Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Sustache Sustache
2009 TSPR 119
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Sustache Sustache
CC-2007-1181
Derecho Penal- Figura del cooperador; delito de comisión por omisión. Procedimiento Criminal- Doctrina sobre revisión de las determinaciones de causa probable
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Certiorari
Recurrido
2009 TSPR 119
v.
176 DPR ____
Carlos Sustache Sustache
Peticionario
Número del Caso: CC-2007-1181
Fecha: 9 de julio de 2009
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Humacao Panel VI
Juez Ponente:
Hon. Germán J. Brau Ramírez
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Michael Corona Muñoz
Oficina del Procurador General:
Lcda. Mite D. Oronoz Rodríguez
Procuradora General Interina
Materia: Revisión determinación no casusa probable
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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
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del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2007-1181
Carlos Sustache Sustache
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada
señora Fiol Matta
“El poder de la voluntad humana no
se agota en el ejercicio de la
actividad final, sino que comprende
también la omisión de ella.” H.
Welzel, Derecho Penal Alemán, (J.
Bustos Ramírez y S. Yañez Pérez),
11va Edición, Santiago de Chile,
Editorial Jurídica de Chile, 1997,
pág. 237.
En San Juan, Puerto Rico a 9 de julio de 2009.
Debemos
precisar
los
contornos
de
dos
figuras
jurídicas incorporadas a nuestro ordenamiento en el nuevo
Código Penal de Puerto Rico aprobado en el 2004. Nos
referimos a la figura del cooperador y al concepto de
comisión
por
omisión.
Los
hechos
de
este
caso
nos
requieren determinar específicamente si se puede procesar
a una persona como cooperador del delito de asesinato en
primer
grado
fundamentada
cuando
en
la
su
omisión
infracción
impropia
penal
de
un
estuvo
deber
garante y precisar, a la vez, el grado de conocimiento
de
CC-2007-1181
2
del delito que debe tener ese cooperador para poder ser
encausado.
La necesidad de interpretar y otorgarle contenido a
estos conceptos penales se hizo patente cuando el Sr.
Carlos Sustache Sustache presentó ante este Tribunal un
recurso
de
certiorari
para
cuestionar
la
sentencia
emitida por el Tribunal de Apelaciones el 29 de noviembre
del 2007.
En ésta, el foro apelativo encontró causa
probable para arresto contra el señor Sustache Sustache
por los delitos de agresión y asesinato en primer grado,
ambos en la modalidad de cooperador y por el delito de
encubrimiento, en la categoría de autor.
Al evaluar los hechos de este caso el Tribunal de
Apelaciones consideró toda la prueba documental incluida
en el expediente judicial.
En específico, el tribunal
utilizó la “Moción de Reconsideración a la Determinación
de No Causa para Arresto en Alzada”, que el Ministerio
Público sometió al Tribunal de Primera Instancia el 4 de
septiembre del 2007, como resumen de la prueba testifical
presentada en la vista de causa probable para arresto en
alzada.
La
representación
legal
Sustache no controvirtió este resumen
del
señor
Sustache
en su contestación
a la petición del Ministerio Público, titulada “Moción
Urgente
en
Oposición
Reconsideración
a
la
a
la
Segunda
Determinación
de
Solicitud
No
Causa
de
para
Arresto en Alzada”, sometida el 5 de septiembre del 2007.
Cabe señalar que aunque denegó la solicitud de la
CC-2007-1181
fiscalía,
síntesis
3
tampoco
de
los
el
juez
de
testimonios
instancia
incluida
en
cuestionó
la
la
de
moción
reconsideración.
A continuación se exponen los hechos pertinentes a
la
controversia
que
surgen
de
los
documentos
que
se
incluyen en el legajo.
I.
El 11 de agosto del 2007, en el sector Punta Santiago
del pueblo de Humacao, se estaba celebrando una fiesta de
quinceañero.
Como parte de la actividad, llegaron a la
residencia de la quinceañera un Club de vehículos marca
Mitsubishi, modelo Lancer, que iban a desempeñarse como
su escolta.
Estos automóviles se estacionaron en el lado
derecho
la
de
homenajeada.
carretera
frente
a
la
casa
de
la
Posteriormente, acudieron al lugar un “Club
de Motoras Scooters de Punta Santiago” que también iban a
ser parte de la escolta de la quinceañera.
motociclistas
estaba
compuesto
por
11
El grupo de
personas
que
utilizaban como uniforme y distintivo del Club una camisa
de color amarillo.
Al llegar al lugar, los miembros del Club colocaron
sus motoras justo al frente de la escolta de vehículos,
ocupando de esta forma el carril derecho de la carretera.
El Sr. Miguel Cáceres Cruz y otro miembro del Club de
Motoras
izquierdo
se
de
ubicaron
la
en
lados
carretera
para
opuestos
dirigir
el
evitar que se creara una congestión vehicular.
del
carril
tránsito
y
CC-2007-1181
4
Cuando el señor Cáceres Cruz dirigía el tránsito
llegó
al
lugar
una
patrulla
de
la
policía
con
tres
agentes del orden público; éstos eran la oficial Zulma
Díaz de León, el oficial Sustache Sustache y el oficial
Javier Pagán Cruz.
El señor Cáceres Cruz le hizo señales
a
la
los
agentes
marcha.
Ante
de
este
policía
acto,
para
los
que
continuaran
su
agentes
detuvieron
su
vehículo oficial frente al señor Cáceres Cruz, se bajaron
de la patrulla y le cuestionaron a éste su autoridad para
dirigir el tránsito.
Además, los funcionarios del orden
público le ordenaron al señor Cáceres Cruz que se sacaran
las motoras porque estaban obstruyendo el tránsito.
Los motociclistas procedieron a mover las motoras a
la acera y los policías se montaron en la patrulla e
iniciaron
nuevamente
alegadamente
se
su
marcha.
desarrolló
un
Sin
embargo,
intercambio
de
como
palabras
entre el agente Pagán Cruz y el señor Cáceres Cruz, los
tres policías se bajaron otra vez del vehículo oficial.
En ese momento, la agente Díaz de León sacó sus esposas e
intentó
arrestar
al
señor
Cáceres
Cruz.
Éste,
para
impedir que le arrestaran, comenzó a caminar hacia atrás
y le solicitó a los agentes que no lo tocaran.
El policía Pagán Cruz también intentó poner bajo
custodia
al
señor
Cáceres
caminando en retroceso.
Cruz,
pero
éste
continuó
En ese momento, el agente Pagán
Cruz le propinó un puño en la cabeza al señor Cáceres
Cruz quien cayó sentado en el suelo.
El policía Pagán
CC-2007-1181
5
Cruz se ubicó encima del señor Cáceres Cruz y lo continuó
golpeando con sus puños.
El cuerpo del señor Cáceres
Cruz quedó entre las piernas del oficial.
Ni la agente Díaz de León ni el agente Sustache
Sustache
evitaron
golpeando
al
cuando
el
Sr.
señor
Cáceres
que
señor
el
Cáceres
Cristino
Cruz
policía
Cruz
Por
el
Cruz.
“Tino”
para
Pagán
Cruz
impedir
intentó
que
siguiera
contrario,
ayudar
al
continuara
la
golpiza, el policía Sustache Sustache no le permitió que
se acercara.
De igual forma, cuando el Sr. Francisco
Toyens Quiñones trató de sacar al señor “Tino” Cruz del
lugar de la controversia, el agente Sustache Sustache le
ordenó que se hiciera a un lado y fue él mismo quien lo
sacó.
Por
levantarse
su
parte,
del
piso
el
señor
Cáceres
agarrándose
de
Cruz
la
trató
correa
de
de
la
baqueta que el agente Pagán Cruz tenía en el muslo de su
pierna derecha.
Esta baqueta contenía un arma de fuego.
Al mismo tiempo, el policía Pagán Cruz sujetó su baqueta
y en el forcejeo con el señor Cáceres Cruz, para evitar
que éste se levantara, se disparó el revólver.
Ante el disparo, el agente Sustache Sustache empujó
al
señor
patrulla.
Toyens
Quiñones
y
salió
corriendo
hacia
la
El señor Cáceres Cruz, luego de la detonación,
quedó boca arriba acostado en el piso.
El oficial Pagán
Cruz recibió una herida de bala en el muslo de su pierna
izquierda y al sentir que su pierna izquierda flaqueaba,
CC-2007-1181
se
recostó
6
de
un
zafacón
y
de
un
poste
del
tendido
eléctrico.
Luego, el policía Pagán Cruz quitó el velcro de la
baqueta y al sacar la pistola cayó al suelo el casquillo
de la bala que se había disparado.
Entonces, el agente
Pagán Cruz “chamboneó”, es decir, cargó su arma de fuego
y le disparó varias veces al señor Cáceres Cruz.
Al
recibir los impactos de bala, el cuerpo del señor Cáceres
Cruz cayó hacia el lado derecho.
Finalmente, el oficial
Pagán Cruz se bajó hacia el cuerpo del señor Cáceres
Cruz, buscó su cabeza y le disparó.
agente
Pagán
Cruz
metió
su
En ese momento, el
revólver
nuevamente
en
su
baqueta y se recostó de un vehículo.
Durante toda esta situación, ni la agente Díaz de
León
ni
el
agente
Sustache
Sustache
intervinieron.
Tampoco le proveyeron ayuda al señor Cáceres Cruz.
Ambos
oficiales del orden público asistieron al agente Pagán
Cruz montándolo en la patrulla y llevándolo al Hospital
Ryder en el pueblo de Humacao.
Ninguno de ellos se
acercó al cuerpo del señor Cáceres Cruz para revisar si
aún se encontraba con vida.
agente
Díaz
de
León
como
Por el contrario, tanto la
el
agente
Sustache
Sustache
optaron por dejar en el piso al señor Cáceres Cruz sin
proveerle ni conseguirle ayuda, a pesar de que cuando se
dirigían al hospital pasaron por el lado del cuerpo del
señor Cáceres Cruz.
CC-2007-1181
7
La opción de los oficiales del orden público de no
socorrer al señor Cáceres Cruz y dejar su cuerpo en el
suelo,
les
impidió
percatarse
de
que
éste
aún
estaba
vivo.
El Sr. Fermín Torres López, presidente del “Club
de Motoras Scooter de Punta Santiago”, testificó que al
acercarse al cuerpo del señor Cáceres Cruz se percató de
que éste todavía respiraba.
Por eso, les solicitó a las
personas que estaban presentes que llamaran al sistema de
emergencias médicas 911.
Cuando el teniente Rodríguez
González llegó a Punta Santiago también se percató de que
el señor Cáceres Cruz se encontraba con vida y ordenó a
los agentes que lo acompañaban que lo montaran en el
carro oficial y lo llevaran al Hospital Ryder.
Una vez
en el hospital, se certificó la muerte del señor Cáceres
Cruz.
El Lcdo. Jaime Perea Mercado, Fiscal Auxiliar en la
Fiscalía de Humacao, tuvo la responsabilidad de realizar
la investigación de este caso.
La información de lo
acontecido se la comunicó el teniente Velásquez, Director
de Homicidios del CIC en Humacao.
Específicamente, el
teniente Velásquez le informó al fiscal Perea Mercado que
una persona le quitó el arma a un policía, lo hirió y que
el oficial recuperó el arma y le disparó varias veces al
civil.
Ante esta información, el fiscal Perea Mercado se
dirigió a Punta Santiago a revisar la escena del crimen.
Luego, entrevistó individualmente a los agentes Díaz de
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8
León y Sustache Sustache.
Al momento de la entrevista,
el fiscal Perea Mercado no consideraba como sospechosos a
ninguno de los tres agentes de la policía.
Durante la entrevista, el oficial Sustache Sustache
le expresó al fiscal Perea Mercado que todo el incidente
se había suscitado muy rápido y en todo momento le estuvo
dando la espalda al agente Pagán Cruz porque había muchas
personas.
También
indicó
que
se
encargó
de
mantener
alejados a los civiles y sacó su gas pimienta, pero no se
atrevió
utilizarlo
porque
compañero Pagán Cruz.
le
hubiera
hecho
daño
a
su
Todo el incidente entre el señor
Cáceres Cruz y los agentes de la policía fue grabado por
una persona en su celular.
Este video fue suministrado a
la prensa y transmitido por televisión.
Cuando el fiscal
Perea Mercado observó el video se percató de que había
inconsistencia entre éste y la versión de los hechos que
le habían ofrecido los oficiales Díaz de León y Sustache
Sustache.
En
inconsistencias
lo
que
fueron
se
las
refiere
a
éste,
siguientes:
(1)
el
las
agente
Sustache Sustache en ningún momento sacó el gas pimienta
y (2) no había mucha gente en el lugar de los hechos.
A causa de esta nueva información, el 20 de agosto
del 2007, el Estado presentó denuncias separadas contra
el
agente
Pagán
Cruz,
por
el
delito
de
asesinato
en
primer grado, y contra los agentes Sustache Sustache y
Díaz de León por el delito de asesinato en primer grado,
en la modalidad de cooperador.
El Tribunal de Primera
CC-2007-1181
9
Instancia no encontró causa probable para arresto contra
el oficial Sustache Sustache.
Por esto, el 22 de agosto
del 2007, el Ministerio Público solicitó una vista de
causa
probable
para
arresto
en
alzada.
La
vista
se
celebró el 28 de agosto del 2007 y el foro de instancia
determinó nuevamente que no existía causa para arresto.
Ante tal dictamen y de forma verbal en la vista, el
Ministerio
Fiscal
reconsiderara.
solicitó
al
foro
de
instancia
que
No obstante, el tribunal de instancia
mantuvo su decisión de que no existía causa probable para
arresto contra el agente Sustache Sustache.
El
Ministerio
Público
presentó
por
escrito
una
“Moción de Reconsideración a la Determinación de No Causa
Probable para Arresto en Alzada”, el 4 de septiembre del
2007.
Por su parte, la representación legal del agente
Sustache
Sustache
sometió
una
“Moción
Urgente
en
Oposición a la Segunda Solicitud de Reconsideración a la
Determinación de No Causa para Arresto en Alzada”, el 5
de septiembre del 2007.
El 6 de septiembre del 2007, el
tribunal de instancia denegó la moción de reconsideración
presentada por la Fiscalía.
Este dictamen fue notificado
el 12 de septiembre del 2007.
El 27 de septiembre del 2007, la Fiscalía optó por
presentar un recurso de certiorari ante el Tribunal de
Apelaciones, contra la determinación de no causa probable
para arresto en alzada en el caso del agente Sustache
Sustache.
El
abogado
del
policía
Sustache
Sustache
CC-2007-1181
sometió
10
una
“Moción
en
Oposición
a
que
se
Expida
Certiorari”, el 23 de octubre del 2007.
Además,
Público
el
5
presentó
de
octubre
del
2007
un
segundo
recurso
el
Ministerio
de
certiorari
cuestionando la determinación de no causa probable para
acusar a la agente Díaz de León.
El 8 de octubre del
2007,
ambos
el
foro
apelativo
certiorari,
ordenó
controversias
de
su
derecho
acogió
consolidación
similares
y
recursos
por
le
de
contener
concedió
un
término de 15 días a los recurridos, Sustache Sustache y
Díaz de León, para que comparecieran a mostrar causa por
la cual no se debía expedir el auto solicitado y revocar
la determinación del tribunal de instancia.
Finalmente, el 29 de noviembre del 2007, el tribunal
apelativo emitió su sentencia en la cual revocó ambas
decisiones del foro de instancia.
Específicamente, el
foro apelativo expresó que existía causa para arrestar al
agente Sustache Sustache y causa para acusar a la oficial
Díaz de León por el delito de agresión, en el grado de
cooperador, puesto que los agentes cometieron la omisión
de
intervenir
para
evitar
que
el
agente
Pagán
Cruz
agrediera con los puños al occiso Cáceres Cruz, a pesar
de
que
éste
se
encontraba
en
el
piso.
También,
se
encontró causa para arrestar al oficial Sustache Sustache
y para acusar a la agente Díaz de León, por el delito de
asesinato en primer grado, en calidad de cooperadores,
porque ambos omitieron su deber de asistir al señor
CC-2007-1181
11
Cáceres Cruz, luego de que éste fuera atacado con un arma
de fuego y herido de gravedad.
Por último, el foro
apelativo
arrestar
encontró
causa
para
al
policía
Sustache Sustache y para acusar a la policía Díaz de León
por el delito de encubrimiento, en la modalidad de autor,
debido a que le proveyeron información falsa al Fiscal
sobre lo ocurrido, luego de haber cometido los delitos
antes mencionados.
Esta sentencia fue notificada a las
partes el 30 de noviembre del 2007.
Inconforme, el agente Sustache Sustache presentó un
recurso de certiorari ante este Tribunal Supremo, el 28
de
diciembre
del
2007.
Plantea
que
el
Tribunal
de
Apelaciones erró: (1) al decretarse con jurisdicción para
revisar
una
arresto
en
determinación
sus
méritos;
de
(2)
no
al
causa
probable
determinar
causa
para
para
arresto por los delitos de agresión, asesinato en primer
grado y encubrimiento.1
1
Además expuso como error que el foro apelativo utilizó
en sus determinaciones de hechos la transcripción de la
vista para acusar a la oficial Díaz de León y que aplicó
preceptos españoles al derecho constitucional y penal
puertorriqueño
y
creó
figuras
y
responsabilidades
jurídicas que son extrañas a la normativa penal y la
carta de derechos de este país. Respecto a lo primero,
constatamos que el Tribunal de Apelaciones utilizó, como
resumen de la prueba testifical en el caso del señor
Sustache Sustache, la “Moción de Reconsideración a la
Determinación de No Causa para Arresto en Alzada” que el
Ministerio Público presentó ante el Tribunal de Primera
Instancia. Este recuento fáctico no fue objetado por el
señor Sustache Sustache.
Tampoco el juez de instancia
cuestionó la sinopsis de los testimonios incluidos en
dicha moción. La transcripción privada que el Ministerio
Fiscal sometió ante el tribunal apelativo sólo fue
utilizada por este foro judicial como resumen de la
prueba testifical en el caso de la agente Díaz de León.
CC-2007-1181
12
El 18 de abril del 2008, ordenamos al Ministerio
Público
que
mostrara
causa
por
la
cual
no
se
debía
expedir el auto solicitado y revocar la sentencia del
Tribunal de Apelaciones. Esta resolución fue notificada
el 23 de abril del 2008 y el 13 de mayo del 2008, el
Procurador General sometió su Escrito en Cumplimiento de
Orden.
Al tener la posición de ambas partes procedemos a
resolver, no sin antes atender ciertos cuestionamientos
jurisdiccionales relacionados a la facultad del tribunal
apelativo, y por ende de este foro judicial, para revisar
la determinación de no causa probable para arresto.
II.
A.
Doctrina sobre la Revisión de las Determinaciones
de Causa Probable
El magistrado que evalúa la prueba presentada, tanto
en la vista de causa para arresto como en la vista de
causa
para
acusar,
puede
determinar
que
existe
o
no
existe causa probable para lo solicitado o que hay causa
probable para arrestar o acusar, según sea el caso, por
un delito inferior o por un delito distinto al imputado
En cuanto al uso de fuentes españolas, es importante
señalar que el Código Penal de 2004 adoptó un nuevo
enfoque teórico para distinguir las formas de autoría y
participación en el delito, sustituyendo la teoría de la
equivalencia, de influencia anglosajona, por la teoría de
la diferenciación, característica de jurisdicciones de
Derecho Civil.
Por eso, la necesidad de nutrir el
análisis jurídico penal con el derecho comparado, a
partir de la aprobación del Código Penal de 2004.
CC-2007-1181
13
en la denuncia.2 La facultad de los jueces de instancia
para determinar causa probable por un delito distinto al
imputado está fundamentada en las Reglas de Procedimiento
Criminal.
Al respecto, hemos manifestado lo siguiente:
Los magistrados deben mantener presente que
las disposiciones del Inciso (c) de la
citada Regla 23 de Procedimiento Criminal
les autoriza a determinar causa probable
por
el
delito
que
ellos
entiendan
procedente,
independientemente
del
"delito'' especificado en la "denuncia'' a
base de la cual se le somete el caso.
Deben mantener, igualmente, presente que el
procedimiento,
hasta
cierto
punto
sui
generis, que se establece en la citada
Regla 23 hace innecesario que el Estado
venga obligado a solicitar que se enmiende
la denuncia, al amparo de lo dispuesto en
la Regla 38 de Procedimiento Criminal, en
la situación de que la prueba presentada
demuestre la comisión de un delito distinto
al imputado en la "denuncia''.
Dicho de
otra forma, el magistrado que preside la
vista preliminar está en completa libertad
de admitir la prueba que tengan a bien
presentar las partes y determinar causa
probable por el delito que él entienda
infringido, independientemente del que se
imputa en la "denuncia.''3
Ante una determinación de no causa o de causa por un
delito inferior o distinto al imputado, el Ministerio
Público tiene la opción de desistir de la acción penal
contra el acusado, de proseguir contra éste por el delito
para el cual se encontró causa o de recurrir en alzada
ante un magistrado de categoría superior del Tribunal de
2
Regla 6 (c), Reglas de Procedimiento Criminal, 34
L.P.R.A. Ap. II; Regla 23 (c) y 24 (c), Reglas de
Procedimiento Criminal, supra.
3
Pueblo v. Torres, Esparra, 132 D.P.R. 77, 85-86
(1992).
CC-2007-1181
14
Primera Instancia.4
utiliza
el
fiscal
A este procedimiento judicial que
para
recurrir
de
una
determinación
adversa de causa probable para arrestar o acusar se le
denomina vista en alzada.
Esta vista de causa probable para arresto o para
acusar en alzada no es una apelación de la primera vista,
sino un trámite independiente, separado y distinto al de
la
vista
original.5
Su
propósito
brindarle
al
Estado
una
conseguir
una
determinación
segunda
está
centrado
oportunidad
favorable
de
causa
en
para
para
arresto o acusar, con la misma u otra prueba distinta a
la que se ofreció en la vista original.6
Por esto, esta
opción procesal sólo puede ser utilizada por el fiscal
4
R.24(c) de las de Procedimiento Criminal, supra; Regla
6 (c), Reglas de Procedimiento Criminal, supra; Pueblo en
interés del Menor KJSR, 2007 T.S.P.R. 194, 2007 J.T.S.
199, 172 D.P.R. ____ (2007); Pueblo v. North Caribbean,
162 D.P.R. 374, 383 (2004);
Pueblo v. García Saldaña,
151 D.P.R. 783, 789 (2000); Pueblo v. Colón Mendoza, 149
D.P.R. 630, 636 (1999); Pueblo v. Miró González, 133
D.P.R. 813, 816, nota 3 (1993); Álvarez v. Tribunal
Superior, 102 D.P.R. 236, 237 (1974).
5
Pueblo en interés del Menor KJSR, supra; Pueblo v.
North Caribbean, supra, pág. 385; Pueblo v. Ríos Alonso,
149 D.P.R. 761, 769 (1999); Pueblo v. Martínez Rivera,
144 D.P.R. 631, 646 (1997); Pueblo v. Rivera Rivera, 141
D.P.R. 121, 134 (1996); Pueblo v. Méndez Pérez, 120
D.P.R. 137, 142 (1987); Pueblo v. Cruz Justiniano, 116
D.P.R. 28, 30 (1984).
6
Regla 6 (c), Reglas de Procedimiento Criminal, supra;
Regla 24 (c), Reglas de Procedimiento Criminal, supra;
Pueblo en interés del Menor KJSR, supra; Pueblo v. North
Caribbean, supra, págs. 385-386; Pueblo v. García
Saldaña, supra, pág. 790; Pueblo v. Ríos Alonso, supra,
pág. 769; Pueblo v. Rivera Rivera, supra, pág. 135; E. L.
Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y
Estados Unidos, 1era Edición, Colombia, Editorial Forum,
1993, Volumen III, pág. 101.
CC-2007-1181
15
una vez, ante una determinación no favorable de causa
para arresto, y una vez más para una determinación no
satisfactoria de causa para acusar.7
Como
regla
general,
no
se
permite
al
Ministerio
Público recurrir a un tribunal de mayor jerarquía de una
resolución
del
Tribunal
de
Primera
inexistencia
de
causa
determina
la
arresto
para acusar.8
o
A
través
Instancia
probable
de
los
que
para
el
años, este
Tribunal ha aclarado y expandido esta norma.
Hemos establecido que un magistrado puede concluir
que
no
existe
instancias.
causa
probable
para
acusar
en
tres
Éstas son: (1) cuando la prueba desfilada
durante la vista no establece a satisfacción del juzgador
la probabilidad de que el delito se haya cometido o la
conexión del imputado con el delito, (2) cuando la prueba
desfilada durante la vista establece la probable comisión
de un delito inferior o distinto al imputado y (3) por
razones
estrictamente
de
derecho
desvinculadas
prueba presentada sobre la comisión del delito.9
a
la
Si el
juez de instancia determina que no hay causa probable por
insuficiencia
de
prueba
o
que
se
ha
demostrado
causa
probable por un delito distinto o inferior al imputado,
7
Pueblo v. Rivera Rivera, supra, págs. 134, 135; Pueblo
v. Cabrera González, 130 D.P.R. 998, 1002 (1992); Chiesa
Aponte, op. cit., págs. 52-53, 100-101.
8
Pueblo v. Colón Mendoza, supra, pág. 636; Pueblo v.
Rodríguez Ríos, 136 D.P.R. 685, 692 (1994); Pueblo v.
Tribunal Superior, 95 D.P.R. 412, 414 (1967).
9
Pueblo en interés del menor KJSR, supra; Pueblo v.
Aponte Nolasco, 2006 T.S.P.R. 62, 2006 J.T.S. 71, 167
D.P.R. ____ (2006).
CC-2007-1181
16
este dictamen será final y no lo podrá revisar un foro de
mayor jerarquía.
alzada
es
Ministerio
el
único
Público
tribunal.10
En esas circunstancias, la vista en
mecanismo
para
que
revisar
tiene
la
disponible
determinación
el
del
Esto responde, a su vez, a la naturaleza
peculiar de esta decisión, “dentro de un procedimiento
especialmente
regulado,
con
una
finalidad
esencial
al
ordenado y rápido curso del procedimiento criminal.”11
En resumen, una determinación de causa probable en
los méritos no es revisable.12 Recientemente, en Pueblo en
interés del menor KJSR, ante, resolvimos que tampoco son
revisables las determinaciones de causa probable que son
producto de un análisis mixto de hecho y derecho.13
Sin
embargo, cuando la determinación de ausencia de causa
probable para acusar se basa en cuestiones estrictamente
de derecho, desvinculadas de la apreciación de la prueba
que fue presentada para demostrar la comisión del delito,
10
Pueblo en interés del menor KJSR, supra; Pueblo v.
Aponte Nolasco, supra; Pueblo v. Rodríguez Ríos, supra,
pág. 692; Pueblo v. Colón Mendoza, supra, pág. 636.
11
Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 171 (1975).
Igualmente hemos aclarado que esta opción judicial no
está fundamentada en que el juez instructor de causa
actúa como individuo y no como tribunal.
Pueblo v.
Tribunal Superior, supra, pág. 413.
12
Pueblo v. Rivera Alicea, supra, pág. 499; Pueblo v.
Colón
Mendoza,
supra,
pág.
636;
Pueblo
v.
Cruz
Justiniano, supra, pág. 30.
13
Pueblo en interés del menor KJSR, supra.
CC-2007-1181
la
17
decisión
podrá
ser
revisada
mediante
recurso
de
certiorari.14
Debemos, pues, determinar, como cuestión de umbral,
si
lo
que
está
ante
nuestra
consideración
es
una
controversia de derecho que puede ser revisada mediante
el recurso de certiorari.
argumenta
que
el
El señor Sustache Sustache
tribunal
apelativo
no
tenía
jurisdicción, como tampoco la tendríamos nosotros, para
revisar por certiorari la determinación de no causa, ya
que
ésta
fue
desvinculada
resuelta
de
la
en
prueba
los
méritos
desfilada
y
en
no
la
está
vista.
Incluso, plantea que aunque la controversia de este caso
no
sea
estrictamente
de
hechos,
la
misma
está
entremezclada con cuestiones de hechos y de derecho, por
lo cual afirma que tampoco podía ser revisada ni por el
foro
apelativo
estos
ni
por
planteamientos
este
Tribunal.
examinemos
más
Para
de
dilucidar
cerca
nuestra
decisión en el caso de Pueblo en interés del menor KJSR.15
En ese caso, en la vista de causa en alzada, el
Tribunal de Primera Instancia determinó suprimir la
14
Pueblo en interés del menor KJSR, supra; Pueblo v.
Aponte Nolasco, supra; Pueblo v. Rivera Alicea, 150
D.P.R. 495, 499-500 (2000); Pueblo v. Colón Mendoza,
supra págs. 636-637; Pueblo v. Cruz Justiniano,
supra, pág. 30.
Lo anterior es consistente con la
finalidad del recurso de certiorari, que es un
vehículo procesal extraordinario utilizado para que
un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un
error de derecho cometido por un tribunal inferior.
Artículo 670, Código de Enjuiciamiento Civil del
1933, 32 L.P.R.A. sec. 3491.
15
Supra, nota 4.
CC-2007-1181
18
prueba que el Ministerio Público había obtenido a base de
un registro ilegal y decidió que no existía causa para
presentar la querella en contra del menor.
El Procurador
General recurrió, a través del recurso de certiorari,
ante el Tribunal de Apelaciones.
negó
a
expedir
el
auto
Ese foro judicial se
por
entender
que
las
determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en la
vista
inicial
y
fundamentaban
en
en
la
vista
en
alzada,
cuestiones
de
derecho,
estrictamente vinculadas a la prueba.
aunque
se
estaban
Confirmamos este
dictamen bajo el fundamento de que la determinación de no
causa emitida por el foro de instancia era una mixta de
hecho y derecho.
Los hechos que suscitan la controversia que está
ante nuestra consideración son claramente distinguibles
de los que dieron lugar a nuestra opinión en Pueblo en
interés del menor KJSR.
La determinación de suprimir una
prueba, y como resultado de esta acción determinar no
causa, que fue lo que sucedió en Pueblo en interés del
menor KJSR, es principalmente una cuestión de hecho según
lo hemos interpretado hasta la saciedad.
Distintamente,
la controversia que está ahora ante nuestra consideración
es
esencialmente
de
derecho.
Las
figuras
jurídicas
presentes en esta controversia son nuevas y nunca antes
las hemos interpretado. Esta particularidad, no tan solo
suscitó una diversidad de análisis entre los abogados de
defensa y fiscales que expusieron sus argumentos legales
ante el tribunal de instancia, sino que también ha creado
CC-2007-1181
19
incertidumbre entre los jueces de instancia respecto al
alcance y aplicación que éstos le deben dar a esas nuevas
figuras jurídicas.
Las expresiones del juez de instancia en la
de
causa
probable
para
arresto,
recogidas
vista
por
el
Ministerio Público en su “Moción de Reconsideración a la
Determinación
de
No
Causa
Probable
para
Arresto
en
Alzada”, revelan la incertidumbre del magistrado sobre la
interpretación en derecho de las figuras jurídicas que
rigen
en
este
caso.
Dichas
expresiones
fueron
las
siguientes:
Yo no estoy obligado a explicar las razones
para la determinación de no causa, pero no
hay problema en decir que de la prueba que
examiné, tendría que estirar mucho el
delito [Art. 106] para determinar causa,
aunque puede ser relacionada con otro
delito que ya fue modificado en el Nuevo
Código Penal.
Por dicha negligencia se
podría tomar acción en contra de él en el
ámbito administrativo y laboral.16
En
su
escrito
en
oposición
el
señor
Sustache
Sustache no objetó este relato de las expresiones del
juez de instancia, como tampoco lo hizo éste al denegar
la reconsideración solicitada por el Ministerio Público.17
Siendo
insoslayable
ello
así,
no
responsabilidad
podemos
de
rehuir
explicar
las
nuestra
nuevas
16
Véase: Moción de Reconsideración a la Determinación de
No Causa para Arresto en Alzada de Fiscalía, 4 septiembre
del 2007, págs. 148-149.
El Ministerio Público obtuvo
esta información de las notas que tomó durante la vista
de causa probable en alzada celebrada el 28 de agosto del
2008.
17
Véase la Resolución de 6 de septiembre del 2007, págs.
97, 138.
CC-2007-1181
figuras
20
jurídicas
ordenamiento
contrario,
en
que
el
se
han
Código
corresponde
a
incorporado
Penal
este
del
a
2004.
Tribunal
nuestro
Por
el
establecer
la
pauta hermenéutica reclamada.
Resolvemos que no existe impedimento jurisdiccional
para entender en este caso y procedemos a evaluar la
controversia en sus méritos.
B. El Delito de Comisión por Omisión
Nuestro Código Penal define el término “delito” como
“un acto cometido u omitido en violación de alguna ley
que lo prohíbe u ordena y que apareja, al ser probado,
alguna pena o medida de seguridad.”18
Esta conceptuación
es significativa porque permite conocer cuáles son los
elementos
fundamentales
de
la
responsabilidad
penal.
Concretamente, esta disposición estatutaria presenta los
cinco factores constitutivos de un delito: “(1) el acto u
omisión; (2) la tipicidad; (3) la antijuridicidad; (4) la
culpabilidad y (5) la punibilidad.”19
Estos cinco componentes deben ser analizados de
forma secuencial.
En otras palabras, no se podrá imponer
a una persona alguna pena o medida de seguridad si no se
18
Artículo 15, Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, según
enmendada, 33 L.P.R.A. sec. 4643.
19
D. Nevarez Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico
Comentado, 2da Edición, Hato Rey, Puerto Rico, Instituto
para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2005, pág. 23.
CC-2007-1181
21
prueban en un juicio, más allá de duda razonable, los
primeros cuatro elementos antes mencionados.20
El sistema jurídico penal reacciona a la conducta
humana, que se convierte en punible cuando se tipifica y
se le agrega la antijuridicidad y la culpabilidad.21
En
el ordenamiento penal puertorriqueño esa conducta humana
se
puede
manifestar
omisiones.22
Esto
tanto
implica,
por
acciones
como
su
vez,
se
a
que
por
pueden
infringir las disposiciones penales tanto por acciones
como por omisiones.
Al ser la omisión el componente de
la responsabilidad penal pertinente a esta controversia,
centraremos nuestro análisis en esa figura.
Las
omisiones
penalmente
relevantes
se
pueden
dividir en dos grandes categorías: las omisiones propias
y las omisiones impropias.23 El grupo de omisiones propias
es aquel que está tipificado, de forma expresa, dentro
20
D. Nevarez Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico
Comentado, op.cit., págs. 23-24.
Sobre el particular,
Chiesa Aponte expone que: “la inexistencia de uno de los
eslabones del análisis impide pasar al siguiente nivel
del esquema.” L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal
Sustantivo, Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2007, pág.
13.
21
F. Muñoz Conde y M. García Arán, Derecho Penal: Parte
General, 7ma Edición, Valencia, España, Tirant Lo Blanch,
2007, pág. 209.
22
23
Artículo 18, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4646.
C. Blanco Lozano, Tratado de Derecho Penal Español,
Barcelona, España, JM Bosch Editor, 2005, Tomo I, pág.
131; H. Heinrich Jescheck y T. Weigend, Tratado de
Derecho Penal: Parte General, (traducción de Miguel
Olmedo Cardenete); 5ta Edición, Granada, Editorial
Comares, S. L., 2002, pág. 651.
CC-2007-1181
22
del estatuto penal.24
configura
cuando
Por esto, este tipo de omisión se
se
“viola
un
mandato
de
ley,
independiente de la ocurrencia de un resultado lesivo
producto de dicha infracción.”25 Éste delito requiere la
voluntad de omitir la ley y se concreta, tan solo, con un
no hacer.
26
Por eso, como plantea Chiesa Aponte, la
omisión
propia
“acarrea
responsabilidad
momento
exacto
en
se
que
omite
penal
realizar
la
en
el
acción
requerida.”27
Por otra parte, los delitos de omisión impropia,
también denominados delitos de comisión por omisión, son
aquellos que se originan cuando una persona no impide la
producción de un resultado, viola con su no actuar una
norma prohibitiva y permite que sea lesionado un bien
jurídico.28
Es decir, según explica Cury Urzúa, que “sólo
incurre en comisión por omisión quien, encontrándose en
una
posición
fáctica
de
garante
respecto
al
bien
jurídicamente protegido, no actúa, a pesar de contar con
24
E. Novoa Monreal, Fundamentos de los Delitos de
Omisión, Buenos Aires Argentina, Ediciones Desalma, 1984,
pág. 211; L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo,
op.cit., pág. 91.
25
L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, Íd.; E.
Novoa Monreal, op.cit., pág. 211.
26
D. Nevarez Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico
Comentado, op.cit., pág. 27; C. Blanco Lozano, op.cit.
27
L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,
pág. 103.
28
E. Novoa Monreal, op.cit., pág. 211; R. Goldstein,
Diccionario de Derecho Penal y Criminología, 3ra Edición,
Buenos Aires, Argentina, Editorial Astrea, 1993, pág.
184.
CC-2007-1181
23
el dominio final del hecho, para evitar una lesión o
puesta en peligro de dicho bien.”29
omisión
sólo
produce
un
genera
resultado
Por eso, este tipo de
responsabilidad
punible
como
penal
“cuando
consecuencia
de
se
la
omisión.”30
Contrario a los delitos de omisión propia, este tipo
de delito requiere que no se evite un resultado.31
Por
esto, los tratadistas Jescheck y Weigend manifiestan que
el delito de omisión impropia es equivalente al delito de
resultado.32 Debemos preguntarnos entonces si constituye
un delito de comisión por omisión toda omisión jurídicopenal a la que le sigue un resultado.
Veamos.
Los requisitos para que se configure el delito de
comisión por omisión son: (1) la existencia de un deber
de garante; (2) la capacidad del omitente para cumplir
con ese deber; (3) la producción de un resultado; y (4)
la equivalencia entre la omisión y la producción activa
del
resultado
que
no
se
evitó.33
Estas
cuatro
29
E. Cury Urzúa, Derecho Penal: Parte General, 1ra
Edición, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile,
1985, Tomo II, pág. 304.
30
L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,
pág. 103.
31
S. Mir Puig, Derecho Penal: Parte General, 7ma Edición,
Buenos Aires-Montevideo, B de F Ltda., 2005, pág. 312.
32
33
H. Jescheck y T. Weigend, op.cit., pág. 652.
E. Bagacigalupo, Derecho Penal: Parte General, 2da
Edición, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 550-553; H.
Welzel, Derecho Penal Alemán, 4ta Edición, Santiago de
Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1997, págs. 250-251;
S. Mir Puig, op.cit., págs. 317-329; F. Muñoz Conde y M.
CC-2007-1181
24
consideraciones
representan
la
vertiente
objetiva
del
delito de comisión por omisión.
El deber de garante, primer elemento objetivo para
configurar el delito de comisión por omisión, sólo puede
originarse si entre el actor y la víctima existe una
relación estrecha que permita imponer esta obligación.34
Esta
perspectiva
del
deber
de
garante
surge
de
la
denominada teoría de las funciones, propuesta por Armin
Kaufmann, la cual, según explica Mir Puig, “fundamenta la
posición
de
garante
materialmente
existente
en
la
entre
relación
el
sujeto
funcional
y
el
bien
jurídico.”35
Para el tratadista Bacigalupo, esta cercanía entre
el
sujeto
y
el
bien
jurídico
se
manifiesta
de
dos
maneras: (1) cuando el omitente está “encargado de la
protección
o
custodia
del
bien
jurídico
que
aparece
lesionado o amenazado de lesión”36 o (2) cuando se trata
García Arán, op.cit., págs. 243-248; M. C. López
Peregrín, La Complicidad en el Delito, Valencia, España,
Tirant Lo Blanch, 1997, págs. 337-352.
34
L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,
pág. 93.
35
36
S. Mir Puig, op.cit., pág. 318.
Este tipo de manifestación de la posición de garante se
hace palpable en la relación de protección de un padre
hacia su hijo y, en general, en todas aquellas “que se
derivan
del
derecho
de
familia
o
de
relaciones
materialmente similares.”
Como es notable, “en esta
forma de la posición de garante la vinculación con el
bien jurídico proviene de la relación existente con el
sujeto titular del bien jurídico.” E. Bagacigalupo,
Delitos Impropios de Omisión, 2da Edición, Bogotá,
Colombia, Editorial TEMIS, 1983, págs. 143-144.
CC-2007-1181
25
del “encausamiento y la custodia del peligro que emana de
una fuente determinada en relación con todo bien jurídico
que pudiera resultar afectado por ella.”37
Esto implica
que en los delitos de comisión por omisión, el sujeto
activo
que
persona,
evite
sino
el
aquella
resultado
que
no
tenga
puede
el
ser
deber
cualquier
jurídico
de
hacerlo.38
De acuerdo al profesor Chiesa este deber de garante
u obligación de actuar no necesariamente surge de la ley,
sino que “puede originarse en principios jurídicos no
estatutarios, en la jurisprudencia y en la costumbre.”39
No obstante, las fuentes más concretas en las cuales se
fundamenta la obligación jurídica de actuar para impedir
un resultado prohibido son la injerencia, el contrato y
37
E. Bagacigalupo, Delitos Impropios de Omisión, op.cit.,
pág. 143; E. Bagacigalupo, Derecho Penal: Parte General,
op.cit., pág. 546-547.
Para esta segunda forma de
posición de garante “no es determinante la relación del
omitente con el bien jurídico a través de su vinculación
con su titular”, sino que ésta tiene “por contenido la
dirección y el encauzamiento de algo que produce, por su
utilización, peligro para bienes jurídicos en la vida
social, por cuyo motivo un determinado sujeto o sujetos
tienen como función el evitar y prevenir el daño.” Los
ejemplos más comunes son: los bomberos, los policías y
aquellos en los que la naturaleza y el efecto socialmente
peligroso deriva de cosas materiales, como por ejemplo la
tenencia de animales feroces.
E. Bagacigalupo, Delitos
Impropios de Omisión, op.cit., págs. 145-146.
38
39
F. Muñoz Conde y M. García Arán, op.cit., pág. 244.
L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,
pág. 91.
CC-2007-1181
la ley.40
26
Así lo plantea la llamada teoría formal del
deber jurídico del garante.41
El deber de garante fundamentado en la injerencia le
impone la obligación a una persona de asumir el control
del peligro o riesgo originado por ella en contra de un
jurídico.42
bien
Ese
riesgo
jurídicamente
protegido,
Mesa,
ser
puede
precedente.43
según
producto
Incluso,
el
que
la
de
afecta
al
tratadista
una
acción
tratadista
Mir
bien
Rodríguez
u
omisión
Puig
ha
manifestado que ese riesgo previamente creado o aumentado
puede haber sido el resultado de una actuación lícita.44
Por otro lado, el deber de garante sólo surge de un
contrato
si
uno
de
los
sujetos
asume
expresamente
la
función de protección o custodia del bien jurídico, de
forma que se origine, entre ambas partes, una situación
de
dependencia
efectiva.45
Más
concretamente,
el
tratadista Welzel expone que la posición de garante surge
solamente cuando una de las partes asume en un contrato
40
M. J. Rodríguez Mesa, La Atribución de Responsabilidad
en Comisión por Omisión, Navarra, España, Editorial
Aranzadi, SA, 2005, págs. 94-108; H. Heinrich Jescheck y
T. Weigend, op.cit., pág. 669.
41
42
S. Mir Puig, op.cit., pág. 318.
E. Novoa Monreal,
op.cit., pág. 323.
43
op.cit.,
pág.
143;
S.
Mir Puig,
M. J. Rodríguez Mesa, op.cit., págs. 99.
44
Informe del Senado de Puerto Rico sobre el P. del S.
2302, 22 de junio del 2003; D. Nevares, Nuevo Código
Penal de Puerto Rico, op.cit., pág. 28.
45
M. J. Rodríguez Mesa, op.cit., pág. 97.
CC-2007-1181
esa
27
responsabilidad
y
se
activa
“cuando
comienza
la
situación del peligro, de cuyo manejo está encargado el
garante.”46
En este contexto, cualquier incumplimiento
del deber de actuar, que cause un resultado lesivo es una
omisión que genera responsabilidad penal.47
Un deber de garante también puede estar reconocido
en un estatuto. No obstante, debe tratarse de un precepto
jurídico
extra-penal
porque
los
deberes
de
actuar
impuestos por las leyes penales sólo pueden dar lugar a
delitos de omisión pura.48 La obligación de los policías
de proteger a los ciudadanos es un ejemplo de un deber de
garante
dispuesto
Orgánica
de
la
en
una
Policía
ley.
de
Al
Puerto
respecto,
Rico
la
Ley
dispone
lo
siguiente:
Se crea en el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico un organismo civil de orden público que
se denominará “Policía de Puerto Rico” y cuya
obligación será proteger a las personas y a la
propiedad, mantener y conservar el orden
público, observar y procurar la más absoluta
protección
de
los
derechos
civiles
del
ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y
perseguir el delito y, dentro de la esfera de
sus atribuciones, compeler obediencia a las
leyes y ordenanzas municipales, y reglamentos
que conforme a éstas se promulguen.49
46
H. Welzel, Derecho Penal Alemán: Parte General,
(traducción por Juan Bustos Ramírez y Sergio Yañez
Pérez), 4ta Edición, Santiago de Chile, Editorial
Jurídica de Chile, 1997, pág. 253.
47
L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,
pág. 94.
48
49
M. J. Rodríguez Mesa, op.cit., pág. 95.
Artículo 3, Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según
enmendada, 25 L.P.R.A. sec. 3102. Énfasis Suplido.
CC-2007-1181
28
Esta obligación de actuar que tienen los policías
también fue incorporada al Reglamento de Personal de la
Policía.
En lo pertinente, esta normativa establece que:
Dentro de la esfera de sus atribuciones todo
miembro de la Fuerza tendrá, entre otras, las
siguientes obligaciones y responsabilidades:
1. Proteger
la
vida
y
propiedad,
impedir el crimen y el desorden.
2. …
3. Cumplir y velar por el cumplimiento
de
las
leyes,
reglamentos
y
ordenanzas municipales.
4. Observar y procurar la protección de
los derechos civiles del ciudadano.
5. Observar
en
todo
conducta ejemplar.
momento
una
6. Tomar las providencias necesarias
para garantizar la protección de la
persona detenida.
7. Tratar cortésmente al público y
prestar la debida ayuda a las
personas que la requieran.
8. Prestar la debida protección al
pueblo
reunido
legalmente
para
cualquier fin lícito.
9. …
10. Ser puntual en sus compromisos
oficiales
y
diligentes
en
el
cumplimiento de su deber, actuando
siempre en forma ecuánime, serena y
justa.
11. Orientar y aconsejar al público
sobre el mejor cumplimiento de la
ley, así como en todo lo que
concierne a la seguridad pública.50
50
Reglamento 4216 de Personal de la Policía de Puerto
Rico, 11 de mayo de 1990. Énfasis Suplido.
CC-2007-1181
29
Los agentes del orden público que cumplen con sus
funciones, siguiendo los parámetros impuestos por su ley
orgánica y los reglamentos administrativos de la Policía
de Puerto Rico, no tendrán que responder penalmente por
cualquier
actuación
que
haya
resultado
del
ejercicio
legítimo de su autoridad o cargo.
Sobre el particular,
el
que
Código
Penal
de
2004
dispone
“no
incurre
en
responsabilidad quien obra en cumplimiento de un deber
jurídico
o
en
el
legítimo
ejercicio
de
un
derecho,
autoridad o cargo.”51
No obstante, este privilegio legislativo no puede
ser invocado por los policías si éstos, al cumplir con
los
deberes
de
su
cargo,
excesivo e injustificado.
ejercen
un
grado
de
fuerza
La Ley Orgánica de la Comisión
de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), cuya
función es sancionar el “mal uso o abuso” de autoridad
por funcionarios del orden público, establece entre los
actos que son constitutivos de abuso de autoridad, los
siguientes:
(a)
Arrestos
irrazonables;
o
detenciones
ilegales
o
…
(c) acometimiento o agresión injustificados o
excesivos;
…
(e) dilación indebida en conducir ante un
magistrado a una persona arrestada o detenida;
51
Artículo 28, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4656.
CC-2007-1181
30
(f) uso de violencia injustificada, coacción
física
o
psicológica,
intimidación
o
prolongación indebida, sobre o de una persona
arrestada,
o
detenida
para
fines
de
investigación;
…
(o) obstruir, impedir o interrumpir ilegal o
irrazonablemente
el
ejercicio
legal
y
pacífico
de
las
libertades
de
palabra,
prensa, reunión y asociación, y de libertad
de petición en las vías o lugares públicos.52
En otras palabras, un agente del orden público incumplirá
con su deber de garante, respecto a un ciudadano, cuando
al efectuar un arresto cometa cualquiera de dichos actos.
Este tribunal ha concurrido con esta consideración al
resolver que un agente puede ser procesado por el delito
de
agresión
si
su
conducta
refleja
el
uso
de
fuerza
claro
que
a
excesiva en contra de un ciudadano.53
Por
otra
parte,
hay
que
tener
los
policías no se les puede castigar por la comisión de un
delito que no impidieron, por el mero hecho de tener la
obligación de actuar para impedir que se cometiera.54
profesor
Chiesa
Aponte
coincide
con
esta
El
apreciación
puesto que “ningún sistema jurídico estaría dispuesto a
52
Artículo 2, sección 1, Ley Núm. 32 del 22 de mayo de
1972, según enmendada, 1 L.P.R.A. sec. 172 (1). Énfasis
Suplido.
53
Artículo 121, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4749 (Suplemento
2008); Baez Vega v. E.L.A., 87 D.P.R. 67, 74-76 (1963).
54
S. Mir Puig., op.cit., pág. 318.
CC-2007-1181
31
imponerle responsabilidad penal a los policías por la
comisión de los delitos que no lograron evitar.”55
Ante
este
planteamiento,
se
puede
afirmar
que
la
clave para concluir que un policía ha cumplido con su
deber de garante es que éste haya intentado evitar la
comisión
del
delito
y
en
ese
intento
no
haya
podido
impedir el resultado. Esto porque al autor de una omisión
no se le castiga por causar el resultado típico, sino por
no evitarlo.56
En ese sentido, quien asume una posición
de garante tiene la responsabilidad de tratar activamente
de impedir el resultado prohibido.57 En otras palabras, el
garante se convierte en un “protector activo”, por lo cual
el cumplimiento de su obligación no se limita a un mínimo,
según señala Novoa Monreal, sino que incluye el prevenir,
ayudar, instruir, defender y proteger al bien jurídico
amenazado.58
El segundo requisito para que se configure el delito
de comisión por omisión es la producción efectiva del
resultado.
Welzel lo define como la “producción de un
resultado típico en el sentido de un delito de comisión, o
sea, la muerte, la lesión corporal, la privación de la
55
L. E. Chiesa Aponte, Los Dogmas del Nuevo Código Penal:
¿Por qué Enmendarlo y Cómo Hacerlo?, Vol. XL., Núm. 1,
Rev. Jur. U.I.A., pág. 139, Septiembre-Diciembre 2005.
56
H. Welzel, op.cit., pág. 251.
57
E. Novoa Monreal, op.cit., pág. 137.
58
E. Novoa Monreal, Íd.
CC-2007-1181
32
libertad, el incendio, etc.”59
En fin, es el daño que
crea una persona que está en posición de garante respecto
al bien jurídico, a pesar
de
tener la capacidad para
realizar la acción omitida.
Comprobada la lesión y la omisión de haber actuado
como
“protector
activo”
en
función
de
un
deber
de
garante, se activa la necesidad de comprobar el tercer
componente del delito de omisión impropia, la capacidad
del
omitente.
Esto
debido
responsabilidad
penal
las
a
que
omisiones
sólo
generan
una
persona
de
capacitada para realizar el acto omitido.60
A través de este requisito se pretende saber “si el
autor hubiera podido realizar voluntariamente la acción
que hubiera impedido la producción del resultado.”61
Esta
capacidad
dos
de
actuar
se
mide
en
términos
de
consideraciones: la posibilidad física real de evitar el
resultado y los presupuestos intelectuales de evitar el
resultado.62
La
primera
consideración
se
refiere
a
que
la
conservación de un bien jurídico estará supeditada a los
conocimientos especiales y las habilidades de la persona
59
H. Welzel, op.cit., pág. 250.
60
L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,
pág. 89.
61
E. Bagacigalupo, Derecho Penal: Parte General; op.cit.,
550.
62
E. Bacigalupo, Delitos Impropios de Omisión, op.cit.,
págs. 149-150.
CC-2007-1181
33
que tiene la responsabilidad de evitar el resultado.63
La
segunda consideración, a su vez, requiere comprobar dos
elementos: el conocimiento de la situación típica que
tiene el que está en posición de garante y la posibilidad
que éste tiene de reconocer los medios para realizar la
acción mandada y conservar el bien jurídico amenazado; es
decir, para evitar el resultado.64
La
capacidad
factor que está
de
realizar
la
acción
debida
es
un
estrechamente atado al cuarto elemento
del delito de comisión por omisión, la equivalencia entre
la
omisión
y
el
resultado.
Este
último
componente
se
activa porque la infracción del deber jurídico, aunque es
una condición necesaria, no es suficiente para configurar
el criterio de la equivalencia.65
Concretamente, para la
tipicidad de la comisión por omisión no será suficiente
la infracción de un deber legal, contractual o un actuar
precedente
peligroso,
omisión
de
quien
causar
el
resultado,
sino
debería
o
que
será
haber
lo
necesario
actuado,
que
muchos
que
la
equivalga
a
tratadistas
denominan como “causación”.66
63
E. Bacigalupo, Delitos Impropios de Omisión, Íd.
64
H. Welzel, op.cit., págs. 250-251; E. Bagacigalupo,
Derecho Penal: Parte General, op.cit., pág. 550.
65
J. M. Silva Sánchez, El Nuevo Código Penal: Cinco
Cuestiones Fundamentales, Barcelona, España, José María
Bosh Editor, 1997, pág. 67.
66
M. J. Rodríguez Mesa, op.cit., págs. 105-106. Somos
conscientes que los diccionarios de la lengua española no
recogen la palabra causación, sin embargo, muchos
tratadistas penales utilizan este término, con una
CC-2007-1181
34
Rodríguez Mesa apunta que los delitos de comisión
por omisión “carecen del presupuesto de la imputación
objetiva
requerido
por
los
delitos
comisivos
de
resultado”, es decir, carecen de “la necesaria relación
de causalidad entre el comportamiento realizado por el
sujeto y el resultado acaecido.”67
En otras palabras,
para este tipo de delito no se exige que se pruebe una
causalidad estricta entre la omisión y la producción del
resultado. Así lo afirma también el tratadista Bagacilupo
al exponer lo siguiente:
En la dogmática moderna del delito los problemas
de
la
causalidad
han
perdido
considerable
significación. Hoy no se pregunta si una acción
o una omisión son causales del resultado, sino si
el resultado es objetivamente imputable a la
acción o a la omisión… Dicha relación se da, en
opinión prácticamente unánime, cuando la acción
omitida hubiera evitado el resultado producido.
Sobre estas bases ya no se trata de afirmar la
causalidad real de la omisión respecto del
resultado, sino la “causalidad potencial” de una
acción no llevada a cabo.68
Por esto, se hizo necesario identificar un elemento
que desempeñara, en los delitos de comisión por omisión,
la función que realiza la relación de causalidad en los
delitos
activos,
de
manera
tal
que
actuara
como
connotación similar a la causalidad adecuada en el
derecho civil. En específico, es el favorecimiento o
aportación causal que un partícipe presta al resultado
delictivo que ejecuta el autor.
M. C. López Peregrín,
op.cit., págs. 145-162.
67
68
M. J. Rodríguez Mesa, op.cit. pág. 113.
E. Bagacilupo, Delitos Impropios de Omisión, op.cit.,
pág. 89-90 (Énfasis en el original); S. Mir Puig,
op.cit., pág. 328-329; F. Muñoz Conde y M. García Arán,
op.cit., pág. 244.
CC-2007-1181
35
equivalente funcional de la causalidad activa.69 De esta
preocupación
se
contribuyeron
a
posibilitar
que
originaron
elaborar
el
no
diversas
teorías
que
criterios
para
resultado
fuera
diferentes
evitar
el
equivalente a causarlo de manera activa. Entre éstas, la
teoría de la causalidad hipotética ha resultado ser la
doctrina dominante.
La causalidad hipotética es “la posibilidad fáctica
que
tuvo
el
sujeto
de
evitar
el
resultado.”70
La
determinación de la posibilidad de evitar el resultado,
según Bacigalupo, se realiza mediante un juicio causal
hipotético
que
no
sostiene
una
realidad,
sino
una
probabilidad de tal naturaleza que debe permitir concluir
“que el resultado se hubiera evitado con una seguridad
rayana
predecir
en
la
con
certeza.”71
un
grado
de
Por
esto,
cuando
probabilidad
se
lindante
puede
a
la
certeza que un resultado se hubiera evitado al realizar
la acción omitida, el no evitar el resultado equivale a
la producción del mismo.72
Los
tratadistas
esta apreciación.
Jescheck
y
Weigend
coinciden
con
Indican que en la omisión no hay que
exigir la plena certeza en torno a la causalidad, en
69
M. J. Rodríguez Mesa, op.cit., pág. 113.
70
F. Muñoz Conde y M. García Arán, op.cit., pág. 244; H.
Welzel, op.cit., pág. 251.
71
E. Bacigalupo, Delitos Impropios de Omisión, op.cit.,
pág. 150; M.J. Rodríguez Mesa, op.cit., pág. 114.
72
H. Welzel, op.cit., pág. 251.
CC-2007-1181
36
claro contraste con el hacer positivo.
Manifiesta que el
análisis debe fundamentarse sobre un suceso que no se
puede predecir con seguridad absoluta y no en el curso
real de los eventos.73
hipotético
sometido
Es decir, “se trata de un juicio
inevitablemente
a
un
margen
de
error.”74
Ante este enfoque teórico no es necesario afirmar
una verdadera relación de causalidad, sino que basta que
el sujeto hubiera podido evitar dicho resultado cuando se
encontraba en posición de garante.75 Más concretamente, la
equivalencia requerida “debe interpretarse de tal forma
que sólo implique que tiene que existir una relación de
causa
próxima
entre
la
omisión
de
realizar
la
acción
requerida y la producción del resultado.”76
La figura jurídica denominada comisión por omisión u
omisión impropia se incorporó a nuestro ordenamiento en
el Código Penal de 2004. Allí se define la relación de
causalidad
propia
de
esta
modalidad
de
delito
de
la
siguiente forma:
Los delitos que tipifican la producción de un
resultado sólo podrán cometerse por omisión
cuando la no evitación del mismo equivalga a
su producción activa.
Para determinar la
equivalencia de la omisión a la acción se
tendrá en cuenta la existencia de un deber
específico de evitar el resultado y si una
73
H. Heinrich Jescheck y T. Weigend, op.cit., pág. 666.
74
S. Mir Puig, op.cit., pág. 329.
75
S. Mir Puig, op.cit., pág. 329.
76
L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,
pág. 99.
CC-2007-1181
37
acción anterior del omitente hace posible
imputarle la situación de riesgo en que se
encontraba el bien jurídico.77
Los antecedentes de este artículo sobre el delito de
comisión por omisión tienen su base en el artículo 11 del
Código Penal español y en el artículo 13 del Código Penal
de Alemania.
En el Código Penal español el delito de
comisión por omisión se define de la siguiente manera:
Los delitos o faltas que consistan en la
producción de un resultado sólo se entenderán
cometidos por omisión cuando la no evitación
del mismo, al infringir un especial deber
jurídico del autor, equivalga, según el
sentido del texto de la Ley, a su causación.
A tal efecto se equiparará la omisión a la
acción:
a. Cuando exista una específica obligación
legal o contractual de actuar.
b. Cuando el omitente haya creado una
ocasión
de
riesgo
para
el
bien
jurídicamente
protegido
mediante
una
78
acción u omisión precedente.
Por
su
parte,
el
Código
Penal
de
Alemania
define
el
término jurídico “delito de comisión por omisión” de la
siguiente forma:
I.
II.
77
Quien omita evitar la consumación de
un tipo penal será penado, según este
Código, sólo si jurídicamente tiene
que responder de que no se produzca la
consumación,
y
cuando
la
omisión
corresponda a la realización del tipo
penal a través de un hacer.
La pena, de acuerdo a la sección 49,
apartado I, podrá ser atenuada.79
Artículo 19, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4647.
78
Código Penal de España, Ley Núm. 10 del 23 de noviembre
de 1995, Título I, Artículo 11; Véase, además, S. Mir
Puig, op.cit., págs. 314-315.
79
Emilio Eiranova Encinad, Código Penal Alemán: StGB;
Código Procesal Penal Alemán: StPO, Madrid, España,
CC-2007-1181
38
Nevares Muñiz señala que en el ordenamiento penal
de Puerto Rico este tipo de delito requiere, en primer
lugar, que el sujeto activo venga obligado a evitar el
resultado típico, lo cual, según hemos visto, es conocido
jurídicamente como el deber de garante, y, en segundo
lugar,
que
equivalencia
la
de
omisión
la
equivalga
omisión
del
una
acción.80
sujeto
activo
a
Esta
a
la
producción activa del resultado se determina a base de
dos criterios principales: (1) el deber de garante y (2)
una
acción
anterior
que
haga
posible
imputarle
el
resultado al que está en posición de garante.81
El tratadista Mir Puig fue pieza clave para definir
y estructurar los requisitos que conforman la imputación
objetiva del delito de comisión por omisión en nuestra
normativa penal.
Su análisis sobre el delito de comisión
por omisión fue incorporado al Informe de la Comisión de
lo Jurídico del Senado, al indicarse, específicamente, lo
siguiente:
En la redacción propuesta, la existencia del
deber de evitar un resultado se convierte en
un elemento a tener en cuenta, pero por sí
solo no es determinante de la equivalencia de
la omisión a la acción, en los delitos que
tipifican la producción o causación de un
resultado.
El elemento determinante para
equiparar la omisión a la acción es que el
Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2000,
pág. 26.
80
D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico,
op.cit., pág. 28.
81
D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico,
Íd.
CC-2007-1181
39
omitente haya creado o aumentado el riesgo del
bien jurídico, cuya lesión no evita, aunque
haya sido en un momento anterior y de forma
lícita.
El
segundo
elemento
conducente
a
la
equiparación de la omisión a la acción, aunque
tampoco opera automáticamente, incorpora el
criterio material y decisivo que tiene que ver
con la clásica conducta precedente, pero
hablando de imputación en lugar de causación.
Ello flexibiliza este criterio en lo objetivo
(incluye fácilmente el haber determinado que
el sujeto se hubiera puesto en peligro o que
otras personas lo hubieran hecho, o que otros
no hubieran podido socorrer, etc.); e incluye
también la necesidad de tener en cuenta si la
contribución
al
riesgo
fue
voluntaria
o
imprudente, como criterios subjetivos de la
imputación del riesgo al omitente.82
Es
importante
recalcar
que
si
bien
“[l]a
creación
o
aumento de un riesgo imputable en un momento anterior no
es todavía típica”, sí permite establecer, según señala
Mir Puig, “que el omitente no es ajeno al peligro causado
al
bien
jurídico,
sino
que
es
responsable
de
dicho
peligro y que está obligado personalmente a evitar que se
convierta en lesión.”83
Ante esta consideración, no es
suficiente que el omitente haya causado o aumentado el
riesgo, sino que lo haya hecho de forma voluntaria o en
el
ejercicio
de
determinadas
funciones,
familiares
o
sociales, que justifiquen el atribuirle responsabilidad
por crear o aumentar dicho riesgo.
Al abundar sobre el criterio del riesgo precedente a
la omisión, Mir Puig recalca que el Derecho Penal no
82
Informe sobre el P. del S. 2302, 22 de junio del 2003,
pág. 22.
83
S. Mir Puig, op.cit., pág. 319.
CC-2007-1181
40
busca añadir nuevos riesgos a los que ya existen, sino
todo
lo
contrario,
puesto
que
el
ordenamiento
penal
prohíbe y penaliza “la creación activa de determinados
riesgos y lesiones.”
De igual forma, la normativa penal
permite
de
la
creación
riesgos
lícitos,
sólo
si
se
controlan y se evita que se conviertan en lesión.84
Este análisis del riesgo precedente a la omisión se
complementa con la figura jurídica del riesgo permitido,
la cual se define en nuestro Código Penal de la siguiente
forma:
No incurre en responsabilidad penal la persona
que ha causado un resultado tipificado como
delito si dicho resultado no constituye la
realización de un riesgo suficiente y no
permitido originado por su conducta.85
En el caso de los delitos de comisión por omisión, hay
riesgo suficiente y no permitido cuando el sujeto activo
está en posición de garante respecto al sujeto pasivo y
la
ejecución
del
acto
omitido
hubiera
evitado
el
constituyen
la
resultado.86
En
resumen,
los
factores
que
imputación objetiva del delito de comisión por omisión
son: (1) la existencia de un deber de garante, (2) la
producción del resultado, (3) la capacidad para actuar y
84
Historial Legislativo del P. del S. 2302, “Comunicado
Vía Correo Electrónico entre la Profesora Dora Nevares
Muñiz y el profesor Santiago Mir Puig”, 21 de mayo de
2003.
85
86
Artículo 25, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4653.
D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico,
op.cit., pág. 40.
CC-2007-1181
41
(4) la equivalencia entre la omisión y el resultado, que
se determina a base de la existencia de un deber de
garante
y
de
precedente,
la
creación
también
o
conocido
aumento
como
de
un
riesgo
injerencia.
Esta
interpretación de esta nueva figura jurídica es coherente
con la intención legislativa y los propósitos del nuevo
Código Penal87.
Además, es coherente con el principio de
legalidad, el cual promulga que “no se instará acción
penal contra persona alguna por un hecho que no esté
expresamente definido como delito en el Código Penal o
mediante ley especial.”88
Estos
serán
consideración
los
para
elementos
determinar
si
que
el
tomaremos
Estado
en
presentó
prueba suficiente para demostrar la existencia de causa
para arrestar al señor Sustache Sustache como cooperador
del delito de asesinato en primer grado y agresión en la
modalidad de comisión por omisión.
de
instancia
antes
deberá
discutidos
igualmente
para
De ser así, el foro
utilizar
determinar,
los
tras
criterios
seguir
el
procedimiento judicial correspondiente para cada acusado,
si el señor Sustache Sustache cometió dicho delito en la
modalidad de comisión por omisión.
87
Artículo 13, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4641.
88
Artículo 2, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4630.
CC-2007-1181
C.
42
La Figura Jurídica del Cooperador89
La comisión de un delito puede ser realizada por una
sola
persona
o
varias
personas
pueden
alguna manera, a la ejecución del mismo.
contribuir,
de
Este fenómeno
de la co-intervención en un delito se ha convertido en
uno
de
los
diversos
asuntos
tratadistas
derecho penal.
más
complejos
y
discutidos
por
especializados
en
la
de
materia
Así han surgido dos enfoques teóricos
principales que, a su vez, se han encargado de establecer
criterios particulares para permitir distinguir entre las
formas
de
autoría
teoría
de
la
y
de
participación.
equivalencia,
también
Estos
denominada
son
la
sistema
unitario o causalista, y la teoría de la diferenciación.90
La
primera
está
vigente
en
la
mayoría
de
las
89
El concepto de cooperador que se incorporó al Código
Penal de Puerto Rico de 2004 es denominado de diversas
formas en distintos países de tradición civilista.
Por
eso, en España, Chile y Colombia al cooperador se le
llama cómplice, mientras que en Alemania el concepto se
denomina como complicidad simple o cooperador. (Véase: S.
Mir Puig, op.cit.; C. Blanco Lozano, op.cit. (España); M.
Garrido Montt, op.cit., E. Cury Urzúa, op.cit. (Chile);
D. Nevares Muñiz y A. L. Kregloh Varela, op.cit.
(Colombia); G. Jackobs, op.cit; H. Welzel, op.cit., H.
Heinrich Jescheck y T. Weigend, op.cit. (Alemania)).
90
M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 29-57; L. E. Chiesa
Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit., págs. 176-177,
184; M. Garrido Montt, Etapas de Ejecución del Delito:
Autoría y Participación, Santiago de Chile, Editorial
Jurídica de Chile, 1984, págs. 217-221; C. Blanco Lozano,
Tratado de Derecho Penal Español, Barcelona, España, J.
M. Bosch Editor, 2005, Tomo I, págs. 456-458; F. Muñoz
Conde y M. García Arán, op.cit., pág. 431; H. Heinrich
Jescheck y T. Weigend, op.cit., pág. 694.
CC-2007-1181
43
jurisdicciones de derecho anglosajón y la segunda es la
que impera en las jurisdicciones de derecho civil. 91
La
teoría
de
la
equivalencia
o
sistema
unitario
supone “afirmar la autonomía de la responsabilidad penal
de todos los intervinientes en un delito.”92
Esto implica
que los sistemas unitarios interpretan de forma extensiva
el tipo, de manera que toda conducta de intervención en
el delito pueda ser considerada típica.93
De esta forma,
bajo esta teoría se trata de manera similar al autor y al
cooperador.94
El
tratadista
alemán
Jakobs
coincide
con
este análisis al expresar que bajo este concepto unitario
de autoría, todo el que participe en la comisión de un
delito
se
considerará
autor
del
hecho
antijurídico
y
culpable, “sin tener en cuenta las cualidades delictivas
de la contribución de los demás que toman parte (dolosa,
imprudente, inevitable; culpable, inculpable) y sin más
que un vínculo causal con el estado de desarrollo de las
aportaciones
de
los
otros
(preparación,
tentativa,
consumación).”95
91
L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,
pág. 177.
92
M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 30.
93
M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 47.
94
L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,
pág. 177, 184.
95
G. Jakobs, Derecho Penal: Parte General, Fundamentos y
Teoría de la Imputación, (traducción de Joaquín Cuello
Contreras y José Luis Serrano González de Murillo) 2da
Edición,
Madrid,
España,
Marcial
Pons,
Ediciones
Jurídicas, S. A., 1997, pág. 719.
CC-2007-1181
44
Por consiguiente, este enfoque teórico renuncia al
principio
de
accesoriedad,
que
tiene
como
objetivo
principal no sólo distinguir entre las figuras de autor y
partícipe,
sino
establecer
la
responsabilidad
de
éste
como accesoria y dependiente de la de aquél.96 La única
accesoriedad que admite esta teoría es la fáctica, “en el
sentido de que las conductas de los participantes en el
hecho se complementan entre sí para producir entre todas
el resultado delictivo, de forma que para entender una
aportación es necesario analizarla dentro del conjunto.”97
Por
su
parte,
la
teoría
de
la
diferenciación
distingue entre los sujetos activos de un hecho punible y
los clasifica como autores o partícipes, porque entiende
que
la
participación
en
sí
misma
no
es
más
que
“un
concepto de referencia que supone siempre la existencia
de un autor principal en función del cual se tipifica el
hecho
cometido.”98
Por
ende,
para
esta
tendencia,
la
participación es accesoria y la autoría es principal.99
De esta forma, distinto a la teoría de equivalencia, la
teoría
imperante
valida
el
en
principio
los
de
países
civilistas
accesoriedad.
Por
reconoce
un
lado,
y
se
reconoce a un “grupo de participantes principales que
96
F. Muñoz Conde y M. García Arán, op.cit., pág. 431; C.
Blanco Lozano, op.cit., pág. 456; M. C. López Peregrín,
op.cit., pág. 40.
97
M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 55.
98
F. Muñoz Conde y M. García Arán, op.cit., pág. 431.
99
F. Muñoz Conde y M. García Arán, Íd.
CC-2007-1181
45
derivan su punibilidad de la adecuación de su conducta al
penal.”100
tipo
Mientras,
por
el
otro,
se
admite
la
posibilidad de que otros sujetos intervengan de manera
secundaria o accesoria, derivándose su punibilidad, “al
menos
en
parte,
no
sino
del
conducta,
de
la
directa
favorecimiento
tipicidad
del
hecho
de
su
típico
realizado por los primeros.”101
Por
consiguiente,
bajo
la
teoría
de
la
diferenciación se requiere que el hecho esté calificado
como delito en la persona del autor para que se pueda
exigir responsabilidad penal a los partícipes.102
ello
decir
que
en
los
sistemas
Quiere
diferenciadores
la
participación sólo se hace patente y evidente ante la
autoría de otro. Es por eso que esta teoría se inclina a
penalizar
más
severamente
al
autor
del
delito
que
al
cooperador.103
Nuestro ordenamiento penal se suscribió durante más
de un siglo a la teoría de la equivalencia.104
Penal
derogado
de
1902105
incluía
en
la
100
M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 48.
101
Íd.
102
M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 48.
103
L. E. Chiesa
op.cit., pág. 177.
104
105
Aponte,
Derecho
Penal
El Código
categoría
de
Sustantivo,
Íd.
El Código Penal de España del 17 de julio de 1870,
revisado por la Ley del 7 julio de 1876, se extendió a
Puerto Rico por el decreto del 23 de mayo de 1879.
Al
ocurrir el cambio de soberanía, la Orden General Núm. 1
CC-2007-1181
46
intervención a los autores y a los ayudantes después del
hecho, a los cuales calificó como cómplices.106
Como era
errónea esta clasificación, este Tribunal Supremo definió
el concepto jurídico de cómplice como aquella persona que
con
pleno
coacción
alguna
conocimiento
ni
forma
y
voluntariedad,
amenaza
e
en
comisión
la
intencionalmente,
de
un
sin
mediar
participa
delito.107
Al
de
ser
incompatible esta nueva definición con la descripción que
del 18 de octubre de 1898 dejó en efecto este Código, que
fue sustituido, dos años después, por el Código Penal de
Puerto Rico, adoptado por la Ley del 1 de Marzo de 1902.
Este último Código tuvo como base el Código Penal de
California de 1873.
A causa de la Ley del 1 de marzo de 1902 se
compilaron y prepararon para publicación los varios
códigos adoptados en esa misma fecha.
También, se
transfirieron al Código Penal varias disposiciones que
originalmente
se
incluyeron
en
el
Código
de
Enjuiciamiento Criminal.
El texto del Código Penal de
1902, con las enmiendas hasta 1911, se incluyó en la
Compilación de Estatutos Revisados y Códigos de Puerto
Rico. Entre 1912 y 1923, sólo once artículos del Código
Penal fueron enmendados.
En 1937 se publicó una edición bilingüe del Código
Penal de 1902, según enmendado, cuyo articulado retuvo la
misma numeración del Código de 1902.
Esta edición
incluyó una tabla de disposiciones equivalentes entre
Puerto Rico y California. También, tenía anotaciones de
los casos de ambas jurisdicciones.
D. Nevares Muñiz,
Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, 5ta Edición,
San Juan, Puerto Rico, Instituto para el Desarrollo del
Derecho, Inc., 2005, págs. 40-41.
106
D. Nevares Muñiz y A. L. Kregloh Varela, La
Participación: Estudio Comparativo de Códigos Penales,
Revisión del Código Penal Comisión de lo Jurídico del
Senado de Puerto Rico, Mayo 2002, pág. 2; D. Nevares
Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General,
Quinta Edición, San Juan, Puerto Rico, Instituto para el
Desarrollo del Derecho, Inc. 2005, pág. 361.
107
Pueblo v. Rodríguez Hernández, 91 D.P.R. 183, 196
(1964); Pueblo v. Santiago Batista, 88 D.P.R. 543, 546
(1963); Pueblo v. Montalvo Acevedo, 83 D.P.R. 727, 729730 (1961).
CC-2007-1181
47
proveía el Código Penal derogado de 1902, el Informe de
la Comisión de lo Jurídico sobre el P. del S. 753, que se
convirtió en el Código Penal de 1974, recomendó que se
eliminara el concepto de cómplice y se sustituyera por el
de encubridor.108
noción
de
Específicamente, se sugirió incluir la
cómplice
como
parte
del
tipo
de
autor
comprendido en los incisos (d) y (e) del artículo 35 del
Código Penal de 1974.109 De esta forma, el Código Penal de
1974 mantuvo el enfoque anglosajón de la teoría de la
equivalencia, al clasificar a los intervinientes de un
hecho delictivo sólo como autores o encubridores.110
De
acuerdo
al
profesor
Granados
Peña,
“[e]l
tratamiento indiferenciado de los intervinientes en el
delito,
esto
es,
de
los
autores
y
los
partícipes,
establecido en el artículo 35 del Código Penal derogado,
constituye uno de los mayores desaciertos de la vieja
legislación punitiva.”111 Este tipo de inquietud, junto al
planteamiento que hizo el Departamento de Justicia en
1992 y nuevamente en el 2002, respecto a que se debía
108
D. Nevares Muñiz y A. L. Kregloh Varela, La
Participación: Estudio Comparativo de Códigos Penales,
op.cit., pág. 3.
109
D. Nevares Muñiz y otros, La Participación: Estudio
Comparativo de Códigos Penales, op.cit.
110
L. E. Chiesa
op.cit., pág. 177.
111
Aponte,
Derecho
Penal
Sustantivo,
J. E. Granados Peña, Refexiones en Torno a Derecho
Penal de Nuestro Tiempo: A propósito de la reforma del
Código Penal de Puerto Rico y el Fenómeno de la
Armonización del Derecho Penal Occidental: Una Tarea
Inconclusa, Bogotá, D.C., Universidad de los Andes,
Facultad de Derecho, 2006, pág. 78.
CC-2007-1181
atender
la
intensidad
48
participación
de
dicha
del
sujeto
activo
según
la
participación,
fueron
los
que
provocaron que en el Código Penal de Puerto Rico de 2004
se adoptara, por primera vez, la teoría civilista de la
diferenciación.112 De esta forma, el ámbito de aplicación
del
delito
fue
cooperadores,
distribuido
sin
importar
entre
que
los
éstos
autores
fueran
y
los
personas
naturales o jurídicas.113 Al cooperador se le trata de
forma más benigna que al autor al imponérsele “una pena
igual a la mitad de la pena señalada para el delito o su
tentativa,
según
corresponda”,
hasta
un
máximo
de
10
años.114
Este nuevo ordenamiento penal define a los autores
como aquellos que:
(a)…toman parte directa en la comisión del delito;
(b)… fuerzan, provocan, instigan o inducen a otra
persona a cometer el delito; (c)…se valen de una
persona
inimputable
para
cometer
el
delito;
(d)…cooperan con actos anteriores, simultáneos o
posteriores a la comisión del delito, sin cuya
participación no hubiera podido realizarse el hecho
delictivo; (e)…se valen de una persona jurídica para
cometer el delito; o (f)…actúen en representación de
otro o como miembro, director, agente o propietario
de una persona jurídica, siempre que haya una ley
112
L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,
pág. 184; D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto
Rico, op.cit., págs. 72-73; D. Nevares Muñiz y otros, La
Participación: Estudio Comparativo de Códigos Penales,
op.cit., págs. 3-5; D. Nevares Muñiz, Derecho Penal
Puertorriqueño: Parte General, op.cit., pág. 362.
113
Artículo 42, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4670 (Suplemento
Acumulativo 2008).
114
Artículo 45, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4673 (Suplemento
Acumulativo 2008); L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal
Sustantivo, op.cit., pág. 177.
CC-2007-1181
49
que tipifique el delito y realicen la conducta
delictiva, aunque los elementos especiales que
fundamentan el delito no concurran en él pero sí en
el representado o en la persona jurídica.115
Mientras, el estatuto especifica que los cooperadores son
“los que sin ser autores, con conocimiento, cooperan de
cualquier otro modo en la comisión del delito.”116
La
adopción
de
la
teoría
de
la
diferenciación
resulta ser uno de los aspectos más novedosos del nuevo
Código Penal de Puerto Rico.117
Sin embargo, como toda
novedad, ésta también plantea cuestiones que aún no hemos
tenido ocasión de considerar, como lo es la manera de
distinguir
entre
artículo
(d)
43
la
figura
del
autor
del
Nuevo
Código
incluida
Penal
y
la
en
el
figura
jurídica del cooperador a la cual se refiere el artículo
44 del estatuto penal. De entrada, hay que recalcar que
ambas figuras son formas de intervención en un delito.
No obstante, la primera es una forma de autoría, mientras
la segunda es un tipo de participación.
Sabemos que la autoría tiene tres modalidades: la
autoría directa, la autoría mediata y la co-autoría.118
115
Artículo 43, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4671 (Suplemento,
2008). Énfasis Suplido.
116
Artículo 44, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4672 (Suplemento,
2008). Énfasis Suplido.
117
L. E. Chiesa
op.cit., pág. 184.
118
Aponte,
Derecho
Penal
Sustantivo,
S. Mir Puig, op.cit, págs. 363-396; L. E. Chiesa
Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit., págs 178-179;
G. Jakobs, op.cit., págs. 717-792; C. Blanco Lozano,
op.cit., págs. 466-472; H. Heinrich Jescheck y T.
Weigend, op.cit., págs. 692-693; E. Bacigalupo, Derecho
CC-2007-1181
50
El autor al que se refiere el artículo 43 (d) del Código
Penal,
supra,
que
es
el
que
coopera
“con
actos
anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión de un
delito, y sin cuya intervención no se hubiera realizado
el hecho delictivo”119, es una manifestación de la forma
de autoría denominada co-autoría.
En nuestra jurisdicción, este fenómeno de la coautoría, también conocida como complicidad, originalmente
fue producto de una interpretación jurisprudencial en la
década de 1960.120 Eventualmente, este concepto jurídico
se
incorporó
Código
Penal
al
artículo
derogado
de
35,
incisos
1974
y
se
(d)
y
(e),
mantuvo
en
del
la
definición de autor del artículo 43, inciso (d) del Nuevo
Código Penal de 2004.121 Por esto, en Puerto Rico a este
tipo de interventor se le conoce como coautor o cómplice.
Nuestra jurisprudencia ha limitado la aplicación del
concepto de coautor a aquellas personas que participan
consciente
e
intencionalmente
en
la
comisión
de
un
Penal: Parte General, op.cit., pág. 489; F. Muñoz Conde y
M. García Arán, op.cit., págs. 432-437.
119
Artículo 43 (d), supra, 33 L.P.R.A. sec. 4671
(Suplemento, 2008). Énfasis Suplido.
120
Pueblo v. Rodríguez Hernández, supra; Pueblo v.
Santiago Batista, supra; Pueblo v. Montalvo Acevedo,
supra; D. Nevares Muñiz y otros, La Participación:
Estudio Comparativo de Códigos Penales, op.cit., pág. 2;
D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte
General, op.cit., pág. 361.
121
D. Nevares Muñiz y otros, La Participación: Estudio
Comparativo de Códigos Penales, op.cit., pág. 2; D.
Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte
General, op.cit., pág. 362; D. Nevares Muñiz, Nuevo
Código Penal de Puerto Rico Comentado, op.cit., pág. 75.
CC-2007-1181
51
delito. Esto porque se requiere probar que los autores
actuaron en concierto y común acuerdo, como parte de una
conspiración
o
designio
común.
En
otras
palabras,
se
necesita establecer algún grado de consejo, incitación o
participación directa o indirecta en el hecho punible.
La mera presencia de una persona, durante la comisión de
un
delito,
no
lo
convierte
en
coautor.
Tampoco,
se
considera coautor a aquella persona que, sin saberlo,
participa o coopera en la comisión de un delito.122
Esta modalidad de intervención en un delito ha sido
incorporada en la definición del concepto autor de los
estatutos
penales
de
diversas
jurisdicciones
europeas,
entre ellas, España y Alemania.123 La manera amplia en que
122
Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 D.P.R. 470, 478-479
(1992); Pueblo en interés del menor F.S.C., 128 D.P.R.
931, 938-939 (1991); Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R.
139, 145 (1985); Pueblo v. Lebrón Morales, 115 D.P.R.
113, 116 (1984); Pueblo v. Agosto Castro, 102 D.P.R. 441,
444-445 (1974).
123
En el caso particular de España, su Código Penal de
1995 explica el concepto de coautor de la siguiente
manera:
Artículo 28: Son autores quienes realizan el
hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de
otro del que se sirven como instrumento. También
serán considerados autores:
a. Los que inducen directamente a otro u otros
a ejecutarlo.
b. Los que cooperan a su ejecución con un acto
sin el cual no se habría efectuado. Código
Penal de España, supra, Título II, Artículo
28; Véase, además, G. Quintero Olivares,
Comentarios al Nuevo Código Penal, 3ra
Edición,
Navarra,
España,
Editorial
Aranzadi, SA, 2004, pág. 315.
Mientras, el Código Penal de Alemania describe el término
jurídico de coautor como:
CC-2007-1181
52
el Código Penal de España ha definido el concepto de
autor creó en ese país una dificultad para distinguir el
fenómeno
del
coautor
de
la
figura
del
cooperador
necesario que se incluye en su artículo 28, inciso b.
Los
estudiosos
autoría
como
del
derecho
penal
la
intervención
han
definido
común,
la
co-
consciente
y
voluntaria de un grupo de personas en la ejecución de un
delito.124
Este tipo de autoría sólo puede surgir si
están presentes dos elementos principales: (1) un acuerdo
de
distribución
involucradas;
y
de
(2)
funciones
la
entre
ejecución
común
las
personas
del
hecho.125
Respecto a este segundo factor, el tratadista Bacigalupo
afirma
que
el
co-dominio
del
fundamental de la co-autoría.126
hecho
es
el
factor
Más concretamente, este
autor expresa lo siguiente:
Sección 25: Autoría
I.
Incurrirá en pena como autor el que
cometa
el delito por sí mismo o
a través de otro.
II. Si
cometen
el
delito
varios
partícipes, cada uno incurrirá en pena
como coautor.
Código Penal de Alemania,
13 de noviembre de 1998, Título III,
Sección 25; Véase, además, E. Eiranova
Encinas, op.cit., pág. 28.
III.
124
F. Muñoz Conde y M. García Arán op.cit., pág. 434; H.
Welzel, op.cit., pág. 129; S. Mir Puig, op.cit., 390; C.
Blanco Lozano, op.cit., pág. 468.
125
L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo,
op.cit., pág. 178-179; F. Muñoz Conde y M. García Arán,
op.cit., pág. 435; H. Welzel, op.cit., pág. 129; C.
Blanco Lozano, Íd.; M. J. Rodríguez Mesa, op.cit., págs.
174-175.
126
E. Bacigalupo, Derecho Penal: Parte General, pág. 501.
CC-2007-1181
53
La
aportación
objetiva
que
determina
la
existencia de un co-dominio del hecho puede
resumirse
en
una
fórmula
de
utilización
práctica: habrá co-dominio del hecho cada vez
que el partícipe haya aportado una contribución
al hecho total, en el estadio de la ejecución,
de tal naturaleza que sin ella aquél no hubiera
podido cometerse. Para el juicio sobre la
dependencia de la consumación del hecho de la
aportación del partícipe es decisivo el plan de
realización tenido en cuenta por los autores.127
Este
segundo
posibilita
la
criterio
distinción
es
precisamente
entre
la
el
co-autoría
que
y
la
cooperación necesaria. Es cierto que ambos supuestos de
autoría son determinantes para que se pueda ejecutar el
delito.
No
obstante,
la
figura
de
la
cooperación
necesaria, distinto a la co-autoría, “presupone ausencia
de
intervención
delito.”128
El
en
el
proceso
cooperador
ejecutivo
necesario
es
material
del
aquel
que
contribuye en la preparación del delito, de forma que
éste no se hubiera podido cometer sin tal aportación. 129
Esto
implica
que
mientras
el
aporte
del
coautor
se
efectúa durante la ejecución del delito, la contribución
del
cooperador
necesario
se
brinda
en
los
actos
preparatorios del mismo.130
La
confusión
existente
entre
los
conceptos
de
coautor y cooperador necesario, que se originó por la
127
E. Bacigalupo, Derecho Penal: Parte General, pág. 502.
128
G. Quintero Olivares, op.cit., pág. 323.
129
E. Bacigalupo, Derecho Penal: Parte General, op.cit.,
pág. 530; L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo,
op.cit., pág. 183.
130
E. Bacigalupo, Derecho Penal: Parte General, op.cit.,
pág. 503; S. Mir Puig, op.cit., pág. 411.
CC-2007-1181
54
definición de autor que se incorporó en el Código Penal
de España, provocó que muchos estudiosos de la materia de
Derecho Penal impulsaran la idea de eliminar la llamada
autoría por cooperación necesaria, por entender que en la
autoría conjunta se podían incluir todos los supuestos
que usualmente se trataban como cooperación necesaria.
El objetivo principal de esta iniciativa era evitar los
esfuerzos para distinguir entre ambas figuras jurídicas y
poder definir mejor la estricta complicidad.131
En
nuestro
dificultad
en
ordenamiento
delimitar
la
penal
figura
no
de
existe
esta
co-autoría
para
distinguirla de la cooperación necesaria, puesto que el
tipo de autor que se incluye en el artículo 43 (d) del
Código Penal de 2004 combina las características de la
co-autoría
patente
clasifica
y
al
la
cooperación
examinar
como
autor
la
a
necesaria.
se
hace
estatutaria
que
que
“con
disposición
toda
persona
Esto
coopere
actos anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión
del
delito,
sin
cuya
participación
no
hubiera
podido
realizarse el hecho delictivo.”132 De esta modalidad de
autor se puede inferir que las contribuciones medulares a
la ejecución del hecho delictivo, son aquellas que se
realizan
tanto
en
los
actos
preparativos
del
hecho
sec.
4671
punible como en la ejecución del mismo.
131
132
G. Quintero Olivares, op.cit., pág. 324.
Artículo 43 (d),
(Suplemento, 2008).
supra,
33
L.P.R.A.
CC-2007-1181
55
La figura del cooperador que el Código Penal de 2004
introdujo
como
un
nuevo
tipo
de
interventor
en
la
comisión de un delito, es decir, quien “sin ser autor,
con conocimiento, coopera de cualquier otro modo en la
comisión de un delito”, no tiene antecedente directo en
el
Código
Penal
derogado
1974.133
de
Sin
embargo,
es
comparable con la definición del cómplice en el Código
Penal de España. Específicamente, el artículo 29 de dicho
Código
establece,
en
lo
que
nos
concierne,
que
“son
cómplices los que cooperan en la ejecución del hecho con
actos anteriores o simultáneos.”134
En
esta
nueva
denomina
cooperación,
“ayudan
pero
planificación
no
o
forma
de
participación,
se
incluye
participan
ejecución
del
a
las
que
se
personas
que
directamente
delito,
ni
en
la
tienen
conocimiento pleno del mismo.”135 Esto significa que la
colaboración que el cooperador brinda a la comisión del
delito no es suficiente para satisfacer los requisitos de
la autoría del artículo 43 (d) del Código Penal de 2004,
el cual requiere que la participación del coautor en el
hecho punible sea indispensable. Por el contrario, la
133
Artículo 44, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4672 (Suplemento,
2008).
134
Código Penal de España, op.cit, Título II, Artículo
29; G. Quintero Olivares, op.cit., pág. 325.
135
D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte
General, op.cit., pág. 363, 373; Informe de la Medida, P.
del S. 2302, Comisión de lo Jurídico del Senado, 22 de
junio del 2003, pág. 31.
CC-2007-1181
56
participación del cooperador no es ni imprescindible ni
indispensable
para
la
ejecución
del
cooperador
es
quien
tiene
dominio
no
el
Evidentemente, la cooperación, al
delito,
del
pues
el
hecho.136
igual que la figura de
la complicidad en España, está totalmente influenciada
por el principio de accesoriedad.137 La participación del
cooperador es, pues, subsidiaria a la intervención del
autor y sólo se activará cuando el artículo 43 (d), no
sea aplicable.138
Por eso se plantea que el cooperador sólo contribuye
en un delito ajeno.139 Esa ayuda que el cooperador le
otorga al hecho principal puede ser un mero apoyo sin
influjo
decisivo.140
El
tratadista
Quintero
Olivares
coincide con esta interpretación. Indica que aunque la
cooperación punible se manifiesta en “una colaboración o
ayuda
útil
y
operante
en
la
ejecución
del
delito
…permitiendo así que esa ejecución sea más rápida y
136
D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño,
op.cit., pág. 373; E. Bacigalupo,
Derecho Penal: Parte
General, op.cit., pág. 531; H. Heinrich Jescheck y T.
Weigend, op.cit., pág. 744.
137
G. Quintero Olivares, op.cit., pág. 326.
138
D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, págs.
373-374.
139
D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño,
op.cit., págs. 373-374; H. Heinrich Jescheck y T.
Weigend, op.cit., pág. 744; L. E. Chiesa, Derecho Penal
Sustantivo, op.cit., pág. 180.
140
R. Goldstein, Diccionario de
Criminología, 3ra Edición, Buenos
Editorial Astrea, 1993, pág. 188.
Derecho Penal y
Aires, Argentina,
CC-2007-1181
eficaz”,
57
esta
conducta
siempre
será
considerada
como
“subalterna y periférica …aunque deba ser en todo caso
relevante.”141 De acuerdo al tratadista Mir Puig, esto es
así porque “a diferencia de quien realiza el tipo como
autor en sentido estricto, que es punible autónomamente,
el
“partícipe”
sólo
puede
ser
castigado
si
existe
un
hecho antijurídico por parte del autor.”142
La
doctrina
española
reconoce
que
para
que
un
partícipe sea considerado como cómplice (cooperador) no
es
necesaria
una
relación
de
causalidad
tal
que
su
conducta sea condicionante del resultado, que es lo que
define la autoría, sino que “basta para la cooperación un
favorecimiento eficaz del hecho.”143
para
que
una
conducta
pueda
En otras palabras,
ser
considerada
como
cooperación, ésta deberá ser de tal manera causal que
realmente
haya
acelerado,
asegurado,
incrementado,
o
facilitado la ejecución del delito o intensificado su
resultado.144 No obstante, la ausencia de este tipo de
141
G. Quintero Olivares, op.cit., págs. 325-326 (se
eliminan citas y énfasis del autor); C. Blanco Lozano,
op.cit., pág. 477.
142
S. Mir Puig, op.cit., pág. 367.
143
S. Mir Puig, op.cit., pág. 411; E. Bacigalupo, Derecho
Penal: Parte General, op.cit., pág 530.
De acuerdo al
tratadista Welzel, “favorecer” significa prestar una
colaboración causal para la comisión del hecho principal.
H. Welzel, op.cit., pág. 143.
144
F. Muñoz Conde y M. García Arán, op.cit., pág. 444; H.
Heinrich Jescheck y T. Weigend, op.cit., pág. 747.
CC-2007-1181
58
participación
no
afectará
la
realización
del
hecho
delictivo.145
La cooperación punible es concebible en los delitos
de comisión por omisión cuando una persona que tiene una
obligación
de
garante
respecto
a
otra
no
realiza
una
acción que hipotética y previsiblemente hubiera podido
aminorar o impedir la comisión del delito por el autor,
no
obstante
tener
la
capacidad
y
oportunidad
para
hacerlo.146 La tratadista López Peregrín, al referirse a
la
figura
del
cómplice
en
equivalente
a
nuestro
“cooperador”,
aclara
“conducta
omisiva
cómplice
ser
del
el
Código
debe
Penal
español,
que
esa
equivalente
valorativa y estructuralmente, no a la causación del tipo
correspondiente
de
la
Parte
Especial,
lo
que
lo
convertiría en autor, sino a la causación del tipo de la
complicidad
(cooperación),
en
el
sentido
de
haber
favorecido la comisión del delito por el autor.”147
La
artículo
delimitación
44
y
la
de
del
la
figura
co-autor
del
del
cooperador
artículo
43
del
(d)
constituye uno de los principales problemas prácticos del
nuevo Código Penal de Puerto Rico.
Para superar este
conflicto y establecer unos criterios particulares que
145
C. Blanco Lozano, op.cit., pág. 477.
146
M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 345, 346; E. Cury
Urzúa, op.cit., pág. 304; F. Muñoz Conde, op.cit., pág.
444-445; H. Heinrich Jescheck y T. Weigend, op.cit., pág.
749; M. J. Rodríguez Mesa, op.cit., págs. 184, 185.
147
M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 345.
CC-2007-1181
59
faciliten distinguir entre ambos conceptos penales, se
han elaborado diversas teorías, principalmente las que se
fundamentan en uno de los elementos siguientes: (1) la
necesidad de los actos realizados para la producción del
resultado, (2) los bienes escasos, (3) la relevancia de
la aportación del cooperador en el proceso motivacional
del autor y (4) el dominio del hecho.148
El
primer
enfoque
teórico
está
orientado
a
distinguir entre diversos grados de necesidad, con miras
a
precisar
el
Concretamente,
concepto
esta
de
doctrina
cooperación
fundamenta
la
necesaria.
distinción
entre una cooperación necesaria y la no necesaria en el
valor que tienen los actos con relación al resultado,
según producido por el autor del delito. En ese sentido,
los
actos
considerarán
llevados
a
necesarios
cabo
por
el
cuando
ninguno
cooperador
de
los
se
demás
intervinientes hubiera podido sustituirlo.
148
Estas teorías fueron elaboradas para analizar las
formas de intervención que se incluyen en el Código Penal
de España. Por eso, aluden a la distinción entre la forma
de autoría denominada cooperación necesaria y el tipo de
participación conocido como complicidad. Al revisar estas
teorías
debemos
recordar
que
al
referirse
a
la
cooperación necesaria se estarán refiriendo al co-autor
que se incluye en el Artículo 43 (d) del Código Penal de
Puerto Rico y cuando aludan a la figura del cómplice o a
la cooperación no necesaria se estarán refiriendo al
cooperador del artículo 44 de nuestro Código.
S. Mir. Puig, op.cit., págs. 409-410; M. C. López
Peregrín, op.cit., págs. 412-429; L. E. Chiesa Aponte,
Derecho Penal Sustantivo, op.cit., pág. 183-184; E.
Gimbernat Ordeig, Autor y Cómplice en Derecho Penal,
Madrid, España, Universidad de Madrid, Facultad de
Derecho: Sección de Publicaciones e Intercambios, 1966,
pág. 151-161.
CC-2007-1181
60
Distintamente, si cualquiera de los participantes en el
delito podía realizar la acción, esta contribución será
clasificada
como
complicidad
o
cooperación
no
necesaria.149
Esta perspectiva también establece que la distinción
entre la cooperación necesaria y la no necesaria se logra
al evaluar si el autor podía ejecutar el delito sin la
colaboración ajena. La aportación será clasificada como
necesaria
siempre
que
el
autor
hubiera
tenido
que
descartar o aplazar la comisión del delito hasta obtener
una
contribución
similar.
Por
el
contrario,
la
colaboración no será necesaria si el autor podía ejecutar
el hecho sin la ayuda del cooperador.150
La segunda teoría elaborada para delimitar la figura
del
cooperador,
la
de
los
bienes
escasos,
aborda
específicamente lo que se entiende por necesidad, con
relación de la cooperación. En esta vertiente teórica,
“la aportación del cooperador debe considerarse necesaria
dependiendo de la escasez de la cosa o servicio que se
facilitó para ejecutar el delito.”151 Se clasificará como
149
M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 412.
150
M. C. López Peregrín, Íd., pág. 414.
151
L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo,
op.cit., pág. 183; Explica Gimbernat Ordeig que para
determinar la escasez o la abundancia de una cosa o
servicio se deben realizar dos juicios principales.
Cataloga el primero como uno general y provisional,
fundamentado en la concepción de un hombre promedio.
Mientras, el segundo, que sería el definitivo, tendrá en
cuenta los factores especiales o particulares que
concurren en la persona concreta que recibe la cosa o
CC-2007-1181
61
cooperación necesaria aquella colaboración escasa que sea
causa del resultado. Mientras, será complicidad aquella
contribución,
abundante
o
escasa,
que
no
haya
condicionado la ejecución del delito.152 En fin, según
esta
teoría,
“mientras
más
escaso
sea
el
bien
o
el
servicio suministrado, más necesario es para la comisión
del delito. Por el contrario, mientras sea el bien o el
servicio suplido menos escaso, menos necesario es para la
comisión de la ofensa.”153
La
tercera
teoría
delimita
el
ámbito
entre
la
cooperación necesaria y la no necesaria al realizar un
juicio sobre la contribución sicológica del colaborador
en el proceso motivacional del autor.
la
cooperación
necesaria
se
Más concretamente,
activaría
“cuando
el
servicio. Los siguientes ejemplos ilustran la aplicación
de esta teoría:
Si A proporciona a B un veneno, cuya venta sólo
está permitida con receta, esto será, en
principio, una cooperación necesaria para el
asesinato que B quiere cometer.
Sin embargo,
dejará de serlo si se demuestra que B era un
farmacéutico que tenía en su tienda el veneno
que necesitaba.
Del mismo modo, la entrega de
una pistola – que, en general, es un bien
escaso, - es sólo una conducta constitutiva de
complicidad si el que la recibe tiene ya una
pistola en su casa que funciona perfectamente.
E. Gimbernat Ordeig, Autor y Cómplice en Derecho
Penal, op.cit., págs. 155-156; Véase M. C. López
Peregrín, op.cit., pág. 416.
152
153
M. C. López Peregrín, op.cit., págs. 416-418.
L. E. Chiesa, Derecho Penal Sustantivo, op.cit., pág.
183; M. Garrido Montt, op.cit., págs. 239-240.
CC-2007-1181
62
partícipe incide en el proceso de decisión del autor,
motivándolo con su ayuda a ejecutar el delito.”154
Por último, la teoría del dominio del hecho, en sus
orígenes, postulaba que “en los delitos dolosos sólo es
autor quien domina finalmente la ejecución del hecho.”155
Esta perspectiva teórica ha variado su orientación al
imponerse
un
análisis
integrado
subjetivas y objetivas.
de
las
doctrinas
De acuerdo a esta nueva visión,
el dominio del hecho supone, no tan solo un control final
(subjetivo),
“sino
determine…
el
también
curso
del
una
posición
suceder
objetiva
que
típico.”156
Más
concretamente Bacigalupo expresa que en la moderna teoría
del dominio del hecho “no se trata de la causación de
efectos en el mundo exterior, sino de la realización de
un
fin,
diversas
que
es
el
alternativas
resultado
y
de
una
posibilidades
elección
de
entre
acción
en
relación al fin que el agente se propone.”157
Para atender situaciones diversas de autoría, esta
teoría impulsa tres tipos distintos de dominios. Estos
154
M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 420, citando a
González Cussac/Mira Benavent en Baldo Lavilla y Rosal
Blasco (La inducción, 1994, pág. 228).
155
S. Mir Puig, op.cit., pág. 372.
156
S. Mir Puig, op.cit., pág. 372, citando a Maurach,
Tratado II, pág. 343; E. Bacigalupo, Hacia el Nuevo
Derecho Penal, op.cit., págs. 467-468; H. Heinrich
Jescheck y T. Weigend, op.cit., pág. 701; G. Jackobs,
op.cit., págs. 740-742.
157
E. Bacigalupo, Derecho Penal: Parte General, op.cit.,
pág. 495.
CC-2007-1181
63
son: (1) “el dominio de la propia acción típica”, que se
refiere
a
las
personas
que
realizan
el
hecho
por
sí
mismas; (2) “el dominio de la voluntad de otros”, que son
los que realizan la acción, es decir, el dominio que
ejerce el autor mediato; y (3) “el dominio funcional del
hecho”,
que
se
da
entre
los
partícipes
que
actúan
conjuntamente y que, de acuerdo al plan delictivo, se
distribuyen el trabajo sin que ninguno posea el dominio
total
del
hecho.158
Por
ser
el
pertinente
a
esta
discusión, examinemos el supuesto del dominio funcional
del hecho.
El dominio funcional del hecho está fundamentado en
un
plan
delictivo
común
en
el
que
varios
sujetos
se
dividen las actividades.159 Bajo este enfoque teórico se
exige que la contribución del co-autor sea esencial.160
Esta esencialidad, según la tratadista López Peregrín, se
establece a base del supuesto de que en la co-autoría es
preciso que todos los sujetos actúen para que se pueda
cometer el delito, mientras que uno solo puede tener la
capacidad para impedirlo.161
158
E. Bacigalupo, Derecho Penal: Parte General, Íd.,
págs. 495-496; M. C. López Peregrín, op.cit, pág. 422; S.
Mir Puig, op.cit., pág. 372; E. Bacigalupo, Hacia el
Nuevo Derecho Penal, op.cit., págs. 468-469; G. Jackobs,
op.cit.
159
M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 424; E.
Bacigalupo, Hacia el Nuevo Derecho Penal, Íd., pág. 469.
160
M. C. López Peregrín, Íd., pág. 425; E. Bacigalupo,
Hacia el Nuevo Derecho Penal, Íd.
161
M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 425.
CC-2007-1181
64
En resumen, según el tratadista Granados Peña, “el
que
la
conducta
categoría
de
de
autor
un
o
interviniente
se
degrade
a
se
eleve
la
de
a
la
cómplice
[cooperador], depende de la presencia de cuatro factores:
El grado de interés en el resultado, el alcance de la
intervención en el hecho, el dominio del hecho o, por lo
menos, la voluntad del dominio del hecho.”162
El estudio y análisis de todos estos postulados nos
llevan a afirmar que la distinción entre el coautor del
artículo
Código
43
(d)
Penal
de
consideraciones
y
el
cooperador
Puerto
Rico
principales:
del
artículo
44
del
2004
radica
en
dos
colaboración
del
de
(1)
la
coautor es indispensable para la comisión de un delito,
mientras que la del cooperador no lo es; y (2) el coautor
tiene un mayor conocimiento sobre el hecho punible que el
cooperador. Sobre el segundo aspecto, puede establecerse
que el coautor es aquel que participa en la elaboración
del plan desde sus actos preparatorios, simultáneos y
hasta los posteriores a la comisión del delito, siempre
que
éstos
fueran
concertados
desde
el
principio
del
acuerdo.
Es cierto que el artículo 44 del Código Penal del
2004
expone
contribuye
de
que
el
cualquier
cooperador,
con
conocimiento,
otro
a
comisión
modo
la
delito.163 No obstante, el Informe sometido por la
162
J. E. Granados Peña, op.cit., pág. 80.
163
33 L.P.R.A. sec. 4672 (Suplemento, 2008).
del
CC-2007-1181
65
Comisión de lo Jurídico del Senado y nuestro análisis de
la
figura
demuestran
que
el
cooperador
conocimiento pleno del delito.”164
“no
tiene
un
Esto debido a que el
cooperador “no participa directamente en la planificación
o ejecución del delito.”165 Siendo ello así, es imperativo
precisar
cuál
es
el
conocimiento
que
debe
tener
el
cooperador.
El Código Penal de Puerto Rico dispone que ninguna
persona podrá ser sancionada “por un hecho previsto en
una ley penal si no lo ha realizado con intención o
negligencia.”166
Este
principio
de
responsabilidad
subjetiva persigue imputarle a un individuo las acciones
que son producto de su voluntad o que pudo prever e
impedir.167 Bajo esta premisa, sólo se puede castigar a
quien actúa culposamente.168
También dispone el Código Penal que los delitos se
consideran cometidos con intención:
(a) cuando el hecho correspondiente ha sido
realizado
por
una
conducta
dirigida
voluntariamente a ejecutarlo; (b) el hecho
correspondiente es una consecuencia natural
164
Informe sobre el P. del S. 2302,
Jurídico del Senado, supra, pág. 31.
Comisión
165
Informe sobre el P. del S. 2302, Íd.
166
Artículo 22, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4650.
de
lo
167
D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico
Comentado, op.cit., pág. 31; Informe de la Medida, P. del
S. 2302, supra, pág. 23; Véase: D. Nevares Muñiz, Derecho
Penal Puertorriqueño: Parte General, op.cit., pág. 200.
168
L. E. Chiesa
op.cit., pág. 141.
Aponte,
Derecho
Penal
Sustantivo,
CC-2007-1181
66
de la conducta voluntaria del autor; o (c)
cuando el sujeto ha querido su conducta a
conciencia de que implicaba un riesgo
considerable y no permitido de producir el
hecho delictivo realizado.169
Este elemento subjetivo, según señala el profesor Chiesa
Aponte, está subdividido, a su vez, “en tres modalidades,
que son el propósito, el conocimiento y la temeridad.”170
En la modalidad de intención por conocimiento, también
denominada “dolo directo de segundo grado”, el sujeto no
tiene como propósito la producción del hecho delictivo,
pero sabe que es prácticamente seguro que su actuación
dará lugar a un resultado lesivo.171 En fin, actúa con
conocimiento la persona que “haya previsto que existía
una alta probabilidad de que se realizara la conducta
prohibida.”172
Los estudiosos del Derecho Penal coinciden en que
“la
única
participación
punible
es
la
participación
dolosa en el hecho doloso del autor.”173 En el caso del
cooperador hay que precisar la fuente de conocimiento que
169
Artículo 23, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4651.
170
Aponte,
L. E. Chiesa
op.cit., pág. 162.
Derecho
Penal
Sustantivo,
171
Informe de la Medida, P. del S. 2302, supra, pág. 25;
D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte
General, op.cit., pág. 202; Véase: D. Nevares Muñiz,
Nuevo Código Penal de Puerto Rico Comentado, op.cit.,
pág. 35; L. E. Chiesa, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,
págs. 146, 147; F. Muñoz Conde y M. García Arán, op.cit.,
pág. 270; S. Mir Puig, op.cit., pág. 265.
172
L. E. Chiesa, Derecho Penal Sustantivo, op.cit., pág.
147.
173
M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 80.
CC-2007-1181
imparte
a
67
su
participación
la
cualidad
de
dolosa.
El
artículo 23 (b) del Código Penal de 2004 nos permite
concluir que el conocimiento del cooperador emana de las
circunstancias en las cuales se suscita el hecho punible.
Es decir, el conocimiento de las circunstancias que tiene
el cooperador es lo que define que el hecho punible sea
una consecuencia natural de su conducta.174
Este conocimiento de las circunstancias del hecho
puede
obtenerse
descriptivo
o
a
base
de
un
enfoque
por
la
combinación
de
exclusivamente
éste
con
la
orientación normativa.175 El primero permite conocer las
circunstancias del hecho exclusivamente por los sentidos.
Mientras que el segundo necesita, además de la percepción
de
los
sentidos,
una
captación
intelectual
de
las
circunstancias del hecho.176 En concreto, el conocimiento
de las circunstancias del hecho es lo que le provee al
sujeto
la
conciencia
de
que
su
obrar
no
sólo
es
reprobable moralmente sino que es contrario a la norma
jurídica.177
174
Artículo 23 (b),
(Suplemento 2008).
supra,
33
175
H. Welzel, op.cit., págs. 90-92.
176
Íd., págs. 90-91.
177
L.P.R.A.
sec.
4651
J. Córdoba Roda, El Conocimiento de la Antijuridicidad
en la Teoría del Delito, Barcelona, España, Bosch Casa
Editorial, 1962, págs. 98, 99. Cabe recordar, según
recalca Córdoba Roda, que esto no supone conflicto con la
norma general de que “la ignorancia de las leyes no
excusa su cumplimiento”, en tanto en cuanto: “son
conceptos distintos los de “ignorancia de la ley” e
CC-2007-1181
68
En el caso particular de los delitos impropios de
omisión dolosos, “el dolo requiere conocimiento de la
situación generadora del deber de actuar, lo que aquí
significa
básicamente
producción
del
conocimiento
resultado,
de
la
amenaza
de
de
las
conocimiento
circunstancias que fundamentan la posición de garante y
de
las
que
fundamentan
la
posibilidad
actuar.”178
de
Además, el dolo comprenderá no tan solo la omisión de la
acción
necesaria,
sino
también
la
posibilidad
y
conveniencia de impedir el delito a través de la acción
omitida.179
En
España,
la
contribución
dolosa
del
cómplice
(cooperador en Puerto Rico) al hecho delictivo, según el
artículo
29
del
Código
Penal
de
España,
sólo
puede
efectuarse en los actos anteriores o simultáneos a la
comisión
del
delito.180
Los
actos
posteriores
a
la
consumación del delito no pueden constituir complicidad
(cooperación), sino encubrimiento181.
“ignorancia de lo contrario a
prohibido”…” Íd, págs. 101, 102.
178
E. Bagacigalupo,
op.cit., pág. 562.
179
Derecho
Derecho”
Penal:
o
Parte
“de
lo
General,
S. Mir Puig, op.cit., pág. 330.
180
S. Mir Puig, op.cit., pág. 411; E. Bacigalupo, Derecho
Penal: Parte General, op.cit., pág. 503; Véase: H.
Heinrich Jescheck, op.cit., pág. 745.
181
Aunque se ha reconocido que la cooperación puede
producirse cuando se trate de actos posteriores al
delito, que han sido previamente prometidos o convenidos.
En estos casos, aunque el acto materialmente se produce
CC-2007-1181
69
Nuestro Código Penal de 2004 no establece el momento
en
que
debe
materializarse
la
contribución
del
cooperador, contrario a la aportación que el coautor le
brinda al delito, que según el artículo 43 (d), puede
realizarse
en
los
actos
anteriores,
simultáneos
y
posteriores al hecho punible.182 Esta aplicación temporal
de
la
co-autoría
podría
extenderse
a
la
forma
de
participación de la cooperación, bajo el supuesto de que
el
cooperador
forma
contribuye
contundente
o
al
delito,
definitiva.
aunque
Sin
no
sea
embargo,
de
esta
contribución posterior no constituirá coautoría o, en su
caso, cooperación, si la conducta posterior no aporta a
la producción del delito. En ese caso no se puede hablar
de
coautoría
o
cooperación,
sino
del
delito
de
encubrimiento. Sobre dicho delito, el Código Penal del
2004 dispone:
Toda persona que con el conocimiento de la
ejecución de un delito, oculte al responsable del
mismo o procure la desaparición, alteración u
ocultación de prueba para impedir la acción de la
justicia, incurrirá en delito grave de cuarto
grado.
Cuando el encubridor actúe con ánimo de lucro o
se trate de un funcionario o empleado público y
cometa el delito aprovechándose de su cargo o
empleo, se le impondrá pena de delito grave de
tercer grado.183
luego del delito, su efecto se retrotrae al momento de la
promesa. S. Mir Puig, Íd., pág. 411.
182
183
33 L.P.R.A. sec. 4671 (Suplemento, 2008).
Artículo
285,
(Suplemento, 2008).
supra,
33
L.P.R.A.
sec.
4913
CC-2007-1181
D.
70
Causa Probable para Arresto
La determinación de causa probable para arrestar o
citar a una persona para que responda ante los tribunales
por
la
comisión
penal.184
de
un
delito
da
inicio
a
la
acción
Al respecto, la Constitución de Puerto Rico
establece que:
Sólo se expedirán mandamientos autorizando
registros,
allanamientos
o
arrestos
por
autoridad judicial, y ello únicamente cuando
exista causa probable apoyada en juramento o
afirmación, describiendo particularmente el
lugar
a
registrarse,
y
las
personas
a
185
detenerse o las cosas a ocuparse.
Se
trata,
pues,
de
una
exigencia
constitucional
que
impide que un imputado de delito sea sometido a juicio
sin una determinación judicial previa de causa probable
para el arresto.186
Como el arresto es la forma que tiene el Estado para
adquirir jurisdicción sobre una persona, el legislador
estructuró
probable,
un
de
procedimiento
manera
que
el
para
arresto
determinar
sólo
causa
pudiera
ser
184
D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal
Puertorriqueño, op.cit., pág. 43; Pueblo v. Rivera
Martell, 2008 T.S.P.R. 64, 2008 J.T.S. ____, 173 D.P.R.
_____ (2008); Pueblo v. Irizarry, 160 D.P.R. 544, 555
(2003); Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 D.P.R. 803, 809-810
(1998); Pueblo v. Miró González, supra, pág. 819.
185
Artículo 2, sección 10, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A. sec.
10. La Enmienda IV de la Constitución de Estados Unidos
contiene igual exigencia.
186
Pueblo v. Rivera Martell, supra; Pueblo v. North
Caribbean, supra, pág. 379; Pueblo v. Irizarry, supra;
Pueblo v. Jiménez Cruz, supra; E. L. Chiesa Aponte,
Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,
op.cit., págs. 23, 24, 27.
CC-2007-1181
71
ordenado por autoridad judicial.187 A ese fin, las Reglas
de
Procedimiento
establecen
los
Criminal
disponen
factores
que
el
puede
procedimiento
y
considerar
un
magistrado para determinar causa probable para arresto.
Según interpretados por nuestra jurisprudencia éstos son:
la
denuncia
incluyan
jurada,
con
denunciante
las
ésta
o
o
sus
declaraciones
el
examen
testigos,
juradas
bajo
así
que
juramento
como
se
del
cualquier
combinación de estos factores; e incluso, sin necesidad
de una denuncia, cuando se presente bajo juramento el
testimonio de algún testigo con conocimiento personal del
hecho delictivo.188
A
pesar
de
todas
estas
consideraciones,
lo
determinante para establecer causa probable para arresto
es
que
se
provean
al
magistrado,
bajo
juramento
o
afirmación, todos los elementos necesarios para que éste
pueda
inferir
determinado
la
delito
probabilidad
por
la
de
persona
que
se
cometió
contra
la
cual
se
determina causa probable.189 En otras palabras, sólo se
tiene
que
establecer
la
existencia
de
una
“relación
187
O. E. Resumil de Sanfilipo, Práctica Jurídica de
Puerto
Rico:
Derecho
Procesal
Penal,
Oxford,
New
Hampshire, Equity Publishing Company, 1990, Tomo I, págs.
108-109.
188
Regla 6(a), Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v.
Irizarry, supra, págs. 561-562.
189
E. L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto
Rico y Estados Unidos, op.cit., pág. 29; Pueblo v.
Martell, supra; Pueblo v. North Caribbean, supra, pág.
381; Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 560; Pueblo v.
Jiménez Cruz, supra, págs. 812-813.
CC-2007-1181
causal
fáctica
72
tendiente
a
demostrar
que
una
persona
incurrió en una conducta punible mediante prueba de los
elementos objetivos del delito y de su participación en
el
mismo.”190
No
es
necesario
que
se
establezca
la
existencia absoluta de responsabilidad.191
Como es patente, la vista de causa probable para
arresto
reglamenta
los
procedimientos
preliminares
al
juicio y tiene por finalidad una determinación de causa
probable.192 Además, ésta no establece la culpabilidad o
inocencia del acusado porque no conlleva una adjudicación
final del caso.193
III.
El
señor
Sustache
Sustache
recurrió
de
una
determinación del Tribunal de Apelaciones en la cual se
determinó que existía causa probable para arrestarlo por
los delitos de asesinato en primer grado y agresión en la
modalidad de cooperador, por su omisión impropia de no
evitar la muerte del señor Cáceres Cruz, y por el delito
de encubrimiento en el grado de autor.
En esencia, el agente Sustache Sustache plantea que
estos delitos no podían configurarse porque no existía
190
O. E. Resumil de Sanfilipo,
191
Íd.
op.cit., pág. 118.
192
Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 794, nota 6; Pueblo v.
Jiménez Cruz, supra, pág. 812; Pueblo v. Rivera Rivera,
supra, pág. 128.
193
Pueblo v. Pillot, supra;
GRS, supra, pág. 19.
Pueblo en interés del menor
CC-2007-1181
73
prueba de su conocimiento respecto a que el agente Pagán
Cruz iba a sacar su arma para dispararle al señor Cáceres
Cruz. Argumenta, además, que la prueba no estableció los
elementos requeridos para que aplicara la figura jurídica
de la comisión por omisión. Finalmente, el peticionario
expone que el tribunal apelativo no tenía la facultad de
determinar causa probable por el delito de encubrimiento,
puesto que el Ministerio Público no le había imputado la
comisión de este delito en la denuncia. Examinemos estas
alegaciones a la luz del derecho previamente discutido.
Se ha establecido estatutariamente que un delito que
tipifica la producción de un resultado, además de poderse
realizar
por
acción,
puede
cometerse
por
omisión
impropia. No obstante, para que esta nueva figura penal
pueda
activarse
deben
estar
presentes
los
siguientes
factores: (1) la existencia de un deber de garante, (2)
la producción del resultado, (3) la capacidad para actuar
y (4) la equivalencia entre la omisión y el resultado,
que se determina a base de la existencia de un deber de
garante
y
de
la
creación
o
aumento
de
un
riesgo
precedente.
El deber de garante de los agentes del orden público,
respecto
a
ministerio,
los
ciudadanos,
según
lo
es
evidencia
consustancial
la
ley
a
su
orgánica
del
Departamento de la Policía y su reglamento de personal.
De esta normativa, se puede apreciar que los policías
tienen, entre otros, los deberes de observar y procurar
CC-2007-1181
la
74
protección
de
los
derechos
civiles
del
ciudadano,
proteger la vida y prestar la debida protección al pueblo
reunido legalmente para cualquier fin lícito.
La prueba del Ministerio Público fue suficiente para
demostrar
que,
el
11
de
agosto
del
2007,
el
agente
Sustache Sustache no cumplió con el deber de garante que
tenía para con el señor Cáceres Cruz. Este deber se lo
imponía
la
ley
y
era
la
razón
de
ser
de
su
ronda
policial. La prueba presentada ante la consideración del
magistrado cumplió con los parámetros del procedimiento
preliminar y, a esos fines, demostró causa suficiente
para
concluir
mantuvo
que
observando
el
y
oficial
sin
Sustache
intervenir
Sustache
mientras:
se
(1)
el
agente Pagán Cruz agredió con los puños, por primera vez,
al señor Cáceres Cruz, quien retrocedía solicitando que
no
lo
tocaran;
(2)
el
oficial
Pagán
Cruz
continuaba
golpeando insistentemente al señor Cáceres Cruz, hasta el
punto de golpearlo cuando éste se encontraba en el suelo;
(3)
el
señor
Cáceres
Cruz
trataba
de
levantarse
del
suelo; (4) el policía Pagán Cruz forcejeaba con el señor
Cáceres
Cruz,
para
evitar
que
éste
se
levantara
del
suelo; (5) se oyó una primera detonación proveniente del
arma
de
fuego
del
oficial
Pagán
Cruz,
quién
resultó
herido en el muslo de su pierna izquierda, mientras el
señor Cáceres Cruz quedó tendido en el suelo aturdido por
la detonación; (6) el policía Pagán Cruz “chamboneó” para
cargar su pistola, le apuntó al señor Cáceres Cruz y le
CC-2007-1181
disparó
en
75
varias
ocasiones,
mientras
éste
permanecía
postrado en el suelo; (7) el oficial Pagán Cruz buscó la
cabeza del señor Cáceres Cruz, quien había caído hacia el
lado derecho, y le propino otro disparo en esa parte del
cuerpo.194
La omisión del oficial Sustache Sustache de cumplir
con su deber de garante surge del testimonio del señor
Toyens Quiñones, quien manifestó lo siguiente:
F: ¿Cómo usted sabe que estaba tratando de
levantarse?
T: Porque se sujetó del muslo para pararse y ahí
fue que siguió dándole. Entonces fue cuando el
señor Tino Cruz se metió para decirle “no le dé,
no le dé”. Y yo me voy acercando más para sacar
al señor Tino del medio. Cosa que la policía no
fuera a intervenir, ponerle obstrucción a la
justicia, volví a sacar a Don Tino, cuando se
metió el otro policía entre Tino y el Agente
Pagán. Y sacó a Tino para….195
La única acción del agente Sustache Sustache registrada
por los testigos, no fue la de evitar que el policía
Pagán
Cruz
continuara
agrediendo
físicamente
al
señor
Cáceres Cruz, sino la de impedir que otros civiles le
ayudaran. Esto a pesar de que el agente Sustache Sustache
se encontraba cerca de donde el agente Pagán Cruz le
estaba propinando la golpiza al señor Cáceres Cruz. Más
aún, en lugar de intervenir para proteger la vida del
señor
agente
194
Cáceres
Cruz,
Sustache
la
prueba
Sustache
recibida
salió
indica
corriendo
que
el
hacia
la
Véase: Moción Solicitando Reconsideración a la
Determinación de No Causa para Arresto en Alzada, 4
septiembre del 2007, pág. 145.
195
Íd.
CC-2007-1181
76
patrulla cuando se escuchó la primera detonación. Sobre
este
particular,
también
declaró
el
señor
Toyens
Quiñones:
T: Que ahí sonó el disparo y él embaló a
correr.
F. ¿Y usted que hizo?
T. Me empujó a mí, pues yo me quedé parado,
porque no pude…
F. ¿Quién lo empujó a usted?
T. El guardia.
Me cogió por la cintura y
entonces corrió.
Y yo pues me retiré un
poquito más hacia atrás, como de 10 a 12 pies
más, me retiré hacia atrás. Y ahí entonces…196
Según los testimonios, el oficial Sustache Sustache
no actuó para proteger la vida y los derechos civiles del
señor
Cáceres
Cruz.
Es
decir,
la
prueba
recibida
demostró, para
propósitos del proceso preliminar, que el
señor
Sustache
Sustache
garante
y
que
evitado
la
su
no
cumplió
intervención
trágica
muerte
con
su
deber
de
a
tiempo
pudiera
haber
del
señor
Cáceres
Cruz.
Además, el agente tenía la capacidad para actuar, no tan
solo
en
términos
físicos,
sino
intelectual.
En
otras
habilidades,
el
conocimiento
posibilidad
de
realizar
acción
la
palabras,
reconocer
mandada
la
y
también
el
en
policía
el
tenía
de
la
situación
vía
y
los
salvar
al
plano
y
medios
bien
las
la
para
jurídico
amenazado.
Sin
embargo,
según
la
prueba
recibida,
en
vez
de
intervenir para ayudar al señor Cáceres Cruz, el agente
Sustache Sustache auxilió a su compañero Pagán Cruz. La
196
Íd.
CC-2007-1181
prueba
77
reflejó
que
el
agente
Sustache
Sustache,
y
la
oficial Díaz de León, montaron a su compañero Pagán Cruz
en la patrulla y que al dirigirse al Hospital Ryder le
pasaron por el lado al cuerpo del señor Cáceres Cruz que
yacía tirado en el suelo.197 En fin, estos oficiales no
verificaron, siquiera, si el señor Cáceres Cruz estaba
vivo.
En
ningún
momento
el
agente
Sustache
Sustache
se
comunicó con algún superior para indicarle que había un
civil herido, de manera que otros agentes lo socorrieran.
Tampoco solicitó una ambulancia para el señor Cáceres
Cruz.
Esto a pesar de que el señor Cáceres Cruz se
mantenía con vida.198
El
Ministerio
Público
demostró,
además,
que
los
propios oficiales crearon la situación de riesgo en la
que
se
encontraba
arrestarlo,
en
el
las
señor
Cáceres
circunstancias
Cruz
al
descritas
intentar
en
los
testimonios, un sábado en la tarde y en una actividad
comunitaria
de
un
dirigiendo
el
tráfico
vehicular.199
quinceañero,
para
mientras
éste
estaba
facilitar
el
flujo
Según vimos, y afirman los tratadistas, la
situación de riesgo puede ser el resultado de una acción
u omisión lícita o ilícita. Además, al omitir intervenir
cuando el agente Pagán Cruz golpeaba excesivamente a un
197
Íd., págs. 145-146.
198
Íd., pág. 146.
199
Íd., pág. 145.
CC-2007-1181
78
civil que se encontraba en el suelo y desarmado, los
oficiales
aumentaron
el
riesgo
de
que
esa
agresión
inicial desatara una serie de eventos que culminaran en
la muerte del señor Cáceres Cruz.
Por
otra
conforman
parte,
el
delito
principalmente
es
cierto
de
dirigidos
que
los
requisitos
comisión
por
omisión
que
se
a
permitir
que
están
impute
la
autoría de un delito a la persona que actúe por omisión.
Sin
embargo,
los
estudiosos
de
la
materia
de
Derecho
Penal han establecido que los delitos de comisión por
omisión
también
participación
pueden
denominada
ejecutarse
bajo
cooperación,
la
forma
de
siempre
que
una
persona en posición de garante, teniendo la capacidad y
oportunidad
para
previsiblemente
hacerlo,
hubiera
no
realice
podido
una
acción
que
aminorar
o
distinguir
el
retrasar,
impedir la comisión del delito por el autor.
Ante
esta
situación,
es
necesario
conocimiento del delito que tiene un co-autor del que
tiene un cooperador. El conocimiento del delito que tiene
el coautor es producto de su concierto y común acuerdo
para ejecutar el mismo. Esto debido a que el coautor
participa
en
la
elaboración
del
plan
desde
sus
actos
preparatorios, simultáneos y hasta los posteriores a la
comisión del delito, siempre que éstos sean concertados
desde el principio del acuerdo. A los cooperadores no se
les requiere este grado de conocimiento. Éstos no tienen
un conocimiento pleno del delito, porque el cooperador no
CC-2007-1181
79
participa directamente en la planificación o ejecución
del
delito,
razón
por
la
cual
su
contribución
a
la
ejecución del delito no es indispensable.
Es cierto que la conducta de un cooperador debe ser
intencional. No obstante, ello no es sinónimo de tener un
conocimiento
perfecto
del
crimen.
Lo
único
que
se
requiere para configurar la intención delictiva en la
modalidad de cooperación, es que el cooperador conozca
las
circunstancias
resultado
del
criminal
hecho,
pueda
de
tal
serle
manera
imputado
que
como
el
una
consecuencia natural de su conducta. En los delitos de
omisión impropia se requiere que el cooperador tenga,
además, conocimiento sobre la situación generadora del
deber de actuar, lo cual implica un conocimiento real de
la
amenaza
o
situación
conocimiento
posición
de
de
fundamentan
las
peligro
del
bien
circunstancias
que
fundamentan
garante
la
de
y
de
posibilidad
las
de
jurídico,
circunstancias
actuar.
la
que
Afirmar
lo
contrario sería convertir al cooperador en un co-autor.
Para que el tribunal pudiera encontrar causa para el
arresto del agente Sustache Sustache como cooperador en
los delitos de agresión y asesinato en primer grado, lo
único
que
se
requería
era
que
el
Ministerio
Público
demostrara que éste conocía que una consecuencia natural
de su omisión voluntaria podría ser la muerte del señor
Cáceres Cruz y que, a pesar de este conocimiento, el
agente Sustache Sustache no actuó.
CC-2007-1181
La
80
prueba
oficial
recibida
Sustache
en
la
vista
para
arresto
Sustache
es
suficiente,
para
del
estos
propósitos, pues demostró que éste tenía el conocimiento
que
se
requiere
para
que
se
configure
el
delito
de
comisión por omisión en la modalidad de cooperadores. El
agente
Sustache
Sustache
tuvo
conocimiento
de
las
circunstancias del hecho, es decir, estaba consciente de
la golpiza que el agente Pagán Cruz le estaba propinando
al señor Cáceres Cruz.
También, conocía su deber de
garante para proteger la vida y los derechos civiles de
la
ciudadanía.
Finalmente,
tenía
conocimiento
de
su
capacidad para actuar, ya fuera evitando el abuso contra
el señor Cáceres Cruz o controlando al agente Pagán Cruz.
No era necesario que el agente Sustache Sustache tuviera
conocimiento del tipo de delito que iba a cometer el
agente Pagán Cruz. Esta exigencia sería más apropiada
para la forma de intervención de la co-autoría.
Finalmente, se desfiló prueba tendente a demostrar
que
el
agente
Sustache
Sustache
le
hizo
falsas
afirmaciones sobre lo ocurrido al fiscal Perea Mercado.200
El
fiscal
Perea
Mercado
testificó
sobre
las
inconsistencias en las versiones del agente Sustache
200
En específico, la prueba indicó que el señor Sustache
Sustache le informó al fiscal que todo el incidente se
había suscitado muy rápido; en todo momento le estuvo
dando la espalda al agente Pagán Cruz porque había muchas
personas; se encargó de mantener alejados a los civiles;
y sacó su gas pimienta, pero no se atrevió a utilizarlo
contra las personas porque le hubiera hecho daño a su
compañero Pagán Cruz. Íd., págs. 146-147.
CC-2007-1181
81
Sustache e indicó que se percató de ellas cuando observó
un
video
que
había
grabado
actos
fueron
un
ciudadano
sobre
lo
sucedido.201
Estos
perfeccionó el delito.
realizados
después
de
El
señor
se
Por esta razón, el Tribunal de
Apelaciones determinó que se efectuaron para
mismo.
que
Sustache
Sustache
aduce
encubrir el
que
como
el
Ministerio Público no imputó el delito de encubrimiento
en
la
denuncia,
el
Tribunal
de
Apelaciones
erró
al
determinar causa probable por dicho delito.
La facultad de los tribunales para determinar causa
por
un
delito
no
incluido
y
distinto
al
imputado
se
ejerce en la vista inicial de causa probable para arresto
y en la vista en alzada.
Como hemos establecido, esta
facultad no la provee el recurso de certiorari, el cual
se limita a revisar cuestiones esencialmente de derecho.
Una
actuación
contraria
a
esto,
no
tan
solo
desnaturalizaría la finalidad de este recurso, sino que
colocaría a la defensa en un estado de indefensión.
Es
necesario recordar que el señor Sustache Sustache no tuvo
la
oportunidad
imputado
de
de
rebatir
encubrimiento,
en
una
por
el
vista
cual
el
el
delito
no
tribunal
apelativo le encontró causa.
201
Algunas de estas inconsistencias fueron, según su
testimonio, que el agente Sustache Sustache en ningún
momento sacó el gas pimienta y que no había mucha gente
en el lugar de los hechos. Íd., pág. 147.
CC-2007-1181
82
IV.
Concluimos
que
la
prueba
presentada
por
el
Ministerio Público cumplió con el estándar requerido para
determinar
causa
probable
para
el
arresto
del
señor
Sustache Sustache. Es decir, el Fiscal logró establecer,
mediante
el
grado
de
prueba
requerido
en
esta
etapa
preliminar, todos los elementos necesarios para que se
pueda inferir que se cometieron los delitos y que éstos
fueron ejecutados por el agente Sustache Sustache.
Por los fundamentos antes expresados, se confirma la
sentencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto determinó
causa para arresto contra el señor Sustache Sustache por
el delito de asesinato en primer grado y el delito de
agresión, ambos en la modalidad de cooperador. Se revoca
la
decisión
del
tribunal
apelativo
determinando
causa
probable por el delito no imputado de encubrimiento. Se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la
continuación de los procedimientos consistentes con este
dictamen.
Se dictará sentencia de conformidad.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
CC-2007-1181
Carlos Sustache Sustache
Peticionario
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 9 de julio de 2009.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
integrante de la presente Sentencia, se confirma
la sentencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto
determinó causa para arresto contra el señor
Sustache Sustache por el delito de asesinato en
primer grado y el delito de agresión, ambos en la
modalidad de cooperador. Se revoca la decisión del
tribunal apelativo determinando causa probable por
el delito no imputado de encubrimiento. Se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia
para
la
continuación
de
los
procedimientos
consistentes con este dictamen.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria
del
Tribunal
Supremo.
El
Juez
Presidente señor Hernández Denton emitió una
Opinión de Conformidad.
La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión Disiente.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
Certiorari
CC-2007-1181
Carlos Sustache Sustache
Peticionario
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Presidente SEÑOR
HERNÁNDEZ DENTON
San Juan, Puerto Rico, a 9 de julio de 2009.
Estamos
esencialmente
conformes
con
la
Opinión
del
Tribunal en el caso de epígrafe. No obstante, en atención a
la complejidad de la controversia que resolvemos en el día de
hoy y a las repercusiones que el presente caso tiene sobre
nuestro
ordenamiento
jurídico
penal,
deseamos
explicar
de
manera particular los fundamentos de nuestro voto.
En síntesis, la controversia que este Tribunal resolvió
en el día de hoy gira en torno a si un Policía que presencia
cuando un ciudadano es agredido y herido de muerte por otro
agente
del
orden
público,
en
violación
a
sus
derechos
civiles, comete algún delito por no intentar intervenir con
tales actos o por no auxiliar posteriormente a la víctima.
Tras analizar detenidamente el derecho aplicable a la luz
de varios cambios sustantivos que introdujo el Código Penal de
2004 y de los hechos particulares de este caso, somos del
criterio
que
en
esta
etapa
preliminar
existe
causa
para
arrestar al Agte. Carlos Sustache Sustache por el delito de
asesinato
en
primer
grado
y
agresión
en
la
modalidad
de
cooperador. Veamos.
I.
El resultado de este caso es una consecuencia directa e
inevitable de un cambio trascendental en la conceptualización
normativa
y
filosófica
de
la
autoría
penal
en
nuestra
jurisdicción. Este nuevo enfoque conceptual no responde a la
apreciación propia ni a la prerrogativa jurisprudencial de
este Tribunal, sino a la clara intención legislativa plasmada
en el Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 L.P.R.A. sec.
3301 et seq.
Desde principios del siglo XX, en Puerto Rico prevalecía
una visión unitaria de la autoría y de la participación que
provenía del modelo penal anglosajón. Es decir, se entendía
que todas las personas que intervenían en la comisión de un
delito
para
la
producción
de
un
resultado
criminal
eran
coautores, independientemente del grado o de la intensidad de
la participación de cada individuo en los hechos delictivos
imputados.
De
conformidad
con
esta
visión
-conocida
conceptualmente como la teoría de la equivalencia- se trataba
al autor y al cooperador de igual manera y su responsabilidad
penal era la misma. Véase L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal
Sustantivo, Publicaciones JTS, Inc., 2007, págs. 176-77, 18487.
CC-2007-1181
Según
3
el
profesor
Luis
E.
Chiesa
Aponte,
ésta
fue
la
teoría imperante en nuestra jurisdicción sobre la autoría y la
participación hasta la aprobación reciente del Código Penal de
2004 y su adopción de la teoría de diferenciación, la cual
proviene de los países de tradición civilista y contempla la
imposición de castigos de
mayor severidad al autor que al
cooperador. Específicamente, el artículo 44 del nuevo Código
Penal establece que “[s]e consideran cooperadores los que sin
ser autores, con conocimiento, cooperan de cualquier otro modo
en la comisión del delito”. 33 L.P.R.A. sec. 4672. (Énfasis
nuestro).
La
diferenciación
entre
ambos
grados
de
participación es evidente, pues a los cooperadores se les
impone “una pena igual a la mitad de la pena señalada para el
delito hasta un máximo de diez años”. Artículo 45 del Código
Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4673.202
Por su parte, dicha diferenciación no tenía cabida en la
definición de autoría del Código Penal de 1974, dado que ésta
incluía
de
cooperaren
modo
de
general
cualquier
en
sus
modo
en
preceptos
la
comisión
a
“[l]os
del
que
delito”,
situando a este participante en el mismo nivel que cualquier
otro autor del delito. 33 L.P.R.A. 3172(e). La amplitud del
202
El artículo 43 del nuevo Código también incluye en la
definición de autor a “[l]os que cooperan con actos
anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del
delito, sin cuya participación no hubiera podido realizarse el
hecho delictivo”. 33 L.P.R.A. 4671 (d). No obstante, al crear
una nueva categoría con una pena más benigna para los que
“cooperan de cualquier otro modo en la comisión del delito”
mediante los artículos 44 y 45 antes citados, el propio cuerpo
normativo penal hace una distinción precisa entre el grado de
responsabilidad punible que se le imputa a los cooperadores
cuya participación fue necesaria y a los cooperadores cuya
participación fue subsidiaria, accesoria y dispensable.
CC-2007-1181
concepto
de
4
autoría
bajo
la
visión
unitaria
del
Código
anterior condujo a este Tribunal a delimitar su alcance en
varias instancias, por lo que se requería que la participación
de
los
cooperadores,
que
eran
a
su
vez
autores,
fuera
consciente e intencional. Véanse Pueblo v. Lucret Quiñones,
111 D.P.R. 716 (1981); Pueblo v. Santos Ortiz, 104 D.P.R. 115
(1975). Además, bajo dicho esquema normativo era necesario
probar que los autores actuaron en concierto y común acuerdo
como
parte
de
independientemente
una
conspiración
y
designio
común,
de la intensidad en la participación o del
grado de autoría de cada individuo. Pueblo v. Pagán Ortiz, 130
D.P.R. 470 (1992); Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139
(1985).
Así las cosas, el nuevo Código Penal abandonó ese enfoque
unitario de la autoría y adoptó una conceptualización más
restrictiva de la figura del autor, que se contrapone a un
enfoque decisivamente más amplio de la responsabilidad penal
en nuestra jurisdicción. Ello fue resultado de que la Asamblea
Legislativa reconoció la figura del cooperador como categoría
distinta
e
independiente
de
responsabilidad
penal,
estableciendo así consecuencias penales para cierta conducta
que, bajo el estado de derecho anterior, podría haber quedado
impune.
En
otras
palabras,
la
intención
legislativa
del
nuevo
Código Penal fue clara al disponer que el cooperador cuya
participación es indispensable para la ejecución del delito es
un coautor bajo el artículo 43, mientras que un cooperador
subsidiario bajo el artículo 44 “no participa directamente en
CC-2007-1181
la
5
ejecución
del
delito,
ni
tiene
conocimiento
pleno
del
mismo”. Informe sobre el P. del S. 2302, 22 de junio de 2003,
Comisión de lo Jurídico del Senado, en la pág. 31. (Énfasis
nuestro). Al realizar tales cambios en la visión normativa del
concepto
de
participación
y
autoría
con
el
propósito
de
ampliar la responsabilidad penal en nuestra jurisdicción, el
Legislador se refirió específicamente a que dicha figura ya
había
sido
jurisdicciones
reconocida
de
de
Europa,
forma
análoga
particularmente
en
en
varias
España
y
Alemania. Véase Informe sobre el P. del S. 2302, supra; D.
Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, Instituto
para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2005, págs. 72-77.
II.
En efecto, este Tribunal atiende la presente controversia
bajo la óptica de los cambios noveles sobre el concepto de
autoría
que ocurrieron recientemente en nuestro ordenamiento
jurídico. Sin embargo, la complejidad del presente caso se
exacerba al tomar en cuenta que
el Ministerio Público no le
imputa al agente Sustache Sustache ser cooperador por sus
acciones afirmativas dirigidas a un resultado particular. Por
el contrario, su alegada responsabilidad penal recae en la
posibilidad de que ciertas omisiones y su incumplimiento con
el
deber
de
garante
que
ostentaba
como
agente
del
orden
público fue un modo de cooperación con la comisión de los
delitos de agresión y asesinato en primer grado imputados a
nivel de autoría a un tercero, que era compañero de éste en la
Policía.
CC-2007-1181
En
ese
6
contexto,
la
Opinión
del
Tribunal
integra
la
discusión de la participación del cooperador con la comisión
por omisión, otra figura novel importada a nuestro estado de
derecho penal de las jurisdicciones continentales de tradición
civilista, particularmente de los códigos penales de España y
Alemania. D. Nevares, supra, págs. 28-29. El artículo 19 del
nuevo Código Penal dispone que los delitos que tipifican la
producción
de
un
resultado
“podrán
cometerse
por
omisión
cuando la no evitación del mismo equivalga a su producción
activa”.
33
L.P.R.A.
sec.
4647.
A
su
vez,
dicho
artículo
establece que “[p]ara determinar la equivalencia de la omisión
a la acción se tendrá en cuenta la existencia de un deber
específico de evitar el resultado y si una acción anterior del
omitente hace posible imputarle la situación de riesgo en que
se encontraba el bien jurídico lesionado”. 33 L.P.R.A. sec.
4647. (Énfasis nuestro).203
Ahora
bien,
de
conformidad
con
la
doctrina
científica
claramente expuesta en la Opinión del Tribunal, no se exige
que se pruebe una causalidad estrecha entre la omisión y la
producción del resultado, “sino la causalidad potencial de una
acción no llevada a cabo”. E. Bacigalupo, Derecho Penal: Parte
General, 2da Ed., Buenos Aires, 1999, págs. 261-62. (Énfasis
203
Se desprende del historial legislativo que la redacción de
este articulado la propuso el profesor Santiago Mir Puig,
quien aclaró que “el elemento determinante para equiparar la
omisión a la acción es que el omitente haya creado o aumentado
el riesgo del bien jurídico, cuya lesión no se evita, aunque
haya sido en un momento anterior y de forma lícita”. Informe
de la medida, P. del S. 2302, supra, pág. 23. Por tanto, el
referido
artículo
regula
las
omisiones
impropias,
que
conllevan la no evitación de que se produzca un resultado
delictivo como consecuencia de la inactividad de la persona.
D. Nevares, supra, págs. 28-29.
CC-2007-1181
7
nuestro). Por tanto, al atender un caso en el que se impute la
comisión por omisión en un delito de resultado, el Tribunal
debe dilucidar si la acción que el acusado omitió realizar
hubiera
potencialmente
evitado
la
producción
del
resultado
delictivo; y no si la omisión imputada es la causa de que se
produjera el resultado.
Por otro lado, el profesor Chiesa Aponte explica que una
omisión puede generar responsabilidad penal por delitos de
resultado
únicamente
si
concurren
tres
requisitos:
1)
la
existencia de un deber jurídico de realizar la acción, 2) la
capacidad para realizar la acción, y 3) la no realización de
la acción mandada. Chiesa Aponte, supra, págs. 89-100. De
tales
requisitos
se
desprende
otro
cambio
radical
en
la
filosofía del nuevo Código Penal, pues el deber jurídico que
no realiza el omitente “no tiene que ser impuesto por una ley
positiva, ya que puede surgir de principios que, aunque no han
sido
estatuidos
por
el
legislador,
permean
todo
el
ordenamiento jurídico”. Id., pág. 89.204
Sin embargo, para que la omisión en controversia acarree
responsabilidad
penal
debe
existir
suficientemente
estrecha
entre
el
actor
una
y
relación
la
víctima
“lo
que
justifique la imposición de la obligación”. Id., pág. 92. En
el derecho penal de los países de tradición civilista se hace
referencia a que el omitente debe estar en una “posición de
garante” frente a la víctima. Id. Véase además, G. Jakobs,
204
Véase además, Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously,
Harvard University Press, 1978, págs. 22-28, citado en Chiesa
Aponte, supra, pág. 89.
CC-2007-1181
8
Derecho penal, parte general, (trad. Cuello Contreras, et al,
Marcial Pons, 1995), pág. 933.
La existencia del deber de garante que se requiere para la
imputación de responsabilidad penal por omisión en delitos de
resultado puede surgir de múltiples instancias y relaciones
interpersonales. Por ejemplo, esta responsabilidad de actuar
puede desprenderse de las relaciones de parentesco o afinidad,
de
una
relación
contractual,
de
acciones
recíprocas
de
confianza, de un peligro precedente, de ser el dueño de una
propiedad, de la asunción voluntaria de confianza o de la
propia ley. Véase Chiesa Aponte, supra, págs. 93-97.
El reconocimiento de un deber de garante es necesario,
pero
no
suficiente,
resultado
en
la
para
modalidad
que
de
se
configure
comisión
un
por
delito
de
omisión.
De
conformidad con el artículo 19 del Código Penal, supra, la
conducta imputada será penalmente relevante si se prueba la
equivalencia entre la omisión de la conducta requerida por la
posición de garante en que se encontraba el acusado y el
resultado
delictivo
que
se
le
imputa
a
éste.
En
términos
prácticos, dicha exigencia se satisface cuando “la omisión del
comportamiento
requerido
es
equivalente
en
términos
de
su
reprochabilidad a la producción del resultado mediante una
acción afirmativa”. Chiesa Aponte, supra, pág. 97. (Énfasis
nuestro). En vista de ello, este requerimiento de equivalencia
que
impone
la
referida
disposición
sólo
implica
que
debe
existir una relación de causa próxima entre la omisión de
realizar la acción requerida por el deber de garante y la
producción
del
resultado
delictivo.
Id.,
pág.
99.
Ello
CC-2007-1181
permitiría
9
atribuir
de
manera
razonable
el
resultado
al
omitente, con atención particular a su conducta anterior o
simultánea a los hechos delictivos en controversia.
Por
otra
parte,
en
el
día
de
hoy
resolvimos
que
el
artículo 19 del Código Penal no prohíbe que se imputen los
diferentes grados de coautoría o cooperación en los delitos de
omisión.
Como bien reseña la Opinión del Tribunal, dicha
conclusión
tiene
gran
apoyo
pertinente
para
la
interpretación
en
la
doctrina
científica
de
referidos
los
articulados. Véanse Santiago Mir Puig, Derecho Penal; Parte
General, 7ma ed., Editorial IB de F, 2005, págs. 395-96; C.
López Peregrín, La Complicidad en el Delito, Tirant lo Blanch,
1997, págs. 330-33; Bacigalupo, supra, pág. 269. Al adoptar la
teoría
de
Asamblea
diferenciación
Legislativa
en
el
autorizó
concepto
de
que
imputara
se
autoría,
a
la
un
participante pasivo de un delito la responsabilidad penal de
un cooperador, siempre y cuando se cumplan con los requisitos
aplicables a ambas figuras. Es decir, la comisión por omisión
en el grado de cooperación es posible, “siempre que exista
posición de garante y quepa afirmar que la omisión contribuyó,
en
una
causalidad
hipotética,
a
facilitar
o
favorecer
la
causación del delito por el autor”. F. Muñoz Conde, Derecho
Penal, Parte General, cuarta edición, Valencia, 2000, pág.
515. (Énfasis nuestro).
Como se puede apreciar, la normativa antes expuesta revela
una
clara
intención
responsabilidad
penal
del
en
Legislador
nuestro
de
ordenamiento
ampliar
la
jurídico.
Al
contemplar la configuración de un delito de resultado como
CC-2007-1181
10
consecuencia de una omisión relacionada con el deber de actuar
en
ciertas
relaciones
interpersonales,
manera
la
de
autoridad
Asamblea
limitada-
la
y
otras
relaciones
Legislativa
adoptó
–aunque
concepción
colectivista
de
de
la
responsabilidad personal que rige en la mayoría de los países
de tradición civilista.
En
nuestra
estatutario
jurisdicción
de
auxiliar
no
a
existe
un
deber
general
extraños
o
terceros
que
ni
se
encuentran en peligro. Ello es corolario del derecho a la
libertad que emana de la Constitución. Véase Paul H. Robinson,
Criminal Liability for Omissions: A Brief Summary and Critique
of the Law in the United States, 29 New York L. School L. Rev.
101,
117
(1984).
jurídicos
de
No
obstante,
actuar
sí
existen
afirmativamente
varios
en
deberes
determinadas
circunstancias, y la omisión de realizar el comportamiento
requerido podría incidir –de conformidad con el artículo 19
del nuevo Código- en la responsabilidad penal de la persona
que se encontraba en la posición de garante.
III.
A la luz de este nuevo enfoque filosófico del Código Penal
en
cuanto
a
la
comisión
por
omisión
cooperadores
en
nuestro
ordenamiento
y
la
figura
jurídico
de
los
penal,
es
evidente que como cuestión de derecho no se debe dejar sin
efecto
la
Sustache
orden
de
Sustache
arresto
en
esta
emitida
etapa
en
contra
del
preliminar
agente
de
los
procedimientos. Se desprende del expediente que en la vista
celebrada en contra del imputado se presentó la scintilla de
evidencia requerida para probar que éste pudo haber cooperado
CC-2007-1181
11
en la comisión del asesinato en primer grado del Sr. Miguel
Cáceres,
precisamente
jurídico
que
principios
le
que
por
no
haber
cumplido
impone
la
ley,
los
reglamentos
y
los
Policía
de
Puerto
en
una
rigen
a
la
con
el
Rico
deber
situación de riesgo y alta peligrosidad.
En efecto, el agente Sustache Sustache tenía un deber de
garante frente a la víctima, pues su oficio le impone la
obligación de proteger los derechos civiles y la vida de los
ciudadanos, así como la de prestar la debida protección al
pueblo reunido legalmente para cualquier fin lícito. Véanse
Art. 3, Ley Orgánica de la Policía, 25 L.P.R.A. sec. 3102;
Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, 11 de
mayo de 1990. Para los propósitos de una posible configuración
del delito imputado en la modalidad de comisión por omisión,
la prueba presentada ante el Tribunal de Primera Instancia
apunta
a
que
el
deber
jurídico
que
le
imponía
al
agente
Sustache Sustache la obligación de actuar afirmativamente se
activó en este caso una vez el Agte. Javier Pagán comenzó a
agredir al señor Cáceres mientras realizaba una intervención
para
arrestarlo
sin
causa
aparente,
con
la
anuencia
y
participación previa del agente Sustache Sustache.205
Al estar obligado a proteger los derechos civiles de los
ciudadanos de conformidad con los preceptos mencionados, éste
tenía el deber de intervenir con el agente Pagán para impedir
y evitar el uso de la fuerza excesiva que finalmente resultó
205
Nótese que en el presente recurso no se atiende la posible
participación ni la responsabilidad penal de la Agte. Zulma
Díaz de León por los hechos ante nuestra consideración. Ésta
presentó un recurso de certiorari que aún se encuentra
pendiente de consideración ante este Tribunal (CC-2008-4).
CC-2007-1181
12
en la muerte del señor Cáceres. Esta agresión ocurrió frente
al agente Sustache Sustache, quien supuestamente observó los
sucesos y decidió deliberadamente no intervenir para detener a
su compañero, aun cuando era evidente que se estaban violando
los derechos civiles de un ciudadano.
Además, la prueba sugiere que el agente Sustache Sustache
impidió afirmativamente que otras personas intervinieran para
detener el uso de fuerza excesiva incurrida por el agente
Pagán, lo que podría intensificar su participación en los
hechos en controversia. Asimismo, la prueba apunta a que el
agente
Sustache
Sustache
deliberadamente
omitió
asistir
al
señor Cáceres luego de que éste fue agredido y herido de
gravedad con varios disparos por su compañero. A su vez, se
alegó que los tres policías en la escena se marcharon del
lugar y no hicieron alusión alguna a sus superiores de que un
ciudadano se encontraba herido en el lugar de los hechos, a
pesar de que los eventos ocurrieron con su conocimiento y en
su presencia inmediata. En su posición de garante frente a la
ciudadanía
evidente
allí
de
reunida,
auxiliar
a
éstos
la
tenían
víctima,
la
la
responsabilidad
cual
la
prueba
presentada refleja que en aquel momento aún se mantenía con
vida.
Así las cosas, la prueba desfilada hasta el momento tiende
a indicar que la agresión y muerte del señor Cáceres configuró
un
delito
de
resultado
cuya
comisión
aparentemente
fue
auxiliada por el incumplimiento del peticionario con el deber
jurídico que emana de los estatutos y los principios de la
Policía. Es decir, la no evitación del resultado del asesinato
CC-2007-1181
13
del señor Cáceres en el presente caso puede haber equivalido
al grado de reprochabilidad de su producción activa, pues la
acción requerida por el ordenamiento que el imputado omitió
realizar pudiera haber evitado potencialmente la producción
del resultado delictivo.
En vista de que la participación y cooperación del agente
Sustache Sustache en cuanto a la comisión del asesinato en
primer
grado
no
fue
necesariamente
indispensable,
se
le
denuncia por dicho delito en el grado de cooperador al amparo
del artículo 44 del Código Penal, supra. Según se desprende
diáfanamente
de
la
normativa
expuesta
en
la
Opinión
del
Tribunal, esta modalidad de participación se puede configurar
si el imputado coopera de cualquier modo con la comisión del
delito principal realizado por un tercero, independientemente
de que la intervención no haya sido directa ni con pleno
conocimiento.
Aunque el artículo 44 del Código Penal requiere que el
cooperador
actúe
con
conocimiento,
el
propio
historial
legislativo y la doctrina científica aplicable que reseña la
Opinión del Tribunal revela que dicha exigencia se satisface
con
el
conocimiento
de
que
se
ha
generado
la
amenaza
de
producción de un resultado delictivo. Según explica Mir Puig,
ello se trata del conocimiento “del carácter delictivo, sin el
cual la participación se estima impune”. S. Mir Puig, supra,
pág. 411. (Énfasis nuestro). Así pues, cuando se imputa la
cooperación
en
la
modalidad
de
comisión
por
omisión,
es
suficiente con que concurra el conocimiento de la existencia
de una posición de garante que impone un deber jurídico y la
CC-2007-1181
posibilidad
14
fáctica
de
actuar
afirmativamente
en
unas
circunstancias particulares de riesgo.
A
la
luz
de
la
prueba
desfilada
ante
el
Tribunal
de
Primera Instancia, se puede colegir que existe causa probable
para imputarle al agente Sustache Sustache una situación de
riesgo que fomentó la producción de un resultado delictivo al
incumplir con su deber de garante de manera injustificada.
Claramente, dicha amenaza fue creada por las acciones previas
de
los
agentes
desde
el
inicio
de
la
intervención
y
se
intensificó a un grado penalmente relevante con la eventual
golpiza del señor Cáceres. De ser ciertos los hechos expuestos
por el Ministerio Público, no hay duda de que la peligrosidad
objetiva
de
la
conducta
del
peticionario
fue
una
omisión
intencional, ya sea dolosa o temeraria, que resultó en una
cooperación con la comisión del delito de asesinato en primer
grado por el cual ya fue convicto el agente Pagán.206
206
De otra parte, el hecho de que el asesinato en primer grado
requiere un grado mayor de dolo no significa que la
cooperación subsidiaria con la comisión de dicho delito deba
cumplir con ese mismo rigor e intensidad de participación.
Ello así, pues el artículo 44 contempla la cooperación con la
comisión del delito de cualquier modo. De hecho, siempre se
trata de una participación accesoria y no necesaria, pues de
lo contrario se trataría de un coautor. Lo importante es que
el comportamiento del cooperador haya sido intencional –ya sea
con propósito, conocimiento o temeridad- y no meramente
negligente. Asimismo, somos del criterio que el conocimiento
requerido por el artículo referente a los cooperadores no se
limita exclusivamente al dolo directo de segundo grado
contemplado por el artículo 23 (b) del Código Penal, sino que
se podría configurar incluso “cuando el sujeto ha querido su
conducta a conciencia de que implicaba un riesgo considerable
y no permitido de producir el hecho delictivo realizado”.
Artículo 23 (c) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4651. En
ese caso, sólo se requeriría que la persona tenga consciencia
del riesgo creado y que el riesgo creado sea injustificado.
Véase Chiesa Aponte, supra, pág. 147; Nevares, supra, págs.
34-36.
CC-2007-1181
15
Por tanto, no es necesario que en el procedimiento penal
contra un cooperador bajo el artículo 44 se demuestre que el
imputado
actuó
comisión
del
con
deliberación
asesinato
en
primer
directa
en
cuanto
a
la
grado.
Basta
con
que
el
Ministerio Público pruebe la conducta delictiva por parte del
autor –en este caso el agente Pagán- para luego probar más
allá
de
duda
razonable
que
el
imputado
intencionalmente
cooperó de cualquier modo con la comisión del asesinato en
primer grado que realizó ese tercero, de conformidad con la
normativa expuesta por este Tribunal.
En este caso, era objetivamente previsible que la golpiza
y
el
uso
de
fuerza
excesiva
por
parte
del
agente
Pagán
pudieran resultar en la muerte eventual del señor Cáceres.
Claro está, para probar finalmente la intención del imputado y
lograr una convicción, el Ministerio Público tendrá que probar
más allá de duda razonable que el agente Sustache Sustache,
como
cuestión
posibilidad
produjera
de
la
de
hecho,
que
había
mediante
situación
de
previsto
su
subjetivamente
conducta
riesgo
que
cooperadora
generó
el
la
se
hecho
delictivo. Véase Chiesa Aponte, supra, pág. 155. Sin duda
alguna, no nos corresponde pasar juicio sobre ese elemento
subjetivo de hecho bajo ese estándar de prueba en esta etapa
de los procedimientos.
Por todo lo anterior, estamos totalmente conformes con la
Opinión del Tribunal en cuanto a la determinación de causa
probable para arresto en contra del agente
Sustache
Sustache
CC-2007-1181
16
por asesinato en primer grado y agresión en la modalidad de
cooperador.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2007-1181
Carlos Sustache Sustache
Peticionario
Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 9 de julio de 2009
Los
hechos
que
suscitan
la
Opinión
de
la
mayoría denotan que, lamentablemente, en ocasiones
aquellos llamados a proteger la ciudadanía son los
que, en su lugar, vulneran derechos fundamentales
que una vez juraron amparar; en este caso el más
preciado de todos, la vida misma.
La conmoción que
pueda causar actos como los que se describen en la
opinión mayoritaria no pueden, ni deben, cegar el
entendimiento y el norte de este Tribunal: aplicar
el Derecho uniformemente, haciendo justicia a todos
por igual.
Disiento respetuosamente del dictamen
emitido por la mayoría pues soy del criterio que
este
Tribunal
no
cuenta
con
jurisdicción
para
atender
la
controversia
ante
su
consideración
por
tratarse de la revisión de una determinación de no causa
para arresto en los méritos.
Debido a que este Tribunal
decide atender la controversia, trazo estas cortas líneas
revelando mi criterio.
A pesar de que los hechos redactados por la mayoría en
su opinión no han sido probados en un juicio y descansan
enormemente en el relato proporcionado por el Ministerio
Público,
los
tomaré
como
ciertos
para
propósitos
de
argumentación.
I.
La Opinión mayoritaria establece correctamente que una
determinación de no causa para arresto en los méritos no es
revisable mediante certiorari, salvo que la determinación
se
haya
basado
desvinculadas
de
en
cuestiones
la
apreciación
para la comisión del delito.
estrictamente
de
la
de
prueba
derecho,
presentada
Pueblo en interés del menor
KJSR, 2007 T.S.P.R. 194; 2007 J.T.S. 199, 172 D.P.R. ____
(2007);
Pueblo v. Aponte Nolasco, 2006 T.S.P.R. 62; 2006
J.T.S. 71, 167 D.P.R. ____ (2006); Pueblo v. Colón Mendoza,
149 D.P.R. 630 (1999); Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 D.P.R.
685, 692 (1994); Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28
(1984).
Concluye,
no
obstante,
que
la
determinación
emitida por el foro de instancia en el caso ante nuestra
consideración se trata de una determinación esencialmente
de derecho.
En
No puedo estar de acuerdo.
primer
lugar,
la
mayoría,
sin
establecerlo
directamente, modifica el estándar aplicable a cuándo una
CC-2007-1181
3
determinación de causa probable es revisable por certiorari
por ser una cuestión de derecho.
Originalmente en Pueblo
v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 412, 413 (1967), se dijo
que
las
determinaciones
de
no
causa
no
eran
revisables
mediante certiorari pues “los magistrados del Tribunal de
Primera Instancia actúan en su capacidad individual en el
ejercicio de sus funciones y facultad para determinar la
existencia
de
causa
determinaciones
tribunal”.
para
que
al
probable
efecto
para
no
son
acusar.
Sus
decisiones
de
un
Puesto que el auto de certiorari se utiliza
un
tribunal
de
mayor
jerarquía
revise
las
decisiones de uno de menor jerarquía, no era un recurso
adecuado
para
la
revisión
de
decisiones
de
magistrados.
Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A.
sec. 3491.
Estas expresiones fueron revocadas en Pueblo v.
Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 171 (1975), en el cual se dijo
que las determinaciones de no causa “no (son) revisable(s)
por certiorari, no porque [el juez actúe como individuo]
sino por la naturaleza peculiar de su decisión dentro de un
procedimiento
especialmente
esencial
ordenado
al
criminal.”
28,
30
y
regulado,
rápido
curso
con
una
finalidad
del
procedimiento
Luego en Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R.
(1984)
se
dijo,
sucintamente,
que
“[l]a
determinación en los méritos del Juez Superior sobre la
existencia de causa probable no es revisable . . . [n]o
obstante, cualquier otra determinación de derecho sí puede
ser revisada mediante el recurso de certiorari”.
suplido).
(Énfasis
CC-2007-1181
Bajo
4
esta
doctrina,
se
resolvió
Pueblo
v.
Colón
Mendoza, supra, en el cual se revisó vía certiorari la
decisión de un juez de reconsiderar la determinación de
causa en cuatro (4) distintas denuncias por el delito de
negociación
incompatible
con
un
cargo
público,
y
convertirla en causa por un solo delito, bajo la figura del
delito continuado.
Allí indicamos que el juez de instancia
había encontrado causa en las cuatro (4) denuncias, por lo
que no había duda de que no se trataba de un problema de
apreciación de la prueba, sino de si, como cuestión de
derecho,
procedía
continuado.
Por
que
se
aplicara
lo
tanto,
se
la
figura
trataba
de
un
del
delito
asunto
de
estricto derecho, desvinculado de la prueba presentada para
la comisión del delito, revisable vía certiorari.
Igualmente
revisamos,
a
en
Pueblo
través
del
v.
Aponte
recurso
de
Nolasco,
supra,
certiorari,
la
determinación de no causa en contra del imputado por el
delito de posesión de sustancias controladas con intención
de distribuir.
En aquel caso la resolución del foro de
instancia indicaba que la juez no albergaba duda de que
estaban presentes los elementos del delito imputado pero,
como cuestión de debido proceso de ley, debía realizar una
determinación de “no causa” por la dilación alegadamente
irrazonable
del
Estado
magistrado
desde
su
en
conducir
detención.
al
imputado
Reiteramos
ante
la
un
norma
adoptada en Cruz Justiniano y estimamos que se trataba de
un
asunto
estrictamente
de
derecho,
desvinculado
de
la
CC-2007-1181
apreciación
5
de
la
prueba
presentada,
por
lo
que
era
revisable por certiorari.
Y, recientemente, en Pueblo en interés del menor KJSR,
supra,
mediante
jurisdicción
para
Opinión
unánime,
atender
un
nos
certiorari
declaramos
sin
que
la
buscaba
revocación de una determinación de no causa para querella,
la cual se basó en la supresión de la evidencia en contra
del menor por haberse incautado ilegalmente.
Concluimos
que se trataba de una cuestión mixta de hecho y derecho, no
de estricto derecho, y por tanto no desvinculada de la
prueba presentada para la comisión del delito, por lo que
no era revisable vía certiorari.
No obstante los casos citados, la mayoría indica que
cuando la determinación se basa en cuestiones esencialmente
de
derecho,
aunque
estén
entremezcladas
prueba, es revisable por certiorari.
cuestiones
de
Distingue a Pueblo en
interés del menor KJSR expresando que lo que se tenía en
aquella ocasión eran cuestiones principalmente de hecho y
lo que tenemos ante nuestra consideración en esta ocasión
son cuestiones esencialmente de derecho.
Por tanto, la
mayoría modifica el estándar de revisión de determinaciones
de
causa,
ya
que
no
se
trata
estrictamente
de
derecho
de
que
la
desvinculada
cuestión
de
la
sea
prueba
presentada, sino que sean asuntos esencialmente de derecho.
En
apoyo
de
su
podemos
rehuir
explicar
las
conclusión,
nuestra
nuevas
la
mayoría
insoslayable
figuras
que
“no
responsabilidad
de
jurídicas
indica
que
se
han
CC-2007-1181
6
incorporado a nuestro ordenamiento en el Código Penal de
2004”.
II.
En toda vista de causa probable para arresto el juez a
cargo aprecia la prueba que se le presenta para determinar:
1) si la prueba presentada cumple con todos los elementos
del delito imputado o de cualquier otro delito y 2) la
conexión
del
imputado
con
dicha
prueba.
Regla
6(a)
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. R. 6(a).
de
Véase
también, Pueblo v. Irizarry, 160 D.P.R. 544, 560 (2003).
Por la naturaleza de la determinación, ésta necesariamente
conlleva
una
interpretación
del
derecho
aplicable,
es
decir, del delito que se imputa, en las modalidades en que
se imputa.
error
en
Esto no significa, sin embargo, que un alegado
la
interpretación
del
derecho
aplicable
será
revisable, pues son sólo revisables aquellas cuestiones de
estricto derecho, desvinculadas de la prueba presentada por
el Ministerio Público, como resolvimos en varias ocasiones
anteriormente.
Es
decir,
aquellas
determinaciones
de
causa
en
los
méritos, no son revisables vía certiorari pues atender esos
recursos
desvirtuaría
procedimiento
el
criminal”.
“ordenado
Pueblo
Pueblo v. Cruz Justiniano, supra.
y
v.
rápido
Opio
curso
Opio,
del
supra;
Por lo tanto, decir que
en este caso se trata de una cuestión de derecho porque
había
duda
sobre
la
interpretación
de
la
figura
del
cooperador significaría que una determinación de no causa
ante cualquier nuevo delito, o cualquier figura que no haya
CC-2007-1181
7
sido interpretada por este Tribunal anteriormente, sería
revisable
por
certiorari
derecho no atendida.
por
incluir
una
cuestión
de
Esta solución no sólo es contraria a
los precedentes de este Tribunal en esta área, sino que
causará
un
mar
de
solicitudes
de
certiorari
al
foro
intermedio para revisar “cuestiones de derecho noveles”,
máxime
cuando
contamos
con
un
Código
Penal
de
reciente
aprobación.
La
determinación
penalmente
en
grado
de
de
si
una
persona
cooperadora
es
responsable
está
íntimamente
relacionada con los hechos por los que se imputa el delito,
por
lo
que
presentada.
está
vinculada
directamente
con
la
prueba
En estas circunstancias es necesario examinar,
tal como lo hace la mayoría al final de la Opinión, el
grado de participación de cada uno de los imputados de
delito
para
determinar
si
pueden
ser
penalmente
responsables por un delito que ayudan a cometer, pero del
cual no pueden ser considerados autores.
Esa revisión no
es de derecho, sino de la prueba que el Ministerio Público
ha presentado para imputar el delito correspondiente.
La mayoría destaca que surge de la resolución dictada
por el juez de instancia en la vista de causa, que éste
tomó
la
determinación
interpretación
de
derecho
de
no
causa
debido
de
la
figura
del
a
la
cooperador.
Ciertamente, el juez recurrido hizo referencia a la figura
del cooperador según definida en el Código Penal de 2004,
porque esa modalidad fue, precisamente, la que se le imputó
en
la
denuncia.
Como
parte
del
descargo
de
su
CC-2007-1181
8
responsabilidad
debía
-tal
al
como
realizar
lo
la
hizo-
determinación
hacer
alusión
a
de
causa,
la
figura
mencionada e interpretarla de acuerdo a su texto.
En el caso ante nuestra consideración, es evidente que
estamos ante una determinación de no causa en los méritos.
Sabido es que las resoluciones y sentencias de los jueces
tienen una presunción de corrección.
Méndez, 143 D.P.R. 656, 662 (1997).
Pueblo v. Andaluz
En la resolución que
declaró no ha lugar una reconsideración presentada por el
Ministerio Público al “no causa” en contra del Sr. Sustache
Sustache, citada por la Opinión mayoritaria, el juez de
instancia Honorable Nelson J. Canabal Pérez indicó que su
determinación estuvo fundada en la evaluación de la prueba
documental,
visual
Ministerio
Público.
No
mayoría
confiere
mayor
le
Reconsideración
para
Arresto
Público
en
a
en
la
y
la
obstante
Alzada”
se
dicha
credibilidad
Determinación
cual
presentada
testifical
de
presentada
expresa
por
el
resolución,
la
la
de
a
“Moción
No
Causa
por
el
que,
Probable
Ministerio
alegadamente,
al
determinar “no causa” en la vista de causa probable para
arresto
en
alzada,
el
juez
Canabal
Pérez
indicó
que
“tendría que estirar mucho el delito” para encontrar causa.
La
vista
en
cuestión
determinación
de
causa
surgen
de
expresiones
no
para
unas
fiscales durante la vista.
fue
grabada
arresto,
notas
que
por
tomó
por
ser
una
lo
que
esas
uno
de
los
Aun tomando como cierto lo
expresado en el escrito del Ministerio Público, esa escueta
frase no implica necesariamente que la determinación del
CC-2007-1181
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juez se basó en una cuestión de derecho, máxime cuando la
resolución firmada por éste dice lo contrario.
Por otro
lado, darle mayor credibilidad a un argumento de las partes
que
a
una
resolución
particularmente,
de
cuando
un
el
juez
lo
considero
resultado
implica
errado,
abrogarse
jurisdicción allí donde no la hay.
Es
posible
imaginar
escenarios
en
los
cuales
una
determinación de no causa sea revisable vía certiorari por
basarse en una cuestión de estricto derecho.
y
Por ejemplo,
sin ánimo de ser exhaustivos, una determinación de no
causa basada en que el tribunal carece de jurisdicción para
atender
el
exposición;
indultado
delito
imputado;
un
“no
causa”
porque
el
imputado
dicho
delito;
o
al
imputado
de
un
planteamiento
que
de
doble
ha
sido
se
le
ha
concedido inmunidad; o que el delito imputado ha prescrito,
entre
otras,
serían
razones
de
estricto
derecho,
desvinculadas de la prueba presentada para la comisión del
delito,
que
podrían
ser
revisadas
determinación
que
tenemos
esta
-no
causa
ocasión
ante
para
vía
nuestra
arresto
certiorari.
La
consideración
en
por
el
delito
de
asesinato en primer grado en la modalidad de cooperador- es
en
los
méritos,
no
un
asunto
de
estricto
derecho
desvinculado de la prueba y, por tanto, no revisable vía
certiorari.
El
fundamento
adicional
de
la
mayoría
para
asumir
jurisdicción, esto es, la responsabilidad de este Tribunal
en
interpretar
insostenible.
y
pautar
el
derecho
en
Puerto
Rico,
es
Un tribunal sin jurisdicción simplemente no
CC-2007-1181
posee
10
autoridad
para
atender
la
controversia
que
se
le
presenta, aun cuando parezca que ésta merece análisis e
intervención de su parte.
El interés de expresarnos sobre
una controversia novel desde un punto de vista jurídico, no
puede ser el soporte que avale actuaciones contrarias a lo
que hasta hoy habían sido nuestros precedentes en relación
con la revisión de determinaciones de causa para arresto.
Contrario a la mayoría, soy del criterio que rehuimos a
nuestra responsabilidad como máximo foro judicial del país,
no cuando nos negamos a ejercer jurisdicción allí donde no
la
tenemos,
firmemente
sino
cuando
establecidas
inestabilidad
en
el
damos
en
el
Derecho
e
la
espalda
acervo
a
doctrinas
jurídico,
incertidumbre
en
creando
nuestra
clase jurídica.
Por lo tanto, revocaría la sentencia del Tribunal de
Apelaciones
consideración
y
desestimaría
por
para atenderlo.
este
el
Tribunal
recurso
carecer
ante
de
nuestra
jurisdicción
Ésta pudiera ser una determinación “no
simpática”, pero no actuamos para ganarnos simpatías sino
para resolver conforme a derecho.
Por no ser éste el curso seguido por la mayoría en
este caso, disiento del dictamen emitido.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada