Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re. Hilton J. García Aguirre
2009 TSPR 21
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re. Hilton J. García Aguirre
CP-2006-0026
Conducta Profesional –Se ordena el archivo de la querella (estándar de prueba de los procedimientos disciplinarios).
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2009 TSPR 21
Hilton J. García Aguirre
175 DPR _____
Número del Caso: CP-2006-26
Fecha: 2 de febrero de 2009
Oficina del Procurador General:
Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Abogada de la Parte Querellada:
Lcda. Oxalis B. García Rodríguez
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Hilton J. García Aguirre
CP-2006-26
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2009.
Nos
corresponde
evaluar
la
procedencia
de
ciertas alegaciones de conducta impropia en contra
de
un
abogado
por
supuestas
violaciones
a
los
Cánones de Ética Profesional al momento de cobrar
sus honorarios.
Tras analizar detenidamente el
asunto, concluimos que la evidencia presentada no
cumple con el estándar de prueba clara, robusta y
convincente
requerido
en
los
procedimientos
disciplinarios contra abogados para demostrar que
en
efecto
imputadas.
se
cometieron
las
infracciones
Por lo tanto, ordenamos el archivo de
la querella ante nuestra consideración.
CP-2006-26
2
I.
El Lcdo. Hilton García Aguirre fue admitido a la práctica
de la abogacía y de la notaría en 1985.
representación
legal
del
Sr.
Sigfrido
En 1993 asumió la
Rivera
Solá
en
un
pleito instado por éste en contra del Sr. Prudencio Caldas
Lorenzo.
Acordaron que sus honorarios serían el 33% de la
cantidad
total
que
se
recobrara.
El
señor
Rivera
Solá
prevaleció en su reclamación y el tribunal le ordenó al señor
Caldas Lorenzo pagarle $30,739.50.
Posteriormente, el señor
Rivera Solá llevó a cabo los procedimientos correspondientes
para asegurar la ejecución de su sentencia.
Luego de una
subasta, le fue adjudicada una propiedad del señor Caldas
Lorenzo por el valor del total de la sentencia.
Así las
cosas, el 17 de febrero de 1998 se otorgó una escritura de
venta
judicial
Solá.1
adjudicándole
la
propiedad
al
señor
Rivera
Ese mismo día, éste y el licenciado García Aguirre
llegaron a un acuerdo sobre el pago de los honorarios de
abogado.
A
tales
efectos,
compraventa
en
la
que
el
una
tercera
participación
de
otorgaron
señor
Rivera
parte
de
una
escritura
de
Solá
traspasó
una
la
propiedad
al
licenciado García Aguirre por la cantidad de $10,246.2
En junio de 1999, el señor Rivera Solá presentó una queja
jurada
contra
el
licenciado
García
Aguirre
por
supuestas
actuaciones impropias en otro caso de cobro de dinero en el
que
éste
representó
al
quejoso,
quien
figuraba
como
1
de
1998,
2
de
1998,
Escritura Número 5 del 17 de febrero
autorizada por el notario José M. Cruz Ellis.
Escritura Número 6 del 17 de febrero
autorizada por el notario José M. Cruz Ellis.
CP-2006-26
3
demandado.
escritura
Dicho
de
caso
se
compraventa
presentó
de
luego
febrero
de
de
1998
otorgada
y
no
la
estaba
relacionado con el caso anterior en contra del señor Caldas
Lorenzo. En la referida queja, el señor Rivera Solá adujo que
el licenciado García Aguirre nunca contestó la demanda, por
lo que se le anotó rebeldía.
No obstante, de los documentos
que acompañan la queja se desprende que alrededor de un mes
luego de anotada la rebeldía, el señor Rivera Solá satisfizo
extrajudicialmente la deuda objeto del pleito, por lo que la
otra parte solicitó el archivo con perjuicio de la demanda, y
así lo concedió el tribunal.
Por su parte, el licenciado
García Aguirre expuso que no había contestado la demanda por
entender que se trataba de una deuda vencida y garantizada
por la cual su cliente tenía que responder.
señor
Rivera
Solá
había
pagado
la
deuda,
De hecho, el
por
lo
que
el
litigio había terminado.
En su informe inicial referente a la queja, el Procurador
General expuso que, a pesar de entender que el licenciado
García Aguirre debió renunciar a la representación legal si
no
estaba
de
contestación
acuerdo
de
la
con
su
demanda,
cliente
éste
no
en
cuanto
a
había
sufrido
la
daño
alguno, por lo que recomendó el archivo de la queja según los
hechos
alegados
en
ésta.
Sin
embargo,
expresó
cierta
preocupación ante el hecho de que el señor Rivera Solá había
enviado una carta a su oficina en septiembre de 1999 en la
que informó que había presentado una demanda en contra del
licenciado
Los
hechos
García
Aguirre
alegados
en
por
incumplimiento
la
demanda
se
de
contrato.
remontaban
al
CP-2006-26
4
otorgamiento de la escritura de compraventa suscrita en 1998
para satisfacer los honorarios del licenciado García Aguirre.
A la luz de dicha demanda, el Procurador General recomendó
paralizar el trámite disciplinario hasta tanto se resolviera
el pleito judicial, y así lo ordenamos.
Luego de varios años de litigio, en el 2004 el Tribunal de
Primera Instancia, Sala de San Sebastián, dictó sentencia y
determinó que la intención del señor Rivera Solá al suscribir
la
escritura
de
compraventa
no
participación
de
una
parte
tercera
había
sido
vender
una
la
finca,
sino
de
garantizar el pago de honorarios de abogado. Según entendió
el tribunal, al ser la supuesta compraventa realmente una
garantía de pago, luego que el señor Rivera Solá pagara los
honorarios de abogado la participación que había traspasado
al licenciado García Aguirre revertiría a él.
Por lo tanto,
ordenó al señor Rivera Solá a pagar la cantidad de $10,144.033
más intereses a contarse desde el 17 de febrero de 1998 por
concepto de honorarios de abogado.
Hizo constar, además, que
tan pronto se acreditara dicho pago, emitiría una resolución
para
ordenar
al
Registrador
de
la
Propiedad
eliminar
la
participación del licenciado García Aguirre de los asientos
correspondientes al inmueble en controversia.
3
Según mencionamos anteriormente, los honorarios que
las partes habían pactado en el pleito contra el señor Caldas
Lorenzo eran 33% de la cantidad que se recobrara mediante
sentencia. Existe una discrepancia en las cantidades, ya que
la escritura de compraventa contiene la cantidad de $10,246
(equivalente a una tercera parte de $30,739).
La cantidad
correcta es la indicada por el tribunal de instancia en su
sentencia ($10,144.03, que corresponde al 33% de $30,739.50).
CP-2006-26
5
A base de dicha sentencia, el Procurador General presentó
una querella contra el licenciado García Aguirre en la que se
le imputaron cinco cargos de violaciones a los Cánones 18,
21, 23, 35 y 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.
En
esencia, dichos cargos se basan en que éste supuestamente
promovió un negocio jurídico para su beneficio en detrimento
de los intereses y la voluntad de su cliente; adquirió un
interés en la propiedad adjudicada a favor de su cliente en
el litigio civil en el que el querellado lo representó; y
realizó un negocio jurídico distinto al acordado, faltando
así
a
los
deberes
de
lealtad
y
honradez
que
exige
su
profesión.
Luego de los trámites procesales de rigor, designamos a la
Hon. Eliadis Orsini Zayas, ex Jueza del Tribunal de Primera
Instancia,
como
procedimiento
de
Comisionada
Especial
para
autos.
celebrar
la
Tras
atender
el
correspondiente
vista evidenciaria, la Comisionada Especial rindió su informe
y
determinó
clara,
que
robusta
no
y
se
había
convincente,
demostrado,
que
el
mediante
prueba
licenciado
García
Aguirre hubiese incurrido en conducta impropia relacionada al
negocio
jurídico
efectuado
con
el
cobrar sus honorarios de abogado.
señor
Rivera
Solá
para
Por ello, recomendó el
archivo de la querella y la desestimación de los cargos.
Sometido el informe ante nuestra consideración, procedemos a
resolver.4
4
En cuanto a las imputaciones originales de la queja
presentada por el señor Rivera Solá relacionada con la
demanda de cobro de dinero, éstas quedaron archivadas y no
CP-2006-26
6
II.
El Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, recoge
las normas mínimas de conducta que rigen a los miembros de la
profesión legal y promueven un comportamiento ejemplar por
parte
de
los
importante
abogados
labor.
In
en
re
el
desempeño
Matos
de
González,
su
delicada
149
D.P.R.
e
817
(1999); In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998).
A
estos
efectos,
el
criterio
general
de
la
Parte
III
(“Deberes del abogado para con sus clientes”) de dicho Código
expone que los abogados le deben a sus clientes un trato
profesional caracterizado por la capacidad, la lealtad y la
honradez.
4 L.P.R.A. Ap. IX, Parte III.
Véase, además, In
re Meléndez Figueroa, 166 D.P.R. 199 (2005).
Ello se debe a
que la relación entre un abogado y su cliente se fundamenta
en la confianza absoluta que debe existir entre ambos. Robles
Sanabria, Ex Parte, 133 D.P.R. 739 (1993).
A base de esa confianza absoluta y del deber de lealtad y
honradez, el Canon 21 de Ética Profesional dispone, en lo
pertinente, que los abogados deben evitar asumir o continuar
una representación legal cuando su juicio profesional pueda
verse afectado por sus intereses personales. 4 L.P.R.A. Ap.
IX, C. 21.
El deber de lealtad que impone dicho precepto
requiere
los
que
abogados
ejerzan
un
criterio
profesional
independiente y desligado de sus intereses personales.
In re
Rivera Vicente, res. el 30 de octubre de 2007, 2007 T.S.P.R.
189.
Es por esto que los abogados deben evitar situaciones
_________________________________
formaron parte de la querella presentada
procedimientos ante la Comisionada Especial.
ni
de
los
CP-2006-26
7
en las que la lealtad completa que deben a sus clientes y a
la defensa de sus intereses pudiera resultar incompatible con
algún interés propio. In re Sepúlveda Girón, 155 D.P.R. 345
(2001); In re Toro Cubergé, 140 D.P.R. 523, 530 (1996).
Por otro lado, el Canon 23 de Ética Profesional prohíbe
que los abogados adquieran interés o participación alguna en
el bien involucrado en el litigio que se le haya encomendado.
4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 23.
No obstante, el carácter litigioso
del bien tiene que coincidir en tiempo con la intervención
del abogado en el pleito relacionado con dicho bien. Una vez
concluido el litigio, el Canon 23 no impide que, en pago de
los honorarios, el abogado adquiera una participación en el
bien del cliente. In re Rosado Nieves, 159 D.P.R. 746 (2003);
In re Castro Mesa, 131 D.P.R. 1037 (1992).
Por su parte, el Canon 35 de Ética Profesional le impone a
los abogados un deber general de ser sinceros y honrados para
con sus representados y sus compañeros abogados, así como
para con los tribunales. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35. Véase,
además, In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998); In re
Franco Rivera, Masini Soler, 134 D.P.R. 823 (1993).
Hemos
expresado que “[m]ás que un ideal irrealizable, la verdad es
atributo inseparable del ser abogado y, sin la misma, no
podría la profesión jurídica justificar su existencia”. In re
Martínez, Odell II, 148 D.P.R. 636, 642 (1999).
Asimismo, el Canon 38 de Ética Profesional le exige a todo
abogado conducirse en forma que exalte la dignidad y el honor
de
su
profesión,
no
sólo
en
el
desempeño
de
ésta,
sino
también en el ámbito de su vida privada. 4 L.P.R.A. Ap. IX,
CP-2006-26
C. 38.
8
Según el propio canon, ello responde a la confianza
depositada en el abogado como miembro de la ilustre profesión
legal.
In re Sepúlveda, Casiano, 155 D.P.R. 193 (2001).
Reiteradamente, al interpretar el referido precepto, hemos
expresado que cada abogado es un espejo en el cual se refleja
la imagen de la profesión, por lo que debe actuar, tanto en
su vida profesional como en su vida privada, con limpieza,
lealtad y el más escrupuloso sentido de responsabilidad. In
re Currás Ortiz, res. el 31 de julio de 2008, 2008 T.S.P.R.
147; In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313 (1974).
Por
otra
parte,
es
norma
establecida
que
el
criterio
probatorio a utilizarse en procedimientos disciplinarios es
aquel de prueba clara, robusta y convincente, no afectada por
reglas de exclusión ni a base de conjeturas.
Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001).
In re Caratini
Dicho criterio requiere una
carga probatoria más fuerte que la mera preponderancia de la
prueba,
toda
vez
que
en
estos
procesos
está
en
juego
el
título de un abogado y, por ende, su derecho fundamental a
ganarse
su
sustento.
Id.
Aunque
el
referido
estándar
de
prueba no es susceptible de una definición precisa, la prueba
clara, robusta y convincente ha sido descrita como aquella
evidencia que produce en un juzgador de hechos una convicción
duradera
de
probables.
que
las
contenciones
fácticas
son
altamente
In re Ruiz Rivera, res. el 28 de junio de 2006,
2006 T.S.P.R. 106; In re Rodriguez Mercado, 165 D.P.R. 630
(2005).
Los
Tribunal
procedimientos
son
disciplinarios
independientes
de
las
instados
ante
este
acciones
civiles
o
CP-2006-26
9
criminales que
puedan surgir de los mismos hechos.
In re de
la Texera Barnés, 165 D.P.R. 526 (2005); In re Deynes Soto,
164 D.P.R. 327 (2005). Ello responde al hecho de que se trata
de procedimientos que persiguen objetivos distintos, pues el
fin
del
procedimiento
disciplinario
no
es
castigar
al
abogado, sino proteger al público y a la profesión legal
mediante una investigación de sus condiciones morales para
determinar si puede continuar ejerciendo la abogacía.
In re
Olivera Mariani, res. el 3 de abril de 2008, 2008 T.S.P.R.
58; In re Liceaga, 82 D.P.R. 252 (1961).
Por último, según dispone la Regla 14 del Reglamento del
Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, le corresponde al
Comisionado
Especial
recibir
prueba.
la
designado
Al
celebrar
desempeñar
una
una
vista
función
para
similar
al
juzgador de instancia, el Comisionado Especial está en mejor
posición
para
aquilatar
la
prueba
testifical
y
adjudicar
credibilidad, por lo que sus determinaciones fácticas merecen
nuestra mayor deferencia. In re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012
(1994).
a
Por lo tanto, aunque este Tribunal no está obligado
aceptar
el
procedimiento
adoptar,
informe
de
disciplinario
modificar
o
un
Comisionado
contra
rechazar
un
tal
Especial
abogado,
informe,
de
y
en
un
podemos
ordinario
sostendremos las determinaciones de hecho de un Comisionado
Especial
salvo
que
se
demuestre
prejuicio,
parcialidad
o
error manifiesto. In re Pagán Pagán, res. 8 de agosto de
2007, 2007 T.S.P.R. 151; In re Morell, Alcover, 158 D.P.R.
791 (2003); In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994).
Con
CP-2006-26
estos
10
preceptos
en
mente,
atendamos
la
controversia
ante
nuestra consideración.
III.
En primer lugar, debemos aclarar que el Canon 23 de Ética
Profesional
no
es
aplicable
querellado
de
querella,
así
como
de
la
sentencia
original
del
señor
Rivera
Solá
epígrafe.
a
De
los
los
hechos
hechos
alegados
emitida
contra
imputados
el
en
en
al
la
el
pleito
señor
Caldas
Lorenzo, surge que el licenciado García Aguirre no adquirió
interés en un bien objeto de dicho litigio.
adquirida
por
el
señor
Rivera
Solá
no
fue
La propiedad
el
objeto
del
pleito, sino el medio de lograr la ejecución de la sentencia.
Luego de recaer sentencia a su favor, y ante la imposibilidad
de
pago
del
allí
demandado,
se
llevaron
a
cabo
los
procedimientos correspondientes para subastar la propiedad y
satisfacer
la
acreencia
del
señor
Rivera
Solá,
adjudicándosele finalmente la propiedad mediante escritura de
venta judicial.
Concluido todo ese proceso, el señor Rivera
Solá y el licenciado García Aguirre acordaron el pago de los
honorarios con una participación en la propiedad adjudicada
al señor Rivera Solá.
Por lo tanto, el licenciado García
Aguirre no adquirió interés en un bien en litigio según lo
prohíbe el Canon 23, supra.
Aclarado
lo
anterior,
nos
resta
determinar
si
el
licenciado García Aguirre incurrió en conducta contraria a
los Cánones 18, 21, 35 y 38 de Ética Profesional, supra, los
cuales giran en torno a los deberes generales de los abogados
de ser leales, sinceros y honestos con sus clientes y evitar
CP-2006-26
11
el beneficio propio a costa de los intereses de éstos.
Al
examinar el informe de la Comisionada Especial, así como los
autos
del
caso
Instancia,
ventilado
concluimos
ante
el
la
evidencia
que
Tribunal
de
Primera
presentada
no
demuestra las supuestas violaciones a los Cánones de Ética
Profesional, supra, imputadas al querellado.
Veamos.
La sentencia emitida por el tribunal de instancia en el
caso instado por el señor Rivera Solá contra el licenciado
García
Aguirre
fue
dictada
en
un
pleito
civil,
donde
el
estándar probatorio es la preponderancia de la prueba.
Como
hemos
menos
señalado
anteriormente,
dicho
estándar
es
exigente que la prueba clara, robusta y convincente que se
requiere en procedimientos disciplinarios como el de autos.
In re Caratini Alvarado, supra; In re Ruiz Rivera, supra; In
re Rodríguez Mercado, supra.
En el referido pleito, el foro
de
cierta
instancia
intención
de
compraventa
y
evidencia.
tuvo
ante
las
partes
llegó
Sin
a
sí
sus
embargo,
al
prueba
referente
a
la
escritura
de
suscribir
la
conclusiones
a
en
momento
ningún
base
de
en
dicha
sus
determinaciones de hecho y conclusiones de Derecho estableció
que la escritura fuese nula, ni que el querellado hubiese
incurrido en conducta impropia para lograr la firma del señor
Rivera Solá.
Tampoco refirió al licenciado García Aguirre a
la
de
atención
este
violaciones éticas.
Tribunal
para
investigar
posibles
La sentencia se limitó a reconocer una
deuda válida de honorarios de abogado a favor del querellado
y a determinar que la intención del señor Rivera Solá al
suscribir la escritura de compraventa había sido garantizar
CP-2006-26
12
los honorarios que le adeudaba al licenciado García Aguirre,
no ceder el dominio permanentemente.
El foro de instancia expresó también que el consentimiento
del señor Rivera Solá había estado viciado ya que, al no ser
abogado, no entendió el alcance del negocio jurídico y pensó
que
tan
propiedad
pronto
de
pagara
esa
los
honorarios
participación.
le
No
revertiría
dispuso
que
la
dicho
malentendido fuese causado por engaños o maquinaciones del
licenciado García Aguirre.
señor
Rivera
Solá
Incluso, el tribunal ordenó al
satisfacer
la
deuda
de
honorarios
de
abogado más los intereses acumulados desde febrero de 1998 e
indicó
que,
tribunal
luego
de
expediría
un
acreditarse
mandamiento
que
al
así
se
hiciera,
Registrador
de
el
la
Propiedad para que eliminara la participación del querellado
de los asientos correspondientes.5
Por ende, el efecto de
dicha sentencia se limitó a establecer que, a base de la
prueba presentada y analizada bajo un criterio menos riguroso
que el que aplica en el procedimiento de autos, el tribunal
de instancia concluyó que la intención del señor Rivera Solá
al suscribir la escritura de compraventa era garantizar los
5
Cabe señalar que la sentencia fue emitida por el
Tribunal de Primera Instancia en el año 2004. Al momento de
celebrar la vista en su fondo en el procedimiento de
epígrafe, en el año 2008, el señor Rivera Solá no había
realizado pago alguno a favor del licenciado García Aguirre,
por lo que éste retenía al momento su participación en el
inmueble. El querellado tampoco había requerido el pago de
las cantidades adeudadas. Es decir, aun cuando el objetivo
del señor Rivera Solá a través de la presentación de la
demanda era presuntamente recuperar la participación del
licenciado García Aguirre, y estando enteramente en su poder
hacerlo mediante el pago de la cantidad dispuesta en la
sentencia, no había hecho las gestiones para recuperar su
propiedad.
CP-2006-26
honorarios
13
adeudados,
no
vender
una
tercera
parte
de
la
propiedad al licenciado García Aguirre.
Por otro lado, en las vistas evidenciarias celebradas ante
la Comisionada Especial designada, el Procurador General no
presentó prueba testifical ni documental alguna más allá del
expediente del caso ante el foro de instancia, del cual la
Comisionada
Especial
tomó
conocimiento
judicial.
Por
su
parte, el licenciado García Aguirre presentó varios testigos.
El
primer
querellado
testigo
citado
y
fue
propio
señor
el
llamado
a
Rivera
declarar
Solá,
por
el
quien
no
compareció a las vistas celebradas, por lo que el querellado
no tuvo la oportunidad de confrontarlo durante el proceso.
Dada
su
incomparecencia
injustificada,6
la
Comisionada
Especial determinó que, de haber comparecido su testimonio le
hubiese resultado adverso a los efectos de que el negocio
jurídico realizado entre él y el licenciado García Aguirre
había sido válido y voluntario, y éste no lo había engañado
ni actuado impropiamente.
Así, pues, el próximo testigo fue el Lcdo. José Manuel
Cruz Ellis, quien fue el notario que autorizó las escrituras
de venta judicial y compraventa el 17 de febrero de 1998.
Éste
testificó
liberalidad
6
de
sobre
las
el
partes
conocimiento,
al
otorgar
consentimiento
y
la
de
escritura
Los abogados del señor Rivera Solá enviaron, casi una
semana después de concluidas las vistas, una carta a la
Comisionada
Especial
solicitando
que
se
excusara
la
incomparecencia de éste, debido a una alegada condición
médica. No obstante, la Comisionada Especial determinó que,
en
vista
de
las
circunstancias
que
rodearon
la
incomparecencia del señor Rivera Solá, y dado que el caso
había quedado sometido varios días antes, dicha comunicación
resultaba ineficaz.
CP-2006-26
compraventa.
14
Luego se presentó el testimonio del Lcdo. Ángel
Roberto Cardona Ubiñas, quien fue el abogado del licenciado
García
Aguirre
en
el
pleito
llevado
en
su
contra
en
el
tribunal de instancia, y declaró sobre la buena reputación
profesional del querellado.
También se interrogó al Sr. José
Hernández Valentín, quien declaró sobre la buena reputación
del querellado en la comunidad en que reside, así como la
mala reputación del señor Rivera Solá, a quien supuestamente
se
le
considera
una
persona
deshonesta.
Por
último,
el
propio licenciado García Aguirre declaró sobre su versión de
los hechos y sobre la validez del negocio jurídico celebrado.
Lo cierto es que el señor Rivera Solá presentó la queja
contra el licenciado García Aguirre en junio de 1999 y luego
envió una carta en septiembre del mismo año a la Oficina del
Procurador General.7
Cabe señalar que dicha carta, en la que
por primera vez se hace referencia a los hechos que dieron
lugar al inicio de la presente acción disciplinaria, no fue
jurada por el señor Rivera Solá.
Después de esa carta de
septiembre de 1999, el señor Rivera Solá no tuvo ningún otro
contacto con la Oficina del Procurador General.
Nunca se le
entrevistó ni se le tomó una declaración jurada sobre los
hechos que dieron base a su queja, ni se realizó gestión
investigativa alguna más allá de adoptar lo resuelto en el
caso
civil
7
que
instó
el
señor
Rivera
Solá
contra
el
Nos llama la atención el hecho de que en la queja
presentada en junio de 1999, que no se relaciona con los
hechos que originaron el procedimiento de autos, no se
menciona absolutamente nada sobre los hechos en que se basa
la demanda presentada por el señor Rivera Solá unas escasas
dos semanas más tarde.
CP-2006-26
15
querellado.
Tampoco fue citado por el Procurador General
para ofrecer su testimonio en la vista evidenciaria celebrada
en el procedimiento de epígrafe.
La citación se expidió a
instancias del querellado, quien en todo momento expresó su
intención de interrogarlo en la vista.
Como es sabido, en los procedimientos disciplinarios el
querellado
tiene
derecho
a
la
celebración
de
una
vista
evidenciaria, a confrontar y contrainterrogar los testigos en
su contra, a examinar la prueba documental y material y a
presentar evidencia testifical, documental y material a su
favor.
Regla 14 (h), (i) y (j) del Reglamento del Tribunal
Supremo, supra.
En los procedimientos celebrados en el caso
de epígrafe, el licenciado García Aguirre solicitó ejercer su
derecho a confrontar y contrainterrogar al señor Rivera Solá,
quien instó la presente acción disciplinaria en su contra.
Sin embargo, éste no demostró interés alguno en el proceso,
ni compareció a ofrecer su testimonio.
Por su parte, el
Procurador
en
General
descansó
enteramente
la
sentencia
emitida por el Tribunal de Primera Instancia en el caso civil
anterior,
no
tomó
declaraciones
juradas
ni
realizó
entrevistas. Tampoco presentó prueba alguna de las supuestas
violaciones cometidas por el querellado.
Ante la ausencia de prueba en el presente procedimiento
disciplinario, y en consideración de la prueba ofrecida por
el licenciado García Aguirre en la vista y la que obra en el
expediente, concluimos que no existe prueba clara, robusta y
convincente
de
que
el
licenciado
García
Aguirre
hubiese
faltado a los deberes de lealtad, sinceridad y honradez según
CP-2006-26
16
disponen los Cánones de Ética Profesional, supra.
Tampoco
quedó demostrado que las actuaciones del licenciado García
Aguirre
atentaran
contra
profesión que ejerce.
el
honor
y
la
dignidad
de
la
Por consiguiente, ordenamos el archivo
de la querella ante nuestra consideración.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Hilton J. García Aguirre
CP-2006-26
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 2009.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte de la presente Sentencia, y ante la ausencia
de
prueba
en
el
presente
procedimiento
disciplinario, y en consideración de la prueba
ofrecida por el licenciado García Aguirre en la
vista y la que obra en el expediente, se concluye
que no existe prueba clara, robusta y convincente
de que el licenciado García Aguirre hubiese
faltado a los deberes de lealtad, sinceridad y
honradez según disponen los Cánones de Ética
Profesional, supra. Tampoco quedó demostrado que
las actuaciones del licenciado García Aguirre
atentaran contra el honor y la dignidad de la
profesión que ejerce. Por consiguiente, se ordena
el
archivo
de
la
querella
ante
nuestra
consideración.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente sin
opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo