LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Michael Trias Fraticelli

2009 TSPR 67

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Michael Trias Fraticelli

TS-2882

Conducta Profesional-Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y la notaría por falta de pago de cuota de colegiación e incumplimiento con los requerimientos del Tribunal

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2009 TSPR 67

Ciro Betancourt

Eduardo Betancourt

Manuel E. Romeu

176 DPR ____

Número del Caso: CP-2004-10

Fecha: 23 de abril de 2009

Oficina del Procurador General:

Lcda. Miriam Soto Contreras

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Wanda I. Simons García

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Noemí Rivera de León

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Querellada:

Por Derecho Propio

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se

hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Ciro Betancourt

Eduardo Betancourt

Manuel E. Romeu

CP-2004-10

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2009.

El presente recurso disciplinario comenzó con

la radicación de una queja presentada por el Sr.

Luis

A.

Moyet

en

contra

de

los

Lcdos.

Ciro

A.

Betancourt Meneses, Eduardo A. Betancourt Meneses y

Manuel

E.

Romeu

y

Fernández.1

A

continuación

la

conducta que motivó el procedimiento disciplinario.

I

El señor Luis A. Moyet le entregó la cantidad de

El licenciado Ciro A. Betancourt Meneses, fue

admitido a la profesión de la abogacía el 27 de

mayo de 1971 y a la notaría el 9 de junio de 1971.

El licenciado Eduardo A. Betancourt Meneses, fue

admitido a la profesión de la abogacía el 6 de

noviembre de 1979 y a la notaría el 20 de octubre

de 1980. El licenciado Romeu y Fernández, fue

admitido a la profesión de la abogacía el 29 de

mayo de 1980 y a la notaría el 3 de julio de 1980.

1

CP-2004-10

$415,000

éste

2

al

los

licenciado

depositara

account”.

Luego

Betancourt

Meneses,

financiera

“Paine

monetaria

Ciro

en

de

una

la

abrió

Weber”

ascendiente

a

Betancourt

cuenta

entrega,

una

Meneses

de

plica

en

la

depositando

en

ésta

y

que

“escrow

el licenciado Ciro

cuenta

$300,000

para

se

institución

quedaron

una

suma

con

los

restantes $115,000 como depósito en el Bufete Betancourt.

Con posterioridad, la cuenta de “Paine Weber” fue cambiada;

primero, en la misma institución bancaria a nombre de dos

(2) corporaciones del querellante y luego a cuentas abiertas

en “Charles Schwab” a nombre de las mismas corporaciones.

Antes del cambio de las cuentas a “Charles Schwab” el

licenciado Ciro Betancourt Meneses retiró voluntariamente

de la cuenta de “Paine Weber” la cantidad de $50,000. De

igual

forma,

el

licenciado

Ciro

Betancourt

Meneses,

así

como su hermano, el licenciado Eduardo Betancourt Meneses,

utilizaron los $115,000 dejados en depósito en su oficina;

ambas cantidades fueron utilizadas para beneficio personal.

Valga aclarar que el retiro y uso del dinero fue realizado

sin el consentimiento del querellante, señor Luis A. Moyet.

Retirado y utilizado el dinero, el 3 de noviembre de

1994 los licenciados Betancourt Meneses se comprometieron a

devolverlo.

cursaron

Muestra

al

señor

del

compromiso

Luis

A.

es

la

Moyet

carta

que

aceptando

le

su

responsabilidad por el retiro y el uso de los $165,000. El

licenciado Ciro Betancourt Meneses en unión a su esposa,

Sra. Norah Dexter García, le envió un pagaré al señor Luis

A. Moyet por la suma de $50,000 con un interés al diez (10)

CP-2004-10

3

por ciento vencedero a su presentación y pagadero en seis

(6) meses. Por la importancia en la presente controversia

transcribimos a continuación la carta en cuestión, veamos:

November 3rd, 1994

Mr. Luis Moyet

President

Luda Corporation, Inc.

Escorial 742

Puerto Nuevo, Puerto Rico 00920

Dear Mr. Moyet:

This will ascertain the fact that this office

has invested in various mortgages of a yearly

term, the sum of $115,000 out of the money

that you deposited in escrow with us for which

we personally are responsible.

The balance of $300,000 was deposited in a

Paine Webber account and is in the process of

being transferred to an account under the name

of the corporation.

As you know from the amount deposited in Paine

Webber Mr. Ciro Betancourt took the sum of

$50,000 for which a Note is enclosed herein,

which he expects to return within the next 60

days.

The mortgages will be deposited in the

corporation account as they become due within

the next six month.

Sincerely,

(Singed) Ciro A. Betancourt

(Singed) Eduardo A. Betancourt

Ante

el

hecho

satisfacer

el

Betancourt

Meneses

de

que

dinero

en

los

licenciados

adeudado,

unión

a

su

el

no

licenciado

esposa,

señora

García

otorgaron

una

escritura

pública

sobre

favor

del

Luis

A.

ante

notario

señor

Moyet

el

pudieron

Ciro

Dexter

hipoteca

Romeu

a

y

Fernández por la suma de $195,000. Dicha escritura pública

sobre

hipoteca

estaba

supuesta

a

constituirse

sobre

la

CP-2004-10

residencia

4

del

matrimonio.

El

querellante

expresó

que

a

pesar de que la deuda era por la cantidad de $165,000 la

hipoteca

estaba

supuesta

a

$195,000

debido

a

ésta

que

en

garantizar

se

la

cantidad

de

pactaron

$30,000

por

concepto de intereses.

El

referido

instrumento

público

menciona

que

la

propiedad solamente está gravada por una primera hipoteca a

favor de HF Mortgage por la cantidad de $65,456 cuando en

realidad tenía dos gravámenes adicionales, uno por $25,000

y otro por $24,000. Por ello, la hipoteca estaba supuesta a

quedar inscrita en rango de cuarta y no de segunda como

éste

especificó

en

la

misma.

Por

ser

la

hipoteca

de

naturaleza constitutiva por su inscripción en el Registro

de la Propiedad, el licenciado Ciro Betancourt Meneses se

comprometió a presentarla para su inscripción de manera que

ésta

adquiriera

fuerza

erga

omnes,

gestión

que

nunca

realizó. El querellante, señor Luis A. Moyet declaró que el

licenciado Ciro Betancourt Meneses le indicó que la había

inscrito.

En

otra

transacción,

el

licenciado

Ciro

Betancourt

Meneses gestionó con el señor Luis A. Moyet un préstamo con

garantía hipotecaria con el Banco Santander, en el cual el

señor Luis A. Moyet se obligó solidariamente. Pasado el

tiempo, el Banco Santander le notificó al señor Luis A.

Moyet que el licenciado Ciro Betancourt Meneses no estaba

al día en los pagos por lo que era necesario que éste

procediera a realizar el pago correspondiente por ser esta

una obligación solidaria. El señor Luis A. Moyet realizó

CP-2004-10

5

múltiples gestiones tratando de cobrar las mensualidades

vencidas resultando estas infructuosas, por lo que procedió

a realizar los pagos y saldar la deuda para que no se viera

afectado su crédito.

El querellante, señor Luis A. Moyet atestó haberle

dado múltiples oportunidades al licenciado Ciro Betancourt

Meneses para que éste le respondiera por lo pagado por él

sin obtener resultado alguno. Indicó que el licenciado Ciro

Betancourt Meneses le contestaba que no tenía el dinero

para pagar la deuda y que estaba dispuesto a obtener un

seguro de vida para asegurar la suma monetaria que fue

utilizada por él para beneficio propio.

En cuanto a este asunto, el licenciado Ciro Betancourt

Meneses alegó que cuando se enteró que el señor Luis A.

Moyet había pagado el balance adeudado al Banco Santander

le dio personalmente al querellante y en presencia de su

abogado un cheque por la cantidad de $1,700.58 para reponer

el pago que éste había hecho al Banco Santander; dicho pago

alegadamente no fue aceptado por el quejoso.

Por ello,

procedió a consignarlo en el Tribunal de Primera Instancia.

El querellante afirmó que el licenciado Ciro Betancourt

Meneses se negó a pagar la deuda de $195,000 y la suma de

$4,000 por concepto de honorarios de abogado, cantidades

vencidas, líquidas y exigibles.

Ante

radicó

este

demanda

cuadro

en

fáctico,

cobro

de

el

señor

Luis

dinero

ante

el

A.

Moyet

Tribunal

de

Primera Instancia. Indicó que incluyó al licenciado Eduardo

Betancourt Meneses por éste haber suscrito y firmado la

CP-2004-10

6

carta donde atestaban haber utilizado el dinero y que se

proponían restituirlo. Por otro lado, incluyó en el pleito

al notario público Romeu y Fernández por haber autorizado

la escritura pública sobre hipoteca, supuesta a quedar en

rango de segunda para garantizar los $195,000.

El 7 de noviembre de 1997, ordenamos la paralización

del procedimiento disciplinario pendiente ante nos hasta

tanto

el

Tribunal

controversia

ante

de

Primera

Instancia

su

consideración.

resolviera

De

igual

la

forma,

ordenamos a los abogados querellados mantenernos informados

sobre

los

procedimientos

judiciales

relacionados

con

la

demanda sobre cobro de dinero.

El licenciado Ciro Betancourt Meneses aseguró que en

ningún momento negó la deuda que tenía con el querellante

ni se había negado a pagar la misma, pero que debido a su

precaria

situación

procedimiento

de

económica

quiebra.

tenía

que

Igualmente,

acogerse

atestó

a

un

que

su

hermano, el licenciado Eduardo Betancourt Meneses, no tenía

responsabilidad alguna hacia el quejoso, ya que siempre

estuvo al margen de los acuerdos entre éste y el señor Luis

A.

Moyet.

En

cuanto

al

licenciado

Eduardo

Betancourt

Meneses, éste alegó que nunca firmó la carta aceptando la

deuda y que existe gran diferencia entre su firma y la que

aparece en la carta.

El notario público Romeu y Fernández, sostuvo estar

ajeno a cualquier relación profesional o personal entre el

señor

Luis

A.

Moyet

y

el

licenciado

Ciro

Betancourt

Meneses. Expuso además que el licenciado Ciro Betancourt

CP-2004-10

Meneses

7

tuvo

la

necesidad

de

utilizarlo

como

notario

público en el otorgamiento de la escritura por su relación

de amistad y que tratándose de un asunto personal aceptó

autorizarla.

El notario público Romeu y Fernández declaró que el

licenciado

Ciro

Betancourt

Meneses

preparó

la

escritura

sobre hipoteca y que luego de éste revisarla y asegurarse,

a su entender, de que estaba correcta prosiguió con el

otorgamiento. Aceptó que confió en la información provista

por

el

licenciado

Ciro

Betancourt

Meneses,

la

cual

expresaba que la propiedad en cuestión le pertenecía a éste

y a su esposa, señora Dexter García y que el inmueble solo

estaba gravado por una primera hipoteca a favor de First

Finance Caribbean Corp. h/n/c H.F. Mortgage Bankers.

De igual forma, aceptó que cometió el error de no

verificar el estado registral de la propiedad. Aseveró a su

vez que éste hizo constar en la escritura que la hipoteca

se

constituiría

para

su

inscripción

en

el

rango

que

resultara del Registro de la Propiedad.2 Explicó que le hizo

entrega al licenciado Ciro Betancourt Meneses de una copia

certificada de la escritura sobre hipoteca en controversia

y expresó que el propósito del señor Luis A. Moyet para

incluirlo

en

la

queja

fue

ejercer

presión

ya

que

a

su

entender ésta no tenía justificación alguna, al menos en su

contra

ni

en

contra

del

licenciado

Meneses.

2

Véase, la Escritura en la pág. 5.

Eduardo

Betancourt

CP-2004-10

8

En virtud de una petición de quiebra bajo el Capítulo

Trece (13) de la Ley de Quiebras,3 el 6 de octubre de 1997

el Tribunal Federal de Quiebras ordenó la paralización de

los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia en

contra del licenciado Ciro Betancourt Meneses y su esposa,

señora Dexter García. El 14 de octubre de 1997, el foro

primario

dictó

procedimientos

en

sentencia

parcial

contra

licenciado

del

paralizando

Ciro

los

Betancourt

Meneses y su esposa hasta que finalizaran los trámites en

el Tribunal Federal de Quiebras. El 28 de septiembre de

1999,

el

referido

foro

federal

desestimó

la

petición

solicitada por el licenciado Ciro Betancourt Meneses y su

esposa, señora Dexter García.

El

7

de

marzo

de

2002,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia dictó sentencia sumaria parcial en la que condenó

a los co-demandados, licenciado Ciro Betancourt Meneses, la

señora

Dexter

compuesta

Meneses

por

a

García,

la

sociedad

ambos

al

licenciado

pagar

y

solidariamente

legal

al

de

gananciales

Eduardo

Betancourt

demandante

y

aquí

querellante una indemnización por la cantidad de $115,000.

Dispuso a su vez que el licenciado Ciro Betancourt Meneses,

su esposa y la sociedad legal de gananciales responderían

por

una

suma

adicional

ascendiente

a

$50,000

por

la

cantidad utilizada para el beneficio de estos.

El foro primario declaró NO HA LUGAR una solicitud de

sentencia

sumaria

presentada

por

el

licenciado

Romeu

y

Fernández y dispuso una vista en su fondo para fijar la

3

11 U.S.C.A. §§ 1301-1330.

CP-2004-10

9

responsabilidad

Tribunal

de

civil

Primera

de

éste

como

Instancia

notario

concluyó

público.

que

el

El

notario

público Romeu y Fernández no tenía la obligación de realizar

un estudio de título conforme a la norma establecida por

este Tribunal en el caso de Chévere v. Cátala.4 El foro

primario

indicó

que

pudo

haber

cumplido

con

la

norma

mediante las debidas advertencias a los otorgantes de la

conveniencia de hacer un estudio de título y consignar dicha

advertencia

en

la

escritura,

cosa

que

nunca

ocurrió.

Concluyó que el notario público Romeu y Fernández reconoció

el error de no haber verificado el estado registral de la

propiedad.

Sin

embargo,

el

caso

fue

archivado

por

emitimos

una

inactividad el 21 de febrero de 2003.

No

obstante,

Resolución

en

la

el

1

de

que

le

mayo

de

ordenamos

2003,

al

alguacil

de

este

Tribunal incautarse de la obra y sello notarial del señor

Romeu

y

Fernández

requerimientos

por

nuestros

y

haber

lo

desatendido

suspendimos

varios

inmediata

e

indefinidamente de la abogacía y notaría mediante Opinión

Per Curiam emitida el 30 de abril de 2003.5

El señor Romeu y Fernández solicitó mediante moción la

reconsideración de la decisión de este Tribunal en cuanto a

su

suspensión

indefinida

por

haber

desatendido

nuestras

resoluciones del 16 de octubre y 30 de diciembre de 2002. El

12 de marzo de 2004, le concedimos término al Procurador

General

para

que

se

expresara

sobre

dicha

solicitud

115 D.P.R. 432, 443-445 (1984).

4

5

In re: Manuel Romeu Fernández, 159 D.P.R. 399 (2003).

de

CP-2004-10

10

reinstalación. En cumplimiento con la orden, el Procurador

General expresó no tener objeción a su reinstalación. El 14

de

junio

de

2004

ordenamos

la

reinstalación

de

éste

al

ejercicio de la abogacía mas no así a la notaría, debido a

que su obra notarial había sido incautada y se encontraba

bajo

la

investigación

Inspección

de

de

la

Oficina

En

la

inspección

Notarías.

del

Director

se

de

encontraron

múltiples deficiencias las cuales no han sido corregidas por

el licenciado Romeu y Fernández; por todo lo cual, continua

suspendido indefinidamente de la notaría.

Imprescindible

resulta

mencionar

que

el

14

de

diciembre de 2005 se celebró una conferencia inicial en la

cual estuvo presente el licenciado Ciro Betancourt Meneses

y la Procuradora General Auxiliar informó que no constaba

del expediente contestación de la querella por parte de tal

abogado,

lo

que

propició

el

que

se

le

diera

un

tiempo

adicional para replicar a la misma. Celebrada una segunda

conferencia sobre el estado de los procedimientos el 7 de

marzo de 2006, el licenciado Ciro Betancourt Meneses no

compareció a la misma. Su hermano, el licenciado Eduardo

Betancourt

Meneses

presentó

ante

la

Procuradora

General

Auxiliar un informe médico suscrito por el doctor Sánchez

Borrero el 13 de enero de 2006, donde se indica que el

licenciado Ciro Betancourt Meneses padece de una condición

mental que lo incapacita para ejercer la profesión de la

abogacía. Así las cosas se trajo esta situación ante nos

CP-2004-10

11

solicitando

la

aplicación

de

la

Regla

15

(a)

y

(c)

de

nuestro Reglamento.6

Ante

esta

situación,

el

10

emitimos

una

Resolución

en

de

la

noviembre

cual

de

2006

ordenamos

la

paralización de los procedimientos disciplinarios en cuanto

al licenciado Ciro Betancourt Meneses y ordenamos que se

continuara

el

procedimiento

en

contra

de

los

demás

querellados, licenciados Eduardo Betancourt Meneses y Romeu

y Fernández. No obstante, a pesar de la paralización, este

Tribunal nunca se expresó en cuanto a la activación de la

Regla 15, supra. Por ello, la querella presentada contra el

licenciado

Ciro

Betancourt

Meneses

quedó

sometida

para

nuestra adjudicación.

A pesar de lo anterior, el licenciado Ciro Betancourt

Meneses

fue

suspendido

indefinidamente

de

la

abogacía

y

notaría por incumplir reiteradamente con el deber notarial

de estampar los sellos de rentas internas así como los

sellos de impuesto notarial y adeudar una cantidad global

de $24,441.7 Lo anterior, demuestra claramente que a pesar

de someter una certificación médica a los efectos de que el

licenciado Ciro Betancourt está incapacitado para ejercer

la profesión de la abogacía y por tal motivo alegadamente

desatendió

nuestras

órdenes

y

dilató

el

procedimiento

disciplinario en su contra, el licenciado Ciro Betancourt

6

7

In re: Aprobación de Reglas, 164 D.P.R. 150-01 (2005).

In re: Ciro Ángel Betancourt Meneses, 2008 T.S.P.R.

99.

CP-2004-10

continúo

12

ejerciendo

la

profesión

de

la

abogacía

y

la

notaría.

Expuestos los hechos analicemos los Cánones de Ética

Profesional,8 así como las disposiciones de la Ley Notarial9

aplicables a la presente controversia.

II

El Código de Ética Profesional, supra, en el Canon 18

dispone que, “[e]s deber del abogado defender los intereses

del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más

profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que

la

profesión

jurídica

en

general

estima

adecuada

y

responsable”.10 El Canon 19 dispone a su vez que, “[e]l

abogado debe mantener a su cliente siempre informado de

todo asunto importante en el desarrollo del caso que le ha

sido encomendado”.11

De otra parte, el Canon 21 exige que, todo “abogado

tiene para con su cliente un deber de lealtad completa.

Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando

su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses

personales”.12

Dicha

manifestaciones

de conducta

norma

pretende

evitar

diversas

anti-ética y una de ellas es

cuando su juicio profesional se ve afectado por intereses

8

4 L.P.R.A. Ap. IX, et seq.

9

4 L.P.R.A. §§ 2001- 2141.

10

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18.

11

4 L.P.R.A. Ap. IX C.19.

12

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 21.

CP-2004-10

13

personales, esto debido a que la lealtad hacia el cliente

debe ser completa.13 En In re: Toro Cubergé,14 mencionamos

varias instancias donde consideramos impropio de parte de

los abogados envolverse en asuntos contrarios a la mejor

defensa

de

su

cliente.

Todas

esas

instancias

tienen

un

elemento común y es el siguiente:

La imposibilidad legal de simultanear dos o más

cargos, funciones o misiones en una misma

persona. . . La premisa es sencilla: quien no sea

independiente no está en condiciones de ejercer

la profesión. . . De este modo se busca preservar

la autonomía del abogado y prevenir cualquier

tipo de dilución a la fidelidad que debe a su

cliente.15

Expresamos en In re: Marcos Morell Corrada,16 que la

norma

establecida

dirigida

a

en

In

prohibir,

de

re:

Toro

Cubergé,

ordinario,

las

supra,

“va

transacciones

comerciales entre un abogado y su cliente cuando las mismas

tienen

el

potencial

de

afectar

el

juicio

profesional

independiente del abogado o cuando estas puedan afectar el

deber de lealtad y fidelidad que se le debe al cliente”. A

esos

efectos

en

In

re:

Marcos

Morell

Corrada,

supra,

dispusimos que:

Las transacciones comerciales entre un abogado y

su cliente o aquellas instancias en que un

13

140 D.P.R. 523 (1996).

14

Íd.

15

Íd. en la pág. 531.

16

In re: Marcos Morell Corrada, 158 D.P.R. 791 (2003).

CP-2004-10

abogado,

a

sabiendas,

adquiere

un

interés

pecuniario, propietario o posesorio en un bien de

su cliente, han motivado nutridas discusiones por

los potenciales conflictos que acarrea. Las

mismas han sido reconocidas como situaciones que

podrían crear en el abogado un conflicto entre

los intereses del cliente y los propios, pudiendo

afectar su juicio profesional. A tales efectos,

se ha resaltado que las transacciones comerciales

con un cliente son inherentemente sospechosas.

Esto,

pues

no

solo

el

juicio

profesional

independiente del abogado puede ser seriamente

afectado por sus intereses personales en la

transacción, sino que la naturaleza desigual de

la relación abogado-cliente (en la que el abogado

adquiere un sinnúmero de información íntima del

cliente y éste a su vez deposita su confianza y

lealtad en el abogado), la hace susceptible de

múltiples abusos.17

Es precisamente la naturaleza de esta relación,

(mediante la cual un abogado adquiere numerosa

información confidencial de su cliente, ganándose

su confianza y lealtad), la que la hace objeto de

potenciales abusos. Cada vez que un abogado

realiza una transacción con su cliente se plantea

la posibilidad de que el letrado utilicé sus

destrezas legales y su posición para aprovecharse

de su cliente, utilizando, por ejemplo, su

influencia

o

la

información

confidencial

obtenida, para su beneficio personal. Por tales

razones,

los

tribunales

han

sido

sumamente

rigurosos al analizar las mismas.

De igual manera, el Canon 23 exige que:

El

abogado

no

debe

adquirir

interés

o

participación alguna en el asunto en litigio que

le haya sido encomendado.

. . .

La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre

abogado y cliente exige que estas estén fundadas

en la honradez absoluta. En particular, debe

darse pronta cuenta del dinero y otros bienes del

cliente que vengan en posesión y no debe

mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que

se mezclen.18

17

Énfasis suplido en el original.

18

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 23.

14

CP-2004-10

15

En cuanto al Canon 35, éste pretende salvaguardar lo

siguiente:

“[l]a

conducta

profesión

legal

ante

de

los

cualquier

tribunales,

miembro

para

de

con

la

sus

representados y en las relaciones con sus compañeros debe

ser sincera y honrada”.19

Aplicable también es el Canon 38 el cual dispone, en

esencia, lo siguiente:

El abogado deberá esforzarse al máximo de su

capacidad, en la exaltación del honor y dignidad

de su profesión, aunque él así hacerlo conlleve

sacrificios personales y debe evitar hasta la

apariencia de conducta profesional impropia. . .

Por razón de la confianza en él depositada como

miembro de la ilustre profesión legal, todo

abogado, tanto en su vida privada como en el

desempeño de su profesión, debe conducirse en

forma digna y honorable.20

Hemos

señalado

que

esta

norma

“[e]xige

que

los

abogados se esfuercen al máximo en exaltar el honor y la

dignidad de la profesión legal, obligación que se extiende

a su vida personal y privada”.21 Impone la obligación de

evitar

hasta

la

apariencia

de

conducta

profesional

impropia.22

En cuanto a los notarios públicos, estos representan la

fe pública y son responsables y tienen la obligación de

19

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35.

20

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 38.

21

In re: Rafael Avilés Cordero, 157 D.P.R. 867 (2002).

22

Íd.

CP-2004-10

16

conocer el estado registral de la propiedad sobre la cual

otorgan una escritura pública.23

Al ser el notario público

el principal custodio de la fe pública éste tiene el deber

de hacerles a los otorgantes las debidas aclaraciones así

como

las

advertencias

para

lograr

de

esa

forma

un

consentimiento informado de parte de los otorgantes.24 El

notario público está en la obligación de advertirles a los

otorgantes la necesidad de inscribir todo documento que así

lo requiera, no importa su grado de educación. Lo anterior,

es función inherente del notario público, máxime cuando se

trata de un negocio jurídico de naturaleza voluntaria y la

parte que se puede ver afectada por la falta de inscripción

del documento público es un tercero que no comparece a su

otorgamiento.

El Artículo dos (2) de la Ley Notarial25 dispone que es

obligación de todo notario público el dar fe y autenticidad

conforme

a

las

leyes

que

regulan

los

diversos

negocios

jurídicos y demás actos así como hechos extrajudiciales que

ante él se realicen. En cuanto a este asunto hemos resuelto

que:

Es indeclinable su obligación de conocer el

estado registral de la propiedad en su función

principal de custodio de la fe pública, base

esencial del sistema notariado.

. . .

23

Chévere v. Cátala, supra; In re: López Maldonado, 130

D.P.R. 863 (1992); In re: Ramos Meléndez, 120 D.P.R. 796

(1988).

24

In re: Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976); In re:

Vargas Hernández, 135 D.P.R. 603 (1994).

25

4 L.P.R.A. § 2002.

CP-2004-10

17

Es incuestionable la importancia que reviste

investigar los antecedentes, cargas y gravámenes,

al hacerse o autorizarse una escritura, no solo

para efectos civiles o registrales, sino también

para efectos notariales, “porque la determinación

de las cargas es necesaria para la posterior

concreción de la parte dispositiva de las

responsabilidades

que

contrae

cada

parte

contratante”. Incurrir en esta falta, convierte

al notario en “coautor de un consentimiento

enfermo e ineficaz en derecho y habrá traicionado

la fe de la que es principal guardador”.26

Por todo lo cual, para evitar que un notario público

asevere consciente o inconscientemente un hecho falso, éste

tiene

el

ineludible

deber

de

hacer

las

averiguaciones

necesarias que requieren las más elementales normas de la

profesión notarial.27 Cuando un notario público autoriza una

escritura

pública

y

hace

constar

que

la

propiedad

está

libre de cargas y gravámenes y resulta que este hecho es

contrario a la realidad registral, se viola la fe pública

notarial. “El notario que autoriza una escritura pública no

puede ignorar el estado registral de la propiedad sobre la

cual

las

partes

otorgan

la

escritura

a

la

fecha

del

otorgamiento”.28 Lo que es mas, dar fe de algo que no le

consta

equivale

mencionar

que

instrumento

a

faltar

cuando

público

un

a

la

verdad.

Es

notario

público

incluye

información

falsa

aunque

necesario

no

en

un

sea

de

manera intencional viola el Canon 35 del Código de Ética

26

In re: Manuel Pizarro, 151 D.P.R. 94 (2000).

27

In re: Vera Vélez, 148 D.P.R. 1 (1999).

28

Íd.

CP-2004-10

18

Profesional,

ya

supra,

que

falta

a

la

honradez

y

a

la

sinceridad.29

III

Aunque

este

Tribunal

conoce

sobre

la

suspensión

indefinida del señor Ciro Betancourt Meneses, así como de

la suspensión indefinida de la notaría del licenciado Romeu

y Fernández, las alegaciones sobre violaciones éticas aquí

presentes podrán ser consideradas en cualquier solicitud de

reinstalación que estos puedan presentar en el futuro. En

cuanto al licenciado Eduardo Betancourt Meneses, el Informe

de la Comisionada Especial, en adelante Comisionada, nos

señala

que

la

conducta

desplegada

por

éste

es

una

violatoria a los Cánones de Ética Profesional, 18, 19, 21,

23, 35 y 38, supra.

El

Informe

licenciado

de

Eduardo

la

Comisionada

Betancourt

Meneses

concluye

que,

el

violó

deber

de

su

diligencia, lealtad y honradez hacia el señor Luis A. Moyet

al

no

cumplir

con

su

deber

como

depositario

de

las

cantidades monetarias que el señor Luis A. Moyet confió en

el Bufete Betancourt. También, indica que, el licenciado

Eduardo

Betancourt

Meneses

utilizó

el

dinero

para

uso

personal, sin el consentimiento del señor Luis A Moyet, le

imprimió un uso distinto a los fondos confiados al Bufete

29

In re: Montañéz Miranda, 157 D.P.R. 275 (2002).

CP-2004-10

19

Betancourt y no cumplió con lo acordado y deseado por el

señor Luis A. Moyet.30

El

Informe

de

la

Comisionada

nos

señala

que,

el

licenciado Eduardo Betancourt Meneses violó el Canon 21,

supra, al involucrarse en los negocios del señor Luis A.

Moyet,

utilizando

su

dinero

en

forma

contraria

a

lo

acordado y obteniendo un beneficio personal. Arguye además,

que

incurrió

en

violaciones

a

los

Cánones

25

y

35

del

Código de Ética Profesional, supra, al envolverse en un

conflicto de interés por involucrar los fondos del cliente

en un negocio relacionado con la propiedad en la que ubican

sus oficinas de abogado, las cuales compartía con su socio

y hermano, el señor Ciro Betancourt Meneses. En síntesis,

aunque fue el señor Ciro Betancourt Meneses el que invitó

al señor Luis A. Moyet a convertirse en deudor solidario de

un préstamo, lo cierto es que el negocio involucraba la

propiedad

donde

Betancourt,

Meneses

del

también

están

ubicadas

cual

el

es

dueño.31

las

licenciado

Tal

oficinas

Eduardo

proceder

no

del

Bufete

Betancourt

responde

al

deber de fiducia que debe permear en toda relación abogadocliente.

A pesar de los señalamientos contenidos en el Informe

de la Comisionada, ésta nos sugiere que consideremos, en el

caso del licenciado Eduardo Betancourt Meneses y así lo

hacemos, los atenuantes siguientes:

30

Véase, Informe de la Comisionada Especial, en las págs.

13-19.

31

Íd.

CP-2004-10

20

1) El Lcdo. Eduardo Betancourt fue admitido a la

profesión legal el 6 de noviembre de 1979 y a la

notaria el 20 de octubre de 1980 y nunca antes

había

tenido

que

enfrentar

un

proceso

disciplinario, por lo cual ha sufrido mucho,

según ha expresado.

2) Su incumplimiento con los Cánones de Ética no

proviene de actuaciones intencionales de él, ni

de un patrón de conducta establecido. Por el

contrario, es un hombre mayor que lo percibimos

como una persona seria y respetuosa en todos los

órdenes

de

la

vida,

aunque

excesivamente

confiado, lo que lo llevó al descuido.

3) Ha mostrado arrepentimiento y dolor por todo

lo que este proceso ha traído a su vida y su

situación económica es muy difícil debido a ello.

4) No se aportó evidencia alguna que demostrase

que el querellado se lucró personalmente. Por el

contrario se afectó económicamente.

5) Su papel fue pasivo en toda la controversia

que dio origen a la queja que desencadenó en el

procedimiento disciplinario que nos ocupa. De

hecho, el quejoso afirmó en su queja que solo lo

incluyó por haber suscrito la carta del 3 de

noviembre

de

1994

con

su

hermano

Ciro

32

Betancourt.

Los

hechos

planteados

en

la

presente

acción

disciplinaria forzosamente nos llevan a coincidir con la

Comisionada en que la conducta incurrida por el licenciado

Eduardo Betancourt Meneses en nada exalta la dignidad de la

profesión de la abogacía. Ahora bien, somos del criterio de

que dicha conducta, bajo sus circunstancias particulares,

no lo hace indigno de ejercer la profesión de la abogacía.

La conducta incurrida por el licenciado Eduardo Betancourt

Meneses se debe mas bien a la confianza depositada en su

hermano y compañero del Bufete Betancourt, el señor Ciro

Betancourt Menenses.

está

Considerando

que

íntimamente

relacionado

Véase, Informe

págs. 37-38.

32

de

el

la

presente

con

recurso

el

pleito

Comisionada

disciplinario

en

Especial

cobro

de

en

las

CP-2004-10

dinero

que

licenciado

21

llevó

el

Eduardo

señor

Luis

Betancourt

A.

Moyet

Meneses

en

y

contra

otros;

del

cuya

sentencia ordenó al licenciado Eduardo Betancourt Meneses a

indemnizar solidariamente al señor Luis A. Moyet por la

cantidad de $115,000.00;33 en adición, a que el licenciado

Eduardo

Betancourt

Meneses

ha

gozado

de

una

excelente

reputación por más de veintinueve (29) años; que esta es la

primera querella que se presenta en su contra y que nos

demuestra estar sumamente arrepentido por las consecuencias

causadas por su conducta, no debemos de imponerle una doble

penalidad.

IV

Por

todo

lo

expuesto

y

considerando

los

atenuantes

contenidos en el Informe de la Comisionada, amonestamos al

licenciado Eduardo Betancourt Meneses y le apercibimos que

de

observarse

conducta

similar

en

el

futuro

podríamos

suspenderlo del ejercicio de la abogacía.

33

Véase, Informe de la Comisionada Especial en la pág. 11.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

CP-2004-10

Ciro Betancourt

Eduardo Betancourt

Manuel E. Romeu

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2009.

Por los fundamentos antes expuestos en la

Opinión Per Curiam que antecede, la cual se

hace formar parte íntegra de la presente, y

considerando los atenuantes contenidos en el

Informe de la Comisionada, amonestamos al

licenciado Eduardo Betancourt Meneses y le

apercibimos

que

de

observarse

conducta

similar en el futuro podríamos suspenderlo

del ejercicio de la abogacía.

Lo acordó el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza

Asociada señora Fiol Matta disiente con

Opinión escrita a la que se unen el Juez

Presidente señor Hernandez Denton y la Jueza

Asociada señora Rodríguez Rodríguez.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Conducta

Profesional

Eduardo Betancourt

Ciro A. Betancourt

Manuel E. Romeu

CP-2004-10

Opinión Disidente emitida por la JUEZA ASOCIADA SEÑORA FIOL MATTA a la

cual se unen el Juez Presidente señor Hernández Denton y la Jueza Asociada

señora Rodríguez Rodríguez

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2009.

Disiento, pues entiendo que la prueba no demuestra de

manera robusta y convincente34, que el Lcdo. Eduardo A.

Betancourt haya participado en el esquema elaborado por su

hermano,

El criterio a utilizarse por este Tribunal en casos

disciplinarios

es

el

de

prueba

clara,

robusta

y

convincente. In re: Caratini, 153 DPR 575 (2001). Ello

porque los casos disciplinarios contra los miembros de

este foro inciden sobre el derecho fundamental de los

abogados

a

ganarse

su

sustento.

Amy

Angulo

v.

Administración, 116 DPR 414, 421 (1985). Para tales casos,

en los cuales se niega un derecho fundamental, el debido

proceso de ley exige que el valor y suficiencia de la

prueba sea medida con un criterio más riguroso que la

preponderancia de la prueba, sin que le sea aplicable el

criterio de “prueba” más allá de duda razonable.

In re:

Ríos Ríos, 2008 TSPR 186.

34

CP-2004-10

2

Lcdo. Ciro Betancourt, para utilizar y apropiarse de los

fondos pertenecientes al querellante.35

El

expediente

Comisionada

demuestra,

Especial

en

su

y

así

Informe,

lo

que

reconoce

lo

único

la

que

relaciona al Lcdo. Eduardo Betancourt con la conducta de su

hermano es el que ambos compartieran una oficina bajo el

nombre de “Bufete Betancourt” y el que su firma apareciera

en una carta dirigida al querellante, Sr. Luis Moyet, en la

cual se reconocía que el señor Moyet había depositado un

dinero

en

una

cuenta

bancaria

del

bufete,

que

se

había

invertido parte de ese dinero y que el Lcdo. Ciro Betancourt

se había apropiado de otra parte del dinero depositado.

Sin embargo, el Lcdo. Eduardo Betancourt ha alegado,

desde el inicio de este proceso, y del proceso ante el

Tribunal de Primera Instancia al que hace referencia la

opinión mayoritaria, que él nunca tomó dinero alguno del

querellante

Sr.

Moyet,

no

conocía

de

la

existencia

del

alegado depósito y no firmó la carta aludida. En efecto,

cuando se compara la firma alegadamente suya en dicha carta

con todos los documentos firmados por él que obran en el

expediente la diferencia es patente y en ausencia de una

determinación de la Comisionada negándole credibilidad al

testimonio del Lcdo. Eduardo Betancourt esta discrepancia

sólo

35

puede

llevar

a

la

conclusión

de

que

el

Procurador

Según explica la Opinión mayoritaria, Ciro Betancourt fue

suspendido indefinidamente del ejercicio de la profesión,

aunque por otras razones.

CP-2004-10

General

no

3

pudo

probar,

mediante

prueba

robusta

y

convincente, que el querellado, en efecto, firmó la carta.

En su Informe, la Comisionada Especial encontró probado

lo siguiente:

El quejoso, Luis Moyet, le hizo entrega a

los licenciados Betancourt de la suma de $415,000

para

ser

depositados

en

una

cuenta

plica

(“escrow”) a nombre de su bufete.

Del total de

ese dinero, $300,000 fueron depositados con el

conocimiento y la autorización del señor Moyet,

en una cuenta en Paine Webber.

Los restantes $115,000 fueron mantenidos en

depósito con el bufete, con el conocimiento y la

autorización del quejoso.

Posteriormente,

el

querellado

Ciro

Betancourt retiró $50,000 de la cuenta de Paine

Webber, dejando un balance de $250,000.

Para

el

mes

de

julio

de

1994,

Ciro

Betancourt se comprometió a devolver el dinero

por él utilizado. Luego utilizó $115,000, por lo

que la deuda ascendió a $165,000.36

La

conclusión

sobre

la

entrega

del

dinero

a

“los

licenciados Betancourt” surge, estrictamente, de la carta

en controversia.

En

cuanto

a

esa

carta

la

Comisionada

expone

lo

siguiente:

El querellado Eduardo Betancourt asegura que

él nunca suscribió esa carta y que la firma que

aparece no es la de él. Aunque es cierto que la

firma se observa diferente a la que figura en

todos los demás documentos que obran en los

diversos expedientes donde está la firma de él,

no obstante, por no haber presentado prueba

pericial a tales efectos, no es posible llegar a

la determinación de que no la suscribió.37

36

Informe al Honorable Tribunal Supremo de la Comisionada

Especial, 17 de marzo de 2008, pág. 28-29, énfasis suplido.

37

Informe al Honorable Tribunal Supremo de la Comisionada

Especial, 17 de marzo de 2008, pág. 30, énfasis suplido.

CP-2004-10

4

Surge, además, que la carta de referencia es realmente

lo único que ata al Lcdo. Eduardo Betancourt a los hechos

anti-éticos de su hermano.

Según la Comisionada Especial:

En lo que respecta a Eduardo Betancourt, el

quejoso afirmó en su queja que lo incluía porque

suscribió en unión a su hermano el documento

(carta de 3 de noviembre de 1994) haciéndose

responsable por la utilización de los fondos

objeto de controversia.38

Concluye entonces la Comisionada que:

Analizando los hechos a la luz de lo que

contemplan dichos cánones, podemos concluir que

aunque no hay ninguna evidencia de que el

querellado

Eduardo

Betancourt

utilizara

los

fondos del cliente Moyet para su uso personal, no

obstante,

éste

formaba

parte

del

Bufete

Betancourt y el bufete fue el depositario de los

fondos del señor Moyet.39

Expone que “no duda” que el Lcdo. Eduardo Betancourt

“no tuvo participación alguna” en las transacciones entre su

hermano y el Sr. Moyet y que éste era cliente del Lcdo. Ciro

Betancourt y no del Lcdo. Eduardo Betancourt. No obstante,

como el Lcdo. Eduardo Betancourt no pudo probar, mediante

prueba pericial, que su firma en la carta fue falsificada,

la

Comisionada

sucediendo,

concluye

violó

“su

que

éste

conocía

responsabilidad”

lo

como

que

estaba

miembro

del

bufete y de esa manera incurrió en la falta de diligencia

prohibida

por

los

Cánones

18

y

19

del

Código

de

Ética

Profesional.40

38

Informe al Honorable Tribunal Supremo de la Comisionada

Especial, 17 de marzo de 2008, pág. 34, énfasis suplido.

39

Informe al Honorable Tribunal Supremo de la Comisionada

Especial, 17 de marzo de 2008, pág. 34-35, énfasis suplido.

40

El Procurador General es quien debió probar mediante

evidencia clara, robusta y convincente que el Lcdo. Eduardo

Betancourt firmó la carta. Además, sabemos que no es

CP-2004-10

5

Concluye, además, que por la única razón de ser parte

del “Bufete Betancourt”, el Lcdo. Eduardo Betancourt también

violó el Canon 21, que requiere lealtad a los intereses del

cliente,

así

como

el

Canon

23

que

protege

la

relación

fiduciaria entre abogado y cliente. Todo ello a pesar de que

quedó demostrado que el Sr. Moyet no era cliente del Lcdo.

Eduardo Betancourt, sino de su hermano, y que no participó

en los malabares económicos que ideó su hermano.

Ante lo anterior no podemos concluir, como lo hace la

mayoría,

que

la

prueba

mostrara,

de

manera

robusta

y

convincente, la participación del Lcdo. Eduardo Betancourt

en las violaciones éticas de su hermano.

No se demostró que

fuera depositario del dinero que el señor Moyet confió al

Lcdo.

Ciro

Betancourt.

No

hay

prueba

alguna

de

que

el

licenciado Eduardo Betancourt haya usado el dinero para su

uso personal, ni de que éste “le imprimió un uso distinto a

los fondos confiados al Bufete Betancourt y no cumplió con

lo acordado y deseado por el señor Luis A. Moyet”, según

expone la opinión mayoritaria.

Sencillamente la prueba no sostiene las conclusiones

fácticas en las que se apoya la mayoría para concluir que el

necesario o imperativo presentar prueba pericial para

demostrar un hecho particular, sino que ésta es permitida

“[c]uando conocimiento científico, técnico o especializado

sea de ayuda para el juzgador entender la evidencia o

determinar un hecho en controversia…”. Regla 52 de Evidencia

de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Véase además: E.L.

Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, República Dominicana,

Publicaciones JTS, 1998, T. I, págs. 543-544; Vélez

Rodríguez v. Amaro Cora, 138 D.P.R. 182, 194 (1995).

CP-2004-10

6

licenciado Eduardo Betancourt violó los cánones 18, 19, 21,

23 y 35 del Código de Ética Profesional.

En cuanto al Canon 38, éste, en lo pertinente, dispone

lo siguiente:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de

su capacidad, en la exaltación del honor y

dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo

conlleve sacrificios personales y debe evitar

hasta la apariencia de conducta profesional

impropia…41

Con la prueba sometida en este caso tampoco podemos

concluir que el Lcdo. Eduardo Betancourt no estuvo a la

altura del sacrificio personal que requiere el Canon 38, al

no fiscalizar la conducta de su hermano, pues tendríamos que

inferir

que

laboraban

en

esa

obligación

la

misma

surge

oficina.

del

Ni

solo

los

hecho

Cánones

de

de

que

Ética

Profesional ni su jurisprudencia interpretativa exigen que

los abogados, socios de un bufete, sean responsables por las

violaciones éticas en que incurran sus pares.42

Resaltamos a este punto que la Comisionada Especial

reconoce

en

su

Informe

lo

siguiente,

como

factores

atenuantes que este Tribunal debe considerar:

Su incumplimiento con los Cánones de Ética

no proviene de actuaciones intencionales de él,

ni de un patrón de conducta establecido. Por el

contrario, es un hombre mayor que lo percibimos

como una persona seria y respetuosa en todos los

41

4 L.P.R.A. Ap. IX. (Énfasis suplido).

La Regla número 5.1 de los Model Rules of Professional

Conduct del American Bar Association le exige a los socios

de un bufete esfuerzos razonables para tomar medidas con el

propósito de que los abogados de la firma actúen éticamente.

No obstante, dicha norma no ha sido adoptada en nuestra

jurisdicción.

42

CP-2004-10

7

órdenes

de

la

vida,

aunque

excesivamente

confiado, lo que lo llevó al descuido.

No se aportó evidencia alguna que demostase

que el querellado se lucró personalmente. Por lo

contrario, se afectó económicamente.

Su papel fue pasivo en toda la controversia

que dio origen a la queja que desencadenó en el

procedimiento disciplinario que nos ocupa. De

hecho, el quejoso afirmó en su queja que sólo lo

incluyó por haber suscrito la carta del 3 de

noviembre

de

1994

con

su

hermano

Ciro

Betancourt.43

Por

todas

estas

razones,

disiento

de

la

opinión

mayoritaria y ordenaría que se desestimara y archivara la

querella.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

43

Informe al Honorable Tribunal Supremo de la Comisionada

Especial, 17 de marzo de 2008, pág. 37-38, énfasis suplido.