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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re Jessica Torres Viñals

2010 TSPR 233

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re Jessica Torres Viñals

CP-2007-6

Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y la notaría por violación a los Cánones 23, 35 y 38 de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2010 TSPR 233

180 DPR ____

Jessica Torres Viñals

Número del Caso: CP

- 2007 - 6

Fecha: 8 de diciembre de 2010

Oficina del Procurador General:

Lcdo. José Enrico Valenzuela

Procurador General Auxiliar

- Alvardo

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Margarita Carrillo Iturrino

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión será

efectiva el 23 de diciembre de 2010, fecha

en que se le notificó a la abogada de su suspensión inmediata.)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y p

ublicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Jessica Torres Viñals

CP-2007-6

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 8 de diciembre de 2010.

La

licenciada

Jessica

Torres

Viñals,

en

adelante, licenciada Torres Viñals, fue admitida

al ejercicio de la abogacía el 30 de enero de 2001

y prestó juramento como notario el 16 de octubre

de 2002.1

General

El 9 de abril de 2007, el Procurador

presentó

una

Querella

sobre

conducta

profesional contra la licenciada Torres Viñals por

violaciones a los Cánones 23, 35 y 38 de Etica

Profesional.

1

Es preciso señalar que la licenciada Torres Viñals tiene

pendiente dos (2) Quejas ante este Foro, a saber, AB-2010-2

y AB-20106. Dichas Quejas fueron remitidas a la Oficina de

la Procuradora General para investigación e informe. Regla

14(d) del Reglamento del Tribunal Supremo. 4 L.P.R.A. Ap.

XXI-A.

3

CP-2007-6

Procedemos a relatar los acontecimientos procesales

que motivaron la Querella, según surgen del expediente.

I

La Queja contra la licenciada Torres Viñals se originó

con

una

Declaración

Jurada

de

la

licenciada

Rosaura

González Rucci2, en adelante, licenciada González Rucci.

Surge de la misma que la licenciada Torres Viñals, mientras

era empleada de la licenciada González Rucci, se apropió de

varios giros que pertenecían a clientes, los firmó, endosó

y los depositó en su cuenta personal. Como resultado de

dicha conducta se presentaron contra la licenciada Torres

Viñals veinte (20) denuncias por violación a los Arts. 165,

166, 271 y 272 del Código Penal de Puerto Rico.3

Instada la Queja, referimos copia del expediente al

Procurador

General

correspondiente,

Reglamento.

para

conforme

la

a

investigación

la

Regla

14(d)

e

Informe

de

nuestro

Así las cosas, el 23 de noviembre de 2004 el

Procurador General presentó el correspondiente Informe para

someter a la consideración de este Tribunal la conducta

incurrida

por

la

licenciada

Torres

Viñals.

El

18

de

febrero de 2005 ordenamos a la licenciada Torres Viñals

2

Para esa fecha la licenciada González Rucci estaba suspendida de la

profesión.

3

Surge del Informe Conjunto de las Partes que, estando pendiente de

celebrarse

la

vista

preliminar

la

licenciada

Torres

Viñals

voluntariamente ofreció pagar el monto del dinero que se le imputaba

haberse apropiado y falsificado con el único propósito de poner fin a

los rigores del procedimiento criminal. No obstante, expresó que “ello

no constituía una aceptación de los delitos imputados porque no había

cometido delito alguno.”

4

CP-2007-6

presentara contestación.

El 21 de septiembre de 2005 la

licenciada Torres Viñals presentó su Contestación a Queja.

El

24

de

febrero

de

2006

ordenamos

al

Procurador

General examinara dicha contestación y sometiera un Informe

Suplementario sobre la Queja instada. El Procurador General

emitió Informe Suplementario.

Luego

de

examinar

los

documentos,

y

de

ciertos

trámites procesales, el 3 de noviembre de 2006 instruimos

al

Procurador

Querella.

presentó

General

a

presentar

la

correspondiente

El 9 de abril de 2007 el Procurador General

Querella

sobre

conducta

profesional

contra

la

licenciada Torres Viñals, imputándole violaciones a los

Cánones 23, 35 y 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap.

IX.

Mediante Orden emitida, peticionamos a la licenciada

Torres Viñals a contestar la Querella incoada en su contra.

La licenciada Torres Viñals presentó su contestación a las

alegaciones expuestas en la Querella presentada.

En su

alegación responsiva la licenciada Torres Viñals negó que

hubiera falsificado firmas en los giros de los clientes con

el propósito de apropiarse ilegalmente de fondos.

que

la

desaparición

de

los

giros

y

cheques

Planteó

bancarios

continuó ocurriendo luego de ella cesar en sus funciones.

Planteó que ella efectuó el pago correspondiente a por lo

menos

dos

(2)

giros

($500.00),

que

la

estaban

extraviados

de

quinientos

licenciada

y

que

dólares

González

Rucci

posteriormente

cada

uno

sostenía

aparecieron.

5

CP-2007-6

Planteó que la situación se debía al deficiente sistema de

contabilidad que la licenciada González Rucci tenía en su

oficina.

Luego de los trámites de rigor, el 29 de julio de 2009

designamos

al

Hon.

Wilfredo

Comisionado

Especial

para

Robles

atender

Carrasquillo,

el

como

procedimiento

de

autos. Posteriormente lo relevamos de dicha designación y

nombramos al Hon. Charles Cordero.

Tras celebrar una vista

evidenciaría, el Comisionado Especial rindió su Informe.

Surge de las determinaciones de hechos del Comisionado

Especial

que

la

quejosa,

a

saber,

licenciada

González

Rucci, le dio empleo a la licenciada Torres Viñals para que

ésta asumiera la representación legal de todos los casos

pendientes en su oficina. Lo anterior toda vez que la

licenciada

González

profesión

por

suspensión

obedeció

un

Rucci

término

a

que

había

sido

suspendida

de

seis

(6)

la

licenciada

de

la

meses.4

Dicha

González

Rucci

junto con su ex-socio había violado los Cánones 20, 29, 30

y

38

de

Etica

autorizamos

la

Profesional.

reinstalación

El

de

6

la

de

julio

licenciada

de

2001,

González

Rucci.5

Alrededor de diciembre de 2001, la licenciada González

Rucci se había reintegrado a su oficina y retenido los

4

5

In re Irizarry y González, 151 D.P.R. 916 (2000).

In re González Rucci, 154 D.P.R. 641 (2001).

Surge del Informe del

Comisionado Especial otro litigio en donde se vio envuelta la

licenciada González Russi, informado por la licenciada Torres Viñals a

fin restarle credibilidad al testimonio de la licenciada González

Rucci conforme estimó el Comisionado Especial. (Véase, González Rucci

v. U.S. Inmigration & Naturalization Services, 460 F. Supp. 2d 307.

6

CP-2007-6

servicios de la licenciada Torres Viñals.

En esta etapa

cabe apuntar que la práctica de la licenciada González

Rucci

eran

mayormente

casos

de

inmigración

donde

los

clientes utilizaban los servicios de la abogada para tratar

de lograr la ciudadanía americana o resolver problemas de

visas expiradas. El procedimiento usual en la oficina de la

licenciada

González

Rucci

era

que

al

cliente

se

le

requería, en los casos apropiados, que trajera o un cheque

certificado o un giro postal para presentar el formulario

requerido por el Departamento de Inmigración. A veces el

giro venía a nombre de US Inmigration & Naturalization y

otras se dejaba el giro o cheque en blanco.

En otras

ocasiones, los clientes traían el dinero en efectivo y se

le compraba el giro postal.

Una vez recibido el giro o

cheque, el mismo se grapaba al expediente del cliente donde

se mantenía hasta el día de la cita con el Departamento de

Inmigración, para ser entregado con el formulario requerido

por éstos.

Poco

tiempo

después

de

haberse

reintegrado

a

su

oficina se le informó a la licenciada González Rucci que

varios cheques y giros que habían sido grapados a los

expedientes de los clientes faltaban. Al confrontar a la

licenciada

Torres

Viñals

sobre

este

particular,

ésta

inicialmente negó conocimiento de la razón por la cual

faltaban esos cheques y giros. Luego de varios incidentes

donde los mismos clientes se quejaron que no se habían

presentado sus casos, y donde faltaban los cheques y giros

7

CP-2007-6

que se habían grapado a los expedientes, la licenciada

Torres Viñals le admite a la licenciada González Rucci que

ella se había apropiado de dichos cheques y giros.

Ante lo anterior, se hizo una lista de los casos donde

faltaban

cheques

o

giros

resultando

que

la

licenciada

Torres Viñals se había apoderado de cinco mil seiscientos

setenta dólares

($5,670).

Eventualmente, la licenciada

Torres Viñals rembolsó los dineros apropiados, excusándose

con

la

licenciada

González

Rucci

señalándole

que

había

tomado el dinero porque tenía serios problemas económicos. 6

Esto motivó que la licenciada González Rucci le permitiera

continuar trabajando en la oficina, aunque se le quitaron

las llaves que daba acceso a dicha oficina.

Posterior a estos incidentes, se presentó otro cliente

quejándose.

Cuando la licenciada González Rucci fue a

presentar

caso

el

ante

el

Departamento

de

Inmigración

faltaba el giro postal de setecientos dólares ($700) del

cliente.

La licenciada González Rucci pagó el dinero. Al

confrontar

conocimiento

a

la

licenciada

alguno

del

Torres

dinero.

La

Viñals,

ésta

licenciada

negó

González

Rucci consiguió copia del recibo del giro y el correo

confirmó que el giro había sido cambiado y depositado en la

cuenta de la licenciada Torres Viñals. El giro se había

hecho a nombre del US Inmigration Services, endosado por

6

Surge del Informe del Comisionado Especial que los rembolsos se

hicieron mediante descuentos del sueldo de la licenciada Torres

Viñals. En dos (2) ocasiones, la licenciada Torres Viñals pagó con

cheques que no tenían fondos suficientes. La licenciada Torres Viñals

pagó el balance de la deuda en efectivo al así exigirsélo.

8

CP-2007-6

Jessica Torres Viñals y depositado en su cuenta. Ante estos

hechos, la licenciada González Rucci se personó a la Unidad

Investigativa de San Juan donde fue atendida por entre

otras personas, la agente Senai Rodríguez.

Luego de hacerse la debida auditoría de las cuentas de

banco de la licenciada Torres Viñals se encontró que no tan

solo

se

había

apropiado

de

los

cinco

mil

seiscientos

setenta dólares ($5,670) que ella ya había restituido, sino

también se había apropiado ilegalmente de otros cinco mil

treinta y cinco dólares ($5,035), razón por la cual se le

radicaron acusaciones.

Señala el Informe del Comisionado

Especial:

“…El Modus Operandi utilizado por la Lcda.

Torres Viñas era apoderarse de los giros o

cheques que estaban agrapados en los expedientes

de los clientes.

Luego si el giro o cheque

estaba en blanco, ella ponía su nombre y lo

depositaba en su cuenta (véase exhibit 2, páginas

1, 2, 3, 8 y 10).

Si el giro o cheque estaba

hecho

a

nombre

del

U.S.

Inmigration

&

Naturalization Services, ella endosaba el mismo y

los depositaba en su cuenta. (Véase exhibit 2,

páginas 5, 6, 9 y 13).

En otros casos, si el

cheque estaba a nombre de U.S. Inmigration &

Naturalization Services, ella le añadía las

palabras “and/or Jessica Torres”, y lo endosaba y

depositaba en su cuenta de banco. (Véase exhibit

2, página 11).

Según el testimonio de la agente Senai Rodríguez

Figueroa, a quién se le dio entero crédito, ella

entrevistó en varias ocasiones a la Lcda. Torres

Viñals y esta primero negó haberse apropiado del

dinero, pero al mostrarle los resultados de la

auditoría de las cuentas de banco, la querellada

le admitió que sí se había apoderado ilegalmente

de los cheques y giros, y que los había

depositado en su cuenta de banco.

La Lcda. Torres Viñals fue arrestada y luego

acusada por el Ministerio Público de haber

violado los Artículos 166, 271, y 272 del Código

9

CP-2007-6

Penal.

Durante estos procedimientos la Lcda.

Torres Viñals rembolsó a la Lcda. González Rucci

los otros $5,035.00 ilegalmente apropiado.

En

consecuencia el Fiscal acordó se archivará el

caso bajo la Regla 247 de los Procedimientos

Criminales porque la perjudicada (Lcda. González

Rucci) se le “resarció en la totalidad” lo

apropiado. (Véase, exhibit 1, página 3). No se le

formularon cargos a la Lcda. Torres Viñals por

los $5,670.00 previamente ilegalmente apropiados

por ella porque ya estos se habían restituido.

Los $5,035.00 fueron pagados por una hermana de

la querellada.” (Notas al calce omitidas)

Por último surge del Informe del Comisionado Especial

que

no

fue

convincente

el

testimonio

de

la

licenciada

Torres Viñals. Conforme su declaración, en muchas ocasiones

los clientes llegaban al Departamento de Inmigración con

ella y no tenían los giros o cheques certificados para

pagar lo requerido por la agencia federal.

Declaró que en

muchas ocasiones el cheque no se encontraba dentro del

expediente del cliente. Según su declaración para que el

cliente no perdiera el turno, pagaba en efectivo y luego

cuando

el

cliente

regresaba

con

el

giro

o

cheque

certificado, o se encontraba el giro, ella lo endosaba y lo

depositaba en su cuenta de banco. El Comisionado Especial

expresa

que

no

hubo

una

explicación

lógica

sobre

los

cheques sin fondo que le dio a la licenciada González

Rucci, ni tampoco de cómo ella iba con los clientes al

Departamento de Inmigración con tanto dinero en efectivo. A

su vez, el Comisionado Especial acotó que no le pareció

creíble

que

ella

restituyera

el

dinero

para

evitar

el

proceso criminal. Las admisiones hechas de la licenciada

Torres Viñals a la agente Senai Rodríguez Figueroa y a la

10

CP-2007-6

licenciada

González

Rucci

quedaron

probadas.

Fue

determinación del Comisionado Especial que la licenciada

Torres Viñals restituyó el dinero porque era probable que

en el juicio se hubiera encontrado culpable.

puntualizar

que

el

Comisionado

Especial

Es menester

otorgó

entera

credibilidad a los testimonios de la agente Senai Rodríguez

Figueroa y de la licenciada González Rucci.

Evaluados

Comisionado

estos

hechos,

y

Especial

entendió

que

conforme

la

reseñado,

licenciada

el

Torres

Viñals incurrió en violaciones a los Cánones 23, 35 y 38 de

los de Ética Profesional.

Sometido

el

caso

ante

nuestra

consideración,

y

contando con el beneficio del Informe de la Comisionada

Especial y del Procurador General, así como la contestación

de la licenciada Torres Viñals, resolvemos.

II

Reiteradamente hemos señalado que los Cánones de Ética

Profesional establecen las normas mínimas de conducta que

rigen a los miembros de la profesión legal en el desempeño

de su delicada e importante labor. In re Pujol Thompson,

171 D.P.R. 683 (2006); In re Izquierdo Stella, 154 D.P.R.

732 (2001); In re Matos González, 149 D.P.R. 817 (1999); In

re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998).

El Canon 23 de Ética Profesional, en lo pertinente al

caso de autos, le impone a los abogados el deber de velar

porque

la

relación

transparente.

In

re

entre

éstos

Álvarez

y

Aponte,

sus

158

clientes

sea

D.P.R.

140,

11

CP-2007-6

146 (1982); In re Rivera Irizarry, 155 D.P.R. 687, 693

(2001). La naturaleza fiduciaria de la relación entre el

letrado

y

el

cliente

exige

que

exista

una

confianza

absoluta entre ambos, especialmente en asuntos económicos.

Íd. Por tal razón, el abogado tiene el deber de rendir

cuentas de cualquier dinero o bien de un cliente que esté

en su posesión y no debe mezclarlos con los suyos.

Conforme a lo dispuesto en el Canon 23, supra, hemos

indicado que el retener, en forma no autorizada, sumas de

dinero

pertenecientes

impropiamente

al

cliente

constituye

una

o

disponer

conducta

de

ellas

gravemente

impermisible de un abogado e infringe dicho precepto legal.

Véase, In re Marrero Figarella, 146 D.P.R. 541, 557 (1998).

Tal conducta lesiona la naturaleza fiduciaria que rige la

relación entre el letrado y su cliente, y afecta la imagen

de dignidad e integridad que debe guardar y proyectar todo

abogado

y

la

reputación

de

la

profesión

legal

en

la

comunidad. In re Rivera Lozada, res. el 26 de junio de

2009, 176 D.P.R.___ (2009), 2009 T.S.P.R. 120, 2009 J.T.S.

123; In re Vázquez O´Neill, 121 D.P.R. 623, 627 (1988). Es

por ello que se ha determinado que constituye un grave

atentado a la relación fiduciaria entre abogado y cliente

que el letrado retenga una suma de dinero que le adelantó

el

cliente

en

concepto

de

honorarios

sin

realizar

la

gestión a la cual se comprometió. In re Ramírez Ferrer, 147

D.P.R. 607, 614 (1999).

12

CP-2007-6

Sobre la retención de fondos, debemos señalar que un

abogado está sujeto a ser sancionado por retener sumas de

dinero pertenecientes a sus clientes aunque el letrado las

hubiese devuelto. In re Vázquez O´Neill, supra, pág. 628.

Por lo tanto, la dilación en devolver dichos fondos de por

sí será causa suficiente para infringir el Canon 23, supra.

Íd., In re Ramírez Ferrer, supra, pág. 614; In re Arana

Arana, 112 D.P.R. 838, 844 (1982).

Por otra parte, también constituye una violación al

Canon 23, supra, el que un abogado retenga indebidamente

sumas de dinero pertenecientes a sus clientes aún cuando no

tenga la intención de apropiarse de ellas permanentemente.

In re Arana Arana, supra, pág. 844.

Por otro lado, hemos resuelto que el Canon 35 de Ética

Profesional le impone a los abogados un deber general de

ser sinceros y honrados para con sus representados y sus

compañeros abogados, así como para con los tribunales.

L.P.R.A. Ap. IX, C. 35. Véase, además,

4

In re Padilla

Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998); In re Franco Rivera,

Masini Soler, 134 D.P.R. 823 (1993). Añade el precepto, que

no es sincero ni honrado utilizar medios inconsistentes con

la

verdad,

ni

se

debe

inducir

a

error

al

juzgador

utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o

del derecho. Dichos deberes se exigen en aras de preservar

el

honor

compromiso

y

la

del

dignidad

abogado

de

la

profesión,

ya

que

con

la

verdad

uno

siempre

es

el

incondicional. In re Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661

13

CP-2007-6

(2006).

La

verdad

es

un

atributo

inseparable

abogado,

y

sin

ésta,

la

profesión

jurídica

del

no

ser

podría

justificar su existencia. In re Busó Aboy, 166 D.P.R. 49

(2005).

Reiteradamente hemos expresado que el Canon 35 exige

que la conducta de todo miembro de la profesión ante los

tribunales, sea sincera y honrada. In re López González,

171

D.P.R.

567

(2007).

Esto

en

virtud

de

que

todo

el

entramado de nuestro sistema judicial se erige sobre la

premisa

de

que

los

abogados,

sobre

quienes

recae

principalmente la misión de administrar la justicia, han de

conducirse

siempre

con

integridad

ante

los

foros

judiciales. In re Montañés Miranda, 157 D.P.R. 275 (2002).

En fin, un abogado que falta a la verdad infringe el Canon

35, independientemente de los motivos que lo movieron a

incurrir en esa conducta o de que no se hubiera perjudicado

a

tercero

alguno.

In

re

Grau

Acosta,

172

D.P.R.

159

(2007).

El Canon 35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX,

exige que la conducta de todo miembro de la profesión legal

ante los tribunales, para con sus representados y en las

relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.

También establece que no es sincero ni honrado el utilizar

medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe

inducir al juzgador a error utilizando artificios o una

falsa relación de los hechos o del derecho. Íd.

14

CP-2007-6

Las obligaciones consagradas en el Canon 35, supra,

constituyen normas mínimas de conducta que sólo pretenden

preservar el honor y la dignidad de la profesión. In re

Martínez, Odell I, 148 D.P.R. 49, 54 (1999). Es por ello

que

todo

tramitación

abogado

de

debe

pleitos

observarlas,

sino

en

todas

no

sólo

en

la

las

facetas

que

desempeñe. Íd.

Anteriormente, este Tribunal ha señalado que “[l]a

verdad es un atributo inseparable del ser abogado por lo

que, su compromiso con ésta, debe ser incondicional”. In re

Rivera Lozada, res. el 26 de junio de 2009, 176 D.P.R.___

(2009), 2009 T.S.P.R. 120, 2009 J.T.S. 123. Véase, además,

In re Grau Acosta, 172 D.P.R. 159, 175 (2007); In re Busó

Aboy, 166 D.P.R. 49, 63 (2005). Por tal razón, un abogado

que

falta

a

la

independientemente

verdad

de

infringe

los

motivos

el

Canon

que

lo

35,

supra,

movieron

a

incurrir en esa conducta o de que no se hubiera perjudicado

a tercero alguno. In re Grau Acosta, supra, pág. 175. A

tenor con lo anterior, el abogado que provee al tribunal

información falsa o que no se ajuste a la verdad, o que

oculte información que deba ser revelada, incumple con este

Canon aunque no haya obrado de mala fe o deliberadamente,

no haya tenido la intención de engañar, o no haya causado

daño a un tercero. In re Zapata Torres, res. el 24 de

agosto de 2009, 176 D.P.R.___ (2009), 2009 T.S.P.R. 146,

2009 J.T.S. 149.

15

CP-2007-6

La Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4

L.P.R.A.

Ap.

Comisionado

XXI-A,

establece

que

Especial

designado

celebrar

recibir la prueba.

le

corresponde

una

vista

al

para

Por tanto, sus determinaciones fácticas

merecen nuestra mayor deferencia.

Ahora bien, de igual

manera hemos resuelto que, aunque este Tribunal no está

obligado

a

nombrado

para

pudiendo

adoptar,

ordinario

aceptar

el

atender

una

Especial

las

del

Comisionado

Especial

contra

abogado,

querella

modificar

sostenemos

Comisionado

Informe

o

rechazar

tal

conclusiones

salvo

que

parcialidad o error manifiesto.

se

un

de

Informe,

hecho

demuestre

de

de

un

perjuicio,

In re Gordon Menéndez I,

171 D.P.R. 442 (2007); In re Moreira Avillán, 147 D.P.R.

78, 86 (1991); In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994); In

re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994).

Con

estos

preceptos

en

mente,

atendemos

la

imputa

la

controversia ante nuestra consideración.

III

El

primer

cargo

de

la

Querella

le

a

licenciada Torres Viñals haber actuado contrario al Canon

23 de Etica Profesional, supra, el cual conforme reseñado

dispone

que

la

naturaleza

fiduciaria

de

las

relaciones

entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en

la

honradez

licenciada

absoluta.

Torres

Surge

Viñals

de

admitió

la

Querella

haberse

que

la

apropiado

de

varios giros que pertenecían a los clientes y haberlos

firmados, endosado y depositado en su cuenta personal.

16

CP-2007-6

La licenciada Torres Viñals en su Contestación a la

Querella y sobre lo antes señalado, negó haber aceptado que

se

apropió

Entiende

de

lo

giros

anterior

González Rucci.

pertenecientes

a

sus

clientes.

es

de

la

licenciada

la

versión

Asevera que jamás falsificó firma alguna

con el propósito alegado de haberse apropiado ilegalmente

de fondos pertenecientes a sus clientes o a la licenciada

González Rucci. Esboza que no debe pasarse por alto que

autorizó

voluntariamente

una

auditoría

de

su

cuenta

de

banco precisamente porque era consciente de que no había

incurrido en defraudación alguna.

En

cuanto

al

segundo

cargo,

se

le

imputa

a

la

licenciada Torres Viñals incurrir en conducta violatoria

del Canon 35 de Etica Profesional, el cual dispone, inter

alia, que la conducta de cualquier miembro de la profesión

legal ante los tribunales, para con sus representados y en

las

relaciones

con

honrada.

La

licenciada

Torres

sus

Querella

Viñals

compañeros

debe

ser

expresa

la

conducta

no

fue

que

sincera

ni

sincera

y

de

la

honrada

al

apropiarse de dinero perteneciente a sus clientes y luego

mentirle a su superior, la licenciada González Rucci lo que

demuestra deslealtad y falta de honestidad de parte de la

primera a la segunda, conducta que lesiona la imagen de la

profesión legal.

La Querella expresa que la licenciada

González Rucci cuestionó en un sinnúmero de ocasiones a la

licenciada Torres Viñals sobre los giros extraviados, no

obstante ésta negaba su responsabilidad sobre los mismos.

17

CP-2007-6

No fue hasta que la licenciada González Rucci le mostró un

giro suscrito por ella que aceptó su responsabilidad.

Aun

así la licenciada González Rucci le concedió una nueva

oportunidad,

permitiéndole

continuar

trabajando

en

la

oficina hasta que meses más tarde incurrió nuevamente en la

misma conducta.

licenciada

En esa ocasión, y de manera reiterada la

Torres

Viñals

nuevamente

le

mintió

a

la

licenciada González Rucci.

La licenciada Torres Viñals en cuanto a este segundo

cargo señala que no incurrió en la conducta imputada. Alegó

que de haberse extraviado algún giro era por no llevarse un

sistema efectivo de contabilidad.

Apuntó y citamos

La querellada pagó el importe de los giros

alegadamente extraviados, a pesar de que nada

había tenido que ver con el extravío de los

mismos. Lo hizo para acallar a la Lcda. González

porque como era la única otra abogada en la

oficina.

Expresó que en dos (2) ocasiones le fueron rembolsados

el

importe

de

ciertos

giros

extraviados

y

que

luego

aparecieron. Acota, a su vez, que ninguno de los clientes

presentó alguna Queja contra ella no se vieron afectados.

En el Cargo III se le imputó a la licenciada Torres

Viñals

conducta

violatoria

del

Canon

38

de

Etica

Profesional, el cual dispone, entre otros extremos, que el

abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la

exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque así

hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta

la apariencia de conducta profesional impropia.

De la

Querella

Viñals

instada

surge

que

la

licenciada

Torres

18

CP-2007-6

actuó contrario a los principios que el Canon enuncia al

falsificar firmas para apropiarse ilegalmente de fondos

pertenecientes a sus clientes.

Sobre

lo

anterior

es

contención

de

la

licenciada

Torres Viñals que en su mente nunca existió la intención

delictiva

de

apropiarse

de

fondos

de

los

clientes

o

defraudarlos.

No podemos aceptar las alegaciones de la licenciada

Torres

Viñals

las

cuales

no

concuerdan

con

las

determinaciones de hechos del Comisionado Especial.

En

primer término, nos sorprende que guarda silencio respecto

a los dineros tomados, en la primera ocasión, y sus excusas

a la licenciada González Rucci.

A su vez, y al igual que

el Comisionado Especial, llama la atención que no ofreciera

razones de porque ella iba con los clientes al Departamento

de Inmigración con tanto dinero en efectivo.

Observamos

que

versiones

la

licenciada

Torres

Viñals

ofrece

incompatibles sobre los hechos ocurridos. Oportuno es aquí

recordar aquellas palabras del Juez Asociado señor Serrano

Geyls

cuando

dijo:

“[l]os

jueces

no

podemos

ser

tan

ingenuos para creer lo que nadie más creería”. Véase Pueblo

v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573 (1961).

Según dispone nuestro Reglamento le corresponde al

Comisionado

Especial

celebrar la prueba.

designado

celebrar

una

vista

para

Al desempeñar una función similar al

juzgador de instancia, el Comisionado Especial se encuentra

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical y

19

CP-2007-6

adjudicar

credibilidad,

por

lo

que

sus

determinaciones

fácticas merecen nuestra mayor deferencia. In re Rivera

Lozada, res. en 26 de junio de 2009, ___ D.P.R.___ (2009),

2009 T.S.P.R. 120, 2009 J.T.S. ___.

En el caso de autos, el Comisionado Especial acotó que

no

le

pareció

creíble

que

la

licenciada

Torres

Viñals

restituyera el dinero para evitar el proceso criminal. A su

vez, fue claro y específico que las admisiones hechas de la

licenciada

Figueroa

Torres

y

probadas.

a

la

Viñals

a

la

licenciada

agente

Senai

Rodríguez

González

Rucci

quedaron

Fue determinación del Comisionado Especial que

la licenciada Torres Viñals restituyó el dinero porque era

probable que en el juicio se hubiera encontrado culpable.

Es menester puntualizar que el Comisionado Especial otorgó

entera credibilidad a los testimonios de la agente Senai

Rodríguez Figueroa y de la licenciada González Rucci. Sus

conclusiones nos merecen deferencia, en particular cuando

no se nos ha demostrado perjuicio, parcialidad o error

manifiesto.

Finalmente a pesar de que la licenciada Torres Viñals

no fue convicta por los delitos que se le imputaron no

impide

que

este

disciplinaria

para

Tribunal

evaluar

su

ejerza

su

conducta.

In

jurisdicción

re

Caratini

Alvarado, 135 D.P.R. 642 (1994).

Ante los hechos expuestos y la falta de evidencia el

expediente

que

rebatan

lo

anterior

resolvemos

que

la

20

CP-2007-6

licenciada

Torres

Viñals

incurrió

en

violaciones

a

los

Cánones 23, 35 y 38 de Ética Profesional.

IV

Por

los

fundamentos

antes

expresados,

suspendemos

indefinidamente a la licenciada Torres Viñals del ejercicio

de la abogacía y la notaría a partir de la notificación de

la presente Opinión Per Curiam.

La

licenciada

todos

Torres

notificar

a

sus

continuar

representándoles

Viñals

clientes

y

tiene

de

su

el

deber

inhabilidad

devolverá

a

de

para

éstos

los

expedientes de los casos pendientes así como los honorarios

recibidos

por

trabajo

no

realizados.

informar

oportunamente

de

su

suspensión

Deberá

también

a

foros

los

judiciales y administrativos del país.

De igual forma,

debe

del

certificar

a

este

Tribunal

dentro

término

de

treinta (30) días el cumplimiento con lo aquí dispuesto.

El Alguacil de este Tribunal procederá a incautarse de

la obra y sello notarial de la abogada suspendida, debiendo

entregar

los

Inspección

mismos

de

a

la

Notarías

Directora

para

de

la

investigación e informe a este Tribunal.

Se dictará Sentencia de conformidad.

la

Oficina

de

correspondiente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Jessica Torres Viñals

CP-2007-6

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 8 de diciembre de 2010.

Por

los

fundamentos

antes

expresados,

suspendemos indefinidamente a la licenciada Torres

Viñals del ejercicio de la abogacía y la notaría a

partir de la notificación de la presente Opinión

Per Curiam.

La licenciada Torres Viñals tiene el deber de

notificar a todos sus clientes de su inhabilidad

para continuar representándoles y devolverá a éstos

los expedientes de los casos pendientes así como

los honorarios recibidos por trabajo no realizados.

Deberá

también

informar

oportunamente

de

su

suspensión a los foros judiciales y administrativos

del país. De igual forma, debe certificar a este

Tribunal dentro del término de treinta (30) días el

cumplimiento con lo aquí dispuesto.

El Alguacil de este Tribunal procederá a

incautarse de la obra y sello notarial de la

abogada suspendida, debiendo entregar los mismos a

la Directora de la Oficina de Inspección de

Notarías para la correspondiente investigación e

informe a este Tribunal.

Lo

acordó

el

Tribunal

y

certifica

Secretaria del Tribunal Supremo, Interina.

la

Larissa Ortiz Modestti

Secretaria del Tribunal Supremo, Interina