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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Federico Comas Montalvo José M. Rosado Martínez

2010 TSPR 229

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Federico Comas Montalvo José M. Rosado Martínez

CP-2005-0002

Conducta Profesional- Se ordena el archivo de la querella

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2010 TSPR 229

Federico Comas Montalvo

José M. Rosado Martínez

180 DPR ____

Número del Caso: CP-2005-2

Fecha: 10 de noviembre de 2010

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Gabriel García Maya

Lcdo. Dixon Cancel Mercado

Lcda. Margarita Carrillo Iturrino

Oficina del Procurador General

Lcda. Mariana D. Negrón Vargas

Subprocuradora General

Lcda.Noemí Rivera De León

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Maite D. Oronoz Rodríguez

Subprocuradora General

Materia: Ordena el Archivo de la Querella.

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Federico Comas Montalvo

José M. Rosado Martínez

CP-2005-2

Conducta

Profesional

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2010.

Nos

corresponde

evaluar

ciertas

alegaciones

de

la

procedencia

conducta

impropia

de

en

contra de dos abogados por supuestas violaciones

al Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap.

IX, incurridas en la toma de una deposición a la

perito

de

la

detenidamente

conducta

de

parte

adversa.

el

asunto,

los

querellados

Tras

concluimos

no

analizar

que

la

infringió

los

Cánones de Ética Profesional. Se trató, más bien,

de una cuestión de derecho que fue evaluada y

resuelta por el Tribunal de Primera Instancia al

ordenar

la

supresión

de

la

deposición

en

CP-2005-2

controversia.

2

Por

lo

tanto,

ordenamos

el

archivo

de

la

querella ante nuestra consideración.

I.

El Lcdo. Federico Comas Montalvo fue admitido a la

práctica de la abogacía el 11 de diciembre de 1975 y de la

notaría el 15 marzo de 1976.

Por su parte, el Lcdo. José

Rosado Martínez fue admitido al ejercicio de la abogacía el

3 de enero de 1990 y al de la notaría el 2 de mayo del

mismo año.

El 14 de febrero de 2005 la Oficina del Procurador

General presentó una querella en contra de los licenciados

Comas Montalvo y Rosado Martínez.

En ésta, se le imputaron

a ambos abogados cinco cargos por alegadas violaciones a

los Cánones de Ética Profesional, supra, relacionadas con

una toma de deposición realizada durante la tramitación del

caso Departamento de la Familia v. Raquel Olivencia y José

Forestier, Núm. IMM 2002-0062, sobre la remoción de cuatro

menores de la custodia de sus padres.

Surge del expediente

que el licenciado Comas Montalvo representaba a la madre de

los menores a través del Programa de Práctica Compensada de

la

Corporación

de

Servicios

Legales

de

Puerto

Rico,

mientras que el licenciado Rosado Martínez representaba al

padre a través del Programa Pro-Bono.

En el transcurso del litigio, el 27 de agosto de 2002

se celebró una vista ante el foro de instancia en la cual

los

licenciados

Comas

Montalvo

y

Rosado

Martínez

CP-2005-2

3

solicitaron

realizar

Tanto

la

abogada

Hilda

Vélez

del

Sánchez,

cierto

descubrimiento

Departamento

como

la

de

la

prueba.1

de

Familia,

Procuradora

Lcda.

Especial

de

Relaciones de Familia para Situaciones de Maltrato, Lcda.

Grace Casanova Castro, se opusieron a la petición de los

abogados.

El tribunal ordenó a los abogados a prepararse

para una vista el 24 de septiembre de 2002.

El

3

de

septiembre

de

2002,

el

licenciado

Rosado

Martínez presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una

moción informativa para notificar que se proponía tomarle

una deposición a la Dra. María Polanco Taveras, la pediatra

que utilizaría el Departamento de la Familia como perito en

el

caso.2

Junto

con

la

moción

dirigida

al

tribunal,

presentó una notificación de toma de deposición dirigida a

la doctora Polanco Taveras por conducto de la licenciada

Vélez Sánchez.

Allí se citó a la doctora Polanco Taveras

para una deposición a tomarse el 12 de septiembre de 2002

en las oficinas del licenciado Comas Montalvo.

El 9 de

septiembre de 2002 la representación legal del Departamento

de

la

Familia

presentó

en

el

tribunal

una

moción

en

1

La minuta de esta vista no se notificó a las partes

hasta el 13 de septiembre de 2002.

2

La moción y la notificación fueron firmadas sólo por

el licenciado Rosado Martínez y se certificó que se habían

enviado a las licenciadas Casanova Castro y Vélez Sánchez,

así como al licenciado Comas Montalvo.

CP-2005-2

4

oposición a la toma de deposición a la doctora Polanco

Taveras.3

Llegado el día de la deposición, la doctora Polanco

Taveras compareció al lugar indicado, mas las licenciadas

Casanova Castro y Vélez Sánchez no asistieron.

Aún así,

los licenciados Comas Montalvo y Rosado Martínez tomaron la

deposición a la doctora.

Posteriormente, durante la vista

celebrada el 24 de septiembre de 2002 ante el Tribunal de

Primera Instancia, las licenciadas Vélez Sánchez y Casanova

Castro alegadamente advinieron en conocimiento de la toma

de deposición.

Al

día

siguiente

de

la

vista,

la

doctora

Polanco

Taveras prestó una declaración jurada en la que afirmó,

entre otras cosas, que el licenciado Rosado Martínez le

había

entregado

copia

de

la

notificación

de

toma

de

deposición; que le había indicado que la licenciada Vélez

Sánchez estaría presente; que acudió a la deposición bajo

la seguridad de que la licenciada Vélez Sánchez estaría

allí y de que el documento que se le había entregado era un

“documento

oficial

del

tribunal”;

que

al

llegar

a

la

deposición no se encontraban presentes la licenciada Vélez

Sánchez

3

ni

la

licenciada

Casanova

Castro;

que

los

Según se desprende del propio escrito en oposición,

éste fue notificado a la licenciada Casanova Castro y al

licenciado Rosado Martínez, mas no al licenciado Comas

Montalvo. Por otro lado, en su contestación a la querella,

el licenciado Rosado Martínez sostiene que dicha oposición

nunca se le envió.

Debemos señalar que del expediente de

la querella ante nuestra consideración no obra evidencia de

que se haya enviado dicho escrito al querellado Rosado

Martínez.

CP-2005-2

5

licenciados Rosado Martínez y Comas Montalvo accedieron a

esperar un tiempo para darle oportunidad a las abogadas a

llegar;

que

luego

de

esperar

por

alrededor

de

quince

minutos el licenciado Comas Montalvo le indicó que tenían

que

empezar

la

deposición

y

ella

se

negó

a

prestar

testimonio sin que la licenciada Vélez Sánchez estuviera

presente; que el licenciado Comas Montalvo le indicó que si

no deponía ese día “solicitaría del fiscal una orden de

detención”; que al sentirse intimidada y asustada decidió

contestar las preguntas que se le hicieran; y que todo ese

intercambio

se

hizo

antes

de

comenzar

a

grabar

los

procedimientos.

El 26 de septiembre de 2002, un día después de que la

doctora Polanco Taveras prestara la referida declaración

jurada

y

a

los

dos

días

de

celebrada

la

vista

en

el

tribunal de instancia, el Departamento de la Familia, a

través de la licenciada Vélez Sánchez, presentó una moción

en

auxilio

de

jurisdicción

en

la

que

realizó

varias

imputaciones de conducta impropia a los licenciados Comas

Montalvo y Rosado Martínez en cuanto a la notificación y

toma de deposición.

Asimismo, argumentó que no procedía la

deposición de la doctora Polanco Taveras debido al carácter

confidencial

del

procedimiento

de

remoción

de

custodia

según la legislación vigente y solicitó, entre otros, la

supresión

varios

de

la

incidentes

deposición

en

procesales,

controversia.

el

Tribunal

Luego

de

de

Primera

Instancia emitió una resolución en la que determinó que la

CP-2005-2

6

toma de la deposición había sido contraria a las reglas

vigentes

por

no

tribunal.

Por

haberse

lo

solicitado

una

ordenó

supresión

tanto,

la

citación

del

de

la

deposición.

En

mayo

de

2003,

presentó

la

queja

la

que

dio

disciplinario de epígrafe.

rigor,

ordenamos

presentar

la

licenciados

a

la

inicio

Casanova

al

Castro

procedimiento

Luego de la investigación de

Oficina

querella,

Comas

licenciada

del

Procurador

en

la

cual

se

Montalvo

y

Rosado

General

imputó

a

Martínez

a

los

haber

incurrido en violaciones a los Cánones 5, 15, 18, 35 y 38

de Ética Profesional, supra.

los

abogados

habían

Específicamente, se alegó que

intervenido

indebidamente

con

la

testigo de la parte adversa al citarla para una deposición

y tomarla sin la abogada del Departamento de la Familia.

Asimismo,

Polanco

se

les

imputó

haber

hostigado

Taveras,

haberle

provisto

a

la

información

doctora

falsa,

haber faltado a la dignidad y honor de la profesión.

y

Ambos

contestaron la querella oportunamente y negaron los cargos

imputados.

Como parte del procedimiento disciplinario, nombramos

a la Hon. Ygrí Rivera de Martínez, ex Jueza del Tribunal de

Circuito de Apelaciones, como Comisionada Especial.

Tras

varios trámites procesales, las partes estipularon ciertos

hechos y prueba documental y se celebró la vista en su

fondo en marzo de 2008.

La Oficina del Procurador General

presentó como testigos a la doctora Polanco Taveras, a la

CP-2005-2

7

licenciada Vélez Sánchez y la licenciada Casanova Castro.

Por

su

parte,

testimonio,

así

los

como

querellados

el

de

la

presentaron

su

propio

taquígrafa

que

estuvo

presente en la toma de la deposición, la secretaria del

licenciado Comas Montalvo y el socio de éste.

Concluido el desfile de prueba, las partes presentaron

sus

respectivos

memorandos

de

Especial rindió su informe.

derecho

y

la

Comisionada

Determinó que la prueba no

demostró que los querellados hubiesen violado los Cánones

15, 18, 35 y 38 de Ética Profesional, supra.

sostuvo

que

los

licenciados

Comas

No obstante,

Montalvo

y

Rosado

Martínez habían incurrido en conducta contraria al Canon 5,

supra, al haber tomado la deposición de la doctora Polanco

Taveras después de que ella hubiese expresado que no quería

deponer

sin

la

presencia

de

las

abogadas

del

Estado,

particularmente en ausencia de la licenciada Vélez Sánchez.

Sin embargo, consideró como factor atenuante el hecho

de que los querellados no actuaron de forma intencional al

tomar la deposición sin la intervención del tribunal, pues

su conducta respondió a la interpretación jurídica que los

licenciados hicieron de las normas procesales aplicables.

Asimismo, señaló que ambos abogados sirven a la comunidad

desinteresadamente y prestan servicios legales a personas

de escasos recursos económicos, como los demandados en el

caso en controversia, y que el proceso disciplinario ha

sido largo y tedioso y ha causado tensión y sufrimiento

para los querellados.

CP-2005-2

8

Sometido

el

informe

ante

nuestra

consideración,

procedemos a resolver.4

II.

El

Código

de

Ética

Profesional,

supra,

recoge

las

normas mínimas de conducta que guían el comportamiento de

los abogados y promueven el desempeño ejemplar de éstos en

el ejercicio de su profesión. In re García Aguirre, res. el

2 de febrero de 2009, 2009 T.S.P.R. 21.

Entre los deberes

y responsabilidades que el referido Código le impone a los

abogados,

se

encuentran

medidas

dirigidas

a

regular

el

comportamiento de los abogados en cuanto a su relación con

sus clientes, con los testigos y jurados que participan en

los casos, con sus compañeros abogados y con los tribunales

y sus funcionarios.

A

estos

efectos,

el

Canon

5

de

Ética

Profesional,

supra, dispone, entre otros asuntos, que es intolerable la

intervención indebida de un abogado con sus testigos o los

de la parte contraria.

En este sentido, hemos expresado

que es reprochable que un abogado intervenga indebidamente

4

Cada uno de los querellados presentó sus comentarios

en torno al informe de la Comisionada Especial el 21 de

mayo de 2009.

La Regla 14(l) del Reglamento de este

Tribunal dispone que una vez notificado el informe del

Comisionado Especial, “cada parte tendrá un término

simultáneo

de

veinte

(20)

días,

contados

desde

la

notificación del informe, para ofrecer sus comentarios u

objeciones, y sus recomendaciones en cuanto a la acción que

deba tomar el tribunal”. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R. 14(l).

Se dispone, además, que “transcurrido dicho término, el

tribunal resolverá lo que en derecho proceda”. 4 L.P.R.A.

Ap. XXI-A, R. 14(m). En vista de que el informe de la

Comisionada Especial se notificó a las partes el 12 de

marzo de 2009, ambos escritos fueron presentados fuera del

término para ello, por lo que no los consideraremos.

CP-2005-2

9

con los testigos con el propósito de salir triunfante en

las causas de un cliente. In re Vargas Soto, 146 D.P.R. 55,

63 (1998); In re Clavell Ruiz, 131 D.P.R. 500, 508 (1992).

A modo de ilustración, en In re Vargas Soto, supra,

disciplinamos a un abogado por mentirle a un testigo y

convencerlo para que abandonara el Tribunal, frustrando así

la efectiva administración de la justicia, así como por

pretender

que

requiriéndole

un

que

testigo

indicara

variara

haber

su

olvidado

testimonio,

o

no

recordar

ciertos aspectos de su testimonio. Por otro lado, en In re

Clavell Ruiz, supra, tomamos acción disciplinaria en contra

de un abogado que intoxicó y emborrachó a una parte con el

propósito de que firmara un documento en el que renunciaba

a una herencia. De forma similar, en In re Colton Fontán,

128

D.P.R.

1

(1991),

advertimos

que

constituye

conducta

profesional impropia la utilización por un fiscal de medios

ilegales

para

obtener

evidencia

o

emplear,

instruir

o

estimular su uso por terceros.

De

otra

parte,

supra,

exige

que

consideración

adversa.

a

el

los

los

Canon

15

abogados

testigos

y

de

Ética

traten

Profesional,

con

abogados

de

respeto

la

y

parte

Por ello, los abogados deben ser siempre corteses

y respetuosos y actuar con el mayor cuidado y prudencia. In

re Irisarri Castro, 172 D.P.R. 193, 210 (2007); In re Matos

González, 149 D.P.R. 817, 819 (1999).

Además, el referido

Canon dispone que el abogado no debe actuar motivado por la

animosidad ni los prejuicios de su cliente ni debe permitir

CP-2005-2

que

10

éste

dirija

el

caso.

El

deber

de

defender

vehementemente los intereses de sus clientes no implica que

pueda incurrir en comportamiento imprudente. In re Vélez

Lugo,

res.

el

27

de

abril

de

2009,

2009

T.S.P.R.

88;

Quiñones v. Jiménez Conde, 117 D.P.R. 1, 7 (1986).

El Canon 15, supra, también prohíbe a los abogados

utilizar los procedimientos legales de forma irrazonable o

como mecanismo para hostigar a la parte contraria.

No

podemos perder de vista que los abogados son funcionarios

del tribunal y deben velar por que los procedimientos se

conduzcan correctamente y sin dilaciones innecesarias que

socaven

el

fin

último

de

los

tribunales

de

impartir

justicia. In re Martí Fajardo, 161 D.P.R. 351, 357 (2004).

Por

su

parte,

el

Canon

18,

supra,

dispone,

en

lo

pertinente, que el abogado tiene el deber de defender a su

cliente

diligentemente

y

actuar

de

forma

adecuada

y

responsable, según los estándares de la profesión legal.

Aclara,

no

obstante,

que

este

deber

de

diligencia

no

autoriza al abogado a incurrir en violaciones a la ley o a

valerse

de

engaños

para

garantizar

la

victoria

de

su

cliente, y señala que el abogado debe siempre actuar dentro

de los límites de la ley, tomando en cuenta tanto su letra

como el espíritu y los propósitos que la informan. Canon 18

de Ética Profesional, supra.

Este Canon exige, pues, que

el abogado represente a su cliente diligente, competente y

honradamente,

pero

le

prohíbe

que

incurra

en

actos

contrarios a la ley o que se valga de engaños para lograr

CP-2005-2

11

adelantar los intereses de su representado. In re Criado

Vázquez, 155 D.P.R. 436, 455 (2001); In re Filardi Guzmán,

144 D.P.R. 710, 717 (1998).

A

tono

con

Profesional,

actuar

supra,

siempre

conducta

lo

de

impone

manera

prohibida

utilización

de

anterior,

por

medios

a

el

los

sincera

dicho

Canon

35

de

abogados

el

deber

de

Entre

la

encuentra

la

y

honrada.

precepto

inconsistentes

se

con

la

Ética

verdad,

el

inducir a error a un juzgador, la distorsión o supresión de

citas jurídicas para transmitir una idea contraria a la que

realmente

establecen,

y

la

alteración

de

los

hechos

al

examinar testigos, redactar documentos o presentar causas.

Canon

35

de

Ética

Profesional,

supra.

Este

deber

de

sinceridad y honradez comprende todos los ámbitos de la

conducta profesional del abogado y le impone la obligación

de conducirse siempre de manera digna y honorable, hasta en

su vida privada. In re Padilla Rodríguez, 145 D.P.R. 536

(1998).

Asimismo,

el

Canon

38

de

Ética

Profesional,

supra,

impone al abogado el deber de esforzarse al máximo de sus

capacidades

para

exaltar

profesión.

Para

ello,

le

el

honor

y

obliga

a

dignidad

evitar

de

la

hasta

la

apariencia de conducta impropia y a aportar para lograr una

mejor administración de la justicia.

En cuanto a esta

disposición de nuestro Código de Ética Profesional, supra,

reiteradamente

hemos

expresado

que

“cada

abogado

es

un

espejo en el cual se refleja la imagen de la profesión, por

CP-2005-2

lo

que

12

debe

actuar

con

limpieza,

lealtad

y

el

más

escrupuloso sentido de responsabilidad”. In re Rodríguez

Vázquez, 2009 T.S.P.R. 109, res. el 16 de junio de 2009.

Por

otra

parte,

hemos

pautado

que

el

criterio

probatorio a utilizarse en procedimientos disciplinarios es

el de prueba clara, robusta y convincente, no afectada por

reglas

de

exclusión

ni

a

base

de

conjeturas.

Caratini Alvarado, 153 D.P.R. 575 (2001).

In

re

Este criterio es

más fuerte que la mera preponderancia de la prueba, pues

los

casos

abogado

y,

de

disciplina

por

consiguiente,

ganarse la vida. Íd.

robusta

y

evidencia

en

su

juego

el

derecho

título

del

fundamental

a

En este sentido, la prueba clara,

convincente

que

ponen

produce

ha

sido

en

un

descrita

juzgador

como

de

aquella

hechos

una

convicción duradera de que las contenciones fácticas son

altamente probables.

In re Ruiz Rivera, 168 D.P.R. 246

(2006); In re Rodriguez Mercado, 165 D.P.R. 630 (2005).

Por último, la Regla 14 del Reglamento del Tribunal

Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, dispone el trámite ordinario

de

los

casos

disciplinarios.

Según

dicho

precepto,

le

corresponde al Comisionado Especial celebrar una vista para

recibir la evidencia que se presente en contra del abogado

querellado.

En vista de ello, el Comisionado Especial está

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical y

adjudicar credibilidad, por lo que sus determinaciones de

hecho merecen nuestra deferencia. In re Morales Soto, 134

D.P.R. 1012 (1994).

En este sentido, aunque este Tribunal

CP-2005-2

13

no está obligado a aceptar el informe de un Comisionado

Especial

en

un

procedimiento

abogado,

y

podemos

adoptar,

disciplinario

modificar

o

contra

un

rechazar

tal

informe, de ordinario sostendremos las determinaciones de

hecho de un Comisionado Especial salvo que se demuestre

prejuicio,

parcialidad

o

error

manifiesto.

In

re

Pagán

Pagán, 171 D.P.R. 975 (2007); In re Morell, Alcover, 158

D.P.R. 791 (2003); In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994).

Con

estos

preceptos

en

mente,

atendamos

la

controversia ante nuestra consideración.

III.

Según mencionamos, la Comisionada Especial determinó

en su informe que los licenciados Comas Montalvo y Rosado

Martínez no habían incurrido en violaciones a los Cánones

15, 18, 35 y 38 de Ética Profesional, supra.

Coincidimos

con

hechos

su

apreciación.

Las

determinaciones

de

que

realizó la Comisionada demuestran que los querellados no

hostigaron ni intimidaron a la doctora Polanco Taveras, ni

se valieron de mecanismos fraudulentos para lograr la toma

de la deposición.

Según se expone en el referido informe, el testimonio

de la doctora Polanco Taveras fue confuso y contradictorio

en

este

aspecto,

y

no

mereció

la

credibilidad

de

la

Comisionada frente al testimonio de los querellados y los

demás testigos que se encontraban presentes. La evidencia

apunta

a

que

la

doctora

tuvo

la

oportunidad

de

hacer

constar el estado de intimidación en el cual supuestamente

CP-2005-2

14

se encontraba. Sin embargo, no lo hizo aun cuando se le

ofreció tal oportunidad al principio y al final de la toma

de la deposición. Además, terminada ésta, la doctora no se

comunicó con sus abogadas para relatarle lo sucedido, ni lo

hizo en los días subsiguientes. Según declararon ante la

Comisionada Especial, los testigos la vieron salir de la

oficina en aparente estado de tranquilidad. Asimismo, se le

concedieron

tres

días

a

la

doctora

para

que

leyera

y

objetara la deposición en caso de que ésta contuviera algo

con

lo

que

no

estaba

de

acuerdo.

señalamiento alguno al respecto.

concluimos

que

los

licenciados

Sin

embargo,

no

hizo

Por todo lo anterior,

Comas

Montalvo

y

Rosado

Martínez no cometieron las violaciones a los Cánones 15,

18, 35 y 38, supra, imputadas en cuanto a la toma de la

deposición.

No obstante, no estamos de acuerdo con la apreciación

de la Comisionada en el sentido de que los licenciados

Comas Montalvo y Rosado Martínez incurrieron en conducta

contraria al Canon 5, supra, al tomar la deposición de la

doctora Polanco Taveras luego de que ella expresara que no

quería deponer sin la presencia de las abogadas del Estado,

particularmente en ausencia de la licenciada Vélez Sánchez.

Como muy bien reconoce la Comisionada en su Informe,

“la

controversia

que

ha

dado

lugar

al

presente

procedimiento se acerca más a una de naturaleza jurídica

que

a

una

de

carácter

ético”.

Se

trata,

pues,

de

una

cuestión jurídica que fue evaluada y resuelta en su día por

CP-2005-2

15

el Tribunal de Primera Instancia al ordenar la supresión de

la deposición.5

Un estudio de nuestra jurisprudencia sobre el Canon 5,

supra, revela que la supuesta intervención indebida de los

querellados

con

la

perito

de

la

parte

adversa

palidece

frente a las conductas impropias por las que anteriormente

hemos disciplinado a abogados bajo este canon. En estas

últimas

ha

estado

presente

la

intención

de

frustrar

la

búsqueda de la verdad, tergiversándola u ocultándola, con

el

fin

de

obtener

un

triunfo.

En

la

conducta

de

los

querellados no hemos hallado indicios de que éstos obraron

con tal intención.

De hecho, la evidencia demuestra que, en cuanto a la

toma de la deposición, los licenciados Comas Montalvo y

Rosado Martínez procedieron de la manera que entendieron

apropiada y correcta conforme a derecho. En ese sentido,

los querellados advirtieron al tribunal de su intención de

tomar

una

notificaron

deposición

a

esta

a

la

última

doctora

por

Polanco

conducto

de

Taveras

una

de

y

sus

abogadas, la licenciada Vélez Sánchez. Además, cuando la

El foro de instancia concluyó que los abogados

actuaron incorrectamente al notificar personalmente a la

perito sobre la toma de la deposición sin que mediara una

citación

expedida

por

el

secretario

del

tribunal

correspondiente, conforme a la Regla 40.4 de Procedimiento

Civil de 1979, 34 L.P.R.A. Ap. III, y al no notificar de

dicha deposición a una de las partes en el pleito, a saber,

a la Procuradora Especial de Relaciones de Familia,

asignada al caso, según lo requiere la Regla 27.2 de

Procedimiento Civil de 1979, Íd. El tribunal de instancia

entendió

que

estas

“irregularidades

procesales”

eran

serias, por lo que procedía la inadmisibilidad de la

deposición.

5

CP-2005-2

16

doctora se percató de que sus abogadas no estaban presentes

en el lugar de la deposición, los querellados ofrecieron a

ésta la oportunidad de comunicarse por teléfono con sus

abogadas, lo que hizo sin éxito. Asimismo, los querellados

explicaron a la doctora que ella tenía la opción de irse y

no contestar las preguntas, en cuyo caso ellos tendrían que

acudir

al

tribunal

y

solicitar

una

orden

judicial

para

poder obtener su testimonio.

Al evaluar si los querellados violaron el Canon 5,

supra,

Polanco

al

tomar

Taveras

la

deposición

expresara

su

luego

de

que

la

doctora

deseo

de

no

deponer

en

ausencia de sus abogadas, debemos también ser sensibles al

hecho de que la doctrina sobre la toma de deposiciones

avala que éstas se tomen en ausencia del abogado de la

parte contraria a la se que toma la deposición. Véanse R.

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan,

Ed. Lexis Nexis, 2010, Sec. 2910, pág. 312; J.A. Cuevas

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Ed.

Publicaciones

JTS,

2000,

T.

I,

pág.

519.

Lo

anterior

fortalece nuestra convicción de que la controversia aquí

planteada es de naturaleza jurídica y no ética.

La supuesta violación ética de los querellados es la

consecuencia

de

haber

actuado

conforme

a

su

mejor

entendimiento del derecho procesal aplicable a los hechos.

Aplicar el peso del Canon 5 en estas circunstancias sería

contrario a nuestras expresiones en el pasado.

CP-2005-2

En

17

vista

de

que

la

controversia

aquí

planteada

se

trata de un asunto de derecho que ya fue atendido por el

foro

de

instancia,

resulta

innecesario

dirimir

esta

cuestión en el ámbito disciplinario.

los

Por consiguiente, ordenamos la desestimación

de todos

cargos

nuestra

y

archivamos

la

querella

ante

consideración.

IV.

Por entender que no se presentó prueba clara, robusta

y convincente que nos permita concluir que la conducta de

los querellados se apartó de las normas éticas que rigen la

profesión de la abogacía, ordenamos la desestimación de los

cargos y el archivo de la querella presentada en contra de

los licenciados Comas Montalvo y Rosado Martínez.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Federico Comas Montalvo

José M. Rosado Martínez

CP-2005-2

Conducta

Profesional

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2010.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte de la presente Sentencia, se ordena la

desestimación de los cargos y el archivo de la

querella presentada en contra de los licenciados

Comas Montalvo y Rosado Martínez.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica

la Secretaria del Tribunal Supremo. La Jueza

Asociada señora Pabón Charneco no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo