LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Quiñones Reyes, et als. v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, Hon. Frank Quiñones Vigo

2009 TSPR 63

Poder Judicial de Puerto Rico

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Quiñones Reyes, et als. v. El Registrador de la Propiedad de Aguadilla, Hon. Frank Quiñones Vigo

RG-2007-2

Derecho Registral – Anotación Preventiva de demanda al amparo del Art. 113 de la Ley Hipotecaria

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Evaristo Quiñones Reyes, et als.

Peticionario

Recurso Gubernativo

v.

2009 TSPR 63

El Registrador de la Propiedad

De Aguadilla, Hon. Frank Quiñones

Vigo

176 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: RG-2007-2

Fecha: 28 de abril de 2009

Abogada de la Parte Recurrente:

Lcdo. Heriberto Güivas Lorenzo

Abogado de la Parte Recurrida:

Hon. Frank Quiñones Vigo

Registrador de la Propiedad

Sección de Aguadilla

Materia: Recurso Gubernativo

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

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como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Evaristo Quiñones Reyes

Recurrente

RG-2007-02

v.

El Registrador de la Propiedad

de

Aguadilla,

Hon.

Frank

Quiñones Vigo

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado SEÑOR RIVERA PÉREZ.

San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2009.

Nos corresponde resolver si como parte de una

acción in rem dirigía a recuperar el titulo de un

bien

inmueble,

un

socio

miembro

de

una

sociedad

especial puede solicitar la anotación preventiva de

demanda, al amparo de la excepción consagrada en el

Artículo 113 de la Ley Hipotecaria, infra, en el

Registro de la Propiedad a pesar de que tal inmueble

está inscrito a favor de la sociedad especial a la

cual

pertenece,

transferido

de

y

el

manera

cual

ilegal

alegadamente

a

un

tercer

fue

ente

jurídico.

I

Allá

Reyes

para

junto

el

a

su

1993,

el

esposa,

Sr.

Evaristo

Quiñones

Sra. Cecilia Badillo,

RG-2007-02

2

adquirieron mediante escritura de compraventa sesenta (60)

parcelas,

de

aproximadamente

trescientas

dieciséis

(316)

cuerdas, ubicadas en los Barrios Río Grande y Puntas del

Municipio de Rincón. Ello con el propósito de desarrollar un

complejo turístico y residencial al que denominaron Punta del

Mar.1

En búsqueda del capital para desarrollar el proyecto, el

señor

Quiñones

Reyes,

el

Sr.

Nicomedes

Barreto

y

el

Sr.

Arturo Correa Nieves procedieron a otorgar un contrato de

inversión y posteriormente constituyeron dos (2) sociedades

especiales, a saber: Punta del Mar y Punta del Mar Beach

Village.2

En

el

contrato

de

constitución

de

sociedad

especial, pactaron que la corporación Punta del Mar, Inc.

sería socia y tendría la encomienda de dirigir y administrar

los

1

negocios

de

ambas

sociedades

especiales.3

Mediante

Véase Demanda, Apéndice del Recurso Gubernativo, pág. 12.

2

Íd, pág. 11. El señor Quiñones Reyes adujo en su demanda

que primero constituyó una sociedad especial con el Sr.

Nicomedes

Barreto,

a

la

que

denominaron

West

Coast

Development. Posteriormente, ambos acudieron a Standard

Mortgage para obtener financiamiento.

Cabe señalar que el

presidente de dicha entidad financiera era el señor Correa

Nieves. El señor Quiñones Reyes alega en su demanda que el

señor Correa Nieves les sugirió a él y al Sr. Nicomedes

Barreto que buscaran un socio inversionista. Luego de evaluar

la situación aceptaron al señor Correa Nieves como socio

especial.

3

Cabe señalar que tras la venta de la participación del Sr.

Nicomedes Barreto al señor Correa Nieves, las participaciones

en las sociedades especiales cambiaron de la siguiente

manera: el señor Quiñones Reyes tiene una participación de

42.75% en ambas sociedades mientras que el señor Correa

Nieves posee el 52.25%. Respecto a Punta del Mar, Inc., el

señor Quiñones Nieves es dueño del 45% de las acciones

mientras que el señor Correa Nieves posee el 55% de las

acciones.

RG-2007-02

3

escritura de Cesión de Participación de Bien Inmueble, el

señor Quiñones Reyes y su esposa le cedieron 109.5 cuerdas a

Punta del Mar Beach Village, S.E., y el remanente de dicha

finca fue cedido a Punta del Mar, S.E.

Posteriormente

el

Sr.

Nicomedes

Barreto

le

vendió

su

participación en ambas sociedades especiales y en Punta del

Mar, Inc. al señor Correa Nieves, por lo que éste advino

socio

y

accionista

mayoritario.

A

raíz

de

este

suceso

comenzaron a surgir desavenencias entre el señor Quiñones

Reyes y el señor Correa Nieves sobre la toma de decisiones y

la administración de las sociedades especiales.

El pasado 28 de octubre de 2005, el señor Quiñones Reyes

presentó demanda contra el señor Correa Nieves, el Sr. Víctor

Echeandía, Punta del Mar Inc., Banco Bilbao Vizcaya y Punta

del Mar Village III, Inc., et al., en la que alegó, inter

alia,

que

el

señor

Correa

Nieves

transfirió

ilegal,

fraudulentamente, sin su consentimiento y conocimiento, la

Parcela D del Proyecto Punta del Mar, cuya titular registral

es Punta del Mar Beach Village, S.E.

Indicó que la referida parcela fue transferida con la

ayuda del Sr. Víctor Echeandía a la corporación Punta del Mar

Beach Village III, Inc., cuyo único accionista es el señor

Correa

Nieves.

Alegó

que

de

esta

manera

el

señor

Correa

Nieves despojó a Punta del Mar Beach Village, S.E. de parte

de su activo principal. Posteriormente, la parcela objeto de

controversia fue gravada por el señor Correa Nieves con un

préstamo

hipotecario

de

Bilbao Vizcaya Argentaria.

$7,000,000.00

a

favor

del

Banco

RG-2007-02

4

Como resultado de lo anterior, el señor Quiñones Reyes

expuso

en

su

demanda

las

siguientes

causas

de

acción:

violación al deber de fiducia, acción derivativa y directa de

un

accionista

minoritario,

daños

y

perjuicios,

acción

reivindicatoria, descorrimiento de velo corporativo y nulidad

de

contrato.

Como

parte

de

la

acción

reivindicatoria

instada, el señor Quiñones Reyes presentó ante el Registro de

la Propiedad, sección de Aguadilla, una instancia registral

sobre anotación preventiva de demanda, acompañada de copia

certificada de la demanda.

Tras evaluar los documentos presentados, el Registrador de

la

Propiedad,

Hon.

Frank

Quiñones

Vigo,

en

adelante

Registrador, denegó la inscripción de la anotación preventiva

por el fundamento siguiente:

El documento de referencia no tiene acceso

al

Registro

porque

adolece

de

las

siguientes faltas: El documento no puede

ser subsanado, por lo que se debe obtener

y presentar nuevamente en el Registro con

ORDEN Y MANDAMIENTO, y si se prestó

fianza, según lo determine el Tribunal.

Rocafort v. Álvarez, 112 D.P.R. 563;

Pérez v. Mercado v. Ramírez Rondón, 130

D.P.R.

134;

Isabel

Acosta

v.

Sandra

Valentín, 2003 TSPR 97. Énfasis en el

original.

Insatisfecho

con

dicha

calificación,

el

Reyes presentó un Escrito de Recalificación.

señor

Quiñones

Señaló que en

virtud de los Artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria,4 no

tenía que presentar una orden y mandamiento judicial junto a

la solicitud de anotación preventiva de demanda toda vez que

la titular registral de la parcela en controversia es Punta

4

30 L.P.R.A. secs. 2401 y 2402.

RG-2007-02

5

del Mar Beach Village, S.E., y éste es dueño del 42.75% del

caudal social. La médula del razonamiento del recurrente es

que

la

sociedad

especial

no

posee

personalidad

jurídica

distinta e independiente a la de sus socios especiales, por

lo que estos ostentan un derecho real sobre la propiedad

inmueble de la sociedad especial, y por ello no tienen que

gestionar orden y mandamiento judicial alguno para proceder

con la anotación preventiva de demanda.

Luego

de

examinar

el

Escrito

de

Recalificación,

el

Registrador denegó nuevamente la inscripción de la anotación

preventiva de demanda y extendió una anotación de denegatoria

por el término de sesenta (60) días.

Contra

Quiñones

la

nota

Reyes

denegatoria

presentó

ante

del

nos

Registrador,

un

Recurso

el

señor

Gubernativo.

Objetó la calificación del Registrador por entender que no

está obligado a gestionar una orden y mandamiento judicial a

tenor con el Artículo 113 de la Ley Hipotecaria, supra, para

solicitar la anotación preventiva de demanda puesto que tiene

un derecho real inscrito sobre la finca en controversia.

Contrario a lo alegado por el señor Reyes Quiñones, el

Registrador

indicó

en

su

alegato

que

la

reclamación

del

recurrente no está fundamentada en un derecho real inscrito

puesto que la titular registral de la mencionada finca era

Punta

del

Mar

Beach

Village,

S.E.,

y

ésta

personalidad jurídica distinta a la de sus socios.

arguyó

que

en

aras

de

obtener

acceso

al

tiene

una

Por ello,

Registro,

la

solicitud de anotación preventiva de demanda tiene que estar

RG-2007-02

6

acompañada de una orden y mandamiento judicial, a tenor con

los Artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria.

El caso quedo sometido en los méritos el 19 de marzo de

2007.

Posteriormente, compareció ante nos Punta del Mar

Beach

Village

III,

Inc.

y

solicitó

intervenir en el caso de epígrafe.

autorización

para

Alegó en su moción que

tenía derecho a intervenir conforme a la Regla 21.1 de las de

Procedimiento

Civil5

toda

vez

que

su

interés

propietario

sobre la finca en controversia se había afectado con el aviso

de

denegatoria

anotado

en

el

Registro

ya

que

se

estaba

realizando la segregación, liberación y venta de cada unidad

de vivienda del proyecto.

Indicó, además, que desconocía la

existencia del presente recurso gubernativo y nos solicitó

que le ordenáramos al señor Quiñones Reyes que le proveyera

copia

de

los

escritos

presentados

para

así

defender

adecuadamente su posición.

Por

su

parte,

el

señor

Quiñones

Reyes

se

opuso

a

la

solicitud de intervención de Punta del Mar Beach Village III,

Inc. y arguyó que la misma no procedía porque la naturaleza

del recurso gubernativo no es contenciosa. Señaló que por

tratarse de un proceso no contencioso entre el Registrador y

la parte que interesa la inscripción, el Artículo 77 de la

Ley Hipotecaria6 solamente exige que el recurso gubernativo

sea notificado al Registrador.

5

32 L.P.R.A. Ap. III, R. 21.1

6

30 L.P.R.A. sec. 2280.

RG-2007-02

7

Luego de ponderar los argumentos esbozados por Punta del

Mar Beach Village III. Inc. en su moción, declaramos no ha

lugar su solicitud de intervención.

Con el beneficio de la

comparecencia de las partes, estamos en posición de resolver.

II

Nuestro ordenamiento jurídico inmobiliario ha instituido

la anotación preventiva de demanda como un mecanismo que le

imparte

publicidad

en

el

Registro

de

la

Propiedad

a

la

interposición de una litis, en la que se ejercita alguna

pretensión procesal relativa al dominio o derechos reales

sobre la finca en cuestión.7

La anotación preventiva de

demanda

provisional

es

un

transitoriamente

advertir

que

la

asiento

ciertos

derechos.

titularidad

Su

del

que

función

derecho

subordinada al resultado de un litigio.

asegura

consiste

inscrito

en

está

De esta manera, los

futuros adquirentes de la finca conocerán las posibles causas

de nulidad de los títulos inscritos, por lo que no podrán

alegar desconocimiento de las causas de nulidad.8

Al delinear los contornos de la figura de la anotación

preventiva de demanda en Segarra v. Vda. De Llórens, supra,

expresamos que el propósito de ésta es preservar el debido

respeto a la administración de la justicia toda vez que evita

que las sentencias judiciales resulten inoficiosas por actos

del demandado dirigidos a impedir la ejecución del fallo. De

esta

forma,

se

mantiene

el

status

quo

de

la

finca

7

Roca Sastre y L.M. Roca Sastre Muncunill,

Hipotecario, Tomo IV, Vol. I, 7ma ed. 1979.

8

Segarra v. Vda. De Llórens, 99 D.P.R. 60, 69 (1970).

en

Derecho

RG-2007-02

8

controversia hasta la resolución del pleito, y se impide la

adquisición a non domino por un tercero del derecho reclamado

en el proceso judicial.9

No obstante, es preciso señalar que

la anotación preventiva no da ni quita derechos y carece de

los

demás

efectos,

defensivos

y

ofensivos,

de

una

inscripción.10

De conformidad con lo anterior, se colige que el propósito

primordial de la anotación preventiva de demanda es “asegurar

un rango al derecho real que como consecuencia del litigio

pueda constituirse, asegurando la retroactividad del mismo al

momento de la anotación de la demanda frente a los terceros

que hayan inscrito en el intermedio algún derecho”.11

significa

que

de

prevalecer

el

promovente

en

el

Esto

litigio

instado, la anotación preventiva se convertirá en un asiento

definitivo de inscripción a su favor.

La anotación preventiva de demanda está regulada por los

Artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria y del Registro de

la Propiedad12 (en adelante Ley Hipotecaria). Los referidos

artículos

detallan

las

particularidades

de

la

anotación

preventiva de demanda así como el procedimiento a seguir para

efectuar la anotación en el Registro.

El Artículo 112 de la

Ley Hipotecaria reza del siguiente modo:

9

Luis R. Rivera Rivera, Derecho Registral

Puertorriqueño, 2da ed., 2002, pág. 451.

Inmobiliario

Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664,

(1989).

10

11

Íd. pág. 678. Énfasis suplido.

12

30 L.P.R.A. secs. 2401 y 2402.

RG-2007-02

9

Podrán pedir anotación preventiva de sus

respectivos

derechos

en

el

Registro:

1ro. El que reclamare en juicio la propiedad

de

bienes

inmuebles

o

la

constitución,

declaración, modificación o extinción de

cualquier

derecho

registrable

o

el

que

reclamare en alguna acción que afecte al

título de propiedad inmueble, o sobre la

validez y eficacia, o invalidez o ineficacia,

del

título

o

títulos

referentes

a

la

adquisición,

constitución,

declaración,

modificación o extinción de los precitados

derechos registrables. Énfasis suplido.

Del

texto

preventiva

de

antes

transcrito

demanda

se

surge

efectuará

en

que

la

anotación

el

Registro

de

la

Propiedad si la acción judicial interpuesta está dirigida a

afectar de alguna manera la titularidad del bien inmueble en

cuestión o algún otro derecho real relacionado con el mismo.

Por tanto, sólo tendrán acceso al Registro de la Propiedad

aquellos

derechos

que,

por

sus

propios

términos,

sean

inscribibles.13

Ahora bien, el Artículo 113 de la Ley Hipotecaria dispone

que la referida anotación “no podrá hacerse […] sino cuando

se ordene por providencia judicial dictada a instancia de

parte legítima y en virtud de documento bastante al prudente

arbitrio del juzgador, excepto cuando la acción tenga un

derecho real inscrito como base para su ejercicio, en cuyo

caso será suficiente para su anotación en el Registro la

presentación de copia certificada de la demanda.”14

13

14

Por su

Artículo 114.1 del Reglamento Hipotecario.

Artículo 113 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2402.

Énfasis suplido. Conviene señalar que el Artículo 115.3 del

Reglamento Hipotecario reitera lo dispuesto en el Artículo

113 de la Ley Hipotecaria, supra, e indica que la demanda

deberá identificar con claridad el derecho real inscrito

sobre el cual se basa la acción y la descripción de la finca

RG-2007-02

10

parte, el Artículo 115.3 del Reglamento Hipotecario reitera

lo dispuesto en el Artículo 113 de la Ley Hipotecaria, supra,

y dispone que la demanda deberá describir la finca afectada e

identificar con claridad el derecho real inscrito sobre el

cual se basa la acción.

El artículo antes citado preceptúa dos (2) maneras de

efectuar

la

anotación

preventiva

de

demanda.

Como

regla

general, la anotación de demanda requiere la intervención de

un

juez,

como

garantía

para

sopesar

los

méritos

de

la

solicitud del promovente. Una vez el juez ha ponderado los

méritos

de

la

misma,

expedirá

una

orden

y

mandamiento

judicial autorizando la anotación o denegará la misma.

A manera de excepción, puede practicarse en el Registro

tal anotación sin la intervención judicial, siempre y cuando

la causa de acción se funde en un derecho real inscrito como

base para su ejercicio.

Tal limitación fue introducida en la

Ley Hipotecaria con el propósito de “evitar las anotaciones

de

demanda

indebido

por

viciosas

acciones

[…]

y

la

posibilidad

fraudulentas,

de

aligera[ndo]

perjuicio

[así]

el

tenido

la

trámite en las ejecuciones de hipoteca.”15

A

través

oportunidad

de

de

nuestra

analizar

jurisprudencia

la

excepción

hemos

consignada

en

el

afectada.

Asimismo

el

Artículo

115.4

del

Reglamento

Hipotecario dispone que cuando la anotación preventiva se

base en un derecho real inscrito, el Registrador no exigirá

que se acredite la notificación al afectado por la anotación.

15

Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado sobre el

alcance del P. del S. 792, 8va Asamblea, 3era Sesión

Ordinaria de 1979, pág. 11.

RG-2007-02

11

Artículo 113 de la Ley Hipotecaria.16

Sobre estos extremos,

hemos resuelto que en virtud de las reglas de hermenéutica,

dicha excepción debe ser interpretada restrictivamente.

Ello

es así puesto que el juzgador no ha ponderado los méritos de

la reclamación del promovente y porque tal anotación puede

convertirse en una inscripción definitiva.

Además en Kermit

Const. Corp. v. Registrador, supra, págs. 589-590, expresamos

que la liberalización injustificada de dicho procedimiento

podría desembocar en coacciones y amenazas por parte del

promovente.17

A tenor con lo anterior, es evidente que de la faz de la

demanda presentada por el promovente en el Registro de la

Propiedad debe surgir claramente el derecho real sobre el

cual se basa la acción.

Nótese que lo determinante para

decidir si procede la anotación de demanda, no es si la

acción es de naturaleza personal o no.

El punto neurálgico

del análisis estriba en determinar si la acción entablada

afecta el título de una propiedad inmueble, esto es, si la

acción va encaminada a obtener una modificación jurídica de

carácter real y su finalidad primaria es afectar o alterar el

título inscrito del inmueble.

16

Véase Rocafort v. Álvarez, 112 D.P.R. 563 (1982); Banco

Central y Economías v. Registrador, 111 D.P.R. 773 (1981);

Kermit Const. v. Registrador, 103 D.P.R. 583 (1975).

17

Aún cuando dichos pronunciamientos ocurrieron en el

contexto del aviso de lis pendens estatuido en el Artículo 91

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 455, son

aplicables a la excepción dispuesta en el Artículo 113 de la

Ley Hipotecaria, supra, toda vez que en ésta el juez no tiene

la oportunidad de evaluar los méritos de la solicitud del

promovente.

RG-2007-02

12

Ahora bien, es menester señalar que una vez el Registrador

deniega

la

judicial,

anotación

por

de

entender

demanda

que

no

sin

orden

y

mandamiento

tiene

como

fundamento

derecho real inscrito, la misma es insubsanable.

un

Así lo

reconocimos en E.R. Foods, Inc. v. Lee Optical, infra, al

resolver que tal defecto no puede ser subsanado toda vez que

ello equivaldría a resucitar la desterrada anotación de lis

pendens

establecida

en

el

Artículo

91

del

Código

de

Enjuiciamiento Civil.18

III

La sociedad civil adviene a la vida jurídica en virtud de

un

“contrato por el cual dos o más personas se obligan a

poner en común dinero, bienes o industria con ánimo de partir

entre sí las ganancias.”19 Tal entidad se distingue por la

affectio societatis, esto es, la cooperación o empresa común

hacia un mismo fin, propiciando así la unión de intereses de

diferentes

individuos

para

fines

de

lucro.20

La

característica principal de la sociedad civil es que sus

miembros responden con su patrimonio personal, subsidiaria y

mancomunadamente de las obligaciones de la sociedad en caso

de que el patrimonio social no sea suficiente para cubrir las

18

117 D.P.R. 566, 569-570 (1986).

19

Artículo 1556 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4311.

Como se puede apreciar, de dicha definición se desprende que

tal contrato es de naturaleza consensual, oneroso, bilateral

o plurilateral, de gestión colectiva y de tracto sucesivo.

20

Marcial v. Tomé, 144 D.P.R. 522, 547 (1997); Sánchez

Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 188 (1985).

RG-2007-02

13

mismas. Conviene indicar, además, que la responsabilidad de

los socios es ilimitada, por lo que responden con todos sus

bienes presentes y futuros.

Como

se

puede

apreciar,

la

responsabilidad

personal

e

ilimitada de los socios es una de las desventajas de esta

figura.

Ante

tal

realidad,

y

en

aras

de

incentivar

el

desarrollo económico y ofrecer mayor protección a quienes se

organicen

como

sociedad

para

conducir

sus

negocios,

la

Asamblea Legislativa incorporó a nuestro acervo jurídico la

figura de la sociedad especial.21

Contrario a la sociedad civil, los miembros de la sociedad

especial gozan de responsabilidad limitada, y en el aspecto

fiscal, estos no tributan como un ente separado, solamente

tributan en su carácter individual. De esta forma, los socios

tributarán

especial

las

en

ganancias

su

planilla

y

las

pérdidas

personal,

de

de

la

sociedad

acuerdo

a

su

participación distribuible en el ingreso o pérdida de la

sociedad.22

A fin de obtener el tratamiento contributivo diseñado por

la Legislatura, es preciso que el setenta (70) por ciento del

ingreso bruto de la sociedad especial provenga de fuentes de

Puerto Rico y que, por lo menos, setenta (70) por ciento de

21

Véase Ley Núm. 8 de 19 de julio de 1985, 13 L.P.RA. secs.

3330, 3355 y 2411.

22

Véase

Carlos

Díaz

Olivo,

Derecho

Corporativo:

Corporaciones, San Juan, Publicaciones Puertorriqueñas, 1999,

pág. 453. El Profesor Díaz Olivo en su libro resalta que el

tratamiento fiscal de la sociedad especial es uno de sus

grandes atractivos puesto que en las corporaciones no es

posible deducir las pérdidas de las mismas en las planillas

personales de sus miembros.

RG-2007-02

tal

ingreso

14

sea

producto

de

la

explotación

de

ciertas

actividades, tales como: negocio de construcción, negocio de

venta o arrendamiento de edificaciones, negocio turístico,

negocio

agrícola,

etc.23

No

obstante,

para

recibir

dicho

tratamiento fiscal es imperativo que los socios soliciten y

obtengan la aprobación del Departamento de Hacienda.24 Para

ello, los socios tienen que otorgar una declaración jurada y

presentar la misma en el Departamento de Hacienda dentro de

los primeros noventa (90) días del año contributivo en el

cual han realizado la elección.25

Respecto a la responsabilidad limitada de los socios, el

Artículo 1589 del Código Civil26 fue enmendado para disponer,

lo siguiente:

No obstante lo que se disponga en otra

parte

de

este

título,

los

socios

que

compongan una "sociedad especial" creada al

amparo de las leyes aplicables vigentes y en

cumplimiento con todos los requisitos del

Suplemento "P" del Capítulo 3 de la Ley Núm.

91 de 29 de junio de 1954, según enmendada,

conocida como "Ley de Contribuciones Sobre

Ingresos de 1954" o de las secs. 8630 a 8658

del Título 13, parte del "Código de Rentas

Internas de Puerto Rico de 1994", y que lo

expresen en su nombre con las siglas S.E.

luego del nombre de la sociedad, no serán

responsables con su patrimonio personal más

allá de su aportación a la sociedad especial

por las deudas y obligaciones de la sociedad,

en caso de que el patrimonio social no

alcance para cubrirlo.

Nada de lo aquí

dispuesto se deberá interpretar de forma tal

23

Véase Ley Núm. 8 de 19 de julio de 1985, supra.

24

Véase Sección 1392(a) del Código de Rentas Internas, 13

L.P.R.A. sec. 8642 (a).

25

Íd.

26

31 L.P.R.A. sec. 4372.

RG-2007-02

15

que limite las obligaciones de un socio por

sus actos personales.

Así pues, en caso de que el patrimonio social no alcance

para

cubrir

las

obligaciones

de

la

sociedad,

los

socios

responderán hasta el monto de su aportación a la entidad. En

este

renglón,

la

sociedad

especial

se

asemeja

más

a

una

corporación que a la sociedad civil propiamente, puesto que

en

aquella

los

inversionistas

sólo

arriesgan

el

capital

invertido.

Aunque en el aspecto contributivo la sociedad especial

está reglamentada por el Código de Rentas Internas, en el

matiz

sustantivo

rige

el

Código

Civil.

No

obstante,

el

Código Civil aplicará de manera supletoria toda vez que en

primera

instancia

regirá

sociedad especial.27

normas

del

Código

lo

pactado

en

el

contrato

de

Ahora bien, en el aspecto externo las

Civil

son

vinculantes

y

los

socios

no

pueden dejarlas sin efecto.28

Tras

exponer

especial,

la

pasemos

normativa

a

la

relativa

controversia

a

la

sociedad

ante

nuestra

consideración.

IV

Como indicáramos anteriormente, debemos resolver si un

socio especial puede solicitar la anotación preventiva de

demanda al amparo de la excepción consagrada en el Artículo

113 de la Ley Hipotecaria, supra, con el fin de recuperar un

27

Marcial v. Tomé, supra, págs. 546-547.

28

Díaz Olivo, op. cit., pág. 430.

RG-2007-02

16

bien inmueble perteneciente a la sociedad especial, el cual

aparentemente fue transferido ilegalmente a una corporación

cuyo único accionista es

el otro socio especial.

En el caso de autos, el señor Quiñones Reyes presentó, en

su carácter de socio de Punta del Mar Beach Village, S.E.,

una

acción

recupere

reivindicatoria

una

parcela

para

que

que

la

alegadamente

sociedad

fue

especial

transferida

ilegalmente por el señor Correa Nieves a la corporación Punta

del Mar Beach Village III.

A tono con la causa de acción

interpuesta, el señor Quiñones Reyes presentó en el Registro

de la Propiedad una instancia registral sobre anotación de

demanda preventiva en la parcela objeto de controversia.

El Registrador denegó la solicitud de anotación preventiva

de demanda presentada al amparo del Artículo 113 de la Ley

Hipotecaria,

supra,

por

el

señor

Quiñones

Reyes

-en

su

carácter de socio de Punta del Mar Beach Village, S.E.- por

entender

que

la

titular

registral

del

bien

inmueble

en

controversia era la sociedad especial, entidad jurídica con

personalidad distinta e independiente a la de sus socios.

No

nos persuade su argumento.

Si bien es cierto que la sociedad especial ostenta una

personalidad

jurídica

independiente

a

la

de

sus

socios29,

ello no es óbice para que los socios puedan comparecer en tal

carácter y en representación de la sociedad especial en aras

de realizar ciertas y determinadas acciones encaminadas a

salvaguardar y vindicar los derechos de tal ente jurídico. No

29

Véase Linden Development, L.L.P. v. De Jesús Ramos, res.

el 25 de febrero de 2009, 2009 T.S.P.R. 37; Asoc. de

Propietarios v. Santa Bárbara, 112 D.P.R. 33 (1982).

RG-2007-02

17

cabe duda que el socio, en representación de la sociedad

especial,

en

este

caso

puede

comparecer

al

Registro

y

solicitar que se practique la anotación preventiva de demanda

sin orden y mandamiento judicial.

siempre

que

el

esbozados en los

supra.

socio

especial

Claro está, ello será así

cumpla

con

los

requisitos

Artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria,

A tenor con los referidos artículos, es preciso que

la acción judicial que la inspira (1) esté fundamentada en un

derecho real inscrito a favor de la sociedad especial y (2)

dicho litigio esté dirigido a alterar la titularidad del bien

inmueble

en

requisitos,

controversia.

Además,

debe

la

surgir

de

de

demanda

cumplir

con

que

socio

el

tales

ha

comparecido en tal carácter y está actuando en representación

de la sociedad especial, y no en su carácter personal. Esa es

la situación del caso ante nos.

Es

imperativo

señalar

que

de

la

faz

de

la

demanda

presentada por un socio debe surgir claramente que la acción

judicial instada por éste es en representación de la sociedad

especial y no en su carácter personal.

con

incluir

en

el

epígrafe

comparece en tal carácter.

de

la

Ahora bien, no basta

demanda

que

el

socio

Es preciso que la demanda incoada

por el socio en el foro primario esté dirigida a salvaguardar

los derechos de la sociedad.

De esta manera, se evita que

por motivos puramente personales y alegaciones destempladas,

un socio solicite anotar preventivamente la demanda instada,

a tenor con la excepción que provee el Artículo 113 de la Ley

Hipotecaria, supra.

RG-2007-02

18

El hecho de que la propiedad inmueble esté inscrita a favor

de la sociedad especial no constituye impedimento alguno para

que

un

socio

pueda

solicitar

la

anotación

preventiva

de

demanda en virtud de la excepción consignada en el Artículo

113 de la Ley Hipotecaria, supra, en una situación como la

presente.

Los socios, como miembros de la sociedad especial

tienen derecho a utilizar las herramientas del ordenamiento

jurídico

para

proteger

aportado por ellos.

el

haber

social,

el

cual

ha

sido

Más aún cuando las acciones entabladas

están dirigidas a proteger o recuperar el título de bienes

inmuebles pertenecientes a la sociedad especial.

Resolver que los socios en un pleito dirigido a recuperar

la titularidad de un bien inmueble de la sociedad especial no

pueden solicitar la anotación preventiva de demanda vía la

excepción

consignada

Hipotecaria,

demasiado

supra,

restrictiva

en

el

Artículo

equivaldría

de

dicho

a

113

una

estatuto.

de

la

Ley

interpretación

Si

bien

la

antedicha excepción debe interpretarse restrictivamente, ello

no supone que haya que dársele una interpretación ilógica.

Conviene indicar que nuestros pronunciamientos no resucitan

de manera alguna la desterrada figura del aviso lis pendens.

Recordemos que la figura del aviso lis pendens le permitía al

demandante gravar los bienes de su adversario con la mera

presentación de la demanda, sin la intervención del juez.30

La unilateralidad y arbitrariedad de la anotación lis pendens

30

Rocafort v. Álvarez, supra, págs. 570-571.

RG-2007-02

nos

movió

19

a

declarar

la

misma

ineficaz

en

Rocafort

v.

Álvarez, supra.

Como se puede apreciar, no estamos ante la figura de la

anotación lis pendens toda vez que no procede la anotación

preventiva de demanda en el Registro con la mera presentación

de la demanda por parte del socio especial.

Como ya dijimos,

el socio interesado en solicitar la anotación preventiva de

demanda vía la excepción consignada en el Artículo 113 de la

Ley Hipotecaria, supra, tiene que cumplir con cada uno de los

siguientes

requisitos:

fundamentada

en

un

(1)

derecho

la

acción

real

inscrito

judicial

a

favor

esté

de

la

sociedad especial, (2) dicho litigio esté dirigido a afectar

la titularidad del bien inmueble en controversia, y (3) el

socio actúe en representación de la sociedad especial y no en

su carácter personal.

Por tanto, resolvemos que en un caso como el presente en

el cual el litigio está dirigido a recuperar la propiedad

inmueble de la sociedad especial, un socio puede solicitar la

anotación preventiva de demanda bajo la excepción consagrada

en el Artículo 113 de la Ley Hipotecaria, supra.

Al examinar los documentos que obran en los autos del

presente caso, surge con amplia claridad que (1) el litigio

instado está fundamentado en el derecho real inscrito; (2)

que dicha acción está dirigida, inter alia, a obtener la

modificación jurídica y de carácter real de la Parcela D en

controversia; (3)

y el señor Quiñones Reyes ha presentado la

demanda en su carácter de socio y en representación de la

referida

sociedad

especial.

Es

menester

señalar

que

al

RG-2007-02

ponderar

señor

20

cuidadosamente

Quiñones

razonablemente

Reyes

podemos

las

alegaciones

y

los

concluir

que

formuladas

por

el

documentos

anejados,

no

ante

estamos

una

demanda frívola.

Por tanto, en vista de que la acción judicial tiene como

base un derecho real inscrito y la demanda incoada cumple con

cada uno de los requisitos esbozados, el señor Quiñones puede

solicitar en el Registro de la Propiedad la anotación de

demanda sobre la Parcela D en controversia vía la excepción

consagrada en el Artículo 113 de la Ley Hipotecaria, supra.

Tal solución es la más justa y lógica.

No tiene sentido

jurídico resolver lo contrario.

V

Por los fundamentos antes expuestos, se le ordena al

Registrador de la Propiedad, Hon. Frank Quiñones Vigo que

proceda

a

practicar

en

el

Registro

de

la

Propiedad

la

anotación de demanda solicitada por el señor Quiñones Reyes.

Efraín E. Rivera Pérez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Evaristo Quiñones Reyes, et

als

Recurrente

RG-2007-02

v.

El Registrador de la Propiedad

de Aguadilla

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2009.

Por los fundamentos antes expuestos en la

Opinión que antecede, la cual se hace formar parte

integra de la presente, se le ordena al Registrador

de la Propiedad, Hon. Frank Quiñones Vigo que

proceda a practicar en el Registro de la Propiedad

la anotación de demanda solicitada por el señor

Quiñones Reyes.

Lo acordó el Tribunal y

certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada

señora Rodríguez Rodríguez disiente con Opinión

escrita a la cual se unen el Juez Presidente señor

Hernández Denton y la Jueza Asociada señora Fiol

Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Evaristo Quiñones Reyes, et als.

Peticionario

v.

RG-2007-2

El Registrador de la Propiedad

de Aguadilla, Hon. Frank

Quiñones Vigo

Recurrido

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez a la que se le unen el Juez Presidente señor Hernández

Denton y la Jueza Asociada señora Fiol Matta

San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2009

Discrepo de la determinación que hoy anuncia

este Tribunal.

Entiendo, que la conclusión a

que llega una mayoría del Tribunal en el recurso

gubernativo que nos ocupa es errónea en Derecho

e incompatible con nuestro reciente dictamen en

Linden Development, L.L.P. v. De Jesús Ramos,

res. 25 de febrero de 2009, 175 DPR ___, 2009

TSPR 37.

Los hechos en este caso son sencillos y se

encuentran adecuadamente resumidos en la Opinión

mayoritaria,

por

lo

que

es

innecesario

reiterarlos.

I

En este caso el Registrador de la Propiedad,

correctamente, se negó a inscribir una anotación

preventiva de demanda por entender que para ello

era

RG-2007-2

necesario

2

obtener

una

orden

judicial

ya

que

la

titular

registral de la propiedad era una sociedad especial y quien

comparecía a procurar la anotación era uno de los socios de

la sociedad especial en su carácter personal.

El recurrido

arguye que por no tener la sociedad especial una personalidad

jurídica separada a la de sus socios, él no necesitaba una

orden judicial para anotar el pleito pendiente.

Hoy, este Tribunal parece concluir que no existe una

personalidad jurídica completamente independiente entre la

sociedad especial y sus socios, por lo que estos últimos

pueden comparecer a realizar ciertas acciones encaminadas a

salvaguardar los derechos de la sociedad.

Entre las acciones

que puede ejercitar un socio, en beneficio de la sociedad, se

encuentra la solicitud de anotación preventiva de demanda sin

orden judicial.

Sin apoyo jurídico, la mayoría concluye: “No

cabe duda que el socio, en representación de la sociedad

especial,

en

este

caso

puede

comparecer

al

Registro

y

solicitar que se practique la anotación preventiva de demanda

sin orden y mandamiento judicial.”

La conclusión a que llega

la mayoría, como habremos de ver, no tan sólo es contraria a

lo que hemos dispuesto respecto las sociedades especiales,

sino también es contraria a lo que hemos sostenido y exige la

propia Ley Hipotecaria sobre cuándo procede dispensar de una

orden judicial para inscribir en el Registro de la Propiedad

una anotación preventiva de demanda.

Aun

cuando

somos

conscientes

de

que

este

resultado

pudiera ser simpático a la luz de los hechos en este caso, lo

RG-2007-2

3

consideramos erróneo y en contraposición a lo que ha sido,

hasta ahora, el estado de Derecho vigente.

II

La

Opinión

del

Tribunal

acertadamente

señala

que

conforme el artículo 113 de la Ley Hipotecaria, para que el

Registrador inscriba una anotación preventiva de demanda es

necesaria una orden judicial, salvo que la acción se base en

un derecho real inscrito por quien solicita la anotación y se

presente en el Registro copia certificada de la demanda.

En

los casos en que el anotante no ostente un derecho real

previamente inscrito, se requerirá una orden judicial que

instruya

al

Registrador

a

realizar

la

anotación.

Como

sabemos, con la anotación preventiva de demanda se pretende

salvaguardar derechos reales que afecten a una finca y, como

asiento

provisional,

asegura

transitoriamente

ciertos

derechos.

A pesar de lo anterior, la mayoría pasa a concluir que

lo que se requiere para darle curso a la anotación preventiva

no es ya que la acción instada se base en un derecho real

inscrito de quien la solicita, sino meramente que la acción

instada afecte el título de una propiedad inmueble.

A esos

efectos la mayoría apunta: “El punto neurálgico del análisis

estriba en determinar si la acción entablada afecta el título

de

una

propiedad

inmueble,

esto

es,

si

la

acción

va

encaminada a obtener una modificación jurídica de carácter

real y su finalidad primaria es afectar o alterar el título

inscrito del inmueble.”

modificación

de

la

(Énfasis en original.)

norma,

a

mi

juicio

Para esta

de

efectos

RG-2007-2

4

trascendentales debido a su elasticidad, no se ofrece apoyo

jurídico más allá de la expresión misma de la mayoría.

No

puedo estar de acuerdo con este proceder.

Nuestra

interpretación

Hipotecaria

no

interpretación

bien,

un

del

artículo

es,

como

señala

ilógica”

del

artículo

intento

de

rechazar

113

la

de

la

Ley

mayoría,

analizado,

“una

“una

sino

más

liberalización

injustificada”, Kermit Const. Corp. v. Registrador, 103 DPR

583, 589 (1975), del procedimiento de anotación preventiva de

demanda sin orden judicial.

Nuestra postura es la única que

es cónsona con nuestros pronunciamientos anteriores, además

de ser la única que respeta el lenguaje de la ley.

En Banco

Central y Economías, v. Registrador, 111 DPR 773, 777 (1981)

indicamos

que

la

anotación

preventiva

de

demanda

sin

intervención judicial constituye “la excepción a la regla

general que exige la intervención de un tribunal, por lo que

su interpretación tiene que ser restringida.

“hermenéuticamente,

siendo

una

Aseveramos que

excepción,

la

misma

necesariamente debe interpretarse en forma limitada, máxime

cuando la excepción de ley versa sobre una mecánica procesal

que tiende a gravar la finca objeto de la misma y que ha

cobrado hoy, en nuestro medio forense, una vital importancia

en la efectividad de los créditos.

Íbid, pág. 778. (Énfasis

nuestro.)

Por

otro

lado,

la

Opinión

mayoritaria,

sin

discutir

sustantivamente la normativa relativa a la sociedad especial,

parece

concluir

que

no

existe

una

personalidad

jurídica

completamente independiente entre la sociedad y sus socios, y

RG-2007-2

5

que como consecuencia, éstos pueden comparecer a realizar

ciertas acciones encaminadas a salvaguardar los derechos de

la sociedad incluyendo la que nos ocupa.

señaló

en

sociedad

la

Opinión:

especial

“Los

tienen

socios,

derecho

Específicamente, se

como

a

miembros

utilizar

de

todas

la

las

herramientas del ordenamiento jurídico para proteger el haber

social,

el

cual

ha

sido

aportado

por

ellos.”31

ordenó

al

Registrador

resultado

de

ello,

se

le

Propiedad

inscribir

la

anotación

preventiva

Como

de

de

la

demanda

presentada para inscripción en este caso.

Disiento de este curso de acción porque entiendo que es

de

todo

punto

pronunciamientos

incompatible

en

Linden

con

nuestros

Development,

ante,

recientes

e

implica

apartarnos de la norma claramente establecida en Asoc. de

Propietarios v. Santa Bárbara, 112 DPR 33 (1982).

Asumir la

posición de la mayoría necesariamente conlleva desatender el

hecho de que la sociedad en nuestro ordenamiento posee una

personalidad jurídica independiente a la de sus socios.

Primero,

reclamación

en

a

Santa

la

Bárbara,

sociedad

por

resolvimos

alguna

que

ante

obligación,

una

ésta

responderá en primer lugar con todo su patrimonio y de éste

no ser suficiente, los socios responderán en su carácter

personal, subsidiaria y mancomunadamente de las obligaciones

de la sociedad.

31

Ello así pues, como sabemos, es un principio

Esta expresión, hecha al margen del contenido del contrato

de sociedad, deja la puerta abierta a que cualquier socio

pueda realizar actos en el Registro de la Propiedad, y en

otras instancias, siempre que éstos constituyan un uso de

“todas las herramientas del ordenamiento jurídico para

proteger el haber social.”

RG-2007-2

6

establecido en el derecho civil que la sociedad es un ente

jurídico

separado

de

sus

socios,

el

cual

puede

tener,

y

comúnmente tiene, un patrimonio individual distinto al de sus

socios.

Esta

conclusión,

sin

embargo,

no

desdibuja

la

personalidad jurídica distinta de la sociedad con respecto a

sus socios.

ambos

no

Cuando en Santa Bárbara, ante, aludimos a que

tienen

una

personalidad

jurídica

completamente

independiente, nos referimos a la anomalía de que a pesar de

que son personas jurídicas distintas, los socios, en algunas

ocasiones, responderán por las obligaciones de la sociedad.

No

podemos

extrapolar

dichas

aseveraciones

a

otros

contextos, como lo son las facultades que confiere la Ley

Hipotecaria

a

circunstancias.

titulares

Es

por

trazado por la mayoría.

de

derechos

ello

que

reales

estimo

en

errado

ciertas

el

curso

En el contexto del Registro de la

Propiedad, no debe haber duda de que la sociedad y sus socios

son dos personas jurídicas independientes.

Ciertamente, por

ser una ficción jurídica, la sociedad actuará a través de sus

socios.

Pero

en

dichos

casos,

los

socios

actuarán

en

representación de la sociedad y no en su carácter individual.

Es ahí donde reside el problema de fondo de la ponencia.

En

este

caso,

el

señor

Quiñones

Reyes

presentó

copia

certificada de una demanda en la cual en su carácter personal

reclamó a su socio en la sociedad especial por alegados malos

manejos con los haberes sociales.

Cuando el Registrador

observó el epígrafe de la demanda y lo comparó con la finca

en cuestión procedió, naturalmente, a denegar el asiento pues

RG-2007-2

7

el señor Quiñones Reyes no tenía derecho inscrito alguno a su

favor en la finca.32

Este proceder es correcto pues la ley

es clara en que la excepción es para aquellos casos en que la

demanda se refiere a un derecho inscrito.

La vía que tenía

disponible el señor Quiñones para mantener el status quo de

la

finca

era

acudir

al

Tribunal

de

Primera

Instancia

y

solicitar una orden a esos efectos.

Además, las expresiones y conclusiones de este Tribunal

en el día de hoy son difíciles de reconciliar con nuestros

pronunciamientos en Linden Development, ante, obviados por el

Tribunal.

En Linden Development, nos expresábamos sobre la

sociedad de responsabilidad limitada y las consecuencias de

no renovar su inscripción en el Registro de Sociedades de

Responsabilidad

Limitada

del

Departamento

de

Estado.

Apuntamos que la sociedad civil “es producto de la convención

pues para surgir requiere la existencia de un contrato.”

indicamos

sociedad

que,

da

“[c]on

lugar

a

su

la

otorgamiento,

creación

de

una

el

contrato

persona

E

de

jurídica

distinta a los socios, con un patrimonio separado compuesto

por

los

bienes,

dinero

(Énfasis nuestro.)

que,

vía

excepción,

o

industria

aportado

por

éstos.”

Ello no es incompatible con el hecho de

los

socios

puedan

responder

de

las

obligaciones de la sociedad cuando “los haberes de ésta no

32

Valga aclarar que el hecho de que el señor Quiñones Reyes

inste un pleito que incluye reclamaciones relacionadas con su

condición de socio de Punta del Mar Village, S.E., no implica

que dicha sociedad sea parte en el referido pleito, como

parece concluir la mayoría.

Como claramente surge del

epígrafe de la demanda, la parte demandante en el presente

pleito es el señor Quiñones Reyes quien, aunque comparece

como socio de Punta del Mar Village, S.E., no lo hace en

representación de dicha sociedad especial.

RG-2007-2

alcancen

8

a

cubrirlas”,

tal

y

como

resolvimos

en

Santa

Bárbara, ante.

Esta excepción, que opera de manera subsidiaria cuando

los bienes de la sociedad son insuficientes para cubrir las

obligaciones de la sociedad, no derrota el postulado básico

de que con el contrato de sociedad se da paso “a la creación

de una persona jurídica distinta a los socios….”

De lo

contrario, la excepción derrotaría o haría ineficaz la regla

general.

Nuestra interpretación de Santa Bárbara y Linden

Development, no es absurda ni ilógica, sino por el contrario,

es la que se ajusta a la naturaleza misma de la sociedad

civil

según

dispone

jurisprudencia.

la

doctrina

y

nuestra

reciente

Es decir, es una interpretación conforme a

Derecho.

Por otro lado, sostenemos que darle curso a la posición

de la mayoría implicaría resucitar solapadamente la figura

del

aviso

lis

pendens,

mediante

la

cual

se

lograba

la

anotación de un pleito con la mera presentación de copia

certificada de la demanda ante el Registrador.

v.

Álvarez,

112

DPR

563,

569

(1982),

al

En Rocafort

descartar

su

continuada vigencia en nuestro ordenamiento, catalogamos al

lis

pendens

como

una

figura

de

inferioridad

técnica

y

substantiva en comparación con la anotación preventiva de

demanda.

Véase además, Padilla v. Registrador, 39 DPR 532,

539 (1929).

El profesor Mojica Sandoz, en su tratado de Derecho

hipotecario, nos señala que el lis pendens no es una figura

aceptable en nuestro ordenamiento registral.

“‘Y es que una

RG-2007-2

9

medida cautelar de lis pendens o anotación preventiva de

demanda respecto a la propiedad de bienes inmuebles o la

constitución,

cualquier

declaración,

derecho

real,

modificación,

debe

estar

o

extinción

rodeada

de

de

ciertas

garantías que impidan la promoción ad libitum muchas veces

caprichosa

o

interesadamente

perturbadora

de

pleitos

cuya

sola existencia sustrae las fincas del comercio inmobiliario

con

grave

perjuicio

de

economía del país.’”

la

contratación

general

y

de

la

L. Mojica Sandoz, Derecho Hipotecario

de Puerto Rico, Publicaciones JTS, págs. 61-62, citando a D.

A.

Aguirre,

Proyecto

de

Ley

Hipotecaria,

Departamento

de

Justicia, San Juan, 1961, págs. 45-46.

Por las razones previamente expresadas, disiento de la

Opinión que hoy se dicta.

Soy del criterio, al igual que el

Registrador de la Propiedad, que para anotar preventivamente

la demanda en este caso era imprescindible una orden judicial

que

así

lo

ordenara.

En

consecuencia,

confirmaría

denegatoria de inscripción.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

la