Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re Jessica Torres Viñals
2010 TSPR 233
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re Jessica Torres Viñals
CP-2007-6
Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y la notaría por violación a los Cánones 23, 35 y 38 de Ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2010 TSPR 233
180 DPR ____
Jessica Torres Viñals
Número del Caso: CP
- 2007 - 6
Fecha: 8 de diciembre de 2010
Oficina del Procurador General:
Lcdo. José Enrico Valenzuela
Procurador General Auxiliar
- Alvardo
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Margarita Carrillo Iturrino
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión será
efectiva el 23 de diciembre de 2010, fecha
en que se le notificó a la abogada de su suspensión inmediata.)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y p
ublicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Jessica Torres Viñals
CP-2007-6
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 8 de diciembre de 2010.
La
licenciada
Jessica
Torres
Viñals,
en
adelante, licenciada Torres Viñals, fue admitida
al ejercicio de la abogacía el 30 de enero de 2001
y prestó juramento como notario el 16 de octubre
de 2002.1
General
El 9 de abril de 2007, el Procurador
presentó
una
Querella
sobre
conducta
profesional contra la licenciada Torres Viñals por
violaciones a los Cánones 23, 35 y 38 de Etica
Profesional.
1
Es preciso señalar que la licenciada Torres Viñals tiene
pendiente dos (2) Quejas ante este Foro, a saber, AB-2010-2
y AB-20106. Dichas Quejas fueron remitidas a la Oficina de
la Procuradora General para investigación e informe. Regla
14(d) del Reglamento del Tribunal Supremo. 4 L.P.R.A. Ap.
XXI-A.
3
CP-2007-6
Procedemos a relatar los acontecimientos procesales
que motivaron la Querella, según surgen del expediente.
I
La Queja contra la licenciada Torres Viñals se originó
con
una
Declaración
Jurada
de
la
licenciada
Rosaura
González Rucci2, en adelante, licenciada González Rucci.
Surge de la misma que la licenciada Torres Viñals, mientras
era empleada de la licenciada González Rucci, se apropió de
varios giros que pertenecían a clientes, los firmó, endosó
y los depositó en su cuenta personal. Como resultado de
dicha conducta se presentaron contra la licenciada Torres
Viñals veinte (20) denuncias por violación a los Arts. 165,
166, 271 y 272 del Código Penal de Puerto Rico.3
Instada la Queja, referimos copia del expediente al
Procurador
General
correspondiente,
Reglamento.
para
conforme
la
a
investigación
la
Regla
14(d)
e
Informe
de
nuestro
Así las cosas, el 23 de noviembre de 2004 el
Procurador General presentó el correspondiente Informe para
someter a la consideración de este Tribunal la conducta
incurrida
por
la
licenciada
Torres
Viñals.
El
18
de
febrero de 2005 ordenamos a la licenciada Torres Viñals
2
Para esa fecha la licenciada González Rucci estaba suspendida de la
profesión.
3
Surge del Informe Conjunto de las Partes que, estando pendiente de
celebrarse
la
vista
preliminar
la
licenciada
Torres
Viñals
voluntariamente ofreció pagar el monto del dinero que se le imputaba
haberse apropiado y falsificado con el único propósito de poner fin a
los rigores del procedimiento criminal. No obstante, expresó que “ello
no constituía una aceptación de los delitos imputados porque no había
cometido delito alguno.”
4
CP-2007-6
presentara contestación.
El 21 de septiembre de 2005 la
licenciada Torres Viñals presentó su Contestación a Queja.
El
24
de
febrero
de
2006
ordenamos
al
Procurador
General examinara dicha contestación y sometiera un Informe
Suplementario sobre la Queja instada. El Procurador General
emitió Informe Suplementario.
Luego
de
examinar
los
documentos,
y
de
ciertos
trámites procesales, el 3 de noviembre de 2006 instruimos
al
Procurador
Querella.
presentó
General
a
presentar
la
correspondiente
El 9 de abril de 2007 el Procurador General
Querella
sobre
conducta
profesional
contra
la
licenciada Torres Viñals, imputándole violaciones a los
Cánones 23, 35 y 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap.
IX.
Mediante Orden emitida, peticionamos a la licenciada
Torres Viñals a contestar la Querella incoada en su contra.
La licenciada Torres Viñals presentó su contestación a las
alegaciones expuestas en la Querella presentada.
En su
alegación responsiva la licenciada Torres Viñals negó que
hubiera falsificado firmas en los giros de los clientes con
el propósito de apropiarse ilegalmente de fondos.
que
la
desaparición
de
los
giros
y
cheques
Planteó
bancarios
continuó ocurriendo luego de ella cesar en sus funciones.
Planteó que ella efectuó el pago correspondiente a por lo
menos
dos
(2)
giros
($500.00),
que
la
estaban
extraviados
de
quinientos
licenciada
y
que
dólares
González
Rucci
posteriormente
cada
uno
sostenía
aparecieron.
5
CP-2007-6
Planteó que la situación se debía al deficiente sistema de
contabilidad que la licenciada González Rucci tenía en su
oficina.
Luego de los trámites de rigor, el 29 de julio de 2009
designamos
al
Hon.
Wilfredo
Comisionado
Especial
para
Robles
atender
Carrasquillo,
el
como
procedimiento
de
autos. Posteriormente lo relevamos de dicha designación y
nombramos al Hon. Charles Cordero.
Tras celebrar una vista
evidenciaría, el Comisionado Especial rindió su Informe.
Surge de las determinaciones de hechos del Comisionado
Especial
que
la
quejosa,
a
saber,
licenciada
González
Rucci, le dio empleo a la licenciada Torres Viñals para que
ésta asumiera la representación legal de todos los casos
pendientes en su oficina. Lo anterior toda vez que la
licenciada
González
profesión
por
suspensión
obedeció
un
Rucci
término
a
que
había
sido
suspendida
de
seis
(6)
la
licenciada
de
la
meses.4
Dicha
González
Rucci
junto con su ex-socio había violado los Cánones 20, 29, 30
y
38
de
Etica
autorizamos
la
Profesional.
reinstalación
El
de
6
la
de
julio
licenciada
de
2001,
González
Rucci.5
Alrededor de diciembre de 2001, la licenciada González
Rucci se había reintegrado a su oficina y retenido los
4
5
In re Irizarry y González, 151 D.P.R. 916 (2000).
In re González Rucci, 154 D.P.R. 641 (2001).
Surge del Informe del
Comisionado Especial otro litigio en donde se vio envuelta la
licenciada González Russi, informado por la licenciada Torres Viñals a
fin restarle credibilidad al testimonio de la licenciada González
Rucci conforme estimó el Comisionado Especial. (Véase, González Rucci
v. U.S. Inmigration & Naturalization Services, 460 F. Supp. 2d 307.
6
CP-2007-6
servicios de la licenciada Torres Viñals.
En esta etapa
cabe apuntar que la práctica de la licenciada González
Rucci
eran
mayormente
casos
de
inmigración
donde
los
clientes utilizaban los servicios de la abogada para tratar
de lograr la ciudadanía americana o resolver problemas de
visas expiradas. El procedimiento usual en la oficina de la
licenciada
González
Rucci
era
que
al
cliente
se
le
requería, en los casos apropiados, que trajera o un cheque
certificado o un giro postal para presentar el formulario
requerido por el Departamento de Inmigración. A veces el
giro venía a nombre de US Inmigration & Naturalization y
otras se dejaba el giro o cheque en blanco.
En otras
ocasiones, los clientes traían el dinero en efectivo y se
le compraba el giro postal.
Una vez recibido el giro o
cheque, el mismo se grapaba al expediente del cliente donde
se mantenía hasta el día de la cita con el Departamento de
Inmigración, para ser entregado con el formulario requerido
por éstos.
Poco
tiempo
después
de
haberse
reintegrado
a
su
oficina se le informó a la licenciada González Rucci que
varios cheques y giros que habían sido grapados a los
expedientes de los clientes faltaban. Al confrontar a la
licenciada
Torres
Viñals
sobre
este
particular,
ésta
inicialmente negó conocimiento de la razón por la cual
faltaban esos cheques y giros. Luego de varios incidentes
donde los mismos clientes se quejaron que no se habían
presentado sus casos, y donde faltaban los cheques y giros
7
CP-2007-6
que se habían grapado a los expedientes, la licenciada
Torres Viñals le admite a la licenciada González Rucci que
ella se había apropiado de dichos cheques y giros.
Ante lo anterior, se hizo una lista de los casos donde
faltaban
cheques
o
giros
resultando
que
la
licenciada
Torres Viñals se había apoderado de cinco mil seiscientos
setenta dólares
($5,670).
Eventualmente, la licenciada
Torres Viñals rembolsó los dineros apropiados, excusándose
con
la
licenciada
González
Rucci
señalándole
que
había
tomado el dinero porque tenía serios problemas económicos. 6
Esto motivó que la licenciada González Rucci le permitiera
continuar trabajando en la oficina, aunque se le quitaron
las llaves que daba acceso a dicha oficina.
Posterior a estos incidentes, se presentó otro cliente
quejándose.
Cuando la licenciada González Rucci fue a
presentar
caso
el
ante
el
Departamento
de
Inmigración
faltaba el giro postal de setecientos dólares ($700) del
cliente.
La licenciada González Rucci pagó el dinero. Al
confrontar
conocimiento
a
la
licenciada
alguno
del
Torres
dinero.
La
Viñals,
ésta
licenciada
negó
González
Rucci consiguió copia del recibo del giro y el correo
confirmó que el giro había sido cambiado y depositado en la
cuenta de la licenciada Torres Viñals. El giro se había
hecho a nombre del US Inmigration Services, endosado por
6
Surge del Informe del Comisionado Especial que los rembolsos se
hicieron mediante descuentos del sueldo de la licenciada Torres
Viñals. En dos (2) ocasiones, la licenciada Torres Viñals pagó con
cheques que no tenían fondos suficientes. La licenciada Torres Viñals
pagó el balance de la deuda en efectivo al así exigirsélo.
8
CP-2007-6
Jessica Torres Viñals y depositado en su cuenta. Ante estos
hechos, la licenciada González Rucci se personó a la Unidad
Investigativa de San Juan donde fue atendida por entre
otras personas, la agente Senai Rodríguez.
Luego de hacerse la debida auditoría de las cuentas de
banco de la licenciada Torres Viñals se encontró que no tan
solo
se
había
apropiado
de
los
cinco
mil
seiscientos
setenta dólares ($5,670) que ella ya había restituido, sino
también se había apropiado ilegalmente de otros cinco mil
treinta y cinco dólares ($5,035), razón por la cual se le
radicaron acusaciones.
Señala el Informe del Comisionado
Especial:
“…El Modus Operandi utilizado por la Lcda.
Torres Viñas era apoderarse de los giros o
cheques que estaban agrapados en los expedientes
de los clientes.
Luego si el giro o cheque
estaba en blanco, ella ponía su nombre y lo
depositaba en su cuenta (véase exhibit 2, páginas
1, 2, 3, 8 y 10).
Si el giro o cheque estaba
hecho
a
nombre
del
U.S.
Inmigration
&
Naturalization Services, ella endosaba el mismo y
los depositaba en su cuenta. (Véase exhibit 2,
páginas 5, 6, 9 y 13).
En otros casos, si el
cheque estaba a nombre de U.S. Inmigration &
Naturalization Services, ella le añadía las
palabras “and/or Jessica Torres”, y lo endosaba y
depositaba en su cuenta de banco. (Véase exhibit
2, página 11).
Según el testimonio de la agente Senai Rodríguez
Figueroa, a quién se le dio entero crédito, ella
entrevistó en varias ocasiones a la Lcda. Torres
Viñals y esta primero negó haberse apropiado del
dinero, pero al mostrarle los resultados de la
auditoría de las cuentas de banco, la querellada
le admitió que sí se había apoderado ilegalmente
de los cheques y giros, y que los había
depositado en su cuenta de banco.
La Lcda. Torres Viñals fue arrestada y luego
acusada por el Ministerio Público de haber
violado los Artículos 166, 271, y 272 del Código
9
CP-2007-6
Penal.
Durante estos procedimientos la Lcda.
Torres Viñals rembolsó a la Lcda. González Rucci
los otros $5,035.00 ilegalmente apropiado.
En
consecuencia el Fiscal acordó se archivará el
caso bajo la Regla 247 de los Procedimientos
Criminales porque la perjudicada (Lcda. González
Rucci) se le “resarció en la totalidad” lo
apropiado. (Véase, exhibit 1, página 3). No se le
formularon cargos a la Lcda. Torres Viñals por
los $5,670.00 previamente ilegalmente apropiados
por ella porque ya estos se habían restituido.
Los $5,035.00 fueron pagados por una hermana de
la querellada.” (Notas al calce omitidas)
Por último surge del Informe del Comisionado Especial
que
no
fue
convincente
el
testimonio
de
la
licenciada
Torres Viñals. Conforme su declaración, en muchas ocasiones
los clientes llegaban al Departamento de Inmigración con
ella y no tenían los giros o cheques certificados para
pagar lo requerido por la agencia federal.
Declaró que en
muchas ocasiones el cheque no se encontraba dentro del
expediente del cliente. Según su declaración para que el
cliente no perdiera el turno, pagaba en efectivo y luego
cuando
el
cliente
regresaba
con
el
giro
o
cheque
certificado, o se encontraba el giro, ella lo endosaba y lo
depositaba en su cuenta de banco. El Comisionado Especial
expresa
que
no
hubo
una
explicación
lógica
sobre
los
cheques sin fondo que le dio a la licenciada González
Rucci, ni tampoco de cómo ella iba con los clientes al
Departamento de Inmigración con tanto dinero en efectivo. A
su vez, el Comisionado Especial acotó que no le pareció
creíble
que
ella
restituyera
el
dinero
para
evitar
el
proceso criminal. Las admisiones hechas de la licenciada
Torres Viñals a la agente Senai Rodríguez Figueroa y a la
10
CP-2007-6
licenciada
González
Rucci
quedaron
probadas.
Fue
determinación del Comisionado Especial que la licenciada
Torres Viñals restituyó el dinero porque era probable que
en el juicio se hubiera encontrado culpable.
puntualizar
que
el
Comisionado
Especial
Es menester
otorgó
entera
credibilidad a los testimonios de la agente Senai Rodríguez
Figueroa y de la licenciada González Rucci.
Evaluados
Comisionado
estos
hechos,
y
Especial
entendió
que
conforme
la
reseñado,
licenciada
el
Torres
Viñals incurrió en violaciones a los Cánones 23, 35 y 38 de
los de Ética Profesional.
Sometido
el
caso
ante
nuestra
consideración,
y
contando con el beneficio del Informe de la Comisionada
Especial y del Procurador General, así como la contestación
de la licenciada Torres Viñals, resolvemos.
II
Reiteradamente hemos señalado que los Cánones de Ética
Profesional establecen las normas mínimas de conducta que
rigen a los miembros de la profesión legal en el desempeño
de su delicada e importante labor. In re Pujol Thompson,
171 D.P.R. 683 (2006); In re Izquierdo Stella, 154 D.P.R.
732 (2001); In re Matos González, 149 D.P.R. 817 (1999); In
re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998).
El Canon 23 de Ética Profesional, en lo pertinente al
caso de autos, le impone a los abogados el deber de velar
porque
la
relación
transparente.
In
re
entre
éstos
Álvarez
y
Aponte,
sus
158
clientes
sea
D.P.R.
140,
11
CP-2007-6
146 (1982); In re Rivera Irizarry, 155 D.P.R. 687, 693
(2001). La naturaleza fiduciaria de la relación entre el
letrado
y
el
cliente
exige
que
exista
una
confianza
absoluta entre ambos, especialmente en asuntos económicos.
Íd. Por tal razón, el abogado tiene el deber de rendir
cuentas de cualquier dinero o bien de un cliente que esté
en su posesión y no debe mezclarlos con los suyos.
Conforme a lo dispuesto en el Canon 23, supra, hemos
indicado que el retener, en forma no autorizada, sumas de
dinero
pertenecientes
impropiamente
al
cliente
constituye
una
o
disponer
conducta
de
ellas
gravemente
impermisible de un abogado e infringe dicho precepto legal.
Véase, In re Marrero Figarella, 146 D.P.R. 541, 557 (1998).
Tal conducta lesiona la naturaleza fiduciaria que rige la
relación entre el letrado y su cliente, y afecta la imagen
de dignidad e integridad que debe guardar y proyectar todo
abogado
y
la
reputación
de
la
profesión
legal
en
la
comunidad. In re Rivera Lozada, res. el 26 de junio de
2009, 176 D.P.R.___ (2009), 2009 T.S.P.R. 120, 2009 J.T.S.
123; In re Vázquez O´Neill, 121 D.P.R. 623, 627 (1988). Es
por ello que se ha determinado que constituye un grave
atentado a la relación fiduciaria entre abogado y cliente
que el letrado retenga una suma de dinero que le adelantó
el
cliente
en
concepto
de
honorarios
sin
realizar
la
gestión a la cual se comprometió. In re Ramírez Ferrer, 147
D.P.R. 607, 614 (1999).
12
CP-2007-6
Sobre la retención de fondos, debemos señalar que un
abogado está sujeto a ser sancionado por retener sumas de
dinero pertenecientes a sus clientes aunque el letrado las
hubiese devuelto. In re Vázquez O´Neill, supra, pág. 628.
Por lo tanto, la dilación en devolver dichos fondos de por
sí será causa suficiente para infringir el Canon 23, supra.
Íd., In re Ramírez Ferrer, supra, pág. 614; In re Arana
Arana, 112 D.P.R. 838, 844 (1982).
Por otra parte, también constituye una violación al
Canon 23, supra, el que un abogado retenga indebidamente
sumas de dinero pertenecientes a sus clientes aún cuando no
tenga la intención de apropiarse de ellas permanentemente.
In re Arana Arana, supra, pág. 844.
Por otro lado, hemos resuelto que el Canon 35 de Ética
Profesional le impone a los abogados un deber general de
ser sinceros y honrados para con sus representados y sus
compañeros abogados, así como para con los tribunales.
L.P.R.A. Ap. IX, C. 35. Véase, además,
4
In re Padilla
Rodríguez, 145 D.P.R. 536 (1998); In re Franco Rivera,
Masini Soler, 134 D.P.R. 823 (1993). Añade el precepto, que
no es sincero ni honrado utilizar medios inconsistentes con
la
verdad,
ni
se
debe
inducir
a
error
al
juzgador
utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o
del derecho. Dichos deberes se exigen en aras de preservar
el
honor
compromiso
y
la
del
dignidad
abogado
de
la
profesión,
ya
que
con
la
verdad
uno
siempre
es
el
incondicional. In re Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661
13
CP-2007-6
(2006).
La
verdad
es
un
atributo
inseparable
abogado,
y
sin
ésta,
la
profesión
jurídica
del
no
ser
podría
justificar su existencia. In re Busó Aboy, 166 D.P.R. 49
(2005).
Reiteradamente hemos expresado que el Canon 35 exige
que la conducta de todo miembro de la profesión ante los
tribunales, sea sincera y honrada. In re López González,
171
D.P.R.
567
(2007).
Esto
en
virtud
de
que
todo
el
entramado de nuestro sistema judicial se erige sobre la
premisa
de
que
los
abogados,
sobre
quienes
recae
principalmente la misión de administrar la justicia, han de
conducirse
siempre
con
integridad
ante
los
foros
judiciales. In re Montañés Miranda, 157 D.P.R. 275 (2002).
En fin, un abogado que falta a la verdad infringe el Canon
35, independientemente de los motivos que lo movieron a
incurrir en esa conducta o de que no se hubiera perjudicado
a
tercero
alguno.
In
re
Grau
Acosta,
172
D.P.R.
159
(2007).
El Canon 35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX,
exige que la conducta de todo miembro de la profesión legal
ante los tribunales, para con sus representados y en las
relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
También establece que no es sincero ni honrado el utilizar
medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe
inducir al juzgador a error utilizando artificios o una
falsa relación de los hechos o del derecho. Íd.
14
CP-2007-6
Las obligaciones consagradas en el Canon 35, supra,
constituyen normas mínimas de conducta que sólo pretenden
preservar el honor y la dignidad de la profesión. In re
Martínez, Odell I, 148 D.P.R. 49, 54 (1999). Es por ello
que
todo
tramitación
abogado
de
debe
pleitos
observarlas,
sino
en
todas
no
sólo
en
la
las
facetas
que
desempeñe. Íd.
Anteriormente, este Tribunal ha señalado que “[l]a
verdad es un atributo inseparable del ser abogado por lo
que, su compromiso con ésta, debe ser incondicional”. In re
Rivera Lozada, res. el 26 de junio de 2009, 176 D.P.R.___
(2009), 2009 T.S.P.R. 120, 2009 J.T.S. 123. Véase, además,
In re Grau Acosta, 172 D.P.R. 159, 175 (2007); In re Busó
Aboy, 166 D.P.R. 49, 63 (2005). Por tal razón, un abogado
que
falta
a
la
independientemente
verdad
de
infringe
los
motivos
el
Canon
que
lo
35,
supra,
movieron
a
incurrir en esa conducta o de que no se hubiera perjudicado
a tercero alguno. In re Grau Acosta, supra, pág. 175. A
tenor con lo anterior, el abogado que provee al tribunal
información falsa o que no se ajuste a la verdad, o que
oculte información que deba ser revelada, incumple con este
Canon aunque no haya obrado de mala fe o deliberadamente,
no haya tenido la intención de engañar, o no haya causado
daño a un tercero. In re Zapata Torres, res. el 24 de
agosto de 2009, 176 D.P.R.___ (2009), 2009 T.S.P.R. 146,
2009 J.T.S. 149.
15
CP-2007-6
La Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4
L.P.R.A.
Ap.
Comisionado
XXI-A,
establece
que
Especial
designado
celebrar
recibir la prueba.
le
corresponde
una
vista
al
para
Por tanto, sus determinaciones fácticas
merecen nuestra mayor deferencia.
Ahora bien, de igual
manera hemos resuelto que, aunque este Tribunal no está
obligado
a
nombrado
para
pudiendo
adoptar,
ordinario
aceptar
el
atender
una
Especial
las
del
Comisionado
Especial
contra
abogado,
querella
modificar
sostenemos
Comisionado
Informe
o
rechazar
tal
conclusiones
salvo
que
parcialidad o error manifiesto.
se
un
de
Informe,
hecho
demuestre
de
de
un
perjuicio,
In re Gordon Menéndez I,
171 D.P.R. 442 (2007); In re Moreira Avillán, 147 D.P.R.
78, 86 (1991); In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994); In
re Morales Soto, 134 D.P.R. 1012 (1994).
Con
estos
preceptos
en
mente,
atendemos
la
imputa
la
controversia ante nuestra consideración.
III
El
primer
cargo
de
la
Querella
le
a
licenciada Torres Viñals haber actuado contrario al Canon
23 de Etica Profesional, supra, el cual conforme reseñado
dispone
que
la
naturaleza
fiduciaria
de
las
relaciones
entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en
la
honradez
licenciada
absoluta.
Torres
Surge
Viñals
de
admitió
la
Querella
haberse
que
la
apropiado
de
varios giros que pertenecían a los clientes y haberlos
firmados, endosado y depositado en su cuenta personal.
16
CP-2007-6
La licenciada Torres Viñals en su Contestación a la
Querella y sobre lo antes señalado, negó haber aceptado que
se
apropió
Entiende
de
lo
giros
anterior
González Rucci.
pertenecientes
a
sus
clientes.
es
de
la
licenciada
la
versión
Asevera que jamás falsificó firma alguna
con el propósito alegado de haberse apropiado ilegalmente
de fondos pertenecientes a sus clientes o a la licenciada
González Rucci. Esboza que no debe pasarse por alto que
autorizó
voluntariamente
una
auditoría
de
su
cuenta
de
banco precisamente porque era consciente de que no había
incurrido en defraudación alguna.
En
cuanto
al
segundo
cargo,
se
le
imputa
a
la
licenciada Torres Viñals incurrir en conducta violatoria
del Canon 35 de Etica Profesional, el cual dispone, inter
alia, que la conducta de cualquier miembro de la profesión
legal ante los tribunales, para con sus representados y en
las
relaciones
con
honrada.
La
licenciada
Torres
sus
Querella
Viñals
compañeros
debe
ser
expresa
la
conducta
no
fue
que
sincera
ni
sincera
y
de
la
honrada
al
apropiarse de dinero perteneciente a sus clientes y luego
mentirle a su superior, la licenciada González Rucci lo que
demuestra deslealtad y falta de honestidad de parte de la
primera a la segunda, conducta que lesiona la imagen de la
profesión legal.
La Querella expresa que la licenciada
González Rucci cuestionó en un sinnúmero de ocasiones a la
licenciada Torres Viñals sobre los giros extraviados, no
obstante ésta negaba su responsabilidad sobre los mismos.
17
CP-2007-6
No fue hasta que la licenciada González Rucci le mostró un
giro suscrito por ella que aceptó su responsabilidad.
Aun
así la licenciada González Rucci le concedió una nueva
oportunidad,
permitiéndole
continuar
trabajando
en
la
oficina hasta que meses más tarde incurrió nuevamente en la
misma conducta.
licenciada
En esa ocasión, y de manera reiterada la
Torres
Viñals
nuevamente
le
mintió
a
la
licenciada González Rucci.
La licenciada Torres Viñals en cuanto a este segundo
cargo señala que no incurrió en la conducta imputada. Alegó
que de haberse extraviado algún giro era por no llevarse un
sistema efectivo de contabilidad.
Apuntó y citamos
La querellada pagó el importe de los giros
alegadamente extraviados, a pesar de que nada
había tenido que ver con el extravío de los
mismos. Lo hizo para acallar a la Lcda. González
porque como era la única otra abogada en la
oficina.
Expresó que en dos (2) ocasiones le fueron rembolsados
el
importe
de
ciertos
giros
extraviados
y
que
luego
aparecieron. Acota, a su vez, que ninguno de los clientes
presentó alguna Queja contra ella no se vieron afectados.
En el Cargo III se le imputó a la licenciada Torres
Viñals
conducta
violatoria
del
Canon
38
de
Etica
Profesional, el cual dispone, entre otros extremos, que el
abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la
exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque así
hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta
la apariencia de conducta profesional impropia.
De la
Querella
Viñals
instada
surge
que
la
licenciada
Torres
18
CP-2007-6
actuó contrario a los principios que el Canon enuncia al
falsificar firmas para apropiarse ilegalmente de fondos
pertenecientes a sus clientes.
Sobre
lo
anterior
es
contención
de
la
licenciada
Torres Viñals que en su mente nunca existió la intención
delictiva
de
apropiarse
de
fondos
de
los
clientes
o
defraudarlos.
No podemos aceptar las alegaciones de la licenciada
Torres
Viñals
las
cuales
no
concuerdan
con
las
determinaciones de hechos del Comisionado Especial.
En
primer término, nos sorprende que guarda silencio respecto
a los dineros tomados, en la primera ocasión, y sus excusas
a la licenciada González Rucci.
A su vez, y al igual que
el Comisionado Especial, llama la atención que no ofreciera
razones de porque ella iba con los clientes al Departamento
de Inmigración con tanto dinero en efectivo.
Observamos
que
versiones
la
licenciada
Torres
Viñals
ofrece
incompatibles sobre los hechos ocurridos. Oportuno es aquí
recordar aquellas palabras del Juez Asociado señor Serrano
Geyls
cuando
dijo:
“[l]os
jueces
no
podemos
ser
tan
ingenuos para creer lo que nadie más creería”. Véase Pueblo
v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573 (1961).
Según dispone nuestro Reglamento le corresponde al
Comisionado
Especial
celebrar la prueba.
designado
celebrar
una
vista
para
Al desempeñar una función similar al
juzgador de instancia, el Comisionado Especial se encuentra
en mejor posición para aquilatar la prueba testifical y
19
CP-2007-6
adjudicar
credibilidad,
por
lo
que
sus
determinaciones
fácticas merecen nuestra mayor deferencia. In re Rivera
Lozada, res. en 26 de junio de 2009, ___ D.P.R.___ (2009),
2009 T.S.P.R. 120, 2009 J.T.S. ___.
En el caso de autos, el Comisionado Especial acotó que
no
le
pareció
creíble
que
la
licenciada
Torres
Viñals
restituyera el dinero para evitar el proceso criminal. A su
vez, fue claro y específico que las admisiones hechas de la
licenciada
Figueroa
Torres
y
probadas.
a
la
Viñals
a
la
licenciada
agente
Senai
Rodríguez
González
Rucci
quedaron
Fue determinación del Comisionado Especial que
la licenciada Torres Viñals restituyó el dinero porque era
probable que en el juicio se hubiera encontrado culpable.
Es menester puntualizar que el Comisionado Especial otorgó
entera credibilidad a los testimonios de la agente Senai
Rodríguez Figueroa y de la licenciada González Rucci. Sus
conclusiones nos merecen deferencia, en particular cuando
no se nos ha demostrado perjuicio, parcialidad o error
manifiesto.
Finalmente a pesar de que la licenciada Torres Viñals
no fue convicta por los delitos que se le imputaron no
impide
que
este
disciplinaria
para
Tribunal
evaluar
su
ejerza
su
conducta.
In
jurisdicción
re
Caratini
Alvarado, 135 D.P.R. 642 (1994).
Ante los hechos expuestos y la falta de evidencia el
expediente
que
rebatan
lo
anterior
resolvemos
que
la
20
CP-2007-6
licenciada
Torres
Viñals
incurrió
en
violaciones
a
los
Cánones 23, 35 y 38 de Ética Profesional.
IV
Por
los
fundamentos
antes
expresados,
suspendemos
indefinidamente a la licenciada Torres Viñals del ejercicio
de la abogacía y la notaría a partir de la notificación de
la presente Opinión Per Curiam.
La
licenciada
todos
Torres
notificar
a
sus
continuar
representándoles
Viñals
clientes
y
tiene
de
su
el
deber
inhabilidad
devolverá
a
de
para
éstos
los
expedientes de los casos pendientes así como los honorarios
recibidos
por
trabajo
no
realizados.
informar
oportunamente
de
su
suspensión
Deberá
también
a
foros
los
judiciales y administrativos del país.
De igual forma,
debe
del
certificar
a
este
Tribunal
dentro
término
de
treinta (30) días el cumplimiento con lo aquí dispuesto.
El Alguacil de este Tribunal procederá a incautarse de
la obra y sello notarial de la abogada suspendida, debiendo
entregar
los
Inspección
mismos
de
a
la
Notarías
Directora
para
de
la
investigación e informe a este Tribunal.
Se dictará Sentencia de conformidad.
la
Oficina
de
correspondiente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Jessica Torres Viñals
CP-2007-6
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 8 de diciembre de 2010.
Por
los
fundamentos
antes
expresados,
suspendemos indefinidamente a la licenciada Torres
Viñals del ejercicio de la abogacía y la notaría a
partir de la notificación de la presente Opinión
Per Curiam.
La licenciada Torres Viñals tiene el deber de
notificar a todos sus clientes de su inhabilidad
para continuar representándoles y devolverá a éstos
los expedientes de los casos pendientes así como
los honorarios recibidos por trabajo no realizados.
Deberá
también
informar
oportunamente
de
su
suspensión a los foros judiciales y administrativos
del país. De igual forma, debe certificar a este
Tribunal dentro del término de treinta (30) días el
cumplimiento con lo aquí dispuesto.
El Alguacil de este Tribunal procederá a
incautarse de la obra y sello notarial de la
abogada suspendida, debiendo entregar los mismos a
la Directora de la Oficina de Inspección de
Notarías para la correspondiente investigación e
informe a este Tribunal.
Lo
acordó
el
Tribunal
y
certifica
Secretaria del Tribunal Supremo, Interina.
la
Larissa Ortiz Modestti
Secretaria del Tribunal Supremo, Interina