LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Resolución del Tribunal

2009 TSPR 122

Poder Judicial de Puerto Rico

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Resolución del Tribunal

ER-2009-002

Enmienda a la Regla 21 de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Heidi M. Acevedo Mangual

Daniel Francis Ayala y la

Sociedad de Bienes Gananciales

Por ellos constituida

Demandantes-Peticionarios

Certiorari

2009 TSPR 122

176 DPR ____

v.

SIMED como aseguradora del

Dr. Edgardo Colón Ledeé

Demandada-Recurrida

Dr. Edgardo Colon Ledeé

Hospital Mimiya, Inc., SIMED

Demandandos

Número del Caso: CC-2005-0042

Fecha: 14 de julio de 2009

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel I

Juez Ponente:

Hon. Carlos J. López Feliciano

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Fabiola Fernández Chaves

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Cristina B. Martínez Guzmán

Materia: Seguros-Interpretación de Contrato de Segu

responsabilidad médico hospitalaria.

ro de

Este documento constituye un documento oficial del

Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correccione

s del

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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónic

a se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Heidi M. Acevedo Mangual

Daniel Francis Ayala y la

Sociedad de Bienes Gananciales

por ellos constituida

Demandantes-Peticionarios

v.

CC-2005-42

Certiorari

SIMED como aseguradora del

Dr. Edgardo Colón Ledeé

Demandada-Recurrida

Dr. Edgardo Colón Ledeé,

Hospital Mimiya, Inc., SIMED

Demandados

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff

Caraballo

San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2009.

Nos corresponde pautar si un contrato de venta

al por menor a plazos en su modalidad de contrato de

financiamiento de primas de seguro, que fue suscrito

por

las

partes

contratantes

y

la

compañía

aseguradora, pero que no se hizo formar parte de la

póliza de seguro, puede modificar los términos de

ésta.

I

El 30 de noviembre de 2000, el Sindicato de

Aseguradores para la Suscripción Conjunta del Seguro

de

Responsabilidad

(SIMED)

expidió

responsabilidad

Profesional

una

póliza

Médico-Hospitalaria

de

médico-hospitalaria

a

seguro

de

favor

del

CC-2005-42

doctor

2

Edgardo

plástica

y

Colón

Ledeé,

reconstructiva.

La

especialista

póliza,

del

en

cirugía

tipo

“claims

made”, cubría el periodo comprendido entre el 26 de enero

de 2001 al 26 de enero de 2002, con fecha retroactiva al

26 de enero de 1998.1

La cubierta de la póliza no se extendía a todas las

reclamaciones instadas en contra de Colón Ledeé, sino que

entre

los

términos

y

condiciones

del

contrato

se

establecían ciertas exclusiones. Así, SIMED no respondería

por aquellas reclamaciones que se generasen de actos u

omisiones del galeno ocurridas previo al 26 de enero de

1998 o con posterioridad a la terminación del contrato, ni

que se hayan instado en contra de éste previo al 26 de

enero de 2001 o con posterioridad a la terminación del

contrato.

Ahora bien, en cuanto a las reclamaciones generadas

por actuaciones u omisiones de Colón Ledeé ocurridas con

posterioridad al 26 de enero de 1998, pero instadas luego

de la terminación del contrato, las cuales de ordinario no

1

El término “póliza” “[s]e refiere al contrato por escrito mediante

el cual una parte, el asegurador, se compromete, a cambio del pago de

una prima, a indemnizar a un tercero, por lo general al asegurado o

un reclamante, por una pérdida contingente al ocurrir un evento

futuro incierto previsto”. R. Cruz, Derecho de Seguros, San Juan,

Publicaciones JTS, 1999, págs. 386-387. La póliza del tipo “claims

made”, conocida en castellano como de “reclamaciones hechas” o de

“descubrimiento” (discovery policy), ofrece protección al asegurado

sólo en contra de las reclamaciones hechas y traídas a la atención de

la aseguradora durante su periodo de vigencia, por lo que la

notificación de la reclamación a la aseguradora es lo que constituye

el evento y el riesgo asegurado, independientemente de la fecha en

que ocurrió el siniestro. Torres v. E.L.A., 130 D.P.R. 640, 645-647

(1992); Cruz, op cit., pág. 338. “Así pues, la cubierta bajo un

póliza de tipo ‘claims-made’ depende de que se presente la

notificación a la aseguradora dentro del término de vigencia de la

póliza o dentro de cualquier otro término que puedan haber convenido

las partes después de la expiración de la misma.” Torres v. E.L.A.,

supra, págs. 646-647 (1992) (énfasis suplido) (escolio omitido).

CC-2005-42

3

estarían cubiertas, la cláusula número IX de la póliza

establecía

una

extensión

automática

del

periodo

de

cubierta. La referida cláusula le proveía a Colón Ledeé un

periodo de cubierta adicional de 60 días para notificar a

SIMED sobre las reclamaciones instadas en su contra. Este

periodo de 60 días comenzaba a transcurrir a partir de

hacerse

efectiva

la

terminación

o

cancelación

de

la

póliza. Se dispuso, además, que esta extensión automática

procedía

tanto

si

la

póliza

era

cancelada

por

la

aseguradora, como si lo era a petición del asegurado, por

cualquier razón que no fuese la falta de pago de las

primas por parte del asegurado.2 Por lo tanto, la única

2

La aludida cláusula número IX expresamente establecía:

IX. AUTOMATIC EXTENDED REPORTING PERIOD

Notwithstanding the provisions of the preceding Section I,

the period for reporting claims or suits shall be

automatically (and without the payment of any additional

premiums) extended for a period of sixty (60) days if the

insurance provided by this policy is terminated by either

the Syndicate or the Insured, for whatever reason, except

for the Insured´s nonpayment of premiums. The Automatic

Extended Reporting Period shall only apply to claims first

made against the Insured during the sixty (60) days

following immediately upon the effective date of such

termination, but only by reason of claims because of injury

to which this policy applies, arising out of the rendering

of or failure to render professional services by the Insured

on or after the retroactive date of this policy and prior to

the effective date of such termination, and subject

otherwise to all of the terms, exclusions and conditions of

this policy. However, this Automatic Extended Reporting

Period may be of unlimited duration under the following

circumstances: a) if the Insured retires permanently from

the practice of medicine after attaining the age of sixty

(60) years; b) the named insured has been insured by the

Syndicate

for

at

least

five

(5)

consecutive

years

immediately prior to such termination; and c) the Insured

has not been involved in any claim or suit during the period

insured by the Syndicate. There shall be no separate

aggregate limits of liability for this Automatic Extended

Reporting Period, and it shall be subject to the remaining

aggregate limit of liability, if any of this policy. The

Automatic Extended Reporting Period does not apply to claims

first made against the Insured that are covered under any

subsequent insurance or any other extended reporting period

coverage the Insured purchased, or that would otherwise be

CC-2005-42

4

situación que permitía que SIMED negara cubierta a favor

de Colón Ledeé en esos 60 días era si la cancelación del

contrato se debía a la falta de pago de las primas.

Así lo convenido, Colón Ledeé financió con BT Finance

(BTF), una subsidiaria del Bank & Trust of Puerto Rico, el

pago de la prima correspondiente a la póliza mediante un

contrato de venta al por menor a plazos, en su modalidad

de contrato de financiamiento de primas de seguro.3 Como

la prima total pactada en la póliza fue de $21,948.00,

Colón

Ledeé

pagó

un

pronto

de

$6,584.00

y

BTF

pagó

directamente a SIMED la diferencia de $15,364.00, siendo

covered under said coverages, but for exhaustion of the

amount of insurance applicable to such claim.

3

El contrato de venta al por menor a plazos está definido en la Ley

de ventas a plazos y compañías de financiamiento, Ley Núm. 64 de 19

de junio de 1964, 10 L.P.R.A. sec. 731 et seq., en los siguientes

términos:

Significa cualquier acuerdo convenido en Puerto Rico para

pagar el precio de venta al por menor a plazos de mercancía

o servicios en el transcurso de un periodo determinado de

tiempo. Además, incluye los certificados de mercancía y

certificados de crédito, así como cualquier acuerdo

convenido en Puerto Rico en virtud del cual el comprador

prometa pagar a plazos el precio de venta diferido de

mercancía o servicios, o cualquier parte del mismo o

cualquier otro acuerdo convenido en Puerto Rico en virtud

del cual el comprador prometa pagar a plazos el balance

descubierto de su deuda con un vendedor al por menor y bajo

los cuales los cargos a plazos se debitan al balance

descubierto por la deuda. El término incluye exclusivamente

acuerdos convenidos para pagar el precio de venta al por

menor a plazos de mercancía o servicios donde el comprador

sea un individuo y medie un cargo por financiamiento.

10 L.P.R.A. sec. 731(6).

Por otro lado, la Ley de ventas a plazos y compañías de

financiamiento, supra, define el término “compañía de financiamiento”

de la siguiente manera:

Significa una persona que se dedique total o parcialmente,

directa o indirectamente, al negocio de comprar o de otra

manera adquirir contratos de ventas al por menor a plazos o

intereses sobre los mismos, otorgados por otras personas.

Este término incluye las personas que se dedican al negocio

de financiar primas de póliza de seguro. . . .

10 L.P.R.A. sec. 731(15).

CC-2005-42

5

ésta la cantidad finalmente financiada. De esta forma,

SIMED

recibió

el

pago

total

de

la

prima

y

BTF

quedó

designado como cesionario de Colón Ledeé. Así, BTF tenía

la facultad para, entre otras cosas, ordenarle a SIMED la

cancelación de la póliza en caso de que el doctor dejare

de pagar cualquier mensualidad a la que estaba obligado en

virtud del contrato de venta al por menor a plazos.4

Además,

el

galeno

pactó

con

BTF

que

la

póliza

serviría de garantía del cumplimento con los términos del

financiamiento, toda vez que éste cedía a BTF todas las

sumas y los pagos que le adviniesen pagaderos en relación

con la póliza, su cancelación o cualquier reembolso de

primas

no

devengadas.5

SIMED,

quien

consta

como

parte

suscribiente del contrato de venta al por menor a plazos,

consintió a la cesión. Sin embargo, este contrato no se

hizo formar parte de la póliza de seguro.

4

Sobre el particular, es menester puntualizar que hemos establecido

que cuando una compañía financiera solicita la cancelación de una

póliza debido a la falta de pagos por parte del asegurado, ello debe

entenderse como una cancelación realizada a solicitud del asegurado y,

como tal, adviene efectiva de manera inmediata, esto es, sin necesidad

de esperar a que la aseguradora devuelva las primas no devengadas.

Reyes Ayala v. Torres Amaral et al., 130 D.P.R. 743, 748 (1992). En

cambio, cuando dicha cancelación se debe a una actuación unilateral de

la aseguradora, la cubierta de la póliza se mantendrá vigente hasta que

la aseguradora devuelva las primas no devengadas, momento en el cual

adviene efectiva la cancelación. Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., 106

D.P.R. 689, 695 (1978).

5

Específicamente, la cláusula número 4 del contrato de venta al por

menor a plazos disponía:

En garantía de la obligación del Comprador evidenciada por

este documento, el Comprador cede y transfiere a BT FINANCE

la póliza y todos los derechos del Comprador bajo la misma,

incluyendo, sin estar limitado a, todas las sumas y pagos

que sean o advengan pagaderos al Comprador en relación con

la Póliza, su cancelación, cualquier reembolso por primas

no devengadas resultantes de cualquier cancelación o por

cambios que surjan en las pólizas que conllevan primas a

devolver. . . .

CC-2005-42

6

El 8 de agosto de 2001, tras no recibir el pago

mensual correspondiente de parte del doctor Colón Ledeé,

BTF ordenó a SIMED que cancelara la póliza. Mediante la

comunicación escrita a esos efectos, BTF expuso que ello

se

debía

a

atrasos

en

los

pagos

del

financiamiento,

entiéndase, fundamentó su petición en el incumplimiento

con los términos del contrato de venta al por menor a

plazos.6 Como consecuencia, el 10 de agosto de 2001 SIMED

informó a Colón Ledeé sobre la cancelación de su póliza,

efectiva el 20 de agosto de 2001. En el documento mediante

el cual SIMED le notificó la cancelación de su póliza al

galeno, se consignó que el motivo por el cual ésta se

cancelaba era debido a la petición de BTF a esos efectos.7

Así las cosas, en una fecha anterior al 16 de octubre

de 2001 –no surge claramente del expediente de autos la

fecha exacta- Colón Ledeé solicitó la reinstalación de la

póliza,

a

documento

lo

que

SIMED

intitulado

Representation

and

le

requirió

“Insured´s

Acceptance”.8

El

que

sometiera

Statement

documento

no

un

of

fue

devuelto con la firma de Colón Ledeé, sino que, el 16 de

octubre de 2001, el galeno le envió a SIMED una misiva en

la que adujo que el atraso en los pagos a BTF se había

resuelto. Manifestó que no emitió el pago correspondiente

6

BTF fundamentó su solicitud de cancelación de la póliza en los

siguientes términos: “The loan granted for the insurance policies

financing is in arrears. We have request[ed] the cancellation

p[u]rsuant to loan terms and conditions”.

7

En específico, SIMED expuso: “Reason(s) for the Cancellation is

(are): REQUESTED BY FINANCE COMPANY”.

8

Este documento requería una declaración del doctor Colón Ledeé a los

efectos de que no se había presentado ninguna reclamación en su

contra durante el periodo de la cancelación.

CC-2005-42

al

7

financiamiento

debido

a

que

había

estado

fuera

de

Puerto Rico por más de un mes. Luego de saldar la deuda

atrasada, y a pesar de la cancelación de la póliza, Colón

Ledeé

continuó

concepto

de

efectuando

las

pagos

a

mensualidades

favor

de

BTF

por

correspondientes

al

financiamiento. Sin embargo, el 23 de octubre de 2001,

SIMED

le

notificó

al

doctor

Colón

Ledeé

que

no

le

reinstalaría la póliza. Además, el 10 de diciembre de

2001, SIMED le envió a BTF un cheque por la suma de

$9,560.00.9 La razón aducida para la emisión de ese cheque

fue que se otorgaba en concepto de la prima no devengada

con posterioridad a la efectividad de la cancelación.10

Ahora

cuando,

el

bien,

la

18

octubre

de

controversia

de

que

2001,

nos

esto

ocupa

es,

surge

entre

la

solicitud de reinstalación hecha por Colón Ledeé y la

consiguiente denegación de SIMED, el doctor le notificó a

SIMED de la demanda sobre daños y perjuicios por alegada

impericia médica presentada por los aquí peticionarios,

Heidi

M.

Acevedo

Mangual,

Daniel

Francis

Ayala

y

la

9

A pesar de que el referido cheque está fechado de 25 de septiembre

de 2001, del expediente se desprende que SIMED se lo envió a BTF el

10 de diciembre de ese año y que éste lo recibió el siguiente 14 de

diciembre. Además, se desprende que fue el mismo 10 de diciembre de

2001 que se le notificó a Colón Ledeé que la suma de $9,560.00 había

sido entregada a BTF a tenor con la cesión pactada entre las partes.

Incluso, este cheque aparece como cobrado el 24 de enero de 2002.

10

El concepto de primas no devengadas se refiere a aquellas primas

que tienen que ser devueltas al asegurado como consecuencia de la

cancelación de una póliza pagada antes de su vencimiento. Véase,

Cruz, op cit., pág. 365 (definiendo el término “devolución de

primas”). Al contrario, el término “prima devengada” se define como

la “[p]orción de prima correspondiente al período estricto de seguro

transcurrido durante el ejercicio en que se ha asumido la cobertura

del riesgo”. J. Castelo Matrán, Diccionario MAPFRE de seguros,

Madrid, 1988, pág. 211. A modo de ejemplo, si una póliza se suscribe

con carácter anual un 10 de enero de determinado año, para el 30 de

junio de ese mismo año, la prima devengada será el 50% de la que

hubiese correspondido a la anualidad completa. Íd.

CC-2005-42

8

Sociedad de Bienes Gananciales por ellos constituida, en

contra

de

él

y

de

SIMED

como

su

aseguradora,

entre

otros.11

La acción civil se presentó en el Tribunal de Primera

Instancia el 27 de septiembre de 2001 y se emplazó a Colón

Ledeé el 18 de octubre del mismo año, fecha en la que,

como

ya

señalamos,

el

galeno

procedió

a

notificar

inmediatamente la reclamación a SIMED.

Trabadas las alegaciones entre las partes, el 20 de

diciembre de 2002 SIMED le solicitó al foro primario que

dictara sentencia sumaria a su favor y, en consecuencia,

desestimara la demanda en su contra. Adujo que procedía

dictar

sentencia

controversia

que

sumaria

toda

vez

que

para

fecha

en

que

la

no

se

estaba

en

presentó

la

reclamación de epígrafe, Colón Ledeé no era asegurado de

SIMED ya que desde el 20 de agosto de 2001 la póliza

estaba cancelada.

Oportunamente,

oposición

a

que

los

peticionarios

se

dictara

presentaron

sentencia

su

sumaria.

Argumentaron, entre otras cosas, que la póliza se canceló

el 20 de agosto de 2001 por falta de pago a BTF, por lo

que, para el 18 de octubre de 2001, fecha en que se

emplazó a Colón Ledeé y se le notificó a SIMED, el doctor

sí estaba asegurado de acuerdo con la cláusula IX de la

11

En esencia, los peticionarios alegaron en su demanda que el 3 de

octubre de 2000 el doctor Colón Ledeé le realizó a Acevedo Mangual

una abdominoplastía y que, como consecuencia de las actuaciones

negligentes del médico, ésta sufrió necrosis en el área del abdomen.

Así, solicitaron que se responsabilizara solidariamente a los

demandados a indemnizarles por los daños y perjuicios sufridos, los

cuales estimaron en $2,100,000.00.

CC-2005-42

9

póliza. Ello, debido a que dicha cláusula establecía una

extensión

automática

de

60

días

para

reportar

reclamaciones sin necesidad de pago de prima adicional

siempre

que

la

cancelación

de

la

póliza

se

hubiese

efectuado por cualquier razón que no fuese la falta de

pago de las primas. De tal forma, sostuvieron que como la

póliza se satisfizo totalmente en un solo pago, ésta no se

canceló por falta de pago de la prima.

Luego

de

que

las

partes

presentaran

ciertos

documentos suplementarios concernientes al planteamiento

de sentencia sumaria, el 20 de marzo de 2003 el Tribunal

de

Primera

Instancia

desestimó

con

perjuicio

la

reclamación instada contra SIMED. Determinó que como Colón

Ledeé notificó la reclamación a SIMED el 18 de octubre de

2001, a sabiendas de que su póliza se había cancelado

desde el 20 de agosto de 2001 por falta de pago, SIMED no

era el asegurador del galeno a la fecha en que se presentó

la demanda.

Inconformes, los peticionarios acudieron al Tribunal

de Apelaciones, el cual confirmó la sentencia apelada. El

foro

a

quo

concluyó

que

SIMED

no

aplicó

la

aludida

extensión automática porque la cancelación de su póliza

obedeció a la falta de pago de la prima, lo que constituyó

la excepción única para no extender el periodo de cubierta

ante reclamaciones como la de autos. Determinó que la

cancelación respondió a disposiciones claramente pactadas

entre el doctor Colón Ledeé, SIMED y BTF. Así, dispuso que

ante la ausencia de una genuina controversia sobre los

CC-2005-42

10

hechos esenciales y materiales pertinentes a la cuestión

de si Colón Ledeé estaba asegurado por SIMED al momento en

que

se

presentó

la

reclamación,

procedía

confirmar

la

sentencia parcial recurrida.

Insatisfechos con la determinación del Tribunal de

Apelaciones,

Heidi

Ayala

Sociedad

y

la

M.

Acevedo

de

Mangual,

Bienes

Daniel

Gananciales

Francis

por

ellos

constituida presentaron un recurso de certiorari ante este

Tribunal. El 15 de abril de 2005 expedimos el auto. Con el

beneficio de los alegatos de ambas partes, procedemos a

resolver.

II

En

primer

lugar,

en

su

alegato

los

peticionarios

señalan que la cancelación de la póliza que aseguraba al

doctor Colón Ledeé se debió a la falta de pago de las

mensualidades estipuladas en el contrato de venta al por

menor a plazos, mediante el cual, a su vez, se financió la

prima del contrato de seguro. Por lo tanto, éstos exponen

que en realidad nunca hubo tal falta de pago de la prima,

como lo sostuvo el foro apelativo intermedio. Siendo así,

aducen que la cláusula de extensión automática del término

de cubierta se encontraba en pleno vigor, por lo que la

reclamación

debió

haber

sido

acogida

por

haberse

notificado dentro del periodo de 60 días a partir de la

cancelación de la póliza.

De

esta

forma,

concluyen

que

Colón

Ledeé

era

un

asegurado de SIMED toda vez que la única excepción para no

proveer cubierta en dicho periodo era que la cancelación

CC-2005-42

11

se debiera a la falta de pago de las primas y no a la

falta de pago del financiamiento. Sobre este particular,

resalta el hecho de que la prima se había pagado en su

totalidad

con

anterioridad

a

que

se

originara

la

controversia de autos.

En segundo lugar, los peticionarios argumentan que el

convenio con la compañía de financiamiento de modo alguno

pudo modificar o alterar el contrato de seguro ya que, al

no haberse hecho formar parte de éste, no se cumplió con

lo dispuesto en el Art. 11.180 del Código de Seguros de

Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 26

L.P.R.A. sec. 1118.

Por su parte, SIMED plantea que el contrato de venta

al por menor a plazos suscrito con BTF gravó la prima

pagada a SIMED como garantía del cumplimento del asegurado

con los términos del financiamiento, ya que en éste se

dispuso que Colón Ledeé cedía a BTF todas las sumas y los

pagos

que

le

adviniesen

pagaderos

en

relación

con

la

póliza, su cancelación o cualquier reembolso por primas no

devengadas. En virtud de esa garantía, aduce que cualquier

notificación por falta de pago del financiamiento se debe

considerar como una cancelación por falta de pago de la

prima.

Más aún, sostiene que por mediar un contrato de venta

al por menor a plazos como mecanismo de pago de la prima,

resultaría antijurídico no equiparar la falta de pago del

financiamiento a la falta de pago de la prima. De esta

forma,

concluye

que

se

constituyó

una

cancelación

por

CC-2005-42

12

falta de pago de la prima bajo los términos del contrato

de

seguro,

cuestión

que

impide

la

aplicación

de

la

extensión del término de cubierta de 60 días, por lo que a

la

fecha

de

recibo

de

la

reclamación,

SIMED

no

tenía

expedida póliza alguna a favor del galeno.

Así

las

posiciones

encontradas,

analicemos

las

características principales del contrato de seguro y la

forma adecuada de modificarlo o alterarlo.

III

Las compañías aseguradoras constituyen la institución

por excelencia para la protección de las necesidades y

consecuencias

dañosas

de

los

riesgos

que

amenazan

al

hombre en su vida o patrimonio.12 El alto interés público

del

que

está

revestido

de

la

desprende

el

negocio

extraordinaria

de

los

importancia

seguros

y

el

se

papel

evidentemente social del que participa.13 De ahí que el

Estado

se

haya

encargado

de

regularlo

ampliamente,

en

principio, mediante el Código de Seguros de Puerto Rico,

Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 26 L.P.R.A. sec. 101

et

seq.,

rigiendo

las

disposiciones

de

nuestro

Código

Civil de manera supletoria.14

Un contrato de seguro es un acuerdo mediante el cual

una persona se obliga a indemnizar a otra, o a proveerle

un beneficio específico o determinable, ante la ocurrencia

12

L. Benítez de Lugo y Reymundo, El Riesgo Jurídico, Madrid, 1961,

pág. 17.

13

Véase, Echandi Otero v. Stewart Title, 174 D.P.R. ___ (2008), 2008

T.S.P.R. 126, 2008 J.T.S. 146, 1581.

14

López v. Atlantic Southern Ins. Co., 158 D.P.R. 562, 569 (2003).

CC-2005-42

13

de un suceso incierto pero previsto en el contrato.15 El

asegurador asume unos riesgos a cambio de una prima, de lo

que surge una obligación por parte de éste de responder

por la carga económica que recaiga sobre el asegurado en

caso de ocurrir el evento especificado en el contrato.16

Así,

el

propósito

de

todo

contrato

de

seguro

es

la

indemnización y la protección en caso de producirse el

suceso incierto previsto en éste.17

El

contrato

profesional

de

seguro

contra

médico-hospitalaria

la

responsabilidad

tiene

como

finalidad

indemnizar a los galenos y a las instituciones para el

cuidado de la salud por las pérdidas pecuniarias en las

que éstos incurren al ser responsabilizados por los daños

causados a terceros reclamantes, pacientes y familiares,

por error, omisión, culpa o negligencia, como consecuencia

de, o inherentes a, los servicios profesionales brindados

o

que

debieron

haber

constituye

una

asegurado,

dentro

brindado.18

cubierta

de

de

los

En

seguro

límites

otras

que

palabras,

protege

establecidos

en

al

el

contrato, contra la responsabilidad legal de éste por los

daños

15

o

lesiones

causadas

a

terceras

personas

como

26 L.P.R.A. sec. 102.

16

Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. Oquendo Camacho, 158 D.P.R. 714,

721 (2003).

17

Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1582; Molina v. Plaza

Acuática, 166 D.P.R. 260, 267 (2005).

18

Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 D.P.R. 675, 689-690 (2001); véase,

26 L.P.R.A. sec. 4102(2),(7).

CC-2005-42

14

consecuencia del rendimiento negligente de sus servicios

profesionales.19

Este tipo de contrato, comúnmente conocido como de

impericia médica o mala práctica profesional, ha adquirido

en los pasados años una gran importancia. Esto, debido a

que permite que tanto el paciente como el médico o la

institución

asegurada

puedan

sentirse

confiados:

el

paciente, porque sabe que en su día, y en el supuesto de

que le asista la razón, será indemnizado por los daños que

el médico pueda causarle; y el asegurado, porque sabe que,

por su profesión, está verdaderamente expuesto a causar

daños

a

otros

cuyas

causas

de

acción

agravarían

extraordinariamente su patrimonio.20

Confirma la importancia que tiene en la vida moderna

el

seguro

de

responsabilidad

por

impericia

médica,

el

hecho de que a los profesionales de la salud se les exige,

como condición previa para ejercer la medicina en Puerto

Rico, tener que demostrar su responsabilidad financiera

para

el

año

fiscal

en

que

ejercerán

sus

funciones,

mediante, entre otras cosas, la obtención de una póliza

anual de responsabilidad por impericia médica.21

Ahora bien, adquirida una póliza de seguro, en caso

de producirse el suceso incierto previsto en ésta, suelen

generarse controversias con relación a si los términos en

que fue redactada obligan al asegurador a indemnizar al

19

Díaz Ayala et al. v. E.L.A., supra, pág. 690.

20

Véase, Benítez de Lugo y Reymundo, op cit., págs. 32-33.

21

26 L.P.R.A. sec. 4105.

CC-2005-42

15

asegurado o a proveerle el beneficio especificado. Ante

esta realidad, es menester tener presente al momento de

interpretar tales cláusulas que los contratos de seguro,

al igual que todos los contratos, constituyen en estricto

derecho

la

ley

siempre

y

cuando

contratos

en

entre

las

cumplan

general,

a

partes.22

Claro

con

requisitos

de

los

consentimiento

de

los

los

saber,

está,

esto

contratantes, objeto cierto y causa de la obligación que

se genera.23

Anteriormente

hemos

resuelto

que

un

contrato

de

seguros es uno de adhesión.24 Un contrato de adhesión es

aquel mediante el cual una sola de las partes dicta las

condiciones del contrato, las cuales ha de aceptar la otra

parte contratante.25

Como

contrato

de

adhesión,

el

de

seguros

debe

interpretarse liberalmente a favor del asegurado con el

objetivo

de

sostener

la

cubierta

por

vía

de

una

interpretación razonable.26 Esto obedece a que, como los

términos de las pólizas de seguro no son el producto de la

negociación entre las partes, sino que son prefijados por

el asegurador sin que el asegurado tenga la facultad de

22

Art. 1230 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3451;

Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1581; López v. Atlantic

Southern Ins. Co., supra, pág. 569.

23

Art. 1213 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3391;

Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 154 (1996).

24

López v. Atlantic Southern Ins. Co., supra, pág. 568, Quiñones

López v. Manzano Pozas, supra, pág. 155.

25

26

Zequeira v. C.R.U.V., 83 D.P.R. 878, 880 (1961).

López v. Atlantic Southern Ins. Co., supra, pág. 568, Quiñones

López v. Manzano Pozas, supra, pág. 155.

CC-2005-42

16

variarlos, el asegurador “tiene la obligación de hacer

clara su intención; en otras palabras[,] viene obligado a

establecer en la póliza, de manera diáfana, los riesgos

por los que viene obligado a responder”.27

No obstante, esta norma no tiene el efecto de obligar

a los tribunales a interpretar a favor del asegurado una

cláusula

cuando

que

su

claramente

significado

le

y

da

alcance

la

razón

sea

al

claro

asegurador

y

libre

de

ambigüedad.28

En reiteradas ocasiones hemos sostenido que si los

términos, las condiciones y las exclusiones de un contrato

de

seguro

son

claros,

se

hará

ambigüedades,

contratantes.29

cuando

“por

Los

sí

específicos

valer

la

clara

términos

de

un

mismos

son

y

libres

voluntad

contrato

bastante

de

son

lúcidos

de

los

claros

para

ser

entendidos en un único sentido, sin dar lugar a dudas,

controversias

necesitar

ni

para

diversidad

su

de

interpretaciones

comprensión

y

sin

razonamientos

o

demostraciones susceptibles de impugnación”.30 En ausencia

de ambigüedad, las cláusulas del contrato son obligatorias

27

Meléndez Piñero v. Levitt & Sons of P.R., 129 D.P.R. 521, 547

(1991).

28

Quiñones López v. Manzano Pozas, supra,

Librotex Inc., 141 D.P.R. 375, 380-381 (1996).

pág.

155;

A.A.A.

29

v.

Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1581; Coop. Ahorro y

Créd. Oriental v. Oquendo Camacho, supra, pág. 724; López v. Atlantic

Southern Ins. Co., supra, pág. 569.

30

Sucn. Ramírez v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 357, 361 (1959).

CC-2005-42

17

pues no se admitirá una interpretación que vulnere el

claro propósito y voluntad de las partes.31

En atención a lo anterior, hemos reconocido que los

términos de las pólizas de seguro “deben ser generalmente

atendidos en su más corriente y usual significado, sin

atender demasiado al rigor gramatical, sino al uso general

y

popular

de

las

voces”.32

Así,

se

le

confiere

al

asegurado el derecho a confiar en la cubierta que se le

ofrece

tras

una

lectura

de

sus

cláusulas

conforme

al

sentido popular de sus palabras.33 Sin embargo, si de la

póliza

se

desprende

un

determinado

término,

éste

significado

particular

se

a

aplicará

tenor

para

con

lo

convenido por las partes. Consecuentemente, la labor de

los tribunales consiste en buscar el sentido y significado

que a las cláusulas contenidas en la póliza le daría una

persona

de

inteligencia

promedio

que

se

apreste

a

adquirirla.34

Por otro lado, al determinar cuáles son los riesgos

cubiertos

por

una

póliza

de

seguro,

es

necesario

considerar si en el contrato figura alguna cláusula de

exclusión.35

Debido

a

que

estas

cláusulas

tienen

el

propósito de limitar la cubierta establecida en el acuerdo

31

Quiñones López v. Manzano Pozas, supra, pág. 156; López v. Atlantic

Southern Ins. Co., supra, pág. 569.

32

Morales Garay v. Roldan Coss, 110 D.P.R. 701, 706 (1981).

33

Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1582; Domínguez v. GA

Life, 157 D.P.R. 690, 699-700 (2002).

34

Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. Oquendo Camacho, supra, pág. 723;

Quiñones López v. Manzano Pozas, supra, pág. 155.

35

Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 D.P.R. ___ (2007), 2007 T.S.P.R.

153, 2007 J.T.S. 159, 99.

CC-2005-42

18

principal y disponen que el asegurador no responderá por

determinados eventos, riesgos o peligros, hemos concluido

que éstas han de interpretarse restrictivamente de forma

tal que cualquier ambigüedad debe resolverse a favor del

asegurado.36 De esta forma se cumple con el propósito de

todo

contrato

de

seguro,

esto

es,

ofrecer

la

mayor

protección a la persona asegurada.37 No obstante, si una

cláusula

de

exclusión

aplica

claramente

a

determinada

situación, la aseguradora no está obligada a responder por

los riesgos expresamente excluidos.38

Ahora bien, la interpretación que de una póliza de

seguro se realice tiene que ser cónsona con la norma de

hermenéutica

que

impone

el

Art.

11.250

del

Código

de

Seguros de Puerto Rico, el cual dispone lo siguiente:

Todo contrato de seguro deberá interpretarse

globalmente, a base del conjunto total de sus

términos y condiciones, según se expresen en la

póliza y según se hayan ampliado, extendido, o

modificado por aditamento, endoso o solicitud

adherido a la póliza y que forme parte de

ésta.39

El

texto

referido

establece

que

la

ampliación,

extensión o modificación del contrato de seguro se da por

aditamento, endoso o solicitud adherida a la póliza para

36

Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1582; Monteagudo Pérez

v. E.L.A., supra, pág. 99; Marín v. American Int´l Ins. Co. of P.R.,

137 D.P.R. 356, 362 (1994); véase además, Cruz, op cit., págs. 167168.

37

Íd.

38

Echandi Otero v. Stewart Title, supra, pág. 1582; Marín v. American

Int´l Ins. Co. of P.R., supra, pág. 362.

39

26 L.P.R.A. sec. 1125 (énfasis suplido).

CC-2005-42

19

formar

parte

global

a

de

partir

condiciones.40

ésta,

del

De

y

debe

conjunto

lo

interpretarse

total

anterior

de

se

sus

de

manera

términos y

desprende

que

al

interpretar una póliza, ello debe realizarse conforme al

propósito

de

ésta,

a

saber,

ofrecer

protección

al

asegurado.41 Por esto, no se favorecerán interpretaciones

sutiles

que

le

permitan

al

asegurador

evadir

su

responsabilidad.42

Además, y como piedra angular a la controversia que

nos ocupa, es cardinal también el Art. 11.180 del Código

de Seguros de Puerto Rico, el cual en su primer inciso

señala que “[l]a póliza deberá contener todo el contrato .

. . [ya que n]ingún convenio que esté en conflicto con el

contrato de seguro o que lo enmiende o amplíe será válido

a menos que fuere por escrito y se hiciere formar parte de

la póliza”.43 Como puede colegirse de los artículos del

Código de Seguros antes citados, cualquier alteración a la

póliza se tiene que adherir y hacer formar parte de ésta.

Fundamentados

en

el

referido

Art.

11.180,

hemos

establecido que el Código de Seguros “interesa un contrato

de

seguro

completo

en

sí

mismo,

que

contenga

todo

lo

acordado entre las partes y que sea por escrito”.44 Así,

40

Díaz Ayala et al. v. E.L.A., supra, pág. 691; Quiñones López v.

Manzano Pozas, supra, págs. 154-155.

41

Íd.

42

Coop. Ahorro y Créd. Oriental v. Oquendo Camacho, supra, pág. 723;

Quiñones López v. Manzano Pozas, supra, pág. 155.

43

44

21 L.P.R.A. sec. 1118(1) (énfasis suplido).

The London Assurance v. Tribunal Superior, 95 D.P.R.

(1967).

305, 310

CC-2005-42

el

contrato

20

de

seguro

puede

ser

objeto

de

todas

las

alteraciones o modificaciones que se estimen convenientes

siempre

que

las

partes

consientan

y

se

haga

constar

expresamente en el contrato o se incorpore a la póliza.45

En

consecuencia,

existen

varias

alternativas

para

modificar una póliza de seguro válidamente de manera que

las

alteraciones

que

se

pretenden

surtan

efecto

jurídico.46 Para esto, es necesario que éstas se realicen

mediante un endoso al margen o al dorso de la póliza, por

medio de inserción de palabras en el cuerpo del contrato,

por un documento aparte que exponga que se adjunta y se

hace formar parte de la póliza, o mediante la redacción de

un nuevo contrato que recoja el cambio convenido.47

IV

En el caso de autos, SIMED expidió una póliza de

seguro de responsabilidad médico-hospitalaria a favor del

doctor Colón Ledeé, la cual cubría el periodo comprendido

entre el 26 de enero de 2001 al 26 de enero de 2002, con

fecha retroactiva al 26 de enero de 1998. A cambio de la

prima, SIMED asumió la obligación de responderle al galeno

por cualquier reclamación por mala práctica profesional

que

se

contrato

45

incoara

de

en

su

contra

durante

la

vigencia

del

seguro

o

dentro

del

periodo

extendido

de

2 Appleman on Insurance, 2nd Ed., West Publishing, sec. 8.3 (1996).

46

No obstante, debe tenerse en cuenta que los requisitos establecidos

en el referido Art. 11.180 “no se aplicarán a la concesión de

beneficios adicionales a todos los tenedores de pólizas de un

asegurado, o a una clase o clase de ellos, que no requieran aumentos

en los tipos de primas o reducción o restricciones de cubierta”. 21

L.P.R.A. sec. 1118(3).

47

2 Couch on Insurance, 3rd Ed., West Group, sec. 25:10 (1997).

CC-2005-42

21

cubierta de 60 días provisto en éste. De esta forma, la

reclamación

de

impericia

médica

presentada

por

los

peticionarios constituye el suceso incierto o el evento

específico, y el riesgo asumido por el recurrido, que

genera la obligación de indemnizar al doctor Colón Ledeé,

como el tenedor de la póliza, por las pérdidas pecuniarias

que podría sufrir si en su día se le responsabiliza por

los

daños

causados

como

consecuencia

de

las

alegadas

actuaciones negligentes en la prestación de sus servicios

profesionales.

La reclamación se incoó y se le notificó a SIMED con

posterioridad a que se cancelara la póliza. En específico,

SIMED advino en conocimiento de que se había entablado una

reclamación por impericia médica en contra de Colón Ledeé

59

días

después

de

la

cancelación

del

contrato

de

seguro.48 Ahora bien, la cláusula número IX de la póliza

le proveía al galeno un periodo de cubierta adicional de

60 días a partir de su cancelación para notificar a SIMED

reclamaciones instadas en su contra. De esta forma, la

aludida cubierta adicional constituye parte integral del

riesgo previsto y asumido por SIMED al expedir la póliza.

Ésta

operaría

adicional,

48

automáticamente,

siempre

que

la

sin

necesidad

cancelación

del

de

pago

contrato

se

Téngase en cuenta que como fue BTF quien solicitó la cancelación

debido a la falta de pagos por parte de Colón Ledeé, ésta advino

efectiva tan pronto fue efectuada, esto es, el 20 de agosto de 2001.

Véase, Reyes Ayala v. Torres Amaral et al., supra, pág. 748. En este

sentido, como a SIMED se le notificó de la reclamación el 18 de octubre

de 2001, un mero cálculo nos lleva a concluir que dicha notificación

ocurrió 59 días después de que fue efectiva la cancelación solicitada

por BTF. Ello así, debido a que en este caso resulta irrelevante el que

las primas no devengadas hayan sido devueltas el 10 de diciembre de

2001. Íd.

CC-2005-42

22

debiera a cualquier razón que no fuera la falta de pago de

las primas.

La prima de $21,948.00 se pagó en su totalidad al

comienzo del periodo de cubierta. El doctor Colón Ledeé

pagó

a

SIMED

un

pronto

de

$6,584.00

y

BTF

pagó

directamente a SIMED la diferencia de $15,364.00. De esta

forma, BTF quedó constituida como la compañía que financió

más de la mitad de la prima mediante un contrato de venta

al por menor a plazos. Por medio de este contrato, Colón

Ledeé le otorgó a BTF la facultad para ordenarle a SIMED

la cancelación de la póliza cuando el galeno dejare de

pagar cualquier mensualidad del financiamiento. Además,

convino en cederle a BTF, como garantía para asegurar el

pago

del

financiamiento,

SIMED

adviniese

obligada

cualquier

suma

de

a

con

relación

pagarle

dinero

a

que

la

póliza. Ciertamente, todo lo anterior se realizó con el

consentimiento expreso de SIMED ya que ésta consta como

parte suscribiente en dicho contrato, no obstante, este

convenio escrito no se hizo formar parte de la póliza.

Como consecuencia de que Colón Ledeé incumplió con el

contrato de venta al por menor a plazos al no efectuar uno

de los pagos mensuales correspondientes al financiamiento,

BTF

ejerció

su

facultad

de

ordenarle

a

SIMED

la

cancelación de la póliza. SIMED notificó al galeno la

cancelación de su póliza manifestando que ello se debía a

una petición de la compañía financiera a esos efectos. Al

respecto, es menester enfatizar que en ninguno de los dos

eventos, es decir, ni cuando BTF solicita la cancelación

CC-2005-42

23

de la póliza ni cuando SIMED le informa al doctor la

efectividad de la cancelación, se aduce como razón para la

cancelación la falta de pago de la prima del contrato de

seguro, sino que la cancelación se fundamentó en todo

momento

como

un

incumplimiento

con

los

términos

del

hacerse

efectiva

la

contrato de venta al por menor a plazos.

Transcurridos

59

días

de

cancelación, el doctor Colón Ledeé le notificó a SIMED la

reclamación de los aquí peticionarios ya que, al ser el

término de extensión de cubierta uno de 60 días, Colón

Ledeé se consideraba aún un asegurado de SIMED toda vez

que la cancelación no se debió a la falta de pago de la

prima.

Sin

embargo,

la

aseguradora

negó

la

referida

cubierta a base de que la notificación por falta de pago

del financiamiento constituía una cancelación por falta de

pago de la prima, debido a que medió un contrato de venta

al por menor a plazos como mecanismo para el pago de la

prima.49

En primer lugar, no coincidimos con la interpretación

que hace SIMED de la cláusula número IX del contrato de

49

Sobre este particular, resalta el hecho de que no existe

controversia en torno a que la prima de la póliza se satisfizo en su

totalidad al comienzo de las relaciones contractuales entre Colón

Ledeé y SIMED. Indistintamente de qué parte de la prima se abonó

mediante financiamiento de BTF, ésta se pagó en su totalidad. Más

aún, resulta revelador como el propio recurrido le envió un cheque

por la cantidad de $9,560.00 en concepto de devolución de la prima no

devengada al momento de la cancelación del contrato. Esta devolución

se efectuó el 10 de diciembre de 2001, es decir, casi dos meses

después de habérsele notificado la reclamación instada por los

peticionarios. Debido a que el concepto de primas no devengadas se

refiere a aquellas primas que tienen que ser devueltas al asegurado

como consecuencia de la cancelación de una póliza pagada antes de su

vencimiento, ello impide argumentar con éxito que el motivo por el

cual se canceló la prima fue la falta de pago de ésta, pues, incluso,

fue como resultado de tal cancelación que procedió la devolución de

la prima pagada pero no devengada.

CC-2005-42

seguro;

24

su

lenguaje

necesita

es

cuestión

para

no

realizar

concluir

lo

justifica.

Todo

una

lectura

de

la

que

ésta

clara

es

lo

que

se

cláusula

en

y

no

impone

condiciones más allá de su fiel cumplimiento. La cláusula

expresamente

dispone

que

el

periodo

para

reportar

reclamaciones o pleitos será extendido automáticamente por

60 días si la póliza es cancelada por cualquier razón que

no sea la falta de pago de las primas por parte del

asegurado. Cuando dicha cláusula establece la falta de

pago de las primas como condición única para no extender

el periodo de cubierta a favor del asegurado, se refiere

específicamente a la situación en que se acuerda con el

asegurador pagar la prima del seguro a plazos.50 No se

refiere

relación

al

incumplimiento

paralela

con

del

una

asegurado

compañía

de

dentro

de

una

financiamiento

mediante un contrato de venta al por menor a plazos en el

cual se designa al acreedor financiero como cesionario con

facultad para ordenar la cancelación de la póliza en caso

de la falta de pago de los plazos del financiamiento. Por

lo tanto, la cancelación solicitada por BTF no configura

el

tipo

de

cancelación

excluyente

que

establece

la

cláusula número IX, toda vez que la prima a la que ésta

hace referencia se pagó en su totalidad al comienzo del

periodo de cubierta del seguro.

50

Se le conoce como “prima fraccionada” a “[a]quélla que, aunque

calculada en períodos anuales, es liquidada por el asegurado mediante

pagos periódicos más reducidos (semanas, meses, trimestres, etc.)”.

Castelo Matrán, op cit., pág. 211.

CC-2005-42

25

Los términos en que está redactada la cláusula en

controversia son lo suficientemente lúcidos como para ser

entendidos en un mismo sentido, sin dar lugar a dudas ni a

diversidad de interpretaciones, lo que nos lleva a hacer

valer la clara voluntad de los aquí contratantes. En la

medida en que la prima del seguro se pagó en su totalidad,

y

la

exclusión

únicamente

ante

de

la

la

falta

cubierta

extendida

se

activa

de

de

es

forzoso

pago

ésta,

concluir que SIMED viene obligado a reconocer que Colón

Ledeé es su asegurado según el lenguaje utilizado en la

propia póliza. De esta forma, nos distanciamos de realizar

una

interpretación

sutil

que

le

permita

al

asegurador

evadir su responsabilidad, a la vez que ejercemos nuestra

labor de buscar el sentido que le daría a la cláusula una

persona de normal inteligencia que se apreste a comprar

una póliza como la de autos.

En segundo lugar, es la contención del recurrido que

resultaría antijurídico no equiparar la falta de pago del

financiamiento a la falta de pago de la prima ya que el

contrato de venta al por menor a plazos gravó la prima

pagada a SIMED como garantía del cumplimento del asegurado

con los términos del financiamiento. Esto, debido a que

mediante dicho contrato, en el que SIMED aparece como

suscribiente, Colón Ledeé cedió a BTF todas las sumas y

los pagos que le adviniesen pagaderos en relación con la

póliza, su cancelación o cualquier reembolso por primas no

devengadas. Tampoco le asiste la razón.

CC-2005-42

26

El aludido contrato de venta al por menor a plazos no

se adhirió ni se hizo formar parte de la póliza, por lo

que

constituye

independiente

del

más

bien

contrato

un

de

convenio

seguro.

En

separado

e

vista

lo

de

anterior, los peticionarios sostienen válidamente que el

convenio con la compañía de financiamiento de modo alguno

pudo modificar o alterar el contrato de seguro ya que, al

no haberse hecho formar parte de éste, no se cumplió con

lo dispuesto en el Art. 11.180 del Código de Seguros. Por

lo tanto, el asegurador no puede argumentar con éxito que,

como los beneficios de la póliza servían de garantía al

financiamiento, la falta de pago de éste se equipara a la

falta de pago de la prima.

Sabido

es

que

las

pólizas

de

seguro

deben

interpretarse globalmente a partir del conjunto total de

sus términos y condiciones, según se expresen en la póliza

y según se hayan ampliado, extendido o modificado por

aditamento, endoso o solicitud adherida a la póliza para

parte

de

ésta.51

hermenéutica,

el

Art.

formar

A

tenor

11.180

del

con

esta

Código

norma

de

de

Seguros

“interesa un contrato de seguro completo en sí mismo, que

contenga todo lo acordado entre las partes y que sea por

escrito”.52 Para que cualquier alteración o modificación a

la póliza surta efectos jurídicos dentro de la relación

contractual entre el asegurado y el asegurador, resulta

51

52

26 L.P.R.A. sec. 1125.

The London Assurance v. Tribunal Superior, supra, pág. 310 (énfasis

suplido).

CC-2005-42

27

indispensable que conste por escrito y se haga formar

parte

del

contrato

de

seguro,

constituyéndose

así

un

convenio que, en sí mismo, integre todo lo acordado entre

las

partes.

Es

a

partir

de

que

se

satisfagan

estas

exigencias normativas, que los contratantes tendrán que

atenerse a los términos de la póliza según enmendada.

En

ese

sentido,

si

la

enmienda

no

cumple

con

lo

dispuesto en el estatuto, resultará inmaterial cuál sea o

haya sido la intención de las partes, por lo que será la

aseguradora quien asumirá las consecuencias de no cumplir

con el procedimiento establecido en la ley que regula sus

negocios.53

Ciertamente, en el presente caso los beneficios de la

póliza servían de garantía al pago del financiamiento que

se estableció mediante el contrato de venta al por menor a

plazos suscrito entre BTF, el doctor Colón Ledeé y SIMED.

No

obstante,

equiparar

a

la

la

falta

falta

de

de

pago

pago

de

de

la

éste

no

prima

se

ya

puede

que

el

contrato de venta al por menor a plazos no se adhirió ni

se hizo formar parte de la póliza, como dispone el Art.

11.180 del Código de Seguros.

Además, en el referido contrato nada se dispuso con

relación a que la falta de pago del financiamiento debía

entenderse como la falta de pago de la prima. Ésta era la

única alternativa que tenía SIMED para poder validar su

argumento, a saber, que el contrato de venta al por menor

53

2 Couch on Insurance, supra, sec. 25:2; Industrial Indem. Co. v.

Aetna Casualty & Surety Co., 465 F. 2d 934, 938 (1972).

CC-2005-42

28

a plazos se hizo formar parte de la póliza y que en éste

se estableció expresamente que la falta de pago de los

plazos del financiamiento se entendería como la falta de

pago de la prima. De este modo, la cancelación solicitada

por BTF se hubiera podido adjudicar como una situación de

falta de pago de la prima del contrato de seguro, única

excepción

contemplada

en

la

cláusula

número

IX

para

excluir la aplicación del periodo de cubierta extendida de

60 días.

Por

los

fundamentos

que

anteceden,

se

revoca

la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se

devuelve el presente caso al Tribunal de Primera Instancia

para que resuelva conforme con lo aquí expuesto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Heidi M. Acevedo Mangual

Daniel Francis Ayala y la

Sociedad de Bienes Gananciales

por ellos constituida

Demandantes-Peticionarios

v.

CC-2005-42

Certiorari

SIMED como aseguradora del

Dr. Edgardo Colón Ledeé

Demandada-Recurrida

Dr. Edgardo Colón Ledeé,

Hospital Mimiya, Inc., SIMED

Demandados

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2009.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se revoca la Sentencia emitida por el

Tribunal de Apelaciones y se devuelve el presente

caso al Tribunal de Primera Instancia para que

resuelva conforme con lo aquí expuesto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica

la

Secretaria

del

Tribunal

Supremo.

El

Juez

Presidente señor Hernández Denton emitió Opinión de

Conformidad a la cual se une la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez.

Aida Ilena Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Heidi M. Acevedo Mangual

Daniel Francis Ayala y la

Sociedad de Bienes Gananciales

Por ellos constituida

Demandantes-Peticionarios

v.

CC-2005-42

Certiorari

SIMED como aseguradora del

Dr. Edgardo Colón Ledeé

Demandada-Recurrida

Dr. Edgardo Colon Ledeé

Hospital Mimiya, Inc., SIMED

Demandandos

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Presidente señor

Hernández Denton, a la cual se une la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico a 14 de julio de 2009.

Aunque coincidimos con el resultado al que

llega el Tribunal en la Opinión que emite hoy en

el

caso

de

epígrafe,

hemos

decidido

suscribir

esta breve Opinión de Conformidad por entender

que

es

necesario

aclarar

unos

aspectos

relacionados con la normativa jurídica aplicable

a una cancelación de póliza de seguro a solicitud

de la compañía que financió las primas.

I

Los hechos que originan la controversia de

autos están debidamente expuestos en la Opinión

del Tribunal, por lo que pasaremos directamente a

los

asuntos

de

Derecho

que

nos

conciernen.

La

controversia medular del caso de autos consiste

CC-2005-42

en

2

determinar

el

tratamiento

que

debe

dársele

a

una

solicitud de cancelación de una póliza de seguro hecha por

BT Finance luego de que el asegurado, el Dr. Edgardo Colón

Ledeé, incumpliera con un pago mensual del financiamiento

de las primas. En particular, el Tribunal debía resolver si

la falta de pago del Dr. Colón Ledeé a BT Finance, como

parte del contrato de financiamiento de la póliza, debe ser

considerada como una falta con los pagos de las primas para

fines

de

la

cláusula

IX

del

contrato

de

seguro.

Dicha

cláusula provee una extensión automática del período para

notificar una reclamación a la aseguradora durante 60 días

a partir de la fecha de terminación o cancelación de la

póliza, siempre que dicha cancelación no se deba a la falta

de pago de las primas.

Luego

de

revisar

el

contrato

de

financiamiento

suscrito por las partes, así como la jurisprudencia y la

doctrina aplicable, estamos de acuerdo con la Opinión del

Tribunal en que -en las circunstancias particulares de este

caso- la falta de pago a la compañía financiera no debe

tratarse como falta de pago con las primas de seguro, por

lo

que

procede

Apelaciones.

revocar

la

Opinión

del

Tribunal

de

La razón para llegar a esa conclusión –según

nuestro criterio- es que cuando la financiera es la que le

solicita

la

cancelación

de

la

póliza

a

la

aseguradora,

dicha cancelación se debe considerar como una cancelación a

solicitud del asegurado. Ello en virtud de la cesión de

derechos a favor de la financiera que ocurre en el contrato

de financiamiento, el cual -entre otras cosas- concede un

CC-2005-42

poder

3

de

mandato

a

la

financiera

para

solicitar

la

cancelación de la póliza. Veamos.

II

Por lo general, en un contrato de financiamiento de

pólizas

de

financiera

seguro

ciertos

el

asegurado

derechos

que

cede

a

la

compañía

surgen

del

contrato

de

seguro, incluyendo el poder para solicitar la cancelación

de la póliza a nombre suyo, en caso de éste incumplir con

algún pago del financiamiento. 6 Appleman on Insurance, 2d

Ed. Lexis Law Publishing, sec. 39:10 (1996). La cesión que

hace el asegurado a la financiera, en la mayoría de las

ocasiones, incluye el derecho de recobrar las primas de

seguro

no

devengadas

y

cualquier

otro

aseguradora

deba

a

favor

asegurado.

forma,

financiera

la

hacer

puede

del

recobrar

pago

que

De

cualquier

la

igual

balance

pendiente relacionado al financiamiento de la póliza.

No obstante, en aquellos casos en que el contrato de

financiamiento no le otorga a la compañía financiera un

poder para tratar la falta de pago del financiamiento por

parte del asegurado como una determinación de cancelar la

póliza, la compañía financiera no tiene ningún poder para

requerir la cancelación. 2 Couch on Insurance, 3rd Ed.,

West Group, sec. 31:43 (1995). Es por ello que los derechos

y las obligaciones de las partes sobre este asunto dependen

en gran medida del lenguaje utilizado en el contrato de

financiamiento.

Al

abundar

sobre

la

importancia

de

los

términos del contrato de financiamiento, Couch expresa que

CC-2005-42

4

“[A] premium finance company has the right to cancel the

insurance

policy

contained

in

it

the

has

financed

finance

only

if

the

right

agreement.”

Íd,

pág.

el

contrato

is

31-55.

(Énfasis nuestro).

De

lo

anterior

financiamiento

de

se

desprende

pólizas

de

que

seguro,

entre

otras

de

cosas,

traspasa los derechos adquiridos por el asegurado en el

contrato de seguro de póliza, pero no los modifica. Es

decir, el contrato de financiamiento, de por sí, no tiene

el efecto de modificar el contrato de seguro, sino más

bien, se limita a traspasar los derechos del asegurado tal

como éstos fueron establecidos en el contrato de seguro.

Además, en cuanto a la compañía aseguradora se refiere,

debemos

recordar

que

ésta

sólo

debe

cumplir

con

sus

obligaciones

contractuales

hasta

el

momento

de

la

cancelación,

la

el

vigente,

al

ser

cual,

según

Derecho

solicitada por la financiera – y entenderse en dicho caso

que es como si la solicitara el asegurado- es inmediata.

Ahora bien, es menester resaltar que en Casanova Díaz v.

Puerto

Rican-American

Ins.

Co.,

106

D.P.R.

689

(1978)

resolvimos que cuando la cancelación se debe a una acción

unilateral de la aseguradora por falta de pago con las

primas,

la

cobertura

aseguradora

hasta

que

tendrá

devuelva

que

las

continuar

primas

no

proveyendo

devengadas,

momento en que se considera efectiva la cancelación.

Posteriormente, en Reyes Ayala v. Torres Amaral, 130

D.P.R. 730 (1992), este Tribunal resolvió que cuando la

CC-2005-42

5

financiera es la que solicita la cancelación de la póliza

por

falta

de

pago

del

financiamiento,

la

financiera

se

coloca en los “zapatos del asegurado”. (Énfasis nuestro).

En

esas

circunstancias,

según

dicho

precedente,

la

cancelación tiene efecto inmediato. Íd. Véase, además, 6

Appleman

On

Insurance,

supra.

Si

bien

algunas

jurisdicciones estatales han descrito la cancelación de la

póliza a petición de la financiera como una cancelación en

contra de la voluntad del asegurado, dicho análisis se ha

hecho

para

resaltar

el

deber

que

algunas

jurisdicciones

imponen a las aseguradoras de notificar al asegurado antes

de proceder con la cancelación. Íd. No obstante, tanto la

jurisprudencia como la doctrina aplicable coinciden en que

dicha cancelación debe ser considerada como una cancelación

a solicitud del asegurado. Sobre el particular nos dice

Couch:

Generally,

it

has

been

held

that

cancellation by a premium finance company is the

same

as

though

the

insured

has

cancelled

directly. Accordingly, where an insured has

executed a power of attorney authorizing a

premium finance company to cancel, and the

company

requests

cancellation

as

insured´s

attorney-in-fact, the insurer is not required to

give the insured notice of cancellation. 2 Couch

on

Insurance,

supra,

pag.

31-57.

(Énfasis

nuestro). Véase, además, Reyes Ayala v. Torres

Amaral, supra, citando a Georgia Ins. Co. V.

White, 370 S.E. 2d 525, 526 (Ga. App., 1989) y

Prudential Property & Casualty Ins. Co. V.

Safeguard Mtu. Ins. Co., 528 F. Supp. 709 (D.C.

1981).

CC-2005-42

En

6

atención

a

ello,

es

forzoso

concluir

que

la

cancelación de la póliza a petición de la financiera no

debe ser considerada como una cancelación por falta de pago

con las primas de seguro para efectos de la cláusula IX del

contrato de seguro en controversia. Téngase presente que

cuando

se

cancela

una

póliza

por

falta

de

pago

de

las

primas se trata de una cancelación unilateral por parte de

la aseguradora, no del asegurado. Además, en el caso de

autos, la aseguradora había recibido el 100% de los pagos

de

las

primas.

aseguradora

al

En

ese

sentido,

contrato

de

la

comparecencia

financiamiento

de

la

persigue

garantizar que todas las partes –incluyendo la aseguradorareconozcan la cesión que hace el asegurado a favor de la

financiera, el cual se extiende al poder de solicitar la

cancelación de la póliza, a pesar de que se han pagado la

totalidad de las primas. Dicho poder está regulado por el

contrato de financiamiento y el contrato de póliza seguro.

2 Couch on Insurance, supra, pág. 31-55.

Dado que el contrato de financiamiento -de por sí- no

altera

los

derechos

adquiridos

por

el

asegurado

en

el

contrato de seguro, sino más bien se limita a cederlos a la

financiera

tal

como

éstos

fueron

establecidos

en

el

contrato de seguro, es lógico concluir que dichos derechos

sólo pueden ser variados modificando el contrato de seguro.

Nada hay en el contrato de financiamiento suscrito por las

partes en el caso de autos que nos lleve a pensar que de

alguna forma éste alteró el contrato de seguro, incluyendo

CC-2005-42

la

7

cláusula

IX

sobre

la

extensión

del

término

para

notificar una reclamación a la aseguradora aun después de

cancelada

la

póliza.

Más

aún,

el

Código

de

Seguros

de

Puerto Rico requiere, como requisito formal para que un

documento posterior altere el contrato de seguro, que éste

se haga formar parte del contrato original. Art. 11.180 del

Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de

junio de 1957, 26 L.P.R.A. sec. 1118. Ello, claramente, no

ocurrió en el caso de autos.54

A la luz de lo anterior, somos del criterio que SIMED

debe proveer cobertura en el caso de la demanda presentada

por la señora Acevedo Mangual y notificada dentro de los 60

días de la cancelación de la póliza por hechos ocurridos

antes de la cancelación. Tales hechos ocurrieron mientras

la póliza estaba vigente y fueron notificados dentro del

término provisto por la cláusula IX del contrato de seguro.

Siguiendo la jurisprudencia de este Tribunal en cuanto

a

que

una

solicitud

de

cancelación

por

parte

de

la

financiera por falta de pago con el financiamiento debe

entenderse

como

una

hecha

a

solicitud

del

asegurado,

entendemos que es incorrecta la alegación de la aseguradora

de que dicha cancelación debe ser considerada como una por

falta de pago con las primas para fines de la cláusula IX

del contrato de seguro. Ahora bien, conforme a lo expresado

54

Sobre la conveniencia de adjuntar cualquier modificación a

un contrato de seguro al documento original, véase 2 Couch on

Insurance, supra, sec. 25:5, y 4 Appleman on Insurance, supra,

sec. 20.6; 2 Appleman on Insurance, supra. sec. 8.3.

CC-2005-42

por

8

este

Tribunal

cancelación

de

anteriormente,

la

póliza

será

en

estos

inmediata

casos

la

vez

la

una

financiera así lo solicite, sin necesidad de esperar a que

la aseguradora devuelva las primas no devengadas. Por lo

tanto, el término de 60 días debe computarse a partir del

momento

en

que

se

solicita

la

cancelación

y

ésta

es

efectiva. Véase Reyes Ayala v. Torres Amaral, supra.

No

hay

duda

de

que

en

el

caso

de

autos

dicha

notificación ocurrió dentro del período de 60 días a partir

del momento en que fue efectiva la cancelación solicitada

por

BT

Finance.

En

vista

de

ello,

coincidimos

con

la

Opinión del Tribunal en que SIMED estaba obligada por el

contrato de seguro otorgado entre ésta y el Dr. Colón Ledeé

a proveer la cobertura correspondiente.

Por

las

razones

conforme

con

la

expuestas

Opinión

del

anteriormente,

Tribunal

que

estamos

revoca

la

Sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en el caso

de autos.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente