Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Maggie Bonilla Berlingeri
2009 TSPR 72
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Maggie Bonilla Berlingeri
CP-2005-15
Conducta Profesional-Amonestación enérgica por infracción al Canon 23 de Ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2009 TSPR 72
176 DPR ____
Maggie Bonilla Berlingeri
Número del Caso: CP-2005-15
Fecha: 29 de abril de 2009
Oficina del Procurador General:
Lcda. Noemí Rivera de León
Procuradora General Auxiliar
Abogada de la Parte Querellada:
Lcda. Esther Leyra Benítez
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal.
Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Lcda. Maggie Bonilla
Berlingeri
CP-2005-15
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2009.
Nos corresponde expresarnos nuevamente sobre
el deber de los abogados de manejar con diligencia
y honradez los bienes que reciben a nombre de sus
clientes.
I
La
Lcda.
Maggie
Bonilla
Berlingerie
fue
admitida al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico
el
2
de
enero
de
1990.
abogada,
la
querellada
legal
la
Sra.
de
En
su
desempeño
asumió
la
representación
Myriam
Batiz
Vázquez,
en
como
una
acción civil sobre divorcio y pensión alimentaria.
Como
resultado
de
ese
pleito,
el
Tribunal
de
CP-2005-15
2
Primera Instancia fijó el pago de $2,300 por los gastos
escolares de los hijos, a pagarse en el mes de julio de
cada año. Dicho foro ordenó que el ex esposo de la Sra.
Myriam
Batiz
Vázquez,
el
Lcdo.
Pedro
I.
Vidal,
pagara
$1,000 adicionales para reembolsar los gastos escolares
incurridos por la Sra. Batiz Vázquez en el curso escolar
anterior. Además, el foro de instancia ordenó el pago de
$1,750
por
los
Vázquez
y
su
honorarios
ex
esposo
de
abogado.
acordaron
La
que
el
Sra.
pago
Batiz
de
los
honorarios de abogado se realizaría en diciembre de 2004.
Conforme con lo anterior, el Lcdo. Vidal envío el referido
pago de $3,300 ($2,300 para los gastos de regreso a clases
del año en curso y $1,000 por los gastos incurridos en el
año escolar anterior) a la oficina de la querellada, la
Lcda. Bonilla Berlingerie.
Esta última recibió el cheque en su oficina el 1 de
julio de 2004. Su secretaria llamó en múltiples ocasiones a
la Sra. Batiz Vázquez para que fuera a recoger el cheque y
para que entregara el pago de los honorarios de abogado. La
Sra. Batiz Vázquez suscribió una carta en la que autorizó
a su vecino para que recogiera el cheque en la oficina de
la
querellada.
Éste
se
personó
a
la
oficina
de
la
querellada con la referida carta y solicitó el cheque a
nombre de la Sra. Batiz Vázquez, pero la querellada se negó
a entregarle el cheque. Ante esta situación, la Sra. Batíz
Vázquez
presentó
Berlingerie
en
la
una
queja
contra
la
que
señaló
que
querellada
la
Lcda.
Bonilla
no
le
CP-2005-15
3
entregó el cheque enviado por su ex esposo porque no se le
habían pagado los honorarios de abogado.
A
raíz
de
correspondiente
estos
hechos
y
investigación,
luego
el
de
efectuar
Procurador
la
General
presentó un Informe en el que concluyó que la Lcda. Bonilla
Berlingerie incurrió en posible violación a los Cánones 23
y 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A, Ap. IX, C. 23, C. 38.
El Procurador General sostuvo, entre otras cosas, que la
abogada
incumplió
su
deber
ético
al
retener
el
cheque
perteneciente a su cliente y condicionar la entrega del
mencionado cheque al pago de los honorarios de abogado, en
abierta contravención a la normativa ética vigente.
Posteriormente, le ordenamos al Procurador General que
presentara la querella contra la Lcda. Bonilla Berlingerie.
En
cumplimiento
con
la
referida
orden,
el
Procurador
General presentó la querella contra la letrada, y le imputó
dos (2) cargos por violación a los Cánones 23 y 38 del
Código
de
Ética
correspondiente
Bonilla
Profesional,
id.
contestación
a
Berlingerie
señaló
que
la
Por
su
parte,
querella,
procedía
la
en
la
Lcda.
desestimar
la
querella instada en su contra. Adujo que acordó verbalmente
con la Sra. Batiz Vázquez que el cheque por $3,300 sería
enviado a la oficina de la querellada, y que de esa suma se
saldarían los $1,750 por los honorarios de abogado. Además,
señaló que no infringió el canon 23 de Ética Profesional,
id., ya que dio pronta cuenta a la Sra. Batiz Vázquez del
cheque que obraba en su posesión para que lo recogiera,
pero que la Sra. Batiz Vázquez nunca lo hizo. Expresó que
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4
no entregó el cheque a la persona que visitó su oficina
porque
no
autorizada
tenía
la
certeza
de
que
esa
persona
por
su
clienta
a
recibirlo.
Por
estaba
último,
argumentó que no tuvo la intención de retener el cheque,
que siempre estuvo disponible para entregarlo y que no
condicionó la entrega al pago de los honorarios de abogado
adeudados.
Cumpliendo
con
la
orden
de
este
Tribunal,
el
Comisionado Especial celebró la vista a base de la cual
sometió un informe en el que hizo las correspondientes
determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Según
surge de ese informe, la secretaria de la querellada llamó
en múltiples ocasiones a la Sra. Batíz Vázquez para que
fuera
a
recoger
el
cheque
por
$3,300
de
la
pensión
alimentaria y para que entregara el pago de
$1,750 por los
honorarios
Batiz
de
abogado.
Luego,
la
Sra.
Vázquez
suscribió una carta en la que autorizó a su vecino para que
recogiera el cheque en la oficina de la querellada. El 14
de
julio
de
2004
éste
se
personó
a
la
oficina
de
la
querellada con la referida carta y solicitó el cheque a
nombre de la Sra. Batíz Vázquez. La querellada se negó a
entregar el cheque a la persona que portaba la carta e hizo
una anotación en la misiva suscrita y firmada por la Sra.
Batiz Vázquez. En dicha anotación expresó que no podía
entregar el cheque al alegado vecino de la Sra. Batiz
Vázquez porque no lo conocía y porque no se había podido
comunicar con esta última para discutir lo referente al
pago de los honorarios de abogado adeudados. Además, en
CP-2005-15
5
dicha anotación la querellada le sugirió alternativas a la
Sra.
Batiz
Vázquez
para
el
pago
de
los
honorarios
de
abogado.
Por su parte, el 16 de julio de 2004 la Sra. Batiz
Vázquez le envío otra carta a la querellada solicitándole
otra vez el
cheque. La Sra. Batiz Vázquez nunca recibió
contestación
a
la
carta
ni
el
cheque
solicitado.
La
querellada intentó consignar el cheque en el Tribunal de
Primera Instancia donde se ventiló el pleito de divorcio en
el que representó a la Sra. Batiz Vázquez, pero el tribunal
no
permitió
dicha
consignación.
Por
esta
razón,
la
querellada envío la carta a la oficina del ex esposo de la
Sra. Batiz Vázquez, quien se encargó de enviarle el cheque
a esta última.
A base de estos hechos y de la normativa vigente, el
Comisionado Especial determinó que la retención inicial del
cheque suscrito a favor de la Sra. Batiz Vázquez pudo estar
justificada,
ya
que
la
querellada
no
pudo
establecer
comunicación con su clienta. Sin embargo, el Comisionado
Especial
concluyó
que
la
Lcda.
Bonilla
Berlingerie
infringió el Canon 23 de Ética Profesional, id., a partir
del 14 de julio de 2004, fecha en que se negó a entregar el
cheque
al
vecino
de
la
Sra.
Batiz
Vázquez
e
hizo
la
anotación en la carta en la que condicionó la entrega del
cheque al pago de los honorarios de abogado. A partir de
esta fecha, transcurrieron catorce (14) días hasta que la
Sra. Batiz Vázquez recibió el cheque, periodo durante el
que no hubo justa causa para la retención. El Comisionado
CP-2005-15
Especial
6
concluyó
que
el
Procurador
General
no
probó
violación al Canon 38 de Ética Profesional, id.
Contamos con la comparecencia de la querellada y del
Procurador General, y estamos en condición de resolver el
recurso, por lo que procedemos a así hacerlo.
II
El Código de Ética Profesional establece las normas
mínimas
que
rigen
la
conducta
de
los
miembros
de
la
profesión legal y promueven un comportamiento ejemplar por
parte de los abogados en el desempeño de su labor. In re
Gordon Menéndez, 2007 T.S.P.R. 108, 171 D.P.R. ____ (2007);
In re Matos González, 149 D.P.R. 817, 819 (1999). A tales
efectos,
dicho
cuerpo
legal
deben
sus
clientes
un
a
prescribe
trato
que
los
profesional
abogados
que
se
caracterice por la capacidad, la lealtad y la honradez. In
re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199, 205 (2005).
Esto
responde a que la relación entre un abogado y su cliente
está cimentada en la confianza absoluta que debe existir
entre ambos. Robles Sanabria, Ex Parte, 133 D.P.R. 739, 747
(1993).
Conforme con este deber de lealtad y honradez, el
canon 23 de Ética Profesional, supra,
establece que cuando
el letrado advenga en posesión de bienes o dinero del
cliente debe dar pronta cuenta de este hecho a su cliente y
nunca debe mezclar dichos bienes con los suyos propios. A
la luz de este deber ético recogido en el referido canon,
la normativa jurisprudencial prohíbe diáfanamente que los
abogados retengan y dispongan inapropiadamente de cualquier
suma de dinero que pertenezca a su cliente. In re Gorbea
Martínez, 149 D.P.R. 784, 788 (1999).
CP-2005-15
7
Sobre este particular, en In re Ramírez Ferrer, 147
D.P.R. 607, 613-614, sostuvimos que “la confianza entre
abogado y cliente, en particular, el escrupuloso manejo de
fondos, constituye elemento inseparable que se proyecta no
sólo dentro del foro togado puertorriqueño, sino en el
respeto
y
la
estima
ante
la
imagen
pública.
¨[Citas
omitidas.]”. Asimismo, en el normativo In re Arana Arana,
112 D.P.R. 838, 844, establecimos que el hecho de haber
devuelto
el
dinero
retenido
o
haberlo
retenido
sin
la
intención de apropiarse de él permanentemente no libera al
abogado querellado de una posible sanción disciplinaria.
Por el contrario, “[l]a dilación en la devolución de los
fondos de por sí es causa suficiente para tomar medidas
disciplinarias contra el abogado.” In re Ramírez Ferrer,
supra, a la pág. 614.
La retención de cualquier cantidad
de dinero perteneciente al cliente es violatoria del canon
23 de Ética Profesional, supra.
Conforme con este precepto ético, la transparencia de
las
relaciones
entre
abogado
cliente
y
la
naturaleza
fiduciaria de dicha relación basada en honestidad absoluta
es piedra angular para nuestro sistema jurídico. Por esta
razón, reiteradamente hemos establecido que los abogados no
deben cobrar indebidamente los honorarios de abogado ni
retener sin autorización dinero de los clientes.
Así también, el Canon 38 de Ética Profesional, supra,
le exige a todo abogado desplegar una conducta que exalte
la dignidad y el honor de su profesión, no sólo en el
desempeño de ésta, sino también en el ámbito de su vida
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privada.
8
Esta
depositada
en
obligación
ética
responde
a
la
confianza
el
como
miembro
de
la
profesión
abogado
legal. In re Sepúlveda, Casiano, 155 D.P.R. 193 (2001).
Conforme
con
este
principio,
hemos
expresado
que
“cada
abogado es un espejo en el cual se refleja la imagen de la
profesión, por lo que debe actuar con limpieza, lealtad y
el
más
escrupuloso
sentido
de
responsabilidad.”
In
re
Currás Ortiz, 2008 T.S.P.R. 12, 173 D.P.R. ____ (2008).
Ahora
bien,
hemos
establecido
que
en
los
procedimientos disciplinarios la evidencia tiene que ser
clara, robusta y convincente, no afectada por reglas de
exclusión ni a base de conjeturas. In re Caratini Alvarado,
153 D.P.R. 575, 584 (2001). Dicho criterio requiere una
carga probatoria más fuerte que la mera preponderancia de
la prueba, toda vez que en estos procesos está en juego el
título de un abogado y, por tanto, su derecho fundamental a
ganarse el sustento. id. Aunque el referido estándar de
prueba no es susceptible de una definición precisa, la
prueba clara, robusta y convincente ha sido descrita como
“aquella evidencia que produce en un juzgador de hechos una
convicción duradera de que las contenciones fácticas son
altamente probables”. In re Rodríguez Mercado, 165 D.P.R.
630, 640 (2005).
Por último, según dispone la Regla 14 del Reglamento
del
Tribunal
Supremo,
4
L.P.R.A.
Ap.
XXI-A,
R.14,
le
corresponde al Comisionado Especial designado celebrar una
vista para recibir la prueba. Al desempeñar una función
similar al juzgador de instancia, el Comisionado Especial
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9
está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical
y adjudicar credibilidad, por lo que sus determinaciones
fácticas merecen nuestra mayor deferencia. In re Morales
Soto, 134 D.P.R. 1012, 1016 (1994). Por tanto, aunque este
Tribunal
no
Comisionado
está
obligado
Especial
en
un
a
aceptar
el
informe
procedimiento
de
un
disciplinario
contra un abogado, y podemos adoptar, modificar o rechazar
tal informe, de ordinario sostendremos las determinaciones
de hecho de un Comisionado Especial salvo que se demuestre
prejuicio, parcialidad o error manifiesto. In re Morell,
Alcover, 158 D.P.R. 791 (2003); In re Soto López, 135
D.P.R. 642, 646 (1994).
Conforme con la normativa antes expuesta, procedemos a
dirimir la controversia ente nuestra consideración.
III
Consideramos, basados en lo antes expuesto y en los
hechos probados ante el Comisionado Especial, que la Lcda.
Bonilla Berlingeri faltó a los deberes impuestos por el
Canon 23 de Ética Profesional, supra.
La doctrina reseñada
establece claramente que la mera retención de los bienes
del cliente es causa suficiente para sancionar al abogado,
de modo que no se socave el carácter fiduciario que debe
imperar en la relación del abogado y su cliente. Es decir,
el hecho de que no haya intención de ocultar los bienes o
que
éstos
se
devuelvan
al
cliente,
no
implica
que
el
abogado no haya transgredido el referido canon.
Es cierto que, la querellada dio “pronta cuenta” del
cheque
a
su
clienta
y
en
varias
ocasiones
trató
de
comunicarse con ésta para que pasara a recoger el cheque y
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10
pagara los honorarios de abogado. Hasta ese momento, no es
posible
colegir
que
la
querellada
estaba
reteniendo
el
cheque de su clienta en contravención al referido canon.
Sin embargo, cuando la Sra. Batiz Vázquez envió a su vecino
para recoger el cheque, la querellada se negó a entregarlo
e hizo una anotación, a manuscrito, en la referida carta en
la que expresó que no podía entregar el cheque a la persona
que portaba la carta, porque no lo conocía y porque no se
había podido comunicar con su clienta para discutir lo
referente al pago de los honorarios adeudados. Además, en
dicha anotación la querellada le sugirió alternativas a la
Sra.
Batiz
Vázquez
para
el
pago
de
los
honorarios
de
abogado.
A partir de ese momento la querellada infringió el
Canon 23 de Ética Profesional, id., al retener el cheque de
la Sra. Batiz Vázquez y condicionar la entrega del mismo a
la discusión sobre
los honorarios de abogado. No nos
convence la querellada al aducir que se negó a entregar el
cheque porque no tenía la certeza de que esa persona estaba
autorizada por la Sra. Batiz Vázquez. Según se desprende de
la
carta
que
obra
en
el
expediente
ante
nuestra
consideración, en la anotación la querellada se dirigió
expresamente a la Sra. Batiz Vázquez, al escribirle que
“por el hecho de no conocer al caballero ni haber hablado
contigo para liquidar lo correspondiente a mis honorarios
de
abogado
expresiones
será
se
imposible
desprende
que
que
lo
entregue”.
De
estas
la
querellada
reconoció
implícitamente que la persona fue enviada y autorizada por
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11
la Sra. Batiz Vázquez a recoger el cheque. De lo contrario
no hubiese hecho anotación alguna. Además, no hay duda de
que la carta estaba suscrita y firmada por la Sra. Batiz
Vázquez. La querellada fungió como abogada de la Sra. Batiz
Vázquez, por lo que tenía los medios para corroborar que la
carta
había
sido
enviada
por
su
clienta.
No
lo
hizo.
Además, si genuinamente la querellada se hubiese negado a
entregar el cheque porque desconocía si la persona estaba
autorizada,
debió
hacer
las
gestiones
pertinentes
para
hacerle llegar el cheque a su clienta, lo antes posible.
Por
el
contrario,
la
querellada
envió
el
cheque
a
la
oficina del ex esposo de su clienta, luego de que intentó
consignarlo en el tribunal donde se ventiló el pleito en el
que representó a la Sra. Batiz Vázquez. En ningún momento
intentó enviar el cheque a la dirección de su cliente.
El comportamiento de la querellada transgredió los
principios éticos que rigen la profesión legal.
Existe
evidencia clara, robusta y convincente de que la querellada
retuvo el cheque porque no le habían pagado los honorarios
de abogado. La anotación que la querellada hizo en la carta
es
prueba
fehaciente
de
establecida
que
los
abogados
autorización
el
dinero
de
dicha
intención.
no
sus
deben
clientes.
Es
norma
retener
sin
La
querellada
presionó para cobrar sus honorarios reteniendo el cheque
que
pertenecía
a
su
cliente.
Al
actuar
de
ese
modo,
mancilló la imagen de la clase togada y violentó el deber
fiduciario
cliente.
que
debe
Conforme
existir
con
lo
en
toda
anterior,
relación
concluimos
abogado
que
la
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12
querellada
infringió
el
Canon
23
de
Ética
contrario
a
lo
que
Profesional,
supra.
Por
último
y
determinó
el
Comisionado Especial, entendemos que las actuaciones de la
querellada desde el momento en que recibió el cheque a
nombre de la Sra. Batiz Vázquez, reflejaron un mal manejo
de la situación que dio margen a la apariencia de conducta
impropia.
pensión
Tan pronto la querellada recibió el cheque de la
alimentaria
debió
procurar
que
la
Sra.
Batiz
Vázquez lo recogiera lo antes posible, y al darse cuenta de
la
falta
de
comunicación
con
ésta
debió
hacer
las
gestiones necesarias para hacerle llegar el cheque a su
clienta. Sin embargo, la querellada devolvió el cheque al
ex esposo luego de que se negó a entregarle el cheque a la
Sra. Batiz Vázquez. Estas actuaciones, a todas luces dan la
impresión de que la querellada no quería entregar el cheque
a su clienta y, por lo tanto, prefirió devolverlo por
correspondencia al ex esposo de la Sra. Batiz Vázquez. Si
la querellada hubiese tenido la intención de entregar el
cheque
con
la
premura
que
requiere
la
normativa
ética
vigente, le hubiese hecho llegar el cheque a su clienta. Al
no hacerlo, infringió los postulados del Canon 38 de Ética
Profesional, id.
IV
Según hemos establecido,
al determinar la sanción
disciplinaria que habrá de imponerse a un abogado que haya
incurrido en conducta antiética, podemos tomar en cuenta
los
siguientes
factores:
(1)
la
buena
reputación
del
CP-2005-15
13
abogado en la comunidad; (2) el historial previo de éste;
(3) si ésta constituye su primera falta y si ninguna parte
ha resultado perjudicada; (4) la aceptación de la falta y
su sincero arrepentimiento; (5) si se trata de una conducta
aislada; (6) el ánimo de lucro que medió en su actuación;
(7)
resarcimiento
al
cliente;
y
(8)
cualesquiera
otras
consideraciones, sean atenuantes o agravantes, que medien a
tenor con los hechos. In re Quiñones Ayala,165 D.P.R. 138
(2008).
Recientemente, en In re Delannoy Solé, 2008 T.S.P.R.
58, 173 D.P.R. ___ (2008), nos enfrentamos a una situación
similar a la que dio lugar a este recurso. En aquel caso,
el abogado recibió un cheque dirigido a su clienta y se
comunicó
con
ella
prontamente
para
que
lo
recogiera.
Surgieron desavenencias entre el abogado y su clienta, por
lo que el letrado retuvo el cheque con la intención de
acompañar a su clienta al banco y así cobrar los honorarios
de abogado. En dicho caso sostuvimos que la conducta del
abogado infringía el Canon 23 de Ética Profesional, supra.
Por esta razón, amonestamos enérgicamente al abogado.
Consideramos como agravante y altamente preocupante
que
en
el
caso
que
ahora
nos
ocupa
el
bien
retenido
constituía la pensión alimentaria para los gastos escolares
de los hijos menores de la Sra. Batiz Vázquez. Por otro
lado, surge como atenuante que ésta es la primera falta de
la querellada.
Ella sólo retuvo el cheque por catorce (14)
días después de que la Sra. Batiz lo reclamara. A fin de
CP-2005-15
14
cuentas, esta última recibió el cheque de modo que no hubo
un perjuicio sustancial a las partes.
En atención a todo lo anterior y a base del trato que
en
el
pasado
le
hemos
dado
a
situaciones
como
esta,
amonestamos enérgicamente a la Lcda. Bonilla Berlingerie.
Le apercibimos que, de repetirse en un futuro la conducta
que dio lugar a este recurso, seremos mucho más severos en
nuestra sanción.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Maggie Bonilla Berlingeri
CP2005-15
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2008.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, la cual se hace formar parte integrante de la
presente Sentencia, y en atención a todo lo anterior y a
base del trato que en el pasado le hemos dado a situaciones
como esta, amonestamos enérgicamente a la Lcda. Maggie
Bonilla Berlingerie. Le apercibimos que, de repetirse en un
futuro la conducta que dio lugar a este recurso, seremos
mucho más severos en nuestra sanción.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria
del Tribunal.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo