LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Pueblo v. APS Healthcare of Puerto Rico, Inc.

2009 TSPR 11

Poder Judicial de Puerto Rico

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Pueblo v. APS Healthcare of Puerto Rico, Inc.

CC-2007-0659

Interpretación de las Leyes; Ley de Salud Mental

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

vs.

2009 TSPR 11

APS Healthcare of Puerto Rico, Inc.

175 DPR ____

Peticionario

Número del Caso: CC-2007-659

Fecha: 21 de enero de 2009

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón, Panel III

Juez Ponente:

Hon. Migdalia Fraticelli Torres

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Harry Anduze Montaño

Lcdo. José A. Morales Boscio

Oficina del Procurador General:

Lcda. Zaida Z. Girón Anadón

Procuradora General Auxiliar

Materia: Art. 3.06 Ley 408

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2007-659

APS Healthcare of

Puerto Rico, Inc.

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 2009

En esta ocasión examinamos la validez de varios

artículos de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico,

24

L.P.R.A.

secs.

6152-66g,

a

la

luz

vaguedad

y

doctrinas

constitucionales

de

excesiva,

así

principio

como

del

establecido en el Código Penal.

de

de

las

amplitud

legalidad

Veamos los hechos

que originan este recurso.

I.

El 9 de febrero de 2006, el Ministerio Público

presentó una denuncia en el caso de epígrafe contra

APS

Healthcare

of

Puerto

Rico,

Inc.

(en

adelante

APS) por violación a los artículos 3.06 (a) y 15.08

(a) de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, Ley

Núm. 408 de 2 de octubre de 2000, 24 L.P.R.A. secs.

CC-2007-659

3

6152-66g, delito clasificado como menos grave.

La denuncia

enmendada1 en contra de la corporación, lee como sigue:

El referido acusado APS Healthcare of Puerto Rico

Inc. allá en o para el 10 al 11 de febrero de 2005,

en Bayamón, Puerto Rico, que forma parte de la

jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia de

Bayamón, ilegalmente, violó la disposición del Art.

3.06 (a) de la Ley 408 al negar acceso a un

servicio de emergencia psiquiátrica a Marcos

Rosario Meléndez quien tenía derecho a ello por su

condición de salud mental y porque era de

conocimiento

del

acusado

a

través

de

sus

funcionarios de las ideas de daño a sí mismo o

suicidas que manifestaba Marcos Rosario Meléndez,

ni ofrecer los servicios dentro de los cinco días

naturales que dispone el artículo. Ocurriendo la

muerte de Marcos Rosario Meléndez por suicidio el

18 de febrero de 2005.

Por

estos

mismos

hechos,

el

Ministerio

Público

presentó también denuncia en contra de la Sra. Sonia Torres

Ríos (en adelante Sra. Torres), trabajadora social clínica

empleada de APS Healthcare of Puerto Rico Inc.,2 bajo el

1

El Tribunal de Primera Instancia autorizó la enmienda a la

denuncia, la cual fue objetada por la peticionaria, el 2 de

abril de 2006. La denuncia original leía como sigue: “El

referido acusado APS Healthcare [P.R. Inc.] allá en o para

el 10 al 11 de febrero de 2005 en Bayamón, Puerto Rico, que

forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera

Instancia de Bayamón, ilegalmente violó la disposición del

Art. 3.06 de la Ley 408 al negar acceso a un servicio de

emergencia psiquiátrica a Marcos Rosario Meléndez quien

tenía derecho a ello por su condición de salud mental y

porque era de conocimiento del acusado a través de sus

funcionarios de las ideas de daño a si (sic) mismo suicidas

que manifestaba por Marcos Rosario Meléndez. Ocurriendo la

muerte de Marcos Rosario Meléndez por suicidio el 18 de

febrero de 2005”.

La peticionaria ha hecho expresa y

formal reserva de derechos sobre cualquier reclamo de

prescripción que pudiese levantar y así lo hemos entendido

al momento de evaluar y resolver los méritos del presente

recurso por lo que no nos expresamos en cuanto a dicho

planteamiento.

2

Tomamos conocimiento de la existencia de una controversia

en cuanto al verdadero patrono de la Sra. Sonia Torres

Ríos, si APS Healthcare of Puerto Rico Inc. o APS Clinics

of Puerto Rico Inc.

El Tribunal de Primera Instancia, no

CC-2007-659

4

artículo 6.01 de la Ley de Salud Mental.

La Sra. Torres

atendió

al

joven

Marcos

Meléndez

el

día

febrero

de

2005,

alegadamente

realizando

una

evaluación

consejero

de

sustancias

deficiente

y

citándolo

Rosario

con

un

11

de

controladas y con un psiquiatra al cabo de trece (13) y

veinte

(20)

días

de

solicitar

los

servicios

de

salud

mental, respectivamente.

En la vista de causa para arresto bajo la Regla 6 de

Procedimiento Criminal, se encontró causa para arresto en

contra de APS Healthcare of Puerto Rico Inc. y se determinó

“no causa” con relación a la Sra. Torres.

Inconforme con dicho dictamen, y por tratarse de un

delito menos grave, la peticionaria APS presentó Moción de

Desestimación al amparo de la Regla 64 de Procedimiento

Criminal en sus incisos (a), (b) y (p).

En cuanto a los

incisos (a) y (b) de la mencionada regla, arguyó que la

acusación no imputaba delito o que el tribunal no tenía

jurisdicción para encausar a la peticionaria puesto que el

estatuto cuya violación se le imputaba adolecía de vaguedad

y amplitud excesiva, además de contravenir el principio de

legalidad estatuido en el Código Penal.

Expresó también

que el Ministerio Público había fallado en cumplir con su

carga

probatoria

en

etapa

de

la

Regla

6

ya

que

había

ausencia total de prueba en cuanto a varios elementos del

_______________________

obstante, encontró prueba suficiente en esta etapa de los

procedimientos

para

creer

que

la

Sra.

Torres

era

representante de APS Healthcare of Puerto Rico Inc.

De

todos modos, dicha controversia no fue traída ante este

Foro.

CC-2007-659

5

delito, incluyendo prueba sobre que el Sr. Marcos Rosario

Meléndez

se

encontrara

psiquiátrica”

y

el

en

grado

un

de

estado

intención

de

“emergencia

necesaria

para

cometer el delito, por lo que procedía la desestimación de

la denuncia bajo la regla 64 (p) al no encontrarse causa

conforme a derecho.

La

discusión

de

ambos

planteamientos

se

bifurcó,

celebrándose vista argumentativa en cuanto al planteamiento

bajo

la

64

(p)

el

3

de

abril

de

2006

y

la

vista

argumentativa sobre los planteamientos constitucionales el

11 de abril de 2006.

En ambos procedimientos se declararon

no ha lugar las mociones presentadas por la peticionaria.

Aún inconforme con dicho proceder, la peticionaria APS

acudió

al

Tribunal

de

Apelaciones

mediante

recurso

de

certiorari el 3 de mayo de 2006, recreando esencialmente

los

mismos

argumentos

Primera Instancia.

que

esgrimió

en

el

Tribunal

de

El Tribunal de Apelaciones expidió el

auto y confirmó las resoluciones recurridas.

Entendió, en

primer lugar, que no era aplicable en este caso la doctrina

de amplitud excesiva, pues dicha doctrina se reserva para

cuando

la

aplicación

de

una

ley

conlleva

un

efecto

neutralizador (chilling effect) en el ejercicio de derechos

constitucionales fundamentales de los ciudadanos como lo

son la libertad de expresión y asociación.

juego

esos

derechos

en

este

caso,

no

No estando en

aplicaba

dicha

doctrina por lo que el ataque constitucional a la ley no

podía ser de su faz, sino sólo en su aplicación a APS.

CC-2007-659

6

En cuanto al planteamiento de vaguedad, entendió en

síntesis

que

“el

artículo

3.06

claramente

alude

a

la

obligación legal de los proveedores directos e indirectos

de brindar sus servicios en los plazos estatuidos”3 por lo

que la legislación no adolecía de vaguedad y se trataba

entonces de un delito de omisión pura que se configuraba

cuando

el

actor,

obligación

estatuidos”.

de

en

este

caso

“brindar

los

Asimismo

indicó,

APS,

incumplía

servicios

en

en

cuanto

a

con

su

los

plazos

la

alegada

ausencia total de prueba en la vista de Regla 6, que el

Ministerio Público cumplió con su deber de presentar una

scintilla de evidencia sobre todos los elementos del delito

por lo que tampoco procedía dicho planteamiento.

La

peticionaria

APS

entonces

acude

ante

este

presentando los siguientes errores:

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al no

desestimar

bajo

la

Regla

64(a)

y

(b)

de

Procedimiento Criminal la denuncia de epígrafe y

al

no

declarar

la

inconstitucionalidad

del

artículo penal 15.08 y el artículo 3.06 de la Ley

de Salud Mental, Ley Núm. 408 de 2 de octubre de

2000, por adolecer de falta de notificación

adecuada bajo el principio de vaguedad.

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al no

desestimar

bajo

la

Regla

64(a)

y

(b)

de

Procedimiento Criminal la denuncia de epígrafe y

al

no

declarar

la

inconstitucionalidad

del

artículo penal 15.08 y el artículo 3.06 de la Ley

de Salud Mental, Ley Núm. 408 de 2 de octubre de

2000, por adolecer de amplitud excesiva.

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al no

desestimar los cargos contra la corporación

acusada, toda vez que a la trabajadora social que

atendió y refirió al paciente no se le halló

causa.

3

Sentencia del Tribunal de Apelaciones en la pág. 16.

Foro

CC-2007-659

7

Erró el Honorable Tribunal de Apelaciones al

denegar la solicitud de desestimación bajo la

Regla 64 (p) pues no se declaró causa probable

conforme a la ley y a derecho.

El 11 de octubre de 2007 denegamos la expedición del

recurso

de

certiorari.

El

30

de

noviembre

de

2007

denegamos reconsiderar nuestra decisión de no expedir el

recurso por estar igualmente dividido el Tribunal.

de

enero

de

2008,

luego

de

una

segunda

El 18

moción

de

reconsideración, decidimos reconsiderar y expedir el auto

solicitado.

Con el beneficio de la comparecencia de las

partes en el litigio procedemos a resolver.

II.

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los

primeros dos señalamientos de error conjuntamente.

A.

Una

ley

o

reglamento

adolece

de

amplitud

excesiva

cuando, a pesar de que su objetivo es castigar o prohibir

expresión no protegida constitucionalmente, su redacción o

interpretación

tiene

como

efecto

proscribir

expresiones

constitucionalmente protegidas por la cláusula de libertad

de

expresión

o

asociación.

U.N.T.S.

Salud, 133 D.P.R. 153, 161 (1993).

doctrina

ataque

de

de

amplitud

excesiva

una

ley

aplicación,

y

es

persona

puede

impugnar

alegando

que

no

municipal

de

una

su

no

excepción

a

podría

Secretario

de

En este contexto, la

permite

faz,

un

v.

al

reclamante

necesariamente

la

regla

estatuto

ser

o

de

una

en

que

el

su

“una

ordenanza

inconstitucional

de

CC-2007-659

8

aplicarse en circunstancias distintas a las del caso que

está en el tribunal”.

Vélez v. Mun. de Toa Baja, 109

D.P.R. 369, 378 (1980).

El objetivo es evitar que la aplicación de la ley o

reglamento

produzca

“chilling

effect”

expresión

protegida

el

que

llamado

suponen

efecto

leyes

neutralizador

que

constitucionalmente

castigan

como

o

tanto

aquella

no

protegida, puesto que la sola existencia del estatuto puede

causar que otras personas que no están ante el tribunal se

abstengan

de

hacer

constitucionalmente.

Superior,

101

jurisdicción

Véase

D.P.R.

como

alguna

en

139,

la

expresión

Vives

146

Vázquez

(1973).

federal,

la

protegida

v.

Tribunal

Tanto

en

esta

aplicación

de

esta

doctrina se ha limitado al reclamo de derechos protegidos

por

la

Véase

cláusula

Pueblo

de

v.

libertad

Hernández

de

expresión

118

Colón,

o

asociación.

D.P.R.

891,

899

(1987); Disidente Univ. de P.R. v. Depto. de Estado, 145

D.P.R. 689 (1998).

En la jurisdicción federal, véase U.S.

v. Raines, 362 U.S. 17 (1960).

Así también, hemos resuelto

que la amplitud excesiva ha de ser sustancial en relación

con el alcance legítimo que la medida pueda tener.

Pueblo

v. Hernández Colón, supra, pág.899.

Así

pues,

en

este

caso

la

peticionaria

alega

que

existe amplitud excesiva de la ley en dos instancias, por

lo que la misma es inconstitucional.

En primer lugar, la

peticionaria APS alega que la aplicación de la ley incide

sobre “la profesión de la salud en todas sus disciplinas”

CC-2007-659

9

puesto que el artículo que se le imputa es “arbitrario” ya

que

no

se

sabe

neutralizador

o

lo

que

“chilling

prohíbe,

efect”

en

creando

la

un

práctica

efecto

de

los

profesionales de la salud, lo que la hace inconstitucional.

En segundo lugar, alega que la redacción de la disposición

penal de la ley de salud mental peca de amplitud excesiva

ya que la misma no denota juicio valorativo del legislador

de cuál es la conducta punible.

Como

amplitud

establecimos

excesiva

anteriormente,

protege

los

derechos

libertad de expresión y asociación.

la

doctrina

de

fundamentales

de

La Ley de Salud Mental

no incluye disposiciones que regulen o reglamenten derechos

protegidos por las cláusulas antes mencionadas.

La ley 408

de 2 de octubre de 2000, conocida como la Ley de Salud

Mental, es un esquema regulador de los servicios de salud

mental que se brindan a los solicitantes médico-indigentes

por parte de proveedores directos e indirectos del sector

privado.

Su

propósito

necesidades

de

prevención,

rehabilitación

en

salud

principal

es

tratamiento,

mental;

crear

“establecer

las

recuperación

y

las

de

‘Cartas

Derecho’ para adultos y menores que reciben servicios de

salud mental; uniformar lo relativo a los procedimientos

relacionados con estos derechos; establecer los principios

básicos de los niveles de cuidado en el ofrecimiento de

servicios de salud mental . . . y establecer penalidades”.

Exposición de Motivos de la Ley 408 de 2 de octubre de

2000.

No cabe hablar de la doctrina de amplitud excesiva

CC-2007-659

10

en este contexto, puesto que ni el objetivo ni el efecto de

la

aplicación

expresión

de

de

la

ley

es

regular

ideas.

Se

trata

pues

la

diseminación

de

una

o

legislación

social cuyo sólo objetivo es la regulación de servicios de

salud

mental,

Legislativa

con

de

el

firme

garantizar

propósito

que

los

de

la

Asamblea

ciudadanos

médico-

indigentes de nuestro país tuviesen acceso a servicios de

salud

mental

de

condiciones.

calidad,

de

acuerdo

a

sus

respectivas

Por tanto, la doctrina de amplitud excesiva

es inaplicable en ambas instancias.

B.

Discutiremos

entonces

los

planteamientos

de

la

peticionaria a la luz de la doctrina de vaguedad.

La

doctrina

de

vaguedad

es

un

corolario

del

debido

proceso de ley que prohíbe la aplicación en contra de una

persona de una ley o reglamento cuyos términos no revelan

clara y adecuadamente cuál es la conducta prohibida.

v. Hernández Colón, supra, pág. 901.

establecido

que

persona

inteligencia

de

advertida

del

prohibir

y

una

acto

ley

u

adolece

promedio

omisión

penalizar;

(2)

y

discriminatoria,

ejercicio

de

derechos

D.P.R.

229,

que

se

arbitraria

Constitución.

de

Anteriormente hemos

vaguedad

queda

el

estatuto

(3)

fundamentales

si:

no

presta

e

Pueblo

a

(1)

una

debidamente

la

pretende

aplicación

interfiere

con

el

garantizados

por

la

Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122

240

(1988).

Esta

doctrina

es

especialmente

CC-2007-659

11

aplicable al análisis de estatutos penales. Véase Pueblo v.

Mantilla, 71 D.P.R. 36, 40 (1950).

Por

otro

lado,

hemos

ocasiones

que

todas

las

expresado

leyes,

aún

en

innumerables

las

más

claras,

requieren interpretación. Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147

D.P.R. 530, 538 (1999).

Por esta razón, la doctrina de

vaguedad en forma alguna implica que los estatutos penales

deban

estar

redactados

interpretación

constitucional

de

tal

judicial.

a

una

ley

forma

que

no

necesiten

De

hecho,

un

ataque

la

doctrina

de

vaguedad

bajo

implica que se ha realizado un análisis adecuado del texto

de

la

ley

palabras,

a

la

luz

utilizando

del

significado

precedentes

jurídico

judiciales

que

de

las

hubiesen

interpretado dicho texto y que aún luego de dicho análisis

una persona de inteligencia promedio no queda debidamente

advertida de la conducta proscrita, el estatuto infringe

derechos

fundamentales

o

se

discriminatoria

presta

no

la

aplicación

arbitraria

y

adecuadas.

Rose v. Locke, 423 U.S. 48 (1975); Wainwright

v. Stone, 414 U.S. 21 (1973).

por

a

ofrecer

guías

Veáse además W.R. LaFave

Criminal Law, 4th ed., Thomson-West, 2003, sec. 2.3, pág.

106;

J.C.

Jeffries,

Legality,

Vagueness,

And

The

Construction Of Penal Statutes, 71 Va. L. Rev. 189, 207;

L.E.

Chiesa

Aponte,

Derecho

Penal

Publicaciones J.T.S., 2007, pág. 17.

Sustantivo,

San

Juan,

CC-2007-659

12

Analicemos en primera instancia la alegación sobre la

“amplitud excesiva” de la disposición penal a la luz de la

doctrina de vaguedad.

Dicha disposición lee como sigue:

Artículo 15.08. - Penalidades.(a) Toda persona que viole cualquiera de las

disposiciones de esta Ley, incurrirá en delito

menos

grave

y

convicta

que

fuere,

será

sancionada con pena de una multa no mayor de

cinco mil (5,000) dólares.

(b) [. . .]

(c) [. . .]

24 L.P.R.A. sec. 6166g.

Alega

la

peticionaria

que

disposición

es

excesivamente

amplia

violación

de

cualquier

la

disposición

redacción

pues

de

de

expresa

la

ley

dicha

que

por

la

toda

persona equivale a una sanción penal, lo que no denota un

juicio valorativo del legislador en cuanto a cuál es la

conducta

punible.

Indica

que

la

ley

contiene

más

de

doscientas disposiciones que van desde los derechos que le

amparan

a

los

pacientes

de

salud

mental,

hasta

las

obligaciones que la ley impone no sólo a los proveedores

directos e indirectos de servicios de salud mental, sino a

los

mismos

pacientes

y

familiares

en

cuanto

a

la

cooperación que se espera de éstos en todo tratamiento de

un paciente de salud mental.

Concluye que su aplicación

literal podría crear absurdos, tales como el procesamiento

penal de un paciente de salud mental por no cumplir con su

CC-2007-659

13

obligación de “asumir responsabilidad sobre su recuperación

en la medida de sus capacidades”.4

En

primer

lugar,

por

la

ausencia

de

circunstancias

especiales que lo permitan, en este caso a la peticionaria

no

le

es

permisible

impugnar

el

estatuto

arguyendo

escenarios ajenos a su situación particular. Vélez v. Mun.

de

Toa

Baja,

supra;

Vélez

Reboyras

Justicia, 115 D.P.R. 533, 541 (1984).5

v.

Secretario

de

Teniendo presente lo

anterior, aún queda ante nuestra consideración la pregunta

que nos trae la peticionaria: ¿es válida una disposición

legal que establece una sanción penal por la violación de

cualquier otra disposición de esa misma ley, sin que dicha

disposición penal haga referencias a artículos específicos

en la ley?

Bajo las circunstancias particulares de este

caso, contestamos en la afirmativa.

La importancia que la Asamblea Legislativa le imprimió

a la prestación de servicios de salud mental en el país se

tradujo en la imposición de sanciones penales a aquellas

personas que violaran las disposiciones de la Ley de Salud

Mental.

Si bien es cierto que la manera en que la Asamblea

Legislativa

esbozó

su

intención

de

penalizar

las

violaciones a la Ley de Salud Mental no es paradigma de

buenas

técnicas

debemos

de

4

de

redacción

claudicar

a

legislativa,

nuestro

deber

de

no

por

eso

interpretar

Artículo 3.06 (t) de la Ley de Salud Mental, 24 L.P.R.A

sec. 6154e.

5

Es decir, en este caso sólo estamos pasando juicio sobre

la validez de las disposiciones penales de la Ley de Salud

Mental a la luz de la situación particular que nos trae la

peticionaria.

CC-2007-659

14

razonablemente

los

viabilizar

intención

la

estatutos

del

de

modo

tal

legislador.

que

La

se

pueda

disposición

penal establecida en el artículo 15.08 (a) de la Ley de

Salud Mental debe ser interpretada, no en el abstracto ni

aisladamente, sino en conjunto con las demás disposiciones

de dicha ley y de nuestro ordenamiento penal.

Como sabemos, el artículo 9 del Código Penal de 1974,6

33

L.P.R.A

cometido

u

sec.

3041,

omitido

en

definía

delito

violación

de

como

aquel

alguna

ley

“acto

que

lo

prohíbe u ordena, aparejando, al ser probado, alguna pena o

medida de seguridad”.7

es

necesario

que

Por lo tanto, para que haya delito

exista,

conforme

al

principio

legalidad, una ley que prohíba u ordene una acción.

de

Esa

acción o conducta debe ser adecuadamente definida en la

ley, de modo tal que constituya la situación típica que de

ser realizada, y de ser antijurídica y culpable, equivalga

a la imposición de una pena.

Véase S. Mir Puig, Derecho

Penal Parte General, 7ma edición, Barcelona, Editorial B de

F, 2005, pág. 145.

Es claro entonces que la disposición

penal que establece la Ley de Salud Mental, la cual indica

que la violación de cualquier disposición de la ley será

penable como delito menos grave, tiene necesariamente que

referirse a aquellas disposiciones de ley que claramente

6

Los hechos de este caso ocurrieron antes de la vigencia

del

Nuevo

Código

Penal

de

2004,

por

lo

que

las

disposiciones aplicables son aquellas del Código Penal de

1974.

Pueblo v. González Ramos, 2005 T.S.P.R. 134, 2005

J.T.S. 131, 165 D.P.R. ___ (2005).

7

Idéntica definición tiene en el Código Penal de 2004.

Véase art. 15 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec.

4643.

CC-2007-659

15

establecen actos que la ley prohíbe u ordena.

Con sólo

atender el artículo 15.08 (a) no es suficiente para conocer

la situación típica, puesto que este artículo sólo describe

la pena aplicable.

disposiciones

supuesto

de

Es necesario considerar cada una de las

específicas

hecho

que

de

de

la

ser

ley

para

incumplido

descubrir

acarrea

el

dicha

consecuencia jurídica.

Al imputársele a una persona la violación de cualquier

disposición de esta ley, la misma estará sujeta al análisis

de los tribunales en cuanto a si cumple con las exigencias

requeridas

para

la

validez

de

estatutos

penales.8

Por

tanto, la disposición penal incluida en el artículo 15.08

(a) de la Ley de Salud Mental será válida en tanto la

disposición

específica

que

claramente

una

o

ordene

a

y

acción

su

vez

se

impute

conducta

cumpla

con

violada

establezca

la

ley

prohíba

todos

los

requisitos

que

u

necesarios para su validez.

Debemos entonces analizar el artículo imputado en este

caso para auscultar si el mismo es excesivamente vago o, si

por el contrario, establece claramente cuál es la conducta

prohibida u ordenada.

C.

El artículo 3.06 (a) establece:

8

Esto es, deberá cumplir con las exigencias del principio

de legalidad, la teoría del delito, además de estar sujeta

al análisis constitucional correspondiente a la limitación

del poder punitivo o de criminalización del Estado. Véase

Chiesa Aponte, op cit., págs. 38-41.

CC-2007-659

El adulto que necesita, requiere o recibe

servicios de salud mental será acreedor de los

siguientes derechos específicos:

(a) Acceso a Servicios:

Todo adulto tendrá acceso a los servicios de

salud

mental,

a

tono

con

las

subespecializaciones por etapa de vida, género,

trastorno, edad y nivel de cuidado, a tenor con

su diagnóstico y severidad de los síntomas y

signos

en

el

momento.

Los

servicios

de

tratamiento

deben

proveerse

en

un

orden

continuado según la severidad de los síntomas y

signos, para lograr la recuperación en un nivel

de funcionamiento razonable. A tales efectos, los

adultos que reciben servicios de salud mental no

serán objeto de discrimen ni prejuicio y tendrán

acceso a dichos servicios, sin distinción del

diagnóstico y severidad de su trastorno mental.

Este derecho no podrá ser limitado por la

existencia de alguna condición o impedimento

físico. No existirá distinción entre un trastorno

mental y cualquier otra condición médica en

términos de acceso de la persona a los servicios

que necesite.

La utilización de los servicios de salud mental

la

determinará

el

equipo

ínter

o

multidisciplinario,

a

base

de

la

necesidad

clínica justificada, la cual se fundamentará a su

vez en el diagnóstico y en la severidad de los

síntomas y signos del trastorno mental, según se

define

en

el

manual

de

clasificación

de

trastornos que esté vigente al momento.

También tendrá derecho a recibir los servicios

terapéuticos

de

farmacoterapia,

psicoterapia,

servicios de apoyo y otros congruentes con su

diagnóstico y la severidad de los síntomas y

signos a tenor con los parámetros clínicos

óptimos.

Todo proveedor directo o indirecto de servicios

de salud mental tendrá la obligación de brindar

los servicios dentro de los primeros cinco (5)

días naturales de la petición, siempre que el

mismo no responda a una emergencia psiquiátrica.

Se prohíbe que los proveedores de salud mental

directo o indirecto tengan listas de espera para

ofrecer los servicios a los solicitantes que

excedan

el

límite

de

los

cinco

(5)

días

establecidos en este Artículo. (Enfásis suplido).

16

CC-2007-659

17

24 L.P.R.A. sec. 6154e.

De la lectura de dicho artículo podemos colegir que el

mismo

establece

varios

derechos

específicos

relacionados

con el acceso a los servicios de salud mental a favor de

las personas que solicitan dichos servicios.

El artículo,

además, establece una obligación a los proveedores directos

e indirectos de servicios de salud mental de brindar dichos

servicios en unos términos específicos contados a partir de

la petición.

Bajo un análisis de tipo objetivo, el sujeto

activo

comportamiento

del

es

el

proveedor

indirecto9 de servicios de salud mental.

o

conducta

punible

es

el

no

cumplir

directo

o

El comportamiento

con

la

obligación

creada por la ley de brindar los servicios de salud mental

a los solicitantes que así lo requieran en los términos que

allí se establecen.

El

estatuto

establece

dos

modalidades

de

delito

codificadas en un mismo artículo, las cuales se distinguen

por razón de si el solicitante de servicios de salud mental

se encuentra en ese momento en una emergencia psiquiátrica.

La Ley define emergencia psiquátrica como:

El

cuadro

clínico

caracterizado

por

una

alteración en el pensamiento, en la percepción de

la realidad, en los afectos o sentimientos, o en

sus

acciones

o

conducta

que

necesita

una

9

La ley define “Proveedor Indirecto de Servicios de Salud”

como “todo asegurador u organización de servicios de salud

pública o privada, debidamente autorizada en Puerto Rico a

ofrecer, o que se obligue [a] proveer servicios de salud

según dispuesto en la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957,

según enmendada, conocida como ‘Código de Seguros de Puerto

Rico’, así como planes organizados y autorizados por alguna

ley especial”. Véase art. 1.06 (uu) de la Ley de Salud

Mental, 24 L.P.R.A. sec. 6152b (uu).

CC-2007-659

18

intervención terapéutica inmediata, o de urgencia

ante la intensidad de los síntomas y signos, y

por presentar riesgo inmediato de daño a sí

mismo, a otros o a la propiedad.”

24 L.P.R.A sec. 6152b (q). (Énfasis suplido).

Así

pues,

siguientes:

servicios

las

dos

modalidades

de

delito

son

las

1) la ley impone la obligación de brindar los

inmediatamente

si

estamos

ante

una

emergencia

psiquiátrica o 2) en un término no mayor de cinco días

naturales si el solicitante de servicios no se encuentra en

una emergencia psiquiátrica.

Es decir, en la primera de

las modalidades es necesario establecer que el solicitante

se encontraba en una emergencia psiquiátrica para que se

active

la

obligación

mental inmediatamente.

de

brindar

los

servicios

de

salud

La obligación de que los servicios

se brinden de forma inmediata en dicha modalidad surge de

la propia definición de emergencia psiquiátrica contenida

en la ley.

En la segunda de las modalidades se incurre en

el delito si no se ofrecen los servicios de salud mental en

un período no mayor de cinco (5) días naturales desde que

se realiza la petición.

Somos del criterio que la obligación que impone la ley

a los proveedores directos e indirectos de servicios de

salud mental surge claramente del texto del artículo 3.06

(a).

La peticionaria argumenta que, aún cuando haya una

obligación

clara

estatuida,

la

disposición

sigue

siendo

vaga porque no se define el término “servicios de salud

mental”,

por

obligación.

lo

que

no

se

conoce

el

contenido

de

esa

Es necesario entonces interpretar el texto de

CC-2007-659

19

la ley para determinar si ésta establece en qué consisten

los

servicios

de

salud

mental

a

ser

ofrecidos

en

los

razón

al

definición

de

términos antes mencionados.

En

primer

lugar,

argumentar

que

la

“servicios

de

salud

la

ley

no

peticionaria

incluye

mental”.

tiene

una

No

obstante,

el

mismo

artículo 3.06 (a) en su segundo párrafo establece que “[l]a

utilización de los servicios de salud mental la determinará

el

equipo

ínter

necesidad

clínica

servicios

de

o

multidisciplinario,

justificada”.

salud

mental

Según

deberán

ser

a

base

la

de

la

ley,

los

aquellos

que

determine el equipo ínter10 o multidisciplinario11 de acuerdo

10

La ley define "Equipo Interdisciplinario" como “el equipo

compuesto por tres (3) o más profesionales de la salud

mental de diferentes disciplinas, los cuales proveen

servicios

de

salud

mental

con

capacidad,

facultad

profesional

y

legal

para

diagnosticar

y

prescribir

tratamiento en las diferentes áreas del funcionamiento y

las capacidades del ser humano, y por aquellos otros

profesionales pertinentes a la condición de la persona,

trabajando

todos

en

un

mismo

escenario.

El

equipo

interdisciplinario se distingue por un trabajo en equipo y

en consenso, el cual se caracteriza por una interacción de

todos los profesionales con el paciente en tratamiento, una

discusión

de

casos,

de

conocimiento

pleno

de

las

contribuciones de cada profesión o disciplina, y de las

mejores prácticas en el campo, para la recuperación de la

persona. La composición del equipo y el liderazgo del

mismo, variará de acuerdo al escenario o servicio a ser

prestado y a las necesidades clínicas de la persona”.

Véase art. 1.06 (u) de la Ley de Salud Mental, 24 L.P.R.A.

sec. 6152b (u).

11

La ley define "Equipo Multidisciplinario” como “el grupo

de trabajo compuesto por tres (3) o más profesionales de la

salud mental de diferentes disciplinas, las cuales proveen

servicios

de

salud

mental

con

capacidad,

facultad

profesional

y

legal

para

diagnosticar

y

prescribir

tratamiento en las diferentes áreas del funcionamiento y

las capacidades del ser humano, y por aquellos otros

profesionales pertinente a la condición de la persona,

relacionados en un mismo escenario. Atienden a una misma

CC-2007-659

20

a las circunstancias de cada solicitante.

El artículo 3.06

(a) lo que ordena entonces es el comienzo de la prestación

de los servicios de salud mental en los términos que allí

se

establecen,

puesto

que

el

contenido,

intensidad

y

duración de los mismos dependerán de los síntomas y signos

de cada solicitante.

El

artículo

3.06

(a)

arroja

luz

sobre

cual

etapa

comienza la prestación de los servicios de salud mental ya

que

indica

que

los

equipos

ínter

o

multidisciplinario

actuarán de acuerdo a la necesidad clínica justificada de

tratamiento.

Por

tanto,

es

necesario

establecer

primeramente cuál es la “necesidad clínica justificada” de

cada

solicitante

multidisciplinario,

para

que

pueda

el

ser

equipo,

integrado

sea

y

a

ínter

o

su

vez

determinar la utilización de los servicios de salud mental

individualmente.

La

ley

define

la

necesidad

clínica

justificada como:

"Necesidad Clínica Justificada de Tratamiento" determinación clínica que surge de la evaluación

de la persona según los estándares aceptados por

las distintas disciplinas de salud mental como

opción clínica de tratamiento, recuperado y

rehabilitación por la severidad de los síntomas y

signos,

para

detener

el

progreso

de

la

_______________________

población, dentro de una misma categoría para el desarrollo

del tratamiento, recuperación y rehabilitación, para el

mejor funcionamiento de la persona, de acuerdo a su

situación y diagnóstico. Este equipo trabaja en consulta, y

se puede comunicar por medio del expediente clínico y

discusión de casos. Una institución proveedora podrá hacer

uso de este equipo, cuando por alguna razón no pueda

desarrollar un equipo interdisciplinario para diagnosticar

y prescribir el tratamiento correspondiente”.

Véase art.

1.06 (v) de la Ley de Salud Mental, 24 L.P.R.A. sec. 6152b

(v).

CC-2007-659

21

enfermedad, mejorar la condición de la persona y

mantenerlo

a

un

nivel

de

funcionamiento

socialmente aceptable, según la severidad de

síntomas y signos. Esta determinación, consignada

en el expediente clínico de la persona, va

dirigida a informar y fundamentar la necesidad de

iniciar o continuar con los servicios de salud

mental. (Énfasis suplido).

24 L.P.R.A. sec. 6152b (jj).

La necesidad clínica justificada es una determinación

clínica que deberá surgir de la evaluación que se realice

de la persona que solicita los servicios, de acuerdo a los

estándares aceptados por las distintas disciplinas de la

medicina

relacionadas

claramente

de

dicha

con

la

definición

salud

que

mental.

es

Surge

indispensable

precisar la necesidad clínica justificada de tratamiento,

puesto que esa determinación fundamentará la necesidad de

iniciar o proseguir los servicios de salud mental.

Esa

determinación surgirá de la evaluación que se realice del

solicitante.

Una evaluación es, a su vez, definida en la

ley como:

"Evaluación"

significa

el

procedimiento

efectuado por un psiquiatra, psicólogo clínico, u

otro

profesional

dentro

de

las

profesiones

relacionadas a la salud mental, con facultad para

diagnosticar y prescribir tratamiento dentro de

su profesión o especialidad, certificado con

licencia para ejercer su profesión en Puerto

Rico. Dicha evaluación será el producto de un

examen clínico directo con instrumentos, de

acuerdo al nivel de cuidado y al ambiente

correspondiente, al momento de efectuar la misma,

el cual contendrá hallazgos del historial, el

estado emocional, mental y físico, al momento de

llevarse a cabo, con impresiones diagnósticas,

según aplique a la situación en particular y con

recomendaciones

específicas

sobre

el

manejo

inmediato y pronóstico del paciente.

24 L.P.R.A. sec. 6152b (x).

CC-2007-659

Una

22

interpretación

sistemática

y

razonable

de

las

secciones anteriormente citadas establece que antes de que

el equipo ínter o multidisciplinario pueda determinar los

servicios específicos que se les brindará a cada uno de los

solicitantes, es necesario realizarles una evaluación a la

luz

de

la

cual

se

determinará

la

necesidad

clínica

justificada de tratamiento.

Dicha evaluación deberá ser

efectuada

psicólogo

por

un

psiquiatra,

profesional

de

la

diagnosticar

y

prescribir

profesión

especialidad”,

o

certificado.

La

salud

mental

clínico,

“con

tratamiento

además

evaluación

de

u

otro

facultad

para

dentro

estar

consistirá

de

su

debidamente

en

un

“examen

clínico con instrumentos” e incluirá además “hallazgos del

historial, el estado emocional, mental y físico, al momento

de

llevarse

a

cabo,

recomendaciones

impresiones

específicas

sobre

diagnósticas.

el

manejo

.

.

y

inmediato

y

pronóstico del paciente.”

Siendo

cumplirse

pueda

esta

para

evaluación

que

constituirse

el

el

equipo

primer

ínter

adecuadamente

o

y,

paso

que

debe

multidisciplinario

de

justificarse,

establecer el plan de tratamiento individualizado para cada

solicitante, es razonable entender que dicha evaluación es

el servicio que debe prestarse inmediatamente si se está

ante una emergencia psiquiátrica, o dentro de un término no

mayor

de

cinco

días

naturales

desde

la

petición

de

servicios si no estamos ante una emergencia psiquiátrica.

Antes

de

que

el

equipo

ínter

o

multidisciplinario

CC-2007-659

23

establezca un plan de servicios de salud, debe determinarse

la

necesidad

clínica

justificada

de

forma

tal

que

se

fundamente la decisión de iniciar o no los servicios de

salud mental.

que

del

Dicha determinación surge de la evaluación

solicitante

sea

realizada.

Por

tanto,

los

servicios de salud mental comenzarán con la evaluación que

se

haga

del

solicitante,

la

que

debe

brindarse

inmediatamente de estar ante una emergencia psiquiátrica o

en un período corto no mayor de cinco (5) días naturales

desde la petición.

Esta interpretación del texto de la ley

es

intención

cónsona

con

la

del

legislador

de

que

se

comenzara la prestación de los servicios de salud mental lo

más pronto posible y no se crearan listas de espera que

sobrepasaran

los

cinco

(5)

días

naturales

desde

la

petición.

En

suma,

el

artículo

proveedores

obligación

a

los

servicios

de

salud

mental

3.06

de

(a)

una

emergencia

servicios

e

proveer

dichos

psiquiátrica,

inmediatamente.

una

directos

dentro de unos términos específicos.

en

impone

indirectos

de

servicios

De estar el paciente

deberán

De

clara

no

brindar

estarlo,

dichos

deberán

prestarlos en un término no mayor de cinco días desde la

petición.

De

una

interpretación

sistemática

razonable

basada en el texto de la ley, concluimos que los servicios

a los que se refiere el artículo 3.06 (a) es la evaluación

que

de

todo

solicitante

deben

realizar

los

proveedores

directos o indirectos para determinar la necesidad clínica

CC-2007-659

24

justificada.

Dicha

evaluación

debe

cumplir

con

los

requisitos establecidos por ley.

Es forzoso concluir entonces que el artículo 3.06 (a)

no es vago.

conducta

El estatuto establece adecuadamente cuál es la

ordenada.

El

contenido

de

la

obligación

es

fácilmente discernible luego de interpretar razonablemente

la

disposición

anteriormente,

el

en

cuestión.

hecho

de

que

Como

una

establecimos

disposición

requiera

interpretación no significa que la misma es vaga, puesto

que “no debe caerse en la superficialidad de creer que una

ley penal es nula por defecto de vaguedad debido a que

requiera interpretación”.

Pueblo v. Tribunal Superior, 81

D.P.R. 763, 788 (1960).

Véase además Pueblo v. Tribunal

98

Superior,

D.P.R.

750,

751

(1970),

Tribunal Superior, supra pág. 145.

Vives

Vázquez

v.

Al interpretar la ley

tomamos en cuenta los fines que la misma persigue y la

política

pública

consecuencias

que

que

la

conlleva

inspira,

dicha

considerando

interpretación.

las

Véase

Pacheco Rodríguez v. Alcaide, 120 D.P.R. 404, 409 (1988).

Por otro lado, la ley no se presta para una aplicación

arbitraria y discriminatoria, puesto que provee criterios

adecuados que rigen la discreción de aquellos llamados a

aplicarla.

Véase In re: Guzmán Géigel, 113 D.P.R. 122, 129

(1982).

No nos convence el argumento de la peticionaria de

que

demuestra

se

Ministerio

personas

Público

que

la

arbitrariedad

sólo

entiende

la

acusó

podrían

ser

de

a

la

ley

cuando

ella

y

a

otras

La

amplia

acusadas.

no

el

CC-2007-659

25

discreción que hemos reconocido reside en la persona del

Secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico y de

los fiscales bajo su supervisión para el procesamiento de

delitos, es un asunto distinto al análisis de si una ley

carece de criterios adecuados para regir la discreción de

aquellos

que

la

aplican,

de

modo

que

la

ley

sea

vaga.

Véase Pueblo v. Martínez Acosta, 2008 TSPR 123; Pueblo v.

Dávila Delgado, 143 D.P.R. 157, 170 (1997).

Los tribunales

no deben intervenir en la discreción del Ministerio Público

de acusar o no a una persona por determinado delito, salvo

abuso de discreción por procesamiento selectivo basado en

consideraciones constitucionalmente inaceptables, lo que en

este

caso

no

ha

sido

demostrado.

este

caso

Pueblo

v.

Martínez

Acosta, supra.

Tampoco

legalidad

en

que

rige

en

se

nuestro

viola

el

principio

ordenamiento,12

pues

de

la

interpretación que del artículo imputado hacemos se basa en

su texto, sin acudir a fuentes externas para suplir por vía

judicial lo que el legislador dejó de plasmar en el texto

de la ley.

Cf. Pueblo v. Martínez Yanzanis, 142 D.P.R. 871

(1997).

Así pues, siendo en este caso el artículo 3.06

(a) de la Ley de Salud Mental una disposición clara en

cuanto

a

directos

12

las

o

obligaciones

indirectos

de

que

impone

servicios

de

a

los

salud

proveedores

mental,

es

“No se instará acción penal contra persona alguna por un

hecho que no esté expresamente definido por ley como

delito, ni se impondrán penas o medidas de seguridad que la

ley no hubiere previamente establecido. No se podrán crear

por analogía delitos, penas, ni medidas de seguridad”. Art.

8 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A.sec. 3031.

CC-2007-659

26

válida y aplicable la disposición penal estatuida en el

artículo 15.08 (a) de dicha ley que castiga su violación

con pena de multa no mayor de $5000 dólares.

El hecho de

que el artículo 3.06 (a) provee un aviso adecuado de cuál

es

la

conducta

prohibida

dispone

también

del

segundo

argumento de la peticionaria en cuanto a que la ley creaba

un

efecto

neutralizador

o

“chilling

effect”

sobre

la

práctica de los profesionales de la salud debido a que

alegadamente no se sabía cuál era la conducta prohibida,

pues hemos llegado a un resultado contrario.

III.

En

el

tercer

error

apuntado,

la

peticionaria

APS

indica que debe desestimarse la denuncia en su contra, pues

ya que a la Sra. Sonia Torres Ríos no se le encontró causa

para

arresto,

procede

que

la

corporación

APS

Healthcare

Inc. corra igual suerte, ya que ésta obró a través de la

Sra.

Torres.

El

planteamiento

carece

de

méritos.

En

primer lugar, el Código Penal de 1974 establecía que las

personas jurídicas serían penalmente responsables “cuando a

través

de

personas

en

autorizadas

acuerdos

y

representación

realicen

actuaciones

que

le

en

de

sean

realización

las

mismas,

de

o

atribuibles,

sus

cuando

cometan

hechos delictuosos”.

Art. 37 del Código Penal de 1974, 33

L.P.R.A. sec 3174.

El mismo artículo establecía que dicha

responsabilidad no excluía la individual en que pudieran

incurrir

los

dirigentes

o

representantes

de

éstas.

Id.

Como bien apuntó al comentar este artículo la Profesora

CC-2007-659

27

Nevares Muñiz, la responsabilidad de los representantes es

individual y separada de la que pueda tener la corporación

como persona jurídica. Véase D. Nevares Muñiz, Código Penal

de Puerto Rico Revisado y Comentado, 6ta edición, San Juan,

Instituto para el Desarrollo del Derecho Inc., 2000, pág.

74.

Por esto, no podemos atribuirle un efecto de cosa

juzgada

o

de

impedimento

colateral

por

sentencia

a

una

determinación de no causa para arresto en contra de un

representante

de

la

corporación,

para

evitar

el

procesamiento de la corporación por los mismos hechos.

Por otro lado, estamos ante un delito que se comete

por

a

una

obligación establecida cuando la ley así lo ordena.

En

este

omisión,

tipo

de

es

decir,

delito,

por

las

un

no

obrar

personas

conforme

jurídicas

responden

penalmente cuando aquellos llamados a actuar por ésta no

actuaron conforme a la ley.

Así pues, en este caso se le

denunció a la peticionaria no por los actos realizados por

la Sra. Torres en su carácter personal, sino por los que

debió haber hecho la corporación a través de cualquiera de

sus

representantes

y

alegadamente

no

hizo.

La

determinación de no causa en contra de la Sra. Torres en

nada

afecta

la

determinación

de

causa

contra

la

peticionaria APS, pues ésta pudo haber actuado a través de

otras personas, no exclusivamente la Sra. Torres.

CC-2007-659

28

IV.

En el cuarto y último error apuntado, la peticionaria

APS

indica

conforme

a

que

no

se

le

encontró

causa

para

derecho

por

no

haberse

presentado

arresto

prueba

de

todos los elementos del delito, por lo que solicita la

desestimación de la denuncia conforme la regla 64 (p) de

Procedimiento Criminal.

A.

En un procedimiento de determinación de causa probable

para

arresto

presente

es

prueba

necesario

sobre

que

todos

el

los

Ministerio

elementos

del

Público

delito

imputado, de modo tal que el magistrado pueda determinar

que se ha cometido el delito y la conexión de éste con el

imputado.

Regla

6

(a)

de

Procedimiento

Criminal,

34

L.P.R.A. Ap. II R.6(a); Pueblo v. Jiménez Cruz, 145 D.P.R.

803,

813

(1998).

Dicha

prueba

admisible en un juicio plenario.

143 D.P.R. 656, 662 (1997).

moción

al

amparo

de

la

debe

ser

legalmente

Pueblo v. Andaluz Méndez,

El estándar al atender una

regla

64

(p)

cuando

se

alegue

insuficiencia de prueba en la vista de determinación de

causa para arresto, será el de ausencia total de prueba del

delito imputado.

Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37,

42 (1989).

Como establecimos anteriormente, el delito estatuido

en el artículo 3.06 (a) de la Ley de Salud Mental contiene

dos modalidades.

negar

o

no

En la primera se comete el delito al

ofrecer

los

servicios

de

salud

mental

CC-2007-659

29

inmediatamente a una persona que sufra de una emergencia

psiquiátrica.

Esto es, penaliza el que no se realice la

evaluación del solicitante inmediatamente, de acuerdo a los

criterios de la ley.

Por tanto, los elementos de dicha

modalidad son: 1) que un solicitante adulto haya requerido

servicios

de

salud

indirecto,

2)

que

mental

el

a

un

solicitante

proveedor

se

directo

encontraba

en

o

una

emergencia psiquiátrica y 3) que el proveedor directo o

indirecto

no

le

brindó

inmediatamente.

En

esta

la

evaluación

primera

modalidad

requerida

es

elemento

esencial del delito el estado de emergencia psiquiátrica

del

solicitante,

propia

ley.

conforme

la

definición

incluida

cuanto

a

la

modalidad,

En

segunda

en

la

los

elementos son: 1) que una persona adulta haya solicitado

servicios

de

salud

mental

a

un

proveedor

directo

o

indirecto y 2) que el proveedor directo o indirecto no le

brindó

la

evaluación

requerida

dentro

de

un

período

no

mayor de cinco (5) días naturales desde la petición.

En

cuanto

al

elemento

subjetivo

necesario

para

configurarse este delito, debemos revisar primeramente el

esquema regulador de los elementos mentales o subjetivos

que regía bajo el Código Penal de 1974.

El artículo 14 del

Código Penal de 1974 indicaba:

Nadie podrá ser sancionado por una acción u

omisión que la ley provee como delito si la misma

no se realiza con intención o negligencia

criminal.

La intención o negligencia se manifiestan por las

circunstancias relacionadas con el delito, la

capacidad mental y las manifestaciones y conducta

de la persona.

CC-2007-659

30

33 L.P.R.A. sec. 3061

A diferencia del Código Penal de 2004, el Código Penal

de 1974 establecía un sistema abierto a la negligencia.

Chiesa Aponte, op cit., pág. 141.

Esto es, en principio

los delitos podían ser castigados tanto por intención como

por negligencia, independientemente de si el tipo permitía

expresamente

que

se

castigara

por

negligencia.

Para

determinar cuál era el elemento subjetivo necesario para

cada delito, había que acudir al texto del tipo para saber

si del mismo se desprendía un estado mental necesario para

la comisión del delito. Véase E.L. & L.E. Chiesa Aponte,

Derecho Penal, 73 Rev. Jur. U.P.R. 671, 685 (2004).

y

palabras

malicia

como

“a

sabiendas”,

premeditada”,

“deliberadamente”

denotan

el

y

el

requerimiento

subjetivo de intención.

“fraudulentamente”,

“ilegalmente”,

“con

propósito

del

Frases

“con

“voluntariamente”,

de”,

legislador

entre

del

otras,

elemento

A falta de este tipo de lenguaje,

bajo el artículo 14, el delito podía ser cometido con sólo

mediar negligencia.

Bajo el Código Penal de 1974 respondía por negligencia

la

persona

quererlo,

que

por

producía

imprudencia

un

resultado

o

descuido,

delictuoso

o

falta

sin

de

circunspección o impericia o por inobservancia de la ley.

Art. 16 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. sec. 3063.

Basado

en

esta

definición

fue

que

establecimos

que

la

negligencia en nuestro sistema se manifiesta en cuatro (4)

CC-2007-659

31

modalidades:

imprudencia,

descuido,

impericia

e

inobservancia de reglamentos y leyes. Pueblo v. Ruiz Ramos,

125

D.P.R.

365,

negligencia

386

necesario

(1990).

Claro

para

comisión

la

está,

de

el

grado

de

un

delito

es

mayor que aquel exigido para imponer responsabilidad bajo

el artículo 1802 del Código Civil, puesto que se requiere

una desviación crasa del estándar de cuidado que se espera

de

una

persona

prudente

y

razonable

bajo

las

mismas

circunstancias. Pueblo v. Ruiz Ramos, supra, pág. 384.

Los artículos 3.06 (a) y 15.08 (a) de la Ley de Salud

Mental no hacen referencia al elemento subjetivo específico

y necesario para configurar la omisión antijurídica, por lo

que en principio el delito puede ser cometido a base de

negligencia.

cometer

un

Cabe

delito

negligencia?

La

entonces

de

omisión

respuesta

es

preguntarnos

pura

o

sí.

La

¿es

propia

a

omisión

posible

base

ha

de

sido

definida por cierto autor como “la imputación a la conducta

del sujeto de la no realización de una prestación positiva

estimada ex ante como necesaria para la salvaguarda de un

bien jurídico”. J.M. Silva Sánchez, El delito de omisión:

concepto y sistema, Barcelona, Editorial Bosch, 1986, pág.

158.

En

ese

sujeto

podría

sentido,

ser

la

conducta

voluntaria

y

que

ha

realizado

el

querida

o,

aún

ser

sin

querida, previsible de que con dicha conducta no realizaría

la

prestación

configuraría

intencional.

que

el

el

delito

ordenamiento

le

por

de

omisión

exige,

manera

lo

que

dolosa

o

Por otro lado, la conducta que realiza el

CC-2007-659

32

sujeto podría ser realizada por imprudencia o descuido, o

falta de circunspección o impericia o por inobservancia de

la ley de manera tal que dicha conducta equivalga a la no

realización de la prestación que el tipo le exige realizar,

configurándose

de

esta

manera

el

delito

que

delito

por

omisión

negligente o imprudente.

Somos

del

criterio

el

estatuido

en

el

artículo 3.06 (a) es posible cometerlo tanto por intención

como por negligencia.13

En su modalidad negligente, podría

ocurrir que un proveedor de servicios directo o indirecto

por

simple

evaluación

inobservancia

en

los

de

términos

la

ley

no

brindara

requeridos

y

en

su

la

lugar

enlistara al paciente para ofrecerle los servicios fuera de

los plazos establecidos, en contravención de la ley.

O

podría

la

darse

evaluación

en

el

los

caso

que

términos

aún

cuando

se

establecidos,

brindara

la

misma

no

cumpliera con los requisitos exigidos por el tipo a través

de la definición de “evaluación” incluida en la ley, de

modo tal que la acción realizada se desviara crasamente de

la prestación exigida.

Teniendo

los

elementos

que

configuran

el

delito

estatuido en el artículo 3.06 (a), examinemos la prueba que

se presentó en el procedimiento de causa para arresto.

13

Esto es aplicable a violaciones del artículo estudiado

anteriores a la vigencia del Código Penal de 2004;

para

hechos acaecidos a partir de la vigencia de dicho Código,

el delito sólo puede ser cometido a base de intención por

no haber alusión expresa a la negligencia en el tipo.

Véase art. 22 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A.

sec. 4650.

CC-2007-659

33

B.

En la vista de causa probable para arresto bajo la

Regla 6 de Procedimiento Criminal testificaron la madre del

occiso, la Sra. Nancy Meléndez González y el Dr. Enrique

Rivera Mass.

Además, como prueba documental, se presentó

el Informe de Médico Forense, el cual determinó que la

causa de la muerte del Sr. Rosario Meléndez fue suicidio

por asfixia.

La Sra. Meléndez González testificó que el día 11 de

febrero de 2005 acudió al Hospital Regional de Bayamón a

solicitar servicios de salud mental para su hijo.

En el

Hospital le informaron que no podían atender al Sr. Rosario

Meléndez, pues éste contaba con veintidós (22) años de edad

y allí sólo atendían a jóvenes adolescentes.

Fue referida

a la Clínica operada por la peticionaria APS en el pueblo

de Bayamón.

Indicó que allí solicitó servicios de salud

mental para la condición de su hijo.

Testificó además que

en la Clínica su hijo fue atendido por la Sra. Torres,

quien le informó que el Sr. Rosario Meléndez no presentaba

ninguna situación de emergencia en ese momento y que en

caso de emergencia llamara a los números que se incluían en

la tarjeta de APS que ésta tenía.

Por último, declaró que

la Sra. Torres refirió a su hijo a dos citas: una con un

consejero de adicciones y una con un psiquiatra, las cuales

se llevarían a cabo el 24 de febrero de 2005 y el 3 de

marzo de 2005, respectivamente.

CC-2007-659

34

Por otro lado, surge de los autos que el Dr. Rivera

Mass testificó acerca de una investigación que éste realizó

en relación con los sucesos de este caso, para lo cual

preparó

un

informe

a

la

Administración

de

Servicios

Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).14

de

El testimonio

del Dr. Rivera Mass lo que hace es corroborar el relato de

hechos en cuanto a que la Sra. Meléndez fue con su hijo en

primer lugar al Hospital Regional de Bayamón a solicitar

los servicios de salud mental y al decirle en dicho centro

que sólo atendían a adolescentes, fueron entonces referidos

a la Clínica de la peticionaria APS, donde Rosario Meléndez

fue atendido por la Sra. Torres.

evaluación

dada

por

la

Sra.

A esto sólo añade que la

Torres

al

joven

Rosario

Meléndez fue deficiente y que, en su opinión, éste requería

una evaluación psiquiátrica.

En la denuncia enmendada presentada en contra de la

peticionaria, se le imputaron ambas modalidades del delito

estatuido en el artículo 3.06 (a).

a

la

modalidad

encontrar

un

Ministerio

de

emergencia

Sin embargo, en cuanto

psiquiátrica,

no

logramos

ápice

de

prueba

que

haya

presentado

el

Público

en

cuanto

al

cuadro

clínico

que

presentaba el joven Rosario Meléndez al llegar a la clínica

de la peticionaria, de modo tal que el juzgador de Regla 6

pudiese

14

determinar

que

probablemente

el

occiso

se

A diferencia del testimonio de la Sra. Meléndez González

para

el

cual

contamos

con

el

beneficio

de

una

transcripción, el testimonio del Dr. Rivera Mass surge de

los alegatos presentados por las partes.

Aún así, no

parece haber controversia entre las partes en cuanto al

contenido de lo testificado por éste.

CC-2007-659

35

encontraba en ese momento en una emergencia psiquiátrica.

El

testimonio

establecido

alegatos,

del

por

que

Dr.

el

en

Rivera

Mass

Ministerio

su

sólo

Público

opinión

este

indica,

según

uno

de

sus

requería

una

en

joven

evaluación psiquiátrica, pero eso no equivale a que éste se

encontraba

en

una

emergencia

psiquiátrica.

El

término

“emergencia psiquiátrica” es un concepto médico que, aunque

no

resolvemos

probado,

que

requiera

ciertamente

documental

que

determinación

requiere

establezca,

de

prueba

causa

pericial

prueba

para

para

ser

testifical

o

propósitos

probable

para

de

una

arresto,

que

probablemente una persona presentaba un cuadro clínico que

reflejaba una alteración en sus acciones o conducta que

requería intervención terapéutica inmediata, según lo exige

la definición de dicho concepto en la ley.

No surgiendo de

los autos este tipo de prueba, estamos ante un caso de

ausencia total de prueba de un elemento esencial del delito

por lo que el juzgador de Regla 6 no podía encontrar causa

probable

para

arresto

con

arreglo

a

derecho

por

esa

modalidad.

Esta conclusión, sin embargo, no dispone del caso ante

nuestra

consideración.

procedimiento

de

causa

Sabido

es

que

probable

para

el

un

juez

arresto

en

o

un

para

acusar puede encontrar causa probable por el delito que la

prueba sustente y no necesariamente por el imputado. Pueblo

v.

Torres,

132

D.P.R.

77,

86

(1992);

Regla

6

(c)

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 6(c).

de

En

CC-2007-659

este

36

caso

Meléndez

se

presentó

solicitó

prueba

servicios

de

de

que

el

salud

joven

mental

Rosario

y

que

la

evaluación requerida no se le proporcionó en un período no

mayor de cinco (5) días, o al menos, la realizada por la

Sra.

Torres

suficiente

fue

en

deficiente.

esta

etapa

para

Esto

constituye

configurar

la

prueba

segunda

modalidad del delito codificado en el artículo 3.06 (a) de

la Ley de Salud Mental, ya que se presentó alguna prueba de

todos

los

elementos

subjetivo necesario.

del

delito,

incluyendo

del

elemento

En cuanto a esa modalidad, no estamos

ante un caso de ausencia total de prueba, por lo que no

procede

la

celebración

desestimación

de

de

plenario

un

juicio

la

denuncia,

en

contra

sino

la

de

la

peticionaria APS.

VI.

En suma, somos del criterio que ninguno de los cuatro

errores delineados por la peticionaria fueron cometidos.

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la

sentencia del Tribunal de Apelaciones y se envía el caso al

Tribunal de Primera Instancia para que se celebre el juicio

correspondiente bajo la segunda modalidad del artículo 3.06

(a) de la Ley de Salud Mental.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2007-659

APS Healthcare of

Puerto Rico, Inc.

Peticionario

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 21 de enero de 2009

Por los fundamentos antes expuestos en la

Opinión que antecede, los cuales se incorporan

íntegramente

a

la

presente

Sentencia,

se

modifica

la

sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones y se devuelve el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que se celebre el juicio

correspondiente bajo la segunda modalidad del

artículo 3.06 (a) de la Ley de Salud Mental.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor Rivera Pérez concurre en

el resultado sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo