Tribunal Supremo de Puerto Rico
Ex Parte Eric I. Estrada Pabón
2010 TSPR 129
Poder Judicial de Puerto Rico
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Ex Parte Eric I. Estrada Pabón
TS-14,721
Baja voluntaria del ejercicio de la abogacía
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Eugenio González Cardona
2010 TSPR 129
179 DPR ____
Número del Caso: CP-2004-9
Fecha: 12 de julio de 2010
Abogado de la Parte Querellada:
Por Derecho Propio
Oficina del Procurador General:
Lcda. Noemí Rivera de León
Procuradora General Auxiliar
Materia: Conducta Profesional
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Eugenio González Cardona
CP-2004-9
Conducta
Profesional
PER CURIAM
San Juan, Puerto Rico, a 12 de julio de 2010.
I.
El Sr. Eugenio González Cardona fue admitido
al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1996
y juramentó como notario el 23 de julio del mismo
año.
El
17
de
noviembre
de
2004
el
Procurador
General de Puerto Rico presentó una querella ante
nos en contra del señor González Cardona. Le imputó
cuatro cargos, a saber: haber violentado el Canon 9
de
Ética
Profesional
por
incumplir
en
varias
ocasiones con las órdenes emitidas por el Tribunal
de Primera Instancia, faltando así a su deber de
observar
el
mayor
respeto
hacia
los
tribunales;
CP-2004-9
no
haber
2
comparecido
autorizadas
por
procedimientos
y
a
el
la
toma
de
tribunal,
faltando
al
varias
deposiciones
dilatando
deber
de
así
puntualidad
los
que
establece el Canon 12; haber abandonado la representación
de un cliente sin solicitar la autorización del tribunal
para renunciar a tal representación, según lo requiere el
Canon 20; e infringir el Canon 35 al incurrir en conducta
carente de la sinceridad y la honradez que deben observar
los abogados cuando comparecen ante los foros judiciales.
El 27 de diciembre de 2004 González Cardona contestó
la querella. Alegó, en esencia, que la querella presentada
era
“frívola,
representa
un
sin
fundamento
desquite
o
en
derecho
represalia
y
por
una
que
parte
del
Procurador General”.
El 2 de marzo de 2005 nombramos a un Comisionado
Especial para que, en presencia de las partes, recibiera
la prueba y nos rindiera el informe correspondiente. La
vista
quedó
querellado
pautada
solicitó
para
que
el
se
5
de
mayo
pospusiera.
El
de
2005.
El
Comisionado
entonces señaló la vista para el 29 de junio de 2005. A
este segundo señalamiento, el señor González Cardona no
compareció ni se excusó. Por tercera ocasión, se señaló la
vista para el 6 de octubre de 2005. Llegada esa fecha, el
querellado tampoco compareció.
Ante esta situación, el 14 de octubre de 2005 el
Comisionado Especial optó por informarnos las reiteradas
incomparecencias de González Cardona, las que calificó de
injustificadas. Enterados del proceder del querellado, el
CP-2004-9
3
18 de noviembre de 2005 le concedimos un
término para que
mostrara
ser
causa
por
la
cual
no
debía
separado
de
inmediato debido a sus injustificadas incomparecencias a
los referidos señalamientos de vistas.
El señor González Cardona compareció ante nos doce
días
después
del
término
que
le
habíamos
concedido.
Explicó que sus incomparecencias se debían a que hacía
tres años residía en el estado de Florida, donde había
mudado su domicilio. Que había dejado un apartado postal
en
Puerto
Rico
correspondencia
enviaba
a
y
un
“cada
la
familiar
tres
Florida.
o
le
recogía
allí
su
cuatro
semanas”
y
se
la
que
su
Por
ello,
adujo
correspondencia se demoraba “de seis a ocho semanas” en
llegarle.
En
fin,
dirección
postal
por
de
primera
Florida
vez
y
nos
notificó
solicitó
un
su
término
adicional de treinta días para viajar a Puerto Rico y
contratar a un abogado para agilizar los procedimientos en
este caso.
El 8 de febrero de 2006, habiendo transcurrido más de
dos
meses
suspensión
de
esta
última
inmediata
e
comparecencia,
indefinida
del
decretamos
ejercicio
de
su
la
abogacía mediante la Opinión Per Curiam In re González
Cardona, 167 D.P.R. 106 (2006). En esa ocasión concluimos
que,
al
ausentarse
injustificadamente
a
las
vistas
convocadas para dilucidar la querella en su contra —por
cuya razón no pudo adjudicarse en los méritos—, y al no
notificarnos durante tres años de su cambio de dirección
postal
o
física,
tanto
de
su
residencia
como
de
su
CP-2004-9
4
oficina, había incumplido con varios deberes medulares que
tenía como abogado.
En
reacción
a
su
suspensión
del
ejercicio
de
la
profesión, el 7 de abril de 2006 el Sr. Eugenio González
Cardona presentó una Moción Informativa y en Repudio a
Decisión Discriminatoria. En ésta, de manera irrespetuosa,
les
imputó
miembros
de
parcialidad
este
y
Tribunal.
prejuicio
Las
a
algunos
expresiones
que
de
los
realizó
fueron las siguientes:
[R]ecientemente
este
alto
foro
emitió
dos
decisiones
contra
este
abogado
claramente
discriminatorias,
obscenas,
motivadas
políticamente,
completamente
ilegales,
caprichosas
y
sobretodo
que
repugnan
e[l]
sistema civilizado de Derecho como el que la
Constitución de los Estados Unidos exige. Son
dos decisiones completamente inmorales, faltas
de ética y fundamento jurídico que merecen
nuestro más decidido repudio y que combatiremos
agresivamente hasta las últimas consecuencias en
todos los foros federales [y] administrativos
tanto en Puerto Rico como en el Estado de la
Florida. Obviamente, me refiero a los dos casos
de
epígrafe,[1]
que
representaron
un
claro
conflicto ético para la Juez ... que fue juez y
parte como pasada Secretaria de Justicia en
ambos casos. Sin embargo, ni siquiera se inhibió
aunque se le solicitó oportunamente.
Pero
primero,
quiero
expresar
todo
mi
agradecimiento al grupo de jueces que no se
dejaron presionar e intimidar por unos jueces
claramente prejuiciados políticamente y que
actuaron con toda la mala fe del mundo, con
ánimo revanchista, ilegal, prepotentes y una
actitud contumaz. Estos jueces que así actuaron
son los jueces populares ..., la mencionada juez
... y la juez ... Me imagino que mucho tendrán
que explicar a las autoridades que investigarán
[e]ste caso a la luz de la jurisprudencia misma
de este mismo Tribunal, la decisión del Tribunal
Apelativo (sic), pero sobre todo de la decisión
1
Los casos a los que el querellado hace referencia son: Pueblo v.
González, 167 D.P.R. 350 (2006) (Sentencia) e In re González Cardona,
167 D.P.R. 106 (2006).
CP-2004-9
5
del juez de primera instancia ..., hoy juez del
Tribunal
Apelativo
(sic).
Desafortunadamente
para este trío de jueces, una mera lectura al
libro de Derecho Penal del profesor Chiesa les
hubiese refrescado la memoria respecto a la
figura jurídica del fruto del árbol ponzoñoso y
le hubiesen devuelto el caso al Procurador
General inmediatamente. Y no esperar más de 2
años
buscando
una
mayoría
que
nunca
consiguieron.
Obviamente,
existieron
otras
motivaciones que en su día señalaremos y
probaremos. Sin embargo, dejemos que sean otras
personas quienes pasen juicio sobre [e]stas
decisiones repugnantes a la justicia y al buen
nombre de este alto foro.
Respecto al caso de Conducta Profesional, que
insistimos, está íntimamente relacionado con el
otro, he nombrado al Lcdo. Jorge Gordon Menéndez
para que presente toda la prueba que poseo para
demostrar lo equivocado, la mala fe de la
decisión. Sin embargo, mis abogados del Estado
de la Florida también tocarán algunos aspectos
en conjunto con la intervención indebida de la
juez Rodríguez y el Procurador Ramos, además de
las querellas que se someterán a nivel federal y
la posible intervención del Procurador General
del Estado de la Florida, Charlie Crist y las
Asociaciones de abogados del Estado que velan
contra la discriminación.
Dada la gravedad de toda ésta situación creada
por [e]stas decisiones, próximamente estaré
viajando a Puerto Rico para reunirme con el
Lcdo. Gordon y entregarle toda la documentación
disponible de ambos casos. Además, aunque no soy
político ni nunca he trabajado con gobierno
alguno, he seguido la recomendación y hemos
solicitado
y
estamos
solicitando
todavía
reuniones con el Presidente del Senado Kenneth
McClintock, para denunciar lo que está pasando
[en] el Tribunal Supremo de manera que el actual
puesto vacante lo ocupe un juez con ideología
estadista y no dejen pasar otro nombramiento.
También denunciaremos y le explicaremos toda
ésta situación a[]l Senador Pedro Ros[s]elló y
al Lcdo. Romero Barceló.
Examinadas estas expresiones, y en vista de que el
querellado se encontraba suspendido, el 1 de mayo de 2006
ordenamos
unir
al
expediente
de
este
caso
la
referida
CP-2004-9
Moción
6
para
que
fuese
considerada
cuando
solicitara
reinstalación.
El 17 de marzo de 2008 el señor González Cardona
peticionó su reinstalación al ejercicio de la abogacía. En
la moción que presentó a esos efectos explicó las razones
por las cuales realizó las citadas expresiones. Adujo que
nunca entendió porqué este Tribunal no alcanzó una mayoría
que lo favoreciera en Pueblo v. González, 167 D.P.R. 350
(2006)
(Sentencia).
suspensión
Ello,
indefinida
en
unido
In
re
a
que
decretamos
su
Cardona,
167
González
D.P.R. 106 (2006), le hicieron pensar que se este Foro
discriminaba en su contra. A esos efectos manifestó: “En
aquel
momento
me
encontraba
acción
viciosa
y
contumaz
sumamente
furioso
del Departamento
de
por
la
Hacienda
contra mi persona llevando un caso viciosamente por 10
largos años que estropearon mi vida económica y tuve que
dejar la Isla”.
Expresó su arrepentimiento y ofreció disculpas a los
miembros de este Tribunal por la forma irrespetuosa en que
se dirigió en aquella ocasión. Ahora bien, estableció que
“comprend[e] que muchas veces la frustración y el fragor
en la litigación puede ocasionar que un abogado caiga en
esa práctica censurable”. En fin, solicitó que por haber
transcurrido
dos
años
desde
su
suspensión
—tiempo
que
estimó suficiente—, y tras considerarse una persona de una
excelente reputación que ha aprendido la lección, entendió
que era merecedor de que lo reinstalásemos a la práctica
de la profesión.
CP-2004-9
El
7
26
González
de
marzo
Cardona
de
2008
le
a
los
fines
que
notificamos
de
al
señor
considerar
su
solicitud de reinstalación, informara su disposición a que
se tramitase en sus méritos el proceso disciplinario que
culminó con su suspensión indefinida del ejercicio de la
abogacía. El 2 de abril de 2008 compareció ante nos para
informarnos que estaba dispuesto a ventilar en sus méritos
el procedimiento disciplinario pendiente. El 9 de mayo de
2008 ordenamos reabrir el procedimiento disciplinario. El
9 de junio de 2008 nombramos a la Hon. Eliadis Orsini
Zayas, Ex Juez del Tribunal de Primera Instancia, para
que,
en
presencia
de
las
partes
y
en
calidad
de
Comisionada Especial, recibiera la prueba y nos rindiese
un
informe
con
sus
determinaciones
de
hechos
y
las
recomendaciones que estimase pertinentes.
El 9 de enero de 2009 la Comisionada Especial rindió
su Informe. Veamos a continuación los hechos específicos
imputados al querellado, los cuales surgen del expediente
y
de
las
determinaciones
fácticas
de
la
Comisionada
Especial.
II.
El 28 de marzo de 2002, unos abogados de profesión,
en
calidad
de
demandantes,
presentaron
una
demanda
en
solicitud de cobro de dinero por servicios prestados y no
compensados. El 2 de julio de 2002 los demandados, por
conducto
del
querellado,
el
entonces
Lcdo.
Eugenio
González Cardona, contestaron la demanda negando todas las
alegaciones esbozadas.
CP-2004-9
8
El 12 de julio de 2002, los demandantes presentaron
una
bien
Alegaron,
fundamentada
solicitud
en
que
síntesis,
los
de
sentencia
demandados
sumaria.
actuaban
con
temeridad al negar alegaciones cuyos hechos surgían de los
documentos
que
acompañaban
acreditaban
la
existencia
la
de
solicitud,
la
deuda
pues
por
éstos
la
suma
reclamada e, inclusive, la aceptación de la deuda por la
parte
demandada.
El
Tribunal
de
Primera
Instancia
les
otorgó veinte días a los demandados para que presentaran
una
oposición
a
la
petición
de
sentencia
sumaria.
Transcurrido el término, éstos no comparecieron.
Además, el 22 de julio de 2002 los demandantes le
informaron al tribunal que, al examinar el expediente del
caso en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia,
se percataron que se había contestado la demanda, pero que
la
parte
demandada
no
le
había
notificado
esa
contestación. En esa ocasión, le evidenciaron al tribunal
cómo, mediante facsímil dirigido al querellado el 15 de
julio de 2002, le solicitaron a éste que le remitiera
copia de la contestación a la demanda, pero afirmaron que
nunca recibieron respuesta a lo solicitado. Debido a lo
anterior, ese mismo 22 de julio el tribunal le ordenó al
señor
González
Cardona
que
le
notificara
todos
los
escritos a los demandantes. Sin embargo, en vista de que
el querellado hizo caso omiso de esta orden, pues nunca le
envió copia de la referida contestación, los demandantes
gestionaron
en
la
Secretaría
del
Tribunal
de
Primera
Instancia que se le hiciera entrega de una copia de ésta.
CP-2004-9
9
El 28 de agosto de 2002 el foro primario declaró con
lugar la solicitud de sentencia sumaria imponiéndole a los
demandados el pago de la suma de $69,159.61, sin costas e
intereses, ni honorarios. La sentencia se notificó el 30
de
agosto
de
2002.
Ahora
bien,
no
es
hasta
el
4
de
septiembre de 2002 que la parte demandada, representada
por el querellado, comparece mediante un escueto escrito
para oponerse a que se dicte sentencia sumaria. En su
oposición argumentó que fue el 20 de agosto de 2002 que
recibió la copia de la solicitud de sentencia sumaria. Sin
embargo, no acompañó documento acreditativo alguno.
El foro primario denegó la moción en oposición a que
se dictase sentencia sumaria. Los demandantes advinieron
en conocimiento de que se había presentado la referida
oposición
cuando
recibieron
la
notificación
de
tal
denegatoria. En vista de ello, los demandantes acuden una
vez más al
tribunal a informar
que el abogado
de los
demandados, el señor González Cardona, tampoco les había
notificado esa alegación, por lo que le solicitaron a ese
foro
que
le
impusiera
sanciones
económicas
al
señor
González Cardona y a los demandados. A esos efectos, el
foro
primario
le
ordenó
a
éstos
que
comparecieran
y
explicaran la razón por la cual habían incumplido con su
deber de notificar sus alegaciones a las partes según lo
exige nuestro ordenamiento jurídico. Nunca comparecieron,
por lo que nuevamente incumplieron con las órdenes del
tribunal.
CP-2004-9
Así
10
las
cosas,
la
parte
demandada
reconsideración
ni
recurrió
de
Advenida final
y firme, el
11
la
nunca
aludida
de octubre
solicitó
sentencia.
de
2002 los
demandantes presentaron sendas mociones mediante las que
solicitaron
que
el
tribunal
permitiera
realizar
el
descubrimiento de prueba necesario para identificar los
bienes
de
los
demandados
sobre
los
cuales
se
podría
ejecutar el dictamen. El 16 de octubre de 2002 el foro
primario declaró con lugar la solicitud. A esos efectos,
emitió
una
orden
dirigida
al
codemandado
Jorge
David
Fortis, notificada al señor González Cardona por ser su
representante legal, a los fines de que se llevara a cabo
una deposición. La deposición quedó programada para el 21
de noviembre de 2002.
El
2
de
diciembre
de
2002
los
demandantes
le
informaron al foro primario que el codemandado no había
comparecido
También
a
la
indicaron
deposición,
que
habían
ni
tampoco
logrado
el
querellado.
comunicarse
por
teléfono con el señor González Cardona, quien les informó
que hacía dos meses había renunciado a la representación
legal de los demandados y le había entregado el expediente
al
codemandado
señor
Fortis.
En
su
comparecencia
al
tribunal, además, hicieron constar que verificaron en la
Secretaría del foro primario de Orocovis si realmente se
había presentado la renuncia y fueron informados de que no
era correcto. En atención a la información presentada por
los demandantes, el 3 de diciembre de 2002 el foro de
primera instancia de Orocovis ordenó a los demandados a
CP-2004-9
11
comparecer a una deposición en ese mismo tribunal el 18 de
febrero de 2003, y que mostraran causa por la cual no
debían ser encontrados incursos en desacato. Esta orden se
les notificó directamente a los demandados y al querellado
a la dirección que a esa fecha tenía en Florida.
El 18 de febrero de 2003, el codemandado señor Fortis
se presentó a la toma de la deposición sin su abogado, el
señor González Cardona. Ese día el señor Fortis informó
que su madre, quien figuraba como la codemandada, había
fallecido el 3 de febrero de 2003, por lo que él quedaba
como único demandado. También informó que no sabía de su
abogado desde hacía varios meses puesto que éste se había
mudado al estado de la Florida y había perdido contacto
con él. En vista de lo anterior, luego de examinar que en
el
expediente
no
constaba
una
moción
de
renuncia
de
representación legal, el Tribunal de Primera Instancia le
impuso
al
querellado
sanciones
económicas,
las
cuales
todavía no ha pagado. Además, le ordenó mostrar causa por
la cual no debía ser encontrado incurso en desacato por su
incomparecencia
a
la
deposición
pautada
para
el
21
de
noviembre de 2002, así como a la de ese día, 18 de febrero
de 2003.
En esa ocasión, el señor Fortis también informó que
había acordado con la parte demandante culminar el litigio
mediante una estipulación. Los demandantes aceptaron que
efectivamente
se
había
preparado
un
documento
de
estipulación, el cual habían enviado al querellado para su
aprobación,
pero
que
nunca
recibieron
el
documento
de
CP-2004-9
12
vuelta. Así las cosas, la parte demandante solicitó que se
dejara pendiente la aprobación de la estipulación hasta
tanto el señor Fortis contratara una nueva representación
legal.
El 25 de marzo de 2003 acudieron una vez más al foro
primario
tanto
los
demandantes
como
el
señor
Fortis,
acompañado este último por su nueva representación legal;
nuevamente estuvo ausente el querellado. En esta ocasión,
el
señor
Cardona
Fortis
le
declaró
había
bajo
informado
juramento
que
verbalmente
González
que
había
renunciado a su representación legal, pero que no le había
entregado documento alguno relacionado con el caso. Con el
fin de adelantar la solución del pleito, el Tribunal de
Primera Instancia procedió a relevar al querellado de la
representación
sustituyese
legal
del
la
nueva
por
señor
Fortis
y
aceptó
que
representación
legal.
De
se
esta
forma culminó el caso, esto es, finalizó de conformidad
con la aludida estipulación y sin la participación del
señor González Cardona.
Como consecuencia de los reiterados incumplimientos e
incomparecencias
del
querellado
en
el
referido caso
de
cobro de dinero, el 29 de mayo de 2003 el foro primario
emitió una Resolución y Orden mediante la cual le impuso
sanciones
económicas
adicionales
a
las
que
le
había
impuesto con anterioridad. Además, le advirtió al señor
González Cardona que de no efectuar el pago de la sanción
impuesta,
referiría
el
asunto
a
esta
Curia
para
que
iniciásemos el correspondiente procedimiento disciplinario
CP-2004-9
13
en su contra. Este dictamen fue notificado a la dirección
postal del querellado que en ese momento obraba en el
récord del tribunal.
Inconforme con esta Resolución, el 31 de julio de
2003
el
querellado
presentó
una
solicitud
de
reconsideración. Señaló que hacía más de siete meses que
el señor Fortis había contratado a otro abogado, por lo
que, previo a presentar su renuncia, le había entregado el
expediente.
Insistió,
comparecencias
ante
tal
ese
como
lo
tribunal,
hizo
que
en
el
anteriores
foro primario
continuaba enviando las notificaciones a direcciones que
habían dejado de ser las suyas. Sin embargo, en el escrito
de reconsideración que presentó hacía constar como suya la
misma dirección que constaba en el récord del tribunal. De
hecho, esa dirección era la misma a la que se le notificó
la
mencionada
Resolución
y
Orden
de
la
cual
solicitó
anunció
que
poseía
reconsideración.
Además,
en
esa comparecencia
y
presentaría prueba que demostraba que había renunciado a
la
representación
evidencia
del
legal
error
en
del
señor
Fortis,
la
dirección
a
la
así
como
que
se
la
le
notificaban las órdenes del tribunal. En esos términos,
alegó: “Que poseo pruebas irrefutables de todo lo aquí
establecido y en los próximos 10 días estaremos radicando
otra Moción con los documentos que establecen los errores
en
dirección
de
este
Honorable
Tribunal;
las
conversaciones de hace más de 7 meses con el nuevo abogado
del
señor
Fortis
as[í]
como
su
nombre,
teléfono
y
CP-2004-9
14
dirección;
documentos
firmados
por
el
señor
Fortis
recibiendo el expediente, etc.” Sin embargo, el querellado
nunca
presentó
prueba
Comisionada
Especial
tampoco
los
en
querellado
alguna
al
en
Informe
su
procedimientos
presentó
prueba
respecto.
Asimismo,
la
constar
que
hace
ventilados
pertinente
ante
y
ella
material
el
para
refutar lo alegado en su contra, esto es, la prueba que
ofreció,
no
la
presentó
en
ninguna
etapa
de
los
procedimientos disciplinarios.
El
20
de
agosto
de
2003,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia refirió el asunto ante esta Curia. En la Orden
que
emitió
indicó
que
González
Cardona
continuaba
sin
comparecer, así como tampoco había pagado las sanciones
económicas y los gastos de la deposición que no se pudo
celebrar
pagar
debido
en
el
a
su
incomparecencia,
término
de
diez
días
según
le
ordenó
dispuestos
en
la
Resolución y Orden emitida el 29 de mayo de 2003. Entendió
que ese comportamiento era una muestra más de la actitud
del
querellado
de
ignorar
y
menospreciar
sus
determinaciones y órdenes.
Así las cosas, no es hasta el 5 de septiembre de 2003
que
el
señor
González
Cardona
comparece
ante
el
foro
primario mediante una moción informativa. Solicitó que el
Tribunal
de
determinaciones
Primera
Instancia
de
y
hechos
estableciera
los fundamentos
de
las
derecho
para las sanciones impuestas. Sin embargo, la Resolución y
Orden
de
impusieron
29
de
las
mayo
de
2003
sanciones—
—mediante
fue
una
la
muy
cual
se
le
explícita
y
CP-2004-9
15
fundamentada, y de la cual González Cardona no recurrió.
Además, reiteró que de los autos se desprendía que él
había
renunciado
a
la
representación
legal
del
señor
Fortis hacia bastante tiempo, y que le había entregado el
expediente a éste. Igualmente, argumentó una vez más que
el foro primario enviaba las notificaciones a direcciones
erróneas.
No
obstante,
de
los
autos
se
desprendía
lo
contrario pues precisamente la dirección que hizo constar
en esa moción fue la misma a la que el tribunal envió las
últimas notificaciones.
El 9 de enero de 2009, la Comisionada Especial emitió
el informe sobre la acción disciplinaria que motivó el
presente recurso. A base de los hechos relatados, encontró
probadas
las
violaciones
éticas
imputadas,
esto
es,
concluyó que el señor González Cardona había incurrido en
violaciones a los Cánones 9, 12, 20 y 35 de los de Ética
Profesional. A la luz de todo lo anterior, procedemos a
resolver
la
solicitud
de
reinstalación
radicada
por
González Cardona.2
III.
En
numerosas
ocasionas
hemos
establecido
que
todo
asunto relacionado con la reglamentación del ejercicio de
la
profesión
legal,
lo
que
incluye
la
admisión
y
la
separación de sus miembros, es facultad inherente de este
2
Véase, In re Cuevas Velázquez, res. el 29 de julio de 2008, 174
D.P.R. ___ (2008), 2008 T.S.P.R. 138.
CP-2004-9
16
Tribunal.3 En el ejercicio de tal autoridad, hemos separado
del ejercicio de la profesión legal a aquellos abogados
que no se desempeñan conforme a las rigurosas normas de
conducta que rigen el quehacer de esta honrosa profesión.
Los Cánones de Ética Profesional contienen las pautas
mínimas que deben guiar a los miembros de la clase togada
en el ejercicio de su delicada faena.4 Su propósito es
promover
en
ellos
un
desempeño
profesional
y
personal
acorde con los más altos principios de conducta decorosa.5
Y es que tal desempeño beneficia tanto a la profesión como
a
la
ciudadanía
en
general
y
a
las
instituciones
de
justicia del País.6
En la búsqueda de esa conducta decorosa, el Canon 9
de
Ética
Profesional
les
exige
a
los
miembros
de
la
profesión legal el deber de observar una conducta hacia
los tribunales que se caracterice por el mayor respeto.7 A
tales efectos, este Canon dispone que “[e]llo incluye la
obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o
atentados ilícitos contra jueces o contra el buen orden en
la administración de la justicia en los tribunales”.8
3
In re Gervitz Carbonell, 162 D.P.R. 665 (2004); In re Peña Peña, 153
D.P.R. 642 (2001); In re Freytes Mont, 117 D.P.R 11 (1986); In re
Liceaga, 82 D.P.R. 252 (1961).
4
In re Gervitz Carbonell, supra; In re Ortiz Brunet, 152 D.P.R. 542
(2000); In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998).
5
In re Gervitz Carbonell, supra; In re Ortiz Brunet, supra.
6
Íd.
7
4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 9; In re Hoffman Mouriño, 170 D.P.R. 968
(2007).
8
4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 9.
CP-2004-9
17
Asimismo,
este
precepto
ético
exige
de
la
clase
togada el deber de atender pronta y diligentemente las
órdenes
que
emiten
los
tribunales.
Como
parte
de
este
deber,
se
requiere
la
comparecencia
compulsoria
de
los
abogados a los señalamientos judiciales con respecto a la
tramitación de las causas de sus clientes.9 Y es que la
desatención a esas órdenes, además de constituir una clara
violación
al
mandato
del
Canon
9,
representa
un
grave
insulto a la autoridad de los tribunales.10
El
incumplir
continuamente
con
las
órdenes
de los
tribunales provoca retrasos irrazonables en el trámite de
los casos, lo que tiene la grave consecuencia de afectar
la
administración
de
propiciar
la
numerosas
ocasiones
ético
exige
buena
de
todo
la
justicia.11
administración
hemos
de
reiterado
abogado
el
Precisamente,
la
que
para
justicia,
este
cumplimiento
en
precepto
puntual
y
diligente de las obligaciones asumidas.12 Y es que la buena
marcha
de
los
procesos
judiciales
del
País
es
responsabilidad ineludible de todo miembro de la profesión
legal.13 Ello así en vista de que el abogado, además de
defensor de su cliente, es colaborador de la justicia.14
9
In re Vilches López, 170 D.P.R. 793 (2007).
10
In re González Carrasquillo, 164 D.P.R. 813 (2005); In re Otero
Fernández, 145 D.P.R. 582 (1998).
11
In re Gervitz Carbonell, supra.
12
In re Claudio Ortiz, 141 D.P.R. 937 (1996); In re Colón Torres, 129
D.P.R. 490 (1991).
13
In re Marini Román, 165 D.P.R. 801 (2005).
14
In re Gervitz Carbonell, supra.
CP-2004-9
Por
18
su
parte,
pero
relacionado
con
el
deber
de
respeto hacia la autoridad judicial, el Canon 12 exige de
la clase togada la obligación de tramitar las causas del
cliente
de
manera
puntual
y
concisa.
A
esos
efectos,
establece que:
Es deber del abogado hacia el tribunal, sus
compañeros, las partes y [los] testigos el ser
puntual en su asistencia y conciso y exacto en
el trámite y presentación de las causas. Ello
implica el desplegar todas las diligencias
necesarias para asegurar que no se causen
indebidas
dilaciones
en
su
tramitación
y
15
solución.
De esta forma, el deber de puntualidad y concisión en
la tramitación de los casos y en el cumplimiento con los
señalamientos judiciales es debido tanto al tribunal como
a
los
compañeros
abogados
y,
sobre
todo,
al
cliente
mismo.16 Esta responsabilidad ética está presente en todas
las etapas del litigio e incluye el deber de acatar las
órdenes del tribunal.17
En
este
sentido,
hemos
expresado
que
“[e]n
la
tramitación de un pleito, el abogado debe a las cortes el
respeto a las órdenes judiciales que le son dirigidas,
exigiéndose de él la asistencia puntual y el despliegue de
todas las diligencias necesarias para asegurar que no se
causen indebidas dilaciones en la tramitación y solución
de los casos”.18 En otras palabras, que “desatender las
órdenes del tribunal y no comparecer a las vistas pautadas
15
4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 12.
16
In re Roldós Matos, 161 D.P.R. 373 (2004).
17
Íd.; In re Soto Colón, 155 D.P.R. 623 (2001).
18
In re Roldós Matos, supra, pág. 384.
CP-2004-9
19
constituye
una
falta
de
respeto
al
tribunal
lo
que
infringe los deberes éticos consagrados en los cánones 9 y
12 del Código de Ética Profesional”.19
Por su parte, el Canon 20 dicta que un abogado “no
puede ni debe renunciar [a] la representación profesional
de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal
y
debe
solicitarlo
solamente
cuando
exista
una
razón
justificada e imprevista para ello”.20 De existir la razón
justificada e imprevista para solicitar la renuncia a la
representación legal de su cliente, este Canon dispone el
procedimiento que debe realizar todo abogado para ello.
En vista de la función fundamental que ejerce, el
abogado, antes de renunciar, debe procurar tomar todas las
medidas razonables que eviten perjuicios al derecho de su
cliente. A esos
fines, el
ejemplo,
de
algunas
notificarle
al
las
cliente
Canon 20 provee,
medidas
sobre
su
a
necesarias,
renuncia;
modo de
a
saber:
aconsejarle
sobre la necesidad de contratar una nueva representación
legal
y
concederle
tiempo
para
ello;
notificarle
los
términos dispuestos en ley que puedan afectar su derecho o
para
la
presentación
cualquier
otra
de
cualquier
disposición
que
escrito;
haya
y señalarle
establecido
el
tribunal.21
De igual forma, dispone este Canon que al advenir
efectiva la renuncia del abogado, éste está obligado a
19
In re Vilches López, supra, pág. 800.
20
4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 20.
21
Íd.
CP-2004-9
20
entregar el expediente del caso al cliente, así como todo
documento relacionado.22 Asimismo, tendrá que reembolsarle
inmediatamente cualquier cantidad que el cliente le haya
pagado por adelantado en honorarios por servicios que no
se han prestado al momento de concretarse la renuncia.
De otro lado, el Canon 35 exige que la conducta de
todo
miembro
de
la
profesión
legal
para
con
sus
representados y sus compañeros abogados, así como para con
los
tribunales,
debe
caracterizarse
por
ser
sincera
y
honrada.23 A esos efectos, este precepto ético aclara que
no es sincero ni honrado utilizar medios inconsistentes
con la verdad, ni inducir a error al juzgador mediante
artificios o falsa relación de los hechos o del derecho.
En vista de ello, el propio canon precisa que al abogado
redactar
cualquier
consideración
del
documento
tribunal,
que
tiene
someta
la
ante
la
obligación
de
ajustarse a la sinceridad de los hechos. Y es que “[l]a
verdad es un atributo inseparable del ser abogado, y sin
ésta,
la
profesión
jurídica
no
podría
justificar
su
existencia”.24
Reiteradamente
hemos
expresado
que
un
abogado
que
falta a la verdad infringe el Canon 35, independientemente
de
los
motivos
que
lo
condujeron
a
incurrir
en
esa
conducta o de que no se hubiera perjudicado a tercero
22
In re Rivera Ramos, res. el 13 de abril de 2010, 178 D.P.R. ___
(2010), 2010 T.S.P.R. 53.
23
24
4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35.
In re Vélez Báez, res. el 23 de junio de 2009, 176 D.P.R. ___
(2009), 2009 T.S.P.R. 123.
CP-2004-9
21
alguno.25 Por tal razón, todo abogado, en virtud de la
confianza
en
él
depositada
como
miembro
de
la
ilustre
clase togada, debe conducirse de forma digna y honorable
tanto
en
la
vida
privada
como
en
el
desempeño
de
su
profesión.26 En aras de preservar el honor y la dignidad de
la profesión, el compromiso del abogado con la verdad es
incondicional.27
siempre
Desde
esta
perspectiva,
al
adjudicar los méritos de una acción disciplinaria, lo que
corresponde evaluar es si la conducta que se le imputa al
abogado
lo
hace
indigno
de
pertenecer
a
esta
honrosa
Tribunal
Supremo
Comisionado
Especial
profesión.28
IV.
La
Regla
establece
que
14
del
Reglamento
le
corresponde
al
del
designado celebrar una vista para recibir la prueba.29 Como
desempeña una función similar a la del juzgador de primera
instancia, el Comisionado Especial se encuentra en mejor
posición
de
aquilatar
la
prueba
testifical.30
En
este
25
In re Santiago Tirado, res. el 16 de mayo de 2008, 174 D.P.R. __
(2008), 2008 T.S.P.R. 86; In re Grau Acosta, res. el 20 de septiembre
de 2007, 172 D.P.R. ___ (2007), 2007 T.S.P.R. 170.
26
In re Santiago Tirado, supra; In re López González, 171 D.P.R. 567
(2007).
27
In re Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006).
28
In re Vélez Báez, supra; In re López González, supra.
29
4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.
30
In re Rivera Lozada, res. el 26 de junio de 2009, 176 D.P.R. ___
(2009), 2009 T.S.P.R. 120; In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210
(2007); In re Pagán Pagán, 171 D.P.R. 975 (2007).
CP-2004-9
22
sentido,
sus
determinaciones
fácticas
merecen
nuestra
mayor deferencia.31
Ahora bien, hemos precisado que este Tribunal no está
obligado a aceptar el informe que rinde el Comisionado
Especial
en
un
procedimiento
disciplinario
contra
un
abogado, sino que podemos adoptar, rechazar o modificar
tal informe.32 Sin embargo, nos abstendremos de intervenir
con sus determinaciones de hechos salvo que se demuestre
pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su
apreciación.33
Con estos preceptos en mente, y en vista de que no
hemos encontrado nada en el expediente que nos anime a
intervenir
con
las
determinaciones
de
hechos
de
la
Comisionada Especial, por lo que la presunción sobre su
corrección
no
ha
sido
rebatida,
adjudiquemos
la
controversia ante nuestra consideración.
V.
Previo a analizar con especificidad los cargos que se
le imputaron al señor González Cardona, resulta pertinente
reseñar
algunas
incidencias
acaecidas
en
la
vista
celebrada por la Comisionada Especial, las cuales surgen
de su Informe, y completan el cuadro fáctico y probatorio
de este caso.
Surge del Informe de la Comisionada Especial que la
vista final de este caso se celebró el 20 de noviembre de
31
Íd.
32
In re Irizarry Vega, res. el 6 de julio de 2009, 176 D.P.R. ___
(2009), 2009 T.S.P.R. 132.
33
Íd.
CP-2004-9
23
2008, la cual, a petición del querellado, sería una vista
evidenciaria ya que éste había anunciado la presentación
de tres testigos. Los testigos que anunció eran: el Sr.
Eleuterio Pastrana, como testigo de reputación; la Sra.
Lydia Díaz Nazario, quien era la secretaria del querellado
para la fecha de los hechos objeto de la querella y quien
testificaría que le entregó el expediente al señor Fortis;
y el propio señor Fortis, quien testificaría que acudió a
la
oficina
del
querellado
y
la
secretaría
de
éste
le
entregó el expediente. Ahora bien, consignó la Comisionada
Especial que esos tres testigos anunciados nunca fueron
producidos por el querellado, pues el día de la vista
renunció a sus testimonios argumentando que no los pudo
localizar debido al tiempo que había transcurrido.
De
esta
forma,
sobre
expediente al señor Fortis y
la
alegada
entrega
la fecha en
que
del
ésta se
produjo, la Comisionada Especial expuso que el querellado
no
presentó
prueba
alguna
sobre
el
particular.
Además,
expresó que el querellado tampoco pudo probar que presentó
una moción de renuncia de representación legal conforme
exige el Canon 20 de Ética Profesional, ello, a pesar de
que durante el proceso insistió que había presentado tal
renuncia. Debido a que el señor González Cardona anunció
la prueba antes mencionada pero finalmente renunció a ésta
sin justificación válida, la Comisionada Especial aplicó
la
presunción
contenida
en
la
Regla
16(5)
de
las
anteriores Reglas de Evidencia —idéntica a la actual Regla
CP-2004-9
304(5)—
24
respecto
a
que
“toda
evidencia
voluntariamente
suprimida resultará adversa si se ofreciere”.34
Consignado lo anterior, resulta pertinente recordar
la forma en que se inició este procedimiento de conducta
profesional. Comenzó con la emisión de una Resolución y
Orden por parte del Hon. Nelson Javier Canabal, Juez del
Tribunal
de
Primera
presidía
un
caso
Instancia,
sobre
querellado
era
el
mencionado
dictamen
cobro
abogado
tuvo
Sala
Orocovis,
dinero
en
que
el
la
parte
demandada.
El
consignar
los
objetivo
de
el
quien
de
de
el
de
acontecimientos procesales acaecidos en el referido caso a
los fines de imponerle sanciones económicas al entonces
licenciado
González
Cardona
debido
a
su
reiterado
incumplimiento con las órdenes de ese tribunal. Incluso,
en ese escrito se le advirtió que de no efectuar el pago
de
las
referido
sanciones
económicas
ante
Curia
esta
a
impuestas,
los
el
efectos
asunto
de
sería
iniciar
un
procedimiento disciplinario en su contra. En vista de que
el querellado incumplió con este dictamen, el Hon. Nelson
Javier Canabal emitió una Orden a los únicos efectos de
34
32 L.P.R.A. Ap. IV R.16(5). Téngase en cuenta que cuando la Regla 1
de las anteriores Reglas de Evidencia dictaba que éstas eran
“aplicables en todas las salas del Tribunal General de Justicia del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en procedimientos de naturaleza
civil y criminal”, se entendía que ello incluía cualquier acción
judicial celebrada ante un comisionado especial. Ahora bien, las
Reglas de Evidencia vigentes especifican —Regla 103— que éstas son de
aplicación “en los procedimientos ante el Tribunal Supremo”. En vista
de ello, los procedimientos disciplinarios llevados a cabo por este
Tribunal, incluso cuando la dirección de la vista se haya delegado a
un comisionado especial, están sujetos a lo que dispongan las Reglas
de Evidencia —incluida la Regla 304; Presunciones específicas— siempre
que aplicarlas no conflija con las disposiciones de nuestro
Reglamento.
CP-2004-9
25
remitirnos copia de la citada Resolución y Orden para que
procediéramos con la acción que estimásemos conveniente.
Con
mencionado
el
beneficio
Juez,
del
referimos
referido
el
asunto
realizado
a
la
por
el
Oficina
del
Procurador General para la correspondiente investigación e
informe. En cumplimiento con lo ordenado, el Procurador
General rindió su informe y, previo a los trámites de
rigor,
presentó
escrito
de
querella
imputándole
cuatro
cargos por alegadas violaciones a los Cánones 9, 12, 20 y
35 de los de Ética Profesional. En este sentido, no debe
albergar duda en cuanto a que el contenido de los cargos
imputados y, en consecuencia, el presente procedimiento,
se inicia por motivo de un referido que hace un Juez del
Tribunal de Primera Instancia mediante el cual enumera una
serie de incumplimientos por parte del querellado para con
las partes litigantes y para con el propio foro primario
en un caso ante su consideración.
La serie de incumplimientos ya han sido reseñados.
La Comisionada Especial estableció como hecho cierto que
el querellado hizo caso omiso a la orden del foro primario
en cuanto a que le notificara a los demandantes todos los
escritos que había presentado. Ello así, en vista de que
los demandantes le informaron al tribunal que, al examinar
el expediente del caso en la Secretaría del Tribunal de
Primera Instancia de Orocovis se percataron que se había
contestado la demanda, pero que la parte demandada no le
había
notificado
posterioridad
a
esa
este
contestación.
requerimiento
Más
del
aún,
con
tribunal,
el
CP-2004-9
26
querellado
presentó
un
escrito
para
oponerse
a
la
solicitud de los demandantes para que se dictase sentencia
sumaria
incurriendo
notificar
esa
nuevamente
alegación
a
en
la
práctica
los demandantes.
de
no
Enterado
el
tribunal de este incumplimiento, ordenó al querellado que
compareciera
incumplido
y
explicara
nuevamente
la
con
el
razón
por
deber
de
la
cual
había
notificar
sus
alegaciones, pero éste tampoco cumplió con esta orden pues
no compareció en esos términos ni notificó el referido
escrito.
La
desatención
a
esas
órdenes,
además
de
constituir una clara violación al mandato del Canon 9,
representa
un
grave
insulto
a
la
autoridad
de
los
tribunales.35
Lo anterior, unido a las expresiones irrespetuosas,
ofensivas y amenazantes que realizó el querellado en la
Moción Informativa y en Repudio a Decisión Discriminatoria
que presentó en reacción a su suspensión indefinida del
ejercicio
supra,
y
de
la
profesión
mediante
la
en
cual
In
les
re
González
imputó
Cardona,
parcialidad
y
prejuicio a algunos de los miembros de este Tribunal, no
nos deja ninguna duda de que el querellado violentó la
pauta
ética
establecida
en
el
Canon
9
de
Ética
Profesional. Así concluimos toda vez que la citada Moción
y
la
Resolución
detallando
la
y
Orden
serie
emitida
de
por
el
foro
incumplimientos
primario
en
que
éste incurrió —de la cual el querellado no recurrió ni
tampoco presentó prueba en contrario ante la Comisionada
35
In re González Carrasquillo, supra; In re Otero Fernández, supra.
CP-2004-9
27
Especial—, representa una prueba clara y convincente de
que el querellado faltó así a su deber de observar el
mayor respeto hacia los tribunales.
No nos satisfacen las explicaciones que ofrece el
querellado sobre las razones por las cuales realizó las
desafortunadas
expresiones
en
contra
de
algunos
de
los
miembros de esta Curia, pues no estamos de acuerdo con su
afirmación de que “muchas veces la frustración y el fragor
en la litigación puede ocasionar que un abogado caiga en
esa práctica censurable”. Aún cuando reconocemos que hay
instancias en que a los abogados les causa desazón las
determinaciones adversas que puedan hacer los tribunales,
hemos expresado que ello no es licencia para cuestionar la
dignidad, honestidad y ecuanimidad de los miembros de la
judicatura.36 Los abogados, sin exclusión ninguna, están
obligados en todo momento por el Canon 9 a “desalentar y
evitar ataques injustificados o atentados ilícitos contra
los jueces o contra el buen orden en la administración de
la justicia en los tribunales”.37
Relacionado
con
el
deber
de
respeto
hacia
la
autoridad judicial, podemos concluir que el querellado no
tramitó las causas de sus clientes de manera puntual y
concisa contraviniendo así los postulados del Canon 12.
Con
sus
constantes
incomparecencias
a
la
toma
de
las
deposiciones autorizadas por el tribunal en la etapa de
ejecución de sentencia, dilató los procedimientos y faltó
36
In re Crespo Enríquez, 147 D.P.R. 656 (1999).
37
4 L.P.R.A. Ap. IX C. 9.
CP-2004-9
28
al deber de puntualidad que establece el Canon 12. En
otras
palabras,
el
señor
González
Cardona
no
desplegó
todas las diligencias necesarias para asegurar que no se
causaran
dilaciones
indebidas
en
la
tramitación
y
la
solución del litigio entablado contra su cliente.
Al igual que la Comisionada Especial, concluimos que
el
querellado
faltó
al
deber
de
concisión
en
la
tramitación del caso pues las continuas incomparecencias a
las deposiciones autorizadas por el tribunal obligó que se
tuvieran
que
emitir
nuevas
órdenes
esfuerzos
del
foro
primario,
lo
duplicando
que
no
era
así
los
necesario
efectuar a no ser que el querellado hubiese cumplido con
el deber ético que le impone el Canon 12. En fin, al
desatender las órdenes del Tribunal de Primera Instancia y
no comparecer a las deposiciones pautadas, constituye una
falta de respeto al tribunal, lo que infringe los deberes
éticos consagrados en los Cánones 9 y 12 del Código de
Ética Profesional.
En cuanto al tercer cargo imputado en la querella,
la Comisionada Especial concluyó que el señor González
Cardona
incurrió
en
conducta
violatoria
del
Canon
20
debido a que se desligó y se desentendió del caso dejando
indefenso a su cliente sin solicitar su renuncia conforme
lo
exige
quienes
este
le
precepto
informaron
ético.
al
Fueron
tribunal
que
los
demandantes
habían
logrado
comunicarse por teléfono con el querellado y éste les
comunicó que había renunciado a la representación legal
del señor Fortis y que le había entregado el expediente.
CP-2004-9
29
Sin embargo, el señor Fortis, por su parte, compareció al
tribunal y declaró bajo juramento que el querellado le
había informado verbalmente que había renunciado a su
representación legal pero que nunca le entregó documento
alguno
relacionado
con
el
caso.
Así
las
cosas,
tras
confirmar que del expediente no constaba una moción de
renuncia de representación legal, el foro primario le
impuso al querellado sanciones económicas, las cuales no
ha pagado.
De
esta
forma
quedó
probado
que
el
querellado
infringió lo dispuesto en el Canon 20 pues un abogado “no
puede ni debe renunciar [a] la representación profesional
de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal
y
debe
solicitarlo
solamente
cuando
exista
una
razón
justificada e imprevista para ello”.38 El señor González
Cardona, a pesar de que anunció prueba al respecto, nunca
probó
que
solicitó
permiso
al
tribunal
para
hacer
efectiva su renuncia y que le notificó a su representado
sobre ésta, así como tampoco le aconsejó a éste sobre la
necesidad de contratar una nueva representación legal ni
le notificó sobre los señalamientos establecidos por el
tribunal, todo ello, en contravención a los postulados
del
mencionado
precepto
ético.
Asimismo,
infringió
el
Canon 20 en la medida en que de la prueba se desprende
que no le hizo entrega del expediente al señor Fortis
cuando
38
debía,
cuestión
4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 20.
que,
a
pesar
que
alegó
que
CP-2004-9
30
probaría que sí se lo había entregado, realmente nunca
pudo demostrarlo.
En
este
punto,
conviene
transcribir
las
determinaciones que realizó la Comisionada Especial sobre
este particular:
[S]urge por expresiones del querellado, que no
se han rebatido, que él había abandonado la
jurisdicción y que tuvo la conversación con los
demandantes informando que había renunciado y
había entregado el expediente al Sr. Fortis dos
meses antes del 20 de noviembre de 2002.
Entonces
tenemos
que
concluir
que
contradictoriamente
—según
su
versión
y
siguiendo la misma— estaría el querellado
realizando gestiones en relación a clientes que
ya no representaba cuando presentó el escrito
en oposición a la solicitud de sentencia
sumaria. Recuérdese que la moción de sentencia
sumaria se declaró con lugar el 28 de agosto de
2002, notificada la sentencia el 30 de agosto
del mismo año 2002; pero el abogado querellado
presentó la oposición a la solicitud de
sentencia sumaria el 4 de septiembre de 2002 y
la moción de sentencia sumaria se había
presentado desde el 12 de julio de 2002.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sobre este tema el querellado ha insistido en
que entregó el expediente al Sr. Fortis el 27
de agosto de 2002 y que presentó una moción de
renuncia desde esa fecha, aunque no posee
prueba alguna para sostenerlo y en los autos
del caso B4CI2002-0037 no obra moción de
renuncia de esa fecha; la única moción de
renuncia que obra en el expediente tiene fecha
de 11 de marzo de 2003; pero hay que resaltar
que la misma fue presentada luego de haber el
abogado incumplido órdenes del tribunal y
habérsele impuesto sanciones económicas que a
esta fecha no ha satisfecho. El querellado
nunca recurrió de las determinaciones tomadas
en su contra en instancia. Además, en cuanto a
la prueba anunciada en estos procedimientos por
el querellado, al no presentarla el querellado,
le aplicamos la presunción de que esa prueba le
resultaba adversa.
CP-2004-9
31
Es de advertir que los argumentos conflictivos y en
ocasiones increíbles de González Cardona no le merecieron
crédito a la Comisionada Especial, quien tuvo ante sí
toda
la
prueba
presentada
por
las
partes.
Tampoco
a
nosotros nos persuaden; más bien nos llevan a concluir
que en los procedimientos ante el Tribunal de Primera
Instancia,
así
como
en
la
tramitación
del
presente
proceso disciplinario, el querellado brindó información
falsa
o
imprecisa
con
la
intención
de
evadir
las
consecuencias de sus actos.
Como
vemos,
el
querellado
faltó
a
la
verdad
infringiendo así el Canon 35. Su conducta para con sus
compañeros abogados y para con el tribunal, así como para
con la Comisionada Especial, no se caracterizó por ser
sincera
y
honrada.
Engañó
a
sus
compañeros
abogados
cuando, previo al 2 de diciembre de 2002, les informó vía
telefónica
que
hacía
dos
meses
había
renunciado
representación
legal
de
los
demandados
y
le
a
la
había
entregado el expediente al señor Fortis.
Para con el tribunal, utilizó medios inconsistentes
con
la
verdad
al
realizar
una
falsa
relación
de
los
hechos cuando el 31 de julio de 2003, en reacción a la
Resolución y Orden emitida por el foro primario, solicitó
reconsideración de ésta manifestando que hacía más de
siete meses que el señor Fortis había contratado a otro
abogado, por lo que había renunciado a su representación
legal y le había entregado el expediente. Incluso, indujo
a error al tribunal al insistir en varias ocasiones que
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sus incomparecencias se debían a que se le enviaban los
pronunciamientos del tribunal a direcciones que no eran
la
suya,
cuando,
precisamente,
en
el
escrito
de
reconsideración que presentó hacía constar como suya la
misma dirección que constaba en el récord del tribunal,
la
cual
era
idéntica
a
la
que
se
le
notificó
la
Resolución y Orden de la cual solicitó reconsideración.
En este sentido, contravino lo dispuesto en el Canon 35
al
someter
ante
la
consideración
del
tribunal
un
documento que no se ajustó a la sinceridad de los hechos.
Respecto al procedimiento disciplinario seguido ante
la Comisionada Especial, ésta concluyó que el querellado
“presentó
información
no
ajustada
a
la
realidad
para
justificar su conducta”. Indicó que el querellado no había
sido sincero ni honrado al informarle que para el 27 de
agosto
de
renuncia
Fortis
y
2002
había
enviado
por
le
había
entregado
el
porque
éste
ya
había
correo
su
expediente
contratado
otro
moción
al
de
señor
abogado,
cuando en realidad, para el 18 de febrero de 2003, no
había presentado solicitud de renuncia al tribunal ya que
la presentó el 11 de marzo de 2003. Ante esta situación,
la
Comisionada
contradecir
lo
Especial
anterior
le
concedió
mediante
la
oportunidad
algún
recibo
de
que
acreditara la entrega del expediente, o algún documento o
recibo que acreditara el envío de las mociones de renuncia
que él alegaba haber enviado a tiempo, pero el querellado
le respondió que no tenía manera de probarlo.
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33
Así configurado el caso que le correspondió atender
a la Comisionada Especial, ésta concluyó en su Informe:
[N]os llama la atención la postura y conducta
reiterada una y otra vez del querellado a los
efectos de que no cometió falta alguna; que
cumplió con las normas y procedimientos en
instancia; y su comprobada conducta de anunciar
gestiones o poseer prueba que presentará para
derrotar lo imputado lo que nunca hace o
provee.
Se detecta en el querellado tener él un
convencimiento serio de que todos están contra
él, haciendo abstracción de los hechos tal cual
comprobadamente ocurrieron. El querellado hace
caso omiso de la naturaleza real de todos estos
incidentes que lo involucran a él.
A la fecha de la vista del 20 de noviembre de
2008 el querellado s[ó]lo recordaba que se le
habían impuesto $100 por concepto de sanciones
y a preguntas contestó que no las había pagado
por ser improcedentes, ya que él renunció en
tiempo, aunque aceptó que se fue a vivir para
Estados Unidos. Su repetida defensa es que
aunque
acepta
[que]
se
enviaban
las
notificaciones del tribunal no le llegaban
porque se enviaban a direcciones erróneas y
porque él no las recibía en tiempo porque
estaba en Estados Unidos. Recuérdese que es la
teoría del querellado que esa persona Jorge
Fortis probablemente por desquite, o por
cualquier otra razón fue y dijo al tribunal que
él le renunció a los casos porque no le pagó
ningún dinero, aunque este dato no se ajusta a
la realidad según establecimos y lo visualiza
como un querellante aunque no lo es; ya que
este asunto llegó ante este foro por un
referido que hizo un juez del [T]ribunal de
[P]rimera [I]nstancia.
Ciertamente,
el
comportamiento
observado
por
González Cardona no estuvo a la altura de la honrosa
profesión que ostentó y que ahora intenta reinsertarse.
Mucho menos actuó como ministro y buen funcionario de la
judicatura. No albergamos duda alguna de que su conducta
violentó de manera inaceptable el deber de todo abogado
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de cooperar en la compartida e indivisible encomienda de
lograr
la
verdad
y
ver
cumplida
la
justicia.
Sus
actuaciones no sólo laceraron el honor y la dignidad de
la profesión, sino que violentaron los preceptos básicos
que rigen a todos los miembros de la clase togada, esto
es, obvió su obligación de actuar con el más alto sentido
de
compromiso
y
respeto
hacia
sus
compañeros
de
la
profesión, los tribunales y sus clientes.
Luego
de
haber
examinado
el
Informe
de
la
Comisionada Especial, y en vista de que González Cardona
continúa tratando de justificar su conducta con argumentos
inmeritorios e información que no se ajusta a la realidad,
resolvemos que no procede reinstalarle al ejercicio de la
abogacía. Como hemos visto, el querellado no sólo realizó
manifestaciones
miembros
de
ofensivas
este
en
contra
Tribunal,
de
sino
algunos
que
de
los
perpetró
un
incumplimiento reiterado con las órdenes de los tribunales
—incluyendo
nuestras
órdenes
durante
el
procedimiento
disciplinario que ahora culmina—, mostró una clara dejadez
y
menosprecio
encomendado,
en
y
la
su
tramitación
falta
de
del
caso
diligencia,
que
le
honradez
fue
y
sinceridad continúa patente. Estamos impedidos de avalar
su conducta. Lo contrario resultaría detrimental para la
profesión pues en forma alguna enaltece la toga.
VI.
Por los fundamentos que anteceden, procede denegar
la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía
del Sr. Eugenio González Cardona.
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Se dictara Sentencia de conformidad.
35
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Eugenio González Cardona
CP-2004-9
Conducta
Profesional
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 12 de julio de 2010.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte íntegra de la presente Sentencia, se deniega
la solicitud de reinstalación al ejercicio de la
abogacía del Sr. Eugenio González Cardona.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y
certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El
Juez Asociado señor Rivera Pérez no interviene. La
Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo