Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Federico Comas Montalvo José M. Rosado Martínez
2010 TSPR 229
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Federico Comas Montalvo José M. Rosado Martínez
CP-2005-0002
Conducta Profesional- Se ordena el archivo de la querella
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2010 TSPR 229
Federico Comas Montalvo
José M. Rosado Martínez
180 DPR ____
Número del Caso: CP-2005-2
Fecha: 10 de noviembre de 2010
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Gabriel García Maya
Lcdo. Dixon Cancel Mercado
Lcda. Margarita Carrillo Iturrino
Oficina del Procurador General
Lcda. Mariana D. Negrón Vargas
Subprocuradora General
Lcda.Noemí Rivera De León
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Maite D. Oronoz Rodríguez
Subprocuradora General
Materia: Ordena el Archivo de la Querella.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Federico Comas Montalvo
José M. Rosado Martínez
CP-2005-2
Conducta
Profesional
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2010.
Nos
corresponde
evaluar
ciertas
alegaciones
de
la
procedencia
conducta
impropia
de
en
contra de dos abogados por supuestas violaciones
al Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap.
IX, incurridas en la toma de una deposición a la
perito
de
la
detenidamente
conducta
de
parte
adversa.
el
asunto,
los
querellados
Tras
concluimos
no
analizar
que
la
infringió
los
Cánones de Ética Profesional. Se trató, más bien,
de una cuestión de derecho que fue evaluada y
resuelta por el Tribunal de Primera Instancia al
ordenar
la
supresión
de
la
deposición
en
CP-2005-2
controversia.
2
Por
lo
tanto,
ordenamos
el
archivo
de
la
querella ante nuestra consideración.
I.
El Lcdo. Federico Comas Montalvo fue admitido a la
práctica de la abogacía el 11 de diciembre de 1975 y de la
notaría el 15 marzo de 1976.
Por su parte, el Lcdo. José
Rosado Martínez fue admitido al ejercicio de la abogacía el
3 de enero de 1990 y al de la notaría el 2 de mayo del
mismo año.
El 14 de febrero de 2005 la Oficina del Procurador
General presentó una querella en contra de los licenciados
Comas Montalvo y Rosado Martínez.
En ésta, se le imputaron
a ambos abogados cinco cargos por alegadas violaciones a
los Cánones de Ética Profesional, supra, relacionadas con
una toma de deposición realizada durante la tramitación del
caso Departamento de la Familia v. Raquel Olivencia y José
Forestier, Núm. IMM 2002-0062, sobre la remoción de cuatro
menores de la custodia de sus padres.
Surge del expediente
que el licenciado Comas Montalvo representaba a la madre de
los menores a través del Programa de Práctica Compensada de
la
Corporación
de
Servicios
Legales
de
Puerto
Rico,
mientras que el licenciado Rosado Martínez representaba al
padre a través del Programa Pro-Bono.
En el transcurso del litigio, el 27 de agosto de 2002
se celebró una vista ante el foro de instancia en la cual
los
licenciados
Comas
Montalvo
y
Rosado
Martínez
CP-2005-2
3
solicitaron
realizar
Tanto
la
abogada
Hilda
Vélez
del
Sánchez,
cierto
descubrimiento
Departamento
como
la
de
la
prueba.1
de
Familia,
Procuradora
Lcda.
Especial
de
Relaciones de Familia para Situaciones de Maltrato, Lcda.
Grace Casanova Castro, se opusieron a la petición de los
abogados.
El tribunal ordenó a los abogados a prepararse
para una vista el 24 de septiembre de 2002.
El
3
de
septiembre
de
2002,
el
licenciado
Rosado
Martínez presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una
moción informativa para notificar que se proponía tomarle
una deposición a la Dra. María Polanco Taveras, la pediatra
que utilizaría el Departamento de la Familia como perito en
el
caso.2
Junto
con
la
moción
dirigida
al
tribunal,
presentó una notificación de toma de deposición dirigida a
la doctora Polanco Taveras por conducto de la licenciada
Vélez Sánchez.
Allí se citó a la doctora Polanco Taveras
para una deposición a tomarse el 12 de septiembre de 2002
en las oficinas del licenciado Comas Montalvo.
El 9 de
septiembre de 2002 la representación legal del Departamento
de
la
Familia
presentó
en
el
tribunal
una
moción
en
1
La minuta de esta vista no se notificó a las partes
hasta el 13 de septiembre de 2002.
2
La moción y la notificación fueron firmadas sólo por
el licenciado Rosado Martínez y se certificó que se habían
enviado a las licenciadas Casanova Castro y Vélez Sánchez,
así como al licenciado Comas Montalvo.
CP-2005-2
4
oposición a la toma de deposición a la doctora Polanco
Taveras.3
Llegado el día de la deposición, la doctora Polanco
Taveras compareció al lugar indicado, mas las licenciadas
Casanova Castro y Vélez Sánchez no asistieron.
Aún así,
los licenciados Comas Montalvo y Rosado Martínez tomaron la
deposición a la doctora.
Posteriormente, durante la vista
celebrada el 24 de septiembre de 2002 ante el Tribunal de
Primera Instancia, las licenciadas Vélez Sánchez y Casanova
Castro alegadamente advinieron en conocimiento de la toma
de deposición.
Al
día
siguiente
de
la
vista,
la
doctora
Polanco
Taveras prestó una declaración jurada en la que afirmó,
entre otras cosas, que el licenciado Rosado Martínez le
había
entregado
copia
de
la
notificación
de
toma
de
deposición; que le había indicado que la licenciada Vélez
Sánchez estaría presente; que acudió a la deposición bajo
la seguridad de que la licenciada Vélez Sánchez estaría
allí y de que el documento que se le había entregado era un
“documento
oficial
del
tribunal”;
que
al
llegar
a
la
deposición no se encontraban presentes la licenciada Vélez
Sánchez
3
ni
la
licenciada
Casanova
Castro;
que
los
Según se desprende del propio escrito en oposición,
éste fue notificado a la licenciada Casanova Castro y al
licenciado Rosado Martínez, mas no al licenciado Comas
Montalvo. Por otro lado, en su contestación a la querella,
el licenciado Rosado Martínez sostiene que dicha oposición
nunca se le envió.
Debemos señalar que del expediente de
la querella ante nuestra consideración no obra evidencia de
que se haya enviado dicho escrito al querellado Rosado
Martínez.
CP-2005-2
5
licenciados Rosado Martínez y Comas Montalvo accedieron a
esperar un tiempo para darle oportunidad a las abogadas a
llegar;
que
luego
de
esperar
por
alrededor
de
quince
minutos el licenciado Comas Montalvo le indicó que tenían
que
empezar
la
deposición
y
ella
se
negó
a
prestar
testimonio sin que la licenciada Vélez Sánchez estuviera
presente; que el licenciado Comas Montalvo le indicó que si
no deponía ese día “solicitaría del fiscal una orden de
detención”; que al sentirse intimidada y asustada decidió
contestar las preguntas que se le hicieran; y que todo ese
intercambio
se
hizo
antes
de
comenzar
a
grabar
los
procedimientos.
El 26 de septiembre de 2002, un día después de que la
doctora Polanco Taveras prestara la referida declaración
jurada
y
a
los
dos
días
de
celebrada
la
vista
en
el
tribunal de instancia, el Departamento de la Familia, a
través de la licenciada Vélez Sánchez, presentó una moción
en
auxilio
de
jurisdicción
en
la
que
realizó
varias
imputaciones de conducta impropia a los licenciados Comas
Montalvo y Rosado Martínez en cuanto a la notificación y
toma de deposición.
Asimismo, argumentó que no procedía la
deposición de la doctora Polanco Taveras debido al carácter
confidencial
del
procedimiento
de
remoción
de
custodia
según la legislación vigente y solicitó, entre otros, la
supresión
varios
de
la
incidentes
deposición
en
procesales,
controversia.
el
Tribunal
Luego
de
de
Primera
Instancia emitió una resolución en la que determinó que la
CP-2005-2
6
toma de la deposición había sido contraria a las reglas
vigentes
por
no
tribunal.
Por
haberse
lo
solicitado
una
ordenó
supresión
tanto,
la
citación
del
de
la
deposición.
En
mayo
de
2003,
presentó
la
queja
la
que
dio
disciplinario de epígrafe.
rigor,
ordenamos
presentar
la
licenciados
a
la
inicio
Casanova
al
Castro
procedimiento
Luego de la investigación de
Oficina
querella,
Comas
licenciada
del
Procurador
en
la
cual
se
Montalvo
y
Rosado
General
imputó
a
Martínez
a
los
haber
incurrido en violaciones a los Cánones 5, 15, 18, 35 y 38
de Ética Profesional, supra.
los
abogados
habían
Específicamente, se alegó que
intervenido
indebidamente
con
la
testigo de la parte adversa al citarla para una deposición
y tomarla sin la abogada del Departamento de la Familia.
Asimismo,
Polanco
se
les
imputó
haber
hostigado
Taveras,
haberle
provisto
a
la
información
doctora
falsa,
haber faltado a la dignidad y honor de la profesión.
y
Ambos
contestaron la querella oportunamente y negaron los cargos
imputados.
Como parte del procedimiento disciplinario, nombramos
a la Hon. Ygrí Rivera de Martínez, ex Jueza del Tribunal de
Circuito de Apelaciones, como Comisionada Especial.
Tras
varios trámites procesales, las partes estipularon ciertos
hechos y prueba documental y se celebró la vista en su
fondo en marzo de 2008.
La Oficina del Procurador General
presentó como testigos a la doctora Polanco Taveras, a la
CP-2005-2
7
licenciada Vélez Sánchez y la licenciada Casanova Castro.
Por
su
parte,
testimonio,
así
los
como
querellados
el
de
la
presentaron
su
propio
taquígrafa
que
estuvo
presente en la toma de la deposición, la secretaria del
licenciado Comas Montalvo y el socio de éste.
Concluido el desfile de prueba, las partes presentaron
sus
respectivos
memorandos
de
Especial rindió su informe.
derecho
y
la
Comisionada
Determinó que la prueba no
demostró que los querellados hubiesen violado los Cánones
15, 18, 35 y 38 de Ética Profesional, supra.
sostuvo
que
los
licenciados
Comas
No obstante,
Montalvo
y
Rosado
Martínez habían incurrido en conducta contraria al Canon 5,
supra, al haber tomado la deposición de la doctora Polanco
Taveras después de que ella hubiese expresado que no quería
deponer
sin
la
presencia
de
las
abogadas
del
Estado,
particularmente en ausencia de la licenciada Vélez Sánchez.
Sin embargo, consideró como factor atenuante el hecho
de que los querellados no actuaron de forma intencional al
tomar la deposición sin la intervención del tribunal, pues
su conducta respondió a la interpretación jurídica que los
licenciados hicieron de las normas procesales aplicables.
Asimismo, señaló que ambos abogados sirven a la comunidad
desinteresadamente y prestan servicios legales a personas
de escasos recursos económicos, como los demandados en el
caso en controversia, y que el proceso disciplinario ha
sido largo y tedioso y ha causado tensión y sufrimiento
para los querellados.
CP-2005-2
8
Sometido
el
informe
ante
nuestra
consideración,
procedemos a resolver.4
II.
El
Código
de
Ética
Profesional,
supra,
recoge
las
normas mínimas de conducta que guían el comportamiento de
los abogados y promueven el desempeño ejemplar de éstos en
el ejercicio de su profesión. In re García Aguirre, res. el
2 de febrero de 2009, 2009 T.S.P.R. 21.
Entre los deberes
y responsabilidades que el referido Código le impone a los
abogados,
se
encuentran
medidas
dirigidas
a
regular
el
comportamiento de los abogados en cuanto a su relación con
sus clientes, con los testigos y jurados que participan en
los casos, con sus compañeros abogados y con los tribunales
y sus funcionarios.
A
estos
efectos,
el
Canon
5
de
Ética
Profesional,
supra, dispone, entre otros asuntos, que es intolerable la
intervención indebida de un abogado con sus testigos o los
de la parte contraria.
En este sentido, hemos expresado
que es reprochable que un abogado intervenga indebidamente
4
Cada uno de los querellados presentó sus comentarios
en torno al informe de la Comisionada Especial el 21 de
mayo de 2009.
La Regla 14(l) del Reglamento de este
Tribunal dispone que una vez notificado el informe del
Comisionado Especial, “cada parte tendrá un término
simultáneo
de
veinte
(20)
días,
contados
desde
la
notificación del informe, para ofrecer sus comentarios u
objeciones, y sus recomendaciones en cuanto a la acción que
deba tomar el tribunal”. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14(l).
Se dispone, además, que “transcurrido dicho término, el
tribunal resolverá lo que en derecho proceda”. 4 L.P.R.A.
Ap. XXI-A, R. 14(m). En vista de que el informe de la
Comisionada Especial se notificó a las partes el 12 de
marzo de 2009, ambos escritos fueron presentados fuera del
término para ello, por lo que no los consideraremos.
CP-2005-2
9
con los testigos con el propósito de salir triunfante en
las causas de un cliente. In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55,
63 (1998); In re Clavell Ruiz, 131 D.P.R. 500, 508 (1992).
A modo de ilustración, en In re Vargas Soto, supra,
disciplinamos a un abogado por mentirle a un testigo y
convencerlo para que abandonara el Tribunal, frustrando así
la efectiva administración de la justicia, así como por
pretender
que
requiriéndole
un
que
testigo
indicara
variara
haber
su
olvidado
testimonio,
o
no
recordar
ciertos aspectos de su testimonio. Por otro lado, en In re
Clavell Ruiz, supra, tomamos acción disciplinaria en contra
de un abogado que intoxicó y emborrachó a una parte con el
propósito de que firmara un documento en el que renunciaba
a una herencia. De forma similar, en In re Colton Fontán,
128
D.P.R.
1
(1991),
advertimos
que
constituye
conducta
profesional impropia la utilización por un fiscal de medios
ilegales
para
obtener
evidencia
o
emplear,
instruir
o
estimular su uso por terceros.
De
otra
parte,
supra,
exige
que
consideración
adversa.
a
el
los
los
Canon
15
abogados
testigos
y
de
Ética
traten
Profesional,
con
abogados
de
respeto
la
y
parte
Por ello, los abogados deben ser siempre corteses
y respetuosos y actuar con el mayor cuidado y prudencia. In
re Irisarri Castro, 172 D.P.R. 193, 210 (2007); In re Matos
González, 149 D.P.R. 817, 819 (1999).
Además, el referido
Canon dispone que el abogado no debe actuar motivado por la
animosidad ni los prejuicios de su cliente ni debe permitir
CP-2005-2
que
10
éste
dirija
el
caso.
El
deber
de
defender
vehementemente los intereses de sus clientes no implica que
pueda incurrir en comportamiento imprudente. In re Vélez
Lugo,
res.
el
27
de
abril
de
2009,
2009
T.S.P.R.
88;
Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1, 7 (1986).
El Canon 15, supra, también prohíbe a los abogados
utilizar los procedimientos legales de forma irrazonable o
como mecanismo para hostigar a la parte contraria.
No
podemos perder de vista que los abogados son funcionarios
del tribunal y deben velar por que los procedimientos se
conduzcan correctamente y sin dilaciones innecesarias que
socaven
el
fin
último
de
los
tribunales
de
impartir
justicia. In re Martí Fajardo, 161 D.P.R. 351, 357 (2004).
Por
su
parte,
el
Canon
18,
supra,
dispone,
en
lo
pertinente, que el abogado tiene el deber de defender a su
cliente
diligentemente
y
actuar
de
forma
adecuada
y
responsable, según los estándares de la profesión legal.
Aclara,
no
obstante,
que
este
deber
de
diligencia
no
autoriza al abogado a incurrir en violaciones a la ley o a
valerse
de
engaños
para
garantizar
la
victoria
de
su
cliente, y señala que el abogado debe siempre actuar dentro
de los límites de la ley, tomando en cuenta tanto su letra
como el espíritu y los propósitos que la informan. Canon 18
de Ética Profesional, supra.
Este Canon exige, pues, que
el abogado represente a su cliente diligente, competente y
honradamente,
pero
le
prohíbe
que
incurra
en
actos
contrarios a la ley o que se valga de engaños para lograr
CP-2005-2
11
adelantar los intereses de su representado. In re Criado
Vázquez, 155 D.P.R. 436, 455 (2001); In re Filardi Guzmán,
144 D.P.R. 710, 717 (1998).
A
tono
con
Profesional,
actuar
supra,
siempre
conducta
lo
de
impone
manera
prohibida
utilización
de
anterior,
por
medios
a
el
los
sincera
dicho
Canon
35
de
abogados
el
deber
de
Entre
la
encuentra
la
y
honrada.
precepto
inconsistentes
se
con
la
Ética
verdad,
el
inducir a error a un juzgador, la distorsión o supresión de
citas jurídicas para transmitir una idea contraria a la que
realmente
establecen,
y
la
alteración
de
los
hechos
al
examinar testigos, redactar documentos o presentar causas.
Canon
35
de
Ética
Profesional,
supra.
Este
deber
de
sinceridad y honradez comprende todos los ámbitos de la
conducta profesional del abogado y le impone la obligación
de conducirse siempre de manera digna y honorable, hasta en
su vida privada. In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536
(1998).
Asimismo,
el
Canon
38
de
Ética
Profesional,
supra,
impone al abogado el deber de esforzarse al máximo de sus
capacidades
para
exaltar
profesión.
Para
ello,
le
el
honor
y
obliga
a
dignidad
evitar
de
la
hasta
la
apariencia de conducta impropia y a aportar para lograr una
mejor administración de la justicia.
En cuanto a esta
disposición de nuestro Código de Ética Profesional, supra,
reiteradamente
hemos
expresado
que
“cada
abogado
es
un
espejo en el cual se refleja la imagen de la profesión, por
CP-2005-2
lo
que
12
debe
actuar
con
limpieza,
lealtad
y
el
más
escrupuloso sentido de responsabilidad”. In re Rodríguez
Vázquez, 2009 T.S.P.R. 109, res. el 16 de junio de 2009.
Por
otra
parte,
hemos
pautado
que
el
criterio
probatorio a utilizarse en procedimientos disciplinarios es
el de prueba clara, robusta y convincente, no afectada por
reglas
de
exclusión
ni
a
base
de
conjeturas.
Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001).
In
re
Este criterio es
más fuerte que la mera preponderancia de la prueba, pues
los
casos
abogado
y,
de
disciplina
por
consiguiente,
ganarse la vida. Íd.
robusta
y
evidencia
en
su
juego
el
derecho
título
del
fundamental
a
En este sentido, la prueba clara,
convincente
que
ponen
produce
ha
sido
en
un
descrita
juzgador
como
de
aquella
hechos
una
convicción duradera de que las contenciones fácticas son
altamente probables.
In re Ruiz Rivera, 168 D.P.R. 246
(2006); In re Rodriguez Mercado, 165 D.P.R. 630 (2005).
Por último, la Regla 14 del Reglamento del Tribunal
Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, dispone el trámite ordinario
de
los
casos
disciplinarios.
Según
dicho
precepto,
le
corresponde al Comisionado Especial celebrar una vista para
recibir la evidencia que se presente en contra del abogado
querellado.
En vista de ello, el Comisionado Especial está
en mejor posición para aquilatar la prueba testifical y
adjudicar credibilidad, por lo que sus determinaciones de
hecho merecen nuestra deferencia. In re Morales Soto, 134
D.P.R. 1012 (1994).
En este sentido, aunque este Tribunal
CP-2005-2
13
no está obligado a aceptar el informe de un Comisionado
Especial
en
un
procedimiento
abogado,
y
podemos
adoptar,
disciplinario
modificar
o
contra
un
rechazar
tal
informe, de ordinario sostendremos las determinaciones de
hecho de un Comisionado Especial salvo que se demuestre
prejuicio,
parcialidad
o
error
manifiesto.
In
re
Pagán
Pagán, 171 D.P.R. 975 (2007); In re Morell, Alcover, 158
D.P.R. 791 (2003); In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994).
Con
estos
preceptos
en
mente,
atendamos
la
controversia ante nuestra consideración.
III.
Según mencionamos, la Comisionada Especial determinó
en su informe que los licenciados Comas Montalvo y Rosado
Martínez no habían incurrido en violaciones a los Cánones
15, 18, 35 y 38 de Ética Profesional, supra.
Coincidimos
con
hechos
su
apreciación.
Las
determinaciones
de
que
realizó la Comisionada demuestran que los querellados no
hostigaron ni intimidaron a la doctora Polanco Taveras, ni
se valieron de mecanismos fraudulentos para lograr la toma
de la deposición.
Según se expone en el referido informe, el testimonio
de la doctora Polanco Taveras fue confuso y contradictorio
en
este
aspecto,
y
no
mereció
la
credibilidad
de
la
Comisionada frente al testimonio de los querellados y los
demás testigos que se encontraban presentes. La evidencia
apunta
a
que
la
doctora
tuvo
la
oportunidad
de
hacer
constar el estado de intimidación en el cual supuestamente
CP-2005-2
14
se encontraba. Sin embargo, no lo hizo aun cuando se le
ofreció tal oportunidad al principio y al final de la toma
de la deposición. Además, terminada ésta, la doctora no se
comunicó con sus abogadas para relatarle lo sucedido, ni lo
hizo en los días subsiguientes. Según declararon ante la
Comisionada Especial, los testigos la vieron salir de la
oficina en aparente estado de tranquilidad. Asimismo, se le
concedieron
tres
días
a
la
doctora
para
que
leyera
y
objetara la deposición en caso de que ésta contuviera algo
con
lo
que
no
estaba
de
acuerdo.
señalamiento alguno al respecto.
concluimos
que
los
licenciados
Sin
embargo,
no
hizo
Por todo lo anterior,
Comas
Montalvo
y
Rosado
Martínez no cometieron las violaciones a los Cánones 15,
18, 35 y 38, supra, imputadas en cuanto a la toma de la
deposición.
No obstante, no estamos de acuerdo con la apreciación
de la Comisionada en el sentido de que los licenciados
Comas Montalvo y Rosado Martínez incurrieron en conducta
contraria al Canon 5, supra, al tomar la deposición de la
doctora Polanco Taveras luego de que ella expresara que no
quería deponer sin la presencia de las abogadas del Estado,
particularmente en ausencia de la licenciada Vélez Sánchez.
Como muy bien reconoce la Comisionada en su Informe,
“la
controversia
que
ha
dado
lugar
al
presente
procedimiento se acerca más a una de naturaleza jurídica
que
a
una
de
carácter
ético”.
Se
trata,
pues,
de
una
cuestión jurídica que fue evaluada y resuelta en su día por
CP-2005-2
15
el Tribunal de Primera Instancia al ordenar la supresión de
la deposición.5
Un estudio de nuestra jurisprudencia sobre el Canon 5,
supra, revela que la supuesta intervención indebida de los
querellados
con
la
perito
de
la
parte
adversa
palidece
frente a las conductas impropias por las que anteriormente
hemos disciplinado a abogados bajo este canon. En estas
últimas
ha
estado
presente
la
intención
de
frustrar
la
búsqueda de la verdad, tergiversándola u ocultándola, con
el
fin
de
obtener
un
triunfo.
En
la
conducta
de
los
querellados no hemos hallado indicios de que éstos obraron
con tal intención.
De hecho, la evidencia demuestra que, en cuanto a la
toma de la deposición, los licenciados Comas Montalvo y
Rosado Martínez procedieron de la manera que entendieron
apropiada y correcta conforme a derecho. En ese sentido,
los querellados advirtieron al tribunal de su intención de
tomar
una
notificaron
deposición
a
esta
a
la
última
doctora
por
Polanco
conducto
de
Taveras
una
de
y
sus
abogadas, la licenciada Vélez Sánchez. Además, cuando la
El foro de instancia concluyó que los abogados
actuaron incorrectamente al notificar personalmente a la
perito sobre la toma de la deposición sin que mediara una
citación
expedida
por
el
secretario
del
tribunal
correspondiente, conforme a la Regla 40.4 de Procedimiento
Civil de 1979, 34 L.P.R.A. Ap. III, y al no notificar de
dicha deposición a una de las partes en el pleito, a saber,
a la Procuradora Especial de Relaciones de Familia,
asignada al caso, según lo requiere la Regla 27.2 de
Procedimiento Civil de 1979, Íd. El tribunal de instancia
entendió
que
estas
“irregularidades
procesales”
eran
serias, por lo que procedía la inadmisibilidad de la
deposición.
5
CP-2005-2
16
doctora se percató de que sus abogadas no estaban presentes
en el lugar de la deposición, los querellados ofrecieron a
ésta la oportunidad de comunicarse por teléfono con sus
abogadas, lo que hizo sin éxito. Asimismo, los querellados
explicaron a la doctora que ella tenía la opción de irse y
no contestar las preguntas, en cuyo caso ellos tendrían que
acudir
al
tribunal
y
solicitar
una
orden
judicial
para
poder obtener su testimonio.
Al evaluar si los querellados violaron el Canon 5,
supra,
Polanco
al
tomar
Taveras
la
deposición
expresara
su
luego
de
que
la
doctora
deseo
de
no
deponer
en
ausencia de sus abogadas, debemos también ser sensibles al
hecho de que la doctrina sobre la toma de deposiciones
avala que éstas se tomen en ausencia del abogado de la
parte contraria a la se que toma la deposición. Véanse R.
Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan,
Ed. Lexis Nexis, 2010, Sec. 2910, pág. 312; J.A. Cuevas
Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Ed.
Publicaciones
JTS,
2000,
T.
I,
pág.
519.
Lo
anterior
fortalece nuestra convicción de que la controversia aquí
planteada es de naturaleza jurídica y no ética.
La supuesta violación ética de los querellados es la
consecuencia
de
haber
actuado
conforme
a
su
mejor
entendimiento del derecho procesal aplicable a los hechos.
Aplicar el peso del Canon 5 en estas circunstancias sería
contrario a nuestras expresiones en el pasado.
CP-2005-2
En
17
vista
de
que
la
controversia
aquí
planteada
se
trata de un asunto de derecho que ya fue atendido por el
foro
de
instancia,
resulta
innecesario
dirimir
esta
cuestión en el ámbito disciplinario.
los
Por consiguiente, ordenamos la desestimación
de todos
cargos
nuestra
y
archivamos
la
querella
ante
consideración.
IV.
Por entender que no se presentó prueba clara, robusta
y convincente que nos permita concluir que la conducta de
los querellados se apartó de las normas éticas que rigen la
profesión de la abogacía, ordenamos la desestimación de los
cargos y el archivo de la querella presentada en contra de
los licenciados Comas Montalvo y Rosado Martínez.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Federico Comas Montalvo
José M. Rosado Martínez
CP-2005-2
Conducta
Profesional
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2010.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte de la presente Sentencia, se ordena la
desestimación de los cargos y el archivo de la
querella presentada en contra de los licenciados
Comas Montalvo y Rosado Martínez.
Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica
la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza
Asociada señora Pabón Charneco no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo