Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Arturo L. Dávila Toro
2010 TSPR 195
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Arturo L. Dávila Toro
CP-2008-16
Conducta Profesional – Suspensión temporera (3 meses) de la abogacía por violación a los Cánones 9 y 18 de Ética Profesional
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2010 TSPR 195
179 DPR ____
Arturo L. Dávila Toro
Número del Caso: CP-2008-16
Fecha: 30 de agosto de 2010
Oficina del Procurador General:
Lcda. Noemí Rivera de León
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Abogado de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Miguel A. Pérez Vargas
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión será efectiva el 2 de septiembre de 2010,
Fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión
inmediata e indefinida)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las
decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace
como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
Arturo L. Dávila Toro
CP-2008-16
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2010
El licenciado Arturo Dávila Toro fue admitido al
ejercicio de la profesión legal el 13 de agosto de
1986.
La presente controversia se relaciona con su
desempeño profesional durante el trámite apelativo
en el caso Pueblo v. David Santiago Ortiz, KLAN2005-1159.
Pasemos a repasar los hechos de este
caso.
I
El señor David Santiago Ortiz presentó ante este
Tribunal una queja en contra del licenciado Dávila
Toro en la que alegó que éste le había representado
en un caso penal en el cual fue hallado culpable y
CP-2008-16
2
que le encomendó que apelara la sentencia dictada, lo que
el querellado hizo pero transcurrido ya el término para
apelar por lo que el tribunal desestimó el recurso por
carecer de jurisdicción.
Recibida la queja, la referimos
al Procurador General para su evaluación e informe.
El
26
de
abril
de
rindió su informe.
2007
el
Procurador
General
nos
En éste nos indicó que esa Oficina
había recibido previamente del Tribunal de Apelaciones un
referido, precisamente, sobre el trámite apelativo en el
caso
del
señor
Santiago
Ortiz
consolidar
ambos
asuntos.
El
licenciado
Dávila
Toro
había
y
había
informe
procedido
indicaba
representado
de
a
que
el
oficio
al
señor Santiago Ortiz en un proceso penal en el que éste fue
hallado culpable y en el que se pronunció sentencia el 18
de
agosto
de
2005.
El
licenciado
Dávila
asumió
la
representación profesional del querellante en la etapa de
vista
preliminar.
El
26
de
septiembre
de
2005
el
licenciado Dávila presentó el escrito de apelación en ese
caso ante el Tribunal de Apelaciones.
Presentado el recurso apelativo se suscitaron varios
incidentes relacionados con la reproducción de la prueba
oral.
El
10
de
octubre
de
2005
el
foro
apelativo
intermedio emitió una Resolución en la que le solicitó al
apelante que acreditara el método de reproducción de la
prueba
oral.
alguna
en
El
licenciado
respuesta
a
Dávila
la
no
orden
presentó
del
moción
tribunal.
Posteriormente, el 10 de noviembre de 2005, el tribunal
apelativo
emitió
una
nueva
Resolución
ordenando
que
se
CP-2008-16
cumpliese
3
con
la
orden
dictada
el
10
de
octubre
y
advirtiéndole a la parte apelante que el incumplimiento con
lo
ordenado
podría
disciplinarias.
conllevar
severas
sanciones
Nuevamente el licenciado Dávila hizo caso
omiso a lo ordenado.
Ante su reiterado incumplimiento, el
21
2005
de
diciembre
de
el
Tribunal
de
Apelaciones
le
impuso una sanción económica de $500 y le concedió un nuevo
término para informar sobre la prueba oral y el método para
su reproducción.
El licenciado Dávila ignoró al tribunal y
nada dijo sobre la reproducción de la prueba oral como
tampoco pagó la sanción impuesta.
Así
las
cosas,
el
21
de
febrero
de
2006
el
foro
apelativo desestimó la apelación presentada porque ésta se
presentó transcurrido el término jurisdiccional para ello.
La Resolución desestimando la apelación le fue notificada
al confinado a través del Secretario del Departamento de
Corrección y Rehabilitación.
El Procurador General nos indicó en su informe además,
que el querellado respondió a la queja presentada mediante
una
extensa
carta
en
la
que
relataba
su
trayectoria
profesional resaltando su extenso trabajo en casos penales
como abogado de oficio.
El querellado indicó que el efecto
acumulativo de esta representación de oficio fue en extremo
perjudicial para él no tan sólo económicamente, pues no
recibía remuneración regularmente, sino también físicamente
pues le provocó un agotamiento extremo.
En cuanto al asunto relacionado con el señor Santiago
Ortiz admitió que la apelación se presentó tardíamente.
No
CP-2008-16
4
obstante, aclaró que siempre le dijo a su cliente que era
fútil apelar su sentencia, específicamente porque éste, el
acusado,
había
admitido
caso.
Esta
admisión,
mientras
el
acusado
voluntariamente
informa
estaba
el
los
hechos
querellado,
acompañado
por
un
se
del
hizo
abogado.
Señaló también que debido a que no se logró un acuerdo con
fiscalía
el
quejoso
procedió
a
someterse
a
un
juicio.
Indicó que él luchó por su cliente pero que fue encontrado
culpable y condenado a 99 años de prisión.
El licenciado Dávila Toro indicó, que una vez recayó
sentencia, el quejoso insistió en que se apelara su caso y
le insinuó que si no lo hacía le presentaría una queja
ética.
En
su
escrito
ante
el
Procurador
General
el
querellado criticó el sistema de asignación de casos de
oficio.
Indicó que éste no disponía de parámetros claros
respecto hasta dónde debían llegar los servicios que se
prestan a los clientes de oficio, por lo que, aduce, ante
esa falta de claridad y la intimidación del quejoso, “a
última hora” decidió presentar la apelación.
Señaló que no
ha sido su intención desobedecer las órdenes del tribunal.
Evaluados los hechos antes relatados, el Procurador
General concluyó que las actuaciones del licenciado Dávila
Toro configuraron violaciones a los Cánones 9 y 18 del
Código de Ética Profesional.
informe,
le
ordenamos
que
4 LPRA Ap. IX.
presentara
la
Recibido el
correspondiente
querella, lo que hizo el 25 de agosto de 2008.
El 1ero de
diciembre de 2008 se diligenció la querella presentada y se
le
concedió
un
término
al
querellado
para
que
la
CP-2008-16
5
contestara.
El 28 de enero de 2009 le concedimos un nuevo
término para que replicara a la querella.
El licenciado
Dávila Toro no contestó la querella.
Posteriormente,
designamos
a
la
licenciada
Eliadís
Orsini Zayas como Comisionada Especial para que recibiera
la prueba y nos rindiera un informe con sus determinaciones
de hechos y las recomendaciones que estimase pertinente.
Eventualmente la Comisionada dio por contestada la querella
a base de la contestación que el licenciado Dávila Toro
ofreció a la Oficina del Procurador General.
Luego de
varios
vistas
ante
la
sometido
por
el
incidentes
Comisionada
procesales
Especial,
el
incluyendo
asunto
quedó
expediente del caso.
El 25 de septiembre de 2009 el querellado presentó un
memorando de atenuantes ante la Comisionada Especial ya que
él había aceptado los hechos imputados en la querella.
El
escrito
su
presentado
sigue
los
mismos
parámetros
que
contestación ante la Oficina del Procurador General.
Nos
relata
y
los
le
ha
su
práctica
extensa
como
en
casos
de
personales,
oficio
problemas
económicos,
que
ello
supuesto.
Resaltó nuevamente que le había recomendado a su
cliente no presentar una apelación y que finalmente lo hizo
al sentirse intimidado por las amenazas de éste.
Admitió
haber incurrido en las faltas que se le imputaban en la
querella,
reconociendo
acusado
estar
a
apelativa.”
apelativo
“ha
adecuadamente
Informó
se
que
además
encontraba
violado
un
representado
que
derecho
en
durante
padeciendo
serios
el
la
al
etapa
proceso
problemas
CP-2008-16
6
personales
y
económicos
que
“le
provocaron
un
serio
desgaste físico y mental con las consecuencias que tenemos
ante nos.”
La Comisionada rindió su informe el 9 de noviembre de
2009.
En
éste
General,
que
violaciones
concluyó,
al
acciones
del
a
Cánones
las
éticas
Profesional.
los
igual
que
el
querellado
9
y
Procurador
configuraron
18
de
Ética
Nos recomendó, como sanción, la suspensión
del ejercicio de la abogacía del querellado por el término
de veinte y cuatro meses.
Específicamente indicó, que si bien es cierto que el
querellado había aceptado los hechos, éste “no había sido
del todo sincero ni veraz en dicha aceptación, [pues] ha
tergiversa[]do
los
trámites
de
apelación,
ha
omitido
exponer con veracidad información relevante a los asuntos
materiales considerados en estos procedimientos de conducta
profesional; todo con el objetivo evidente de fundamentar
unos
alegados
atenuantes
relacionados
con
encargada
méritos
de
la
apelación
que
cliente;
y
en
el
de
oficio.”
hecho
le
su
fue
gran
la
cúmulo
falta
de
de
por
su
caos
de
Prosigue la Comisionada Especial indicando que
“[l]a conducta posterior del querellado no refleja actos
para subsanar en algo su comportamiento, ya que ni siquiera
a la fecha de estos procedimientos ante este Tribunal ha
pagado
las
sanciones
económicas,
a
pesar
de
que
varias
veces esta Comisionada le preguntó si las había satisfecho
y si alguna razón válida tenía para no satisfacerlas, a lo
cual solo informaba que no las había pagado.”
Nos informa
CP-2008-16
que
el
7
querellado
cliente.
solicitud
“Por
de
no
el
su
ha
excusado
contrario,
cliente
de
el
su
proceder
abogado
apelar
la
con
su
desprecia
la
sentencia
con
el
fundamento de que como había resultado convicto con una
prueba FUERTE, la apelación requerida por su cliente era un
ejercicio fútil.”
(Énfasis en original.)
El querellado presentó su oposición al informe de la
Comisionada.
En su escrito cuestionó la objetividad de la
Comisionada
imputándole
prejuicio
y
parcialidad,
pues
considera que ésta “insiste en desacreditar el carácter del
querellado con imputaciones de deshonestidad y mendacidad
que no forman parte de la prueba ni son parte de los cargos
radicados en la querella.”
A modo de ejemplo, impugnó la
conclusión de la Comisionada de que el querellado presentó
tardíamente su recurso de apelación “con pleno conocimiento
de que se presentaba tardíamente.”
Cuestionó además la procedencia de la sanción que le
impuso el Tribunal de Apelaciones.
foro
se
declaró
sin
Argumentó que como este
jurisdicción
en
el
caso
no
podía
tomar
por
carecer
determinación
alguna
de
jurisdicción.
Por lo que considera que la sanción impuesta
era nula y no se le podía exigir al licenciado Dávila que
la pagase.
Específicamente se señala: “habiéndose impuesto
esta sanción por el Tribunal Apelativo en un caso donde no
tenía jurisdicción y donde cualquier acción o dictamen es
nulo,
no
entendemos
vehementemente
a
un
como
(sic)
abogado,
se
como
le
la
puede
(sic)
exigir
hace
la
CP-2008-16
honorable
8
Comisionada
en
su
informe,
el
pago
de
dichas
sanciones como un medio de subsanar sus incumplimientos.”
El querellado objetó además la sanción recomendada por
la
Comisionada
por
desproporcionado.”
estimarla
“en
un
castigo
excesivo
y
Asevera que “[l]os hechos imputados y
aceptados por el Lcdo. Dávila no se acercan al ‘clásico
ejemplo de desidia, despreocupación, crasa negligencia e
irresponsabilidad profesional’ que han dado pie a sanciones
severas
en
otros
casos
disciplinarios.”
Invoca
como
ejemplo nuestro dictamen en In re Collazo Maldonado, Rivera
Cabrera, 159 DPR 141 (2003).
Finalmente, enumeró lo que considera son atenuantes
que debemos considerar al ponderar la sanción a imponer.
Entre éstos destacan: que lleva 23 años en la profesión y
no ha sido objeto de sanciones previamente, que mantiene
una práctica privada atendiendo mayormente casos criminales
y que representa de oficio a una cantidad considerable de
acusados, que goza de buena reputación entre la comunidad y
que
la
querella
presentada
no
cuestiona
los
servicios
legales que se le brindaron al querellante ante el foro
primario.
El
asunto
quedó
sometido
así
ante
nuestra
consideración.
II
El Canon 9 de los Cánones de Ética Profesional le
impone a los miembros de la profesión legal el deber de
observar
para
con
los
tribunales
caracterice por el mayor respeto.
una
conducta
que
se
In re Grau Díaz, 154
CP-2008-16
9
D.P.R. 70, 75 (2001).
abogado
requiere
obediencia
a
las
de
La naturaleza de la función del
éste
una
escrupulosa
atención
órdenes
que
emiten
tribunales.
los
y
Desatender las órdenes dictadas constituye una grave ofensa
a la autoridad del tribunal en clara violación al mandato
expreso del Canon 9.
In re González Carrasquillo, 164
D.P.R. 813 (2005); In re Grau Díaz, supra; In re Maldonado
Rivera, 147 D.P.R. 380 (1999); In re Otero Fernández, 145
D.P.R. 582 (1998).
“No podemos perder de vista que la abogacía cumple una
función
social
imprescindible
de
notable
a
la
importancia
realización
de
por
la
su
aportación
Justicia.
El
abogado, además de defensor de su cliente es colaborador de
la Justicia.”
In re Hoffman Mouriño, res. 7 de mayo de
2008, 176 D.P.R. ____, 2007 TSPR 114.
La responsabilidad
sobre
judicial
la
buena
marcha
del
proceso
es
una
compartida entre todos los estamentos que intervienen en
estos procesos, por lo que es compromiso ineludible de todo
abogado.
Por
In re Hoffman Mouriño, ante.
otro
lado,
el
Canon
18
recoge
el
deber
de
diligencia de todo abogado en la atención de los asuntos de
sus
clientes.
Este
deber
le
impone
al
abogado
la
obligación de desempeñarse de forma capaz y diligente al
defender los intereses de su cliente, desplegando en cada
caso su mejor conocimiento, actuando en aquella forma que
la
profesión
responsable.
jurídica
en
general
estime
adecuada
y
In re Castro Colón, res. 22 octubre de 2009,
178 DPR ___, 2010 TSPR 23.
El abogado incumple con este
CP-2008-16
10
deber cuando asume una representación legal consciente de
que no puede rendir una labor idónea y competente o que no
puede prepararse adecuadamente para el caso sin que ello
apareje gastos o demoras irrazonables a su cliente o a la
administración de la justicia.
In re Meléndez Figueroa,
166 D.P.R. 199 (2005); In re Collazo Maldonado, 159 D.P.R.
141 (2003).
Es responsabilidad de los profesionales del derecho
actuar con diligencia en la representación de su cliente,
por
lo
que
compromiso
aceptar
de
un
prestarle
encargo
entera
de
éste
atención
presupone
a
sus
el
asuntos.
Esta “dedicación no puede estar subordinada al cobro de los
honorarios o a cualquier otra circunstancia personal como,
por
ejemplo,
Aparisis
una
excesiva
Millares,
Ética
acumulación
y
de
trabajo.”
Deontología
para
A.
Juristas,
Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 2006, pág. 302.
Reiteradamente hemos establecido que todo miembro de
la profesión legal tiene el ineludible deber de defender
los intereses de su cliente con el compromiso de emplear la
mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y la
más completa honradez.
In re Hoffman Mouriño, ante; In re
Meléndez Figueroa, ante; In re Martínez Miranda, 160 D.P.R.
____ (2003).
En In re Hoffman Mouriño, ante, aseveramos
categóricamente que todo abogado debe llevar a cabo “[s]u
gestión
profesional
habilidades
y
su
…
aplicando
desempeño
…
sus
conocimientos
profesional
adecuad[a], responsable, capaz y [eficaz]”.
Maldonado, ante;
[de
y
forma]
In re Collazo
In re Alonso Santiago, 165 D.P.R. 555;
CP-2008-16
11
In re Grau Díaz, 154 D.P.R. 71 (2001).
dispuesto
que
aquella
actuación
En el pasado hemos
negligente
que
pueda
conllevar o en efecto conlleve, la desestimación o archivo
de un caso se configura, de suyo, en violación del Canon
18.
E.g., In re Guadalupe Díaz, 155 D.P.R. 135, 154-155
(2001).
En
In
siguiente:
re
Hoffman
Mouriño,
“Los
abogados,
como
ante,
aseveramos
oficiales
del
lo
tribunal,
tienen una función revestida de gran interés público que
genera obligaciones y responsabilidades duales para con sus
clientes
y
con
el
tribunal
en
la
administración
de
la
justicia. … Ello les impone el deber de asegurarse que sus
actuaciones
estén
dentro
encaminadas
de
cualquier
caso
en
a
lograr
las
controversias
que
que
intervengan
resueltas de una manera justa, rápida y económica.”
sean
Es por
ello que el deber de diligencia profesional del abogado es
del
todo
incompatible
displicencia.
con
la
desidia,
despreocupación
y
In re Padilla Pérez, 135 D.P.R. 770, 776
(1994).
Enfatizamos que el deber de diligencia constituye una
obligación básica y elemental del abogado respecto de su
cliente.
Es éste un deber ético destinado a preservar no
sólo
lealtad
la
al
interés
defendido,
sino
también
al
“crédito social que demanda la alta función que desempeña y
que,
como
bien
jurídico
supremo,
sustenta
en
última
instancia la suma deontológica de la profesión.” R. Del
Rosal,
Normas
Deontológicas
de
Civitas, Madrid, 2002, pág.183.
la
Abogacía
Española,
Esta obligación ética no
CP-2008-16
12
sufre modificación “cuando la defensa se ejerce de oficio,
… pues resulta exigible exactamente la misma diligencia que
si la defensa le hubiera sido encomendada por su cliente de
(Énfasis nuestro.) Ibid.
forma particular.”
Apliquemos entonces la normativa antes reseñada a los
hechos que dieron base a la querella presentada.
III
En
el
caso
de
autos
el
licenciado
Dávila
Toro
incumplió reiteradamente las órdenes del tribunal apelativo
intermedio en el proceso de apelación en Pueblo v. David
Santiago Ortiz, KLAN-2005-1159 y además incumplió con el
pago de la sanción impuesta por ese incumplimiento.
Al día
de hoy, el querellado no ha pagado dicha sanción y arguye
ahora que no procede su pago porque el tribunal apelativo
se
declaró
sin
jurisdicción
para
atender
el
recurso
presentado, por lo que su determinación en cuanto a la
sanción
es
nula.
Por
otro
lado,
aunque
aceptó
su
incumplimiento con las órdenes del tribunal no ha aducido
razón válida para explicar su incumplimiento.
El foro apelativo emitió varias órdenes (Resoluciones
del
10
durante
de
octubre
el
de
2005
proceso
y
10
apelativo
de
noviembre
del
de
recurso
2005)
instado
encaminadas a procurar el perfeccionamiento de la apelación
presentada
acreditando
el
método
de
reproducción
de
la
prueba oral, conforme lo exigido por la Regla 29(b) del
Reglamento
del
Tribunal
de
Apelaciones.
El
licenciado
Dávila Toro hizo caso omiso de lo ordenado.
El 21 de
CP-2008-16
13
diciembre de 2005, ante el reiterado incumplimiento con las
resoluciones anteriores, el foro apelativo le impuso una
multa de $500 y le ordenó pagarla en un término de 3 días.
Además, le concedió un término adicional para acreditar el
método de reproducción de la prueba oral.
Dávila,
nuevamente,
ignoró
las
órdenes
El licenciado
del
Tribunal
de
Apelaciones.
El 21 de febrero de 2006 el foro apelativo emitió dos
Resoluciones en el recurso de apelación que pendía ante sí.
En una de ellas, refirió la conducta del licenciado Dávila
a la Oficina del Procurador General para su consideración.
En la otra, indicó que luego de una evaluación del recurso
presentado
surgía
con
claridad
que
éste
había
sido
presentado fuera del término jurisdiccional provisto para
ello por lo cual lo desestimó.
El licenciado Dávila Toro optó por ignorar las órdenes
del tribunal y no adujo razón o justificación alguna que
pudiera
explicar
su
desatención
a
éstas.
Tener
mucho
trabajo o litigar muchos casos de oficio no son razones
válidas que justifiquen su reiterado incumplimiento.
Por otro lado, en lo que respecta al impago de la
sanción impuesta, éste no puede escudarse con el argumento
de que el foro apelativo se declaró sin jurisdicción en el
caso
instado
impuesta.
por
Ya
responsabilidad
lo
que
era
improcedente
la
indicamos
que
todo
tiene
ética
de
atender
los
abogado
dictámenes
sanción
de
una
los
tribunales ante los que postula, y su conducta se tiene que
caracterizar por el mayor respeto y la diligencia en el
CP-2008-16
14
cumplimiento de lo ordenado.
Si se considera que el foro
ante el cual se está no tiene jurisdicción sobre un asunto
o
emite
una
orden
erróneamente,
lo
que
procede
es,
o
solicitar reconsideración del dictamen que se cuestiona o
acudir en alzada.
Lo que no se puede hacer es lo que hizo
el querellante, ignorar al tribunal.
Si
el
sanción
licenciado
económica
Dávila
impuesta
Toro
debió
entendía
haber
errónea
presentado
la
una
moción de reconsideración fundamentada o haber acudido en
alzada ante este Tribunal a impugnarla.
era
hacer
caso
tribunal
pues
autoridad
de
decidir
ellos
omiso
ello
los
ordenamiento
de
las
constituye
tribunales.
qué
les
Lo que no procedía
órdenes
un
dictadas
serio
Los
por
el
a
la
agravio
abogados
no
y
no.
El
mecanismos
para
órdenes
acatar
provee
distintos
cuáles
pueden
cuestionar aquellos dictámenes que consideren erróneos, si
no se utilizan y se opta por ignorarlos, deberán entonces
aceptar las consecuencias de sus acciones u omisiones.
Por
todo
lo
anterior
concluimos
que,
sin
duda,
el
licenciado Dávila Toro incurrió en una violación al Canon 9
de Ética Profesional.
De otra parte, en Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR
883, 889 (1993) expresamos que “la representación legal, en
la etapa apelativa, es de particular importancia ya que
esta
etapa
del
procedimiento
penal
es
la
única
--y
posiblemente última-- oportunidad que tiene el acusado para
demostrar que su convicción es una contraria a derecho.”
En Ortiz Couvertier, ante, indicamos también que el derecho
CP-2008-16
de
todo
15
acusado
a
tener
una
asistencia
de
abogado
se
entiende infringido “cuando el abogado de un acusado, no
obstante haber sido expresamente instruido por éste para
que apela de la sentencia que le ha sido impuesta, radica
el escrito correspondiente fuera del término jurisdiccional
que para ellos provee nuestro ordenamiento jurídico… ello
independiente del hecho que el abogado sea uno de oficio o
haya sido escogido libremente por el acusado.”
pág. 892.
132 D.P.R.
(Énfasis en original)
No existiendo controversia alguna respecto al hecho de
que
la
apelación
presentada
en
este
caso
se
presentó
transcurrido ya el término jurisdiccional, es evidentemente
que
el
licenciado
Dávila
Toro
Canon 18 de Ética Profesional.
incurrió
en
violación
al
Recalcamos que el estándar
de conducta exigible a los abogados que atienden casos de
oficio es idéntico a si se tratara de un abogado que ha
sido
escogido
libremente
por
el
acusado.
Una
vez
el
licenciado Dávila asumió la representación del querellante,
éste tenía una obligación ética de preservar el derecho de
apelación
del
acusado,
independientemente
de
que
éste
entendiese que no iban a prevalecer en la apelación.
Como indicamos ya, no albergamos duda que la conducta
del licenciado Dávila Toro no estuvo a la altura de áquella
que
esperamos
puertorriqueña.
de
los
miembros
de
la
profesión
legal
Reconocemos que el licenciado Dávila Toro
ha asumido la representación de oficio de muchos acusados,
ese hecho, no obstante, no detracta de su desviación ética.
Debemos tener muy presente que el caso que originó esta
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controversia es uno de carácter penal donde lo que está en
juego
es
juicio,
la
libertad
requiere
diligencia
y
de
un
una
grado
rigurosidad
en
persona.
Ello,
mayor
responsabilidad,
el
de
manejo
de
a
los
nuestro
asuntos
procesales.
Adviértase además que, al día de hoy, el licenciado
Dávila no ha pagado la sanción que le fue impuesta por el
Tribunal de Apelaciones.
En
atención
a
lo
cual,
somos
del
criterio
que
la
conducta del licenciado Dávila Toro amerita que éste sea
suspendido inmediatamente del ejercicio de la profesión por
un
periodo
de
tres
(3)
meses;
término
que
comenzará
a
contarse a partir de la notificación de la presente Opinión
y Sentencia.
Le imponemos el deber de notificar a todos
sus clientes de su inhabilidad de seguir representándoles,
devolver cualesquiera honorarios recibidos por trabajo no
realizados, e informar oportunamente de su suspensión a los
foros judiciales y administrativos del país.
certificarnos
dentro
del
término
de
Además deberá
treinta
(30)
días,
contados a partir de la notificación de esta Opinión Per
Curiam, el cumplimiento de estos deberes.
Se dictará sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re
CP-2008-16
Arturo L. Dávila Toro
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2010
Por los fundamentos expresados en la Opinión
Per Curiam que antecede, los cuales se incorpora
íntegramente a la presente, ordenamos la separación
inmediata
del
ejercicio
de
la
abogacía
del
licenciado Arturo L. Dávila Toro, por el término de
tres
(3)
meses,
contados
a
partir
de
la
notificación de la presente Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Le imponemos al licenciado Dávila Toro el
deber de notificar a todos sus clientes de su
inhabilidad de seguir representándoles, devolver
cualesquiera honorarios recibidos por trabajo no
realizados,
e
informar
oportunamente
de
su
suspensión a los foros judiciales y administrativos
del país.
Además deberá certificarnos dentro del
término de treinta (30) días, contados a partir de
la notificación de esta Opinión Per Curiam, el
cumplimento de estos deberes.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
Aida Ileana Oquendo Gralau
Secretaria del Tribunal Supremo