Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. Pagán Medina
2009 TSPR 31
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. Pagán Medina
CC-2009-0074
Derecho Constitucional – Término de detención preventiva; cuándo se interrumpe
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
2009 TSPR 31
vs.
Benjamín Pagán Medina
175 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2009-74
Fecha: 18 de febrero de 2009
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Carolina, Panel V
Panel integrado por su Presidente, el Juez Arbona Lago, la
Jueza Cotto Vives y el Juez Salas Soler
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Ana Esther Andrade Rivera
Oficina del Procurador General:
Lcda. Zulema E. Martínez Álvarez
Procuradora General Auxiliar
Materia: Habeas Corpus
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se
hace como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
INTEGRACIÓN DE SALA ESPECIAL
ORDEN
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2009.
Debido a la no intervención de la Jueza
Asociada señora Rodríguez Rodríguez en este caso, se
constituye una Sala Especial integrada por el Juez
Presidente señor Hernández Denton, el Juez Asociado
señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada señora Fiol
Matta, para entender en el caso CC-2009-74, El
Pueblo de Puerto Rico v. Benjamín Pagán Medina.
Lo decretó y firma.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
CERTIFICO:
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
CC-2009-74
v.
Benjamín Pagán Medina
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Fiol
Matta.
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 2009.
El
señor
Pagán
Medina
presentó
un
recurso
extraordinario de hábeas corpus en el Tribunal de
Primera Instancia por entender que estuvo detenido
preventivamente y privado de su libertad en exceso
del
término
máximo
de
seis
meses
que
dispone
nuestra Constitución. Tras la negativa del foro de
instancia y del Tribunal de Apelaciones de conceder
lo
solicitado,
acude
ante
nosotros
para
que
ordenemos su excarcelación. Su petición nos permite
interpretar el “lacónico mensaje”(1) de la cláusula
constitucional y expresarnos en torno al cómputo de
____________________
Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849, 850 (1951),
Opinión del Juez Asociado señor Negrón Fernández.
1
4
CC-2009-74
seis
meses.
Resolvemos
que,
una
vez
se
determina
judicialmente que un imputado o acusado de delito no es
procesable bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal y se
ordena su reclusión para tratamiento, tan sólo se puede
excluir
del
preventiva
cómputo
el
efectivamente
del
tiempo
en
término
durante
una
máximo
el
cual
institución
de
detención
éste
adecuada
estuvo
para
su
tratamiento.
I
El 26 de abril de 2008, el señor Pagán Medina fue
arrestado por violación a los artículos 122 y 208(b) del
Código Penal y al artículo 5.05 de la Ley de Armas.
Fue
conducido
hubo
ante
un
magistrado,
quien
determinó
que
causa probable para su arresto y le impuso una fianza de
cinco mil dólares.
fianza
y
El señor Pagán Medina no prestó la
permaneció
detenido
entonces.
Posteriormente,
solicitud
de
procedimientos
imputado,
a
la
y
el
defensa,
ordenó
tenor
con
preventivamente
12
el
de
mayo
tribunal
de
desde
2008,
paralizó
los
del
una
evaluación
psiquiátrica
la
Regla
de
240
a
Procedimiento
Criminal, para determinar si el señor Pagán Medina estaba
capacitado para ser procesado criminalmente por los cargos
en su contra.
La
vista
se
celebró
el
20
de
agosto
de
2008.
Compareció el psiquiatra del Estado, el Dr. Rafael Cabrero
Aguilar, quien testificó bajo juramento que evaluó al señor
Pagán Medina y que, en su opinión, el imputado no reunía
5
CC-2009-74
los criterios para ser procesado. El tribunal acogió la
recomendación del perito médico y determinó que el imputado
no se encontraba procesable. Así pues, ordenó el traslado
del señor Pagán Medina al Hospital de Psiquiatría Forense
de Río Piedras para que recibiera tratamiento.
El 17 de septiembre de 2008 se celebró otra vista, a
la
cual
compareció,
nuevamente,
El
testificó
Aguilar.
perito
el
que
Dr.
Rafael
Cabrero
el
imputado
estaba
capacitado para comprender el proceso en su contra y ser
sometido a juicio. Así lo determinó el tribunal, por lo
cual
ordenó
el
traslado
del
señor
Pagán
Medina
a
la
institución penal y la continuación de los procedimientos.
El
12
de
diciembre
de
2008
el
señor
Pagán
Medina
presentó una petición de hábeas corpus ante el Tribunal de
Primera
Instancia.
Alegó
que
se
le
había
confinado,
en
calidad de sumariado, en exceso de seis meses sin habérsele
celebrado juicio y a tono con la limitación constitucional,
reclamó su excarcelación. El 17 de diciembre de 2008, el
Tribunal de Primera Instancia declaró sin lugar el remedio
solicitado
con
las
siguientes
expresiones:
“no
ha
transcurrido el término de detención preventiva provista
[sic]
en
ley,
evaluación
al
(excluyendo
amparo
de
la
el
tiempo
Regla
240
transcurrido
de
en
Procedimiento
Criminal[)]”.
El
8
de
enero
de
2009,
mediante
petición
de
certiorari, el señor Pagán Medina acudió al Tribunal de
Apelaciones.
Adujo que el Tribunal de Primera Instancia
6
CC-2009-74
había
errado
al
resolver
que
el
término
de
detención
preventiva se había interrumpido el 12 de mayo de 2008,
cuando el imputado solicitó la celebración de una vista
para dilucidar su capacidad mental a tenor con la Regla 240
de Procedimiento Criminal.
El señor Pagán Medina alegó que
lo
calcular
que
procedía,
para
la
duración
de
su
confinamiento y, por ende, la interrupción de su detención
preventiva,
era
excluir
solamente
los
días
durante
cuales estuvo recluido en el hospital psiquiátrico.
los
Anejó
una certificación del Departamento de Corrección en la cual
se relacionan las fechas en que estuvo ingresado en la
institución penal de Bayamón.2
Por tanto, arguyó que habían
transcurrido más de seis meses contados desde el 27 de
abril de 2008, cuando ingresó a la institución penal, hasta
la
fecha
de
su
solicitud
de
excarcelación
el
12
de
diciembre de ese año.
En cumplimiento de la orden para mostrar causa dictada
por el Tribunal de Apelaciones el 8 de enero de 2009, el
2
La certificación del Departamento de Corrección indica las
fechas en que el señor Pagán Medina estuvo ingresado a la
institución penal de Bayamón.
Dicho documento, en lo
pertinente, relata lo siguiente:
“Se certifica que el confinado Benjamín
Pagán Medina, ingresó a la Institución 705 de
Bayamón el 27 de abril de 2008…
“A la fecha del 25 de agosto de 2008 el
confinado ingresó al Hospital Forense en Río
Piedras hasta el 22 de septiembre de 2008 según
se desprende en el expediente criminal para un
total de 27 días.
“Del 26 de abril al 25 de agosto de 2008 y
del 22 de septiembre de 2008 al 17 de diciembre
de 2008, el confinado lleva ingresado 207 días,
equivalente a 6 meses con 27 días de reclusión.”
(Énfasis suplido.)
7
CC-2009-74
Procurador
General
alegó
que
el
término
de
detención
preventiva no debe incluir el período desde que el tribunal
tiene una base razonable para creer que el acusado está
mentalmente
incapacitado
imputado
está
juicio,
puesto
imputado
de
finalmente
que
delito
hasta
que
capacitado
determina
que
el
a
para
ser
sometido
los
procedimientos
en
contra
quedan
interrumpidos
y
el
del
Ministerio
Público está impedido de continuar la acción penal.
Por lo
tanto, según el Procurador General, durante los 128 días
desde la paralización de los procedimientos cuando el señor
Pagán Medina presentó su moción al amparo de la Regla 240,
hasta que el tribunal determinó nuevamente que éste era
procesable, no estaba pendiente la celebración del juicio y
el imputado no estaba detenido preventivamente.
Así pues,
concluyó que “el término de detención preventiva no puede
transcurrir contra el Ministerio Público mientras éste se
encuentre legal y constitucionalmente vedado de proseguir
con el procesamiento criminal del acusado”.
El 16 de enero de 2009, el Tribunal de Apelaciones
denegó el auto de certiorari.
El foro apelativo acogió la
interpretación
General
del
Procurador
y
resolvió
que
al
computar el término de seis meses se excluyó correctamente
el período durante el cual se dilucidaba la solicitud de la
defensa al amparo de la Regla 240, es decir, aun antes que
se ordenara la reclusión, ya que desde que se presentó la
solicitud el Ministerio Público quedó vedado de proseguir
la acción criminal contra el acusado.
8
CC-2009-74
Oportunamente, el 26 de enero de 2009, el señor Pagán
Medina nos solicitó que revocáramos la resolución del foro
apelativo.
El
28
de
enero
de
2009
ordenamos
a
la
Procuradora General mostrar causa por la cual no debiéramos
hacerlo.
El 4 de febrero de 2009 la Procuradora General
compareció
e
presentado
ante
decisión
invocó
el
los
mismos
Tribunal
recurrida
y
la
de
fundamentos
que
Apelaciones,
determinación
del
había
avalando
la
tribunal
de
instancia. Tras la comparecencia de ambas partes, expedimos
el recurso de certiorari y procedemos a resolver.
II
La
Regla
239
de
Procedimiento
Criminal,
en
lo
pertinente, dispone que “[n]inguna persona será juzgada…
por un delito mientras esté mentalmente incapacitada”.
L.P.R.A. Ap. II.
34
Por tal razón, si el tribunal tuviera
base razonable para creer que el imputado de delito está
mentalmente
incapacitado,
deberá
suspender
inmediatamente
los procedimientos y señalar una vista para dilucidar su
capacidad de ser sometido a juicio.
240(a).
34 L.P.R.A. Ap. II, R.
Véase, Pueblo v. Castillo Torres, 107 D.P.R. 551,
555 (1978).
La
Regla
240
de
Procedimiento
Criminal,
supra,
le
concede al tribunal la discreción para determinar si hay
base razonable para poner en duda la capacidad mental del
acusado.
301
Véase, Pueblo v. Santiago Torres, 154 D.P.R. 291,
(2001).
Si
se
determinara
que
el
imputado
no
es
procesable, el tribunal deberá ordenar su traslado a una
9
CC-2009-74
institución adecuada para su tratamiento.
34 L.P.R.A. Ap.
II, R. 240(b); Pueblo v. Santiago Torres, supra, pág. 301;
Pueblo v. Rodríguez Galarza, supra, pág. 457.
El propósito de estas medidas procesales es “impedir
que
se
someta
a
juicio
a
un
reo
que
es
incapaz
de
comprender la naturaleza y propósito de los procedimientos
que contra él se siguen, y como consecuencia, de defenderse
adecuadamente”. Pueblo v. Cruz Román, 84 D.P.R. 451, 457458 (1962).3
De esta forma, consagran un principio mayor de
debido proceso de ley para asegurar un juicio justo, en la
medida
en
que
juicio
justo
“[l]a
e
eficaz
imparcial
garantía
exige
del
del
derecho
acusado
un
a
un
estado
específico de capacidad mental como criterio para medir la
capacidad procesal”.
Resumil, op. cit., pág. 101.4
Véase
3
En Camarero Maldonado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 552
(1973), nos expresamos sobre la capacidad mental necesaria
para
que
se
dicte
sentencia
contra
el
acusado.
Particularmente, expresamos que:
Lo determinante es si el acusado… es incapaz de
comprender la naturaleza y propósito de los
procedimientos y de participar en el acto, con
plena consciencia de su significado, y con
oportunidad de expresarse sobre las razones que a
su juicio impidan que se dicte sentencia. Íd.,
pág. 560.
Luego, recordando los postulados que garantizan un debido
proceso de ley al acusado, en Pueblo v. Santiago Torres,
154 D.P.R. 291 (2001), retomamos el tema de la no
procesabilidad del imputado de delito y resolvimos que sólo
procede el archivo permanente de la acusación después de
celebrar una vista formal a esos fines.
4
Por su parte, la profesora Helen Sivling señala que la
capacidad para ser sometido a un proceso “debe formularse
en términos de la ‘capacidad del imputado para dirigir su
defensa, de manera que
tenga sentido, en procedimientos
seguidos contra él’ y no en términos de ‘capacidad para
asistir en la defensa’ ”. (Citas omitidas.)
H. Silving,
10
CC-2009-74
también,
E.L
Chiesa
Aponte,
Derecho
procesal
penal
de
Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. III, Editorial Forum,
1993, pág. 349.
La Carta de Derechos de la Constitución del Estado
Libre
Asociado
establece
de
Puerto
unos
Rico,
derechos
procedimientos penales.
en
su
sección
primordiales
undécima,
para
los
Específicamente dispone que:
En todos los procesos criminales, el acusado
disfrutará del derecho a un juicio rápido y
público, a ser notificado de la naturaleza y
causa de la acusación recibiendo copia de la
misma, a carearse con los testigos, a obtener la
comparecencia compulsoria de testigos a su favor,
a tener asistencia de abogado, y a gozar de la
presunción de inocencia.
…
Todo acusado tendrá derecho a quedar en
libertad bajo fianza antes de mediar un fallo
condenatorio.
La detención preventiva antes del juicio no
excederá de seis meses. Las fianzas y las multas
no serán excesivas. (Énfasis suplido.)
Todos estos derechos están entrelazados y encuentran
su razón de ser en el principio constitucional básico de la
presunción de inocencia.
Pueblo v. Colón Rodríguez, 161
D.P.R. 254 (2004); Pueblo v. Martínez Hernández, 158 D.P.R.
388 (2003). En Pueblo v. Colón Rodríguez, al referirnos a
la
detención
explicamos
que
contrasentido
considera
preventiva
“[el]lo
mantener
inocente,
y
al
derecho
es
así
toda
encarcelada
cuya
a
de
la
fianza,
vez
que
una
persona
culpabilidad
sería
un
que
se
corresponde
al
Ministerio Público probar, y que eventualmente puede ser
Elementos constitutivos del delito, Editorial Universidad
de Puerto Rico, 1976, pág. 279.
11
CC-2009-74
exonerada”.
a
estos
Íd., págs. 259-260.
efectos,
el
Juez
Hace más de medio siglo y
Negrón
Fernández
expresó
lo
siguiente:
El derecho a la libertad provisional bajo fianza,
el derecho a que éstas no sean excesivas, y el
derecho a salir en libertad transcurridos seis
meses de encarcelación por defecto de fianza en
espera de juicio, son derechos correlativos,
dirigidos
todos
a
salvaguardar
el
superior
derecho—constante
también
como
garantía
constitucional—de la presunción de inocencia. …
Fue indudablemente inspirada en un propósito
de fundamental política pública que la Convención
Constituyente preceptuó que la prisión preventiva
antes del juicio no excedería de 6 meses.
La
Convención obviamente estimó que un período mayor
de detención en espera de juicio, en defecto de
fianza, constituía un gravamen sobre el ciudadano
que, presumiéndose inocente hasta el momento de
recaer convicción, era restringido por el Estado—
en el ejercicio de su poder de custodia—en el
disfrute de su libertad personal, con el solo
propósito de hacerle comparecer a juicio en su
día.
Consideró preferible rendir la custodia de
un acusado después de ese período, antes que
hacer vulnerable la integridad de su derecho a la
presunción de inocencia… Sánchez v. González, 78
D.P.R. 849, 856-857 (1955), Opinión del Juez
Asociado señor Negrón Fernández.
La presunción de inocencia es el pilar del sistema
penal puertorriqueño del cual surgen derechos corolarios,
como la garantía al acusado que no permanecerá detenido
preventivamente, en espera del juicio, en exceso de seis
meses y el derecho a la libertad bajo fianza.
Véase, O.E.
Resumil, Derecho procesal penal, Equity Publishing Company,
New
Hampshire,
1990,
pág.
149.
La
Regla
219
de
Procedimiento Criminal establece que en defecto de fianza,
el imputado permanecerá bajo la custodia del Estado como
garantía para su comparecencia al juicio y a otros eventos
12
CC-2009-74
procesales. 34 L.P.R.A. Ap. II.5
Véase, J.E. Fontanet, El
proceso penal de Puerto Rico, Editorial InterJuris, 2008,
pág. 256; I. Betancourt y Lebrón, Los derechos del acusado,
Graficart
Corporation,
cláusula
de
la
1975,
detención
pág.
214.
preventiva
No
obstante,
es
un
la
límite
constitucional al poder de custodia del Estado, pues el
imputado se presume inocente y no debe ser castigado en
anticipación
juzgado.
de
un
delito
por
el
cual
aún
no
ha
sido
Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561 (1990);
Opinión del Juez Negrón Fernández en Sánchez v. González,
supra, pág 854.
El
alcance
Resumil, op. cit., pág. 150.
del
derecho
constitucional
a
no
ser
encarcelado preventivamente en espera de juicio por más de
seis meses fue discutido en la Convención Constituyente.
En estos debates se manifiesta claramente que este derecho
está íntimamente relacionado al derecho constitucional a
juicio rápido y, por tanto, a los términos estatutarios de
enjuiciamiento rápido.
detenido
preventivamente por más de seis meses responde a
consideraciones
5
No obstante, el derecho a no ser
adicionales
de
política
pública,
Regla 219. Fianza; condiciones; requisitos.
(a) Antes de la convicción. Las condiciones impuestas
y la fianza prestada
en cualquier momento antes de la convicción garantizarán la
comparecencia del acusado ante el magistrado o el tribunal
correspondiente y su sumisión a todas las órdenes,
citaciones y procedimientos de los mismos, incluyendo el
pronunciamiento y la ejecución de la sentencia, así como la
comparecencia del acusado a la vista preliminar en los
casos apropiados, y que en su defecto los fiadores pagarán
al Estado Libre Asociado de Puerto Rico determinada
cantidad de dinero.
13
CC-2009-74
particularmente
evitar
el
abuso
de
poder,
las
cuales
aseguran una mejor administración de la justicia.6
En
Sánchez
v.
González,
supra,
ordenamos
la
excarcelación del acusado aun cuando el Ministerio Público
sostenía
que
el
peticionario
había
renunciado
a
ser
excarcelado al solicitar y obtener la suspensión del juicio
en dos ocasiones.
6
Tratándose de un dictamen emitido por
El Delegado Sr. Alvarado explica que:
Al redactarse esta medida, se tuvo en cuenta… la
legislación vigente.
La legislación vigente
concede al fiscal 60 días para radicar la
acusación. Y entonces dispone que el juicio debe
celebrarse dentro de 120 días después de radicada
la acusación. Y en total establece un término de
180 días desde que el acusado es detenido para
responder, hasta que se somete a juicio, 180
días, que son seis meses que hemos venido
consignando. Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente de Puerto Rico, Tomo 3, Lexis-Nexis
de Puerto Rico, Edición conmemorativa, 2003,
págs. 1594-1595.
A su vez, el Sr. Reyes Delgado aclaró que:
Ya la [Asamblea] Legislativa insular ha fijado
por ley términos que se consideran razonables
para que se actúe… Si dentro de esos seis meses
ahora no se le celebra juicio, el fiscal pide el
archivo y sobreseimiento y especialmente si se
trata de un felony, procede otra vez a arrestar
al individuo y a recluirlo preventivamente y
puede tenerlo otros seis meses en la cárcel sin
celebrarle juicio.
Y a eso es a lo que vamos
nosotros encaminando este precepto: que se usen
los seis meses de que la legislación local ha
tenido a bien proveer al ministerio público para
que se haga efectiva la maquinaria del pueblo en
la administración de la justicia penal. Íd.,
págs. 1595-1596.
El Informe de la Comisión de la Carta de Derechos indica
que lo que se propuso precisamente, fue evitar la práctica
señalada por el Delegado Reyes Delgado: “impedir que se
encarcele a una persona por más de seis meses sin que se le
celebre juicio.
Actualmente es posible lograr esto
mediante la radicación de acusaciones sucesivas, cada vez
que finalice el término de ciento veinte días que marca la
ley”. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de
Puerto Rico, Tomo 4, Lexis-Nexis de Puerto Rico, Edición
conmemorativa, 2003, pág. 2560.
14
CC-2009-74
sentencia, no hubo opinión del Tribunal.
Sin embargo, en
opinión de tres de los miembros del Tribunal, por voz del
Juez Asociado señor Negrón Fernández, se explicó que el
término máximo de la detención preventiva madura por el
mero pasar del tiempo y no se entiende renunciado por una
solicitud
de
posposición
del
caso.
Véase,
Betancourt
y
Lebrón, op. cit., pág. 235.
Recordando las discusiones
recogidas
sesiones
en
los
Constituyente,
el
diarios
Juez
de
Negrón
de
la
Fernández
Convención
explicó
la
preeminencia del derecho a la libertad personal:
El derecho de un acusado a una posposición—bien
se encuentre en libertad bajo fianza o bajo
custodia—no puede medirse en términos de renuncia
o de sacrificio del derecho a su libertad
personal, luego de seis meses de detención, ni
éste puede medirse en términos de renuncia o de
sacrificio del derecho a la posposición, si ésta
procede. La posposición requiere el ejercicio de
una discreción judicial, sobria, para proteger al
acusado en el disfrute de su derecho a un juicio
justo, y en sus oportunidades de defensa.
Se
concede por consideraciones que no afectan la
libertad o custodia del acusado, y su concesión—
que surte efectos de renuncia tan sólo en la
esfera del juicio rápido—no puede derrotar su
derecho a la libertad provisional sin fianza
después de seis meses, ni puede condicionarse a
que éste renuncie.
Ningún fundamento de buen
gobierno justificaría extender las consecuencias
de una renuncia del derecho a juicio rápido—en su
expresión legislativa—a un derecho que engendra,
por motivos superiores de política pública, una
garantía
inmediata
de
libertad.
(Énfasis
suplido.) Íd., págs. 857-858.
Más recientemente, en Ruiz v. Alcaide, 155 D.P.R. 492
(2001), resolvimos que no procedía la excarcelación de un
acusado que fue recluido en una institución psiquiátrica
bajo tratamiento luego que el tribunal determinara que no
estaba capacitado para el proceso.
Razonamos y resolvimos
15
CC-2009-74
que
el
acusado
no
estaba
detenido
preventivamente
pues,
durante su reclusión no estaba en contemplación del juicio
ni en espera de que se celebrara el proceso criminal en su
contra.
de
Dicha reclusión obedecía más bien a la necesidad
tratamiento.7
suspensión
del
En
caso
aquella
penal
a
ocasión
tenor
explicamos
con
la
Regla
que
la
240
de
Procedimiento Criminal protege el derecho del acusado a un
juicio
justo,
puesto
que
someterlo
a
un
procedimiento
criminal que podría culminar en la privación definitiva de
su libertad, cuando no tiene la capacidad mental necesaria
para
defenderse,
sería
una
violación
constitucional al debido proceso de ley.
a
un
derecho
Además, con ello
se “promueve la confianza de la ciudadanía en el sistema
judicial criminal, conservando su dignidad e integridad”.
Íd., págs. 501-502.
III
El 26 de abril de 2008, el peticionario fue arrestado
y al día siguiente ingresó a la institución penitenciaria
de Bayamón al no prestar la fianza impuesta.
bajo
la
custodia
del
Departamento
de
Permaneció
Corrección
en
detención preventiva hasta el 25 de agosto de 2008, cuando
fue trasladado al Hospital de Psiquiatría Forense, luego de
haberse
celebrado
haberse
determinado
sometido a juicio.
7
la
vista
que
no
a
tenor
estaba
con
la
Regla
capacitado
240
para
y
ser
Posteriormente, el 17 de septiembre, el
No obstante, según también señalamos, no se puede permitir
una reclusión de esta naturaleza ad infinitum.
Ruiz v.
Alcaide, 155 D.P.R. 492 (2001).
16
CC-2009-74
tribunal
determinó
condición
de
paralización
que
el
señor
ser
procesado,
y
señaló
Pagán
por
lo
Medina
estaba
en
cual
levantó
la
la
continuación
de
los
de
diciembre
2008,
el
corpus
y
procedimientos.
Por
su
parte,
peticionario
el
presentó
12
una
petición
solicitó ser excarcelado.
seis
meses
bajo
la
de
de
hábeas
Alegó que había estado más de
custodia
del
Estado
en
detención
preventiva y que su encarcelamiento era ilegal, pues se
había
excedido
Constitución.
el
límite
máximo
que
permite
nuestra
El Tribunal de Primera Instancia declaró sin
lugar su petición y el Tribunal de Apelaciones se negó a
expedir
el
recurso
de
para
certiorari
revisar
dicha
determinación. Por lo tanto, al día de hoy, el señor Pagán
Medina aún se encuentra detenido en espera de juicio.
Según
cual
el
Ministerio
estuvieron
Público,
paralizados
los
el
período
durante
procedimientos
no
el
debe
tomarse en cuenta en contra del Estado cuando éste ha sido
diligente en el encausamiento del caso. Específicamente, la
Procuradora General arguye que al computar los términos de
detención preventiva no se debe considerar el tiempo que
transcurre desde que se solicita una vista para dilucidar
la capacidad del imputado o acusado para ser sometido a
juicio
y,
por
consiguiente,
desde
que
se
paralizan
los
procedimientos por este motivo, hasta la fecha en que el
tribunal llega a una decisión sobre la capacidad mental de
la persona objeto del proceso penal.
No nos convencen
17
CC-2009-74
estos argumentos pues excluyen la consideración del factor
primordial en todo proceso penal: la libertad personal y su
principio concomitante, la presunción de inocencia.
El
derecho
constitucional
a
no
permanecer
detenido
preventivamente por más de seis meses no es solamente un
principio
valorado
por
nuestra
sociedad,
de
tan
alto
calibre que fue elevado a rango constitucional,(8) sino que,
además,
es
irrenunciable.
Sánchez
v.
González,
Véase, Betancourt y Lebrón, op. cit., pág. 235.
la
presentación
Procedimiento
de
una
Criminal
moción
no
puede
bajo
la
Por eso,
Regla
entenderse
supra.
240
como
de
una
renuncia al derecho a no permanecer en detención preventiva
en exceso de seis meses.
Los fundamentos de la opinión del Juez Asociado señor
Negrón Fernández en Sánchez v. González, supra, al negarse
a aceptar que la solicitud de posposición del juicio fuera
equivalente a una renuncia al término máximo de detención
preventiva, son igualmente aplicables a la situación que
ahora atendemos.
En Sánchez v. González se discutía el
efecto de una solicitud y autorización de posposición del
8
Véase, J.E. Fontantet, El proceso penal de Puerto Rico,
Editorial InterJuris, 2008, págs. 243-244:
“En Puerto Rico, el derecho a gozar de la presunción
de inocencia y el derecho de gozar de la libertad bajo
fianza antes de la convicción mediante la presentación de
una fianza razonable en las circunstancias del caso figuran
entre los pilares sobre los cuales se asienta nuestro
sistema democrático de vida, y los intentos por socavarlos
no han tenido éxito. De hecho, el 6 de noviembre de 1994,
el Pueblo de puerto Rico, mediante referéndum rechazó la
enmienda a la Carta de Derechos de la Constitución del
E.L.A. que se le sometiera para eliminar el derecho
absoluto a la fianza antes de la convicción.”
18
CC-2009-74
juicio sobre los límites constitucionales a la detención
preventiva, mientras que en el caso que nos ocupa se trata
de la solicitud y determinación de incapacidad del imputado
para ser sometido a juicio.
“el
ejercicio
proteger
al
de
una
acusado
Ambas situaciones requieren
discreción
en
el
judicial
disfrute
de
su
sobria,
para
derecho
a
juicio justo, y en sus oportunidades de defensa”.
un
Sánchez
v. González, supra, pág. 857.
No podemos obviar que el peticionario permaneció bajo
la
custodia
del
Estado,
en
espera
de
ser
procesado
criminalmente, después que se presentó su moción bajo la
Regla
240
hasta
procesable.
los
que
el
tribunal
determinó
que
no
era
El que la presentación de la moción paralizó
procedimientos,
de
manera
que
el
Ministerio
Público
estuvo impedido de procesar al señor Pagán Medina desde ese
momento
no
cambia
esta
realidad.
Hemos
visto
que
la
prohibición de enjuiciar a una persona que no reúna los
criterios de capacidad para defenderse adecuadamente está
íntimamente
relacionada
a
su
derecho
constitucional
al
debido proceso de ley.
Por eso, no podemos sostener la
posición
Público
del
Ministerio
en
cuanto
al
punto
de
partida del período excluido del cómputo de los seis meses
de detención preventiva, pues pondría al imputado en la
situación
de
tener
que
escoger
entre
salvaguardar
su
derecho constitucional y estatutario a un debido proceso de
ley y su libertad personal.
Cualquier alternativa implica
una renuncia inválida a sus derechos constitucionales.
19
CC-2009-74
En el cumplimiento de su deber de proteger el derecho
al debido proceso de ley de los imputados de delito, el
tribunal tiene la facultad de asegurarse de que se está
procesando a una persona que comprende la naturaleza del
procedimiento dirigido en su contra, de manera que pueda
también dirigir su defensa.
Además, el que el acusado sea
procesable es un requisito de debido proceso de ley, que no
solamente
protege
al
mismo
acusado,
sino
que
es
una
garantía para la sociedad de la integridad de los procesos.
Ruiz v. Alcaide, supra, pág. 502.
En
Ruiz
v.
Alcaide,
supra,
resolvimos
detenida preventivamente una persona que está
que
no
está
recluida en
una institución adecuada, recibiendo tratamiento por orden
judicial, luego de determinarse que no está capacitada para
ser sometida a juicio.
Es congruente resolver ahora que al
computar el término máximo de detención preventiva, debe
excluirse, solamente, el tiempo en que el peticionario está
efectivamente recluido en una institución adecuada para su
tratamiento,
por
orden
del
tribunal.
Ello
es
así,
precisamente, porque es durante ese término que no está
sujeto a ser procesado y por tanto, la privación de su
libertad responde a otras razones y no está bajo detención
preventiva.
Por tanto, al computar los seis meses de detención
preventiva en este caso, no se debieron contar los días
durante
los
cuales
el
peticionario
estuvo
recluido
bajo
tratamiento, es decir, entre el 25 de agosto de 2008 y el
20
CC-2009-74
17
de
septiembre
de
2008,
procesable nuevamente.(9)
cuando
se
determinó
que
era
La fecha a partir de la cual se
interrumpió dicho cómputo es el día en que se traspasó la
custodia del peticionario del Departamento de Corrección al
Hospital de Psiquiatría. Decidir lo contrario dejaría al
arbitrio del Estado retener al acusado bajo su custodia
después
de
la
orden
de
reclusión,
perjuicio
de
su
libertad.
determinó
que
el
señor
de
agosto
dictada
el
reclusión
20
para
La
Pagán
de
tratamiento,
sin
resolución
Medina
2008,
por
trasladarlo,
no
no
lo
judicial
era
en
que
procesable,
dio
inicio
cual
tampoco
a
la
dio
comienzo al período que debe excluirse del cómputo de la
detención preventiva.
En fin, al calcular los días desde el 26 de abril
hasta el 25 de agosto de 2008, y sumarle los transcurridos
desde el 17 de septiembre hasta el 12 de diciembre de 2008,
encontramos que pasaron más de seis meses desde que el
peticionario fue detenido preventivamente. Procedía expedir
el auto de hábeas corpus.
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
revocamos
la
resolución del Tribunal de Apelaciones que, al no expedir
el certiorari, sostuvo la negativa del Tribunal de Primera
Instancia a expedir el auto de hábeas corpus. Ordenamos la
excarcelación inmediata del señor Pagán Medina y devolvemos
9
Al determinarse nuevamente procesable el 17 de septiembre
de 2008, podemos concluir que desde luego cesó el
tratamiento del peticionario.
21
CC-2009-74
el
caso
al
Tribunal
de
Primera
Instancia
para
continuación de los procedimientos.
Se dictará sentencia de conformidad.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
la
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
CC-2009-74
Benjamín Pagán Medina
Peticionario
Sala Especial compuesta por el Juez Presidente señor Hernández
Denton, el Juez Asociado señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada
señora Fiol Matta
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 2009.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, se revoca la resolución del Tribunal de
Apelaciones que, al no expedir el certiorari, sostuvo la
negativa del Tribunal de Primera Instancia a expedir el
auto de hábeas corpus. Se ordena la excarcelación
inmediata del señor Pagán Medina y se devuelve el caso
al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de
los procedimientos.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. El Juez Presidente
señor Hernández Denton hace constar que por las razones
expuestas en su opinión disidente en Ruiz Ramos v.
Alcaide está conforme en este caso. El Juez Asociado
señor Rivera Pérez disiente sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo