LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Sustache Sustache

2009 TSPR 119

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. Sustache Sustache

CC-2007-1181

Derecho Penal- Figura del cooperador; delito de comisión por omisión. Procedimiento Criminal- Doctrina sobre revisión de las determinaciones de causa probable

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Certiorari

Recurrido

2009 TSPR 119

v.

176 DPR ____

Carlos Sustache Sustache

Peticionario

Número del Caso: CC-2007-1181

Fecha: 9 de julio de 2009

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Humacao Panel VI

Juez Ponente:

Hon. Germán J. Brau Ramírez

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Michael Corona Muñoz

Oficina del Procurador General:

Lcda. Mite D. Oronoz Rodríguez

Procuradora General Interina

Materia: Revisión determinación no casusa probable

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

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del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2007-1181

Carlos Sustache Sustache

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada

señora Fiol Matta

“El poder de la voluntad humana no

se agota en el ejercicio de la

actividad final, sino que comprende

también la omisión de ella.” H.

Welzel, Derecho Penal Alemán, (J.

Bustos Ramírez y S. Yañez Pérez),

11va Edición, Santiago de Chile,

Editorial Jurídica de Chile, 1997,

pág. 237.

En San Juan, Puerto Rico a 9 de julio de 2009.

Debemos

precisar

los

contornos

de

dos

figuras

jurídicas incorporadas a nuestro ordenamiento en el nuevo

Código Penal de Puerto Rico aprobado en el 2004. Nos

referimos a la figura del cooperador y al concepto de

comisión

por

omisión.

Los

hechos

de

este

caso

nos

requieren determinar específicamente si se puede procesar

a una persona como cooperador del delito de asesinato en

primer

grado

fundamentada

cuando

en

la

su

omisión

infracción

impropia

penal

de

un

estuvo

deber

garante y precisar, a la vez, el grado de conocimiento

de

CC-2007-1181

2

del delito que debe tener ese cooperador para poder ser

encausado.

La necesidad de interpretar y otorgarle contenido a

estos conceptos penales se hizo patente cuando el Sr.

Carlos Sustache Sustache presentó ante este Tribunal un

recurso

de

certiorari

para

cuestionar

la

sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones el 29 de noviembre

del 2007.

En ésta, el foro apelativo encontró causa

probable para arresto contra el señor Sustache Sustache

por los delitos de agresión y asesinato en primer grado,

ambos en la modalidad de cooperador y por el delito de

encubrimiento, en la categoría de autor.

Al evaluar los hechos de este caso el Tribunal de

Apelaciones consideró toda la prueba documental incluida

en el expediente judicial.

En específico, el tribunal

utilizó la “Moción de Reconsideración a la Determinación

de No Causa para Arresto en Alzada”, que el Ministerio

Público sometió al Tribunal de Primera Instancia el 4 de

septiembre del 2007, como resumen de la prueba testifical

presentada en la vista de causa probable para arresto en

alzada.

La

representación

legal

Sustache no controvirtió este resumen

del

señor

Sustache

en su contestación

a la petición del Ministerio Público, titulada “Moción

Urgente

en

Oposición

Reconsideración

a

la

a

la

Segunda

Determinación

de

Solicitud

No

Causa

de

para

Arresto en Alzada”, sometida el 5 de septiembre del 2007.

Cabe señalar que aunque denegó la solicitud de la

CC-2007-1181

fiscalía,

síntesis

3

tampoco

de

los

el

juez

de

testimonios

instancia

incluida

en

cuestionó

la

la

de

moción

reconsideración.

A continuación se exponen los hechos pertinentes a

la

controversia

que

surgen

de

los

documentos

que

se

incluyen en el legajo.

I.

El 11 de agosto del 2007, en el sector Punta Santiago

del pueblo de Humacao, se estaba celebrando una fiesta de

quinceañero.

Como parte de la actividad, llegaron a la

residencia de la quinceañera un Club de vehículos marca

Mitsubishi, modelo Lancer, que iban a desempeñarse como

su escolta.

Estos automóviles se estacionaron en el lado

derecho

la

de

homenajeada.

carretera

frente

a

la

casa

de

la

Posteriormente, acudieron al lugar un “Club

de Motoras Scooters de Punta Santiago” que también iban a

ser parte de la escolta de la quinceañera.

motociclistas

estaba

compuesto

por

11

El grupo de

personas

que

utilizaban como uniforme y distintivo del Club una camisa

de color amarillo.

Al llegar al lugar, los miembros del Club colocaron

sus motoras justo al frente de la escolta de vehículos,

ocupando de esta forma el carril derecho de la carretera.

El Sr. Miguel Cáceres Cruz y otro miembro del Club de

Motoras

izquierdo

se

de

ubicaron

la

en

lados

carretera

para

opuestos

dirigir

el

evitar que se creara una congestión vehicular.

del

carril

tránsito

y

CC-2007-1181

4

Cuando el señor Cáceres Cruz dirigía el tránsito

llegó

al

lugar

una

patrulla

de

la

policía

con

tres

agentes del orden público; éstos eran la oficial Zulma

Díaz de León, el oficial Sustache Sustache y el oficial

Javier Pagán Cruz.

El señor Cáceres Cruz le hizo señales

a

la

los

agentes

marcha.

Ante

de

este

policía

acto,

para

los

que

continuaran

su

agentes

detuvieron

su

vehículo oficial frente al señor Cáceres Cruz, se bajaron

de la patrulla y le cuestionaron a éste su autoridad para

dirigir el tránsito.

Además, los funcionarios del orden

público le ordenaron al señor Cáceres Cruz que se sacaran

las motoras porque estaban obstruyendo el tránsito.

Los motociclistas procedieron a mover las motoras a

la acera y los policías se montaron en la patrulla e

iniciaron

nuevamente

alegadamente

se

su

marcha.

desarrolló

un

Sin

embargo,

intercambio

de

como

palabras

entre el agente Pagán Cruz y el señor Cáceres Cruz, los

tres policías se bajaron otra vez del vehículo oficial.

En ese momento, la agente Díaz de León sacó sus esposas e

intentó

arrestar

al

señor

Cáceres

Cruz.

Éste,

para

impedir que le arrestaran, comenzó a caminar hacia atrás

y le solicitó a los agentes que no lo tocaran.

El policía Pagán Cruz también intentó poner bajo

custodia

al

señor

Cáceres

caminando en retroceso.

Cruz,

pero

éste

continuó

En ese momento, el agente Pagán

Cruz le propinó un puño en la cabeza al señor Cáceres

Cruz quien cayó sentado en el suelo.

El policía Pagán

CC-2007-1181

5

Cruz se ubicó encima del señor Cáceres Cruz y lo continuó

golpeando con sus puños.

El cuerpo del señor Cáceres

Cruz quedó entre las piernas del oficial.

Ni la agente Díaz de León ni el agente Sustache

Sustache

evitaron

golpeando

al

cuando

el

Sr.

señor

Cáceres

que

señor

el

Cáceres

Cristino

Cruz

policía

Cruz

Por

el

Cruz.

“Tino”

para

Pagán

Cruz

impedir

intentó

que

siguiera

contrario,

ayudar

al

continuara

la

golpiza, el policía Sustache Sustache no le permitió que

se acercara.

De igual forma, cuando el Sr. Francisco

Toyens Quiñones trató de sacar al señor “Tino” Cruz del

lugar de la controversia, el agente Sustache Sustache le

ordenó que se hiciera a un lado y fue él mismo quien lo

sacó.

Por

levantarse

su

parte,

del

piso

el

señor

Cáceres

agarrándose

de

Cruz

la

trató

correa

de

de

la

baqueta que el agente Pagán Cruz tenía en el muslo de su

pierna derecha.

Esta baqueta contenía un arma de fuego.

Al mismo tiempo, el policía Pagán Cruz sujetó su baqueta

y en el forcejeo con el señor Cáceres Cruz, para evitar

que éste se levantara, se disparó el revólver.

Ante el disparo, el agente Sustache Sustache empujó

al

señor

patrulla.

Toyens

Quiñones

y

salió

corriendo

hacia

la

El señor Cáceres Cruz, luego de la detonación,

quedó boca arriba acostado en el piso.

El oficial Pagán

Cruz recibió una herida de bala en el muslo de su pierna

izquierda y al sentir que su pierna izquierda flaqueaba,

CC-2007-1181

se

recostó

6

de

un

zafacón

y

de

un

poste

del

tendido

eléctrico.

Luego, el policía Pagán Cruz quitó el velcro de la

baqueta y al sacar la pistola cayó al suelo el casquillo

de la bala que se había disparado.

Entonces, el agente

Pagán Cruz “chamboneó”, es decir, cargó su arma de fuego

y le disparó varias veces al señor Cáceres Cruz.

Al

recibir los impactos de bala, el cuerpo del señor Cáceres

Cruz cayó hacia el lado derecho.

Finalmente, el oficial

Pagán Cruz se bajó hacia el cuerpo del señor Cáceres

Cruz, buscó su cabeza y le disparó.

agente

Pagán

Cruz

metió

su

En ese momento, el

revólver

nuevamente

en

su

baqueta y se recostó de un vehículo.

Durante toda esta situación, ni la agente Díaz de

León

ni

el

agente

Sustache

Sustache

intervinieron.

Tampoco le proveyeron ayuda al señor Cáceres Cruz.

Ambos

oficiales del orden público asistieron al agente Pagán

Cruz montándolo en la patrulla y llevándolo al Hospital

Ryder en el pueblo de Humacao.

Ninguno de ellos se

acercó al cuerpo del señor Cáceres Cruz para revisar si

aún se encontraba con vida.

agente

Díaz

de

León

como

Por el contrario, tanto la

el

agente

Sustache

Sustache

optaron por dejar en el piso al señor Cáceres Cruz sin

proveerle ni conseguirle ayuda, a pesar de que cuando se

dirigían al hospital pasaron por el lado del cuerpo del

señor Cáceres Cruz.

CC-2007-1181

7

La opción de los oficiales del orden público de no

socorrer al señor Cáceres Cruz y dejar su cuerpo en el

suelo,

les

impidió

percatarse

de

que

éste

aún

estaba

vivo.

El Sr. Fermín Torres López, presidente del “Club

de Motoras Scooter de Punta Santiago”, testificó que al

acercarse al cuerpo del señor Cáceres Cruz se percató de

que éste todavía respiraba.

Por eso, les solicitó a las

personas que estaban presentes que llamaran al sistema de

emergencias médicas 911.

Cuando el teniente Rodríguez

González llegó a Punta Santiago también se percató de que

el señor Cáceres Cruz se encontraba con vida y ordenó a

los agentes que lo acompañaban que lo montaran en el

carro oficial y lo llevaran al Hospital Ryder.

Una vez

en el hospital, se certificó la muerte del señor Cáceres

Cruz.

El Lcdo. Jaime Perea Mercado, Fiscal Auxiliar en la

Fiscalía de Humacao, tuvo la responsabilidad de realizar

la investigación de este caso.

La información de lo

acontecido se la comunicó el teniente Velásquez, Director

de Homicidios del CIC en Humacao.

Específicamente, el

teniente Velásquez le informó al fiscal Perea Mercado que

una persona le quitó el arma a un policía, lo hirió y que

el oficial recuperó el arma y le disparó varias veces al

civil.

Ante esta información, el fiscal Perea Mercado se

dirigió a Punta Santiago a revisar la escena del crimen.

Luego, entrevistó individualmente a los agentes Díaz de

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8

León y Sustache Sustache.

Al momento de la entrevista,

el fiscal Perea Mercado no consideraba como sospechosos a

ninguno de los tres agentes de la policía.

Durante la entrevista, el oficial Sustache Sustache

le expresó al fiscal Perea Mercado que todo el incidente

se había suscitado muy rápido y en todo momento le estuvo

dando la espalda al agente Pagán Cruz porque había muchas

personas.

También

indicó

que

se

encargó

de

mantener

alejados a los civiles y sacó su gas pimienta, pero no se

atrevió

utilizarlo

porque

compañero Pagán Cruz.

le

hubiera

hecho

daño

a

su

Todo el incidente entre el señor

Cáceres Cruz y los agentes de la policía fue grabado por

una persona en su celular.

Este video fue suministrado a

la prensa y transmitido por televisión.

Cuando el fiscal

Perea Mercado observó el video se percató de que había

inconsistencia entre éste y la versión de los hechos que

le habían ofrecido los oficiales Díaz de León y Sustache

Sustache.

En

inconsistencias

lo

que

fueron

se

las

refiere

a

éste,

siguientes:

(1)

el

las

agente

Sustache Sustache en ningún momento sacó el gas pimienta

y (2) no había mucha gente en el lugar de los hechos.

A causa de esta nueva información, el 20 de agosto

del 2007, el Estado presentó denuncias separadas contra

el

agente

Pagán

Cruz,

por

el

delito

de

asesinato

en

primer grado, y contra los agentes Sustache Sustache y

Díaz de León por el delito de asesinato en primer grado,

en la modalidad de cooperador.

El Tribunal de Primera

CC-2007-1181

9

Instancia no encontró causa probable para arresto contra

el oficial Sustache Sustache.

Por esto, el 22 de agosto

del 2007, el Ministerio Público solicitó una vista de

causa

probable

para

arresto

en

alzada.

La

vista

se

celebró el 28 de agosto del 2007 y el foro de instancia

determinó nuevamente que no existía causa para arresto.

Ante tal dictamen y de forma verbal en la vista, el

Ministerio

Fiscal

reconsiderara.

solicitó

al

foro

de

instancia

que

No obstante, el tribunal de instancia

mantuvo su decisión de que no existía causa probable para

arresto contra el agente Sustache Sustache.

El

Ministerio

Público

presentó

por

escrito

una

“Moción de Reconsideración a la Determinación de No Causa

Probable para Arresto en Alzada”, el 4 de septiembre del

2007.

Por su parte, la representación legal del agente

Sustache

Sustache

sometió

una

“Moción

Urgente

en

Oposición a la Segunda Solicitud de Reconsideración a la

Determinación de No Causa para Arresto en Alzada”, el 5

de septiembre del 2007.

El 6 de septiembre del 2007, el

tribunal de instancia denegó la moción de reconsideración

presentada por la Fiscalía.

Este dictamen fue notificado

el 12 de septiembre del 2007.

El 27 de septiembre del 2007, la Fiscalía optó por

presentar un recurso de certiorari ante el Tribunal de

Apelaciones, contra la determinación de no causa probable

para arresto en alzada en el caso del agente Sustache

Sustache.

El

abogado

del

policía

Sustache

Sustache

CC-2007-1181

sometió

10

una

“Moción

en

Oposición

a

que

se

Expida

Certiorari”, el 23 de octubre del 2007.

Además,

Público

el

5

presentó

de

octubre

del

2007

un

segundo

recurso

el

Ministerio

de

certiorari

cuestionando la determinación de no causa probable para

acusar a la agente Díaz de León.

El 8 de octubre del

2007,

ambos

el

foro

apelativo

certiorari,

ordenó

controversias

de

su

derecho

acogió

consolidación

similares

y

recursos

por

le

de

contener

concedió

un

término de 15 días a los recurridos, Sustache Sustache y

Díaz de León, para que comparecieran a mostrar causa por

la cual no se debía expedir el auto solicitado y revocar

la determinación del tribunal de instancia.

Finalmente, el 29 de noviembre del 2007, el tribunal

apelativo emitió su sentencia en la cual revocó ambas

decisiones del foro de instancia.

Específicamente, el

foro apelativo expresó que existía causa para arrestar al

agente Sustache Sustache y causa para acusar a la oficial

Díaz de León por el delito de agresión, en el grado de

cooperador, puesto que los agentes cometieron la omisión

de

intervenir

para

evitar

que

el

agente

Pagán

Cruz

agrediera con los puños al occiso Cáceres Cruz, a pesar

de

que

éste

se

encontraba

en

el

piso.

También,

se

encontró causa para arrestar al oficial Sustache Sustache

y para acusar a la agente Díaz de León, por el delito de

asesinato en primer grado, en calidad de cooperadores,

porque ambos omitieron su deber de asistir al señor

CC-2007-1181

11

Cáceres Cruz, luego de que éste fuera atacado con un arma

de fuego y herido de gravedad.

Por último, el foro

apelativo

arrestar

encontró

causa

para

al

policía

Sustache Sustache y para acusar a la policía Díaz de León

por el delito de encubrimiento, en la modalidad de autor,

debido a que le proveyeron información falsa al Fiscal

sobre lo ocurrido, luego de haber cometido los delitos

antes mencionados.

Esta sentencia fue notificada a las

partes el 30 de noviembre del 2007.

Inconforme, el agente Sustache Sustache presentó un

recurso de certiorari ante este Tribunal Supremo, el 28

de

diciembre

del

2007.

Plantea

que

el

Tribunal

de

Apelaciones erró: (1) al decretarse con jurisdicción para

revisar

una

arresto

en

determinación

sus

méritos;

de

(2)

no

al

causa

probable

determinar

causa

para

para

arresto por los delitos de agresión, asesinato en primer

grado y encubrimiento.1

1

Además expuso como error que el foro apelativo utilizó

en sus determinaciones de hechos la transcripción de la

vista para acusar a la oficial Díaz de León y que aplicó

preceptos españoles al derecho constitucional y penal

puertorriqueño

y

creó

figuras

y

responsabilidades

jurídicas que son extrañas a la normativa penal y la

carta de derechos de este país. Respecto a lo primero,

constatamos que el Tribunal de Apelaciones utilizó, como

resumen de la prueba testifical en el caso del señor

Sustache Sustache, la “Moción de Reconsideración a la

Determinación de No Causa para Arresto en Alzada” que el

Ministerio Público presentó ante el Tribunal de Primera

Instancia. Este recuento fáctico no fue objetado por el

señor Sustache Sustache.

Tampoco el juez de instancia

cuestionó la sinopsis de los testimonios incluidos en

dicha moción. La transcripción privada que el Ministerio

Fiscal sometió ante el tribunal apelativo sólo fue

utilizada por este foro judicial como resumen de la

prueba testifical en el caso de la agente Díaz de León.

CC-2007-1181

12

El 18 de abril del 2008, ordenamos al Ministerio

Público

que

mostrara

causa

por

la

cual

no

se

debía

expedir el auto solicitado y revocar la sentencia del

Tribunal de Apelaciones. Esta resolución fue notificada

el 23 de abril del 2008 y el 13 de mayo del 2008, el

Procurador General sometió su Escrito en Cumplimiento de

Orden.

Al tener la posición de ambas partes procedemos a

resolver, no sin antes atender ciertos cuestionamientos

jurisdiccionales relacionados a la facultad del tribunal

apelativo, y por ende de este foro judicial, para revisar

la determinación de no causa probable para arresto.

II.

A.

Doctrina sobre la Revisión de las Determinaciones

de Causa Probable

El magistrado que evalúa la prueba presentada, tanto

en la vista de causa para arresto como en la vista de

causa

para

acusar,

puede

determinar

que

existe

o

no

existe causa probable para lo solicitado o que hay causa

probable para arrestar o acusar, según sea el caso, por

un delito inferior o por un delito distinto al imputado

En cuanto al uso de fuentes españolas, es importante

señalar que el Código Penal de 2004 adoptó un nuevo

enfoque teórico para distinguir las formas de autoría y

participación en el delito, sustituyendo la teoría de la

equivalencia, de influencia anglosajona, por la teoría de

la diferenciación, característica de jurisdicciones de

Derecho Civil.

Por eso, la necesidad de nutrir el

análisis jurídico penal con el derecho comparado, a

partir de la aprobación del Código Penal de 2004.

CC-2007-1181

13

en la denuncia.2 La facultad de los jueces de instancia

para determinar causa probable por un delito distinto al

imputado está fundamentada en las Reglas de Procedimiento

Criminal.

Al respecto, hemos manifestado lo siguiente:

Los magistrados deben mantener presente que

las disposiciones del Inciso (c) de la

citada Regla 23 de Procedimiento Criminal

les autoriza a determinar causa probable

por

el

delito

que

ellos

entiendan

procedente,

independientemente

del

"delito'' especificado en la "denuncia'' a

base de la cual se le somete el caso.

Deben mantener, igualmente, presente que el

procedimiento,

hasta

cierto

punto

sui

generis, que se establece en la citada

Regla 23 hace innecesario que el Estado

venga obligado a solicitar que se enmiende

la denuncia, al amparo de lo dispuesto en

la Regla 38 de Procedimiento Criminal, en

la situación de que la prueba presentada

demuestre la comisión de un delito distinto

al imputado en la "denuncia''.

Dicho de

otra forma, el magistrado que preside la

vista preliminar está en completa libertad

de admitir la prueba que tengan a bien

presentar las partes y determinar causa

probable por el delito que él entienda

infringido, independientemente del que se

imputa en la "denuncia.''3

Ante una determinación de no causa o de causa por un

delito inferior o distinto al imputado, el Ministerio

Público tiene la opción de desistir de la acción penal

contra el acusado, de proseguir contra éste por el delito

para el cual se encontró causa o de recurrir en alzada

ante un magistrado de categoría superior del Tribunal de

2

Regla 6 (c), Reglas de Procedimiento Criminal, 34

L.P.R.A. Ap. II; Regla 23 (c) y 24 (c), Reglas de

Procedimiento Criminal, supra.

3

Pueblo v. Torres, Esparra, 132 D.P.R. 77, 85-86

(1992).

CC-2007-1181

14

Primera Instancia.4

utiliza

el

fiscal

A este procedimiento judicial que

para

recurrir

de

una

determinación

adversa de causa probable para arrestar o acusar se le

denomina vista en alzada.

Esta vista de causa probable para arresto o para

acusar en alzada no es una apelación de la primera vista,

sino un trámite independiente, separado y distinto al de

la

vista

original.5

Su

propósito

brindarle

al

Estado

una

conseguir

una

determinación

segunda

está

centrado

oportunidad

favorable

de

causa

en

para

para

arresto o acusar, con la misma u otra prueba distinta a

la que se ofreció en la vista original.6

Por esto, esta

opción procesal sólo puede ser utilizada por el fiscal

4

R.24(c) de las de Procedimiento Criminal, supra; Regla

6 (c), Reglas de Procedimiento Criminal, supra; Pueblo en

interés del Menor KJSR, 2007 T.S.P.R. 194, 2007 J.T.S.

199, 172 D.P.R. ____ (2007); Pueblo v. North Caribbean,

162 D.P.R. 374, 383 (2004);

Pueblo v. García Saldaña,

151 D.P.R. 783, 789 (2000); Pueblo v. Colón Mendoza, 149

D.P.R. 630, 636 (1999); Pueblo v. Miró González, 133

D.P.R. 813, 816, nota 3 (1993); Álvarez v. Tribunal

Superior, 102 D.P.R. 236, 237 (1974).

5

Pueblo en interés del Menor KJSR, supra; Pueblo v.

North Caribbean, supra, pág. 385; Pueblo v. Ríos Alonso,

149 D.P.R. 761, 769 (1999); Pueblo v. Martínez Rivera,

144 D.P.R. 631, 646 (1997); Pueblo v. Rivera Rivera, 141

D.P.R. 121, 134 (1996); Pueblo v. Méndez Pérez, 120

D.P.R. 137, 142 (1987); Pueblo v. Cruz Justiniano, 116

D.P.R. 28, 30 (1984).

6

Regla 6 (c), Reglas de Procedimiento Criminal, supra;

Regla 24 (c), Reglas de Procedimiento Criminal, supra;

Pueblo en interés del Menor KJSR, supra; Pueblo v. North

Caribbean, supra, págs. 385-386; Pueblo v. García

Saldaña, supra, pág. 790; Pueblo v. Ríos Alonso, supra,

pág. 769; Pueblo v. Rivera Rivera, supra, pág. 135; E. L.

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y

Estados Unidos, 1era Edición, Colombia, Editorial Forum,

1993, Volumen III, pág. 101.

CC-2007-1181

15

una vez, ante una determinación no favorable de causa

para arresto, y una vez más para una determinación no

satisfactoria de causa para acusar.7

Como

regla

general,

no

se

permite

al

Ministerio

Público recurrir a un tribunal de mayor jerarquía de una

resolución

del

Tribunal

de

Primera

inexistencia

de

causa

determina

la

arresto

para acusar.8

o

A

través

Instancia

probable

de

los

que

para

el

años, este

Tribunal ha aclarado y expandido esta norma.

Hemos establecido que un magistrado puede concluir

que

no

existe

instancias.

causa

probable

para

acusar

en

tres

Éstas son: (1) cuando la prueba desfilada

durante la vista no establece a satisfacción del juzgador

la probabilidad de que el delito se haya cometido o la

conexión del imputado con el delito, (2) cuando la prueba

desfilada durante la vista establece la probable comisión

de un delito inferior o distinto al imputado y (3) por

razones

estrictamente

de

derecho

desvinculadas

prueba presentada sobre la comisión del delito.9

a

la

Si el

juez de instancia determina que no hay causa probable por

insuficiencia

de

prueba

o

que

se

ha

demostrado

causa

probable por un delito distinto o inferior al imputado,

7

Pueblo v. Rivera Rivera, supra, págs. 134, 135; Pueblo

v. Cabrera González, 130 D.P.R. 998, 1002 (1992); Chiesa

Aponte, op. cit., págs. 52-53, 100-101.

8

Pueblo v. Colón Mendoza, supra, pág. 636; Pueblo v.

Rodríguez Ríos, 136 D.P.R. 685, 692 (1994); Pueblo v.

Tribunal Superior, 95 D.P.R. 412, 414 (1967).

9

Pueblo en interés del menor KJSR, supra; Pueblo v.

Aponte Nolasco, 2006 T.S.P.R. 62, 2006 J.T.S. 71, 167

D.P.R. ____ (2006).

CC-2007-1181

16

este dictamen será final y no lo podrá revisar un foro de

mayor jerarquía.

alzada

es

Ministerio

el

único

Público

tribunal.10

En esas circunstancias, la vista en

mecanismo

para

que

revisar

tiene

la

disponible

determinación

el

del

Esto responde, a su vez, a la naturaleza

peculiar de esta decisión, “dentro de un procedimiento

especialmente

regulado,

con

una

finalidad

esencial

al

ordenado y rápido curso del procedimiento criminal.”11

En resumen, una determinación de causa probable en

los méritos no es revisable.12 Recientemente, en Pueblo en

interés del menor KJSR, ante, resolvimos que tampoco son

revisables las determinaciones de causa probable que son

producto de un análisis mixto de hecho y derecho.13

Sin

embargo, cuando la determinación de ausencia de causa

probable para acusar se basa en cuestiones estrictamente

de derecho, desvinculadas de la apreciación de la prueba

que fue presentada para demostrar la comisión del delito,

10

Pueblo en interés del menor KJSR, supra; Pueblo v.

Aponte Nolasco, supra; Pueblo v. Rodríguez Ríos, supra,

pág. 692; Pueblo v. Colón Mendoza, supra, pág. 636.

11

Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 171 (1975).

Igualmente hemos aclarado que esta opción judicial no

está fundamentada en que el juez instructor de causa

actúa como individuo y no como tribunal.

Pueblo v.

Tribunal Superior, supra, pág. 413.

12

Pueblo v. Rivera Alicea, supra, pág. 499; Pueblo v.

Colón

Mendoza,

supra,

pág.

636;

Pueblo

v.

Cruz

Justiniano, supra, pág. 30.

13

Pueblo en interés del menor KJSR, supra.

CC-2007-1181

la

17

decisión

podrá

ser

revisada

mediante

recurso

de

certiorari.14

Debemos, pues, determinar, como cuestión de umbral,

si

lo

que

está

ante

nuestra

consideración

es

una

controversia de derecho que puede ser revisada mediante

el recurso de certiorari.

argumenta

que

el

El señor Sustache Sustache

tribunal

apelativo

no

tenía

jurisdicción, como tampoco la tendríamos nosotros, para

revisar por certiorari la determinación de no causa, ya

que

ésta

fue

desvinculada

resuelta

de

la

en

prueba

los

méritos

desfilada

y

en

no

la

está

vista.

Incluso, plantea que aunque la controversia de este caso

no

sea

estrictamente

de

hechos,

la

misma

está

entremezclada con cuestiones de hechos y de derecho, por

lo cual afirma que tampoco podía ser revisada ni por el

foro

apelativo

estos

ni

por

planteamientos

este

Tribunal.

examinemos

más

Para

de

dilucidar

cerca

nuestra

decisión en el caso de Pueblo en interés del menor KJSR.15

En ese caso, en la vista de causa en alzada, el

Tribunal de Primera Instancia determinó suprimir la

14

Pueblo en interés del menor KJSR, supra; Pueblo v.

Aponte Nolasco, supra; Pueblo v. Rivera Alicea, 150

D.P.R. 495, 499-500 (2000); Pueblo v. Colón Mendoza,

supra págs. 636-637; Pueblo v. Cruz Justiniano,

supra, pág. 30.

Lo anterior es consistente con la

finalidad del recurso de certiorari, que es un

vehículo procesal extraordinario utilizado para que

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un

error de derecho cometido por un tribunal inferior.

Artículo 670, Código de Enjuiciamiento Civil del

1933, 32 L.P.R.A. sec. 3491.

15

Supra, nota 4.

CC-2007-1181

18

prueba que el Ministerio Público había obtenido a base de

un registro ilegal y decidió que no existía causa para

presentar la querella en contra del menor.

El Procurador

General recurrió, a través del recurso de certiorari,

ante el Tribunal de Apelaciones.

negó

a

expedir

el

auto

Ese foro judicial se

por

entender

que

las

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en la

vista

inicial

y

fundamentaban

en

en

la

vista

en

alzada,

cuestiones

de

derecho,

estrictamente vinculadas a la prueba.

aunque

se

estaban

Confirmamos este

dictamen bajo el fundamento de que la determinación de no

causa emitida por el foro de instancia era una mixta de

hecho y derecho.

Los hechos que suscitan la controversia que está

ante nuestra consideración son claramente distinguibles

de los que dieron lugar a nuestra opinión en Pueblo en

interés del menor KJSR.

La determinación de suprimir una

prueba, y como resultado de esta acción determinar no

causa, que fue lo que sucedió en Pueblo en interés del

menor KJSR, es principalmente una cuestión de hecho según

lo hemos interpretado hasta la saciedad.

Distintamente,

la controversia que está ahora ante nuestra consideración

es

esencialmente

de

derecho.

Las

figuras

jurídicas

presentes en esta controversia son nuevas y nunca antes

las hemos interpretado. Esta particularidad, no tan solo

suscitó una diversidad de análisis entre los abogados de

defensa y fiscales que expusieron sus argumentos legales

ante el tribunal de instancia, sino que también ha creado

CC-2007-1181

19

incertidumbre entre los jueces de instancia respecto al

alcance y aplicación que éstos le deben dar a esas nuevas

figuras jurídicas.

Las expresiones del juez de instancia en la

de

causa

probable

para

arresto,

recogidas

vista

por

el

Ministerio Público en su “Moción de Reconsideración a la

Determinación

de

No

Causa

Probable

para

Arresto

en

Alzada”, revelan la incertidumbre del magistrado sobre la

interpretación en derecho de las figuras jurídicas que

rigen

en

este

caso.

Dichas

expresiones

fueron

las

siguientes:

Yo no estoy obligado a explicar las razones

para la determinación de no causa, pero no

hay problema en decir que de la prueba que

examiné, tendría que estirar mucho el

delito [Art. 106] para determinar causa,

aunque puede ser relacionada con otro

delito que ya fue modificado en el Nuevo

Código Penal.

Por dicha negligencia se

podría tomar acción en contra de él en el

ámbito administrativo y laboral.16

En

su

escrito

en

oposición

el

señor

Sustache

Sustache no objetó este relato de las expresiones del

juez de instancia, como tampoco lo hizo éste al denegar

la reconsideración solicitada por el Ministerio Público.17

Siendo

insoslayable

ello

así,

no

responsabilidad

podemos

de

rehuir

explicar

las

nuestra

nuevas

16

Véase: Moción de Reconsideración a la Determinación de

No Causa para Arresto en Alzada de Fiscalía, 4 septiembre

del 2007, págs. 148-149.

El Ministerio Público obtuvo

esta información de las notas que tomó durante la vista

de causa probable en alzada celebrada el 28 de agosto del

2008.

17

Véase la Resolución de 6 de septiembre del 2007, págs.

97, 138.

CC-2007-1181

figuras

20

jurídicas

ordenamiento

contrario,

en

que

el

se

han

Código

corresponde

a

incorporado

Penal

este

del

a

2004.

Tribunal

nuestro

Por

el

establecer

la

pauta hermenéutica reclamada.

Resolvemos que no existe impedimento jurisdiccional

para entender en este caso y procedemos a evaluar la

controversia en sus méritos.

B. El Delito de Comisión por Omisión

Nuestro Código Penal define el término “delito” como

“un acto cometido u omitido en violación de alguna ley

que lo prohíbe u ordena y que apareja, al ser probado,

alguna pena o medida de seguridad.”18

Esta conceptuación

es significativa porque permite conocer cuáles son los

elementos

fundamentales

de

la

responsabilidad

penal.

Concretamente, esta disposición estatutaria presenta los

cinco factores constitutivos de un delito: “(1) el acto u

omisión; (2) la tipicidad; (3) la antijuridicidad; (4) la

culpabilidad y (5) la punibilidad.”19

Estos cinco componentes deben ser analizados de

forma secuencial.

En otras palabras, no se podrá imponer

a una persona alguna pena o medida de seguridad si no se

18

Artículo 15, Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, según

enmendada, 33 L.P.R.A. sec. 4643.

19

D. Nevarez Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico

Comentado, 2da Edición, Hato Rey, Puerto Rico, Instituto

para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2005, pág. 23.

CC-2007-1181

21

prueban en un juicio, más allá de duda razonable, los

primeros cuatro elementos antes mencionados.20

El sistema jurídico penal reacciona a la conducta

humana, que se convierte en punible cuando se tipifica y

se le agrega la antijuridicidad y la culpabilidad.21

En

el ordenamiento penal puertorriqueño esa conducta humana

se

puede

manifestar

omisiones.22

Esto

tanto

implica,

por

acciones

como

su

vez,

se

a

que

por

pueden

infringir las disposiciones penales tanto por acciones

como por omisiones.

Al ser la omisión el componente de

la responsabilidad penal pertinente a esta controversia,

centraremos nuestro análisis en esa figura.

Las

omisiones

penalmente

relevantes

se

pueden

dividir en dos grandes categorías: las omisiones propias

y las omisiones impropias.23 El grupo de omisiones propias

es aquel que está tipificado, de forma expresa, dentro

20

D. Nevarez Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico

Comentado, op.cit., págs. 23-24.

Sobre el particular,

Chiesa Aponte expone que: “la inexistencia de uno de los

eslabones del análisis impide pasar al siguiente nivel

del esquema.” L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal

Sustantivo, Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2007, pág.

13.

21

F. Muñoz Conde y M. García Arán, Derecho Penal: Parte

General, 7ma Edición, Valencia, España, Tirant Lo Blanch,

2007, pág. 209.

22

23

Artículo 18, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4646.

C. Blanco Lozano, Tratado de Derecho Penal Español,

Barcelona, España, JM Bosch Editor, 2005, Tomo I, pág.

131; H. Heinrich Jescheck y T. Weigend, Tratado de

Derecho Penal: Parte General, (traducción de Miguel

Olmedo Cardenete); 5ta Edición, Granada, Editorial

Comares, S. L., 2002, pág. 651.

CC-2007-1181

22

del estatuto penal.24

configura

cuando

Por esto, este tipo de omisión se

se

“viola

un

mandato

de

ley,

independiente de la ocurrencia de un resultado lesivo

producto de dicha infracción.”25 Éste delito requiere la

voluntad de omitir la ley y se concreta, tan solo, con un

no hacer.

26

Por eso, como plantea Chiesa Aponte, la

omisión

propia

“acarrea

responsabilidad

momento

exacto

en

se

que

omite

penal

realizar

la

en

el

acción

requerida.”27

Por otra parte, los delitos de omisión impropia,

también denominados delitos de comisión por omisión, son

aquellos que se originan cuando una persona no impide la

producción de un resultado, viola con su no actuar una

norma prohibitiva y permite que sea lesionado un bien

jurídico.28

Es decir, según explica Cury Urzúa, que “sólo

incurre en comisión por omisión quien, encontrándose en

una

posición

fáctica

de

garante

respecto

al

bien

jurídicamente protegido, no actúa, a pesar de contar con

24

E. Novoa Monreal, Fundamentos de los Delitos de

Omisión, Buenos Aires Argentina, Ediciones Desalma, 1984,

pág. 211; L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo,

op.cit., pág. 91.

25

L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, Íd.; E.

Novoa Monreal, op.cit., pág. 211.

26

D. Nevarez Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico

Comentado, op.cit., pág. 27; C. Blanco Lozano, op.cit.

27

L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,

pág. 103.

28

E. Novoa Monreal, op.cit., pág. 211; R. Goldstein,

Diccionario de Derecho Penal y Criminología, 3ra Edición,

Buenos Aires, Argentina, Editorial Astrea, 1993, pág.

184.

CC-2007-1181

23

el dominio final del hecho, para evitar una lesión o

puesta en peligro de dicho bien.”29

omisión

sólo

produce

un

genera

resultado

Por eso, este tipo de

responsabilidad

punible

como

penal

“cuando

consecuencia

de

se

la

omisión.”30

Contrario a los delitos de omisión propia, este tipo

de delito requiere que no se evite un resultado.31

Por

esto, los tratadistas Jescheck y Weigend manifiestan que

el delito de omisión impropia es equivalente al delito de

resultado.32 Debemos preguntarnos entonces si constituye

un delito de comisión por omisión toda omisión jurídicopenal a la que le sigue un resultado.

Veamos.

Los requisitos para que se configure el delito de

comisión por omisión son: (1) la existencia de un deber

de garante; (2) la capacidad del omitente para cumplir

con ese deber; (3) la producción de un resultado; y (4)

la equivalencia entre la omisión y la producción activa

del

resultado

que

no

se

evitó.33

Estas

cuatro

29

E. Cury Urzúa, Derecho Penal: Parte General, 1ra

Edición, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile,

1985, Tomo II, pág. 304.

30

L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,

pág. 103.

31

S. Mir Puig, Derecho Penal: Parte General, 7ma Edición,

Buenos Aires-Montevideo, B de F Ltda., 2005, pág. 312.

32

33

H. Jescheck y T. Weigend, op.cit., pág. 652.

E. Bagacigalupo, Derecho Penal: Parte General, 2da

Edición, Buenos Aires, Argentina, 1999, pág. 550-553; H.

Welzel, Derecho Penal Alemán, 4ta Edición, Santiago de

Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1997, págs. 250-251;

S. Mir Puig, op.cit., págs. 317-329; F. Muñoz Conde y M.

CC-2007-1181

24

consideraciones

representan

la

vertiente

objetiva

del

delito de comisión por omisión.

El deber de garante, primer elemento objetivo para

configurar el delito de comisión por omisión, sólo puede

originarse si entre el actor y la víctima existe una

relación estrecha que permita imponer esta obligación.34

Esta

perspectiva

del

deber

de

garante

surge

de

la

denominada teoría de las funciones, propuesta por Armin

Kaufmann, la cual, según explica Mir Puig, “fundamenta la

posición

de

garante

materialmente

existente

en

la

entre

relación

el

sujeto

funcional

y

el

bien

jurídico.”35

Para el tratadista Bacigalupo, esta cercanía entre

el

sujeto

y

el

bien

jurídico

se

manifiesta

de

dos

maneras: (1) cuando el omitente está “encargado de la

protección

o

custodia

del

bien

jurídico

que

aparece

lesionado o amenazado de lesión”36 o (2) cuando se trata

García Arán, op.cit., págs. 243-248; M. C. López

Peregrín, La Complicidad en el Delito, Valencia, España,

Tirant Lo Blanch, 1997, págs. 337-352.

34

L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,

pág. 93.

35

36

S. Mir Puig, op.cit., pág. 318.

Este tipo de manifestación de la posición de garante se

hace palpable en la relación de protección de un padre

hacia su hijo y, en general, en todas aquellas “que se

derivan

del

derecho

de

familia

o

de

relaciones

materialmente similares.”

Como es notable, “en esta

forma de la posición de garante la vinculación con el

bien jurídico proviene de la relación existente con el

sujeto titular del bien jurídico.” E. Bagacigalupo,

Delitos Impropios de Omisión, 2da Edición, Bogotá,

Colombia, Editorial TEMIS, 1983, págs. 143-144.

CC-2007-1181

25

del “encausamiento y la custodia del peligro que emana de

una fuente determinada en relación con todo bien jurídico

que pudiera resultar afectado por ella.”37

Esto implica

que en los delitos de comisión por omisión, el sujeto

activo

que

persona,

evite

sino

el

aquella

resultado

que

no

tenga

puede

el

ser

deber

cualquier

jurídico

de

hacerlo.38

De acuerdo al profesor Chiesa este deber de garante

u obligación de actuar no necesariamente surge de la ley,

sino que “puede originarse en principios jurídicos no

estatutarios, en la jurisprudencia y en la costumbre.”39

No obstante, las fuentes más concretas en las cuales se

fundamenta la obligación jurídica de actuar para impedir

un resultado prohibido son la injerencia, el contrato y

37

E. Bagacigalupo, Delitos Impropios de Omisión, op.cit.,

pág. 143; E. Bagacigalupo, Derecho Penal: Parte General,

op.cit., pág. 546-547.

Para esta segunda forma de

posición de garante “no es determinante la relación del

omitente con el bien jurídico a través de su vinculación

con su titular”, sino que ésta tiene “por contenido la

dirección y el encauzamiento de algo que produce, por su

utilización, peligro para bienes jurídicos en la vida

social, por cuyo motivo un determinado sujeto o sujetos

tienen como función el evitar y prevenir el daño.” Los

ejemplos más comunes son: los bomberos, los policías y

aquellos en los que la naturaleza y el efecto socialmente

peligroso deriva de cosas materiales, como por ejemplo la

tenencia de animales feroces.

E. Bagacigalupo, Delitos

Impropios de Omisión, op.cit., págs. 145-146.

38

39

F. Muñoz Conde y M. García Arán, op.cit., pág. 244.

L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,

pág. 91.

CC-2007-1181

la ley.40

26

Así lo plantea la llamada teoría formal del

deber jurídico del garante.41

El deber de garante fundamentado en la injerencia le

impone la obligación a una persona de asumir el control

del peligro o riesgo originado por ella en contra de un

jurídico.42

bien

Ese

riesgo

jurídicamente

protegido,

Mesa,

ser

puede

precedente.43

según

producto

Incluso,

el

que

la

de

afecta

al

tratadista

una

acción

tratadista

Mir

bien

Rodríguez

u

omisión

Puig

ha

manifestado que ese riesgo previamente creado o aumentado

puede haber sido el resultado de una actuación lícita.44

Por otro lado, el deber de garante sólo surge de un

contrato

si

uno

de

los

sujetos

asume

expresamente

la

función de protección o custodia del bien jurídico, de

forma que se origine, entre ambas partes, una situación

de

dependencia

efectiva.45

Más

concretamente,

el

tratadista Welzel expone que la posición de garante surge

solamente cuando una de las partes asume en un contrato

40

M. J. Rodríguez Mesa, La Atribución de Responsabilidad

en Comisión por Omisión, Navarra, España, Editorial

Aranzadi, SA, 2005, págs. 94-108; H. Heinrich Jescheck y

T. Weigend, op.cit., pág. 669.

41

42

S. Mir Puig, op.cit., pág. 318.

E. Novoa Monreal,

op.cit., pág. 323.

43

op.cit.,

pág.

143;

S.

Mir Puig,

M. J. Rodríguez Mesa, op.cit., págs. 99.

44

Informe del Senado de Puerto Rico sobre el P. del S.

2302, 22 de junio del 2003; D. Nevares, Nuevo Código

Penal de Puerto Rico, op.cit., pág. 28.

45

M. J. Rodríguez Mesa, op.cit., pág. 97.

CC-2007-1181

esa

27

responsabilidad

y

se

activa

“cuando

comienza

la

situación del peligro, de cuyo manejo está encargado el

garante.”46

En este contexto, cualquier incumplimiento

del deber de actuar, que cause un resultado lesivo es una

omisión que genera responsabilidad penal.47

Un deber de garante también puede estar reconocido

en un estatuto. No obstante, debe tratarse de un precepto

jurídico

extra-penal

porque

los

deberes

de

actuar

impuestos por las leyes penales sólo pueden dar lugar a

delitos de omisión pura.48 La obligación de los policías

de proteger a los ciudadanos es un ejemplo de un deber de

garante

dispuesto

Orgánica

de

la

en

una

Policía

ley.

de

Al

Puerto

respecto,

Rico

la

Ley

dispone

lo

siguiente:

Se crea en el Estado Libre Asociado de Puerto

Rico un organismo civil de orden público que

se denominará “Policía de Puerto Rico” y cuya

obligación será proteger a las personas y a la

propiedad, mantener y conservar el orden

público, observar y procurar la más absoluta

protección

de

los

derechos

civiles

del

ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y

perseguir el delito y, dentro de la esfera de

sus atribuciones, compeler obediencia a las

leyes y ordenanzas municipales, y reglamentos

que conforme a éstas se promulguen.49

46

H. Welzel, Derecho Penal Alemán: Parte General,

(traducción por Juan Bustos Ramírez y Sergio Yañez

Pérez), 4ta Edición, Santiago de Chile, Editorial

Jurídica de Chile, 1997, pág. 253.

47

L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,

pág. 94.

48

49

M. J. Rodríguez Mesa, op.cit., pág. 95.

Artículo 3, Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según

enmendada, 25 L.P.R.A. sec. 3102. Énfasis Suplido.

CC-2007-1181

28

Esta obligación de actuar que tienen los policías

también fue incorporada al Reglamento de Personal de la

Policía.

En lo pertinente, esta normativa establece que:

Dentro de la esfera de sus atribuciones todo

miembro de la Fuerza tendrá, entre otras, las

siguientes obligaciones y responsabilidades:

1. Proteger

la

vida

y

propiedad,

impedir el crimen y el desorden.

2. …

3. Cumplir y velar por el cumplimiento

de

las

leyes,

reglamentos

y

ordenanzas municipales.

4. Observar y procurar la protección de

los derechos civiles del ciudadano.

5. Observar

en

todo

conducta ejemplar.

momento

una

6. Tomar las providencias necesarias

para garantizar la protección de la

persona detenida.

7. Tratar cortésmente al público y

prestar la debida ayuda a las

personas que la requieran.

8. Prestar la debida protección al

pueblo

reunido

legalmente

para

cualquier fin lícito.

9. …

10. Ser puntual en sus compromisos

oficiales

y

diligentes

en

el

cumplimiento de su deber, actuando

siempre en forma ecuánime, serena y

justa.

11. Orientar y aconsejar al público

sobre el mejor cumplimiento de la

ley, así como en todo lo que

concierne a la seguridad pública.50

50

Reglamento 4216 de Personal de la Policía de Puerto

Rico, 11 de mayo de 1990. Énfasis Suplido.

CC-2007-1181

29

Los agentes del orden público que cumplen con sus

funciones, siguiendo los parámetros impuestos por su ley

orgánica y los reglamentos administrativos de la Policía

de Puerto Rico, no tendrán que responder penalmente por

cualquier

actuación

que

haya

resultado

del

ejercicio

legítimo de su autoridad o cargo.

Sobre el particular,

el

que

Código

Penal

de

2004

dispone

“no

incurre

en

responsabilidad quien obra en cumplimiento de un deber

jurídico

o

en

el

legítimo

ejercicio

de

un

derecho,

autoridad o cargo.”51

No obstante, este privilegio legislativo no puede

ser invocado por los policías si éstos, al cumplir con

los

deberes

de

su

cargo,

excesivo e injustificado.

ejercen

un

grado

de

fuerza

La Ley Orgánica de la Comisión

de Investigación, Procesamiento y Apelación (CIPA), cuya

función es sancionar el “mal uso o abuso” de autoridad

por funcionarios del orden público, establece entre los

actos que son constitutivos de abuso de autoridad, los

siguientes:

(a)

Arrestos

irrazonables;

o

detenciones

ilegales

o

…

(c) acometimiento o agresión injustificados o

excesivos;

…

(e) dilación indebida en conducir ante un

magistrado a una persona arrestada o detenida;

51

Artículo 28, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4656.

CC-2007-1181

30

(f) uso de violencia injustificada, coacción

física

o

psicológica,

intimidación

o

prolongación indebida, sobre o de una persona

arrestada,

o

detenida

para

fines

de

investigación;

…

(o) obstruir, impedir o interrumpir ilegal o

irrazonablemente

el

ejercicio

legal

y

pacífico

de

las

libertades

de

palabra,

prensa, reunión y asociación, y de libertad

de petición en las vías o lugares públicos.52

En otras palabras, un agente del orden público incumplirá

con su deber de garante, respecto a un ciudadano, cuando

al efectuar un arresto cometa cualquiera de dichos actos.

Este tribunal ha concurrido con esta consideración al

resolver que un agente puede ser procesado por el delito

de

agresión

si

su

conducta

refleja

el

uso

de

fuerza

claro

que

a

excesiva en contra de un ciudadano.53

Por

otra

parte,

hay

que

tener

los

policías no se les puede castigar por la comisión de un

delito que no impidieron, por el mero hecho de tener la

obligación de actuar para impedir que se cometiera.54

profesor

Chiesa

Aponte

coincide

con

esta

El

apreciación

puesto que “ningún sistema jurídico estaría dispuesto a

52

Artículo 2, sección 1, Ley Núm. 32 del 22 de mayo de

1972, según enmendada, 1 L.P.R.A. sec. 172 (1). Énfasis

Suplido.

53

Artículo 121, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4749 (Suplemento

2008); Baez Vega v. E.L.A., 87 D.P.R. 67, 74-76 (1963).

54

S. Mir Puig., op.cit., pág. 318.

CC-2007-1181

31

imponerle responsabilidad penal a los policías por la

comisión de los delitos que no lograron evitar.”55

Ante

este

planteamiento,

se

puede

afirmar

que

la

clave para concluir que un policía ha cumplido con su

deber de garante es que éste haya intentado evitar la

comisión

del

delito

y

en

ese

intento

no

haya

podido

impedir el resultado. Esto porque al autor de una omisión

no se le castiga por causar el resultado típico, sino por

no evitarlo.56

En ese sentido, quien asume una posición

de garante tiene la responsabilidad de tratar activamente

de impedir el resultado prohibido.57 En otras palabras, el

garante se convierte en un “protector activo”, por lo cual

el cumplimiento de su obligación no se limita a un mínimo,

según señala Novoa Monreal, sino que incluye el prevenir,

ayudar, instruir, defender y proteger al bien jurídico

amenazado.58

El segundo requisito para que se configure el delito

de comisión por omisión es la producción efectiva del

resultado.

Welzel lo define como la “producción de un

resultado típico en el sentido de un delito de comisión, o

sea, la muerte, la lesión corporal, la privación de la

55

L. E. Chiesa Aponte, Los Dogmas del Nuevo Código Penal:

¿Por qué Enmendarlo y Cómo Hacerlo?, Vol. XL., Núm. 1,

Rev. Jur. U.I.A., pág. 139, Septiembre-Diciembre 2005.

56

H. Welzel, op.cit., pág. 251.

57

E. Novoa Monreal, op.cit., pág. 137.

58

E. Novoa Monreal, Íd.

CC-2007-1181

32

libertad, el incendio, etc.”59

En fin, es el daño que

crea una persona que está en posición de garante respecto

al bien jurídico, a pesar

de

tener la capacidad para

realizar la acción omitida.

Comprobada la lesión y la omisión de haber actuado

como

“protector

activo”

en

función

de

un

deber

de

garante, se activa la necesidad de comprobar el tercer

componente del delito de omisión impropia, la capacidad

del

omitente.

Esto

debido

responsabilidad

penal

las

a

que

omisiones

sólo

generan

una

persona

de

capacitada para realizar el acto omitido.60

A través de este requisito se pretende saber “si el

autor hubiera podido realizar voluntariamente la acción

que hubiera impedido la producción del resultado.”61

Esta

capacidad

dos

de

actuar

se

mide

en

términos

de

consideraciones: la posibilidad física real de evitar el

resultado y los presupuestos intelectuales de evitar el

resultado.62

La

primera

consideración

se

refiere

a

que

la

conservación de un bien jurídico estará supeditada a los

conocimientos especiales y las habilidades de la persona

59

H. Welzel, op.cit., pág. 250.

60

L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,

pág. 89.

61

E. Bagacigalupo, Derecho Penal: Parte General; op.cit.,

550.

62

E. Bacigalupo, Delitos Impropios de Omisión, op.cit.,

págs. 149-150.

CC-2007-1181

33

que tiene la responsabilidad de evitar el resultado.63

La

segunda consideración, a su vez, requiere comprobar dos

elementos: el conocimiento de la situación típica que

tiene el que está en posición de garante y la posibilidad

que éste tiene de reconocer los medios para realizar la

acción mandada y conservar el bien jurídico amenazado; es

decir, para evitar el resultado.64

La

capacidad

factor que está

de

realizar

la

acción

debida

es

un

estrechamente atado al cuarto elemento

del delito de comisión por omisión, la equivalencia entre

la

omisión

y

el

resultado.

Este

último

componente

se

activa porque la infracción del deber jurídico, aunque es

una condición necesaria, no es suficiente para configurar

el criterio de la equivalencia.65

Concretamente, para la

tipicidad de la comisión por omisión no será suficiente

la infracción de un deber legal, contractual o un actuar

precedente

peligroso,

omisión

de

quien

causar

el

resultado,

sino

debería

o

que

será

haber

lo

necesario

actuado,

que

muchos

que

la

equivalga

a

tratadistas

denominan como “causación”.66

63

E. Bacigalupo, Delitos Impropios de Omisión, Íd.

64

H. Welzel, op.cit., págs. 250-251; E. Bagacigalupo,

Derecho Penal: Parte General, op.cit., pág. 550.

65

J. M. Silva Sánchez, El Nuevo Código Penal: Cinco

Cuestiones Fundamentales, Barcelona, España, José María

Bosh Editor, 1997, pág. 67.

66

M. J. Rodríguez Mesa, op.cit., págs. 105-106. Somos

conscientes que los diccionarios de la lengua española no

recogen la palabra causación, sin embargo, muchos

tratadistas penales utilizan este término, con una

CC-2007-1181

34

Rodríguez Mesa apunta que los delitos de comisión

por omisión “carecen del presupuesto de la imputación

objetiva

requerido

por

los

delitos

comisivos

de

resultado”, es decir, carecen de “la necesaria relación

de causalidad entre el comportamiento realizado por el

sujeto y el resultado acaecido.”67

En otras palabras,

para este tipo de delito no se exige que se pruebe una

causalidad estricta entre la omisión y la producción del

resultado. Así lo afirma también el tratadista Bagacilupo

al exponer lo siguiente:

En la dogmática moderna del delito los problemas

de

la

causalidad

han

perdido

considerable

significación. Hoy no se pregunta si una acción

o una omisión son causales del resultado, sino si

el resultado es objetivamente imputable a la

acción o a la omisión… Dicha relación se da, en

opinión prácticamente unánime, cuando la acción

omitida hubiera evitado el resultado producido.

Sobre estas bases ya no se trata de afirmar la

causalidad real de la omisión respecto del

resultado, sino la “causalidad potencial” de una

acción no llevada a cabo.68

Por esto, se hizo necesario identificar un elemento

que desempeñara, en los delitos de comisión por omisión,

la función que realiza la relación de causalidad en los

delitos

activos,

de

manera

tal

que

actuara

como

connotación similar a la causalidad adecuada en el

derecho civil. En específico, es el favorecimiento o

aportación causal que un partícipe presta al resultado

delictivo que ejecuta el autor.

M. C. López Peregrín,

op.cit., págs. 145-162.

67

68

M. J. Rodríguez Mesa, op.cit. pág. 113.

E. Bagacilupo, Delitos Impropios de Omisión, op.cit.,

pág. 89-90 (Énfasis en el original); S. Mir Puig,

op.cit., pág. 328-329; F. Muñoz Conde y M. García Arán,

op.cit., pág. 244.

CC-2007-1181

35

equivalente funcional de la causalidad activa.69 De esta

preocupación

se

contribuyeron

a

posibilitar

que

originaron

elaborar

el

no

diversas

teorías

que

criterios

para

resultado

fuera

diferentes

evitar

el

equivalente a causarlo de manera activa. Entre éstas, la

teoría de la causalidad hipotética ha resultado ser la

doctrina dominante.

La causalidad hipotética es “la posibilidad fáctica

que

tuvo

el

sujeto

de

evitar

el

resultado.”70

La

determinación de la posibilidad de evitar el resultado,

según Bacigalupo, se realiza mediante un juicio causal

hipotético

que

no

sostiene

una

realidad,

sino

una

probabilidad de tal naturaleza que debe permitir concluir

“que el resultado se hubiera evitado con una seguridad

rayana

predecir

en

la

con

certeza.”71

un

grado

de

Por

esto,

cuando

probabilidad

se

lindante

puede

a

la

certeza que un resultado se hubiera evitado al realizar

la acción omitida, el no evitar el resultado equivale a

la producción del mismo.72

Los

tratadistas

esta apreciación.

Jescheck

y

Weigend

coinciden

con

Indican que en la omisión no hay que

exigir la plena certeza en torno a la causalidad, en

69

M. J. Rodríguez Mesa, op.cit., pág. 113.

70

F. Muñoz Conde y M. García Arán, op.cit., pág. 244; H.

Welzel, op.cit., pág. 251.

71

E. Bacigalupo, Delitos Impropios de Omisión, op.cit.,

pág. 150; M.J. Rodríguez Mesa, op.cit., pág. 114.

72

H. Welzel, op.cit., pág. 251.

CC-2007-1181

36

claro contraste con el hacer positivo.

Manifiesta que el

análisis debe fundamentarse sobre un suceso que no se

puede predecir con seguridad absoluta y no en el curso

real de los eventos.73

hipotético

sometido

Es decir, “se trata de un juicio

inevitablemente

a

un

margen

de

error.”74

Ante este enfoque teórico no es necesario afirmar

una verdadera relación de causalidad, sino que basta que

el sujeto hubiera podido evitar dicho resultado cuando se

encontraba en posición de garante.75 Más concretamente, la

equivalencia requerida “debe interpretarse de tal forma

que sólo implique que tiene que existir una relación de

causa

próxima

entre

la

omisión

de

realizar

la

acción

requerida y la producción del resultado.”76

La figura jurídica denominada comisión por omisión u

omisión impropia se incorporó a nuestro ordenamiento en

el Código Penal de 2004. Allí se define la relación de

causalidad

propia

de

esta

modalidad

de

delito

de

la

siguiente forma:

Los delitos que tipifican la producción de un

resultado sólo podrán cometerse por omisión

cuando la no evitación del mismo equivalga a

su producción activa.

Para determinar la

equivalencia de la omisión a la acción se

tendrá en cuenta la existencia de un deber

específico de evitar el resultado y si una

73

H. Heinrich Jescheck y T. Weigend, op.cit., pág. 666.

74

S. Mir Puig, op.cit., pág. 329.

75

S. Mir Puig, op.cit., pág. 329.

76

L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,

pág. 99.

CC-2007-1181

37

acción anterior del omitente hace posible

imputarle la situación de riesgo en que se

encontraba el bien jurídico.77

Los antecedentes de este artículo sobre el delito de

comisión por omisión tienen su base en el artículo 11 del

Código Penal español y en el artículo 13 del Código Penal

de Alemania.

En el Código Penal español el delito de

comisión por omisión se define de la siguiente manera:

Los delitos o faltas que consistan en la

producción de un resultado sólo se entenderán

cometidos por omisión cuando la no evitación

del mismo, al infringir un especial deber

jurídico del autor, equivalga, según el

sentido del texto de la Ley, a su causación.

A tal efecto se equiparará la omisión a la

acción:

a. Cuando exista una específica obligación

legal o contractual de actuar.

b. Cuando el omitente haya creado una

ocasión

de

riesgo

para

el

bien

jurídicamente

protegido

mediante

una

78

acción u omisión precedente.

Por

su

parte,

el

Código

Penal

de

Alemania

define

el

término jurídico “delito de comisión por omisión” de la

siguiente forma:

I.

II.

77

Quien omita evitar la consumación de

un tipo penal será penado, según este

Código, sólo si jurídicamente tiene

que responder de que no se produzca la

consumación,

y

cuando

la

omisión

corresponda a la realización del tipo

penal a través de un hacer.

La pena, de acuerdo a la sección 49,

apartado I, podrá ser atenuada.79

Artículo 19, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4647.

78

Código Penal de España, Ley Núm. 10 del 23 de noviembre

de 1995, Título I, Artículo 11; Véase, además, S. Mir

Puig, op.cit., págs. 314-315.

79

Emilio Eiranova Encinad, Código Penal Alemán: StGB;

Código Procesal Penal Alemán: StPO, Madrid, España,

CC-2007-1181

38

Nevares Muñiz señala que en el ordenamiento penal

de Puerto Rico este tipo de delito requiere, en primer

lugar, que el sujeto activo venga obligado a evitar el

resultado típico, lo cual, según hemos visto, es conocido

jurídicamente como el deber de garante, y, en segundo

lugar,

que

equivalencia

la

de

omisión

la

equivalga

omisión

del

una

acción.80

sujeto

activo

a

Esta

a

la

producción activa del resultado se determina a base de

dos criterios principales: (1) el deber de garante y (2)

una

acción

anterior

que

haga

posible

imputarle

el

resultado al que está en posición de garante.81

El tratadista Mir Puig fue pieza clave para definir

y estructurar los requisitos que conforman la imputación

objetiva del delito de comisión por omisión en nuestra

normativa penal.

Su análisis sobre el delito de comisión

por omisión fue incorporado al Informe de la Comisión de

lo Jurídico del Senado, al indicarse, específicamente, lo

siguiente:

En la redacción propuesta, la existencia del

deber de evitar un resultado se convierte en

un elemento a tener en cuenta, pero por sí

solo no es determinante de la equivalencia de

la omisión a la acción, en los delitos que

tipifican la producción o causación de un

resultado.

El elemento determinante para

equiparar la omisión a la acción es que el

Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2000,

pág. 26.

80

D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico,

op.cit., pág. 28.

81

D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico,

Íd.

CC-2007-1181

39

omitente haya creado o aumentado el riesgo del

bien jurídico, cuya lesión no evita, aunque

haya sido en un momento anterior y de forma

lícita.

El

segundo

elemento

conducente

a

la

equiparación de la omisión a la acción, aunque

tampoco opera automáticamente, incorpora el

criterio material y decisivo que tiene que ver

con la clásica conducta precedente, pero

hablando de imputación en lugar de causación.

Ello flexibiliza este criterio en lo objetivo

(incluye fácilmente el haber determinado que

el sujeto se hubiera puesto en peligro o que

otras personas lo hubieran hecho, o que otros

no hubieran podido socorrer, etc.); e incluye

también la necesidad de tener en cuenta si la

contribución

al

riesgo

fue

voluntaria

o

imprudente, como criterios subjetivos de la

imputación del riesgo al omitente.82

Es

importante

recalcar

que

si

bien

“[l]a

creación

o

aumento de un riesgo imputable en un momento anterior no

es todavía típica”, sí permite establecer, según señala

Mir Puig, “que el omitente no es ajeno al peligro causado

al

bien

jurídico,

sino

que

es

responsable

de

dicho

peligro y que está obligado personalmente a evitar que se

convierta en lesión.”83

Ante esta consideración, no es

suficiente que el omitente haya causado o aumentado el

riesgo, sino que lo haya hecho de forma voluntaria o en

el

ejercicio

de

determinadas

funciones,

familiares

o

sociales, que justifiquen el atribuirle responsabilidad

por crear o aumentar dicho riesgo.

Al abundar sobre el criterio del riesgo precedente a

la omisión, Mir Puig recalca que el Derecho Penal no

82

Informe sobre el P. del S. 2302, 22 de junio del 2003,

pág. 22.

83

S. Mir Puig, op.cit., pág. 319.

CC-2007-1181

40

busca añadir nuevos riesgos a los que ya existen, sino

todo

lo

contrario,

puesto

que

el

ordenamiento

penal

prohíbe y penaliza “la creación activa de determinados

riesgos y lesiones.”

De igual forma, la normativa penal

permite

de

la

creación

riesgos

lícitos,

sólo

si

se

controlan y se evita que se conviertan en lesión.84

Este análisis del riesgo precedente a la omisión se

complementa con la figura jurídica del riesgo permitido,

la cual se define en nuestro Código Penal de la siguiente

forma:

No incurre en responsabilidad penal la persona

que ha causado un resultado tipificado como

delito si dicho resultado no constituye la

realización de un riesgo suficiente y no

permitido originado por su conducta.85

En el caso de los delitos de comisión por omisión, hay

riesgo suficiente y no permitido cuando el sujeto activo

está en posición de garante respecto al sujeto pasivo y

la

ejecución

del

acto

omitido

hubiera

evitado

el

constituyen

la

resultado.86

En

resumen,

los

factores

que

imputación objetiva del delito de comisión por omisión

son: (1) la existencia de un deber de garante, (2) la

producción del resultado, (3) la capacidad para actuar y

84

Historial Legislativo del P. del S. 2302, “Comunicado

Vía Correo Electrónico entre la Profesora Dora Nevares

Muñiz y el profesor Santiago Mir Puig”, 21 de mayo de

2003.

85

86

Artículo 25, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4653.

D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico,

op.cit., pág. 40.

CC-2007-1181

41

(4) la equivalencia entre la omisión y el resultado, que

se determina a base de la existencia de un deber de

garante

y

de

precedente,

la

creación

también

o

conocido

aumento

como

de

un

riesgo

injerencia.

Esta

interpretación de esta nueva figura jurídica es coherente

con la intención legislativa y los propósitos del nuevo

Código Penal87.

Además, es coherente con el principio de

legalidad, el cual promulga que “no se instará acción

penal contra persona alguna por un hecho que no esté

expresamente definido como delito en el Código Penal o

mediante ley especial.”88

Estos

serán

consideración

los

para

elementos

determinar

si

que

el

tomaremos

Estado

en

presentó

prueba suficiente para demostrar la existencia de causa

para arrestar al señor Sustache Sustache como cooperador

del delito de asesinato en primer grado y agresión en la

modalidad de comisión por omisión.

de

instancia

antes

deberá

discutidos

igualmente

para

De ser así, el foro

utilizar

determinar,

los

tras

criterios

seguir

el

procedimiento judicial correspondiente para cada acusado,

si el señor Sustache Sustache cometió dicho delito en la

modalidad de comisión por omisión.

87

Artículo 13, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4641.

88

Artículo 2, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4630.

CC-2007-1181

C.

42

La Figura Jurídica del Cooperador89

La comisión de un delito puede ser realizada por una

sola

persona

o

varias

personas

pueden

alguna manera, a la ejecución del mismo.

contribuir,

de

Este fenómeno

de la co-intervención en un delito se ha convertido en

uno

de

los

diversos

asuntos

tratadistas

derecho penal.

más

complejos

y

discutidos

por

especializados

en

la

de

materia

Así han surgido dos enfoques teóricos

principales que, a su vez, se han encargado de establecer

criterios particulares para permitir distinguir entre las

formas

de

autoría

teoría

de

la

y

de

participación.

equivalencia,

también

Estos

denominada

son

la

sistema

unitario o causalista, y la teoría de la diferenciación.90

La

primera

está

vigente

en

la

mayoría

de

las

89

El concepto de cooperador que se incorporó al Código

Penal de Puerto Rico de 2004 es denominado de diversas

formas en distintos países de tradición civilista.

Por

eso, en España, Chile y Colombia al cooperador se le

llama cómplice, mientras que en Alemania el concepto se

denomina como complicidad simple o cooperador. (Véase: S.

Mir Puig, op.cit.; C. Blanco Lozano, op.cit. (España); M.

Garrido Montt, op.cit., E. Cury Urzúa, op.cit. (Chile);

D. Nevares Muñiz y A. L. Kregloh Varela, op.cit.

(Colombia); G. Jackobs, op.cit; H. Welzel, op.cit., H.

Heinrich Jescheck y T. Weigend, op.cit. (Alemania)).

90

M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 29-57; L. E. Chiesa

Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit., págs. 176-177,

184; M. Garrido Montt, Etapas de Ejecución del Delito:

Autoría y Participación, Santiago de Chile, Editorial

Jurídica de Chile, 1984, págs. 217-221; C. Blanco Lozano,

Tratado de Derecho Penal Español, Barcelona, España, J.

M. Bosch Editor, 2005, Tomo I, págs. 456-458; F. Muñoz

Conde y M. García Arán, op.cit., pág. 431; H. Heinrich

Jescheck y T. Weigend, op.cit., pág. 694.

CC-2007-1181

43

jurisdicciones de derecho anglosajón y la segunda es la

que impera en las jurisdicciones de derecho civil. 91

La

teoría

de

la

equivalencia

o

sistema

unitario

supone “afirmar la autonomía de la responsabilidad penal

de todos los intervinientes en un delito.”92

Esto implica

que los sistemas unitarios interpretan de forma extensiva

el tipo, de manera que toda conducta de intervención en

el delito pueda ser considerada típica.93

De esta forma,

bajo esta teoría se trata de manera similar al autor y al

cooperador.94

El

tratadista

alemán

Jakobs

coincide

con

este análisis al expresar que bajo este concepto unitario

de autoría, todo el que participe en la comisión de un

delito

se

considerará

autor

del

hecho

antijurídico

y

culpable, “sin tener en cuenta las cualidades delictivas

de la contribución de los demás que toman parte (dolosa,

imprudente, inevitable; culpable, inculpable) y sin más

que un vínculo causal con el estado de desarrollo de las

aportaciones

de

los

otros

(preparación,

tentativa,

consumación).”95

91

L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,

pág. 177.

92

M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 30.

93

M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 47.

94

L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,

pág. 177, 184.

95

G. Jakobs, Derecho Penal: Parte General, Fundamentos y

Teoría de la Imputación, (traducción de Joaquín Cuello

Contreras y José Luis Serrano González de Murillo) 2da

Edición,

Madrid,

España,

Marcial

Pons,

Ediciones

Jurídicas, S. A., 1997, pág. 719.

CC-2007-1181

44

Por consiguiente, este enfoque teórico renuncia al

principio

de

accesoriedad,

que

tiene

como

objetivo

principal no sólo distinguir entre las figuras de autor y

partícipe,

sino

establecer

la

responsabilidad

de

éste

como accesoria y dependiente de la de aquél.96 La única

accesoriedad que admite esta teoría es la fáctica, “en el

sentido de que las conductas de los participantes en el

hecho se complementan entre sí para producir entre todas

el resultado delictivo, de forma que para entender una

aportación es necesario analizarla dentro del conjunto.”97

Por

su

parte,

la

teoría

de

la

diferenciación

distingue entre los sujetos activos de un hecho punible y

los clasifica como autores o partícipes, porque entiende

que

la

participación

en

sí

misma

no

es

más

que

“un

concepto de referencia que supone siempre la existencia

de un autor principal en función del cual se tipifica el

hecho

cometido.”98

Por

ende,

para

esta

tendencia,

la

participación es accesoria y la autoría es principal.99

De esta forma, distinto a la teoría de equivalencia, la

teoría

imperante

valida

el

en

principio

los

de

países

civilistas

accesoriedad.

Por

reconoce

un

lado,

y

se

reconoce a un “grupo de participantes principales que

96

F. Muñoz Conde y M. García Arán, op.cit., pág. 431; C.

Blanco Lozano, op.cit., pág. 456; M. C. López Peregrín,

op.cit., pág. 40.

97

M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 55.

98

F. Muñoz Conde y M. García Arán, op.cit., pág. 431.

99

F. Muñoz Conde y M. García Arán, Íd.

CC-2007-1181

45

derivan su punibilidad de la adecuación de su conducta al

penal.”100

tipo

Mientras,

por

el

otro,

se

admite

la

posibilidad de que otros sujetos intervengan de manera

secundaria o accesoria, derivándose su punibilidad, “al

menos

en

parte,

no

sino

del

conducta,

de

la

directa

favorecimiento

tipicidad

del

hecho

de

su

típico

realizado por los primeros.”101

Por

consiguiente,

bajo

la

teoría

de

la

diferenciación se requiere que el hecho esté calificado

como delito en la persona del autor para que se pueda

exigir responsabilidad penal a los partícipes.102

ello

decir

que

en

los

sistemas

Quiere

diferenciadores

la

participación sólo se hace patente y evidente ante la

autoría de otro. Es por eso que esta teoría se inclina a

penalizar

más

severamente

al

autor

del

delito

que

al

cooperador.103

Nuestro ordenamiento penal se suscribió durante más

de un siglo a la teoría de la equivalencia.104

Penal

derogado

de

1902105

incluía

en

la

100

M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 48.

101

Íd.

102

M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 48.

103

L. E. Chiesa

op.cit., pág. 177.

104

105

Aponte,

Derecho

Penal

El Código

categoría

de

Sustantivo,

Íd.

El Código Penal de España del 17 de julio de 1870,

revisado por la Ley del 7 julio de 1876, se extendió a

Puerto Rico por el decreto del 23 de mayo de 1879.

Al

ocurrir el cambio de soberanía, la Orden General Núm. 1

CC-2007-1181

46

intervención a los autores y a los ayudantes después del

hecho, a los cuales calificó como cómplices.106

Como era

errónea esta clasificación, este Tribunal Supremo definió

el concepto jurídico de cómplice como aquella persona que

con

pleno

coacción

alguna

conocimiento

ni

forma

y

voluntariedad,

amenaza

e

en

comisión

la

intencionalmente,

de

un

sin

mediar

participa

delito.107

Al

de

ser

incompatible esta nueva definición con la descripción que

del 18 de octubre de 1898 dejó en efecto este Código, que

fue sustituido, dos años después, por el Código Penal de

Puerto Rico, adoptado por la Ley del 1 de Marzo de 1902.

Este último Código tuvo como base el Código Penal de

California de 1873.

A causa de la Ley del 1 de marzo de 1902 se

compilaron y prepararon para publicación los varios

códigos adoptados en esa misma fecha.

También, se

transfirieron al Código Penal varias disposiciones que

originalmente

se

incluyeron

en

el

Código

de

Enjuiciamiento Criminal.

El texto del Código Penal de

1902, con las enmiendas hasta 1911, se incluyó en la

Compilación de Estatutos Revisados y Códigos de Puerto

Rico. Entre 1912 y 1923, sólo once artículos del Código

Penal fueron enmendados.

En 1937 se publicó una edición bilingüe del Código

Penal de 1902, según enmendado, cuyo articulado retuvo la

misma numeración del Código de 1902.

Esta edición

incluyó una tabla de disposiciones equivalentes entre

Puerto Rico y California. También, tenía anotaciones de

los casos de ambas jurisdicciones.

D. Nevares Muñiz,

Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, 5ta Edición,

San Juan, Puerto Rico, Instituto para el Desarrollo del

Derecho, Inc., 2005, págs. 40-41.

106

D. Nevares Muñiz y A. L. Kregloh Varela, La

Participación: Estudio Comparativo de Códigos Penales,

Revisión del Código Penal Comisión de lo Jurídico del

Senado de Puerto Rico, Mayo 2002, pág. 2; D. Nevares

Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General,

Quinta Edición, San Juan, Puerto Rico, Instituto para el

Desarrollo del Derecho, Inc. 2005, pág. 361.

107

Pueblo v. Rodríguez Hernández, 91 D.P.R. 183, 196

(1964); Pueblo v. Santiago Batista, 88 D.P.R. 543, 546

(1963); Pueblo v. Montalvo Acevedo, 83 D.P.R. 727, 729730 (1961).

CC-2007-1181

47

proveía el Código Penal derogado de 1902, el Informe de

la Comisión de lo Jurídico sobre el P. del S. 753, que se

convirtió en el Código Penal de 1974, recomendó que se

eliminara el concepto de cómplice y se sustituyera por el

de encubridor.108

noción

de

Específicamente, se sugirió incluir la

cómplice

como

parte

del

tipo

de

autor

comprendido en los incisos (d) y (e) del artículo 35 del

Código Penal de 1974.109 De esta forma, el Código Penal de

1974 mantuvo el enfoque anglosajón de la teoría de la

equivalencia, al clasificar a los intervinientes de un

hecho delictivo sólo como autores o encubridores.110

De

acuerdo

al

profesor

Granados

Peña,

“[e]l

tratamiento indiferenciado de los intervinientes en el

delito,

esto

es,

de

los

autores

y

los

partícipes,

establecido en el artículo 35 del Código Penal derogado,

constituye uno de los mayores desaciertos de la vieja

legislación punitiva.”111 Este tipo de inquietud, junto al

planteamiento que hizo el Departamento de Justicia en

1992 y nuevamente en el 2002, respecto a que se debía

108

D. Nevares Muñiz y A. L. Kregloh Varela, La

Participación: Estudio Comparativo de Códigos Penales,

op.cit., pág. 3.

109

D. Nevares Muñiz y otros, La Participación: Estudio

Comparativo de Códigos Penales, op.cit.

110

L. E. Chiesa

op.cit., pág. 177.

111

Aponte,

Derecho

Penal

Sustantivo,

J. E. Granados Peña, Refexiones en Torno a Derecho

Penal de Nuestro Tiempo: A propósito de la reforma del

Código Penal de Puerto Rico y el Fenómeno de la

Armonización del Derecho Penal Occidental: Una Tarea

Inconclusa, Bogotá, D.C., Universidad de los Andes,

Facultad de Derecho, 2006, pág. 78.

CC-2007-1181

atender

la

intensidad

48

participación

de

dicha

del

sujeto

activo

según

la

participación,

fueron

los

que

provocaron que en el Código Penal de Puerto Rico de 2004

se adoptara, por primera vez, la teoría civilista de la

diferenciación.112 De esta forma, el ámbito de aplicación

del

delito

fue

cooperadores,

distribuido

sin

importar

entre

que

los

éstos

autores

fueran

y

los

personas

naturales o jurídicas.113 Al cooperador se le trata de

forma más benigna que al autor al imponérsele “una pena

igual a la mitad de la pena señalada para el delito o su

tentativa,

según

corresponda”,

hasta

un

máximo

de

10

años.114

Este nuevo ordenamiento penal define a los autores

como aquellos que:

(a)…toman parte directa en la comisión del delito;

(b)… fuerzan, provocan, instigan o inducen a otra

persona a cometer el delito; (c)…se valen de una

persona

inimputable

para

cometer

el

delito;

(d)…cooperan con actos anteriores, simultáneos o

posteriores a la comisión del delito, sin cuya

participación no hubiera podido realizarse el hecho

delictivo; (e)…se valen de una persona jurídica para

cometer el delito; o (f)…actúen en representación de

otro o como miembro, director, agente o propietario

de una persona jurídica, siempre que haya una ley

112

L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,

pág. 184; D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto

Rico, op.cit., págs. 72-73; D. Nevares Muñiz y otros, La

Participación: Estudio Comparativo de Códigos Penales,

op.cit., págs. 3-5; D. Nevares Muñiz, Derecho Penal

Puertorriqueño: Parte General, op.cit., pág. 362.

113

Artículo 42, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4670 (Suplemento

Acumulativo 2008).

114

Artículo 45, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4673 (Suplemento

Acumulativo 2008); L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal

Sustantivo, op.cit., pág. 177.

CC-2007-1181

49

que tipifique el delito y realicen la conducta

delictiva, aunque los elementos especiales que

fundamentan el delito no concurran en él pero sí en

el representado o en la persona jurídica.115

Mientras, el estatuto especifica que los cooperadores son

“los que sin ser autores, con conocimiento, cooperan de

cualquier otro modo en la comisión del delito.”116

La

adopción

de

la

teoría

de

la

diferenciación

resulta ser uno de los aspectos más novedosos del nuevo

Código Penal de Puerto Rico.117

Sin embargo, como toda

novedad, ésta también plantea cuestiones que aún no hemos

tenido ocasión de considerar, como lo es la manera de

distinguir

entre

artículo

(d)

43

la

figura

del

autor

del

Nuevo

Código

incluida

Penal

y

la

en

el

figura

jurídica del cooperador a la cual se refiere el artículo

44 del estatuto penal. De entrada, hay que recalcar que

ambas figuras son formas de intervención en un delito.

No obstante, la primera es una forma de autoría, mientras

la segunda es un tipo de participación.

Sabemos que la autoría tiene tres modalidades: la

autoría directa, la autoría mediata y la co-autoría.118

115

Artículo 43, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4671 (Suplemento,

2008). Énfasis Suplido.

116

Artículo 44, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4672 (Suplemento,

2008). Énfasis Suplido.

117

L. E. Chiesa

op.cit., pág. 184.

118

Aponte,

Derecho

Penal

Sustantivo,

S. Mir Puig, op.cit, págs. 363-396; L. E. Chiesa

Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op.cit., págs 178-179;

G. Jakobs, op.cit., págs. 717-792; C. Blanco Lozano,

op.cit., págs. 466-472; H. Heinrich Jescheck y T.

Weigend, op.cit., págs. 692-693; E. Bacigalupo, Derecho

CC-2007-1181

50

El autor al que se refiere el artículo 43 (d) del Código

Penal,

supra,

que

es

el

que

coopera

“con

actos

anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión de un

delito, y sin cuya intervención no se hubiera realizado

el hecho delictivo”119, es una manifestación de la forma

de autoría denominada co-autoría.

En nuestra jurisdicción, este fenómeno de la coautoría, también conocida como complicidad, originalmente

fue producto de una interpretación jurisprudencial en la

década de 1960.120 Eventualmente, este concepto jurídico

se

incorporó

Código

Penal

al

artículo

derogado

de

35,

incisos

1974

y

se

(d)

y

(e),

mantuvo

en

del

la

definición de autor del artículo 43, inciso (d) del Nuevo

Código Penal de 2004.121 Por esto, en Puerto Rico a este

tipo de interventor se le conoce como coautor o cómplice.

Nuestra jurisprudencia ha limitado la aplicación del

concepto de coautor a aquellas personas que participan

consciente

e

intencionalmente

en

la

comisión

de

un

Penal: Parte General, op.cit., pág. 489; F. Muñoz Conde y

M. García Arán, op.cit., págs. 432-437.

119

Artículo 43 (d), supra, 33 L.P.R.A. sec. 4671

(Suplemento, 2008). Énfasis Suplido.

120

Pueblo v. Rodríguez Hernández, supra; Pueblo v.

Santiago Batista, supra; Pueblo v. Montalvo Acevedo,

supra; D. Nevares Muñiz y otros, La Participación:

Estudio Comparativo de Códigos Penales, op.cit., pág. 2;

D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte

General, op.cit., pág. 361.

121

D. Nevares Muñiz y otros, La Participación: Estudio

Comparativo de Códigos Penales, op.cit., pág. 2; D.

Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte

General, op.cit., pág. 362; D. Nevares Muñiz, Nuevo

Código Penal de Puerto Rico Comentado, op.cit., pág. 75.

CC-2007-1181

51

delito. Esto porque se requiere probar que los autores

actuaron en concierto y común acuerdo, como parte de una

conspiración

o

designio

común.

En

otras

palabras,

se

necesita establecer algún grado de consejo, incitación o

participación directa o indirecta en el hecho punible.

La mera presencia de una persona, durante la comisión de

un

delito,

no

lo

convierte

en

coautor.

Tampoco,

se

considera coautor a aquella persona que, sin saberlo,

participa o coopera en la comisión de un delito.122

Esta modalidad de intervención en un delito ha sido

incorporada en la definición del concepto autor de los

estatutos

penales

de

diversas

jurisdicciones

europeas,

entre ellas, España y Alemania.123 La manera amplia en que

122

Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 D.P.R. 470, 478-479

(1992); Pueblo en interés del menor F.S.C., 128 D.P.R.

931, 938-939 (1991); Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R.

139, 145 (1985); Pueblo v. Lebrón Morales, 115 D.P.R.

113, 116 (1984); Pueblo v. Agosto Castro, 102 D.P.R. 441,

444-445 (1974).

123

En el caso particular de España, su Código Penal de

1995 explica el concepto de coautor de la siguiente

manera:

Artículo 28: Son autores quienes realizan el

hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de

otro del que se sirven como instrumento. También

serán considerados autores:

a. Los que inducen directamente a otro u otros

a ejecutarlo.

b. Los que cooperan a su ejecución con un acto

sin el cual no se habría efectuado. Código

Penal de España, supra, Título II, Artículo

28; Véase, además, G. Quintero Olivares,

Comentarios al Nuevo Código Penal, 3ra

Edición,

Navarra,

España,

Editorial

Aranzadi, SA, 2004, pág. 315.

Mientras, el Código Penal de Alemania describe el término

jurídico de coautor como:

CC-2007-1181

52

el Código Penal de España ha definido el concepto de

autor creó en ese país una dificultad para distinguir el

fenómeno

del

coautor

de

la

figura

del

cooperador

necesario que se incluye en su artículo 28, inciso b.

Los

estudiosos

autoría

como

del

derecho

penal

la

intervención

han

definido

común,

la

co-

consciente

y

voluntaria de un grupo de personas en la ejecución de un

delito.124

Este tipo de autoría sólo puede surgir si

están presentes dos elementos principales: (1) un acuerdo

de

distribución

involucradas;

y

de

(2)

funciones

la

entre

ejecución

común

las

personas

del

hecho.125

Respecto a este segundo factor, el tratadista Bacigalupo

afirma

que

el

co-dominio

del

fundamental de la co-autoría.126

hecho

es

el

factor

Más concretamente, este

autor expresa lo siguiente:

Sección 25: Autoría

I.

Incurrirá en pena como autor el que

cometa

el delito por sí mismo o

a través de otro.

II. Si

cometen

el

delito

varios

partícipes, cada uno incurrirá en pena

como coautor.

Código Penal de Alemania,

13 de noviembre de 1998, Título III,

Sección 25; Véase, además, E. Eiranova

Encinas, op.cit., pág. 28.

III.

124

F. Muñoz Conde y M. García Arán op.cit., pág. 434; H.

Welzel, op.cit., pág. 129; S. Mir Puig, op.cit., 390; C.

Blanco Lozano, op.cit., pág. 468.

125

L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo,

op.cit., pág. 178-179; F. Muñoz Conde y M. García Arán,

op.cit., pág. 435; H. Welzel, op.cit., pág. 129; C.

Blanco Lozano, Íd.; M. J. Rodríguez Mesa, op.cit., págs.

174-175.

126

E. Bacigalupo, Derecho Penal: Parte General, pág. 501.

CC-2007-1181

53

La

aportación

objetiva

que

determina

la

existencia de un co-dominio del hecho puede

resumirse

en

una

fórmula

de

utilización

práctica: habrá co-dominio del hecho cada vez

que el partícipe haya aportado una contribución

al hecho total, en el estadio de la ejecución,

de tal naturaleza que sin ella aquél no hubiera

podido cometerse. Para el juicio sobre la

dependencia de la consumación del hecho de la

aportación del partícipe es decisivo el plan de

realización tenido en cuenta por los autores.127

Este

segundo

posibilita

la

criterio

distinción

es

precisamente

entre

la

el

co-autoría

que

y

la

cooperación necesaria. Es cierto que ambos supuestos de

autoría son determinantes para que se pueda ejecutar el

delito.

No

obstante,

la

figura

de

la

cooperación

necesaria, distinto a la co-autoría, “presupone ausencia

de

intervención

delito.”128

El

en

el

proceso

cooperador

ejecutivo

necesario

es

material

del

aquel

que

contribuye en la preparación del delito, de forma que

éste no se hubiera podido cometer sin tal aportación. 129

Esto

implica

que

mientras

el

aporte

del

coautor

se

efectúa durante la ejecución del delito, la contribución

del

cooperador

necesario

se

brinda

en

los

actos

preparatorios del mismo.130

La

confusión

existente

entre

los

conceptos

de

coautor y cooperador necesario, que se originó por la

127

E. Bacigalupo, Derecho Penal: Parte General, pág. 502.

128

G. Quintero Olivares, op.cit., pág. 323.

129

E. Bacigalupo, Derecho Penal: Parte General, op.cit.,

pág. 530; L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo,

op.cit., pág. 183.

130

E. Bacigalupo, Derecho Penal: Parte General, op.cit.,

pág. 503; S. Mir Puig, op.cit., pág. 411.

CC-2007-1181

54

definición de autor que se incorporó en el Código Penal

de España, provocó que muchos estudiosos de la materia de

Derecho Penal impulsaran la idea de eliminar la llamada

autoría por cooperación necesaria, por entender que en la

autoría conjunta se podían incluir todos los supuestos

que usualmente se trataban como cooperación necesaria.

El objetivo principal de esta iniciativa era evitar los

esfuerzos para distinguir entre ambas figuras jurídicas y

poder definir mejor la estricta complicidad.131

En

nuestro

dificultad

en

ordenamiento

delimitar

la

penal

figura

no

de

existe

esta

co-autoría

para

distinguirla de la cooperación necesaria, puesto que el

tipo de autor que se incluye en el artículo 43 (d) del

Código Penal de 2004 combina las características de la

co-autoría

patente

clasifica

y

al

la

cooperación

examinar

como

autor

la

a

necesaria.

se

hace

estatutaria

que

que

“con

disposición

toda

persona

Esto

coopere

actos anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión

del

delito,

sin

cuya

participación

no

hubiera

podido

realizarse el hecho delictivo.”132 De esta modalidad de

autor se puede inferir que las contribuciones medulares a

la ejecución del hecho delictivo, son aquellas que se

realizan

tanto

en

los

actos

preparativos

del

hecho

sec.

4671

punible como en la ejecución del mismo.

131

132

G. Quintero Olivares, op.cit., pág. 324.

Artículo 43 (d),

(Suplemento, 2008).

supra,

33

L.P.R.A.

CC-2007-1181

55

La figura del cooperador que el Código Penal de 2004

introdujo

como

un

nuevo

tipo

de

interventor

en

la

comisión de un delito, es decir, quien “sin ser autor,

con conocimiento, coopera de cualquier otro modo en la

comisión de un delito”, no tiene antecedente directo en

el

Código

Penal

derogado

1974.133

de

Sin

embargo,

es

comparable con la definición del cómplice en el Código

Penal de España. Específicamente, el artículo 29 de dicho

Código

establece,

en

lo

que

nos

concierne,

que

“son

cómplices los que cooperan en la ejecución del hecho con

actos anteriores o simultáneos.”134

En

esta

nueva

denomina

cooperación,

“ayudan

pero

planificación

no

o

forma

de

participación,

se

incluye

participan

ejecución

del

a

las

que

se

personas

que

directamente

delito,

ni

en

la

tienen

conocimiento pleno del mismo.”135 Esto significa que la

colaboración que el cooperador brinda a la comisión del

delito no es suficiente para satisfacer los requisitos de

la autoría del artículo 43 (d) del Código Penal de 2004,

el cual requiere que la participación del coautor en el

hecho punible sea indispensable. Por el contrario, la

133

Artículo 44, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4672 (Suplemento,

2008).

134

Código Penal de España, op.cit, Título II, Artículo

29; G. Quintero Olivares, op.cit., pág. 325.

135

D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte

General, op.cit., pág. 363, 373; Informe de la Medida, P.

del S. 2302, Comisión de lo Jurídico del Senado, 22 de

junio del 2003, pág. 31.

CC-2007-1181

56

participación del cooperador no es ni imprescindible ni

indispensable

para

la

ejecución

del

cooperador

es

quien

tiene

dominio

no

el

Evidentemente, la cooperación, al

delito,

del

pues

el

hecho.136

igual que la figura de

la complicidad en España, está totalmente influenciada

por el principio de accesoriedad.137 La participación del

cooperador es, pues, subsidiaria a la intervención del

autor y sólo se activará cuando el artículo 43 (d), no

sea aplicable.138

Por eso se plantea que el cooperador sólo contribuye

en un delito ajeno.139 Esa ayuda que el cooperador le

otorga al hecho principal puede ser un mero apoyo sin

influjo

decisivo.140

El

tratadista

Quintero

Olivares

coincide con esta interpretación. Indica que aunque la

cooperación punible se manifiesta en “una colaboración o

ayuda

útil

y

operante

en

la

ejecución

del

delito

…permitiendo así que esa ejecución sea más rápida y

136

D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño,

op.cit., pág. 373; E. Bacigalupo,

Derecho Penal: Parte

General, op.cit., pág. 531; H. Heinrich Jescheck y T.

Weigend, op.cit., pág. 744.

137

G. Quintero Olivares, op.cit., pág. 326.

138

D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, págs.

373-374.

139

D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño,

op.cit., págs. 373-374; H. Heinrich Jescheck y T.

Weigend, op.cit., pág. 744; L. E. Chiesa, Derecho Penal

Sustantivo, op.cit., pág. 180.

140

R. Goldstein, Diccionario de

Criminología, 3ra Edición, Buenos

Editorial Astrea, 1993, pág. 188.

Derecho Penal y

Aires, Argentina,

CC-2007-1181

eficaz”,

57

esta

conducta

siempre

será

considerada

como

“subalterna y periférica …aunque deba ser en todo caso

relevante.”141 De acuerdo al tratadista Mir Puig, esto es

así porque “a diferencia de quien realiza el tipo como

autor en sentido estricto, que es punible autónomamente,

el

“partícipe”

sólo

puede

ser

castigado

si

existe

un

hecho antijurídico por parte del autor.”142

La

doctrina

española

reconoce

que

para

que

un

partícipe sea considerado como cómplice (cooperador) no

es

necesaria

una

relación

de

causalidad

tal

que

su

conducta sea condicionante del resultado, que es lo que

define la autoría, sino que “basta para la cooperación un

favorecimiento eficaz del hecho.”143

para

que

una

conducta

pueda

En otras palabras,

ser

considerada

como

cooperación, ésta deberá ser de tal manera causal que

realmente

haya

acelerado,

asegurado,

incrementado,

o

facilitado la ejecución del delito o intensificado su

resultado.144 No obstante, la ausencia de este tipo de

141

G. Quintero Olivares, op.cit., págs. 325-326 (se

eliminan citas y énfasis del autor); C. Blanco Lozano,

op.cit., pág. 477.

142

S. Mir Puig, op.cit., pág. 367.

143

S. Mir Puig, op.cit., pág. 411; E. Bacigalupo, Derecho

Penal: Parte General, op.cit., pág 530.

De acuerdo al

tratadista Welzel, “favorecer” significa prestar una

colaboración causal para la comisión del hecho principal.

H. Welzel, op.cit., pág. 143.

144

F. Muñoz Conde y M. García Arán, op.cit., pág. 444; H.

Heinrich Jescheck y T. Weigend, op.cit., pág. 747.

CC-2007-1181

58

participación

no

afectará

la

realización

del

hecho

delictivo.145

La cooperación punible es concebible en los delitos

de comisión por omisión cuando una persona que tiene una

obligación

de

garante

respecto

a

otra

no

realiza

una

acción que hipotética y previsiblemente hubiera podido

aminorar o impedir la comisión del delito por el autor,

no

obstante

tener

la

capacidad

y

oportunidad

para

hacerlo.146 La tratadista López Peregrín, al referirse a

la

figura

del

cómplice

en

equivalente

a

nuestro

“cooperador”,

aclara

“conducta

omisiva

cómplice

ser

del

el

Código

debe

Penal

español,

que

esa

equivalente

valorativa y estructuralmente, no a la causación del tipo

correspondiente

de

la

Parte

Especial,

lo

que

lo

convertiría en autor, sino a la causación del tipo de la

complicidad

(cooperación),

en

el

sentido

de

haber

favorecido la comisión del delito por el autor.”147

La

artículo

delimitación

44

y

la

de

del

la

figura

co-autor

del

del

cooperador

artículo

43

del

(d)

constituye uno de los principales problemas prácticos del

nuevo Código Penal de Puerto Rico.

Para superar este

conflicto y establecer unos criterios particulares que

145

C. Blanco Lozano, op.cit., pág. 477.

146

M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 345, 346; E. Cury

Urzúa, op.cit., pág. 304; F. Muñoz Conde, op.cit., pág.

444-445; H. Heinrich Jescheck y T. Weigend, op.cit., pág.

749; M. J. Rodríguez Mesa, op.cit., págs. 184, 185.

147

M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 345.

CC-2007-1181

59

faciliten distinguir entre ambos conceptos penales, se

han elaborado diversas teorías, principalmente las que se

fundamentan en uno de los elementos siguientes: (1) la

necesidad de los actos realizados para la producción del

resultado, (2) los bienes escasos, (3) la relevancia de

la aportación del cooperador en el proceso motivacional

del autor y (4) el dominio del hecho.148

El

primer

enfoque

teórico

está

orientado

a

distinguir entre diversos grados de necesidad, con miras

a

precisar

el

Concretamente,

concepto

esta

de

doctrina

cooperación

fundamenta

la

necesaria.

distinción

entre una cooperación necesaria y la no necesaria en el

valor que tienen los actos con relación al resultado,

según producido por el autor del delito. En ese sentido,

los

actos

considerarán

llevados

a

necesarios

cabo

por

el

cuando

ninguno

cooperador

de

los

se

demás

intervinientes hubiera podido sustituirlo.

148

Estas teorías fueron elaboradas para analizar las

formas de intervención que se incluyen en el Código Penal

de España. Por eso, aluden a la distinción entre la forma

de autoría denominada cooperación necesaria y el tipo de

participación conocido como complicidad. Al revisar estas

teorías

debemos

recordar

que

al

referirse

a

la

cooperación necesaria se estarán refiriendo al co-autor

que se incluye en el Artículo 43 (d) del Código Penal de

Puerto Rico y cuando aludan a la figura del cómplice o a

la cooperación no necesaria se estarán refiriendo al

cooperador del artículo 44 de nuestro Código.

S. Mir. Puig, op.cit., págs. 409-410; M. C. López

Peregrín, op.cit., págs. 412-429; L. E. Chiesa Aponte,

Derecho Penal Sustantivo, op.cit., pág. 183-184; E.

Gimbernat Ordeig, Autor y Cómplice en Derecho Penal,

Madrid, España, Universidad de Madrid, Facultad de

Derecho: Sección de Publicaciones e Intercambios, 1966,

pág. 151-161.

CC-2007-1181

60

Distintamente, si cualquiera de los participantes en el

delito podía realizar la acción, esta contribución será

clasificada

como

complicidad

o

cooperación

no

necesaria.149

Esta perspectiva también establece que la distinción

entre la cooperación necesaria y la no necesaria se logra

al evaluar si el autor podía ejecutar el delito sin la

colaboración ajena. La aportación será clasificada como

necesaria

siempre

que

el

autor

hubiera

tenido

que

descartar o aplazar la comisión del delito hasta obtener

una

contribución

similar.

Por

el

contrario,

la

colaboración no será necesaria si el autor podía ejecutar

el hecho sin la ayuda del cooperador.150

La segunda teoría elaborada para delimitar la figura

del

cooperador,

la

de

los

bienes

escasos,

aborda

específicamente lo que se entiende por necesidad, con

relación de la cooperación. En esta vertiente teórica,

“la aportación del cooperador debe considerarse necesaria

dependiendo de la escasez de la cosa o servicio que se

facilitó para ejecutar el delito.”151 Se clasificará como

149

M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 412.

150

M. C. López Peregrín, Íd., pág. 414.

151

L. E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo,

op.cit., pág. 183; Explica Gimbernat Ordeig que para

determinar la escasez o la abundancia de una cosa o

servicio se deben realizar dos juicios principales.

Cataloga el primero como uno general y provisional,

fundamentado en la concepción de un hombre promedio.

Mientras, el segundo, que sería el definitivo, tendrá en

cuenta los factores especiales o particulares que

concurren en la persona concreta que recibe la cosa o

CC-2007-1181

61

cooperación necesaria aquella colaboración escasa que sea

causa del resultado. Mientras, será complicidad aquella

contribución,

abundante

o

escasa,

que

no

haya

condicionado la ejecución del delito.152 En fin, según

esta

teoría,

“mientras

más

escaso

sea

el

bien

o

el

servicio suministrado, más necesario es para la comisión

del delito. Por el contrario, mientras sea el bien o el

servicio suplido menos escaso, menos necesario es para la

comisión de la ofensa.”153

La

tercera

teoría

delimita

el

ámbito

entre

la

cooperación necesaria y la no necesaria al realizar un

juicio sobre la contribución sicológica del colaborador

en el proceso motivacional del autor.

la

cooperación

necesaria

se

Más concretamente,

activaría

“cuando

el

servicio. Los siguientes ejemplos ilustran la aplicación

de esta teoría:

Si A proporciona a B un veneno, cuya venta sólo

está permitida con receta, esto será, en

principio, una cooperación necesaria para el

asesinato que B quiere cometer.

Sin embargo,

dejará de serlo si se demuestra que B era un

farmacéutico que tenía en su tienda el veneno

que necesitaba.

Del mismo modo, la entrega de

una pistola – que, en general, es un bien

escaso, - es sólo una conducta constitutiva de

complicidad si el que la recibe tiene ya una

pistola en su casa que funciona perfectamente.

E. Gimbernat Ordeig, Autor y Cómplice en Derecho

Penal, op.cit., págs. 155-156; Véase M. C. López

Peregrín, op.cit., pág. 416.

152

153

M. C. López Peregrín, op.cit., págs. 416-418.

L. E. Chiesa, Derecho Penal Sustantivo, op.cit., pág.

183; M. Garrido Montt, op.cit., págs. 239-240.

CC-2007-1181

62

partícipe incide en el proceso de decisión del autor,

motivándolo con su ayuda a ejecutar el delito.”154

Por último, la teoría del dominio del hecho, en sus

orígenes, postulaba que “en los delitos dolosos sólo es

autor quien domina finalmente la ejecución del hecho.”155

Esta perspectiva teórica ha variado su orientación al

imponerse

un

análisis

integrado

subjetivas y objetivas.

de

las

doctrinas

De acuerdo a esta nueva visión,

el dominio del hecho supone, no tan solo un control final

(subjetivo),

“sino

determine…

el

también

curso

del

una

posición

suceder

objetiva

que

típico.”156

Más

concretamente Bacigalupo expresa que en la moderna teoría

del dominio del hecho “no se trata de la causación de

efectos en el mundo exterior, sino de la realización de

un

fin,

diversas

que

es

el

alternativas

resultado

y

de

una

posibilidades

elección

de

entre

acción

en

relación al fin que el agente se propone.”157

Para atender situaciones diversas de autoría, esta

teoría impulsa tres tipos distintos de dominios. Estos

154

M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 420, citando a

González Cussac/Mira Benavent en Baldo Lavilla y Rosal

Blasco (La inducción, 1994, pág. 228).

155

S. Mir Puig, op.cit., pág. 372.

156

S. Mir Puig, op.cit., pág. 372, citando a Maurach,

Tratado II, pág. 343; E. Bacigalupo, Hacia el Nuevo

Derecho Penal, op.cit., págs. 467-468; H. Heinrich

Jescheck y T. Weigend, op.cit., pág. 701; G. Jackobs,

op.cit., págs. 740-742.

157

E. Bacigalupo, Derecho Penal: Parte General, op.cit.,

pág. 495.

CC-2007-1181

63

son: (1) “el dominio de la propia acción típica”, que se

refiere

a

las

personas

que

realizan

el

hecho

por

sí

mismas; (2) “el dominio de la voluntad de otros”, que son

los que realizan la acción, es decir, el dominio que

ejerce el autor mediato; y (3) “el dominio funcional del

hecho”,

que

se

da

entre

los

partícipes

que

actúan

conjuntamente y que, de acuerdo al plan delictivo, se

distribuyen el trabajo sin que ninguno posea el dominio

total

del

hecho.158

Por

ser

el

pertinente

a

esta

discusión, examinemos el supuesto del dominio funcional

del hecho.

El dominio funcional del hecho está fundamentado en

un

plan

delictivo

común

en

el

que

varios

sujetos

se

dividen las actividades.159 Bajo este enfoque teórico se

exige que la contribución del co-autor sea esencial.160

Esta esencialidad, según la tratadista López Peregrín, se

establece a base del supuesto de que en la co-autoría es

preciso que todos los sujetos actúen para que se pueda

cometer el delito, mientras que uno solo puede tener la

capacidad para impedirlo.161

158

E. Bacigalupo, Derecho Penal: Parte General, Íd.,

págs. 495-496; M. C. López Peregrín, op.cit, pág. 422; S.

Mir Puig, op.cit., pág. 372; E. Bacigalupo, Hacia el

Nuevo Derecho Penal, op.cit., págs. 468-469; G. Jackobs,

op.cit.

159

M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 424; E.

Bacigalupo, Hacia el Nuevo Derecho Penal, Íd., pág. 469.

160

M. C. López Peregrín, Íd., pág. 425; E. Bacigalupo,

Hacia el Nuevo Derecho Penal, Íd.

161

M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 425.

CC-2007-1181

64

En resumen, según el tratadista Granados Peña, “el

que

la

conducta

categoría

de

de

autor

un

o

interviniente

se

degrade

a

se

eleve

la

de

a

la

cómplice

[cooperador], depende de la presencia de cuatro factores:

El grado de interés en el resultado, el alcance de la

intervención en el hecho, el dominio del hecho o, por lo

menos, la voluntad del dominio del hecho.”162

El estudio y análisis de todos estos postulados nos

llevan a afirmar que la distinción entre el coautor del

artículo

Código

43

(d)

Penal

de

consideraciones

y

el

cooperador

Puerto

Rico

principales:

del

artículo

44

del

2004

radica

en

dos

colaboración

del

de

(1)

la

coautor es indispensable para la comisión de un delito,

mientras que la del cooperador no lo es; y (2) el coautor

tiene un mayor conocimiento sobre el hecho punible que el

cooperador. Sobre el segundo aspecto, puede establecerse

que el coautor es aquel que participa en la elaboración

del plan desde sus actos preparatorios, simultáneos y

hasta los posteriores a la comisión del delito, siempre

que

éstos

fueran

concertados

desde

el

principio

del

acuerdo.

Es cierto que el artículo 44 del Código Penal del

2004

expone

contribuye

de

que

el

cualquier

cooperador,

con

conocimiento,

otro

a

comisión

modo

la

delito.163 No obstante, el Informe sometido por la

162

J. E. Granados Peña, op.cit., pág. 80.

163

33 L.P.R.A. sec. 4672 (Suplemento, 2008).

del

CC-2007-1181

65

Comisión de lo Jurídico del Senado y nuestro análisis de

la

figura

demuestran

que

el

cooperador

conocimiento pleno del delito.”164

“no

tiene

un

Esto debido a que el

cooperador “no participa directamente en la planificación

o ejecución del delito.”165 Siendo ello así, es imperativo

precisar

cuál

es

el

conocimiento

que

debe

tener

el

cooperador.

El Código Penal de Puerto Rico dispone que ninguna

persona podrá ser sancionada “por un hecho previsto en

una ley penal si no lo ha realizado con intención o

negligencia.”166

Este

principio

de

responsabilidad

subjetiva persigue imputarle a un individuo las acciones

que son producto de su voluntad o que pudo prever e

impedir.167 Bajo esta premisa, sólo se puede castigar a

quien actúa culposamente.168

También dispone el Código Penal que los delitos se

consideran cometidos con intención:

(a) cuando el hecho correspondiente ha sido

realizado

por

una

conducta

dirigida

voluntariamente a ejecutarlo; (b) el hecho

correspondiente es una consecuencia natural

164

Informe sobre el P. del S. 2302,

Jurídico del Senado, supra, pág. 31.

Comisión

165

Informe sobre el P. del S. 2302, Íd.

166

Artículo 22, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4650.

de

lo

167

D. Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico

Comentado, op.cit., pág. 31; Informe de la Medida, P. del

S. 2302, supra, pág. 23; Véase: D. Nevares Muñiz, Derecho

Penal Puertorriqueño: Parte General, op.cit., pág. 200.

168

L. E. Chiesa

op.cit., pág. 141.

Aponte,

Derecho

Penal

Sustantivo,

CC-2007-1181

66

de la conducta voluntaria del autor; o (c)

cuando el sujeto ha querido su conducta a

conciencia de que implicaba un riesgo

considerable y no permitido de producir el

hecho delictivo realizado.169

Este elemento subjetivo, según señala el profesor Chiesa

Aponte, está subdividido, a su vez, “en tres modalidades,

que son el propósito, el conocimiento y la temeridad.”170

En la modalidad de intención por conocimiento, también

denominada “dolo directo de segundo grado”, el sujeto no

tiene como propósito la producción del hecho delictivo,

pero sabe que es prácticamente seguro que su actuación

dará lugar a un resultado lesivo.171 En fin, actúa con

conocimiento la persona que “haya previsto que existía

una alta probabilidad de que se realizara la conducta

prohibida.”172

Los estudiosos del Derecho Penal coinciden en que

“la

única

participación

punible

es

la

participación

dolosa en el hecho doloso del autor.”173 En el caso del

cooperador hay que precisar la fuente de conocimiento que

169

Artículo 23, supra, 33 L.P.R.A. sec. 4651.

170

Aponte,

L. E. Chiesa

op.cit., pág. 162.

Derecho

Penal

Sustantivo,

171

Informe de la Medida, P. del S. 2302, supra, pág. 25;

D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte

General, op.cit., pág. 202; Véase: D. Nevares Muñiz,

Nuevo Código Penal de Puerto Rico Comentado, op.cit.,

pág. 35; L. E. Chiesa, Derecho Penal Sustantivo, op.cit.,

págs. 146, 147; F. Muñoz Conde y M. García Arán, op.cit.,

pág. 270; S. Mir Puig, op.cit., pág. 265.

172

L. E. Chiesa, Derecho Penal Sustantivo, op.cit., pág.

147.

173

M. C. López Peregrín, op.cit., pág. 80.

CC-2007-1181

imparte

a

67

su

participación

la

cualidad

de

dolosa.

El

artículo 23 (b) del Código Penal de 2004 nos permite

concluir que el conocimiento del cooperador emana de las

circunstancias en las cuales se suscita el hecho punible.

Es decir, el conocimiento de las circunstancias que tiene

el cooperador es lo que define que el hecho punible sea

una consecuencia natural de su conducta.174

Este conocimiento de las circunstancias del hecho

puede

obtenerse

descriptivo

o

a

base

de

un

enfoque

por

la

combinación

de

exclusivamente

éste

con

la

orientación normativa.175 El primero permite conocer las

circunstancias del hecho exclusivamente por los sentidos.

Mientras que el segundo necesita, además de la percepción

de

los

sentidos,

una

captación

intelectual

de

las

circunstancias del hecho.176 En concreto, el conocimiento

de las circunstancias del hecho es lo que le provee al

sujeto

la

conciencia

de

que

su

obrar

no

sólo

es

reprobable moralmente sino que es contrario a la norma

jurídica.177

174

Artículo 23 (b),

(Suplemento 2008).

supra,

33

175

H. Welzel, op.cit., págs. 90-92.

176

Íd., págs. 90-91.

177

L.P.R.A.

sec.

4651

J. Córdoba Roda, El Conocimiento de la Antijuridicidad

en la Teoría del Delito, Barcelona, España, Bosch Casa

Editorial, 1962, págs. 98, 99. Cabe recordar, según

recalca Córdoba Roda, que esto no supone conflicto con la

norma general de que “la ignorancia de las leyes no

excusa su cumplimiento”, en tanto en cuanto: “son

conceptos distintos los de “ignorancia de la ley” e

CC-2007-1181

68

En el caso particular de los delitos impropios de

omisión dolosos, “el dolo requiere conocimiento de la

situación generadora del deber de actuar, lo que aquí

significa

básicamente

producción

del

conocimiento

resultado,

de

la

amenaza

de

de

las

conocimiento

circunstancias que fundamentan la posición de garante y

de

las

que

fundamentan

la

posibilidad

actuar.”178

de

Además, el dolo comprenderá no tan solo la omisión de la

acción

necesaria,

sino

también

la

posibilidad

y

conveniencia de impedir el delito a través de la acción

omitida.179

En

España,

la

contribución

dolosa

del

cómplice

(cooperador en Puerto Rico) al hecho delictivo, según el

artículo

29

del

Código

Penal

de

España,

sólo

puede

efectuarse en los actos anteriores o simultáneos a la

comisión

del

delito.180

Los

actos

posteriores

a

la

consumación del delito no pueden constituir complicidad

(cooperación), sino encubrimiento181.

“ignorancia de lo contrario a

prohibido”…” Íd, págs. 101, 102.

178

E. Bagacigalupo,

op.cit., pág. 562.

179

Derecho

Derecho”

Penal:

o

Parte

“de

lo

General,

S. Mir Puig, op.cit., pág. 330.

180

S. Mir Puig, op.cit., pág. 411; E. Bacigalupo, Derecho

Penal: Parte General, op.cit., pág. 503; Véase: H.

Heinrich Jescheck, op.cit., pág. 745.

181

Aunque se ha reconocido que la cooperación puede

producirse cuando se trate de actos posteriores al

delito, que han sido previamente prometidos o convenidos.

En estos casos, aunque el acto materialmente se produce

CC-2007-1181

69

Nuestro Código Penal de 2004 no establece el momento

en

que

debe

materializarse

la

contribución

del

cooperador, contrario a la aportación que el coautor le

brinda al delito, que según el artículo 43 (d), puede

realizarse

en

los

actos

anteriores,

simultáneos

y

posteriores al hecho punible.182 Esta aplicación temporal

de

la

co-autoría

podría

extenderse

a

la

forma

de

participación de la cooperación, bajo el supuesto de que

el

cooperador

forma

contribuye

contundente

o

al

delito,

definitiva.

aunque

Sin

no

sea

embargo,

de

esta

contribución posterior no constituirá coautoría o, en su

caso, cooperación, si la conducta posterior no aporta a

la producción del delito. En ese caso no se puede hablar

de

coautoría

o

cooperación,

sino

del

delito

de

encubrimiento. Sobre dicho delito, el Código Penal del

2004 dispone:

Toda persona que con el conocimiento de la

ejecución de un delito, oculte al responsable del

mismo o procure la desaparición, alteración u

ocultación de prueba para impedir la acción de la

justicia, incurrirá en delito grave de cuarto

grado.

Cuando el encubridor actúe con ánimo de lucro o

se trate de un funcionario o empleado público y

cometa el delito aprovechándose de su cargo o

empleo, se le impondrá pena de delito grave de

tercer grado.183

luego del delito, su efecto se retrotrae al momento de la

promesa. S. Mir Puig, Íd., pág. 411.

182

183

33 L.P.R.A. sec. 4671 (Suplemento, 2008).

Artículo

285,

(Suplemento, 2008).

supra,

33

L.P.R.A.

sec.

4913

CC-2007-1181

D.

70

Causa Probable para Arresto

La determinación de causa probable para arrestar o

citar a una persona para que responda ante los tribunales

por

la

comisión

penal.184

de

un

delito

da

inicio

a

la

acción

Al respecto, la Constitución de Puerto Rico

establece que:

Sólo se expedirán mandamientos autorizando

registros,

allanamientos

o

arrestos

por

autoridad judicial, y ello únicamente cuando

exista causa probable apoyada en juramento o

afirmación, describiendo particularmente el

lugar

a

registrarse,

y

las

personas

a

185

detenerse o las cosas a ocuparse.

Se

trata,

pues,

de

una

exigencia

constitucional

que

impide que un imputado de delito sea sometido a juicio

sin una determinación judicial previa de causa probable

para el arresto.186

Como el arresto es la forma que tiene el Estado para

adquirir jurisdicción sobre una persona, el legislador

estructuró

probable,

un

de

procedimiento

manera

que

el

para

arresto

determinar

sólo

causa

pudiera

ser

184

D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal

Puertorriqueño, op.cit., pág. 43; Pueblo v. Rivera

Martell, 2008 T.S.P.R. 64, 2008 J.T.S. ____, 173 D.P.R.

_____ (2008); Pueblo v. Irizarry, 160 D.P.R. 544, 555

(2003); Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 D.P.R. 803, 809-810

(1998); Pueblo v. Miró González, supra, pág. 819.

185

Artículo 2, sección 10, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A. sec.

10. La Enmienda IV de la Constitución de Estados Unidos

contiene igual exigencia.

186

Pueblo v. Rivera Martell, supra; Pueblo v. North

Caribbean, supra, pág. 379; Pueblo v. Irizarry, supra;

Pueblo v. Jiménez Cruz, supra; E. L. Chiesa Aponte,

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

op.cit., págs. 23, 24, 27.

CC-2007-1181

71

ordenado por autoridad judicial.187 A ese fin, las Reglas

de

Procedimiento

establecen

los

Criminal

disponen

factores

que

el

puede

procedimiento

y

considerar

un

magistrado para determinar causa probable para arresto.

Según interpretados por nuestra jurisprudencia éstos son:

la

denuncia

incluyan

jurada,

con

denunciante

las

ésta

o

o

sus

declaraciones

el

examen

testigos,

juradas

bajo

así

que

juramento

como

se

del

cualquier

combinación de estos factores; e incluso, sin necesidad

de una denuncia, cuando se presente bajo juramento el

testimonio de algún testigo con conocimiento personal del

hecho delictivo.188

A

pesar

de

todas

estas

consideraciones,

lo

determinante para establecer causa probable para arresto

es

que

se

provean

al

magistrado,

bajo

juramento

o

afirmación, todos los elementos necesarios para que éste

pueda

inferir

determinado

la

delito

probabilidad

por

la

de

persona

que

se

cometió

contra

la

cual

se

determina causa probable.189 En otras palabras, sólo se

tiene

que

establecer

la

existencia

de

una

“relación

187

O. E. Resumil de Sanfilipo, Práctica Jurídica de

Puerto

Rico:

Derecho

Procesal

Penal,

Oxford,

New

Hampshire, Equity Publishing Company, 1990, Tomo I, págs.

108-109.

188

Regla 6(a), Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v.

Irizarry, supra, págs. 561-562.

189

E. L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto

Rico y Estados Unidos, op.cit., pág. 29; Pueblo v.

Martell, supra; Pueblo v. North Caribbean, supra, pág.

381; Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 560; Pueblo v.

Jiménez Cruz, supra, págs. 812-813.

CC-2007-1181

causal

fáctica

72

tendiente

a

demostrar

que

una

persona

incurrió en una conducta punible mediante prueba de los

elementos objetivos del delito y de su participación en

el

mismo.”190

No

es

necesario

que

se

establezca

la

existencia absoluta de responsabilidad.191

Como es patente, la vista de causa probable para

arresto

reglamenta

los

procedimientos

preliminares

al

juicio y tiene por finalidad una determinación de causa

probable.192 Además, ésta no establece la culpabilidad o

inocencia del acusado porque no conlleva una adjudicación

final del caso.193

III.

El

señor

Sustache

Sustache

recurrió

de

una

determinación del Tribunal de Apelaciones en la cual se

determinó que existía causa probable para arrestarlo por

los delitos de asesinato en primer grado y agresión en la

modalidad de cooperador, por su omisión impropia de no

evitar la muerte del señor Cáceres Cruz, y por el delito

de encubrimiento en el grado de autor.

En esencia, el agente Sustache Sustache plantea que

estos delitos no podían configurarse porque no existía

190

O. E. Resumil de Sanfilipo,

191

Íd.

op.cit., pág. 118.

192

Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 794, nota 6; Pueblo v.

Jiménez Cruz, supra, pág. 812; Pueblo v. Rivera Rivera,

supra, pág. 128.

193

Pueblo v. Pillot, supra;

GRS, supra, pág. 19.

Pueblo en interés del menor

CC-2007-1181

73

prueba de su conocimiento respecto a que el agente Pagán

Cruz iba a sacar su arma para dispararle al señor Cáceres

Cruz. Argumenta, además, que la prueba no estableció los

elementos requeridos para que aplicara la figura jurídica

de la comisión por omisión. Finalmente, el peticionario

expone que el tribunal apelativo no tenía la facultad de

determinar causa probable por el delito de encubrimiento,

puesto que el Ministerio Público no le había imputado la

comisión de este delito en la denuncia. Examinemos estas

alegaciones a la luz del derecho previamente discutido.

Se ha establecido estatutariamente que un delito que

tipifica la producción de un resultado, además de poderse

realizar

por

acción,

puede

cometerse

por

omisión

impropia. No obstante, para que esta nueva figura penal

pueda

activarse

deben

estar

presentes

los

siguientes

factores: (1) la existencia de un deber de garante, (2)

la producción del resultado, (3) la capacidad para actuar

y (4) la equivalencia entre la omisión y el resultado,

que se determina a base de la existencia de un deber de

garante

y

de

la

creación

o

aumento

de

un

riesgo

precedente.

El deber de garante de los agentes del orden público,

respecto

a

ministerio,

los

ciudadanos,

según

lo

es

evidencia

consustancial

la

ley

a

su

orgánica

del

Departamento de la Policía y su reglamento de personal.

De esta normativa, se puede apreciar que los policías

tienen, entre otros, los deberes de observar y procurar

CC-2007-1181

la

74

protección

de

los

derechos

civiles

del

ciudadano,

proteger la vida y prestar la debida protección al pueblo

reunido legalmente para cualquier fin lícito.

La prueba del Ministerio Público fue suficiente para

demostrar

que,

el

11

de

agosto

del

2007,

el

agente

Sustache Sustache no cumplió con el deber de garante que

tenía para con el señor Cáceres Cruz. Este deber se lo

imponía

la

ley

y

era

la

razón

de

ser

de

su

ronda

policial. La prueba presentada ante la consideración del

magistrado cumplió con los parámetros del procedimiento

preliminar y, a esos fines, demostró causa suficiente

para

concluir

mantuvo

que

observando

el

y

oficial

sin

Sustache

intervenir

Sustache

mientras:

se

(1)

el

agente Pagán Cruz agredió con los puños, por primera vez,

al señor Cáceres Cruz, quien retrocedía solicitando que

no

lo

tocaran;

(2)

el

oficial

Pagán

Cruz

continuaba

golpeando insistentemente al señor Cáceres Cruz, hasta el

punto de golpearlo cuando éste se encontraba en el suelo;

(3)

el

señor

Cáceres

Cruz

trataba

de

levantarse

del

suelo; (4) el policía Pagán Cruz forcejeaba con el señor

Cáceres

Cruz,

para

evitar

que

éste

se

levantara

del

suelo; (5) se oyó una primera detonación proveniente del

arma

de

fuego

del

oficial

Pagán

Cruz,

quién

resultó

herido en el muslo de su pierna izquierda, mientras el

señor Cáceres Cruz quedó tendido en el suelo aturdido por

la detonación; (6) el policía Pagán Cruz “chamboneó” para

cargar su pistola, le apuntó al señor Cáceres Cruz y le

CC-2007-1181

disparó

en

75

varias

ocasiones,

mientras

éste

permanecía

postrado en el suelo; (7) el oficial Pagán Cruz buscó la

cabeza del señor Cáceres Cruz, quien había caído hacia el

lado derecho, y le propino otro disparo en esa parte del

cuerpo.194

La omisión del oficial Sustache Sustache de cumplir

con su deber de garante surge del testimonio del señor

Toyens Quiñones, quien manifestó lo siguiente:

F: ¿Cómo usted sabe que estaba tratando de

levantarse?

T: Porque se sujetó del muslo para pararse y ahí

fue que siguió dándole. Entonces fue cuando el

señor Tino Cruz se metió para decirle “no le dé,

no le dé”. Y yo me voy acercando más para sacar

al señor Tino del medio. Cosa que la policía no

fuera a intervenir, ponerle obstrucción a la

justicia, volví a sacar a Don Tino, cuando se

metió el otro policía entre Tino y el Agente

Pagán. Y sacó a Tino para….195

La única acción del agente Sustache Sustache registrada

por los testigos, no fue la de evitar que el policía

Pagán

Cruz

continuara

agrediendo

físicamente

al

señor

Cáceres Cruz, sino la de impedir que otros civiles le

ayudaran. Esto a pesar de que el agente Sustache Sustache

se encontraba cerca de donde el agente Pagán Cruz le

estaba propinando la golpiza al señor Cáceres Cruz. Más

aún, en lugar de intervenir para proteger la vida del

señor

agente

194

Cáceres

Cruz,

Sustache

la

prueba

Sustache

recibida

salió

indica

corriendo

que

el

hacia

la

Véase: Moción Solicitando Reconsideración a la

Determinación de No Causa para Arresto en Alzada, 4

septiembre del 2007, pág. 145.

195

Íd.

CC-2007-1181

76

patrulla cuando se escuchó la primera detonación. Sobre

este

particular,

también

declaró

el

señor

Toyens

Quiñones:

T: Que ahí sonó el disparo y él embaló a

correr.

F. ¿Y usted que hizo?

T. Me empujó a mí, pues yo me quedé parado,

porque no pude…

F. ¿Quién lo empujó a usted?

T. El guardia.

Me cogió por la cintura y

entonces corrió.

Y yo pues me retiré un

poquito más hacia atrás, como de 10 a 12 pies

más, me retiré hacia atrás. Y ahí entonces…196

Según los testimonios, el oficial Sustache Sustache

no actuó para proteger la vida y los derechos civiles del

señor

Cáceres

Cruz.

Es

decir,

la

prueba

recibida

demostró, para

propósitos del proceso preliminar, que el

señor

Sustache

Sustache

garante

y

que

evitado

la

su

no

cumplió

intervención

trágica

muerte

con

su

deber

de

a

tiempo

pudiera

haber

del

señor

Cáceres

Cruz.

Además, el agente tenía la capacidad para actuar, no tan

solo

en

términos

físicos,

sino

intelectual.

En

otras

habilidades,

el

conocimiento

posibilidad

de

realizar

acción

la

palabras,

reconocer

mandada

la

y

también

el

en

policía

el

tenía

de

la

situación

vía

y

los

salvar

al

plano

y

medios

bien

las

la

para

jurídico

amenazado.

Sin

embargo,

según

la

prueba

recibida,

en

vez

de

intervenir para ayudar al señor Cáceres Cruz, el agente

Sustache Sustache auxilió a su compañero Pagán Cruz. La

196

Íd.

CC-2007-1181

prueba

77

reflejó

que

el

agente

Sustache

Sustache,

y

la

oficial Díaz de León, montaron a su compañero Pagán Cruz

en la patrulla y que al dirigirse al Hospital Ryder le

pasaron por el lado al cuerpo del señor Cáceres Cruz que

yacía tirado en el suelo.197 En fin, estos oficiales no

verificaron, siquiera, si el señor Cáceres Cruz estaba

vivo.

En

ningún

momento

el

agente

Sustache

Sustache

se

comunicó con algún superior para indicarle que había un

civil herido, de manera que otros agentes lo socorrieran.

Tampoco solicitó una ambulancia para el señor Cáceres

Cruz.

Esto a pesar de que el señor Cáceres Cruz se

mantenía con vida.198

El

Ministerio

Público

demostró,

además,

que

los

propios oficiales crearon la situación de riesgo en la

que

se

encontraba

arrestarlo,

en

el

las

señor

Cáceres

circunstancias

Cruz

al

descritas

intentar

en

los

testimonios, un sábado en la tarde y en una actividad

comunitaria

de

un

dirigiendo

el

tráfico

vehicular.199

quinceañero,

para

mientras

éste

estaba

facilitar

el

flujo

Según vimos, y afirman los tratadistas, la

situación de riesgo puede ser el resultado de una acción

u omisión lícita o ilícita. Además, al omitir intervenir

cuando el agente Pagán Cruz golpeaba excesivamente a un

197

Íd., págs. 145-146.

198

Íd., pág. 146.

199

Íd., pág. 145.

CC-2007-1181

78

civil que se encontraba en el suelo y desarmado, los

oficiales

aumentaron

el

riesgo

de

que

esa

agresión

inicial desatara una serie de eventos que culminaran en

la muerte del señor Cáceres Cruz.

Por

otra

conforman

parte,

el

delito

principalmente

es

cierto

de

dirigidos

que

los

requisitos

comisión

por

omisión

que

se

a

permitir

que

están

impute

la

autoría de un delito a la persona que actúe por omisión.

Sin

embargo,

los

estudiosos

de

la

materia

de

Derecho

Penal han establecido que los delitos de comisión por

omisión

también

participación

pueden

denominada

ejecutarse

bajo

cooperación,

la

forma

de

siempre

que

una

persona en posición de garante, teniendo la capacidad y

oportunidad

para

previsiblemente

hacerlo,

hubiera

no

realice

podido

una

acción

que

aminorar

o

distinguir

el

retrasar,

impedir la comisión del delito por el autor.

Ante

esta

situación,

es

necesario

conocimiento del delito que tiene un co-autor del que

tiene un cooperador. El conocimiento del delito que tiene

el coautor es producto de su concierto y común acuerdo

para ejecutar el mismo. Esto debido a que el coautor

participa

en

la

elaboración

del

plan

desde

sus

actos

preparatorios, simultáneos y hasta los posteriores a la

comisión del delito, siempre que éstos sean concertados

desde el principio del acuerdo. A los cooperadores no se

les requiere este grado de conocimiento. Éstos no tienen

un conocimiento pleno del delito, porque el cooperador no

CC-2007-1181

79

participa directamente en la planificación o ejecución

del

delito,

razón

por

la

cual

su

contribución

a

la

ejecución del delito no es indispensable.

Es cierto que la conducta de un cooperador debe ser

intencional. No obstante, ello no es sinónimo de tener un

conocimiento

perfecto

del

crimen.

Lo

único

que

se

requiere para configurar la intención delictiva en la

modalidad de cooperación, es que el cooperador conozca

las

circunstancias

resultado

del

criminal

hecho,

pueda

de

tal

serle

manera

imputado

que

como

el

una

consecuencia natural de su conducta. En los delitos de

omisión impropia se requiere que el cooperador tenga,

además, conocimiento sobre la situación generadora del

deber de actuar, lo cual implica un conocimiento real de

la

amenaza

o

situación

conocimiento

posición

de

de

fundamentan

las

peligro

del

bien

circunstancias

que

fundamentan

garante

la

de

y

de

posibilidad

las

de

jurídico,

circunstancias

actuar.

la

que

Afirmar

lo

contrario sería convertir al cooperador en un co-autor.

Para que el tribunal pudiera encontrar causa para el

arresto del agente Sustache Sustache como cooperador en

los delitos de agresión y asesinato en primer grado, lo

único

que

se

requería

era

que

el

Ministerio

Público

demostrara que éste conocía que una consecuencia natural

de su omisión voluntaria podría ser la muerte del señor

Cáceres Cruz y que, a pesar de este conocimiento, el

agente Sustache Sustache no actuó.

CC-2007-1181

La

80

prueba

oficial

recibida

Sustache

en

la

vista

para

arresto

Sustache

es

suficiente,

para

del

estos

propósitos, pues demostró que éste tenía el conocimiento

que

se

requiere

para

que

se

configure

el

delito

de

comisión por omisión en la modalidad de cooperadores. El

agente

Sustache

Sustache

tuvo

conocimiento

de

las

circunstancias del hecho, es decir, estaba consciente de

la golpiza que el agente Pagán Cruz le estaba propinando

al señor Cáceres Cruz.

También, conocía su deber de

garante para proteger la vida y los derechos civiles de

la

ciudadanía.

Finalmente,

tenía

conocimiento

de

su

capacidad para actuar, ya fuera evitando el abuso contra

el señor Cáceres Cruz o controlando al agente Pagán Cruz.

No era necesario que el agente Sustache Sustache tuviera

conocimiento del tipo de delito que iba a cometer el

agente Pagán Cruz. Esta exigencia sería más apropiada

para la forma de intervención de la co-autoría.

Finalmente, se desfiló prueba tendente a demostrar

que

el

agente

Sustache

Sustache

le

hizo

falsas

afirmaciones sobre lo ocurrido al fiscal Perea Mercado.200

El

fiscal

Perea

Mercado

testificó

sobre

las

inconsistencias en las versiones del agente Sustache

200

En específico, la prueba indicó que el señor Sustache

Sustache le informó al fiscal que todo el incidente se

había suscitado muy rápido; en todo momento le estuvo

dando la espalda al agente Pagán Cruz porque había muchas

personas; se encargó de mantener alejados a los civiles;

y sacó su gas pimienta, pero no se atrevió a utilizarlo

contra las personas porque le hubiera hecho daño a su

compañero Pagán Cruz. Íd., págs. 146-147.

CC-2007-1181

81

Sustache e indicó que se percató de ellas cuando observó

un

video

que

había

grabado

actos

fueron

un

ciudadano

sobre

lo

sucedido.201

Estos

perfeccionó el delito.

realizados

después

de

El

señor

se

Por esta razón, el Tribunal de

Apelaciones determinó que se efectuaron para

mismo.

que

Sustache

Sustache

aduce

encubrir el

que

como

el

Ministerio Público no imputó el delito de encubrimiento

en

la

denuncia,

el

Tribunal

de

Apelaciones

erró

al

determinar causa probable por dicho delito.

La facultad de los tribunales para determinar causa

por

un

delito

no

incluido

y

distinto

al

imputado

se

ejerce en la vista inicial de causa probable para arresto

y en la vista en alzada.

Como hemos establecido, esta

facultad no la provee el recurso de certiorari, el cual

se limita a revisar cuestiones esencialmente de derecho.

Una

actuación

contraria

a

esto,

no

tan

solo

desnaturalizaría la finalidad de este recurso, sino que

colocaría a la defensa en un estado de indefensión.

Es

necesario recordar que el señor Sustache Sustache no tuvo

la

oportunidad

imputado

de

de

rebatir

encubrimiento,

en

una

por

el

vista

cual

el

el

delito

no

tribunal

apelativo le encontró causa.

201

Algunas de estas inconsistencias fueron, según su

testimonio, que el agente Sustache Sustache en ningún

momento sacó el gas pimienta y que no había mucha gente

en el lugar de los hechos. Íd., pág. 147.

CC-2007-1181

82

IV.

Concluimos

que

la

prueba

presentada

por

el

Ministerio Público cumplió con el estándar requerido para

determinar

causa

probable

para

el

arresto

del

señor

Sustache Sustache. Es decir, el Fiscal logró establecer,

mediante

el

grado

de

prueba

requerido

en

esta

etapa

preliminar, todos los elementos necesarios para que se

pueda inferir que se cometieron los delitos y que éstos

fueron ejecutados por el agente Sustache Sustache.

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la

sentencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto determinó

causa para arresto contra el señor Sustache Sustache por

el delito de asesinato en primer grado y el delito de

agresión, ambos en la modalidad de cooperador. Se revoca

la

decisión

del

tribunal

apelativo

determinando

causa

probable por el delito no imputado de encubrimiento. Se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la

continuación de los procedimientos consistentes con este

dictamen.

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

CC-2007-1181

Carlos Sustache Sustache

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 9 de julio de 2009.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

integrante de la presente Sentencia, se confirma

la sentencia del Tribunal de Apelaciones en cuanto

determinó causa para arresto contra el señor

Sustache Sustache por el delito de asesinato en

primer grado y el delito de agresión, ambos en la

modalidad de cooperador. Se revoca la decisión del

tribunal apelativo determinando causa probable por

el delito no imputado de encubrimiento. Se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia

para

la

continuación

de

los

procedimientos

consistentes con este dictamen.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria

del

Tribunal

Supremo.

El

Juez

Presidente señor Hernández Denton emitió una

Opinión de Conformidad.

La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez emitió una Opinión Disiente.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

Certiorari

CC-2007-1181

Carlos Sustache Sustache

Peticionario

Opinión de Conformidad emitida por el Juez Presidente SEÑOR

HERNÁNDEZ DENTON

San Juan, Puerto Rico, a 9 de julio de 2009.

Estamos

esencialmente

conformes

con

la

Opinión

del

Tribunal en el caso de epígrafe. No obstante, en atención a

la complejidad de la controversia que resolvemos en el día de

hoy y a las repercusiones que el presente caso tiene sobre

nuestro

ordenamiento

jurídico

penal,

deseamos

explicar

de

manera particular los fundamentos de nuestro voto.

En síntesis, la controversia que este Tribunal resolvió

en el día de hoy gira en torno a si un Policía que presencia

cuando un ciudadano es agredido y herido de muerte por otro

agente

del

orden

público,

en

violación

a

sus

derechos

civiles, comete algún delito por no intentar intervenir con

tales actos o por no auxiliar posteriormente a la víctima.

Tras analizar detenidamente el derecho aplicable a la luz

de varios cambios sustantivos que introdujo el Código Penal de

2004 y de los hechos particulares de este caso, somos del

criterio

que

en

esta

etapa

preliminar

existe

causa

para

arrestar al Agte. Carlos Sustache Sustache por el delito de

asesinato

en

primer

grado

y

agresión

en

la

modalidad

de

cooperador. Veamos.

I.

El resultado de este caso es una consecuencia directa e

inevitable de un cambio trascendental en la conceptualización

normativa

y

filosófica

de

la

autoría

penal

en

nuestra

jurisdicción. Este nuevo enfoque conceptual no responde a la

apreciación propia ni a la prerrogativa jurisprudencial de

este Tribunal, sino a la clara intención legislativa plasmada

en el Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 L.P.R.A. sec.

3301 et seq.

Desde principios del siglo XX, en Puerto Rico prevalecía

una visión unitaria de la autoría y de la participación que

provenía del modelo penal anglosajón. Es decir, se entendía

que todas las personas que intervenían en la comisión de un

delito

para

la

producción

de

un

resultado

criminal

eran

coautores, independientemente del grado o de la intensidad de

la participación de cada individuo en los hechos delictivos

imputados.

De

conformidad

con

esta

visión

-conocida

conceptualmente como la teoría de la equivalencia- se trataba

al autor y al cooperador de igual manera y su responsabilidad

penal era la misma. Véase L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal

Sustantivo, Publicaciones JTS, Inc., 2007, págs. 176-77, 18487.

CC-2007-1181

Según

3

el

profesor

Luis

E.

Chiesa

Aponte,

ésta

fue

la

teoría imperante en nuestra jurisdicción sobre la autoría y la

participación hasta la aprobación reciente del Código Penal de

2004 y su adopción de la teoría de diferenciación, la cual

proviene de los países de tradición civilista y contempla la

imposición de castigos de

mayor severidad al autor que al

cooperador. Específicamente, el artículo 44 del nuevo Código

Penal establece que “[s]e consideran cooperadores los que sin

ser autores, con conocimiento, cooperan de cualquier otro modo

en la comisión del delito”. 33 L.P.R.A. sec. 4672. (Énfasis

nuestro).

La

diferenciación

entre

ambos

grados

de

participación es evidente, pues a los cooperadores se les

impone “una pena igual a la mitad de la pena señalada para el

delito hasta un máximo de diez años”. Artículo 45 del Código

Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4673.202

Por su parte, dicha diferenciación no tenía cabida en la

definición de autoría del Código Penal de 1974, dado que ésta

incluía

de

cooperaren

modo

de

general

cualquier

en

sus

modo

en

preceptos

la

comisión

a

“[l]os

del

que

delito”,

situando a este participante en el mismo nivel que cualquier

otro autor del delito. 33 L.P.R.A. 3172(e). La amplitud del

202

El artículo 43 del nuevo Código también incluye en la

definición de autor a “[l]os que cooperan con actos

anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del

delito, sin cuya participación no hubiera podido realizarse el

hecho delictivo”. 33 L.P.R.A. 4671 (d). No obstante, al crear

una nueva categoría con una pena más benigna para los que

“cooperan de cualquier otro modo en la comisión del delito”

mediante los artículos 44 y 45 antes citados, el propio cuerpo

normativo penal hace una distinción precisa entre el grado de

responsabilidad punible que se le imputa a los cooperadores

cuya participación fue necesaria y a los cooperadores cuya

participación fue subsidiaria, accesoria y dispensable.

CC-2007-1181

concepto

de

4

autoría

bajo

la

visión

unitaria

del

Código

anterior condujo a este Tribunal a delimitar su alcance en

varias instancias, por lo que se requería que la participación

de

los

cooperadores,

que

eran

a

su

vez

autores,

fuera

consciente e intencional. Véanse Pueblo v. Lucret Quiñones,

111 D.P.R. 716 (1981); Pueblo v. Santos Ortiz, 104 D.P.R. 115

(1975). Además, bajo dicho esquema normativo era necesario

probar que los autores actuaron en concierto y común acuerdo

como

parte

de

independientemente

una

conspiración

y

designio

común,

de la intensidad en la participación o del

grado de autoría de cada individuo. Pueblo v. Pagán Ortiz, 130

D.P.R. 470 (1992); Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139

(1985).

Así las cosas, el nuevo Código Penal abandonó ese enfoque

unitario de la autoría y adoptó una conceptualización más

restrictiva de la figura del autor, que se contrapone a un

enfoque decisivamente más amplio de la responsabilidad penal

en nuestra jurisdicción. Ello fue resultado de que la Asamblea

Legislativa reconoció la figura del cooperador como categoría

distinta

e

independiente

de

responsabilidad

penal,

estableciendo así consecuencias penales para cierta conducta

que, bajo el estado de derecho anterior, podría haber quedado

impune.

En

otras

palabras,

la

intención

legislativa

del

nuevo

Código Penal fue clara al disponer que el cooperador cuya

participación es indispensable para la ejecución del delito es

un coautor bajo el artículo 43, mientras que un cooperador

subsidiario bajo el artículo 44 “no participa directamente en

CC-2007-1181

la

5

ejecución

del

delito,

ni

tiene

conocimiento

pleno

del

mismo”. Informe sobre el P. del S. 2302, 22 de junio de 2003,

Comisión de lo Jurídico del Senado, en la pág. 31. (Énfasis

nuestro). Al realizar tales cambios en la visión normativa del

concepto

de

participación

y

autoría

con

el

propósito

de

ampliar la responsabilidad penal en nuestra jurisdicción, el

Legislador se refirió específicamente a que dicha figura ya

había

sido

jurisdicciones

reconocida

de

de

Europa,

forma

análoga

particularmente

en

en

varias

España

y

Alemania. Véase Informe sobre el P. del S. 2302, supra; D.

Nevares Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, Instituto

para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2005, págs. 72-77.

II.

En efecto, este Tribunal atiende la presente controversia

bajo la óptica de los cambios noveles sobre el concepto de

autoría

que ocurrieron recientemente en nuestro ordenamiento

jurídico. Sin embargo, la complejidad del presente caso se

exacerba al tomar en cuenta que

el Ministerio Público no le

imputa al agente Sustache Sustache ser cooperador por sus

acciones afirmativas dirigidas a un resultado particular. Por

el contrario, su alegada responsabilidad penal recae en la

posibilidad de que ciertas omisiones y su incumplimiento con

el

deber

de

garante

que

ostentaba

como

agente

del

orden

público fue un modo de cooperación con la comisión de los

delitos de agresión y asesinato en primer grado imputados a

nivel de autoría a un tercero, que era compañero de éste en la

Policía.

CC-2007-1181

En

ese

6

contexto,

la

Opinión

del

Tribunal

integra

la

discusión de la participación del cooperador con la comisión

por omisión, otra figura novel importada a nuestro estado de

derecho penal de las jurisdicciones continentales de tradición

civilista, particularmente de los códigos penales de España y

Alemania. D. Nevares, supra, págs. 28-29. El artículo 19 del

nuevo Código Penal dispone que los delitos que tipifican la

producción

de

un

resultado

“podrán

cometerse

por

omisión

cuando la no evitación del mismo equivalga a su producción

activa”.

33

L.P.R.A.

sec.

4647.

A

su

vez,

dicho

artículo

establece que “[p]ara determinar la equivalencia de la omisión

a la acción se tendrá en cuenta la existencia de un deber

específico de evitar el resultado y si una acción anterior del

omitente hace posible imputarle la situación de riesgo en que

se encontraba el bien jurídico lesionado”. 33 L.P.R.A. sec.

4647. (Énfasis nuestro).203

Ahora

bien,

de

conformidad

con

la

doctrina

científica

claramente expuesta en la Opinión del Tribunal, no se exige

que se pruebe una causalidad estrecha entre la omisión y la

producción del resultado, “sino la causalidad potencial de una

acción no llevada a cabo”. E. Bacigalupo, Derecho Penal: Parte

General, 2da Ed., Buenos Aires, 1999, págs. 261-62. (Énfasis

203

Se desprende del historial legislativo que la redacción de

este articulado la propuso el profesor Santiago Mir Puig,

quien aclaró que “el elemento determinante para equiparar la

omisión a la acción es que el omitente haya creado o aumentado

el riesgo del bien jurídico, cuya lesión no se evita, aunque

haya sido en un momento anterior y de forma lícita”. Informe

de la medida, P. del S. 2302, supra, pág. 23. Por tanto, el

referido

artículo

regula

las

omisiones

impropias,

que

conllevan la no evitación de que se produzca un resultado

delictivo como consecuencia de la inactividad de la persona.

D. Nevares, supra, págs. 28-29.

CC-2007-1181

7

nuestro). Por tanto, al atender un caso en el que se impute la

comisión por omisión en un delito de resultado, el Tribunal

debe dilucidar si la acción que el acusado omitió realizar

hubiera

potencialmente

evitado

la

producción

del

resultado

delictivo; y no si la omisión imputada es la causa de que se

produjera el resultado.

Por otro lado, el profesor Chiesa Aponte explica que una

omisión puede generar responsabilidad penal por delitos de

resultado

únicamente

si

concurren

tres

requisitos:

1)

la

existencia de un deber jurídico de realizar la acción, 2) la

capacidad para realizar la acción, y 3) la no realización de

la acción mandada. Chiesa Aponte, supra, págs. 89-100. De

tales

requisitos

se

desprende

otro

cambio

radical

en

la

filosofía del nuevo Código Penal, pues el deber jurídico que

no realiza el omitente “no tiene que ser impuesto por una ley

positiva, ya que puede surgir de principios que, aunque no han

sido

estatuidos

por

el

legislador,

permean

todo

el

ordenamiento jurídico”. Id., pág. 89.204

Sin embargo, para que la omisión en controversia acarree

responsabilidad

penal

debe

existir

suficientemente

estrecha

entre

el

actor

una

y

relación

la

víctima

“lo

que

justifique la imposición de la obligación”. Id., pág. 92. En

el derecho penal de los países de tradición civilista se hace

referencia a que el omitente debe estar en una “posición de

garante” frente a la víctima. Id. Véase además, G. Jakobs,

204

Véase además, Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously,

Harvard University Press, 1978, págs. 22-28, citado en Chiesa

Aponte, supra, pág. 89.

CC-2007-1181

8

Derecho penal, parte general, (trad. Cuello Contreras, et al,

Marcial Pons, 1995), pág. 933.

La existencia del deber de garante que se requiere para la

imputación de responsabilidad penal por omisión en delitos de

resultado puede surgir de múltiples instancias y relaciones

interpersonales. Por ejemplo, esta responsabilidad de actuar

puede desprenderse de las relaciones de parentesco o afinidad,

de

una

relación

contractual,

de

acciones

recíprocas

de

confianza, de un peligro precedente, de ser el dueño de una

propiedad, de la asunción voluntaria de confianza o de la

propia ley. Véase Chiesa Aponte, supra, págs. 93-97.

El reconocimiento de un deber de garante es necesario,

pero

no

suficiente,

resultado

en

la

para

modalidad

que

de

se

configure

comisión

un

por

delito

de

omisión.

De

conformidad con el artículo 19 del Código Penal, supra, la

conducta imputada será penalmente relevante si se prueba la

equivalencia entre la omisión de la conducta requerida por la

posición de garante en que se encontraba el acusado y el

resultado

delictivo

que

se

le

imputa

a

éste.

En

términos

prácticos, dicha exigencia se satisface cuando “la omisión del

comportamiento

requerido

es

equivalente

en

términos

de

su

reprochabilidad a la producción del resultado mediante una

acción afirmativa”. Chiesa Aponte, supra, pág. 97. (Énfasis

nuestro). En vista de ello, este requerimiento de equivalencia

que

impone

la

referida

disposición

sólo

implica

que

debe

existir una relación de causa próxima entre la omisión de

realizar la acción requerida por el deber de garante y la

producción

del

resultado

delictivo.

Id.,

pág.

99.

Ello

CC-2007-1181

permitiría

9

atribuir

de

manera

razonable

el

resultado

al

omitente, con atención particular a su conducta anterior o

simultánea a los hechos delictivos en controversia.

Por

otra

parte,

en

el

día

de

hoy

resolvimos

que

el

artículo 19 del Código Penal no prohíbe que se imputen los

diferentes grados de coautoría o cooperación en los delitos de

omisión.

Como bien reseña la Opinión del Tribunal, dicha

conclusión

tiene

gran

apoyo

pertinente

para

la

interpretación

en

la

doctrina

científica

de

referidos

los

articulados. Véanse Santiago Mir Puig, Derecho Penal; Parte

General, 7ma ed., Editorial IB de F, 2005, págs. 395-96; C.

López Peregrín, La Complicidad en el Delito, Tirant lo Blanch,

1997, págs. 330-33; Bacigalupo, supra, pág. 269. Al adoptar la

teoría

de

Asamblea

diferenciación

Legislativa

en

el

autorizó

concepto

de

que

imputara

se

autoría,

a

la

un

participante pasivo de un delito la responsabilidad penal de

un cooperador, siempre y cuando se cumplan con los requisitos

aplicables a ambas figuras. Es decir, la comisión por omisión

en el grado de cooperación es posible, “siempre que exista

posición de garante y quepa afirmar que la omisión contribuyó,

en

una

causalidad

hipotética,

a

facilitar

o

favorecer

la

causación del delito por el autor”. F. Muñoz Conde, Derecho

Penal, Parte General, cuarta edición, Valencia, 2000, pág.

515. (Énfasis nuestro).

Como se puede apreciar, la normativa antes expuesta revela

una

clara

intención

responsabilidad

penal

del

en

Legislador

nuestro

de

ordenamiento

ampliar

la

jurídico.

Al

contemplar la configuración de un delito de resultado como

CC-2007-1181

10

consecuencia de una omisión relacionada con el deber de actuar

en

ciertas

relaciones

interpersonales,

manera

la

de

autoridad

Asamblea

limitada-

la

y

otras

relaciones

Legislativa

adoptó

–aunque

concepción

colectivista

de

de

la

responsabilidad personal que rige en la mayoría de los países

de tradición civilista.

En

nuestra

estatutario

jurisdicción

de

auxiliar

no

a

existe

un

deber

general

extraños

o

terceros

que

ni

se

encuentran en peligro. Ello es corolario del derecho a la

libertad que emana de la Constitución. Véase Paul H. Robinson,

Criminal Liability for Omissions: A Brief Summary and Critique

of the Law in the United States, 29 New York L. School L. Rev.

101,

117

(1984).

jurídicos

de

No

obstante,

actuar

sí

existen

afirmativamente

varios

en

deberes

determinadas

circunstancias, y la omisión de realizar el comportamiento

requerido podría incidir –de conformidad con el artículo 19

del nuevo Código- en la responsabilidad penal de la persona

que se encontraba en la posición de garante.

III.

A la luz de este nuevo enfoque filosófico del Código Penal

en

cuanto

a

la

comisión

por

omisión

cooperadores

en

nuestro

ordenamiento

y

la

figura

jurídico

de

los

penal,

es

evidente que como cuestión de derecho no se debe dejar sin

efecto

la

Sustache

orden

de

Sustache

arresto

en

esta

emitida

etapa

en

contra

del

preliminar

agente

de

los

procedimientos. Se desprende del expediente que en la vista

celebrada en contra del imputado se presentó la scintilla de

evidencia requerida para probar que éste pudo haber cooperado

CC-2007-1181

11

en la comisión del asesinato en primer grado del Sr. Miguel

Cáceres,

precisamente

jurídico

que

principios

le

que

por

no

haber

cumplido

impone

la

ley,

los

reglamentos

y

los

Policía

de

Puerto

en

una

rigen

a

la

con

el

Rico

deber

situación de riesgo y alta peligrosidad.

En efecto, el agente Sustache Sustache tenía un deber de

garante frente a la víctima, pues su oficio le impone la

obligación de proteger los derechos civiles y la vida de los

ciudadanos, así como la de prestar la debida protección al

pueblo reunido legalmente para cualquier fin lícito. Véanse

Art. 3, Ley Orgánica de la Policía, 25 L.P.R.A. sec. 3102;

Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico, 11 de

mayo de 1990. Para los propósitos de una posible configuración

del delito imputado en la modalidad de comisión por omisión,

la prueba presentada ante el Tribunal de Primera Instancia

apunta

a

que

el

deber

jurídico

que

le

imponía

al

agente

Sustache Sustache la obligación de actuar afirmativamente se

activó en este caso una vez el Agte. Javier Pagán comenzó a

agredir al señor Cáceres mientras realizaba una intervención

para

arrestarlo

sin

causa

aparente,

con

la

anuencia

y

participación previa del agente Sustache Sustache.205

Al estar obligado a proteger los derechos civiles de los

ciudadanos de conformidad con los preceptos mencionados, éste

tenía el deber de intervenir con el agente Pagán para impedir

y evitar el uso de la fuerza excesiva que finalmente resultó

205

Nótese que en el presente recurso no se atiende la posible

participación ni la responsabilidad penal de la Agte. Zulma

Díaz de León por los hechos ante nuestra consideración. Ésta

presentó un recurso de certiorari que aún se encuentra

pendiente de consideración ante este Tribunal (CC-2008-4).

CC-2007-1181

12

en la muerte del señor Cáceres. Esta agresión ocurrió frente

al agente Sustache Sustache, quien supuestamente observó los

sucesos y decidió deliberadamente no intervenir para detener a

su compañero, aun cuando era evidente que se estaban violando

los derechos civiles de un ciudadano.

Además, la prueba sugiere que el agente Sustache Sustache

impidió afirmativamente que otras personas intervinieran para

detener el uso de fuerza excesiva incurrida por el agente

Pagán, lo que podría intensificar su participación en los

hechos en controversia. Asimismo, la prueba apunta a que el

agente

Sustache

Sustache

deliberadamente

omitió

asistir

al

señor Cáceres luego de que éste fue agredido y herido de

gravedad con varios disparos por su compañero. A su vez, se

alegó que los tres policías en la escena se marcharon del

lugar y no hicieron alusión alguna a sus superiores de que un

ciudadano se encontraba herido en el lugar de los hechos, a

pesar de que los eventos ocurrieron con su conocimiento y en

su presencia inmediata. En su posición de garante frente a la

ciudadanía

evidente

allí

de

reunida,

auxiliar

a

éstos

la

tenían

víctima,

la

la

responsabilidad

cual

la

prueba

presentada refleja que en aquel momento aún se mantenía con

vida.

Así las cosas, la prueba desfilada hasta el momento tiende

a indicar que la agresión y muerte del señor Cáceres configuró

un

delito

de

resultado

cuya

comisión

aparentemente

fue

auxiliada por el incumplimiento del peticionario con el deber

jurídico que emana de los estatutos y los principios de la

Policía. Es decir, la no evitación del resultado del asesinato

CC-2007-1181

13

del señor Cáceres en el presente caso puede haber equivalido

al grado de reprochabilidad de su producción activa, pues la

acción requerida por el ordenamiento que el imputado omitió

realizar pudiera haber evitado potencialmente la producción

del resultado delictivo.

En vista de que la participación y cooperación del agente

Sustache Sustache en cuanto a la comisión del asesinato en

primer

grado

no

fue

necesariamente

indispensable,

se

le

denuncia por dicho delito en el grado de cooperador al amparo

del artículo 44 del Código Penal, supra. Según se desprende

diáfanamente

de

la

normativa

expuesta

en

la

Opinión

del

Tribunal, esta modalidad de participación se puede configurar

si el imputado coopera de cualquier modo con la comisión del

delito principal realizado por un tercero, independientemente

de que la intervención no haya sido directa ni con pleno

conocimiento.

Aunque el artículo 44 del Código Penal requiere que el

cooperador

actúe

con

conocimiento,

el

propio

historial

legislativo y la doctrina científica aplicable que reseña la

Opinión del Tribunal revela que dicha exigencia se satisface

con

el

conocimiento

de

que

se

ha

generado

la

amenaza

de

producción de un resultado delictivo. Según explica Mir Puig,

ello se trata del conocimiento “del carácter delictivo, sin el

cual la participación se estima impune”. S. Mir Puig, supra,

pág. 411. (Énfasis nuestro). Así pues, cuando se imputa la

cooperación

en

la

modalidad

de

comisión

por

omisión,

es

suficiente con que concurra el conocimiento de la existencia

de una posición de garante que impone un deber jurídico y la

CC-2007-1181

posibilidad

14

fáctica

de

actuar

afirmativamente

en

unas

circunstancias particulares de riesgo.

A

la

luz

de

la

prueba

desfilada

ante

el

Tribunal

de

Primera Instancia, se puede colegir que existe causa probable

para imputarle al agente Sustache Sustache una situación de

riesgo que fomentó la producción de un resultado delictivo al

incumplir con su deber de garante de manera injustificada.

Claramente, dicha amenaza fue creada por las acciones previas

de

los

agentes

desde

el

inicio

de

la

intervención

y

se

intensificó a un grado penalmente relevante con la eventual

golpiza del señor Cáceres. De ser ciertos los hechos expuestos

por el Ministerio Público, no hay duda de que la peligrosidad

objetiva

de

la

conducta

del

peticionario

fue

una

omisión

intencional, ya sea dolosa o temeraria, que resultó en una

cooperación con la comisión del delito de asesinato en primer

grado por el cual ya fue convicto el agente Pagán.206

206

De otra parte, el hecho de que el asesinato en primer grado

requiere un grado mayor de dolo no significa que la

cooperación subsidiaria con la comisión de dicho delito deba

cumplir con ese mismo rigor e intensidad de participación.

Ello así, pues el artículo 44 contempla la cooperación con la

comisión del delito de cualquier modo. De hecho, siempre se

trata de una participación accesoria y no necesaria, pues de

lo contrario se trataría de un coautor. Lo importante es que

el comportamiento del cooperador haya sido intencional –ya sea

con propósito, conocimiento o temeridad- y no meramente

negligente. Asimismo, somos del criterio que el conocimiento

requerido por el artículo referente a los cooperadores no se

limita exclusivamente al dolo directo de segundo grado

contemplado por el artículo 23 (b) del Código Penal, sino que

se podría configurar incluso “cuando el sujeto ha querido su

conducta a conciencia de que implicaba un riesgo considerable

y no permitido de producir el hecho delictivo realizado”.

Artículo 23 (c) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4651. En

ese caso, sólo se requeriría que la persona tenga consciencia

del riesgo creado y que el riesgo creado sea injustificado.

Véase Chiesa Aponte, supra, pág. 147; Nevares, supra, págs.

34-36.

CC-2007-1181

15

Por tanto, no es necesario que en el procedimiento penal

contra un cooperador bajo el artículo 44 se demuestre que el

imputado

actuó

comisión

del

con

deliberación

asesinato

en

primer

directa

en

cuanto

a

la

grado.

Basta

con

que

el

Ministerio Público pruebe la conducta delictiva por parte del

autor –en este caso el agente Pagán- para luego probar más

allá

de

duda

razonable

que

el

imputado

intencionalmente

cooperó de cualquier modo con la comisión del asesinato en

primer grado que realizó ese tercero, de conformidad con la

normativa expuesta por este Tribunal.

En este caso, era objetivamente previsible que la golpiza

y

el

uso

de

fuerza

excesiva

por

parte

del

agente

Pagán

pudieran resultar en la muerte eventual del señor Cáceres.

Claro está, para probar finalmente la intención del imputado y

lograr una convicción, el Ministerio Público tendrá que probar

más allá de duda razonable que el agente Sustache Sustache,

como

cuestión

posibilidad

produjera

de

la

de

hecho,

que

había

mediante

situación

de

previsto

su

subjetivamente

conducta

riesgo

que

cooperadora

generó

el

la

se

hecho

delictivo. Véase Chiesa Aponte, supra, pág. 155. Sin duda

alguna, no nos corresponde pasar juicio sobre ese elemento

subjetivo de hecho bajo ese estándar de prueba en esta etapa

de los procedimientos.

Por todo lo anterior, estamos totalmente conformes con la

Opinión del Tribunal en cuanto a la determinación de causa

probable para arresto en contra del agente

Sustache

Sustache

CC-2007-1181

16

por asesinato en primer grado y agresión en la modalidad de

cooperador.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2007-1181

Carlos Sustache Sustache

Peticionario

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 9 de julio de 2009

Los

hechos

que

suscitan

la

Opinión

de

la

mayoría denotan que, lamentablemente, en ocasiones

aquellos llamados a proteger la ciudadanía son los

que, en su lugar, vulneran derechos fundamentales

que una vez juraron amparar; en este caso el más

preciado de todos, la vida misma.

La conmoción que

pueda causar actos como los que se describen en la

opinión mayoritaria no pueden, ni deben, cegar el

entendimiento y el norte de este Tribunal: aplicar

el Derecho uniformemente, haciendo justicia a todos

por igual.

Disiento respetuosamente del dictamen

emitido por la mayoría pues soy del criterio que

este

Tribunal

no

cuenta

con

jurisdicción

para

atender

la

controversia

ante

su

consideración

por

tratarse de la revisión de una determinación de no causa

para arresto en los méritos.

Debido a que este Tribunal

decide atender la controversia, trazo estas cortas líneas

revelando mi criterio.

A pesar de que los hechos redactados por la mayoría en

su opinión no han sido probados en un juicio y descansan

enormemente en el relato proporcionado por el Ministerio

Público,

los

tomaré

como

ciertos

para

propósitos

de

argumentación.

I.

La Opinión mayoritaria establece correctamente que una

determinación de no causa para arresto en los méritos no es

revisable mediante certiorari, salvo que la determinación

se

haya

basado

desvinculadas

de

en

cuestiones

la

apreciación

para la comisión del delito.

estrictamente

de

la

de

prueba

derecho,

presentada

Pueblo en interés del menor

KJSR, 2007 T.S.P.R. 194; 2007 J.T.S. 199, 172 D.P.R. ____

(2007);

Pueblo v. Aponte Nolasco, 2006 T.S.P.R. 62; 2006

J.T.S. 71, 167 D.P.R. ____ (2006); Pueblo v. Colón Mendoza,

149 D.P.R. 630 (1999); Pueblo v. Rodríguez Ríos, 136 D.P.R.

685, 692 (1994); Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28

(1984).

Concluye,

no

obstante,

que

la

determinación

emitida por el foro de instancia en el caso ante nuestra

consideración se trata de una determinación esencialmente

de derecho.

En

No puedo estar de acuerdo.

primer

lugar,

la

mayoría,

sin

establecerlo

directamente, modifica el estándar aplicable a cuándo una

CC-2007-1181

3

determinación de causa probable es revisable por certiorari

por ser una cuestión de derecho.

Originalmente en Pueblo

v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 412, 413 (1967), se dijo

que

las

determinaciones

de

no

causa

no

eran

revisables

mediante certiorari pues “los magistrados del Tribunal de

Primera Instancia actúan en su capacidad individual en el

ejercicio de sus funciones y facultad para determinar la

existencia

de

causa

determinaciones

tribunal”.

para

que

al

probable

efecto

para

no

son

acusar.

Sus

decisiones

de

un

Puesto que el auto de certiorari se utiliza

un

tribunal

de

mayor

jerarquía

revise

las

decisiones de uno de menor jerarquía, no era un recurso

adecuado

para

la

revisión

de

decisiones

de

magistrados.

Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A.

sec. 3491.

Estas expresiones fueron revocadas en Pueblo v.

Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 171 (1975), en el cual se dijo

que las determinaciones de no causa “no (son) revisable(s)

por certiorari, no porque [el juez actúe como individuo]

sino por la naturaleza peculiar de su decisión dentro de un

procedimiento

especialmente

esencial

ordenado

al

criminal.”

28,

30

y

regulado,

rápido

curso

con

una

finalidad

del

procedimiento

Luego en Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R.

(1984)

se

dijo,

sucintamente,

que

“[l]a

determinación en los méritos del Juez Superior sobre la

existencia de causa probable no es revisable . . . [n]o

obstante, cualquier otra determinación de derecho sí puede

ser revisada mediante el recurso de certiorari”.

suplido).

(Énfasis

CC-2007-1181

Bajo

4

esta

doctrina,

se

resolvió

Pueblo

v.

Colón

Mendoza, supra, en el cual se revisó vía certiorari la

decisión de un juez de reconsiderar la determinación de

causa en cuatro (4) distintas denuncias por el delito de

negociación

incompatible

con

un

cargo

público,

y

convertirla en causa por un solo delito, bajo la figura del

delito continuado.

Allí indicamos que el juez de instancia

había encontrado causa en las cuatro (4) denuncias, por lo

que no había duda de que no se trataba de un problema de

apreciación de la prueba, sino de si, como cuestión de

derecho,

procedía

continuado.

Por

que

se

aplicara

lo

tanto,

se

la

figura

trataba

de

un

del

delito

asunto

de

estricto derecho, desvinculado de la prueba presentada para

la comisión del delito, revisable vía certiorari.

Igualmente

revisamos,

a

en

Pueblo

través

del

v.

Aponte

recurso

de

Nolasco,

supra,

certiorari,

la

determinación de no causa en contra del imputado por el

delito de posesión de sustancias controladas con intención

de distribuir.

En aquel caso la resolución del foro de

instancia indicaba que la juez no albergaba duda de que

estaban presentes los elementos del delito imputado pero,

como cuestión de debido proceso de ley, debía realizar una

determinación de “no causa” por la dilación alegadamente

irrazonable

del

Estado

magistrado

desde

su

en

conducir

detención.

al

imputado

Reiteramos

ante

la

un

norma

adoptada en Cruz Justiniano y estimamos que se trataba de

un

asunto

estrictamente

de

derecho,

desvinculado

de

la

CC-2007-1181

apreciación

5

de

la

prueba

presentada,

por

lo

que

era

revisable por certiorari.

Y, recientemente, en Pueblo en interés del menor KJSR,

supra,

mediante

jurisdicción

para

Opinión

unánime,

atender

un

nos

certiorari

declaramos

sin

que

la

buscaba

revocación de una determinación de no causa para querella,

la cual se basó en la supresión de la evidencia en contra

del menor por haberse incautado ilegalmente.

Concluimos

que se trataba de una cuestión mixta de hecho y derecho, no

de estricto derecho, y por tanto no desvinculada de la

prueba presentada para la comisión del delito, por lo que

no era revisable vía certiorari.

No obstante los casos citados, la mayoría indica que

cuando la determinación se basa en cuestiones esencialmente

de

derecho,

aunque

estén

entremezcladas

prueba, es revisable por certiorari.

cuestiones

de

Distingue a Pueblo en

interés del menor KJSR expresando que lo que se tenía en

aquella ocasión eran cuestiones principalmente de hecho y

lo que tenemos ante nuestra consideración en esta ocasión

son cuestiones esencialmente de derecho.

Por tanto, la

mayoría modifica el estándar de revisión de determinaciones

de

causa,

ya

que

no

se

trata

estrictamente

de

derecho

de

que

la

desvinculada

cuestión

de

la

sea

prueba

presentada, sino que sean asuntos esencialmente de derecho.

En

apoyo

de

su

podemos

rehuir

explicar

las

conclusión,

nuestra

nuevas

la

mayoría

insoslayable

figuras

que

“no

responsabilidad

de

jurídicas

indica

que

se

han

CC-2007-1181

6

incorporado a nuestro ordenamiento en el Código Penal de

2004”.

II.

En toda vista de causa probable para arresto el juez a

cargo aprecia la prueba que se le presenta para determinar:

1) si la prueba presentada cumple con todos los elementos

del delito imputado o de cualquier otro delito y 2) la

conexión

del

imputado

con

dicha

prueba.

Regla

6(a)

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. R. 6(a).

de

Véase

también, Pueblo v. Irizarry, 160 D.P.R. 544, 560 (2003).

Por la naturaleza de la determinación, ésta necesariamente

conlleva

una

interpretación

del

derecho

aplicable,

es

decir, del delito que se imputa, en las modalidades en que

se imputa.

error

en

Esto no significa, sin embargo, que un alegado

la

interpretación

del

derecho

aplicable

será

revisable, pues son sólo revisables aquellas cuestiones de

estricto derecho, desvinculadas de la prueba presentada por

el Ministerio Público, como resolvimos en varias ocasiones

anteriormente.

Es

decir,

aquellas

determinaciones

de

causa

en

los

méritos, no son revisables vía certiorari pues atender esos

recursos

desvirtuaría

procedimiento

el

criminal”.

“ordenado

Pueblo

Pueblo v. Cruz Justiniano, supra.

y

v.

rápido

Opio

curso

Opio,

del

supra;

Por lo tanto, decir que

en este caso se trata de una cuestión de derecho porque

había

duda

sobre

la

interpretación

de

la

figura

del

cooperador significaría que una determinación de no causa

ante cualquier nuevo delito, o cualquier figura que no haya

CC-2007-1181

7

sido interpretada por este Tribunal anteriormente, sería

revisable

por

certiorari

derecho no atendida.

por

incluir

una

cuestión

de

Esta solución no sólo es contraria a

los precedentes de este Tribunal en esta área, sino que

causará

un

mar

de

solicitudes

de

certiorari

al

foro

intermedio para revisar “cuestiones de derecho noveles”,

máxime

cuando

contamos

con

un

Código

Penal

de

reciente

aprobación.

La

determinación

penalmente

en

grado

de

de

si

una

persona

cooperadora

es

responsable

está

íntimamente

relacionada con los hechos por los que se imputa el delito,

por

lo

que

presentada.

está

vinculada

directamente

con

la

prueba

En estas circunstancias es necesario examinar,

tal como lo hace la mayoría al final de la Opinión, el

grado de participación de cada uno de los imputados de

delito

para

determinar

si

pueden

ser

penalmente

responsables por un delito que ayudan a cometer, pero del

cual no pueden ser considerados autores.

Esa revisión no

es de derecho, sino de la prueba que el Ministerio Público

ha presentado para imputar el delito correspondiente.

La mayoría destaca que surge de la resolución dictada

por el juez de instancia en la vista de causa, que éste

tomó

la

determinación

interpretación

de

derecho

de

no

causa

debido

de

la

figura

del

a

la

cooperador.

Ciertamente, el juez recurrido hizo referencia a la figura

del cooperador según definida en el Código Penal de 2004,

porque esa modalidad fue, precisamente, la que se le imputó

en

la

denuncia.

Como

parte

del

descargo

de

su

CC-2007-1181

8

responsabilidad

debía

-tal

al

como

realizar

lo

la

hizo-

determinación

hacer

alusión

a

de

causa,

la

figura

mencionada e interpretarla de acuerdo a su texto.

En el caso ante nuestra consideración, es evidente que

estamos ante una determinación de no causa en los méritos.

Sabido es que las resoluciones y sentencias de los jueces

tienen una presunción de corrección.

Méndez, 143 D.P.R. 656, 662 (1997).

Pueblo v. Andaluz

En la resolución que

declaró no ha lugar una reconsideración presentada por el

Ministerio Público al “no causa” en contra del Sr. Sustache

Sustache, citada por la Opinión mayoritaria, el juez de

instancia Honorable Nelson J. Canabal Pérez indicó que su

determinación estuvo fundada en la evaluación de la prueba

documental,

visual

Ministerio

Público.

No

mayoría

confiere

mayor

le

Reconsideración

para

Arresto

Público

en

a

en

la

y

la

obstante

Alzada”

se

dicha

credibilidad

Determinación

cual

presentada

testifical

de

presentada

expresa

por

el

resolución,

la

la

de

a

“Moción

No

Causa

por

el

que,

Probable

Ministerio

alegadamente,

al

determinar “no causa” en la vista de causa probable para

arresto

en

alzada,

el

juez

Canabal

Pérez

indicó

que

“tendría que estirar mucho el delito” para encontrar causa.

La

vista

en

cuestión

determinación

de

causa

surgen

de

expresiones

no

para

unas

fiscales durante la vista.

fue

grabada

arresto,

notas

que

por

tomó

por

ser

una

lo

que

esas

uno

de

los

Aun tomando como cierto lo

expresado en el escrito del Ministerio Público, esa escueta

frase no implica necesariamente que la determinación del

CC-2007-1181

9

juez se basó en una cuestión de derecho, máxime cuando la

resolución firmada por éste dice lo contrario.

Por otro

lado, darle mayor credibilidad a un argumento de las partes

que

a

una

resolución

particularmente,

de

cuando

un

el

juez

lo

considero

resultado

implica

errado,

abrogarse

jurisdicción allí donde no la hay.

Es

posible

imaginar

escenarios

en

los

cuales

una

determinación de no causa sea revisable vía certiorari por

basarse en una cuestión de estricto derecho.

y

Por ejemplo,

sin ánimo de ser exhaustivos, una determinación de no

causa basada en que el tribunal carece de jurisdicción para

atender

el

exposición;

indultado

delito

imputado;

un

“no

causa”

porque

el

imputado

dicho

delito;

o

al

imputado

de

un

planteamiento

que

de

doble

ha

sido

se

le

ha

concedido inmunidad; o que el delito imputado ha prescrito,

entre

otras,

serían

razones

de

estricto

derecho,

desvinculadas de la prueba presentada para la comisión del

delito,

que

podrían

ser

revisadas

determinación

que

tenemos

esta

-no

causa

ocasión

ante

para

vía

nuestra

arresto

certiorari.

La

consideración

en

por

el

delito

de

asesinato en primer grado en la modalidad de cooperador- es

en

los

méritos,

no

un

asunto

de

estricto

derecho

desvinculado de la prueba y, por tanto, no revisable vía

certiorari.

El

fundamento

adicional

de

la

mayoría

para

asumir

jurisdicción, esto es, la responsabilidad de este Tribunal

en

interpretar

insostenible.

y

pautar

el

derecho

en

Puerto

Rico,

es

Un tribunal sin jurisdicción simplemente no

CC-2007-1181

posee

10

autoridad

para

atender

la

controversia

que

se

le

presenta, aun cuando parezca que ésta merece análisis e

intervención de su parte.

El interés de expresarnos sobre

una controversia novel desde un punto de vista jurídico, no

puede ser el soporte que avale actuaciones contrarias a lo

que hasta hoy habían sido nuestros precedentes en relación

con la revisión de determinaciones de causa para arresto.

Contrario a la mayoría, soy del criterio que rehuimos a

nuestra responsabilidad como máximo foro judicial del país,

no cuando nos negamos a ejercer jurisdicción allí donde no

la

tenemos,

firmemente

sino

cuando

establecidas

inestabilidad

en

el

damos

en

el

Derecho

e

la

espalda

acervo

a

doctrinas

jurídico,

incertidumbre

en

creando

nuestra

clase jurídica.

Por lo tanto, revocaría la sentencia del Tribunal de

Apelaciones

consideración

y

desestimaría

por

para atenderlo.

este

el

Tribunal

recurso

carecer

ante

de

nuestra

jurisdicción

Ésta pudiera ser una determinación “no

simpática”, pero no actuamos para ganarnos simpatías sino

para resolver conforme a derecho.

Por no ser éste el curso seguido por la mayoría en

este caso, disiento del dictamen emitido.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada