LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Arturo L. Dávila Toro

2010 TSPR 195

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Arturo L. Dávila Toro

CP-2008-16

Conducta Profesional – Suspensión temporera (3 meses) de la abogacía por violación a los Cánones 9 y 18 de Ética Profesional

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2010 TSPR 195

179 DPR ____

Arturo L. Dávila Toro

Número del Caso: CP-2008-16

Fecha: 30 de agosto de 2010

Oficina del Procurador General:

Lcda. Noemí Rivera de León

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Abogado de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Miguel A. Pérez Vargas

Materia: Conducta Profesional

(La suspensión será efectiva el 2 de septiembre de 2010,

Fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión

inmediata e indefinida)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace

como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

Arturo L. Dávila Toro

CP-2008-16

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2010

El licenciado Arturo Dávila Toro fue admitido al

ejercicio de la profesión legal el 13 de agosto de

1986.

La presente controversia se relaciona con su

desempeño profesional durante el trámite apelativo

en el caso Pueblo v. David Santiago Ortiz, KLAN2005-1159.

Pasemos a repasar los hechos de este

caso.

I

El señor David Santiago Ortiz presentó ante este

Tribunal una queja en contra del licenciado Dávila

Toro en la que alegó que éste le había representado

en un caso penal en el cual fue hallado culpable y

CP-2008-16

2

que le encomendó que apelara la sentencia dictada, lo que

el querellado hizo pero transcurrido ya el término para

apelar por lo que el tribunal desestimó el recurso por

carecer de jurisdicción.

Recibida la queja, la referimos

al Procurador General para su evaluación e informe.

El

26

de

abril

de

rindió su informe.

2007

el

Procurador

General

nos

En éste nos indicó que esa Oficina

había recibido previamente del Tribunal de Apelaciones un

referido, precisamente, sobre el trámite apelativo en el

caso

del

señor

Santiago

Ortiz

consolidar

ambos

asuntos.

El

licenciado

Dávila

Toro

había

y

había

informe

procedido

indicaba

representado

de

a

que

el

oficio

al

señor Santiago Ortiz en un proceso penal en el que éste fue

hallado culpable y en el que se pronunció sentencia el 18

de

agosto

de

2005.

El

licenciado

Dávila

asumió

la

representación profesional del querellante en la etapa de

vista

preliminar.

El

26

de

septiembre

de

2005

el

licenciado Dávila presentó el escrito de apelación en ese

caso ante el Tribunal de Apelaciones.

Presentado el recurso apelativo se suscitaron varios

incidentes relacionados con la reproducción de la prueba

oral.

El

10

de

octubre

de

2005

el

foro

apelativo

intermedio emitió una Resolución en la que le solicitó al

apelante que acreditara el método de reproducción de la

prueba

oral.

alguna

en

El

licenciado

respuesta

a

Dávila

la

no

orden

presentó

del

moción

tribunal.

Posteriormente, el 10 de noviembre de 2005, el tribunal

apelativo

emitió

una

nueva

Resolución

ordenando

que

se

CP-2008-16

cumpliese

3

con

la

orden

dictada

el

10

de

octubre

y

advirtiéndole a la parte apelante que el incumplimiento con

lo

ordenado

podría

disciplinarias.

conllevar

severas

sanciones

Nuevamente el licenciado Dávila hizo caso

omiso a lo ordenado.

Ante su reiterado incumplimiento, el

21

2005

de

diciembre

de

el

Tribunal

de

Apelaciones

le

impuso una sanción económica de $500 y le concedió un nuevo

término para informar sobre la prueba oral y el método para

su reproducción.

El licenciado Dávila ignoró al tribunal y

nada dijo sobre la reproducción de la prueba oral como

tampoco pagó la sanción impuesta.

Así

las

cosas,

el

21

de

febrero

de

2006

el

foro

apelativo desestimó la apelación presentada porque ésta se

presentó transcurrido el término jurisdiccional para ello.

La Resolución desestimando la apelación le fue notificada

al confinado a través del Secretario del Departamento de

Corrección y Rehabilitación.

El Procurador General nos indicó en su informe además,

que el querellado respondió a la queja presentada mediante

una

extensa

carta

en

la

que

relataba

su

trayectoria

profesional resaltando su extenso trabajo en casos penales

como abogado de oficio.

El querellado indicó que el efecto

acumulativo de esta representación de oficio fue en extremo

perjudicial para él no tan sólo económicamente, pues no

recibía remuneración regularmente, sino también físicamente

pues le provocó un agotamiento extremo.

En cuanto al asunto relacionado con el señor Santiago

Ortiz admitió que la apelación se presentó tardíamente.

No

CP-2008-16

4

obstante, aclaró que siempre le dijo a su cliente que era

fútil apelar su sentencia, específicamente porque éste, el

acusado,

había

admitido

caso.

Esta

admisión,

mientras

el

acusado

voluntariamente

informa

estaba

el

los

hechos

querellado,

acompañado

por

un

se

del

hizo

abogado.

Señaló también que debido a que no se logró un acuerdo con

fiscalía

el

quejoso

procedió

a

someterse

a

un

juicio.

Indicó que él luchó por su cliente pero que fue encontrado

culpable y condenado a 99 años de prisión.

El licenciado Dávila Toro indicó, que una vez recayó

sentencia, el quejoso insistió en que se apelara su caso y

le insinuó que si no lo hacía le presentaría una queja

ética.

En

su

escrito

ante

el

Procurador

General

el

querellado criticó el sistema de asignación de casos de

oficio.

Indicó que éste no disponía de parámetros claros

respecto hasta dónde debían llegar los servicios que se

prestan a los clientes de oficio, por lo que, aduce, ante

esa falta de claridad y la intimidación del quejoso, “a

última hora” decidió presentar la apelación.

Señaló que no

ha sido su intención desobedecer las órdenes del tribunal.

Evaluados los hechos antes relatados, el Procurador

General concluyó que las actuaciones del licenciado Dávila

Toro configuraron violaciones a los Cánones 9 y 18 del

Código de Ética Profesional.

informe,

le

ordenamos

que

4 LPRA Ap. IX.

presentara

la

Recibido el

correspondiente

querella, lo que hizo el 25 de agosto de 2008.

El 1ero de

diciembre de 2008 se diligenció la querella presentada y se

le

concedió

un

término

al

querellado

para

que

la

CP-2008-16

5

contestara.

El 28 de enero de 2009 le concedimos un nuevo

término para que replicara a la querella.

El licenciado

Dávila Toro no contestó la querella.

Posteriormente,

designamos

a

la

licenciada

Eliadís

Orsini Zayas como Comisionada Especial para que recibiera

la prueba y nos rindiera un informe con sus determinaciones

de hechos y las recomendaciones que estimase pertinente.

Eventualmente la Comisionada dio por contestada la querella

a base de la contestación que el licenciado Dávila Toro

ofreció a la Oficina del Procurador General.

Luego de

varios

vistas

ante

la

sometido

por

el

incidentes

Comisionada

procesales

Especial,

el

incluyendo

asunto

quedó

expediente del caso.

El 25 de septiembre de 2009 el querellado presentó un

memorando de atenuantes ante la Comisionada Especial ya que

él había aceptado los hechos imputados en la querella.

El

escrito

su

presentado

sigue

los

mismos

parámetros

que

contestación ante la Oficina del Procurador General.

Nos

relata

y

los

le

ha

su

práctica

extensa

como

en

casos

de

personales,

oficio

problemas

económicos,

que

ello

supuesto.

Resaltó nuevamente que le había recomendado a su

cliente no presentar una apelación y que finalmente lo hizo

al sentirse intimidado por las amenazas de éste.

Admitió

haber incurrido en las faltas que se le imputaban en la

querella,

reconociendo

acusado

estar

a

apelativa.”

apelativo

“ha

adecuadamente

Informó

se

que

además

encontraba

violado

un

representado

que

derecho

en

durante

padeciendo

serios

el

la

al

etapa

proceso

problemas

CP-2008-16

6

personales

y

económicos

que

“le

provocaron

un

serio

desgaste físico y mental con las consecuencias que tenemos

ante nos.”

La Comisionada rindió su informe el 9 de noviembre de

2009.

En

éste

General,

que

violaciones

concluyó,

al

acciones

del

a

Cánones

las

éticas

Profesional.

los

igual

que

el

querellado

9

y

Procurador

configuraron

18

de

Ética

Nos recomendó, como sanción, la suspensión

del ejercicio de la abogacía del querellado por el término

de veinte y cuatro meses.

Específicamente indicó, que si bien es cierto que el

querellado había aceptado los hechos, éste “no había sido

del todo sincero ni veraz en dicha aceptación, [pues] ha

tergiversa[]do

los

trámites

de

apelación,

ha

omitido

exponer con veracidad información relevante a los asuntos

materiales considerados en estos procedimientos de conducta

profesional; todo con el objetivo evidente de fundamentar

unos

alegados

atenuantes

relacionados

con

encargada

méritos

de

la

apelación

que

cliente;

y

en

el

de

oficio.”

hecho

le

su

fue

gran

la

cúmulo

falta

de

de

por

su

caos

de

Prosigue la Comisionada Especial indicando que

“[l]a conducta posterior del querellado no refleja actos

para subsanar en algo su comportamiento, ya que ni siquiera

a la fecha de estos procedimientos ante este Tribunal ha

pagado

las

sanciones

económicas,

a

pesar

de

que

varias

veces esta Comisionada le preguntó si las había satisfecho

y si alguna razón válida tenía para no satisfacerlas, a lo

cual solo informaba que no las había pagado.”

Nos informa

CP-2008-16

que

el

7

querellado

cliente.

solicitud

“Por

de

no

el

su

ha

excusado

contrario,

cliente

de

el

su

proceder

abogado

apelar

la

con

su

desprecia

la

sentencia

con

el

fundamento de que como había resultado convicto con una

prueba FUERTE, la apelación requerida por su cliente era un

ejercicio fútil.”

(Énfasis en original.)

El querellado presentó su oposición al informe de la

Comisionada.

En su escrito cuestionó la objetividad de la

Comisionada

imputándole

prejuicio

y

parcialidad,

pues

considera que ésta “insiste en desacreditar el carácter del

querellado con imputaciones de deshonestidad y mendacidad

que no forman parte de la prueba ni son parte de los cargos

radicados en la querella.”

A modo de ejemplo, impugnó la

conclusión de la Comisionada de que el querellado presentó

tardíamente su recurso de apelación “con pleno conocimiento

de que se presentaba tardíamente.”

Cuestionó además la procedencia de la sanción que le

impuso el Tribunal de Apelaciones.

foro

se

declaró

sin

Argumentó que como este

jurisdicción

en

el

caso

no

podía

tomar

por

carecer

determinación

alguna

de

jurisdicción.

Por lo que considera que la sanción impuesta

era nula y no se le podía exigir al licenciado Dávila que

la pagase.

Específicamente se señala: “habiéndose impuesto

esta sanción por el Tribunal Apelativo en un caso donde no

tenía jurisdicción y donde cualquier acción o dictamen es

nulo,

no

entendemos

vehementemente

a

un

como

(sic)

abogado,

se

como

le

la

puede

(sic)

exigir

hace

la

CP-2008-16

honorable

8

Comisionada

en

su

informe,

el

pago

de

dichas

sanciones como un medio de subsanar sus incumplimientos.”

El querellado objetó además la sanción recomendada por

la

Comisionada

por

desproporcionado.”

estimarla

“en

un

castigo

excesivo

y

Asevera que “[l]os hechos imputados y

aceptados por el Lcdo. Dávila no se acercan al ‘clásico

ejemplo de desidia, despreocupación, crasa negligencia e

irresponsabilidad profesional’ que han dado pie a sanciones

severas

en

otros

casos

disciplinarios.”

Invoca

como

ejemplo nuestro dictamen en In re Collazo Maldonado, Rivera

Cabrera, 159 DPR 141 (2003).

Finalmente, enumeró lo que considera son atenuantes

que debemos considerar al ponderar la sanción a imponer.

Entre éstos destacan: que lleva 23 años en la profesión y

no ha sido objeto de sanciones previamente, que mantiene

una práctica privada atendiendo mayormente casos criminales

y que representa de oficio a una cantidad considerable de

acusados, que goza de buena reputación entre la comunidad y

que

la

querella

presentada

no

cuestiona

los

servicios

legales que se le brindaron al querellante ante el foro

primario.

El

asunto

quedó

sometido

así

ante

nuestra

consideración.

II

El Canon 9 de los Cánones de Ética Profesional le

impone a los miembros de la profesión legal el deber de

observar

para

con

los

tribunales

caracterice por el mayor respeto.

una

conducta

que

se

In re Grau Díaz, 154

CP-2008-16

9

D.P.R. 70, 75 (2001).

abogado

requiere

obediencia

a

las

de

La naturaleza de la función del

éste

una

escrupulosa

atención

órdenes

que

emiten

tribunales.

los

y

Desatender las órdenes dictadas constituye una grave ofensa

a la autoridad del tribunal en clara violación al mandato

expreso del Canon 9.

In re González Carrasquillo, 164

D.P.R. 813 (2005); In re Grau Díaz, supra; In re Maldonado

Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999); In re Otero Fernández, 145

D.P.R. 582 (1998).

“No podemos perder de vista que la abogacía cumple una

función

social

imprescindible

de

notable

a

la

importancia

realización

de

por

la

su

aportación

Justicia.

El

abogado, además de defensor de su cliente es colaborador de

la Justicia.”

In re Hoffman Mouriño, res. 7 de mayo de

2008, 176 D.P.R. ____, 2007 TSPR 114.

La responsabilidad

sobre

judicial

la

buena

marcha

del

proceso

es

una

compartida entre todos los estamentos que intervienen en

estos procesos, por lo que es compromiso ineludible de todo

abogado.

Por

In re Hoffman Mouriño, ante.

otro

lado,

el

Canon

18

recoge

el

deber

de

diligencia de todo abogado en la atención de los asuntos de

sus

clientes.

Este

deber

le

impone

al

abogado

la

obligación de desempeñarse de forma capaz y diligente al

defender los intereses de su cliente, desplegando en cada

caso su mejor conocimiento, actuando en aquella forma que

la

profesión

responsable.

jurídica

en

general

estime

adecuada

y

In re Castro Colón, res. 22 octubre de 2009,

178 DPR ___, 2010 TSPR 23.

El abogado incumple con este

CP-2008-16

10

deber cuando asume una representación legal consciente de

que no puede rendir una labor idónea y competente o que no

puede prepararse adecuadamente para el caso sin que ello

apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la

administración de la justicia.

In re Meléndez Figueroa,

166 D.P.R. 199 (2005); In re Collazo Maldonado, 159 D.P.R.

141 (2003).

Es responsabilidad de los profesionales del derecho

actuar con diligencia en la representación de su cliente,

por

lo

que

compromiso

aceptar

de

un

prestarle

encargo

entera

de

éste

atención

presupone

a

sus

el

asuntos.

Esta “dedicación no puede estar subordinada al cobro de los

honorarios o a cualquier otra circunstancia personal como,

por

ejemplo,

Aparisis

una

excesiva

Millares,

Ética

acumulación

y

de

trabajo.”

Deontología

para

A.

Juristas,

Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 2006, pág. 302.

Reiteradamente hemos establecido que todo miembro de

la profesión legal tiene el ineludible deber de defender

los intereses de su cliente con el compromiso de emplear la

mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la

más completa honradez.

In re Hoffman Mouriño, ante; In re

Meléndez Figueroa, ante; In re Martínez Miranda, 160 D.P.R.

____ (2003).

En In re Hoffman Mouriño, ante, aseveramos

categóricamente que todo abogado debe llevar a cabo “[s]u

gestión

profesional

habilidades

y

su

…

aplicando

desempeño

…

sus

conocimientos

profesional

adecuad[a], responsable, capaz y [eficaz]”.

Maldonado, ante;

[de

y

forma]

In re Collazo

In re Alonso Santiago, 165 D.P.R. 555;

CP-2008-16

11

In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 71 (2001).

dispuesto

que

aquella

actuación

En el pasado hemos

negligente

que

pueda

conllevar o en efecto conlleve, la desestimación o archivo

de un caso se configura, de suyo, en violación del Canon

18.

E.g., In re Guadalupe Díaz, 155 D.P.R. 135, 154-155

(2001).

En

In

siguiente:

re

Hoffman

Mouriño,

“Los

abogados,

como

ante,

aseveramos

oficiales

del

lo

tribunal,

tienen una función revestida de gran interés público que

genera obligaciones y responsabilidades duales para con sus

clientes

y

con

el

tribunal

en

la

administración

de

la

justicia. … Ello les impone el deber de asegurarse que sus

actuaciones

estén

dentro

encaminadas

de

cualquier

caso

en

a

lograr

las

controversias

que

que

intervengan

resueltas de una manera justa, rápida y económica.”

sean

Es por

ello que el deber de diligencia profesional del abogado es

del

todo

incompatible

displicencia.

con

la

desidia,

despreocupación

y

In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770, 776

(1994).

Enfatizamos que el deber de diligencia constituye una

obligación básica y elemental del abogado respecto de su

cliente.

Es éste un deber ético destinado a preservar no

sólo

lealtad

la

al

interés

defendido,

sino

también

al

“crédito social que demanda la alta función que desempeña y

que,

como

bien

jurídico

supremo,

sustenta

en

última

instancia la suma deontológica de la profesión.” R. Del

Rosal,

Normas

Deontológicas

de

Civitas, Madrid, 2002, pág.183.

la

Abogacía

Española,

Esta obligación ética no

CP-2008-16

12

sufre modificación “cuando la defensa se ejerce de oficio,

… pues resulta exigible exactamente la misma diligencia que

si la defensa le hubiera sido encomendada por su cliente de

(Énfasis nuestro.) Ibid.

forma particular.”

Apliquemos entonces la normativa antes reseñada a los

hechos que dieron base a la querella presentada.

III

En

el

caso

de

autos

el

licenciado

Dávila

Toro

incumplió reiteradamente las órdenes del tribunal apelativo

intermedio en el proceso de apelación en Pueblo v. David

Santiago Ortiz, KLAN-2005-1159 y además incumplió con el

pago de la sanción impuesta por ese incumplimiento.

Al día

de hoy, el querellado no ha pagado dicha sanción y arguye

ahora que no procede su pago porque el tribunal apelativo

se

declaró

sin

jurisdicción

para

atender

el

recurso

presentado, por lo que su determinación en cuanto a la

sanción

es

nula.

Por

otro

lado,

aunque

aceptó

su

incumplimiento con las órdenes del tribunal no ha aducido

razón válida para explicar su incumplimiento.

El foro apelativo emitió varias órdenes (Resoluciones

del

10

durante

de

octubre

el

de

2005

proceso

y

10

apelativo

de

noviembre

del

de

recurso

2005)

instado

encaminadas a procurar el perfeccionamiento de la apelación

presentada

acreditando

el

método

de

reproducción

de

la

prueba oral, conforme lo exigido por la Regla 29(b) del

Reglamento

del

Tribunal

de

Apelaciones.

El

licenciado

Dávila Toro hizo caso omiso de lo ordenado.

El 21 de

CP-2008-16

13

diciembre de 2005, ante el reiterado incumplimiento con las

resoluciones anteriores, el foro apelativo le impuso una

multa de $500 y le ordenó pagarla en un término de 3 días.

Además, le concedió un término adicional para acreditar el

método de reproducción de la prueba oral.

Dávila,

nuevamente,

ignoró

las

órdenes

El licenciado

del

Tribunal

de

Apelaciones.

El 21 de febrero de 2006 el foro apelativo emitió dos

Resoluciones en el recurso de apelación que pendía ante sí.

En una de ellas, refirió la conducta del licenciado Dávila

a la Oficina del Procurador General para su consideración.

En la otra, indicó que luego de una evaluación del recurso

presentado

surgía

con

claridad

que

éste

había

sido

presentado fuera del término jurisdiccional provisto para

ello por lo cual lo desestimó.

El licenciado Dávila Toro optó por ignorar las órdenes

del tribunal y no adujo razón o justificación alguna que

pudiera

explicar

su

desatención

a

éstas.

Tener

mucho

trabajo o litigar muchos casos de oficio no son razones

válidas que justifiquen su reiterado incumplimiento.

Por otro lado, en lo que respecta al impago de la

sanción impuesta, éste no puede escudarse con el argumento

de que el foro apelativo se declaró sin jurisdicción en el

caso

instado

impuesta.

por

Ya

responsabilidad

lo

que

era

improcedente

la

indicamos

que

todo

tiene

ética

de

atender

los

abogado

dictámenes

sanción

de

una

los

tribunales ante los que postula, y su conducta se tiene que

caracterizar por el mayor respeto y la diligencia en el

CP-2008-16

14

cumplimiento de lo ordenado.

Si se considera que el foro

ante el cual se está no tiene jurisdicción sobre un asunto

o

emite

una

orden

erróneamente,

lo

que

procede

es,

o

solicitar reconsideración del dictamen que se cuestiona o

acudir en alzada.

Lo que no se puede hacer es lo que hizo

el querellante, ignorar al tribunal.

Si

el

sanción

licenciado

económica

Dávila

impuesta

Toro

debió

entendía

haber

errónea

presentado

la

una

moción de reconsideración fundamentada o haber acudido en

alzada ante este Tribunal a impugnarla.

era

hacer

caso

tribunal

pues

autoridad

de

decidir

ellos

omiso

ello

los

ordenamiento

de

las

constituye

tribunales.

qué

les

Lo que no procedía

órdenes

un

dictadas

serio

Los

por

el

a

la

agravio

abogados

no

y

no.

El

mecanismos

para

órdenes

acatar

provee

distintos

cuáles

pueden

cuestionar aquellos dictámenes que consideren erróneos, si

no se utilizan y se opta por ignorarlos, deberán entonces

aceptar las consecuencias de sus acciones u omisiones.

Por

todo

lo

anterior

concluimos

que,

sin

duda,

el

licenciado Dávila Toro incurrió en una violación al Canon 9

de Ética Profesional.

De otra parte, en Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR

883, 889 (1993) expresamos que “la representación legal, en

la etapa apelativa, es de particular importancia ya que

esta

etapa

del

procedimiento

penal

es

la

única

--y

posiblemente última-- oportunidad que tiene el acusado para

demostrar que su convicción es una contraria a derecho.”

En Ortiz Couvertier, ante, indicamos también que el derecho

CP-2008-16

de

todo

15

acusado

a

tener

una

asistencia

de

abogado

se

entiende infringido “cuando el abogado de un acusado, no

obstante haber sido expresamente instruido por éste para

que apela de la sentencia que le ha sido impuesta, radica

el escrito correspondiente fuera del término jurisdiccional

que para ellos provee nuestro ordenamiento jurídico… ello

independiente del hecho que el abogado sea uno de oficio o

haya sido escogido libremente por el acusado.”

pág. 892.

132 D.P.R.

(Énfasis en original)

No existiendo controversia alguna respecto al hecho de

que

la

apelación

presentada

en

este

caso

se

presentó

transcurrido ya el término jurisdiccional, es evidentemente

que

el

licenciado

Dávila

Toro

Canon 18 de Ética Profesional.

incurrió

en

violación

al

Recalcamos que el estándar

de conducta exigible a los abogados que atienden casos de

oficio es idéntico a si se tratara de un abogado que ha

sido

escogido

libremente

por

el

acusado.

Una

vez

el

licenciado Dávila asumió la representación del querellante,

éste tenía una obligación ética de preservar el derecho de

apelación

del

acusado,

independientemente

de

que

éste

entendiese que no iban a prevalecer en la apelación.

Como indicamos ya, no albergamos duda que la conducta

del licenciado Dávila Toro no estuvo a la altura de áquella

que

esperamos

puertorriqueña.

de

los

miembros

de

la

profesión

legal

Reconocemos que el licenciado Dávila Toro

ha asumido la representación de oficio de muchos acusados,

ese hecho, no obstante, no detracta de su desviación ética.

Debemos tener muy presente que el caso que originó esta

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controversia es uno de carácter penal donde lo que está en

juego

es

juicio,

la

libertad

requiere

diligencia

y

de

un

una

grado

rigurosidad

en

persona.

Ello,

mayor

responsabilidad,

el

de

manejo

de

a

los

nuestro

asuntos

procesales.

Adviértase además que, al día de hoy, el licenciado

Dávila no ha pagado la sanción que le fue impuesta por el

Tribunal de Apelaciones.

En

atención

a

lo

cual,

somos

del

criterio

que

la

conducta del licenciado Dávila Toro amerita que éste sea

suspendido inmediatamente del ejercicio de la profesión por

un

periodo

de

tres

(3)

meses;

término

que

comenzará

a

contarse a partir de la notificación de la presente Opinión

y Sentencia.

Le imponemos el deber de notificar a todos

sus clientes de su inhabilidad de seguir representándoles,

devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajo no

realizados, e informar oportunamente de su suspensión a los

foros judiciales y administrativos del país.

certificarnos

dentro

del

término

de

Además deberá

treinta

(30)

días,

contados a partir de la notificación de esta Opinión Per

Curiam, el cumplimiento de estos deberes.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re

CP-2008-16

Arturo L. Dávila Toro

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2010

Por los fundamentos expresados en la Opinión

Per Curiam que antecede, los cuales se incorpora

íntegramente a la presente, ordenamos la separación

inmediata

del

ejercicio

de

la

abogacía

del

licenciado Arturo L. Dávila Toro, por el término de

tres

(3)

meses,

contados

a

partir

de

la

notificación de la presente Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Le imponemos al licenciado Dávila Toro el

deber de notificar a todos sus clientes de su

inhabilidad de seguir representándoles, devolver

cualesquiera honorarios recibidos por trabajo no

realizados,

e

informar

oportunamente

de

su

suspensión a los foros judiciales y administrativos

del país.

Además deberá certificarnos dentro del

término de treinta (30) días, contados a partir de

la notificación de esta Opinión Per Curiam, el

cumplimento de estos deberes.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

Aida Ileana Oquendo Gralau

Secretaria del Tribunal Supremo