LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rodríguez Vélez v. Bahía Park, S.E.

2010 TSPR 226

Poder Judicial de Puerto Rico

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Rodríguez Vélez v. Bahía Park, S.E.

CC-2007-0518

Bienes Raíces- Contrato de Corretaje; requisito de la fecha de vencimiento para su eficacia; momento en que el corredor tiene derecho a comisión en un contrato de corretaje

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Giovani Rodríguez Vélez y su

Esposa

Gidalsy

Rivera

Hernández y la Sociedad Legal

de Gananciales compuesta por

ambos

2010 TSPR 226

Peticionarios

180 DPR ____

Certiorari

v.

Bahía Park, S.E.; Carlos

García Muñiz y su esposa

Fulana de Tal y la Sociedad

Legal de Gananciales compuesta por

ambos, personalmente y como socios de

Bahía Park, S.E., los demás socios

actualmente desconocidos de Bahía Park,

S.E.; Denominados

Provisionalmente X, Y y Z

Recurridos

Número del Caso: CC-2008-518

Fecha: 14 de diciembre de 2010

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Superior, Panel VI, Especial

Juez Ponente:

Hon. Lourdes Velázquez Cajigas

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Juan Carlos Pou

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo.Juan A. Moldes Rodríguez

Materia: Incumplimiento de Contrato, Daños y Perjuicios

Este documento constituye un documento oficial del

Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y

correcciones del proceso de compilación y publicación

oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución

electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Giovani Rodríguez Vélez y su

esposa

Gidalsy

Rivera

Hernández y la Sociedad Legal

de Gananciales compuesta por

ambos

Peticionarios

v.

CC-2007-518

Bahía

Park,

S.E.;

Carlos

García Muñiz y su esposa

Fulana de Tal y la Sociedad

Legal

de

Gananciales

compuesta

por

ambos,

personalmente y como socios

de Bahía Park, S.E., los

demás

socios

actualmente

desconocidos de Bahía Park,

S.E.;

Denominados

Provisionalmente X, Y y Z

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

MARTÍNEZ TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2010.

La

parte

peticionaria,

el

Sr.

Giovanni

Rodríguez

Vélez, su esposa Gidalsy Rivera Hernández y la sociedad

legal de gananciales compuesta por ambos, nos solicitan

la revisión de un dictamen del Tribunal de Apelaciones

que

confirmó

una

sentencia

del

Tribunal

de

Primera

Juan,

la

que

se

perjuicios

e

Instancia,

Sala

Superior

de

San

desestimó

una

demanda

de

daños

y

en

incumplimiento de contrato. Mediante dicha sentencia, el

foro

primario

acogió

una

moción

de

sentencia

sumaria

presentada por Bahía Park S.E. (Bahía Park), en la que se

aseguró que el contrato de corretaje, de tipo abierto,

CC-2007-518

2

que se alegaba existía entre las partes, era nulo por

carecer de fecha de vencimiento, contrario a lo que exige

el Artículo 31, inciso 9, de la Ley Núm. 10 de 26 de

abril de 1994, 20 L.P.R.A. sec. 3054(9), conocida como la

Ley

para

Reglamentar

el

Negocio

de

Bienes

Raíces

en

Puerto Rico (Ley Núm. 10).

Para resolver este caso tenemos que interpretar el

Artículo 31, inciso 9, de la Ley Núm. 10 para determinar

si todos los contratos de corretaje deben tener fecha de

vencimiento.

Luego

de

realizar

un

detenido

análisis,

resolvemos que todos los tipos de contrato de corretaje

deben tener fecha de vencimiento, conforme a la intención

legislativa

Bienes

de

la

Ley

para

Raíces

en

Puerto

Reglamentar

Rico.

el

También

Negocio

de

resolvemos

en

cuáles circunstancias un corredor de bienes raíces tiene

derecho a recibir compensación cuando la compraventa se

perfeccionó

luego

de

estar

vencido

el

contrato

de

corretaje.

I

En febrero de 1998, el señor Rodríguez Vélez era

empleado

de

Masterlite

Product,

Inc.

(Masterlite)

y

Corredor de bienes raíces con licencia. En Masterlite, el

señor Rodríguez Vélez conoció al Sr. Carlos García Muñiz,

accionista de esa entidad y dueño de la entidad comercial

Bahía Park. En una reunión, García Muñiz le indicó a

Rodríguez

Vélez

que

Bahía

Park

había

adquirido

unos

terrenos en el área de Cataño y que tenía la intención de

CC-2007-518

3

venderlos. Al poco tiempo, el señor Rodríguez Vélez cesó

en sus funciones en Masterlite y continuó ejerciendo como

corredor independiente de bienes raíces.

En

marzo

del

1998,

el

señor

Rodríguez

Vélez

se

enteró de que Supermercados Amigo necesitaba una finca

para relocalizar sus almacenes generales. Por tal razón,

coordinó una reunión con el señor García Muñiz para ver

si Bahía Park aún interesaba vender la finca que había

adquirido en el Municipio de Cataño. El señor Rodríguez

Vélez le proveyó información relacionada a lo que había

escuchado y le preguntó si interesaba que él realizara

algún acercamiento a Supermercados Amigo con relación a

la finca. El señor García Muñiz aceptó y llegó a unos

acuerdos preliminares con el corredor Rodríguez Vélez.

Como

resultado

de

lo

anterior

el

señor

Rodríguez

Vélez redactó una carta el 17 de marzo de 1998, en la que

alegadamente

recopiló

los

acuerdos

llegados

hasta

momento. Dicha carta indicaba lo siguiente:

Según conversación que mantuviéramos en las

pasadas semanas en su oficina, le informo que

en relación a la posible venta de la finca de

22.37 cuerdas radicada en el Sector Industrial

Bahía

de

Cataño,

Puerto

Rico,

estamos

manteniendo negociaciones con el licenciado

Luis

Colón

Martínez,

representante

de

Supermercados Amigo. Hasta el momento estos

clientes

se

han

mantenido

positivamente

interesados en la propiedad.

Aprovecho la oportunidad para confirmar

acuerdos que habíamos tenido anteriormente.

los

-El precio de venta en terreno utilizable será

de sesenta dólares ($60.00) por metro cuadrado,

ese

CC-2007-518

4

-El precio de venta en terreno no utilizable

(wetland) será de diez dólares ($10.00) por

metro cuadrado,

-La comisión a ser pagada será de cinco

porciento (5.0%) del precio de venta total.

Próximamente estaremos coordinando una reunión

en sus oficinas para discutir los detalles de

la negociación con amplitud.

El señor Rodríguez Vélez coordinó una visita a la

finca

de

Cataño

para

varios

representantes

de

Supermercados Amigo. Éstos demostraron tener interés en

la

propiedad,

final

de

pero

le

adquirirla

le

indicaron

que

“la

correspondería

a

determinación

la

Junta

de

Directores de Supermercados Amigo”. Incluso, el corredor

expuso en su deposición que “las personas que yo llevé no

dependían de ellos para tomar la decisión sino que tenían

que

ir

entonces

donde

una

Junta

de

Directores

que

aprobara y ese tipo de cosas”. Posteriormente, el señor

Rodríguez Vélez realizó varias llamadas de seguimiento,

sin éxito, a los representantes del supermercado.

Por otra parte, el entonces abogado de Supermercados

Amigo, Lcdo. Luis A. Avilés Pagán, quien había fungido de

1995 a 1998 como representante legal de Bahía Park, fue

el que se encargó de llevar a la atención de la Junta de

Directores de Supermercados Amigo (Junta), el 4 de mayo

de

1999,

García

la

disponibilidad

Muñiz.

conocimiento

de

El

la

de

los

terrenos

del

licenciado

Avilés

Pagán

existencia

de

terrenos

los

señor

advino

por

en

el

tiempo que colaboró con el señor García Muñiz en Bahía

Park.

CC-2007-518

La

5

Junta

estaba

evaluando

la

viabilidad

de

unos

terrenos en Caguas para establecer un almacén central.

Fue entonces cuando el licenciado Avilés Pagán solicitó y

obtuvo autorización para consultar con el Lcdo. Ricardo

Muñiz, abogado de Bahía Park y su antiguo compañero de

trabajo, si los terrenos de Cataño seguían disponibles.

Ambos representantes legales notificaron al señor García

Muñiz

el

interés

Según

la

parte

de

Supermercados

recurrida

“[f]ue

Amigo

en

la

en

virtud

finca.

de

la

comunicación generada entre dichos representantes legales

que en junio 1999, Bahía Park y Supermercados Amigo, Inc.

suscribieron

un

contrato

de

opción

para

la

compra

de

estos terrenos y el 23 de noviembre de 1999, suscribieron

la escritura de compraventa de los mismos”. La escritura

de compraventa fue por la cantidad de $5,847,925.50.

Así

pues,

a

finales

de

2001,

el

señor

Rodríguez

Vélez se enteró de que Supermercados Amigo había comprado

los

terrenos

a

Bahía

Park.

El

señor

Rodríguez

Vélez

reclamó la comisión de la compraventa al señor García

Muñiz, quien le indicó que no le pagaría por no haber

sido el promotor de la venta final. El 16 de abril de

2002, el señor Rodríguez Vélez presentó ante el Tribunal

de Primera Instancia una demanda por incumplimiento de

contrato y daños y perjuicios contra Bahía Park, el señor

García Muñiz, su esposa y la sociedad legal de bienes

gananciales

compuesta

por

ambos.

Solicitó

que

los

demandados pagaran la comisión de la compraventa de los

CC-2007-518

6

terrenos de Cataño a razón de 5% del precio de venta,

equivalente a una suma de $250,000.00. A esos efectos,

alegó

que

había

sido

él

quien

había

llevado

a

los

representantes de Supermercados Amigo a ver el terreno

por primera vez y que conforme a los acuerdos verbales,

ratificados en la carta del 17 de marzo de 1998, tenía

derecho a recibir retribución por esa venta. Finalmente

solicitó $100,000.00 en concepto de daños.

La parte recurrida contestó la demanda y señaló que

los acuerdos que había hecho con el señor Rodríguez Vélez

eran todos preliminares; que estipularon una comisión de

un 4% del precio de venta; que ese acuerdo no sería un

contrato de servicios con carácter exclusivo sino uno de

tipo abierto; y que vencería a los seis meses. Explicó

que desde marzo de 1998 hasta finales del 2001, el señor

Rodríguez

Vélez

no

entendió

que

contrato

el

se

había

comunicado

había

expirado

con

él

y

catorce

que

meses

antes de otorgarse la compraventa.

Como defensa afirmativa la parte recurrida señaló

que el señor Rodríguez Vélez incumplió con el Artículo

31, inciso 9, de la Ley Núm. 10. Allí se establece que el

corredor

debe

explicar

al

cliente

en

qué

consiste

el

acuerdo y exponer cuál es la fecha de su vencimiento.

Además, la parte recurrida alegó que la carta de 17 de

marzo de 1998 no era un contrato, pero que, aunque el

tribunal

entendiera

que

lo

era,

no

se

trababa

contrato

exclusivo,

por

lo

que

nada

impedía

de

que

un

otro

CC-2007-518

7

corredor o ella misma intentara vender el bien. También

explicó

que

el

alegado

contrato

carecía

de

fecha

de

vencimiento, por lo que conforme a la Ley Núm. 10 era

nulo.

Tras varios trámites procesales, el 13 de agosto de

2004 Bahía Park y el señor García Muñiz presentaron una

solicitud de sentencia sumaria. Según ellos, “la parte

demandante

basa

su

reclamación

en

una

comunicación

redactada por el codemandante Giovanni Rodríguez, fechada

el 17 de marzo de 1998, en la que pretendió confirmar los

términos

de

un

contrato

de

corretaje

con

Bahía

Park,

S.E.”. Adujeron que dicha comunicación no tenía fecha de

vencimiento por lo que, de ser un contrato de corretaje,

éste sería nulo al amparo del Artículo 31, inciso 9, de

la Ley Núm. 10. A tales efectos, manifestaron que dicha

ley fue enmendada por la Ley Núm. 271 de 6 de octubre de

1998,

para

prohibir

las

cláusulas

de

renovación

automática en todos los contratos de corretaje, con la

intención de eliminar así la incertidumbre acerca de la

extensión de esos contratos. En fin alegaron que todos

los

contratos

de

corretaje

requieren

fecha

de

vencimiento.

Es oportuno señalar que la solicitud de sentencia

sumaria incluyó, a manera de ilustración, dos contratos

redactados por el señor Rodríguez Vélez, contemporáneos a

las conversaciones con Bahía Park, que contenían fecha de

vencimiento y establecían los eventos que condicionaban

CC-2007-518

el

pago

8

de

la

comisión.

Por

ejemplo,

uno

de

esos

contratos mencionaba que si se vendía el terreno luego de

seis meses de vencido el contrato a una persona con la

que el corredor hubiese negociado, el cliente tenía que

pagar la comisión. Nada de lo anterior surgía de la carta

del 17 de marzo de 1998. El estimado contrato estaba

huérfano

de

expresiones

sobre

ese

particular

y

no

contemplaba disposición de extensión alguna.

Además, los recurridos señalaron que los esfuerzos

realizados

suficientes

por

el

para

corredor

Rodríguez

alcanzar

la

Vélez

venta.

no

fueron

Incluso,

éstos

aseguraron que sus gestiones se limitaron a una reunión y

siete llamadas telefónicas, de las cuales la más larga

duro

tres

minutos,

y

que

secretaria

personal

del

Directores

de

casi

todas

Secretario

Supermercados

Amigo.

de

La

fueron

la

parte

con

la

Junta

de

recurrida

alegó que la labor del señor Rodríguez Vélez no llevó a

que la compraventa se realizara y él no fue el promotor

de la transacción. Reiteró que la compraventa se completó

gracias a los trámites y esfuerzos de los representantes

legales de ambas empresas mucho más de un año después de

la intervención del señor Rodríguez Vélez.

El 6 de octubre de 2004, el señor Rodríguez Vélez se

opuso a la sentencia sumaria y alegó que el contrato de

corretaje era de tipo abierto, lo cual le excluía de la

aplicación del Artículo 31 de la Ley Núm. 10. Explicó que

el referido artículo prohíbe, en el inciso 9, concretar

CC-2007-518

9

un contrato de corretaje “exclusivo o semiexclusivo, sin

explicar los términos y condiciones del mismo, y su fecha

de vencimiento”. Art. 31 (9), supra. Explicó que existen

diversos tipos de contratos de corretaje y que en Puerto

Rico

se

aceptan

semiexclusivos

en

y

la

práctica

abiertos.

los

También

exclusivos,

señaló

que

el

legislador quiso que los contratos de corretaje de tipo

abierto no vinieran obligados a tener término fijo. En

último

lugar,

sumaria

alegó

porque

importantes

porcentaje

por

de

la

que

no

procedía

existían

emitir

controversias

sentencia

de

dilucidar,

como

por

comisión

si

contrato

y

el

hechos

ejemplo,

tuvo

el

un

término de vencimiento de seis meses. El señor Rodríguez

Vélez

indicó

que

aunque

esos

elementos

ponían

en

controversia la existencia de un contrato y sus términos,

era indiscutible que él fue el primero que llevó a los

representantes de Supermercados Amigo a ver los terrenos,

y

eso

le

hacía

acreedor

de

la

comisión.

Rodríguez

Vélez

explicó

que

en

los

corretajes

abiertos

paga

la

comisión

se

le

El

señor

contratos

al

de

primer

agente que encuentre un inquilino cualificado. Anejó a la

oposición: (1) parte de la deposición del señor García

Muñiz, en la que éste habló de un término de seis meses

para firmar la escritura de compraventa; y (2) parte de

su deposición, en la que aseguró que no concretó una

fecha de vencimiento.

CC-2007-518

10

La parte recurrida presentó una réplica a la moción

en oposición, en la que negó que hubiese una controversia

de

hechos

medulares

que

impidiera

disponer

del

caso.

Indicó que solamente restaba por resolver si el alegado

contrato de corretaje era nulo por carecer de fecha de

vencimiento, lo cual era un argumento de derecho. A esos

efectos,

expuso

enmendó

para

que

incluir

el

inciso

“que

9

no

del

Artículo

serán

31

permitidas

se

las

cláusulas de renovación automática en los contratos de

corretaje”. Expuso que como el legislador prohibió las

renovaciones

automáticas

en

todos

los

contratos

de

corretaje, éstos tienen que tener fecha de vencimiento.

Además, argumentó que los contratos de tipo abierto no

pueden

tener

una

vigencia

a

perpetuidad,

ya

que

el

corredor adquiriría así un derecho a cobrar una comisión

de cada persona que interactuó con él con relación a la

propiedad,

independientemente

del

tiempo

que

haya

transcurrido y los esfuerzos realizados. A su juicio, eso

es irrazonable.

El Tribunal de Primera Instancia emitió sentencia

sumaria en la que acogió los argumentos de Bahía Park y

del

señor

controversia

García

que

Muñiz.

las

Entendió

partes

que

no

estaba

en

realizaron

un

acuerdo

no

exclusivo y que la demanda se basaba en la carta del 17

de marzo de 1998, la cual no tenía fecha de vencimiento.

El foro primario utilizó la Exposición de Motivos de la

Ley Núm. 271 para sustentar que todos los contratos de

CC-2007-518

11

corretaje, no solamente los exclusivos o semiexclusivos,

tienen que tener fecha de vencimiento. Concluyó que el

contrato del 17 de marzo de 1998 es nulo y el corredor no

tiene derecho a cobrar la comisión, por lo que desestimó

la demanda.

Inconforme, el peticionario Rodríguez Vélez acudió

al

Tribunal

controversia

de

de

Apelaciones

hechos

que

y

alegó

impedía

que

disponer

mediante el mecanismo de sentencia sumaria.

existía

del

caso

Explicó que

no era de aplicación el inciso 9 del Artículo 31 de la

Ley Núm. 10, ni su enmienda, ya que allí no se mencionan

expresamente los contratos de corretaje abiertos. Señaló,

además, que los contratos de corretaje se rigen por la

figura del mandato, por lo que su extinción queda a la

prerrogativa

del

mandante.

Alegó

que

en

los

contratos

abiertos se le otorga la comisión al primer corredor que

consiga a una persona cualificada y que el término de

duración está en manos del cliente.

El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación

del foro primario. Indicó que únicamente para efectos de

emitir la sentencia sumaria, la parte recurrida, Bahía

Park, aceptó que la carta del 17 de marzo de 1998 era el

contrato

de

corretaje

y

que

ambas

partes

estaban

de

acuerdo en que éste no tenía fecha de vencimiento. El

tribunal

aclaró

aplicación

al

que

la

Ley

Núm.

271

no

le

contrato

del

caso

de

autos

era

por

de

ser

posterior a la enmienda. Sin embargo, entendió que esa

CC-2007-518

ley

debía

expresión

12

considerarse

de

la

por

Asamblea

tratarse

Legislativa,

de

la

la

última

cual

buscaba

prohibir que todo tipo de contrato de corretaje tuviera

una duración indefinida. El foro intermedio indicó que la

Exposición de Motivos de la enmienda señala que la Ley

Núm. 10 le requiere al corredor explicar el contrato al

cliente y su fecha de vencimiento, lo que no ocurrió en

este caso. Además, el tribunal razonó que la intención

legislativa

era

incluir

todo

tipo

de

contrato

de

corretaje.

El 7 de junio de 2007, el peticionario Rodríguez

Vélez acudió ante nosotros y señaló los mismos errores

levantados ante el Tribunal de Apelaciones. Es decir, nos

requiere

que

abierto

es

resolvamos

nulo

por

si

no

el

contrato

haberse

fijado

de

corretaje

la

fecha

de

vencimiento. Asimismo argumenta que no procedía dictar la

sentencia sumaria porque existía controversia de hechos

sobre el término del contrato y la comisión a pagar.

Además, la parte peticionaria expone que, de aplicar el

Artículo 31, inciso 9, al contrato de autos, el hecho de

que

la

parte

vencimiento

de

recurrida

alegara

seis

subsanaba

meses,

que

la

tenía

fecha

carencia

de

término. Sostiene que lo importante es quién enseñó la

finca

primero

a

los

representantes

de

Supermercados

Amigo, independientemente de que el término del contrato

de corretaje hubiera expirado.

CC-2007-518

13

Expedimos el auto de certiorari el 10 de agosto de

2007.

Procedemos

a

resolver

luego

de

examinar

los

alegatos de las partes.

II

Como cuestión preliminar debemos determinar si es

válido un contrato de corretaje que no tiene fecha de

vencimiento.

En el presente caso, la parte recurrida aceptó para

efectos de la solicitud de sentencia sumaria que la carta

del

17

de

marzo

de

1998

fuera

considerada

como

el

contrato de corretaje. Por tal razón, la controversia se

limitó

a

contrario

resolver

a

la

Ley

si

ese

Núm.

contrato

10

al

no

es

nulo

contener

por

ser

fecha

de

vencimiento. La parte peticionaria argumentó que, la Ley

Núm.

10

no

aplica

al

contrato

de

corretaje

de

tipo

abierto y que el derecho de los mandatos debía regir la

controversia.

Debido

a

la

discusión

generada

sobre

el

alcance de esa ley, es preciso que nos expresemos sobre

este particular.

Como se sabe, el Artículo 14 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. Sec. 14, dispone que “cuando la

ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de

ella

no

cumplir

debe

su

ser

menospreciada

espíritu”.

En

virtud

bajo

el

pretexto

de

de

lo

anterior,

al

interpretar un estatuto debemos remitirnos inicialmente

al texto de la ley cuando el legislador se ha manifestado

en un lenguaje claro e inequívoco. El texto de la ley es

CC-2007-518

la

14

expresión

por

excelencia

de

toda

la

intención

legislativa. Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460,

476, (2007); Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co. Inc, 150

D.P.R. 155 (2000). Conforme a lo anterior, si una ley es

clara y no produce ambigüedad no hay necesidad de buscar

más

allá

de

su

letra.

Departamento

de

Hacienda

v.

Telefónica, 164 D.P.R. 195 (2005).

Ahora bien, cuando el estatuto es confuso, es deber

del Tribunal llenar las lagunas que hubiese y armonizar

aquellas

disposiciones

que

estén

o

parezcan

estar

en

conflicto. P.P.D. v. Gobernador, 111 D.P.R. 8, 13 (1981).

Cónsono con ello, el Artículo 17 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 17, establece que cuando

las palabras de una ley son dudosas, su sentido debe ser

buscado por el examen y comparación de las frases dudosas

con

otras

palabras

y

sentencias

que

les

estén

relacionadas, en el orden de una buena investigación para

llegar a su verdadero significado. El ejercicio de la

interpretación

estatutaria

requiere

que

indaguemos

la

intención legislativa a través del análisis del historial

legislativo de la ley, su exposición de motivos, de los

diversos informes de las comisiones de las cámaras o de

los

debates

celebrados

en

el

hemiciclo.

Ortiz

v.

Municipio San Juan, 167 D.P.R. 609, 617 (2006); Vicenti

v. Saldaña, 157 D.P.R. 37 (2002).

Asimismo,

L.P.R.A.

sec.

el

Artículo

19,

expone

19

que

del

el

Código

medio

más

Civil,

eficaz

31

y

CC-2007-518

15

universal para descubrir el verdadero sentido de una ley

en caso de duda, es “considerar la razón y espíritu de

ella,

o

la

causa

o

motivos

que

indujeron

al

poder

legislativo a dictarla”. Col. Int’l Sek P.R., Inc. v.

Escribá,

135

D.P.R.

647,

660

(1994).

Maldonado

v.

E.L.A.,

129

D.P.R.

expresamos

que

“el

análisis

de

En

Zambrana

740,

749

(1992),

ley

debe

hacerse

la

teniendo en mente los fines que ésta persigue y de forma

tal que la ley se ajuste a la política pública que la

inspira”.

También

indicamos

que

en

el

proceso

de

interpretación no debemos desvincular la ley del problema

Tenemos el “deber de hacer

que intenta solucionar. Id.

que

el

derecho

interpretación

sirva

tan

propósitos

literal

útiles

y

evitar

lleva

a

resultados

que

una

absurdos”. Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404,

409 (1988). En fin, la ley se debe interpretar de la

forma que más se ajuste a la intención de la Asamblea

Legislativa.

Asoc.

Médica

de

P.R.

v.

Cruz

Azul.

118

D.P.R. 669, 676 (1987); Col. Int’l Sek P.R., Inc. v.

Escribá, supra.

Por

último,

debido

a

que

las

leyes

y

reglas

no

pueden prever todas las situaciones, es lógico que la

jurisprudencia llene las lagunas del derecho positivo.

Ello no debe caer en la libre legislación casuística.

Rivera Rivera v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 51, 58

n.3 (1974). A la luz de las reglas de hermenéutica legal

CC-2007-518

16

antes esbozadas, pasamos a resolver la controversia en

cuestión.

Conforme a la práctica de Bienes Raíces existen tres

tipos de contratos de corretaje, a saber, los exclusivos,

semiexclusivos y los abiertos. Véase, D. Barlow Burke.

Jr.,

Law

of

Publishers,

Real

2009,

State

§

Brokers,

2.02

Third

Edition,

págs.

2.24-2.49.

[A-C],

Aspen

El

contrato de corretaje exclusivo es aquel mediante el cual

el cliente “le concede al corredor o empresa de bienes

raíces la autorización única y exclusiva para actuar como

intermediario

en

representación

de

éste

para

ofrecer,

promocionar y negociar determinada transacción de bienes

raíces. Este tipo de contrato limita la competencia y

participación de otros corredores o empresas de bienes

raíces en la gestión de corretaje, así como la capacidad

del

propietario

transacción

Contrato

de

de

Compraventa

Puerto

Rico,

de

bienes

Corretaje

de

perfeccionar

por

raíces”.

Cintrón

de

Bienes

Propiedades

Edic.

R.

Situm,

sí

Raíces

y

Residenciales,

2006,

págs.

mismo

la

Perales,

El

Opción

de

San

87-88.

Juan,

En

el

contrato semiexclusivo, contrario al exclusivo, el dueño

“no renuncia a su facultad de realizar gestiones para

perfeccionar

la

transacción

de

bienes

raíces

por

sí

mismo”. Cintrón Perales, op cit., pág. 87.

Finalmente, en los contratos de corretaje abiertos,

como el que nos ocupa, el cliente “se reserva la facultad

de

contratar

el

número

de

corredores

que

desee.

El

CC-2007-518

17

derecho de exigir el pago de la comisión será de aquel

corredor que haya sido quien procuró que se perfeccionara

la

transacción

de

bienes

raíces

(procuring

cause)”.

Cintrón Perales, op cit., págs. 88-89. Cuando el contrato

de corretaje no establece el tipo, se presumirá abierto.

D. Barlow Burke. Jr., op cit., § 2.02, pág. 2.25.

Este

tipo de contrato de corretaje es el más informal. Se

conoce por no ser de carácter exclusivo. De ordinario, lo

utilizan los vendedores que intentan vender por su cuenta

su

propiedad,

pero

que

están

dispuestos

a

darle

la

oportunidad a un corredor a que intente venderla primero.

Generalmente el corredor acuerda que será acreedor de la

Id., págs. 2.24-

comisión al perfeccionarse la venta.

2.25.

La Ley Núm. 10 no contempla ni define esos tres

tipos de contratos de corretaje. Sin embargo, dispone en

el

Artículo

31,

inciso

9,

que

está

prohibido

por

un

corredor de bienes raíces “realizar con cualquier parte

un contrato de corretaje exclusivo o semi exclusivo, sin

explicarle los términos y condiciones del mismo, y su

fecha

de

vencimiento;

Disponiéndose,

que

no

serán

permitidas las cláusulas de renovación automáticas en los

contratos de corretaje”. (Énfasis y subrayado suplidos).

Originalmente y a la fecha de la suscripción del contrato

de autos, la Ley Núm. 10 solamente mencionaba que se

prohibía a toda persona sujeta a las disposiciones de la

ley

“realizar

con

cualquier

parte

un

contrato

de

CC-2007-518

18

corretaje exclusivo o semi exclusivo, sin explicarle los

términos

y

condiciones

del

mismo

y

su

fecha

de

vencimiento”. Art. 31(9), 20 L.P.R.A. sec. 3054.

Es debido a la utilización de los términos exclusivo

o semiexclusivo en el Artículo 31, inciso 9, que la parte

peticionaria sostiene que la Asamblea Legislativa estaba

utilizando

la

terminología

técnica

de

la

profesión

y

excluyendo implícitamente a los contratos de corretaje de

tipo abierto. Por otra parte, los recurridos alegan que,

a base de ese artículo y el propósito de la ley, todos

los

contratos

de

corretaje

deben

tener

fecha

de

vencimiento o serán nulos. Entienden que el texto antes

citado no tuvo la intención específica de omitir algún

tipo

de

contrato

obligación

contrato

de

general.

de

corretaje

Incluso,

corretaje.

controversias

que

nos

Por

y

no

que

define

establece

una

los

de

consiguiente,

ocupan

es

si

la

tipos

una

Ley

de

las

Núm.

10,

Artículo 31, inciso 9, exige que todos los contratos de

corretaje tengan fecha de vencimiento; o si el contrato

de corretaje abierto está excluido.

La polémica se acentúa al considerar que, luego de

suscrito

el

acuerdo

entre

las

partes,

el

legislador

enmendó el Artículo 31, inciso 9, de la Ley Núm. 10 a fin

de

prohibir

todos

incluyó

las

cláusulas

de

los

contratos

de

el

siguiente

lenguaje:

renovación

corretaje.

A

automática

tales

“Disponiéndose,

en

efectos,

que

no

serán permitidas las cláusulas de renovación automáticas

CC-2007-518

19

en los contratos de corretaje”. (Énfasis Suplido). Los

recurridos aseveran que en la Exposición de Motivos de

dicha enmienda, la Asamblea Legislativa implica que la

Ley

Núm.

corretaje

10

ya

exigía

tuvieran

que

todos

o

fecha

término

los

de

contratos

de

vencimiento.

Es

lógico que al prohibir la renovación automática de todos

los contratos de corretaje, se implica que todos tienen

que tener una fecha de vencimiento.

Ello, sin duda,

incluiría a los contratos de corretaje de tipo abierto.

Francamente, el lenguaje del Artículo 31 inciso 9,

es confuso, ya que no deja claro si el legislador quería

prohibir que los corredores de bienes raíces contrataran

sin

explicar

fecha

de

los

términos

vencimiento

o

si

del

contrato,

incluyendo

su

interés

que,

era

la

tales

contratos siempre tuvieran fecha de vencimiento. Pese a

que el lenguaje parece sencillo, no queda claro cuál era

el interés o la prohibición que la Asamblea Legislativa

procuró al redactar la ley. Cabe señalar que nunca antes

hemos

interpretado

este

artículo

aunque

requiere

aclaración.

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 10 con la

intención de agrupar todas las disposiciones legales que

estaban en vigor, en aquel momento, para la industria de

las Bienes Raíces. Con su aprobación se derogaron: la Ley

Núm. 139 de 14 de junio de 1980, conocida como la “Ley

para

Reglamentar

la

Profesión

de

Corredor

de

Bienes

Raíces en Puerto Rico” (Ley Núm. 139); la Ley Núm. 145 de

CC-2007-518

18

de

20

junio

Reglamentar

la

de

1980,

Venta

en

conocida

como

la

de

Isla

la

“Ley

para

Bienes

de

Raíces

Localizados fuera de Puerto Rico” (Ley Núm. 145); y los

Reglamentos

de

Competencia

Justa

Números

IV

y

V

del

Cámara

de

Departamento de Justicia Asuntos Monopolísticos.

Del

Diario

de

Sesiones

de

la

Representantes emana que fueron recogidas en la Ley Núm.

10

algunas

contenidas

prácticas

proscritas

por

en

Núm.

Allí,

la

Ley

145.

los

corredores

el

Hon.

y

Angel

Cintrón García explicó que incluyó la Ley Núm. 145 “y se

recoge

gran

parte

de

esa

ley,

es

prácticas

proscritas,

y

defiende

cabalmente

al

se

y

se

bien

consumidor

coloca

aquí

específico,

como

y

se

puertorriqueño…”.

(Énfasis suplido). Diario de Sesiones de la Cámara de

Representante de Puerto Rico, Debate sobre el P. del S.

300 de 11 de abril de 1994, pág. 172.

Asimismo,

el

representante

Cintrón

García

indicó

que:

De las leyes que se derogan, una, que es de la

autoría de Misla Aldarrondo del año ‘80, y una

de la autoría del señor Navarro Alicea, del año

’80, ambos aquí presentes—quiere decir que es

legislador

hace

mucho

tiempo-están

ambas

englobadas prácticamente casi ad verbatim en

esta nueva ley, por eso es que hay más de ocho

páginas de la ley que era del compañero Navarro

Alicea [entiéndase, la Ley Núm. 145], porque lo

que se hace es consolidar el ejercicio en un[a]

sola ley, y se recogió todo lo que estaba

disperso en años anteriores para que los

compañeros tengan la tranquilidad de que la

intención legislativa y la efectividad que han

tenido por año[s] esas dos leyes, la 139 y 145,

de ninguna manera se afecta ni se pierde, sino

CC-2007-518

21

que se consolida en un solo ejercicio. (Énfasis

Suplido).

Diario

de

Sesiones

de

la

Cámara

de

Representantes de Puerto Rico, Debate sobre el

P. del S. 300 de 11 de abril de 1994, pág. 177.

Puesto que gran parte del contenido de la Ley Núm.

145

fue

incluido

proscritas,

es

en

la

decir,

Ley

Núm.

10

como

como

parte

del

prácticas

Artículo

31,

entendemos pertinente evaluar el contenido del estatuto

derogado.

La

proliferación

Ley

de

Núm.

corredores

145

buscaba

regular

o

instituciones

de

la

bienes

raíces que realizaban contratos de corretaje y venta en

Puerto Rico sobre terrenos en el estado de la Florida.

Dicha

ley

contenía

un

amplio

número

de

restricciones

dirigidas a que el cliente del corredor de bienes raíces

estuviera

alcance

bien

del

informado

contrato

que

y

supiera

estaba

específicamente

firmando.

Además,

el

se

buscaba que el cliente conociera con certeza qué era lo

que estaba comprando.

El Artículo 8, inciso (l)(3), de la Ley Núm. 145

prohibía en la actividad de una oferta de venta o venta

en Puerto Rico de bienes inmuebles fuera de la isla un

contrato de venta sin detallar “el término de duración de

dicho contrato, incluyendo específicamente la fecha de

vencimiento” (énfasis suplido). Ese es el único lenguaje

dirigido

legislador

a

establecer

en

que

el

vigencia del contrato.

un

cliente

interés

conozca

particular

del

el

de

término

CC-2007-518

22

Ahora bien, la Ley Núm. 145 no es el único estatuto

incorporado al contenido de la Ley Núm. 10, que enfatiza

los deberes del corredor de bienes raíces y la necesidad

de

mantener

informado

al

cliente

de

los

términos

del

contrato. La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 139

mencionaba

que

es

“necesario

que

mecanismos

que

le

garanticen

al

se

pueblo

provean

un

unos

servicio

competente y confiable...”. Asimismo, el Reglamento V de

Competencia Justa establecía actos y prácticas proscritas

a vendedores y corredores en general con el ánimo de

proteger al consumidor. Hemos notado que del Reglamento V

es que surge la mayor parte del contenido del Artículo 31

de

la

Ley

Núm.

10,

ya

que

algunos

incisos

son

prácticamente similares.

El Artículo V, inciso 23, del Reglamento V, prohibía

“concertar con cualquier cliente un contrato autorizando

que el corredor o vendedor actué como el agente exclusivo

en la venta de dicha propiedad sin antes informar al

cliente sobre el alcance de la exclusividad”. (énfasis

suplido). Éste es el único lenguaje en ese reglamento

relacionado

acuerdos

al

con

deber

del

exclusividad

agente

en

caso

de

realizar

y

función

de

mantener

la

informado al cliente. De igual forma rezaba el inciso 19

de la derogada Ley Núm. 77 de 25 de mayo de 1978, para

Reglamentar la Profesión de Bienes Raíces en Puerto Rico,

recogido en el Reglamento V. El inciso 9 del Artículo 31

de la Ley Núm. 10, supra, parece ser el producto de la

CC-2007-518

23

unión del contenido del Artículo 8, inciso (l) (3) de la

Ley Núm. 145 y las expresiones del Artículo V, inciso 23,

del Reglamento V de Competencia Justa.

Consideramos que las leyes agrupadas y derogadas por

la Ley Núm. 10 hacen énfasis en que los clientes tengan

conocimiento del alcance y el término del contrato. La

Ley Núm. 10 no hace distinción entre tipos de contrato de

corretaje. Sin duda, es un factor común de todas las

leyes que cobijaban esta materia la intención de proteger

al consumidor de prácticas deshonestas de los corredores

de bienes raíces e instituciones que se dedican a esos

fines.

De

hecho,

esa

fue

la

política

pública

que

se

reconoció en la Ley Núm. 10.

Esa

ley

establece

un

ordenamiento

especial

para

reglamentar el negocio de bienes raíces relacionadas a

propiedades en y fuera de Puerto Rico. Todo ello, se debe

a la naturaleza de las funciones del corredor de bienes

raíces y la importancia que tiene éste en la compra y

venta de inmuebles. Exposición de Motivos de la Ley Núm.

10,

Leyes

de

Puerto

Rico

1994,

pág.

43-44.

Con

el

objetivo de proteger a los consumidores, la Ley Núm. 10

dispuso un nuevo y más estricto cuerpo reglamentario de

los vendedores, corredores o empresas de bienes raíces.

Id; Vélez v. Izquierdo, 162 D.P.R. 88, 95 (2004).

Durante

para

la

el

debate

aprobación

de

de

la

Cámara

de

Representantes

la

Ley

Núm.

10

se

recalcó

la

naturaleza delicada de los intereses de los consumidores.

CC-2007-518

24

En particular, se mencionó que no era un asunto sencillo

reglamentar una profesión que maneja las transacciones de

bienes

inmuebles

que

“probablemente

en

las

familias

puertorriqueñas, son el único activo que tiene nuestras

familias, especialmente las de clase media y humilde”.

Diario

de

Sesiones

de

la

Cámara

de

Representantes

de

Puerto Rico, Debate sobre el P. del S. 300 de 11 de abril

de 1994, pág. 169. Además, se enfatizó en que algunas de

las leyes que quedarían derogadas, como la Ley Núm. 145,

atendían

situaciones

consumidores

que

habían

puertorriqueños

y

afectado

que

ese

a

aspecto

muchos

debía

mantenerse en la nueva ley. Con ello, se otorgaron los

ejemplos de corredores que vendían terrenos de la Florida

en

Puerto

Rico

de

manera

fraudulenta

y

la

venta

de

viviendas con amplios defectos de construcción conocidas

por los desarrolladores. Más aún, se habló de casos de

personas

que

no

se

dedican

a

la

industria

pero

que

servían como corredores, engañando a los consumidores.

Id., págs. 173-175.

Debido

texto

fue

a

la

importancia

examinado

en

de

varias

esta

legislación,

ocasiones

antes

de

su

su

aprobación. En la primera versión del P. del S. 300, el

Artículo 31 de actos y prácticas proscritas, inciso 21,

establecía que quedaba prohibido al corredor “[c]oncertar

con cualquier cliente un contrato de corretaje exclusivo

o semi exclusivo, sin explicarle sobre el alcance de esta

exclusividad o semi exclusividad o no indicar en dicho

CC-2007-518

25

contrato la fecha de expiración del mismo”. Como se puede

apreciar, ese inciso es muy similar a lo que establecía

el

Reglamento

segunda

sesión

V

y

la

Ley

ordinaria

Núm.

de

145.

1993

que

No

se

fue

hasta

la

concretó

el

lenguaje del Artículo 31, con el que se aprobó la ley. De

lo anterior surge que la Ley Núm. 10 y sus antecesoras

fueron

concertadas

con

la

intención

de

proteger

al

consumidor y fomentar que éste estuviera bien informado

al comprometerse contractualmente con el corredor. Ello

se desprende de casi todo el debate del P del S. 300.

Cónsono con el sentir de proteger al consumidor, la

Asamblea Legislativa enmendó la Ley Núm. 10, Artículo 31,

inciso 9, mediante la Ley Núm. 271. En lo pertinente, la

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 271 señala:

La Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994 tuvo el

propósito, entre otros, de reglamentar el

negocio

de

Bienes

Raíces

resultando

en

beneficio de los consumidores, así como también

los Vendedores Corredores y Empresas de Bienes

Raíces. Actualmente uno de los aspectos más

importantes en una negociación de bienes raíces

es la relación contractual que se establece con

el cliente. Estas negociaciones se formalizan

comúnmente mediante ‘contratos de corretaje’

que deben de disponer de un término fijo de

tiempo donde un corredor tiene los derechos

para la venta de una propiedad. Algunos

corredores

o

vendedores

de

bienes

raíces

utilizan en sus contratos de corretaje las

llamadas ‘cláusulas automáticas de renovación’

que tienen como fin prorrogar automáticamente,

bajo los términos originales, el contrato de

corretaje.

Esta cláusula podría resultar engañosa, pues el

cliente

casi

siempre

está

consciente

del

término inicial del contrato que regularmente

dura tres, cuatro o seis meses, pero en raras

ocasiones se percata de la extensión automática

CC-2007-518

26

del

mismo,

resultando

en

una

extensión

sustancial del contrato original. Actualmente

la Ley dispone que todo contrato que se acuerde

y firme entre los clientes y los corredores,

debe estar claro y bien explicado. Debe existir

la seguridad y confianza entre las partes a la

hora de realizar un contrato de corretaje,

aunque, lamentablemente la situación antes

expresada es motivo de preocupación entre gran

parte del sector dedicado a las bienes raíces

así como también entre la ciudadanía interesada

en estos importantes servicios.

Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio el

que no se permitan las cláusulas de renovación

automáticas en los contratos de corretaje entre

los corredores de bienes raíces y sus clientes.

(Énfasis y subrayado suplido).

Como

vemos,

nuevamente

a

el

lenguaje

proteger

al

utilizado

consumidor

se

al

dirige

momento

de

contratar con un corredor. Cabe señalar que la Exposición

de Motivos da por hecho que los contratos de corretaje,

en

un

sentido

vencimiento.

general,

Allí,

el

tendrán

que

tener

fecha

de

legislador

no

hizo

distinción

alguna entre tipos de contratos de corretaje. El sentir

de la Asamblea Legislativa se enfoca en que los términos

de

los

contratos

queden

claros

a

las

partes.

Aparentemente los términos “exclusivo o semiexclusivos”,

no

se

refieren

necesariamente

a

tipos

de

contrato

de

corretaje, sino más bien a medios o formas de hacer la

negociación con el corredor.

La

enmienda

renovación

claramente

automática

no

dice

que

las

cláusulas

serán

permitidas

“en

de

los

contratos de corretaje”. No lo limita y se refiere a

todos, lo cual incluye los abiertos. Por lo tanto, una

CC-2007-518

27

renovación supone que los contratos de corretaje tienen

que

tener

sería

fecha

legislar

de

vencimiento.

judicialmente

Concluir

para

lo

contrario

establecer

que

la

enmienda de 1998 debe aplicar solamente a los contratos

de corretaje exclusivos o semi-exclusivos. Una lectura

integrada del texto del artículo, incluyendo la enmienda,

aclara el sentir del legislador. Nada impide que tomemos

en

consideración,

para

efectos

interpretativos,

la

exposición de motivos de una ley enmendadora. Con ello no

desvirtuamos su contenido, sino que interpretamos la ley

como un todo y le damos sentido lógico a las palabras del

legislador.

Conforme a lo anterior, la Ley Núm. 10 no dispone

expresamente

que

los

contratos

de

corretaje

de

tipo

abierto sean nulos por no contener fecha de vencimiento.

No obstante, de un análisis del trasfondo de la intención

legislativa para promulgar la Ley, la enmienda contenida

en la Ley Núm. 271 y la Exposición de Motivos que de ella

surge, se puede deducir que la Asamblea Legislativa quiso

que

todo

contrato

de

corretaje

tuviera

una

fecha

de

vencimiento o un término de duración. Tanto es así que al

enmendar

la

Ley

Núm.

10,

la

Asamblea

Legislativa

se

enfocó en que ese término de duración, cuya existencia no

cuestionaba, no debía ser renovado automáticamente. Al

disponer que los contratos de corretaje no deban permitir

las

cláusulas

de

renovación

automática,

el

legislador

supuso que todo contrato de corretaje tiene una fecha de

CC-2007-518

28

vencimiento, independientemente del tipo de contrato de

corretaje que sea, a saber, exclusivo, semiexclusivo o

abierto.

El

profesor

de

bienes

raíces,

Rafael

A.

Cintrón

Perales, discutió en su obra las prácticas proscritas de

la Ley Núm. 10 en los Artículos 31 y 32. Sobre este

particular,

indica:

Los artículos 31 y 32 de la Ley Núm. 10, antes

citada,

establecen

los

actos

y

prácticas

proscritas para la profesión de corredor,

vendedor y empresas de bienes raíces. Es

precisamente

a

estos

actos

o

prácticas

proscritas que debemos acudir para establecer

las obligaciones del Corredor de Bienes Raíces

para con sus clientes. Si analizamos los

mismos, debemos concluir que todo corredor,

vendedor o empresa de bienes raíces viene

obligado a:

[. . . . . . . . ]

8. Explicarle a su cliente todos los términos y

condiciones, así como la fecha de vencimiento

al momento de realizar un contrato de corretaje

(Énfasis

exclusivo, semi-exclusivo o abierto.

y subrayado nuestro).

R. Cintrón Perales, El Contrato de Corretaje de

Bienes Raíces y Opción de Compraventa de

Propiedades Residenciales, San Juan, Ediciones

Situm, 2006, págs.17-18.

No tenemos duda, tal y como señalaron el Tribunal de

Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones, que la

intención legislativa al aprobar la Ley Núm. 10, Artículo

31, inciso 9, reafirmada en la Exposición de Motivos de

la Ley Núm. 271, fue que todos los contratos de corretaje

lleven fecha de vencimiento y que ésta sea explicada al

cliente. En ese sentido, es razonable concluir que todo

CC-2007-518

contrato

29

de

corretaje

que

no

contenga

fecha

de

vencimiento es contrario a la ley y por ello, será nulo.

Un contrato de corretaje sin término de vencimiento

es contrario a la Ley Núm. 10. Como se sabe las partes

son

libres

para

contratar

lo

que

entienden

necesario,

siempre y cuando no sea contrario a la ley, la moral y el

orden público. Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A.

sec. 3372. La violación de este principio podría producir

la

nulidad

absoluta

de

lo

pactado.

Unisys

v.

Ramallo

Bros, 128 D.P.R. 842, 851 (1991).

En fin, podemos colegir, mediante el análisis de las

leyes especiales y los reglamentos anteriores sobre esta

materia, que pese al lenguaje utilizado en el Artículo

31, inciso 9, siempre ha sido la intención legislativa

que los corredores de bienes raíces le expliquen a sus

clientes

los

exclusividad

términos

del

contrato,

o

de

la

falta

misma

el

y

alcance

la

de

la

fecha

de

vencimiento. A base de lo anterior, es forzoso concluir

que la intención legislativa de la Ley Núm. 10 fue que

todos

los

contratos

de

corretaje

tuvieran

fecha

de

vencimiento. Por lo tanto, son contrarios a la ley los

contratos que no la contengan. Eso los hace nulos.

III

Nos resta por resolver si el derecho de un corredor

de

bienes

raíces

a

recibir

la

comisión

se

desvanece

cuando la compraventa se perfecciona luego de vencido el

contrato de corretaje. No existe una norma clara sobre

CC-2007-518

30

esta interrogante. La controversia de derecho es crucial

en este caso, ya que si se resuelve que el contrato tenía

un

término

vencido

de

cuando

vigencia

se

de

seis

perfeccionó

(6)

la

meses,

venta.

ya

habría

Tomando

en

consideración que la Ley Núm. 10 prohíbe específicamente

la renovación automática de los términos de los contratos

de corretaje, restaría decidir entonces, qué derechos, si

alguno, le asisten al corredor.

Como cuestión preliminar debemos discutir cuándo un

corredor de bienes raíces tiene derecho a una comisión en

un

contrato

de

corretaje.

La

norma

aceptada

por

este

Tribunal y la mayoría de los estados sobre el derecho a

recibir comisión es la doctrina de “ready, willing and

able”. Véase, Taylor v. Weingart, 693 P 2d. 1231, 1233

(Mont. 1984). Esta doctrina es utilizada cuando no queda

claro en el contrato en cuáles circunstancias el corredor

tiene derecho a recibir la comisión.

Este Tribunal acogió la doctrina de “ready, willing

and able” en el caso de Torres v. Arbona Jr., 72 D.P.R.

769 (1951).1 En aquella ocasión, apuntamos que en casos en

los que existe un conflicto en el perfeccionamiento de la

1

Esta doctrina se adoptó en Alabama, Arizona, Arkansas, California,

Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, New York, Nevada,

Texas, entre otros estados. D. Barlow Burke, Jr., op cit., § 5.02,

pág. 5.2-5.9. Los estados que no acogen esa doctrina recurren a la

norma de “no closing, no commission” que nació en el caso de Ellswoth

Dobbs, Inc. v. Johnson, 50 N.J. 528, 236 A. 2d 843 (1967). Estados

como Massachuttes, Kansas, Idaho, Nebraska, Oregón y Vermont

adoptaron esta regla. D. Barlow Burke, Jr., op cit., §6.01-6.04, pág.

6.1-6.68. Véanse, Dworak v. Michals, 211 Neb. 716, 320 N.W. 2d 485

(1982); Tristam´s

Landing v. Wait, 367 Mass. 622, 327 N.E. 2d 727

(1975); Winkelman v. Allen, 214 Kan. 22, 519 P. 2d 1377 (1974);

;

Setser v. Commonwealth, Inc., 256 Or. 11, 470 P 2d 142 (1970); Staab

V. Messier, 128 Vt. 380, 264 A.2d 790 (1970).

CC-2007-518

31

compraventa,

el

corredor

que

procuró

un

comprador

dispuesto, deseoso y en condiciones económicas de comprar

(“ready,

willing

and

able”),

bajo

los

términos

establecidos por el vendedor, tiene derecho a recibir la

comisión pactada. Id., pág. 778. Asimismo indicamos que

cuando se pacta que la comisión queda supeditada a la

consumación del contrato, el corredor tendrá derecho a la

comisión si la compraventa no se consumó debido a fraude,

culpa o mala fe del vendedor. Id.

En Colegio Internacional Sek Puerto Rico, Inc. v.

Escribá,

supra,

volvimos

a

hacer

referencia

a

esa

doctrina. En ese caso, reiteramos que el corredor tiene

derecho

a

la

comisión

desde

el

momento

en

que

se

perfecciona el contrato. Igualmente, tiene derecho a la

comisión si, por causas imputables a los contratantes, el

negocio

no

llega

a

consumarse.

Tal

será

el

caso

de

fraude, culpa o mala fe del vendedor para que el contrato

de

venta

no

se

realice.

Id.,

pág.

657.

Con

ello

se

protege al corredor ante el caso de que al vendedor ya no

le interese o sencillamente se arrepienta de vender.

Como norma general, entonces, cuando un contrato no

disponga

cómo

y

por

qué

se

otorgará

compensación,

el

corredor tendrá derecho a recibir la comisión si procura

un prospecto listo, dispuesto y capaz de comprar (“ready,

willing

and

able”).

Ese

prospecto

debe

querer

entrar

voluntariamente en un contrato vinculante de compraventa

sobre

la

propiedad

disponible

y

realizar

una

oferta.

CC-2007-518

32

Además, no necesita mayor convencimiento para comprar y

debe permanecer tiempo suficiente en ese estado mental

para que se realice una negociación dirigida a que se

acepte su oferta. Una oferta por escrito es prueba prima

facie de ese estado mental. D. Barlow Burke. Jr., op

cit., § 5.02 [A], pág. 5.27.

Ahora

bien,

en

ocasiones,

a

pesar

de

haberse

perfeccionado la transacción de bienes raíces, surge otro

tipo de controversia entre el cliente y el corredor. Tal

es

el

caso,

entiende

que

como

en

el

el

tercero

presente,

en

que

no

a

perfeccionar

llegó

el

vendedor

el

negocio a través de los esfuerzos del corredor. En ese

tipo de situaciones, la doctrina mayoritaria reconocida

para

establecer

si

un

corredor

es

acreedor

de

la

comisión, es la doctrina de causa eficiente que hizo que

se

perfeccionara

la

transacción

(“efficient

procuring

cause”). Esta doctrina ha sido acogida por la mayoría de

las jurisdicciones estadounidenses y va de la mano del

comprador listo, deseoso y en condiciones económicas de

comprar

(“ready,

willing

and

able”).

Véase,

Luther

Zeigler, Brokers and Their Commissions, 14 Real Est. L.

J.

122,

corretaje

123

(1985).

abierto,

En

el

caso

de

los

contratos

de

especialmente

en

casos

en

que

los

existe más de un corredor tratando de vender el bien,

esta

norma

es

altamente

determinante

utilizada por los tribunales estatales.

y

generalmente

CC-2007-518

33

Puerto Rico tiene un sistema legal mixto. J. Trías

Monge, The Structure of the American Legal System – Its

Sources, Forms and Theory of Law, 51 Rev. Jur. U.P.R. 11,

16 (1982). Este híbrido es el resultado exitoso de la

interacción centenaria de principios legales, casuística,

leyes

y

español

códigos

provenientes

como

derecho

del

estadounidense.

Para

tanto

del

derecho

civil

consuetudinario

(common

law)

una

discusión

detallada

e

ilustrativa al respecto, véase, Matos Rivera v. Flav-ORich, 876 F. Supp 573 (D.P.R. 1995). Por eso “no hemos

dudado

en

ocasiones

anteriores

al

adoptar

doctrinas

y

normas de interpretación del common law cuando las hemos

considerado

acertadas

y

enriquecedoras

de

nuestro

Derecho”. Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 D.P.R. 157,

169 (1994). Lo crucial es que lo hagamos con la reflexión

y

corrección

principios

debida,

de

consuetudinario

para

derecho

que

que

no

desnaturalicemos

civilistas

constituyen

y

parte

del

los

derecho

fundamental

de

nuestro ordenamiento legal autóctono y que en conjunto,

en

sus

ámbitos

respectivos,

conforman

el

derecho

puertorriqueño contemporáneo.

Cónsono

con

esta

visión,

adoptamos

hoy

la

norma

estadounidense de la causa eficiente que procuró que se

perfeccionara

norma

es

la

cónsona

transacción

con

el

(“procuring

estado

de

cause”).

nuestro

puertorriqueño y con nuestra realidad económica.

Esa

derecho

CC-2007-518

34

La doctrina de la causa eficiente que procuró que se

perfeccionara la

transacción (“procuring cause”) no se

enfoca en las cualificaciones de la persona interesada

que consiguió el corredor, sino en la cadena de eventos

que de otra forma llevarían al corredor a recibir la

comisión.

Por

ejemplo,

lo

esencial

será

el

perfeccionamiento del contrato de compraventa, el cierre

hipotecario

o

cualquier

estableciera

en

el

otra

contrato

condición

para

que

que

el

se

corredor

recibiera la comisión. Id., pág. 5.51-5.52. Véase, Dale

Denton Real Estate, Inc. v. Fitzgerarld, 635 A. 2d 925,

928 (D.C. App. 1993). En ese sentido, se entiende que un

corredor

procuró

través

sus

de

una

venta

esfuerzos,

si

ésta

mediante

se

la

perfeccionó

a

utilización

de

promociones, mercadeo, rótulos, anuncios y negociaciones,

entre otras.

El término procurar, en esta doctrina, es el inicio

de una serie de eventos consecutivos que llevan a la

perfección

de

cumplimiento

la

transacción

de

su

de

encomienda

bienes

raíces

o

al

como

intermediario.

Mientras más corta sea la cadena de eventos que llevaron

al

perfeccionamiento

para

el

Además,

corredor

si

hubo

una

del

contrato,

recibir

ruptura

más

favorable

será

la

compensación

pactada.

en

la

eventos

cadena

de

pertinentes, se debe concluir que la gestión del corredor

no fue la causa que procuró la negociación. D. Barlow

Burke, Jr., op cit., § 5.04, pág. 5.53.

Véase, B-H, Inc.

CC-2007-518

35

v. Industrial America, Inc., 253 A. 2d 209, 214 (Del.

Super. 1969).

Un

corredor

de

recobrar

comisión

produjeron

un

bienes

raíces

no

cuando

sus

esfuerzos

evento

en

la

tiene

cadena

de

derecho

a

solamente

acciones

que

contribuyó a la venta de la propiedad. D. Barlow Burke,

Jr., op cit., § 5.04, pág. 5.56. Véase, ERA Joseph Green

Real Estate, Inc. v. Daubert, 588 N.Y.S. 2d 922 (N.Y.

App.

Div.

1992).

Por

ejemplo,

en

Arkansas

se

ha

reconocido que un corredor no tiene derecho a recobrar la

comisión cuando solamente realizó un evento en la cadena

de acción. El corredor debe ser la causa próxima de la

venta y no un mero eslabón incidental. Además, la venta

debe

ser

el

resultado

del

curso

continuo

de

los

eventos. Hatchett v. Story, 221 Ark. 120, 252 S.W.2d 78

(1952). No es suficiente que el corredor sea el primero

en

poner

a

las

partes

en

contacto.

Si

las

partes

abandonan las negociaciones y otro corredor eventualmente

vende la propiedad, será el último el que adquiere el

derecho a recibir la comisión. Mix v. Broyles, 567 S. W.

2d 696 (Mo. Ct. App. 1978).

No obstante, el corredor

tiene derecho a recibir la comisión cuando es excluido de

la venta final, si demuestra su participación activa en

la cadena de eventos y no es un suceso aislado. Véase,

Barrett v. Land Mart of America, 3 Ark. App. 70, 621

S.W.2d 889 (1981); Storey v. Johnson, 270 Ark. 392, 605

S.W.2d 480 (Ark. App. 1980).

CC-2007-518

Por

36

regla

general

y

conforme

a

lo

anteriormente

expresado, en los contratos de corretaje de tipo abierto,

“el

primer

dispuesto

corredor

y

capaz

que

produzca

económicamente

un

y

cliente

que

listo,

concrete

la

transacción con el dueño de la propiedad es el que tendrá

derecho

al

pago

de

la

comisión”.

Cintrón

Perales,

op

cit., págs. 88-89. Un comprador listo, dispuesto y capaz,

es aquél que celebre la transacción bajo los términos del

vendedor.

D.

Barlow

Burke.

Jr.,

Law

of

Real

State

Brokers, Third Edition, Aspen Publishers, 2009, § 2.02,

pág. 2.25.

En los contratos de tipo abierto, el hecho de que

uno de los corredores, que tiene a su cargo la propiedad,

introduzca un prospecto al cliente, no impide que otro

corredor sea el que procuró (“procuring cause”), o sea

quien produjo la compraventa, y por ende, quien tiene

derecho a la comisión pactada. D. Barlow Burke. Jr., op

cit., pág. 2.25-2.26. Véase, además, Staubus v. Reid, 652

S.W. 2d. 293 (Mo. App. 1983). Es decir, la comisión la

recibirá el corredor que persuadió e indujo al tercero a

convenir el arreglo financiero. Además, en los contratos

de

corretaje

de

tipo

abierto

“el

dueño

mantiene

el

derecho de realizar gestiones por sí mismo para vender la

propiedad”. Cintrón Perales, op cit., págs. 88-89.

Como se puede apreciar, la doctrina de la causa que

produjo la transacción (“procuring cause”) depende de los

hechos de cada caso. Algunas jurisdicciones insisten en

CC-2007-518

37

que es muy oneroso que el corredor pueda encontrar una

persona lista, dispuesta y capaz durante el término del

contrato. Por esa razón, utilizan la doctrina en casos en

los que los contratos de corretaje ya expiraron, pero

todavía

quedaban

prospectos

en

negociaciones

un

tiempo

pendientes

relativamente

con

algunos

cercano

a

la

expiración del contrato. D. Barlow Burke, Jr., op cit., §

5.04, pág. 5.51, 5.70. Véase, Paine-Wetzel Assocs., Inc.

v. Dockside Dev. Corp., 529 N.E. 2d 588, 589 (Ill. App.

1988).

Evidentemente,

conlleva

la

la

expiración

extinción

del

del

contrato

plazo

de

pactado

corretaje.

El

término de una obligación es de vital importancia, ya que

define

a

las

partes

quedan

obligadas.

la

En

cantidad

los

de

contratos

tiempo

de

en

la

que

corretaje

el

corredor se compromete a la realización de los esfuerzos

y

gestiones

dispuesto

y

para

conseguir

un

comprador

que

en

condiciones

de

llevar

cabo

a

esté

la

compraventa en un período de tiempo específico. Ello es

la razón que obliga al vendedor a cumplir con su promesa

de pago, o sea, la comisión.

Ahora

bien,

debemos

determinar

qué

ocurre

si

se

produce una oferta del comprador con el prospecto que

inicialmente hizo gestiones, luego de la expiración del

contrato de corretaje. El corredor ya no tendría derecho

conforme

al

derecho

a

contrato.

reclamar

Sin

una

embargo,

compensación

el

corredor

debido

a

tiene

que

el

CC-2007-518

vendedor

38

recibió

un

beneficio

de

sus

esfuerzos.

Esa

compensación no es por incumplimiento de contrato sino en

virtud

de

la

compraventa

doctrina

(“procuring

de

la

cause”)

causa

y

que

será

una

produjo

la

acción

de

quantum meruit. Véanse, Amend v. 485 Properties, 280 Ga.

327,

627

S.E.

2d

565

(2006);

Allen

v.

T.A.

Communications, 181 Ga. App. 726, 727 (353 S.E. 2d 569)

(1987).

Generalmente este tipo de conflicto se resuelve en

la

práctica

con

la

incorporación

de

una

cláusula

de

extensión en los contratos de corretaje. De hecho, el

Profesor

Cintrón

corredor

de

Perales

bienes

llama

raíces

la

debe

atención

tener

a

que

presente

el

que

conforme a la Ley Núm. 10 las cláusulas de renovación

automática están vedadas, por lo que algunos corredores

establecen, como medida de precaución, unas cláusulas de

extensión que les permiten cobrar al corredor aún pasado

el

término

cláusulas

del

contrato.

de

renovación

Ellas

son

distintas

automática.

a

Sobre

particular, Cintrón Perales indica:

En la práctica de la profesión comúnmente se

utiliza una cláusula donde el corredor informa

al cliente sobre su obligación de pagar la

comisión si luego de vencido el contrato y

dentro de cierto término, este le vende a un

comprador que llegó a la transacción, por

conducto y los esfuerzos del corredor. Esta

cláusula es conocida como una cláusula de

extensión la cual sirve para proteger al

corredor del vendedor que espera hasta que

finalice el término del contrato de corretaje

para luego realizar la transacción con algún

prospecto comprador que fue llevado a la

las

este

CC-2007-518

39

propiedad por

original).

el

corredor.

(Énfasis

en

el

R. Cintrón Perales, op cit., págs. 60-61.

Expone, además, que usualmente en las cláusulas de

extensión

en

contratos

de

transacciones

residenciales,

como uso y costumbre, el término de esos contratos es de

seis meses. Id. pág. 60. Recomienda que, para que tales

cláusulas

sean

efectivas,

el

corredor

notifique

por

escrito las personas a las que ha mostrado la propiedad,

así como la hora y fecha de la gestión. Id., pág. 61.

Finalmente,

expone

que

tales

cláusulas

no

son

una

renovación automática del contrato, por lo que no están

vedadas por la Ley Núm. 10.

Como vemos, el tratadista nos explica que existen

unas cláusulas de extensión diseñadas para proteger la

gestión del corredor. Con ellas se persigue garantizar

que, en caso de que el término del contrato esté por

vencer y las partes se encuentren en espera de un tercero

para

perfeccionar

la

compraventa,

el

corredor

pueda

cobrar su comisión si se completa el negocio jurídico con

posterioridad.

Como

regla

general,

una

vez

vencido

el

término del contrato, la obligación termina y el contrato

se extingue. Es solamente mediante pacto en contrario y

por un término definido que el corredor puede extender

los efectos del contrato de corretaje.

otra

forma,

porque

lo

contrario

No podría ser de

sería

reconocer

al

corredor un gravamen indefinido sobre la venta del bien

CC-2007-518

40

con una persona con la cuál interactuó el corredor en un

momento dado. Ello sería irrazonable.

No incluir la cláusula de extensión, podría crear

una

controversia

comisión

con

cuando

el

la

cliente

sobre

compraventa

el

pago

se

de

genera

la

con

posterioridad al vencimiento del contrato de corretaje.

R. Cintrón Perales, op cit., pág. 61. En el contrato ante

nuestra consideración no existió cláusula de extensión

alguna. No obstante, el corredor debía conocer el alcance

y

propósito

contratos

de

con

este

tipo

otros

de

cláusula,

clientes

la

ya

que

incorporó.

en

dos

Estos

contratos fueron sometidos junto a la solicitud de la

sentencia sumaria de los recurridos.

Tras todo este análisis, concluimos que todos los

contratos de corretaje deben tener fecha de vigencia o de

vencimiento.

Reiteramos

que

como

norma

general,

el

corredor adquiere el derecho a recibir comisión una vez

se celebre un contrato entre su cliente y un tercero

adquiriente durante la vigencia del contrato de corretaje

de

bienes

raíces.

Cuando

el

contrato

de

corretaje

de

bienes raíces no tiene una cláusula de extensión, expira

y al poco tiempo se celebra la compraventa, el corredor

tiene derecho a recibir la compensación si prueba que él

consiguió

al

comprador

listo,

dispuesto

y

capaz.

El

corredor debe probar que fue él quien llevó las partes a

las

negociaciones

y

quien

medió

para

el

resultado

logrado. Por otro lado, el corredor también tiene derecho

CC-2007-518

a

una

41

compensación

si

prueba

que

no

consiguió

el

perfeccionamiento de la compraventa por mala fe, fraude o

culpa

del

vendedor.

circunstancias

En

ausencia

el

corredor

este

caso,

existe

entre

las

no

de

alguna

recibirá

de

estas

compensación

alguna.

En

contrato

Igualmente,

el

señor

partes

controversia

tenía

fecha

sobre

de

si

el

vencimiento.

existe controversia de hechos acerca de si

Rodríguez

compraventa

que

compensación

se

que

Vélez

generó

las

fue

y

el

sobre

partes

promotor

el

de

la

porcentaje

de

estipularon.

La

parte

peticionaria insistió en que la comisión pactada fue de

5% y, por el contrario, la parte recurrida estimó que

acordaron

un

4%

del

precio

de

venta.

Es

sabido

que

procede dictar sentencia sumaria sólo en los casos en que

no

existe

resolución

controversia

del

caso.

de

hechos

relevantes

Ramos

Pérez

v.

para

Univisión

la

Puerto

Rico, Op. de 3 de febrero de 2010, 2010 T.S.P.R. 15, 2010

J.T.S.

24,

178

D.P.R.

___

(2010).

Ante

los

múltiples

hechos esenciales en controversia en este caso, no se

puede emitir una sentencia sumaria.

IV

Por todo lo antes expuesto, se revoca la sentencia

del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan.

Ante

la

presencia

de

controversias

que

involucran

cuestiones de credibilidad no adjudicadas, devolvemos el

caso al Tribunal de Primera Instancia para que evalúe si

CC-2007-518

42

el contrato de servicios de bienes raíces tuvo un término

de vencimiento. De no tenerlo, el tribunal debe concluir

que ese contrato fue nulo.

Ahora bien, si el tribunal concluye que el contrato

tuvo

un

término

de

seis

meses,

debe

evaluar

si

el

corredor abandonó su encomienda o si fue él quien llevó

al

vendedor

y

al

tercero

a

contratar.

Para

ello,

el

tribunal debe evaluar la cadena de eventos que condujo a

la

negociación.

Además,

de

no

haber

sido

el

corredor

quien procuró la venta, el tribunal deberá evaluar si

ello

no

ocurrió

por

fraude

o

mala

fe

del

vendedor

o

principal. Si hubo mala fe o fraude, el corredor tendrá

derecho a una compensación razonable, correspondiente a

sus esfuerzos. Finalmente, si concluye que el corredor

tiene

derecho

primario

contractual

deberá

compensación

estimar

acordado

a

una

cuál

entre

compensación,

fue

las

el

partes,

el

porcentaje

ya

que

también está en controversia.

Se dictará sentencia de conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

foro

de

eso

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Giovani Rodríguez Vélez y su

esposa

Gidalsy

Rivera

Hernández y la Sociedad Legal

de Gananciales compuesta por

ambos

Peticionarios

v.

CC-2007-518

Bahía

Park,

S.E.;

Carlos

García Muñiz y su esposa

Fulana de Tal y la Sociedad

Legal

de

Gananciales

compuesta

por

ambos,

personalmente y como socios

de Bahía Park, S.E., los

demás

socios

actualmente

desconocidos de Bahía Park,

S.E.;

Denominados

Provisionalmente X, Y y Z

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2010.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente Sentencia, se revoca la sentencia del Tribunal

de Apelaciones, Región Judicial de San Juan. Se devuelve

el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

continúen los procedimientos de manera consistente con lo

dispuesto en nuestra Opinión.

Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez concurre y disiente con opinión

escrita a la que se une el Juez Presidente señor

Hernández Denton.

La Jueza Asociada señora Fiol Matta

concurre sin opinión escrita.

Aida I. oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Giovanni Rodríguez Vélez y su

esposa Gidalsy Rivera Hernández

y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos

Peticionarios

CC-2007-518

v.

Bahía Park, S.E.; Carlos García

Muñiz y su esposa Fulana de Tal

y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por

ambos, personalmente y como

socios de Bahía Park, S.E.; Los

Demás Socios Actualmente

Desconocidos de Bahía Park,

S.E., Denominados

Provisionalmente como X,Y y Z

Recurridos

Opinión concurrente y disidente emitida por la Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se une el

Juez Presidente señor Hernández Denton

San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2010

La Opinión mayoritaria en este caso concluye, luego

de una forzada interpretación del artículo 10 de la Ley

para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, Ley Núm.

10 de 26 de abril de 1994, 20 L.P.R.A. secs. 3025 et

seq. (Ley 10), que todo contrato de corretaje tiene que

tener una fecha de vencimiento para su eficacia.

En

otras palabras, esta Opinión establece que tal requisito

es

de

carácter

constitutivo

no

tan

sólo

para

los

contratos de corretaje exclusivo y semi exclusivo como

exige la ley, sino que, mediante fiat judicial, ahora es

exigible a los contratos abiertos.

2

CC-2007-518

No comparto el razonamiento que utiliza el Tribunal para

llegar a su conclusión por varias razones.

Primero, considero

que la ley que se interpreta no adolece de falta de claridad y

que,

tanto

su

texto

como

su

historial

patentizan

que

la

intención del legislador fue regular sólo los contratos de

corretaje

exclusivo

y

semi

exclusivo

dejando

fuera,

del

requisito aquí impuesto, a los contratos de corretaje abierto.

Segundo, la interpretación del Tribunal es ajena, y como tal

contraria a, la naturaleza misma del contrato de corretaje

abierto.

Es por ello que disiento del curso trazado por la

mayoría del Tribunal.

Por otro lado, es menester señalar que, al igual que el

Tribunal,

considero

que

existen

controversias

sobre

hechos

esenciales que impiden que este caso sea resuelto por la vía

sumaria, por lo cual concurro con esta determinación.

I.

En nuestra jurisdicción la doctrina reconoce varios tipos

de contratos de corretaje de bienes raíces. Los principales son:

1) contrato de corretaje exclusivo; 2) contrato de corretaje

semi exclusivo; 3) contrato de corretaje abierto.

R. A. Cintrón

Perales, El Contrato de Corretaje de Bienes Raíces y de Opción

de

Compraventa

de

Propiedades

Residenciales,

Juan, Puerto Rico, 2006, pág. 85.

Ed.

Situm,

San

La doctrina también reconoce

el contrato de corretaje con acuerdo neto y el contrato de subcorretaje

o

modificación

El

co-broking.

en

la

forma

de

primero

remuneración

se

del

refiere

corredor

a

una

y

el

segundo, a un acuerdo de cooperación entre dos o más corredores

CC-2007-518

3

para llevar a cabo determinada transacción de bienes raíces.

Id., pág. 91.

En

los

contratos

de

corretaje

exclusivo

y

semi

exclusivo, “el dueño de una propiedad le concede al corredor la

autorización única y exclusiva para actuar como intermediario

en una [sic] representación de éste para ofrecer, promocionar y

negociar determinada transacción de bienes raíces”.

86-87.

Id., págs.

Ambos contratos se diferencian en que, en los semi

exclusivos, el propietario no renuncia al derecho de “realizar

gestiones para perfeccionar la transacción de bienes raíces por

sí mismo”.

Id.

La exclusividad no se presume, por lo que,

para que tal renuncia sea válida y el contrato goce de plena

exclusividad, así debe pactarse expresamente en el contrato de

corretaje.

Id.

pág. 87; D. Barlow Burke, Jr., Law of the

Real State Brokers, 3ra ed., Aspen, 2009, Sección 2.02 (B),

págs.

2-30

(Discute

jurisprudencia

estadounidense

de

los

de

de

tipo

tribunales estatales a esos efectos).

En

cambio,

en

los

contratos

corretaje

abierto, “el dueño de la propiedad se reserva la facultad de

contratar el número de corredores de bienes raíces que desee”.

Véase, R. A. Cintrón Perales, op. cit.,

págs. 88-89.

Es

decir, durante la vigencia del contrato abierto, el oferente

no está impedido de dirigirse a otros corredores con el

propósito de asignarle la misma encomienda que le fuera

asignada anteriormente a otro corredor.

De ahí que “el

derecho a exigir el pago de la comisión será de aquel

corredor que haya sido quien procuró que se perfeccionara

la transacción de bienes raíces (procuring cause)”.

Id., pág.

CC-2007-518

89.

4

Este tipo de contrato es de carácter informal y se utiliza

comúnmente en transacciones que involucran propiedad comercial,

o incluso residencial, cuando el propietario necesita disponer

de éstas con premura, pues al no estar atado a un solo corredor

se multiplican las posibilidades de conseguir un comprador.

Véase, D. Barlow Burke, Jr., op. cit., Sección 2.02 (A), págs.

2-24.

Por otra parte, el negocio de corretaje está regulado de

forma específica en nuestro ordenamiento por la Ley 10.

Con su

adopción, se agruparon en una sola ley todas las disposiciones

legales

pertinentes

al

negocio

de

bienes

raíces

existentes

hasta ese entonces, y se dispuso un cuerpo reglamentario nuevo

y más estricto con el fin de beneficiar a los consumidores y a

los

vendedores,

corredores

o

empresas

de

bienes

raíces.

Véanse, Exposición de Motivos de la Ley para Reglamentar el

Negocio de Bienes Raíces, Leyes de Puerto Rico, 1994, págs. 4344; Vélez v. Izquierdo, 162 D.P.R. 88, 95 (2004).

La

ley

se

refiere

a

distintos

tipos

de

contratos

de

corretaje, pero no incluye los contratos de corretaje de tipo

abierto.

De esta falta de reglamentación, el Tribunal concluye

que la ley es confusa, embarcándose en un tortuoso viaje

de

interpretación

la

judicial

para

“aclarar”

“confusión”.

Sostengo que la ausencia de referencia en la ley

del

de

contrato

tipo

Legislatura

no

quiso

informales

los

mismos

abierto,

imponerle

es

a

requisitos

indicativo

estos

que

naturaleza exclusiva y semi exclusiva.

tipos

a

los

de

de

que

la

contratos

contratos

de

CC-2007-518

5

Así, entre los actos o prácticas específicas proscritas

por la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, la ley

menciona que:

Se prohíbe a toda persona sujeta a las disposiciones

de [esta ley] a incurrir, o inducir a otra persona a

incurrir, en cualquiera de los actos o prácticas que se

enumeran a continuación:

. . . .

(9)

Realizar con cualquier parte un contrato de

corretaje exclusivo o semi exclusivo, sin explicarle los

términos y condiciones del mismo, y su fecha de

vencimiento; disponiéndose, que no serán permitidas las

cláusulas de renovación automáticas en los contratos

de corretaje.

20 L.P.R.A. 2054(a)(9).

(Énfasis

suplido).

Nótese, que la ley es clara al exigir que los contratos de

corretaje

exclusivo

vencimiento.”

y

semi

exclusivo

contengan

“fecha

de

Lo cierto es que los contratos de corretaje de

tipo abierto no eran desconocidos en la doctrina a la fecha en

que se aprobó la Ley Núm. 10, por lo que su omisión en ésta fue

un acto consciente y no un mero olvido o algo que apunte a

confusión.

Ello no obstante, la mayoría de esta Curia considera que

el

referido

texto

es

confuso,

razón

por

la

cual

estima

necesario interpretar el significado del texto

legislativo.

Considero

una

que

es

innecesario

embarcarse

en

travesía

interpretativa en búsqueda de la intención legislativa.

en mayor detalle.

Veamos

CC-2007-518

6

II

A

La

Opinión

del

Tribunal

parte

de

una

apreciación

equivocada acerca del contenido de la Ley 10 al presumir que

ésta trata de igual forma a todos los tipos de contratos de

corretaje y que no crea distinción alguna entre éstos.

Tal

presunción es incorrecta, ya que en determinadas instancias, la

ley alude específicamente a tipos de contratos en particular

con el propósito de sumar exigencias y garantizar un mayor

grado de certidumbre para el consumidor de servicios.

Tal es

el caso de los contratos exclusivos, semi exclusivos y con

acuerdo neto.

En la medida que la ley reconoce la existencia

de distintos tipos de contratos de corretaje, se patentiza que

la ausencia de uno de estos tipos de contrato en la ley fue

determinación consciente.

Por ejemplo, y como ya vimos, al enumerar los actos o

prácticas

proscritas

dentro

de

la

profesión

de

corredor

o

vendedor de bienes raíces, el legislador prohibió claramente en

el artículo que interpretamos, “realizar con cualquier parte un

contrato

de

corretaje

exclusivo

o

semi

exclusivo,

sin

explicarle los términos y condiciones del mismo, y su fecha de

vencimiento. . .”. (Énfasis suplido) 20 L.P.R.A. sec. 3054

(a)(9).

Así también, el artículo 31(16), distinguió los contratos de

corretaje con acuerdo neto cuando proscribió:

de

un

contrato

adecuadamente

al

de

corretaje

cliente

sobre

“Previo al otorgamiento

o

listado

el

alcance

neto,

no

de

transacción

la

orientar

y la conveniencia de utilizar los servicios de un tasador

CC-2007-518

7

profesional”.

(a)(16).

(Énfasis

suplido).

20

L.P.R.A.

sec.

3054

Como bien se puede apreciar, no todos los tipos de

contrato reciben el mismo trato.

Al utilizar la terminología

típica de la profesión de corretaje, resulta evidente que el

legislador pretendió dar tratamiento disímil a los distintos

tipos de contratos de corretaje.

Como ya adelantamos, en los contratos exclusivos y semi

exclusivos, el dueño de la propiedad se obliga a no firmar

otros contratos

de corretaje con otros corredores.

Cintrón Perales, op. cit., pág. 86.

R. A.

Asimismo, mediante pacto

expreso, el propietario tiene la opción de renunciar al derecho

de realizar gestiones a fines de llevar a cabo transacciones de

bienes raíces por sí mismo.

En este tipo de contrato el

propietario limita las actividades que puede llevar a cabo para

disponer de su

propiedad.

Id.

Es por ello

que se hace

necesario que se le incluyan limitaciones, como la fecha de

vencimiento, habida cuenta que con este tipo de contrato el

propietario está impedido de disponer de su propiedad por su

cuenta.

El propietario no puede realizar gestiones por sí

mismo

los

a

fines

bienes raíces.

de

concretar

determinada

transacción

de

Estas limitaciones a lo que es su derecho

propietario, justifican la exigencia de fecha de vencimiento en

este tipo de contrato.

Así lo entendió el legislador en su

momento y ello surge claramente del texto de la Ley Núm. 10 y,

como veremos, de las leyes y reglamentos que le precedieron.

CC-2007-518

Por

8

el

contrario,

los

contratos

de

corretaje

abierto

otorgan mayor flexibilidad al dueño que pretende disponer de su

propiedad, permitiéndole contratar con varios

bienes raíces de forma simultánea.

corredores de

Es decir, la naturaleza

flexible de los contratos de corretaje abierto permite que

éstos no requieran un plazo de vigencia ya que “el dueño de la

propiedad se reserva la facultad de contratar el número de

corredores de bienes raíces que desee”.

op. cit., págs. 88-89.

R. A. Cintrón Perales,

Esto permite que en caso de que el

propietario no esté conforme con las ejecutorias del corredor o

desee

agilizar

la

transacción,

por

ejemplo,

explore

otras

alternativas a fines de concretar sus objetivos.

Es la naturaleza misma de estos dos tipos de contrato de

corretaje lo que justifica y explica su trato disímil por el

legislador, pero que la mayoría ignora.

B

A pesar de que una lectura integral de la Ley Núm. 10,

deja establecido

que el legislador distinguió

entre

los

tipos de contratos de corretaje, el Tribunal se embarca

en

una

través

de

Núm.

10,

para encontrar allí soporte para su teoría.

Véanse,

Ley

para reglamentar el ejercicio de la

de

Corredor

junio

de 1980,

infructuosa

expedición

interpretativa

a

varias leyes y reglamentos derogados por la

de Bienes Raíces, Ley Núm. 139 de

Leyes

de

Puerto

Rico,

1980,

pág.

Ley

profesión

14

de

544;

Competencia Justa Núm. V (Regulando en

Reglamento

Puerto

negocio de bienes raíces en Puerto Rico) Núm. 1639,

sobre

Rico

Oficina

el

CC-2007-518

9

de Asuntos Monopolísticos, 8 de febrero de 1973; Ley para

reglamentar

las

transacciones

realizadas

en

la

Isla

por

compañías dedicadas a la venta de bienes raíces localizados

fuera de Puerto Rico, Ley Núm. 145 de 18 de junio de 1980,

Leyes

de

Puerto

Rico,

1980,

pág.

588;

y

Reglamento

sobre

Competencia Justa Núm. IV (Regulando en Puerto Rico la venta de

terrenos localizados fuera de Puerto Rico) Núm. 1375, Oficina

de Asuntos Monopolísticos, 25 de septiembre de 1970.

Como parte de esta búsqueda, la mayoría comienza citando

el artículo 8 (l)(3) de la derogada Ley Núm. 145, el cual

prohibía “ofrecer vender o vender solares sin especificar en el

contrato

de

venta

.

.

.

el

término

de

duración

de

dicho

contrato, incluyendo específicamente la fecha de vencimiento”.

(Énfasis suplido).

de

1980.

Tal

Art. 8 (l)(3) de la Ley 145 de 18 de junio

como

la

Opinión

del

Tribunal

reconoce,

el

vencimiento al que hace referencia este inciso no versa sobre

la relación de

corretaje entre

el propietario

y el agente

corredor, sino sobre el contenido del contrato de compraventa

de una propiedad.

Por tal razón, su sola mención resulta

impertinente a la luz de la controversia que nos ocupa.

Más

aún, no concibo cómo este Foro puede llegar a concluir que el

artículo 31 (9) de la Ley Núm. 10, “parece ser el producto” del

artículo

8

(l) (3) de la Ley Núm. 145 debido a que este

último utiliza la palabra “vencimiento”.

Además, lo cierto es que esta cláusula se incluyó,

casi en su totalidad, en el texto de la Ley Núm. 10,

pero

CC-2007-518

10

para referirse al contenido del contrato de compraventa

y

no

a

la

relación

de

corretaje

entre

el

agente

y

el

propietario.

Dispone

la

Ley

10,

su

artículo

32

Núm.

en

(a)(11)(B):

(a) Actos o prácticas proscritas a vendedores,

corredores y empresas en la venta de bienes inmuebles

localizados fuera de Puerto Rico:

. . . .

(11)

Ofrecer

vender

o

vender

especificar en el contrato de venta:

solares

sin

(A) Todo lo relacionado…

(B) Quien acarreara la deuda contributiva

durante el período de tiempo en que se estén pagando los

plazos adecuados para la compra de dicho solar y si ésta

recayer[e] sobre el comprador, la porción del total de la

mensualidad adecuada que se dedicara a este concepto, un

desglose en forma detallada de los conceptos a los cuales

será aplicada la mensualidad y el término de duración de

dicho contrato, incluyendo específicamente, la fecha de

vencimiento. 20 L.P.R.A. Sec. 3055 (a)(11)(B). (Énfasis

suplido y corchete en el original).

Con lo cual, no logro comprender cómo la mayoría llega a

su conclusión.

Por otra parte, la Opinión mayoritaria cita el texto

del inciso 23 del artículo V del derogado Reglamento sobre

Competencia

Justa

Núm.

V.

aprobado

virtud

de

la

en

El

Ley

referido

para

reglamento

prohibir

monopolísticas y proteger la justa y

las

fue

prácticas

libre competencia

en

los negocios y el comercio, Ley Núm. 77 de 25 de junio de

1964,

con

el

propósito

de

“regular

las

transacciones

que

[involucraban] bienes raíces localizados en el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico . . .”.

sobre

Competencia

Justa

Núm.

Art.

V.

A

II

esos

del

Reglamento

efectos,

el

CC-2007-518

11

reglamento

prohibía

“concertar

con

cualquier

cliente

un

contrato autorizando que el corredor o vendedor [actuara] como

el agente exclusivo en la venta de dicha propiedad sin antes

informar al cliente sobre el alcance de dicha exclusividad”.

(Énfasis

suplido).

Art.

V

(a)(23)

del

Reglamento

sobre

Competencia Justa Núm. V.

Como sabemos, uno de los objetivos de la Ley 10 fue

agrupar la legislación anterior que regulaba el negocio de

bienes raíces.

A tales fines, el legislador trasladó casi

intactas

disposiciones

varias

derogadas.

contenidas

del

leyes

De hecho, en el anteproyecto de la Ley 10, se

utilizó un lenguaje muy parecido al del

V

en

Reglamento

Núm.

V,

al

mencionado

disponer:

artículo

“[c]oncertar

con

cualquier cliente un contrato de corretaje exclusivo o semi

exclusivo,

sin

exclusividad

o

contrato

fecha

suplido).

la

explicarle

semi

sobre

exclusividad

de

los

alcances

de

esta

o

indicar

en

dicho

expiración

no

del

mismo.”

(Énfasis

P. del S. 300 de 30 de abril de 1993, 1ra Sesión

Ordinaria, 12ª Asamblea Legislativa, pág. 25.

Es pertinente señalar que

el

referido

sólo fue modificado en su versión final

anteproyecto

para

“simplificar

las prácticas prohibidas por [la Ley Núm. 10]”, más no por

motivos

adicionales

que

pudieran

ahora

trastocar

interpretación del texto utilizado en el anteproyecto.

del S. 300 de 30 de abril de 1993,

2da

Sesión

la

P.

Ordinaria,

12ª Asamblea Legislativa, Informe Conjunto presentado por la

Comisión de Gobierno, de Vivienda y de Asuntos del Consumidor,

18 de octubre de 1993, pág. 8.

CC-2007-518

12

El artículo 31 (9) de la Ley 10 tiene su génesis en el

texto del Reglamento Núm. V.

Su incorporación a la Ley 10

manifiesta

históricamente,

que

el

legislador,

ha

procurado

estatuir mayores limitaciones para los contratos con acuerdos

de

exclusividad,

abiertos.

omitiendo

extenderlas

a

los

contratos

Asimismo, ambas disposiciones demuestran un interés

del legislador en que el consumidor conozca el alcance de la

exclusividad.

No veo, entonces, de dónde surge la “confusión”

que invoca la Opinión del Tribunal.

La

ponencia

realizadas

a

la

hace

referencia

Ley

Núm.

102.

a

En

una

de

varias

específico,

enmiendas

discute

la

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 271 de 6 de octubre de

1998 - que prohibió las cláusulas de renovación automática en

los

contratos

de

corretaje

-

para

concluir

que

todos

los

contratos de corretaje, aun los de tipo abierto, tienen que

tener fecha de vencimiento.

En lo pertinente, la Exposición de

Motivos dispone:

La Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994 tuvo el

propósito, entre otros, de reglamentar el negocio

de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor,

Vendedor o Empresas de Bienes Raíces en Puerto

Rico.

Ésta logró agrupar todas las disposiciones

legales existentes en el campo de las Bienes

Raíces,

resultando

en

beneficio

de

los

consumidores, así como también de los Vendedores,

Corredores

y

Empresas

de

Bienes

Raíces.

Actualmente uno de los aspectos más importantes en

una negociación de bienes raíces es la relación

contractual que se establece con el cliente. Estas

negociaciones se formalizan comúnmente

mediante

"contratos de corretaje" que

2

Cabe señalar que el artículo 31 de la Ley Núm. 10 ha sido

enmendado luego de su aprobación en tres ocasiones: 1998, 1999

y 2006. El texto de la primera oración del artículo 31 (9) no

fue alterado en ninguna de esas tres instancias.

CC-2007-518

13

deben disponer de un término fijo de tiempo donde

un corredor tiene los derechos para la venta de una

propiedad.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 271, Leyes de Puerto Rico,

1998, pág. 1285.

(Énfasis suplido).

A base del citado texto, el Tribunal concluye que debido a

que “comúnmente” las negociaciones entre el propietario y el

corredor se formalizan mediante contratos sujetos a un término

fijo, el legislador

quiso establecer que todo contrato de

corretaje contenga una disposición a esos efectos.

De igual

forma, presume que la Asamblea Legislativa no hubiera aprobado

la

referida

enmienda

si

no

hubiera

entendido

que

por

disposición de la Ley 10, todo contrato de corretaje, aun los

de tipo abierto, requerían fecha de vencimiento como requisito

para su validez.

Por consiguiente, de una mención general y

ejemplificativa plasmada en una enmienda, el Tribunal deduce,

livianamente, que el legislador tuvo la intención de que el

artículo 31 (9) de la Ley 10 aplicara a los contratos abiertos,

incluso desde su aprobación en 1994.

No comparto este método

de interpretación que se trasluce de la opinión del Tribunal.

Es

Asamblea

cierto

que

Legislativa

automática.

a

través

de

la

referida

prohibió

las

cláusulas

enmienda

de

la

renovación

Sin embargo, no es menos cierto que, como cuestión

de lógica, ello no excluye que las partes –en el ejercicio de

su

libertad

contractual-

suscriban

un

contrato

abierto

sin

estar sujeto a un término fijo.

Cabe destacar que la referida enmienda

fue

aprobada

con posterioridad a la suscripción del contrato de autos,

CC-2007-518

14

hecho reconocido por la Opinión mayoritaria.

Si bien no existe

impedimento para considerar una legislación posterior con el

fin de interpretar el alcance de una legislación anterior, “una

expresión contenida en una ley enmendatoria [sic] explicando

cuál fue la intención legislativa al aprobar la ley objeto de

enmienda no es definitiva con carácter retroactivo ni desvirtúa

la

interpretación

Tribunal”.

que

a

la

ley

original

haya

dado

este

Morales v. Adm. Sistemas de Retiro, 123 D.P.R. 589,

596 (1989); Nadal v. Depto. Rec. Nat., 150 D.P.R. 715 (2000).

De forma análoga, una expresión ejemplificativa contenida en la

Exposición de Motivos de una ley enmendadora, refiriéndose a

uno de varios supuestos contractuales cobijados por la ley

original, no debe utilizarse como punta de lanza para realizar

modificaciones con carácter retroactivo, o pasar por alto la

claridad del texto legislativo.

El curso interpretativo que traza el Tribunal, sin más, no

es fundamento adecuado para el resultado propuesto.

Tanto la

Ley

Asamblea

10

como

sus

antecedentes,

demuestran

que

la

Legislativa y los distintos organismos del Ejecutivo han optado

por excluir los contratos de corretaje abierto en todas las

instancias en que se ha requerido desglosar tanto sus términos

y condiciones como la fecha de vencimiento.

razonable,

a

mi

juicio,

concluyésemos

que

el

corretaje

carácter

de

vencimiento.

como

legislador

abierto

Parecería más

técnica

interpretativa,

que

eximió

a

contratos

de

de

de

del

los

requisito

fecha

CC-2007-518

En

15

ausencia

Tribunal

no

de

debe

fundamentos

excederse

interpretativa del Derecho.

en

jurídicos

el

adecuados,

ejercicio

de

su

este

función

Concluir que el texto del artículo

31(9) -según su redacción actual- fue aprobado con la intención

de que aplicara a los contratos de corretaje abierto no es más

que un ejercicio de legislación judicial.

Por

los

fundamentos

antes

expresados,

disiento

criterio mayoritario.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

del