LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. Pagán Medina

2009 TSPR 31

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. Pagán Medina

CC-2009-0074

Derecho Constitucional – Término de detención preventiva; cuándo se interrumpe

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

2009 TSPR 31

vs.

Benjamín Pagán Medina

175 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2009-74

Fecha: 18 de febrero de 2009

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Carolina, Panel V

Panel integrado por su Presidente, el Juez Arbona Lago, la

Jueza Cotto Vives y el Juez Salas Soler

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Ana Esther Andrade Rivera

Oficina del Procurador General:

Lcda. Zulema E. Martínez Álvarez

Procuradora General Auxiliar

Materia: Habeas Corpus

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se

hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

INTEGRACIÓN DE SALA ESPECIAL

ORDEN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2009.

Debido a la no intervención de la Jueza

Asociada señora Rodríguez Rodríguez en este caso, se

constituye una Sala Especial integrada por el Juez

Presidente señor Hernández Denton, el Juez Asociado

señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada señora Fiol

Matta, para entender en el caso CC-2009-74, El

Pueblo de Puerto Rico v. Benjamín Pagán Medina.

Lo decretó y firma.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

CERTIFICO:

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

CC-2009-74

v.

Benjamín Pagán Medina

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Fiol

Matta.

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 2009.

El

señor

Pagán

Medina

presentó

un

recurso

extraordinario de hábeas corpus en el Tribunal de

Primera Instancia por entender que estuvo detenido

preventivamente y privado de su libertad en exceso

del

término

máximo

de

seis

meses

que

dispone

nuestra Constitución. Tras la negativa del foro de

instancia y del Tribunal de Apelaciones de conceder

lo

solicitado,

acude

ante

nosotros

para

que

ordenemos su excarcelación. Su petición nos permite

interpretar el “lacónico mensaje”(1) de la cláusula

constitucional y expresarnos en torno al cómputo de

____________________

Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849, 850 (1951),

Opinión del Juez Asociado señor Negrón Fernández.

1

4

CC-2009-74

seis

meses.

Resolvemos

que,

una

vez

se

determina

judicialmente que un imputado o acusado de delito no es

procesable bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal y se

ordena su reclusión para tratamiento, tan sólo se puede

excluir

del

preventiva

cómputo

el

efectivamente

del

tiempo

en

término

durante

una

máximo

el

cual

institución

de

detención

éste

adecuada

estuvo

para

su

tratamiento.

I

El 26 de abril de 2008, el señor Pagán Medina fue

arrestado por violación a los artículos 122 y 208(b) del

Código Penal y al artículo 5.05 de la Ley de Armas.

Fue

conducido

hubo

ante

un

magistrado,

quien

determinó

que

causa probable para su arresto y le impuso una fianza de

cinco mil dólares.

fianza

y

El señor Pagán Medina no prestó la

permaneció

detenido

entonces.

Posteriormente,

solicitud

de

procedimientos

imputado,

a

la

y

el

defensa,

ordenó

tenor

con

preventivamente

12

el

de

mayo

tribunal

de

desde

2008,

paralizó

los

del

una

evaluación

psiquiátrica

la

Regla

de

240

a

Procedimiento

Criminal, para determinar si el señor Pagán Medina estaba

capacitado para ser procesado criminalmente por los cargos

en su contra.

La

vista

se

celebró

el

20

de

agosto

de

2008.

Compareció el psiquiatra del Estado, el Dr. Rafael Cabrero

Aguilar, quien testificó bajo juramento que evaluó al señor

Pagán Medina y que, en su opinión, el imputado no reunía

5

CC-2009-74

los criterios para ser procesado. El tribunal acogió la

recomendación del perito médico y determinó que el imputado

no se encontraba procesable. Así pues, ordenó el traslado

del señor Pagán Medina al Hospital de Psiquiatría Forense

de Río Piedras para que recibiera tratamiento.

El 17 de septiembre de 2008 se celebró otra vista, a

la

cual

compareció,

nuevamente,

El

testificó

Aguilar.

perito

el

que

Dr.

Rafael

Cabrero

el

imputado

estaba

capacitado para comprender el proceso en su contra y ser

sometido a juicio. Así lo determinó el tribunal, por lo

cual

ordenó

el

traslado

del

señor

Pagán

Medina

a

la

institución penal y la continuación de los procedimientos.

El

12

de

diciembre

de

2008

el

señor

Pagán

Medina

presentó una petición de hábeas corpus ante el Tribunal de

Primera

Instancia.

Alegó

que

se

le

había

confinado,

en

calidad de sumariado, en exceso de seis meses sin habérsele

celebrado juicio y a tono con la limitación constitucional,

reclamó su excarcelación. El 17 de diciembre de 2008, el

Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar el remedio

solicitado

con

las

siguientes

expresiones:

“no

ha

transcurrido el término de detención preventiva provista

[sic]

en

ley,

evaluación

al

(excluyendo

amparo

de

la

el

tiempo

Regla

240

transcurrido

de

en

Procedimiento

Criminal[)]”.

El

8

de

enero

de

2009,

mediante

petición

de

certiorari, el señor Pagán Medina acudió al Tribunal de

Apelaciones.

Adujo que el Tribunal de Primera Instancia

6

CC-2009-74

había

errado

al

resolver

que

el

término

de

detención

preventiva se había interrumpido el 12 de mayo de 2008,

cuando el imputado solicitó la celebración de una vista

para dilucidar su capacidad mental a tenor con la Regla 240

de Procedimiento Criminal.

El señor Pagán Medina alegó que

lo

calcular

que

procedía,

para

la

duración

de

su

confinamiento y, por ende, la interrupción de su detención

preventiva,

era

excluir

solamente

los

días

durante

cuales estuvo recluido en el hospital psiquiátrico.

los

Anejó

una certificación del Departamento de Corrección en la cual

se relacionan las fechas en que estuvo ingresado en la

institución penal de Bayamón.2

Por tanto, arguyó que habían

transcurrido más de seis meses contados desde el 27 de

abril de 2008, cuando ingresó a la institución penal, hasta

la

fecha

de

su

solicitud

de

excarcelación

el

12

de

diciembre de ese año.

En cumplimiento de la orden para mostrar causa dictada

por el Tribunal de Apelaciones el 8 de enero de 2009, el

2

La certificación del Departamento de Corrección indica las

fechas en que el señor Pagán Medina estuvo ingresado a la

institución penal de Bayamón.

Dicho documento, en lo

pertinente, relata lo siguiente:

“Se certifica que el confinado Benjamín

Pagán Medina, ingresó a la Institución 705 de

Bayamón el 27 de abril de 2008…

“A la fecha del 25 de agosto de 2008 el

confinado ingresó al Hospital Forense en Río

Piedras hasta el 22 de septiembre de 2008 según

se desprende en el expediente criminal para un

total de 27 días.

“Del 26 de abril al 25 de agosto de 2008 y

del 22 de septiembre de 2008 al 17 de diciembre

de 2008, el confinado lleva ingresado 207 días,

equivalente a 6 meses con 27 días de reclusión.”

(Énfasis suplido.)

7

CC-2009-74

Procurador

General

alegó

que

el

término

de

detención

preventiva no debe incluir el período desde que el tribunal

tiene una base razonable para creer que el acusado está

mentalmente

incapacitado

imputado

está

juicio,

puesto

imputado

de

finalmente

que

delito

hasta

que

capacitado

determina

que

el

a

para

ser

sometido

los

procedimientos

en

contra

quedan

interrumpidos

y

el

del

Ministerio

Público está impedido de continuar la acción penal.

Por lo

tanto, según el Procurador General, durante los 128 días

desde la paralización de los procedimientos cuando el señor

Pagán Medina presentó su moción al amparo de la Regla 240,

hasta que el tribunal determinó nuevamente que éste era

procesable, no estaba pendiente la celebración del juicio y

el imputado no estaba detenido preventivamente.

Así pues,

concluyó que “el término de detención preventiva no puede

transcurrir contra el Ministerio Público mientras éste se

encuentre legal y constitucionalmente vedado de proseguir

con el procesamiento criminal del acusado”.

El 16 de enero de 2009, el Tribunal de Apelaciones

denegó el auto de certiorari.

El foro apelativo acogió la

interpretación

General

del

Procurador

y

resolvió

que

al

computar el término de seis meses se excluyó correctamente

el período durante el cual se dilucidaba la solicitud de la

defensa al amparo de la Regla 240, es decir, aun antes que

se ordenara la reclusión, ya que desde que se presentó la

solicitud el Ministerio Público quedó vedado de proseguir

la acción criminal contra el acusado.

8

CC-2009-74

Oportunamente, el 26 de enero de 2009, el señor Pagán

Medina nos solicitó que revocáramos la resolución del foro

apelativo.

El

28

de

enero

de

2009

ordenamos

a

la

Procuradora General mostrar causa por la cual no debiéramos

hacerlo.

El 4 de febrero de 2009 la Procuradora General

compareció

e

presentado

ante

decisión

invocó

el

los

mismos

Tribunal

recurrida

y

la

de

fundamentos

que

Apelaciones,

determinación

del

había

avalando

la

tribunal

de

instancia. Tras la comparecencia de ambas partes, expedimos

el recurso de certiorari y procedemos a resolver.

II

La

Regla

239

de

Procedimiento

Criminal,

en

lo

pertinente, dispone que “[n]inguna persona será juzgada…

por un delito mientras esté mentalmente incapacitada”.

L.P.R.A. Ap. II.

34

Por tal razón, si el tribunal tuviera

base razonable para creer que el imputado de delito está

mentalmente

incapacitado,

deberá

suspender

inmediatamente

los procedimientos y señalar una vista para dilucidar su

capacidad de ser sometido a juicio.

240(a).

34 L.P.R.A. Ap. II, R.

Véase, Pueblo v. Castillo Torres, 107 D.P.R. 551,

555 (1978).

La

Regla

240

de

Procedimiento

Criminal,

supra,

le

concede al tribunal la discreción para determinar si hay

base razonable para poner en duda la capacidad mental del

acusado.

301

Véase, Pueblo v. Santiago Torres, 154 D.P.R. 291,

(2001).

Si

se

determinara

que

el

imputado

no

es

procesable, el tribunal deberá ordenar su traslado a una

9

CC-2009-74

institución adecuada para su tratamiento.

34 L.P.R.A. Ap.

II, R. 240(b); Pueblo v. Santiago Torres, supra, pág. 301;

Pueblo v. Rodríguez Galarza, supra, pág. 457.

El propósito de estas medidas procesales es “impedir

que

se

someta

a

juicio

a

un

reo

que

es

incapaz

de

comprender la naturaleza y propósito de los procedimientos

que contra él se siguen, y como consecuencia, de defenderse

adecuadamente”. Pueblo v. Cruz Román, 84 D.P.R. 451, 457458 (1962).3

De esta forma, consagran un principio mayor de

debido proceso de ley para asegurar un juicio justo, en la

medida

en

que

juicio

justo

“[l]a

e

eficaz

imparcial

garantía

exige

del

del

derecho

acusado

un

a

un

estado

específico de capacidad mental como criterio para medir la

capacidad procesal”.

Resumil, op. cit., pág. 101.4

Véase

3

En Camarero Maldonado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 552

(1973), nos expresamos sobre la capacidad mental necesaria

para

que

se

dicte

sentencia

contra

el

acusado.

Particularmente, expresamos que:

Lo determinante es si el acusado… es incapaz de

comprender la naturaleza y propósito de los

procedimientos y de participar en el acto, con

plena consciencia de su significado, y con

oportunidad de expresarse sobre las razones que a

su juicio impidan que se dicte sentencia. Íd.,

pág. 560.

Luego, recordando los postulados que garantizan un debido

proceso de ley al acusado, en Pueblo v. Santiago Torres,

154 D.P.R. 291 (2001), retomamos el tema de la no

procesabilidad del imputado de delito y resolvimos que sólo

procede el archivo permanente de la acusación después de

celebrar una vista formal a esos fines.

4

Por su parte, la profesora Helen Sivling señala que la

capacidad para ser sometido a un proceso “debe formularse

en términos de la ‘capacidad del imputado para dirigir su

defensa, de manera que

tenga sentido, en procedimientos

seguidos contra él’ y no en términos de ‘capacidad para

asistir en la defensa’ ”. (Citas omitidas.)

H. Silving,

10

CC-2009-74

también,

E.L

Chiesa

Aponte,

Derecho

procesal

penal

de

Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. III, Editorial Forum,

1993, pág. 349.

La Carta de Derechos de la Constitución del Estado

Libre

Asociado

establece

de

Puerto

unos

Rico,

derechos

procedimientos penales.

en

su

sección

primordiales

undécima,

para

los

Específicamente dispone que:

En todos los procesos criminales, el acusado

disfrutará del derecho a un juicio rápido y

público, a ser notificado de la naturaleza y

causa de la acusación recibiendo copia de la

misma, a carearse con los testigos, a obtener la

comparecencia compulsoria de testigos a su favor,

a tener asistencia de abogado, y a gozar de la

presunción de inocencia.

…

Todo acusado tendrá derecho a quedar en

libertad bajo fianza antes de mediar un fallo

condenatorio.

La detención preventiva antes del juicio no

excederá de seis meses. Las fianzas y las multas

no serán excesivas. (Énfasis suplido.)

Todos estos derechos están entrelazados y encuentran

su razón de ser en el principio constitucional básico de la

presunción de inocencia.

Pueblo v. Colón Rodríguez, 161

D.P.R. 254 (2004); Pueblo v. Martínez Hernández, 158 D.P.R.

388 (2003). En Pueblo v. Colón Rodríguez, al referirnos a

la

detención

explicamos

que

contrasentido

considera

preventiva

“[el]lo

mantener

inocente,

y

al

derecho

es

así

toda

encarcelada

cuya

a

de

la

fianza,

vez

que

una

persona

culpabilidad

sería

un

que

se

corresponde

al

Ministerio Público probar, y que eventualmente puede ser

Elementos constitutivos del delito, Editorial Universidad

de Puerto Rico, 1976, pág. 279.

11

CC-2009-74

exonerada”.

a

estos

Íd., págs. 259-260.

efectos,

el

Juez

Hace más de medio siglo y

Negrón

Fernández

expresó

lo

siguiente:

El derecho a la libertad provisional bajo fianza,

el derecho a que éstas no sean excesivas, y el

derecho a salir en libertad transcurridos seis

meses de encarcelación por defecto de fianza en

espera de juicio, son derechos correlativos,

dirigidos

todos

a

salvaguardar

el

superior

derecho—constante

también

como

garantía

constitucional—de la presunción de inocencia. …

Fue indudablemente inspirada en un propósito

de fundamental política pública que la Convención

Constituyente preceptuó que la prisión preventiva

antes del juicio no excedería de 6 meses.

La

Convención obviamente estimó que un período mayor

de detención en espera de juicio, en defecto de

fianza, constituía un gravamen sobre el ciudadano

que, presumiéndose inocente hasta el momento de

recaer convicción, era restringido por el Estado—

en el ejercicio de su poder de custodia—en el

disfrute de su libertad personal, con el solo

propósito de hacerle comparecer a juicio en su

día.

Consideró preferible rendir la custodia de

un acusado después de ese período, antes que

hacer vulnerable la integridad de su derecho a la

presunción de inocencia… Sánchez v. González, 78

D.P.R. 849, 856-857 (1955), Opinión del Juez

Asociado señor Negrón Fernández.

La presunción de inocencia es el pilar del sistema

penal puertorriqueño del cual surgen derechos corolarios,

como la garantía al acusado que no permanecerá detenido

preventivamente, en espera del juicio, en exceso de seis

meses y el derecho a la libertad bajo fianza.

Véase, O.E.

Resumil, Derecho procesal penal, Equity Publishing Company,

New

Hampshire,

1990,

pág.

149.

La

Regla

219

de

Procedimiento Criminal establece que en defecto de fianza,

el imputado permanecerá bajo la custodia del Estado como

garantía para su comparecencia al juicio y a otros eventos

12

CC-2009-74

procesales. 34 L.P.R.A. Ap. II.5

Véase, J.E. Fontanet, El

proceso penal de Puerto Rico, Editorial InterJuris, 2008,

pág. 256; I. Betancourt y Lebrón, Los derechos del acusado,

Graficart

Corporation,

cláusula

de

la

1975,

detención

pág.

214.

preventiva

No

obstante,

es

un

la

límite

constitucional al poder de custodia del Estado, pues el

imputado se presume inocente y no debe ser castigado en

anticipación

juzgado.

de

un

delito

por

el

cual

aún

no

ha

sido

Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561 (1990);

Opinión del Juez Negrón Fernández en Sánchez v. González,

supra, pág 854.

El

alcance

Resumil, op. cit., pág. 150.

del

derecho

constitucional

a

no

ser

encarcelado preventivamente en espera de juicio por más de

seis meses fue discutido en la Convención Constituyente.

En estos debates se manifiesta claramente que este derecho

está íntimamente relacionado al derecho constitucional a

juicio rápido y, por tanto, a los términos estatutarios de

enjuiciamiento rápido.

detenido

preventivamente por más de seis meses responde a

consideraciones

5

No obstante, el derecho a no ser

adicionales

de

política

pública,

Regla 219. Fianza; condiciones; requisitos.

(a) Antes de la convicción. Las condiciones impuestas

y la fianza prestada

en cualquier momento antes de la convicción garantizarán la

comparecencia del acusado ante el magistrado o el tribunal

correspondiente y su sumisión a todas las órdenes,

citaciones y procedimientos de los mismos, incluyendo el

pronunciamiento y la ejecución de la sentencia, así como la

comparecencia del acusado a la vista preliminar en los

casos apropiados, y que en su defecto los fiadores pagarán

al Estado Libre Asociado de Puerto Rico determinada

cantidad de dinero.

13

CC-2009-74

particularmente

evitar

el

abuso

de

poder,

las

cuales

aseguran una mejor administración de la justicia.6

En

Sánchez

v.

González,

supra,

ordenamos

la

excarcelación del acusado aun cuando el Ministerio Público

sostenía

que

el

peticionario

había

renunciado

a

ser

excarcelado al solicitar y obtener la suspensión del juicio

en dos ocasiones.

6

Tratándose de un dictamen emitido por

El Delegado Sr. Alvarado explica que:

Al redactarse esta medida, se tuvo en cuenta… la

legislación vigente.

La legislación vigente

concede al fiscal 60 días para radicar la

acusación. Y entonces dispone que el juicio debe

celebrarse dentro de 120 días después de radicada

la acusación. Y en total establece un término de

180 días desde que el acusado es detenido para

responder, hasta que se somete a juicio, 180

días, que son seis meses que hemos venido

consignando. Diario de Sesiones de la Convención

Constituyente de Puerto Rico, Tomo 3, Lexis-Nexis

de Puerto Rico, Edición conmemorativa, 2003,

págs. 1594-1595.

A su vez, el Sr. Reyes Delgado aclaró que:

Ya la [Asamblea] Legislativa insular ha fijado

por ley términos que se consideran razonables

para que se actúe… Si dentro de esos seis meses

ahora no se le celebra juicio, el fiscal pide el

archivo y sobreseimiento y especialmente si se

trata de un felony, procede otra vez a arrestar

al individuo y a recluirlo preventivamente y

puede tenerlo otros seis meses en la cárcel sin

celebrarle juicio.

Y a eso es a lo que vamos

nosotros encaminando este precepto: que se usen

los seis meses de que la legislación local ha

tenido a bien proveer al ministerio público para

que se haga efectiva la maquinaria del pueblo en

la administración de la justicia penal. Íd.,

págs. 1595-1596.

El Informe de la Comisión de la Carta de Derechos indica

que lo que se propuso precisamente, fue evitar la práctica

señalada por el Delegado Reyes Delgado: “impedir que se

encarcele a una persona por más de seis meses sin que se le

celebre juicio.

Actualmente es posible lograr esto

mediante la radicación de acusaciones sucesivas, cada vez

que finalice el término de ciento veinte días que marca la

ley”. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de

Puerto Rico, Tomo 4, Lexis-Nexis de Puerto Rico, Edición

conmemorativa, 2003, pág. 2560.

14

CC-2009-74

sentencia, no hubo opinión del Tribunal.

Sin embargo, en

opinión de tres de los miembros del Tribunal, por voz del

Juez Asociado señor Negrón Fernández, se explicó que el

término máximo de la detención preventiva madura por el

mero pasar del tiempo y no se entiende renunciado por una

solicitud

de

posposición

del

caso.

Véase,

Betancourt

y

Lebrón, op. cit., pág. 235.

Recordando las discusiones

recogidas

sesiones

en

los

Constituyente,

el

diarios

Juez

de

Negrón

de

la

Fernández

Convención

explicó

la

preeminencia del derecho a la libertad personal:

El derecho de un acusado a una posposición—bien

se encuentre en libertad bajo fianza o bajo

custodia—no puede medirse en términos de renuncia

o de sacrificio del derecho a su libertad

personal, luego de seis meses de detención, ni

éste puede medirse en términos de renuncia o de

sacrificio del derecho a la posposición, si ésta

procede. La posposición requiere el ejercicio de

una discreción judicial, sobria, para proteger al

acusado en el disfrute de su derecho a un juicio

justo, y en sus oportunidades de defensa.

Se

concede por consideraciones que no afectan la

libertad o custodia del acusado, y su concesión—

que surte efectos de renuncia tan sólo en la

esfera del juicio rápido—no puede derrotar su

derecho a la libertad provisional sin fianza

después de seis meses, ni puede condicionarse a

que éste renuncie.

Ningún fundamento de buen

gobierno justificaría extender las consecuencias

de una renuncia del derecho a juicio rápido—en su

expresión legislativa—a un derecho que engendra,

por motivos superiores de política pública, una

garantía

inmediata

de

libertad.

(Énfasis

suplido.) Íd., págs. 857-858.

Más recientemente, en Ruiz v. Alcaide, 155 D.P.R. 492

(2001), resolvimos que no procedía la excarcelación de un

acusado que fue recluido en una institución psiquiátrica

bajo tratamiento luego que el tribunal determinara que no

estaba capacitado para el proceso.

Razonamos y resolvimos

15

CC-2009-74

que

el

acusado

no

estaba

detenido

preventivamente

pues,

durante su reclusión no estaba en contemplación del juicio

ni en espera de que se celebrara el proceso criminal en su

contra.

de

Dicha reclusión obedecía más bien a la necesidad

tratamiento.7

suspensión

del

En

caso

aquella

penal

a

ocasión

tenor

explicamos

con

la

Regla

que

la

240

de

Procedimiento Criminal protege el derecho del acusado a un

juicio

justo,

puesto

que

someterlo

a

un

procedimiento

criminal que podría culminar en la privación definitiva de

su libertad, cuando no tiene la capacidad mental necesaria

para

defenderse,

sería

una

violación

constitucional al debido proceso de ley.

a

un

derecho

Además, con ello

se “promueve la confianza de la ciudadanía en el sistema

judicial criminal, conservando su dignidad e integridad”.

Íd., págs. 501-502.

III

El 26 de abril de 2008, el peticionario fue arrestado

y al día siguiente ingresó a la institución penitenciaria

de Bayamón al no prestar la fianza impuesta.

bajo

la

custodia

del

Departamento

de

Permaneció

Corrección

en

detención preventiva hasta el 25 de agosto de 2008, cuando

fue trasladado al Hospital de Psiquiatría Forense, luego de

haberse

celebrado

haberse

determinado

sometido a juicio.

7

la

vista

que

no

a

tenor

estaba

con

la

Regla

capacitado

240

para

y

ser

Posteriormente, el 17 de septiembre, el

No obstante, según también señalamos, no se puede permitir

una reclusión de esta naturaleza ad infinitum.

Ruiz v.

Alcaide, 155 D.P.R. 492 (2001).

16

CC-2009-74

tribunal

determinó

condición

de

paralización

que

el

señor

ser

procesado,

y

señaló

Pagán

por

lo

Medina

estaba

en

cual

levantó

la

la

continuación

de

los

de

diciembre

2008,

el

corpus

y

procedimientos.

Por

su

parte,

peticionario

el

presentó

12

una

petición

solicitó ser excarcelado.

seis

meses

bajo

la

de

de

hábeas

Alegó que había estado más de

custodia

del

Estado

en

detención

preventiva y que su encarcelamiento era ilegal, pues se

había

excedido

Constitución.

el

límite

máximo

que

permite

nuestra

El Tribunal de Primera Instancia declaró sin

lugar su petición y el Tribunal de Apelaciones se negó a

expedir

el

recurso

de

para

certiorari

revisar

dicha

determinación. Por lo tanto, al día de hoy, el señor Pagán

Medina aún se encuentra detenido en espera de juicio.

Según

cual

el

Ministerio

estuvieron

Público,

paralizados

los

el

período

durante

procedimientos

no

el

debe

tomarse en cuenta en contra del Estado cuando éste ha sido

diligente en el encausamiento del caso. Específicamente, la

Procuradora General arguye que al computar los términos de

detención preventiva no se debe considerar el tiempo que

transcurre desde que se solicita una vista para dilucidar

la capacidad del imputado o acusado para ser sometido a

juicio

y,

por

consiguiente,

desde

que

se

paralizan

los

procedimientos por este motivo, hasta la fecha en que el

tribunal llega a una decisión sobre la capacidad mental de

la persona objeto del proceso penal.

No nos convencen

17

CC-2009-74

estos argumentos pues excluyen la consideración del factor

primordial en todo proceso penal: la libertad personal y su

principio concomitante, la presunción de inocencia.

El

derecho

constitucional

a

no

permanecer

detenido

preventivamente por más de seis meses no es solamente un

principio

valorado

por

nuestra

sociedad,

de

tan

alto

calibre que fue elevado a rango constitucional,(8) sino que,

además,

es

irrenunciable.

Sánchez

v.

González,

Véase, Betancourt y Lebrón, op. cit., pág. 235.

la

presentación

Procedimiento

de

una

Criminal

moción

no

puede

bajo

la

Por eso,

Regla

entenderse

supra.

240

como

de

una

renuncia al derecho a no permanecer en detención preventiva

en exceso de seis meses.

Los fundamentos de la opinión del Juez Asociado señor

Negrón Fernández en Sánchez v. González, supra, al negarse

a aceptar que la solicitud de posposición del juicio fuera

equivalente a una renuncia al término máximo de detención

preventiva, son igualmente aplicables a la situación que

ahora atendemos.

En Sánchez v. González se discutía el

efecto de una solicitud y autorización de posposición del

8

Véase, J.E. Fontantet, El proceso penal de Puerto Rico,

Editorial InterJuris, 2008, págs. 243-244:

“En Puerto Rico, el derecho a gozar de la presunción

de inocencia y el derecho de gozar de la libertad bajo

fianza antes de la convicción mediante la presentación de

una fianza razonable en las circunstancias del caso figuran

entre los pilares sobre los cuales se asienta nuestro

sistema democrático de vida, y los intentos por socavarlos

no han tenido éxito. De hecho, el 6 de noviembre de 1994,

el Pueblo de puerto Rico, mediante referéndum rechazó la

enmienda a la Carta de Derechos de la Constitución del

E.L.A. que se le sometiera para eliminar el derecho

absoluto a la fianza antes de la convicción.”

18

CC-2009-74

juicio sobre los límites constitucionales a la detención

preventiva, mientras que en el caso que nos ocupa se trata

de la solicitud y determinación de incapacidad del imputado

para ser sometido a juicio.

“el

ejercicio

proteger

al

de

una

acusado

Ambas situaciones requieren

discreción

en

el

judicial

disfrute

de

su

sobria,

para

derecho

a

juicio justo, y en sus oportunidades de defensa”.

un

Sánchez

v. González, supra, pág. 857.

No podemos obviar que el peticionario permaneció bajo

la

custodia

del

Estado,

en

espera

de

ser

procesado

criminalmente, después que se presentó su moción bajo la

Regla

240

hasta

procesable.

los

que

el

tribunal

determinó

que

no

era

El que la presentación de la moción paralizó

procedimientos,

de

manera

que

el

Ministerio

Público

estuvo impedido de procesar al señor Pagán Medina desde ese

momento

no

cambia

esta

realidad.

Hemos

visto

que

la

prohibición de enjuiciar a una persona que no reúna los

criterios de capacidad para defenderse adecuadamente está

íntimamente

relacionada

a

su

derecho

constitucional

al

debido proceso de ley.

Por eso, no podemos sostener la

posición

Público

del

Ministerio

en

cuanto

al

punto

de

partida del período excluido del cómputo de los seis meses

de detención preventiva, pues pondría al imputado en la

situación

de

tener

que

escoger

entre

salvaguardar

su

derecho constitucional y estatutario a un debido proceso de

ley y su libertad personal.

Cualquier alternativa implica

una renuncia inválida a sus derechos constitucionales.

19

CC-2009-74

En el cumplimiento de su deber de proteger el derecho

al debido proceso de ley de los imputados de delito, el

tribunal tiene la facultad de asegurarse de que se está

procesando a una persona que comprende la naturaleza del

procedimiento dirigido en su contra, de manera que pueda

también dirigir su defensa.

Además, el que el acusado sea

procesable es un requisito de debido proceso de ley, que no

solamente

protege

al

mismo

acusado,

sino

que

es

una

garantía para la sociedad de la integridad de los procesos.

Ruiz v. Alcaide, supra, pág. 502.

En

Ruiz

v.

Alcaide,

supra,

resolvimos

detenida preventivamente una persona que está

que

no

está

recluida en

una institución adecuada, recibiendo tratamiento por orden

judicial, luego de determinarse que no está capacitada para

ser sometida a juicio.

Es congruente resolver ahora que al

computar el término máximo de detención preventiva, debe

excluirse, solamente, el tiempo en que el peticionario está

efectivamente recluido en una institución adecuada para su

tratamiento,

por

orden

del

tribunal.

Ello

es

así,

precisamente, porque es durante ese término que no está

sujeto a ser procesado y por tanto, la privación de su

libertad responde a otras razones y no está bajo detención

preventiva.

Por tanto, al computar los seis meses de detención

preventiva en este caso, no se debieron contar los días

durante

los

cuales

el

peticionario

estuvo

recluido

bajo

tratamiento, es decir, entre el 25 de agosto de 2008 y el

20

CC-2009-74

17

de

septiembre

de

2008,

procesable nuevamente.(9)

cuando

se

determinó

que

era

La fecha a partir de la cual se

interrumpió dicho cómputo es el día en que se traspasó la

custodia del peticionario del Departamento de Corrección al

Hospital de Psiquiatría. Decidir lo contrario dejaría al

arbitrio del Estado retener al acusado bajo su custodia

después

de

la

orden

de

reclusión,

perjuicio

de

su

libertad.

determinó

que

el

señor

de

agosto

dictada

el

reclusión

20

para

La

Pagán

de

tratamiento,

sin

resolución

Medina

2008,

por

trasladarlo,

no

no

lo

judicial

era

en

que

procesable,

dio

inicio

cual

tampoco

a

la

dio

comienzo al período que debe excluirse del cómputo de la

detención preventiva.

En fin, al calcular los días desde el 26 de abril

hasta el 25 de agosto de 2008, y sumarle los transcurridos

desde el 17 de septiembre hasta el 12 de diciembre de 2008,

encontramos que pasaron más de seis meses desde que el

peticionario fue detenido preventivamente. Procedía expedir

el auto de hábeas corpus.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

revocamos

la

resolución del Tribunal de Apelaciones que, al no expedir

el certiorari, sostuvo la negativa del Tribunal de Primera

Instancia a expedir el auto de hábeas corpus. Ordenamos la

excarcelación inmediata del señor Pagán Medina y devolvemos

9

Al determinarse nuevamente procesable el 17 de septiembre

de 2008, podemos concluir que desde luego cesó el

tratamiento del peticionario.

21

CC-2009-74

el

caso

al

Tribunal

de

Primera

Instancia

para

continuación de los procedimientos.

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

la

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

CC-2009-74

Benjamín Pagán Medina

Peticionario

Sala Especial compuesta por el Juez Presidente señor Hernández

Denton, el Juez Asociado señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada

señora Fiol Matta

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 2009.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, se revoca la resolución del Tribunal de

Apelaciones que, al no expedir el certiorari, sostuvo la

negativa del Tribunal de Primera Instancia a expedir el

auto de hábeas corpus. Se ordena la excarcelación

inmediata del señor Pagán Medina y se devuelve el caso

al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de

los procedimientos.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente

señor Hernández Denton hace constar que por las razones

expuestas en su opinión disidente en Ruiz Ramos v.

Alcaide está conforme en este caso. El Juez Asociado

señor Rivera Pérez disiente sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo