Tribunal Supremo de Puerto Rico
Vázquez Vélez v. Caro Moreno, et als
2009 TSPR 57
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Vázquez Vélez v. Caro Moreno, et als
AC-2008-89
Resolución con Voto Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2009 TSPR 57
Lydia I. Otero Encarnación
176 DPR ____
Número del Caso: AB-2008-209
Fecha: 20 de marzo de 2009
Comisión de Ética del Colegio de Abogados de P.R.:
Lcda. Marla de Lourdes Rodríguez
Materia: Conducta Profesional
(Las suspensión será efectiva el 3 de abril de 2009,
fecha en que se le notificó a la abogada de su
suspensión inmediata).
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
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público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Lydia I. Otero Encarnación
AB-2008-209
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2009.
El pasado 30 de septiembre de 2008 emitimos una
Resolución
concediéndole
un
término
de
diez
(10)
días a la Lcda. Lydia I. Otero Encarnación para que
compareciera ante la Comisión de Ética del Colegio
de
Abogados
de
requerimientos
Puerto
sobre
Rico
una
y
respondiera
investigación
que
a
sus
dicho
foro conduce con relación a su conducta profesional.
A su vez, le ordenamos comparecer ante nos para que
expusiera sus razones, si alguna, por las cuales no
debiéramos imponerle sanciones disciplinarias. Por
último, le apercibimos de que lo contrario podría
conllevar consecuencias severas, como su suspensión
indefinida del ejercicio de la profesión.
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I.
La
Sra.
Donna
Marie
Vázquez
contrató
los
servicios
profesionales de Otero Encarnación ya que su padre, el Sr.
Luis Antonio Vázquez Vargas, deseaba presentar una acción
judicial para evitar que una de sus hermanas se apoderara
del
caudal
hereditario
del
padre
de
ambos,
don
Carmelo
Vázquez Negrón. Con ese fin, acordaron por vía telefónica
que un amigo de don Luis Antonio le entregaría $950.00 a
Otero Encarnación como pago inicial por sus servicios. Tras
la entrega de dicha cantidad, la señora Vázquez se comunicó
con Otero Encarnación y, presuntamente, ésta le indicó que
ya
había
presentado
una
“moción
de
emergencia”
en
el
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina.
Con el pasar del tiempo, sin embargo, la señora Vázquez
se enteró de que Otero Encarnación nunca había presentado la
referida
moción.
Tampoco
había
constancia
alguna
en
el
Tribunal de Primera Instancia de una demanda sobre el asunto
antes
reseñado.
servicios
de
En
Otero
vista
de
ello,
Encarnación,
e
la
inconforme
señora
con
los
Vázquez
le
solicitó que le devolviera el dinero pagado. Sin embargo,
nunca recibió una respuesta a sus llamadas ni recobró los
$950.00 que le había entregado a dicha abogada.
Así las cosas, la señora Vázquez presentó una queja
ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados para que
se examinara la conducta profesional de Otero Encarnación y
se le ordenara devolver la suma cobrada por los servicios
que, supuestamente, nunca prestó. Recibida dicha queja, la
oficial investigadora a cargo del caso le notificó la misma
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a Otero Encarnación mediante cuatro cartas, tres de éstas
enviadas
por
correo
certificado
con
acuse
de
recibo.
En
estas comunicaciones, la oficial examinadora le solicitó que
contestara la queja presentada ante la Comisión de Ética y
le
apercibió
Colegio
de
de
que
Abogados
desatender
podría
los
conllevar
requerimientos
del
la
de
imposición
severas sanciones disciplinarias por parte de este Tribunal.
A
pesar
contestó
la
de
lo
referida
anterior,
Otero
queja.
tal
Por
Encarnación
motivo,
la
nunca
oficial
investigadora compareció ante nos a través de una moción
informativa en la que expresó que debido a que la abogada de
epígrafe no había contestado la queja, no estaba en posición
de emitir una recomendación sobre el asunto presentado en la
misma.
Así,
pues,
solicitó
nuestra
intervención
para
que
tomáramos la acción correspondiente.
En atención a esta solicitud, el 30 de septiembre de
2008 emitimos la Resolución antes mencionada, la cual fue
diligenciada personalmente por personal de la Oficina del
Alguacil General de este Tribunal. Según surge de la faz de
la Resolución, la misma fue recibida por Otero Encarnación
el 22 de octubre de 2008. A pesar de ello, ésta aún no ha
comparecido ante nos.
II.
Como
se
sabe,
todo
abogado
tiene
la
obligación
de
responder con diligencia a los requerimientos y órdenes de
este Tribunal, en particular aquellos que están relacionados
con procedimientos sobre su conducta profesional. Así, pues,
reiteradamente hemos señalado que procede suspender de forma
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automática a un abogado que no atiende con premura nuestros
requerimientos y que se muestra indiferente ante nuestros
apercibimientos de imponerle sanciones disciplinarias. In re
Lloréns Sar, res. 5 de febrero de 2007, 2007 T.S.P.R. 31; In
re
Díaz
Rodríguez,
res.
30
de
noviembre
de
2005,
2005
T.S.P.R. 191; In re Vega Lassalle, res. 20 de abril de 2005,
2005 T.S.P.R. 66; In re Quintero Alfaro, res. 9 de febrero
de 2004, 2004 T.S.P.R. 20.
A
pesar
de
ello,
constantemente
nos
enfrentamos
a
cantidad de letrados que hacen caso omiso a nuestras órdenes
y apercibimientos. Al parecer, olvidan que su “actitud de
indiferencia
y
menosprecio
a
la
autoridad
del
Tribunal
Supremo merecen su suspensión indefinida”. Véase In re Pagán
Ayala, 130 D.P.R. 678, 683 (1992). En este sentido, como
demuestra el citado precedente, la obligación de atender los
requerimientos relacionados a un procedimiento disciplinario
contra un abogado no se limita a aquellos formulados por
este Tribunal. Ésta se extiende también a los requerimientos
formulados por el Procurador General, la Comisión de Ética
del
Colegio
Notarías.
de
Abogados
Véanse,
e.g.,
y
la
Oficina
In
re
Grau
de
Díaz,
Inspección
de
154
70
D.P.R.
(2001); In re Arroyo Rivera, 148 D.P.R. 354 (1999).
III.
En esta ocasión, nos enfrentamos al caso de una abogada
que no ha atendido los requerimientos de este Tribunal ni de
la Comisión de Ética del Colegio de Abogados en torno a la
evaluación
Otero
de
su
Encarnación
conducta
no
ha
profesional.
comparecido
En
ante
primer
la
lugar,
Comisión
de
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6
Ética para contestar sus requerimientos, lo que ha tenido el
resultado de impedir que dicha entidad cumpla con su deber
de investigar el proceder de ésta en cuanto a los asuntos
para
los
cuales,
presuntamente,
fue
contratada.
Además,
requerida por este Tribunal para acreditar su cumplimiento
con su obligación de comparecer ante la Comisión de Ética,
Otero Encarnación también ha ignorado nuestras órdenes.
Sin lugar a dudas, de todo lo anterior surge claramente
que Otero Encarnación ha desatendido sus obligaciones como
abogada. Ello es indicativo de que ya no desea continuar en
el
ejercicio
de
la
profesión
legal.
En
vista
de
ello,
procede que decretemos su suspensión inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía.
IV.
Por
las
razones
antes
expresadas,
suspendemos
a
la
Lcda. Lydia I. Otero Encarnación inmediata e indefinidamente
del ejercicio de la abogacía por desatender tanto nuestros
requerimientos como los de la Comisión de Ética del Colegio
de Abogados en torno a la queja presentada en su contra.
Otero
motivo
de
Encarnación
la
notificará
suspensión
que
le
a
sus
hemos
clientes
que
impuesto
no
por
puede
continuar con su representación legal, y devolverá a éstos
los expedientes de los casos pendientes y los honorarios
recibidos por trabajos no realizados. Asimismo, informará de
su suspensión a toda Sala del Tribunal General de Justicia o
foro administrativo en donde tenga algún caso pendiente.
Por
último,
tiene
la
obligación
de
acreditar
y
certificar ante este Tribunal, en el término de treinta (30)
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7
días, que cumplió con lo antes señalado. El cumplimiento con
estos deberes será notificado también a la Comisión de Ética
del Colegio de Abogados. El Alguacil de este Tribunal se
incautará inmediatamente de la obra y sello notarial de la
abogada de epígrafe para el trámite correspondiente por la
Directora de la Oficina de Inspección de Notarías.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Lydia I. Otero Encarnación
AB-2008-209
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2009.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de
la presente Sentencia se suspende a la Lcda. Lydia
I. Otero Encarnación inmediata e indefinidamente del
ejercicio de la abogacía por desatender tanto
nuestros requerimientos como los de la Comisión de
Ética del Colegio de Abogados en torno a la queja
presentada en su contra.
Otero Encarnación notificará a sus clientes que
por motivo de la suspensión que le hemos impuesto no
puede continuar con su representación legal, y
devolverá a éstos los expedientes de los casos
pendientes y los honorarios recibidos por trabajos
no realizados. Asimismo, informará de su suspensión
a toda Sala del Tribunal General de Justicia o foro
administrativo en donde tenga algún caso pendiente.
Por último, tiene la obligación de acreditar y
certificar ante este Tribunal, en el término de
treinta (30) días, que cumplió con lo antes
señalado. El cumplimiento con estos deberes será
notificado también a la Comisión de Ética del
Colegio de Abogados. El Alguacil de este Tribunal se
incautará inmediatamente de la obra y sello notarial
de
la
abogada
de
epígrafe
para
el
trámite
AB-2008-209
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correspondiente por la Directora de la Oficina de Inspección
de Notarías.
Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora Fiol
Matta no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo