LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Municipio Autónomo de Guaynabo v. Adquisición de 197.8817 metros cuadrados

2010 TSPR 220

Poder Judicial de Puerto Rico

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Municipio Autónomo de Guaynabo v. Adquisición de 197.8817 metros cuadrados

CC-2009-0016 CC-2009-0025

Expropiación Forzosa- Peso de la prueba sobre el fin público recae sobre la entidad que promueve la expropiación

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio Autónomo de Guaynabo

representado por su Alcalde, Héctor

O’Neill García

Certiorari

Peticionarios

2010 TSPR 220

v.

Adquisición de 197.8817 metros cuadrados

de terreno radicados en la Bda. Mainé

Barrio los Frailes, Guaynabo, PR,

perteneciente a Andeli González, John Doe

y Richard Doe

180 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CC-2009-16

CC-2009-25

Fecha: 2 de diciembre de 2010

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan-Panel I

Juez Ponente:

Hon. Luis R. Piñero González

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Rafael Alonso Alonso

Lcdo. Rafael Quiñones Vigo

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcda. Myrta Morales Cruz

Lcda. Eva Prados Rodríguez

Lcdo. Luis Torres Asencio

Lcdo. Rafael Espasas García

Materia: Expropiación Forzosa

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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio

Autónomo

de

Guaynabo representado por su

Honorable

Alcalde,

Héctor

O´Neill García

Peticionarios

v.

Adquisición

de

197.8817

metros cuadrados de terreno

radicados en la Bda. Mainé,

Barrio Los Frailes, Guaynabo,

PR, perteneciente a Andeli

González, John Doe y Richard

Doe

Recurridos

Municipio

Autónomo

de

Guaynabo representado por su

Honorable

Alcalde,

Héctor

O´Neill García

Peticionario

CC-2009-16

v.

Adquisición

de

468.7202

metros cuadrados de terreno

radicados en la Bda. Mainé,

Barrio Los Frailes, Guaynabo,

PR, perteneciente a Milagros

Cruz

Gotay,

John

Doe

y

Richard Doe

Recurrida

Municipio

Autónomo

de

Guaynabo representado por su

Honorable

Alcalde,

Héctor

O´Neill García

Peticionario

Cons.

v.

Adquisición

de

160.3609

metros cuadrados de terreno

radicados en la Bda. Mainé,

Barrio Los Frailes, Guaynabo,

PR, perteneciente a José Cruz

Gotay, John Doe y Richard Doe

Recurrida

Municipio

Autónomo

de

Guaynabo representado por su

Honorable

Alcalde,

Héctor

O´Neill García

Peticionario

CC-2009-25

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

2

v.

Adquisición

de

2,595.1893

metros cuadrados de terreno

radicados en la Bda. Mainé,

Barrio Los Frailes, Guaynabo,

PR, perteneciente a Rafael

Oliveras Ramos, Ana Molina,

First

Bank

Puerto

Rico,

Citibank, N.A., John Doe y

Richard Doe

Recurrida

Opinión del Tribunal

Rodríguez Rodríguez

emitida

por

la

Juez

Asociada

señora

San Juan, Puerto Rico, a 2 de diciembre de 2010

El Municipio Autónomo de Guaynabo acude ante nosotros

mediante

los

presentan

recursos

CC-2009-16

controversias

y

CC-2009-25.

relacionadas

especial de expropiación forzosa.

al

Éstos

procedimiento

Específicamente, se nos

solicita que aclaremos si el Estado tiene que establecer la

constitucionalidad del uso público de la expropiación que

solicita ante el tribunal o, por el contrario, si la parte

con

interés

sobre

el

bien

expropiado

tiene

la

probar la inexistencia de dicho uso público.

carga

de

Asimismo,

debemos resolver si el Municipio Autónomo de Guaynabo tiene

que contar con una consulta de transacción pública aprobada

por

la

Junta

expropiación

de

Planificación

forzosa.

Por

antes

de

realizar

ambos

recursos

una

tratar

controversias similares, el 8 de mayo de 2009 expedimos y

consolidamos los mismos.

Veamos los hechos pertinentes.

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

3

I.

En noviembre de 2005 y marzo de 2006, el Municipio

Autónomo de Guaynabo (en adelante “el Municipio”) presentó

en el Tribunal de Primera Instancia varias peticiones de

expropiación forzosa para adquirir ciertos terrenos en la

Barriada

Mainé,

municipio.1

ubicada

en

el

Barrio

Frailes

del

mismo

Junto a cada una de las peticiones presentó

también un legajo que incluía:

1) un documento con la

descripción de cada inmueble, la compensación a consignarse,

y las personas con interés; 2) una moción solicitando la

adquisición y entrega material de la propiedad; y 3) una

declaración del alcalde de la ciudad.

de

la

expropiación,

en

dicha

Sobre el uso público

declaración

el

Municipio

expresó:

. . . La adquisición de la propiedad objeto de

este procedimiento es de necesidad y utilidad

pública, ya que cumple con el propósito del

[Municipio] y la Comunidad en general, realizar

política pública y además, para la realización de

cualesquiera programas encaminados a lograr los

propósitos de la ley, creando los Municipios ....

El interés que el [Municipio] se propone

adquirir en la(s) referida(s) propiedad(es) para

el fin público indicado es el de un título de

dominio absoluto . . . para llevar a cabo el

Proyecto de Vivienda de Interés Social “Villas de

Mainé, Guaynabo, PR”.

El declarante, así como la Asamblea Municipal

de Guaynabo, en armonía con la facultad que para

ello le ha sido conferida por las leyes . . . ha

determinado

que

la

adquisición

de

la(s)

propiedad(s) (sic) objeto de esta acción es de

utilidad pública, necesaria y conveniente para el

proyecto

“Villas

de

Mainé,

Guaynabo,

PR”.

(Énfasis en el original).

1

La Legislatura Municipal había autorizado previamente las

referidas expropiaciones mediante las Ordenanzas Municipales

Núm. 21 y 229, Serie Núm. 2002-03; y Núm. 13, 50, 61 y 63,

Serie 2005-06.

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

Los

propietarios

interesaba

adquirir

de

4

los

(en

terrenos

adelante

que

“los

el

Municipio

recurridos”)

contestaron las peticiones de expropiación impugnando su uso

público, entre otros asuntos.

A.

En el caso CC-2009-25, los recurridos presentaron ante

el foro primario una Moción de Impugnación del Fin Público

en la cual alegaron que la petición de expropiación carecía

de una consulta de transacción pública aprobada por la Junta

de

Planificación,2

público.

y

una

declaración

Cumpliendo

con

una

orden

específica

del

de

uso

tribunal,

el

Municipio presentó una réplica informando que el fin público

de

la

expropiación

era

la

construcción

público de vivienda con interés social.

de

un

proyecto

Con el objetivo de

aclarar dicha finalidad el Municipio señaló:

El proyecto que se desarrolla en la Comunidad

Mainé de Guaynabo, dirigido a ofrecer alternativas

viables de vivienda a familias de escasos recursos

económicos residentes en dicha ciudad, presenta

como objetivos principales entre otros, aumentar

la disponibilidad de viviendas nuevas, seguras,

sanitarias

y

económicamente

asequibles

para

familias de escasos recursos económicos y fomentar

el desarrollo urbano de la ciudad mejorando la

calidad de vida de los residentes.

La obra pública, identificación que el

gobierno hace sobre las necesidades de una

comunidad y la manera de satisfacerlas, para la

que se expropia en este caso, es un desarrollo de

viviendas de interés social que establece en la

Comunidad Mainé un proyecto modelo que inicia la

renovación urbana de todo el sector, política

2

El 15 de diciembre de 2006, este Tribunal denegó expedir

un auto de certiorari para revisar una determinación del

Tribunal de Apelaciones en la que éste sostuvo que el

Municipio de Guaynabo no venía obligado a presentar ante el

tribunal una consulta de transacción pública aprobada por la

Junta de Planificación como parte del procedimiento de

expropiación forzosa.

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

5

pública de la administración municipal dirigida a

la

rehabilitación

y

renovación

de

la

infraestructura

y

calidad

de

vida

de

los

residentes de la comunidad Mainé de Guaynabo.

(Énfasis en el original).

El Municipio también solicitó al foro primario que le

permitiera desfilar prueba sobre dicho fin público en una

vista que estaba próxima a celebrarse.

Posteriormente, los

recurridos presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia

una

Moción

Solicitando

Expropiación

Forzosa

Desestimación

por

de

la

Petición

Inconstitucionalidad

del

de

Fin

Público, en la cual arguyeron que el proyecto de vivienda de

interés social alegado por el Municipio como fin público era

inconstitucional.

Ello debido a que el Manual de Criterios

para el otorgamiento de Subsidios de Vivienda para Hogar

Propio y Seguro en el Municipio de Guaynabo de 1997 (en

adelante

“Manual

de

Subsidios

de

Vivienda”),

que

alegadamente utilizaría el Municipio para seleccionar los

beneficiarios del proyecto de vivienda, era inconstitucional

de su faz por negar sus beneficios a individuos que no son

ciudadanos americanos y por imponer condiciones contrarias a

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,3

infra.

3

Entre los requisitos de elegibilidad que establece

sección 4.001 del citado Manual están:

“. . . .

b.

Ser ciudadano de los Estados Unidos de

Norte América.

. . . .

k.

Aprobada la tasación de su propiedad por el

C.R.I.M. y notificada dicha tasación por el

Municipio al residente dueño de la propiedad para

éste poder acogerse al programa de subsidio

deberá, . . . informarle por escrito al Municipio

la

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

El

Tribunal

de

6

Primera

Instancia

emitió

una

resolución, el 25 de septiembre de 2006, en la cual declaró

no ha lugar la moción que impugnaba la constitucionalidad

del fin público del proyecto del Municipio, y señaló una

próxima vista para pasar juicio sobre el fin público de la

expropiación.

El tribunal advirtió a los recurridos que de

no estar preparados cuando se celebrara la siguiente vista,

desestimaría

su

impugnación

sobre

el

fin

público

y

continuaría con los procedimientos de la expropiación.

El 27 de octubre de 2006, los recurridos acudieron al

Tribunal

de

Estando

pendiente

intermedio,

Apelaciones

y

dicho

sin

que

mediante

recurso

de

recurso

ante

foro

apelativo

Primera

Instancia

el

Tribunal

el

de

certiorari.

hubiese celebrado la vista sobre la impugnación del fin

público

de

Municipio

la

expropiación,

solicitó

recurridos

al

foro

desalojar

expropiación.

las

el

7

de

primario

marzo

que

de

2007

ordenara

propiedades

a

objeto

el

los

de

Dicho foro concedió la petición, ordenando

el lanzamiento de los recurridos el 15 de marzo de 2007.

Ante

tal

suceso,

presentaron

una

el

29

de

marzo

moción

en

auxilio

del

de

mismo

año,

éstos

jurisdicción

_______________________

que acepta el programa y está dispuesto a cumplir

con todas y cada una de las condiciones impuestas

en el plan de subsidio;

l.

Los residentes que no acepten la tasación

debidamente endosada por el C.R.I.M. y por tal

razón el Municipio tenga que expropiarle la

propiedad, no serán elegibles para participar en

el programa. Dándose esta situación el Municipio

iniciará el proceso [de] expropiación forzosa,

depositará la suma por la cual el C.R.I.M. tasó la

propiedad como justa compensación de la misma y el

dueño podrá continuar el procedimiento en el

Tribunal conforme a derecho.”

al

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

7

Tribunal de Apelaciones, el cual ordenó la paralización de

los procedimientos en el foro recurrido.

Así las cosas,

luego de examinar el caso en sus méritos, dicho tribunal

dictó sentencia revocando tanto la resolución como la orden

del foro primario y decretó que se celebrara una vista

evidenciaria para dilucidar el uso público del proyecto.

Asimismo puntualizó que el Municipio debía presentar prueba

sobre la utilidad y necesidad del fin público, mientras que

los recurridos tendrían derecho a desfilar prueba con miras

a impugnar dicho fin público.

De

la

referida

sentencia

acude

ante

nosotros

el

Municipio mediante recurso de certiorari y alega que el

Tribunal de Apelaciones erró al determinar que corresponde

al Estado en primera instancia probar la validez, necesidad

y viabilidad del fin público de la expropiación.

B.

Por otro lado, en el caso CC-2009-16, los recurridos

también presentaron ante el foro primario dos mociones de

desestimación.

Al

igual

que

en

los

procedimientos

descritos anteriormente, una de las mociones impugnaba la

constitucionalidad del fin público de la expropiación por

motivo del Manual de Subsidios de Vivienda que alegadamente

utilizaría

el

Municipio

para

brindar

sus

beneficios;

mientras la segunda moción requería la presentación de una

consulta de transacción pública aprobada por la Junta de

Planificación.

En este procedimiento el Tribunal de Primera Instancia

celebró una vista argumentativa sobre impugnación de fin

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

público.

8

Luego de escuchar los argumentos de las partes,

el foro primario declaró no ha lugar ambas mociones de

desestimación y expresó en su resolución del 10 de octubre

de 2006: “Que habiendo la parte con interés desfilado la

prueba4 en cuanto a la impugnación al fin público, entiende

[el tribunal] que la misma no es suficiente para impugnar

el fin público de una vivienda de carácter social que se

han

(sic)

presentado

en

el

caso.”

Tal

resolución

fue

notificada el 5 de septiembre de 2008.

Inconformes con tal determinación, el 6 de octubre de

2008,

los

recurridos

acudieron

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones, quien dictó sentencia revocando la resolución

del foro inferior y ordenó al Municipio presentar evidencia

sobre la utilidad y necesidad del fin público del proyecto

propuesto

para

la

expropiación.

Asimismo,

el

foro

apelativo intermedio concluyó que al amparo del Reglamento

de

Procedimientos

Adjudicativos

de

la

Junta

de

Planificación, infra, y la Orden Ejecutiva Núm. 4 del 20 de

enero de 2004, infra, el Municipio tenía que presentar en

el

tribunal

inferior

una

“consulta

de

ubicación

sobre

transacción pública” debidamente autorizada por la Junta de

Planificación

para

cada

uno

de

los

inmuebles

objeto

de

expropiación.

4

Advertimos que aunque el Tribunal de Primera Instancia

menciona la “prueba” de los recurridos, en realidad debió

hacer referencia a sus “argumentos” ya que se trataba de

una conferencia sobre el estado de los procedimientos a la

cual sólo comparecieron los abogados de las partes a

discutir sus respectivas mociones.

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

9

Nuevamente, acude ante nosotros el Municipio mediante

recurso

de

certiorari

y

alega

que

el

Tribunal

de

Apelaciones erró al determinar que corresponde al Estado en

primera instancia probar la validez, necesidad y viabilidad

del fin público de la expropiación.

Igualmente impugna el

requerimiento de presentar como parte de su evidencia una

consulta aprobada por la Junta de Planificación.

Habida cuenta de que los recursos fueron expedidos y

consolidados,

así

como

examinados

los

alegatos

de

las

partes, pasamos a evaluar el derecho aplicable.

II.

A.

El

privada

derecho

es

fundamental

uno

Constitución.

a

expresamente

disfrutar

de

la

propiedad

reconocido

en

nuestra

Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., 1 L.P.R.A.

Empero, en repetidas ocasiones hemos aclarado que éste no

es absoluto, pues está sujeto al poder inherente del Estado

de

establecer

ciudadanos.

restricciones

sobre

la

propiedad

de

los

Autoridad de Tierras de P.R. v. Moreno Ruiz

Developer Corp. et al., res. el 24 de julio de 2008, 2008

T.S.P.R. 128, 174 D.P.R. __ (2008); Culebra Enterprise v.

E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991); E.L.A. v. Registrador, 111

D.P.R. 117 (1981); E.L.A. v. Rosso, 95 D.P.R. 501 (1967).

Un ejemplo de este poder inherente es la facultad del

Estado para adquirir la titularidad de bienes privados a

través de la expropiación forzosa, también conocida como

dominio eminente.

Aut. Carreteras v. 8,554.741 m/c I, 172

D.P.R. 278, 291 (2007).

Véase también, Estado v. Fajardo

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

Sugar

79

Co.,

D.P.R.

321

10

(1956).

Sin

embargo,

esta

facultad encuentra límites en nuestra Constitución mediante

una importante garantía, a saber, que “[n]o se tomará o

perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser

mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con

la

forma

E.L.A.,

provista

1

por

L.P.R.A.

ley”.

Cónsono

Art.

con

II,

la

Sec.

citada

9,

Const.

protección

constitucional, el artículo 1930 del Código Civil establece

que “[n]adie podrá ser privado de su propiedad sino por

autoridad

competente,

por

causa

justificada

de

utilidad

pública o beneficio social, y mediante el pago de una justa

compensación que se fijará en la forma provista por ley”.

31 L.P.R.A. sec. 1113.

De otra parte, la Asamblea Legislativa puede ejercer

su autoridad de expropiación directamente o delegándola en

otras entidades o funcionarios públicos.

32 L.P.R.A. secs.

2902, 2905; M. Mercado e Hijos v. Tribunal Superior, 85

D.P.R. 370, 376 (1962).

A tenor con ese principio, la Ley

de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de

1991, según enmendada, otorgó a los municipios el poder de

realizar

expropiaciones

forzosas

dentro

de

sus

límites

territoriales por cuenta propia o a través del Gobernador

de Puerto Rico, sujeto a las leyes generales y órdenes

ejecutivas aplicables.

Ante

la

normativa

21 L.P.R.A. secs. 4051, 4453.

ya

reseñada,

hemos

reiterado

que

cuando el Estado o una entidad designada por éste pretenden

adquirir la propiedad de una persona mediante dicho poder

inherente, tienen que seguir el procedimiento dispuesto en

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

11

la Ley de Expropiación Forzosa, Ley de 12 de marzo de 1903,

según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 2901 et seq., y la Regla

58 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V,

R. 58.

Véanse, Autoridad de Tierras de P.R. v. Moreno Ruiz

Developer Corp. et al., supra; E.L.A. v. Sociedad Civil

Agrícola e Industrial, 104 D.P.R. 392 (1975); Esteves v.

Rabell, 36 D.P.R. 130 (1926).

Tanto la Ley de Expropiación Forzosa como la Regla 58

requieren la presentación de una demanda o petición en el

tribunal

para

expropiación.

comenzar

el

procedimiento

judicial

de

32 L.P.R.A. sec. 2905; Regla 58.3, supra.

Junto a la petición de ordinario se presenta un legajo de

expropiación

que

declaración

de

propiedad.

A.C.T. v. Iñesta, 165 D.P.R. 891, 902 (2005).

Si

la

incluye,

entre

adquisición

y

declaración

cumple

otros

entrega

con

documentos,

una

material

la

todos

los

de

requisitos

dispuestos en la Ley de Expropiación Forzosa y se deposita

en

el

tribunal

la

compensación

estimada,

el

título

de

dominio queda entonces investido en la entidad que solicitó

la expropiación.

32 L.P.R.A. sec. 2907.

Véanse además,

A.C.T. v. Iñesta, supra, págs. 902-03; Pueblo v. 632 Metros

Cuadrados de Terreno, 74 D.P.R. 961, 971 (1953); Pueblo v.

Registrador, 70 D.P.R. 260 (1949).

Desde ese instante el

tribunal puede fijar el término y las condiciones bajo las

cuales

los

poseedores

de

los

bienes

expropiados

deberán

entregar la posesión material de los mismos al demandante.

32 L.P.R.A. sec. 2907.

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

12

Ahora bien, aunque el procedimiento de expropiación es

uno de naturaleza in rem, al inicio del pleito el Estado

tiene

la

obligación

de

acumular

como

demandados

a

las

personas que tengan un interés en la propiedad y “a la

sazón se conozcan”.

Regla 58.3(b), supra; 32 L.P.R.A. sec.

2905; A.C.T. v. Iñesta, supra, pág. 904.

Posteriormente,

pero siempre antes de celebrarse cualquier vista sobre la

justa compensación, el Estado tendrá que traer al pleito

aquellas personas con interés sobre la propiedad que se

conozcan

luego

de

realizar

Registro de la Propiedad.

diligencias

razonables

en

el

Regla 58.3(b), supra; A.C.T. v.

Iñesta, supra, pág. 904; Pueblo v. McCormick, Alcaide &

Co., 78 D.P.R. 939 (1956).

Una

vez

el

titular

de

dominio

es

debidamente

notificado del procedimiento de expropiación, éste tiene la

oportunidad de presentar una contestación ante el tribunal

y levantar las defensas y objeciones que tenga tanto sobre

el

“carácter

propiedad,

público

como

la

uso

a

cuantía

que

se

declarada

destinará

como

la

justa

A.C.T. v. 780,6141m2, 165 D.P.R. 121, 133

compensación”.

(2005).

a

del

Véanse

también

Regla

58.5,

supra;

J.A.

Cuevas

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Publ. JTS, Tomo

II,

2000,

pág.

respecto

al

presente

la

fin

1082.

Cabe

aclarar

público

y

a

la

justa

compensación

que

demandada

en

su

contestación,

no

parte

que

los

reclamos

impedirán que el Estado obtenga provisionalmente el título

y la posesión material de la propiedad una vez presente la

declaración de adquisición y entrega material mencionada

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

anteriormente.

13

No obstante, el dominio que así adquiere el

Estado,

no es de carácter final pues . . . está sujeto a

ser derrotado cuando, en un caso como el presente,

se ha atacado la facultad del Gobierno para

expropiar, poniéndose así en controversia la

validez de la expropiación.

El título no queda

indefectiblemente adquirido por el Gobierno porque

adopte el procedimiento auxiliar. Es necesaria a

tal fin la sentencia final en el . . . pleito de

expropiación.

Iriarte

Miró

v.

Srio.

de

84

Justicia,

D.P.R.

171,

179

presenta

una

(1961).

En

otras

palabras,

si

el

Estado

declaración de adquisición y entrega material válida junto

a su petición de expropiación, y la parte con interés la

contesta impugnando el fin público o la justa compensación,

el tribunal debe ordenar el traslado de dominio y entrega

material

provisionalmente.

necesario

que

continúe

Ello

con

la

no

obstante,

celebración

del

será

juicio

y

evalúe la evidencia que allí presenten las partes para que

pueda entonces dictar una sentencia definitiva determinando

los derechos de aquéllos.

final

en

la

cual

Es decir, será en la sentencia

resolverá

si

le

asiste

al

Estado

el

derecho de expropiación y el monto de la justa compensación

que deberá recibir la parte con interés, tal como lo ordena

la Ley de Expropiación Forzosa.

32 L.P.R.A. sec. 2911.

Véase,

of

The

American

Railroad

Co.

P.R.

v.

Ortiz,

16

D.P.R. 286, 301 (1910) (“Toda consideración de utilidad y

conveniencia

pública

debe

supeditarse

al

derecho

del

propietario a su propiedad, hasta que dicho derecho sea

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

14

suspendido o extinguido de estricto acuerdo con la ley del

país.”)

En

cuanto

a

la

referida

evaluación

que

sobre

la

petición de expropiación forzosa debe realizar el juzgador,

hemos sostenido que “[c]omo la facultad de expropiar es un

atributo inherente a la soberanía del Estado, las únicas

limitaciones que pueden reconocerse a su ejercicio son que

la propiedad se dedique a un uso o fin público y se le

satisfaga al demandado una justa compensación por ella”.

Autoridad de Tierras de P.R. v. Moreno Ruiz Developer Corp.

et

al.,

págs.

supra,

15-16;

E.L.A.

v.

Sociedad

Civil

discreción

para

Agrícola e Industrial, supra.

La

Asamblea

determinar

lo

Legislativa

que

tiene

constituye

un

gran

fin

público

expropiación, así como su utilidad y necesidad.

v. Marrero, 64 D.P.R. 260, 267 (1944).

para

la

McCormick

Véase, Kelo et al.

v. City of New London, 545 U.S. 469, 482-83 (2005); O’Neill

v. Leamer, 239 U.S. 244, 253 (1915).

Ello nos ha llevado a

expresar que cuando la Legislatura declara el uso público

de una expropiación antes de que el Estado presente su

acción en el tribunal, existe una presunción de que el uso

así declarado es en efecto un fin público según lo exige

nuestra Constitución.

Estado v. Fajardo Sugar Co., supra,

pág. 334; McCormick v. Marrero, supra.

Véase también J.L.

Sackman, Nichols on Eminent Domain, Matthew Bender, 3ra ed.,

Vol.

2A,

beneficia

Sec.

7.03[11][b].

al

en

Estado

Esta

cuanto

presunción,

sirve

de

al

menos,

fundamento

para

obtener el dominio provisional de los bienes mediante la

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

15

presentación de una declaración de adquisición y entrega

material de la propiedad objeto de expropiación; mecanismo

auxiliar que dispone la Ley de Expropiación Forzosa y el

cual discutimos previamente.

Por

otro

llamados

a

lado,

revisar

32 L.P.R.A. sec. 2907.

aunque

la

los

tribunales

sabiduría

o

no

estamos

conveniencia

de

las

declaraciones legislativas sobre el uso público, McCormick

v. Marrero, supra, en última instancia, la determinación

sobre si un uso en particular es público y legítimo, bajo el

palio

de

nuestra

Judicial.

Estado

Constitución,

v.

Fajardo

corresponde

Sugar

a

la

Rama

Co.,

supra.

Véase

público

en

nuestra

Sackman, op. cit., Sec. 7.03[11][a].

Sobre

la

figura

del

uso

jurisdicción, podemos afirmar que lejos de gozar de una

definición clara y precisa, ésta se ha venido desarrollando

paulatinamente a través de la jurisprudencia.

el caso en la jurisdicción federal.

Igual ha sido

Véanse, Kelo v. City of

New London, supra, pág. 483 (“For more than a century, our

public use jurisprudence has wisely eschewed rigid formulas

and intrusive scrutiny in favor of affording legislatures

broad latitude in determining what public needs justify the

use of the takings power.”); Errol E. Meidinger, The “Public

Uses” of Eminent Domain: History and Policy, 11 Envtl. L. 1,

13 (1980).

En

última

instancia,

la

función

judicial

es

velar

porque la expropiación que interesa el Estado “cont[enga]

elementos de beneficio público y el propósito que se trata

de

realizar

[sea]

de

carácter

público”.

McCormick

v.

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

Marrero, supra, pág. 267.

16

Véase además, Estado v. Fajardo

Sugar Co., supra, pág. 328, nota 4 (“En Puerto Rico se ha

seguido la doctrina liberal que acepta el significado del

término

‘uso

público’

como

sinónimo

de

‘beneficio

público’.”) (Citas omitidas).

Dicha finalidad podría ser

alcanzada

por

gubernamentales

aunque

beneficios

que

expropiación

aprovechen

las

entidades

promueve

la

no

los

directamente a toda una comunidad, o ésta no reciba todo el

beneficio.

Mas

Id., pág. 335.

sin

embargo,

debemos

recordar

que

una

vez

establecido que la expropiación requerida por el Estado en

efecto

tiene

un

fin

público,

“no

corresponde

a

los

tribunales revisar las determinaciones sobre la naturaleza

o

extensión

del

derecho

a

adquirirse,

la

cantidad

de

terreno a expropiarse, la necesidad o lo adecuado del sitio

en particular, porque ésta es una función que ejerce la

[L]egislatura bien directamente o delegándola en agencias y

funcionarios”.

Autoridad de Tierras de P.R. v. Moreno Ruiz

Developer Corp. et al., supra, pág. 16; M. Mercado e Hijos

v. Tribunal Superior, supra.

Véanse además, Berman et al.

v. Parker et al., 348 U.S. 26 (1954); T.M. Cooley, Cooley’s

Constitutional Limitations, 8va ed., Boston, Little, Brown &

Co., 1927, Vol. 2, págs. 1143-47; A.D. Jahr, Law of Eminent

Domain: Valuation and Procedure, Clark Boardman Co., 1957,

pág. 355.

En dichas circunstancias sólo podemos intervenir

con el fin propuesto por el Estado si éste implica una

imposibilidad o no existe vínculo racional alguno entre la

declaración legislativa y el objeto perseguido.

Estado v.

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

17

Fajardo Sugar Co., supra, pág. 330; E.L.A. v. Rosso, 95

D.P.R. 501, 537 (1967).

En igual sentido véanse, Hawaii

Housing Authority v. Midkiff, 467 U.S. 229, 240-41 (1984);

United States ex rel. T.V.A. v. Welch, 327 U.S. 546, 552

(1946); Old Dominion Co. v. United States, 269 U.S. 55, 66

(1925).

B.

Sobre

las

cargas

que

tienen

las

partes

en

los

procedimientos de expropiación forzosa, hemos reiterado que

cuando se objeta la compensación depositada por el Estado

como

justo

precio,

el

dueño

de

la

propiedad

−aunque

formalmente sea el demandado− pasa a ocupar la posición del

demandante

y

tiene

que

probar

su

compensación mayor a la consignada.

derecho

a

obtener

una

A.C.T. v. 780,6141m2,

supra, pág. 133; Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85

D.P.R. 1, 11 (1962); Pueblo v. McCormick, Alcaide & Co.,

supra, pág. 952; Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno,

supra, pág. 976; Canino v. Tribunal de Expropiaciones, 70

D.P.R. 152, 153-54 (1949); Pueblo v. Anadón, 69 D.P.R. 822,

825 (1949).

Powelson,

Véanse también, United States ex rel. T.V.A. v.

319

U.S.

266,

273

(1943)

(“The

burden

of

establishing the value of the lands sought to be condemned

was on respondent [(the proprietor)].”); United States v.

Toronto, Hamilton, & Buffalo Navigation Co., 338 U.S. 396,

406 (1949); United States v. John J. Felin & Co., Inc., 334

U.S. 624, 631 (1948); Marion & Rye Valley Railway Co. v.

United States, 270 U.S. 280, 285 (1926).

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

Sin

embargo,

18

respecto

al

uso

público

de

la

expropiación, no existe en la Ley de Expropiación Forzosa o

nuestra jurisprudencia una norma clara sobre quién tiene la

carga

de

probar

interrogante,

Constitución

su

como

del

pronunciamientos

validez.

La

respuesta

veremos,

está

implícita

Estado

previos

Libre

Asociado

sobre

los

lugar

la

y

a

dicha

en

la

nuestros

procedimientos

de

expropiación forzosa.

Examinemos

en

primer

discusión

de

varios

delegados de la Convención Constituyente de Puerto Rico a

propósito de una enmienda propuesta a la Sección 9 del

Artículo II de la Constitución en torno al uso público de

las expropiaciones forzosas:

Srta. PRESIDENTA:

Señor Secretario, al leer,

como en este caso, sería bueno que al llegar a

la enmienda hiciera un énfasis, de manera que

los delegados pudieran saber cuál es la enmienda

que se está [proponiendo].

Sr. SECRETARIO:

“No se tomará o perjudicará la

propiedad privada por razón de uso público, a no

ser mediante declaración de necesidad y utilidad

y el pago de una justa compensación de acuerdo

con la forma provista por ley.”

Eso es la

enmienda.

. . . .

Sr. GARCÍA MÉNDEZ: . . . Voy a explicar el

fundamento de mi enmienda.

Señorita Presidenta

y compañeros.

El procedimiento en Puerto Rico

actualmente conlleva dos pasos o requisitos; uno

es el que sea necesaria la propiedad a ser

tomada por el gobierno, de necesidad pública; y

dos, que se pague una justa compensación. Dejar

la sección como está, llevaría en la práctica,

en

la

práctica

conllevaría

el

resultado

siguiente: Que se alegaría en la acción que

sencillamente por razón pública, genéricamente,

por razón pública, pero a un arbitrio prudente

de la autoridad competente por razón pública se

toma esta propiedad y se deposita la cantidad de

tanto.

La única enmienda que yo hago es, que

quede

claro

que

debe

especificarse

la

declaración de utilidad y necesidad.

En otras

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

palabras, si el compañero Dávila Díaz tiene una

casa residencia en el barrio X de Manatí, y el

gobierno entiende que esa casa es de utilidad y

necesidad para fines públicos, lo dice así,

deposita la cantidad de justa compensación y

prosigue el caso.

En la forma en que está, se

elimina la declaración de utilidad y necesidad;

que no quiere decir aquí que tenga que ser

previa . . ..

No, lo que debe es consignarse en la acción

las

razones

“de

utilidad

y

conveniencia

públicas”

y

entonces

depositar

la

“justa

compensación.” Pero si no se dice así, entonces

por razón pública puede ser todo.

Es un fíat

que lo cubriría absolutamente todo, al arbitrio

prudente en unos casos, sensato en otros casos,

pero un poco arbitrario, podría ser en algunos

otros.

. . . .

Sr. GUTIÉRREZ FRANQUI:

Señorita Presidenta.

Mi

única objeción a la enmienda es que la misma

tiende a trastornar un lenguaje que ha sido

objeto de innumerables decisiones judiciales e

interpretado infinidad de veces, tanto por ser

el lenguaje de la Constitución de los Estados

Unidos en materia de expropiación, como por

haber sido el lenguaje hasta ahora existente en

la Carta Orgánica.

. . . .

No creo por un lado que debamos estar

constantemente amarrados aquí a un lenguaje

conocido y estricto; pero el lenguaje que tiene

abundante

y

rica

jurisprudencia

de

interpretación, no creo que debamos variarlo

innecesariamente, cuando a nuestro juicio el

concepto que trata de incorporar el compañero

está implícito en este lenguaje.

Sr. GARCÍA MÉNDEZ: Señorita Presidenta.

Para ganar tiempo y no tomárselo a la

Convención, ¿acepta el comité que trajo el

informe, el punto de vista de que ésa es la

interpretación

de

este

precepto,

sin

mi

enmienda?

Sr. BENÍTEZ:

Aceptamos

el

punto

de

vista

expresado por el señor Gutiérrez Franqui.

Sr. GARCÍA MÉNDEZ: O sea, ¿que está implícito que

habrá la declaración de necesidad y utilidad o

de uso público, de acuerdo con el sistema que se

está usando a virtud de esos preceptos, tal como

aparecen en la Constitución americana . . .? En

ese caso, señorita Presidenta, siendo esto parte

interpretativa del precepto, retiro mi enmienda.

Sr. REYES DELGADO: Señorita Presidenta.

Srta. PRESIDENTA:

Señor Delgado.

19

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

Sr. REYES DELGADO: Yo quiero aclarar, para una

pregunta al Presidente o al señor Procurador

General, delegado Gutiérrez Franqui, que explicó

esta situación. ¿Quiere eso decir que cada vez

que se haya de tomar una propiedad, el tribunal

pueda entrar a discutir si hubo justificación en

la declaración de utilidad pública, aunque sea a

posteriori? O es que la Asamblea Legislativa lo

dirá en la ley o se tomará en cuenta la acción

de la Asamblea Legislativa; porque tal como yo

entiendo, el punto levantado por el compañero

García Méndez, es que al expropiar se pueda

entrar a discutir, aunque no sea previamente, si

hubo justificación en la declaración de utilidad

pública, o no.

Y yo entiendo que ésa no es la situación.

Que se deje claro en el acta hasta dónde

puede llegarse en eso.

Sr. GUTIÉRREZ FRANQUI:

La

contestación

a

la

pregunta del compañero, hasta donde yo la

entiendo, y que es el estado de las decisiones

que no

queremos alterar mediante el uso de

nuevo lenguaje, es, que la corte no puede ir más

allá de determinar si el carácter o el uso a que

se va a destinar la propiedad constituye un fin

público; pero no puede entrar a cuestionar la

declaración

específica

que

haga

el

poder

legislativo de que esa propiedad es para tal fin

público.

Sr. QUIÑONEZ: Una pregunta al compañero Gutiérrez

Franqui.

Pregunto yo, ¿y tampoco podría entrar

la corte en la motivación del poder legislativo

al hacer ese decreto?

Sr. GUTIÉRREZ FRANQUI:

Únicamente en el carácter

de fin público, del propósito para el cual se

expropia.

Y no hemos querido, no, alterar el

stare decisis, la situación de jurisprudencia

que existe en este momento.

Sr. DÁVILA DÍAZ:

Señor Gutiérrez Franqui, de

modo que el gobierno necesita cierta cantidad de

terreno en tal o cual parte del país; tal y como

está la situación hoy, la ley declara de

necesidad

y

utilidad

pública

ese

terreno;

deposita la cantidad, el valor que él cree justo

por ese terreno, en la corte; y toma posesión de

la propiedad, ¿no es eso?

Sr. GUTIÉRREZ FRANQUI:

Toma posesión y título.

Sr. DÁVILA DÍAZ:

Y título.

¿Pero entonces el

dueño no tiene ningún derecho a recurrir a una

corte para que el gobierno le pruebe que no es

caprichosa esa decisión?

Sr. GUTIÉRREZ FRANQUI:

Sí, señor.

Ese derecho

existe, subsiste en su integridad.

Sr. DÁVILA DÍAZ:

¿Existe hoy?

20

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

21

Sr. GUTIÉRREZ FRANQUI:

Existe hoy y subsistirá

después de la aprobación de esta [C]onstitución.

Sr. DÁVILA DÍAZ:

Muy bien.

3

Diario

de

Sesiones

de

la

Convención

Constituyente

de

Puerto Rico, págs. 1552-54 (1961) (Énfasis suplido).

El

debate

antes

citado

se

produjo

luego

de

que

el

delegado Miguel A. García Méndez propusiera su enmienda.

Ésta

buscaba

expropiación

y

limitar

posibles

abusos

actos

arbitrarios

por

del

parte

poder

del

de

Estado

asegurando que éste siempre tuviera que expresar el uso

público al cual destinaría la propiedad expropiada.

De

manera que señalar, en una acción de expropiación, que se

trata de un fin público en general no sería suficiente.

Dicha

enmienda

concluyeron

que

implícitamente

fue

retirada

debido

el

lenguaje

original

contiene

el

a

que

los

delegados

de

la

Constitución

requerimiento

que

la

enmienda

pretendía adicionar.

Más adelante en el desarrollo de la discusión en torno

al fin público, y ante la preocupación del delegado Juan

Dávila

Díaz

respecto

a

bienes

con

la

declaración

mera

que

el

Estado

pudiera

legislativa

expropiar

de

utilidad

pública y la consignación de la justa compensación en el

tribunal, el delegado Victor Gutiérrez Franqui aclaró que al

ciudadano

le

asiste

−tanto

antes

como

después

de

la

aprobación de la Constitución−

− el derecho a impugnar ante

los

tribunales

Asimismo,

el

la

expropiación

intercambio

de

que

interesa

palabras

entre

el

Estado.

estos

dos

delegados sobre el “derecho [del sujeto afectado por la

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

22

expropiación] a recurrir a una corte para que el gobierno le

pruebe que no es caprichosa esa decisión”, evidencia que los

miembros de la Convención Constituyente reconocían que el

Estado tiene el deber de establecer el uso público de la

expropiación cuando los ciudadanos objetan en los tribunales

dicho uso.

Ante tales expresiones, las cuales arrojan luz sobre la

cláusula constitucional que examinamos, debemos concluir que

la entidad que insta la petición de expropiación forzosa

tiene

el

peso

de

establecer

responde a un fin público.

que

expropiación

propuesta

Véase Sackman, op. cit., Vol. 5,

Sec. 18.02[2][b] (“The burden of proof on the right to take

in de jure or direct condemnation cases is normally on the

condemnor.”), Sec. 18.04 (“The burden of proving a public

purpose and a necessity for the taking initially rests on

the

condemning

authority.

Upon

the

presentation

of

supporting evidence, the burden shifts to the condemnee to

prove illegality . . ..”).

Un

examen

cuidadoso

que

determinación

demuestra

la

de

nuestra

jurisprudencia

que

enunciamos

hoy

con

claridad yacía implícita en pronunciamientos anteriores de

este Tribunal.

En Pueblo v. García, 66 D.P.R. 504 (1946), −un caso en

el

que

los

obtendrían

demandados

por

los

impugnaban

bienes

la

expropiados,

compensación

que

mas

uso

no

el

público de la expropiación− resolvimos que cuando el dueño

de una propiedad objeto de expropiación se opone a ésta por

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

estar

inconforme

ofrece,

es

con

dicho

la

23

compensación

demandado

quien

derecho a obtener una suma mayor.

que

tiene

el

Estado

le

que

probar

su

Por ello decimos que el

demandado se convierte en demandante.

En aquel entonces

expresamos que esta regla responde a que la controversia

entre las partes es simplemente si la suma depositada por

el Estado debe ser superior.

Ahora bien, con su adopción también aclaramos que la

regla

era

de

aplicación

a

casos

de

expropiación

en

los

cuales “la única cuestión en controversia es el montante de

la cantidad que deba pagarse al dueño”.

Id., pág. 508.

Conforme a ello, sólo hemos invertido el peso de la prueba

para ponerlo sobre el demandado en casos de expropiación

forzosa cuando éste impugna la justa compensación.

Martínez

Rivera

McCormick,

v.

Alcaide

Tribunal

&

Co.,

Superior,

supra;

supra;

Pueblo

v.

Véanse,

Pueblo

632

v.

Metros

Cuadrados de Terreno, supra, pág. 976 (“cuando la cuestión

en controversia en un caso de expropiación es el importe de

la compensación, los casos resuelven que (1) el demandado es

en

efecto

el

demandante;

(2)

éste

debe

presentar

su

evidencia en primer lugar; y (3) tiene el peso de la prueba

en

cuanto

a

valoración”);

Canino

v.

Tribunal

de

Expropiaciones, supra, págs. 153-54 (“a los efectos de la

valoración

de

una

propiedad

expropiada,

el

demandado

se

convierte en demandante y la contienda queda trabada cuando

el demandado alega que no está conforme con la cantidad

depositada por el El Pueblo”); Pueblo v. Anadón, supra.

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

24

El desarrollo de la norma antes descrita sirve de apoyo

a nuestra determinación: en cuanto al fin público de una

expropiación forzosa, el Estado sigue siendo el demandante

en la acción que promueve y tiene la carga de establecer

dicho fin público.

No hay razón para invertir la posición

de las partes mientras se examina dicho asunto.

De manera

que aunque al Estado le favorece una presunción prima facie

de

uso

público

cuando

la

Legislatura

ha

declarado

previamente tal finalidad, ello no lo releva de tener que

establecer en el tribunal el fin público de la expropiación

que

interesa.

Sackman,

Véase

op.

cit.,

Vol.

7A,

Sec.

G9A.03[4] (“Often, the condemnor benefits from a prima facie

presumption that property condemned is taken for public use.

Nonetheless, the condemnor has the burden of proving the

public use to be made of the property.”).

fin

público

por

la

parte

afectada

en

Cuestionado el

la

expropiación

corresponde al Estado establecerlo.

Empero, debemos señalar que la norma que hoy enunciamos

no supone la celebración de vistas evidenciarias en todo

proceso de expropiación forzosa.

Nos explicamos, si la

entidad gubernamental que interesa obtener la propiedad de

los predios de los demandados incluye en su petición de

expropiación una declaración adecuada del fin público al que

destinará la propiedad que pretende adquirir y la parte

afectada no la cuestiona, la entidad gubernamental habrá

satisfecho

carga

de

expropiación.

Si

por

impugna

público

el

la

fin

establecer

el

el

uso

público

contrario,

la

parte

afectada

recae

sobre

el

declarado,

de

la

ente

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

gubernamental probarlo.

la

parte

expropiante

25

Para cumplir con el onus requerido

muy

bien

puede:

descansar

en

los

documentos que presentó al tribunal como indicativos del fin

público para el cual se expropia, o presentar ante el foro

primario

aquella

sustente

el

evidencia

uso

adicional

público

del

que

éste

terreno

estime

expropiado.

Corresponderá al foro de primera instancia determinar si

celebra una vista evidenciara o argumentativa para dilucidar

el asunto o si ello es innecesario, pero siempre teniendo

presente

que

el

peso

de

la

prueba

de

demostrar

el

uso

público recae en la autoridad gubernamental.

En otras palabras, el fin público puede ser satisfecho

mediante

alegaciones

finalidad

de

la

específicas

expropiación

y

bien

con

la

hechas

sobre

la

documentación

e

información que así lo evidencie, aunque en otras ocasiones,

podría

requerirse

la

celebración

de

para desfilar prueba a esos fines.

vistas

evidenciarias

Véase A.D. Jahr, op.

cit., págs. 356-57 (“The condemnor must then prove that he

possesses the power of eminent domain, [and] the public use

. . ..

Where, however, the defendant pleads an affirmative

defense, the burden of proving the defense rests with the

defendant.”).

Adoptar una posición contraria a ésta sería desvirtuar

los límites que impone sobre el Estado la Sección 9 del

Artículo

II

de

precisamente

lo

nuestra

que

los

Carta

delegados

Constituyente querían evitar.

establezca

el

uso

público

de

Derechos,

de

la

supra;

Convención

Al exigir que el gobierno

de

la

expropiación

en

los

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

26

tribunales, nuestros ciudadanos obtienen la seguridad de que

sus bienes se enajenan, no por motivaciones arbitrarias o

caprichosas

de

funcionarios

públicos,

alcanzar el mejor bienestar común.

sino

en

pos

de

Recordemos que se trata

de la intervención gubernamental con el derecho fundamental

al disfrute de la propiedad privada, el cual no debe ser

destruido livianamente.

Cf., Cincinnati v. Vester, 281 U.S.

439, 447 (1930) (“Otherwise, the taking of any land . . .

would be sustained on a bare recital.

This would be to

treat the constitutional provision as giving such a sweeping

authority to municipalities as to make nugatory the express

condition upon which the authority is granted.”)

C.

De otra parte, la Ley de Expropiación Forzosa, supra,

no dispone qué documentos tienen que ser presentados ante el

tribunal

por

expropiación.

la

entidad

que

interesa

realizar

la

Tampoco dispone que sea necesario concretar

procedimientos administrativos ante otros foros previo a la

presentación de la acción en el foro judicial.

La Regla 58

de Procedimiento Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 58,

también era silente al respecto.

Sin embargo, la Regla 58.3(c) de las nuevas Reglas de

Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 58.3(c),

sí

requiere

que

junto

a

la

demanda

de

presente un legajo con varios documentos.

expropiación

se

Éstos son: un

exhibit que contenga ciertos datos de la propiedad; una

certificación expedida por el Registro de la Propiedad; una

consulta de ubicación; un plano de mensura; un informe de

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

27

valoración; una declaración para la adquisición y entrega

material de la propiedad; y un proyecto de resolución.

Id.

Por otro lado, la Orden Ejecutiva Núm. 4 del 20 de

enero de 2004 ordena que las agencias gubernamentales posean

ciertos documentos antes de adquirir una propiedad inmueble,

incluso

si

la

obtienen

mediante

expropiación

Boletín Administrativo Núm. OE-2004-4.5

forzosa.

Entre otros, la

orden ejecutiva requiere que las agencias posean una “copia

certificada de la Consulta de Uso y Ubicación emitida por la

Junta de Planificación”.

Id.

El origen de la referida orden se remonta a la Orden

Ejecutiva del 26 de febrero de 1987, Boletín Administrativo

Núm. 4874A.

En aquel entonces la orden aplicaba a todas las

instrumentalidades

del

Estado,

a

saber:

“departamentos”,

“agencias”, “corporaciones públicas”, y “municipios”.

Esta

aplicación permaneció inalterada luego de la promulgación de

la

Orden

Ejecutiva

Núm.

69

del

11

de

octubre

de

1991,

Boletín Administrativo Núm. OE-1991-69, la cual enmendó la

orden original.

No obstante, estas dos órdenes se derogaron

por la Orden Ejecutiva Núm. 29 del 30 de junio de 2001,

Boletín Administrativo Núm. OE-2001-29.

Con esta última

orden ejecutiva no sólo se establecieron nuevas normas para

5

“Orden Ejecutiva de la Gobernadora del Estado Libre

Asociado

de

Puerto

Rico

para

revisar

las

guías

y

procedimientos aplicables a todos los Organismos de la Rama

Ejecutiva en la preparación de informes de valoración y

estudios de mercado para la adquisición y arrendamiento de

bienes inmuebles a ser dedicados para fines públicos, a fin

de aclarar el alcance de su aplicación y modificar varias de

sus disposiciones; y para derogar la Orden Ejecutiva Núm. 29

del 30 de junio de 2001”; enmendada por la Orden Ejecutiva

Núm. 54 del 14 de noviembre de 2007, Boletín Administrativo

Núm. OE-2007-54.

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

28

regular la adquisición de bienes inmuebles por el gobierno,

sino

que

se

exclusiva”

a

dispuso

las

que

la

orden

sería

agencias,

definidas

instrumentalidades

y

de

subdivisiones,

las

y

agencias

la

“de

aplicación

como:

Rama

corporaciones

“todas

las

Ejecutiva,

sus

públicas”.

Id.

Finalmente, la Orden Ejecutiva Núm. 4 del 20 de enero de

2004, supra, −vigente cuando se suscitaron los hechos de

autos por haber derogado a la anterior− mantuvo el mismo

lenguaje sobre su aplicación.

Luego

de

evaluar

las

normas

discutidas

hasta

aquí,

pasemos a examinar las determinaciones de los tribunales

recurridos.

III.

Tanto en el recurso CC-2009-16, como en el recurso CC2009-25,

el

−tras

foro

primario

concluir

que

las

expropiaciones en controversia promueven un fin público− el

Tribunal de Apelaciones revocó las resoluciones recurridas

y determinó que el Municipio Autónomo de Guaynabo tiene que

establecer

público

la

validez,

alegado

en

necesidad

una

vista

y

viabilidad

evidenciaria.

del

uso

El

foro

apelativo intermedio también concluyó, en el recurso CC2009-16, que parte de la evidencia que el Municipio tiene

que presentar en la vista sobre el uso público ante el

Tribunal

de

Primera

Instancia

es

una

consulta

de

transacción pública aprobada por la Junta de Planificación.

Su decisión estuvo fundamentada en la Orden Ejecutiva Núm.

4

del

20

de

enero

de

2004,

supra,

y

el

Reglamento

de

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

29

Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación,

Reglamento Núm. 5244 de 21 de marzo de 1995.

Atendamos

cada uno de estos asuntos en orden.

Primeramente, sobre la carga del Municipio en cuanto a

establecer el fin público de la expropiación, concluimos

que no erró el Tribunal de Apelaciones.

A tenor de la

norma discutida previamente, corresponde a la entidad que

promueve la acción de expropiación forzosa, en este caso el

Municipio, establecer el uso público de la misma.

Así

logramos imprimir vitalidad a la limitación constitucional

que impone sobre el Estado la Sección 9 de nuestra Carta de

Derechos,

según

fue

concebida

por

los

delegados

los

principios

de

la

Convención Constituyente.

No

obstante,

anteriormente

al

al

aplicar

caso

de

sentencias recurridas.

debemos

autos

esbozados

revocar

las

Consideramos que el foro apelativo

intermedio erró en tanto concluyó que era necesaria una

vista evidenciaria para que el Municipio estableciera dicho

fin público.

Como vimos, el Estado puede cumplir con dicha

responsabilidad

ante

el

a

través

tribunal,

ya

de

sea

los

documentos

inicialmente

que

para

presenta

instar

su

acción, o posteriormente para sustentarla.

Así, un examen cuidadoso del expediente revela que el

Municipio −luego de haberse presentado la impugnación al uso

público inicialmente alegado− brindó al Tribunal de Primera

Instancia

datos

expropiación

como

suficientes

para

que

sobre

el

el

propósito

de

la

foro

primario

pudiera

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

30

concluir que había quedado establecido el fin público de la

acción.

las

En efecto, el Tribunal de Primera Instancia denegó

mociones

que

impugnaban

el

fin

público

de

la

expropiación porque entendió probado el mismo.

Según

“Villas

vimos,

el

Mainé”

serán

de

Municipio

explicó

residencias

que

de

el

proyecto

interés

social.

Éste forma parte de un plan de desarrollo y renovación

urbana que aumentará la disponibilidad de viviendas seguras

y accesibles para familias de escasos recursos económicos.

Semejante propuesta, sin duda, no sólo constituye un uso

legítimo bajo nuestra Constitución puesto que adelanta un

beneficio público, sino que es afín con otras previamente

avaladas

supra,

por

pág.

esta

267

aquellas

medidas

bienestar

y

Curia.

(“Es

que

Véase,

deber

fueren

defender

la

de

McCormick

todo

v.

Marrero,

gobierno,

adoptar

necesarias

salud

de

para

todos

promover

los

el

ciudadanos,

especialmente de aquellos a quienes sus escasos medios de

fortuna no les permiten adquirir un pedazo de tierra para

edificar en ella sus hogares.”).

Véase además Sackman, op.

cit., Sec. 7.06[22][a].

El

referido

alegaciones

de

uso

público

los

demandados.

impugnarlo

atacando

Subsidios

de

la

no

fue

derrotado

Éstos

por

las

trataron

de

constitucionalidad

del

Manual

de

que

utilizaría

el

Municipio para escoger los beneficiarios del proyecto.

Sin

Vivienda

alegadamente

embargo, tal evaluación es ajena al proceso de expropiación

forzosa.

Hoy sólo tenemos que analizar si la expropiación

que interesa el Estado está motivada por un fin público.

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

Si

eventualmente,

31

habiendo

obtenido

el

Municipio

la

titularidad de los predios, algunas personas estiman que

éste lleva a cabo el proyecto “Villas de Mainé” implantando

reglas

que

contravienen

nuestra

Constitución,

entonces

ellos podrán instar las acciones que entiendan adecuadas a

fin de cuestionar tal proceder.

De manera que pasar juicio

sobre la validez del referido Manual en el presente caso

sería un ejercicio, cuando menos, a destiempo.

De otra parte, debido a que los tribunales no son el

foro

para

dilucidar

la

necesidad

o

viabilidad

de

las

expropiaciones que propone el Estado, M. Mercado e Hijos v.

Tribunal Superior, supra, pues estamos limitados a evaluar

la

existencia

del

uso

público

y

la

justa

compensación,

Autoridad de Tierras de P.R. v. Moreno Ruiz Developer Corp.

et

al.,

supra,

recurridas

ya

necesidad

y

forzosa

ante

también

que

revocar

exigen

que

el

de

la

petición

viabilidad

el

debemos

foro

primario.

las

Municipio

sentencias

pruebe

la

de

expropiación

Los

propietarios

recurridos, sin embargo, mantienen su derecho a levantar

como defensa la imposibilidad de lograr el uso propuesto

por el demandante, así como la falta de nexo racional entre

dicho uso y la declaración legislativa pertinente.

Estado

v. Fajardo Sugar Co., supra; E.L.A. v. Rosso, supra.

En tercer lugar, resolvemos que el Municipio no está

obligado a presentar en los casos recurridos una consulta

de

transacción

Planificación.

pública

aprobada

por

la

Junta

de

La exigencia que impusiera el Tribunal de

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

32

Apelaciones referente a la presentación de dicha consulta

no encuentra apoyo en nuestro ordenamiento.

Como vimos antes, independientemente de que la Orden

Ejecutiva Núm. 4 del 20 de enero de 2004, supra, sea o no

de aplicación a los municipios −asunto que no atendemos en

la

presente

Opinión−

gubernamental

que

va

aquélla

a

ordena

que

la

entidad

una

propiedad

inmueble

adquirir

mediante expropiación forzosa posea una “consulta de uso y

ubicación”, no una consulta de transacción pública como la

que solicitan los recurridos.6

A su vez, debemos aclarar que aunque el Tribunal de

Apelaciones

también

tomó

en

consideración

el

Reglamento

Núm. 5244 de Procedimientos Adjudicativos de la Junta de

Planificación, supra, para ordenar la presentación de la

referida consulta, dicho Reglamento había sido derogado por

el

Reglamento

Núm.

6031

del

12

de

noviembre

de

1999.

Dejando ello a un lado, basta decir que este Reglamento

crea

procedimientos

Planificación

que

administrativos

son

expropiación forzosa.

6

ajenos

al

ante

proceso

la

Junta

de

judicial

de

Nada de lo dispuesto en el referido

La consulta de transacción pública es una consulta

diferente a la consulta de ubicación. Éstas son dos de las

tres consultas que se pueden presentar en la Junta de

Planificación.

Véanse

Reglamento

Núm.

6031

de

Procedimientos Adjudicativos de la Junta de Planificación,

Sec. 2.00 (6) (“Consulta- Comprende toda solicitud para

ubicación, transacción o especial.”) & Sec. 3.02 (“Tipos de

Consultas a Radicarse en la Junta:

1. Consultas de

Ubicación Públicas y Privadas, 2. Consultas Especiales

Públicas, 3. Consultas sobre Transacciones Públicas.”)

(Énfasis suplido); Reglamento Núm. 7512 de Procedimientos

Adjudicativos de la Junta de Planificación.

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

33

Reglamento trata sobre adquisiciones de bienes inmuebles a

través del poder inherente de expropiación.

IV.

Por

Tribunal

todo

ello,

procede

de

Apelaciones.

revocar

Se

las

sentencias

del

dictará

sentencia

de

conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Municipio

Autónomo

de

Guaynabo representado por su

Honorable

Alcalde,

Héctor

O´Neill García

Peticionarios

v.

Adquisición

de

197.8817

metros cuadrados de terreno

radicados en la Bda. Mainé,

Barrio Los Frailes, Guaynabo,

PR, perteneciente a Andeli

González, John Doe y Richard

Doe

Recurridos

Municipio

Autónomo

de

Guaynabo representado por su

Honorable

Alcalde,

Héctor

O´Neill García

Peticionario

CC-2009-16

v.

Adquisición

de

468.7202

metros cuadrados de terreno

radicados en la Bda. Mainé,

Barrio Los Frailes, Guaynabo,

PR, perteneciente a Milagros

Cruz

Gotay,

John

Doe

y

Richard Doe

Recurrida

Municipio

Autónomo

de

Guaynabo representado por su

Honorable

Alcalde,

Héctor

O´Neill García

Peticionario

v.

Adquisición

de

160.3609

metros cuadrados de terreno

radicados en la Bda. Mainé,

Barrio Los Frailes, Guaynabo,

PR, perteneciente a José Cruz

Gotay, John Doe y Richard Doe

Recurrida

Municipio

Autónomo

de

Guaynabo representado por su

Honorable

Alcalde,

Héctor

O´Neill García

Peticionario

Cons.

CC-2009-16 cons. CC-2009-25

v.

Adquisición

de

2,595.1893

metros cuadrados de terreno

radicados en la Bda. Mainé,

Barrio Los Frailes, Guaynabo,

PR, perteneciente a Rafael

Oliveras Ramos, Ana Molina,

First

Bank

Puerto

Rico,

Citibank, N.A., John Doe y

Richard Doe

Recurrida

2

CC-2009-25

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 2 de diciembre de 2010

Por los fundamentos expresados en la Opinión que antecede, los cuales se

incorporan íntegramente a la presente, se dicta sentencia revocando los dictámenes del

Tribunal de Apelaciones. Se devuelven los casos de epígrafe al foro primario para que

continúen los procedimientos conforme lo dispuesto en la Opinión del Tribunal.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal

Supremo, Interina. El Juez Asociado señor Rivera García concurre en el resultado sin

opinión escrita. La Jueza Asociada señora Fiol Matta disiente sin opinión escrita. El

Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo no intervino. La Jueza Asociada señora Pabón

Charneco no interviene.

Larissa Ortiz Modestti

Secretaria del Tribunal Supremo, Interina