Tribunal Supremo de Puerto Rico
Vélez Cortés, et als v. Baxter Healthcare Corp.
2009 TSPR 45
Poder Judicial de Puerto Rico
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Vélez Cortés, et als v. Baxter Healthcare Corp.
CC-2008-0394
Sentencia con Opinión de Conformidad y Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Mildred Vélez Cortés, et als.
Demandantes-Recurridos
Certiorari
v.
2009 TSPR 45
Baxter Healthcare Corporation
Of Puerto Rico, Inc., et al.
175 DPR ____
Demandados-Peticionario
Número del Caso: CC-2008-394
Fecha: 9 de marzo de 2009
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Carolina-Panel XI
Juez Ponente:
Hon. Migdalia Fraticelli Torres
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. José A. SilvaCofresi
Lcdo. Juan J. Casillas Ayala
Lcda. Eva Y. Mundo Sagardía
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Charles S. Hey Maestre
Lcdo. Luis Amauri Suárez Zayas
Lcda. Adalina De Jesús Morales
Materia: Despido Injustificado, Discrimen
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Mildred Vélez Cortés, et als.
Demandantes-Recurridos
v.
Baxter Healthcare Corporation
of Puerto Rico, Inc., et al.
CC-2008-394
Demandados-Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo 2009
El 7 de mayo de 2008, la parte peticionaria,
Baxter Healthcare Corporation of Puerto Rico, Inc.,
presentó ante nuestra consideración una petición de
certiorari acompañada de una moción en auxilio de
jurisdicción.
El 21 de mayo de 2008 ordenamos la
paralización de los procedimientos en instancia y
luego expedimos el auto.
Hemos revisado y evaluado con detenimiento el
expediente del caso así como los argumentos de las
partes y por estar igualmente dividido el Tribunal
se
confirma
Apelaciones.
la
sentencia
del
Tribunal
de
CC-2008-394
Así
lo
2
pronunció,
manda
el
Tribunal
Secretaria del Tribunal de Supremo.
y
certifica
la
La Jueza Asociada señora
Fiol Matta emite Opinión de conformidad a la que se le une el
Juez
Asociado
señor
Rivera
Pérez.
La
Juez
Asociada
señora
Rodríguez Rodríguez emite Opinión disidente a la que se le une el
Juez Presidente señor Hernández Denton.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Mildred Vélez Cortés, et
al.
Recurridos
Certiorari
v.
CC-2008-394
Baxter Healthcare Corporation
of Puerto Rico, Inc., et al.
Peticionario
Opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada señora Fiol
Matta a la cual se une el Juez Asociado señor Rivera Pérez
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 2009.
Coincido
con
la
sentencia
Tribunal en el día de hoy.
emitida
por
el
El pago de la mesada
al que obligan las leyes laborales de este país
responde a un interés de proteger a los empleados
de las prácticas abusivas e
injustificadas de
sus patronos y, a su vez, sirve de instrumento
punitivo para disuadir del incumplimiento con la
ley.
Sin
embargo,
compensación
el
especial
pago
“voluntario”
intitulada
de
una
“mesada”
por
Baxter a los empleados de la planta de Carolina
cesanteados injustificadamente de ninguna manera
se puede tomar como el pago de la compensación
debida por la Ley de Indemnización por despido
injustificado
en
Puerto
Rico,
infra.
La
intención
del
pago
voluntario de Baxter respondió a una política interna de la
compañía de reconocer los años de servicios prestados.
le
hizo
entender
a
los
empleados
en
varios
Así se
boletines
informativos. Interpretar esta acción de otra forma cancelaría
la obligación contractual del patrono de pagar la bonificación
por años de servicios que surge de sus manuales internos.
No
puedo avalar esa consecuencia.
Los
boletines
informativos
que
publicó
la
compañía
semanalmente muestran con claridad la intención del desembolso.
En el segundo boletín con relación al cierre de la planta se
contesta la pregunta formulada por los empleados sobre el pago
de
lo
que
Baxter
denominó
afectados por el cierre.
una
“mesada”
a
los
que
serían
Allí, la compañía anunció que aunque
en caso de un cierre de la planta no es obligatorio pagar la
mesada,
Baxter
la
pagaría
junto
con
otros
beneficios.
Al
empleado se le prometió una compensación equivalente a un mes de
sueldo, el sueldo una semana por cada año de servicio, más un
10% de dicho total.
Además, como parte de su política interna
de reconocimiento por los años de servicios de sus empleados,
Baxter anunció que también ofrecería orientaciones y talleres a
los
empleados
afectados
sobre
el
desempleo,
la
búsqueda
de
empleo, cómo hacer un resumé y un “Programa de Apoyo Emocional”.
El
tercer
boletín
informativo
sobre
este
asunto
aclaró
particularmente que:
Todo empleado que renuncie o sea despedido no
cualifica.
La mesada es un pago voluntario especial
como agradecimiento a su valiosa aportación hasta el
3
CC-2008-394
último día de empleo determinado
supervisor. (Énfasis suplido.)
por
su
gerente
y
El boletín informativo decimotercero vuelve a hacer hincapié en
la voluntariedad del pago. Señaló que:
La Ley 80 es para penalizar al patrono cuando despide
injustificadamente (ilegalmente) al trabajador.
Como
les he indicado en el pasado, un cierre de Planta
[sic] por razones de reestructuración económica es
legal y por lo tanto por ley no tiene que indemnizar a
sus trabajadores. Baxter aunque por ley no tiene que
indemnizar
a
sus
empleados,
decidió
hacerlo
voluntariamente.
El
boletín
informativo
decimosexto
anunció
que
la
compañía
estaría brindando servicios para ayudar al empleado durante el
período anterior al cierre final de la planta de Carolina “de
manera voluntaria y por el agradecimiento al valioso servicio de
sus
empleados.
No
es
porque
hayamos
violado
alguna
ley.”
(Énfasis suplido.) El boletín decimoctavo reitera que, a pesar
de
que
la
ley
no
le
obliga
al
patrono
“pagar
bonificación
(mesada) en el caso de cierre de planta, lo hacemos como un
símbolo de agradecimiento”.
Las expresiones de Baxter en estos boletines niegan que
dicho pago responda a la necesidad o intención de cumplir con la
Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 29 L.P.R.A. sec. 185 et seq.,
y
ni
siquiera
sugieren
que
este
pago
podría
sustituir
o
complementar el pago de la mesada que obliga la ley, puesto que
ésta es una indemnización por un acto ilegal. Por el contrario,
Baxter negó firmemente que estuviera cometiendo una ilegalidad y
siempre
afirmó
agradecimiento
que
a
los
dicho
pago
servicios
era
un
prestados
pago
por
voluntario
los
en
empleados
4
CC-2008-394
cesanteados. La compensación que pagó Baxter a estos empleados
tampoco se sujetó a condición alguna.
Así pues, necesariamente
debemos respetar el carácter contractual del pago por cesantía
que surge de una política interna de la compañía, pues no hay
una razón meritoria que justifique que favorezcamos con otra
interpretación al patrono demandado.
Además, y más importante aún, la fórmula para determinar el
pago de lo que Baxter denominó “mesada” no concuerda con lo que
estrictamente dispone la ley. Véase, Art. 1 de la Ley Núm. 80,
29 L.P.R.A. sec. 185a. Por todo esto, no podemos asumir que la
compensación que hizo Baxter es equivalente al pago de la mesada
que exige la ley. Es importante señalar que el primer artículo
de la ley específicamente dispone que la indemnización se debe
calcular tomando en cuenta los años de servicio, proveyendo para
ello una compensación fija y una progresiva. Según la fórmula
legislada, si el empleado es despedido dentro de los primeros
cinco años, la indemnización fija será equivalente al sueldo de
un mes.
Si el despido sucede después de cinco años de empleo y
hasta los quince años, la indemnización será igual al sueldo
correspondiente a dos meses. Si el empleado es despedido luego
de quince años de servicio, la indemnización fija corresponderá
al sueldo de tres meses.
En todos los casos, esta indemnización
fija se suplementa con una indemnización progresiva, equivalente
a una semana por cada año de servicio. 29 L.P.R.A. sec. 185a.1
1
La Ley Núm. 128 de 7 de octubre de 2005 alteró esta fórmula.
La indemnización fija será equivalente al sueldo correspondiente
a dos meses si fuere el empleado despedido dentro de los
5
CC-2008-394
Según
surge
solicitan
nuestra
de
las
varias
intervención
demandas,
fueron
los
empleados
cesanteados
entre
que
los
meses de mayo a diciembre de 1998. La gran parte de ellos había
trabajado en la fábrica de Carolina desde 1961; ésta era la
fábrica de Baxter de más años en operación en Puerto Rico. Del
anejo que acompaña la primera demanda surge que ninguno de ellos
había trabajado menos de diez años al momento de su despido, con
excepción de dos, quienes comenzaron a laborar en 1989 y 1991.
Por lo tanto, la compensación de un mes de sueldo que Baxter
ofreció a sus empleados es muy inferior a lo que debieron haber
recibido, de tratarse realmente de la mesada que contempla la
Ley Núm. 80.
Con este trasfondo fáctico, las actuaciones de Baxter, al
denominar “mesada” lo que no lo es, me parecen un intento de
confundir al empleado en cuanto a los remedios a su alcance, más
aún cuando el pago por la cesantía se computa similarmente sobre
la base del salario, pero con una fórmula que no contempla los
años
de
servicio
prestados.
Además,
pretende
obligar
al
empleado a renunciar a sus derechos cuando es despedido sin
justa causa. Esto es contrario a las disposiciones específicas
de la Ley Núm. 80 y la doctrina reiterada de este Tribunal según
_________________________
primeros cinco años, el sueldo correspondiente de tres meses si
fuere despedido luego de los cinco años hasta los quince años, o
el sueldo correspondiente a seis meses si el empleado fuere
despedido luego de quince años de servicio, además de una
indemnización progresiva, equivalente a una semana por cada año
de servicio, si el empleado fuere despedido dentro de los
primeros cinco años, dos semanas por cada año de servicio si
fuere despedido luego de cinco años hasta los quince años de
servicio, o tres semanas por cada año de servicio luego de
quince años. 29 L.P.R.A. sec. 185a (Sup. 2008).
6
CC-2008-394
la cual la mesada es irrenunciable y nulo cualquier contrato que
disponga lo contrario. 29 L.P.R.A. sec. 185i.
Véase, Mattei
Nazario v. Velez & Assoc., 145 D.P.R. 508 (1998); García Burgos
v. AEELA, 2007 T.S.P.R. 29.
Por otra parte, no puedo concluir que el pago “voluntario”
de Baxter responda a los mismos intereses que el pago de la
mesada
al
que
obliga
indemnizaciones
la
responden
Ley
al
Núm.
daño
80.
que
Es
cierto
surge
del
que
ambas
despido.
En
cuanto al patrono, no obstante, son obligaciones muy distintas.
La
obligación
de
pagar
la
mesada
es
una
obligación
extracontractual, que responde a una violación de ley, es decir,
al despido injustificado. El pago “voluntario” de un dinero que
no equivale a esta indemnización, no cumple con la Ley Núm. 80
ni
promueve
decisión
del
la
política
patrono
de
pública
pagar
laboral.
Por
lo
tanto,
un
a
sus
empleados
dinero
la
cesanteados no tiene ningún efecto en cuanto a su obligación de
pagar una indemnización si se determina que dichos empleados
fueron despedidos ilegalmente.
El 15 de agosto de 2008, la Asamblea Legislativa enmendó la
Ley Núm. 80 tomando en consideración una situación similar al
asunto que nos atañe.
La exposición de motivos de la Ley Núm.
278 de 15 de agosto de 2008 reconoce que algunas empresas en
proceso de cierre o reorganización entregan un dinero a sus
empleados cesanteados y distingue esta práctica del pago de la
mesada.
Según la exposición de motivos, mediante esta práctica
las empresas en proceso de cierre comparten la liquidación de
7
CC-2008-394
sus bienes con los obreros, lo cual debe fomentarse; ello no
cumple, sin embargo, con el pago de la mesada cuando el despido
es injustificado.
Esta Ley Núm. 278 enmienda el artículo 7 de
la Ley Núm. 80 para establecer que cuando el despido de un
empleado
se
fundamente
en
el
cierre
total
o
parcial
de
las
operaciones del establecimiento,
…se
considerará
como
compensación
especial
toda
cuantía de dinero recibida por los obreros producto de
la liquidación o cierre del negocio o programas
empresariales
para
compartir
ganancias
con
sus
empleados. Estas cuantías en nada afectan cómputo o
derecho a reclamar compensación y la indemnización
progresiva, dispuesta en el Artículo 1 de la Ley Núm.
80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada.
(Énfasis
nuestro.)
Cabe señalar que en el informe de la Comisión del Trabajo y
Asuntos
Laborales
de
la
Cámara
de
Representantes
sobre
el
Proyecto del Senado 2455(2), se recogen unos señalamientos que
merecen
nuestra
Trabajo
expone
atención.
que
en
las
Entre
éstos,
jurisdicciones
la
Procuradora
del
estadounidenses,
el
pago por cesantía o “severance payment”
…corresponde a una suma de dinero entregado a un
empleado despedido en medio de un proceso de cierre
total o permanente o una reorganización de la empresa
para la cual labora dicho empleado. Dicha suma de
dinero no se considera mesada…
(Énfasis en el
original.)
Por admisión de Baxter, el “Puerto Rico Severance Pay and
Benefits Policy” de 1994 contiene unas guías sobre el pago de la
compensación especial que ofreció como “mesada” a los empleados
cesanteados y aborda asuntos relacionados con otros beneficios,
como el pago de vacaciones, continuación de cubierta médica,
2
Este proyecto se aprobó el 15 de agosto de 2008, Ley Núm. 278.
8
CC-2008-394
becas de estudios, entre otros. La compensación que recibieron
los empleados responde a la aplicación de esta política interna.
Específicamente, el primer boletín informativo de 24 de octubre
de 1995 explica que “se utilizará la Política de Cesantía que se
distribuyo [sic] el año pasado”.
No cabe duda que la fuente de
la obligación de Baxter de pagar la compensación especial no es
la
Ley
Núm.
80
sino
sus
políticas
internas
respecto
a
los
beneficios contractuales que ofrece a sus empleados.3
En Puerto Rico, a diferencia de otras jurisdicciones de
Estados Unidos, los manuales internos de los empleados son parte
de
las
obligaciones
contractuales
que
asume
el
patrono.
En
Santiago v. Kodak Caribbean, 129 D.P.R. 763 (1992), resolvimos
que
“[e]l
manual
de
una
empresa
que
contiene
las
reglas
y
reglamentos del trabajo y establece las normas, beneficios y
privilegios
que
disfrutará
el
empleado,
contrato de trabajo”. Íd., págs. 775-776.
forman
parte
del
Por lo tanto, el pago
de los beneficios a que tienen derecho los empleados en virtud
de un manual es una obligación contractual. El beneficio del
“severance payment”, como se reconoce en Estados Unidos, o de
una indemnización por años de servicio, no responde a los mismos
3
En esto Baxter es consecuente con la práctica de las compañías
estadounidenses, especialmente las manufactureras, de pagar este
beneficio a sus empleados a base de una política de personal.
Véanse las encuestas publicadas en Personnel Policies Forum,
auspiciadas por el Bureau of National Affairs, de las cuales se
puede concluir que los pagos por cesantía o “severance benefits”
efectivamente responden a una política interna de las compañías
como parte de los beneficios de empleo prometidos.
9
CC-2008-394
intereses que la mesada propia de nuestra jurisdicción.4
Por lo
tanto, no se pueden asemejar estas compensaciones especiales a
la
responsabilidad
extracontractual
que
surge
con
motivo
del
despido sin justa causa que contempla la Ley Núm. 80.
Es menester recordar que nuestra Ley Núm. 80 no tiene un
equivalente en otras jurisdicciones de Estados Unidos.5
Nuestra
legislación laboral tiene su evolución histórica propia, desde
4
El concepto de la indemnización por años de servicio se puede
precisar como la “reparación pecuniaria por el daño originado
por haber empleado su esfuerzo personal en beneficio de un
patrón y no exclusivamente en el propio… La causa jurídica de la
indemnización emana de su definición.
Consiste en un daño
específico, que surge, no de la actividad del patrón, sino del
contrato de trabajo mismo:” R.M. Mengod Gimeno, La indemnización
por años de servicio, Editorial Jurídica de Chile, 1966, págs.
10-11.
5
La norma de “employment-at-will” propia de las jurisdicciones
de los estados federados surgió a finales del siglo XIX como
parte de la filosofía económica del laissez-faire.
Según se
explica por los tribunales de los estados en Payne v. Western &
A.R.R. Co., 81 Tenn. 507 (1884), y Martin v. New York Life Ins.
Co., 148 N.Y. 117 (1885), la doctrina de “empleo a voluntad”
permite al patrono que contrate empleados por un término
indeterminado, despedirlos libremente.
Por la influencia del
tratado de 1877 de Horace Wood, Treatise of the Law of Master
and Servant Covering the Relation, Duties, and Liabilities of
Employers and Employees, en el siglo XX esta norma se consolidó
como la norma imperante en todos los estados de la unión
estadounidense.
Véase, C. Zeno Santiago y V.M. Bermúdez,
Tratado de Derecho del trabajo, Publicaciones JTS, 2003, pág.
151; R. N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la
legislación protectora del trabajo en el Derecho laboral
puertorriqueño, 2005, págs. 110-111; D.J. Libenson, “Leasing
Human
Capital:
Toward
a
New
Foundation
for
Employment
Termination Law”, 27 Berkeley J. Emp. & Lab. L. 111, 117 (2006).
El único estado con una legislación laboral que impone un
requisito de justa causa para el despido de empleados sin
término fijo es Montana, donde en 1987 se legisló para esos
fines. Véase, Wrongful Discharge from Employment Act, Mont. Code
Ann. 39-2-901 et seq.; Whidden v. Nerison, 1999 MT 110.
La
única otra jurisdicción dentro de Estados Unidos, además de
Puerto Rico, con un requisito de justa causa para el despido es
Islas Vírgenes, cuya legislación entró en vigor el 29 de
diciembre de 1986. Delgado Zayas, op. cit., pág. 111.
10
CC-2008-394
el Código de Comercio de 1886, que protegía a los “dependientes
del
comercio”
concediéndoles
sujetos
el
a
derecho
un
a
contrato
ser
sin
indemnizados
término
fijo,
por
daños
los
causados en casos de despido injustificado. R. N. Delgado Zayas,
Apuntes para el estudio de la legislación protectora del trabajo
en el Derecho laboral puertorriqueño, 2005, pág. 110.6
Con la
Ley Núm. 43 de 28 de abril de 1930, entró en vigor en Puerto
Rico una legislación para establecer el derecho de todo obrero
empleado por tiempo indefinido que fuese despedido sin justa
causa y sin previo aviso, a una compensación equivalente al
sueldo de una semana, una quincena o un mes, dependiendo de la
forma acostumbrada del pago de salario del empleado. Leyes y
Resoluciones de la Segunda Legislatura Ordinaria de la Duodécima
Asamblea Legislativa de Puerto Rico, Negociado de Materiales,
San Juan, 1930, págs. 357 y 359. La Ley Núm. 50 de 20 de abril
6
El artículo 217 del Código de Comercio disponía lo siguiente:
Si el ocntrato [sic] entre los comerciantes y sus
mancebos o dependientes se hubiere celebrado por un
tiempo
fijo
no
podrá
ninguna
de
las
partes
contratantes separarse, sin consentimiento de la otra,
de su cumplimiento hasta la terminación del plazo
convenido.
Los que contravinieran a esta cláusula, quedarán
sujetos a la indemnización de daños y perjuicios,
salvo lo dispuesto en los artículos siguientes. Código
de Comercio de Puerto Rico, Negociado de Materiales,
San Juan, 1932, pág. 70.
El artículo 220, por su parte, disponía que:
En los casos de que el empeño no tuviere tiempo
señalado, cualquiera de las dos partes podrá darlo por
fenecido,
avisando
a
la
otra
con
un
mes
de
anticipación.
El factor o mancebo tendrá derecho, en este caso
al sueldo que corresponda a dicha mesada.
Íd., pág.
72.
Este artículo quedó expresamente derogado por el artículo 4 de
la Ley Núm. 50 de 20 de abril de 1949.
11
CC-2008-394
de
1949
dispuso
también
una
compensación
por
despido
injustificado. Leyes de la Primera legislatura Ordinaria de la
Decimoséptima
Asamblea
Legislativa
de
Puerto
Rico,
Administración General de Suministros, San Juan, 1949, págs. 127
y 129 (29 L.P.R.A. secs. 183-185).
La legislación vigente, Ley Núm. 80, supra, añadió a la
“mesada” una compensación progresiva del sueldo de una semana
por cada año de servicio. El 17 de septiembre de 1996 se aprobó
la
Ley
remedio
Núm.
234
con
el
propósito
en
casos
de
despido
de
aumentar
injustificado
nuevamente
mediante
un
el
pago
escalonado del sueldo de uno a tres meses. 29 L.P.R.A. sec. 185a
(2002). Finalmente, la Ley Núm. 128 de 7 de octubre de 2005
duplicó el monto de la indemnización fija que dispone la ley y
estableció el pago escalonado de la indemnización progresiva. 29
L.P.R.A.
sec.
185a
(Sup.
2008).
Como
vemos,
la
historia
de
nuestra legislación protectora del trabajo siempre ha mostrado
tendencias claras hacia la protección de los obreros y empleados
ante la posibilidad del despido.
Reconociendo las deficiencias de las varias legislaciones,
la Asamblea Legislativa a través de los años se ha dado a la
tarea de aprobar enmiendas a estas leyes para disponer de un
mejor remedio para la clase trabajadora. No obstante, muchos
estudiosos de esta materia han concluido que aún el remedio
exclusivo de la Ley Núm. 80 resulta insuficiente.7
7
En su Tratado del Derecho del trabajo, el Prof. Charles Zeno
Santiago y el Lcdo. Víctor M. Bermúdez, explican que:
12
CC-2008-394
Por último, la posibilidad de imponer a Baxter el pago de
la mesada por despido injustificado dispuesta por la Ley Núm.
80,
a
empresa
la
vez
según
entender,
que
su
una
la
compensación
obligación
doble
especial
contractual
penalidad.
no
No
que
concedió
constituye,
dudamos
que
a
la
mi
ambas
compensaciones van dirigidas a la indemnización de unos daños
ocasionados
por
el
acto
del
despido.
Sin
embargo,
nuestras
expresiones en Afanador Irizarry v. Roger Electric, 156 D.P.R.
651 (2002), prohibiendo una doble penalidad contra el patrono se
dan
en
el
contexto
de
una
reclamación
bajo
dos
leyes
que
establecen, cada una, un derecho a indemnización como penalidad
por los mismos hechos. En el caso ante nuestra consideración, la
única reclamación de los demandantes es al remedio exclusivo que
provee la Ley Núm. 80. No estamos ante un caso de concurrencia
de reclamaciones ni de penalidades.
Por estas razones estoy conforme.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
_________________________
…nos encontramos en una época donde los cambios
son constantes y es propio que se evalúen los modelos
económicos y se escudriñen los distintos sistemas
jurídicos para que nuestra legislación social se
mantenga a la vanguardia.
A través de lo cual, se
pueda mantener la estabilidad económica, política y
social que se obtiene cuando los intereses de los
trabajadores están en justo balance con el de los
dueños del capital. C. Zeno Santiago y V.M. Bermúdez,
Tratado de Derecho del trabajo, Publicaciones JTS,
2003, pág. 365.
CC-2008-394
13
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Mildred Vélez Cortés, et als.
Demandantes-Recurridos
v.
Baxter Healthcare Corporation
of Puerto Rico, Inc., et al.
CC-2008-394
Demandados-Peticionario
Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez a la que se le une el Juez Presidente señor Hernández
Denton
San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo 2009
Se encuentra ante nuestra consideración un nuevo
incidente en el drama procesal que generó el cierre
de
operaciones
de
la
planta
de Baxter
Healthcare
Corporation of Puerto Rico, Inc. sita en Carolina.
En esta ocasión, debíamos resolver si el pago que
efectuó voluntariamente Baxter a sus empleados al
cierre de sus operaciones en la planta de Carolina,
podía acreditarse al pago que le corresponde hacer
en concepto de mesada bajo la Ley núm. 80 de 30 de
mayo de 1976, según enmendada (Ley 80).
Desafortunadamente este Tribunal nuevamente erra
en perjuicio de la parte peticionaria.
2
CC-2008-394
Repasemos nuevamente los hechos que sirven de trasfondo a
esta controversia.
I
Baxter
Healthcare
Corporation
of
Puerto
Rico,
Inc.
(Baxter) es una corporación foránea organizada bajo las leyes
de Alaska, autorizada a hacer negocios en Puerto Rico que se
dedica a la manufactura de productos médicos y farmacéuticos
en la Isla.
En 1995, Baxter anunció públicamente que luego
de un análisis de sus operaciones mundiales y como mecanismo
para mejorar su competitividad en una economía globalizada,
se proponía reestructurar y consolidar sus operaciones en
distintos lugares del mundo incluyendo a Puerto Rico.
resultado
de
ello,
en
Carolina,
consolidando
1998
las
Baxter
cerró
operaciones
de
la
Como
planta
alguno
de
de
los
productos que allí se producían en otras plantas en Puerto
Rico
(Jayuya
Unidos
y
Aibonito),
(Carolina
producción
de
Carolina
(tubos
del
otros
Norte
y
en
e
productos
renales).8
otras
plantas
Illinois)
que
se
y
en
Estados
descontinuó
la
manufacturaban
en
Como
parte
de
su
reestructuración, Baxter vendió su operación en Culebras y
cerró el almacén que operaba en Carolina.
Los
empleados
que
fueron
cesanteados
por
Baxter
al
cierre de sus operaciones recibieron una indemnización por
terminación de empleo que se calculó a base de un mes de
sueldo, una semana por cada año de servicio, más el 10% de
esa suma.
8
La compañía le comunicó a sus empleados el pago de
El cierre de la planta de Carolina fue paulatino habiendo
comenzado en 1995.
3
CCf-2008-394
esta indemnización mediante memorando de 31 de octubre de
1995.
En este memorando, Baxter catalogó el pago como la
mesada.
Indicó expresamente que aun cuando la Ley 80 no
requería el pago de mesada por el cierre de una planta,
“Baxter … pagará mesada así como proveerá otros beneficios a
los empleados regulares.”
En este memorando se les indicó a
los empleados cómo se haría el cómputo de la mesada, si la
“mesada afecta el desempleo”, y cuándo se pagaría.
Así las cosas, varios empleados de Baxter presentaron
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
una
demanda
sobre
despido injustificado, represalias y discrimen por razón de
edad, al amparo de la Ley 80; la Ley contra el discrimen en
el empleo, Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, 29 L.P.R.A.
§146 et seq; y, la Ley de represalias contra empleados, Ley
Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, 29 L.P.R.A. §194 et seq.
En
total,
se
presentaron
cuatro
demandas
separadas
las
cuales, eventualmente, se consolidaron.
En las demandas presentadas se alegó, en síntesis, que
Baxter,
a
pesar
de
decretar
el
cierre
total
de
las
operaciones en la planta de Carolina, verdaderamente no cesó
sus operaciones sino más bien las transfirió a otras plantas
en Puerto Rico y Estados Unidos.
Se alegó que no hubo el
cierre de operaciones que contempla la Ley 80 como justa
causa para un despido.
demandas,
alegaron
Los demandantes, en sus respectivas
también
que
la
cesantía
obedeció
a
represalias de parte del patrono por motivo una querella que
se presentara ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento
de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico por los hechos
4
CCf-2008-394
antes descritos.
Baxter contestó las demandas presentadas
negando lo aseverado y levantando, a su vez, varias defensas
afirmativas.
Luego de que se consolidaran las demandas presentadas,
Baxter solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor
bajo el fundamento de que el despido de los demandantes se
debió exclusivamente al cierre total de las operaciones de la
planta de Carolina lo que era justa causa bajo la Ley 80.
Negó que el despido estuviese motivado por razón de la edad
de los empleados o fuese como represalia por éstos haber
presentado
una
querella
ante
la
Unidad
Antidiscrimen.
Además, planteó que la reclamación de discrimen por razón de
edad estaba prescrita en tanto el término comenzó a correr
desde que se le notificó la fecha de la cesantía, no desde la
fecha del despido como tal.
Por
su
parte,
el
4
de
septiembre
de
2001,
los
demandantes solicitaron que se dictase sentencia sumaria a su
favor bajo el fundamento de que el despido fue injustificado,
discriminatorio y producto de represalias por la presentación
de la querella en la Unidad Antidiscrimen por un grupo de
empleados.
Celebrada la vista en su fondo, el tribunal primario
dictó sentencia parcial enmendada.9
En la sentencia dictada,
el tribunal concluyó que el despido fue injustificado y los
9
El Tribunal de Primera Instancia enmendó la sentencia
parcial a los efectos de incluir las palabras sacramentales
exigidas por la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32
L.P.R.A. Ap. III, en torno a que no existe razón para
posponer dictar sentencia sobre las reclamaciones en cuestión
hasta la resolución total del pleito.
5
CCf-2008-394
demandantes tenían derecho a la compensación que concede la
Ley 80.
El tribunal ordenó a las partes a ponerse de acuerdo
sobre la suma que le correspondía a cada demandante como
mesada.
vista
Señaló, que de no lograrse un acuerdo, pautaría una
evidenciaria
para
determinar
las
cantidades
de
las
indemnizaciones. Además, declaró sin lugar la solicitud de
sentencia sumaria de Baxter en torno a la reclamación al
amparo de la Ley 100 y en su lugar, efectuó un señalamiento
para la continuación de los procedimientos en lo relativo a
las reclamaciones bajo la referida ley.
Inconforme con tal determinación, Baxter recurrió ante
el
Tribunal
determinación
de
Apelaciones
recurrida
tras
y
este
concluir
foro
que
el
revocó
la
despido
fue
justificado.
Insatisfechos con esta determinación, los demandantes
recurrieron ante este Tribunal.
Mediante sentencia de 30 de
junio de 2005, revocamos el dictamen recurrido.
La sentencia
dictada concluyó que “por no haberse dado un cierre total, ni
temporero
ni
permanente,
sino
operación
de
la
de
planta
que
Baxter
Carolina,
hubo
trasladó
un
la
despido
injustificado de sus empleados según la Ley 80, … [por lo
que]
estos
tienen
correspondiente.”10
derecho
a
la
indemnización
Se reinstaló así, “la determinación del
foro primario en cuanto a la reclamación bajo la Ley 80.”
10
Luego de nuestra determinación, la Asamblea Legislativa
aprobó la Ley Núm. 95 de 30 de julio de 2007 enmendando la
Ley 80, para dejar establecido que el cierre total, temporero
o parcial constituye justa causa para el despido de un
empleado. Específicamente se dispuso:
6
CCf-2008-394
Respecto la determinación de discrimen y represalias,
resolvimos
que
desestimarlas.
el
tribunal
apelativo
había
errado
al
Devolvimos el caso para que se celebrara la
vista en su fondo en cuanto a este asunto.
Cabe aclarar, que
el asunto que hoy nos ocupa, si procede acreditar al pago de
la mesada bajo la Ley 80 el pago por terminación de empleo
que
efectuó
Baxter,
no
fue
objeto
de
revisión
en
el
certiorari presentado en ese momento por lo que no fue un
asunto que atendimos en la sentencia dictada.11
Devuelto el caso al foro de instancia, el 12 de mayo de
2006 los demandantes presentaron una moción solicitando que
se ordenara el pago de la mesada.
Los demandantes informaron
que las partes intentaron, sin éxito, llegar a un acuerdo
sobre las cuantías a pagarse ya que Baxter argüía que se
_________________________
Se entenderá como justa causa para el despido de
un empleado de un establecimiento:
. . .
(d)
Cierre total, temporero o parcial
operaciones del establecimiento.
de
las
Disponiéndose, que en aquellos casos en que la
empresa posea más de una oficina, fábrica,
sucursal o planta, el cierre total, temporero o
parcial de las operaciones de cualquiera de estos
establecimientos, constituirá justa causa para el
despido a tenor con esta sección.
(Énfasis
nuestro.)
11
Aun cuando este asunto no estuvo ante la consideración del
Tribunal y no fue objeto de nuestra decisión, tres jueces de
este Tribunal expresaron criterio sobre el particular. Así,
la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez en una opinión
disidente escrita emitida en reconsideración y a la cual se
unió el Juez Presidente señor Hernández Denton, apuntó que
correspondía acreditar al pago de la mesada por la Ley 80 el
pago hecho ya por Baxter por terminación de empleo y que el
Tribunal debió considerar ese asunto y así disponerlo en su
sentencia. Por su parte, el Juez Asociado señor Rivera Pérez
en una opinión de conformidad emitida en reconsideración, el
criterio opuesto.
7
CCf-2008-394
debía acreditar al pago de la mesada bajo la Ley 80 el pago
hecho por concepto de terminación de empleo.
Sobre este
asunto, los demandantes señalaron que Baxter nunca alegó el
pago como defensa afirmativa en su contestación a la primera
demanda presentada el 10 de mayo de 1999, ni planteó dicho
asunto ante el Tribunal de Apelaciones, ni en su recurso y
posteriores solicitudes de reconsideración ante este Tribunal
de modo que renunció al planteamiento.
El 19 de junio de 2006, Baxter se opuso a la solicitud
de los demandantes y, a su vez, solicitó que se le acreditara
la compensación pagada a los demandantes al momento de la
cesantía.
Adujo,
que
dicha
compensación
--que
ascendió
a
$3,423,331.00-- fue denominada como “mesada” y así se le
notificó a los empleados.
Además, adujo que este pago poseía
las mismas características y el mismo propósito de la mesada
concedida al amparo de la Ley 80 ya que se computó a base de
los
años
de
servicio,
el
salario
más
alto
incluso, se le añadió un 10% adicional.
deducir
las
compensación
sumas
por
ya
los
pagadas
mismos
injusto de parte de los demandantes.
y
e,
A su juicio, no
resultaría
hechos
devengado
un
en
una
doble
enriquecimiento
Planteó, además, que la
reclamación de los demandantes a los efectos de exigir el
pago íntegro de la mesada adicional a lo ya pagado, era
contrario
a
los
principios
de
buena
fe,
equidad
y
trato
justo.
Por otro lado, Baxter planteó que aun cuando no formuló
expresamente
la
defensa
de
pago
en
su
contestación
a
la
primera demanda, incluyó la defensa de aceptación y pago en
8
CCf-2008-394
finiquito, en la cual se encuentra subsumida la del pago.
Expuso,
además,
que
incluyó
la
defensa
de
pago
en
la
contestación a la demanda presentada en dos de las demandas
presentadas por lo que, al consolidarse los casos todas las
defensas que se habían presentado se acumularon.
De modo que
no se trataba de un asunto novel que era desconocido por los
demandantes, ni mucho menos renunció a dicha defensa.
El
3
de
octubre
de
2006,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia emitió resolución y orden, ordenando a Baxter a
pagar, entre otros, la totalidad de la mesada que concede la
Ley 80 sin deducción alguna a tal monto. También impuso el
pago de un interés de 5.25%, acumulado y computado a partir
del
28
de
abril
de
2003,
fecha
de
la
sentencia
parcial
enmendada que dispuso de forma final de la reclamación sobre
despido injustificado.
El tribunal concluyó que Baxter nunca
planteó previo a la etapa de ejecución de sentencia, sus
argumentos en torno al alegado crédito que ostentaba a raíz
de las cuantías que pagó a los empleados a la fecha de su
cesantía;
por
lo
cual,
renunció
a
dicha
defensa.
Como
consecuencia, conforme a la doctrina de la ley del caso, no
podían revisarse asuntos relativos a la reclamación bajo la
Ley 80 que fueron adjudicados de forma final y firme.
Inconforme, Baxter recurrió al Tribunal de Apelaciones
mediante certiorari. Asimismo, solicitó la paralización de
los procedimientos ante el foro de instancia mientras se
dilucidaba
el
recurso
en
sus
méritos.
El
foro
apelativo
ordenó la paralización de los procedimientos relativos a las
9
CCf-2008-394
cuantías
adeudadas
por
motivo
de
la
sentencia
parcial
enmendada.
En su petición de certiorari, Baxter presentó los mismos
argumentos
esgrimidos
previamente
ante
el
foro
primario.
Arguyó además, que el foro primario incidió al imponer el
pago de intereses a computarse desde la fecha de la sentencia
parcial enmendada, en vista de que en tal fecha no se habían
fijado las cuantías específicas a ser pagadas por concepto de
mesada,
por
lo
cual
resultaba
irrazonable
calcular
los
intereses a partir de dicha fecha.
Tras varios trámites procesales, el tribunal apelativo
emitió sentencia confirmando la resolución recurrida.
Dicho
foro resolvió que conforme a la doctrina de la ley del caso,
procedía el pago íntegro de la mesada, sin acreditarle a
Baxter las cuantías pagadas por ésta a los demandantes. Sobre
el particular, indicó que la compensación otorgada por Baxter
a sus empleados obedeció a su liberalidad y en agradecimiento
por los años de servicio de sus empleados, por lo cual no
cabía hablar de enriquecimiento injusto.
El
Tribunal
de
Apelaciones
sostuvo
la
imposición
de
intereses legales a computarse desde la fecha de la sentencia
parcial enmendada, en vista de que a pesar de que en tal
fecha no se fijó el monto final a ser pagado, se trataba de
un cálculo matemático basado en una fórmula determinada y
conocida a cabalidad por las partes.
que
las
reclamaciones
de
los
209
En particular, destacó
empleados,
sobre
cuyas
reclamaciones no existía disputa, eran exigibles desde que se
emitió
la
sentencia
parcial
enmendada
reconociéndole
su
10
CCf-2008-394
derecho a la mesada. Sin embargo, el tribunal advirtió que
era improcedente la imposición de intereses en cuanto a los
98 demandantes cuyas mesadas aun estaban en disputa, y en
torno a los cuales aun existía una “controversia bona fide
sobre
los
incluso,
criterios
sobre
si
necesarios
procede
o
para
no,
fijar
por
lo
a
la
mesada,
que
el
dictamen
parcial no fue realmente definitivo en cuanto a ellos.”
Inconforme aun, el 7 de mayo de 2008, Baxter acudió ante
este Tribunal y mediante moción en auxilio de jurisdicción,
solicitó
hasta
la
adjudicación final del recurso de certiorari presentado.
El
21
de
los
el
foro
de
la
mayo
paralización
de
2008
de
los
ordenamos
procedimientos
la
paralización
procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia.
En
su
recurso,
Baxter
alegó
que
incidió
apelativo al:
…enmendar por fiat judicial la exclusividad de
remedios de la Ley de Despido Injustificado;
…negarse a acreditar las sumas cuantiosas ya
pagadas en concepto de mesada, en contravención al
mandato de la propia Ley 80;
…aplicar la doctrina de la ley del caso cuando
lo relativo a la cuantía de las mesadas no fue
objeto de adjudicación en la sentencia parcial
enmendada;
…ignorar que la negativa a descontar el pago
efectuado por Baxter resulta en la concesión de un
remedio excesivo; e
…imponer el pago de intereses legales antes de
que existiese una sentencia ordenando el pago de
una suma específica, ya que el asunto sobre las
cuantías a concederse quedó pendiente para una
vista evidenciaria a celebrarse posteriormente.
Expedimos el recurso. Hoy, este Tribunal confirma la
sentencia dictada por el foro apelativo intermedio.
11
CCf-2008-394
II
La Ley 80 “le brinda a los trabajadores que han sido
despedidos sin justa causa, la oportunidad de disfrutar de
una
indemnización
que
les
permita
suplir
sus
necesidades
básicas durante el tiempo que les pueda tomar conseguir un
nuevo empleo.” Díaz Fontanez v. Wyndham, 155 D.P.R. 364, 375
(2001).
(Énfasis nuestro.)
El Artículo 1 de la Ley 80 dispone que todo empleado que
trabaja mediante remuneración de alguna clase, contratado por
tiempo indeterminado que es despedido de su cargo sin que
haya
mediado
justa
causa,
tiene
derecho
a
recibir
de
su
patrono “en adición al sueldo que hubiere devengado: (a) el
sueldo
correspondiente
indemnización;
una
un
mes
indemnización
por
concepto
de
progresiva
adicional
equivalente a una semana por cada año de servicio.”
(Énfasis
nuestro.)
(b)
a
29 L.P.R.A. §185a. Como vemos, la compensación a
la que tiene derecho todo empleado está descrita en la ley
como
una
“resarcir
“indemnización.”
Siendo
los
a
daños
sufridos
así,
su
consecuencia
objetivo
del
es
despido.
Esta indemnización no equivale a una remuneración o salarios
por los servicios prestados ni constituye un sustituto del
sueldo.”
Alvira v. SK & F Laboratories Co., 145 D.P.R. 803,
810 (1997).
Su propósito es, como ya apuntamos, ayudar a
“suplir [las] … necesidades básicas [del empleado cesanteado]
durante el tiempo que tome conseguir un nuevo empleo.”
Díaz
Fontanez v. Wyndham, supra.
En Alvira, ante, reconocimos que este tipo de protección
que la ley le brinda a los empleados y obreros de nuestro
12
CCf-2008-394
país
es
Mathew
“único.”
Bender,
L.K.
sec.
Larson,
Dismissal,
vol.
3,
(2007)(“Puerto
Rico
is
Unjust
10.40[1][a],
unique in having legislation providing compensation for any
employee under an indefinite term contract who is discharged
without good cause.”)
En tal rigor, el tratadista Lex Larson
comenta lo siguiente:
Puerto Rico is unique in having legislation
providing compensation for any employee under an
indefinite term contract who is discharged without
good cause.
Puerto Rico has enacted what amounts to a
mandatory severance pay statute.
This law
provides indemnity to employees under indefinite
term contracts that are discharge without good
cause.
The indemnification consists of one
month’s salary and one week’s salary for each year
worked prior to discharge.
Employees are further
entitled to back pay due them, and any amounts
already earned in commissions and pay for vacation
time not taken due to work demands.
Larson, op. cit., vol. 1, sec. 9A.04[1], pág. 9A-53.
Por otro lado, dado el carácter reparador de la Ley 80,
hemos reiterado que ésta deberá ser interpretada liberalmente
a
favor
de
los
derechos
del
trabajador.
Martínez, 146 D.P.R. 215 (1998).
Belk
Arce
v.
Ello no obstante, también
hemos destacado que es injusto penalizar a un patrono dos
veces por los mismos hechos.
Afanador Irizarry v. Roger
Electric, 156 D.P.R. 651 (2002); Belk Arce v. Martínez, ante.
A tales efectos, en Belk Arce v. Martínez, ante, pág. 241,
indicamos:
Como la Ley Núm. 100, supra, compensa por los daños
sufridos por el empleado, estos daños incluyen
remediar los mismos que la Ley Núm. 80, supra,
indemniza.
La Ley Núm. 100, supra, compensa
adecuadamente todos los daños que sufre el empleado
despedido. Conceder una indemnización al amparo de
dos (2) leyes distintas que tienen los mismos
13
CCf-2008-394
elementos, criterios y dependen de la misma prueba,
penalizaría al patrono dos (2) veces por un solo
acto. (Énfasis nuestro.)
En Afanador Irizarry v. Roger Electric, ante, pág. 667 nos
reiteramos en esta norma, y señalamos que “si un demandante
presenta una causa de acción contra su patrono por despido
injustificado y discriminatorio, de determinar el tribunal
que
el
despido
más
que
injustificado,
fue
en
efecto
discriminatorio, no se concederá una indemnización bajo las
dos leyes en cuestión, … pues ello constituiría una doble
penalización
nuestro.)
motivada
por
unos
mismos
(Énfasis
hechos.”
De modo que hemos resuelto que no procede conceder
una doble indemnización a un empleado despedido sin justa
causa,
cuando
estatutos
las
reclamaciones
instadas
bajo
distintos
tienen los mismos elementos y criterios, se basan
en unos mismos hechos y dependen de la misma prueba, pues
ello supondría una doble penalidad para el patrono y una
doble indemnización para el empleado.
Por
otro
parte,
hemos
expresado
en
innumerables
ocasiones que la compensación que establece la ley, conocida
como
la
mesada,
injustificado.
es
el
remedio
Afanador
exclusivo
Irizarry
v.
ante
Roger
el
despido
Electric,
156
D.P.R. 651 (2002); Díaz Fontanez v. Wyndham, ante; Vélez
Rodríguez v. Pueblo International, 135 D.P.R. 500 (1994).
Expuesta la doctrina general, pasemos a aplicar la misma
a la controversia que hoy pende ante nuestra atención.
III
A
En su recurso, Baxter arguye que incidió el Tribunal de
14
CCf-2008-394
Apelaciones
al
no
acreditar
a
la
mesada
las
cuantías
pagadas a la fecha de la cesantía de los empleados.
a su posición esgrime variados argumentos.
ya
En apoyo
Principalmente,
aduce que ordenar el pago de la mesada sin acreditar lo ya
pagado
a
los
empleados
tiene
el
efecto
de
penalizar
doblemente al patrono por unos mismos hechos lo que hemos
rechazado en el pasado.
E.g., Belk Arce v. Martínez, ante;
Afanador Irizarry v. Roger Electric, ante.
compensación
otorgada
a
los
empleados
a
Indicó, que la
la
fecha
de
su
cesantía obedeció al interés del patrono de asegurar que
estos contaran con los recursos económicos necesarios hasta
obtener
un
nuevo
empleo,
es
decir,
propósito que persigue la Ley 80.
que
sirve
el
mismo
Apunta además, que la
mesada provista por la Ley 80 es el único remedio disponible
ante un despido injustificado, por lo que el no acreditar las
cantidades ya pagadas al pago de la mesada que ordenamos,
representa un remedio en exceso de lo que contempla la propia
ley.
Tiene
razón
Baxter
cuando
argumenta
que
de
no
acreditarse el pago ya hecho a lo que adeuda en concepto de
mesada,
conlleva
su
doble
penalización
por
unos
mismos
hechos.
En
este
caso,
la
compensación
voluntaria
hecha
por
Baxter tiene todas las características del pago de mesada de
la Ley 80 y se computa siguiendo los lineamientos de esta
ley.
Ya indicamos que Baxter en sus comunicaciones a sus
empleados le describió el pago que haría como mesada y les
informó también cómo lo calcularía.
lo dispuesto en la Ley 80.
Fórmula que es similar a
Baxter calculó su pago a base de
15
CCf-2008-394
un mes de sueldo, una semana de sueldo por cada año de
servicio, más el 10% de esa suma.
La Ley 80 a su vez
dispone, como ya adelantamos, que la mesada se paga a base
del
sueldo
que
correspondiente
hubiera
a
un
recibido
mes
y
el
una
empleado,
indemnización
el
sueldo
adicional
equivalente a una semana por cada año de servicio en el
empleo.
Se advierte de inmediato la gran similitud de la
fórmula utilizada para el pago tanto de la mesada de la Ley
80 y el pago efectuado por Baxter por terminación de empleo.
Además,
el
pago
hecho
por
Baxter
participa
de
las
características de una indemnización tal y como ocurre con la
mesada de la Ley 80.
Baxter le indicó a sus empleados que
este pago tenía como propósito “ayudar al empleado en la
transición al cierre de planta.”
de 20 de junio de 1997.
Boletín Informativo No. 16
En otras palabras, la compensación
concedida participa de los caracteres de una indemnización
pues tenía como propósito resarcir los daños que ocasionaba
la pérdida de empleo por el cierre de la planta.
Éste es
precisamente el fin que persigue el pago de mesada que ordena
la Ley 80 según resolvimos en Alvira v. SK & F Laboratories
Co., ante.
El hecho de que el pago haya sido voluntario o que se
aseveraba que fue en agradecimiento a los años de servicio,
no detracta de la naturaleza reparadora del pago efectuado.
Con lo cual, los paralelos con la mesada que ordena la Ley 80
son evidentes.
Somos del criterio que imponer el pago de
nueva partida por un mismo concepto y basado en unos mismos
hechos -–el cierre de la planta de Carolina—- es claramente
16
CCf-2008-394
una acción punitiva en contra del patrono que se revela, a
nuestro juicio, irrazonable.
No se justifica que en esta
ocasión nos desviemos de lo que ha sido nuestra trayectoria
de,
por
un
lado,
proteger
al
obrero
de
prácticas
inescrupulosas del patrono, pero a la misma vez, rechazar la
penalización doble del patrono por unos mismos hechos y un
mismo concepto.12
B
El Tribunal de Apelaciones y los recurridos rechazan el
planteamiento de Baxter de que se le acredite al pago de la
mesada bajo la Ley 80 los dineros ya pagados a los empleados
cesanteados
bajo
el
fundamento
que
este
asunto
fue
ya
adjudicado en la sentencia que dictamos en este caso el 30 de
junio de 2005.
No tienen razón.
Señalamos anteriormente que en el caso que se trajo ante
nuestra consideración la única controversia que se adjudicó
fue
si
el
despido
de
los
empleados
de
Baxter
fue
injustificado o no a tenor con lo dispuesto en la Ley 80.
Contestamos esa pregunta en la afirmativa y devolvimos el
caso para que se computara el pago de la mesada.
No estaba
ante nuestra consideración el asunto sobre el crédito por lo
que no pudo haber sido objeto de nuestro dictamen.
La
jueces
12
expresión
de
este
individual
Tribunal
sobre
en
reconsideración
este
asunto,
no
de
tres
cambia
la
No podemos pasar por alto también que el legislador ya
expresó su criterio de que el cierre total, temporero o
parcial de las operaciones de una fábrica constituye justa
causa para el despido a tenor con la Ley 80. Ley Núm. 95 de
30 de julio de 2007.
No nos parece razonable, y por el
contrario lo consideramos injusto, imponer en este caso una
nueva penalidad por algo ya atendido por el legislador.
CCf-2008-394
17
controversia en efecto resuelta en nuestra sentencia.
No
cabe hablar entonces de la doctrina de la ley del caso tal y
como nos plantea la parte recurrida.
Y es que la única controversia que adjudicó el tribunal
de primera instancia en su sentencia de 28 de abril de 2003,
y
que
posteriormente
revisamos,
justa causa para el despido.
fue
precisamente
si
hubo
Sobre el cómputo de la mesada,
el foro primario le ordenó a las partes a reunirse para
determinar su monto y les indicó que si no podía llegar a un
acuerdo se celebraría una vista evidenciaria para determinar
la cuantía.
El planteamiento respecto los cómputos a hacer y
qué créditos, si alguno, debían reconocerse, era un asunto
por dilucidarse más tarde, como en efecto ocurrió.
Por
otro
lado,
somos
del
criterio
que
si
bien
al
contestar la primera demanda presentada en su contra Baxter
no presentó la defensa afirmativa de pago, si incluyó la de
aceptación
del
aceptación
y
pago
pago,
como
y
en
finiquito
ésta
se
o
la
doctrina
de
encuentra
subsumida
la
doctrina del pago como defensa.
De otra parte, en varias de las demandas instadas con
posterioridad a esa primera, Baxter sí levantó esta defensa.
Como
ya
relatamos
posteriormente
al
inicio,
consolidados.
En
todos
los
atención
casos
a
lo
fueron
anterior,
somos del criterio que en efecto se encuentra válidamente
ante nuestra atención la contención de Baxter respecto el
pago hecho ya a los empleados cesanteados y su planteamiento
de que se le acredite al pago de mesada ordenado.
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III
Por último, Baxter alega que resulta improcedente la
imposición de intereses cuando el tribunal nunca ha fijado
las cuantías adeudadas a los demandantes ni consta en la
sentencia el tipo de interés a pagarse.
una
determinación
sobre
una
suma
Por lo que, ausente
líquida,
no
existe
obligación alguna de pagar intereses retroactivos a la fecha
de la sentencia parcial enmendada.
No tiene razón.
La Regla 44.3 de Procedimiento Civil, dispone que “[s]e
incluirán intereses al tipo que fije por reglamento la Junta
Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones
Financieras y que está en vigor al momento de dictarse la
sentencia, en toda sentencia que ordena el pago de dinero, a
computarse sobre la cuantía de la sentencia desde la fecha en
que se dictó la sentencia y hasta que ésta sea satisfecha….”
32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.3.
El texto citado es claro al
hacer mandatario que un tribunal, al dictar sentencia en la
que ordena la entrega de dinero, imponga el pago de interés
al tipo legal sobre la cuantía de la sentencia, sin excepción
de clase alguna.
Gutiérrez v. AAA, res. 10 de febrero de
2006, 166 DPR ___, 2006 TSPR 30.
En el caso ante nuestra consideración no se ha fijado el
monto final de la cuantía que Baxter adeuda a los empleados
demandantes.
Ello no obstante, sí se había ordenado desde el
28 de abril de 2003, el pago de la mesada y este es un
cómputo que se hace a base de la fórmula que se establece en
la propia la Ley 80.
Lo que restaba entonces era el cálculo
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matemático a base de una fórmula pre establecida.
El mandato
de pagar ya estaba vigente.
En vista de ello, tiene razón el foro apelativo cuando
concluye que procede el pago de intereses desde que se dictó
sentencia parcial (28 de abril de 2003) sobre las mesadas de
los 209 empleados sobre las que no hay controversia.
Sobre
los demás casos donde hay disputas sobre las mesadas, los
cuales requieren la celebración de una vista evidenciaria
para su fijación, no procedería el pago de intereses a partir
del 28 de abril de 2003, sino más bien desde la fecha en que
finalmente se determine la cuantía de la mesada.
Por los fundamentos expuestos revocaría la determinación
del Tribunal de Apelaciones que concluyó que no se podía
acreditar a los empleados cesanteados por Baxter el pago
hecho ya por ésta por concepto de terminación de empleo.
Respecto
al
determinación
cómputo
del
de
foro
los
intereses
apelativo
se
confirmaría
intermedio.
la
Procedería
entonces a devolver el caso al Tribunal de Instancia para la
continuación de los procedimientos.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
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