LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re. Hilton J. García Aguirre

2009 TSPR 21

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re. Hilton J. García Aguirre

CP-2006-0026

Conducta Profesional –Se ordena el archivo de la querella (estándar de prueba de los procedimientos disciplinarios).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2009 TSPR 21

Hilton J. García Aguirre

175 DPR _____

Número del Caso: CP-2006-26

Fecha: 2 de febrero de 2009

Oficina del Procurador General:

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Abogada de la Parte Querellada:

Lcda. Oxalis B. García Rodríguez

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Hilton J. García Aguirre

CP-2006-26

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2009.

Nos

corresponde

evaluar

la

procedencia

de

ciertas alegaciones de conducta impropia en contra

de

un

abogado

por

supuestas

violaciones

a

los

Cánones de Ética Profesional al momento de cobrar

sus honorarios.

Tras analizar detenidamente el

asunto, concluimos que la evidencia presentada no

cumple con el estándar de prueba clara, robusta y

convincente

requerido

en

los

procedimientos

disciplinarios contra abogados para demostrar que

en

efecto

imputadas.

se

cometieron

las

infracciones

Por lo tanto, ordenamos el archivo de

la querella ante nuestra consideración.

CP-2006-26

2

I.

El Lcdo. Hilton García Aguirre fue admitido a la práctica

de la abogacía y de la notaría en 1985.

representación

legal

del

Sr.

Sigfrido

En 1993 asumió la

Rivera

Solá

en

un

pleito instado por éste en contra del Sr. Prudencio Caldas

Lorenzo.

Acordaron que sus honorarios serían el 33% de la

cantidad

total

que

se

recobrara.

El

señor

Rivera

Solá

prevaleció en su reclamación y el tribunal le ordenó al señor

Caldas Lorenzo pagarle $30,739.50.

Posteriormente, el señor

Rivera Solá llevó a cabo los procedimientos correspondientes

para asegurar la ejecución de su sentencia.

Luego de una

subasta, le fue adjudicada una propiedad del señor Caldas

Lorenzo por el valor del total de la sentencia.

Así las

cosas, el 17 de febrero de 1998 se otorgó una escritura de

venta

judicial

Solá.1

adjudicándole

la

propiedad

al

señor

Rivera

Ese mismo día, éste y el licenciado García Aguirre

llegaron a un acuerdo sobre el pago de los honorarios de

abogado.

A

tales

efectos,

compraventa

en

la

que

el

una

tercera

participación

de

otorgaron

señor

Rivera

parte

de

una

escritura

de

Solá

traspasó

una

la

propiedad

al

licenciado García Aguirre por la cantidad de $10,246.2

En junio de 1999, el señor Rivera Solá presentó una queja

jurada

contra

el

licenciado

García

Aguirre

por

supuestas

actuaciones impropias en otro caso de cobro de dinero en el

que

éste

representó

al

quejoso,

quien

figuraba

como

1

de

1998,

2

de

1998,

Escritura Número 5 del 17 de febrero

autorizada por el notario José M. Cruz Ellis.

Escritura Número 6 del 17 de febrero

autorizada por el notario José M. Cruz Ellis.

CP-2006-26

3

demandado.

escritura

Dicho

de

caso

se

compraventa

presentó

de

luego

febrero

de

de

1998

otorgada

y

no

la

estaba

relacionado con el caso anterior en contra del señor Caldas

Lorenzo. En la referida queja, el señor Rivera Solá adujo que

el licenciado García Aguirre nunca contestó la demanda, por

lo que se le anotó rebeldía.

No obstante, de los documentos

que acompañan la queja se desprende que alrededor de un mes

luego de anotada la rebeldía, el señor Rivera Solá satisfizo

extrajudicialmente la deuda objeto del pleito, por lo que la

otra parte solicitó el archivo con perjuicio de la demanda, y

así lo concedió el tribunal.

Por su parte, el licenciado

García Aguirre expuso que no había contestado la demanda por

entender que se trataba de una deuda vencida y garantizada

por la cual su cliente tenía que responder.

señor

Rivera

Solá

había

pagado

la

deuda,

De hecho, el

por

lo

que

el

litigio había terminado.

En su informe inicial referente a la queja, el Procurador

General expuso que, a pesar de entender que el licenciado

García Aguirre debió renunciar a la representación legal si

no

estaba

de

contestación

acuerdo

de

la

con

su

demanda,

cliente

éste

no

en

cuanto

a

había

sufrido

la

daño

alguno, por lo que recomendó el archivo de la queja según los

hechos

alegados

en

ésta.

Sin

embargo,

expresó

cierta

preocupación ante el hecho de que el señor Rivera Solá había

enviado una carta a su oficina en septiembre de 1999 en la

que informó que había presentado una demanda en contra del

licenciado

Los

hechos

García

Aguirre

alegados

en

por

incumplimiento

la

demanda

se

de

contrato.

remontaban

al

CP-2006-26

4

otorgamiento de la escritura de compraventa suscrita en 1998

para satisfacer los honorarios del licenciado García Aguirre.

A la luz de dicha demanda, el Procurador General recomendó

paralizar el trámite disciplinario hasta tanto se resolviera

el pleito judicial, y así lo ordenamos.

Luego de varios años de litigio, en el 2004 el Tribunal de

Primera Instancia, Sala de San Sebastián, dictó sentencia y

determinó que la intención del señor Rivera Solá al suscribir

la

escritura

de

compraventa

no

participación

de

una

parte

tercera

había

sido

vender

una

la

finca,

sino

de

garantizar el pago de honorarios de abogado. Según entendió

el tribunal, al ser la supuesta compraventa realmente una

garantía de pago, luego que el señor Rivera Solá pagara los

honorarios de abogado la participación que había traspasado

al licenciado García Aguirre revertiría a él.

Por lo tanto,

ordenó al señor Rivera Solá a pagar la cantidad de $10,144.033

más intereses a contarse desde el 17 de febrero de 1998 por

concepto de honorarios de abogado.

Hizo constar, además, que

tan pronto se acreditara dicho pago, emitiría una resolución

para

ordenar

al

Registrador

de

la

Propiedad

eliminar

la

participación del licenciado García Aguirre de los asientos

correspondientes al inmueble en controversia.

3

Según mencionamos anteriormente, los honorarios que

las partes habían pactado en el pleito contra el señor Caldas

Lorenzo eran 33% de la cantidad que se recobrara mediante

sentencia. Existe una discrepancia en las cantidades, ya que

la escritura de compraventa contiene la cantidad de $10,246

(equivalente a una tercera parte de $30,739).

La cantidad

correcta es la indicada por el tribunal de instancia en su

sentencia ($10,144.03, que corresponde al 33% de $30,739.50).

CP-2006-26

5

A base de dicha sentencia, el Procurador General presentó

una querella contra el licenciado García Aguirre en la que se

le imputaron cinco cargos de violaciones a los Cánones 18,

21, 23, 35 y 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

En

esencia, dichos cargos se basan en que éste supuestamente

promovió un negocio jurídico para su beneficio en detrimento

de los intereses y la voluntad de su cliente; adquirió un

interés en la propiedad adjudicada a favor de su cliente en

el litigio civil en el que el querellado lo representó; y

realizó un negocio jurídico distinto al acordado, faltando

así

a

los

deberes

de

lealtad

y

honradez

que

exige

su

profesión.

Luego de los trámites procesales de rigor, designamos a la

Hon. Eliadis Orsini Zayas, ex Jueza del Tribunal de Primera

Instancia,

como

procedimiento

de

Comisionada

Especial

para

autos.

celebrar

la

Tras

atender

el

correspondiente

vista evidenciaria, la Comisionada Especial rindió su informe

y

determinó

clara,

que

robusta

no

y

se

había

convincente,

demostrado,

que

el

mediante

prueba

licenciado

García

Aguirre hubiese incurrido en conducta impropia relacionada al

negocio

jurídico

efectuado

con

el

cobrar sus honorarios de abogado.

señor

Rivera

Solá

para

Por ello, recomendó el

archivo de la querella y la desestimación de los cargos.

Sometido el informe ante nuestra consideración, procedemos a

resolver.4

4

En cuanto a las imputaciones originales de la queja

presentada por el señor Rivera Solá relacionada con la

demanda de cobro de dinero, éstas quedaron archivadas y no

CP-2006-26

6

II.

El Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, recoge

las normas mínimas de conducta que rigen a los miembros de la

profesión legal y promueven un comportamiento ejemplar por

parte

de

los

importante

abogados

labor.

In

en

re

el

desempeño

Matos

de

González,

su

delicada

149

D.P.R.

e

817

(1999); In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998).

A

estos

efectos,

el

criterio

general

de

la

Parte

III

(“Deberes del abogado para con sus clientes”) de dicho Código

expone que los abogados le deben a sus clientes un trato

profesional caracterizado por la capacidad, la lealtad y la

honradez.

4 L.P.R.A. Ap. IX, Parte III.

Véase, además, In

re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199 (2005).

Ello se debe a

que la relación entre un abogado y su cliente se fundamenta

en la confianza absoluta que debe existir entre ambos. Robles

Sanabria, Ex Parte, 133 D.P.R. 739 (1993).

A base de esa confianza absoluta y del deber de lealtad y

honradez, el Canon 21 de Ética Profesional dispone, en lo

pertinente, que los abogados deben evitar asumir o continuar

una representación legal cuando su juicio profesional pueda

verse afectado por sus intereses personales. 4 L.P.R.A. Ap.

IX, C. 21.

El deber de lealtad que impone dicho precepto

requiere

los

que

abogados

ejerzan

un

criterio

profesional

independiente y desligado de sus intereses personales.

In re

Rivera Vicente, res. el 30 de octubre de 2007, 2007 T.S.P.R.

189.

Es por esto que los abogados deben evitar situaciones

_________________________________

formaron parte de la querella presentada

procedimientos ante la Comisionada Especial.

ni

de

los

CP-2006-26

7

en las que la lealtad completa que deben a sus clientes y a

la defensa de sus intereses pudiera resultar incompatible con

algún interés propio. In re Sepúlveda Girón, 155 D.P.R. 345

(2001); In re Toro Cubergé, 140 D.P.R. 523, 530 (1996).

Por otro lado, el Canon 23 de Ética Profesional prohíbe

que los abogados adquieran interés o participación alguna en

el bien involucrado en el litigio que se le haya encomendado.

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 23.

No obstante, el carácter litigioso

del bien tiene que coincidir en tiempo con la intervención

del abogado en el pleito relacionado con dicho bien. Una vez

concluido el litigio, el Canon 23 no impide que, en pago de

los honorarios, el abogado adquiera una participación en el

bien del cliente. In re Rosado Nieves, 159 D.P.R. 746 (2003);

In re Castro Mesa, 131 D.P.R. 1037 (1992).

Por su parte, el Canon 35 de Ética Profesional le impone a

los abogados un deber general de ser sinceros y honrados para

con sus representados y sus compañeros abogados, así como

para con los tribunales. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35. Véase,

además, In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998); In re

Franco Rivera, Masini Soler, 134 D.P.R. 823 (1993).

Hemos

expresado que “[m]ás que un ideal irrealizable, la verdad es

atributo inseparable del ser abogado y, sin la misma, no

podría la profesión jurídica justificar su existencia”. In re

Martínez, Odell II, 148 D.P.R. 636, 642 (1999).

Asimismo, el Canon 38 de Ética Profesional le exige a todo

abogado conducirse en forma que exalte la dignidad y el honor

de

su

profesión,

no

sólo

en

el

desempeño

de

ésta,

sino

también en el ámbito de su vida privada. 4 L.P.R.A. Ap. IX,

CP-2006-26

C. 38.

8

Según el propio canon, ello responde a la confianza

depositada en el abogado como miembro de la ilustre profesión

legal.

In re Sepúlveda, Casiano, 155 D.P.R. 193 (2001).

Reiteradamente, al interpretar el referido precepto, hemos

expresado que cada abogado es un espejo en el cual se refleja

la imagen de la profesión, por lo que debe actuar, tanto en

su vida profesional como en su vida privada, con limpieza,

lealtad y el más escrupuloso sentido de responsabilidad. In

re Currás Ortiz, res. el 31 de julio de 2008, 2008 T.S.P.R.

147; In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313 (1974).

Por

otra

parte,

es

norma

establecida

que

el

criterio

probatorio a utilizarse en procedimientos disciplinarios es

aquel de prueba clara, robusta y convincente, no afectada por

reglas de exclusión ni a base de conjeturas.

Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001).

In re Caratini

Dicho criterio requiere una

carga probatoria más fuerte que la mera preponderancia de la

prueba,

toda

vez

que

en

estos

procesos

está

en

juego

el

título de un abogado y, por ende, su derecho fundamental a

ganarse

su

sustento.

Id.

Aunque

el

referido

estándar

de

prueba no es susceptible de una definición precisa, la prueba

clara, robusta y convincente ha sido descrita como aquella

evidencia que produce en un juzgador de hechos una convicción

duradera

de

probables.

que

las

contenciones

fácticas

son

altamente

In re Ruiz Rivera, res. el 28 de junio de 2006,

2006 T.S.P.R. 106; In re Rodriguez Mercado, 165 D.P.R. 630

(2005).

Los

Tribunal

procedimientos

son

disciplinarios

independientes

de

las

instados

ante

este

acciones

civiles

o

CP-2006-26

9

criminales que

puedan surgir de los mismos hechos.

In re de

la Texera Barnés, 165 D.P.R. 526 (2005); In re Deynes Soto,

164 D.P.R. 327 (2005). Ello responde al hecho de que se trata

de procedimientos que persiguen objetivos distintos, pues el

fin

del

procedimiento

disciplinario

no

es

castigar

al

abogado, sino proteger al público y a la profesión legal

mediante una investigación de sus condiciones morales para

determinar si puede continuar ejerciendo la abogacía.

In re

Olivera Mariani, res. el 3 de abril de 2008, 2008 T.S.P.R.

58; In re Liceaga, 82 D.P.R. 252 (1961).

Por último, según dispone la Regla 14 del Reglamento del

Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, le corresponde al

Comisionado

Especial

recibir

prueba.

la

designado

Al

celebrar

desempeñar

una

una

vista

función

para

similar

al

juzgador de instancia, el Comisionado Especial está en mejor

posición

para

aquilatar

la

prueba

testifical

y

adjudicar

credibilidad, por lo que sus determinaciones fácticas merecen

nuestra mayor deferencia. In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012

(1994).

a

Por lo tanto, aunque este Tribunal no está obligado

aceptar

el

procedimiento

adoptar,

informe

de

disciplinario

modificar

o

un

Comisionado

contra

rechazar

un

tal

Especial

abogado,

informe,

de

y

en

un

podemos

ordinario

sostendremos las determinaciones de hecho de un Comisionado

Especial

salvo

que

se

demuestre

prejuicio,

parcialidad

o

error manifiesto. In re Pagán Pagán, res. 8 de agosto de

2007, 2007 T.S.P.R. 151; In re Morell, Alcover, 158 D.P.R.

791 (2003); In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994).

Con

CP-2006-26

estos

10

preceptos

en

mente,

atendamos

la

controversia

ante

nuestra consideración.

III.

En primer lugar, debemos aclarar que el Canon 23 de Ética

Profesional

no

es

aplicable

querellado

de

querella,

así

como

de

la

sentencia

original

del

señor

Rivera

Solá

epígrafe.

a

De

los

los

hechos

hechos

alegados

emitida

contra

imputados

el

en

en

al

la

el

pleito

señor

Caldas

Lorenzo, surge que el licenciado García Aguirre no adquirió

interés en un bien objeto de dicho litigio.

adquirida

por

el

señor

Rivera

Solá

no

fue

La propiedad

el

objeto

del

pleito, sino el medio de lograr la ejecución de la sentencia.

Luego de recaer sentencia a su favor, y ante la imposibilidad

de

pago

del

allí

demandado,

se

llevaron

a

cabo

los

procedimientos correspondientes para subastar la propiedad y

satisfacer

la

acreencia

del

señor

Rivera

Solá,

adjudicándosele finalmente la propiedad mediante escritura de

venta judicial.

Concluido todo ese proceso, el señor Rivera

Solá y el licenciado García Aguirre acordaron el pago de los

honorarios con una participación en la propiedad adjudicada

al señor Rivera Solá.

Por lo tanto, el licenciado García

Aguirre no adquirió interés en un bien en litigio según lo

prohíbe el Canon 23, supra.

Aclarado

lo

anterior,

nos

resta

determinar

si

el

licenciado García Aguirre incurrió en conducta contraria a

los Cánones 18, 21, 35 y 38 de Ética Profesional, supra, los

cuales giran en torno a los deberes generales de los abogados

de ser leales, sinceros y honestos con sus clientes y evitar

CP-2006-26

11

el beneficio propio a costa de los intereses de éstos.

Al

examinar el informe de la Comisionada Especial, así como los

autos

del

caso

Instancia,

ventilado

concluimos

ante

el

la

evidencia

que

Tribunal

de

Primera

presentada

no

demuestra las supuestas violaciones a los Cánones de Ética

Profesional, supra, imputadas al querellado.

Veamos.

La sentencia emitida por el tribunal de instancia en el

caso instado por el señor Rivera Solá contra el licenciado

García

Aguirre

fue

dictada

en

un

pleito

civil,

donde

el

estándar probatorio es la preponderancia de la prueba.

Como

hemos

menos

señalado

anteriormente,

dicho

estándar

es

exigente que la prueba clara, robusta y convincente que se

requiere en procedimientos disciplinarios como el de autos.

In re Caratini Alvarado, supra; In re Ruiz Rivera, supra; In

re Rodríguez Mercado, supra.

En el referido pleito, el foro

de

cierta

instancia

intención

de

compraventa

y

evidencia.

tuvo

ante

las

partes

llegó

Sin

a

sí

sus

embargo,

al

prueba

referente

a

la

escritura

de

suscribir

la

conclusiones

a

en

momento

ningún

base

de

en

dicha

sus

determinaciones de hecho y conclusiones de Derecho estableció

que la escritura fuese nula, ni que el querellado hubiese

incurrido en conducta impropia para lograr la firma del señor

Rivera Solá.

Tampoco refirió al licenciado García Aguirre a

la

de

atención

este

violaciones éticas.

Tribunal

para

investigar

posibles

La sentencia se limitó a reconocer una

deuda válida de honorarios de abogado a favor del querellado

y a determinar que la intención del señor Rivera Solá al

suscribir la escritura de compraventa había sido garantizar

CP-2006-26

12

los honorarios que le adeudaba al licenciado García Aguirre,

no ceder el dominio permanentemente.

El foro de instancia expresó también que el consentimiento

del señor Rivera Solá había estado viciado ya que, al no ser

abogado, no entendió el alcance del negocio jurídico y pensó

que

tan

propiedad

pronto

de

pagara

esa

los

honorarios

participación.

le

No

revertiría

dispuso

que

la

dicho

malentendido fuese causado por engaños o maquinaciones del

licenciado García Aguirre.

señor

Rivera

Solá

Incluso, el tribunal ordenó al

satisfacer

la

deuda

de

honorarios

de

abogado más los intereses acumulados desde febrero de 1998 e

indicó

que,

tribunal

luego

de

expediría

un

acreditarse

mandamiento

que

al

así

se

hiciera,

Registrador

de

el

la

Propiedad para que eliminara la participación del querellado

de los asientos correspondientes.5

Por ende, el efecto de

dicha sentencia se limitó a establecer que, a base de la

prueba presentada y analizada bajo un criterio menos riguroso

que el que aplica en el procedimiento de autos, el tribunal

de instancia concluyó que la intención del señor Rivera Solá

al suscribir la escritura de compraventa era garantizar los

5

Cabe señalar que la sentencia fue emitida por el

Tribunal de Primera Instancia en el año 2004. Al momento de

celebrar la vista en su fondo en el procedimiento de

epígrafe, en el año 2008, el señor Rivera Solá no había

realizado pago alguno a favor del licenciado García Aguirre,

por lo que éste retenía al momento su participación en el

inmueble. El querellado tampoco había requerido el pago de

las cantidades adeudadas. Es decir, aun cuando el objetivo

del señor Rivera Solá a través de la presentación de la

demanda era presuntamente recuperar la participación del

licenciado García Aguirre, y estando enteramente en su poder

hacerlo mediante el pago de la cantidad dispuesta en la

sentencia, no había hecho las gestiones para recuperar su

propiedad.

CP-2006-26

honorarios

13

adeudados,

no

vender

una

tercera

parte

de

la

propiedad al licenciado García Aguirre.

Por otro lado, en las vistas evidenciarias celebradas ante

la Comisionada Especial designada, el Procurador General no

presentó prueba testifical ni documental alguna más allá del

expediente del caso ante el foro de instancia, del cual la

Comisionada

Especial

tomó

conocimiento

judicial.

Por

su

parte, el licenciado García Aguirre presentó varios testigos.

El

primer

querellado

testigo

citado

y

fue

propio

señor

el

llamado

a

Rivera

declarar

Solá,

por

el

quien

no

compareció a las vistas celebradas, por lo que el querellado

no tuvo la oportunidad de confrontarlo durante el proceso.

Dada

su

incomparecencia

injustificada,6

la

Comisionada

Especial determinó que, de haber comparecido su testimonio le

hubiese resultado adverso a los efectos de que el negocio

jurídico realizado entre él y el licenciado García Aguirre

había sido válido y voluntario, y éste no lo había engañado

ni actuado impropiamente.

Así, pues, el próximo testigo fue el Lcdo. José Manuel

Cruz Ellis, quien fue el notario que autorizó las escrituras

de venta judicial y compraventa el 17 de febrero de 1998.

Éste

testificó

liberalidad

6

de

sobre

las

el

partes

conocimiento,

al

otorgar

consentimiento

y

la

de

escritura

Los abogados del señor Rivera Solá enviaron, casi una

semana después de concluidas las vistas, una carta a la

Comisionada

Especial

solicitando

que

se

excusara

la

incomparecencia de éste, debido a una alegada condición

médica. No obstante, la Comisionada Especial determinó que,

en

vista

de

las

circunstancias

que

rodearon

la

incomparecencia del señor Rivera Solá, y dado que el caso

había quedado sometido varios días antes, dicha comunicación

resultaba ineficaz.

CP-2006-26

compraventa.

14

Luego se presentó el testimonio del Lcdo. Ángel

Roberto Cardona Ubiñas, quien fue el abogado del licenciado

García

Aguirre

en

el

pleito

llevado

en

su

contra

en

el

tribunal de instancia, y declaró sobre la buena reputación

profesional del querellado.

También se interrogó al Sr. José

Hernández Valentín, quien declaró sobre la buena reputación

del querellado en la comunidad en que reside, así como la

mala reputación del señor Rivera Solá, a quien supuestamente

se

le

considera

una

persona

deshonesta.

Por

último,

el

propio licenciado García Aguirre declaró sobre su versión de

los hechos y sobre la validez del negocio jurídico celebrado.

Lo cierto es que el señor Rivera Solá presentó la queja

contra el licenciado García Aguirre en junio de 1999 y luego

envió una carta en septiembre del mismo año a la Oficina del

Procurador General.7

Cabe señalar que dicha carta, en la que

por primera vez se hace referencia a los hechos que dieron

lugar al inicio de la presente acción disciplinaria, no fue

jurada por el señor Rivera Solá.

Después de esa carta de

septiembre de 1999, el señor Rivera Solá no tuvo ningún otro

contacto con la Oficina del Procurador General.

Nunca se le

entrevistó ni se le tomó una declaración jurada sobre los

hechos que dieron base a su queja, ni se realizó gestión

investigativa alguna más allá de adoptar lo resuelto en el

caso

civil

7

que

instó

el

señor

Rivera

Solá

contra

el

Nos llama la atención el hecho de que en la queja

presentada en junio de 1999, que no se relaciona con los

hechos que originaron el procedimiento de autos, no se

menciona absolutamente nada sobre los hechos en que se basa

la demanda presentada por el señor Rivera Solá unas escasas

dos semanas más tarde.

CP-2006-26

15

querellado.

Tampoco fue citado por el Procurador General

para ofrecer su testimonio en la vista evidenciaria celebrada

en el procedimiento de epígrafe.

La citación se expidió a

instancias del querellado, quien en todo momento expresó su

intención de interrogarlo en la vista.

Como es sabido, en los procedimientos disciplinarios el

querellado

tiene

derecho

a

la

celebración

de

una

vista

evidenciaria, a confrontar y contrainterrogar los testigos en

su contra, a examinar la prueba documental y material y a

presentar evidencia testifical, documental y material a su

favor.

Regla 14 (h), (i) y (j) del Reglamento del Tribunal

Supremo, supra.

En los procedimientos celebrados en el caso

de epígrafe, el licenciado García Aguirre solicitó ejercer su

derecho a confrontar y contrainterrogar al señor Rivera Solá,

quien instó la presente acción disciplinaria en su contra.

Sin embargo, éste no demostró interés alguno en el proceso,

ni compareció a ofrecer su testimonio.

Por su parte, el

Procurador

en

General

descansó

enteramente

la

sentencia

emitida por el Tribunal de Primera Instancia en el caso civil

anterior,

no

tomó

declaraciones

juradas

ni

realizó

entrevistas. Tampoco presentó prueba alguna de las supuestas

violaciones cometidas por el querellado.

Ante la ausencia de prueba en el presente procedimiento

disciplinario, y en consideración de la prueba ofrecida por

el licenciado García Aguirre en la vista y la que obra en el

expediente, concluimos que no existe prueba clara, robusta y

convincente

de

que

el

licenciado

García

Aguirre

hubiese

faltado a los deberes de lealtad, sinceridad y honradez según

CP-2006-26

16

disponen los Cánones de Ética Profesional, supra.

Tampoco

quedó demostrado que las actuaciones del licenciado García

Aguirre

atentaran

contra

profesión que ejerce.

el

honor

y

la

dignidad

de

la

Por consiguiente, ordenamos el archivo

de la querella ante nuestra consideración.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Hilton J. García Aguirre

CP-2006-26

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2009.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte de la presente Sentencia, y ante la ausencia

de

prueba

en

el

presente

procedimiento

disciplinario, y en consideración de la prueba

ofrecida por el licenciado García Aguirre en la

vista y la que obra en el expediente, se concluye

que no existe prueba clara, robusta y convincente

de que el licenciado García Aguirre hubiese

faltado a los deberes de lealtad, sinceridad y

honradez según disponen los Cánones de Ética

Profesional, supra. Tampoco quedó demostrado que

las actuaciones del licenciado García Aguirre

atentaran contra el honor y la dignidad de la

profesión que ejerce. Por consiguiente, se ordena

el

archivo

de

la

querella

ante

nuestra

consideración.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente sin

opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo