Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Ángel L. Morales Rodríguez
2010 TSPR 188
Poder Judicial de Puerto Rico
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TS-7575
Conducta Profesional- Suspensión inmediata e indefinida de la abogacía y la notaría por incumplimiento con órdenes del Tribunal y disposiciones de la Regla 9 (j) del Reglamento del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
2010 TSPR 188
In re:
179 DPR ____
Ángel L. Morales Rodríguez
Número del Caso: TS-7575
Fecha: 19 de agosto de 2010
Oficina de Inspección de Notarías:
Lcda. Lourdes Quintana LLorens
Directora
Materia: Conducta Profesional
(La suspensión será efectiva el 24 de agosto de
2010,
fecha en que se le notificó al abogado de su suspensión
inmediata e indefinida.)
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Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-7575
Ángel L. Morales Rodríguez
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2010.
Nuevamente nos
indefinidamente
un
vemos forzados
a suspender
abogado
la
de
práctica
notarial por incumplir con nuestras órdenes y la
Regla 9(j) del Reglamento de este Tribunal, 4
L.P.R.A. Ap. XXI-A, R.9(j).
I
El
Lcdo.
Ángel
L.
Morales
Rodríguez
fue
admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de
noviembre de 1982, y el 17 de enero de 1983 al
ejercicio de la notaría.
El 30 de diciembre de
2010,
I.
la
Directora
Lcda.
de
Lourdes
la
Oficina
Quintana
de
Lloréns,
Inspección
de
TS-7575
2
Notarías, presentó un informe sobre la obra notarial del
licenciado
Morales
Rodríguez.
En
ese
informe,
la
licenciada Quintana Lloréns nos indicó que la obra notarial
del licenciado Morales Rodríguez para los años 1988, 1989,
y 1992 al 1995, había sido inspeccionada conforme a la
resolución que emitimos el 11 de octubre de 2002.
que
la
inspección
realizada
reveló
que
el
Añadió
licenciado
Morales Rodríguez adeuda la suma de $2,866.00 por concepto
de aranceles en sus protocolos y Registro de Testimonios, y
que
las
gestiones
deficiencias
realizadas
pendientes
para
fuesen
lograr
corregidas
que
las
han
sido
infructuosas.
Visto el informe presentado por la licenciada Quintana
Lloréns, el 29 de enero de 2010 emitimos una resolución.
En ella, le concedimos al licenciado Morales Rodríguez un
término
de
veinte
deficiencias
(20)
días
encontradas
en
para
su
que
obra
subsanara
notarial
y
las
le
apercibimos que su incumplimiento con los términos de la
resolución
conllevaría
su
suspensión
automática
del
ejercicio de la abogacía.
El 11 de febrero 2010, el Sr. Edgardo Vargas Santana,
alguacil
de
resolución
devuelto
este
Tribunal,
diligenció
antes
descrita.
Dicho
como
negativo,
pues
el
personalmente
la
diligenciamiento
fue
licenciado
Morales
Rodríguez ya no residía en la dirección suministrada por la
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3
Secretaría
de
este
Tribunal.
Además,
sus
números
telefónicos estaban fuera de servicio.
Posteriormente, el 19 de mayo de 2010, la licenciada
Quintana Lloréns presentó un segundo informe sobre la obra
notarial
del
licenciado
Morales
Rodríguez.
En
dicho
informe la licenciada Quintana Lloréns nos expresó que la
obra
notarial
del
licenciado
Morales
Rodríguez
aún
permanece en las mismas condiciones antes descritas y que
éste no se ha comunicado de manera alguna con la Oficina de
Inspección
de
Notarías
para
corregir
las
deficiencias
identificadas.
II
Todo abogado admitido a practicar la profesión tiene
el deber ineludible de responder con premura y diligencia
los
requerimientos
Justicia.
que
le
hace
el
Tribunal
General
de
In re Tió Fernández, res. el 14 de abril de
2010, 2010 T.S.P.R. 94; In re Cubero Feliciano I, res. el 7
de
abril
de
2009,
2009
T.S.P.R.
81.
Cónsono
con
lo
anterior, en múltiples ocasiones hemos enfatizado que la
naturaleza pública de la profesión de la abogacía le impone
a
todo
abogado
requerimientos
disciplinarias.
la
más
rigurosa
relacionados
con
observancia
a
los
investigaciones
In re Rosado Cruz, res. el 2 de octubre de
2009, 2009 T.S.P.R. 174; In re: Ramírez Ferrer, 164 D.P.R.
744 (2005); In re: Pérez Brasa, 155 D.P.R. 813 (2001).
“Es
obligación
los
de
todo
abogado
responder
diligentemente
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requerimientos
relacionados
a
un
disciplinario seguido en su contra”.
Ello,
supra.
sin
importar
que
los
procedimiento
In re Rosado Cruz,
requerimientos
sean
realizados por el Procurador General o, como en el caso
ante nos, por este Tribunal.
In re Rosado Cruz, supra; In
re: Cuevas Vélez, 157 D.P.R. 129 (2002); In re: Vázquez
Santiago,
155
D.P.R.
926
(2001);
In
re:
Izquierdo,
126
D.P.R. 202, 205 (1990).
Además, hemos reiterado que “ignorar las órdenes de
este
Tribunal
conlleva
disciplinarias severas”.
la
imposición
de
sanciones
In re Rosado Cruz, supra.
“Ello
[ocurre] por tratarse de una conducta que contraviene con
las normas éticas que regulan la profesión de la abogacía”.
In re Rosado Cruz, supra; In re: Ramírez Ferrer, supra; In
re:
Vargas
Soto,
146
D.P.R.
55
(1988).
Aun
más,
la
desatención a las órdenes de este Tribunal constituye una
violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4
L.P.R.A. Ap. IX, C.9, en cuanto la exigencia de respeto
hacia los tribunales, In re Rosado Cruz, supra; In re:
Vargas Soto, supra, como también constituye una falta ética
distinta
e
independiente
de
los
méritos
quejas disciplinarias ya presentadas.
supra;
In
re:
Ramírez
Ferrer,
de
la
queja
o
In re Rosado Cruz,
supra;
In
re:
Vázquez
Santiago, supra; In re: Vargas Soto, supra.
De igual forma, en innumerables ocasiones hemos sido
enfáticos en la importancia del deber de todo abogado de
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mantener
5
informado
información
al
personal
Tribunal
sobre
sus
direcciones
requerida.
In
re
Tió
e
Fernández,
supra; In re Sanabria Ortiz, 156 D.P.R. 345 (2002).
Por
ello, “cualquier cambio en la dirección del abogado debe
ser notificado de inmediato a este Tribunal.
que
no
cumpla
con
este
deber
elementales de la profesión.
In
re
Sanabria
Ortiz,
falta
a
los
El abogado
deberes
más
In re Tió Fernández, supra;
supra;
Regla
9(j)
de
nuestro
Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R.9(j).
III
Luego de evaluar el expediente, nos resulta forzoso
concluir que el licenciado Morales Rodríguez no ha cumplido
a
cabalidad
con
los
deberes
éticos
antes
mencionados.
Aparte de no haber contestado nuestros requerimientos, el
licenciado Morales Rodríguez cambió su dirección y aún no
ha actualizado su información en nuestra Secretaría.
Por
ello, y porque la conducta del licenciado Morales Rodríguez
para con este Tribunal ha sido una negligente, contumaz e
intolerable, “suficiente para tomar medidas disciplinarias
en su contra”, In re Rosado Cruz, supra, lo suspendemos
indefinidamente de la práctica de la abogacía y notaría,
según le apercibimos en nuestra Resolución de 29 de enero
de 2010.
IV
Por
los
fundamentos
antes
expuestos,
decretamos
la
separación inmediata e indefinida de la profesión de la
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abogacía
6
y
notaría
al
señor
Morales
Rodríguez.
Le
apercibimos que debe notificarle a todos sus clientes, como
también a los foros judiciales y administrativos de Puerto
Rico en donde actualmente practica la abogacía, sobre su
inhabilidad
para
poder
seguir
ejerciendo
la
profesión.
Además, dentro de un término de treinta (30) días a partir
de su notificación, el señor Morales Rodríguez tiene la
obligación
de
certificarnos
el
cumplimiento
deberes.
Se dictará sentencia de conformidad.
de
estos
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
TS-7575
Ángel L. Morales Rodríguez
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2010.
Por los fundamentos antes expuestos, en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
integrante
de
la
presente
Sentencia,
decretamos
la
separación inmediata e indefinida de la profesión de la
abogacía y notaría al señor Morales Rodríguez.
Le
apercibimos que debe notificarle a todos sus clientes, como
también a los foros judiciales y administrativos de Puerto
Rico en donde actualmente practica la abogacía, sobre su
inhabilidad para poder seguir ejerciendo la profesión.
Además, dentro de un término de treinta (30) días a partir
de su notificación, el señor Morales Rodríguez tiene la
obligación de certificarnos el cumplimiento de estos
deberes.
Lo acordó y manda
Secretaria del Tribunal.
el
Tribunal
y
certifica
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
la