Tribunal Supremo de Puerto Rico
Rodríguez Vélez v. Bahía Park, S.E.
2010 TSPR 226
Poder Judicial de Puerto Rico
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Rodríguez Vélez v. Bahía Park, S.E.
CC-2007-0518
Bienes Raíces- Contrato de Corretaje; requisito de la fecha de vencimiento para su eficacia; momento en que el corredor tiene derecho a comisión en un contrato de corretaje
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Giovani Rodríguez Vélez y su
Esposa
Gidalsy
Rivera
Hernández y la Sociedad Legal
de Gananciales compuesta por
ambos
2010 TSPR 226
Peticionarios
180 DPR ____
Certiorari
v.
Bahía Park, S.E.; Carlos
García Muñiz y su esposa
Fulana de Tal y la Sociedad
Legal de Gananciales compuesta por
ambos, personalmente y como socios de
Bahía Park, S.E., los demás socios
actualmente desconocidos de Bahía Park,
S.E.; Denominados
Provisionalmente X, Y y Z
Recurridos
Número del Caso: CC-2008-518
Fecha: 14 de diciembre de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Superior, Panel VI, Especial
Juez Ponente:
Hon. Lourdes Velázquez Cajigas
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Juan Carlos Pou
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo.Juan A. Moldes Rodríguez
Materia: Incumplimiento de Contrato, Daños y Perjuicios
Este documento constituye un documento oficial del
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correcciones del proceso de compilación y publicación
oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución
electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Giovani Rodríguez Vélez y su
esposa
Gidalsy
Rivera
Hernández y la Sociedad Legal
de Gananciales compuesta por
ambos
Peticionarios
v.
CC-2007-518
Bahía
Park,
S.E.;
Carlos
García Muñiz y su esposa
Fulana de Tal y la Sociedad
Legal
de
Gananciales
compuesta
por
ambos,
personalmente y como socios
de Bahía Park, S.E., los
demás
socios
actualmente
desconocidos de Bahía Park,
S.E.;
Denominados
Provisionalmente X, Y y Z
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
MARTÍNEZ TORRES
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2010.
La
parte
peticionaria,
el
Sr.
Giovanni
Rodríguez
Vélez, su esposa Gidalsy Rivera Hernández y la sociedad
legal de gananciales compuesta por ambos, nos solicitan
la revisión de un dictamen del Tribunal de Apelaciones
que
confirmó
una
sentencia
del
Tribunal
de
Primera
Juan,
la
que
se
perjuicios
e
Instancia,
Sala
Superior
de
San
desestimó
una
demanda
de
daños
y
en
incumplimiento de contrato. Mediante dicha sentencia, el
foro
primario
acogió
una
moción
de
sentencia
sumaria
presentada por Bahía Park S.E. (Bahía Park), en la que se
aseguró que el contrato de corretaje, de tipo abierto,
CC-2007-518
2
que se alegaba existía entre las partes, era nulo por
carecer de fecha de vencimiento, contrario a lo que exige
el Artículo 31, inciso 9, de la Ley Núm. 10 de 26 de
abril de 1994, 20 L.P.R.A. sec. 3054(9), conocida como la
Ley
para
Reglamentar
el
Negocio
de
Bienes
Raíces
en
Puerto Rico (Ley Núm. 10).
Para resolver este caso tenemos que interpretar el
Artículo 31, inciso 9, de la Ley Núm. 10 para determinar
si todos los contratos de corretaje deben tener fecha de
vencimiento.
Luego
de
realizar
un
detenido
análisis,
resolvemos que todos los tipos de contrato de corretaje
deben tener fecha de vencimiento, conforme a la intención
legislativa
Bienes
de
la
Ley
para
Raíces
en
Puerto
Reglamentar
Rico.
el
También
Negocio
de
resolvemos
en
cuáles circunstancias un corredor de bienes raíces tiene
derecho a recibir compensación cuando la compraventa se
perfeccionó
luego
de
estar
vencido
el
contrato
de
corretaje.
I
En febrero de 1998, el señor Rodríguez Vélez era
empleado
de
Masterlite
Product,
Inc.
(Masterlite)
y
Corredor de bienes raíces con licencia. En Masterlite, el
señor Rodríguez Vélez conoció al Sr. Carlos García Muñiz,
accionista de esa entidad y dueño de la entidad comercial
Bahía Park. En una reunión, García Muñiz le indicó a
Rodríguez
Vélez
que
Bahía
Park
había
adquirido
unos
terrenos en el área de Cataño y que tenía la intención de
CC-2007-518
3
venderlos. Al poco tiempo, el señor Rodríguez Vélez cesó
en sus funciones en Masterlite y continuó ejerciendo como
corredor independiente de bienes raíces.
En
marzo
del
1998,
el
señor
Rodríguez
Vélez
se
enteró de que Supermercados Amigo necesitaba una finca
para relocalizar sus almacenes generales. Por tal razón,
coordinó una reunión con el señor García Muñiz para ver
si Bahía Park aún interesaba vender la finca que había
adquirido en el Municipio de Cataño. El señor Rodríguez
Vélez le proveyó información relacionada a lo que había
escuchado y le preguntó si interesaba que él realizara
algún acercamiento a Supermercados Amigo con relación a
la finca. El señor García Muñiz aceptó y llegó a unos
acuerdos preliminares con el corredor Rodríguez Vélez.
Como
resultado
de
lo
anterior
el
señor
Rodríguez
Vélez redactó una carta el 17 de marzo de 1998, en la que
alegadamente
recopiló
los
acuerdos
llegados
hasta
momento. Dicha carta indicaba lo siguiente:
Según conversación que mantuviéramos en las
pasadas semanas en su oficina, le informo que
en relación a la posible venta de la finca de
22.37 cuerdas radicada en el Sector Industrial
Bahía
de
Cataño,
Puerto
Rico,
estamos
manteniendo negociaciones con el licenciado
Luis
Colón
Martínez,
representante
de
Supermercados Amigo. Hasta el momento estos
clientes
se
han
mantenido
positivamente
interesados en la propiedad.
Aprovecho la oportunidad para confirmar
acuerdos que habíamos tenido anteriormente.
los
-El precio de venta en terreno utilizable será
de sesenta dólares ($60.00) por metro cuadrado,
ese
CC-2007-518
4
-El precio de venta en terreno no utilizable
(wetland) será de diez dólares ($10.00) por
metro cuadrado,
-La comisión a ser pagada será de cinco
porciento (5.0%) del precio de venta total.
Próximamente estaremos coordinando una reunión
en sus oficinas para discutir los detalles de
la negociación con amplitud.
El señor Rodríguez Vélez coordinó una visita a la
finca
de
Cataño
para
varios
representantes
de
Supermercados Amigo. Éstos demostraron tener interés en
la
propiedad,
final
de
pero
le
adquirirla
le
indicaron
que
“la
correspondería
a
determinación
la
Junta
de
Directores de Supermercados Amigo”. Incluso, el corredor
expuso en su deposición que “las personas que yo llevé no
dependían de ellos para tomar la decisión sino que tenían
que
ir
entonces
donde
una
Junta
de
Directores
que
aprobara y ese tipo de cosas”. Posteriormente, el señor
Rodríguez Vélez realizó varias llamadas de seguimiento,
sin éxito, a los representantes del supermercado.
Por otra parte, el entonces abogado de Supermercados
Amigo, Lcdo. Luis A. Avilés Pagán, quien había fungido de
1995 a 1998 como representante legal de Bahía Park, fue
el que se encargó de llevar a la atención de la Junta de
Directores de Supermercados Amigo (Junta), el 4 de mayo
de
1999,
García
la
disponibilidad
Muñiz.
conocimiento
de
El
la
de
los
terrenos
del
licenciado
Avilés
Pagán
existencia
de
terrenos
los
señor
advino
por
en
el
tiempo que colaboró con el señor García Muñiz en Bahía
Park.
CC-2007-518
La
5
Junta
estaba
evaluando
la
viabilidad
de
unos
terrenos en Caguas para establecer un almacén central.
Fue entonces cuando el licenciado Avilés Pagán solicitó y
obtuvo autorización para consultar con el Lcdo. Ricardo
Muñiz, abogado de Bahía Park y su antiguo compañero de
trabajo, si los terrenos de Cataño seguían disponibles.
Ambos representantes legales notificaron al señor García
Muñiz
el
interés
Según
la
parte
de
Supermercados
recurrida
“[f]ue
Amigo
en
la
en
virtud
finca.
de
la
comunicación generada entre dichos representantes legales
que en junio 1999, Bahía Park y Supermercados Amigo, Inc.
suscribieron
un
contrato
de
opción
para
la
compra
de
estos terrenos y el 23 de noviembre de 1999, suscribieron
la escritura de compraventa de los mismos”. La escritura
de compraventa fue por la cantidad de $5,847,925.50.
Así
pues,
a
finales
de
2001,
el
señor
Rodríguez
Vélez se enteró de que Supermercados Amigo había comprado
los
terrenos
a
Bahía
Park.
El
señor
Rodríguez
Vélez
reclamó la comisión de la compraventa al señor García
Muñiz, quien le indicó que no le pagaría por no haber
sido el promotor de la venta final. El 16 de abril de
2002, el señor Rodríguez Vélez presentó ante el Tribunal
de Primera Instancia una demanda por incumplimiento de
contrato y daños y perjuicios contra Bahía Park, el señor
García Muñiz, su esposa y la sociedad legal de bienes
gananciales
compuesta
por
ambos.
Solicitó
que
los
demandados pagaran la comisión de la compraventa de los
CC-2007-518
6
terrenos de Cataño a razón de 5% del precio de venta,
equivalente a una suma de $250,000.00. A esos efectos,
alegó
que
había
sido
él
quien
había
llevado
a
los
representantes de Supermercados Amigo a ver el terreno
por primera vez y que conforme a los acuerdos verbales,
ratificados en la carta del 17 de marzo de 1998, tenía
derecho a recibir retribución por esa venta. Finalmente
solicitó $100,000.00 en concepto de daños.
La parte recurrida contestó la demanda y señaló que
los acuerdos que había hecho con el señor Rodríguez Vélez
eran todos preliminares; que estipularon una comisión de
un 4% del precio de venta; que ese acuerdo no sería un
contrato de servicios con carácter exclusivo sino uno de
tipo abierto; y que vencería a los seis meses. Explicó
que desde marzo de 1998 hasta finales del 2001, el señor
Rodríguez
Vélez
no
entendió
que
contrato
el
se
había
comunicado
había
expirado
con
él
y
catorce
que
meses
antes de otorgarse la compraventa.
Como defensa afirmativa la parte recurrida señaló
que el señor Rodríguez Vélez incumplió con el Artículo
31, inciso 9, de la Ley Núm. 10. Allí se establece que el
corredor
debe
explicar
al
cliente
en
qué
consiste
el
acuerdo y exponer cuál es la fecha de su vencimiento.
Además, la parte recurrida alegó que la carta de 17 de
marzo de 1998 no era un contrato, pero que, aunque el
tribunal
entendiera
que
lo
era,
no
se
trababa
contrato
exclusivo,
por
lo
que
nada
impedía
de
que
un
otro
CC-2007-518
7
corredor o ella misma intentara vender el bien. También
explicó
que
el
alegado
contrato
carecía
de
fecha
de
vencimiento, por lo que conforme a la Ley Núm. 10 era
nulo.
Tras varios trámites procesales, el 13 de agosto de
2004 Bahía Park y el señor García Muñiz presentaron una
solicitud de sentencia sumaria. Según ellos, “la parte
demandante
basa
su
reclamación
en
una
comunicación
redactada por el codemandante Giovanni Rodríguez, fechada
el 17 de marzo de 1998, en la que pretendió confirmar los
términos
de
un
contrato
de
corretaje
con
Bahía
Park,
S.E.”. Adujeron que dicha comunicación no tenía fecha de
vencimiento por lo que, de ser un contrato de corretaje,
éste sería nulo al amparo del Artículo 31, inciso 9, de
la Ley Núm. 10. A tales efectos, manifestaron que dicha
ley fue enmendada por la Ley Núm. 271 de 6 de octubre de
1998,
para
prohibir
las
cláusulas
de
renovación
automática en todos los contratos de corretaje, con la
intención de eliminar así la incertidumbre acerca de la
extensión de esos contratos. En fin alegaron que todos
los
contratos
de
corretaje
requieren
fecha
de
vencimiento.
Es oportuno señalar que la solicitud de sentencia
sumaria incluyó, a manera de ilustración, dos contratos
redactados por el señor Rodríguez Vélez, contemporáneos a
las conversaciones con Bahía Park, que contenían fecha de
vencimiento y establecían los eventos que condicionaban
CC-2007-518
el
pago
8
de
la
comisión.
Por
ejemplo,
uno
de
esos
contratos mencionaba que si se vendía el terreno luego de
seis meses de vencido el contrato a una persona con la
que el corredor hubiese negociado, el cliente tenía que
pagar la comisión. Nada de lo anterior surgía de la carta
del 17 de marzo de 1998. El estimado contrato estaba
huérfano
de
expresiones
sobre
ese
particular
y
no
contemplaba disposición de extensión alguna.
Además, los recurridos señalaron que los esfuerzos
realizados
suficientes
por
el
para
corredor
Rodríguez
alcanzar
la
Vélez
venta.
no
fueron
Incluso,
éstos
aseguraron que sus gestiones se limitaron a una reunión y
siete llamadas telefónicas, de las cuales la más larga
duro
tres
minutos,
y
que
secretaria
personal
del
Directores
de
casi
todas
Secretario
Supermercados
Amigo.
de
La
fueron
la
parte
con
la
Junta
de
recurrida
alegó que la labor del señor Rodríguez Vélez no llevó a
que la compraventa se realizara y él no fue el promotor
de la transacción. Reiteró que la compraventa se completó
gracias a los trámites y esfuerzos de los representantes
legales de ambas empresas mucho más de un año después de
la intervención del señor Rodríguez Vélez.
El 6 de octubre de 2004, el señor Rodríguez Vélez se
opuso a la sentencia sumaria y alegó que el contrato de
corretaje era de tipo abierto, lo cual le excluía de la
aplicación del Artículo 31 de la Ley Núm. 10. Explicó que
el referido artículo prohíbe, en el inciso 9, concretar
CC-2007-518
9
un contrato de corretaje “exclusivo o semiexclusivo, sin
explicar los términos y condiciones del mismo, y su fecha
de vencimiento”. Art. 31 (9), supra. Explicó que existen
diversos tipos de contratos de corretaje y que en Puerto
Rico
se
aceptan
semiexclusivos
en
y
la
práctica
abiertos.
los
También
exclusivos,
señaló
que
el
legislador quiso que los contratos de corretaje de tipo
abierto no vinieran obligados a tener término fijo. En
último
lugar,
sumaria
alegó
porque
importantes
porcentaje
por
de
la
que
no
procedía
existían
emitir
controversias
sentencia
de
dilucidar,
como
por
comisión
si
contrato
y
el
hechos
ejemplo,
tuvo
el
un
término de vencimiento de seis meses. El señor Rodríguez
Vélez
indicó
que
aunque
esos
elementos
ponían
en
controversia la existencia de un contrato y sus términos,
era indiscutible que él fue el primero que llevó a los
representantes de Supermercados Amigo a ver los terrenos,
y
eso
le
hacía
acreedor
de
la
comisión.
Rodríguez
Vélez
explicó
que
en
los
corretajes
abiertos
paga
la
comisión
se
le
El
señor
contratos
al
de
primer
agente que encuentre un inquilino cualificado. Anejó a la
oposición: (1) parte de la deposición del señor García
Muñiz, en la que éste habló de un término de seis meses
para firmar la escritura de compraventa; y (2) parte de
su deposición, en la que aseguró que no concretó una
fecha de vencimiento.
CC-2007-518
10
La parte recurrida presentó una réplica a la moción
en oposición, en la que negó que hubiese una controversia
de
hechos
medulares
que
impidiera
disponer
del
caso.
Indicó que solamente restaba por resolver si el alegado
contrato de corretaje era nulo por carecer de fecha de
vencimiento, lo cual era un argumento de derecho. A esos
efectos,
expuso
enmendó
para
que
incluir
el
inciso
“que
9
no
del
Artículo
serán
31
permitidas
se
las
cláusulas de renovación automática en los contratos de
corretaje”. Expuso que como el legislador prohibió las
renovaciones
automáticas
en
todos
los
contratos
de
corretaje, éstos tienen que tener fecha de vencimiento.
Además, argumentó que los contratos de tipo abierto no
pueden
tener
una
vigencia
a
perpetuidad,
ya
que
el
corredor adquiriría así un derecho a cobrar una comisión
de cada persona que interactuó con él con relación a la
propiedad,
independientemente
del
tiempo
que
haya
transcurrido y los esfuerzos realizados. A su juicio, eso
es irrazonable.
El Tribunal de Primera Instancia emitió sentencia
sumaria en la que acogió los argumentos de Bahía Park y
del
señor
controversia
García
que
Muñiz.
las
Entendió
partes
que
no
estaba
en
realizaron
un
acuerdo
no
exclusivo y que la demanda se basaba en la carta del 17
de marzo de 1998, la cual no tenía fecha de vencimiento.
El foro primario utilizó la Exposición de Motivos de la
Ley Núm. 271 para sustentar que todos los contratos de
CC-2007-518
11
corretaje, no solamente los exclusivos o semiexclusivos,
tienen que tener fecha de vencimiento. Concluyó que el
contrato del 17 de marzo de 1998 es nulo y el corredor no
tiene derecho a cobrar la comisión, por lo que desestimó
la demanda.
Inconforme, el peticionario Rodríguez Vélez acudió
al
Tribunal
controversia
de
de
Apelaciones
hechos
que
y
alegó
impedía
que
disponer
mediante el mecanismo de sentencia sumaria.
existía
del
caso
Explicó que
no era de aplicación el inciso 9 del Artículo 31 de la
Ley Núm. 10, ni su enmienda, ya que allí no se mencionan
expresamente los contratos de corretaje abiertos. Señaló,
además, que los contratos de corretaje se rigen por la
figura del mandato, por lo que su extinción queda a la
prerrogativa
del
mandante.
Alegó
que
en
los
contratos
abiertos se le otorga la comisión al primer corredor que
consiga a una persona cualificada y que el término de
duración está en manos del cliente.
El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación
del foro primario. Indicó que únicamente para efectos de
emitir la sentencia sumaria, la parte recurrida, Bahía
Park, aceptó que la carta del 17 de marzo de 1998 era el
contrato
de
corretaje
y
que
ambas
partes
estaban
de
acuerdo en que éste no tenía fecha de vencimiento. El
tribunal
aclaró
aplicación
al
que
la
Ley
Núm.
271
no
le
contrato
del
caso
de
autos
era
por
de
ser
posterior a la enmienda. Sin embargo, entendió que esa
CC-2007-518
ley
debía
expresión
12
considerarse
de
la
por
Asamblea
tratarse
Legislativa,
de
la
la
última
cual
buscaba
prohibir que todo tipo de contrato de corretaje tuviera
una duración indefinida. El foro intermedio indicó que la
Exposición de Motivos de la enmienda señala que la Ley
Núm. 10 le requiere al corredor explicar el contrato al
cliente y su fecha de vencimiento, lo que no ocurrió en
este caso. Además, el tribunal razonó que la intención
legislativa
era
incluir
todo
tipo
de
contrato
de
corretaje.
El 7 de junio de 2007, el peticionario Rodríguez
Vélez acudió ante nosotros y señaló los mismos errores
levantados ante el Tribunal de Apelaciones. Es decir, nos
requiere
que
abierto
es
resolvamos
nulo
por
si
no
el
contrato
haberse
fijado
de
corretaje
la
fecha
de
vencimiento. Asimismo argumenta que no procedía dictar la
sentencia sumaria porque existía controversia de hechos
sobre el término del contrato y la comisión a pagar.
Además, la parte peticionaria expone que, de aplicar el
Artículo 31, inciso 9, al contrato de autos, el hecho de
que
la
parte
vencimiento
de
recurrida
alegara
seis
subsanaba
meses,
que
la
tenía
fecha
carencia
de
término. Sostiene que lo importante es quién enseñó la
finca
primero
a
los
representantes
de
Supermercados
Amigo, independientemente de que el término del contrato
de corretaje hubiera expirado.
CC-2007-518
13
Expedimos el auto de certiorari el 10 de agosto de
2007.
Procedemos
a
resolver
luego
de
examinar
los
alegatos de las partes.
II
Como cuestión preliminar debemos determinar si es
válido un contrato de corretaje que no tiene fecha de
vencimiento.
En el presente caso, la parte recurrida aceptó para
efectos de la solicitud de sentencia sumaria que la carta
del
17
de
marzo
de
1998
fuera
considerada
como
el
contrato de corretaje. Por tal razón, la controversia se
limitó
a
contrario
resolver
a
la
Ley
si
ese
Núm.
contrato
10
al
no
es
nulo
contener
por
ser
fecha
de
vencimiento. La parte peticionaria argumentó que, la Ley
Núm.
10
no
aplica
al
contrato
de
corretaje
de
tipo
abierto y que el derecho de los mandatos debía regir la
controversia.
Debido
a
la
discusión
generada
sobre
el
alcance de esa ley, es preciso que nos expresemos sobre
este particular.
Como se sabe, el Artículo 14 del Código Civil de
Puerto Rico, 31 L.P.R.A. Sec. 14, dispone que “cuando la
ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de
ella
no
cumplir
debe
su
ser
menospreciada
espíritu”.
En
virtud
bajo
el
pretexto
de
de
lo
anterior,
al
interpretar un estatuto debemos remitirnos inicialmente
al texto de la ley cuando el legislador se ha manifestado
en un lenguaje claro e inequívoco. El texto de la ley es
CC-2007-518
la
14
expresión
por
excelencia
de
toda
la
intención
legislativa. Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460,
476, (2007); Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co. Inc, 150
D.P.R. 155 (2000). Conforme a lo anterior, si una ley es
clara y no produce ambigüedad no hay necesidad de buscar
más
allá
de
su
letra.
Departamento
de
Hacienda
v.
Telefónica, 164 D.P.R. 195 (2005).
Ahora bien, cuando el estatuto es confuso, es deber
del Tribunal llenar las lagunas que hubiese y armonizar
aquellas
disposiciones
que
estén
o
parezcan
estar
en
conflicto. P.P.D. v. Gobernador, 111 D.P.R. 8, 13 (1981).
Cónsono con ello, el Artículo 17 del Código Civil de
Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 17, establece que cuando
las palabras de una ley son dudosas, su sentido debe ser
buscado por el examen y comparación de las frases dudosas
con
otras
palabras
y
sentencias
que
les
estén
relacionadas, en el orden de una buena investigación para
llegar a su verdadero significado. El ejercicio de la
interpretación
estatutaria
requiere
que
indaguemos
la
intención legislativa a través del análisis del historial
legislativo de la ley, su exposición de motivos, de los
diversos informes de las comisiones de las cámaras o de
los
debates
celebrados
en
el
hemiciclo.
Ortiz
v.
Municipio San Juan, 167 D.P.R. 609, 617 (2006); Vicenti
v. Saldaña, 157 D.P.R. 37 (2002).
Asimismo,
L.P.R.A.
sec.
el
Artículo
19,
expone
19
que
del
el
Código
medio
más
Civil,
eficaz
31
y
CC-2007-518
15
universal para descubrir el verdadero sentido de una ley
en caso de duda, es “considerar la razón y espíritu de
ella,
o
la
causa
o
motivos
que
indujeron
al
poder
legislativo a dictarla”. Col. Int’l Sek P.R., Inc. v.
Escribá,
135
D.P.R.
647,
660
(1994).
Maldonado
v.
E.L.A.,
129
D.P.R.
expresamos
que
“el
análisis
de
En
Zambrana
740,
749
(1992),
ley
debe
hacerse
la
teniendo en mente los fines que ésta persigue y de forma
tal que la ley se ajuste a la política pública que la
inspira”.
También
indicamos
que
en
el
proceso
de
interpretación no debemos desvincular la ley del problema
Tenemos el “deber de hacer
que intenta solucionar. Id.
que
el
derecho
interpretación
sirva
tan
propósitos
literal
útiles
y
evitar
lleva
a
resultados
que
una
absurdos”. Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404,
409 (1988). En fin, la ley se debe interpretar de la
forma que más se ajuste a la intención de la Asamblea
Legislativa.
Asoc.
Médica
de
P.R.
v.
Cruz
Azul.
118
D.P.R. 669, 676 (1987); Col. Int’l Sek P.R., Inc. v.
Escribá, supra.
Por
último,
debido
a
que
las
leyes
y
reglas
no
pueden prever todas las situaciones, es lógico que la
jurisprudencia llene las lagunas del derecho positivo.
Ello no debe caer en la libre legislación casuística.
Rivera Rivera v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 51, 58
n.3 (1974). A la luz de las reglas de hermenéutica legal
CC-2007-518
16
antes esbozadas, pasamos a resolver la controversia en
cuestión.
Conforme a la práctica de Bienes Raíces existen tres
tipos de contratos de corretaje, a saber, los exclusivos,
semiexclusivos y los abiertos. Véase, D. Barlow Burke.
Jr.,
Law
of
Publishers,
Real
2009,
State
§
Brokers,
2.02
Third
Edition,
págs.
2.24-2.49.
[A-C],
Aspen
El
contrato de corretaje exclusivo es aquel mediante el cual
el cliente “le concede al corredor o empresa de bienes
raíces la autorización única y exclusiva para actuar como
intermediario
en
representación
de
éste
para
ofrecer,
promocionar y negociar determinada transacción de bienes
raíces. Este tipo de contrato limita la competencia y
participación de otros corredores o empresas de bienes
raíces en la gestión de corretaje, así como la capacidad
del
propietario
transacción
Contrato
de
de
Compraventa
Puerto
Rico,
de
bienes
Corretaje
de
perfeccionar
por
raíces”.
Cintrón
de
Bienes
Propiedades
Edic.
R.
Situm,
sí
Raíces
y
Residenciales,
2006,
págs.
mismo
la
Perales,
El
Opción
de
San
87-88.
Juan,
En
el
contrato semiexclusivo, contrario al exclusivo, el dueño
“no renuncia a su facultad de realizar gestiones para
perfeccionar
la
transacción
de
bienes
raíces
por
sí
mismo”. Cintrón Perales, op cit., pág. 87.
Finalmente, en los contratos de corretaje abiertos,
como el que nos ocupa, el cliente “se reserva la facultad
de
contratar
el
número
de
corredores
que
desee.
El
CC-2007-518
17
derecho de exigir el pago de la comisión será de aquel
corredor que haya sido quien procuró que se perfeccionara
la
transacción
de
bienes
raíces
(procuring
cause)”.
Cintrón Perales, op cit., págs. 88-89. Cuando el contrato
de corretaje no establece el tipo, se presumirá abierto.
D. Barlow Burke. Jr., op cit., § 2.02, pág. 2.25.
Este
tipo de contrato de corretaje es el más informal. Se
conoce por no ser de carácter exclusivo. De ordinario, lo
utilizan los vendedores que intentan vender por su cuenta
su
propiedad,
pero
que
están
dispuestos
a
darle
la
oportunidad a un corredor a que intente venderla primero.
Generalmente el corredor acuerda que será acreedor de la
Id., págs. 2.24-
comisión al perfeccionarse la venta.
2.25.
La Ley Núm. 10 no contempla ni define esos tres
tipos de contratos de corretaje. Sin embargo, dispone en
el
Artículo
31,
inciso
9,
que
está
prohibido
por
un
corredor de bienes raíces “realizar con cualquier parte
un contrato de corretaje exclusivo o semi exclusivo, sin
explicarle los términos y condiciones del mismo, y su
fecha
de
vencimiento;
Disponiéndose,
que
no
serán
permitidas las cláusulas de renovación automáticas en los
contratos de corretaje”. (Énfasis y subrayado suplidos).
Originalmente y a la fecha de la suscripción del contrato
de autos, la Ley Núm. 10 solamente mencionaba que se
prohibía a toda persona sujeta a las disposiciones de la
ley
“realizar
con
cualquier
parte
un
contrato
de
CC-2007-518
18
corretaje exclusivo o semi exclusivo, sin explicarle los
términos
y
condiciones
del
mismo
y
su
fecha
de
vencimiento”. Art. 31(9), 20 L.P.R.A. sec. 3054.
Es debido a la utilización de los términos exclusivo
o semiexclusivo en el Artículo 31, inciso 9, que la parte
peticionaria sostiene que la Asamblea Legislativa estaba
utilizando
la
terminología
técnica
de
la
profesión
y
excluyendo implícitamente a los contratos de corretaje de
tipo abierto. Por otra parte, los recurridos alegan que,
a base de ese artículo y el propósito de la ley, todos
los
contratos
de
corretaje
deben
tener
fecha
de
vencimiento o serán nulos. Entienden que el texto antes
citado no tuvo la intención específica de omitir algún
tipo
de
contrato
obligación
contrato
de
general.
de
corretaje
Incluso,
corretaje.
controversias
que
nos
Por
y
no
que
define
establece
una
los
de
consiguiente,
ocupan
es
si
la
tipos
una
Ley
de
las
Núm.
10,
Artículo 31, inciso 9, exige que todos los contratos de
corretaje tengan fecha de vencimiento; o si el contrato
de corretaje abierto está excluido.
La polémica se acentúa al considerar que, luego de
suscrito
el
acuerdo
entre
las
partes,
el
legislador
enmendó el Artículo 31, inciso 9, de la Ley Núm. 10 a fin
de
prohibir
todos
incluyó
las
cláusulas
de
los
contratos
de
el
siguiente
lenguaje:
renovación
corretaje.
A
automática
tales
“Disponiéndose,
en
efectos,
que
no
serán permitidas las cláusulas de renovación automáticas
CC-2007-518
19
en los contratos de corretaje”. (Énfasis Suplido). Los
recurridos aseveran que en la Exposición de Motivos de
dicha enmienda, la Asamblea Legislativa implica que la
Ley
Núm.
corretaje
10
ya
exigía
tuvieran
que
todos
o
fecha
término
los
de
contratos
de
vencimiento.
Es
lógico que al prohibir la renovación automática de todos
los contratos de corretaje, se implica que todos tienen
que tener una fecha de vencimiento.
Ello, sin duda,
incluiría a los contratos de corretaje de tipo abierto.
Francamente, el lenguaje del Artículo 31 inciso 9,
es confuso, ya que no deja claro si el legislador quería
prohibir que los corredores de bienes raíces contrataran
sin
explicar
fecha
de
los
términos
vencimiento
o
si
del
contrato,
incluyendo
su
interés
que,
era
la
tales
contratos siempre tuvieran fecha de vencimiento. Pese a
que el lenguaje parece sencillo, no queda claro cuál era
el interés o la prohibición que la Asamblea Legislativa
procuró al redactar la ley. Cabe señalar que nunca antes
hemos
interpretado
este
artículo
aunque
requiere
aclaración.
La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 10 con la
intención de agrupar todas las disposiciones legales que
estaban en vigor, en aquel momento, para la industria de
las Bienes Raíces. Con su aprobación se derogaron: la Ley
Núm. 139 de 14 de junio de 1980, conocida como la “Ley
para
Reglamentar
la
Profesión
de
Corredor
de
Bienes
Raíces en Puerto Rico” (Ley Núm. 139); la Ley Núm. 145 de
CC-2007-518
18
de
20
junio
Reglamentar
la
de
1980,
Venta
en
conocida
como
la
de
Isla
la
“Ley
para
Bienes
de
Raíces
Localizados fuera de Puerto Rico” (Ley Núm. 145); y los
Reglamentos
de
Competencia
Justa
Números
IV
y
V
del
Cámara
de
Departamento de Justicia Asuntos Monopolísticos.
Del
Diario
de
Sesiones
de
la
Representantes emana que fueron recogidas en la Ley Núm.
10
algunas
contenidas
prácticas
proscritas
por
en
Núm.
Allí,
la
Ley
145.
los
corredores
el
Hon.
y
Angel
Cintrón García explicó que incluyó la Ley Núm. 145 “y se
recoge
gran
parte
de
esa
ley,
es
prácticas
proscritas,
y
defiende
cabalmente
al
se
y
se
bien
consumidor
coloca
aquí
específico,
como
y
se
puertorriqueño…”.
(Énfasis suplido). Diario de Sesiones de la Cámara de
Representante de Puerto Rico, Debate sobre el P. del S.
300 de 11 de abril de 1994, pág. 172.
Asimismo,
el
representante
Cintrón
García
indicó
que:
De las leyes que se derogan, una, que es de la
autoría de Misla Aldarrondo del año ‘80, y una
de la autoría del señor Navarro Alicea, del año
’80, ambos aquí presentes—quiere decir que es
legislador
hace
mucho
tiempo-están
ambas
englobadas prácticamente casi ad verbatim en
esta nueva ley, por eso es que hay más de ocho
páginas de la ley que era del compañero Navarro
Alicea [entiéndase, la Ley Núm. 145], porque lo
que se hace es consolidar el ejercicio en un[a]
sola ley, y se recogió todo lo que estaba
disperso en años anteriores para que los
compañeros tengan la tranquilidad de que la
intención legislativa y la efectividad que han
tenido por año[s] esas dos leyes, la 139 y 145,
de ninguna manera se afecta ni se pierde, sino
CC-2007-518
21
que se consolida en un solo ejercicio. (Énfasis
Suplido).
Diario
de
Sesiones
de
la
Cámara
de
Representantes de Puerto Rico, Debate sobre el
P. del S. 300 de 11 de abril de 1994, pág. 177.
Puesto que gran parte del contenido de la Ley Núm.
145
fue
incluido
proscritas,
es
en
la
decir,
Ley
Núm.
10
como
como
parte
del
prácticas
Artículo
31,
entendemos pertinente evaluar el contenido del estatuto
derogado.
La
proliferación
Ley
de
Núm.
corredores
145
buscaba
regular
o
instituciones
de
la
bienes
raíces que realizaban contratos de corretaje y venta en
Puerto Rico sobre terrenos en el estado de la Florida.
Dicha
ley
contenía
un
amplio
número
de
restricciones
dirigidas a que el cliente del corredor de bienes raíces
estuviera
alcance
bien
del
informado
contrato
que
y
supiera
estaba
específicamente
firmando.
Además,
el
se
buscaba que el cliente conociera con certeza qué era lo
que estaba comprando.
El Artículo 8, inciso (l)(3), de la Ley Núm. 145
prohibía en la actividad de una oferta de venta o venta
en Puerto Rico de bienes inmuebles fuera de la isla un
contrato de venta sin detallar “el término de duración de
dicho contrato, incluyendo específicamente la fecha de
vencimiento” (énfasis suplido). Ese es el único lenguaje
dirigido
legislador
a
establecer
en
que
el
vigencia del contrato.
un
cliente
interés
conozca
particular
del
el
de
término
CC-2007-518
22
Ahora bien, la Ley Núm. 145 no es el único estatuto
incorporado al contenido de la Ley Núm. 10, que enfatiza
los deberes del corredor de bienes raíces y la necesidad
de
mantener
informado
al
cliente
de
los
términos
del
contrato. La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 139
mencionaba
que
es
“necesario
que
mecanismos
que
le
garanticen
al
se
pueblo
provean
un
unos
servicio
competente y confiable...”. Asimismo, el Reglamento V de
Competencia Justa establecía actos y prácticas proscritas
a vendedores y corredores en general con el ánimo de
proteger al consumidor. Hemos notado que del Reglamento V
es que surge la mayor parte del contenido del Artículo 31
de
la
Ley
Núm.
10,
ya
que
algunos
incisos
son
prácticamente similares.
El Artículo V, inciso 23, del Reglamento V, prohibía
“concertar con cualquier cliente un contrato autorizando
que el corredor o vendedor actué como el agente exclusivo
en la venta de dicha propiedad sin antes informar al
cliente sobre el alcance de la exclusividad”. (énfasis
suplido). Éste es el único lenguaje en ese reglamento
relacionado
acuerdos
al
con
deber
del
exclusividad
agente
en
caso
de
realizar
y
función
de
mantener
la
informado al cliente. De igual forma rezaba el inciso 19
de la derogada Ley Núm. 77 de 25 de mayo de 1978, para
Reglamentar la Profesión de Bienes Raíces en Puerto Rico,
recogido en el Reglamento V. El inciso 9 del Artículo 31
de la Ley Núm. 10, supra, parece ser el producto de la
CC-2007-518
23
unión del contenido del Artículo 8, inciso (l) (3) de la
Ley Núm. 145 y las expresiones del Artículo V, inciso 23,
del Reglamento V de Competencia Justa.
Consideramos que las leyes agrupadas y derogadas por
la Ley Núm. 10 hacen énfasis en que los clientes tengan
conocimiento del alcance y el término del contrato. La
Ley Núm. 10 no hace distinción entre tipos de contrato de
corretaje. Sin duda, es un factor común de todas las
leyes que cobijaban esta materia la intención de proteger
al consumidor de prácticas deshonestas de los corredores
de bienes raíces e instituciones que se dedican a esos
fines.
De
hecho,
esa
fue
la
política
pública
que
se
reconoció en la Ley Núm. 10.
Esa
ley
establece
un
ordenamiento
especial
para
reglamentar el negocio de bienes raíces relacionadas a
propiedades en y fuera de Puerto Rico. Todo ello, se debe
a la naturaleza de las funciones del corredor de bienes
raíces y la importancia que tiene éste en la compra y
venta de inmuebles. Exposición de Motivos de la Ley Núm.
10,
Leyes
de
Puerto
Rico
1994,
pág.
43-44.
Con
el
objetivo de proteger a los consumidores, la Ley Núm. 10
dispuso un nuevo y más estricto cuerpo reglamentario de
los vendedores, corredores o empresas de bienes raíces.
Id; Vélez v. Izquierdo, 162 D.P.R. 88, 95 (2004).
Durante
para
la
el
debate
aprobación
de
de
la
Cámara
de
Representantes
la
Ley
Núm.
10
se
recalcó
la
naturaleza delicada de los intereses de los consumidores.
CC-2007-518
24
En particular, se mencionó que no era un asunto sencillo
reglamentar una profesión que maneja las transacciones de
bienes
inmuebles
que
“probablemente
en
las
familias
puertorriqueñas, son el único activo que tiene nuestras
familias, especialmente las de clase media y humilde”.
Diario
de
Sesiones
de
la
Cámara
de
Representantes
de
Puerto Rico, Debate sobre el P. del S. 300 de 11 de abril
de 1994, pág. 169. Además, se enfatizó en que algunas de
las leyes que quedarían derogadas, como la Ley Núm. 145,
atendían
situaciones
consumidores
que
habían
puertorriqueños
y
afectado
que
ese
a
aspecto
muchos
debía
mantenerse en la nueva ley. Con ello, se otorgaron los
ejemplos de corredores que vendían terrenos de la Florida
en
Puerto
Rico
de
manera
fraudulenta
y
la
venta
de
viviendas con amplios defectos de construcción conocidas
por los desarrolladores. Más aún, se habló de casos de
personas
que
no
se
dedican
a
la
industria
pero
que
servían como corredores, engañando a los consumidores.
Id., págs. 173-175.
Debido
texto
fue
a
la
importancia
examinado
en
de
varias
esta
legislación,
ocasiones
antes
de
su
su
aprobación. En la primera versión del P. del S. 300, el
Artículo 31 de actos y prácticas proscritas, inciso 21,
establecía que quedaba prohibido al corredor “[c]oncertar
con cualquier cliente un contrato de corretaje exclusivo
o semi exclusivo, sin explicarle sobre el alcance de esta
exclusividad o semi exclusividad o no indicar en dicho
CC-2007-518
25
contrato la fecha de expiración del mismo”. Como se puede
apreciar, ese inciso es muy similar a lo que establecía
el
Reglamento
segunda
sesión
V
y
la
Ley
ordinaria
Núm.
de
145.
1993
que
No
se
fue
hasta
la
concretó
el
lenguaje del Artículo 31, con el que se aprobó la ley. De
lo anterior surge que la Ley Núm. 10 y sus antecesoras
fueron
concertadas
con
la
intención
de
proteger
al
consumidor y fomentar que éste estuviera bien informado
al comprometerse contractualmente con el corredor. Ello
se desprende de casi todo el debate del P del S. 300.
Cónsono con el sentir de proteger al consumidor, la
Asamblea Legislativa enmendó la Ley Núm. 10, Artículo 31,
inciso 9, mediante la Ley Núm. 271. En lo pertinente, la
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 271 señala:
La Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994 tuvo el
propósito, entre otros, de reglamentar el
negocio
de
Bienes
Raíces
resultando
en
beneficio de los consumidores, así como también
los Vendedores Corredores y Empresas de Bienes
Raíces. Actualmente uno de los aspectos más
importantes en una negociación de bienes raíces
es la relación contractual que se establece con
el cliente. Estas negociaciones se formalizan
comúnmente mediante ‘contratos de corretaje’
que deben de disponer de un término fijo de
tiempo donde un corredor tiene los derechos
para la venta de una propiedad. Algunos
corredores
o
vendedores
de
bienes
raíces
utilizan en sus contratos de corretaje las
llamadas ‘cláusulas automáticas de renovación’
que tienen como fin prorrogar automáticamente,
bajo los términos originales, el contrato de
corretaje.
Esta cláusula podría resultar engañosa, pues el
cliente
casi
siempre
está
consciente
del
término inicial del contrato que regularmente
dura tres, cuatro o seis meses, pero en raras
ocasiones se percata de la extensión automática
CC-2007-518
26
del
mismo,
resultando
en
una
extensión
sustancial del contrato original. Actualmente
la Ley dispone que todo contrato que se acuerde
y firme entre los clientes y los corredores,
debe estar claro y bien explicado. Debe existir
la seguridad y confianza entre las partes a la
hora de realizar un contrato de corretaje,
aunque, lamentablemente la situación antes
expresada es motivo de preocupación entre gran
parte del sector dedicado a las bienes raíces
así como también entre la ciudadanía interesada
en estos importantes servicios.
Esta Asamblea Legislativa entiende meritorio el
que no se permitan las cláusulas de renovación
automáticas en los contratos de corretaje entre
los corredores de bienes raíces y sus clientes.
(Énfasis y subrayado suplido).
Como
vemos,
nuevamente
a
el
lenguaje
proteger
al
utilizado
consumidor
se
al
dirige
momento
de
contratar con un corredor. Cabe señalar que la Exposición
de Motivos da por hecho que los contratos de corretaje,
en
un
sentido
vencimiento.
general,
Allí,
el
tendrán
que
tener
fecha
de
legislador
no
hizo
distinción
alguna entre tipos de contratos de corretaje. El sentir
de la Asamblea Legislativa se enfoca en que los términos
de
los
contratos
queden
claros
a
las
partes.
Aparentemente los términos “exclusivo o semiexclusivos”,
no
se
refieren
necesariamente
a
tipos
de
contrato
de
corretaje, sino más bien a medios o formas de hacer la
negociación con el corredor.
La
enmienda
renovación
claramente
automática
no
dice
que
las
cláusulas
serán
permitidas
“en
de
los
contratos de corretaje”. No lo limita y se refiere a
todos, lo cual incluye los abiertos. Por lo tanto, una
CC-2007-518
27
renovación supone que los contratos de corretaje tienen
que
tener
sería
fecha
legislar
de
vencimiento.
judicialmente
Concluir
para
lo
contrario
establecer
que
la
enmienda de 1998 debe aplicar solamente a los contratos
de corretaje exclusivos o semi-exclusivos. Una lectura
integrada del texto del artículo, incluyendo la enmienda,
aclara el sentir del legislador. Nada impide que tomemos
en
consideración,
para
efectos
interpretativos,
la
exposición de motivos de una ley enmendadora. Con ello no
desvirtuamos su contenido, sino que interpretamos la ley
como un todo y le damos sentido lógico a las palabras del
legislador.
Conforme a lo anterior, la Ley Núm. 10 no dispone
expresamente
que
los
contratos
de
corretaje
de
tipo
abierto sean nulos por no contener fecha de vencimiento.
No obstante, de un análisis del trasfondo de la intención
legislativa para promulgar la Ley, la enmienda contenida
en la Ley Núm. 271 y la Exposición de Motivos que de ella
surge, se puede deducir que la Asamblea Legislativa quiso
que
todo
contrato
de
corretaje
tuviera
una
fecha
de
vencimiento o un término de duración. Tanto es así que al
enmendar
la
Ley
Núm.
10,
la
Asamblea
Legislativa
se
enfocó en que ese término de duración, cuya existencia no
cuestionaba, no debía ser renovado automáticamente. Al
disponer que los contratos de corretaje no deban permitir
las
cláusulas
de
renovación
automática,
el
legislador
supuso que todo contrato de corretaje tiene una fecha de
CC-2007-518
28
vencimiento, independientemente del tipo de contrato de
corretaje que sea, a saber, exclusivo, semiexclusivo o
abierto.
El
profesor
de
bienes
raíces,
Rafael
A.
Cintrón
Perales, discutió en su obra las prácticas proscritas de
la Ley Núm. 10 en los Artículos 31 y 32. Sobre este
particular,
indica:
Los artículos 31 y 32 de la Ley Núm. 10, antes
citada,
establecen
los
actos
y
prácticas
proscritas para la profesión de corredor,
vendedor y empresas de bienes raíces. Es
precisamente
a
estos
actos
o
prácticas
proscritas que debemos acudir para establecer
las obligaciones del Corredor de Bienes Raíces
para con sus clientes. Si analizamos los
mismos, debemos concluir que todo corredor,
vendedor o empresa de bienes raíces viene
obligado a:
[. . . . . . . . ]
8. Explicarle a su cliente todos los términos y
condiciones, así como la fecha de vencimiento
al momento de realizar un contrato de corretaje
(Énfasis
exclusivo, semi-exclusivo o abierto.
y subrayado nuestro).
R. Cintrón Perales, El Contrato de Corretaje de
Bienes Raíces y Opción de Compraventa de
Propiedades Residenciales, San Juan, Ediciones
Situm, 2006, págs.17-18.
No tenemos duda, tal y como señalaron el Tribunal de
Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones, que la
intención legislativa al aprobar la Ley Núm. 10, Artículo
31, inciso 9, reafirmada en la Exposición de Motivos de
la Ley Núm. 271, fue que todos los contratos de corretaje
lleven fecha de vencimiento y que ésta sea explicada al
cliente. En ese sentido, es razonable concluir que todo
CC-2007-518
contrato
29
de
corretaje
que
no
contenga
fecha
de
vencimiento es contrario a la ley y por ello, será nulo.
Un contrato de corretaje sin término de vencimiento
es contrario a la Ley Núm. 10. Como se sabe las partes
son
libres
para
contratar
lo
que
entienden
necesario,
siempre y cuando no sea contrario a la ley, la moral y el
orden público. Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A.
sec. 3372. La violación de este principio podría producir
la
nulidad
absoluta
de
lo
pactado.
Unisys
v.
Ramallo
Bros, 128 D.P.R. 842, 851 (1991).
En fin, podemos colegir, mediante el análisis de las
leyes especiales y los reglamentos anteriores sobre esta
materia, que pese al lenguaje utilizado en el Artículo
31, inciso 9, siempre ha sido la intención legislativa
que los corredores de bienes raíces le expliquen a sus
clientes
los
exclusividad
términos
del
contrato,
o
de
la
falta
misma
el
y
alcance
la
de
la
fecha
de
vencimiento. A base de lo anterior, es forzoso concluir
que la intención legislativa de la Ley Núm. 10 fue que
todos
los
contratos
de
corretaje
tuvieran
fecha
de
vencimiento. Por lo tanto, son contrarios a la ley los
contratos que no la contengan. Eso los hace nulos.
III
Nos resta por resolver si el derecho de un corredor
de
bienes
raíces
a
recibir
la
comisión
se
desvanece
cuando la compraventa se perfecciona luego de vencido el
contrato de corretaje. No existe una norma clara sobre
CC-2007-518
30
esta interrogante. La controversia de derecho es crucial
en este caso, ya que si se resuelve que el contrato tenía
un
término
vencido
de
cuando
vigencia
se
de
seis
perfeccionó
(6)
la
meses,
venta.
ya
habría
Tomando
en
consideración que la Ley Núm. 10 prohíbe específicamente
la renovación automática de los términos de los contratos
de corretaje, restaría decidir entonces, qué derechos, si
alguno, le asisten al corredor.
Como cuestión preliminar debemos discutir cuándo un
corredor de bienes raíces tiene derecho a una comisión en
un
contrato
de
corretaje.
La
norma
aceptada
por
este
Tribunal y la mayoría de los estados sobre el derecho a
recibir comisión es la doctrina de “ready, willing and
able”. Véase, Taylor v. Weingart, 693 P 2d. 1231, 1233
(Mont. 1984). Esta doctrina es utilizada cuando no queda
claro en el contrato en cuáles circunstancias el corredor
tiene derecho a recibir la comisión.
Este Tribunal acogió la doctrina de “ready, willing
and able” en el caso de Torres v. Arbona Jr., 72 D.P.R.
769 (1951).1 En aquella ocasión, apuntamos que en casos en
los que existe un conflicto en el perfeccionamiento de la
1
Esta doctrina se adoptó en Alabama, Arizona, Arkansas, California,
Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, New York, Nevada,
Texas, entre otros estados. D. Barlow Burke, Jr., op cit., § 5.02,
pág. 5.2-5.9. Los estados que no acogen esa doctrina recurren a la
norma de “no closing, no commission” que nació en el caso de Ellswoth
Dobbs, Inc. v. Johnson, 50 N.J. 528, 236 A. 2d 843 (1967). Estados
como Massachuttes, Kansas, Idaho, Nebraska, Oregón y Vermont
adoptaron esta regla. D. Barlow Burke, Jr., op cit., §6.01-6.04, pág.
6.1-6.68. Véanse, Dworak v. Michals, 211 Neb. 716, 320 N.W. 2d 485
(1982); Tristam´s
Landing v. Wait, 367 Mass. 622, 327 N.E. 2d 727
(1975); Winkelman v. Allen, 214 Kan. 22, 519 P. 2d 1377 (1974);
;
Setser v. Commonwealth, Inc., 256 Or. 11, 470 P 2d 142 (1970); Staab
V. Messier, 128 Vt. 380, 264 A.2d 790 (1970).
CC-2007-518
31
compraventa,
el
corredor
que
procuró
un
comprador
dispuesto, deseoso y en condiciones económicas de comprar
(“ready,
willing
and
able”),
bajo
los
términos
establecidos por el vendedor, tiene derecho a recibir la
comisión pactada. Id., pág. 778. Asimismo indicamos que
cuando se pacta que la comisión queda supeditada a la
consumación del contrato, el corredor tendrá derecho a la
comisión si la compraventa no se consumó debido a fraude,
culpa o mala fe del vendedor. Id.
En Colegio Internacional Sek Puerto Rico, Inc. v.
Escribá,
supra,
volvimos
a
hacer
referencia
a
esa
doctrina. En ese caso, reiteramos que el corredor tiene
derecho
a
la
comisión
desde
el
momento
en
que
se
perfecciona el contrato. Igualmente, tiene derecho a la
comisión si, por causas imputables a los contratantes, el
negocio
no
llega
a
consumarse.
Tal
será
el
caso
de
fraude, culpa o mala fe del vendedor para que el contrato
de
venta
no
se
realice.
Id.,
pág.
657.
Con
ello
se
protege al corredor ante el caso de que al vendedor ya no
le interese o sencillamente se arrepienta de vender.
Como norma general, entonces, cuando un contrato no
disponga
cómo
y
por
qué
se
otorgará
compensación,
el
corredor tendrá derecho a recibir la comisión si procura
un prospecto listo, dispuesto y capaz de comprar (“ready,
willing
and
able”).
Ese
prospecto
debe
querer
entrar
voluntariamente en un contrato vinculante de compraventa
sobre
la
propiedad
disponible
y
realizar
una
oferta.
CC-2007-518
32
Además, no necesita mayor convencimiento para comprar y
debe permanecer tiempo suficiente en ese estado mental
para que se realice una negociación dirigida a que se
acepte su oferta. Una oferta por escrito es prueba prima
facie de ese estado mental. D. Barlow Burke. Jr., op
cit., § 5.02 [A], pág. 5.27.
Ahora
bien,
en
ocasiones,
a
pesar
de
haberse
perfeccionado la transacción de bienes raíces, surge otro
tipo de controversia entre el cliente y el corredor. Tal
es
el
caso,
entiende
que
como
en
el
el
tercero
presente,
en
que
no
a
perfeccionar
llegó
el
vendedor
el
negocio a través de los esfuerzos del corredor. En ese
tipo de situaciones, la doctrina mayoritaria reconocida
para
establecer
si
un
corredor
es
acreedor
de
la
comisión, es la doctrina de causa eficiente que hizo que
se
perfeccionara
la
transacción
(“efficient
procuring
cause”). Esta doctrina ha sido acogida por la mayoría de
las jurisdicciones estadounidenses y va de la mano del
comprador listo, deseoso y en condiciones económicas de
comprar
(“ready,
willing
and
able”).
Véase,
Luther
Zeigler, Brokers and Their Commissions, 14 Real Est. L.
J.
122,
corretaje
123
(1985).
abierto,
En
el
caso
de
los
contratos
de
especialmente
en
casos
en
que
los
existe más de un corredor tratando de vender el bien,
esta
norma
es
altamente
determinante
utilizada por los tribunales estatales.
y
generalmente
CC-2007-518
33
Puerto Rico tiene un sistema legal mixto. J. Trías
Monge, The Structure of the American Legal System – Its
Sources, Forms and Theory of Law, 51 Rev. Jur. U.P.R. 11,
16 (1982). Este híbrido es el resultado exitoso de la
interacción centenaria de principios legales, casuística,
leyes
y
español
códigos
provenientes
como
derecho
del
estadounidense.
Para
tanto
del
derecho
civil
consuetudinario
(common
law)
una
discusión
detallada
e
ilustrativa al respecto, véase, Matos Rivera v. Flav-ORich, 876 F. Supp 573 (D.P.R. 1995). Por eso “no hemos
dudado
en
ocasiones
anteriores
al
adoptar
doctrinas
y
normas de interpretación del common law cuando las hemos
considerado
acertadas
y
enriquecedoras
de
nuestro
Derecho”. Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 D.P.R. 157,
169 (1994). Lo crucial es que lo hagamos con la reflexión
y
corrección
principios
debida,
de
consuetudinario
para
derecho
que
que
no
desnaturalicemos
civilistas
constituyen
y
parte
del
los
derecho
fundamental
de
nuestro ordenamiento legal autóctono y que en conjunto,
en
sus
ámbitos
respectivos,
conforman
el
derecho
puertorriqueño contemporáneo.
Cónsono
con
esta
visión,
adoptamos
hoy
la
norma
estadounidense de la causa eficiente que procuró que se
perfeccionara
norma
es
la
cónsona
transacción
con
el
(“procuring
estado
de
cause”).
nuestro
puertorriqueño y con nuestra realidad económica.
Esa
derecho
CC-2007-518
34
La doctrina de la causa eficiente que procuró que se
perfeccionara la
transacción (“procuring cause”) no se
enfoca en las cualificaciones de la persona interesada
que consiguió el corredor, sino en la cadena de eventos
que de otra forma llevarían al corredor a recibir la
comisión.
Por
ejemplo,
lo
esencial
será
el
perfeccionamiento del contrato de compraventa, el cierre
hipotecario
o
cualquier
estableciera
en
el
otra
contrato
condición
para
que
que
el
se
corredor
recibiera la comisión. Id., pág. 5.51-5.52. Véase, Dale
Denton Real Estate, Inc. v. Fitzgerarld, 635 A. 2d 925,
928 (D.C. App. 1993). En ese sentido, se entiende que un
corredor
procuró
través
sus
de
una
venta
esfuerzos,
si
ésta
mediante
se
la
perfeccionó
a
utilización
de
promociones, mercadeo, rótulos, anuncios y negociaciones,
entre otras.
El término procurar, en esta doctrina, es el inicio
de una serie de eventos consecutivos que llevan a la
perfección
de
cumplimiento
la
transacción
de
su
de
encomienda
bienes
raíces
o
al
como
intermediario.
Mientras más corta sea la cadena de eventos que llevaron
al
perfeccionamiento
para
el
Además,
corredor
si
hubo
una
del
contrato,
recibir
ruptura
más
favorable
será
la
compensación
pactada.
en
la
eventos
cadena
de
pertinentes, se debe concluir que la gestión del corredor
no fue la causa que procuró la negociación. D. Barlow
Burke, Jr., op cit., § 5.04, pág. 5.53.
Véase, B-H, Inc.
CC-2007-518
35
v. Industrial America, Inc., 253 A. 2d 209, 214 (Del.
Super. 1969).
Un
corredor
de
recobrar
comisión
produjeron
un
bienes
raíces
no
cuando
sus
esfuerzos
evento
en
la
tiene
cadena
de
derecho
a
solamente
acciones
que
contribuyó a la venta de la propiedad. D. Barlow Burke,
Jr., op cit., § 5.04, pág. 5.56. Véase, ERA Joseph Green
Real Estate, Inc. v. Daubert, 588 N.Y.S. 2d 922 (N.Y.
App.
Div.
1992).
Por
ejemplo,
en
Arkansas
se
ha
reconocido que un corredor no tiene derecho a recobrar la
comisión cuando solamente realizó un evento en la cadena
de acción. El corredor debe ser la causa próxima de la
venta y no un mero eslabón incidental. Además, la venta
debe
ser
el
resultado
del
curso
continuo
de
los
eventos. Hatchett v. Story, 221 Ark. 120, 252 S.W.2d 78
(1952). No es suficiente que el corredor sea el primero
en
poner
a
las
partes
en
contacto.
Si
las
partes
abandonan las negociaciones y otro corredor eventualmente
vende la propiedad, será el último el que adquiere el
derecho a recibir la comisión. Mix v. Broyles, 567 S. W.
2d 696 (Mo. Ct. App. 1978).
No obstante, el corredor
tiene derecho a recibir la comisión cuando es excluido de
la venta final, si demuestra su participación activa en
la cadena de eventos y no es un suceso aislado. Véase,
Barrett v. Land Mart of America, 3 Ark. App. 70, 621
S.W.2d 889 (1981); Storey v. Johnson, 270 Ark. 392, 605
S.W.2d 480 (Ark. App. 1980).
CC-2007-518
Por
36
regla
general
y
conforme
a
lo
anteriormente
expresado, en los contratos de corretaje de tipo abierto,
“el
primer
dispuesto
corredor
y
capaz
que
produzca
económicamente
un
y
cliente
que
listo,
concrete
la
transacción con el dueño de la propiedad es el que tendrá
derecho
al
pago
de
la
comisión”.
Cintrón
Perales,
op
cit., págs. 88-89. Un comprador listo, dispuesto y capaz,
es aquél que celebre la transacción bajo los términos del
vendedor.
D.
Barlow
Burke.
Jr.,
Law
of
Real
State
Brokers, Third Edition, Aspen Publishers, 2009, § 2.02,
pág. 2.25.
En los contratos de tipo abierto, el hecho de que
uno de los corredores, que tiene a su cargo la propiedad,
introduzca un prospecto al cliente, no impide que otro
corredor sea el que procuró (“procuring cause”), o sea
quien produjo la compraventa, y por ende, quien tiene
derecho a la comisión pactada. D. Barlow Burke. Jr., op
cit., pág. 2.25-2.26. Véase, además, Staubus v. Reid, 652
S.W. 2d. 293 (Mo. App. 1983). Es decir, la comisión la
recibirá el corredor que persuadió e indujo al tercero a
convenir el arreglo financiero. Además, en los contratos
de
corretaje
de
tipo
abierto
“el
dueño
mantiene
el
derecho de realizar gestiones por sí mismo para vender la
propiedad”. Cintrón Perales, op cit., págs. 88-89.
Como se puede apreciar, la doctrina de la causa que
produjo la transacción (“procuring cause”) depende de los
hechos de cada caso. Algunas jurisdicciones insisten en
CC-2007-518
37
que es muy oneroso que el corredor pueda encontrar una
persona lista, dispuesta y capaz durante el término del
contrato. Por esa razón, utilizan la doctrina en casos en
los que los contratos de corretaje ya expiraron, pero
todavía
quedaban
prospectos
en
negociaciones
un
tiempo
pendientes
relativamente
con
algunos
cercano
a
la
expiración del contrato. D. Barlow Burke, Jr., op cit., §
5.04, pág. 5.51, 5.70. Véase, Paine-Wetzel Assocs., Inc.
v. Dockside Dev. Corp., 529 N.E. 2d 588, 589 (Ill. App.
1988).
Evidentemente,
conlleva
la
la
expiración
extinción
del
del
contrato
plazo
de
pactado
corretaje.
El
término de una obligación es de vital importancia, ya que
define
a
las
partes
quedan
obligadas.
la
En
cantidad
los
de
contratos
tiempo
de
en
la
que
corretaje
el
corredor se compromete a la realización de los esfuerzos
y
gestiones
dispuesto
y
para
conseguir
un
comprador
que
en
condiciones
de
llevar
cabo
a
esté
la
compraventa en un período de tiempo específico. Ello es
la razón que obliga al vendedor a cumplir con su promesa
de pago, o sea, la comisión.
Ahora
bien,
debemos
determinar
qué
ocurre
si
se
produce una oferta del comprador con el prospecto que
inicialmente hizo gestiones, luego de la expiración del
contrato de corretaje. El corredor ya no tendría derecho
conforme
al
derecho
a
contrato.
reclamar
Sin
una
embargo,
compensación
el
corredor
debido
a
tiene
que
el
CC-2007-518
vendedor
38
recibió
un
beneficio
de
sus
esfuerzos.
Esa
compensación no es por incumplimiento de contrato sino en
virtud
de
la
compraventa
doctrina
(“procuring
de
la
cause”)
causa
y
que
será
una
produjo
la
acción
de
quantum meruit. Véanse, Amend v. 485 Properties, 280 Ga.
327,
627
S.E.
2d
565
(2006);
Allen
v.
T.A.
Communications, 181 Ga. App. 726, 727 (353 S.E. 2d 569)
(1987).
Generalmente este tipo de conflicto se resuelve en
la
práctica
con
la
incorporación
de
una
cláusula
de
extensión en los contratos de corretaje. De hecho, el
Profesor
Cintrón
corredor
de
Perales
bienes
llama
raíces
la
debe
atención
tener
a
que
presente
el
que
conforme a la Ley Núm. 10 las cláusulas de renovación
automática están vedadas, por lo que algunos corredores
establecen, como medida de precaución, unas cláusulas de
extensión que les permiten cobrar al corredor aún pasado
el
término
cláusulas
del
contrato.
de
renovación
Ellas
son
distintas
automática.
a
Sobre
particular, Cintrón Perales indica:
En la práctica de la profesión comúnmente se
utiliza una cláusula donde el corredor informa
al cliente sobre su obligación de pagar la
comisión si luego de vencido el contrato y
dentro de cierto término, este le vende a un
comprador que llegó a la transacción, por
conducto y los esfuerzos del corredor. Esta
cláusula es conocida como una cláusula de
extensión la cual sirve para proteger al
corredor del vendedor que espera hasta que
finalice el término del contrato de corretaje
para luego realizar la transacción con algún
prospecto comprador que fue llevado a la
las
este
CC-2007-518
39
propiedad por
original).
el
corredor.
(Énfasis
en
el
R. Cintrón Perales, op cit., págs. 60-61.
Expone, además, que usualmente en las cláusulas de
extensión
en
contratos
de
transacciones
residenciales,
como uso y costumbre, el término de esos contratos es de
seis meses. Id. pág. 60. Recomienda que, para que tales
cláusulas
sean
efectivas,
el
corredor
notifique
por
escrito las personas a las que ha mostrado la propiedad,
así como la hora y fecha de la gestión. Id., pág. 61.
Finalmente,
expone
que
tales
cláusulas
no
son
una
renovación automática del contrato, por lo que no están
vedadas por la Ley Núm. 10.
Como vemos, el tratadista nos explica que existen
unas cláusulas de extensión diseñadas para proteger la
gestión del corredor. Con ellas se persigue garantizar
que, en caso de que el término del contrato esté por
vencer y las partes se encuentren en espera de un tercero
para
perfeccionar
la
compraventa,
el
corredor
pueda
cobrar su comisión si se completa el negocio jurídico con
posterioridad.
Como
regla
general,
una
vez
vencido
el
término del contrato, la obligación termina y el contrato
se extingue. Es solamente mediante pacto en contrario y
por un término definido que el corredor puede extender
los efectos del contrato de corretaje.
otra
forma,
porque
lo
contrario
No podría ser de
sería
reconocer
al
corredor un gravamen indefinido sobre la venta del bien
CC-2007-518
40
con una persona con la cuál interactuó el corredor en un
momento dado. Ello sería irrazonable.
No incluir la cláusula de extensión, podría crear
una
controversia
comisión
con
cuando
el
la
cliente
sobre
compraventa
el
pago
se
de
genera
la
con
posterioridad al vencimiento del contrato de corretaje.
R. Cintrón Perales, op cit., pág. 61. En el contrato ante
nuestra consideración no existió cláusula de extensión
alguna. No obstante, el corredor debía conocer el alcance
y
propósito
contratos
de
con
este
tipo
otros
de
cláusula,
clientes
la
ya
que
incorporó.
en
dos
Estos
contratos fueron sometidos junto a la solicitud de la
sentencia sumaria de los recurridos.
Tras todo este análisis, concluimos que todos los
contratos de corretaje deben tener fecha de vigencia o de
vencimiento.
Reiteramos
que
como
norma
general,
el
corredor adquiere el derecho a recibir comisión una vez
se celebre un contrato entre su cliente y un tercero
adquiriente durante la vigencia del contrato de corretaje
de
bienes
raíces.
Cuando
el
contrato
de
corretaje
de
bienes raíces no tiene una cláusula de extensión, expira
y al poco tiempo se celebra la compraventa, el corredor
tiene derecho a recibir la compensación si prueba que él
consiguió
al
comprador
listo,
dispuesto
y
capaz.
El
corredor debe probar que fue él quien llevó las partes a
las
negociaciones
y
quien
medió
para
el
resultado
logrado. Por otro lado, el corredor también tiene derecho
CC-2007-518
a
una
41
compensación
si
prueba
que
no
consiguió
el
perfeccionamiento de la compraventa por mala fe, fraude o
culpa
del
vendedor.
circunstancias
En
ausencia
el
corredor
este
caso,
existe
entre
las
no
de
alguna
recibirá
de
estas
compensación
alguna.
En
contrato
Igualmente,
el
señor
partes
controversia
tenía
fecha
sobre
de
si
el
vencimiento.
existe controversia de hechos acerca de si
Rodríguez
compraventa
que
compensación
se
que
Vélez
generó
las
fue
y
el
sobre
partes
promotor
el
de
la
porcentaje
de
estipularon.
La
parte
peticionaria insistió en que la comisión pactada fue de
5% y, por el contrario, la parte recurrida estimó que
acordaron
un
4%
del
precio
de
venta.
Es
sabido
que
procede dictar sentencia sumaria sólo en los casos en que
no
existe
resolución
controversia
del
caso.
de
hechos
relevantes
Ramos
Pérez
v.
para
Univisión
la
Puerto
Rico, Op. de 3 de febrero de 2010, 2010 T.S.P.R. 15, 2010
J.T.S.
24,
178
D.P.R.
___
(2010).
Ante
los
múltiples
hechos esenciales en controversia en este caso, no se
puede emitir una sentencia sumaria.
IV
Por todo lo antes expuesto, se revoca la sentencia
del Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de San Juan.
Ante
la
presencia
de
controversias
que
involucran
cuestiones de credibilidad no adjudicadas, devolvemos el
caso al Tribunal de Primera Instancia para que evalúe si
CC-2007-518
42
el contrato de servicios de bienes raíces tuvo un término
de vencimiento. De no tenerlo, el tribunal debe concluir
que ese contrato fue nulo.
Ahora bien, si el tribunal concluye que el contrato
tuvo
un
término
de
seis
meses,
debe
evaluar
si
el
corredor abandonó su encomienda o si fue él quien llevó
al
vendedor
y
al
tercero
a
contratar.
Para
ello,
el
tribunal debe evaluar la cadena de eventos que condujo a
la
negociación.
Además,
de
no
haber
sido
el
corredor
quien procuró la venta, el tribunal deberá evaluar si
ello
no
ocurrió
por
fraude
o
mala
fe
del
vendedor
o
principal. Si hubo mala fe o fraude, el corredor tendrá
derecho a una compensación razonable, correspondiente a
sus esfuerzos. Finalmente, si concluye que el corredor
tiene
derecho
primario
contractual
deberá
compensación
estimar
acordado
a
una
cuál
entre
compensación,
fue
las
el
partes,
el
porcentaje
ya
que
también está en controversia.
Se dictará sentencia de conformidad.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
foro
de
eso
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Giovani Rodríguez Vélez y su
esposa
Gidalsy
Rivera
Hernández y la Sociedad Legal
de Gananciales compuesta por
ambos
Peticionarios
v.
CC-2007-518
Bahía
Park,
S.E.;
Carlos
García Muñiz y su esposa
Fulana de Tal y la Sociedad
Legal
de
Gananciales
compuesta
por
ambos,
personalmente y como socios
de Bahía Park, S.E., los
demás
socios
actualmente
desconocidos de Bahía Park,
S.E.;
Denominados
Provisionalmente X, Y y Z
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2010.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integrante de la
presente Sentencia, se revoca la sentencia del Tribunal
de Apelaciones, Región Judicial de San Juan. Se devuelve
el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
continúen los procedimientos de manera consistente con lo
dispuesto en nuestra Opinión.
Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo. La Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez concurre y disiente con opinión
escrita a la que se une el Juez Presidente señor
Hernández Denton.
La Jueza Asociada señora Fiol Matta
concurre sin opinión escrita.
Aida I. oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Giovanni Rodríguez Vélez y su
esposa Gidalsy Rivera Hernández
y la Sociedad Legal de
Gananciales compuesta por ambos
Peticionarios
CC-2007-518
v.
Bahía Park, S.E.; Carlos García
Muñiz y su esposa Fulana de Tal
y la Sociedad Legal de
Gananciales compuesta por
ambos, personalmente y como
socios de Bahía Park, S.E.; Los
Demás Socios Actualmente
Desconocidos de Bahía Park,
S.E., Denominados
Provisionalmente como X,Y y Z
Recurridos
Opinión concurrente y disidente emitida por la Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se une el
Juez Presidente señor Hernández Denton
San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2010
La Opinión mayoritaria en este caso concluye, luego
de una forzada interpretación del artículo 10 de la Ley
para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, Ley Núm.
10 de 26 de abril de 1994, 20 L.P.R.A. secs. 3025 et
seq. (Ley 10), que todo contrato de corretaje tiene que
tener una fecha de vencimiento para su eficacia.
En
otras palabras, esta Opinión establece que tal requisito
es
de
carácter
constitutivo
no
tan
sólo
para
los
contratos de corretaje exclusivo y semi exclusivo como
exige la ley, sino que, mediante fiat judicial, ahora es
exigible a los contratos abiertos.
2
CC-2007-518
No comparto el razonamiento que utiliza el Tribunal para
llegar a su conclusión por varias razones.
Primero, considero
que la ley que se interpreta no adolece de falta de claridad y
que,
tanto
su
texto
como
su
historial
patentizan
que
la
intención del legislador fue regular sólo los contratos de
corretaje
exclusivo
y
semi
exclusivo
dejando
fuera,
del
requisito aquí impuesto, a los contratos de corretaje abierto.
Segundo, la interpretación del Tribunal es ajena, y como tal
contraria a, la naturaleza misma del contrato de corretaje
abierto.
Es por ello que disiento del curso trazado por la
mayoría del Tribunal.
Por otro lado, es menester señalar que, al igual que el
Tribunal,
considero
que
existen
controversias
sobre
hechos
esenciales que impiden que este caso sea resuelto por la vía
sumaria, por lo cual concurro con esta determinación.
I.
En nuestra jurisdicción la doctrina reconoce varios tipos
de contratos de corretaje de bienes raíces. Los principales son:
1) contrato de corretaje exclusivo; 2) contrato de corretaje
semi exclusivo; 3) contrato de corretaje abierto.
R. A. Cintrón
Perales, El Contrato de Corretaje de Bienes Raíces y de Opción
de
Compraventa
de
Propiedades
Residenciales,
Juan, Puerto Rico, 2006, pág. 85.
Ed.
Situm,
San
La doctrina también reconoce
el contrato de corretaje con acuerdo neto y el contrato de subcorretaje
o
modificación
El
co-broking.
en
la
forma
de
primero
remuneración
se
del
refiere
corredor
a
una
y
el
segundo, a un acuerdo de cooperación entre dos o más corredores
CC-2007-518
3
para llevar a cabo determinada transacción de bienes raíces.
Id., pág. 91.
En
los
contratos
de
corretaje
exclusivo
y
semi
exclusivo, “el dueño de una propiedad le concede al corredor la
autorización única y exclusiva para actuar como intermediario
en una [sic] representación de éste para ofrecer, promocionar y
negociar determinada transacción de bienes raíces”.
86-87.
Id., págs.
Ambos contratos se diferencian en que, en los semi
exclusivos, el propietario no renuncia al derecho de “realizar
gestiones para perfeccionar la transacción de bienes raíces por
sí mismo”.
Id.
La exclusividad no se presume, por lo que,
para que tal renuncia sea válida y el contrato goce de plena
exclusividad, así debe pactarse expresamente en el contrato de
corretaje.
Id.
pág. 87; D. Barlow Burke, Jr., Law of the
Real State Brokers, 3ra ed., Aspen, 2009, Sección 2.02 (B),
págs.
2-30
(Discute
jurisprudencia
estadounidense
de
los
de
de
tipo
tribunales estatales a esos efectos).
En
cambio,
en
los
contratos
corretaje
abierto, “el dueño de la propiedad se reserva la facultad de
contratar el número de corredores de bienes raíces que desee”.
Véase, R. A. Cintrón Perales, op. cit.,
págs. 88-89.
Es
decir, durante la vigencia del contrato abierto, el oferente
no está impedido de dirigirse a otros corredores con el
propósito de asignarle la misma encomienda que le fuera
asignada anteriormente a otro corredor.
De ahí que “el
derecho a exigir el pago de la comisión será de aquel
corredor que haya sido quien procuró que se perfeccionara
la transacción de bienes raíces (procuring cause)”.
Id., pág.
CC-2007-518
89.
4
Este tipo de contrato es de carácter informal y se utiliza
comúnmente en transacciones que involucran propiedad comercial,
o incluso residencial, cuando el propietario necesita disponer
de éstas con premura, pues al no estar atado a un solo corredor
se multiplican las posibilidades de conseguir un comprador.
Véase, D. Barlow Burke, Jr., op. cit., Sección 2.02 (A), págs.
2-24.
Por otra parte, el negocio de corretaje está regulado de
forma específica en nuestro ordenamiento por la Ley 10.
Con su
adopción, se agruparon en una sola ley todas las disposiciones
legales
pertinentes
al
negocio
de
bienes
raíces
existentes
hasta ese entonces, y se dispuso un cuerpo reglamentario nuevo
y más estricto con el fin de beneficiar a los consumidores y a
los
vendedores,
corredores
o
empresas
de
bienes
raíces.
Véanse, Exposición de Motivos de la Ley para Reglamentar el
Negocio de Bienes Raíces, Leyes de Puerto Rico, 1994, págs. 4344; Vélez v. Izquierdo, 162 D.P.R. 88, 95 (2004).
La
ley
se
refiere
a
distintos
tipos
de
contratos
de
corretaje, pero no incluye los contratos de corretaje de tipo
abierto.
De esta falta de reglamentación, el Tribunal concluye
que la ley es confusa, embarcándose en un tortuoso viaje
de
interpretación
la
judicial
para
“aclarar”
“confusión”.
Sostengo que la ausencia de referencia en la ley
del
de
contrato
tipo
Legislatura
no
quiso
informales
los
mismos
abierto,
imponerle
es
a
requisitos
indicativo
estos
que
naturaleza exclusiva y semi exclusiva.
tipos
a
los
de
de
que
la
contratos
contratos
de
CC-2007-518
5
Así, entre los actos o prácticas específicas proscritas
por la Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces, la ley
menciona que:
Se prohíbe a toda persona sujeta a las disposiciones
de [esta ley] a incurrir, o inducir a otra persona a
incurrir, en cualquiera de los actos o prácticas que se
enumeran a continuación:
. . . .
(9)
Realizar con cualquier parte un contrato de
corretaje exclusivo o semi exclusivo, sin explicarle los
términos y condiciones del mismo, y su fecha de
vencimiento; disponiéndose, que no serán permitidas las
cláusulas de renovación automáticas en los contratos
de corretaje.
20 L.P.R.A. 2054(a)(9).
(Énfasis
suplido).
Nótese, que la ley es clara al exigir que los contratos de
corretaje
exclusivo
vencimiento.”
y
semi
exclusivo
contengan
“fecha
de
Lo cierto es que los contratos de corretaje de
tipo abierto no eran desconocidos en la doctrina a la fecha en
que se aprobó la Ley Núm. 10, por lo que su omisión en ésta fue
un acto consciente y no un mero olvido o algo que apunte a
confusión.
Ello no obstante, la mayoría de esta Curia considera que
el
referido
texto
es
confuso,
razón
por
la
cual
estima
necesario interpretar el significado del texto
legislativo.
Considero
una
que
es
innecesario
embarcarse
en
travesía
interpretativa en búsqueda de la intención legislativa.
en mayor detalle.
Veamos
CC-2007-518
6
II
A
La
Opinión
del
Tribunal
parte
de
una
apreciación
equivocada acerca del contenido de la Ley 10 al presumir que
ésta trata de igual forma a todos los tipos de contratos de
corretaje y que no crea distinción alguna entre éstos.
Tal
presunción es incorrecta, ya que en determinadas instancias, la
ley alude específicamente a tipos de contratos en particular
con el propósito de sumar exigencias y garantizar un mayor
grado de certidumbre para el consumidor de servicios.
Tal es
el caso de los contratos exclusivos, semi exclusivos y con
acuerdo neto.
En la medida que la ley reconoce la existencia
de distintos tipos de contratos de corretaje, se patentiza que
la ausencia de uno de estos tipos de contrato en la ley fue
determinación consciente.
Por ejemplo, y como ya vimos, al enumerar los actos o
prácticas
proscritas
dentro
de
la
profesión
de
corredor
o
vendedor de bienes raíces, el legislador prohibió claramente en
el artículo que interpretamos, “realizar con cualquier parte un
contrato
de
corretaje
exclusivo
o
semi
exclusivo,
sin
explicarle los términos y condiciones del mismo, y su fecha de
vencimiento. . .”. (Énfasis suplido) 20 L.P.R.A. sec. 3054
(a)(9).
Así también, el artículo 31(16), distinguió los contratos de
corretaje con acuerdo neto cuando proscribió:
de
un
contrato
adecuadamente
al
de
corretaje
cliente
sobre
“Previo al otorgamiento
o
listado
el
alcance
neto,
no
de
transacción
la
orientar
y la conveniencia de utilizar los servicios de un tasador
CC-2007-518
7
profesional”.
(a)(16).
(Énfasis
suplido).
20
L.P.R.A.
sec.
3054
Como bien se puede apreciar, no todos los tipos de
contrato reciben el mismo trato.
Al utilizar la terminología
típica de la profesión de corretaje, resulta evidente que el
legislador pretendió dar tratamiento disímil a los distintos
tipos de contratos de corretaje.
Como ya adelantamos, en los contratos exclusivos y semi
exclusivos, el dueño de la propiedad se obliga a no firmar
otros contratos
de corretaje con otros corredores.
Cintrón Perales, op. cit., pág. 86.
R. A.
Asimismo, mediante pacto
expreso, el propietario tiene la opción de renunciar al derecho
de realizar gestiones a fines de llevar a cabo transacciones de
bienes raíces por sí mismo.
En este tipo de contrato el
propietario limita las actividades que puede llevar a cabo para
disponer de su
propiedad.
Id.
Es por ello
que se hace
necesario que se le incluyan limitaciones, como la fecha de
vencimiento, habida cuenta que con este tipo de contrato el
propietario está impedido de disponer de su propiedad por su
cuenta.
El propietario no puede realizar gestiones por sí
mismo
los
a
fines
bienes raíces.
de
concretar
determinada
transacción
de
Estas limitaciones a lo que es su derecho
propietario, justifican la exigencia de fecha de vencimiento en
este tipo de contrato.
Así lo entendió el legislador en su
momento y ello surge claramente del texto de la Ley Núm. 10 y,
como veremos, de las leyes y reglamentos que le precedieron.
CC-2007-518
Por
8
el
contrario,
los
contratos
de
corretaje
abierto
otorgan mayor flexibilidad al dueño que pretende disponer de su
propiedad, permitiéndole contratar con varios
bienes raíces de forma simultánea.
corredores de
Es decir, la naturaleza
flexible de los contratos de corretaje abierto permite que
éstos no requieran un plazo de vigencia ya que “el dueño de la
propiedad se reserva la facultad de contratar el número de
corredores de bienes raíces que desee”.
op. cit., págs. 88-89.
R. A. Cintrón Perales,
Esto permite que en caso de que el
propietario no esté conforme con las ejecutorias del corredor o
desee
agilizar
la
transacción,
por
ejemplo,
explore
otras
alternativas a fines de concretar sus objetivos.
Es la naturaleza misma de estos dos tipos de contrato de
corretaje lo que justifica y explica su trato disímil por el
legislador, pero que la mayoría ignora.
B
A pesar de que una lectura integral de la Ley Núm. 10,
deja establecido
que el legislador distinguió
entre
los
tipos de contratos de corretaje, el Tribunal se embarca
en
una
través
de
Núm.
10,
para encontrar allí soporte para su teoría.
Véanse,
Ley
para reglamentar el ejercicio de la
de
Corredor
junio
de 1980,
infructuosa
expedición
interpretativa
a
varias leyes y reglamentos derogados por la
de Bienes Raíces, Ley Núm. 139 de
Leyes
de
Puerto
Rico,
1980,
pág.
Ley
profesión
14
de
544;
Competencia Justa Núm. V (Regulando en
Reglamento
Puerto
negocio de bienes raíces en Puerto Rico) Núm. 1639,
sobre
Rico
Oficina
el
CC-2007-518
9
de Asuntos Monopolísticos, 8 de febrero de 1973; Ley para
reglamentar
las
transacciones
realizadas
en
la
Isla
por
compañías dedicadas a la venta de bienes raíces localizados
fuera de Puerto Rico, Ley Núm. 145 de 18 de junio de 1980,
Leyes
de
Puerto
Rico,
1980,
pág.
588;
y
Reglamento
sobre
Competencia Justa Núm. IV (Regulando en Puerto Rico la venta de
terrenos localizados fuera de Puerto Rico) Núm. 1375, Oficina
de Asuntos Monopolísticos, 25 de septiembre de 1970.
Como parte de esta búsqueda, la mayoría comienza citando
el artículo 8 (l)(3) de la derogada Ley Núm. 145, el cual
prohibía “ofrecer vender o vender solares sin especificar en el
contrato
de
venta
.
.
.
el
término
de
duración
de
dicho
contrato, incluyendo específicamente la fecha de vencimiento”.
(Énfasis suplido).
de
1980.
Tal
Art. 8 (l)(3) de la Ley 145 de 18 de junio
como
la
Opinión
del
Tribunal
reconoce,
el
vencimiento al que hace referencia este inciso no versa sobre
la relación de
corretaje entre
el propietario
y el agente
corredor, sino sobre el contenido del contrato de compraventa
de una propiedad.
Por tal razón, su sola mención resulta
impertinente a la luz de la controversia que nos ocupa.
Más
aún, no concibo cómo este Foro puede llegar a concluir que el
artículo 31 (9) de la Ley Núm. 10, “parece ser el producto” del
artículo
8
(l) (3) de la Ley Núm. 145 debido a que este
último utiliza la palabra “vencimiento”.
Además, lo cierto es que esta cláusula se incluyó,
casi en su totalidad, en el texto de la Ley Núm. 10,
pero
CC-2007-518
10
para referirse al contenido del contrato de compraventa
y
no
a
la
relación
de
corretaje
entre
el
agente
y
el
propietario.
Dispone
la
Ley
10,
su
artículo
32
Núm.
en
(a)(11)(B):
(a) Actos o prácticas proscritas a vendedores,
corredores y empresas en la venta de bienes inmuebles
localizados fuera de Puerto Rico:
. . . .
(11)
Ofrecer
vender
o
vender
especificar en el contrato de venta:
solares
sin
(A) Todo lo relacionado…
(B) Quien acarreara la deuda contributiva
durante el período de tiempo en que se estén pagando los
plazos adecuados para la compra de dicho solar y si ésta
recayer[e] sobre el comprador, la porción del total de la
mensualidad adecuada que se dedicara a este concepto, un
desglose en forma detallada de los conceptos a los cuales
será aplicada la mensualidad y el término de duración de
dicho contrato, incluyendo específicamente, la fecha de
vencimiento. 20 L.P.R.A. Sec. 3055 (a)(11)(B). (Énfasis
suplido y corchete en el original).
Con lo cual, no logro comprender cómo la mayoría llega a
su conclusión.
Por otra parte, la Opinión mayoritaria cita el texto
del inciso 23 del artículo V del derogado Reglamento sobre
Competencia
Justa
Núm.
V.
aprobado
virtud
de
la
en
El
Ley
referido
para
reglamento
prohibir
monopolísticas y proteger la justa y
las
fue
prácticas
libre competencia
en
los negocios y el comercio, Ley Núm. 77 de 25 de junio de
1964,
con
el
propósito
de
“regular
las
transacciones
que
[involucraban] bienes raíces localizados en el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico . . .”.
sobre
Competencia
Justa
Núm.
Art.
V.
A
II
esos
del
Reglamento
efectos,
el
CC-2007-518
11
reglamento
prohibía
“concertar
con
cualquier
cliente
un
contrato autorizando que el corredor o vendedor [actuara] como
el agente exclusivo en la venta de dicha propiedad sin antes
informar al cliente sobre el alcance de dicha exclusividad”.
(Énfasis
suplido).
Art.
V
(a)(23)
del
Reglamento
sobre
Competencia Justa Núm. V.
Como sabemos, uno de los objetivos de la Ley 10 fue
agrupar la legislación anterior que regulaba el negocio de
bienes raíces.
A tales fines, el legislador trasladó casi
intactas
disposiciones
varias
derogadas.
contenidas
del
leyes
De hecho, en el anteproyecto de la Ley 10, se
utilizó un lenguaje muy parecido al del
V
en
Reglamento
Núm.
V,
al
mencionado
disponer:
artículo
“[c]oncertar
con
cualquier cliente un contrato de corretaje exclusivo o semi
exclusivo,
sin
exclusividad
o
contrato
fecha
suplido).
la
explicarle
semi
sobre
exclusividad
de
los
alcances
de
esta
o
indicar
en
dicho
expiración
no
del
mismo.”
(Énfasis
P. del S. 300 de 30 de abril de 1993, 1ra Sesión
Ordinaria, 12ª Asamblea Legislativa, pág. 25.
Es pertinente señalar que
el
referido
sólo fue modificado en su versión final
anteproyecto
para
“simplificar
las prácticas prohibidas por [la Ley Núm. 10]”, más no por
motivos
adicionales
que
pudieran
ahora
trastocar
interpretación del texto utilizado en el anteproyecto.
del S. 300 de 30 de abril de 1993,
2da
Sesión
la
P.
Ordinaria,
12ª Asamblea Legislativa, Informe Conjunto presentado por la
Comisión de Gobierno, de Vivienda y de Asuntos del Consumidor,
18 de octubre de 1993, pág. 8.
CC-2007-518
12
El artículo 31 (9) de la Ley 10 tiene su génesis en el
texto del Reglamento Núm. V.
Su incorporación a la Ley 10
manifiesta
históricamente,
que
el
legislador,
ha
procurado
estatuir mayores limitaciones para los contratos con acuerdos
de
exclusividad,
abiertos.
omitiendo
extenderlas
a
los
contratos
Asimismo, ambas disposiciones demuestran un interés
del legislador en que el consumidor conozca el alcance de la
exclusividad.
No veo, entonces, de dónde surge la “confusión”
que invoca la Opinión del Tribunal.
La
ponencia
realizadas
a
la
hace
referencia
Ley
Núm.
102.
a
En
una
de
varias
específico,
enmiendas
discute
la
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 271 de 6 de octubre de
1998 - que prohibió las cláusulas de renovación automática en
los
contratos
de
corretaje
-
para
concluir
que
todos
los
contratos de corretaje, aun los de tipo abierto, tienen que
tener fecha de vencimiento.
En lo pertinente, la Exposición de
Motivos dispone:
La Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994 tuvo el
propósito, entre otros, de reglamentar el negocio
de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor,
Vendedor o Empresas de Bienes Raíces en Puerto
Rico.
Ésta logró agrupar todas las disposiciones
legales existentes en el campo de las Bienes
Raíces,
resultando
en
beneficio
de
los
consumidores, así como también de los Vendedores,
Corredores
y
Empresas
de
Bienes
Raíces.
Actualmente uno de los aspectos más importantes en
una negociación de bienes raíces es la relación
contractual que se establece con el cliente. Estas
negociaciones se formalizan comúnmente
mediante
"contratos de corretaje" que
2
Cabe señalar que el artículo 31 de la Ley Núm. 10 ha sido
enmendado luego de su aprobación en tres ocasiones: 1998, 1999
y 2006. El texto de la primera oración del artículo 31 (9) no
fue alterado en ninguna de esas tres instancias.
CC-2007-518
13
deben disponer de un término fijo de tiempo donde
un corredor tiene los derechos para la venta de una
propiedad.
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 271, Leyes de Puerto Rico,
1998, pág. 1285.
(Énfasis suplido).
A base del citado texto, el Tribunal concluye que debido a
que “comúnmente” las negociaciones entre el propietario y el
corredor se formalizan mediante contratos sujetos a un término
fijo, el legislador
quiso establecer que todo contrato de
corretaje contenga una disposición a esos efectos.
De igual
forma, presume que la Asamblea Legislativa no hubiera aprobado
la
referida
enmienda
si
no
hubiera
entendido
que
por
disposición de la Ley 10, todo contrato de corretaje, aun los
de tipo abierto, requerían fecha de vencimiento como requisito
para su validez.
Por consiguiente, de una mención general y
ejemplificativa plasmada en una enmienda, el Tribunal deduce,
livianamente, que el legislador tuvo la intención de que el
artículo 31 (9) de la Ley 10 aplicara a los contratos abiertos,
incluso desde su aprobación en 1994.
No comparto este método
de interpretación que se trasluce de la opinión del Tribunal.
Es
Asamblea
cierto
que
Legislativa
automática.
a
través
de
la
referida
prohibió
las
cláusulas
enmienda
de
la
renovación
Sin embargo, no es menos cierto que, como cuestión
de lógica, ello no excluye que las partes –en el ejercicio de
su
libertad
contractual-
suscriban
un
contrato
abierto
sin
estar sujeto a un término fijo.
Cabe destacar que la referida enmienda
fue
aprobada
con posterioridad a la suscripción del contrato de autos,
CC-2007-518
14
hecho reconocido por la Opinión mayoritaria.
Si bien no existe
impedimento para considerar una legislación posterior con el
fin de interpretar el alcance de una legislación anterior, “una
expresión contenida en una ley enmendatoria [sic] explicando
cuál fue la intención legislativa al aprobar la ley objeto de
enmienda no es definitiva con carácter retroactivo ni desvirtúa
la
interpretación
Tribunal”.
que
a
la
ley
original
haya
dado
este
Morales v. Adm. Sistemas de Retiro, 123 D.P.R. 589,
596 (1989); Nadal v. Depto. Rec. Nat., 150 D.P.R. 715 (2000).
De forma análoga, una expresión ejemplificativa contenida en la
Exposición de Motivos de una ley enmendadora, refiriéndose a
uno de varios supuestos contractuales cobijados por la ley
original, no debe utilizarse como punta de lanza para realizar
modificaciones con carácter retroactivo, o pasar por alto la
claridad del texto legislativo.
El curso interpretativo que traza el Tribunal, sin más, no
es fundamento adecuado para el resultado propuesto.
Tanto la
Ley
Asamblea
10
como
sus
antecedentes,
demuestran
que
la
Legislativa y los distintos organismos del Ejecutivo han optado
por excluir los contratos de corretaje abierto en todas las
instancias en que se ha requerido desglosar tanto sus términos
y condiciones como la fecha de vencimiento.
razonable,
a
mi
juicio,
concluyésemos
que
el
corretaje
carácter
de
vencimiento.
como
legislador
abierto
Parecería más
técnica
interpretativa,
que
eximió
a
contratos
de
de
de
del
los
requisito
fecha
CC-2007-518
En
15
ausencia
Tribunal
no
de
debe
fundamentos
excederse
interpretativa del Derecho.
en
jurídicos
el
adecuados,
ejercicio
de
su
este
función
Concluir que el texto del artículo
31(9) -según su redacción actual- fue aprobado con la intención
de que aplicara a los contratos de corretaje abierto no es más
que un ejercicio de legislación judicial.
Por
los
fundamentos
antes
expresados,
disiento
criterio mayoritario.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
del