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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Maggie Bonilla Berlingeri

2009 TSPR 72

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Maggie Bonilla Berlingeri

CP-2005-15

Conducta Profesional-Amonestación enérgica por infracción al Canon 23 de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2009 TSPR 72

176 DPR ____

Maggie Bonilla Berlingeri

Número del Caso: CP-2005-15

Fecha: 29 de abril de 2009

Oficina del Procurador General:

Lcda. Noemí Rivera de León

Procuradora General Auxiliar

Abogada de la Parte Querellada:

Lcda. Esther Leyra Benítez

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Lcda. Maggie Bonilla

Berlingeri

CP-2005-15

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2009.

Nos corresponde expresarnos nuevamente sobre

el deber de los abogados de manejar con diligencia

y honradez los bienes que reciben a nombre de sus

clientes.

I

La

Lcda.

Maggie

Bonilla

Berlingerie

fue

admitida al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico

el

2

de

enero

de

1990.

abogada,

la

querellada

legal

la

Sra.

de

En

su

desempeño

asumió

la

representación

Myriam

Batiz

Vázquez,

en

como

una

acción civil sobre divorcio y pensión alimentaria.

Como

resultado

de

ese

pleito,

el

Tribunal

de

CP-2005-15

2

Primera Instancia fijó el pago de $2,300 por los gastos

escolares de los hijos, a pagarse en el mes de julio de

cada año. Dicho foro ordenó que el ex esposo de la Sra.

Myriam

Batiz

Vázquez,

el

Lcdo.

Pedro

I.

Vidal,

pagara

$1,000 adicionales para reembolsar los gastos escolares

incurridos por la Sra. Batiz Vázquez en el curso escolar

anterior. Además, el foro de instancia ordenó el pago de

$1,750

por

los

Vázquez

y

su

honorarios

ex

esposo

de

abogado.

acordaron

La

que

el

Sra.

pago

Batiz

de

los

honorarios de abogado se realizaría en diciembre de 2004.

Conforme con lo anterior, el Lcdo. Vidal envío el referido

pago de $3,300 ($2,300 para los gastos de regreso a clases

del año en curso y $1,000 por los gastos incurridos en el

año escolar anterior) a la oficina de la querellada, la

Lcda. Bonilla Berlingerie.

Esta última recibió el cheque en su oficina el 1 de

julio de 2004. Su secretaria llamó en múltiples ocasiones a

la Sra. Batiz Vázquez para que fuera a recoger el cheque y

para que entregara el pago de los honorarios de abogado. La

Sra. Batiz Vázquez suscribió una carta en la que autorizó

a su vecino para que recogiera el cheque en la oficina de

la

querellada.

Éste

se

personó

a

la

oficina

de

la

querellada con la referida carta y solicitó el cheque a

nombre de la Sra. Batiz Vázquez, pero la querellada se negó

a entregarle el cheque. Ante esta situación, la Sra. Batíz

Vázquez

presentó

Berlingerie

en

la

una

queja

contra

la

que

señaló

que

querellada

la

Lcda.

Bonilla

no

le

CP-2005-15

3

entregó el cheque enviado por su ex esposo porque no se le

habían pagado los honorarios de abogado.

A

raíz

de

correspondiente

estos

hechos

y

investigación,

luego

el

de

efectuar

Procurador

la

General

presentó un Informe en el que concluyó que la Lcda. Bonilla

Berlingerie incurrió en posible violación a los Cánones 23

y 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A, Ap. IX, C. 23, C. 38.

El Procurador General sostuvo, entre otras cosas, que la

abogada

incumplió

su

deber

ético

al

retener

el

cheque

perteneciente a su cliente y condicionar la entrega del

mencionado cheque al pago de los honorarios de abogado, en

abierta contravención a la normativa ética vigente.

Posteriormente, le ordenamos al Procurador General que

presentara la querella contra la Lcda. Bonilla Berlingerie.

En

cumplimiento

con

la

referida

orden,

el

Procurador

General presentó la querella contra la letrada, y le imputó

dos (2) cargos por violación a los Cánones 23 y 38 del

Código

de

Ética

correspondiente

Bonilla

Profesional,

id.

contestación

a

Berlingerie

señaló

que

la

Por

su

parte,

querella,

procedía

la

en

la

Lcda.

desestimar

la

querella instada en su contra. Adujo que acordó verbalmente

con la Sra. Batiz Vázquez que el cheque por $3,300 sería

enviado a la oficina de la querellada, y que de esa suma se

saldarían los $1,750 por los honorarios de abogado. Además,

señaló que no infringió el canon 23 de Ética Profesional,

id., ya que dio pronta cuenta a la Sra. Batiz Vázquez del

cheque que obraba en su posesión para que lo recogiera,

pero que la Sra. Batiz Vázquez nunca lo hizo. Expresó que

CP-2005-15

4

no entregó el cheque a la persona que visitó su oficina

porque

no

autorizada

tenía

la

certeza

de

que

esa

persona

por

su

clienta

a

recibirlo.

Por

estaba

último,

argumentó que no tuvo la intención de retener el cheque,

que siempre estuvo disponible para entregarlo y que no

condicionó la entrega al pago de los honorarios de abogado

adeudados.

Cumpliendo

con

la

orden

de

este

Tribunal,

el

Comisionado Especial celebró la vista a base de la cual

sometió un informe en el que hizo las correspondientes

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Según

surge de ese informe, la secretaria de la querellada llamó

en múltiples ocasiones a la Sra. Batíz Vázquez para que

fuera

a

recoger

el

cheque

por

$3,300

de

la

pensión

alimentaria y para que entregara el pago de

$1,750 por los

honorarios

Batiz

de

abogado.

Luego,

la

Sra.

Vázquez

suscribió una carta en la que autorizó a su vecino para que

recogiera el cheque en la oficina de la querellada. El 14

de

julio

de

2004

éste

se

personó

a

la

oficina

de

la

querellada con la referida carta y solicitó el cheque a

nombre de la Sra. Batíz Vázquez. La querellada se negó a

entregar el cheque a la persona que portaba la carta e hizo

una anotación en la misiva suscrita y firmada por la Sra.

Batiz Vázquez. En dicha anotación expresó que no podía

entregar el cheque al alegado vecino de la Sra. Batiz

Vázquez porque no lo conocía y porque no se había podido

comunicar con esta última para discutir lo referente al

pago de los honorarios de abogado adeudados. Además, en

CP-2005-15

5

dicha anotación la querellada le sugirió alternativas a la

Sra.

Batiz

Vázquez

para

el

pago

de

los

honorarios

de

abogado.

Por su parte, el 16 de julio de 2004 la Sra. Batiz

Vázquez le envío otra carta a la querellada solicitándole

otra vez el

cheque. La Sra. Batiz Vázquez nunca recibió

contestación

a

la

carta

ni

el

cheque

solicitado.

La

querellada intentó consignar el cheque en el Tribunal de

Primera Instancia donde se ventiló el pleito de divorcio en

el que representó a la Sra. Batiz Vázquez, pero el tribunal

no

permitió

dicha

consignación.

Por

esta

razón,

la

querellada envío la carta a la oficina del ex esposo de la

Sra. Batiz Vázquez, quien se encargó de enviarle el cheque

a esta última.

A base de estos hechos y de la normativa vigente, el

Comisionado Especial determinó que la retención inicial del

cheque suscrito a favor de la Sra. Batiz Vázquez pudo estar

justificada,

ya

que

la

querellada

no

pudo

establecer

comunicación con su clienta. Sin embargo, el Comisionado

Especial

concluyó

que

la

Lcda.

Bonilla

Berlingerie

infringió el Canon 23 de Ética Profesional, id., a partir

del 14 de julio de 2004, fecha en que se negó a entregar el

cheque

al

vecino

de

la

Sra.

Batiz

Vázquez

e

hizo

la

anotación en la carta en la que condicionó la entrega del

cheque al pago de los honorarios de abogado. A partir de

esta fecha, transcurrieron catorce (14) días hasta que la

Sra. Batiz Vázquez recibió el cheque, periodo durante el

que no hubo justa causa para la retención. El Comisionado

CP-2005-15

Especial

6

concluyó

que

el

Procurador

General

no

probó

violación al Canon 38 de Ética Profesional, id.

Contamos con la comparecencia de la querellada y del

Procurador General, y estamos en condición de resolver el

recurso, por lo que procedemos a así hacerlo.

II

El Código de Ética Profesional establece las normas

mínimas

que

rigen

la

conducta

de

los

miembros

de

la

profesión legal y promueven un comportamiento ejemplar por

parte de los abogados en el desempeño de su labor. In re

Gordon Menéndez, 2007 T.S.P.R. 108, 171 D.P.R. ____ (2007);

In re Matos González, 149 D.P.R. 817, 819 (1999). A tales

efectos,

dicho

cuerpo

legal

deben

sus

clientes

un

a

prescribe

trato

que

los

profesional

abogados

que

se

caracterice por la capacidad, la lealtad y la honradez. In

re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199, 205 (2005).

Esto

responde a que la relación entre un abogado y su cliente

está cimentada en la confianza absoluta que debe existir

entre ambos. Robles Sanabria, Ex Parte, 133 D.P.R. 739, 747

(1993).

Conforme con este deber de lealtad y honradez, el

canon 23 de Ética Profesional, supra,

establece que cuando

el letrado advenga en posesión de bienes o dinero del

cliente debe dar pronta cuenta de este hecho a su cliente y

nunca debe mezclar dichos bienes con los suyos propios. A

la luz de este deber ético recogido en el referido canon,

la normativa jurisprudencial prohíbe diáfanamente que los

abogados retengan y dispongan inapropiadamente de cualquier

suma de dinero que pertenezca a su cliente. In re Gorbea

Martínez, 149 D.P.R. 784, 788 (1999).

CP-2005-15

7

Sobre este particular, en In re Ramírez Ferrer, 147

D.P.R. 607, 613-614, sostuvimos que “la confianza entre

abogado y cliente, en particular, el escrupuloso manejo de

fondos, constituye elemento inseparable que se proyecta no

sólo dentro del foro togado puertorriqueño, sino en el

respeto

y

la

estima

ante

la

imagen

pública.

¨[Citas

omitidas.]”. Asimismo, en el normativo In re Arana Arana,

112 D.P.R. 838, 844, establecimos que el hecho de haber

devuelto

el

dinero

retenido

o

haberlo

retenido

sin

la

intención de apropiarse de él permanentemente no libera al

abogado querellado de una posible sanción disciplinaria.

Por el contrario, “[l]a dilación en la devolución de los

fondos de por sí es causa suficiente para tomar medidas

disciplinarias contra el abogado.” In re Ramírez Ferrer,

supra, a la pág. 614.

La retención de cualquier cantidad

de dinero perteneciente al cliente es violatoria del canon

23 de Ética Profesional, supra.

Conforme con este precepto ético, la transparencia de

las

relaciones

entre

abogado

cliente

y

la

naturaleza

fiduciaria de dicha relación basada en honestidad absoluta

es piedra angular para nuestro sistema jurídico. Por esta

razón, reiteradamente hemos establecido que los abogados no

deben cobrar indebidamente los honorarios de abogado ni

retener sin autorización dinero de los clientes.

Así también, el Canon 38 de Ética Profesional, supra,

le exige a todo abogado desplegar una conducta que exalte

la dignidad y el honor de su profesión, no sólo en el

desempeño de ésta, sino también en el ámbito de su vida

CP-2005-15

privada.

8

Esta

depositada

en

obligación

ética

responde

a

la

confianza

el

como

miembro

de

la

profesión

abogado

legal. In re Sepúlveda, Casiano, 155 D.P.R. 193 (2001).

Conforme

con

este

principio,

hemos

expresado

que

“cada

abogado es un espejo en el cual se refleja la imagen de la

profesión, por lo que debe actuar con limpieza, lealtad y

el

más

escrupuloso

sentido

de

responsabilidad.”

In

re

Currás Ortiz, 2008 T.S.P.R. 12, 173 D.P.R. ____ (2008).

Ahora

bien,

hemos

establecido

que

en

los

procedimientos disciplinarios la evidencia tiene que ser

clara, robusta y convincente, no afectada por reglas de

exclusión ni a base de conjeturas. In re Caratini Alvarado,

153 D.P.R. 575, 584 (2001). Dicho criterio requiere una

carga probatoria más fuerte que la mera preponderancia de

la prueba, toda vez que en estos procesos está en juego el

título de un abogado y, por tanto, su derecho fundamental a

ganarse el sustento. id. Aunque el referido estándar de

prueba no es susceptible de una definición precisa, la

prueba clara, robusta y convincente ha sido descrita como

“aquella evidencia que produce en un juzgador de hechos una

convicción duradera de que las contenciones fácticas son

altamente probables”. In re Rodríguez Mercado, 165 D.P.R.

630, 640 (2005).

Por último, según dispone la Regla 14 del Reglamento

del

Tribunal

Supremo,

4

L.P.R.A.

Ap.

XXI-A,

R.14,

le

corresponde al Comisionado Especial designado celebrar una

vista para recibir la prueba. Al desempeñar una función

similar al juzgador de instancia, el Comisionado Especial

CP-2005-15

9

está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical

y adjudicar credibilidad, por lo que sus determinaciones

fácticas merecen nuestra mayor deferencia. In re Morales

Soto, 134 D.P.R. 1012, 1016 (1994). Por tanto, aunque este

Tribunal

no

Comisionado

está

obligado

Especial

en

un

a

aceptar

el

informe

procedimiento

de

un

disciplinario

contra un abogado, y podemos adoptar, modificar o rechazar

tal informe, de ordinario sostendremos las determinaciones

de hecho de un Comisionado Especial salvo que se demuestre

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Morell,

Alcover, 158 D.P.R. 791 (2003); In re Soto López, 135

D.P.R. 642, 646 (1994).

Conforme con la normativa antes expuesta, procedemos a

dirimir la controversia ente nuestra consideración.

III

Consideramos, basados en lo antes expuesto y en los

hechos probados ante el Comisionado Especial, que la Lcda.

Bonilla Berlingeri faltó a los deberes impuestos por el

Canon 23 de Ética Profesional, supra.

La doctrina reseñada

establece claramente que la mera retención de los bienes

del cliente es causa suficiente para sancionar al abogado,

de modo que no se socave el carácter fiduciario que debe

imperar en la relación del abogado y su cliente. Es decir,

el hecho de que no haya intención de ocultar los bienes o

que

éstos

se

devuelvan

al

cliente,

no

implica

que

el

abogado no haya transgredido el referido canon.

Es cierto que, la querellada dio “pronta cuenta” del

cheque

a

su

clienta

y

en

varias

ocasiones

trató

de

comunicarse con ésta para que pasara a recoger el cheque y

CP-2005-15

10

pagara los honorarios de abogado. Hasta ese momento, no es

posible

colegir

que

la

querellada

estaba

reteniendo

el

cheque de su clienta en contravención al referido canon.

Sin embargo, cuando la Sra. Batiz Vázquez envió a su vecino

para recoger el cheque, la querellada se negó a entregarlo

e hizo una anotación, a manuscrito, en la referida carta en

la que expresó que no podía entregar el cheque a la persona

que portaba la carta, porque no lo conocía y porque no se

había podido comunicar con su clienta para discutir lo

referente al pago de los honorarios adeudados. Además, en

dicha anotación la querellada le sugirió alternativas a la

Sra.

Batiz

Vázquez

para

el

pago

de

los

honorarios

de

abogado.

A partir de ese momento la querellada infringió el

Canon 23 de Ética Profesional, id., al retener el cheque de

la Sra. Batiz Vázquez y condicionar la entrega del mismo a

la discusión sobre

los honorarios de abogado. No nos

convence la querellada al aducir que se negó a entregar el

cheque porque no tenía la certeza de que esa persona estaba

autorizada por la Sra. Batiz Vázquez. Según se desprende de

la

carta

que

obra

en

el

expediente

ante

nuestra

consideración, en la anotación la querellada se dirigió

expresamente a la Sra. Batiz Vázquez, al escribirle que

“por el hecho de no conocer al caballero ni haber hablado

contigo para liquidar lo correspondiente a mis honorarios

de

abogado

expresiones

será

se

imposible

desprende

que

que

lo

entregue”.

De

estas

la

querellada

reconoció

implícitamente que la persona fue enviada y autorizada por

CP-2005-15

11

la Sra. Batiz Vázquez a recoger el cheque. De lo contrario

no hubiese hecho anotación alguna. Además, no hay duda de

que la carta estaba suscrita y firmada por la Sra. Batiz

Vázquez. La querellada fungió como abogada de la Sra. Batiz

Vázquez, por lo que tenía los medios para corroborar que la

carta

había

sido

enviada

por

su

clienta.

No

lo

hizo.

Además, si genuinamente la querellada se hubiese negado a

entregar el cheque porque desconocía si la persona estaba

autorizada,

debió

hacer

las

gestiones

pertinentes

para

hacerle llegar el cheque a su clienta, lo antes posible.

Por

el

contrario,

la

querellada

envió

el

cheque

a

la

oficina del ex esposo de su clienta, luego de que intentó

consignarlo en el tribunal donde se ventiló el pleito en el

que representó a la Sra. Batiz Vázquez. En ningún momento

intentó enviar el cheque a la dirección de su cliente.

El comportamiento de la querellada transgredió los

principios éticos que rigen la profesión legal.

Existe

evidencia clara, robusta y convincente de que la querellada

retuvo el cheque porque no le habían pagado los honorarios

de abogado. La anotación que la querellada hizo en la carta

es

prueba

fehaciente

de

establecida

que

los

abogados

autorización

el

dinero

de

dicha

intención.

no

sus

deben

clientes.

Es

norma

retener

sin

La

querellada

presionó para cobrar sus honorarios reteniendo el cheque

que

pertenecía

a

su

cliente.

Al

actuar

de

ese

modo,

mancilló la imagen de la clase togada y violentó el deber

fiduciario

cliente.

que

debe

Conforme

existir

con

lo

en

toda

anterior,

relación

concluimos

abogado

que

la

CP-2005-15

12

querellada

infringió

el

Canon

23

de

Ética

contrario

a

lo

que

Profesional,

supra.

Por

último

y

determinó

el

Comisionado Especial, entendemos que las actuaciones de la

querellada desde el momento en que recibió el cheque a

nombre de la Sra. Batiz Vázquez, reflejaron un mal manejo

de la situación que dio margen a la apariencia de conducta

impropia.

pensión

Tan pronto la querellada recibió el cheque de la

alimentaria

debió

procurar

que

la

Sra.

Batiz

Vázquez lo recogiera lo antes posible, y al darse cuenta de

la

falta

de

comunicación

con

ésta

debió

hacer

las

gestiones necesarias para hacerle llegar el cheque a su

clienta. Sin embargo, la querellada devolvió el cheque al

ex esposo luego de que se negó a entregarle el cheque a la

Sra. Batiz Vázquez. Estas actuaciones, a todas luces dan la

impresión de que la querellada no quería entregar el cheque

a su clienta y, por lo tanto, prefirió devolverlo por

correspondencia al ex esposo de la Sra. Batiz Vázquez. Si

la querellada hubiese tenido la intención de entregar el

cheque

con

la

premura

que

requiere

la

normativa

ética

vigente, le hubiese hecho llegar el cheque a su clienta. Al

no hacerlo, infringió los postulados del Canon 38 de Ética

Profesional, id.

IV

Según hemos establecido,

al determinar la sanción

disciplinaria que habrá de imponerse a un abogado que haya

incurrido en conducta antiética, podemos tomar en cuenta

los

siguientes

factores:

(1)

la

buena

reputación

del

CP-2005-15

13

abogado en la comunidad; (2) el historial previo de éste;

(3) si ésta constituye su primera falta y si ninguna parte

ha resultado perjudicada; (4) la aceptación de la falta y

su sincero arrepentimiento; (5) si se trata de una conducta

aislada; (6) el ánimo de lucro que medió en su actuación;

(7)

resarcimiento

al

cliente;

y

(8)

cualesquiera

otras

consideraciones, sean atenuantes o agravantes, que medien a

tenor con los hechos. In re Quiñones Ayala,165 D.P.R. 138

(2008).

Recientemente, en In re Delannoy Solé, 2008 T.S.P.R.

58, 173 D.P.R. ___ (2008), nos enfrentamos a una situación

similar a la que dio lugar a este recurso. En aquel caso,

el abogado recibió un cheque dirigido a su clienta y se

comunicó

con

ella

prontamente

para

que

lo

recogiera.

Surgieron desavenencias entre el abogado y su clienta, por

lo que el letrado retuvo el cheque con la intención de

acompañar a su clienta al banco y así cobrar los honorarios

de abogado. En dicho caso sostuvimos que la conducta del

abogado infringía el Canon 23 de Ética Profesional, supra.

Por esta razón, amonestamos enérgicamente al abogado.

Consideramos como agravante y altamente preocupante

que

en

el

caso

que

ahora

nos

ocupa

el

bien

retenido

constituía la pensión alimentaria para los gastos escolares

de los hijos menores de la Sra. Batiz Vázquez. Por otro

lado, surge como atenuante que ésta es la primera falta de

la querellada.

Ella sólo retuvo el cheque por catorce (14)

días después de que la Sra. Batiz lo reclamara. A fin de

CP-2005-15

14

cuentas, esta última recibió el cheque de modo que no hubo

un perjuicio sustancial a las partes.

En atención a todo lo anterior y a base del trato que

en

el

pasado

le

hemos

dado

a

situaciones

como

esta,

amonestamos enérgicamente a la Lcda. Bonilla Berlingerie.

Le apercibimos que, de repetirse en un futuro la conducta

que dio lugar a este recurso, seremos mucho más severos en

nuestra sanción.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Maggie Bonilla Berlingeri

CP2005-15

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2008.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente Sentencia, y en atención a todo lo anterior y a

base del trato que en el pasado le hemos dado a situaciones

como esta, amonestamos enérgicamente a la Lcda. Maggie

Bonilla Berlingerie. Le apercibimos que, de repetirse en un

futuro la conducta que dio lugar a este recurso, seremos

mucho más severos en nuestra sanción.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria

del Tribunal.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo