LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Vélez Cortés, et als v. Baxter Healthcare Corp.

2009 TSPR 45

Poder Judicial de Puerto Rico

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Vélez Cortés, et als v. Baxter Healthcare Corp.

CC-2008-0394

Sentencia con Opinión de Conformidad y Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mildred Vélez Cortés, et als.

Demandantes-Recurridos

Certiorari

v.

2009 TSPR 45

Baxter Healthcare Corporation

Of Puerto Rico, Inc., et al.

175 DPR ____

Demandados-Peticionario

Número del Caso: CC-2008-394

Fecha: 9 de marzo de 2009

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Carolina-Panel XI

Juez Ponente:

Hon. Migdalia Fraticelli Torres

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. José A. SilvaCofresi

Lcdo. Juan J. Casillas Ayala

Lcda. Eva Y. Mundo Sagardía

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Charles S. Hey Maestre

Lcdo. Luis Amauri Suárez Zayas

Lcda. Adalina De Jesús Morales

Materia: Despido Injustificado, Discrimen

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mildred Vélez Cortés, et als.

Demandantes-Recurridos

v.

Baxter Healthcare Corporation

of Puerto Rico, Inc., et al.

CC-2008-394

Demandados-Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo 2009

El 7 de mayo de 2008, la parte peticionaria,

Baxter Healthcare Corporation of Puerto Rico, Inc.,

presentó ante nuestra consideración una petición de

certiorari acompañada de una moción en auxilio de

jurisdicción.

El 21 de mayo de 2008 ordenamos la

paralización de los procedimientos en instancia y

luego expedimos el auto.

Hemos revisado y evaluado con detenimiento el

expediente del caso así como los argumentos de las

partes y por estar igualmente dividido el Tribunal

se

confirma

Apelaciones.

la

sentencia

del

Tribunal

de

CC-2008-394

Así

lo

2

pronunció,

manda

el

Tribunal

Secretaria del Tribunal de Supremo.

y

certifica

la

La Jueza Asociada señora

Fiol Matta emite Opinión de conformidad a la que se le une el

Juez

Asociado

señor

Rivera

Pérez.

La

Juez

Asociada

señora

Rodríguez Rodríguez emite Opinión disidente a la que se le une el

Juez Presidente señor Hernández Denton.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mildred Vélez Cortés, et

al.

Recurridos

Certiorari

v.

CC-2008-394

Baxter Healthcare Corporation

of Puerto Rico, Inc., et al.

Peticionario

Opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada señora Fiol

Matta a la cual se une el Juez Asociado señor Rivera Pérez

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2009.

Coincido

con

la

sentencia

Tribunal en el día de hoy.

emitida

por

el

El pago de la mesada

al que obligan las leyes laborales de este país

responde a un interés de proteger a los empleados

de las prácticas abusivas e

injustificadas de

sus patronos y, a su vez, sirve de instrumento

punitivo para disuadir del incumplimiento con la

ley.

Sin

embargo,

compensación

el

especial

pago

“voluntario”

intitulada

de

una

“mesada”

por

Baxter a los empleados de la planta de Carolina

cesanteados injustificadamente de ninguna manera

se puede tomar como el pago de la compensación

debida por la Ley de Indemnización por despido

injustificado

en

Puerto

Rico,

infra.

La

intención

del

pago

voluntario de Baxter respondió a una política interna de la

compañía de reconocer los años de servicios prestados.

le

hizo

entender

a

los

empleados

en

varios

Así se

boletines

informativos. Interpretar esta acción de otra forma cancelaría

la obligación contractual del patrono de pagar la bonificación

por años de servicios que surge de sus manuales internos.

No

puedo avalar esa consecuencia.

Los

boletines

informativos

que

publicó

la

compañía

semanalmente muestran con claridad la intención del desembolso.

En el segundo boletín con relación al cierre de la planta se

contesta la pregunta formulada por los empleados sobre el pago

de

lo

que

Baxter

denominó

afectados por el cierre.

una

“mesada”

a

los

que

serían

Allí, la compañía anunció que aunque

en caso de un cierre de la planta no es obligatorio pagar la

mesada,

Baxter

la

pagaría

junto

con

otros

beneficios.

Al

empleado se le prometió una compensación equivalente a un mes de

sueldo, el sueldo una semana por cada año de servicio, más un

10% de dicho total.

Además, como parte de su política interna

de reconocimiento por los años de servicios de sus empleados,

Baxter anunció que también ofrecería orientaciones y talleres a

los

empleados

afectados

sobre

el

desempleo,

la

búsqueda

de

empleo, cómo hacer un resumé y un “Programa de Apoyo Emocional”.

El

tercer

boletín

informativo

sobre

este

asunto

aclaró

particularmente que:

Todo empleado que renuncie o sea despedido no

cualifica.

La mesada es un pago voluntario especial

como agradecimiento a su valiosa aportación hasta el

3

CC-2008-394

último día de empleo determinado

supervisor. (Énfasis suplido.)

por

su

gerente

y

El boletín informativo decimotercero vuelve a hacer hincapié en

la voluntariedad del pago. Señaló que:

La Ley 80 es para penalizar al patrono cuando despide

injustificadamente (ilegalmente) al trabajador.

Como

les he indicado en el pasado, un cierre de Planta

[sic] por razones de reestructuración económica es

legal y por lo tanto por ley no tiene que indemnizar a

sus trabajadores. Baxter aunque por ley no tiene que

indemnizar

a

sus

empleados,

decidió

hacerlo

voluntariamente.

El

boletín

informativo

decimosexto

anunció

que

la

compañía

estaría brindando servicios para ayudar al empleado durante el

período anterior al cierre final de la planta de Carolina “de

manera voluntaria y por el agradecimiento al valioso servicio de

sus

empleados.

No

es

porque

hayamos

violado

alguna

ley.”

(Énfasis suplido.) El boletín decimoctavo reitera que, a pesar

de

que

la

ley

no

le

obliga

al

patrono

“pagar

bonificación

(mesada) en el caso de cierre de planta, lo hacemos como un

símbolo de agradecimiento”.

Las expresiones de Baxter en estos boletines niegan que

dicho pago responda a la necesidad o intención de cumplir con la

Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185 et seq.,

y

ni

siquiera

sugieren

que

este

pago

podría

sustituir

o

complementar el pago de la mesada que obliga la ley, puesto que

ésta es una indemnización por un acto ilegal. Por el contrario,

Baxter negó firmemente que estuviera cometiendo una ilegalidad y

siempre

afirmó

agradecimiento

que

a

los

dicho

pago

servicios

era

un

prestados

pago

por

voluntario

los

en

empleados

4

CC-2008-394

cesanteados. La compensación que pagó Baxter a estos empleados

tampoco se sujetó a condición alguna.

Así pues, necesariamente

debemos respetar el carácter contractual del pago por cesantía

que surge de una política interna de la compañía, pues no hay

una razón meritoria que justifique que favorezcamos con otra

interpretación al patrono demandado.

Además, y más importante aún, la fórmula para determinar el

pago de lo que Baxter denominó “mesada” no concuerda con lo que

estrictamente dispone la ley. Véase, Art. 1 de la Ley Núm. 80,

29 L.P.R.A. sec. 185a. Por todo esto, no podemos asumir que la

compensación que hizo Baxter es equivalente al pago de la mesada

que exige la ley. Es importante señalar que el primer artículo

de la ley específicamente dispone que la indemnización se debe

calcular tomando en cuenta los años de servicio, proveyendo para

ello una compensación fija y una progresiva. Según la fórmula

legislada, si el empleado es despedido dentro de los primeros

cinco años, la indemnización fija será equivalente al sueldo de

un mes.

Si el despido sucede después de cinco años de empleo y

hasta los quince años, la indemnización será igual al sueldo

correspondiente a dos meses. Si el empleado es despedido luego

de quince años de servicio, la indemnización fija corresponderá

al sueldo de tres meses.

En todos los casos, esta indemnización

fija se suplementa con una indemnización progresiva, equivalente

a una semana por cada año de servicio. 29 L.P.R.A. sec. 185a.1

1

La Ley Núm. 128 de 7 de octubre de 2005 alteró esta fórmula.

La indemnización fija será equivalente al sueldo correspondiente

a dos meses si fuere el empleado despedido dentro de los

5

CC-2008-394

Según

surge

solicitan

nuestra

de

las

varias

intervención

demandas,

fueron

los

empleados

cesanteados

entre

que

los

meses de mayo a diciembre de 1998. La gran parte de ellos había

trabajado en la fábrica de Carolina desde 1961; ésta era la

fábrica de Baxter de más años en operación en Puerto Rico. Del

anejo que acompaña la primera demanda surge que ninguno de ellos

había trabajado menos de diez años al momento de su despido, con

excepción de dos, quienes comenzaron a laborar en 1989 y 1991.

Por lo tanto, la compensación de un mes de sueldo que Baxter

ofreció a sus empleados es muy inferior a lo que debieron haber

recibido, de tratarse realmente de la mesada que contempla la

Ley Núm. 80.

Con este trasfondo fáctico, las actuaciones de Baxter, al

denominar “mesada” lo que no lo es, me parecen un intento de

confundir al empleado en cuanto a los remedios a su alcance, más

aún cuando el pago por la cesantía se computa similarmente sobre

la base del salario, pero con una fórmula que no contempla los

años

de

servicio

prestados.

Además,

pretende

obligar

al

empleado a renunciar a sus derechos cuando es despedido sin

justa causa. Esto es contrario a las disposiciones específicas

de la Ley Núm. 80 y la doctrina reiterada de este Tribunal según

_________________________

primeros cinco años, el sueldo correspondiente de tres meses si

fuere despedido luego de los cinco años hasta los quince años, o

el sueldo correspondiente a seis meses si el empleado fuere

despedido luego de quince años de servicio, además de una

indemnización progresiva, equivalente a una semana por cada año

de servicio, si el empleado fuere despedido dentro de los

primeros cinco años, dos semanas por cada año de servicio si

fuere despedido luego de cinco años hasta los quince años de

servicio, o tres semanas por cada año de servicio luego de

quince años. 29 L.P.R.A. sec. 185a (Sup. 2008).

6

CC-2008-394

la cual la mesada es irrenunciable y nulo cualquier contrato que

disponga lo contrario. 29 L.P.R.A. sec. 185i.

Véase, Mattei

Nazario v. Velez & Assoc., 145 D.P.R. 508 (1998); García Burgos

v. AEELA, 2007 T.S.P.R. 29.

Por otra parte, no puedo concluir que el pago “voluntario”

de Baxter responda a los mismos intereses que el pago de la

mesada

al

que

obliga

indemnizaciones

la

responden

Ley

al

Núm.

daño

80.

que

Es

cierto

surge

del

que

ambas

despido.

En

cuanto al patrono, no obstante, son obligaciones muy distintas.

La

obligación

de

pagar

la

mesada

es

una

obligación

extracontractual, que responde a una violación de ley, es decir,

al despido injustificado. El pago “voluntario” de un dinero que

no equivale a esta indemnización, no cumple con la Ley Núm. 80

ni

promueve

decisión

del

la

política

patrono

de

pública

pagar

laboral.

Por

lo

tanto,

un

a

sus

empleados

dinero

la

cesanteados no tiene ningún efecto en cuanto a su obligación de

pagar una indemnización si se determina que dichos empleados

fueron despedidos ilegalmente.

El 15 de agosto de 2008, la Asamblea Legislativa enmendó la

Ley Núm. 80 tomando en consideración una situación similar al

asunto que nos atañe.

La exposición de motivos de la Ley Núm.

278 de 15 de agosto de 2008 reconoce que algunas empresas en

proceso de cierre o reorganización entregan un dinero a sus

empleados cesanteados y distingue esta práctica del pago de la

mesada.

Según la exposición de motivos, mediante esta práctica

las empresas en proceso de cierre comparten la liquidación de

7

CC-2008-394

sus bienes con los obreros, lo cual debe fomentarse; ello no

cumple, sin embargo, con el pago de la mesada cuando el despido

es injustificado.

Esta Ley Núm. 278 enmienda el artículo 7 de

la Ley Núm. 80 para establecer que cuando el despido de un

empleado

se

fundamente

en

el

cierre

total

o

parcial

de

las

operaciones del establecimiento,

…se

considerará

como

compensación

especial

toda

cuantía de dinero recibida por los obreros producto de

la liquidación o cierre del negocio o programas

empresariales

para

compartir

ganancias

con

sus

empleados. Estas cuantías en nada afectan cómputo o

derecho a reclamar compensación y la indemnización

progresiva, dispuesta en el Artículo 1 de la Ley Núm.

80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada.

(Énfasis

nuestro.)

Cabe señalar que en el informe de la Comisión del Trabajo y

Asuntos

Laborales

de

la

Cámara

de

Representantes

sobre

el

Proyecto del Senado 2455(2), se recogen unos señalamientos que

merecen

nuestra

Trabajo

expone

atención.

que

en

las

Entre

éstos,

jurisdicciones

la

Procuradora

del

estadounidenses,

el

pago por cesantía o “severance payment”

…corresponde a una suma de dinero entregado a un

empleado despedido en medio de un proceso de cierre

total o permanente o una reorganización de la empresa

para la cual labora dicho empleado. Dicha suma de

dinero no se considera mesada…

(Énfasis en el

original.)

Por admisión de Baxter, el “Puerto Rico Severance Pay and

Benefits Policy” de 1994 contiene unas guías sobre el pago de la

compensación especial que ofreció como “mesada” a los empleados

cesanteados y aborda asuntos relacionados con otros beneficios,

como el pago de vacaciones, continuación de cubierta médica,

2

Este proyecto se aprobó el 15 de agosto de 2008, Ley Núm. 278.

8

CC-2008-394

becas de estudios, entre otros. La compensación que recibieron

los empleados responde a la aplicación de esta política interna.

Específicamente, el primer boletín informativo de 24 de octubre

de 1995 explica que “se utilizará la Política de Cesantía que se

distribuyo [sic] el año pasado”.

No cabe duda que la fuente de

la obligación de Baxter de pagar la compensación especial no es

la

Ley

Núm.

80

sino

sus

políticas

internas

respecto

a

los

beneficios contractuales que ofrece a sus empleados.3

En Puerto Rico, a diferencia de otras jurisdicciones de

Estados Unidos, los manuales internos de los empleados son parte

de

las

obligaciones

contractuales

que

asume

el

patrono.

En

Santiago v. Kodak Caribbean, 129 D.P.R. 763 (1992), resolvimos

que

“[e]l

manual

de

una

empresa

que

contiene

las

reglas

y

reglamentos del trabajo y establece las normas, beneficios y

privilegios

que

disfrutará

el

empleado,

contrato de trabajo”. Íd., págs. 775-776.

forman

parte

del

Por lo tanto, el pago

de los beneficios a que tienen derecho los empleados en virtud

de un manual es una obligación contractual. El beneficio del

“severance payment”, como se reconoce en Estados Unidos, o de

una indemnización por años de servicio, no responde a los mismos

3

En esto Baxter es consecuente con la práctica de las compañías

estadounidenses, especialmente las manufactureras, de pagar este

beneficio a sus empleados a base de una política de personal.

Véanse las encuestas publicadas en Personnel Policies Forum,

auspiciadas por el Bureau of National Affairs, de las cuales se

puede concluir que los pagos por cesantía o “severance benefits”

efectivamente responden a una política interna de las compañías

como parte de los beneficios de empleo prometidos.

9

CC-2008-394

intereses que la mesada propia de nuestra jurisdicción.4

Por lo

tanto, no se pueden asemejar estas compensaciones especiales a

la

responsabilidad

extracontractual

que

surge

con

motivo

del

despido sin justa causa que contempla la Ley Núm. 80.

Es menester recordar que nuestra Ley Núm. 80 no tiene un

equivalente en otras jurisdicciones de Estados Unidos.5

Nuestra

legislación laboral tiene su evolución histórica propia, desde

4

El concepto de la indemnización por años de servicio se puede

precisar como la “reparación pecuniaria por el daño originado

por haber empleado su esfuerzo personal en beneficio de un

patrón y no exclusivamente en el propio… La causa jurídica de la

indemnización emana de su definición.

Consiste en un daño

específico, que surge, no de la actividad del patrón, sino del

contrato de trabajo mismo:” R.M. Mengod Gimeno, La indemnización

por años de servicio, Editorial Jurídica de Chile, 1966, págs.

10-11.

5

La norma de “employment-at-will” propia de las jurisdicciones

de los estados federados surgió a finales del siglo XIX como

parte de la filosofía económica del laissez-faire.

Según se

explica por los tribunales de los estados en Payne v. Western &

A.R.R. Co., 81 Tenn. 507 (1884), y Martin v. New York Life Ins.

Co., 148 N.Y. 117 (1885), la doctrina de “empleo a voluntad”

permite al patrono que contrate empleados por un término

indeterminado, despedirlos libremente.

Por la influencia del

tratado de 1877 de Horace Wood, Treatise of the Law of Master

and Servant Covering the Relation, Duties, and Liabilities of

Employers and Employees, en el siglo XX esta norma se consolidó

como la norma imperante en todos los estados de la unión

estadounidense.

Véase, C. Zeno Santiago y V.M. Bermúdez,

Tratado de Derecho del trabajo, Publicaciones JTS, 2003, pág.

151; R. N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la

legislación protectora del trabajo en el Derecho laboral

puertorriqueño, 2005, págs. 110-111; D.J. Libenson, “Leasing

Human

Capital:

Toward

a

New

Foundation

for

Employment

Termination Law”, 27 Berkeley J. Emp. & Lab. L. 111, 117 (2006).

El único estado con una legislación laboral que impone un

requisito de justa causa para el despido de empleados sin

término fijo es Montana, donde en 1987 se legisló para esos

fines. Véase, Wrongful Discharge from Employment Act, Mont. Code

Ann. 39-2-901 et seq.; Whidden v. Nerison, 1999 MT 110.

La

única otra jurisdicción dentro de Estados Unidos, además de

Puerto Rico, con un requisito de justa causa para el despido es

Islas Vírgenes, cuya legislación entró en vigor el 29 de

diciembre de 1986. Delgado Zayas, op. cit., pág. 111.

10

CC-2008-394

el Código de Comercio de 1886, que protegía a los “dependientes

del

comercio”

concediéndoles

sujetos

el

a

derecho

un

a

contrato

ser

sin

indemnizados

término

fijo,

por

daños

los

causados en casos de despido injustificado. R. N. Delgado Zayas,

Apuntes para el estudio de la legislación protectora del trabajo

en el Derecho laboral puertorriqueño, 2005, pág. 110.6

Con la

Ley Núm. 43 de 28 de abril de 1930, entró en vigor en Puerto

Rico una legislación para establecer el derecho de todo obrero

empleado por tiempo indefinido que fuese despedido sin justa

causa y sin previo aviso, a una compensación equivalente al

sueldo de una semana, una quincena o un mes, dependiendo de la

forma acostumbrada del pago de salario del empleado. Leyes y

Resoluciones de la Segunda Legislatura Ordinaria de la Duodécima

Asamblea Legislativa de Puerto Rico, Negociado de Materiales,

San Juan, 1930, págs. 357 y 359. La Ley Núm. 50 de 20 de abril

6

El artículo 217 del Código de Comercio disponía lo siguiente:

Si el ocntrato [sic] entre los comerciantes y sus

mancebos o dependientes se hubiere celebrado por un

tiempo

fijo

no

podrá

ninguna

de

las

partes

contratantes separarse, sin consentimiento de la otra,

de su cumplimiento hasta la terminación del plazo

convenido.

Los que contravinieran a esta cláusula, quedarán

sujetos a la indemnización de daños y perjuicios,

salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. Código

de Comercio de Puerto Rico, Negociado de Materiales,

San Juan, 1932, pág. 70.

El artículo 220, por su parte, disponía que:

En los casos de que el empeño no tuviere tiempo

señalado, cualquiera de las dos partes podrá darlo por

fenecido,

avisando

a

la

otra

con

un

mes

de

anticipación.

El factor o mancebo tendrá derecho, en este caso

al sueldo que corresponda a dicha mesada.

Íd., pág.

72.

Este artículo quedó expresamente derogado por el artículo 4 de

la Ley Núm. 50 de 20 de abril de 1949.

11

CC-2008-394

de

1949

dispuso

también

una

compensación

por

despido

injustificado. Leyes de la Primera legislatura Ordinaria de la

Decimoséptima

Asamblea

Legislativa

de

Puerto

Rico,

Administración General de Suministros, San Juan, 1949, págs. 127

y 129 (29 L.P.R.A. secs. 183-185).

La legislación vigente, Ley Núm. 80, supra, añadió a la

“mesada” una compensación progresiva del sueldo de una semana

por cada año de servicio. El 17 de septiembre de 1996 se aprobó

la

Ley

remedio

Núm.

234

con

el

propósito

en

casos

de

despido

de

aumentar

injustificado

nuevamente

mediante

un

el

pago

escalonado del sueldo de uno a tres meses. 29 L.P.R.A. sec. 185a

(2002). Finalmente, la Ley Núm. 128 de 7 de octubre de 2005

duplicó el monto de la indemnización fija que dispone la ley y

estableció el pago escalonado de la indemnización progresiva. 29

L.P.R.A.

sec.

185a

(Sup.

2008).

Como

vemos,

la

historia

de

nuestra legislación protectora del trabajo siempre ha mostrado

tendencias claras hacia la protección de los obreros y empleados

ante la posibilidad del despido.

Reconociendo las deficiencias de las varias legislaciones,

la Asamblea Legislativa a través de los años se ha dado a la

tarea de aprobar enmiendas a estas leyes para disponer de un

mejor remedio para la clase trabajadora. No obstante, muchos

estudiosos de esta materia han concluido que aún el remedio

exclusivo de la Ley Núm. 80 resulta insuficiente.7

7

En su Tratado del Derecho del trabajo, el Prof. Charles Zeno

Santiago y el Lcdo. Víctor M. Bermúdez, explican que:

12

CC-2008-394

Por último, la posibilidad de imponer a Baxter el pago de

la mesada por despido injustificado dispuesta por la Ley Núm.

80,

a

empresa

la

vez

según

entender,

que

su

una

la

compensación

obligación

doble

especial

contractual

penalidad.

no

No

que

concedió

constituye,

dudamos

que

a

la

mi

ambas

compensaciones van dirigidas a la indemnización de unos daños

ocasionados

por

el

acto

del

despido.

Sin

embargo,

nuestras

expresiones en Afanador Irizarry v. Roger Electric, 156 D.P.R.

651 (2002), prohibiendo una doble penalidad contra el patrono se

dan

en

el

contexto

de

una

reclamación

bajo

dos

leyes

que

establecen, cada una, un derecho a indemnización como penalidad

por los mismos hechos. En el caso ante nuestra consideración, la

única reclamación de los demandantes es al remedio exclusivo que

provee la Ley Núm. 80. No estamos ante un caso de concurrencia

de reclamaciones ni de penalidades.

Por estas razones estoy conforme.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

_________________________

…nos encontramos en una época donde los cambios

son constantes y es propio que se evalúen los modelos

económicos y se escudriñen los distintos sistemas

jurídicos para que nuestra legislación social se

mantenga a la vanguardia.

A través de lo cual, se

pueda mantener la estabilidad económica, política y

social que se obtiene cuando los intereses de los

trabajadores están en justo balance con el de los

dueños del capital. C. Zeno Santiago y V.M. Bermúdez,

Tratado de Derecho del trabajo, Publicaciones JTS,

2003, pág. 365.

CC-2008-394

13

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Mildred Vélez Cortés, et als.

Demandantes-Recurridos

v.

Baxter Healthcare Corporation

of Puerto Rico, Inc., et al.

CC-2008-394

Demandados-Peticionario

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez a la que se le une el Juez Presidente señor Hernández

Denton

San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo 2009

Se encuentra ante nuestra consideración un nuevo

incidente en el drama procesal que generó el cierre

de

operaciones

de

la

planta

de Baxter

Healthcare

Corporation of Puerto Rico, Inc. sita en Carolina.

En esta ocasión, debíamos resolver si el pago que

efectuó voluntariamente Baxter a sus empleados al

cierre de sus operaciones en la planta de Carolina,

podía acreditarse al pago que le corresponde hacer

en concepto de mesada bajo la Ley núm. 80 de 30 de

mayo de 1976, según enmendada (Ley 80).

Desafortunadamente este Tribunal nuevamente erra

en perjuicio de la parte peticionaria.

2

CC-2008-394

Repasemos nuevamente los hechos que sirven de trasfondo a

esta controversia.

I

Baxter

Healthcare

Corporation

of

Puerto

Rico,

Inc.

(Baxter) es una corporación foránea organizada bajo las leyes

de Alaska, autorizada a hacer negocios en Puerto Rico que se

dedica a la manufactura de productos médicos y farmacéuticos

en la Isla.

En 1995, Baxter anunció públicamente que luego

de un análisis de sus operaciones mundiales y como mecanismo

para mejorar su competitividad en una economía globalizada,

se proponía reestructurar y consolidar sus operaciones en

distintos lugares del mundo incluyendo a Puerto Rico.

resultado

de

ello,

en

Carolina,

consolidando

1998

las

Baxter

cerró

operaciones

de

la

Como

planta

alguno

de

de

los

productos que allí se producían en otras plantas en Puerto

Rico

(Jayuya

Unidos

y

Aibonito),

(Carolina

producción

de

Carolina

(tubos

del

otros

Norte

y

en

e

productos

renales).8

otras

plantas

Illinois)

que

se

y

en

Estados

descontinuó

la

manufacturaban

en

Como

parte

de

su

reestructuración, Baxter vendió su operación en Culebras y

cerró el almacén que operaba en Carolina.

Los

empleados

que

fueron

cesanteados

por

Baxter

al

cierre de sus operaciones recibieron una indemnización por

terminación de empleo que se calculó a base de un mes de

sueldo, una semana por cada año de servicio, más el 10% de

esa suma.

8

La compañía le comunicó a sus empleados el pago de

El cierre de la planta de Carolina fue paulatino habiendo

comenzado en 1995.

3

CCf-2008-394

esta indemnización mediante memorando de 31 de octubre de

1995.

En este memorando, Baxter catalogó el pago como la

mesada.

Indicó expresamente que aun cuando la Ley 80 no

requería el pago de mesada por el cierre de una planta,

“Baxter … pagará mesada así como proveerá otros beneficios a

los empleados regulares.”

En este memorando se les indicó a

los empleados cómo se haría el cómputo de la mesada, si la

“mesada afecta el desempleo”, y cuándo se pagaría.

Así las cosas, varios empleados de Baxter presentaron

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

una

demanda

sobre

despido injustificado, represalias y discrimen por razón de

edad, al amparo de la Ley 80; la Ley contra el discrimen en

el empleo, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A.

§146 et seq; y, la Ley de represalias contra empleados, Ley

Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 29 L.P.R.A. §194 et seq.

En

total,

se

presentaron

cuatro

demandas

separadas

las

cuales, eventualmente, se consolidaron.

En las demandas presentadas se alegó, en síntesis, que

Baxter,

a

pesar

de

decretar

el

cierre

total

de

las

operaciones en la planta de Carolina, verdaderamente no cesó

sus operaciones sino más bien las transfirió a otras plantas

en Puerto Rico y Estados Unidos.

Se alegó que no hubo el

cierre de operaciones que contempla la Ley 80 como justa

causa para un despido.

demandas,

alegaron

Los demandantes, en sus respectivas

también

que

la

cesantía

obedeció

a

represalias de parte del patrono por motivo una querella que

se presentara ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento

de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico por los hechos

4

CCf-2008-394

antes descritos.

Baxter contestó las demandas presentadas

negando lo aseverado y levantando, a su vez, varias defensas

afirmativas.

Luego de que se consolidaran las demandas presentadas,

Baxter solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor

bajo el fundamento de que el despido de los demandantes se

debió exclusivamente al cierre total de las operaciones de la

planta de Carolina lo que era justa causa bajo la Ley 80.

Negó que el despido estuviese motivado por razón de la edad

de los empleados o fuese como represalia por éstos haber

presentado

una

querella

ante

la

Unidad

Antidiscrimen.

Además, planteó que la reclamación de discrimen por razón de

edad estaba prescrita en tanto el término comenzó a correr

desde que se le notificó la fecha de la cesantía, no desde la

fecha del despido como tal.

Por

su

parte,

el

4

de

septiembre

de

2001,

los

demandantes solicitaron que se dictase sentencia sumaria a su

favor bajo el fundamento de que el despido fue injustificado,

discriminatorio y producto de represalias por la presentación

de la querella en la Unidad Antidiscrimen por un grupo de

empleados.

Celebrada la vista en su fondo, el tribunal primario

dictó sentencia parcial enmendada.9

En la sentencia dictada,

el tribunal concluyó que el despido fue injustificado y los

9

El Tribunal de Primera Instancia enmendó la sentencia

parcial a los efectos de incluir las palabras sacramentales

exigidas por la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32

L.P.R.A. Ap. III, en torno a que no existe razón para

posponer dictar sentencia sobre las reclamaciones en cuestión

hasta la resolución total del pleito.

5

CCf-2008-394

demandantes tenían derecho a la compensación que concede la

Ley 80.

El tribunal ordenó a las partes a ponerse de acuerdo

sobre la suma que le correspondía a cada demandante como

mesada.

vista

Señaló, que de no lograrse un acuerdo, pautaría una

evidenciaria

para

determinar

las

cantidades

de

las

indemnizaciones. Además, declaró sin lugar la solicitud de

sentencia sumaria de Baxter en torno a la reclamación al

amparo de la Ley 100 y en su lugar, efectuó un señalamiento

para la continuación de los procedimientos en lo relativo a

las reclamaciones bajo la referida ley.

Inconforme con tal determinación, Baxter recurrió ante

el

Tribunal

determinación

de

Apelaciones

recurrida

tras

y

este

concluir

foro

que

el

revocó

la

despido

fue

justificado.

Insatisfechos con esta determinación, los demandantes

recurrieron ante este Tribunal.

Mediante sentencia de 30 de

junio de 2005, revocamos el dictamen recurrido.

La sentencia

dictada concluyó que “por no haberse dado un cierre total, ni

temporero

ni

permanente,

sino

operación

de

la

de

planta

que

Baxter

Carolina,

hubo

trasladó

un

la

despido

injustificado de sus empleados según la Ley 80, … [por lo

que]

estos

tienen

correspondiente.”10

derecho

a

la

indemnización

Se reinstaló así, “la determinación del

foro primario en cuanto a la reclamación bajo la Ley 80.”

10

Luego de nuestra determinación, la Asamblea Legislativa

aprobó la Ley Núm. 95 de 30 de julio de 2007 enmendando la

Ley 80, para dejar establecido que el cierre total, temporero

o parcial constituye justa causa para el despido de un

empleado. Específicamente se dispuso:

6

CCf-2008-394

Respecto la determinación de discrimen y represalias,

resolvimos

que

desestimarlas.

el

tribunal

apelativo

había

errado

al

Devolvimos el caso para que se celebrara la

vista en su fondo en cuanto a este asunto.

Cabe aclarar, que

el asunto que hoy nos ocupa, si procede acreditar al pago de

la mesada bajo la Ley 80 el pago por terminación de empleo

que

efectuó

Baxter,

no

fue

objeto

de

revisión

en

el

certiorari presentado en ese momento por lo que no fue un

asunto que atendimos en la sentencia dictada.11

Devuelto el caso al foro de instancia, el 12 de mayo de

2006 los demandantes presentaron una moción solicitando que

se ordenara el pago de la mesada.

Los demandantes informaron

que las partes intentaron, sin éxito, llegar a un acuerdo

sobre las cuantías a pagarse ya que Baxter argüía que se

_________________________

Se entenderá como justa causa para el despido de

un empleado de un establecimiento:

. . .

(d)

Cierre total, temporero o parcial

operaciones del establecimiento.

de

las

Disponiéndose, que en aquellos casos en que la

empresa posea más de una oficina, fábrica,

sucursal o planta, el cierre total, temporero o

parcial de las operaciones de cualquiera de estos

establecimientos, constituirá justa causa para el

despido a tenor con esta sección.

(Énfasis

nuestro.)

11

Aun cuando este asunto no estuvo ante la consideración del

Tribunal y no fue objeto de nuestra decisión, tres jueces de

este Tribunal expresaron criterio sobre el particular. Así,

la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez en una opinión

disidente escrita emitida en reconsideración y a la cual se

unió el Juez Presidente señor Hernández Denton, apuntó que

correspondía acreditar al pago de la mesada por la Ley 80 el

pago hecho ya por Baxter por terminación de empleo y que el

Tribunal debió considerar ese asunto y así disponerlo en su

sentencia. Por su parte, el Juez Asociado señor Rivera Pérez

en una opinión de conformidad emitida en reconsideración, el

criterio opuesto.

7

CCf-2008-394

debía acreditar al pago de la mesada bajo la Ley 80 el pago

hecho por concepto de terminación de empleo.

Sobre este

asunto, los demandantes señalaron que Baxter nunca alegó el

pago como defensa afirmativa en su contestación a la primera

demanda presentada el 10 de mayo de 1999, ni planteó dicho

asunto ante el Tribunal de Apelaciones, ni en su recurso y

posteriores solicitudes de reconsideración ante este Tribunal

de modo que renunció al planteamiento.

El 19 de junio de 2006, Baxter se opuso a la solicitud

de los demandantes y, a su vez, solicitó que se le acreditara

la compensación pagada a los demandantes al momento de la

cesantía.

Adujo,

que

dicha

compensación

--que

ascendió

a

$3,423,331.00-- fue denominada como “mesada” y así se le

notificó a los empleados.

Además, adujo que este pago poseía

las mismas características y el mismo propósito de la mesada

concedida al amparo de la Ley 80 ya que se computó a base de

los

años

de

servicio,

el

salario

más

alto

incluso, se le añadió un 10% adicional.

deducir

las

compensación

sumas

por

ya

los

pagadas

mismos

injusto de parte de los demandantes.

y

e,

A su juicio, no

resultaría

hechos

devengado

un

en

una

doble

enriquecimiento

Planteó, además, que la

reclamación de los demandantes a los efectos de exigir el

pago íntegro de la mesada adicional a lo ya pagado, era

contrario

a

los

principios

de

buena

fe,

equidad

y

trato

justo.

Por otro lado, Baxter planteó que aun cuando no formuló

expresamente

la

defensa

de

pago

en

su

contestación

a

la

primera demanda, incluyó la defensa de aceptación y pago en

8

CCf-2008-394

finiquito, en la cual se encuentra subsumida la del pago.

Expuso,

además,

que

incluyó

la

defensa

de

pago

en

la

contestación a la demanda presentada en dos de las demandas

presentadas por lo que, al consolidarse los casos todas las

defensas que se habían presentado se acumularon.

De modo que

no se trataba de un asunto novel que era desconocido por los

demandantes, ni mucho menos renunció a dicha defensa.

El

3

de

octubre

de

2006,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia emitió resolución y orden, ordenando a Baxter a

pagar, entre otros, la totalidad de la mesada que concede la

Ley 80 sin deducción alguna a tal monto. También impuso el

pago de un interés de 5.25%, acumulado y computado a partir

del

28

de

abril

de

2003,

fecha

de

la

sentencia

parcial

enmendada que dispuso de forma final de la reclamación sobre

despido injustificado.

El tribunal concluyó que Baxter nunca

planteó previo a la etapa de ejecución de sentencia, sus

argumentos en torno al alegado crédito que ostentaba a raíz

de las cuantías que pagó a los empleados a la fecha de su

cesantía;

por

lo

cual,

renunció

a

dicha

defensa.

Como

consecuencia, conforme a la doctrina de la ley del caso, no

podían revisarse asuntos relativos a la reclamación bajo la

Ley 80 que fueron adjudicados de forma final y firme.

Inconforme, Baxter recurrió al Tribunal de Apelaciones

mediante certiorari. Asimismo, solicitó la paralización de

los procedimientos ante el foro de instancia mientras se

dilucidaba

el

recurso

en

sus

méritos.

El

foro

apelativo

ordenó la paralización de los procedimientos relativos a las

9

CCf-2008-394

cuantías

adeudadas

por

motivo

de

la

sentencia

parcial

enmendada.

En su petición de certiorari, Baxter presentó los mismos

argumentos

esgrimidos

previamente

ante

el

foro

primario.

Arguyó además, que el foro primario incidió al imponer el

pago de intereses a computarse desde la fecha de la sentencia

parcial enmendada, en vista de que en tal fecha no se habían

fijado las cuantías específicas a ser pagadas por concepto de

mesada,

por

lo

cual

resultaba

irrazonable

calcular

los

intereses a partir de dicha fecha.

Tras varios trámites procesales, el tribunal apelativo

emitió sentencia confirmando la resolución recurrida.

Dicho

foro resolvió que conforme a la doctrina de la ley del caso,

procedía el pago íntegro de la mesada, sin acreditarle a

Baxter las cuantías pagadas por ésta a los demandantes. Sobre

el particular, indicó que la compensación otorgada por Baxter

a sus empleados obedeció a su liberalidad y en agradecimiento

por los años de servicio de sus empleados, por lo cual no

cabía hablar de enriquecimiento injusto.

El

Tribunal

de

Apelaciones

sostuvo

la

imposición

de

intereses legales a computarse desde la fecha de la sentencia

parcial enmendada, en vista de que a pesar de que en tal

fecha no se fijó el monto final a ser pagado, se trataba de

un cálculo matemático basado en una fórmula determinada y

conocida a cabalidad por las partes.

que

las

reclamaciones

de

los

209

En particular, destacó

empleados,

sobre

cuyas

reclamaciones no existía disputa, eran exigibles desde que se

emitió

la

sentencia

parcial

enmendada

reconociéndole

su

10

CCf-2008-394

derecho a la mesada. Sin embargo, el tribunal advirtió que

era improcedente la imposición de intereses en cuanto a los

98 demandantes cuyas mesadas aun estaban en disputa, y en

torno a los cuales aun existía una “controversia bona fide

sobre

los

incluso,

criterios

sobre

si

necesarios

procede

o

para

no,

fijar

por

lo

a

la

mesada,

que

el

dictamen

parcial no fue realmente definitivo en cuanto a ellos.”

Inconforme aun, el 7 de mayo de 2008, Baxter acudió ante

este Tribunal y mediante moción en auxilio de jurisdicción,

solicitó

hasta

la

adjudicación final del recurso de certiorari presentado.

El

21

de

los

el

foro

de

la

mayo

paralización

de

2008

de

los

ordenamos

procedimientos

la

paralización

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia.

En

su

recurso,

Baxter

alegó

que

incidió

apelativo al:

…enmendar por fiat judicial la exclusividad de

remedios de la Ley de Despido Injustificado;

…negarse a acreditar las sumas cuantiosas ya

pagadas en concepto de mesada, en contravención al

mandato de la propia Ley 80;

…aplicar la doctrina de la ley del caso cuando

lo relativo a la cuantía de las mesadas no fue

objeto de adjudicación en la sentencia parcial

enmendada;

…ignorar que la negativa a descontar el pago

efectuado por Baxter resulta en la concesión de un

remedio excesivo; e

…imponer el pago de intereses legales antes de

que existiese una sentencia ordenando el pago de

una suma específica, ya que el asunto sobre las

cuantías a concederse quedó pendiente para una

vista evidenciaria a celebrarse posteriormente.

Expedimos el recurso. Hoy, este Tribunal confirma la

sentencia dictada por el foro apelativo intermedio.

11

CCf-2008-394

II

La Ley 80 “le brinda a los trabajadores que han sido

despedidos sin justa causa, la oportunidad de disfrutar de

una

indemnización

que

les

permita

suplir

sus

necesidades

básicas durante el tiempo que les pueda tomar conseguir un

nuevo empleo.” Díaz Fontanez v. Wyndham, 155 D.P.R. 364, 375

(2001).

(Énfasis nuestro.)

El Artículo 1 de la Ley 80 dispone que todo empleado que

trabaja mediante remuneración de alguna clase, contratado por

tiempo indeterminado que es despedido de su cargo sin que

haya

mediado

justa

causa,

tiene

derecho

a

recibir

de

su

patrono “en adición al sueldo que hubiere devengado: (a) el

sueldo

correspondiente

indemnización;

una

un

mes

indemnización

por

concepto

de

progresiva

adicional

equivalente a una semana por cada año de servicio.”

(Énfasis

nuestro.)

(b)

a

29 L.P.R.A. §185a. Como vemos, la compensación a

la que tiene derecho todo empleado está descrita en la ley

como

una

“resarcir

“indemnización.”

Siendo

los

a

daños

sufridos

así,

su

consecuencia

objetivo

del

es

despido.

Esta indemnización no equivale a una remuneración o salarios

por los servicios prestados ni constituye un sustituto del

sueldo.”

Alvira v. SK & F Laboratories Co., 145 D.P.R. 803,

810 (1997).

Su propósito es, como ya apuntamos, ayudar a

“suplir [las] … necesidades básicas [del empleado cesanteado]

durante el tiempo que tome conseguir un nuevo empleo.”

Díaz

Fontanez v. Wyndham, supra.

En Alvira, ante, reconocimos que este tipo de protección

que la ley le brinda a los empleados y obreros de nuestro

12

CCf-2008-394

país

es

Mathew

“único.”

Bender,

L.K.

sec.

Larson,

Dismissal,

vol.

3,

(2007)(“Puerto

Rico

is

Unjust

10.40[1][a],

unique in having legislation providing compensation for any

employee under an indefinite term contract who is discharged

without good cause.”)

En tal rigor, el tratadista Lex Larson

comenta lo siguiente:

Puerto Rico is unique in having legislation

providing compensation for any employee under an

indefinite term contract who is discharged without

good cause.

Puerto Rico has enacted what amounts to a

mandatory severance pay statute.

This law

provides indemnity to employees under indefinite

term contracts that are discharge without good

cause.

The indemnification consists of one

month’s salary and one week’s salary for each year

worked prior to discharge.

Employees are further

entitled to back pay due them, and any amounts

already earned in commissions and pay for vacation

time not taken due to work demands.

Larson, op. cit., vol. 1, sec. 9A.04[1], pág. 9A-53.

Por otro lado, dado el carácter reparador de la Ley 80,

hemos reiterado que ésta deberá ser interpretada liberalmente

a

favor

de

los

derechos

del

trabajador.

Martínez, 146 D.P.R. 215 (1998).

Belk

Arce

v.

Ello no obstante, también

hemos destacado que es injusto penalizar a un patrono dos

veces por los mismos hechos.

Afanador Irizarry v. Roger

Electric, 156 D.P.R. 651 (2002); Belk Arce v. Martínez, ante.

A tales efectos, en Belk Arce v. Martínez, ante, pág. 241,

indicamos:

Como la Ley Núm. 100, supra, compensa por los daños

sufridos por el empleado, estos daños incluyen

remediar los mismos que la Ley Núm. 80, supra,

indemniza.

La Ley Núm. 100, supra, compensa

adecuadamente todos los daños que sufre el empleado

despedido. Conceder una indemnización al amparo de

dos (2) leyes distintas que tienen los mismos

13

CCf-2008-394

elementos, criterios y dependen de la misma prueba,

penalizaría al patrono dos (2) veces por un solo

acto. (Énfasis nuestro.)

En Afanador Irizarry v. Roger Electric, ante, pág. 667 nos

reiteramos en esta norma, y señalamos que “si un demandante

presenta una causa de acción contra su patrono por despido

injustificado y discriminatorio, de determinar el tribunal

que

el

despido

más

que

injustificado,

fue

en

efecto

discriminatorio, no se concederá una indemnización bajo las

dos leyes en cuestión, … pues ello constituiría una doble

penalización

nuestro.)

motivada

por

unos

mismos

(Énfasis

hechos.”

De modo que hemos resuelto que no procede conceder

una doble indemnización a un empleado despedido sin justa

causa,

cuando

estatutos

las

reclamaciones

instadas

bajo

distintos

tienen los mismos elementos y criterios, se basan

en unos mismos hechos y dependen de la misma prueba, pues

ello supondría una doble penalidad para el patrono y una

doble indemnización para el empleado.

Por

otro

parte,

hemos

expresado

en

innumerables

ocasiones que la compensación que establece la ley, conocida

como

la

mesada,

injustificado.

es

el

remedio

Afanador

exclusivo

Irizarry

v.

ante

Roger

el

despido

Electric,

156

D.P.R. 651 (2002); Díaz Fontanez v. Wyndham, ante; Vélez

Rodríguez v. Pueblo International, 135 D.P.R. 500 (1994).

Expuesta la doctrina general, pasemos a aplicar la misma

a la controversia que hoy pende ante nuestra atención.

III

A

En su recurso, Baxter arguye que incidió el Tribunal de

14

CCf-2008-394

Apelaciones

al

no

acreditar

a

la

mesada

las

cuantías

pagadas a la fecha de la cesantía de los empleados.

a su posición esgrime variados argumentos.

ya

En apoyo

Principalmente,

aduce que ordenar el pago de la mesada sin acreditar lo ya

pagado

a

los

empleados

tiene

el

efecto

de

penalizar

doblemente al patrono por unos mismos hechos lo que hemos

rechazado en el pasado.

E.g., Belk Arce v. Martínez, ante;

Afanador Irizarry v. Roger Electric, ante.

compensación

otorgada

a

los

empleados

a

Indicó, que la

la

fecha

de

su

cesantía obedeció al interés del patrono de asegurar que

estos contaran con los recursos económicos necesarios hasta

obtener

un

nuevo

empleo,

es

decir,

propósito que persigue la Ley 80.

que

sirve

el

mismo

Apunta además, que la

mesada provista por la Ley 80 es el único remedio disponible

ante un despido injustificado, por lo que el no acreditar las

cantidades ya pagadas al pago de la mesada que ordenamos,

representa un remedio en exceso de lo que contempla la propia

ley.

Tiene

razón

Baxter

cuando

argumenta

que

de

no

acreditarse el pago ya hecho a lo que adeuda en concepto de

mesada,

conlleva

su

doble

penalización

por

unos

mismos

hechos.

En

este

caso,

la

compensación

voluntaria

hecha

por

Baxter tiene todas las características del pago de mesada de

la Ley 80 y se computa siguiendo los lineamientos de esta

ley.

Ya indicamos que Baxter en sus comunicaciones a sus

empleados le describió el pago que haría como mesada y les

informó también cómo lo calcularía.

lo dispuesto en la Ley 80.

Fórmula que es similar a

Baxter calculó su pago a base de

15

CCf-2008-394

un mes de sueldo, una semana de sueldo por cada año de

servicio, más el 10% de esa suma.

La Ley 80 a su vez

dispone, como ya adelantamos, que la mesada se paga a base

del

sueldo

que

correspondiente

hubiera

a

un

recibido

mes

y

el

una

empleado,

indemnización

el

sueldo

adicional

equivalente a una semana por cada año de servicio en el

empleo.

Se advierte de inmediato la gran similitud de la

fórmula utilizada para el pago tanto de la mesada de la Ley

80 y el pago efectuado por Baxter por terminación de empleo.

Además,

el

pago

hecho

por

Baxter

participa

de

las

características de una indemnización tal y como ocurre con la

mesada de la Ley 80.

Baxter le indicó a sus empleados que

este pago tenía como propósito “ayudar al empleado en la

transición al cierre de planta.”

de 20 de junio de 1997.

Boletín Informativo No. 16

En otras palabras, la compensación

concedida participa de los caracteres de una indemnización

pues tenía como propósito resarcir los daños que ocasionaba

la pérdida de empleo por el cierre de la planta.

Éste es

precisamente el fin que persigue el pago de mesada que ordena

la Ley 80 según resolvimos en Alvira v. SK & F Laboratories

Co., ante.

El hecho de que el pago haya sido voluntario o que se

aseveraba que fue en agradecimiento a los años de servicio,

no detracta de la naturaleza reparadora del pago efectuado.

Con lo cual, los paralelos con la mesada que ordena la Ley 80

son evidentes.

Somos del criterio que imponer el pago de

nueva partida por un mismo concepto y basado en unos mismos

hechos -–el cierre de la planta de Carolina—- es claramente

16

CCf-2008-394

una acción punitiva en contra del patrono que se revela, a

nuestro juicio, irrazonable.

No se justifica que en esta

ocasión nos desviemos de lo que ha sido nuestra trayectoria

de,

por

un

lado,

proteger

al

obrero

de

prácticas

inescrupulosas del patrono, pero a la misma vez, rechazar la

penalización doble del patrono por unos mismos hechos y un

mismo concepto.12

B

El Tribunal de Apelaciones y los recurridos rechazan el

planteamiento de Baxter de que se le acredite al pago de la

mesada bajo la Ley 80 los dineros ya pagados a los empleados

cesanteados

bajo

el

fundamento

que

este

asunto

fue

ya

adjudicado en la sentencia que dictamos en este caso el 30 de

junio de 2005.

No tienen razón.

Señalamos anteriormente que en el caso que se trajo ante

nuestra consideración la única controversia que se adjudicó

fue

si

el

despido

de

los

empleados

de

Baxter

fue

injustificado o no a tenor con lo dispuesto en la Ley 80.

Contestamos esa pregunta en la afirmativa y devolvimos el

caso para que se computara el pago de la mesada.

No estaba

ante nuestra consideración el asunto sobre el crédito por lo

que no pudo haber sido objeto de nuestro dictamen.

La

jueces

12

expresión

de

este

individual

Tribunal

sobre

en

reconsideración

este

asunto,

no

de

tres

cambia

la

No podemos pasar por alto también que el legislador ya

expresó su criterio de que el cierre total, temporero o

parcial de las operaciones de una fábrica constituye justa

causa para el despido a tenor con la Ley 80. Ley Núm. 95 de

30 de julio de 2007.

No nos parece razonable, y por el

contrario lo consideramos injusto, imponer en este caso una

nueva penalidad por algo ya atendido por el legislador.

CCf-2008-394

17

controversia en efecto resuelta en nuestra sentencia.

No

cabe hablar entonces de la doctrina de la ley del caso tal y

como nos plantea la parte recurrida.

Y es que la única controversia que adjudicó el tribunal

de primera instancia en su sentencia de 28 de abril de 2003,

y

que

posteriormente

revisamos,

justa causa para el despido.

fue

precisamente

si

hubo

Sobre el cómputo de la mesada,

el foro primario le ordenó a las partes a reunirse para

determinar su monto y les indicó que si no podía llegar a un

acuerdo se celebraría una vista evidenciaria para determinar

la cuantía.

El planteamiento respecto los cómputos a hacer y

qué créditos, si alguno, debían reconocerse, era un asunto

por dilucidarse más tarde, como en efecto ocurrió.

Por

otro

lado,

somos

del

criterio

que

si

bien

al

contestar la primera demanda presentada en su contra Baxter

no presentó la defensa afirmativa de pago, si incluyó la de

aceptación

del

aceptación

y

pago

pago,

como

y

en

finiquito

ésta

se

o

la

doctrina

de

encuentra

subsumida

la

doctrina del pago como defensa.

De otra parte, en varias de las demandas instadas con

posterioridad a esa primera, Baxter sí levantó esta defensa.

Como

ya

relatamos

posteriormente

al

inicio,

consolidados.

En

todos

los

atención

casos

a

lo

fueron

anterior,

somos del criterio que en efecto se encuentra válidamente

ante nuestra atención la contención de Baxter respecto el

pago hecho ya a los empleados cesanteados y su planteamiento

de que se le acredite al pago de mesada ordenado.

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III

Por último, Baxter alega que resulta improcedente la

imposición de intereses cuando el tribunal nunca ha fijado

las cuantías adeudadas a los demandantes ni consta en la

sentencia el tipo de interés a pagarse.

una

determinación

sobre

una

suma

Por lo que, ausente

líquida,

no

existe

obligación alguna de pagar intereses retroactivos a la fecha

de la sentencia parcial enmendada.

No tiene razón.

La Regla 44.3 de Procedimiento Civil, dispone que “[s]e

incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la Junta

Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones

Financieras y que está en vigor al momento de dictarse la

sentencia, en toda sentencia que ordena el pago de dinero, a

computarse sobre la cuantía de la sentencia desde la fecha en

que se dictó la sentencia y hasta que ésta sea satisfecha….”

32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.3.

El texto citado es claro al

hacer mandatario que un tribunal, al dictar sentencia en la

que ordena la entrega de dinero, imponga el pago de interés

al tipo legal sobre la cuantía de la sentencia, sin excepción

de clase alguna.

Gutiérrez v. AAA, res. 10 de febrero de

2006, 166 DPR ___, 2006 TSPR 30.

En el caso ante nuestra consideración no se ha fijado el

monto final de la cuantía que Baxter adeuda a los empleados

demandantes.

Ello no obstante, sí se había ordenado desde el

28 de abril de 2003, el pago de la mesada y este es un

cómputo que se hace a base de la fórmula que se establece en

la propia la Ley 80.

Lo que restaba entonces era el cálculo

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matemático a base de una fórmula pre establecida.

El mandato

de pagar ya estaba vigente.

En vista de ello, tiene razón el foro apelativo cuando

concluye que procede el pago de intereses desde que se dictó

sentencia parcial (28 de abril de 2003) sobre las mesadas de

los 209 empleados sobre las que no hay controversia.

Sobre

los demás casos donde hay disputas sobre las mesadas, los

cuales requieren la celebración de una vista evidenciaria

para su fijación, no procedería el pago de intereses a partir

del 28 de abril de 2003, sino más bien desde la fecha en que

finalmente se determine la cuantía de la mesada.

Por los fundamentos expuestos revocaría la determinación

del Tribunal de Apelaciones que concluyó que no se podía

acreditar a los empleados cesanteados por Baxter el pago

hecho ya por ésta por concepto de terminación de empleo.

Respecto

al

determinación

cómputo

del

de

foro

los

intereses

apelativo

se

confirmaría

intermedio.

la

Procedería

entonces a devolver el caso al Tribunal de Instancia para la

continuación de los procedimientos.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

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