Tribunal Supremo de Puerto Rico
Vivoni Farage v. Ortiz Carro
2010 TSPR 206
Poder Judicial de Puerto Rico
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Vivoni Farage v. Ortiz Carro
AC-2009-14
Arbitraje – Momento en que el laudo es efectivo y ejecutable; uso del arbitraje como método alterno para efectuar la partición y liquidación de bienes con posterioridad al divorcio
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jorge Alfredo Vivoni Farage
Peticionario
Certiorari
v.
2010 TSPR 206
María de Lourdes Ortiz Carro
179 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: AC-2009-14
Fecha: 28 de septiembre de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel III
Jueza Ponente:
Hon. Nestor S. Aponte Hernández
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcda. Lizabel M. Negrón Vargas
Lcdo. Víctor Maldonado Gómez
Abogada de la Parte Recurrida:
Lcda. Magda C. Morales Torres
Materia: Impugnación de Laudo
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de
compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio público a la
comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jorge Alfredo Vivoni Farage
Peticionario
Apelación
v.
María de Lourdes Ortiz Carro
AC-2009-0014
Recurrido
Opinión del
Charneco
Tribunal
emitida
por
la
Jueza
Asociada
señora
Pabón
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de
2010.
En el día de hoy atendemos una controversia
relacionada con una de las partes más cruciales del
proceso
arbitral:
la
ejecución
del
Laudo
y
su
relación con la gestión judicial. Nos corresponde
resolver si luego de un proceso de impugnación de
un Laudo que culminó en su confirmación, procede
concluir
que
la
obligación
contenida
en
cierta
disposición debió ser cumplida al vencer el término
de treinta (30) días contado desde la emisión del
Laudo como éste expresara, o, a contrario sensu,
desde finalizado el trámite judicial.
2
AC-2009-0014
Concluimos que los derechos y obligaciones contenidos
en un Laudo que ha sido confirmado por los tribunales son
válidos y efectivos desde la fecha de su emisión.
Esto es
de conformidad con el propósito del proceso de arbitraje y
la finalidad del Laudo.
No obstante, ante los hechos
particulares de este caso, en que por los propios actos de
la
parte
a
quien
beneficiaba
la
disposición
imposibilidad
de
cumplir
con
dicho
plazo,
permitir
el
incumplimiento
del
referido
que
no
hubo
podemos
término
le
aproveche.
I
Mediante Sentencia de 3 de junio de 1999 se disolvió
el matrimonio del Señor Jorge Alfredo Vivoni Farage, en
adelante, el peticionario, y la Señora María de Lourdes
Ortiz
Carro,
en
adelante,
la
recurrida.
En
ésta
se
incorporaron una serie de estipulaciones, entre las cuales
figuraba: someter a arbitraje los asuntos relacionados a la
partición
gananciales
y
liquidación
habida
entre
de
la
ellos
comunidad
una
vez
de
bienes
decretado
el
Divorcio por consentimiento mutuo.1
La controversia que llega ante nuestra consideración
es respecto a una de las propiedades a liquidar, el hogar
conyugal ubicado en la Urbanización La Península en Cidra,
1
Las partes estipularon que el Laudo sería final, firme e inapelable y
no
convinieron
que
fuera
conforme
a
derecho.
Posteriormente,
modificaron el acuerdo inicial en varias ocasiones, para prorrogar la
fecha de emisión del Laudo; para excluir ciertos bienes de la
adjudicación, y para pactar que en caso de cualquier inconveniente o
impasse en la implantación y/o ejecución de los acuerdos referentes al
manejo, administración de bienes o impugnación del Laudo arbitral se
pudiera
recurrir
al
procedimiento
ordinario
dispuesto
en
la
reglamentación pertinente.
3
AC-2009-0014
en adelante, La Península.
inscrita
a
nombre
de
Esta propiedad inmueble estaba
Steri-Tech,
Inc.,
una
corporación
autorizada y organizada para hacer negocios bajo las leyes
de Puerto Rico y cuyos únicos accionistas eran ambos ex
cónyuges.
Tras numerosos incidentes procesales, incluyendo la
denegación de la impugnación del Laudo Parcial2 y el Laudo
Final3 instada por la recurrida, el árbitro emitió el Laudo
Final Actualizado el 13 de marzo de 2001. Éste distribuyó
de forma definitiva los bienes muebles e inmuebles del
caudal comunal, incluyendo la corporación Steri-Tech, Inc.
y La Península. Con relación a la corporación, el Laudo
determinó que:
Las acciones corporativas de Steri-Tech, Inc. se
le adjudican a VIVONI[…] Se le concede a VIVONI
un plazo de treinta (30) días a partir del recibo
de este laudo para pagarle a ORTÍZ la cantidad de
$1,716,752
en
pago
del
balance
de
su
participación en la comunidad de bienes, la cual
incluye su participación en dichas acciones.
Apéndice de la petición de apelación, pág. 867.
Respecto a La Península, el Laudo determinó que:
2
Ambas partes solicitaron la emisión de un Laudo Parcial para
distribuir los bienes lo antes posible ante la no disponibilidad de
cierta información requerida por el Árbitro para emitir un Laudo Final
y por la alegada situación económica precaria que atravesaba una de
las partes. Éste fue emitido el 15 de mayo de 2000. Apéndice 11 de la
petición de apelación, pág. 828. El 30 de mayo de 2000, la recurrida
presentó una Solicitud de Revocación de Laudo Parcial.
3
El 31 de mayo de 2000, el Árbitro emitió el Laudo Final reservándose
el cómputo final de ciertas partidas debido a no haber recibido
información actualizada. El 28 de junio de 2000, la recurrida impugnó
el Laudo Final. El Tribunal de Primera Instancia consideró procedente
el que el árbitro completara su gestión en el término de cuarenta y
cinco (45) días.
4
AC-2009-0014
Debido a que uno de los bienes inmuebles
adjudicados a ORTIZ (residencia en la Urb. La
Península, Cidra, Puerto Rico) así como los
bienes muebles que se encuentran en dicha
propiedad pertenecen a la corporación Steri-Tech,
Inc., VIVONI viene obligado a hacer las gestiones
pertinentes, cumpliendo con todos los requisitos
legales,
para
que
dichas
propiedades
sean
transferidas a ORTIZ libres de gravamen. Si por
alguna razón, la que sea, el título de dichas
propiedades no puede ser transferido a ORTIZ,
dentro de los treinta (30) días siguientes a la
fecha de este laudo, VIVONI vendrá obligado a
pagar
a
ORTIZ
en
efectivo
la
cantidad
correspondiente
al
valor
asignado
a
dicha
propiedad en esta partición, incluyendo el valor
asignado a los bienes muebles que se encuentran
en la propiedad.4
Debido a que el titular de dichas propiedades es
la corporación Steri-Tech, Inc., la transferencia
de dichas propiedades a ORTIZ podría tener un
impacto contributivo. VIVONI asumirá cualquier
responsabilidad o deuda contributiva que surja
como consecuencia de la transferencia de la
corporación
a
ORTIZ
de
las
propiedades
correspondientes ya que ORTIZ debe recibir las
propiedades por el valor asignado a éstas en este
laudo, libre de cargas ó [sic] gravámenes.
Apéndice 11 de la petición de apelación, pág.
870.
Cabe
señalar
que
el
6
de
abril
de
2001
el
peticionario, por conducto de su representante legal, le
solicitó a la recurrida que le informara cuándo podían
otorgar las escrituras correspondientes para traspasar los
bienes inmuebles que le fueron adjudicados.5
Por su parte, el 1 de mayo de 2001, la recurrida
peticionó al Tribunal de Primera Instancia la revocación
del Laudo Final Actualizado y que se negara poner en efecto
4
El valor total asignado por el laudo a La Península y los bienes
muebles que ella contiene fue de $1,100,000.
5
Apéndice 7 de la petición de apelación, pág. 394.
5
AC-2009-0014
el mismo. En esencia, arguyó que el Laudo no había resuelto
todas
las
controversias
que
fueron
sometidas
ante
el
Árbitro, que éste faltó a su derecho al debido proceso de
ley
al
celebrar
entrevistas
ex
parte
con
empleados
de
Steri-Tech, Inc., y que actuó en exceso de la facultad
delegada
en
manifiesta
el
pacto
de
desatención
al
sumisión
y
derecho.
resolviendo
El
foro
en
primario
declaró no ha lugar dicha petición. Por otra parte, el
peticionario
solicitó
la
corrección
y
modificación
del
Laudo con respecto a las cantidades y cómputos de ciertas
partidas.
A
esta
petición,
el
tribunal
de
instancia
dictaminó “[n]ada más que disponer”.
En
desacuerdo
instancia,
ambas
con
las
partes
decisiones
del
tribunal
de
acudieron
al
Tribunal
de
Apelaciones. El 19 de septiembre de 2002, el foro apelativo
intermedio revocó las Resoluciones recurridas y concluyó
que
procedía
la
revisión
del
Laudo.
Como
consecuencia,
devolvió el caso al foro primario para que determinara si
debía revocarse el Laudo por desviarse de lo pactado y por
violación al debido proceso de ley, así como, si hubo
errores de cómputo en las partidas cuestionadas. Además,
ordenó la designación de un Comisionado a los efectos de
actualizar las partidas que serían adjudicadas a cada parte
y que se tomaran las medidas cautelares necesarias para la
protección y administración efectiva de los bienes.
6
AC-2009-0014
Así las cosas, el 6 de diciembre de 2005 el tribunal
de
instancia
emitió
una
Sentencia
desestimó
la
impugnación
del
confirmó
el
mismo.
obstante,
No
Laudo
mediante
Final
la
cual
Actualizado
modificó
y
y
actualizó
varias partidas.
Según
surge
del
expediente,
el
peticionario,
por
conducto de su representante legal, se comunicó nuevamente
con la recurrida el 28 de diciembre de 2005.
ésta
coordinar
el
otorgamiento
de
Le solicitó a
las
Escrituras
correspondientes.
Inconforme
Primera
con
la
determinación
Instancia,
la
recurrida
del
acudió
Tribunal
de
nuevamente
al
Tribunal de Apelaciones planteando la comisión de treinta y
dos (32) errores. El 28 de diciembre de 2006, el foro
apelativo
concluyó
que
el
Laudo
Final
Actualizado
era
válido y había dispuesto de todas las controversias entre
las partes, por lo que el cuestionamiento del mismo no
afectaba
su
finalidad,
sino
su
ejecutabilidad.
También
modificó algunas partidas.6 De esta decisión, la recurrida
acudió ante nos.
Mediante Resolución emitida el 20 de
abril de 2007 denegamos el auto de certiorari, así como dos
(2) reconsideraciones presentadas por ésta. El mandato fue
devuelto al Tribunal de Primera Instancia el 17 de julio de
2007.
6
La señora Ortíz Carro presentó una Moción de Reconsideración el 22
de enero de 2007.
Esta fue denegada mediante Resolución de 9 de
febrero de 2007.
7
AC-2009-0014
El 28 de julio de 2007, el peticionario le cursó una
carta a la recurrida con el fin de hacer las transferencias
correspondientes
sobre
la
titularidad
inmuebles contenidos en el laudo.
de
los
bienes
El 1 de agosto de 2007,
el peticionario compareció ante el foro primario y solicitó
la ejecución parcial del laudo en cuanto a los bienes
inmuebles.
Posteriormente,
se
ordenó
al
peticionario
preparar un proyecto de orden de ejecución parcial.
El 4 de octubre de 2007 la recurrida solicitó ante el
tribunal de instancia la suma líquida de un millón cien mil
dólares ($1,100,000) correspondiente a la adjudicación de
La Península.
También peticionó los intereses sobre esta
suma a razón de diez punto cincuenta por ciento (10.50%) interés legal prevaleciente a la fecha de haberse emitido
el Laudo el 13 de marzo de 2001.
bajo
el
escenario
de
que
el
Indicó además “que aún
término
de
30
días
antes
aludido se compute desde que la Resolución dictada en este
caso por el Tribunal Supremo advino final y firme dicho
término transcurrió”.7
El 5 de octubre de 2007, notificado el 14 de noviembre
de 2007, el tribunal de instancia declaró Con Lugar la
solicitud
7
del
peticionario
y
emitió
una
Orden
para
la
Apéndice de la petición de apelación, pág. 718.
Surge del expediente que la recurrida también cursó comunicación vía
fax al peticionario el día 10 de septiembre de 2007 expresándole que
le correspondía satisfacer la suma de un millón cien mil dólares
($1,100,000) más los interés al interés legal prevaleciente a la fecha
de emisión del Laudo en efectivo.
8
AC-2009-0014
expedición
de
efectuarían
mandamientos
las
mediante
los
correspondientes
cuales
Escrituras
se
de
transferencias de todos los inmuebles entre las partes.
No obstante, el 13 de noviembre de 2007 la recurrida
presentó una segunda moción reiterando su solicitud del 4
de
octubre
de
oportunidad
al
2007.
El
foro
peticionario
primario
de
le
concedió
la
sobre
las
expresarse
mociones presentadas por ésta. Así las cosas, el 3 de
diciembre de 2007, la recurrida instó una tercera solicitud
de cumplimiento parcial del Laudo.
por el
Éstas fueron denegadas
tribunal de instancia el 10 de diciembre de 2007.
Finalmente, el 19 de diciembre de 2007 se expidió el
mandamiento
correspondiente
otorgaron
Escrituras
las
y
el
4
febrero
ordenadas.8
De
de
esta
2008
se
Orden
la
señora Ortiz recurrió al Tribunal de Apelaciones el 9 de
enero de 2008.
2008,
como
Dicho recurso fue expedido el 4 de marzo de
consecuencia
quedaron
paralizados
todos
los
trámites ante el Tribunal de Primera Instancia.
El
26
de
noviembre
de
2008,
el
foro
apelativo
intermedio revocó la determinación recurrida y declaró la
nulidad
de
los
mandamientos
expedidos
y
las
Escrituras
otorgadas, por entender que como el término de treinta (30)
días
dispuesto
en
el
Laudo
había
vencido
sin
haberse
“iniciado gestión alguna para el traspaso”, lo que procedía
8
El 4 de febrero de 2008, mediante Escritura de Cesión, Steri-Tech,
Inc., representada por
el peticionario, cedió la titularidad de La
Península a la recurrida, representada por el Alguacil del Tribunal.
9
AC-2009-0014
era el pago en efectivo de la cantidad correspondiente al
valor
asignado
a
la
propiedad
en
controversia
más
los
intereses legales desde el 12 de abril de 2001 hasta que se
realizara el pago. Razonó que las mociones presentadas no
habían impugnado lo dispuesto en el Laudo con relación a La
Península.
(30)
Concluyó que computar el término de treinta
días
desde
el
17
de
julio
de
2007
equivaldría
a
enmendar el Laudo, facultad de la que carece el foro de
instancia.9
Inconforme, el peticionario acude ante este Tribunal
mediante
recurso
de
apelación
y
alega
los
siguientes
señalamientos de error:
Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver que
las disposiciones del laudo de arbitraje eran
exigibles desde la fecha de su emisión a pesar de
las
múltiples
impugnaciones
que
del
mismo
presentase la apelada, las cuales impidieron su
ejecución.
El
Honorable
Tribunal
de
Apelaciones
se
encontraba impedido de dilucidar controversias ya
resueltas
por
sentencias
del
propio
foro
apelativo intermedio que son finales, firmes e
inapelables. Además, erró al anular ciertas
ordenes [sic] del TPI de las cuales no se
solicitó
revisión
a
tiempo
y/o
mediante
certiorari, sino en unas mociones de auxilio de
jurisdicción que fueron denegadas de plano por el
Tribunal de Apelaciones.10
Mediante Resolución emitida el 17 de julio de 2009
acogimos
como
certiorari
la
solicitud
de
apelación
9
El peticionario presentó Moción de Reconsideración el 22 de diciembre
de 2008 a la que el Tribunal de Apelaciones denegó.
10
En vista
de la conclusión a la que llegamos, asi como que del
expediente surge que la petición de certiorari de la recurrida ante el
Tribunal de Apelaciones fue hecha a tiempo, resulta innecesario
discutir este señalamiento del peticionario.
10
AC-2009-0014
presentada por el peticionario y concedimos a la recurrida
término para mostrar causa por la cual no debíamos expedir
el recurso.
En su escrito, el peticionario, por una parte, arguye
que el Laudo advino ejecutable al devolverse el mandato el
17 de junio de 2007; momento en que éste pudo acudir al
tribunal de instancia a solicitar su ejecución.
Señala que
esto es consecuencia directa del derecho que les asiste a
las partes a impugnar un Laudo de Arbitraje o solicitar su
corrección.
Previo a esa fecha, la impugnación tenía el
efecto
impedir
de
la
exigibilidad
del
cumplimiento
específico de las disposiciones del Laudo.
Asimismo, el peticionario plantea que, ante los hechos
del caso, es de aplicación la Doctrina de Actos Propios
puesto
que
ahora
la
recurrida
intenta
beneficiarse
del
transcurso del tiempo causado por sus propios actos.
Por su parte, la recurrida aduce que el Laudo debía
ser cumplido desde su emisión, particularmente cuando los
asuntos
de
la
propiedad
nunca
fueron
cuestionados.11
Asimismo, indica que las Órdenes del Tribunal de Primera
Instancia
11
alteran
la
norma
de
abstención
judicial
en
Descartamos realizar mayor análisis sobre el argumento de la
recurrida sobre que los asuntos de la propiedad nunca fueron
cuestionados.
Surge del extenso expediente que en todo momento la
recurrida cuestionó la validez del Laudo en su totalidad. Inclusive,
en el trámite apelativo con relación a la impugnación del Laudo Final
Actualizado argumentó que todavía existía entre las partes una
comunidad de bienes que estaba pendiente de liquidación por habérsele
despojado al árbitro de la encomienda de efectuar la partición y
liquidación de la misma.
11
AC-2009-0014
asuntos resueltos por un Laudo de Arbitraje.
Al respecto
señala que “la norma existente es que los tribunales no
habrán de intervenir o alterar las decisiones del árbitro
para aplicar el derecho aplicable”.12
Señala, además, que Steri-Tech, Inc., y peticionario
han incumplido con el mantenimiento de La Península.
Asimismo,
indica que estando presentado el recurso de
certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, el peticionario
otorgó las Escrituras ante el Alguacil.13
Examinados los argumentos de ambas partes, procedemos
a resolver.
II
Desde hace varias décadas muchas jurisdicciones han
adoptado métodos alternos de solución de disputas.
Rico
se
ha
desarrollo
solución
12
de
unido
de
a
esta
mecanismos
conflictos,14
tendencia
y
alternos
informales
primero
ha
mediante
Puerto
promovido
el
para
la
programas
de
Escrito en Oposición a que se Expida el Recurso de Certiorari, pág.
2.
13
Habiéndose otorgado las Escrituras el 4 de febrero de 2008 y
expedido el recurso de certiorari por el Tribunal de Apelaciones el 4
de marzo de 2008,
referimos a la Regla 35(A)(1) del Reglamento del
Tribunal de Apelaciones que dispone que:
La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá los
procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo
orden en contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud
de parte por el Tribunal de Apelaciones. La expedición del auto
de certiorari suspenderá los procedimientos en el Tribunal de
Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones disponga
lo contrario. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R.35. (Énfasis nuestro)
14
Exposición de Motivos, Ley Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983,
1983 Leyes de Puerto Rico 422.
12
AC-2009-0014
mediación y, posteriormente, a través del arbitraje y la
evaluación neutral.
Así las cosas, este Tribunal ha declarado que:
…es política pública de la Rama Judicial fomentar
la utilización de mecanismos complementarios al
sistema adjudicativo tradicional con el fin de
impartir justicia en una forma más eficiente,
rápida y económica. Regla 1.01 del Reglamento de
Métodos Alternos para la Solución de Conflictos,
4 L.P.R.A. Ap. XXIX R.1(1.01).
Los métodos alternos mencionados han sido integrados a
diversidad
de
controversias
presentadas
tribunales,
más
allá
tradicionales
de
las
comerciales y de relaciones laborales.
encuentran:
cobro
de
dinero,
ante
los
disputas
Entre ellos se
pensiones
alimentarias,
relaciones filiales, agresiones, disputas entre arrendador
y
arrendatario,
conflictos
entre
parejas,
familiares
y
vecinos, así como con relación a contratos de construcción,
de servicios o de ventas.15
Ahora bien, nos urge analizar un aspecto sumamente
importante que se suscita en el caso de autos y su largo
trámite arbitral y judicial: el uso del arbitraje para
efectuar
la
partición
y
liquidación
de
los
bienes
conyugales con posterioridad al decreto de un Divorcio por
consentimiento mutuo. A pesar de que ambas partes no han
planteado este asunto, no podemos obviar que esta cuestión
15
Véase,
Negociado de Métodos Alternos para la Solución de
Conflictos, Datos agregados de los Centros de Mediación de Conflicto
para
el
año
fiscal
2005-2006.
Disponible
en
http://www.ramajudicial.pr/NegMed/Centros_Mediacion/datos/CMC05-06.pdf.
13
AC-2009-0014
está en extremo relacionada con la controversia que las
partes nos presentan.
respecto.
Es necesario que nos expresemos al
De lo contrario, el silencio de este Tribunal
podría entenderse como su aprobación tácita y alimentaría
tal proceder.
A
Nuestro
ordenamiento
jurídico
favorece
el
uso
de
métodos alternos de solución de conflictos y con mayor
particularidad el arbitraje.
La Ley Núm. 376 de 8 de mayo
de 1951, conocida como Ley de Arbitraje de Puerto Rico, 32
L.P.R.A. sec. 3201, a través de un lenguaje más amplio y
flexible que su contraparte federal,16 permite el que dos
(2)
o
más
partes
convengan
por
escrito
en
someter
a
arbitraje cualquier controversia que pudiera ser objeto de
una acción existente entre ellos a la fecha del convenio de
someter a arbitraje. 32 L.P.R.A. sec. 3201. Véase, D.M.
Helfeld, La Jurisprudencia Creadora: Factor Determinante en
el Desarrollo de Arbitraje en Puerto Rico, 70 Rev.Jur.
U.P.R. 1, 54-55 (2001).
Así
las
cosas,
hemos
examinado
el
uso
de
estipulaciones mediante las que se conviene el arbitraje
para sacar del cauce judicial las disputas comerciales.
Febus y otros v. MARPE Const. Corp., 135 D.P.R. 206 (1994).
Al respecto hemos expresado que como norma general, la
16
Ley Púb. Núm. 282, de 30 de julio de 1947, según enmendada (61 Stat.
669), 9 U.S.C. sec. 1 et seq., conocida en inglés como Federal
Arbitration Act.
14
AC-2009-0014
jueza o juez aceptará las estipulaciones que las partes le
sometan para finalizar un pleito o un incidente dentro del
mismo. Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, 133 D.P.R. 406,
410 (1993). Esto, pues, las estipulaciones "persigue[n]
evitar dilaciones, inconvenientes y gastos y su uso debe
alentarse para lograr el propósito de hacer justicia rápida
y económica". Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171
D.P.R. 219, 238 (2007). Ante esto, no podemos ignorar que
tales propósitos son afines a los del arbitraje.
Sin
embargo,
los
tribunales
no
están
obligados
a
aprobar las estipulaciones que se le sometan. Negrón Rivera
y
Bonilla,
además,
Ex
parte,
Rodríguez
autonomía
de
la
120
D.P.R.
Rosado
v.
voluntad
61,
Zayas
de
los
72
(1987).
Martínez,
Véase
supra.
contratantes
La
no
es
irrestricta, pues “[l]os contratantes pueden establecer los
pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente,
siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni
al orden público”. Art. 1207 del Código Civil de Puerto
Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3372.
Al respecto, hemos sido particularmente cautelosos al
examinar
las
insistentes
estipulaciones
en
aquéllos
en
los
casos
relacionados
con
de
familia
alimentos
e
de
menores. Rodríguez Rosado v. Zayas Martínez, supra; Negrón
Rivera
y
Bonilla,
Ex
parte,
supra.
Asimismo,
hoy
enfatizamos nuevamente la prudencia con la que los jueces y
juezas
deben
examinar
las
estipulaciones
en
casos
de
15
AC-2009-0014
familia y singularmente las estipulaciones de los cónyuges
en un Divorcio por consentimiento mutuo.
B
Por
otro
lado,
en
Figueroa
Ferrer
v.
E.L.A.,
107
D.P.R. 250, 277 (1978), reconocimos la causal de divorcio
por consentimiento mutuo y destacamos que no se aceptaría
petición
alguna
bajo
dicha
causal
sin
que
las
partes
adjuntaran las estipulaciones sobre la división de bienes,
el
sustento
de
las
partes
y
otras
consecuencias
del
divorcio. Esto, en reconocimiento de la delicadeza de tales
asuntos y, más aún, para asegurarnos de que la petición de
divorcio
no
fuera
producto
coacción
y
hasta
tanto
de
la
la
irreflexión
Asamblea
o
de
la
Legislativa
no
prescribiera otras normas. Íd. Además, hemos señalado que:
…la imposición del requisito de estipular lo
relativo a la división de bienes tiene el
propósito de que una vez se haya decretado el
divorcio las partes no tengan que enfrentarse de
nuevo a dilucidar aspectos de la liquidación del
régimen económico que puedan traer hostilidades y
desavenencias entre ellos. Todos los componentes
del proceso – jueces, abogados y peticionarios –
deben cerciorarse de que antes de redactar las
estipulaciones,
han
pasado
por
un
proceso
deliberativo que les haya permitido meditar sobre
las consecuencias económicas que el divorcio
tendrá para cada uno.
A veces, la prisa por
obtener el divorcio hace que se lleguen a
acuerdos que las partes no pueden cumplir,
recargando a los tribunales con incidentes
relacionados
con
el
incumplimiento
de
las
estipulaciones. Igaravidez v. Ricci, 147 D.P.R.
1, 7 esc. 2 (1998)(Énfasis suplido).
En el presente caso hemos visto como se desvirtuó el
propósito de una de las normas establecidas en Figueroa
16
AC-2009-0014
Ferrer v. E.L.A., supra, utilizando la estipulación para
dirigir el pleito a un procedimiento de arbitraje, y las
consecuencias
que
acarreó
su
mal
uso.
El
tribunal
de
instancia autorizó la disolución del vínculo matrimonial
del
peticionario
y
la
consentimiento mutuo.17
recurrida
por
la
causal
de
Asimismo, aprobó la estipulación
de que se tramitaran todos los asuntos relacionados con la
liquidación de la comunidad de bienes resultante mediante
un proceso de arbitraje.
Once (11) años más tarde, las
partes
sobre
continúan
litigando
estos
bienes.
Todo
el
proceso arbitral y judicial ha estado mediado por la falta
de
consenso
entre
ambas
partes
con
relación
a
la
liquidación de sus haberes.
Por todo lo antes expuesto - y ante el hecho de que el
uso del arbitraje en estos casos puede exacerbar otros
problemas al no existir parámetros claros para su empleo en
este tipo de relaciones - este Tribunal rechaza el uso de
las estipulaciones para someter a arbitraje la partición y
liquidación del caudal de la sociedad de bienes gananciales
luego
de
decretado
consentimiento
mutuo.
el
Divorcio
De
lo
por
la
contrario
causal
se
de
dejarían
inconclusos aspectos tan importantes y de suma delicadeza
que deben ser resueltos a la hora de disolver el vínculo
conyugal.
17
La acción de divorcio del caso de autos fue originalmente radicada
bajo una causal culposa.
Posteriormente, las partes convinieron en
modificar la causal por la de consentimiento mutuo.
17
AC-2009-0014
Señalamos
que
de
forma
alguna
rechazamos
los
beneficios que el arbitraje, en aspectos esenciales de un
divorcio
o
en
otro
tipo
proporcionar.18
Aunque
adversativo
los
en
de
para
disputas
algunos
tribunales
es
familiares,
cónyuges
la
mejor
el
pueda
proceso
opción
para
llevar todos los asuntos relacionados con el divorcio, éste
puede no serlo para otros.19
No obstante, en Puerto Rico
18
Diversos autores reconocen los beneficios de los distintos métodos
de resolución de conflictos en el ámbito familiar, particularmente el
divorcio. Esto para atender asuntos tanto previo al divorcio como con
posterioridad al mismo.
Véanse, J.F. Kessler et al., Why Arbitrate
Family Law Matters?, 14 J.Am. Acad. Matrimonial Law 333 (1997); T.E.
Carbonneau, A Consideration of Alternatives to Divorce, 1986 U. Ill.
L. Rev. 1119, 1156; R.R. Block, Divorce Arbitration: An Alternative to
Mediation en Contemporary Matrimonial Law Issues: A Guide to Divorce
Economics and Practice, Nueva York, Ed. Law and Business, Inc., 1985,
págs. 784-794.
Asimismo, algunos autores han argumentado a favor del desarrollo de
leyes especiales que regulen el arbitraje para disputas maritales y
reconocen la dificultad de este tipo de arbitraje amparado en los
estatutos generales de arbitraje.
Véase, F.L. McGuane, Jr., Model
Marital Arbitration Act: A Proposal, 14 J. Am. Acad. Matrimonial Law
393 (1997). Véase además, T.E. Carbonneau, supra, pág. 1127.
(“[T]raditional techniques of arbitral adjudication would be of only
limited utility in the divorce context.”).
Ya en 1999 el estado de
Carolina de Norte adoptó un estatuto de arbitraje diseñado para los
casos de derecho de familia. Éste ha sufrido ciertas enmiendas. Otros
estados como Colorado, Connecticut, Indiana, Michigan, New Hampshire y
Nuevo México han provisto legislación al respecto. Empero, algunas
jurisdicciones han permitido por vía jurisprudencial el arbitraje de
ciertos asuntos de familia a la luz de sus estatutos generales de
arbitraje,
mientras
otras
jurisdicciones
han
suplementado
los
estatutos generales con reglas específicas para atender materias
familiares. Véase, L.P. Burleson, Family Law Arbitration: Third Party
Alternative Dispute Resolution, 30 Campbell L. Rev. 297, 297-98 (2008)
(“Unfourtunately, due to the unique nature and needs of matrimonial
cases, general commercial arbitration statutes are often deficient and
provide insufficient authority to address all of the issues that we
face in our matrimonial cases.”)
Véase además, G.K. Walker, Family
Law Arbitration: Legislation and Trends, 21 J. Am. Acad. Matrimonial
law 521 (2008); G.K. Walker, Arbitrating Family Law Cases by
Agreement, 18 J. Am. Acad. Matrimonial Law 429 (2003).
19
M.S. Herrman et al., Mediation and Arbitration Applied to Family
Conflict Resolution: The Divorce Settlement, 34(1) The Arbitration
Journal 17, 18, 21 (1979). (Expresa que “[t]he use of an adversarial
model to reach a settlement usually increases trauma and escalates
conflict.” No obstante, “[t]here are extreme cases, both positive and
negative, where the techniques are not appropriate. Couples deciding
on an equitable settlement prior to seeking legal assistance do not
18
AC-2009-0014
no
existen
parámetros
para
lidiar
con
los
económicos del divorcio mediante el arbitraje.
efectos
La creación
de éstos no nos compete.
Situación distinta sería el que
la
autorice
Asamblea
Legislativa
su
uso
y
establezca
las
relaciones
parámetros para estos casos.
Contrario
a
lo
que
sucede
en
comerciales y laborales, el proceso de divorcio y todo lo
que
éste
conlleva
está
cargado
de
las
más
íntimas
emociones, sentimientos y no necesariamente ambos cónyuges
están en igual posición económica y emocional, entre otros
aspectos.20
Esto
nos
dificulta
equiparar
el
trámite
arbitral en un divorcio con el arbitraje comercial. 21
No obstante, debido al largo tiempo que lleva éste
caso
litigándose
sería
en
extremo
perjudicial
para
las
partes involucradas, que descartemos el trámite arbitral y
judicial que se ha suscitado por los pasados once (11)
años. Después de todo, la sentencia que lo estableció ya es
final y firme.
Sin embargo, advertimos que no se favorece
el uso desvirtuado del arbitraje en los divorcios y mucho
menos
el
que
los
tribunales
autoricen
este
tipo
de
require third-party intervention.
The techniques would also not be
appropriate if the level of conflict between the parties is too high
to permit communication….”)
20
Sobre la posible desigualdad entre las partes véase, A.R. Imbrogno,
Arbitration as an Alternative to Divorce Litigation: Redefining the
Judicial Role, 31 Cap. U.L. Rev. 413, 427, 437 (2003)(“The problem is
that to be effective, ADR demands that the participating parties be in
a position of relatively equal power.”).
21
Véanse, M. Domke, Domke on Commercial Arbitration, 3ra. ed.,
Minnesota, Ed. West Thomson, 2009, Vol. I, pág. 41-1; T.E. Carbonneau,
supra, 1154-55.
19
AC-2009-0014
estipulaciones
mutuo.
en
casos
de
divorcio
por
consentimiento
En esos casos, la estipulación debe contener lo
relativo a la división de bienes.
Figueroa Ferrer v.
E.L.A., supra.
Así las cosas, hoy hacemos eco de nuestra expresión en
Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61 (1987),
optimistas
de
que
esta
vez
nuestras
palabras
sí
sean
atendidas:
Los hechos del caso ante nos son ilustrativos de
los problemas que surgen en los casos de divorcio
por
la
causal
de
consentimiento
mutuo.
Demuestran una vez más la urgente necesidad que
existe de aprobar guías y reglamentación uniforme
en esta crucial área del derecho de familia y de
que
haya
una
mayor,
efectiva
y
adecuada
intervención por parte de los tribunales y de los
abogados de las partes en el proceso. Reflejan,
además, la falta de asesoramiento responsable a
las partes por sus abogados. Íd. pág. 66.
Dicho
esto,
procedemos
a
analizar
la
controversia
particular traída ante nuestra atención.
III
Se presentó ante nos una controversia respecto a la
ejecución de un Laudo cuya validez ha sido confirmada por
los tribunales de conformidad con la Ley Núm. 376, supra.
Señalamos que nuestro examen se limita a la ejecución del
Laudo respecto a la propiedad inmueble La Península.
A
En nuestro ordenamiento jurídico existe una política
pública vigorosa que favorece la sumisión de las partes a
los procedimientos de arbitraje a tenor con la doctrina de
20
AC-2009-0014
la autonomía de los contratantes, en tanto y en cuanto haya
sido pactado y se limite a lo concertado. 32 L.P.R.A. sec.
3201; 31 L.P.R.A. sec. 3372. Véanse, Municipio de Mayagüez
v. Lebrón, 167 D.P.R. 713 (2006); Crufon Const. v. Aut.
Edif. Púbs., 156 D.P.R. 197 (2002).
Mediante este método alterno de solución de disputas,
las partes sustituyen a los tribunales por un árbitro que
determine
todas
las
cuestiones
de
hecho
y
de
derecho
habidas entre ellas.
Autoridad sobre Hogares v. Tribl.
Superior,
D.P.R.
344
(1961);
N.Y.&P.R.
S/S
Co.,
Trabajo
82
v.
Junta
69
Relaciones
D.P.R.
782
del
(1949).
Finalizado el trámite ante el árbitro, las determinaciones
de éste contenidas en el laudo son, como norma general,
finales e inapelables, por lo que las cuestiones atendidas
en el Laudo no pueden litigarse ante los tribunales. J.R.T
v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 195 (1976). Esta norma se
encuentra arraigada en el principio de auto restricción y
en
la
deferencia
que
los
tribunales
otorgamos
a
los
árbitros. Febus y otros v. MARPE Const. Corp., supra.
No
obstante,
nuestro
ordenamiento
reconoce
unas
instancias en las que se autoriza la intervención judicial.
La revisión judicial se permite cuando las partes convienen
expresamente que la controversia sometida al árbitro sea
resuelta conforme a derecho. Íd., págs.. 216-17; U.C.P.R.
v. Triangle Engineering Corp., 136 D.P.R. 133, 142 (1994);
Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604, 608
21
AC-2009-0014
(1979).
Asimismo,
la
Ley
Núm.
376,
supra,
otorga
un
término de un (1) año para la confirmación del Laudo y un
periodo de tres (3) meses para solicitar la revocación,
modificación
o
corrección
de
un
Laudo
limitada
a
los
motivos expuestos en la ley y que han sido previamente
examinadas por este Foro. 32 L.P.R.A. secs. 3221 y 3224.
Véase además, Autoridad sobre Hogares v. Tribl. Superior,
supra.
Al
concluir
el
trámite
y
expedirse
una
Orden
confirmando, modificando, corrigiendo o revocando el Laudo,
se dicta una sentencia de conformidad que “tendrá la misma
fuerza y vigor en todo respecto y estará sujeta a las
mismas disposiciones de ley que se refieran a sentencias en
una acción civil” y puede ser recurrida mediante el recurso
de certiorari. 32 L.P.R.A. secs. 3225, 3227, 3228.
En el caso de autos los tribunales intervinieron al
haberse presentado oportunamente peticiones para revocar el
Laudo, por una parte, y corregir el mismo, por otra.
No
obstante,
que
acude
ante
nos
una
de
las
partes
para
examinamos específicamente cuándo un Laudo - que determina
la realización de un negocio jurídico dentro de un periodo
de tiempo contado desde la emisión del Laudo - adviene
ejecutable y exigible.
Por lo tanto, centramos nuestra
atención en la ejecución de un Laudo de Arbitraje.
22
AC-2009-0014
B
En gran parte de los casos, los Laudos son ejecutados
voluntariamente
Commercial
por
las
Arbitration,
partes.
3ra.
ed.,
M.
Domke,
Minnesota,
Domke
on
Ed.
West
Thomson, 2009, Vol. II, pág. 41-1; D.M. Helfeld, supra,
pág. 100 (2001).
En tales circunstancias, aplica nuestra
expresión en conformidad con el Artículo 21 de la Ley Núm.
376, supra, de que “[n]o se precisa de la confirmación
judicial para la validez y efectividad de un laudo de otro
modo válido”. Autoridad sobre Hogares v. Tribl. Superior,
supra, pág. 361.
No obstante, existen situaciones en que las partes - o
alguna de éstas - difieren sobre la validez o corrección
del Laudo, se resisten a su cumplimiento o sencillamente
prefieren la confirmación de éste por los tribunales.
En
tales situaciones, a falta de una ejecución voluntaria, la
parte
que
solicitar
persigue
la
su
cumplimiento
confirmación
del
tiene
la
opción
Laudo
mediante
de
un
procedimiento sumario y su posterior ejecución a través los
procedimientos
establecidos
para
la
sentencias.
L.P.R.A.
3202,
3221,
32
Véanse además, M. Domke,
secs.
ejecución
3225,
de
3227.
supra, pag. 42-1; S.J. Ware,
Principles of Alternative Dispute Resolution, 2da. ed.,
Minnesota, Ed. West Thomson, 2001, págs. 22, 109-10.
Cabe apuntar que la confirmación del Laudo por una
sentencia no implica que éste haya carecido de validez y
23
AC-2009-0014
efectividad hasta finalizado el trámite judicial.
durante
ese
periodo
derrotaría
la
Negarlo
finalidad
y
obligatoriedad que distingue al Laudo Arbitral y protegería
el uso de prácticas dilatorias para no cumplir con el
Laudo.22 Por lo tanto, concluimos que los derechos y las
obligaciones de las partes fueron determinados en el Laudo
y no por la sentencia que lo confirma.
Sin embargo, ante
la falta de ejecución voluntaria, el Laudo ciertamente no
podrá ser puesto en vigor sin otras medidas coercitivas,
pero por razones de equidad como discutiremos adelante,
esta falta de ejecución no puede beneficiar a quien en
principio se negara.
Por otra parte, la Asamblea Legislativa contempló la
situación
en
confirmación
peticionara
que
del
una
Laudo
oportunamente
de
las
partes
mientras
que
su
revocación,
solicitara
la
otra
la
parte
modificación
o
corrección conforme a la citada Ley Núm. 376. 32 L.P.R.A.
22
Previamente hemos adoptado el cumplimiento del Laudo desde su
emisión en el arbitraje obrero-patronal.
Esto a pesar del
subsiguiente proceso judicial. Véase, Junta de Relaciones del Trabajo
v. N.Y.&P.R. S/S. Co., 69 D.P.R. 814, 816 (1949) (“El laudo aquí
envuelto no es nuestro. Fué [sic] dictado por el Comité, y se emitió
el 21 de junio de 1948.
Cuando se pone en vigor, se hace por tanto
con efecto a la fecha en que se emitió.
Resolver lo contrario
permitiría a los patronos emplear las dilaciones de pleitos como un
medio para posponer durante meses la fecha de efectividad de un laudo
que válidamente ordena la reposición”.] Véase además, Marion Mfg. Co.
v. Long, 588 F.2d 538 (6to Cir. 1978).
Aunque no descartamos que un proceso de arbitraje puede conllevar de
forma
justificada
un
extenso
trámite
judicial
posterior,
no
toleraremos el uso de prácticas dilatorias que afecten el propósito
del arbitraje y que intenten relitigar las disputas en los tribunales.
J.R.T. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 195 (1976);
Autoridad sobre
Hogares v. Tribl. Superior, 82 D.P.R. 344 (1961). Advertimos que el
abuso de los procedimientos judiciales sin fundamentos para dilatar el
proceso arbitral o la ejecución del laudo, podrían conllevar
sanciones.
24
AC-2009-0014
sec. 3224.
Ante esta situación el estatuto claramente
expresa
el
que
juez
o
la
jueza
podrá
suspender
los
procedimientos iniciados por la parte contraria para poner
en vigor el Laudo en lo que se atiende la solicitud de
revocación, modificación o corrección. Íd.
Indiscutiblemente, en ocasiones el tribunal preferirá
no ordenar la ejecución de un Laudo impugnado o del que se
solicita algún cambio hasta que emita sentencia respecto a
la moción para revocarlo, modificarlo o corregirlo.
En
otras circunstancias, como cuando ciertas disposiciones del
Laudo no sean cuestionadas y sean separables de aquéllas
que sí lo fueran,23 puede que permita la continuación de
los
procedimientos
para
ponerlo
en
vigor.
Esto
queda
dentro de la sana discreción del juzgador.
En el caso de autos, ninguna de las partes recurrió a
los tribunales buscando la confirmación y ejecución del
Laudo Final Actualizado tan pronto fue emitido. A contrario
sensu, la recurrida solicitó oportunamente su revocación
mientras que el peticionario argumentó su corrección.
El
Laudo fue finalmente confirmado con ciertas correcciones y
actualizaciones que en nada afectaron las disposiciones
referentes a La Península.
Por lo tanto, la disposición
que adjudicaba a la recurrida la propiedad - o la cantidad
equivalente a su valor - era válida y obligatoria desde la
emisión del Laudo.
23
J.R.T. v. Otis Elavator Co., supra, pág. 202 (1976).
25
AC-2009-0014
Empero, los principios que rigen el arbitraje tampoco
son absolutos. Tiene mérito el argumento del peticionario
respecto a la aplicación de la Doctrina de Actos Propios a
la
solicitud
de
la
recurrida.
Procedemos,
entonces,
al
análisis de la referida doctrina.
C
La prohibición de venire contra factum o de “ir contra
los propios actos” forma parte del Artículo 7 del Código
Civil, 32 L.P.R.A. sec. 7, y está cimentado en la necesidad
de proceder con buena fe en “el desenvolvimiento de las
relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el
cumplimiento de las obligaciones”. Int. General Electric v.
Concrete Builders., 104 D.P.R. 871, 876 esc. 4, 877 (1976).
Por ello hemos dispuesto que “[l]a conducta contradictoria
no
tiene
lugar
en
el
campo
del
Derecho,
y
debe
ser
impedida.” Íd, pág. 877.
Además,
hemos
adoptado
tres
(3)
elementos
constitutivos para la aplicación de la Doctrina de Actos
Propios:24
(a) Una conducta determinada de un sujeto, (b)
que haya engendrado una situación contraria a la
realidad, esto es, aparente y, mediante tal
apariencia, susceptible de influir en la conducta
de los demás, y (c) que sea base de la confianza
de otra parte que haya procedido de buena fe y
que, por ello, haya obrado de una manera que le
24
Véase, J. Puig Brutau, Estudios de Derecho Comparado: la doctrina
de los actos propios,
Barcelona, Ed. Ariel, 1951, pág. 112.
Véase
además, L. Díez-Picazo, La doctrina de los Propios Actos: Un Estudio
Crítico sobre la Jurisprudencial del Tribunal Supremo, Barcelona, Ed.
Bosch, 1963.
26
AC-2009-0014
causaría un perjuicio si su confianza quedara
defraudada. Íd., pág. 878.
En el caso de autos, la recurrida en todo momento
rechazó el traspaso de la propiedad que ahora argumenta
nunca estuvo en disputa; le solicitó al tribunal que no
pusiera en efecto el Laudo; argumentó que la validez del
Laudo quedaba en suspenso y por lo tanto, el peticionario
no lo podía poner en ejecución.
Por
otro
recurrida
suscribiera
lado,
mediante
la
el
peticionario
carta
Escritura
en
de
le
diversas
traspaso
de
solicitó
ocasiones
La
a
la
que
Península,
incluso previo a que la recurrida impugnara el Laudo Final
Actualizado. Además, el peticionario consignó algunas de
las sumas debidas. En su momento, también peticionó al foro
primario la ejecución del Laudo en cuanto a La Península.
Ante este cuadro fáctico, nos sorprende que ahora la
recurrida exija el cumplimiento del Laudo desde su emisión
puesto que el peticionario pudo solicitar previamente su
ejecución
por
medios
coercitivos;
que
se
entienda
transcurrido el periodo de treinta (30) días, y que se le
otorgara el pago de la suma líquida con intereses desde
hace más de nueve (9) años.
Su pretensión busca claramente
el resultado opuesto al de sus declaraciones previas.
Concluimos
que
se
dan
a
cabalidad
los
tres
(3)
elementos de la Doctrina de Actos Propios en este caso: la
recurrida incurrió en una conducta previa y durante el
27
AC-2009-0014
proceso judicial que influyó en los actos del peticionario
para transferir la propiedad. Exigirle al peticionario el
pago de la suma líquida y los intereses luego de nueve (9)
años de emitido el Laudo conllevaría un indudable perjuicio
para éste.
Por lo tanto, rechazamos el petitorio de la
recurrida.
Por otro lado, la recurrida reclama que la propiedad
no recibió el mantenimiento necesario y requerido por la
corporación
25
interventora.25
En
principio,
el
Laudo
le
Con relación a La Península, el Laudo especifica que:
[E]ra responsabilidad de ambos el contribuir los fondos
requeridos para cubrir todos los pagos relacionados con los
bienes inmuebles.
Esto era así para todas las propiedades
inmuebles pertenecientes a la comunidad de bienes, excepto por
la residencia localizada en la Urb. La Península en Cidra (la
cual pertenecía a la corporación Steri-Tech, Inc. y para la cual
se acordó lo siguiente:
‘Sobre los gastos de mantenimiento del inmueble que
comprenden
fumigación,
sistemas
eléctricos,
aires
acondicionados, cisterna, planta eléctrica, el portón
eléctrico; la interventora asumirá los mismos debiendo la
peticionaria notificarle de la necesidad de ellos por
escrito o por medio electrónico.
Por otro lado, la
interventora reparará los daños ocasionados por el Huracán
Georges, excepto pintar la estructura’.
ORTIZ se rehusó a hacer aportación alguna por lo cual VIVONI
utilizó [préstamos recibidos de Steri-Tech, Inc. y Retenciones a
ORTIz del “rédito” a ser pagado a ésta] para efectuar algunos de
los pagos.
Por otro lado, Steri-Tech, Inc. también incumplió con su
obligación de proveerle el mantenimiento acordado a la propiedad
en la Urb. La Península. De la evidencia desfilada surge que la
mayoría de las propiedades por las cuales la comunidad de bienes
se hizo responsable de mantener, no se le dio el mantenimiento
adecuado. Igual suerte sufrió la propiedad a la cual Steri-Tech,
Inc. se supone le diera mantenimiento.
Es la conclusión del Árbitro que todas las partes incumplieron
con sus obligaciones al respecto por lo cual se ordena lo
siguiente:
[…]
28
AC-2009-0014
exigía
a
la
recurrida
que
le
informara
a
la
compañía
interventora la necesidad del mantenimiento, pero en algún
momento, la recurrida y los menores cambiaron su residencia
y la propiedad quedó en posesión de Steri-Tech, Inc.
Puesto que solamente contamos con las alegaciones de
la recurrida al respecto, y muy a pesar de nuestro interés
en que esta controversia finalice cuanto antes, nos vemos
forzados
a
devolver
los
autos
al
Tribunal
de
Primera
Instancia para que determine si la compañía interventora
debe efectuar algún tipo de arreglo a la propiedad por no
brindar el mantenimiento requerido o compensar por la falta
del mismo hasta el momento del traspaso a la recurrida.
IV
Por lo antes expuesto, expedimos el auto solicitado, y
revocamos la Sentencia recurrida. Devolvemos los autos al
Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los
procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada
3- Steri-Tech, Inc., a su propio costo, deberá contratar el
personal técnico requerido para efectuar las reparaciones
requeridas en la residencia localizada en la Urb. La Península,
dentro de los próximos 30 días.
4- Steri-Tech, Inc. deberá proveer el mantenimiento normal
requerido en dicha propiedad hasta la ejecución del laudo.
Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 867. (Énfasis
nuestro).
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jorge Alfredo Vivoni Farage
Peticionario
Apelación
v.
María de Lourdes Ortiz Carro
AC-2009-0014
Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de
2010.
Por lo antes expuesto, expedimos el auto
solicitado, y revocamos la Sentencia recurrida.
Devolvemos los autos al Tribunal de Primera
Instancia
para
la
continuación
de
los
procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Lo
acordó
el
Tribunal
y
certifica
la
Secretaria
del
Tribunal
Supremo.
El
Juez
Presidente señor Hernández Denton concurre y hace
constar la siguiente expresión:
El Juez Presidente señor Hernández Denton
concurre con la Opinión del Tribunal.
Aunque coincide con el resultado al que
llega
la
mayoría,
entiende
que
en
estricta juridicidad, era innecesario
pautar en este caso una norma relativa a
la procedencia del arbitraje en los casos
de divorcio por consentimiento mutuo.
Dicha controversia no fue suscitada por
las partes ni por los foros recurridos,
por lo que ésta no fue discutida ni
argumentada
en
ninguna
etapa
del
procedimiento judicial.
Por ende, lo
expresado por el Tribunal sobre la
2
AC-2009-0014
validez del mecanismo de arbitraje acordado por
las partes para liquidar la sociedad legal de
gananciales no pasa de ser un dictum.
La Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez disiente
y concurre con Opinión escrita a la que se le une la Jueza
Asociada señora Fiol Matta.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jorge Alfredo Vivoni Farage
Peticionario
v.
AC-2009-14
María de Lourdes Ortiz Carro
Recurrida
Opinión disidente y concurrente emitida por la Juez
Asociada señora Rodríguez Rodríguez a la que se le une la
Jueza Asociada señora Fiol Matta
San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre 2010
Discrepo
mayoría
de
del
curso
de
este
Tribunal.
acción
que
hoy
La
opinión
anuncia
ante
la
nuestra
consideración presenta una controversia planteada por las
partes
y
otra
creada
por
el
Tribunal.
La
primera,
requiere resolver a partir de qué momento un laudo de
arbitraje es ejecutable.
La otra, la controversia de
génesis judicial, atiende el asunto de si está disponible
para el divorcio por consentimiento mutuo el mecanismo de
arbitraje para liquidar y adjudicar los haberes de la
sociedad legal de gananciales.
Respecto esta última, el
Tribunal resuelve en un dictum, que ese mecanismo no está
disponible
aunque,
paradójicamente,
lo
valida
AC-2009-14
2
en este caso.
por
la
Estoy en desacuerdo con la postura adoptada
mayoría
ordenamiento
por
manda
considerar
que
resultado,
y
tal
nada
que
en
se
nuestro
basa,
entre
otras cosas, en una desafortunada lectura del alcance de
nuestro dictamen normativo en Figueroa Ferrer v. E.L.A.,
107 DPR 250 (1978).
Pero, sobre todo, porque no sólo se
atiende
una
controversia
partes
sino
que,
limitada
del
al
alcance
ajena
a
lo
planteado
resolverla,
se
expone
de
función
nuestra
por
una
las
visión
judicial
para
resolver controversias noveles de derecho.
Por
otro
lado,
me
preocupa
la
reticencia
de
una
mayoría de los miembros de este Tribunal a utilizar los
mecanismos alternativos de resolución de disputas en áreas
no tradicionales.
V. gr., Pueblo en el interés del menor
A.V. L., res. 17 de febrero de 2010, 178 DPR ___, 2010 TSPR
20.
Considero que esta actitud supone descartar lo que ha
sido
un
adelanto
cualitativo
en
la
forma
y
manera
atender y resolver conflictos interpersonales.
de
La postura
del Tribunal es contraria a las más modernas corrientes que
promulgan
conflictos
la
búsqueda
como
de
soluciones
mecanismo
para
consensuadas
la
buena
y
a
los
pacífica
convivencia de los ciudadanos.
Igualmente de preocupante es la tendencia mayoritaria
de
“proteger”
soluciones
a
a
los
ciudadanos
sus
problemas
que
tratan
vinculados
a
de
su
buscar
intimidad
personal y familiar, imponiéndoles controles sobre dichas
manifestaciones
de
voluntad.
ciudadano
sí
mismo.
de
Es
decir,
Recordemos
protegiendo
que
en
al
nuestro
AC-2009-14
3
ordenamiento las relaciones de familia han sido analizadas
desde la perspectiva del derecho a la intimidad.
vs. Ramírez, 162 D.P.R. 130 (2004).
del
derecho
a
la
intimidad,
Rexach
Una de las dimensiones
plataforma
sobre
la
cual
descansa nuestro dictamen en Figueroa Ferrer, ante, y al
que acude la mayoría para validar su determinación, tiene
como finalidad precisamente reconocerle a los ciudadanos su
autonomía en la adopción de decisiones personales.
Véase,
M. Galán Juárez, Intimidad nuevas dimensiones de un viejo
derecho,
2004,
Madrid,
pág.
Editorial
130.
Ello
Universitaria
implica,
Ramón
Areces,
inevitablemente,
el
reconocimiento de la libertad individual como vehículo para
la elección y el desarrollo del propio plan de vida, por lo
que la decisión de contraer matrimonio o de divorciarse
incardina en la dimensión de autonomía del derecho a la
intimidad.
Es desde esta perspectiva que debe analizarse
la controversia de confección judicial y que la mayoría hoy
ignora.
Por
el
contrario,
considero
respetar
la
capacidad
de
destinos
y
los
de
sus
las
que
los
personas
familias
por
jueces
para
lo
debemos
regir
que
no
sus
veo
impedimento alguno a que, en casos apropiados, las partes
puedan optar por liquidar sus bienes matrimoniales mediante
un
ordenado
proceso
de
arbitraje.
Considero,
que
“[a]postar por devolver el poder a las partes para que se
responsabilicen de sus problemas y tomen las decisiones con
las
que
porque
tendrán
los
que
convivir
mecanismos
no
durante
años”,
adversativos
para
es
apostar
solucionar
AC-2009-14
4
disputas se tornen en una realidad cotidiana en la sociedad
procurando así que “el ciudadano sea más libre para elegir
el modo en que quiere que se haga JUSTICIA.”
Villaluenga,
Mediación
en
Conflictos
L. García
Familiares,
Una
construcción desde el Derecho de familia, Editorial Reus,
Madrid, 2006, pág. 509.
Respecto
la
(Énfasis en original.)
única
controversia
planteada
por
las
partes, el razonamiento mayoritario nos parece confuso y
poco convincente.
No obstante, estoy de acuerdo con el
resultado pero bajo otros fundamentos.
Pasemos a repasar someramente los hechos en este caso.
I
El Sr. Jorge Alfredo Vivoni Farage y la Sra. María de
Lourdes
Ortiz
Carro
obtuvieron
un
divorcio
consentimiento mutuo el 3 de junio de 1999.
por
Como parte de
las estipulaciones contenidas en la petición, acordaron que
la división de la sociedad de gananciales se realizaría
mediante un procedimiento de arbitraje.
Luego de varios
incidentes procesales, el 13 de marzo de 2001 se emitió un
Laudo Final Actualizado. En éste se liquidaron todos los
bienes gananciales, adjudicándosele a la Sra. Ortiz Carro
una
propiedad
inmueble
en
Cidra
(La
Península),
cuyo
dominio tenía la corporación, Steri-Tech, Inc.
En cuanto a la adjudicación de La Península, el laudo
establecía que ésta debía ser entregada a la Sra. Ortiz
Carro libre de cargas y gravámenes “dentro de los treinta
(30)
días
siguientes
a
la
fecha
de
este
laudo”.
De
no
transferir la propiedad en el término establecido, el Sr.
AC-2009-14
Vivoni
5
estaría
obligado
a
entregar
la
cantidad
de
$1,100,000 equivalente al valor en efectivo del inmueble.
Así las cosas, el 6 de abril de 2001 el Sr. Vivoni le cursó
una carta a la Sra. Ortiz Carro para concertar una fecha
para realizar la transferencia del inmueble.
No
obstante,
Sra.
Ortiz
Carro
del
laudo
ante
el
Tribunal
de
Sr.
Vivoni
solicitó
entonces
la
modificación de éste con respecto a ciertas partidas.
El
solicitud
Primera
de
la
revocación
Instancia.
El
presentó
una
tribunal de instancia declaró ambas peticiones no ha lugar.
Ambos recurrieron al Tribunal de Apelaciones.
las
resoluciones
del
foro
primario
y
Éste revocó
ordenó
que
dicho
tribunal examinara las alegaciones de ambos peticionarios.
Luego de varios incidentes procesales, el 6 de diciembre de
2005 el Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia
en la cual desestimó la impugnación de la Sra. Ortiz Carro,
pero modificó varias partidas del Laudo Final Actualizado.
El 28 de diciembre de 2005, el Sr. Vivoni se comunicó
nuevamente
con
la
Sra.
Ortiz
Carro
para
otorgar
las
escrituras referentes a la transferencia de La Península.
Sin embargo, la Sra. Ortiz Carro, aún inconforme, acudió al
Tribunal
de
Apelaciones
solicitando
el
foro
la
revocación
la
sentencia
emitida
por
apelativo
confirmó
el
partidas.
Este Tribunal denegó revisar la sentencia del
laudo,
primario.
de
aunque
El
tribunal
modificó
algunas
foro intermedio, y denegó igualmente las dos mociones de
reconsideración presentadas por la Sra. Ortiz Carro.
mandato fue devuelto el 17 de julio de 2007.
El
AC-2009-14
6
El 28 de julio de 2007, el Sr. Vivoni solicitó a la
Sra. Ortiz Carro reunirse para concretar la transferencia
de La Península.
El 1 de agosto de 2007, éste acudió al
tribunal de instancia solicitando la ejecución parcial de
la sentencia.
Paralelamente, el 4 de octubre de 2007, la
Sra. Ortiz Carro solicitó de ese tribunal la suma líquida
de
$1,100,000
correspondiente
Península,
pues
establecía
el
contaba
alegó
Laudo
desde
la
del
la
había
para
la
devolución
Primera Instancia.
solicitud
que
a
adjudicación
pasado
el
transferencia,
del
mandato
al
de
La
término
que
aun
si
se
Tribunal
de
Este último, declaró con lugar la
Sr.
Vivoni
y
emitió
una
Orden
para
la
transferencia de los inmuebles. La Sra. Ortiz Carro reiteró
su solicitud del 4 de octubre, pero el foro primario la
declaró no ha lugar el 10 de diciembre de 2007.
La
Sra.
Ortiz
Carro
acudió
alegando
que
había
errado
el
al
tribunal
tribunal
de
intermedio,
instancia
al
ordenar la transferencia de la propiedad y no el pago en
efectivo, a pesar del lenguaje del laudo.
Antes de que el
tribunal apelativo expidiera el certiorari, el Tribunal de
Primera
Instancia
emitió
el
mandamiento
correspondiente
para la firma de las escrituras, y el 4 de febrero de 2008
se concretó la transferencia, compareciendo el Sr. Vivoni
en
representación
Tribunal
en
de
Steri-Tech
representación
Posteriormente,
el
Tribunal
sentencia
foro
de
del
Inc.
y
de
la
Sra.
de
Apelaciones
instancia
y
el
Alguacil
Ortiz
declaró
del
Carro.
revocó
la
nulas
las
escrituras otorgadas, pues entendió que no se cumplió con
AC-2009-14
la
7
entrega
de
la
propiedad
en
el
término
de
30
días
establecido en el Laudo Final Actualizado de 13 de marzo de
2001.
Inconforme, el Sr. Vivoni acudió a esta Curia.
El 17
de julio de 2009, emitimos una orden de mostrar causa en la
cual le ordenamos a la parte recurrida que se expresara
sobre por qué no se debía expedir el auto y revocar el
dictamen del foro apelativo intermedio.
compareció
y
el
Tribunal
hoy
La parte recurrida
resuelve
conforme
había
intimado.
II
Como indicamos al inicio, este Tribunal hoy resuelve
que por exigencia de Figueroa Ferrer v. E.L.A., ante, el
mecanismo de arbitraje no está disponible para liquidar y
adjudicar los bienes de la sociedad conyugal en ocasión de
un divorcio por consentimiento mutuo.
El Tribunal indica
que en Figueroa Ferrer, “destacamos que no se aceptaría
petición
alguna
bajo
dicha
causal
sin
que
las
partes
adjuntaran las estipulaciones sobre la división de bienes,
el
sustento
divorcio.
de
las
partes
y
otras
consecuencias
del
Esto en reconocimiento de la delicadeza de tales
asuntos y, más aún, para asegurarnos de que la petición de
divorcio
no
fuera
producto
coacción
y
hasta
tanto
de
la
la
irreflexión
Asamblea
o
de
la
Legislativa
no
prescribiera otras normas.”
Con ello de trasfondo, la mayoría razona que en este
caso
“se
desvirtuó
establecidas”
en
el
propósito
Figueroa
de
Ferrer,
una
de
las
normas
“utilizando
la
AC-2009-14
8
estipulación para dirigir el pleito a un procedimiento de
arbitraje, y las consecuencias que acarreó su mal uso.”
Continúa señalando que:
“el proceso arbitral y judicial ha estado mediado
por la falta de consenso entre ambas partes con
relación a la liquidación de sus haberes.
Por
todo lo antes expuesto –y ante el hecho de que el
uso del arbitraje en estos casos puede exacerbar
otros problemas al no existir parámetros claros
para su empleo en este tipo de relaciones- este
Tribunal rechaza el uso de las estipulaciones
para
someter
a
arbitraje
la
partición
y
liquidación del caudal de la sociedad de bienes
gananciales luego de decretado el [d]ivorcio por
la causal de consentimiento mutuo.
De lo
contrario se dejarían inconclusos aspectos tan
importantes y de suma delicadeza que deben ser
resueltos a la hora de disolver el vínculo
conyugal.” (Énfasis en original.)
En otras palabras, el Tribunal estima que la liquidación y
adjudicación
de
los
haberes
de
una
sociedad
legal
de
gananciales no puede postergarse para un momento posterior
al
divorcio,
sino
más
bien,
que
hay
que
liquidarla
coetáneamente con la acción de divorcio cuando se invoca la
causal
de
Puerto
Rico
efectos
económicos
Situación
consentimiento
no
mutuo.
existen
distinta
Indica
además
que
“en
para
lidiar
con
los
el
arbitraje.
Asamblea
Legislativa
parámetros
del
divorcio
mediante
sería
el
la
que
autorice su uso y establezca parámetros para estos casos.”
Recapitulando,
podemos
concluir
a
que
base
la
del
mayoría
razonamiento
considera
que
anterior
no
es
aceptable el arbitraje bajo los siguientes fundamentos: 1.
Por exigencia de Figueroa Ferrer, ante. 2. Porque hubo en
este
caso
falta
de
consenso.
3.
Porque
no
existen
parámetros claros para la utilización del arbitraje.
4.
AC-2009-14
Porque
el
9
asunto
de
la
liquidación
de
los
haberes
conyugales es uno delicado que no puede posponerse para un
momento posterior al divorcio.
Descartado el arbitraje como mecanismo para liquidar
la sociedad legal de gananciales el Tribunal expresa lo
siguiente:
No obstante, debido al largo tiempo que lleva
éste (sic) caso litigándose sería en extremo
perjudicial para las partes involucradas, que
descartemos el trámite arbitral y judicial que se
ha suscitado por los pasados once (11) años.
Después de todo, la sentencia que lo estableció
ya es final y firme. Sin embargo, advertimos que
no se favorece el uso desvirtuado del arbitraje
en los divorcios y mucho menos el que los
tribunales autoricen este tipo de estipulaciones
en casos de divorcio por consentimiento mutuo.
En esos casos, la estipulación debe contener lo
relativo a la división de bienes.
(Énfasis
nuestro.)
Comencemos por el final.
Si la sentencia que validó
el mecanismo de arbitraje para liquidar la sociedad legal
de
gananciales
en
este
caso
es
final
y
firme,
como
claramente lo es y así lo concluye la mayoría, ¿por qué
este Tribunal está pasando juicio sobre ello y resolviendo
que ése no era el mecanismo idóneo y que será impermisible
su uso en casos futuros?
Máxime, cuando la disponibilidad
del mecanismo de arbitraje para pautar la división de los
haberes del matrimonio no fue uno de los errores que se nos
planteara
en
el
recurso
instado.
“controversia”
de
hechura
judicial,
Estamos
para
la
ante
una
cual
este
AC-2009-14
10
Tribunal no ha provisto para que las partes se expresen
previo a resolver.26
El
dictamen
interrogantes:
de
la
mayoría
nos
plantea
varias
¿Qué ha de ocurrir con las personas que se
encuentren en este momento inmersas en un procedimiento de
arbitraje porque así lo pactaron en las estipulaciones de
divorcio sometidas y acogidas por el foro de instancia?
¿El divorcio decretado en estos casos es válido o es nulo?
¿Y si contrajeron nuevo matrimonio?
Es alarmante que este
Tribunal se adentre a resolver un asunto de trascendental
importancia
repercusiones
para
el
para
Derecho
quienes
de
familia
y
se
encuentran
de
severas
actualmente
involucrados en un proceso de divorcio, sin que el asunto
26
Es doctrina reiterada de práctica apelativa, que los
tribunales no habrán de considerar asuntos que no fueron
planteados en los foros inferiores. Así, hace casi ochenta
años dijimos que “[n]o es necesario que resolvamos o
discutamos
ninguna
cuestión
que
no
haya
sido
específicamente planteada por señalamiento de error ni
abiertamente presentada por la argumentación en ninguno de
los alegatos.”
Banco Territorial y Agrícola v. Vidal, 42
D.P.R. 869, 872 (1931). Véanse además, entre otros, Misión
Industrial de Puerto Rico v. Junta de Planificación, 146
D.P.R. 64, 145 (1998); Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez,
125 D.P.R. 340, 351 (1990); Murcelo v. H.I. Hettinger &
Co., 92 D.P.R. 411, 426 (1965); Garaje Rubén, Inc. v.
Tribunal Superior, 101 D.P.R. 236, 242 (1973); Autoridad
sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950).
Esta norma no obedece a una reverencia desmedida a los
ritos procesales, sino más bien, a consideraciones de trato
justo a las partes quienes no han tenido la oportunidad de
presentar sus posiciones legales respecto a algún asunto.
Hacer caso omiso de este principio milita en contra de la
justiciabilidad del pleito, pues se prescinde de que los
litigantes promuevan sus posturas vigorosamente ante el
foro judicial.
Véase, Noriega v. Hernández Colón, 135
D.P.R. 406, 427 (1994).
Claro está, en situaciones
extremas en las que aferrarse rígidamente a la norma
ocasione a alguna de las partes un grave perjuicio, hay
cabida para el ejercicio de la discreción y considerar un
asunto no planteado. Ésta, claramente, no es la situación
ante nuestra consideración.
AC-2009-14
11
que resuelve hubiese sido argumentado por las partes y sin
haber
ponderado
los
efectos
de
su
dictamen,
como
es
transcrita,
el
evidente ha ocurrido en este caso.
Por
otro
lado,
en
la
cita
antes
tribunal indica que “no se favorece el uso desvirtuado del
arbitraje en los divorcios.”
(Énfasis nuestro.)
¿Acaso
con esta expresión se está indicando que el arbitraje no
está disponible para liquidar una sociedad de gananciales,
independientemente de la causal para el divorcio?
¿O es
que la norma pautada sólo aplica para divorcios por la
causal de consentimiento mutuo?
Interpreto la expresión
del Tribunal como que aplica a todo divorcio.
Si ese fuera
el caso, ¿no habría que explicar por qué es necesario una
norma tan dilatada, cuando la razón para descartar este
mecanismo es lo resuelto en Figueroa Ferrer?
Regresemos
anteriormente
entonces
habíamos
a
evaluar
reseñado
los
como
argumentos
que
fundamento
del
Tribunal para descartar el uso del arbitraje en el campo
del
Derecho
de
familia,
específicamente,
en
casos
de
divorcio por consentimiento mutuo.
Como ya dijimos, el Tribunal considera que Figueroa
Ferrer, ante, impide que se utilice el proceso de arbitraje
para liquidar la sociedad legal de gananciales.
adscribo tal alcance a lo allí expresado.
No le
Lo que dice
Figueroa Ferrer, es que la petición de divorcio debe venir
acompañada de “las estipulaciones correspondientes sobre la
división de sus bienes.”
Figueroa Ferrer, ante, pág. 277.
Pues bien, en estricto rigor, considero que eso fue lo que
AC-2009-14
12
ocurrió aquí.
Las partes en este caso reconocieron en la
estipulación suscrita la
existencia de una comunidad de
bienes
haberes
compuesta
por
los
adquiridos
durante
el
matrimonio e indicaron que esa comunidad se dividiría 50%
para cada cual.
Anejaron a dicho documento una lista de
dichos bienes así como también de sus deudas.
Las partes
estipularon que, de no dividir la comunidad de bienes que
expresamente habían reconocido en el convenio sometido al
foro de instancia, se someterían a un proceso vinculante de
arbitraje.
Éstas
documento
sometido
facultades
del
establecieron
a
la
árbitro,
detalladamente
consideración
cómo
se
del
en
el
juez
las
seleccionaría
y
los
términos que éste tendría para resolver los asuntos traídos
a su atención.
firme
e
Además, dispusieron que el laudo sería
inapelable
así
como
también
que
sus
honorarios
serían prorrateados entre las partes.
No hay duda que las partes estipularon --que no es
otra cosa de convenir, concertar o acordar, Diccionario de
la Lengua Española, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 2001,
pág. 998-- cómo se dividirían los bienes del matrimonio.
Y utilizaron el mecanismo de un árbitro, cuyas facultades
enumeraron
en
el
documento,
adjudicación de tales bienes.
Ferrer,
ante,
no
exigimos
que
para
llevar
a
cabo
la
Adviértase que en Figueroa
las
partes
liquidaran
y
adjudicaran los bienes de la sociedad antes de decretarse
el divorcio o en el acto del divorcio, sino más bien, que
estipularan sobre la división de sus bienes como requisito
para el divorcio.
Consideramos que esta lectura de nuestro
AC-2009-14
dictamen
13
en
Figueroa
Ferrer,
ante,
es
la
que
mejor
se
ajusta a los fundamentos que esgrimimos para validar el
divorcio por consentimiento mutuo.
Permite facilitar los
procesos de divorcio para que las parejas puedan poner fin
a la relación matrimonial que voluntariamente asumieron y
que por infinidad de razones no desean continuar.
Otro de los argumentos de la mayoría para rechazar el
uso del arbitraje como herramienta para la liquidar los
bienes
habidos
en
el
matrimonio
es
que
ello
dejaría
“inconcluso aspectos tan importantes y de suma delicadeza
que deben ser resueltos a la hora de disolver el vínculo
conyugal.”
Si ese fuera un argumento legítimo en derecho,
considero entonces que el Tribunal debe ordenar que ello
sea así en todo divorcio, independientemente de la causal.
Habría que preguntarse por qué en casos de divorcio por
otras causales como, por ejemplo, trato cruel, adulterio, o
por separación, no se exige la liquidación y adjudicación
de
los
bienes
gananciales
como
disuelto el vínculo matrimonial.
adjudicación
de
los
bienes
requisito
para
decretar
¿O es que la división y
gananciales
es
un
asunto
“importante y delicado” sólo cuando las partes invoquen la
causal de raigambre constitucional para el divorcio?
¿Por
qué?
por
¿Qué
hace
distinto
el
proceso
de
divorcio
consentimiento mutuo que impone requisitos no exigibles en
divorcios
bajo
otras
causales?
Nos
parece,
que
en
correcta metodología jurídica, este Tribunal viene obligado
a
enfrentarse
conclusión.
a
estas
interrogantes
para
validar
su
AC-2009-14
A
14
mi
juicio,
el
Tribunal
incurre
en
un
aparente
contrasentido al descartar el arbitraje para lidiar con los
efectos económicos del divorcio pero no así para atender
otros asuntos relacionados con el Derecho de familia.
explico.
Me
En la opinión el Tribunal expresa lo siguiente:
“Señalamos que de forma alguna rechazamos los beneficios
que el arbitraje, en aspectos esenciales de un divorcio o
en otro tipo de disputas familiares, pueda proporcionar.”
(Énfasis nuestro.)
Con lo cual, el Tribunal parece avalar
la
mecanismo
utilización
del
de
arbitraje
para
atender
algunos asuntos de Derecho de familia, pero sin explicarnos
cuáles o qué parámetros se deben utilizar para considerar
su utilización.
¿Se puede someter a arbitraje un conflicto
relacionado con la custodia de unos menores, o de la patria
potestad, o la relación materno o paterno filial, o incluso
el
propio
divorcio
consentimiento
siempre
mutuo?
y
cuando
Estos
no
asuntos,
sea
¿son
por
menos
“importantes y delicados” que la división de los haberes
acumulados
durante
el
resolver en arbitraje?
matrimonio
que
por
eso
se
pueden
Habría quien pudiera pensar todo lo
contrario, que alguno de estos temas son aún más sensitivos
que adjudicar unos bienes pues involucran a menores “que
son más dignos de protección dada su edad y su falta de
capacidad para gobernarse por sí mismo.”
Crisis
Matrimonial
y
Arbitraje,
Alternativa, No. 6, 2005, 171, 177.
E. Roca Trías,
Anuario
Justicia
Lo anterior, a mi
juicio, ejemplifica la inconsistencia interna que trasluce
la opinión avalada
por la mayoría.
Tal vez, ello es el
AC-2009-14
15
resultado de lo que adelantamos, de que las partes no han
tenido
una
oportunidad
de
discutir
y
argumentar
vigorosamente esta “controversia” y plantearnos todas sus
posibles ramificaciones.
Antes
bien,
considero
igualmente
erróneo
el
razonamiento de la mayoría de que no procede el mecanismo
alterno escogido por las partes porque “en Puerto Rico no
existen parámetros para lidiar con los efectos económicos
del divorcio mediante el arbitraje.”
No tiene razón el
Tribunal.
Primeramente,
en
este
caso
convinieron
específicamente
los
términos
del
las
partes
proceso
de
arbitraje, nada quedó al azar o al arbitrio de una de las
partes.
No se puede aseverar entonces que no existían
parámetros en este caso para atender la adjudicación de los
bienes gananciales mediante arbitraje.
El mecanismo que exige el Tribunal fue el acordado por
las partes en este caso.
totalidad
las
arbitraje
incluidas
Por su importancia, citamos en su
disposiciones
en
la
relativas
estipulación
al
proceso
suscrita
por
partes:
En los próximos diez (10) días contados a partir
de que la Sentencia advenga final y firme los
peticionarios escogerán por sorteo, de entre una
terna de tres personas, un árbitro que atenderá
todos los aspectos relativos a la liquidación y
partición del caudal comunal.
A esos fines, el árbitro queda facultado para: 1.
Recibir prueba testifical, documental y pericial
de
los
peticionarios;
2.
Hacer
las
determinaciones de hechos y conclusiones de
derecho
que
estime
apropiadas;
3.
Resolver
planteamientos de evidencia y similares; 4. Citar
testigos a las vistas. El árbitro atenderá toda
de
las
AC-2009-14
16
controversia
relacionada
a
la
liquidación de la masa comunal.
partición
y
El árbitro tendrá treinta días calendario para
emitir su laudo a partir de que el caso quede
sometido a su consideración, pero, nunca después
del día 31 de diciembre de 1999.
El laudo que él emita será final, firme e
inapelable para los peticionarios.
Y sus
honorarios
serán
prorrateados
entre
los
peticionarios.
Cada parte, además, pagará sus
respectivos gastos legales.
Hasta tanto no se emita el laudo arbitral el que
deberá rendirse para el día 31 de diciembre de
1999, la peticionaria co-administrará los bienes
de la comunidad.
Además, la peticionaria
continuará recibiendo el rédito de $5,000.00
mensuales convenidos entre ellos.
Dicho pago
será efectuado en o antes de los días 15 de cada
mes, y hasta las resultas del procedimiento de
arbitraje o el día 31 de diciembre de 1999.
Además, seguirá devengando los $2,500.00 por
concepto
de
salario
que
percibe
de
la
corporación.
La interventora, Steri-Tech hará
las retenciones mandatorias dispuestas por Ley.
Los peticionarios han convenido entre ellos que,
de mediar caso fortuito o fuerza mayor que impida
la emisión del laudo en o antes del día 31 de
diciembre de 1999, el plazo se prorrogará por un
término igual al que dure el mismo quedando
prorrogados los acuerdos contenidos en esta
petición por igual plazo.
No hay duda de que las partes que hoy se encuentran
ante
nosotros
arbitraje
a
regularon
que
se
adecuadamente
sometieron
e
el
proceso
impusieron
de
los
requerimientos básicos necesarios para que la herramienta
adoptada operara de forma eficaz.
Tan es así, que ninguna
de ellas ha objetado el procedimiento de arbitraje y como
éste fue conducido por el árbitro.
indicativo
de
objeciones
a
que
uno
de
Ello, a mi juicio, es
independientemente
los
múltiples
de
asuntos
las
posibles
atendidos
y
resueltos por el árbitro, ambas partes quedaron satisfechas
AC-2009-14
17
con el mecanismo que adoptaron para liquidar los haberes de
la comunidad de bienes y cómo éste operó.
concluir
entonces
adecuadas
para
que
en
conducir
este
el
caso
no
No se puede
existían
procedimiento
de
guías
arbitraje.
Considero superada así la objeción expresada por la mayoría
para
negarle
resolución
familia.
eficacia
de
a
este
conflictos
en
proceso
el
no
campo
adversativo
del
Derecho
de
de
A mi juicio, nada impide, cara a la realidad que
hoy vivimos, que convalidemos el acuerdo autocompositivo de
las
partes
para
procurar
la
liquidación
de
los
haberes
acumulados durante la vigencia de su matrimonio.
De otra parte, la aseveración en torno a la falta de
parámetros
parece
Reglamento
de
no
considerar
métodos
alternos
la
para
existencia
del
la
de
solución
conflictos, 4 L.P.R.A. Ap. XXIX, (el Reglamento) promulgado
por
el
Tribunal
Supremo
para,
precisamente,
regular
las
herramientas alternativas como el arbitraje en los casos
civiles
instados
en
los
Considero
que
la
Reglamento
es
inadecuado
arbitraje
cuando
tribunales
mayoría
se
debió
para
intenta
de
nuestro
país.
porque
este
explicar
regentar
los
adjudicar
procesos
los
de
haberes
matrimoniales una vez decretado el divorcio.
El Reglamento declara como política pública de la Rama
Judicial
“fomentar
la
utilización
de
mecanismos
complementarios al sistema adjudicativo tradicional con el
fin de impartir justicia en una forma más eficiente, rápida
y económica.”
4 L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 1.01.
mecanismos
se
que
regulan
en
el
Reglamento
Entre los
está
el
AC-2009-14
18
arbitraje, cuyo propósito se describe como la herramienta
que
permite
“proveer
a
las
partes
la
oportunidad
de
presentar su versión de los hechos, las teorías legales y
la evidencia dentro de un procedimiento adjudicativo más
rápido e informal que el judicial.”
R. 8.01(a).
4 L.P.R.A. Ap. XXIX,
Dispone además, que las “partes tienen la
potestad de decidir si se someten o no a este proceso.”
Íbid.
El
Reglamento
indica
que
se
podrán
someter
a
arbitraje: “todas las acciones de naturaleza civil que no
estén excluidas por estas reglas.”
L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 8.02.
contenidas
en
la
Regla
(Énfasis nuestro.)
4
Ninguna de las exclusiones
8.03
menciona
los
asuntos
relacionados con la liquidación de una sociedad legal de
gananciales.
conformidad
Por
de
lo
las
que,
en
partes,
principio
el
y
Reglamento
sujeto
a
la
permite
el
arbitraje en casos de liquidación y adjudicación de bienes
gananciales.
Por
otro
lado,
el
Reglamento
sí
establece
que
el
tribunal tendrá “discreción para excluir cualquier caso que
no pertenezca a ninguna de las categorías” excluidas en las
reglas cuando, “a su juicio, la naturaleza del caso, la
complejidad
de
las
controversias
cualesquiera
otras
circunstancias lo hagan inapropiado para arbitraje.”
4
L.P.R.A. Ap. XXIX, R. 8.04(b).
o
Por lo que aun cuando el
Reglamento no impide se someta a arbitraje la liquidación y
adjudicación
de
los
haberes
gananciales,
la
determinación
de
una
final
sociedad
legal
sobre
proceder
ese
de
dependerá de la ponderación que haga el juez de instancia
AC-2009-14
19
sobre su conveniencia en un caso en particular.
Debemos
suponer que cuando un juez concluye que un caso es idóneo
para referirlo a arbitraje, es porque ha sopesado todos los
factores que rodean la controversia y ha concluido que se
sirve
mejor
los
intereses
de
las
partes
refiriendo
el
asunto a un proceso de arbitraje para que sea allí donde
dirimen los conflictos familiares.
No
es
correcto
entonces
postular
que
nuestro
ordenamiento no provee mecanismos adecuados para regular
los procesos de arbitrajes en casos de liquidación de los
haberes gananciales.
No obstante las disposiciones del
Reglamento, el Tribunal guarda silencio de porque lo allí
dispuesto
no
es
adecuado
o
insuficiente
para
atender
asuntos de esta naturaleza.
Finalmente, la propia Ley de Arbitraje de Puerto Rico,
32 L.P.R.A. secs. 3201 et sec., puede utilizarse, tal y
como
hace
la
mayoría
en
su
dictamen,
para
regular
un
proceso de arbitraje de liquidación de sociedad legal de
gananciales.
No hay porque entonces denegar el alcance de
su aplicación al Derecho de familia.
Geyls,
Derecho
de
Familia
de
Puerto
Véase, R. Serrano
Rico
y
Legislación
Comparada, Universidad Interamericana de Puerto Rico, San
Juan, vol I, 2002, págs.. 712-713.
Sostengo que en casos como el que tenemos ante nuestra
consideración,
petición
de
una
que
vez
la
el
juez
se
confronta
adjudicación
de
los
con
haberes
de
una
la
sociedad legal de gananciales se refieran a arbitraje éste
debe,
previo
a
prestarle
su
anuencia,
ponderar
los
AC-2009-14
20
siguientes factores: primero, cerciorarse de que las partes
comprenden las consecuencias legales del divorcio; segundo,
que éstos entienden las implicaciones de someter al proceso
de
arbitraje
la
liquidación
de
los
haberes
gananciales;
tercero, que ninguna de las partes actúa bajo coacción;
cuarto,
que
ambos
poseen
plena
capacidad
para
actuar;
quinto, que el convenio no lacera los principios y valores
que animan el Derecho de familia o el llamado orden público
familiar; y sexto, que el acuerdo claramente provea para
que
el
laudo
se
emita
conforme
a
Derecho
y
permita
la
revisión judicial.
Debemos resaltar que aún cuando este tipo de convenio
constituye
una
validar
autonomía
la
manifestación
de
personal
la
en
tendencia
la
moderna
regulación
de
de
los
asuntos íntimos personales y familiares, por lo que debemos
considerarlos de forma favorable, su contenido no queda a
la total merced de la autonomía negocial de las partes ya
que el tema sobre el cual versa se refiere a delicados
asuntos de familia.
Es por ello que entiendo que el juez
debe evaluar con rigor y bajo los criterios previamente
señalados cualquier solicitud para remitir a arbitraje la
liquidación de los haberes del matrimonio en ocasión de un
divorcio.
Véase, M. D. Díaz-Ambrona Bardaji, F. Hernández
Gil, Lecciones de Derecho de Familia, Editorial centro de
Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 1999, pág. 219.
Hay que reconocer que en las situaciones derivadas del
divorcio entran en juego las cuestiones más íntimas de las
personas, las pasiones más enconadas y sensibles, junto a
AC-2009-14
21
los intereses más dignos de protección jurídica, por lo que
éstas
“son
judiciales
difíciles
pueden
satisfactoriamente
de
armonizar
dictarse
la
con
situación
y
pocas
resoluciones
aspiración
de
a
conflicto
resolver
entre
los
cónyuges.”
Díaz-Ambrona Badalají, Hernández Gil, op. cit,,
pág. 218.
Ello, sin embargo, no puede
ser el fundamento
para rechazar y descartar de plano el proceso de arbitraje
como mecanismo alterno para transigir las consecuencias de
naturaleza
puramente
patrimonial
que
se
divorcio, sino tal vez, todo lo contrario.
derivan
del
Es correcto que
no todo caso de liquidación de los haberes de la sociedad
es el idóneo para referir a un proceso de arbitraje.
Es
por ello que el juez, previo a homologar una petición en
tal
sentido,
perjudicial
debe
para
cerciore
uno
de
que
los
parámetros antes mencionados.
el
convenio
cónyuges
no
es
utilizando
los
Pero de lo que se trata es
de dibujar con fino pincel las excepciones caso a caso, no
de
pintar
con
brocha
ancha
para
vedarlo
de
nuestro
ordenamiento.
Y es que la utilización de métodos alternos
de
de
resolución
transformar
los
disputa
conflictos
como
el
arbitraje,
porque
ayuda
a
“permite
enfrentar
los
problemas de forma colaborativa e implica un cambio en la
aproximación: en lugar de buscar empeorar las alternativas
de
la
pueden
otra
parte
aumentar
para
las
una
negociación
posibilidades
de
conjuntas que puedan ser compartidas.”
op. cit., pág. 149.
distributiva,
realizar
se
ganancias
García Villaluenga,
A ello deberíamos aspirar.
AC-2009-14
22
III
Para concluir y muy someramente, una vez el Tribunal
resuelve el asunto sobre el arbitraje pasa a atender lo
relativo a cuándo un laudo es ejecutable.
La ponencia
indica que en la gran mayoría de los casos, los laudos
arbitrales son ejecutados voluntariamente por las partes,
pues como dice el artículo 21 de la Ley Núm. 376 de 1951,
la validez de un laudo que de otro modo fuere válido no
quedará afectada por el hecho de no presentarse una moción
alguna
para
su
confirmación.
No
obstante,
en
aquellas
instancias en que las partes difieren sobre la validez o
corrección del laudo, la Ley 376 brinda vías para obligar a
su cumplimiento.
Entre éstas, la Ley 376 permite entablar
-en cualquier fecha dentro del año siguiente al laudo- un
procedimiento sumario para la confirmación de éste ante el
tribunal de instancia, el cual deberá emitir una sentencia
confirmándolo,
la
cual
es
ejecutable
Reglas de Procedimiento Civil.
de
acuerdo
a
las
Igualmente, aquel que no
esté de acuerdo con el laudo, puede –en un término de 3
meses desde que se le notifique el laudo- presentar una
moción para revocar, modificar o corregir un laudo.
Sin embargo, la propia Ley 376 indica que ante una
moción para revocar, modificar o corregir el laudo, el foro
primario podrá suspender los procedimientos que la parte
adversa a aquella que ha presentado la moción haya iniciado
para ejecutar el laudo.
Esto
presupone
que
la
Véase, 32 L.P.R.A. sec. 3224.
parte
adversa
pudo
comenzar
el
procedimiento de ejecución del laudo, aun cuando no hayan
AC-2009-14
23
transcurrido
los
términos
para
modificación
o
corrección
de
solicitar
éste.
la
revocación,
lo
tanto,
Por
la
opinión parece resolver que un laudo arbitral es ejecutable
desde
su
moción
emisión,
para
corrección,
sin
perjuicio
solicitar
el
foro
su
de
que
revocación,
primario
pueda
presentada
una
modificación
o
suspender
dichos
procedimientos.
En el caso de autos, la ponencia dice que ninguna de
las partes solicitó la confirmación y ejecución del laudo
tan pronto fue emitido.
Su impugnación, en nada afectó las
disposiciones referentes a La Península.
Por lo tanto, la
disposición que adjudicaba la propiedad a la Sra. Ortiz
Carro
era
ejecutable
desde
la
emisión
del
laudo.
Sin
embargo, aplicando la doctrina de actos propios, la opinión
concluye
que
--debido
a
que
fue
por
las
impugnaciones
presentadas por la Sra. Ortiz Carro que no se pudo ejecutar
el laudo en el tiempo establecido en éste- ésta no puede
beneficiarse de dicho incumplimiento.
la
sentencia
del
Tribunal
de
Por lo tanto, revoca
Apelaciones
y
devuelve
al
Tribunal de Primera Instancia para que se determine si la
corporación Steri-Tech Inc. realizó unas reparaciones que
alegadamente debía hacer antes de transferir la propiedad.
En cuanto al resultado a que llega la mayoría de que
el laudo es ejecutable desde que se emite considero que
ello es cónsono con la finalidad que deben tener los laudos
y
con
las
disposiciones
estatutarias
de
la
ley
de
arbitraje, aunque en principio parecería ilógico permitir
la ejecución de un laudo, mientras todavía otra de las
AC-2009-14
partes
24
puede
solicitar
inclusive su revocación.
que
ocurrió
en
este
su
corrección,
modificación
o
No obstante, la explicación de lo
caso,
y
porqué
debe
aplicarse
doctrina de actos propios no es convincente.27
la
Prefiero
pensar que, puesto que el Sr. Vivoni solicitó a la Sra.
Ortiz Carro el otorgamiento de las escrituras en abril de
2001, dentro de los 30 días originales, el hecho de que
ella no contestó ese requerimiento y solicitó en mayo de
2001 la impugnación del laudo, es causa suficiente para
invocar la doctrina de actos propios.
Sin embargo, si el
Sr. Vivoni no hubiese hecho nada dentro de los primeros 30
días, poco importaba que la Sra. Ortiz Carro hubiese luego
impugnado el laudo, si ya se había incumplido la condición,
partiendo
de
lo
ejecutable
desde
resuelto,
su
esto
emisión,
por
es,
que
el
laudo
es
lo
que
los
30
días
contaban desde el 13 de marzo de 2001.
En cuyo caso, no
tengo objeción a que el caso de devuelva al foro primario.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
27
Causa consternación que, ausente una determinación
expresa de que se ha incurrido en mala fe procesal, se
pueda penalizar a quien utilice un mecanismo procesal que
tiene
disponible.
Gutiérrez
Vázquez
v.
Hernández
Hernández, 2007 TSPT 174. Véase además, J. Picó I. Junoy,
El Principio de la Buena Fe Procesal, J.M. Bosch Editor,
Madrid, 2003.