LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Vivoni Farage v. Ortiz Carro

2010 TSPR 206

Poder Judicial de Puerto Rico

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Vivoni Farage v. Ortiz Carro

AC-2009-14

Arbitraje – Momento en que el laudo es efectivo y ejecutable; uso del arbitraje como método alterno para efectuar la partición y liquidación de bienes con posterioridad al divorcio

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jorge Alfredo Vivoni Farage

Peticionario

Certiorari

v.

2010 TSPR 206

María de Lourdes Ortiz Carro

179 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: AC-2009-14

Fecha: 28 de septiembre de 2010

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel III

Jueza Ponente:

Hon. Nestor S. Aponte Hernández

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcda. Lizabel M. Negrón Vargas

Lcdo. Víctor Maldonado Gómez

Abogada de la Parte Recurrida:

Lcda. Magda C. Morales Torres

Materia: Impugnación de Laudo

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jorge Alfredo Vivoni Farage

Peticionario

Apelación

v.

María de Lourdes Ortiz Carro

AC-2009-0014

Recurrido

Opinión del

Charneco

Tribunal

emitida

por

la

Jueza

Asociada

señora

Pabón

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de

2010.

En el día de hoy atendemos una controversia

relacionada con una de las partes más cruciales del

proceso

arbitral:

la

ejecución

del

Laudo

y

su

relación con la gestión judicial. Nos corresponde

resolver si luego de un proceso de impugnación de

un Laudo que culminó en su confirmación, procede

concluir

que

la

obligación

contenida

en

cierta

disposición debió ser cumplida al vencer el término

de treinta (30) días contado desde la emisión del

Laudo como éste expresara, o, a contrario sensu,

desde finalizado el trámite judicial.

2

AC-2009-0014

Concluimos que los derechos y obligaciones contenidos

en un Laudo que ha sido confirmado por los tribunales son

válidos y efectivos desde la fecha de su emisión.

Esto es

de conformidad con el propósito del proceso de arbitraje y

la finalidad del Laudo.

No obstante, ante los hechos

particulares de este caso, en que por los propios actos de

la

parte

a

quien

beneficiaba

la

disposición

imposibilidad

de

cumplir

con

dicho

plazo,

permitir

el

incumplimiento

del

referido

que

no

hubo

podemos

término

le

aproveche.

I

Mediante Sentencia de 3 de junio de 1999 se disolvió

el matrimonio del Señor Jorge Alfredo Vivoni Farage, en

adelante, el peticionario, y la Señora María de Lourdes

Ortiz

Carro,

en

adelante,

la

recurrida.

En

ésta

se

incorporaron una serie de estipulaciones, entre las cuales

figuraba: someter a arbitraje los asuntos relacionados a la

partición

gananciales

y

liquidación

habida

entre

de

la

ellos

comunidad

una

vez

de

bienes

decretado

el

Divorcio por consentimiento mutuo.1

La controversia que llega ante nuestra consideración

es respecto a una de las propiedades a liquidar, el hogar

conyugal ubicado en la Urbanización La Península en Cidra,

1

Las partes estipularon que el Laudo sería final, firme e inapelable y

no

convinieron

que

fuera

conforme

a

derecho.

Posteriormente,

modificaron el acuerdo inicial en varias ocasiones, para prorrogar la

fecha de emisión del Laudo; para excluir ciertos bienes de la

adjudicación, y para pactar que en caso de cualquier inconveniente o

impasse en la implantación y/o ejecución de los acuerdos referentes al

manejo, administración de bienes o impugnación del Laudo arbitral se

pudiera

recurrir

al

procedimiento

ordinario

dispuesto

en

la

reglamentación pertinente.

3

AC-2009-0014

en adelante, La Península.

inscrita

a

nombre

de

Esta propiedad inmueble estaba

Steri-Tech,

Inc.,

una

corporación

autorizada y organizada para hacer negocios bajo las leyes

de Puerto Rico y cuyos únicos accionistas eran ambos ex

cónyuges.

Tras numerosos incidentes procesales, incluyendo la

denegación de la impugnación del Laudo Parcial2 y el Laudo

Final3 instada por la recurrida, el árbitro emitió el Laudo

Final Actualizado el 13 de marzo de 2001. Éste distribuyó

de forma definitiva los bienes muebles e inmuebles del

caudal comunal, incluyendo la corporación Steri-Tech, Inc.

y La Península. Con relación a la corporación, el Laudo

determinó que:

Las acciones corporativas de Steri-Tech, Inc. se

le adjudican a VIVONI[…] Se le concede a VIVONI

un plazo de treinta (30) días a partir del recibo

de este laudo para pagarle a ORTÍZ la cantidad de

$1,716,752

en

pago

del

balance

de

su

participación en la comunidad de bienes, la cual

incluye su participación en dichas acciones.

Apéndice de la petición de apelación, pág. 867.

Respecto a La Península, el Laudo determinó que:

2

Ambas partes solicitaron la emisión de un Laudo Parcial para

distribuir los bienes lo antes posible ante la no disponibilidad de

cierta información requerida por el Árbitro para emitir un Laudo Final

y por la alegada situación económica precaria que atravesaba una de

las partes. Éste fue emitido el 15 de mayo de 2000. Apéndice 11 de la

petición de apelación, pág. 828. El 30 de mayo de 2000, la recurrida

presentó una Solicitud de Revocación de Laudo Parcial.

3

El 31 de mayo de 2000, el Árbitro emitió el Laudo Final reservándose

el cómputo final de ciertas partidas debido a no haber recibido

información actualizada. El 28 de junio de 2000, la recurrida impugnó

el Laudo Final. El Tribunal de Primera Instancia consideró procedente

el que el árbitro completara su gestión en el término de cuarenta y

cinco (45) días.

4

AC-2009-0014

Debido a que uno de los bienes inmuebles

adjudicados a ORTIZ (residencia en la Urb. La

Península, Cidra, Puerto Rico) así como los

bienes muebles que se encuentran en dicha

propiedad pertenecen a la corporación Steri-Tech,

Inc., VIVONI viene obligado a hacer las gestiones

pertinentes, cumpliendo con todos los requisitos

legales,

para

que

dichas

propiedades

sean

transferidas a ORTIZ libres de gravamen. Si por

alguna razón, la que sea, el título de dichas

propiedades no puede ser transferido a ORTIZ,

dentro de los treinta (30) días siguientes a la

fecha de este laudo, VIVONI vendrá obligado a

pagar

a

ORTIZ

en

efectivo

la

cantidad

correspondiente

al

valor

asignado

a

dicha

propiedad en esta partición, incluyendo el valor

asignado a los bienes muebles que se encuentran

en la propiedad.4

Debido a que el titular de dichas propiedades es

la corporación Steri-Tech, Inc., la transferencia

de dichas propiedades a ORTIZ podría tener un

impacto contributivo. VIVONI asumirá cualquier

responsabilidad o deuda contributiva que surja

como consecuencia de la transferencia de la

corporación

a

ORTIZ

de

las

propiedades

correspondientes ya que ORTIZ debe recibir las

propiedades por el valor asignado a éstas en este

laudo, libre de cargas ó [sic] gravámenes.

Apéndice 11 de la petición de apelación, pág.

870.

Cabe

señalar

que

el

6

de

abril

de

2001

el

peticionario, por conducto de su representante legal, le

solicitó a la recurrida que le informara cuándo podían

otorgar las escrituras correspondientes para traspasar los

bienes inmuebles que le fueron adjudicados.5

Por su parte, el 1 de mayo de 2001, la recurrida

peticionó al Tribunal de Primera Instancia la revocación

del Laudo Final Actualizado y que se negara poner en efecto

4

El valor total asignado por el laudo a La Península y los bienes

muebles que ella contiene fue de $1,100,000.

5

Apéndice 7 de la petición de apelación, pág. 394.

5

AC-2009-0014

el mismo. En esencia, arguyó que el Laudo no había resuelto

todas

las

controversias

que

fueron

sometidas

ante

el

Árbitro, que éste faltó a su derecho al debido proceso de

ley

al

celebrar

entrevistas

ex

parte

con

empleados

de

Steri-Tech, Inc., y que actuó en exceso de la facultad

delegada

en

manifiesta

el

pacto

de

desatención

al

sumisión

y

derecho.

resolviendo

El

foro

en

primario

declaró no ha lugar dicha petición. Por otra parte, el

peticionario

solicitó

la

corrección

y

modificación

del

Laudo con respecto a las cantidades y cómputos de ciertas

partidas.

A

esta

petición,

el

tribunal

de

instancia

dictaminó “[n]ada más que disponer”.

En

desacuerdo

instancia,

ambas

con

las

partes

decisiones

del

tribunal

de

acudieron

al

Tribunal

de

Apelaciones. El 19 de septiembre de 2002, el foro apelativo

intermedio revocó las Resoluciones recurridas y concluyó

que

procedía

la

revisión

del

Laudo.

Como

consecuencia,

devolvió el caso al foro primario para que determinara si

debía revocarse el Laudo por desviarse de lo pactado y por

violación al debido proceso de ley, así como, si hubo

errores de cómputo en las partidas cuestionadas. Además,

ordenó la designación de un Comisionado a los efectos de

actualizar las partidas que serían adjudicadas a cada parte

y que se tomaran las medidas cautelares necesarias para la

protección y administración efectiva de los bienes.

6

AC-2009-0014

Así las cosas, el 6 de diciembre de 2005 el tribunal

de

instancia

emitió

una

Sentencia

desestimó

la

impugnación

del

confirmó

el

mismo.

obstante,

No

Laudo

mediante

Final

la

cual

Actualizado

modificó

y

y

actualizó

varias partidas.

Según

surge

del

expediente,

el

peticionario,

por

conducto de su representante legal, se comunicó nuevamente

con la recurrida el 28 de diciembre de 2005.

ésta

coordinar

el

otorgamiento

de

Le solicitó a

las

Escrituras

correspondientes.

Inconforme

Primera

con

la

determinación

Instancia,

la

recurrida

del

acudió

Tribunal

de

nuevamente

al

Tribunal de Apelaciones planteando la comisión de treinta y

dos (32) errores. El 28 de diciembre de 2006, el foro

apelativo

concluyó

que

el

Laudo

Final

Actualizado

era

válido y había dispuesto de todas las controversias entre

las partes, por lo que el cuestionamiento del mismo no

afectaba

su

finalidad,

sino

su

ejecutabilidad.

También

modificó algunas partidas.6 De esta decisión, la recurrida

acudió ante nos.

Mediante Resolución emitida el 20 de

abril de 2007 denegamos el auto de certiorari, así como dos

(2) reconsideraciones presentadas por ésta. El mandato fue

devuelto al Tribunal de Primera Instancia el 17 de julio de

2007.

6

La señora Ortíz Carro presentó una Moción de Reconsideración el 22

de enero de 2007.

Esta fue denegada mediante Resolución de 9 de

febrero de 2007.

7

AC-2009-0014

El 28 de julio de 2007, el peticionario le cursó una

carta a la recurrida con el fin de hacer las transferencias

correspondientes

sobre

la

titularidad

inmuebles contenidos en el laudo.

de

los

bienes

El 1 de agosto de 2007,

el peticionario compareció ante el foro primario y solicitó

la ejecución parcial del laudo en cuanto a los bienes

inmuebles.

Posteriormente,

se

ordenó

al

peticionario

preparar un proyecto de orden de ejecución parcial.

El 4 de octubre de 2007 la recurrida solicitó ante el

tribunal de instancia la suma líquida de un millón cien mil

dólares ($1,100,000) correspondiente a la adjudicación de

La Península.

También peticionó los intereses sobre esta

suma a razón de diez punto cincuenta por ciento (10.50%) interés legal prevaleciente a la fecha de haberse emitido

el Laudo el 13 de marzo de 2001.

bajo

el

escenario

de

que

el

Indicó además “que aún

término

de

30

días

antes

aludido se compute desde que la Resolución dictada en este

caso por el Tribunal Supremo advino final y firme dicho

término transcurrió”.7

El 5 de octubre de 2007, notificado el 14 de noviembre

de 2007, el tribunal de instancia declaró Con Lugar la

solicitud

7

del

peticionario

y

emitió

una

Orden

para

la

Apéndice de la petición de apelación, pág. 718.

Surge del expediente que la recurrida también cursó comunicación vía

fax al peticionario el día 10 de septiembre de 2007 expresándole que

le correspondía satisfacer la suma de un millón cien mil dólares

($1,100,000) más los interés al interés legal prevaleciente a la fecha

de emisión del Laudo en efectivo.

8

AC-2009-0014

expedición

de

efectuarían

mandamientos

las

mediante

los

correspondientes

cuales

Escrituras

se

de

transferencias de todos los inmuebles entre las partes.

No obstante, el 13 de noviembre de 2007 la recurrida

presentó una segunda moción reiterando su solicitud del 4

de

octubre

de

oportunidad

al

2007.

El

foro

peticionario

primario

de

le

concedió

la

sobre

las

expresarse

mociones presentadas por ésta. Así las cosas, el 3 de

diciembre de 2007, la recurrida instó una tercera solicitud

de cumplimiento parcial del Laudo.

por el

Éstas fueron denegadas

tribunal de instancia el 10 de diciembre de 2007.

Finalmente, el 19 de diciembre de 2007 se expidió el

mandamiento

correspondiente

otorgaron

Escrituras

las

y

el

4

febrero

ordenadas.8

De

de

esta

2008

se

Orden

la

señora Ortiz recurrió al Tribunal de Apelaciones el 9 de

enero de 2008.

2008,

como

Dicho recurso fue expedido el 4 de marzo de

consecuencia

quedaron

paralizados

todos

los

trámites ante el Tribunal de Primera Instancia.

El

26

de

noviembre

de

2008,

el

foro

apelativo

intermedio revocó la determinación recurrida y declaró la

nulidad

de

los

mandamientos

expedidos

y

las

Escrituras

otorgadas, por entender que como el término de treinta (30)

días

dispuesto

en

el

Laudo

había

vencido

sin

haberse

“iniciado gestión alguna para el traspaso”, lo que procedía

8

El 4 de febrero de 2008, mediante Escritura de Cesión, Steri-Tech,

Inc., representada por

el peticionario, cedió la titularidad de La

Península a la recurrida, representada por el Alguacil del Tribunal.

9

AC-2009-0014

era el pago en efectivo de la cantidad correspondiente al

valor

asignado

a

la

propiedad

en

controversia

más

los

intereses legales desde el 12 de abril de 2001 hasta que se

realizara el pago. Razonó que las mociones presentadas no

habían impugnado lo dispuesto en el Laudo con relación a La

Península.

(30)

Concluyó que computar el término de treinta

días

desde

el

17

de

julio

de

2007

equivaldría

a

enmendar el Laudo, facultad de la que carece el foro de

instancia.9

Inconforme, el peticionario acude ante este Tribunal

mediante

recurso

de

apelación

y

alega

los

siguientes

señalamientos de error:

Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que

las disposiciones del laudo de arbitraje eran

exigibles desde la fecha de su emisión a pesar de

las

múltiples

impugnaciones

que

del

mismo

presentase la apelada, las cuales impidieron su

ejecución.

El

Honorable

Tribunal

de

Apelaciones

se

encontraba impedido de dilucidar controversias ya

resueltas

por

sentencias

del

propio

foro

apelativo intermedio que son finales, firmes e

inapelables. Además, erró al anular ciertas

ordenes [sic] del TPI de las cuales no se

solicitó

revisión

a

tiempo

y/o

mediante

certiorari, sino en unas mociones de auxilio de

jurisdicción que fueron denegadas de plano por el

Tribunal de Apelaciones.10

Mediante Resolución emitida el 17 de julio de 2009

acogimos

como

certiorari

la

solicitud

de

apelación

9

El peticionario presentó Moción de Reconsideración el 22 de diciembre

de 2008 a la que el Tribunal de Apelaciones denegó.

10

En vista

de la conclusión a la que llegamos, asi como que del

expediente surge que la petición de certiorari de la recurrida ante el

Tribunal de Apelaciones fue hecha a tiempo, resulta innecesario

discutir este señalamiento del peticionario.

10

AC-2009-0014

presentada por el peticionario y concedimos a la recurrida

término para mostrar causa por la cual no debíamos expedir

el recurso.

En su escrito, el peticionario, por una parte, arguye

que el Laudo advino ejecutable al devolverse el mandato el

17 de junio de 2007; momento en que éste pudo acudir al

tribunal de instancia a solicitar su ejecución.

Señala que

esto es consecuencia directa del derecho que les asiste a

las partes a impugnar un Laudo de Arbitraje o solicitar su

corrección.

Previo a esa fecha, la impugnación tenía el

efecto

impedir

de

la

exigibilidad

del

cumplimiento

específico de las disposiciones del Laudo.

Asimismo, el peticionario plantea que, ante los hechos

del caso, es de aplicación la Doctrina de Actos Propios

puesto

que

ahora

la

recurrida

intenta

beneficiarse

del

transcurso del tiempo causado por sus propios actos.

Por su parte, la recurrida aduce que el Laudo debía

ser cumplido desde su emisión, particularmente cuando los

asuntos

de

la

propiedad

nunca

fueron

cuestionados.11

Asimismo, indica que las Órdenes del Tribunal de Primera

Instancia

11

alteran

la

norma

de

abstención

judicial

en

Descartamos realizar mayor análisis sobre el argumento de la

recurrida sobre que los asuntos de la propiedad nunca fueron

cuestionados.

Surge del extenso expediente que en todo momento la

recurrida cuestionó la validez del Laudo en su totalidad. Inclusive,

en el trámite apelativo con relación a la impugnación del Laudo Final

Actualizado argumentó que todavía existía entre las partes una

comunidad de bienes que estaba pendiente de liquidación por habérsele

despojado al árbitro de la encomienda de efectuar la partición y

liquidación de la misma.

11

AC-2009-0014

asuntos resueltos por un Laudo de Arbitraje.

Al respecto

señala que “la norma existente es que los tribunales no

habrán de intervenir o alterar las decisiones del árbitro

para aplicar el derecho aplicable”.12

Señala, además, que Steri-Tech, Inc., y peticionario

han incumplido con el mantenimiento de La Península.

Asimismo,

indica que estando presentado el recurso de

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, el peticionario

otorgó las Escrituras ante el Alguacil.13

Examinados los argumentos de ambas partes, procedemos

a resolver.

II

Desde hace varias décadas muchas jurisdicciones han

adoptado métodos alternos de solución de disputas.

Rico

se

ha

desarrollo

solución

12

de

unido

de

a

esta

mecanismos

conflictos,14

tendencia

y

alternos

informales

primero

ha

mediante

Puerto

promovido

el

para

la

programas

de

Escrito en Oposición a que se Expida el Recurso de Certiorari, pág.

2.

13

Habiéndose otorgado las Escrituras el 4 de febrero de 2008 y

expedido el recurso de certiorari por el Tribunal de Apelaciones el 4

de marzo de 2008,

referimos a la Regla 35(A)(1) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones que dispone que:

La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá los

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo

orden en contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud

de parte por el Tribunal de Apelaciones. La expedición del auto

de certiorari suspenderá los procedimientos en el Tribunal de

Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga

lo contrario. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R.35. (Énfasis nuestro)

14

Exposición de Motivos, Ley Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983,

1983 Leyes de Puerto Rico 422.

12

AC-2009-0014

mediación y, posteriormente, a través del arbitraje y la

evaluación neutral.

Así las cosas, este Tribunal ha declarado que:

…es política pública de la Rama Judicial fomentar

la utilización de mecanismos complementarios al

sistema adjudicativo tradicional con el fin de

impartir justicia en una forma más eficiente,

rápida y económica. Regla 1.01 del Reglamento de

Métodos Alternos para la Solución de Conflictos,

4 L.P.R.A. Ap. XXIX R.1(1.01).

Los métodos alternos mencionados han sido integrados a

diversidad

de

controversias

presentadas

tribunales,

más

allá

tradicionales

de

las

comerciales y de relaciones laborales.

encuentran:

cobro

de

dinero,

ante

los

disputas

Entre ellos se

pensiones

alimentarias,

relaciones filiales, agresiones, disputas entre arrendador

y

arrendatario,

conflictos

entre

parejas,

familiares

y

vecinos, así como con relación a contratos de construcción,

de servicios o de ventas.15

Ahora bien, nos urge analizar un aspecto sumamente

importante que se suscita en el caso de autos y su largo

trámite arbitral y judicial: el uso del arbitraje para

efectuar

la

partición

y

liquidación

de

los

bienes

conyugales con posterioridad al decreto de un Divorcio por

consentimiento mutuo. A pesar de que ambas partes no han

planteado este asunto, no podemos obviar que esta cuestión

15

Véase,

Negociado de Métodos Alternos para la Solución de

Conflictos, Datos agregados de los Centros de Mediación de Conflicto

para

el

año

fiscal

2005-2006.

Disponible

en

http://www.ramajudicial.pr/NegMed/Centros_Mediacion/datos/CMC05-06.pdf.

13

AC-2009-0014

está en extremo relacionada con la controversia que las

partes nos presentan.

respecto.

Es necesario que nos expresemos al

De lo contrario, el silencio de este Tribunal

podría entenderse como su aprobación tácita y alimentaría

tal proceder.

A

Nuestro

ordenamiento

jurídico

favorece

el

uso

de

métodos alternos de solución de conflictos y con mayor

particularidad el arbitraje.

La Ley Núm. 376 de 8 de mayo

de 1951, conocida como Ley de Arbitraje de Puerto Rico, 32

L.P.R.A. sec. 3201, a través de un lenguaje más amplio y

flexible que su contraparte federal,16 permite el que dos

(2)

o

más

partes

convengan

por

escrito

en

someter

a

arbitraje cualquier controversia que pudiera ser objeto de

una acción existente entre ellos a la fecha del convenio de

someter a arbitraje. 32 L.P.R.A. sec. 3201. Véase, D.M.

Helfeld, La Jurisprudencia Creadora: Factor Determinante en

el Desarrollo de Arbitraje en Puerto Rico, 70 Rev.Jur.

U.P.R. 1, 54-55 (2001).

Así

las

cosas,

hemos

examinado

el

uso

de

estipulaciones mediante las que se conviene el arbitraje

para sacar del cauce judicial las disputas comerciales.

Febus y otros v. MARPE Const. Corp., 135 D.P.R. 206 (1994).

Al respecto hemos expresado que como norma general, la

16

Ley Púb. Núm. 282, de 30 de julio de 1947, según enmendada (61 Stat.

669), 9 U.S.C. sec. 1 et seq., conocida en inglés como Federal

Arbitration Act.

14

AC-2009-0014

jueza o juez aceptará las estipulaciones que las partes le

sometan para finalizar un pleito o un incidente dentro del

mismo. Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 D.P.R. 406,

410 (1993). Esto, pues, las estipulaciones "persigue[n]

evitar dilaciones, inconvenientes y gastos y su uso debe

alentarse para lograr el propósito de hacer justicia rápida

y económica". Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171

D.P.R. 219, 238 (2007). Ante esto, no podemos ignorar que

tales propósitos son afines a los del arbitraje.

Sin

embargo,

los

tribunales

no

están

obligados

a

aprobar las estipulaciones que se le sometan. Negrón Rivera

y

Bonilla,

además,

Ex

parte,

Rodríguez

autonomía

de

la

120

D.P.R.

Rosado

v.

voluntad

61,

Zayas

de

los

72

(1987).

Martínez,

Véase

supra.

contratantes

La

no

es

irrestricta, pues “[l]os contratantes pueden establecer los

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente,

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni

al orden público”. Art. 1207 del Código Civil de Puerto

Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3372.

Al respecto, hemos sido particularmente cautelosos al

examinar

las

insistentes

estipulaciones

en

aquéllos

en

los

casos

relacionados

con

de

familia

alimentos

e

de

menores. Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, supra; Negrón

Rivera

y

Bonilla,

Ex

parte,

supra.

Asimismo,

hoy

enfatizamos nuevamente la prudencia con la que los jueces y

juezas

deben

examinar

las

estipulaciones

en

casos

de

15

AC-2009-0014

familia y singularmente las estipulaciones de los cónyuges

en un Divorcio por consentimiento mutuo.

B

Por

otro

lado,

en

Figueroa

Ferrer

v.

E.L.A.,

107

D.P.R. 250, 277 (1978), reconocimos la causal de divorcio

por consentimiento mutuo y destacamos que no se aceptaría

petición

alguna

bajo

dicha

causal

sin

que

las

partes

adjuntaran las estipulaciones sobre la división de bienes,

el

sustento

de

las

partes

y

otras

consecuencias

del

divorcio. Esto, en reconocimiento de la delicadeza de tales

asuntos y, más aún, para asegurarnos de que la petición de

divorcio

no

fuera

producto

coacción

y

hasta

tanto

de

la

la

irreflexión

Asamblea

o

de

la

Legislativa

no

prescribiera otras normas. Íd. Además, hemos señalado que:

…la imposición del requisito de estipular lo

relativo a la división de bienes tiene el

propósito de que una vez se haya decretado el

divorcio las partes no tengan que enfrentarse de

nuevo a dilucidar aspectos de la liquidación del

régimen económico que puedan traer hostilidades y

desavenencias entre ellos. Todos los componentes

del proceso – jueces, abogados y peticionarios –

deben cerciorarse de que antes de redactar las

estipulaciones,

han

pasado

por

un

proceso

deliberativo que les haya permitido meditar sobre

las consecuencias económicas que el divorcio

tendrá para cada uno.

A veces, la prisa por

obtener el divorcio hace que se lleguen a

acuerdos que las partes no pueden cumplir,

recargando a los tribunales con incidentes

relacionados

con

el

incumplimiento

de

las

estipulaciones. Igaravidez v. Ricci, 147 D.P.R.

1, 7 esc. 2 (1998)(Énfasis suplido).

En el presente caso hemos visto como se desvirtuó el

propósito de una de las normas establecidas en Figueroa

16

AC-2009-0014

Ferrer v. E.L.A., supra, utilizando la estipulación para

dirigir el pleito a un procedimiento de arbitraje, y las

consecuencias

que

acarreó

su

mal

uso.

El

tribunal

de

instancia autorizó la disolución del vínculo matrimonial

del

peticionario

y

la

consentimiento mutuo.17

recurrida

por

la

causal

de

Asimismo, aprobó la estipulación

de que se tramitaran todos los asuntos relacionados con la

liquidación de la comunidad de bienes resultante mediante

un proceso de arbitraje.

Once (11) años más tarde, las

partes

sobre

continúan

litigando

estos

bienes.

Todo

el

proceso arbitral y judicial ha estado mediado por la falta

de

consenso

entre

ambas

partes

con

relación

a

la

liquidación de sus haberes.

Por todo lo antes expuesto - y ante el hecho de que el

uso del arbitraje en estos casos puede exacerbar otros

problemas al no existir parámetros claros para su empleo en

este tipo de relaciones - este Tribunal rechaza el uso de

las estipulaciones para someter a arbitraje la partición y

liquidación del caudal de la sociedad de bienes gananciales

luego

de

decretado

consentimiento

mutuo.

el

Divorcio

De

lo

por

la

contrario

causal

se

de

dejarían

inconclusos aspectos tan importantes y de suma delicadeza

que deben ser resueltos a la hora de disolver el vínculo

conyugal.

17

La acción de divorcio del caso de autos fue originalmente radicada

bajo una causal culposa.

Posteriormente, las partes convinieron en

modificar la causal por la de consentimiento mutuo.

17

AC-2009-0014

Señalamos

que

de

forma

alguna

rechazamos

los

beneficios que el arbitraje, en aspectos esenciales de un

divorcio

o

en

otro

tipo

proporcionar.18

Aunque

adversativo

los

en

de

para

disputas

algunos

tribunales

es

familiares,

cónyuges

la

mejor

el

pueda

proceso

opción

para

llevar todos los asuntos relacionados con el divorcio, éste

puede no serlo para otros.19

No obstante, en Puerto Rico

18

Diversos autores reconocen los beneficios de los distintos métodos

de resolución de conflictos en el ámbito familiar, particularmente el

divorcio. Esto para atender asuntos tanto previo al divorcio como con

posterioridad al mismo.

Véanse, J.F. Kessler et al., Why Arbitrate

Family Law Matters?, 14 J.Am. Acad. Matrimonial Law 333 (1997); T.E.

Carbonneau, A Consideration of Alternatives to Divorce, 1986 U. Ill.

L. Rev. 1119, 1156; R.R. Block, Divorce Arbitration: An Alternative to

Mediation en Contemporary Matrimonial Law Issues: A Guide to Divorce

Economics and Practice, Nueva York, Ed. Law and Business, Inc., 1985,

págs. 784-794.

Asimismo, algunos autores han argumentado a favor del desarrollo de

leyes especiales que regulen el arbitraje para disputas maritales y

reconocen la dificultad de este tipo de arbitraje amparado en los

estatutos generales de arbitraje.

Véase, F.L. McGuane, Jr., Model

Marital Arbitration Act: A Proposal, 14 J. Am. Acad. Matrimonial Law

393 (1997). Véase además, T.E. Carbonneau, supra, pág. 1127.

(“[T]raditional techniques of arbitral adjudication would be of only

limited utility in the divorce context.”).

Ya en 1999 el estado de

Carolina de Norte adoptó un estatuto de arbitraje diseñado para los

casos de derecho de familia. Éste ha sufrido ciertas enmiendas. Otros

estados como Colorado, Connecticut, Indiana, Michigan, New Hampshire y

Nuevo México han provisto legislación al respecto. Empero, algunas

jurisdicciones han permitido por vía jurisprudencial el arbitraje de

ciertos asuntos de familia a la luz de sus estatutos generales de

arbitraje,

mientras

otras

jurisdicciones

han

suplementado

los

estatutos generales con reglas específicas para atender materias

familiares. Véase, L.P. Burleson, Family Law Arbitration: Third Party

Alternative Dispute Resolution, 30 Campbell L. Rev. 297, 297-98 (2008)

(“Unfourtunately, due to the unique nature and needs of matrimonial

cases, general commercial arbitration statutes are often deficient and

provide insufficient authority to address all of the issues that we

face in our matrimonial cases.”)

Véase además, G.K. Walker, Family

Law Arbitration: Legislation and Trends, 21 J. Am. Acad. Matrimonial

law 521 (2008); G.K. Walker, Arbitrating Family Law Cases by

Agreement, 18 J. Am. Acad. Matrimonial Law 429 (2003).

19

M.S. Herrman et al., Mediation and Arbitration Applied to Family

Conflict Resolution: The Divorce Settlement, 34(1) The Arbitration

Journal 17, 18, 21 (1979). (Expresa que “[t]he use of an adversarial

model to reach a settlement usually increases trauma and escalates

conflict.” No obstante, “[t]here are extreme cases, both positive and

negative, where the techniques are not appropriate. Couples deciding

on an equitable settlement prior to seeking legal assistance do not

18

AC-2009-0014

no

existen

parámetros

para

lidiar

con

los

económicos del divorcio mediante el arbitraje.

efectos

La creación

de éstos no nos compete.

Situación distinta sería el que

la

autorice

Asamblea

Legislativa

su

uso

y

establezca

las

relaciones

parámetros para estos casos.

Contrario

a

lo

que

sucede

en

comerciales y laborales, el proceso de divorcio y todo lo

que

éste

conlleva

está

cargado

de

las

más

íntimas

emociones, sentimientos y no necesariamente ambos cónyuges

están en igual posición económica y emocional, entre otros

aspectos.20

Esto

nos

dificulta

equiparar

el

trámite

arbitral en un divorcio con el arbitraje comercial. 21

No obstante, debido al largo tiempo que lleva éste

caso

litigándose

sería

en

extremo

perjudicial

para

las

partes involucradas, que descartemos el trámite arbitral y

judicial que se ha suscitado por los pasados once (11)

años. Después de todo, la sentencia que lo estableció ya es

final y firme.

Sin embargo, advertimos que no se favorece

el uso desvirtuado del arbitraje en los divorcios y mucho

menos

el

que

los

tribunales

autoricen

este

tipo

de

require third-party intervention.

The techniques would also not be

appropriate if the level of conflict between the parties is too high

to permit communication….”)

20

Sobre la posible desigualdad entre las partes véase, A.R. Imbrogno,

Arbitration as an Alternative to Divorce Litigation: Redefining the

Judicial Role, 31 Cap. U.L. Rev. 413, 427, 437 (2003)(“The problem is

that to be effective, ADR demands that the participating parties be in

a position of relatively equal power.”).

21

Véanse, M. Domke, Domke on Commercial Arbitration, 3ra. ed.,

Minnesota, Ed. West Thomson, 2009, Vol. I, pág. 41-1; T.E. Carbonneau,

supra, 1154-55.

19

AC-2009-0014

estipulaciones

mutuo.

en

casos

de

divorcio

por

consentimiento

En esos casos, la estipulación debe contener lo

relativo a la división de bienes.

Figueroa Ferrer v.

E.L.A., supra.

Así las cosas, hoy hacemos eco de nuestra expresión en

Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61 (1987),

optimistas

de

que

esta

vez

nuestras

palabras

sí

sean

atendidas:

Los hechos del caso ante nos son ilustrativos de

los problemas que surgen en los casos de divorcio

por

la

causal

de

consentimiento

mutuo.

Demuestran una vez más la urgente necesidad que

existe de aprobar guías y reglamentación uniforme

en esta crucial área del derecho de familia y de

que

haya

una

mayor,

efectiva

y

adecuada

intervención por parte de los tribunales y de los

abogados de las partes en el proceso. Reflejan,

además, la falta de asesoramiento responsable a

las partes por sus abogados. Íd. pág. 66.

Dicho

esto,

procedemos

a

analizar

la

controversia

particular traída ante nuestra atención.

III

Se presentó ante nos una controversia respecto a la

ejecución de un Laudo cuya validez ha sido confirmada por

los tribunales de conformidad con la Ley Núm. 376, supra.

Señalamos que nuestro examen se limita a la ejecución del

Laudo respecto a la propiedad inmueble La Península.

A

En nuestro ordenamiento jurídico existe una política

pública vigorosa que favorece la sumisión de las partes a

los procedimientos de arbitraje a tenor con la doctrina de

20

AC-2009-0014

la autonomía de los contratantes, en tanto y en cuanto haya

sido pactado y se limite a lo concertado. 32 L.P.R.A. sec.

3201; 31 L.P.R.A. sec. 3372. Véanse, Municipio de Mayagüez

v. Lebrón, 167 D.P.R. 713 (2006); Crufon Const. v. Aut.

Edif. Púbs., 156 D.P.R. 197 (2002).

Mediante este método alterno de solución de disputas,

las partes sustituyen a los tribunales por un árbitro que

determine

todas

las

cuestiones

de

hecho

y

de

derecho

habidas entre ellas.

Autoridad sobre Hogares v. Tribl.

Superior,

D.P.R.

344

(1961);

N.Y.&P.R.

S/S

Co.,

Trabajo

82

v.

Junta

69

Relaciones

D.P.R.

782

del

(1949).

Finalizado el trámite ante el árbitro, las determinaciones

de éste contenidas en el laudo son, como norma general,

finales e inapelables, por lo que las cuestiones atendidas

en el Laudo no pueden litigarse ante los tribunales. J.R.T

v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 195 (1976). Esta norma se

encuentra arraigada en el principio de auto restricción y

en

la

deferencia

que

los

tribunales

otorgamos

a

los

árbitros. Febus y otros v. MARPE Const. Corp., supra.

No

obstante,

nuestro

ordenamiento

reconoce

unas

instancias en las que se autoriza la intervención judicial.

La revisión judicial se permite cuando las partes convienen

expresamente que la controversia sometida al árbitro sea

resuelta conforme a derecho. Íd., págs.. 216-17; U.C.P.R.

v. Triangle Engineering Corp., 136 D.P.R. 133, 142 (1994);

Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604, 608

21

AC-2009-0014

(1979).

Asimismo,

la

Ley

Núm.

376,

supra,

otorga

un

término de un (1) año para la confirmación del Laudo y un

periodo de tres (3) meses para solicitar la revocación,

modificación

o

corrección

de

un

Laudo

limitada

a

los

motivos expuestos en la ley y que han sido previamente

examinadas por este Foro. 32 L.P.R.A. secs. 3221 y 3224.

Véase además, Autoridad sobre Hogares v. Tribl. Superior,

supra.

Al

concluir

el

trámite

y

expedirse

una

Orden

confirmando, modificando, corrigiendo o revocando el Laudo,

se dicta una sentencia de conformidad que “tendrá la misma

fuerza y vigor en todo respecto y estará sujeta a las

mismas disposiciones de ley que se refieran a sentencias en

una acción civil” y puede ser recurrida mediante el recurso

de certiorari. 32 L.P.R.A. secs. 3225, 3227, 3228.

En el caso de autos los tribunales intervinieron al

haberse presentado oportunamente peticiones para revocar el

Laudo, por una parte, y corregir el mismo, por otra.

No

obstante,

que

acude

ante

nos

una

de

las

partes

para

examinamos específicamente cuándo un Laudo - que determina

la realización de un negocio jurídico dentro de un periodo

de tiempo contado desde la emisión del Laudo - adviene

ejecutable y exigible.

Por lo tanto, centramos nuestra

atención en la ejecución de un Laudo de Arbitraje.

22

AC-2009-0014

B

En gran parte de los casos, los Laudos son ejecutados

voluntariamente

Commercial

por

las

Arbitration,

partes.

3ra.

ed.,

M.

Domke,

Minnesota,

Domke

on

Ed.

West

Thomson, 2009, Vol. II, pág. 41-1; D.M. Helfeld, supra,

pág. 100 (2001).

En tales circunstancias, aplica nuestra

expresión en conformidad con el Artículo 21 de la Ley Núm.

376, supra, de que “[n]o se precisa de la confirmación

judicial para la validez y efectividad de un laudo de otro

modo válido”. Autoridad sobre Hogares v. Tribl. Superior,

supra, pág. 361.

No obstante, existen situaciones en que las partes - o

alguna de éstas - difieren sobre la validez o corrección

del Laudo, se resisten a su cumplimiento o sencillamente

prefieren la confirmación de éste por los tribunales.

En

tales situaciones, a falta de una ejecución voluntaria, la

parte

que

solicitar

persigue

la

su

cumplimiento

confirmación

del

tiene

la

opción

Laudo

mediante

de

un

procedimiento sumario y su posterior ejecución a través los

procedimientos

establecidos

para

la

sentencias.

L.P.R.A.

3202,

3221,

32

Véanse además, M. Domke,

secs.

ejecución

3225,

de

3227.

supra, pag. 42-1; S.J. Ware,

Principles of Alternative Dispute Resolution, 2da. ed.,

Minnesota, Ed. West Thomson, 2001, págs. 22, 109-10.

Cabe apuntar que la confirmación del Laudo por una

sentencia no implica que éste haya carecido de validez y

23

AC-2009-0014

efectividad hasta finalizado el trámite judicial.

durante

ese

periodo

derrotaría

la

Negarlo

finalidad

y

obligatoriedad que distingue al Laudo Arbitral y protegería

el uso de prácticas dilatorias para no cumplir con el

Laudo.22 Por lo tanto, concluimos que los derechos y las

obligaciones de las partes fueron determinados en el Laudo

y no por la sentencia que lo confirma.

Sin embargo, ante

la falta de ejecución voluntaria, el Laudo ciertamente no

podrá ser puesto en vigor sin otras medidas coercitivas,

pero por razones de equidad como discutiremos adelante,

esta falta de ejecución no puede beneficiar a quien en

principio se negara.

Por otra parte, la Asamblea Legislativa contempló la

situación

en

confirmación

peticionara

que

del

una

Laudo

oportunamente

de

las

partes

mientras

que

su

revocación,

solicitara

la

otra

la

parte

modificación

o

corrección conforme a la citada Ley Núm. 376. 32 L.P.R.A.

22

Previamente hemos adoptado el cumplimiento del Laudo desde su

emisión en el arbitraje obrero-patronal.

Esto a pesar del

subsiguiente proceso judicial. Véase, Junta de Relaciones del Trabajo

v. N.Y.&P.R. S/S. Co., 69 D.P.R. 814, 816 (1949) (“El laudo aquí

envuelto no es nuestro. Fué [sic] dictado por el Comité, y se emitió

el 21 de junio de 1948.

Cuando se pone en vigor, se hace por tanto

con efecto a la fecha en que se emitió.

Resolver lo contrario

permitiría a los patronos emplear las dilaciones de pleitos como un

medio para posponer durante meses la fecha de efectividad de un laudo

que válidamente ordena la reposición”.] Véase además, Marion Mfg. Co.

v. Long, 588 F.2d 538 (6to Cir. 1978).

Aunque no descartamos que un proceso de arbitraje puede conllevar de

forma

justificada

un

extenso

trámite

judicial

posterior,

no

toleraremos el uso de prácticas dilatorias que afecten el propósito

del arbitraje y que intenten relitigar las disputas en los tribunales.

J.R.T. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 195 (1976);

Autoridad sobre

Hogares v. Tribl. Superior, 82 D.P.R. 344 (1961). Advertimos que el

abuso de los procedimientos judiciales sin fundamentos para dilatar el

proceso arbitral o la ejecución del laudo, podrían conllevar

sanciones.

24

AC-2009-0014

sec. 3224.

Ante esta situación el estatuto claramente

expresa

el

que

juez

o

la

jueza

podrá

suspender

los

procedimientos iniciados por la parte contraria para poner

en vigor el Laudo en lo que se atiende la solicitud de

revocación, modificación o corrección. Íd.

Indiscutiblemente, en ocasiones el tribunal preferirá

no ordenar la ejecución de un Laudo impugnado o del que se

solicita algún cambio hasta que emita sentencia respecto a

la moción para revocarlo, modificarlo o corregirlo.

En

otras circunstancias, como cuando ciertas disposiciones del

Laudo no sean cuestionadas y sean separables de aquéllas

que sí lo fueran,23 puede que permita la continuación de

los

procedimientos

para

ponerlo

en

vigor.

Esto

queda

dentro de la sana discreción del juzgador.

En el caso de autos, ninguna de las partes recurrió a

los tribunales buscando la confirmación y ejecución del

Laudo Final Actualizado tan pronto fue emitido. A contrario

sensu, la recurrida solicitó oportunamente su revocación

mientras que el peticionario argumentó su corrección.

El

Laudo fue finalmente confirmado con ciertas correcciones y

actualizaciones que en nada afectaron las disposiciones

referentes a La Península.

Por lo tanto, la disposición

que adjudicaba a la recurrida la propiedad - o la cantidad

equivalente a su valor - era válida y obligatoria desde la

emisión del Laudo.

23

J.R.T. v. Otis Elavator Co., supra, pág. 202 (1976).

25

AC-2009-0014

Empero, los principios que rigen el arbitraje tampoco

son absolutos. Tiene mérito el argumento del peticionario

respecto a la aplicación de la Doctrina de Actos Propios a

la

solicitud

de

la

recurrida.

Procedemos,

entonces,

al

análisis de la referida doctrina.

C

La prohibición de venire contra factum o de “ir contra

los propios actos” forma parte del Artículo 7 del Código

Civil, 32 L.P.R.A. sec. 7, y está cimentado en la necesidad

de proceder con buena fe en “el desenvolvimiento de las

relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el

cumplimiento de las obligaciones”. Int. General Electric v.

Concrete Builders., 104 D.P.R. 871, 876 esc. 4, 877 (1976).

Por ello hemos dispuesto que “[l]a conducta contradictoria

no

tiene

lugar

en

el

campo

del

Derecho,

y

debe

ser

impedida.” Íd, pág. 877.

Además,

hemos

adoptado

tres

(3)

elementos

constitutivos para la aplicación de la Doctrina de Actos

Propios:24

(a) Una conducta determinada de un sujeto, (b)

que haya engendrado una situación contraria a la

realidad, esto es, aparente y, mediante tal

apariencia, susceptible de influir en la conducta

de los demás, y (c) que sea base de la confianza

de otra parte que haya procedido de buena fe y

que, por ello, haya obrado de una manera que le

24

Véase, J. Puig Brutau, Estudios de Derecho Comparado: la doctrina

de los actos propios,

Barcelona, Ed. Ariel, 1951, pág. 112.

Véase

además, L. Díez-Picazo, La doctrina de los Propios Actos: Un Estudio

Crítico sobre la Jurisprudencial del Tribunal Supremo, Barcelona, Ed.

Bosch, 1963.

26

AC-2009-0014

causaría un perjuicio si su confianza quedara

defraudada. Íd., pág. 878.

En el caso de autos, la recurrida en todo momento

rechazó el traspaso de la propiedad que ahora argumenta

nunca estuvo en disputa; le solicitó al tribunal que no

pusiera en efecto el Laudo; argumentó que la validez del

Laudo quedaba en suspenso y por lo tanto, el peticionario

no lo podía poner en ejecución.

Por

otro

recurrida

suscribiera

lado,

mediante

la

el

peticionario

carta

Escritura

en

de

le

diversas

traspaso

de

solicitó

ocasiones

La

a

la

que

Península,

incluso previo a que la recurrida impugnara el Laudo Final

Actualizado. Además, el peticionario consignó algunas de

las sumas debidas. En su momento, también peticionó al foro

primario la ejecución del Laudo en cuanto a La Península.

Ante este cuadro fáctico, nos sorprende que ahora la

recurrida exija el cumplimiento del Laudo desde su emisión

puesto que el peticionario pudo solicitar previamente su

ejecución

por

medios

coercitivos;

que

se

entienda

transcurrido el periodo de treinta (30) días, y que se le

otorgara el pago de la suma líquida con intereses desde

hace más de nueve (9) años.

Su pretensión busca claramente

el resultado opuesto al de sus declaraciones previas.

Concluimos

que

se

dan

a

cabalidad

los

tres

(3)

elementos de la Doctrina de Actos Propios en este caso: la

recurrida incurrió en una conducta previa y durante el

27

AC-2009-0014

proceso judicial que influyó en los actos del peticionario

para transferir la propiedad. Exigirle al peticionario el

pago de la suma líquida y los intereses luego de nueve (9)

años de emitido el Laudo conllevaría un indudable perjuicio

para éste.

Por lo tanto, rechazamos el petitorio de la

recurrida.

Por otro lado, la recurrida reclama que la propiedad

no recibió el mantenimiento necesario y requerido por la

corporación

25

interventora.25

En

principio,

el

Laudo

le

Con relación a La Península, el Laudo especifica que:

[E]ra responsabilidad de ambos el contribuir los fondos

requeridos para cubrir todos los pagos relacionados con los

bienes inmuebles.

Esto era así para todas las propiedades

inmuebles pertenecientes a la comunidad de bienes, excepto por

la residencia localizada en la Urb. La Península en Cidra (la

cual pertenecía a la corporación Steri-Tech, Inc. y para la cual

se acordó lo siguiente:

‘Sobre los gastos de mantenimiento del inmueble que

comprenden

fumigación,

sistemas

eléctricos,

aires

acondicionados, cisterna, planta eléctrica, el portón

eléctrico; la interventora asumirá los mismos debiendo la

peticionaria notificarle de la necesidad de ellos por

escrito o por medio electrónico.

Por otro lado, la

interventora reparará los daños ocasionados por el Huracán

Georges, excepto pintar la estructura’.

ORTIZ se rehusó a hacer aportación alguna por lo cual VIVONI

utilizó [préstamos recibidos de Steri-Tech, Inc. y Retenciones a

ORTIz del “rédito” a ser pagado a ésta] para efectuar algunos de

los pagos.

Por otro lado, Steri-Tech, Inc. también incumplió con su

obligación de proveerle el mantenimiento acordado a la propiedad

en la Urb. La Península. De la evidencia desfilada surge que la

mayoría de las propiedades por las cuales la comunidad de bienes

se hizo responsable de mantener, no se le dio el mantenimiento

adecuado. Igual suerte sufrió la propiedad a la cual Steri-Tech,

Inc. se supone le diera mantenimiento.

Es la conclusión del Árbitro que todas las partes incumplieron

con sus obligaciones al respecto por lo cual se ordena lo

siguiente:

[…]

28

AC-2009-0014

exigía

a

la

recurrida

que

le

informara

a

la

compañía

interventora la necesidad del mantenimiento, pero en algún

momento, la recurrida y los menores cambiaron su residencia

y la propiedad quedó en posesión de Steri-Tech, Inc.

Puesto que solamente contamos con las alegaciones de

la recurrida al respecto, y muy a pesar de nuestro interés

en que esta controversia finalice cuanto antes, nos vemos

forzados

a

devolver

los

autos

al

Tribunal

de

Primera

Instancia para que determine si la compañía interventora

debe efectuar algún tipo de arreglo a la propiedad por no

brindar el mantenimiento requerido o compensar por la falta

del mismo hasta el momento del traspaso a la recurrida.

IV

Por lo antes expuesto, expedimos el auto solicitado, y

revocamos la Sentencia recurrida. Devolvemos los autos al

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los

procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

3- Steri-Tech, Inc., a su propio costo, deberá contratar el

personal técnico requerido para efectuar las reparaciones

requeridas en la residencia localizada en la Urb. La Península,

dentro de los próximos 30 días.

4- Steri-Tech, Inc. deberá proveer el mantenimiento normal

requerido en dicha propiedad hasta la ejecución del laudo.

Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 867. (Énfasis

nuestro).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jorge Alfredo Vivoni Farage

Peticionario

Apelación

v.

María de Lourdes Ortiz Carro

AC-2009-0014

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de

2010.

Por lo antes expuesto, expedimos el auto

solicitado, y revocamos la Sentencia recurrida.

Devolvemos los autos al Tribunal de Primera

Instancia

para

la

continuación

de

los

procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Lo

acordó

el

Tribunal

y

certifica

la

Secretaria

del

Tribunal

Supremo.

El

Juez

Presidente señor Hernández Denton concurre y hace

constar la siguiente expresión:

El Juez Presidente señor Hernández Denton

concurre con la Opinión del Tribunal.

Aunque coincide con el resultado al que

llega

la

mayoría,

entiende

que

en

estricta juridicidad, era innecesario

pautar en este caso una norma relativa a

la procedencia del arbitraje en los casos

de divorcio por consentimiento mutuo.

Dicha controversia no fue suscitada por

las partes ni por los foros recurridos,

por lo que ésta no fue discutida ni

argumentada

en

ninguna

etapa

del

procedimiento judicial.

Por ende, lo

expresado por el Tribunal sobre la

2

AC-2009-0014

validez del mecanismo de arbitraje acordado por

las partes para liquidar la sociedad legal de

gananciales no pasa de ser un dictum.

La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente

y concurre con Opinión escrita a la que se le une la Jueza

Asociada señora Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jorge Alfredo Vivoni Farage

Peticionario

v.

AC-2009-14

María de Lourdes Ortiz Carro

Recurrida

Opinión disidente y concurrente emitida por la Juez

Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se le une la

Jueza Asociada señora Fiol Matta

San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre 2010

Discrepo

mayoría

de

del

curso

de

este

Tribunal.

acción

que

hoy

La

opinión

anuncia

ante

la

nuestra

consideración presenta una controversia planteada por las

partes

y

otra

creada

por

el

Tribunal.

La

primera,

requiere resolver a partir de qué momento un laudo de

arbitraje es ejecutable.

La otra, la controversia de

génesis judicial, atiende el asunto de si está disponible

para el divorcio por consentimiento mutuo el mecanismo de

arbitraje para liquidar y adjudicar los haberes de la

sociedad legal de gananciales.

Respecto esta última, el

Tribunal resuelve en un dictum, que ese mecanismo no está

disponible

aunque,

paradójicamente,

lo

valida

AC-2009-14

2

en este caso.

por

la

Estoy en desacuerdo con la postura adoptada

mayoría

ordenamiento

por

manda

considerar

que

resultado,

y

tal

nada

que

en

se

nuestro

basa,

entre

otras cosas, en una desafortunada lectura del alcance de

nuestro dictamen normativo en Figueroa Ferrer v. E.L.A.,

107 DPR 250 (1978).

Pero, sobre todo, porque no sólo se

atiende

una

controversia

partes

sino

que,

limitada

del

al

alcance

ajena

a

lo

planteado

resolverla,

se

expone

de

función

nuestra

por

una

las

visión

judicial

para

resolver controversias noveles de derecho.

Por

otro

lado,

me

preocupa

la

reticencia

de

una

mayoría de los miembros de este Tribunal a utilizar los

mecanismos alternativos de resolución de disputas en áreas

no tradicionales.

V. gr., Pueblo en el interés del menor

A.V. L., res. 17 de febrero de 2010, 178 DPR ___, 2010 TSPR

20.

Considero que esta actitud supone descartar lo que ha

sido

un

adelanto

cualitativo

en

la

forma

y

manera

atender y resolver conflictos interpersonales.

de

La postura

del Tribunal es contraria a las más modernas corrientes que

promulgan

conflictos

la

búsqueda

como

de

soluciones

mecanismo

para

consensuadas

la

buena

y

a

los

pacífica

convivencia de los ciudadanos.

Igualmente de preocupante es la tendencia mayoritaria

de

“proteger”

soluciones

a

a

los

ciudadanos

sus

problemas

que

tratan

vinculados

a

de

su

buscar

intimidad

personal y familiar, imponiéndoles controles sobre dichas

manifestaciones

de

voluntad.

ciudadano

sí

mismo.

de

Es

decir,

Recordemos

protegiendo

que

en

al

nuestro

AC-2009-14

3

ordenamiento las relaciones de familia han sido analizadas

desde la perspectiva del derecho a la intimidad.

vs. Ramírez, 162 D.P.R. 130 (2004).

del

derecho

a

la

intimidad,

Rexach

Una de las dimensiones

plataforma

sobre

la

cual

descansa nuestro dictamen en Figueroa Ferrer, ante, y al

que acude la mayoría para validar su determinación, tiene

como finalidad precisamente reconocerle a los ciudadanos su

autonomía en la adopción de decisiones personales.

Véase,

M. Galán Juárez, Intimidad nuevas dimensiones de un viejo

derecho,

2004,

Madrid,

pág.

Editorial

130.

Ello

Universitaria

implica,

Ramón

Areces,

inevitablemente,

el

reconocimiento de la libertad individual como vehículo para

la elección y el desarrollo del propio plan de vida, por lo

que la decisión de contraer matrimonio o de divorciarse

incardina en la dimensión de autonomía del derecho a la

intimidad.

Es desde esta perspectiva que debe analizarse

la controversia de confección judicial y que la mayoría hoy

ignora.

Por

el

contrario,

considero

respetar

la

capacidad

de

destinos

y

los

de

sus

las

que

los

personas

familias

por

jueces

para

lo

debemos

regir

que

no

sus

veo

impedimento alguno a que, en casos apropiados, las partes

puedan optar por liquidar sus bienes matrimoniales mediante

un

ordenado

proceso

de

arbitraje.

Considero,

que

“[a]postar por devolver el poder a las partes para que se

responsabilicen de sus problemas y tomen las decisiones con

las

que

porque

tendrán

los

que

convivir

mecanismos

no

durante

años”,

adversativos

para

es

apostar

solucionar

AC-2009-14

4

disputas se tornen en una realidad cotidiana en la sociedad

procurando así que “el ciudadano sea más libre para elegir

el modo en que quiere que se haga JUSTICIA.”

Villaluenga,

Mediación

en

Conflictos

L. García

Familiares,

Una

construcción desde el Derecho de familia, Editorial Reus,

Madrid, 2006, pág. 509.

Respecto

la

(Énfasis en original.)

única

controversia

planteada

por

las

partes, el razonamiento mayoritario nos parece confuso y

poco convincente.

No obstante, estoy de acuerdo con el

resultado pero bajo otros fundamentos.

Pasemos a repasar someramente los hechos en este caso.

I

El Sr. Jorge Alfredo Vivoni Farage y la Sra. María de

Lourdes

Ortiz

Carro

obtuvieron

un

divorcio

consentimiento mutuo el 3 de junio de 1999.

por

Como parte de

las estipulaciones contenidas en la petición, acordaron que

la división de la sociedad de gananciales se realizaría

mediante un procedimiento de arbitraje.

Luego de varios

incidentes procesales, el 13 de marzo de 2001 se emitió un

Laudo Final Actualizado. En éste se liquidaron todos los

bienes gananciales, adjudicándosele a la Sra. Ortiz Carro

una

propiedad

inmueble

en

Cidra

(La

Península),

cuyo

dominio tenía la corporación, Steri-Tech, Inc.

En cuanto a la adjudicación de La Península, el laudo

establecía que ésta debía ser entregada a la Sra. Ortiz

Carro libre de cargas y gravámenes “dentro de los treinta

(30)

días

siguientes

a

la

fecha

de

este

laudo”.

De

no

transferir la propiedad en el término establecido, el Sr.

AC-2009-14

Vivoni

5

estaría

obligado

a

entregar

la

cantidad

de

$1,100,000 equivalente al valor en efectivo del inmueble.

Así las cosas, el 6 de abril de 2001 el Sr. Vivoni le cursó

una carta a la Sra. Ortiz Carro para concertar una fecha

para realizar la transferencia del inmueble.

No

obstante,

Sra.

Ortiz

Carro

del

laudo

ante

el

Tribunal

de

Sr.

Vivoni

solicitó

entonces

la

modificación de éste con respecto a ciertas partidas.

El

solicitud

Primera

de

la

revocación

Instancia.

El

presentó

una

tribunal de instancia declaró ambas peticiones no ha lugar.

Ambos recurrieron al Tribunal de Apelaciones.

las

resoluciones

del

foro

primario

y

Éste revocó

ordenó

que

dicho

tribunal examinara las alegaciones de ambos peticionarios.

Luego de varios incidentes procesales, el 6 de diciembre de

2005 el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia

en la cual desestimó la impugnación de la Sra. Ortiz Carro,

pero modificó varias partidas del Laudo Final Actualizado.

El 28 de diciembre de 2005, el Sr. Vivoni se comunicó

nuevamente

con

la

Sra.

Ortiz

Carro

para

otorgar

las

escrituras referentes a la transferencia de La Península.

Sin embargo, la Sra. Ortiz Carro, aún inconforme, acudió al

Tribunal

de

Apelaciones

solicitando

el

foro

la

revocación

la

sentencia

emitida

por

apelativo

confirmó

el

partidas.

Este Tribunal denegó revisar la sentencia del

laudo,

primario.

de

aunque

El

tribunal

modificó

algunas

foro intermedio, y denegó igualmente las dos mociones de

reconsideración presentadas por la Sra. Ortiz Carro.

mandato fue devuelto el 17 de julio de 2007.

El

AC-2009-14

6

El 28 de julio de 2007, el Sr. Vivoni solicitó a la

Sra. Ortiz Carro reunirse para concretar la transferencia

de La Península.

El 1 de agosto de 2007, éste acudió al

tribunal de instancia solicitando la ejecución parcial de

la sentencia.

Paralelamente, el 4 de octubre de 2007, la

Sra. Ortiz Carro solicitó de ese tribunal la suma líquida

de

$1,100,000

correspondiente

Península,

pues

establecía

el

contaba

alegó

Laudo

desde

la

del

la

había

para

la

devolución

Primera Instancia.

solicitud

que

a

adjudicación

pasado

el

transferencia,

del

mandato

al

de

La

término

que

aun

si

se

Tribunal

de

Este último, declaró con lugar la

Sr.

Vivoni

y

emitió

una

Orden

para

la

transferencia de los inmuebles. La Sra. Ortiz Carro reiteró

su solicitud del 4 de octubre, pero el foro primario la

declaró no ha lugar el 10 de diciembre de 2007.

La

Sra.

Ortiz

Carro

acudió

alegando

que

había

errado

el

al

tribunal

tribunal

de

intermedio,

instancia

al

ordenar la transferencia de la propiedad y no el pago en

efectivo, a pesar del lenguaje del laudo.

Antes de que el

tribunal apelativo expidiera el certiorari, el Tribunal de

Primera

Instancia

emitió

el

mandamiento

correspondiente

para la firma de las escrituras, y el 4 de febrero de 2008

se concretó la transferencia, compareciendo el Sr. Vivoni

en

representación

Tribunal

en

de

Steri-Tech

representación

Posteriormente,

el

Tribunal

sentencia

foro

de

del

Inc.

y

de

la

Sra.

de

Apelaciones

instancia

y

el

Alguacil

Ortiz

declaró

del

Carro.

revocó

la

nulas

las

escrituras otorgadas, pues entendió que no se cumplió con

AC-2009-14

la

7

entrega

de

la

propiedad

en

el

término

de

30

días

establecido en el Laudo Final Actualizado de 13 de marzo de

2001.

Inconforme, el Sr. Vivoni acudió a esta Curia.

El 17

de julio de 2009, emitimos una orden de mostrar causa en la

cual le ordenamos a la parte recurrida que se expresara

sobre por qué no se debía expedir el auto y revocar el

dictamen del foro apelativo intermedio.

compareció

y

el

Tribunal

hoy

La parte recurrida

resuelve

conforme

había

intimado.

II

Como indicamos al inicio, este Tribunal hoy resuelve

que por exigencia de Figueroa Ferrer v. E.L.A., ante, el

mecanismo de arbitraje no está disponible para liquidar y

adjudicar los bienes de la sociedad conyugal en ocasión de

un divorcio por consentimiento mutuo.

El Tribunal indica

que en Figueroa Ferrer, “destacamos que no se aceptaría

petición

alguna

bajo

dicha

causal

sin

que

las

partes

adjuntaran las estipulaciones sobre la división de bienes,

el

sustento

divorcio.

de

las

partes

y

otras

consecuencias

del

Esto en reconocimiento de la delicadeza de tales

asuntos y, más aún, para asegurarnos de que la petición de

divorcio

no

fuera

producto

coacción

y

hasta

tanto

de

la

la

irreflexión

Asamblea

o

de

la

Legislativa

no

prescribiera otras normas.”

Con ello de trasfondo, la mayoría razona que en este

caso

“se

desvirtuó

establecidas”

en

el

propósito

Figueroa

de

Ferrer,

una

de

las

normas

“utilizando

la

AC-2009-14

8

estipulación para dirigir el pleito a un procedimiento de

arbitraje, y las consecuencias que acarreó su mal uso.”

Continúa señalando que:

“el proceso arbitral y judicial ha estado mediado

por la falta de consenso entre ambas partes con

relación a la liquidación de sus haberes.

Por

todo lo antes expuesto –y ante el hecho de que el

uso del arbitraje en estos casos puede exacerbar

otros problemas al no existir parámetros claros

para su empleo en este tipo de relaciones- este

Tribunal rechaza el uso de las estipulaciones

para

someter

a

arbitraje

la

partición

y

liquidación del caudal de la sociedad de bienes

gananciales luego de decretado el [d]ivorcio por

la causal de consentimiento mutuo.

De lo

contrario se dejarían inconclusos aspectos tan

importantes y de suma delicadeza que deben ser

resueltos a la hora de disolver el vínculo

conyugal.” (Énfasis en original.)

En otras palabras, el Tribunal estima que la liquidación y

adjudicación

de

los

haberes

de

una

sociedad

legal

de

gananciales no puede postergarse para un momento posterior

al

divorcio,

sino

más

bien,

que

hay

que

liquidarla

coetáneamente con la acción de divorcio cuando se invoca la

causal

de

Puerto

Rico

efectos

económicos

Situación

consentimiento

no

mutuo.

existen

distinta

Indica

además

que

“en

para

lidiar

con

los

el

arbitraje.

Asamblea

Legislativa

parámetros

del

divorcio

mediante

sería

el

la

que

autorice su uso y establezca parámetros para estos casos.”

Recapitulando,

podemos

concluir

a

que

base

la

del

mayoría

razonamiento

considera

que

anterior

no

es

aceptable el arbitraje bajo los siguientes fundamentos: 1.

Por exigencia de Figueroa Ferrer, ante. 2. Porque hubo en

este

caso

falta

de

consenso.

3.

Porque

no

existen

parámetros claros para la utilización del arbitraje.

4.

AC-2009-14

Porque

el

9

asunto

de

la

liquidación

de

los

haberes

conyugales es uno delicado que no puede posponerse para un

momento posterior al divorcio.

Descartado el arbitraje como mecanismo para liquidar

la sociedad legal de gananciales el Tribunal expresa lo

siguiente:

No obstante, debido al largo tiempo que lleva

éste (sic) caso litigándose sería en extremo

perjudicial para las partes involucradas, que

descartemos el trámite arbitral y judicial que se

ha suscitado por los pasados once (11) años.

Después de todo, la sentencia que lo estableció

ya es final y firme. Sin embargo, advertimos que

no se favorece el uso desvirtuado del arbitraje

en los divorcios y mucho menos el que los

tribunales autoricen este tipo de estipulaciones

en casos de divorcio por consentimiento mutuo.

En esos casos, la estipulación debe contener lo

relativo a la división de bienes.

(Énfasis

nuestro.)

Comencemos por el final.

Si la sentencia que validó

el mecanismo de arbitraje para liquidar la sociedad legal

de

gananciales

en

este

caso

es

final

y

firme,

como

claramente lo es y así lo concluye la mayoría, ¿por qué

este Tribunal está pasando juicio sobre ello y resolviendo

que ése no era el mecanismo idóneo y que será impermisible

su uso en casos futuros?

Máxime, cuando la disponibilidad

del mecanismo de arbitraje para pautar la división de los

haberes del matrimonio no fue uno de los errores que se nos

planteara

en

el

recurso

instado.

“controversia”

de

hechura

judicial,

Estamos

para

la

ante

una

cual

este

AC-2009-14

10

Tribunal no ha provisto para que las partes se expresen

previo a resolver.26

El

dictamen

interrogantes:

de

la

mayoría

nos

plantea

varias

¿Qué ha de ocurrir con las personas que se

encuentren en este momento inmersas en un procedimiento de

arbitraje porque así lo pactaron en las estipulaciones de

divorcio sometidas y acogidas por el foro de instancia?

¿El divorcio decretado en estos casos es válido o es nulo?

¿Y si contrajeron nuevo matrimonio?

Es alarmante que este

Tribunal se adentre a resolver un asunto de trascendental

importancia

repercusiones

para

el

para

Derecho

quienes

de

familia

y

se

encuentran

de

severas

actualmente

involucrados en un proceso de divorcio, sin que el asunto

26

Es doctrina reiterada de práctica apelativa, que los

tribunales no habrán de considerar asuntos que no fueron

planteados en los foros inferiores. Así, hace casi ochenta

años dijimos que “[n]o es necesario que resolvamos o

discutamos

ninguna

cuestión

que

no

haya

sido

específicamente planteada por señalamiento de error ni

abiertamente presentada por la argumentación en ninguno de

los alegatos.”

Banco Territorial y Agrícola v. Vidal, 42

D.P.R. 869, 872 (1931). Véanse además, entre otros, Misión

Industrial de Puerto Rico v. Junta de Planificación, 146

D.P.R. 64, 145 (1998); Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez,

125 D.P.R. 340, 351 (1990); Murcelo v. H.I. Hettinger &

Co., 92 D.P.R. 411, 426 (1965); Garaje Rubén, Inc. v.

Tribunal Superior, 101 D.P.R. 236, 242 (1973); Autoridad

sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950).

Esta norma no obedece a una reverencia desmedida a los

ritos procesales, sino más bien, a consideraciones de trato

justo a las partes quienes no han tenido la oportunidad de

presentar sus posiciones legales respecto a algún asunto.

Hacer caso omiso de este principio milita en contra de la

justiciabilidad del pleito, pues se prescinde de que los

litigantes promuevan sus posturas vigorosamente ante el

foro judicial.

Véase, Noriega v. Hernández Colón, 135

D.P.R. 406, 427 (1994).

Claro está, en situaciones

extremas en las que aferrarse rígidamente a la norma

ocasione a alguna de las partes un grave perjuicio, hay

cabida para el ejercicio de la discreción y considerar un

asunto no planteado. Ésta, claramente, no es la situación

ante nuestra consideración.

AC-2009-14

11

que resuelve hubiese sido argumentado por las partes y sin

haber

ponderado

los

efectos

de

su

dictamen,

como

es

transcrita,

el

evidente ha ocurrido en este caso.

Por

otro

lado,

en

la

cita

antes

tribunal indica que “no se favorece el uso desvirtuado del

arbitraje en los divorcios.”

(Énfasis nuestro.)

¿Acaso

con esta expresión se está indicando que el arbitraje no

está disponible para liquidar una sociedad de gananciales,

independientemente de la causal para el divorcio?

¿O es

que la norma pautada sólo aplica para divorcios por la

causal de consentimiento mutuo?

Interpreto la expresión

del Tribunal como que aplica a todo divorcio.

Si ese fuera

el caso, ¿no habría que explicar por qué es necesario una

norma tan dilatada, cuando la razón para descartar este

mecanismo es lo resuelto en Figueroa Ferrer?

Regresemos

anteriormente

entonces

habíamos

a

evaluar

reseñado

los

como

argumentos

que

fundamento

del

Tribunal para descartar el uso del arbitraje en el campo

del

Derecho

de

familia,

específicamente,

en

casos

de

divorcio por consentimiento mutuo.

Como ya dijimos, el Tribunal considera que Figueroa

Ferrer, ante, impide que se utilice el proceso de arbitraje

para liquidar la sociedad legal de gananciales.

adscribo tal alcance a lo allí expresado.

No le

Lo que dice

Figueroa Ferrer, es que la petición de divorcio debe venir

acompañada de “las estipulaciones correspondientes sobre la

división de sus bienes.”

Figueroa Ferrer, ante, pág. 277.

Pues bien, en estricto rigor, considero que eso fue lo que

AC-2009-14

12

ocurrió aquí.

Las partes en este caso reconocieron en la

estipulación suscrita la

existencia de una comunidad de

bienes

haberes

compuesta

por

los

adquiridos

durante

el

matrimonio e indicaron que esa comunidad se dividiría 50%

para cada cual.

Anejaron a dicho documento una lista de

dichos bienes así como también de sus deudas.

Las partes

estipularon que, de no dividir la comunidad de bienes que

expresamente habían reconocido en el convenio sometido al

foro de instancia, se someterían a un proceso vinculante de

arbitraje.

Éstas

documento

sometido

facultades

del

establecieron

a

la

árbitro,

detalladamente

consideración

cómo

se

del

en

el

juez

las

seleccionaría

y

los

términos que éste tendría para resolver los asuntos traídos

a su atención.

firme

e

Además, dispusieron que el laudo sería

inapelable

así

como

también

que

sus

honorarios

serían prorrateados entre las partes.

No hay duda que las partes estipularon --que no es

otra cosa de convenir, concertar o acordar, Diccionario de

la Lengua Española, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 2001,

pág. 998-- cómo se dividirían los bienes del matrimonio.

Y utilizaron el mecanismo de un árbitro, cuyas facultades

enumeraron

en

el

documento,

adjudicación de tales bienes.

Ferrer,

ante,

no

exigimos

que

para

llevar

a

cabo

la

Adviértase que en Figueroa

las

partes

liquidaran

y

adjudicaran los bienes de la sociedad antes de decretarse

el divorcio o en el acto del divorcio, sino más bien, que

estipularan sobre la división de sus bienes como requisito

para el divorcio.

Consideramos que esta lectura de nuestro

AC-2009-14

dictamen

13

en

Figueroa

Ferrer,

ante,

es

la

que

mejor

se

ajusta a los fundamentos que esgrimimos para validar el

divorcio por consentimiento mutuo.

Permite facilitar los

procesos de divorcio para que las parejas puedan poner fin

a la relación matrimonial que voluntariamente asumieron y

que por infinidad de razones no desean continuar.

Otro de los argumentos de la mayoría para rechazar el

uso del arbitraje como herramienta para la liquidar los

bienes

habidos

en

el

matrimonio

es

que

ello

dejaría

“inconcluso aspectos tan importantes y de suma delicadeza

que deben ser resueltos a la hora de disolver el vínculo

conyugal.”

Si ese fuera un argumento legítimo en derecho,

considero entonces que el Tribunal debe ordenar que ello

sea así en todo divorcio, independientemente de la causal.

Habría que preguntarse por qué en casos de divorcio por

otras causales como, por ejemplo, trato cruel, adulterio, o

por separación, no se exige la liquidación y adjudicación

de

los

bienes

gananciales

como

disuelto el vínculo matrimonial.

adjudicación

de

los

bienes

requisito

para

decretar

¿O es que la división y

gananciales

es

un

asunto

“importante y delicado” sólo cuando las partes invoquen la

causal de raigambre constitucional para el divorcio?

¿Por

qué?

por

¿Qué

hace

distinto

el

proceso

de

divorcio

consentimiento mutuo que impone requisitos no exigibles en

divorcios

bajo

otras

causales?

Nos

parece,

que

en

correcta metodología jurídica, este Tribunal viene obligado

a

enfrentarse

conclusión.

a

estas

interrogantes

para

validar

su

AC-2009-14

A

14

mi

juicio,

el

Tribunal

incurre

en

un

aparente

contrasentido al descartar el arbitraje para lidiar con los

efectos económicos del divorcio pero no así para atender

otros asuntos relacionados con el Derecho de familia.

explico.

Me

En la opinión el Tribunal expresa lo siguiente:

“Señalamos que de forma alguna rechazamos los beneficios

que el arbitraje, en aspectos esenciales de un divorcio o

en otro tipo de disputas familiares, pueda proporcionar.”

(Énfasis nuestro.)

Con lo cual, el Tribunal parece avalar

la

mecanismo

utilización

del

de

arbitraje

para

atender

algunos asuntos de Derecho de familia, pero sin explicarnos

cuáles o qué parámetros se deben utilizar para considerar

su utilización.

¿Se puede someter a arbitraje un conflicto

relacionado con la custodia de unos menores, o de la patria

potestad, o la relación materno o paterno filial, o incluso

el

propio

divorcio

consentimiento

siempre

mutuo?

y

cuando

Estos

no

asuntos,

sea

¿son

por

menos

“importantes y delicados” que la división de los haberes

acumulados

durante

el

resolver en arbitraje?

matrimonio

que

por

eso

se

pueden

Habría quien pudiera pensar todo lo

contrario, que alguno de estos temas son aún más sensitivos

que adjudicar unos bienes pues involucran a menores “que

son más dignos de protección dada su edad y su falta de

capacidad para gobernarse por sí mismo.”

Crisis

Matrimonial

y

Arbitraje,

Alternativa, No. 6, 2005, 171, 177.

E. Roca Trías,

Anuario

Justicia

Lo anterior, a mi

juicio, ejemplifica la inconsistencia interna que trasluce

la opinión avalada

por la mayoría.

Tal vez, ello es el

AC-2009-14

15

resultado de lo que adelantamos, de que las partes no han

tenido

una

oportunidad

de

discutir

y

argumentar

vigorosamente esta “controversia” y plantearnos todas sus

posibles ramificaciones.

Antes

bien,

considero

igualmente

erróneo

el

razonamiento de la mayoría de que no procede el mecanismo

alterno escogido por las partes porque “en Puerto Rico no

existen parámetros para lidiar con los efectos económicos

del divorcio mediante el arbitraje.”

No tiene razón el

Tribunal.

Primeramente,

en

este

caso

convinieron

específicamente

los

términos

del

las

partes

proceso

de

arbitraje, nada quedó al azar o al arbitrio de una de las

partes.

No se puede aseverar entonces que no existían

parámetros en este caso para atender la adjudicación de los

bienes gananciales mediante arbitraje.

El mecanismo que exige el Tribunal fue el acordado por

las partes en este caso.

totalidad

las

arbitraje

incluidas

Por su importancia, citamos en su

disposiciones

en

la

relativas

estipulación

al

proceso

suscrita

por

partes:

En los próximos diez (10) días contados a partir

de que la Sentencia advenga final y firme los

peticionarios escogerán por sorteo, de entre una

terna de tres personas, un árbitro que atenderá

todos los aspectos relativos a la liquidación y

partición del caudal comunal.

A esos fines, el árbitro queda facultado para: 1.

Recibir prueba testifical, documental y pericial

de

los

peticionarios;

2.

Hacer

las

determinaciones de hechos y conclusiones de

derecho

que

estime

apropiadas;

3.

Resolver

planteamientos de evidencia y similares; 4. Citar

testigos a las vistas. El árbitro atenderá toda

de

las

AC-2009-14

16

controversia

relacionada

a

la

liquidación de la masa comunal.

partición

y

El árbitro tendrá treinta días calendario para

emitir su laudo a partir de que el caso quede

sometido a su consideración, pero, nunca después

del día 31 de diciembre de 1999.

El laudo que él emita será final, firme e

inapelable para los peticionarios.

Y sus

honorarios

serán

prorrateados

entre

los

peticionarios.

Cada parte, además, pagará sus

respectivos gastos legales.

Hasta tanto no se emita el laudo arbitral el que

deberá rendirse para el día 31 de diciembre de

1999, la peticionaria co-administrará los bienes

de la comunidad.

Además, la peticionaria

continuará recibiendo el rédito de $5,000.00

mensuales convenidos entre ellos.

Dicho pago

será efectuado en o antes de los días 15 de cada

mes, y hasta las resultas del procedimiento de

arbitraje o el día 31 de diciembre de 1999.

Además, seguirá devengando los $2,500.00 por

concepto

de

salario

que

percibe

de

la

corporación.

La interventora, Steri-Tech hará

las retenciones mandatorias dispuestas por Ley.

Los peticionarios han convenido entre ellos que,

de mediar caso fortuito o fuerza mayor que impida

la emisión del laudo en o antes del día 31 de

diciembre de 1999, el plazo se prorrogará por un

término igual al que dure el mismo quedando

prorrogados los acuerdos contenidos en esta

petición por igual plazo.

No hay duda de que las partes que hoy se encuentran

ante

nosotros

arbitraje

a

regularon

que

se

adecuadamente

sometieron

e

el

proceso

impusieron

de

los

requerimientos básicos necesarios para que la herramienta

adoptada operara de forma eficaz.

Tan es así, que ninguna

de ellas ha objetado el procedimiento de arbitraje y como

éste fue conducido por el árbitro.

indicativo

de

objeciones

a

que

uno

de

Ello, a mi juicio, es

independientemente

los

múltiples

de

asuntos

las

posibles

atendidos

y

resueltos por el árbitro, ambas partes quedaron satisfechas

AC-2009-14

17

con el mecanismo que adoptaron para liquidar los haberes de

la comunidad de bienes y cómo éste operó.

concluir

entonces

adecuadas

para

que

en

conducir

este

el

caso

no

No se puede

existían

procedimiento

de

guías

arbitraje.

Considero superada así la objeción expresada por la mayoría

para

negarle

resolución

familia.

eficacia

de

a

este

conflictos

en

proceso

el

no

campo

adversativo

del

Derecho

de

de

A mi juicio, nada impide, cara a la realidad que

hoy vivimos, que convalidemos el acuerdo autocompositivo de

las

partes

para

procurar

la

liquidación

de

los

haberes

acumulados durante la vigencia de su matrimonio.

De otra parte, la aseveración en torno a la falta de

parámetros

parece

Reglamento

de

no

considerar

métodos

alternos

la

para

existencia

del

la

de

solución

conflictos, 4 L.P.R.A. Ap. XXIX, (el Reglamento) promulgado

por

el

Tribunal

Supremo

para,

precisamente,

regular

las

herramientas alternativas como el arbitraje en los casos

civiles

instados

en

los

Considero

que

la

Reglamento

es

inadecuado

arbitraje

cuando

tribunales

mayoría

se

debió

para

intenta

de

nuestro

país.

porque

este

explicar

regentar

los

adjudicar

procesos

los

de

haberes

matrimoniales una vez decretado el divorcio.

El Reglamento declara como política pública de la Rama

Judicial

“fomentar

la

utilización

de

mecanismos

complementarios al sistema adjudicativo tradicional con el

fin de impartir justicia en una forma más eficiente, rápida

y económica.”

4 L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 1.01.

mecanismos

se

que

regulan

en

el

Reglamento

Entre los

está

el

AC-2009-14

18

arbitraje, cuyo propósito se describe como la herramienta

que

permite

“proveer

a

las

partes

la

oportunidad

de

presentar su versión de los hechos, las teorías legales y

la evidencia dentro de un procedimiento adjudicativo más

rápido e informal que el judicial.”

R. 8.01(a).

4 L.P.R.A. Ap. XXIX,

Dispone además, que las “partes tienen la

potestad de decidir si se someten o no a este proceso.”

Íbid.

El

Reglamento

indica

que

se

podrán

someter

a

arbitraje: “todas las acciones de naturaleza civil que no

estén excluidas por estas reglas.”

L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 8.02.

contenidas

en

la

Regla

(Énfasis nuestro.)

4

Ninguna de las exclusiones

8.03

menciona

los

asuntos

relacionados con la liquidación de una sociedad legal de

gananciales.

conformidad

Por

de

lo

las

que,

en

partes,

principio

el

y

Reglamento

sujeto

a

la

permite

el

arbitraje en casos de liquidación y adjudicación de bienes

gananciales.

Por

otro

lado,

el

Reglamento

sí

establece

que

el

tribunal tendrá “discreción para excluir cualquier caso que

no pertenezca a ninguna de las categorías” excluidas en las

reglas cuando, “a su juicio, la naturaleza del caso, la

complejidad

de

las

controversias

cualesquiera

otras

circunstancias lo hagan inapropiado para arbitraje.”

4

L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 8.04(b).

o

Por lo que aun cuando el

Reglamento no impide se someta a arbitraje la liquidación y

adjudicación

de

los

haberes

gananciales,

la

determinación

de

una

final

sociedad

legal

sobre

proceder

ese

de

dependerá de la ponderación que haga el juez de instancia

AC-2009-14

19

sobre su conveniencia en un caso en particular.

Debemos

suponer que cuando un juez concluye que un caso es idóneo

para referirlo a arbitraje, es porque ha sopesado todos los

factores que rodean la controversia y ha concluido que se

sirve

mejor

los

intereses

de

las

partes

refiriendo

el

asunto a un proceso de arbitraje para que sea allí donde

dirimen los conflictos familiares.

No

es

correcto

entonces

postular

que

nuestro

ordenamiento no provee mecanismos adecuados para regular

los procesos de arbitrajes en casos de liquidación de los

haberes gananciales.

No obstante las disposiciones del

Reglamento, el Tribunal guarda silencio de porque lo allí

dispuesto

no

es

adecuado

o

insuficiente

para

atender

asuntos de esta naturaleza.

Finalmente, la propia Ley de Arbitraje de Puerto Rico,

32 L.P.R.A. secs. 3201 et sec., puede utilizarse, tal y

como

hace

la

mayoría

en

su

dictamen,

para

regular

un

proceso de arbitraje de liquidación de sociedad legal de

gananciales.

No hay porque entonces denegar el alcance de

su aplicación al Derecho de familia.

Geyls,

Derecho

de

Familia

de

Puerto

Véase, R. Serrano

Rico

y

Legislación

Comparada, Universidad Interamericana de Puerto Rico, San

Juan, vol I, 2002, págs.. 712-713.

Sostengo que en casos como el que tenemos ante nuestra

consideración,

petición

de

una

que

vez

la

el

juez

se

confronta

adjudicación

de

los

con

haberes

de

una

la

sociedad legal de gananciales se refieran a arbitraje éste

debe,

previo

a

prestarle

su

anuencia,

ponderar

los

AC-2009-14

20

siguientes factores: primero, cerciorarse de que las partes

comprenden las consecuencias legales del divorcio; segundo,

que éstos entienden las implicaciones de someter al proceso

de

arbitraje

la

liquidación

de

los

haberes

gananciales;

tercero, que ninguna de las partes actúa bajo coacción;

cuarto,

que

ambos

poseen

plena

capacidad

para

actuar;

quinto, que el convenio no lacera los principios y valores

que animan el Derecho de familia o el llamado orden público

familiar; y sexto, que el acuerdo claramente provea para

que

el

laudo

se

emita

conforme

a

Derecho

y

permita

la

revisión judicial.

Debemos resaltar que aún cuando este tipo de convenio

constituye

una

validar

autonomía

la

manifestación

de

personal

la

en

tendencia

la

moderna

regulación

de

de

los

asuntos íntimos personales y familiares, por lo que debemos

considerarlos de forma favorable, su contenido no queda a

la total merced de la autonomía negocial de las partes ya

que el tema sobre el cual versa se refiere a delicados

asuntos de familia.

Es por ello que entiendo que el juez

debe evaluar con rigor y bajo los criterios previamente

señalados cualquier solicitud para remitir a arbitraje la

liquidación de los haberes del matrimonio en ocasión de un

divorcio.

Véase, M. D. Díaz-Ambrona Bardaji, F. Hernández

Gil, Lecciones de Derecho de Familia, Editorial centro de

Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 1999, pág. 219.

Hay que reconocer que en las situaciones derivadas del

divorcio entran en juego las cuestiones más íntimas de las

personas, las pasiones más enconadas y sensibles, junto a

AC-2009-14

21

los intereses más dignos de protección jurídica, por lo que

éstas

“son

judiciales

difíciles

pueden

satisfactoriamente

de

armonizar

dictarse

la

con

situación

y

pocas

resoluciones

aspiración

de

a

conflicto

resolver

entre

los

cónyuges.”

Díaz-Ambrona Badalají, Hernández Gil, op. cit,,

pág. 218.

Ello, sin embargo, no puede

ser el fundamento

para rechazar y descartar de plano el proceso de arbitraje

como mecanismo alterno para transigir las consecuencias de

naturaleza

puramente

patrimonial

que

se

divorcio, sino tal vez, todo lo contrario.

derivan

del

Es correcto que

no todo caso de liquidación de los haberes de la sociedad

es el idóneo para referir a un proceso de arbitraje.

Es

por ello que el juez, previo a homologar una petición en

tal

sentido,

perjudicial

debe

para

cerciore

uno

de

que

los

parámetros antes mencionados.

el

convenio

cónyuges

no

es

utilizando

los

Pero de lo que se trata es

de dibujar con fino pincel las excepciones caso a caso, no

de

pintar

con

brocha

ancha

para

vedarlo

de

nuestro

ordenamiento.

Y es que la utilización de métodos alternos

de

de

resolución

transformar

los

disputa

conflictos

como

el

arbitraje,

porque

ayuda

a

“permite

enfrentar

los

problemas de forma colaborativa e implica un cambio en la

aproximación: en lugar de buscar empeorar las alternativas

de

la

pueden

otra

parte

aumentar

para

las

una

negociación

posibilidades

de

conjuntas que puedan ser compartidas.”

op. cit., pág. 149.

distributiva,

realizar

se

ganancias

García Villaluenga,

A ello deberíamos aspirar.

AC-2009-14

22

III

Para concluir y muy someramente, una vez el Tribunal

resuelve el asunto sobre el arbitraje pasa a atender lo

relativo a cuándo un laudo es ejecutable.

La ponencia

indica que en la gran mayoría de los casos, los laudos

arbitrales son ejecutados voluntariamente por las partes,

pues como dice el artículo 21 de la Ley Núm. 376 de 1951,

la validez de un laudo que de otro modo fuere válido no

quedará afectada por el hecho de no presentarse una moción

alguna

para

su

confirmación.

No

obstante,

en

aquellas

instancias en que las partes difieren sobre la validez o

corrección del laudo, la Ley 376 brinda vías para obligar a

su cumplimiento.

Entre éstas, la Ley 376 permite entablar

-en cualquier fecha dentro del año siguiente al laudo- un

procedimiento sumario para la confirmación de éste ante el

tribunal de instancia, el cual deberá emitir una sentencia

confirmándolo,

la

cual

es

ejecutable

Reglas de Procedimiento Civil.

de

acuerdo

a

las

Igualmente, aquel que no

esté de acuerdo con el laudo, puede –en un término de 3

meses desde que se le notifique el laudo- presentar una

moción para revocar, modificar o corregir un laudo.

Sin embargo, la propia Ley 376 indica que ante una

moción para revocar, modificar o corregir el laudo, el foro

primario podrá suspender los procedimientos que la parte

adversa a aquella que ha presentado la moción haya iniciado

para ejecutar el laudo.

Esto

presupone

que

la

Véase, 32 L.P.R.A. sec. 3224.

parte

adversa

pudo

comenzar

el

procedimiento de ejecución del laudo, aun cuando no hayan

AC-2009-14

23

transcurrido

los

términos

para

modificación

o

corrección

de

solicitar

éste.

la

revocación,

lo

tanto,

Por

la

opinión parece resolver que un laudo arbitral es ejecutable

desde

su

moción

emisión,

para

corrección,

sin

perjuicio

solicitar

el

foro

su

de

que

revocación,

primario

pueda

presentada

una

modificación

o

suspender

dichos

procedimientos.

En el caso de autos, la ponencia dice que ninguna de

las partes solicitó la confirmación y ejecución del laudo

tan pronto fue emitido.

Su impugnación, en nada afectó las

disposiciones referentes a La Península.

Por lo tanto, la

disposición que adjudicaba la propiedad a la Sra. Ortiz

Carro

era

ejecutable

desde

la

emisión

del

laudo.

Sin

embargo, aplicando la doctrina de actos propios, la opinión

concluye

que

--debido

a

que

fue

por

las

impugnaciones

presentadas por la Sra. Ortiz Carro que no se pudo ejecutar

el laudo en el tiempo establecido en éste- ésta no puede

beneficiarse de dicho incumplimiento.

la

sentencia

del

Tribunal

de

Por lo tanto, revoca

Apelaciones

y

devuelve

al

Tribunal de Primera Instancia para que se determine si la

corporación Steri-Tech Inc. realizó unas reparaciones que

alegadamente debía hacer antes de transferir la propiedad.

En cuanto al resultado a que llega la mayoría de que

el laudo es ejecutable desde que se emite considero que

ello es cónsono con la finalidad que deben tener los laudos

y

con

las

disposiciones

estatutarias

de

la

ley

de

arbitraje, aunque en principio parecería ilógico permitir

la ejecución de un laudo, mientras todavía otra de las

AC-2009-14

partes

24

puede

solicitar

inclusive su revocación.

que

ocurrió

en

este

su

corrección,

modificación

o

No obstante, la explicación de lo

caso,

y

porqué

debe

aplicarse

doctrina de actos propios no es convincente.27

la

Prefiero

pensar que, puesto que el Sr. Vivoni solicitó a la Sra.

Ortiz Carro el otorgamiento de las escrituras en abril de

2001, dentro de los 30 días originales, el hecho de que

ella no contestó ese requerimiento y solicitó en mayo de

2001 la impugnación del laudo, es causa suficiente para

invocar la doctrina de actos propios.

Sin embargo, si el

Sr. Vivoni no hubiese hecho nada dentro de los primeros 30

días, poco importaba que la Sra. Ortiz Carro hubiese luego

impugnado el laudo, si ya se había incumplido la condición,

partiendo

de

lo

ejecutable

desde

resuelto,

su

esto

emisión,

por

es,

que

el

laudo

es

lo

que

los

30

días

contaban desde el 13 de marzo de 2001.

En cuyo caso, no

tengo objeción a que el caso de devuelva al foro primario.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

27

Causa consternación que, ausente una determinación

expresa de que se ha incurrido en mala fe procesal, se

pueda penalizar a quien utilice un mecanismo procesal que

tiene

disponible.

Gutiérrez

Vázquez

v.

Hernández

Hernández, 2007 TSPT 174. Véase además, J. Picó I. Junoy,

El Principio de la Buena Fe Procesal, J.M. Bosch Editor,

Madrid, 2003.