Tribunal Supremo de Puerto Rico
Municipio Autónomo de Guaynabo v. Adquisición de 197.8817 metros cuadrados
2010 TSPR 220
Poder Judicial de Puerto Rico
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Municipio Autónomo de Guaynabo v. Adquisición de 197.8817 metros cuadrados
CC-2009-0016 CC-2009-0025
Expropiación Forzosa- Peso de la prueba sobre el fin público recae sobre la entidad que promueve la expropiación
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Municipio Autónomo de Guaynabo
representado por su Alcalde, Héctor
O’Neill García
Certiorari
Peticionarios
2010 TSPR 220
v.
Adquisición de 197.8817 metros cuadrados
de terreno radicados en la Bda. Mainé
Barrio los Frailes, Guaynabo, PR,
perteneciente a Andeli González, John Doe
y Richard Doe
180 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CC-2009-16
CC-2009-25
Fecha: 2 de diciembre de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan-Panel I
Juez Ponente:
Hon. Luis R. Piñero González
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Rafael Alonso Alonso
Lcdo. Rafael Quiñones Vigo
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcda. Myrta Morales Cruz
Lcda. Eva Prados Rodríguez
Lcdo. Luis Torres Asencio
Lcdo. Rafael Espasas García
Materia: Expropiación Forzosa
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Municipio
Autónomo
de
Guaynabo representado por su
Honorable
Alcalde,
Héctor
O´Neill García
Peticionarios
v.
Adquisición
de
197.8817
metros cuadrados de terreno
radicados en la Bda. Mainé,
Barrio Los Frailes, Guaynabo,
PR, perteneciente a Andeli
González, John Doe y Richard
Doe
Recurridos
Municipio
Autónomo
de
Guaynabo representado por su
Honorable
Alcalde,
Héctor
O´Neill García
Peticionario
CC-2009-16
v.
Adquisición
de
468.7202
metros cuadrados de terreno
radicados en la Bda. Mainé,
Barrio Los Frailes, Guaynabo,
PR, perteneciente a Milagros
Cruz
Gotay,
John
Doe
y
Richard Doe
Recurrida
Municipio
Autónomo
de
Guaynabo representado por su
Honorable
Alcalde,
Héctor
O´Neill García
Peticionario
Cons.
v.
Adquisición
de
160.3609
metros cuadrados de terreno
radicados en la Bda. Mainé,
Barrio Los Frailes, Guaynabo,
PR, perteneciente a José Cruz
Gotay, John Doe y Richard Doe
Recurrida
Municipio
Autónomo
de
Guaynabo representado por su
Honorable
Alcalde,
Héctor
O´Neill García
Peticionario
CC-2009-25
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
2
v.
Adquisición
de
2,595.1893
metros cuadrados de terreno
radicados en la Bda. Mainé,
Barrio Los Frailes, Guaynabo,
PR, perteneciente a Rafael
Oliveras Ramos, Ana Molina,
First
Bank
Puerto
Rico,
Citibank, N.A., John Doe y
Richard Doe
Recurrida
Opinión del Tribunal
Rodríguez Rodríguez
emitida
por
la
Juez
Asociada
señora
San Juan, Puerto Rico, a 2 de diciembre de 2010
El Municipio Autónomo de Guaynabo acude ante nosotros
mediante
los
presentan
recursos
CC-2009-16
controversias
y
CC-2009-25.
relacionadas
especial de expropiación forzosa.
al
Éstos
procedimiento
Específicamente, se nos
solicita que aclaremos si el Estado tiene que establecer la
constitucionalidad del uso público de la expropiación que
solicita ante el tribunal o, por el contrario, si la parte
con
interés
sobre
el
bien
expropiado
tiene
la
probar la inexistencia de dicho uso público.
carga
de
Asimismo,
debemos resolver si el Municipio Autónomo de Guaynabo tiene
que contar con una consulta de transacción pública aprobada
por
la
Junta
expropiación
de
Planificación
forzosa.
Por
antes
de
realizar
ambos
recursos
una
tratar
controversias similares, el 8 de mayo de 2009 expedimos y
consolidamos los mismos.
Veamos los hechos pertinentes.
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
3
I.
En noviembre de 2005 y marzo de 2006, el Municipio
Autónomo de Guaynabo (en adelante “el Municipio”) presentó
en el Tribunal de Primera Instancia varias peticiones de
expropiación forzosa para adquirir ciertos terrenos en la
Barriada
Mainé,
municipio.1
ubicada
en
el
Barrio
Frailes
del
mismo
Junto a cada una de las peticiones presentó
también un legajo que incluía:
1) un documento con la
descripción de cada inmueble, la compensación a consignarse,
y las personas con interés; 2) una moción solicitando la
adquisición y entrega material de la propiedad; y 3) una
declaración del alcalde de la ciudad.
de
la
expropiación,
en
dicha
Sobre el uso público
declaración
el
Municipio
expresó:
. . . La adquisición de la propiedad objeto de
este procedimiento es de necesidad y utilidad
pública, ya que cumple con el propósito del
[Municipio] y la Comunidad en general, realizar
política pública y además, para la realización de
cualesquiera programas encaminados a lograr los
propósitos de la ley, creando los Municipios ....
El interés que el [Municipio] se propone
adquirir en la(s) referida(s) propiedad(es) para
el fin público indicado es el de un título de
dominio absoluto . . . para llevar a cabo el
Proyecto de Vivienda de Interés Social “Villas de
Mainé, Guaynabo, PR”.
El declarante, así como la Asamblea Municipal
de Guaynabo, en armonía con la facultad que para
ello le ha sido conferida por las leyes . . . ha
determinado
que
la
adquisición
de
la(s)
propiedad(s) (sic) objeto de esta acción es de
utilidad pública, necesaria y conveniente para el
proyecto
“Villas
de
Mainé,
Guaynabo,
PR”.
(Énfasis en el original).
1
La Legislatura Municipal había autorizado previamente las
referidas expropiaciones mediante las Ordenanzas Municipales
Núm. 21 y 229, Serie Núm. 2002-03; y Núm. 13, 50, 61 y 63,
Serie 2005-06.
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
Los
propietarios
interesaba
adquirir
de
4
los
(en
terrenos
adelante
que
“los
el
Municipio
recurridos”)
contestaron las peticiones de expropiación impugnando su uso
público, entre otros asuntos.
A.
En el caso CC-2009-25, los recurridos presentaron ante
el foro primario una Moción de Impugnación del Fin Público
en la cual alegaron que la petición de expropiación carecía
de una consulta de transacción pública aprobada por la Junta
de
Planificación,2
público.
y
una
declaración
Cumpliendo
con
una
orden
específica
del
de
uso
tribunal,
el
Municipio presentó una réplica informando que el fin público
de
la
expropiación
era
la
construcción
público de vivienda con interés social.
de
un
proyecto
Con el objetivo de
aclarar dicha finalidad el Municipio señaló:
El proyecto que se desarrolla en la Comunidad
Mainé de Guaynabo, dirigido a ofrecer alternativas
viables de vivienda a familias de escasos recursos
económicos residentes en dicha ciudad, presenta
como objetivos principales entre otros, aumentar
la disponibilidad de viviendas nuevas, seguras,
sanitarias
y
económicamente
asequibles
para
familias de escasos recursos económicos y fomentar
el desarrollo urbano de la ciudad mejorando la
calidad de vida de los residentes.
La obra pública, identificación que el
gobierno hace sobre las necesidades de una
comunidad y la manera de satisfacerlas, para la
que se expropia en este caso, es un desarrollo de
viviendas de interés social que establece en la
Comunidad Mainé un proyecto modelo que inicia la
renovación urbana de todo el sector, política
2
El 15 de diciembre de 2006, este Tribunal denegó expedir
un auto de certiorari para revisar una determinación del
Tribunal de Apelaciones en la que éste sostuvo que el
Municipio de Guaynabo no venía obligado a presentar ante el
tribunal una consulta de transacción pública aprobada por la
Junta de Planificación como parte del procedimiento de
expropiación forzosa.
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
5
pública de la administración municipal dirigida a
la
rehabilitación
y
renovación
de
la
infraestructura
y
calidad
de
vida
de
los
residentes de la comunidad Mainé de Guaynabo.
(Énfasis en el original).
El Municipio también solicitó al foro primario que le
permitiera desfilar prueba sobre dicho fin público en una
vista que estaba próxima a celebrarse.
Posteriormente, los
recurridos presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia
una
Moción
Solicitando
Expropiación
Forzosa
Desestimación
por
de
la
Petición
Inconstitucionalidad
del
de
Fin
Público, en la cual arguyeron que el proyecto de vivienda de
interés social alegado por el Municipio como fin público era
inconstitucional.
Ello debido a que el Manual de Criterios
para el otorgamiento de Subsidios de Vivienda para Hogar
Propio y Seguro en el Municipio de Guaynabo de 1997 (en
adelante
“Manual
de
Subsidios
de
Vivienda”),
que
alegadamente utilizaría el Municipio para seleccionar los
beneficiarios del proyecto de vivienda, era inconstitucional
de su faz por negar sus beneficios a individuos que no son
ciudadanos americanos y por imponer condiciones contrarias a
la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,3
infra.
3
Entre los requisitos de elegibilidad que establece
sección 4.001 del citado Manual están:
“. . . .
b.
Ser ciudadano de los Estados Unidos de
Norte América.
. . . .
k.
Aprobada la tasación de su propiedad por el
C.R.I.M. y notificada dicha tasación por el
Municipio al residente dueño de la propiedad para
éste poder acogerse al programa de subsidio
deberá, . . . informarle por escrito al Municipio
la
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
El
Tribunal
de
6
Primera
Instancia
emitió
una
resolución, el 25 de septiembre de 2006, en la cual declaró
no ha lugar la moción que impugnaba la constitucionalidad
del fin público del proyecto del Municipio, y señaló una
próxima vista para pasar juicio sobre el fin público de la
expropiación.
El tribunal advirtió a los recurridos que de
no estar preparados cuando se celebrara la siguiente vista,
desestimaría
su
impugnación
sobre
el
fin
público
y
continuaría con los procedimientos de la expropiación.
El 27 de octubre de 2006, los recurridos acudieron al
Tribunal
de
Estando
pendiente
intermedio,
Apelaciones
y
dicho
sin
que
mediante
recurso
de
recurso
ante
foro
apelativo
Primera
Instancia
el
Tribunal
el
de
certiorari.
hubiese celebrado la vista sobre la impugnación del fin
público
de
Municipio
la
expropiación,
solicitó
recurridos
al
foro
desalojar
expropiación.
las
el
7
de
primario
marzo
que
de
2007
ordenara
propiedades
a
objeto
el
los
de
Dicho foro concedió la petición, ordenando
el lanzamiento de los recurridos el 15 de marzo de 2007.
Ante
tal
suceso,
presentaron
una
el
29
de
marzo
moción
en
auxilio
del
de
mismo
año,
éstos
jurisdicción
_______________________
que acepta el programa y está dispuesto a cumplir
con todas y cada una de las condiciones impuestas
en el plan de subsidio;
l.
Los residentes que no acepten la tasación
debidamente endosada por el C.R.I.M. y por tal
razón el Municipio tenga que expropiarle la
propiedad, no serán elegibles para participar en
el programa. Dándose esta situación el Municipio
iniciará el proceso [de] expropiación forzosa,
depositará la suma por la cual el C.R.I.M. tasó la
propiedad como justa compensación de la misma y el
dueño podrá continuar el procedimiento en el
Tribunal conforme a derecho.”
al
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
7
Tribunal de Apelaciones, el cual ordenó la paralización de
los procedimientos en el foro recurrido.
Así las cosas,
luego de examinar el caso en sus méritos, dicho tribunal
dictó sentencia revocando tanto la resolución como la orden
del foro primario y decretó que se celebrara una vista
evidenciaria para dilucidar el uso público del proyecto.
Asimismo puntualizó que el Municipio debía presentar prueba
sobre la utilidad y necesidad del fin público, mientras que
los recurridos tendrían derecho a desfilar prueba con miras
a impugnar dicho fin público.
De
la
referida
sentencia
acude
ante
nosotros
el
Municipio mediante recurso de certiorari y alega que el
Tribunal de Apelaciones erró al determinar que corresponde
al Estado en primera instancia probar la validez, necesidad
y viabilidad del fin público de la expropiación.
B.
Por otro lado, en el caso CC-2009-16, los recurridos
también presentaron ante el foro primario dos mociones de
desestimación.
Al
igual
que
en
los
procedimientos
descritos anteriormente, una de las mociones impugnaba la
constitucionalidad del fin público de la expropiación por
motivo del Manual de Subsidios de Vivienda que alegadamente
utilizaría
el
Municipio
para
brindar
sus
beneficios;
mientras la segunda moción requería la presentación de una
consulta de transacción pública aprobada por la Junta de
Planificación.
En este procedimiento el Tribunal de Primera Instancia
celebró una vista argumentativa sobre impugnación de fin
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
público.
8
Luego de escuchar los argumentos de las partes,
el foro primario declaró no ha lugar ambas mociones de
desestimación y expresó en su resolución del 10 de octubre
de 2006: “Que habiendo la parte con interés desfilado la
prueba4 en cuanto a la impugnación al fin público, entiende
[el tribunal] que la misma no es suficiente para impugnar
el fin público de una vivienda de carácter social que se
han
(sic)
presentado
en
el
caso.”
Tal
resolución
fue
notificada el 5 de septiembre de 2008.
Inconformes con tal determinación, el 6 de octubre de
2008,
los
recurridos
acudieron
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones, quien dictó sentencia revocando la resolución
del foro inferior y ordenó al Municipio presentar evidencia
sobre la utilidad y necesidad del fin público del proyecto
propuesto
para
la
expropiación.
Asimismo,
el
foro
apelativo intermedio concluyó que al amparo del Reglamento
de
Procedimientos
Adjudicativos
de
la
Junta
de
Planificación, infra, y la Orden Ejecutiva Núm. 4 del 20 de
enero de 2004, infra, el Municipio tenía que presentar en
el
tribunal
inferior
una
“consulta
de
ubicación
sobre
transacción pública” debidamente autorizada por la Junta de
Planificación
para
cada
uno
de
los
inmuebles
objeto
de
expropiación.
4
Advertimos que aunque el Tribunal de Primera Instancia
menciona la “prueba” de los recurridos, en realidad debió
hacer referencia a sus “argumentos” ya que se trataba de
una conferencia sobre el estado de los procedimientos a la
cual sólo comparecieron los abogados de las partes a
discutir sus respectivas mociones.
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
9
Nuevamente, acude ante nosotros el Municipio mediante
recurso
de
certiorari
y
alega
que
el
Tribunal
de
Apelaciones erró al determinar que corresponde al Estado en
primera instancia probar la validez, necesidad y viabilidad
del fin público de la expropiación.
Igualmente impugna el
requerimiento de presentar como parte de su evidencia una
consulta aprobada por la Junta de Planificación.
Habida cuenta de que los recursos fueron expedidos y
consolidados,
así
como
examinados
los
alegatos
de
las
partes, pasamos a evaluar el derecho aplicable.
II.
A.
El
privada
derecho
es
fundamental
uno
Constitución.
a
expresamente
disfrutar
de
la
propiedad
reconocido
en
nuestra
Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A.
Empero, en repetidas ocasiones hemos aclarado que éste no
es absoluto, pues está sujeto al poder inherente del Estado
de
establecer
ciudadanos.
restricciones
sobre
la
propiedad
de
los
Autoridad de Tierras de P.R. v. Moreno Ruiz
Developer Corp. et al., res. el 24 de julio de 2008, 2008
T.S.P.R. 128, 174 D.P.R. __ (2008); Culebra Enterprise v.
E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991); E.L.A. v. Registrador, 111
D.P.R. 117 (1981); E.L.A. v. Rosso, 95 D.P.R. 501 (1967).
Un ejemplo de este poder inherente es la facultad del
Estado para adquirir la titularidad de bienes privados a
través de la expropiación forzosa, también conocida como
dominio eminente.
Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c I, 172
D.P.R. 278, 291 (2007).
Véase también, Estado v. Fajardo
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
Sugar
79
Co.,
D.P.R.
321
10
(1956).
Sin
embargo,
esta
facultad encuentra límites en nuestra Constitución mediante
una importante garantía, a saber, que “[n]o se tomará o
perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser
mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con
la
forma
E.L.A.,
provista
1
por
L.P.R.A.
ley”.
Cónsono
Art.
con
II,
la
Sec.
citada
9,
Const.
protección
constitucional, el artículo 1930 del Código Civil establece
que “[n]adie podrá ser privado de su propiedad sino por
autoridad
competente,
por
causa
justificada
de
utilidad
pública o beneficio social, y mediante el pago de una justa
compensación que se fijará en la forma provista por ley”.
31 L.P.R.A. sec. 1113.
De otra parte, la Asamblea Legislativa puede ejercer
su autoridad de expropiación directamente o delegándola en
otras entidades o funcionarios públicos.
32 L.P.R.A. secs.
2902, 2905; M. Mercado e Hijos v. Tribunal Superior, 85
D.P.R. 370, 376 (1962).
A tenor con ese principio, la Ley
de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de
1991, según enmendada, otorgó a los municipios el poder de
realizar
expropiaciones
forzosas
dentro
de
sus
límites
territoriales por cuenta propia o a través del Gobernador
de Puerto Rico, sujeto a las leyes generales y órdenes
ejecutivas aplicables.
Ante
la
normativa
21 L.P.R.A. secs. 4051, 4453.
ya
reseñada,
hemos
reiterado
que
cuando el Estado o una entidad designada por éste pretenden
adquirir la propiedad de una persona mediante dicho poder
inherente, tienen que seguir el procedimiento dispuesto en
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
11
la Ley de Expropiación Forzosa, Ley de 12 de marzo de 1903,
según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 2901 et seq., y la Regla
58 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V,
R. 58.
Véanse, Autoridad de Tierras de P.R. v. Moreno Ruiz
Developer Corp. et al., supra; E.L.A. v. Sociedad Civil
Agrícola e Industrial, 104 D.P.R. 392 (1975); Esteves v.
Rabell, 36 D.P.R. 130 (1926).
Tanto la Ley de Expropiación Forzosa como la Regla 58
requieren la presentación de una demanda o petición en el
tribunal
para
expropiación.
comenzar
el
procedimiento
judicial
de
32 L.P.R.A. sec. 2905; Regla 58.3, supra.
Junto a la petición de ordinario se presenta un legajo de
expropiación
que
declaración
de
propiedad.
A.C.T. v. Iñesta, 165 D.P.R. 891, 902 (2005).
Si
la
incluye,
entre
adquisición
y
declaración
cumple
otros
entrega
con
documentos,
una
material
la
todos
los
de
requisitos
dispuestos en la Ley de Expropiación Forzosa y se deposita
en
el
tribunal
la
compensación
estimada,
el
título
de
dominio queda entonces investido en la entidad que solicitó
la expropiación.
32 L.P.R.A. sec. 2907.
Véanse además,
A.C.T. v. Iñesta, supra, págs. 902-03; Pueblo v. 632 Metros
Cuadrados de Terreno, 74 D.P.R. 961, 971 (1953); Pueblo v.
Registrador, 70 D.P.R. 260 (1949).
Desde ese instante el
tribunal puede fijar el término y las condiciones bajo las
cuales
los
poseedores
de
los
bienes
expropiados
deberán
entregar la posesión material de los mismos al demandante.
32 L.P.R.A. sec. 2907.
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
12
Ahora bien, aunque el procedimiento de expropiación es
uno de naturaleza in rem, al inicio del pleito el Estado
tiene
la
obligación
de
acumular
como
demandados
a
las
personas que tengan un interés en la propiedad y “a la
sazón se conozcan”.
Regla 58.3(b), supra; 32 L.P.R.A. sec.
2905; A.C.T. v. Iñesta, supra, pág. 904.
Posteriormente,
pero siempre antes de celebrarse cualquier vista sobre la
justa compensación, el Estado tendrá que traer al pleito
aquellas personas con interés sobre la propiedad que se
conozcan
luego
de
realizar
Registro de la Propiedad.
diligencias
razonables
en
el
Regla 58.3(b), supra; A.C.T. v.
Iñesta, supra, pág. 904; Pueblo v. McCormick, Alcaide &
Co., 78 D.P.R. 939 (1956).
Una
vez
el
titular
de
dominio
es
debidamente
notificado del procedimiento de expropiación, éste tiene la
oportunidad de presentar una contestación ante el tribunal
y levantar las defensas y objeciones que tenga tanto sobre
el
“carácter
propiedad,
público
como
la
uso
a
cuantía
que
se
declarada
destinará
como
la
justa
A.C.T. v. 780,6141m2, 165 D.P.R. 121, 133
compensación”.
(2005).
a
del
Véanse
también
Regla
58.5,
supra;
J.A.
Cuevas
Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Publ. JTS, Tomo
II,
2000,
pág.
respecto
al
presente
la
fin
1082.
Cabe
aclarar
público
y
a
la
justa
compensación
que
demandada
en
su
contestación,
no
parte
que
los
reclamos
impedirán que el Estado obtenga provisionalmente el título
y la posesión material de la propiedad una vez presente la
declaración de adquisición y entrega material mencionada
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
anteriormente.
13
No obstante, el dominio que así adquiere el
Estado,
no es de carácter final pues . . . está sujeto a
ser derrotado cuando, en un caso como el presente,
se ha atacado la facultad del Gobierno para
expropiar, poniéndose así en controversia la
validez de la expropiación.
El título no queda
indefectiblemente adquirido por el Gobierno porque
adopte el procedimiento auxiliar. Es necesaria a
tal fin la sentencia final en el . . . pleito de
expropiación.
Iriarte
Miró
v.
Srio.
de
84
Justicia,
D.P.R.
171,
179
presenta
una
(1961).
En
otras
palabras,
si
el
Estado
declaración de adquisición y entrega material válida junto
a su petición de expropiación, y la parte con interés la
contesta impugnando el fin público o la justa compensación,
el tribunal debe ordenar el traslado de dominio y entrega
material
provisionalmente.
necesario
que
continúe
Ello
con
la
no
obstante,
celebración
del
será
juicio
y
evalúe la evidencia que allí presenten las partes para que
pueda entonces dictar una sentencia definitiva determinando
los derechos de aquéllos.
final
en
la
cual
Es decir, será en la sentencia
resolverá
si
le
asiste
al
Estado
el
derecho de expropiación y el monto de la justa compensación
que deberá recibir la parte con interés, tal como lo ordena
la Ley de Expropiación Forzosa.
32 L.P.R.A. sec. 2911.
Véase,
of
The
American
Railroad
Co.
P.R.
v.
Ortiz,
16
D.P.R. 286, 301 (1910) (“Toda consideración de utilidad y
conveniencia
pública
debe
supeditarse
al
derecho
del
propietario a su propiedad, hasta que dicho derecho sea
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
14
suspendido o extinguido de estricto acuerdo con la ley del
país.”)
En
cuanto
a
la
referida
evaluación
que
sobre
la
petición de expropiación forzosa debe realizar el juzgador,
hemos sostenido que “[c]omo la facultad de expropiar es un
atributo inherente a la soberanía del Estado, las únicas
limitaciones que pueden reconocerse a su ejercicio son que
la propiedad se dedique a un uso o fin público y se le
satisfaga al demandado una justa compensación por ella”.
Autoridad de Tierras de P.R. v. Moreno Ruiz Developer Corp.
et
al.,
págs.
supra,
15-16;
E.L.A.
v.
Sociedad
Civil
discreción
para
Agrícola e Industrial, supra.
La
Asamblea
determinar
lo
Legislativa
que
tiene
constituye
un
gran
fin
público
expropiación, así como su utilidad y necesidad.
v. Marrero, 64 D.P.R. 260, 267 (1944).
para
la
McCormick
Véase, Kelo et al.
v. City of New London, 545 U.S. 469, 482-83 (2005); O’Neill
v. Leamer, 239 U.S. 244, 253 (1915).
Ello nos ha llevado a
expresar que cuando la Legislatura declara el uso público
de una expropiación antes de que el Estado presente su
acción en el tribunal, existe una presunción de que el uso
así declarado es en efecto un fin público según lo exige
nuestra Constitución.
Estado v. Fajardo Sugar Co., supra,
pág. 334; McCormick v. Marrero, supra.
Véase también J.L.
Sackman, Nichols on Eminent Domain, Matthew Bender, 3ra ed.,
Vol.
2A,
beneficia
Sec.
7.03[11][b].
al
en
Estado
Esta
cuanto
presunción,
sirve
de
al
menos,
fundamento
para
obtener el dominio provisional de los bienes mediante la
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
15
presentación de una declaración de adquisición y entrega
material de la propiedad objeto de expropiación; mecanismo
auxiliar que dispone la Ley de Expropiación Forzosa y el
cual discutimos previamente.
Por
otro
llamados
a
lado,
revisar
32 L.P.R.A. sec. 2907.
aunque
la
los
tribunales
sabiduría
o
no
estamos
conveniencia
de
las
declaraciones legislativas sobre el uso público, McCormick
v. Marrero, supra, en última instancia, la determinación
sobre si un uso en particular es público y legítimo, bajo el
palio
de
nuestra
Judicial.
Estado
Constitución,
v.
Fajardo
corresponde
Sugar
a
la
Rama
Co.,
supra.
Véase
público
en
nuestra
Sackman, op. cit., Sec. 7.03[11][a].
Sobre
la
figura
del
uso
jurisdicción, podemos afirmar que lejos de gozar de una
definición clara y precisa, ésta se ha venido desarrollando
paulatinamente a través de la jurisprudencia.
el caso en la jurisdicción federal.
Igual ha sido
Véanse, Kelo v. City of
New London, supra, pág. 483 (“For more than a century, our
public use jurisprudence has wisely eschewed rigid formulas
and intrusive scrutiny in favor of affording legislatures
broad latitude in determining what public needs justify the
use of the takings power.”); Errol E. Meidinger, The “Public
Uses” of Eminent Domain: History and Policy, 11 Envtl. L. 1,
13 (1980).
En
última
instancia,
la
función
judicial
es
velar
porque la expropiación que interesa el Estado “cont[enga]
elementos de beneficio público y el propósito que se trata
de
realizar
[sea]
de
carácter
público”.
McCormick
v.
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
Marrero, supra, pág. 267.
16
Véase además, Estado v. Fajardo
Sugar Co., supra, pág. 328, nota 4 (“En Puerto Rico se ha
seguido la doctrina liberal que acepta el significado del
término
‘uso
público’
como
sinónimo
de
‘beneficio
público’.”) (Citas omitidas).
Dicha finalidad podría ser
alcanzada
por
gubernamentales
aunque
beneficios
que
expropiación
aprovechen
las
entidades
promueve
la
no
los
directamente a toda una comunidad, o ésta no reciba todo el
beneficio.
Mas
Id., pág. 335.
sin
embargo,
debemos
recordar
que
una
vez
establecido que la expropiación requerida por el Estado en
efecto
tiene
un
fin
público,
“no
corresponde
a
los
tribunales revisar las determinaciones sobre la naturaleza
o
extensión
del
derecho
a
adquirirse,
la
cantidad
de
terreno a expropiarse, la necesidad o lo adecuado del sitio
en particular, porque ésta es una función que ejerce la
[L]egislatura bien directamente o delegándola en agencias y
funcionarios”.
Autoridad de Tierras de P.R. v. Moreno Ruiz
Developer Corp. et al., supra, pág. 16; M. Mercado e Hijos
v. Tribunal Superior, supra.
Véanse además, Berman et al.
v. Parker et al., 348 U.S. 26 (1954); T.M. Cooley, Cooley’s
Constitutional Limitations, 8va ed., Boston, Little, Brown &
Co., 1927, Vol. 2, págs. 1143-47; A.D. Jahr, Law of Eminent
Domain: Valuation and Procedure, Clark Boardman Co., 1957,
pág. 355.
En dichas circunstancias sólo podemos intervenir
con el fin propuesto por el Estado si éste implica una
imposibilidad o no existe vínculo racional alguno entre la
declaración legislativa y el objeto perseguido.
Estado v.
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
17
Fajardo Sugar Co., supra, pág. 330; E.L.A. v. Rosso, 95
D.P.R. 501, 537 (1967).
En igual sentido véanse, Hawaii
Housing Authority v. Midkiff, 467 U.S. 229, 240-41 (1984);
United States ex rel. T.V.A. v. Welch, 327 U.S. 546, 552
(1946); Old Dominion Co. v. United States, 269 U.S. 55, 66
(1925).
B.
Sobre
las
cargas
que
tienen
las
partes
en
los
procedimientos de expropiación forzosa, hemos reiterado que
cuando se objeta la compensación depositada por el Estado
como
justo
precio,
el
dueño
de
la
propiedad
−aunque
formalmente sea el demandado− pasa a ocupar la posición del
demandante
y
tiene
que
probar
su
compensación mayor a la consignada.
derecho
a
obtener
una
A.C.T. v. 780,6141m2,
supra, pág. 133; Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85
D.P.R. 1, 11 (1962); Pueblo v. McCormick, Alcaide & Co.,
supra, pág. 952; Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno,
supra, pág. 976; Canino v. Tribunal de Expropiaciones, 70
D.P.R. 152, 153-54 (1949); Pueblo v. Anadón, 69 D.P.R. 822,
825 (1949).
Powelson,
Véanse también, United States ex rel. T.V.A. v.
319
U.S.
266,
273
(1943)
(“The
burden
of
establishing the value of the lands sought to be condemned
was on respondent [(the proprietor)].”); United States v.
Toronto, Hamilton, & Buffalo Navigation Co., 338 U.S. 396,
406 (1949); United States v. John J. Felin & Co., Inc., 334
U.S. 624, 631 (1948); Marion & Rye Valley Railway Co. v.
United States, 270 U.S. 280, 285 (1926).
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
Sin
embargo,
18
respecto
al
uso
público
de
la
expropiación, no existe en la Ley de Expropiación Forzosa o
nuestra jurisprudencia una norma clara sobre quién tiene la
carga
de
probar
interrogante,
Constitución
su
como
del
pronunciamientos
validez.
La
respuesta
veremos,
está
implícita
Estado
previos
Libre
Asociado
sobre
los
lugar
la
y
a
dicha
en
la
nuestros
procedimientos
de
expropiación forzosa.
Examinemos
en
primer
discusión
de
varios
delegados de la Convención Constituyente de Puerto Rico a
propósito de una enmienda propuesta a la Sección 9 del
Artículo II de la Constitución en torno al uso público de
las expropiaciones forzosas:
Srta. PRESIDENTA:
Señor Secretario, al leer,
como en este caso, sería bueno que al llegar a
la enmienda hiciera un énfasis, de manera que
los delegados pudieran saber cuál es la enmienda
que se está [proponiendo].
Sr. SECRETARIO:
“No se tomará o perjudicará la
propiedad privada por razón de uso público, a no
ser mediante declaración de necesidad y utilidad
y el pago de una justa compensación de acuerdo
con la forma provista por ley.”
Eso es la
enmienda.
. . . .
Sr. GARCÍA MÉNDEZ: . . . Voy a explicar el
fundamento de mi enmienda.
Señorita Presidenta
y compañeros.
El procedimiento en Puerto Rico
actualmente conlleva dos pasos o requisitos; uno
es el que sea necesaria la propiedad a ser
tomada por el gobierno, de necesidad pública; y
dos, que se pague una justa compensación. Dejar
la sección como está, llevaría en la práctica,
en
la
práctica
conllevaría
el
resultado
siguiente: Que se alegaría en la acción que
sencillamente por razón pública, genéricamente,
por razón pública, pero a un arbitrio prudente
de la autoridad competente por razón pública se
toma esta propiedad y se deposita la cantidad de
tanto.
La única enmienda que yo hago es, que
quede
claro
que
debe
especificarse
la
declaración de utilidad y necesidad.
En otras
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
palabras, si el compañero Dávila Díaz tiene una
casa residencia en el barrio X de Manatí, y el
gobierno entiende que esa casa es de utilidad y
necesidad para fines públicos, lo dice así,
deposita la cantidad de justa compensación y
prosigue el caso.
En la forma en que está, se
elimina la declaración de utilidad y necesidad;
que no quiere decir aquí que tenga que ser
previa . . ..
No, lo que debe es consignarse en la acción
las
razones
“de
utilidad
y
conveniencia
públicas”
y
entonces
depositar
la
“justa
compensación.” Pero si no se dice así, entonces
por razón pública puede ser todo.
Es un fíat
que lo cubriría absolutamente todo, al arbitrio
prudente en unos casos, sensato en otros casos,
pero un poco arbitrario, podría ser en algunos
otros.
. . . .
Sr. GUTIÉRREZ FRANQUI:
Señorita Presidenta.
Mi
única objeción a la enmienda es que la misma
tiende a trastornar un lenguaje que ha sido
objeto de innumerables decisiones judiciales e
interpretado infinidad de veces, tanto por ser
el lenguaje de la Constitución de los Estados
Unidos en materia de expropiación, como por
haber sido el lenguaje hasta ahora existente en
la Carta Orgánica.
. . . .
No creo por un lado que debamos estar
constantemente amarrados aquí a un lenguaje
conocido y estricto; pero el lenguaje que tiene
abundante
y
rica
jurisprudencia
de
interpretación, no creo que debamos variarlo
innecesariamente, cuando a nuestro juicio el
concepto que trata de incorporar el compañero
está implícito en este lenguaje.
Sr. GARCÍA MÉNDEZ: Señorita Presidenta.
Para ganar tiempo y no tomárselo a la
Convención, ¿acepta el comité que trajo el
informe, el punto de vista de que ésa es la
interpretación
de
este
precepto,
sin
mi
enmienda?
Sr. BENÍTEZ:
Aceptamos
el
punto
de
vista
expresado por el señor Gutiérrez Franqui.
Sr. GARCÍA MÉNDEZ: O sea, ¿que está implícito que
habrá la declaración de necesidad y utilidad o
de uso público, de acuerdo con el sistema que se
está usando a virtud de esos preceptos, tal como
aparecen en la Constitución americana . . .? En
ese caso, señorita Presidenta, siendo esto parte
interpretativa del precepto, retiro mi enmienda.
Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta.
Srta. PRESIDENTA:
Señor Delgado.
19
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
Sr. REYES DELGADO: Yo quiero aclarar, para una
pregunta al Presidente o al señor Procurador
General, delegado Gutiérrez Franqui, que explicó
esta situación. ¿Quiere eso decir que cada vez
que se haya de tomar una propiedad, el tribunal
pueda entrar a discutir si hubo justificación en
la declaración de utilidad pública, aunque sea a
posteriori? O es que la Asamblea Legislativa lo
dirá en la ley o se tomará en cuenta la acción
de la Asamblea Legislativa; porque tal como yo
entiendo, el punto levantado por el compañero
García Méndez, es que al expropiar se pueda
entrar a discutir, aunque no sea previamente, si
hubo justificación en la declaración de utilidad
pública, o no.
Y yo entiendo que ésa no es la situación.
Que se deje claro en el acta hasta dónde
puede llegarse en eso.
Sr. GUTIÉRREZ FRANQUI:
La
contestación
a
la
pregunta del compañero, hasta donde yo la
entiendo, y que es el estado de las decisiones
que no
queremos alterar mediante el uso de
nuevo lenguaje, es, que la corte no puede ir más
allá de determinar si el carácter o el uso a que
se va a destinar la propiedad constituye un fin
público; pero no puede entrar a cuestionar la
declaración
específica
que
haga
el
poder
legislativo de que esa propiedad es para tal fin
público.
Sr. QUIÑONEZ: Una pregunta al compañero Gutiérrez
Franqui.
Pregunto yo, ¿y tampoco podría entrar
la corte en la motivación del poder legislativo
al hacer ese decreto?
Sr. GUTIÉRREZ FRANQUI:
Únicamente en el carácter
de fin público, del propósito para el cual se
expropia.
Y no hemos querido, no, alterar el
stare decisis, la situación de jurisprudencia
que existe en este momento.
Sr. DÁVILA DÍAZ:
Señor Gutiérrez Franqui, de
modo que el gobierno necesita cierta cantidad de
terreno en tal o cual parte del país; tal y como
está la situación hoy, la ley declara de
necesidad
y
utilidad
pública
ese
terreno;
deposita la cantidad, el valor que él cree justo
por ese terreno, en la corte; y toma posesión de
la propiedad, ¿no es eso?
Sr. GUTIÉRREZ FRANQUI:
Toma posesión y título.
Sr. DÁVILA DÍAZ:
Y título.
¿Pero entonces el
dueño no tiene ningún derecho a recurrir a una
corte para que el gobierno le pruebe que no es
caprichosa esa decisión?
Sr. GUTIÉRREZ FRANQUI:
Sí, señor.
Ese derecho
existe, subsiste en su integridad.
Sr. DÁVILA DÍAZ:
¿Existe hoy?
20
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
21
Sr. GUTIÉRREZ FRANQUI:
Existe hoy y subsistirá
después de la aprobación de esta [C]onstitución.
Sr. DÁVILA DÍAZ:
Muy bien.
3
Diario
de
Sesiones
de
la
Convención
Constituyente
de
Puerto Rico, págs. 1552-54 (1961) (Énfasis suplido).
El
debate
antes
citado
se
produjo
luego
de
que
el
delegado Miguel A. García Méndez propusiera su enmienda.
Ésta
buscaba
expropiación
y
limitar
posibles
abusos
actos
arbitrarios
por
del
parte
poder
del
de
Estado
asegurando que éste siempre tuviera que expresar el uso
público al cual destinaría la propiedad expropiada.
De
manera que señalar, en una acción de expropiación, que se
trata de un fin público en general no sería suficiente.
Dicha
enmienda
concluyeron
que
implícitamente
fue
retirada
debido
el
lenguaje
original
contiene
el
a
que
los
delegados
de
la
Constitución
requerimiento
que
la
enmienda
pretendía adicionar.
Más adelante en el desarrollo de la discusión en torno
al fin público, y ante la preocupación del delegado Juan
Dávila
Díaz
respecto
a
bienes
con
la
declaración
mera
que
el
Estado
pudiera
legislativa
expropiar
de
utilidad
pública y la consignación de la justa compensación en el
tribunal, el delegado Victor Gutiérrez Franqui aclaró que al
ciudadano
le
asiste
−tanto
antes
como
después
de
la
aprobación de la Constitución−
− el derecho a impugnar ante
los
tribunales
Asimismo,
el
la
expropiación
intercambio
de
que
interesa
palabras
entre
el
Estado.
estos
dos
delegados sobre el “derecho [del sujeto afectado por la
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
22
expropiación] a recurrir a una corte para que el gobierno le
pruebe que no es caprichosa esa decisión”, evidencia que los
miembros de la Convención Constituyente reconocían que el
Estado tiene el deber de establecer el uso público de la
expropiación cuando los ciudadanos objetan en los tribunales
dicho uso.
Ante tales expresiones, las cuales arrojan luz sobre la
cláusula constitucional que examinamos, debemos concluir que
la entidad que insta la petición de expropiación forzosa
tiene
el
peso
de
establecer
responde a un fin público.
que
expropiación
propuesta
Véase Sackman, op. cit., Vol. 5,
Sec. 18.02[2][b] (“The burden of proof on the right to take
in de jure or direct condemnation cases is normally on the
condemnor.”), Sec. 18.04 (“The burden of proving a public
purpose and a necessity for the taking initially rests on
the
condemning
authority.
Upon
the
presentation
of
supporting evidence, the burden shifts to the condemnee to
prove illegality . . ..”).
Un
examen
cuidadoso
que
determinación
demuestra
la
de
nuestra
jurisprudencia
que
enunciamos
hoy
con
claridad yacía implícita en pronunciamientos anteriores de
este Tribunal.
En Pueblo v. García, 66 D.P.R. 504 (1946), −un caso en
el
que
los
obtendrían
demandados
por
los
impugnaban
bienes
la
expropiados,
compensación
que
mas
uso
no
el
público de la expropiación− resolvimos que cuando el dueño
de una propiedad objeto de expropiación se opone a ésta por
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
estar
inconforme
ofrece,
es
con
dicho
la
23
compensación
demandado
quien
derecho a obtener una suma mayor.
que
tiene
el
Estado
le
que
probar
su
Por ello decimos que el
demandado se convierte en demandante.
En aquel entonces
expresamos que esta regla responde a que la controversia
entre las partes es simplemente si la suma depositada por
el Estado debe ser superior.
Ahora bien, con su adopción también aclaramos que la
regla
era
de
aplicación
a
casos
de
expropiación
en
los
cuales “la única cuestión en controversia es el montante de
la cantidad que deba pagarse al dueño”.
Id., pág. 508.
Conforme a ello, sólo hemos invertido el peso de la prueba
para ponerlo sobre el demandado en casos de expropiación
forzosa cuando éste impugna la justa compensación.
Martínez
Rivera
McCormick,
v.
Alcaide
Tribunal
&
Co.,
Superior,
supra;
supra;
Pueblo
v.
Véanse,
Pueblo
632
v.
Metros
Cuadrados de Terreno, supra, pág. 976 (“cuando la cuestión
en controversia en un caso de expropiación es el importe de
la compensación, los casos resuelven que (1) el demandado es
en
efecto
el
demandante;
(2)
éste
debe
presentar
su
evidencia en primer lugar; y (3) tiene el peso de la prueba
en
cuanto
a
valoración”);
Canino
v.
Tribunal
de
Expropiaciones, supra, págs. 153-54 (“a los efectos de la
valoración
de
una
propiedad
expropiada,
el
demandado
se
convierte en demandante y la contienda queda trabada cuando
el demandado alega que no está conforme con la cantidad
depositada por el El Pueblo”); Pueblo v. Anadón, supra.
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
24
El desarrollo de la norma antes descrita sirve de apoyo
a nuestra determinación: en cuanto al fin público de una
expropiación forzosa, el Estado sigue siendo el demandante
en la acción que promueve y tiene la carga de establecer
dicho fin público.
No hay razón para invertir la posición
de las partes mientras se examina dicho asunto.
De manera
que aunque al Estado le favorece una presunción prima facie
de
uso
público
cuando
la
Legislatura
ha
declarado
previamente tal finalidad, ello no lo releva de tener que
establecer en el tribunal el fin público de la expropiación
que
interesa.
Sackman,
Véase
op.
cit.,
Vol.
7A,
Sec.
G9A.03[4] (“Often, the condemnor benefits from a prima facie
presumption that property condemned is taken for public use.
Nonetheless, the condemnor has the burden of proving the
public use to be made of the property.”).
fin
público
por
la
parte
afectada
en
Cuestionado el
la
expropiación
corresponde al Estado establecerlo.
Empero, debemos señalar que la norma que hoy enunciamos
no supone la celebración de vistas evidenciarias en todo
proceso de expropiación forzosa.
Nos explicamos, si la
entidad gubernamental que interesa obtener la propiedad de
los predios de los demandados incluye en su petición de
expropiación una declaración adecuada del fin público al que
destinará la propiedad que pretende adquirir y la parte
afectada no la cuestiona, la entidad gubernamental habrá
satisfecho
carga
de
expropiación.
Si
por
impugna
público
el
la
fin
establecer
el
el
uso
público
contrario,
la
parte
afectada
recae
sobre
el
declarado,
de
la
ente
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
gubernamental probarlo.
la
parte
expropiante
25
Para cumplir con el onus requerido
muy
bien
puede:
descansar
en
los
documentos que presentó al tribunal como indicativos del fin
público para el cual se expropia, o presentar ante el foro
primario
aquella
sustente
el
evidencia
uso
adicional
público
del
que
éste
terreno
estime
expropiado.
Corresponderá al foro de primera instancia determinar si
celebra una vista evidenciara o argumentativa para dilucidar
el asunto o si ello es innecesario, pero siempre teniendo
presente
que
el
peso
de
la
prueba
de
demostrar
el
uso
público recae en la autoridad gubernamental.
En otras palabras, el fin público puede ser satisfecho
mediante
alegaciones
finalidad
de
la
específicas
expropiación
y
bien
con
la
hechas
sobre
la
documentación
e
información que así lo evidencie, aunque en otras ocasiones,
podría
requerirse
la
celebración
de
para desfilar prueba a esos fines.
vistas
evidenciarias
Véase A.D. Jahr, op.
cit., págs. 356-57 (“The condemnor must then prove that he
possesses the power of eminent domain, [and] the public use
. . ..
Where, however, the defendant pleads an affirmative
defense, the burden of proving the defense rests with the
defendant.”).
Adoptar una posición contraria a ésta sería desvirtuar
los límites que impone sobre el Estado la Sección 9 del
Artículo
II
de
precisamente
lo
nuestra
que
los
Carta
delegados
Constituyente querían evitar.
establezca
el
uso
público
de
Derechos,
de
la
supra;
Convención
Al exigir que el gobierno
de
la
expropiación
en
los
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
26
tribunales, nuestros ciudadanos obtienen la seguridad de que
sus bienes se enajenan, no por motivaciones arbitrarias o
caprichosas
de
funcionarios
públicos,
alcanzar el mejor bienestar común.
sino
en
pos
de
Recordemos que se trata
de la intervención gubernamental con el derecho fundamental
al disfrute de la propiedad privada, el cual no debe ser
destruido livianamente.
Cf., Cincinnati v. Vester, 281 U.S.
439, 447 (1930) (“Otherwise, the taking of any land . . .
would be sustained on a bare recital.
This would be to
treat the constitutional provision as giving such a sweeping
authority to municipalities as to make nugatory the express
condition upon which the authority is granted.”)
C.
De otra parte, la Ley de Expropiación Forzosa, supra,
no dispone qué documentos tienen que ser presentados ante el
tribunal
por
expropiación.
la
entidad
que
interesa
realizar
la
Tampoco dispone que sea necesario concretar
procedimientos administrativos ante otros foros previo a la
presentación de la acción en el foro judicial.
La Regla 58
de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 58,
también era silente al respecto.
Sin embargo, la Regla 58.3(c) de las nuevas Reglas de
Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 58.3(c),
sí
requiere
que
junto
a
la
demanda
de
presente un legajo con varios documentos.
expropiación
se
Éstos son: un
exhibit que contenga ciertos datos de la propiedad; una
certificación expedida por el Registro de la Propiedad; una
consulta de ubicación; un plano de mensura; un informe de
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
27
valoración; una declaración para la adquisición y entrega
material de la propiedad; y un proyecto de resolución.
Id.
Por otro lado, la Orden Ejecutiva Núm. 4 del 20 de
enero de 2004 ordena que las agencias gubernamentales posean
ciertos documentos antes de adquirir una propiedad inmueble,
incluso
si
la
obtienen
mediante
expropiación
Boletín Administrativo Núm. OE-2004-4.5
forzosa.
Entre otros, la
orden ejecutiva requiere que las agencias posean una “copia
certificada de la Consulta de Uso y Ubicación emitida por la
Junta de Planificación”.
Id.
El origen de la referida orden se remonta a la Orden
Ejecutiva del 26 de febrero de 1987, Boletín Administrativo
Núm. 4874A.
En aquel entonces la orden aplicaba a todas las
instrumentalidades
del
Estado,
a
saber:
“departamentos”,
“agencias”, “corporaciones públicas”, y “municipios”.
Esta
aplicación permaneció inalterada luego de la promulgación de
la
Orden
Ejecutiva
Núm.
69
del
11
de
octubre
de
1991,
Boletín Administrativo Núm. OE-1991-69, la cual enmendó la
orden original.
No obstante, estas dos órdenes se derogaron
por la Orden Ejecutiva Núm. 29 del 30 de junio de 2001,
Boletín Administrativo Núm. OE-2001-29.
Con esta última
orden ejecutiva no sólo se establecieron nuevas normas para
5
“Orden Ejecutiva de la Gobernadora del Estado Libre
Asociado
de
Puerto
Rico
para
revisar
las
guías
y
procedimientos aplicables a todos los Organismos de la Rama
Ejecutiva en la preparación de informes de valoración y
estudios de mercado para la adquisición y arrendamiento de
bienes inmuebles a ser dedicados para fines públicos, a fin
de aclarar el alcance de su aplicación y modificar varias de
sus disposiciones; y para derogar la Orden Ejecutiva Núm. 29
del 30 de junio de 2001”; enmendada por la Orden Ejecutiva
Núm. 54 del 14 de noviembre de 2007, Boletín Administrativo
Núm. OE-2007-54.
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
28
regular la adquisición de bienes inmuebles por el gobierno,
sino
que
se
exclusiva”
a
dispuso
las
que
la
orden
sería
agencias,
definidas
instrumentalidades
y
de
subdivisiones,
las
y
agencias
la
“de
aplicación
como:
Rama
corporaciones
“todas
las
Ejecutiva,
sus
públicas”.
Id.
Finalmente, la Orden Ejecutiva Núm. 4 del 20 de enero de
2004, supra, −vigente cuando se suscitaron los hechos de
autos por haber derogado a la anterior− mantuvo el mismo
lenguaje sobre su aplicación.
Luego
de
evaluar
las
normas
discutidas
hasta
aquí,
pasemos a examinar las determinaciones de los tribunales
recurridos.
III.
Tanto en el recurso CC-2009-16, como en el recurso CC2009-25,
el
−tras
foro
primario
concluir
que
las
expropiaciones en controversia promueven un fin público− el
Tribunal de Apelaciones revocó las resoluciones recurridas
y determinó que el Municipio Autónomo de Guaynabo tiene que
establecer
público
la
validez,
alegado
en
necesidad
una
vista
y
viabilidad
evidenciaria.
del
uso
El
foro
apelativo intermedio también concluyó, en el recurso CC2009-16, que parte de la evidencia que el Municipio tiene
que presentar en la vista sobre el uso público ante el
Tribunal
de
Primera
Instancia
es
una
consulta
de
transacción pública aprobada por la Junta de Planificación.
Su decisión estuvo fundamentada en la Orden Ejecutiva Núm.
4
del
20
de
enero
de
2004,
supra,
y
el
Reglamento
de
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
29
Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación,
Reglamento Núm. 5244 de 21 de marzo de 1995.
Atendamos
cada uno de estos asuntos en orden.
Primeramente, sobre la carga del Municipio en cuanto a
establecer el fin público de la expropiación, concluimos
que no erró el Tribunal de Apelaciones.
A tenor de la
norma discutida previamente, corresponde a la entidad que
promueve la acción de expropiación forzosa, en este caso el
Municipio, establecer el uso público de la misma.
Así
logramos imprimir vitalidad a la limitación constitucional
que impone sobre el Estado la Sección 9 de nuestra Carta de
Derechos,
según
fue
concebida
por
los
delegados
los
principios
de
la
Convención Constituyente.
No
obstante,
anteriormente
al
al
aplicar
caso
de
sentencias recurridas.
debemos
autos
esbozados
revocar
las
Consideramos que el foro apelativo
intermedio erró en tanto concluyó que era necesaria una
vista evidenciaria para que el Municipio estableciera dicho
fin público.
Como vimos, el Estado puede cumplir con dicha
responsabilidad
ante
el
a
través
tribunal,
ya
de
sea
los
documentos
inicialmente
que
para
presenta
instar
su
acción, o posteriormente para sustentarla.
Así, un examen cuidadoso del expediente revela que el
Municipio −luego de haberse presentado la impugnación al uso
público inicialmente alegado− brindó al Tribunal de Primera
Instancia
datos
expropiación
como
suficientes
para
que
sobre
el
el
propósito
de
la
foro
primario
pudiera
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
30
concluir que había quedado establecido el fin público de la
acción.
las
En efecto, el Tribunal de Primera Instancia denegó
mociones
que
impugnaban
el
fin
público
de
la
expropiación porque entendió probado el mismo.
Según
“Villas
vimos,
el
Mainé”
serán
de
Municipio
explicó
residencias
que
de
el
proyecto
interés
social.
Éste forma parte de un plan de desarrollo y renovación
urbana que aumentará la disponibilidad de viviendas seguras
y accesibles para familias de escasos recursos económicos.
Semejante propuesta, sin duda, no sólo constituye un uso
legítimo bajo nuestra Constitución puesto que adelanta un
beneficio público, sino que es afín con otras previamente
avaladas
supra,
por
pág.
esta
267
aquellas
medidas
bienestar
y
Curia.
(“Es
que
Véase,
deber
fueren
defender
la
de
McCormick
todo
v.
Marrero,
gobierno,
adoptar
necesarias
salud
de
para
todos
promover
los
el
ciudadanos,
especialmente de aquellos a quienes sus escasos medios de
fortuna no les permiten adquirir un pedazo de tierra para
edificar en ella sus hogares.”).
Véase además Sackman, op.
cit., Sec. 7.06[22][a].
El
referido
alegaciones
de
uso
público
los
demandados.
impugnarlo
atacando
Subsidios
de
la
no
fue
derrotado
Éstos
por
las
trataron
de
constitucionalidad
del
Manual
de
que
utilizaría
el
Municipio para escoger los beneficiarios del proyecto.
Sin
Vivienda
alegadamente
embargo, tal evaluación es ajena al proceso de expropiación
forzosa.
Hoy sólo tenemos que analizar si la expropiación
que interesa el Estado está motivada por un fin público.
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
Si
eventualmente,
31
habiendo
obtenido
el
Municipio
la
titularidad de los predios, algunas personas estiman que
éste lleva a cabo el proyecto “Villas de Mainé” implantando
reglas
que
contravienen
nuestra
Constitución,
entonces
ellos podrán instar las acciones que entiendan adecuadas a
fin de cuestionar tal proceder.
De manera que pasar juicio
sobre la validez del referido Manual en el presente caso
sería un ejercicio, cuando menos, a destiempo.
De otra parte, debido a que los tribunales no son el
foro
para
dilucidar
la
necesidad
o
viabilidad
de
las
expropiaciones que propone el Estado, M. Mercado e Hijos v.
Tribunal Superior, supra, pues estamos limitados a evaluar
la
existencia
del
uso
público
y
la
justa
compensación,
Autoridad de Tierras de P.R. v. Moreno Ruiz Developer Corp.
et
al.,
supra,
recurridas
ya
necesidad
y
forzosa
ante
también
que
revocar
exigen
que
el
de
la
petición
viabilidad
el
debemos
foro
primario.
las
Municipio
sentencias
pruebe
la
de
expropiación
Los
propietarios
recurridos, sin embargo, mantienen su derecho a levantar
como defensa la imposibilidad de lograr el uso propuesto
por el demandante, así como la falta de nexo racional entre
dicho uso y la declaración legislativa pertinente.
Estado
v. Fajardo Sugar Co., supra; E.L.A. v. Rosso, supra.
En tercer lugar, resolvemos que el Municipio no está
obligado a presentar en los casos recurridos una consulta
de
transacción
Planificación.
pública
aprobada
por
la
Junta
de
La exigencia que impusiera el Tribunal de
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
32
Apelaciones referente a la presentación de dicha consulta
no encuentra apoyo en nuestro ordenamiento.
Como vimos antes, independientemente de que la Orden
Ejecutiva Núm. 4 del 20 de enero de 2004, supra, sea o no
de aplicación a los municipios −asunto que no atendemos en
la
presente
Opinión−
gubernamental
que
va
aquélla
a
ordena
que
la
entidad
una
propiedad
inmueble
adquirir
mediante expropiación forzosa posea una “consulta de uso y
ubicación”, no una consulta de transacción pública como la
que solicitan los recurridos.6
A su vez, debemos aclarar que aunque el Tribunal de
Apelaciones
también
tomó
en
consideración
el
Reglamento
Núm. 5244 de Procedimientos Adjudicativos de la Junta de
Planificación, supra, para ordenar la presentación de la
referida consulta, dicho Reglamento había sido derogado por
el
Reglamento
Núm.
6031
del
12
de
noviembre
de
1999.
Dejando ello a un lado, basta decir que este Reglamento
crea
procedimientos
Planificación
que
administrativos
son
expropiación forzosa.
6
ajenos
al
ante
proceso
la
Junta
de
judicial
de
Nada de lo dispuesto en el referido
La consulta de transacción pública es una consulta
diferente a la consulta de ubicación. Éstas son dos de las
tres consultas que se pueden presentar en la Junta de
Planificación.
Véanse
Reglamento
Núm.
6031
de
Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación,
Sec. 2.00 (6) (“Consulta- Comprende toda solicitud para
ubicación, transacción o especial.”) & Sec. 3.02 (“Tipos de
Consultas a Radicarse en la Junta:
1. Consultas de
Ubicación Públicas y Privadas, 2. Consultas Especiales
Públicas, 3. Consultas sobre Transacciones Públicas.”)
(Énfasis suplido); Reglamento Núm. 7512 de Procedimientos
Adjudicativos de la Junta de Planificación.
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
33
Reglamento trata sobre adquisiciones de bienes inmuebles a
través del poder inherente de expropiación.
IV.
Por
Tribunal
todo
ello,
procede
de
Apelaciones.
revocar
Se
las
sentencias
del
dictará
sentencia
de
conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Municipio
Autónomo
de
Guaynabo representado por su
Honorable
Alcalde,
Héctor
O´Neill García
Peticionarios
v.
Adquisición
de
197.8817
metros cuadrados de terreno
radicados en la Bda. Mainé,
Barrio Los Frailes, Guaynabo,
PR, perteneciente a Andeli
González, John Doe y Richard
Doe
Recurridos
Municipio
Autónomo
de
Guaynabo representado por su
Honorable
Alcalde,
Héctor
O´Neill García
Peticionario
CC-2009-16
v.
Adquisición
de
468.7202
metros cuadrados de terreno
radicados en la Bda. Mainé,
Barrio Los Frailes, Guaynabo,
PR, perteneciente a Milagros
Cruz
Gotay,
John
Doe
y
Richard Doe
Recurrida
Municipio
Autónomo
de
Guaynabo representado por su
Honorable
Alcalde,
Héctor
O´Neill García
Peticionario
v.
Adquisición
de
160.3609
metros cuadrados de terreno
radicados en la Bda. Mainé,
Barrio Los Frailes, Guaynabo,
PR, perteneciente a José Cruz
Gotay, John Doe y Richard Doe
Recurrida
Municipio
Autónomo
de
Guaynabo representado por su
Honorable
Alcalde,
Héctor
O´Neill García
Peticionario
Cons.
CC-2009-16 cons. CC-2009-25
v.
Adquisición
de
2,595.1893
metros cuadrados de terreno
radicados en la Bda. Mainé,
Barrio Los Frailes, Guaynabo,
PR, perteneciente a Rafael
Oliveras Ramos, Ana Molina,
First
Bank
Puerto
Rico,
Citibank, N.A., John Doe y
Richard Doe
Recurrida
2
CC-2009-25
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 2 de diciembre de 2010
Por los fundamentos expresados en la Opinión que antecede, los cuales se
incorporan íntegramente a la presente, se dicta sentencia revocando los dictámenes del
Tribunal de Apelaciones. Se devuelven los casos de epígrafe al foro primario para que
continúen los procedimientos conforme lo dispuesto en la Opinión del Tribunal.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal
Supremo, Interina. El Juez Asociado señor Rivera García concurre en el resultado sin
opinión escrita. La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente sin opinión escrita. El
Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino. La Jueza Asociada señora Pabón
Charneco no interviene.
Larissa Ortiz Modestti
Secretaria del Tribunal Supremo, Interina