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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Vázquez Vélez v. Caro Moreno, et als

2009 TSPR 57

Poder Judicial de Puerto Rico

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Vázquez Vélez v. Caro Moreno, et als

AC-2008-89

Resolución con Voto Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2009 TSPR 57

Lydia I. Otero Encarnación

176 DPR ____

Número del Caso: AB-2008-209

Fecha: 20 de marzo de 2009

Comisión de Ética del Colegio de Abogados de P.R.:

Lcda. Marla de Lourdes Rodríguez

Materia: Conducta Profesional

(Las suspensión será efectiva el 3 de abril de 2009,

fecha en que se le notificó a la abogada de su

suspensión inmediata).

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Lydia I. Otero Encarnación

AB-2008-209

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2009.

El pasado 30 de septiembre de 2008 emitimos una

Resolución

concediéndole

un

término

de

diez

(10)

días a la Lcda. Lydia I. Otero Encarnación para que

compareciera ante la Comisión de Ética del Colegio

de

Abogados

de

requerimientos

Puerto

sobre

Rico

una

y

respondiera

investigación

que

a

sus

dicho

foro conduce con relación a su conducta profesional.

A su vez, le ordenamos comparecer ante nos para que

expusiera sus razones, si alguna, por las cuales no

debiéramos imponerle sanciones disciplinarias. Por

último, le apercibimos de que lo contrario podría

conllevar consecuencias severas, como su suspensión

indefinida del ejercicio de la profesión.

AB-2008-209

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I.

La

Sra.

Donna

Marie

Vázquez

contrató

los

servicios

profesionales de Otero Encarnación ya que su padre, el Sr.

Luis Antonio Vázquez Vargas, deseaba presentar una acción

judicial para evitar que una de sus hermanas se apoderara

del

caudal

hereditario

del

padre

de

ambos,

don

Carmelo

Vázquez Negrón. Con ese fin, acordaron por vía telefónica

que un amigo de don Luis Antonio le entregaría $950.00 a

Otero Encarnación como pago inicial por sus servicios. Tras

la entrega de dicha cantidad, la señora Vázquez se comunicó

con Otero Encarnación y, presuntamente, ésta le indicó que

ya

había

presentado

una

“moción

de

emergencia”

en

el

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina.

Con el pasar del tiempo, sin embargo, la señora Vázquez

se enteró de que Otero Encarnación nunca había presentado la

referida

moción.

Tampoco

había

constancia

alguna

en

el

Tribunal de Primera Instancia de una demanda sobre el asunto

antes

reseñado.

servicios

de

En

Otero

vista

de

ello,

Encarnación,

e

la

inconforme

señora

con

los

Vázquez

le

solicitó que le devolviera el dinero pagado. Sin embargo,

nunca recibió una respuesta a sus llamadas ni recobró los

$950.00 que le había entregado a dicha abogada.

Así las cosas, la señora Vázquez presentó una queja

ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados para que

se examinara la conducta profesional de Otero Encarnación y

se le ordenara devolver la suma cobrada por los servicios

que, supuestamente, nunca prestó. Recibida dicha queja, la

oficial investigadora a cargo del caso le notificó la misma

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a Otero Encarnación mediante cuatro cartas, tres de éstas

enviadas

por

correo

certificado

con

acuse

de

recibo.

En

estas comunicaciones, la oficial examinadora le solicitó que

contestara la queja presentada ante la Comisión de Ética y

le

apercibió

Colegio

de

de

que

Abogados

desatender

podría

los

conllevar

requerimientos

del

la

de

imposición

severas sanciones disciplinarias por parte de este Tribunal.

A

pesar

contestó

la

de

lo

referida

anterior,

Otero

queja.

tal

Por

Encarnación

motivo,

la

nunca

oficial

investigadora compareció ante nos a través de una moción

informativa en la que expresó que debido a que la abogada de

epígrafe no había contestado la queja, no estaba en posición

de emitir una recomendación sobre el asunto presentado en la

misma.

Así,

pues,

solicitó

nuestra

intervención

para

que

tomáramos la acción correspondiente.

En atención a esta solicitud, el 30 de septiembre de

2008 emitimos la Resolución antes mencionada, la cual fue

diligenciada personalmente por personal de la Oficina del

Alguacil General de este Tribunal. Según surge de la faz de

la Resolución, la misma fue recibida por Otero Encarnación

el 22 de octubre de 2008. A pesar de ello, ésta aún no ha

comparecido ante nos.

II.

Como

se

sabe,

todo

abogado

tiene

la

obligación

de

responder con diligencia a los requerimientos y órdenes de

este Tribunal, en particular aquellos que están relacionados

con procedimientos sobre su conducta profesional. Así, pues,

reiteradamente hemos señalado que procede suspender de forma

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automática a un abogado que no atiende con premura nuestros

requerimientos y que se muestra indiferente ante nuestros

apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias. In re

Lloréns Sar, res. 5 de febrero de 2007, 2007 T.S.P.R. 31; In

re

Díaz

Rodríguez,

res.

30

de

noviembre

de

2005,

2005

T.S.P.R. 191; In re Vega Lassalle, res. 20 de abril de 2005,

2005 T.S.P.R. 66; In re Quintero Alfaro, res. 9 de febrero

de 2004, 2004 T.S.P.R. 20.

A

pesar

de

ello,

constantemente

nos

enfrentamos

a

cantidad de letrados que hacen caso omiso a nuestras órdenes

y apercibimientos. Al parecer, olvidan que su “actitud de

indiferencia

y

menosprecio

a

la

autoridad

del

Tribunal

Supremo merecen su suspensión indefinida”. Véase In re Pagán

Ayala, 130 D.P.R. 678, 683 (1992). En este sentido, como

demuestra el citado precedente, la obligación de atender los

requerimientos relacionados a un procedimiento disciplinario

contra un abogado no se limita a aquellos formulados por

este Tribunal. Ésta se extiende también a los requerimientos

formulados por el Procurador General, la Comisión de Ética

del

Colegio

Notarías.

de

Abogados

Véanse,

e.g.,

y

la

Oficina

In

re

Grau

de

Díaz,

Inspección

de

154

70

D.P.R.

(2001); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).

III.

En esta ocasión, nos enfrentamos al caso de una abogada

que no ha atendido los requerimientos de este Tribunal ni de

la Comisión de Ética del Colegio de Abogados en torno a la

evaluación

Otero

de

su

Encarnación

conducta

no

ha

profesional.

comparecido

En

ante

primer

la

lugar,

Comisión

de

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6

Ética para contestar sus requerimientos, lo que ha tenido el

resultado de impedir que dicha entidad cumpla con su deber

de investigar el proceder de ésta en cuanto a los asuntos

para

los

cuales,

presuntamente,

fue

contratada.

Además,

requerida por este Tribunal para acreditar su cumplimiento

con su obligación de comparecer ante la Comisión de Ética,

Otero Encarnación también ha ignorado nuestras órdenes.

Sin lugar a dudas, de todo lo anterior surge claramente

que Otero Encarnación ha desatendido sus obligaciones como

abogada. Ello es indicativo de que ya no desea continuar en

el

ejercicio

de

la

profesión

legal.

En

vista

de

ello,

procede que decretemos su suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la abogacía.

IV.

Por

las

razones

antes

expresadas,

suspendemos

a

la

Lcda. Lydia I. Otero Encarnación inmediata e indefinidamente

del ejercicio de la abogacía por desatender tanto nuestros

requerimientos como los de la Comisión de Ética del Colegio

de Abogados en torno a la queja presentada en su contra.

Otero

motivo

de

Encarnación

la

notificará

suspensión

que

le

a

sus

hemos

clientes

que

impuesto

no

por

puede

continuar con su representación legal, y devolverá a éstos

los expedientes de los casos pendientes y los honorarios

recibidos por trabajos no realizados. Asimismo, informará de

su suspensión a toda Sala del Tribunal General de Justicia o

foro administrativo en donde tenga algún caso pendiente.

Por

último,

tiene

la

obligación

de

acreditar

y

certificar ante este Tribunal, en el término de treinta (30)

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días, que cumplió con lo antes señalado. El cumplimiento con

estos deberes será notificado también a la Comisión de Ética

del Colegio de Abogados. El Alguacil de este Tribunal se

incautará inmediatamente de la obra y sello notarial de la

abogada de epígrafe para el trámite correspondiente por la

Directora de la Oficina de Inspección de Notarías.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Lydia I. Otero Encarnación

AB-2008-209

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2009.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de

la presente Sentencia se suspende a la Lcda. Lydia

I. Otero Encarnación inmediata e indefinidamente del

ejercicio de la abogacía por desatender tanto

nuestros requerimientos como los de la Comisión de

Ética del Colegio de Abogados en torno a la queja

presentada en su contra.

Otero Encarnación notificará a sus clientes que

por motivo de la suspensión que le hemos impuesto no

puede continuar con su representación legal, y

devolverá a éstos los expedientes de los casos

pendientes y los honorarios recibidos por trabajos

no realizados. Asimismo, informará de su suspensión

a toda Sala del Tribunal General de Justicia o foro

administrativo en donde tenga algún caso pendiente.

Por último, tiene la obligación de acreditar y

certificar ante este Tribunal, en el término de

treinta (30) días, que cumplió con lo antes

señalado. El cumplimiento con estos deberes será

notificado también a la Comisión de Ética del

Colegio de Abogados. El Alguacil de este Tribunal se

incautará inmediatamente de la obra y sello notarial

de

la

abogada

de

epígrafe

para

el

trámite

AB-2008-209

9

correspondiente por la Directora de la Oficina de Inspección

de Notarías.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Fiol

Matta no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo