinal también el Art. 11.180 del Código
de Seguros de Puerto Rico, el cual en su primer inciso
señala que “[l]a póliza deberá contener todo el contrato .
. . [ya que n]ingún convenio que esté en conflicto con el
contrato de seguro o que lo enmiende o amplíe será válido
a menos que fuere por escrito y se hiciere formar parte de
la póliza”.43 Como puede colegirse de los artículos del
Código de Seguros antes citados, cualquier alteración a la
póliza se tiene que adherir y hacer formar parte de ésta.
Fundamentados
en
el
referido
Art.
11.180,
hemos
establecido que el Código de Seguros “interesa un contrato
de
seguro
completo
en
sí
mismo,
que
contenga
todo
lo
acordado entre las partes y que sea por escrito”.44 Así,
40
Díaz Ayala et al. v. E.L.A., supra, pág. 691; Quiñones López v.
Manzano Pozas, supra, págs. 154-155.
41
Íd.
42
Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. Oquendo Camacho, supra, pág. 723;
Quiñones López v. Manzano Pozas, supra, pág. 155.
43
44
21 L.P.R.A. sec. 1118(1) (énfasis suplido).
The London Assurance v. Tribunal Superior, 95 D.P.R.
(1967).
305, 310
CC-2005-42
el
contrato
20
de
seguro
puede
ser
objeto
de
todas
las
alteraciones o modificaciones que se estimen convenientes
siempre
que
las
partes
consientan
y
se
haga
constar
expresamente en el contrato o se incorpore a la póliza.45
En
consecuencia,
existen
varias
alternativas
para
modificar una póliza de seguro válidamente de manera que
las
alteraciones
que
se
pretenden
surtan
efecto
jurídico.46 Para esto, es necesario que éstas se realicen
mediante un endoso al margen o al dorso de la póliza, por
medio de inserción de palabras en el cuerpo del contrato,
por un documento aparte que exponga que se adjunta y se
hace formar parte de la póliza, o mediante la redacción de
un nuevo contrato que recoja el cambio convenido.47
IV
En el caso de autos, SIMED expidió una póliza de
seguro de responsabilidad médico-hospitalaria a favor del
doctor Colón Ledeé, la cual cubría el periodo comprendido
entre el 26 de enero de 2001 al 26 de enero de 2002, con
fecha retroactiva al 26 de enero de 1998. A cambio de la
prima, SIMED asumió la obligación de responderle al galeno
por cualquier reclamación por mala práctica profesional
que
se
contrato
45
incoara
de
en
su
contra
durante
la
vigencia
del
seguro
o
dentro
del
periodo
extendido
de
2 Appleman on Insurance, 2nd Ed., West Publishing, sec. 8.3 (1996).
46
No obstante, debe tenerse en cuenta que los requisitos establecidos
en el referido Art. 11.180 “no se aplicarán a la concesión de
beneficios adicionales a todos los tenedores de pólizas de un
asegurado, o a una clase o clase de ellos, que no requieran aumentos
en los tipos de primas o reducción o restricciones de cubierta”. 21
L.P.R.A. sec. 1118(3).
47
2 Couch on Insurance, 3rd Ed., West Group, sec. 25:10 (1997).
CC-2005-42
21
cubierta de 60 días provisto en éste. De esta forma, la
reclamación
de
impericia
médica
presentada
por
los
peticionarios constituye el suceso incierto o el evento
específico, y el riesgo asumido por el recurrido, que
genera la obligación de indemnizar al doctor Colón Ledeé,
como el tenedor de la póliza, por las pérdidas pecuniarias
que podría sufrir si en su día se le responsabiliza por
los
daños
causados
como
consecuencia
de
las
alegadas
actuaciones negligentes en la prestación de sus servicios
profesionales.
La reclamación se incoó y se le notificó a SIMED con
posterioridad a que se cancelara la póliza. En específico,
SIMED advino en conocimiento de que se había entablado una
reclamación por impericia médica en contra de Colón Ledeé
59
días
después
de
la
cancelación
del
contrato
de
seguro.48 Ahora bien, la cláusula número IX de la póliza
le proveía al galeno un periodo de cubierta adicional de
60 días a partir de su cancelación para notificar a SIMED
reclamaciones instadas en su contra. De esta forma, la
aludida cubierta adicional constituye parte integral del
riesgo previsto y asumido por SIMED al expedir la póliza.
Ésta
operaría
adicional,
48
automáticamente,
siempre
que
la
sin
necesidad
cancelación
del
de
pago
contrato
se
Téngase en cuenta que como fue BTF quien solicitó la cancelación
debido a la falta de pagos por parte de Colón Ledeé, ésta advino
efectiva tan pronto fue efectuada, esto es, el 20 de agosto de 2001.
Véase, Reyes Ayala v. Torres Amaral et al., supra, pág. 748. En este
sentido, como a SIMED se le notificó de la reclamación el 18 de octubre
de 2001, un mero cálculo nos lleva a concluir que dicha notificación
ocurrió 59 días después de que fue efectiva la cancelación solicitada
por BTF. Ello así, debido a que en este caso resulta irrelevante el que
las primas no devengadas hayan sido devueltas el 10 de diciembre de
2001. Íd.
CC-2005-42
22
debiera a cualquier razón que no fuera la falta de pago de
las primas.
La prima de $21,948.00 se pagó en su totalidad al
comienzo del periodo de cubierta. El doctor Colón Ledeé
pagó
a
SIMED
un
pronto
de
$6,584.00
y
BTF
pagó
directamente a SIMED la diferencia de $15,364.00. De esta
forma, BTF quedó constituida como la compañía que financió
más de la mitad de la prima mediante un contrato de venta
al por menor a plazos. Por medio de este contrato, Colón
Ledeé le otorgó a BTF la facultad para ordenarle a SIMED
la cancelación de la póliza cuando el galeno dejare de
pagar cualquier mensualidad del financiamiento. Además,
convino en cederle a BTF, como garantía para asegurar el
pago
del
financiamiento,
SIMED
adviniese
obligada
cualquier
suma
de
a
con
relación
pagarle
dinero
a
que
la
póliza. Ciertamente, todo lo anterior se realizó con el
consentimiento expreso de SIMED ya que ésta consta como
parte suscribiente en dicho contrato, no obstante, este
convenio escrito no se hizo formar parte de la póliza.
Como consecuencia de que Colón Ledeé incumplió con el
contrato de venta al por menor a plazos al no efectuar uno
de los pagos mensuales correspondientes al financiamiento,
BTF
ejerció
su
facultad
de
ordenarle
a
SIMED
la
cancelación de la póliza. SIMED notificó al galeno la
cancelación de su póliza manifestando que ello se debía a
una petición de la compañía financiera a esos efectos. Al
respecto, es menester enfatizar que en ninguno de los dos
eventos, es decir, ni cuando BTF solicita la cancelación
CC-2005-42
23
de la póliza ni cuando SIMED le informa al doctor la
efectividad de la cancelación, se aduce como razón para la
cancelación la falta de pago de la prima del contrato de
seguro, sino que la cancelación se fundamentó en todo
momento
como
un
incumplimiento
con
los
términos
del
hacerse
efectiva
la
contrato de venta al por menor a plazos.
Transcurridos
59
días
de
cancelación, el doctor Colón Ledeé le notificó a SIMED la
reclamación de los aquí peticionarios ya que, al ser el
término de extensión de cubierta uno de 60 días, Colón
Ledeé se consideraba aún un asegurado de SIMED toda vez
que la cancelación no se debió a la falta de pago de la
prima.
Sin
embargo,
la
aseguradora
negó
la
referida
cubierta a base de que la notificación por falta de pago
del financiamiento constituía una cancelación por falta de
pago de la prima, debido a que medió un contrato de venta
al por menor a plazos como mecanismo para el pago de la
prima.49
En primer lugar, no coincidimos con la interpretación
que hace SIMED de la cláusula número IX del contrato de
49
Sobre este particular, resalta el hecho de que no existe
controversia en torno a que la prima de la póliza se satisfizo en su
totalidad al comienzo de las relaciones contractuales entre Colón
Ledeé y SIMED. Indistintamente de qué parte de la prima se abonó
mediante financiamiento de BTF, ésta se pagó en su totalidad. Más
aún, resulta revelador como el propio recurrido le envió un cheque
por la cantidad de $9,560.00 en concepto de devolución de la prima no
devengada al momento de la cancelación del contrato. Esta devolución
se efectuó el 10 de diciembre de 2001, es decir, casi dos meses
después de habérsele notificado la reclamación instada por los
peticionarios. Debido a que el concepto de primas no devengadas se
refiere a aquellas primas que tienen que ser devueltas al asegurado
como consecuencia de la cancelación de una póliza pagada antes de su
vencimiento, ello impide argumentar con éxito que el motivo por el
cual se canceló la prima fue la falta de pago de ésta, pues, incluso,
fue como resultado de tal cancelación que procedió la devolución de
la prima pagada pero no devengada.
CC-2005-42
seguro;
24
su
lenguaje
necesita
es
cuestión
para
no
realizar
concluir
lo
justifica.
Todo
una
lectura
de
la
que
ésta
clara
es
lo
que
se
cláusula
en
y
no
impone
condiciones más allá de su fiel cumplimiento. La cláusula
expresamente
dispone
que
el
periodo
para
reportar
reclamaciones o pleitos será extendido automáticamente por
60 días si la póliza es cancelada por cualquier razón que
no sea la falta de pago de las primas por parte del
asegurado. Cuando dicha cláusula establece la falta de
pago de las primas como condición única para no extender
el periodo de cubierta a favor del asegurado, se refiere
específicamente a la situación en que se acuerda con el
asegurador pagar la prima del seguro a plazos.50 No se
refiere
relación
al
incumplimiento
paralela
con
del
una
asegurado
compañía
de
dentro
de
una
financiamiento
mediante un contrato de venta al por menor a plazos en el
cual se designa al acreedor financiero como cesionario con
facultad para ordenar la cancelación de la póliza en caso
de la falta de pago de los plazos del financiamiento. Por
lo tanto, la cancelación solicitada por BTF no configura
el
tipo
de
cancelación
excluyente
que
establece
la
cláusula número IX, toda vez que la prima a la que ésta
hace referencia se pagó en su totalidad al comienzo del
periodo de cubierta del seguro.
50
Se le conoce como “prima fraccionada” a “[a]quélla que, aunque
calculada en períodos anuales, es liquidada por el asegurado mediante
pagos periódicos más reducidos (semanas, meses, trimestres, etc.)”.
Castelo Matrán, op cit., pág. 211.
CC-2005-42
25
Los términos en que está redactada la cláusula en
controversia son lo suficientemente lúcidos como para ser
entendidos en un mismo sentido, sin dar lugar a dudas ni a
diversidad de interpretaciones, lo que nos lleva a hacer
valer la clara voluntad de los aquí contratantes. En la
medida en que la prima del seguro se pagó en su totalidad,
y
la
exclusión
únicamente
ante
de
la
la
falta
cubierta
extendida
se
activa
de
de
es
forzoso
pago
ésta,
concluir que SIMED viene obligado a reconocer que Colón
Ledeé es su asegurado según el lenguaje utilizado en la
propia póliza. De esta forma, nos distanciamos de realizar
una
interpretación
sutil
que
le
permita
al
asegurador
evadir su responsabilidad, a la vez que ejercemos nuestra
labor de buscar el sentido que le daría a la cláusula una
persona de normal inteligencia que se apreste a comprar
una póliza como la de autos.
En segundo lugar, es la contención del recurrido que
resultaría antijurídico no equiparar la falta de pago del
financiamiento a la falta de pago de la prima ya que el
contrato de venta al por menor a plazos gravó la prima
pagada a SIMED como garantía del cumplimento del asegurado
con los términos del financiamiento. Esto, debido a que
mediante dicho contrato, en el que SIMED aparece como
suscribiente, Colón Ledeé cedió a BTF todas las sumas y
los pagos que le adviniesen pagaderos en relación con la
póliza, su cancelación o cualquier reembolso por primas no
devengadas. Tampoco le asiste la razón.
CC-2005-42
26
El aludido contrato de venta al por menor a plazos no
se adhirió ni se hizo formar parte de la póliza, por lo
que
constituye
independiente
del
más
bien
contrato
un
de
convenio
seguro.
En
separado
e
vista
lo
de
anterior, los peticionarios sostienen válidamente que el
convenio con la compañía de financiamiento de modo alguno
pudo modificar o alterar el contrato de seguro ya que, al
no haberse hecho formar parte de éste, no se cumplió con
lo dispuesto en el Art. 11.180 del Código de Seguros. Por
lo tanto, el asegurador no puede argumentar con éxito que,
como los beneficios de la póliza servían de garantía al
financiamiento, la falta de pago de éste se equipara a la
falta de pago de la prima.
Sabido
es
que
las
pólizas
de
seguro
deben
interpretarse globalmente a partir del conjunto total de
sus términos y condiciones, según se expresen en la póliza
y según se hayan ampliado, extendido o modificado por
aditamento, endoso o solicitud adherida a la póliza para
parte
de
ésta.51
hermenéutica,
el
Art.
formar
A
tenor
11.180
del
con
esta
Código
norma
de
de
Seguros
“interesa un contrato de seguro completo en sí mismo, que
contenga todo lo acordado entre las partes y que sea por
escrito”.52 Para que cualquier alteración o modificación a
la póliza surta efectos jurídicos dentro de la relación
contractual entre el asegurado y el asegurador, resulta
51
52
26 L.P.R.A. sec. 1125.
The London Assurance v. Tribunal Superior, supra, pág. 310 (énfasis
suplido).
CC-2005-42
27
indispensable que conste por escrito y se haga formar
parte
del
contrato
de
seguro,
constituyéndose
así
un
convenio que, en sí mismo, integre todo lo acordado entre
las
partes.
Es
a
partir
de
que
se
satisfagan
estas
exigencias normativas, que los contratantes tendrán que
atenerse a los términos de la póliza según enmendada.
En
ese
sentido,
si
la
enmienda
no
cumple
con
lo
dispuesto en el estatuto, resultará inmaterial cuál sea o
haya sido la intención de las partes, por lo que será la
aseguradora quien asumirá las consecuencias de no cumplir
con el procedimiento establecido en la ley que regula sus
negocios.53
Ciertamente, en el presente caso los beneficios de la
póliza servían de garantía al pago del financiamiento que
se estableció mediante el contrato de venta al por menor a
plazos suscrito entre BTF, el doctor Colón Ledeé y SIMED.
No
obstante,
equiparar
a
la
la
falta
falta
de
de
pago
pago
de
de
la
éste
no
prima
se
ya
puede
que
el
contrato de venta al por menor a plazos no se adhirió ni
se hizo formar parte de la póliza, como dispone el Art.
11.180 del Código de Seguros.
Además, en el referido contrato nada se dispuso con
relación a que la falta de pago del financiamiento debía
entenderse como la falta de pago de la prima. Ésta era la
única alternativa que tenía SIMED para poder validar su
argumento, a saber, que el contrato de venta al por menor
53
2 Couch on Insurance, supra, sec. 25:2; Industrial Indem. Co. v.
Aetna Casualty & Surety Co., 465 F. 2d 934, 938 (1972).
CC-2005-42
28
a plazos se hizo formar parte de la póliza y que en éste
se estableció expresamente que la falta de pago de los
plazos del financiamiento se entendería como la falta de
pago de la prima. De este modo, la cancelación solicitada
por BTF se hubiera podido adjudicar como una situación de
falta de pago de la prima del contrato de seguro, única
excepción
contemplada
en
la
cláusula
número
IX
para
excluir la aplicación del periodo de cubierta extendida de
60 días.
Por
los
fundamentos
que
anteceden,
se
revoca
la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se
devuelve el presente caso al Tribunal de Primera Instancia
para que resuelva conforme con lo aquí expuesto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Heidi M. Acevedo Mangual
Daniel Francis Ayala y la
Sociedad de Bienes Gananciales
por ellos constituida
Demandantes-Peticionarios
v.
CC-2005-42
Certiorari
SIMED como aseguradora del
Dr. Edgardo Colón Ledeé
Demandada-Recurrida
Dr. Edgardo Colón Ledeé,
Hospital Mimiya, Inc., SIMED
Demandados
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2009.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente, se revoca la Sentencia emitida por el
Tribunal de Apelaciones y se devuelve el presente
caso al Tribunal de Primera Instancia para que
resuelva conforme con lo aquí expuesto.
Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica
la
Secretaria
del
Tribunal
Supremo.
El
Juez
Presidente señor Hernández Denton emitió Opinión de
Conformidad a la cual se une la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez.
Aida Ilena Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Heidi M. Acevedo Mangual
Daniel Francis Ayala y la
Sociedad de Bienes Gananciales
Por ellos constituida
Demandantes-Peticionarios
v.
CC-2005-42
Certiorari
SIMED como aseguradora del
Dr. Edgardo Colón Ledeé
Demandada-Recurrida
Dr. Edgardo Colon Ledeé
Hospital Mimiya, Inc., SIMED
Demandandos
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Presidente señor
Hernández Denton, a la cual se une la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico a 14 de julio de 2009.
Aunque coincidimos con el resultado al que
llega el Tribunal en la Opinión que emite hoy en
el
caso
de
epígrafe,
hemos
decidido
suscribir
esta breve Opinión de Conformidad por entender
que
es
necesario
aclarar
unos
aspectos
relacionados con la normativa jurídica aplicable
a una cancelación de póliza de seguro a solicitud
de la compañía que financió las primas.
I
Los hechos que originan la controversia de
autos están debidamente expuestos en la Opinión
del Tribunal, por lo que pasaremos directamente a
los
asuntos
de
Derecho
que
nos
conciernen.
La
controversia medular del caso de autos consiste
CC-2005-42
en
2
determinar
el
tratamiento
que
debe
dársele
a
una
solicitud de cancelación de una póliza de seguro hecha por
BT Finance luego de que el asegurado, el Dr. Edgardo Colón
Ledeé, incumpliera con un pago mensual del financiamiento
de las primas. En particular, el Tribunal debía resolver si
la falta de pago del Dr. Colón Ledeé a BT Finance, como
parte del contrato de financiamiento de la póliza, debe ser
considerada como una falta con los pagos de las primas para
fines
de
la
cláusula
IX
del
contrato
de
seguro.
Dicha
cláusula provee una extensión automática del período para
notificar una reclamación a la aseguradora durante 60 días
a partir de la fecha de terminación o cancelación de la
póliza, siempre que dicha cancelación no se deba a la falta
de pago de las primas.
Luego
de
revisar
el
contrato
de
financiamiento
suscrito por las partes, así como la jurisprudencia y la
doctrina aplicable, estamos de acuerdo con la Opinión del
Tribunal en que -en las circunstancias particulares de este
caso- la falta de pago a la compañía financiera no debe
tratarse como falta de pago con las primas de seguro, por
lo
que
procede
Apelaciones.
revocar
la
Opinión
del
Tribunal
de
La razón para llegar a esa conclusión –según
nuestro criterio- es que cuando la financiera es la que le
solicita
la
cancelación
de
la
póliza
a
la
aseguradora,
dicha cancelación se debe considerar como una cancelación a
solicitud del asegurado. Ello en virtud de la cesión de
derechos a favor de la financiera que ocurre en el contrato
de financiamiento, el cual -entre otras cosas- concede un
CC-2005-42
poder
3
de
mandato
a
la
financiera
para
solicitar
la
cancelación de la póliza. Veamos.
II
Por lo general, en un contrato de financiamiento de
pólizas
de
financiera
seguro
ciertos
el
asegurado
derechos
que
cede
a
la
compañía
surgen
del
contrato
de
seguro, incluyendo el poder para solicitar la cancelación
de la póliza a nombre suyo, en caso de éste incumplir con
algún pago del financiamiento. 6 Appleman on Insurance, 2d
Ed. Lexis Law Publishing, sec. 39:10 (1996). La cesión que
hace el asegurado a la financiera, en la mayoría de las
ocasiones, incluye el derecho de recobrar las primas de
seguro
no
devengadas
y
cualquier
otro
aseguradora
deba
a
favor
asegurado.
forma,
financiera
la
hacer
puede
del
recobrar
pago
que
De
cualquier
la
igual
balance
pendiente relacionado al financiamiento de la póliza.
No obstante, en aquellos casos en que el contrato de
financiamiento no le otorga a la compañía financiera un
poder para tratar la falta de pago del financiamiento por
parte del asegurado como una determinación de cancelar la
póliza, la compañía financiera no tiene ningún poder para
requerir la cancelación. 2 Couch on Insurance, 3rd Ed.,
West Group, sec. 31:43 (1995). Es por ello que los derechos
y las obligaciones de las partes sobre este asunto dependen
en gran medida del lenguaje utilizado en el contrato de
financiamiento.
Al
abundar
sobre
la
importancia
de
los
términos del contrato de financiamiento, Couch expresa que
CC-2005-42
4
“[A] premium finance company has the right to cancel the
insurance
policy
contained
in
it
the
has
financed
finance
only
if
the
right
agreement.”
Íd,
pág.
el
contrato
is
31-55.
(Énfasis nuestro).
De
lo
anterior
financiamiento
de
se
desprende
pólizas
de
que
seguro,
entre
otras
de
cosas,
traspasa los derechos adquiridos por el asegurado en el
contrato de seguro de póliza, pero no los modifica. Es
decir, el contrato de financiamiento, de por sí, no tiene
el efecto de modificar el contrato de seguro, sino más
bien, se limita a traspasar los derechos del asegurado tal
como éstos fueron establecidos en el contrato de seguro.
Además, en cuanto a la compañía aseguradora se refiere,
debemos
recordar
que
ésta
sólo
debe
cumplir
con
sus
obligaciones
contractuales
hasta
el
momento
de
la
cancelación,
la
el
vigente,
al
ser
cual,
según
Derecho
solicitada por la financiera – y entenderse en dicho caso
que es como si la solicitara el asegurado- es inmediata.
Ahora bien, es menester resaltar que en Casanova Díaz v.
Puerto
Rican-American
Ins.
Co.,
106
D.P.R.
689
(1978)
resolvimos que cuando la cancelación se debe a una acción
unilateral de la aseguradora por falta de pago con las
primas,
la
cobertura
aseguradora
hasta
que
tendrá
devuelva
que
las
continuar
primas
no
proveyendo
devengadas,
momento en que se considera efectiva la cancelación.
Posteriormente, en Reyes Ayala v. Torres Amaral, 130
D.P.R. 730 (1992), este Tribunal resolvió que cuando la
CC-2005-42
5
financiera es la que solicita la cancelación de la póliza
por
falta
de
pago
del
financiamiento,
la
financiera
se
coloca en los “zapatos del asegurado”. (Énfasis nuestro).
En
esas
circunstancias,
según
dicho
precedente,
la
cancelación tiene efecto inmediato. Íd. Véase, además, 6
Appleman
On
Insurance,
supra.
Si
bien
algunas
jurisdicciones estatales han descrito la cancelación de la
póliza a petición de la financiera como una cancelación en
contra de la voluntad del asegurado, dicho análisis se ha
hecho
para
resaltar
el
deber
que
algunas
jurisdicciones
imponen a las aseguradoras de notificar al asegurado antes
de proceder con la cancelación. Íd. No obstante, tanto la
jurisprudencia como la doctrina aplicable coinciden en que
dicha cancelación debe ser considerada como una cancelación
a solicitud del asegurado. Sobre el particular nos dice
Couch:
Generally,
it
has
been
held
that
cancellation by a premium finance company is the
same
as
though
the
insured
has
cancelled
directly. Accordingly, where an insured has
executed a power of attorney authorizing a
premium finance company to cancel, and the
company
requests
cancellation
as
insured´s
attorney-in-fact, the insurer is not required to
give the insured notice of cancellation. 2 Couch
on
Insurance,
supra,
pag.
31-57.
(Énfasis
nuestro). Véase, además, Reyes Ayala v. Torres
Amaral, supra, citando a Georgia Ins. Co. V.
White, 370 S.E. 2d 525, 526 (Ga. App., 1989) y
Prudential Property & Casualty Ins. Co. V.
Safeguard Mtu. Ins. Co., 528 F. Supp. 709 (D.C.
1981).
CC-2005-42
En
6
atención
a
ello,
es
forzoso
concluir
que
la
cancelación de la póliza a petición de la financiera no
debe ser considerada como una cancelación por falta de pago
con las primas de seguro para efectos de la cláusula IX del
contrato de seguro en controversia. Téngase presente que
cuando
se
cancela
una
póliza
por
falta
de
pago
de
las
primas se trata de una cancelación unilateral por parte de
la aseguradora, no del asegurado. Además, en el caso de
autos, la aseguradora había recibido el 100% de los pagos
de
las
primas.
aseguradora
al
En
ese
sentido,
contrato
de
la
comparecencia
financiamiento
de
la
persigue
garantizar que todas las partes –incluyendo la aseguradorareconozcan la cesión que hace el asegurado a favor de la
financiera, el cual se extiende al poder de solicitar la
cancelación de la póliza, a pesar de que se han pagado la
totalidad de las primas. Dicho poder está regulado por el
contrato de financiamiento y el contrato de póliza seguro.
2 Couch on Insurance, supra, pág. 31-55.
Dado que el contrato de financiamiento -de por sí- no
altera
los
derechos
adquiridos
por
el
asegurado
en
el
contrato de seguro, sino más bien se limita a cederlos a la
financiera
tal
como
éstos
fueron
establecidos
en
el
contrato de seguro, es lógico concluir que dichos derechos
sólo pueden ser variados modificando el contrato de seguro.
Nada hay en el contrato de financiamiento suscrito por las
partes en el caso de autos que nos lleve a pensar que de
alguna forma éste alteró el contrato de seguro, incluyendo
CC-2005-42
la
7
cláusula
IX
sobre
la
extensión
del
término
para
notificar una reclamación a la aseguradora aun después de
cancelada
la
póliza.
Más
aún,
el
Código
de
Seguros
de
Puerto Rico requiere, como requisito formal para que un
documento posterior altere el contrato de seguro, que éste
se haga formar parte del contrato original. Art. 11.180 del
Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de
junio de 1957, 26 L.P.R.A. sec. 1118. Ello, claramente, no
ocurrió en el caso de autos.54
A la luz de lo anterior, somos del criterio que SIMED
debe proveer cobertura en el caso de la demanda presentada
por la señora Acevedo Mangual y notificada dentro de los 60
días de la cancelación de la póliza por hechos ocurridos
antes de la cancelación. Tales hechos ocurrieron mientras
la póliza estaba vigente y fueron notificados dentro del
término provisto por la cláusula IX del contrato de seguro.
Siguiendo la jurisprudencia de este Tribunal en cuanto
a
que
una
solicitud
de
cancelación
por
parte
de
la
financiera por falta de pago con el financiamiento debe
entenderse
como
una
hecha
a
solicitud
del
asegurado,
entendemos que es incorrecta la alegación de la aseguradora
de que dicha cancelación debe ser considerada como una por
falta de pago con las primas para fines de la cláusula IX
del contrato de seguro. Ahora bien, conforme a lo expresado
54
Sobre la conveniencia de adjuntar cualquier modificación a
un contrato de seguro al documento original, véase 2 Couch on
Insurance, supra, sec. 25:5, y 4 Appleman on Insurance, supra,
sec. 20.6; 2 Appleman on Insurance, supra. sec. 8.3.
CC-2005-42
por
8
este
Tribunal
cancelación
de
anteriormente,
la
póliza
será
en
estos
inmediata
casos
la
vez
la
una
financiera así lo solicite, sin necesidad de esperar a que
la aseguradora devuelva las primas no devengadas. Por lo
tanto, el término de 60 días debe computarse a partir del
momento
en
que
se
solicita
la
cancelación
y
ésta
es
efectiva. Véase Reyes Ayala v. Torres Amaral, supra.
No
hay
duda
de
que
en
el
caso
de
autos
dicha
notificación ocurrió dentro del período de 60 días a partir
del momento en que fue efectiva la cancelación solicitada
por
BT
Finance.
En
vista
de
ello,
coincidimos
con
la
Opinión del Tribunal en que SIMED estaba obligada por el
contrato de seguro otorgado entre ésta y el Dr. Colón Ledeé
a proveer la cobertura correspondiente.
Por
las
razones
conforme
con
la
expuestas
Opinión
del
anteriormente,
Tribunal
que
estamos
revoca
la
Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en el caso
de autos.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente