Tribunal Supremo de Puerto Rico
Pueblo v. APS Healthcare of Puerto Rico, Inc.
2009 TSPR 11
Poder Judicial de Puerto Rico
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Pueblo v. APS Healthcare of Puerto Rico, Inc.
CC-2007-0659
Interpretación de las Leyes; Ley de Salud Mental
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
vs.
2009 TSPR 11
APS Healthcare of Puerto Rico, Inc.
175 DPR ____
Peticionario
Número del Caso: CC-2007-659
Fecha: 21 de enero de 2009
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón, Panel III
Juez Ponente:
Hon. Migdalia Fraticelli Torres
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Harry Anduze Montaño
Lcdo. José A. Morales Boscio
Oficina del Procurador General:
Lcda. Zaida Z. Girón Anadón
Procuradora General Auxiliar
Materia: Art. 3.06 Ley 408
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2007-659
APS Healthcare of
Puerto Rico, Inc.
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 2009
En esta ocasión examinamos la validez de varios
artículos de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico,
24
L.P.R.A.
secs.
6152-66g,
a
la
luz
vaguedad
y
doctrinas
constitucionales
de
excesiva,
así
principio
como
del
establecido en el Código Penal.
de
de
las
amplitud
legalidad
Veamos los hechos
que originan este recurso.
I.
El 9 de febrero de 2006, el Ministerio Público
presentó una denuncia en el caso de epígrafe contra
APS
Healthcare
of
Puerto
Rico,
Inc.
(en
adelante
APS) por violación a los artículos 3.06 (a) y 15.08
(a) de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, Ley
Núm. 408 de 2 de octubre de 2000, 24 L.P.R.A. secs.
CC-2007-659
3
6152-66g, delito clasificado como menos grave.
La denuncia
enmendada1 en contra de la corporación, lee como sigue:
El referido acusado APS Healthcare of Puerto Rico
Inc. allá en o para el 10 al 11 de febrero de 2005,
en Bayamón, Puerto Rico, que forma parte de la
jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia de
Bayamón, ilegalmente, violó la disposición del Art.
3.06 (a) de la Ley 408 al negar acceso a un
servicio de emergencia psiquiátrica a Marcos
Rosario Meléndez quien tenía derecho a ello por su
condición de salud mental y porque era de
conocimiento
del
acusado
a
través
de
sus
funcionarios de las ideas de daño a sí mismo o
suicidas que manifestaba Marcos Rosario Meléndez,
ni ofrecer los servicios dentro de los cinco días
naturales que dispone el artículo. Ocurriendo la
muerte de Marcos Rosario Meléndez por suicidio el
18 de febrero de 2005.
Por
estos
mismos
hechos,
el
Ministerio
Público
presentó también denuncia en contra de la Sra. Sonia Torres
Ríos (en adelante Sra. Torres), trabajadora social clínica
empleada de APS Healthcare of Puerto Rico Inc.,2 bajo el
1
El Tribunal de Primera Instancia autorizó la enmienda a la
denuncia, la cual fue objetada por la peticionaria, el 2 de
abril de 2006. La denuncia original leía como sigue: “El
referido acusado APS Healthcare [P.R. Inc.] allá en o para
el 10 al 11 de febrero de 2005 en Bayamón, Puerto Rico, que
forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera
Instancia de Bayamón, ilegalmente violó la disposición del
Art. 3.06 de la Ley 408 al negar acceso a un servicio de
emergencia psiquiátrica a Marcos Rosario Meléndez quien
tenía derecho a ello por su condición de salud mental y
porque era de conocimiento del acusado a través de sus
funcionarios de las ideas de daño a si (sic) mismo suicidas
que manifestaba por Marcos Rosario Meléndez. Ocurriendo la
muerte de Marcos Rosario Meléndez por suicidio el 18 de
febrero de 2005”.
La peticionaria ha hecho expresa y
formal reserva de derechos sobre cualquier reclamo de
prescripción que pudiese levantar y así lo hemos entendido
al momento de evaluar y resolver los méritos del presente
recurso por lo que no nos expresamos en cuanto a dicho
planteamiento.
2
Tomamos conocimiento de la existencia de una controversia
en cuanto al verdadero patrono de la Sra. Sonia Torres
Ríos, si APS Healthcare of Puerto Rico Inc. o APS Clinics
of Puerto Rico Inc.
El Tribunal de Primera Instancia, no
CC-2007-659
4
artículo 6.01 de la Ley de Salud Mental.
La Sra. Torres
atendió
al
joven
Marcos
Meléndez
el
día
febrero
de
2005,
alegadamente
realizando
una
evaluación
consejero
de
sustancias
deficiente
y
citándolo
Rosario
con
un
11
de
controladas y con un psiquiatra al cabo de trece (13) y
veinte
(20)
días
de
solicitar
los
servicios
de
salud
mental, respectivamente.
En la vista de causa para arresto bajo la Regla 6 de
Procedimiento Criminal, se encontró causa para arresto en
contra de APS Healthcare of Puerto Rico Inc. y se determinó
“no causa” con relación a la Sra. Torres.
Inconforme con dicho dictamen, y por tratarse de un
delito menos grave, la peticionaria APS presentó Moción de
Desestimación al amparo de la Regla 64 de Procedimiento
Criminal en sus incisos (a), (b) y (p).
En cuanto a los
incisos (a) y (b) de la mencionada regla, arguyó que la
acusación no imputaba delito o que el tribunal no tenía
jurisdicción para encausar a la peticionaria puesto que el
estatuto cuya violación se le imputaba adolecía de vaguedad
y amplitud excesiva, además de contravenir el principio de
legalidad estatuido en el Código Penal.
Expresó también
que el Ministerio Público había fallado en cumplir con su
carga
probatoria
en
etapa
de
la
Regla
6
ya
que
había
ausencia total de prueba en cuanto a varios elementos del
_______________________
obstante, encontró prueba suficiente en esta etapa de los
procedimientos
para
creer
que
la
Sra.
Torres
era
representante de APS Healthcare of Puerto Rico Inc.
De
todos modos, dicha controversia no fue traída ante este
Foro.
CC-2007-659
5
delito, incluyendo prueba sobre que el Sr. Marcos Rosario
Meléndez
se
encontrara
psiquiátrica”
y
el
en
grado
un
de
estado
intención
de
“emergencia
necesaria
para
cometer el delito, por lo que procedía la desestimación de
la denuncia bajo la regla 64 (p) al no encontrarse causa
conforme a derecho.
La
discusión
de
ambos
planteamientos
se
bifurcó,
celebrándose vista argumentativa en cuanto al planteamiento
bajo
la
64
(p)
el
3
de
abril
de
2006
y
la
vista
argumentativa sobre los planteamientos constitucionales el
11 de abril de 2006.
En ambos procedimientos se declararon
no ha lugar las mociones presentadas por la peticionaria.
Aún inconforme con dicho proceder, la peticionaria APS
acudió
al
Tribunal
de
Apelaciones
mediante
recurso
de
certiorari el 3 de mayo de 2006, recreando esencialmente
los
mismos
argumentos
Primera Instancia.
que
esgrimió
en
el
Tribunal
de
El Tribunal de Apelaciones expidió el
auto y confirmó las resoluciones recurridas.
Entendió, en
primer lugar, que no era aplicable en este caso la doctrina
de amplitud excesiva, pues dicha doctrina se reserva para
cuando
la
aplicación
de
una
ley
conlleva
un
efecto
neutralizador (chilling effect) en el ejercicio de derechos
constitucionales fundamentales de los ciudadanos como lo
son la libertad de expresión y asociación.
juego
esos
derechos
en
este
caso,
no
No estando en
aplicaba
dicha
doctrina por lo que el ataque constitucional a la ley no
podía ser de su faz, sino sólo en su aplicación a APS.
CC-2007-659
6
En cuanto al planteamiento de vaguedad, entendió en
síntesis
que
“el
artículo
3.06
claramente
alude
a
la
obligación legal de los proveedores directos e indirectos
de brindar sus servicios en los plazos estatuidos”3 por lo
que la legislación no adolecía de vaguedad y se trataba
entonces de un delito de omisión pura que se configuraba
cuando
el
actor,
obligación
estatuidos”.
de
en
este
caso
“brindar
los
Asimismo
indicó,
APS,
incumplía
servicios
en
en
cuanto
a
con
su
los
plazos
la
alegada
ausencia total de prueba en la vista de Regla 6, que el
Ministerio Público cumplió con su deber de presentar una
scintilla de evidencia sobre todos los elementos del delito
por lo que tampoco procedía dicho planteamiento.
La
peticionaria
APS
entonces
acude
ante
este
presentando los siguientes errores:
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al no
desestimar
bajo
la
Regla
64(a)
y
(b)
de
Procedimiento Criminal la denuncia de epígrafe y
al
no
declarar
la
inconstitucionalidad
del
artículo penal 15.08 y el artículo 3.06 de la Ley
de Salud Mental, Ley Núm. 408 de 2 de octubre de
2000, por adolecer de falta de notificación
adecuada bajo el principio de vaguedad.
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al no
desestimar
bajo
la
Regla
64(a)
y
(b)
de
Procedimiento Criminal la denuncia de epígrafe y
al
no
declarar
la
inconstitucionalidad
del
artículo penal 15.08 y el artículo 3.06 de la Ley
de Salud Mental, Ley Núm. 408 de 2 de octubre de
2000, por adolecer de amplitud excesiva.
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al no
desestimar los cargos contra la corporación
acusada, toda vez que a la trabajadora social que
atendió y refirió al paciente no se le halló
causa.
3
Sentencia del Tribunal de Apelaciones en la pág. 16.
Foro
CC-2007-659
7
Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al
denegar la solicitud de desestimación bajo la
Regla 64 (p) pues no se declaró causa probable
conforme a la ley y a derecho.
El 11 de octubre de 2007 denegamos la expedición del
recurso
de
certiorari.
El
30
de
noviembre
de
2007
denegamos reconsiderar nuestra decisión de no expedir el
recurso por estar igualmente dividido el Tribunal.
de
enero
de
2008,
luego
de
una
segunda
El 18
moción
de
reconsideración, decidimos reconsiderar y expedir el auto
solicitado.
Con el beneficio de la comparecencia de las
partes en el litigio procedemos a resolver.
II.
Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los
primeros dos señalamientos de error conjuntamente.
A.
Una
ley
o
reglamento
adolece
de
amplitud
excesiva
cuando, a pesar de que su objetivo es castigar o prohibir
expresión no protegida constitucionalmente, su redacción o
interpretación
tiene
como
efecto
proscribir
expresiones
constitucionalmente protegidas por la cláusula de libertad
de
expresión
o
asociación.
U.N.T.S.
Salud, 133 D.P.R. 153, 161 (1993).
doctrina
ataque
de
de
amplitud
excesiva
una
ley
aplicación,
y
es
persona
puede
impugnar
alegando
que
no
municipal
de
una
su
no
excepción
a
podría
Secretario
de
En este contexto, la
permite
faz,
un
v.
al
reclamante
necesariamente
la
regla
estatuto
ser
o
de
una
en
que
el
su
“una
ordenanza
inconstitucional
de
CC-2007-659
8
aplicarse en circunstancias distintas a las del caso que
está en el tribunal”.
Vélez v. Mun. de Toa Baja, 109
D.P.R. 369, 378 (1980).
El objetivo es evitar que la aplicación de la ley o
reglamento
produzca
“chilling
effect”
expresión
protegida
el
que
llamado
suponen
efecto
leyes
neutralizador
que
constitucionalmente
castigan
como
o
tanto
aquella
no
protegida, puesto que la sola existencia del estatuto puede
causar que otras personas que no están ante el tribunal se
abstengan
de
hacer
constitucionalmente.
Superior,
101
jurisdicción
Véase
D.P.R.
como
alguna
en
139,
la
expresión
Vives
146
Vázquez
(1973).
federal,
la
protegida
v.
Tribunal
Tanto
en
esta
aplicación
de
esta
doctrina se ha limitado al reclamo de derechos protegidos
por
la
Véase
cláusula
Pueblo
de
v.
libertad
Hernández
de
expresión
118
Colón,
o
asociación.
D.P.R.
891,
899
(1987); Disidente Univ. de P.R. v. Depto. de Estado, 145
D.P.R. 689 (1998).
En la jurisdicción federal, véase U.S.
v. Raines, 362 U.S. 17 (1960).
Así también, hemos resuelto
que la amplitud excesiva ha de ser sustancial en relación
con el alcance legítimo que la medida pueda tener.
Pueblo
v. Hernández Colón, supra, pág.899.
Así
pues,
en
este
caso
la
peticionaria
alega
que
existe amplitud excesiva de la ley en dos instancias, por
lo que la misma es inconstitucional.
En primer lugar, la
peticionaria APS alega que la aplicación de la ley incide
sobre “la profesión de la salud en todas sus disciplinas”
CC-2007-659
9
puesto que el artículo que se le imputa es “arbitrario” ya
que
no
se
sabe
neutralizador
o
lo
que
“chilling
prohíbe,
efect”
en
creando
la
un
práctica
efecto
de
los
profesionales de la salud, lo que la hace inconstitucional.
En segundo lugar, alega que la redacción de la disposición
penal de la ley de salud mental peca de amplitud excesiva
ya que la misma no denota juicio valorativo del legislador
de cuál es la conducta punible.
Como
amplitud
establecimos
excesiva
anteriormente,
protege
los
derechos
libertad de expresión y asociación.
la
doctrina
de
fundamentales
de
La Ley de Salud Mental
no incluye disposiciones que regulen o reglamenten derechos
protegidos por las cláusulas antes mencionadas.
La ley 408
de 2 de octubre de 2000, conocida como la Ley de Salud
Mental, es un esquema regulador de los servicios de salud
mental que se brindan a los solicitantes médico-indigentes
por parte de proveedores directos e indirectos del sector
privado.
Su
propósito
necesidades
de
prevención,
rehabilitación
en
salud
principal
es
tratamiento,
mental;
crear
“establecer
las
recuperación
y
las
de
‘Cartas
Derecho’ para adultos y menores que reciben servicios de
salud mental; uniformar lo relativo a los procedimientos
relacionados con estos derechos; establecer los principios
básicos de los niveles de cuidado en el ofrecimiento de
servicios de salud mental . . . y establecer penalidades”.
Exposición de Motivos de la Ley 408 de 2 de octubre de
2000.
No cabe hablar de la doctrina de amplitud excesiva
CC-2007-659
10
en este contexto, puesto que ni el objetivo ni el efecto de
la
aplicación
expresión
de
de
la
ley
es
regular
ideas.
Se
trata
pues
la
diseminación
de
una
o
legislación
social cuyo sólo objetivo es la regulación de servicios de
salud
mental,
Legislativa
con
de
el
firme
garantizar
propósito
que
los
de
la
Asamblea
ciudadanos
médico-
indigentes de nuestro país tuviesen acceso a servicios de
salud
mental
de
condiciones.
calidad,
de
acuerdo
a
sus
respectivas
Por tanto, la doctrina de amplitud excesiva
es inaplicable en ambas instancias.
B.
Discutiremos
entonces
los
planteamientos
de
la
peticionaria a la luz de la doctrina de vaguedad.
La
doctrina
de
vaguedad
es
un
corolario
del
debido
proceso de ley que prohíbe la aplicación en contra de una
persona de una ley o reglamento cuyos términos no revelan
clara y adecuadamente cuál es la conducta prohibida.
v. Hernández Colón, supra, pág. 901.
establecido
que
persona
inteligencia
de
advertida
del
prohibir
y
una
acto
ley
u
adolece
promedio
omisión
penalizar;
(2)
y
discriminatoria,
ejercicio
de
derechos
D.P.R.
229,
que
se
arbitraria
Constitución.
de
Anteriormente hemos
vaguedad
queda
el
estatuto
(3)
fundamentales
si:
no
presta
e
Pueblo
a
(1)
una
debidamente
la
pretende
aplicación
interfiere
con
el
garantizados
por
la
Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122
240
(1988).
Esta
doctrina
es
especialmente
CC-2007-659
11
aplicable al análisis de estatutos penales. Véase Pueblo v.
Mantilla, 71 D.P.R. 36, 40 (1950).
Por
otro
lado,
hemos
ocasiones
que
todas
las
expresado
leyes,
aún
en
innumerables
las
más
claras,
requieren interpretación. Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147
D.P.R. 530, 538 (1999).
Por esta razón, la doctrina de
vaguedad en forma alguna implica que los estatutos penales
deban
estar
redactados
interpretación
constitucional
de
tal
judicial.
a
una
ley
forma
que
no
necesiten
De
hecho,
un
ataque
la
doctrina
de
vaguedad
bajo
implica que se ha realizado un análisis adecuado del texto
de
la
ley
palabras,
a
la
luz
utilizando
del
significado
precedentes
jurídico
judiciales
que
de
las
hubiesen
interpretado dicho texto y que aún luego de dicho análisis
una persona de inteligencia promedio no queda debidamente
advertida de la conducta proscrita, el estatuto infringe
derechos
fundamentales
o
se
discriminatoria
presta
no
la
aplicación
arbitraria
y
adecuadas.
Rose v. Locke, 423 U.S. 48 (1975); Wainwright
v. Stone, 414 U.S. 21 (1973).
por
a
ofrecer
guías
Veáse además W.R. LaFave
Criminal Law, 4th ed., Thomson-West, 2003, sec. 2.3, pág.
106;
J.C.
Jeffries,
Legality,
Vagueness,
And
The
Construction Of Penal Statutes, 71 Va. L. Rev. 189, 207;
L.E.
Chiesa
Aponte,
Derecho
Penal
Publicaciones J.T.S., 2007, pág. 17.
Sustantivo,
San
Juan,
CC-2007-659
12
Analicemos en primera instancia la alegación sobre la
“amplitud excesiva” de la disposición penal a la luz de la
doctrina de vaguedad.
Dicha disposición lee como sigue:
Artículo 15.08. - Penalidades.(a) Toda persona que viole cualquiera de las
disposiciones de esta Ley, incurrirá en delito
menos
grave
y
convicta
que
fuere,
será
sancionada con pena de una multa no mayor de
cinco mil (5,000) dólares.
(b) [. . .]
(c) [. . .]
24 L.P.R.A. sec. 6166g.
Alega
la
peticionaria
que
disposición
es
excesivamente
amplia
violación
de
cualquier
la
disposición
redacción
pues
de
de
expresa
la
ley
dicha
que
por
la
toda
persona equivale a una sanción penal, lo que no denota un
juicio valorativo del legislador en cuanto a cuál es la
conducta
punible.
Indica
que
la
ley
contiene
más
de
doscientas disposiciones que van desde los derechos que le
amparan
a
los
pacientes
de
salud
mental,
hasta
las
obligaciones que la ley impone no sólo a los proveedores
directos e indirectos de servicios de salud mental, sino a
los
mismos
pacientes
y
familiares
en
cuanto
a
la
cooperación que se espera de éstos en todo tratamiento de
un paciente de salud mental.
Concluye que su aplicación
literal podría crear absurdos, tales como el procesamiento
penal de un paciente de salud mental por no cumplir con su
CC-2007-659
13
obligación de “asumir responsabilidad sobre su recuperación
en la medida de sus capacidades”.4
En
primer
lugar,
por
la
ausencia
de
circunstancias
especiales que lo permitan, en este caso a la peticionaria
no
le
es
permisible
impugnar
el
estatuto
arguyendo
escenarios ajenos a su situación particular. Vélez v. Mun.
de
Toa
Baja,
supra;
Vélez
Reboyras
Justicia, 115 D.P.R. 533, 541 (1984).5
v.
Secretario
de
Teniendo presente lo
anterior, aún queda ante nuestra consideración la pregunta
que nos trae la peticionaria: ¿es válida una disposición
legal que establece una sanción penal por la violación de
cualquier otra disposición de esa misma ley, sin que dicha
disposición penal haga referencias a artículos específicos
en la ley?
Bajo las circunstancias particulares de este
caso, contestamos en la afirmativa.
La importancia que la Asamblea Legislativa le imprimió
a la prestación de servicios de salud mental en el país se
tradujo en la imposición de sanciones penales a aquellas
personas que violaran las disposiciones de la Ley de Salud
Mental.
Si bien es cierto que la manera en que la Asamblea
Legislativa
esbozó
su
intención
de
penalizar
las
violaciones a la Ley de Salud Mental no es paradigma de
buenas
técnicas
debemos
de
4
de
redacción
claudicar
a
legislativa,
nuestro
deber
de
no
por
eso
interpretar
Artículo 3.06 (t) de la Ley de Salud Mental, 24 L.P.R.A
sec. 6154e.
5
Es decir, en este caso sólo estamos pasando juicio sobre
la validez de las disposiciones penales de la Ley de Salud
Mental a la luz de la situación particular que nos trae la
peticionaria.
CC-2007-659
14
razonablemente
los
viabilizar
intención
la
estatutos
del
de
modo
tal
legislador.
que
La
se
pueda
disposición
penal establecida en el artículo 15.08 (a) de la Ley de
Salud Mental debe ser interpretada, no en el abstracto ni
aisladamente, sino en conjunto con las demás disposiciones
de dicha ley y de nuestro ordenamiento penal.
Como sabemos, el artículo 9 del Código Penal de 1974,6
33
L.P.R.A
cometido
u
sec.
3041,
omitido
en
definía
delito
violación
de
como
aquel
alguna
ley
“acto
que
lo
prohíbe u ordena, aparejando, al ser probado, alguna pena o
medida de seguridad”.7
es
necesario
que
Por lo tanto, para que haya delito
exista,
conforme
al
principio
legalidad, una ley que prohíba u ordene una acción.
de
Esa
acción o conducta debe ser adecuadamente definida en la
ley, de modo tal que constituya la situación típica que de
ser realizada, y de ser antijurídica y culpable, equivalga
a la imposición de una pena.
Véase S. Mir Puig, Derecho
Penal Parte General, 7ma edición, Barcelona, Editorial B de
F, 2005, pág. 145.
Es claro entonces que la disposición
penal que establece la Ley de Salud Mental, la cual indica
que la violación de cualquier disposición de la ley será
penable como delito menos grave, tiene necesariamente que
referirse a aquellas disposiciones de ley que claramente
6
Los hechos de este caso ocurrieron antes de la vigencia
del
Nuevo
Código
Penal
de
2004,
por
lo
que
las
disposiciones aplicables son aquellas del Código Penal de
1974.
Pueblo v. González Ramos, 2005 T.S.P.R. 134, 2005
J.T.S. 131, 165 D.P.R. ___ (2005).
7
Idéntica definición tiene en el Código Penal de 2004.
Véase art. 15 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec.
4643.
CC-2007-659
15
establecen actos que la ley prohíbe u ordena.
Con sólo
atender el artículo 15.08 (a) no es suficiente para conocer
la situación típica, puesto que este artículo sólo describe
la pena aplicable.
disposiciones
supuesto
de
Es necesario considerar cada una de las
específicas
hecho
que
de
de
la
ser
ley
para
incumplido
descubrir
acarrea
el
dicha
consecuencia jurídica.
Al imputársele a una persona la violación de cualquier
disposición de esta ley, la misma estará sujeta al análisis
de los tribunales en cuanto a si cumple con las exigencias
requeridas
para
la
validez
de
estatutos
penales.8
Por
tanto, la disposición penal incluida en el artículo 15.08
(a) de la Ley de Salud Mental será válida en tanto la
disposición
específica
que
claramente
una
o
ordene
a
y
acción
su
vez
se
impute
conducta
cumpla
con
violada
establezca
la
ley
prohíba
todos
los
requisitos
que
u
necesarios para su validez.
Debemos entonces analizar el artículo imputado en este
caso para auscultar si el mismo es excesivamente vago o, si
por el contrario, establece claramente cuál es la conducta
prohibida u ordenada.
C.
El artículo 3.06 (a) establece:
8
Esto es, deberá cumplir con las exigencias del principio
de legalidad, la teoría del delito, además de estar sujeta
al análisis constitucional correspondiente a la limitación
del poder punitivo o de criminalización del Estado. Véase
Chiesa Aponte, op cit., págs. 38-41.
CC-2007-659
El adulto que necesita, requiere o recibe
servicios de salud mental será acreedor de los
siguientes derechos específicos:
(a) Acceso a Servicios:
Todo adulto tendrá acceso a los servicios de
salud
mental,
a
tono
con
las
subespecializaciones por etapa de vida, género,
trastorno, edad y nivel de cuidado, a tenor con
su diagnóstico y severidad de los síntomas y
signos
en
el
momento.
Los
servicios
de
tratamiento
deben
proveerse
en
un
orden
continuado según la severidad de los síntomas y
signos, para lograr la recuperación en un nivel
de funcionamiento razonable. A tales efectos, los
adultos que reciben servicios de salud mental no
serán objeto de discrimen ni prejuicio y tendrán
acceso a dichos servicios, sin distinción del
diagnóstico y severidad de su trastorno mental.
Este derecho no podrá ser limitado por la
existencia de alguna condición o impedimento
físico. No existirá distinción entre un trastorno
mental y cualquier otra condición médica en
términos de acceso de la persona a los servicios
que necesite.
La utilización de los servicios de salud mental
la
determinará
el
equipo
ínter
o
multidisciplinario,
a
base
de
la
necesidad
clínica justificada, la cual se fundamentará a su
vez en el diagnóstico y en la severidad de los
síntomas y signos del trastorno mental, según se
define
en
el
manual
de
clasificación
de
trastornos que esté vigente al momento.
También tendrá derecho a recibir los servicios
terapéuticos
de
farmacoterapia,
psicoterapia,
servicios de apoyo y otros congruentes con su
diagnóstico y la severidad de los síntomas y
signos a tenor con los parámetros clínicos
óptimos.
Todo proveedor directo o indirecto de servicios
de salud mental tendrá la obligación de brindar
los servicios dentro de los primeros cinco (5)
días naturales de la petición, siempre que el
mismo no responda a una emergencia psiquiátrica.
Se prohíbe que los proveedores de salud mental
directo o indirecto tengan listas de espera para
ofrecer los servicios a los solicitantes que
excedan
el
límite
de
los
cinco
(5)
días
establecidos en este Artículo. (Enfásis suplido).
16
CC-2007-659
17
24 L.P.R.A. sec. 6154e.
De la lectura de dicho artículo podemos colegir que el
mismo
establece
varios
derechos
específicos
relacionados
con el acceso a los servicios de salud mental a favor de
las personas que solicitan dichos servicios.
El artículo,
además, establece una obligación a los proveedores directos
e indirectos de servicios de salud mental de brindar dichos
servicios en unos términos específicos contados a partir de
la petición.
Bajo un análisis de tipo objetivo, el sujeto
activo
comportamiento
del
es
el
proveedor
indirecto9 de servicios de salud mental.
o
conducta
punible
es
el
no
cumplir
directo
o
El comportamiento
con
la
obligación
creada por la ley de brindar los servicios de salud mental
a los solicitantes que así lo requieran en los términos que
allí se establecen.
El
estatuto
establece
dos
modalidades
de
delito
codificadas en un mismo artículo, las cuales se distinguen
por razón de si el solicitante de servicios de salud mental
se encuentra en ese momento en una emergencia psiquiátrica.
La Ley define emergencia psiquátrica como:
El
cuadro
clínico
caracterizado
por
una
alteración en el pensamiento, en la percepción de
la realidad, en los afectos o sentimientos, o en
sus
acciones
o
conducta
que
necesita
una
9
La ley define “Proveedor Indirecto de Servicios de Salud”
como “todo asegurador u organización de servicios de salud
pública o privada, debidamente autorizada en Puerto Rico a
ofrecer, o que se obligue [a] proveer servicios de salud
según dispuesto en la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957,
según enmendada, conocida como ‘Código de Seguros de Puerto
Rico’, así como planes organizados y autorizados por alguna
ley especial”. Véase art. 1.06 (uu) de la Ley de Salud
Mental, 24 L.P.R.A. sec. 6152b (uu).
CC-2007-659
18
intervención terapéutica inmediata, o de urgencia
ante la intensidad de los síntomas y signos, y
por presentar riesgo inmediato de daño a sí
mismo, a otros o a la propiedad.”
24 L.P.R.A sec. 6152b (q). (Énfasis suplido).
Así
pues,
siguientes:
servicios
las
dos
modalidades
de
delito
son
las
1) la ley impone la obligación de brindar los
inmediatamente
si
estamos
ante
una
emergencia
psiquiátrica o 2) en un término no mayor de cinco días
naturales si el solicitante de servicios no se encuentra en
una emergencia psiquiátrica.
Es decir, en la primera de
las modalidades es necesario establecer que el solicitante
se encontraba en una emergencia psiquiátrica para que se
active
la
obligación
mental inmediatamente.
de
brindar
los
servicios
de
salud
La obligación de que los servicios
se brinden de forma inmediata en dicha modalidad surge de
la propia definición de emergencia psiquiátrica contenida
en la ley.
En la segunda de las modalidades se incurre en
el delito si no se ofrecen los servicios de salud mental en
un período no mayor de cinco (5) días naturales desde que
se realiza la petición.
Somos del criterio que la obligación que impone la ley
a los proveedores directos e indirectos de servicios de
salud mental surge claramente del texto del artículo 3.06
(a).
La peticionaria argumenta que, aún cuando haya una
obligación
clara
estatuida,
la
disposición
sigue
siendo
vaga porque no se define el término “servicios de salud
mental”,
por
obligación.
lo
que
no
se
conoce
el
contenido
de
esa
Es necesario entonces interpretar el texto de
CC-2007-659
19
la ley para determinar si ésta establece en qué consisten
los
servicios
de
salud
mental
a
ser
ofrecidos
en
los
razón
al
definición
de
términos antes mencionados.
En
primer
lugar,
argumentar
que
la
“servicios
de
salud
la
ley
no
peticionaria
incluye
mental”.
tiene
una
No
obstante,
el
mismo
artículo 3.06 (a) en su segundo párrafo establece que “[l]a
utilización de los servicios de salud mental la determinará
el
equipo
ínter
necesidad
clínica
servicios
de
o
multidisciplinario,
justificada”.
salud
mental
Según
deberán
ser
a
base
la
de
la
ley,
los
aquellos
que
determine el equipo ínter10 o multidisciplinario11 de acuerdo
10
La ley define "Equipo Interdisciplinario" como “el equipo
compuesto por tres (3) o más profesionales de la salud
mental de diferentes disciplinas, los cuales proveen
servicios
de
salud
mental
con
capacidad,
facultad
profesional
y
legal
para
diagnosticar
y
prescribir
tratamiento en las diferentes áreas del funcionamiento y
las capacidades del ser humano, y por aquellos otros
profesionales pertinentes a la condición de la persona,
trabajando
todos
en
un
mismo
escenario.
El
equipo
interdisciplinario se distingue por un trabajo en equipo y
en consenso, el cual se caracteriza por una interacción de
todos los profesionales con el paciente en tratamiento, una
discusión
de
casos,
de
conocimiento
pleno
de
las
contribuciones de cada profesión o disciplina, y de las
mejores prácticas en el campo, para la recuperación de la
persona. La composición del equipo y el liderazgo del
mismo, variará de acuerdo al escenario o servicio a ser
prestado y a las necesidades clínicas de la persona”.
Véase art. 1.06 (u) de la Ley de Salud Mental, 24 L.P.R.A.
sec. 6152b (u).
11
La ley define "Equipo Multidisciplinario” como “el grupo
de trabajo compuesto por tres (3) o más profesionales de la
salud mental de diferentes disciplinas, las cuales proveen
servicios
de
salud
mental
con
capacidad,
facultad
profesional
y
legal
para
diagnosticar
y
prescribir
tratamiento en las diferentes áreas del funcionamiento y
las capacidades del ser humano, y por aquellos otros
profesionales pertinente a la condición de la persona,
relacionados en un mismo escenario. Atienden a una misma
CC-2007-659
20
a las circunstancias de cada solicitante.
El artículo 3.06
(a) lo que ordena entonces es el comienzo de la prestación
de los servicios de salud mental en los términos que allí
se
establecen,
puesto
que
el
contenido,
intensidad
y
duración de los mismos dependerán de los síntomas y signos
de cada solicitante.
El
artículo
3.06
(a)
arroja
luz
sobre
cual
etapa
comienza la prestación de los servicios de salud mental ya
que
indica
que
los
equipos
ínter
o
multidisciplinario
actuarán de acuerdo a la necesidad clínica justificada de
tratamiento.
Por
tanto,
es
necesario
establecer
primeramente cuál es la “necesidad clínica justificada” de
cada
solicitante
multidisciplinario,
para
que
pueda
el
ser
equipo,
integrado
sea
y
a
ínter
o
su
vez
determinar la utilización de los servicios de salud mental
individualmente.
La
ley
define
la
necesidad
clínica
justificada como:
"Necesidad Clínica Justificada de Tratamiento" determinación clínica que surge de la evaluación
de la persona según los estándares aceptados por
las distintas disciplinas de salud mental como
opción clínica de tratamiento, recuperado y
rehabilitación por la severidad de los síntomas y
signos,
para
detener
el
progreso
de
la
_______________________
población, dentro de una misma categoría para el desarrollo
del tratamiento, recuperación y rehabilitación, para el
mejor funcionamiento de la persona, de acuerdo a su
situación y diagnóstico. Este equipo trabaja en consulta, y
se puede comunicar por medio del expediente clínico y
discusión de casos. Una institución proveedora podrá hacer
uso de este equipo, cuando por alguna razón no pueda
desarrollar un equipo interdisciplinario para diagnosticar
y prescribir el tratamiento correspondiente”.
Véase art.
1.06 (v) de la Ley de Salud Mental, 24 L.P.R.A. sec. 6152b
(v).
CC-2007-659
21
enfermedad, mejorar la condición de la persona y
mantenerlo
a
un
nivel
de
funcionamiento
socialmente aceptable, según la severidad de
síntomas y signos. Esta determinación, consignada
en el expediente clínico de la persona, va
dirigida a informar y fundamentar la necesidad de
iniciar o continuar con los servicios de salud
mental. (Énfasis suplido).
24 L.P.R.A. sec. 6152b (jj).
La necesidad clínica justificada es una determinación
clínica que deberá surgir de la evaluación que se realice
de la persona que solicita los servicios, de acuerdo a los
estándares aceptados por las distintas disciplinas de la
medicina
relacionadas
claramente
de
dicha
con
la
definición
salud
que
mental.
es
Surge
indispensable
precisar la necesidad clínica justificada de tratamiento,
puesto que esa determinación fundamentará la necesidad de
iniciar o proseguir los servicios de salud mental.
Esa
determinación surgirá de la evaluación que se realice del
solicitante.
Una evaluación es, a su vez, definida en la
ley como:
"Evaluación"
significa
el
procedimiento
efectuado por un psiquiatra, psicólogo clínico, u
otro
profesional
dentro
de
las
profesiones
relacionadas a la salud mental, con facultad para
diagnosticar y prescribir tratamiento dentro de
su profesión o especialidad, certificado con
licencia para ejercer su profesión en Puerto
Rico. Dicha evaluación será el producto de un
examen clínico directo con instrumentos, de
acuerdo al nivel de cuidado y al ambiente
correspondiente, al momento de efectuar la misma,
el cual contendrá hallazgos del historial, el
estado emocional, mental y físico, al momento de
llevarse a cabo, con impresiones diagnósticas,
según aplique a la situación en particular y con
recomendaciones
específicas
sobre
el
manejo
inmediato y pronóstico del paciente.
24 L.P.R.A. sec. 6152b (x).
CC-2007-659
Una
22
interpretación
sistemática
y
razonable
de
las
secciones anteriormente citadas establece que antes de que
el equipo ínter o multidisciplinario pueda determinar los
servicios específicos que se les brindará a cada uno de los
solicitantes, es necesario realizarles una evaluación a la
luz
de
la
cual
se
determinará
la
necesidad
clínica
justificada de tratamiento.
Dicha evaluación deberá ser
efectuada
psicólogo
por
un
psiquiatra,
profesional
de
la
diagnosticar
y
prescribir
profesión
especialidad”,
o
certificado.
La
salud
mental
clínico,
“con
tratamiento
además
evaluación
de
u
otro
facultad
para
dentro
estar
consistirá
de
su
debidamente
en
un
“examen
clínico con instrumentos” e incluirá además “hallazgos del
historial, el estado emocional, mental y físico, al momento
de
llevarse
a
cabo,
recomendaciones
impresiones
específicas
sobre
diagnósticas.
el
manejo
.
.
y
inmediato
y
pronóstico del paciente.”
Siendo
cumplirse
pueda
esta
para
evaluación
que
constituirse
el
el
equipo
primer
ínter
adecuadamente
o
y,
paso
que
debe
multidisciplinario
de
justificarse,
establecer el plan de tratamiento individualizado para cada
solicitante, es razonable entender que dicha evaluación es
el servicio que debe prestarse inmediatamente si se está
ante una emergencia psiquiátrica, o dentro de un término no
mayor
de
cinco
días
naturales
desde
la
petición
de
servicios si no estamos ante una emergencia psiquiátrica.
Antes
de
que
el
equipo
ínter
o
multidisciplinario
CC-2007-659
23
establezca un plan de servicios de salud, debe determinarse
la
necesidad
clínica
justificada
de
forma
tal
que
se
fundamente la decisión de iniciar o no los servicios de
salud mental.
que
del
Dicha determinación surge de la evaluación
solicitante
sea
realizada.
Por
tanto,
los
servicios de salud mental comenzarán con la evaluación que
se
haga
del
solicitante,
la
que
debe
brindarse
inmediatamente de estar ante una emergencia psiquiátrica o
en un período corto no mayor de cinco (5) días naturales
desde la petición.
Esta interpretación del texto de la ley
es
intención
cónsona
con
la
del
legislador
de
que
se
comenzara la prestación de los servicios de salud mental lo
más pronto posible y no se crearan listas de espera que
sobrepasaran
los
cinco
(5)
días
naturales
desde
la
petición.
En
suma,
el
artículo
proveedores
obligación
a
los
servicios
de
salud
mental
3.06
de
(a)
una
emergencia
servicios
e
proveer
dichos
psiquiátrica,
inmediatamente.
una
directos
dentro de unos términos específicos.
en
impone
indirectos
de
servicios
De estar el paciente
deberán
De
clara
no
brindar
estarlo,
dichos
deberán
prestarlos en un término no mayor de cinco días desde la
petición.
De
una
interpretación
sistemática
razonable
basada en el texto de la ley, concluimos que los servicios
a los que se refiere el artículo 3.06 (a) es la evaluación
que
de
todo
solicitante
deben
realizar
los
proveedores
directos o indirectos para determinar la necesidad clínica
CC-2007-659
24
justificada.
Dicha
evaluación
debe
cumplir
con
los
requisitos establecidos por ley.
Es forzoso concluir entonces que el artículo 3.06 (a)
no es vago.
conducta
El estatuto establece adecuadamente cuál es la
ordenada.
El
contenido
de
la
obligación
es
fácilmente discernible luego de interpretar razonablemente
la
disposición
anteriormente,
el
en
cuestión.
hecho
de
que
Como
una
establecimos
disposición
requiera
interpretación no significa que la misma es vaga, puesto
que “no debe caerse en la superficialidad de creer que una
ley penal es nula por defecto de vaguedad debido a que
requiera interpretación”.
Pueblo v. Tribunal Superior, 81
D.P.R. 763, 788 (1960).
Véase además Pueblo v. Tribunal
98
Superior,
D.P.R.
750,
751
(1970),
Tribunal Superior, supra pág. 145.
Vives
Vázquez
v.
Al interpretar la ley
tomamos en cuenta los fines que la misma persigue y la
política
pública
consecuencias
que
que
la
conlleva
inspira,
dicha
considerando
interpretación.
las
Véase
Pacheco Rodríguez v. Alcaide, 120 D.P.R. 404, 409 (1988).
Por otro lado, la ley no se presta para una aplicación
arbitraria y discriminatoria, puesto que provee criterios
adecuados que rigen la discreción de aquellos llamados a
aplicarla.
Véase In re: Guzmán Géigel, 113 D.P.R. 122, 129
(1982).
No nos convence el argumento de la peticionaria de
que
demuestra
se
Ministerio
personas
Público
que
la
arbitrariedad
sólo
entiende
la
acusó
podrían
ser
de
a
la
ley
cuando
ella
y
a
otras
La
amplia
acusadas.
no
el
CC-2007-659
25
discreción que hemos reconocido reside en la persona del
Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico y de
los fiscales bajo su supervisión para el procesamiento de
delitos, es un asunto distinto al análisis de si una ley
carece de criterios adecuados para regir la discreción de
aquellos
que
la
aplican,
de
modo
que
la
ley
sea
vaga.
Véase Pueblo v. Martínez Acosta, 2008 TSPR 123; Pueblo v.
Dávila Delgado, 143 D.P.R. 157, 170 (1997).
Los tribunales
no deben intervenir en la discreción del Ministerio Público
de acusar o no a una persona por determinado delito, salvo
abuso de discreción por procesamiento selectivo basado en
consideraciones constitucionalmente inaceptables, lo que en
este
caso
no
ha
sido
demostrado.
este
caso
Pueblo
v.
Martínez
Acosta, supra.
Tampoco
legalidad
en
que
rige
en
se
nuestro
viola
el
principio
ordenamiento,12
pues
de
la
interpretación que del artículo imputado hacemos se basa en
su texto, sin acudir a fuentes externas para suplir por vía
judicial lo que el legislador dejó de plasmar en el texto
de la ley.
Cf. Pueblo v. Martínez Yanzanis, 142 D.P.R. 871
(1997).
Así pues, siendo en este caso el artículo 3.06
(a) de la Ley de Salud Mental una disposición clara en
cuanto
a
directos
12
las
o
obligaciones
indirectos
de
que
impone
servicios
de
a
los
salud
proveedores
mental,
es
“No se instará acción penal contra persona alguna por un
hecho que no esté expresamente definido por ley como
delito, ni se impondrán penas o medidas de seguridad que la
ley no hubiere previamente establecido. No se podrán crear
por analogía delitos, penas, ni medidas de seguridad”. Art.
8 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A.sec. 3031.
CC-2007-659
26
válida y aplicable la disposición penal estatuida en el
artículo 15.08 (a) de dicha ley que castiga su violación
con pena de multa no mayor de $5000 dólares.
El hecho de
que el artículo 3.06 (a) provee un aviso adecuado de cuál
es
la
conducta
prohibida
dispone
también
del
segundo
argumento de la peticionaria en cuanto a que la ley creaba
un
efecto
neutralizador
o
“chilling
effect”
sobre
la
práctica de los profesionales de la salud debido a que
alegadamente no se sabía cuál era la conducta prohibida,
pues hemos llegado a un resultado contrario.
III.
En
el
tercer
error
apuntado,
la
peticionaria
APS
indica que debe desestimarse la denuncia en su contra, pues
ya que a la Sra. Sonia Torres Ríos no se le encontró causa
para
arresto,
procede
que
la
corporación
APS
Healthcare
Inc. corra igual suerte, ya que ésta obró a través de la
Sra.
Torres.
El
planteamiento
carece
de
méritos.
En
primer lugar, el Código Penal de 1974 establecía que las
personas jurídicas serían penalmente responsables “cuando a
través
de
personas
en
autorizadas
acuerdos
y
representación
realicen
actuaciones
que
le
en
de
sean
realización
las
mismas,
de
o
atribuibles,
sus
cuando
cometan
hechos delictuosos”.
Art. 37 del Código Penal de 1974, 33
L.P.R.A. sec 3174.
El mismo artículo establecía que dicha
responsabilidad no excluía la individual en que pudieran
incurrir
los
dirigentes
o
representantes
de
éstas.
Id.
Como bien apuntó al comentar este artículo la Profesora
CC-2007-659
27
Nevares Muñiz, la responsabilidad de los representantes es
individual y separada de la que pueda tener la corporación
como persona jurídica. Véase D. Nevares Muñiz, Código Penal
de Puerto Rico Revisado y Comentado, 6ta edición, San Juan,
Instituto para el Desarrollo del Derecho Inc., 2000, pág.
74.
Por esto, no podemos atribuirle un efecto de cosa
juzgada
o
de
impedimento
colateral
por
sentencia
a
una
determinación de no causa para arresto en contra de un
representante
de
la
corporación,
para
evitar
el
procesamiento de la corporación por los mismos hechos.
Por otro lado, estamos ante un delito que se comete
por
a
una
obligación establecida cuando la ley así lo ordena.
En
este
omisión,
tipo
de
es
decir,
delito,
por
las
un
no
obrar
personas
conforme
jurídicas
responden
penalmente cuando aquellos llamados a actuar por ésta no
actuaron conforme a la ley.
Así pues, en este caso se le
denunció a la peticionaria no por los actos realizados por
la Sra. Torres en su carácter personal, sino por los que
debió haber hecho la corporación a través de cualquiera de
sus
representantes
y
alegadamente
no
hizo.
La
determinación de no causa en contra de la Sra. Torres en
nada
afecta
la
determinación
de
causa
contra
la
peticionaria APS, pues ésta pudo haber actuado a través de
otras personas, no exclusivamente la Sra. Torres.
CC-2007-659
28
IV.
En el cuarto y último error apuntado, la peticionaria
APS
indica
conforme
a
que
no
se
le
encontró
causa
para
derecho
por
no
haberse
presentado
arresto
prueba
de
todos los elementos del delito, por lo que solicita la
desestimación de la denuncia conforme la regla 64 (p) de
Procedimiento Criminal.
A.
En un procedimiento de determinación de causa probable
para
arresto
presente
es
prueba
necesario
sobre
que
todos
el
los
Ministerio
elementos
del
Público
delito
imputado, de modo tal que el magistrado pueda determinar
que se ha cometido el delito y la conexión de éste con el
imputado.
Regla
6
(a)
de
Procedimiento
Criminal,
34
L.P.R.A. Ap. II R.6(a); Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 D.P.R.
803,
813
(1998).
Dicha
prueba
admisible en un juicio plenario.
143 D.P.R. 656, 662 (1997).
moción
al
amparo
de
la
debe
ser
legalmente
Pueblo v. Andaluz Méndez,
El estándar al atender una
regla
64
(p)
cuando
se
alegue
insuficiencia de prueba en la vista de determinación de
causa para arresto, será el de ausencia total de prueba del
delito imputado.
Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37,
42 (1989).
Como establecimos anteriormente, el delito estatuido
en el artículo 3.06 (a) de la Ley de Salud Mental contiene
dos modalidades.
negar
o
no
En la primera se comete el delito al
ofrecer
los
servicios
de
salud
mental
CC-2007-659
29
inmediatamente a una persona que sufra de una emergencia
psiquiátrica.
Esto es, penaliza el que no se realice la
evaluación del solicitante inmediatamente, de acuerdo a los
criterios de la ley.
Por tanto, los elementos de dicha
modalidad son: 1) que un solicitante adulto haya requerido
servicios
de
salud
indirecto,
2)
que
mental
el
a
un
solicitante
proveedor
se
directo
encontraba
en
o
una
emergencia psiquiátrica y 3) que el proveedor directo o
indirecto
no
le
brindó
inmediatamente.
En
esta
la
evaluación
primera
modalidad
requerida
es
elemento
esencial del delito el estado de emergencia psiquiátrica
del
solicitante,
propia
ley.
conforme
la
definición
incluida
cuanto
a
la
modalidad,
En
segunda
en
la
los
elementos son: 1) que una persona adulta haya solicitado
servicios
de
salud
mental
a
un
proveedor
directo
o
indirecto y 2) que el proveedor directo o indirecto no le
brindó
la
evaluación
requerida
dentro
de
un
período
no
mayor de cinco (5) días naturales desde la petición.
En
cuanto
al
elemento
subjetivo
necesario
para
configurarse este delito, debemos revisar primeramente el
esquema regulador de los elementos mentales o subjetivos
que regía bajo el Código Penal de 1974.
El artículo 14 del
Código Penal de 1974 indicaba:
Nadie podrá ser sancionado por una acción u
omisión que la ley provee como delito si la misma
no se realiza con intención o negligencia
criminal.
La intención o negligencia se manifiestan por las
circunstancias relacionadas con el delito, la
capacidad mental y las manifestaciones y conducta
de la persona.
CC-2007-659
30
33 L.P.R.A. sec. 3061
A diferencia del Código Penal de 2004, el Código Penal
de 1974 establecía un sistema abierto a la negligencia.
Chiesa Aponte, op cit., pág. 141.
Esto es, en principio
los delitos podían ser castigados tanto por intención como
por negligencia, independientemente de si el tipo permitía
expresamente
que
se
castigara
por
negligencia.
Para
determinar cuál era el elemento subjetivo necesario para
cada delito, había que acudir al texto del tipo para saber
si del mismo se desprendía un estado mental necesario para
la comisión del delito. Véase E.L. & L.E. Chiesa Aponte,
Derecho Penal, 73 Rev. Jur. U.P.R. 671, 685 (2004).
y
palabras
malicia
como
“a
sabiendas”,
premeditada”,
“deliberadamente”
denotan
el
y
el
requerimiento
subjetivo de intención.
“fraudulentamente”,
“ilegalmente”,
“con
propósito
del
Frases
“con
“voluntariamente”,
de”,
legislador
entre
del
otras,
elemento
A falta de este tipo de lenguaje,
bajo el artículo 14, el delito podía ser cometido con sólo
mediar negligencia.
Bajo el Código Penal de 1974 respondía por negligencia
la
persona
quererlo,
que
por
producía
imprudencia
un
resultado
o
descuido,
delictuoso
o
falta
sin
de
circunspección o impericia o por inobservancia de la ley.
Art. 16 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. sec. 3063.
Basado
en
esta
definición
fue
que
establecimos
que
la
negligencia en nuestro sistema se manifiesta en cuatro (4)
CC-2007-659
31
modalidades:
imprudencia,
descuido,
impericia
e
inobservancia de reglamentos y leyes. Pueblo v. Ruiz Ramos,
125
D.P.R.
365,
negligencia
386
necesario
(1990).
Claro
para
comisión
la
está,
de
el
grado
de
un
delito
es
mayor que aquel exigido para imponer responsabilidad bajo
el artículo 1802 del Código Civil, puesto que se requiere
una desviación crasa del estándar de cuidado que se espera
de
una
persona
prudente
y
razonable
bajo
las
mismas
circunstancias. Pueblo v. Ruiz Ramos, supra, pág. 384.
Los artículos 3.06 (a) y 15.08 (a) de la Ley de Salud
Mental no hacen referencia al elemento subjetivo específico
y necesario para configurar la omisión antijurídica, por lo
que en principio el delito puede ser cometido a base de
negligencia.
cometer
un
Cabe
delito
negligencia?
La
entonces
de
omisión
respuesta
es
preguntarnos
pura
o
sí.
La
¿es
propia
a
omisión
posible
base
ha
de
sido
definida por cierto autor como “la imputación a la conducta
del sujeto de la no realización de una prestación positiva
estimada ex ante como necesaria para la salvaguarda de un
bien jurídico”. J.M. Silva Sánchez, El delito de omisión:
concepto y sistema, Barcelona, Editorial Bosch, 1986, pág.
158.
En
ese
sujeto
podría
sentido,
ser
la
conducta
voluntaria
y
que
ha
realizado
el
querida
o,
aún
ser
sin
querida, previsible de que con dicha conducta no realizaría
la
prestación
configuraría
intencional.
que
el
el
delito
ordenamiento
le
por
de
omisión
exige,
manera
lo
que
dolosa
o
Por otro lado, la conducta que realiza el
CC-2007-659
32
sujeto podría ser realizada por imprudencia o descuido, o
falta de circunspección o impericia o por inobservancia de
la ley de manera tal que dicha conducta equivalga a la no
realización de la prestación que el tipo le exige realizar,
configurándose
de
esta
manera
el
delito
que
delito
por
omisión
negligente o imprudente.
Somos
del
criterio
el
estatuido
en
el
artículo 3.06 (a) es posible cometerlo tanto por intención
como por negligencia.13
En su modalidad negligente, podría
ocurrir que un proveedor de servicios directo o indirecto
por
simple
evaluación
inobservancia
en
los
de
términos
la
ley
no
brindara
requeridos
y
en
su
la
lugar
enlistara al paciente para ofrecerle los servicios fuera de
los plazos establecidos, en contravención de la ley.
O
podría
la
darse
evaluación
en
el
los
caso
que
términos
aún
cuando
se
establecidos,
brindara
la
misma
no
cumpliera con los requisitos exigidos por el tipo a través
de la definición de “evaluación” incluida en la ley, de
modo tal que la acción realizada se desviara crasamente de
la prestación exigida.
Teniendo
los
elementos
que
configuran
el
delito
estatuido en el artículo 3.06 (a), examinemos la prueba que
se presentó en el procedimiento de causa para arresto.
13
Esto es aplicable a violaciones del artículo estudiado
anteriores a la vigencia del Código Penal de 2004;
para
hechos acaecidos a partir de la vigencia de dicho Código,
el delito sólo puede ser cometido a base de intención por
no haber alusión expresa a la negligencia en el tipo.
Véase art. 22 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A.
sec. 4650.
CC-2007-659
33
B.
En la vista de causa probable para arresto bajo la
Regla 6 de Procedimiento Criminal testificaron la madre del
occiso, la Sra. Nancy Meléndez González y el Dr. Enrique
Rivera Mass.
Además, como prueba documental, se presentó
el Informe de Médico Forense, el cual determinó que la
causa de la muerte del Sr. Rosario Meléndez fue suicidio
por asfixia.
La Sra. Meléndez González testificó que el día 11 de
febrero de 2005 acudió al Hospital Regional de Bayamón a
solicitar servicios de salud mental para su hijo.
En el
Hospital le informaron que no podían atender al Sr. Rosario
Meléndez, pues éste contaba con veintidós (22) años de edad
y allí sólo atendían a jóvenes adolescentes.
Fue referida
a la Clínica operada por la peticionaria APS en el pueblo
de Bayamón.
Indicó que allí solicitó servicios de salud
mental para la condición de su hijo.
Testificó además que
en la Clínica su hijo fue atendido por la Sra. Torres,
quien le informó que el Sr. Rosario Meléndez no presentaba
ninguna situación de emergencia en ese momento y que en
caso de emergencia llamara a los números que se incluían en
la tarjeta de APS que ésta tenía.
Por último, declaró que
la Sra. Torres refirió a su hijo a dos citas: una con un
consejero de adicciones y una con un psiquiatra, las cuales
se llevarían a cabo el 24 de febrero de 2005 y el 3 de
marzo de 2005, respectivamente.
CC-2007-659
34
Por otro lado, surge de los autos que el Dr. Rivera
Mass testificó acerca de una investigación que éste realizó
en relación con los sucesos de este caso, para lo cual
preparó
un
informe
a
la
Administración
de
Servicios
Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).14
de
El testimonio
del Dr. Rivera Mass lo que hace es corroborar el relato de
hechos en cuanto a que la Sra. Meléndez fue con su hijo en
primer lugar al Hospital Regional de Bayamón a solicitar
los servicios de salud mental y al decirle en dicho centro
que sólo atendían a adolescentes, fueron entonces referidos
a la Clínica de la peticionaria APS, donde Rosario Meléndez
fue atendido por la Sra. Torres.
evaluación
dada
por
la
Sra.
A esto sólo añade que la
Torres
al
joven
Rosario
Meléndez fue deficiente y que, en su opinión, éste requería
una evaluación psiquiátrica.
En la denuncia enmendada presentada en contra de la
peticionaria, se le imputaron ambas modalidades del delito
estatuido en el artículo 3.06 (a).
a
la
modalidad
encontrar
un
Ministerio
de
emergencia
Sin embargo, en cuanto
psiquiátrica,
no
logramos
ápice
de
prueba
que
haya
presentado
el
Público
en
cuanto
al
cuadro
clínico
que
presentaba el joven Rosario Meléndez al llegar a la clínica
de la peticionaria, de modo tal que el juzgador de Regla 6
pudiese
14
determinar
que
probablemente
el
occiso
se
A diferencia del testimonio de la Sra. Meléndez González
para
el
cual
contamos
con
el
beneficio
de
una
transcripción, el testimonio del Dr. Rivera Mass surge de
los alegatos presentados por las partes.
Aún así, no
parece haber controversia entre las partes en cuanto al
contenido de lo testificado por éste.
CC-2007-659
35
encontraba en ese momento en una emergencia psiquiátrica.
El
testimonio
establecido
alegatos,
del
por
que
Dr.
el
en
Rivera
Mass
Ministerio
su
sólo
Público
opinión
este
indica,
según
uno
de
sus
requería
una
en
joven
evaluación psiquiátrica, pero eso no equivale a que éste se
encontraba
en
una
emergencia
psiquiátrica.
El
término
“emergencia psiquiátrica” es un concepto médico que, aunque
no
resolvemos
probado,
que
requiera
ciertamente
documental
que
determinación
requiere
establezca,
de
prueba
causa
pericial
prueba
para
para
ser
testifical
o
propósitos
probable
para
de
una
arresto,
que
probablemente una persona presentaba un cuadro clínico que
reflejaba una alteración en sus acciones o conducta que
requería intervención terapéutica inmediata, según lo exige
la definición de dicho concepto en la ley.
No surgiendo de
los autos este tipo de prueba, estamos ante un caso de
ausencia total de prueba de un elemento esencial del delito
por lo que el juzgador de Regla 6 no podía encontrar causa
probable
para
arresto
con
arreglo
a
derecho
por
esa
modalidad.
Esta conclusión, sin embargo, no dispone del caso ante
nuestra
consideración.
procedimiento
de
causa
Sabido
es
que
probable
para
el
un
juez
arresto
en
o
un
para
acusar puede encontrar causa probable por el delito que la
prueba sustente y no necesariamente por el imputado. Pueblo
v.
Torres,
132
D.P.R.
77,
86
(1992);
Regla
6
(c)
Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 6(c).
de
En
CC-2007-659
este
36
caso
Meléndez
se
presentó
solicitó
prueba
servicios
de
de
que
el
salud
joven
mental
Rosario
y
que
la
evaluación requerida no se le proporcionó en un período no
mayor de cinco (5) días, o al menos, la realizada por la
Sra.
Torres
suficiente
fue
en
deficiente.
esta
etapa
para
Esto
constituye
configurar
la
prueba
segunda
modalidad del delito codificado en el artículo 3.06 (a) de
la Ley de Salud Mental, ya que se presentó alguna prueba de
todos
los
elementos
subjetivo necesario.
del
delito,
incluyendo
del
elemento
En cuanto a esa modalidad, no estamos
ante un caso de ausencia total de prueba, por lo que no
procede
la
celebración
desestimación
de
de
plenario
un
juicio
la
denuncia,
en
contra
sino
la
de
la
peticionaria APS.
VI.
En suma, somos del criterio que ninguno de los cuatro
errores delineados por la peticionaria fueron cometidos.
Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la
sentencia del Tribunal de Apelaciones y se envía el caso al
Tribunal de Primera Instancia para que se celebre el juicio
correspondiente bajo la segunda modalidad del artículo 3.06
(a) de la Ley de Salud Mental.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2007-659
APS Healthcare of
Puerto Rico, Inc.
Peticionario
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 2009
Por los fundamentos antes expuestos en la
Opinión que antecede, los cuales se incorporan
íntegramente
a
la
presente
Sentencia,
se
modifica
la
sentencia
del
Tribunal
de
Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que se celebre el juicio
correspondiente bajo la segunda modalidad del
artículo 3.06 (a) de la Ley de Salud Mental.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor Rivera Pérez concurre en
el resultado sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo