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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Ex Parte Eric I. Estrada Pabón

2010 TSPR 129

Poder Judicial de Puerto Rico

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Ex Parte Eric I. Estrada Pabón

TS-14,721

Baja voluntaria del ejercicio de la abogacía

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Eugenio González Cardona

2010 TSPR 129

179 DPR ____

Número del Caso: CP-2004-9

Fecha: 12 de julio de 2010

Abogado de la Parte Querellada:

Por Derecho Propio

Oficina del Procurador General:

Lcda. Noemí Rivera de León

Procuradora General Auxiliar

Materia: Conducta Profesional

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Eugenio González Cardona

CP-2004-9

Conducta

Profesional

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 12 de julio de 2010.

I.

El Sr. Eugenio González Cardona fue admitido

al ejercicio de la abogacía el 26 de junio de 1996

y juramentó como notario el 23 de julio del mismo

año.

El

17

de

noviembre

de

2004

el

Procurador

General de Puerto Rico presentó una querella ante

nos en contra del señor González Cardona. Le imputó

cuatro cargos, a saber: haber violentado el Canon 9

de

Ética

Profesional

por

incumplir

en

varias

ocasiones con las órdenes emitidas por el Tribunal

de Primera Instancia, faltando así a su deber de

observar

el

mayor

respeto

hacia

los

tribunales;

CP-2004-9

no

haber

2

comparecido

autorizadas

por

procedimientos

y

a

el

la

toma

de

tribunal,

faltando

al

varias

deposiciones

dilatando

deber

de

así

puntualidad

los

que

establece el Canon 12; haber abandonado la representación

de un cliente sin solicitar la autorización del tribunal

para renunciar a tal representación, según lo requiere el

Canon 20; e infringir el Canon 35 al incurrir en conducta

carente de la sinceridad y la honradez que deben observar

los abogados cuando comparecen ante los foros judiciales.

El 27 de diciembre de 2004 González Cardona contestó

la querella. Alegó, en esencia, que la querella presentada

era

“frívola,

representa

un

sin

fundamento

desquite

o

en

derecho

represalia

y

por

una

que

parte

del

Procurador General”.

El 2 de marzo de 2005 nombramos a un Comisionado

Especial para que, en presencia de las partes, recibiera

la prueba y nos rindiera el informe correspondiente. La

vista

quedó

querellado

pautada

solicitó

para

que

el

se

5

de

mayo

pospusiera.

El

de

2005.

El

Comisionado

entonces señaló la vista para el 29 de junio de 2005. A

este segundo señalamiento, el señor González Cardona no

compareció ni se excusó. Por tercera ocasión, se señaló la

vista para el 6 de octubre de 2005. Llegada esa fecha, el

querellado tampoco compareció.

Ante esta situación, el 14 de octubre de 2005 el

Comisionado Especial optó por informarnos las reiteradas

incomparecencias de González Cardona, las que calificó de

injustificadas. Enterados del proceder del querellado, el

CP-2004-9

3

18 de noviembre de 2005 le concedimos un

término para que

mostrara

ser

causa

por

la

cual

no

debía

separado

de

inmediato debido a sus injustificadas incomparecencias a

los referidos señalamientos de vistas.

El señor González Cardona compareció ante nos doce

días

después

del

término

que

le

habíamos

concedido.

Explicó que sus incomparecencias se debían a que hacía

tres años residía en el estado de Florida, donde había

mudado su domicilio. Que había dejado un apartado postal

en

Puerto

Rico

correspondencia

enviaba

a

y

un

“cada

la

familiar

tres

Florida.

o

le

recogía

allí

su

cuatro

semanas”

y

se

la

que

su

Por

ello,

adujo

correspondencia se demoraba “de seis a ocho semanas” en

llegarle.

En

fin,

dirección

postal

por

de

primera

Florida

vez

y

nos

notificó

solicitó

un

su

término

adicional de treinta días para viajar a Puerto Rico y

contratar a un abogado para agilizar los procedimientos en

este caso.

El 8 de febrero de 2006, habiendo transcurrido más de

dos

meses

suspensión

de

esta

última

inmediata

e

comparecencia,

indefinida

del

decretamos

ejercicio

de

su

la

abogacía mediante la Opinión Per Curiam In re González

Cardona, 167 D.P.R. 106 (2006). En esa ocasión concluimos

que,

al

ausentarse

injustificadamente

a

las

vistas

convocadas para dilucidar la querella en su contra —por

cuya razón no pudo adjudicarse en los méritos—, y al no

notificarnos durante tres años de su cambio de dirección

postal

o

física,

tanto

de

su

residencia

como

de

su

CP-2004-9

4

oficina, había incumplido con varios deberes medulares que

tenía como abogado.

En

reacción

a

su

suspensión

del

ejercicio

de

la

profesión, el 7 de abril de 2006 el Sr. Eugenio González

Cardona presentó una Moción Informativa y en Repudio a

Decisión Discriminatoria. En ésta, de manera irrespetuosa,

les

imputó

miembros

de

parcialidad

este

y

Tribunal.

prejuicio

Las

a

algunos

expresiones

que

de

los

realizó

fueron las siguientes:

[R]ecientemente

este

alto

foro

emitió

dos

decisiones

contra

este

abogado

claramente

discriminatorias,

obscenas,

motivadas

políticamente,

completamente

ilegales,

caprichosas

y

sobretodo

que

repugnan

e[l]

sistema civilizado de Derecho como el que la

Constitución de los Estados Unidos exige. Son

dos decisiones completamente inmorales, faltas

de ética y fundamento jurídico que merecen

nuestro más decidido repudio y que combatiremos

agresivamente hasta las últimas consecuencias en

todos los foros federales [y] administrativos

tanto en Puerto Rico como en el Estado de la

Florida. Obviamente, me refiero a los dos casos

de

epígrafe,[1]

que

representaron

un

claro

conflicto ético para la Juez ... que fue juez y

parte como pasada Secretaria de Justicia en

ambos casos. Sin embargo, ni siquiera se inhibió

aunque se le solicitó oportunamente.

Pero

primero,

quiero

expresar

todo

mi

agradecimiento al grupo de jueces que no se

dejaron presionar e intimidar por unos jueces

claramente prejuiciados políticamente y que

actuaron con toda la mala fe del mundo, con

ánimo revanchista, ilegal, prepotentes y una

actitud contumaz. Estos jueces que así actuaron

son los jueces populares ..., la mencionada juez

... y la juez ... Me imagino que mucho tendrán

que explicar a las autoridades que investigarán

[e]ste caso a la luz de la jurisprudencia misma

de este mismo Tribunal, la decisión del Tribunal

Apelativo (sic), pero sobre todo de la decisión

1

Los casos a los que el querellado hace referencia son: Pueblo v.

González, 167 D.P.R. 350 (2006) (Sentencia) e In re González Cardona,

167 D.P.R. 106 (2006).

CP-2004-9

5

del juez de primera instancia ..., hoy juez del

Tribunal

Apelativo

(sic).

Desafortunadamente

para este trío de jueces, una mera lectura al

libro de Derecho Penal del profesor Chiesa les

hubiese refrescado la memoria respecto a la

figura jurídica del fruto del árbol ponzoñoso y

le hubiesen devuelto el caso al Procurador

General inmediatamente. Y no esperar más de 2

años

buscando

una

mayoría

que

nunca

consiguieron.

Obviamente,

existieron

otras

motivaciones que en su día señalaremos y

probaremos. Sin embargo, dejemos que sean otras

personas quienes pasen juicio sobre [e]stas

decisiones repugnantes a la justicia y al buen

nombre de este alto foro.

Respecto al caso de Conducta Profesional, que

insistimos, está íntimamente relacionado con el

otro, he nombrado al Lcdo. Jorge Gordon Menéndez

para que presente toda la prueba que poseo para

demostrar lo equivocado, la mala fe de la

decisión. Sin embargo, mis abogados del Estado

de la Florida también tocarán algunos aspectos

en conjunto con la intervención indebida de la

juez Rodríguez y el Procurador Ramos, además de

las querellas que se someterán a nivel federal y

la posible intervención del Procurador General

del Estado de la Florida, Charlie Crist y las

Asociaciones de abogados del Estado que velan

contra la discriminación.

Dada la gravedad de toda ésta situación creada

por [e]stas decisiones, próximamente estaré

viajando a Puerto Rico para reunirme con el

Lcdo. Gordon y entregarle toda la documentación

disponible de ambos casos. Además, aunque no soy

político ni nunca he trabajado con gobierno

alguno, he seguido la recomendación y hemos

solicitado

y

estamos

solicitando

todavía

reuniones con el Presidente del Senado Kenneth

McClintock, para denunciar lo que está pasando

[en] el Tribunal Supremo de manera que el actual

puesto vacante lo ocupe un juez con ideología

estadista y no dejen pasar otro nombramiento.

También denunciaremos y le explicaremos toda

ésta situación a[]l Senador Pedro Ros[s]elló y

al Lcdo. Romero Barceló.

Examinadas estas expresiones, y en vista de que el

querellado se encontraba suspendido, el 1 de mayo de 2006

ordenamos

unir

al

expediente

de

este

caso

la

referida

CP-2004-9

Moción

6

para

que

fuese

considerada

cuando

solicitara

reinstalación.

El 17 de marzo de 2008 el señor González Cardona

peticionó su reinstalación al ejercicio de la abogacía. En

la moción que presentó a esos efectos explicó las razones

por las cuales realizó las citadas expresiones. Adujo que

nunca entendió porqué este Tribunal no alcanzó una mayoría

que lo favoreciera en Pueblo v. González, 167 D.P.R. 350

(2006)

(Sentencia).

suspensión

Ello,

indefinida

en

unido

In

re

a

que

decretamos

su

Cardona,

167

González

D.P.R. 106 (2006), le hicieron pensar que se este Foro

discriminaba en su contra. A esos efectos manifestó: “En

aquel

momento

me

encontraba

acción

viciosa

y

contumaz

sumamente

furioso

del Departamento

de

por

la

Hacienda

contra mi persona llevando un caso viciosamente por 10

largos años que estropearon mi vida económica y tuve que

dejar la Isla”.

Expresó su arrepentimiento y ofreció disculpas a los

miembros de este Tribunal por la forma irrespetuosa en que

se dirigió en aquella ocasión. Ahora bien, estableció que

“comprend[e] que muchas veces la frustración y el fragor

en la litigación puede ocasionar que un abogado caiga en

esa práctica censurable”. En fin, solicitó que por haber

transcurrido

dos

años

desde

su

suspensión

—tiempo

que

estimó suficiente—, y tras considerarse una persona de una

excelente reputación que ha aprendido la lección, entendió

que era merecedor de que lo reinstalásemos a la práctica

de la profesión.

CP-2004-9

El

7

26

González

de

marzo

Cardona

de

2008

le

a

los

fines

que

notificamos

de

al

señor

considerar

su

solicitud de reinstalación, informara su disposición a que

se tramitase en sus méritos el proceso disciplinario que

culminó con su suspensión indefinida del ejercicio de la

abogacía. El 2 de abril de 2008 compareció ante nos para

informarnos que estaba dispuesto a ventilar en sus méritos

el procedimiento disciplinario pendiente. El 9 de mayo de

2008 ordenamos reabrir el procedimiento disciplinario. El

9 de junio de 2008 nombramos a la Hon. Eliadis Orsini

Zayas, Ex Juez del Tribunal de Primera Instancia, para

que,

en

presencia

de

las

partes

y

en

calidad

de

Comisionada Especial, recibiera la prueba y nos rindiese

un

informe

con

sus

determinaciones

de

hechos

y

las

recomendaciones que estimase pertinentes.

El 9 de enero de 2009 la Comisionada Especial rindió

su Informe. Veamos a continuación los hechos específicos

imputados al querellado, los cuales surgen del expediente

y

de

las

determinaciones

fácticas

de

la

Comisionada

Especial.

II.

El 28 de marzo de 2002, unos abogados de profesión,

en

calidad

de

demandantes,

presentaron

una

demanda

en

solicitud de cobro de dinero por servicios prestados y no

compensados. El 2 de julio de 2002 los demandados, por

conducto

del

querellado,

el

entonces

Lcdo.

Eugenio

González Cardona, contestaron la demanda negando todas las

alegaciones esbozadas.

CP-2004-9

8

El 12 de julio de 2002, los demandantes presentaron

una

bien

Alegaron,

fundamentada

solicitud

en

que

síntesis,

los

de

sentencia

demandados

sumaria.

actuaban

con

temeridad al negar alegaciones cuyos hechos surgían de los

documentos

que

acompañaban

acreditaban

la

existencia

la

de

solicitud,

la

deuda

pues

por

éstos

la

suma

reclamada e, inclusive, la aceptación de la deuda por la

parte

demandada.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia

les

otorgó veinte días a los demandados para que presentaran

una

oposición

a

la

petición

de

sentencia

sumaria.

Transcurrido el término, éstos no comparecieron.

Además, el 22 de julio de 2002 los demandantes le

informaron al tribunal que, al examinar el expediente del

caso en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia,

se percataron que se había contestado la demanda, pero que

la

parte

demandada

no

le

había

notificado

esa

contestación. En esa ocasión, le evidenciaron al tribunal

cómo, mediante facsímil dirigido al querellado el 15 de

julio de 2002, le solicitaron a éste que le remitiera

copia de la contestación a la demanda, pero afirmaron que

nunca recibieron respuesta a lo solicitado. Debido a lo

anterior, ese mismo 22 de julio el tribunal le ordenó al

señor

González

Cardona

que

le

notificara

todos

los

escritos a los demandantes. Sin embargo, en vista de que

el querellado hizo caso omiso de esta orden, pues nunca le

envió copia de la referida contestación, los demandantes

gestionaron

en

la

Secretaría

del

Tribunal

de

Primera

Instancia que se le hiciera entrega de una copia de ésta.

CP-2004-9

9

El 28 de agosto de 2002 el foro primario declaró con

lugar la solicitud de sentencia sumaria imponiéndole a los

demandados el pago de la suma de $69,159.61, sin costas e

intereses, ni honorarios. La sentencia se notificó el 30

de

agosto

de

2002.

Ahora

bien,

no

es

hasta

el

4

de

septiembre de 2002 que la parte demandada, representada

por el querellado, comparece mediante un escueto escrito

para oponerse a que se dicte sentencia sumaria. En su

oposición argumentó que fue el 20 de agosto de 2002 que

recibió la copia de la solicitud de sentencia sumaria. Sin

embargo, no acompañó documento acreditativo alguno.

El foro primario denegó la moción en oposición a que

se dictase sentencia sumaria. Los demandantes advinieron

en conocimiento de que se había presentado la referida

oposición

cuando

recibieron

la

notificación

de

tal

denegatoria. En vista de ello, los demandantes acuden una

vez más al

tribunal a informar

que el abogado

de los

demandados, el señor González Cardona, tampoco les había

notificado esa alegación, por lo que le solicitaron a ese

foro

que

le

impusiera

sanciones

económicas

al

señor

González Cardona y a los demandados. A esos efectos, el

foro

primario

le

ordenó

a

éstos

que

comparecieran

y

explicaran la razón por la cual habían incumplido con su

deber de notificar sus alegaciones a las partes según lo

exige nuestro ordenamiento jurídico. Nunca comparecieron,

por lo que nuevamente incumplieron con las órdenes del

tribunal.

CP-2004-9

Así

10

las

cosas,

la

parte

demandada

reconsideración

ni

recurrió

de

Advenida final

y firme, el

11

la

nunca

aludida

de octubre

solicitó

sentencia.

de

2002 los

demandantes presentaron sendas mociones mediante las que

solicitaron

que

el

tribunal

permitiera

realizar

el

descubrimiento de prueba necesario para identificar los

bienes

de

los

demandados

sobre

los

cuales

se

podría

ejecutar el dictamen. El 16 de octubre de 2002 el foro

primario declaró con lugar la solicitud. A esos efectos,

emitió

una

orden

dirigida

al

codemandado

Jorge

David

Fortis, notificada al señor González Cardona por ser su

representante legal, a los fines de que se llevara a cabo

una deposición. La deposición quedó programada para el 21

de noviembre de 2002.

El

2

de

diciembre

de

2002

los

demandantes

le

informaron al foro primario que el codemandado no había

comparecido

También

a

la

indicaron

deposición,

que

habían

ni

tampoco

logrado

el

querellado.

comunicarse

por

teléfono con el señor González Cardona, quien les informó

que hacía dos meses había renunciado a la representación

legal de los demandados y le había entregado el expediente

al

codemandado

señor

Fortis.

En

su

comparecencia

al

tribunal, además, hicieron constar que verificaron en la

Secretaría del foro primario de Orocovis si realmente se

había presentado la renuncia y fueron informados de que no

era correcto. En atención a la información presentada por

los demandantes, el 3 de diciembre de 2002 el foro de

primera instancia de Orocovis ordenó a los demandados a

CP-2004-9

11

comparecer a una deposición en ese mismo tribunal el 18 de

febrero de 2003, y que mostraran causa por la cual no

debían ser encontrados incursos en desacato. Esta orden se

les notificó directamente a los demandados y al querellado

a la dirección que a esa fecha tenía en Florida.

El 18 de febrero de 2003, el codemandado señor Fortis

se presentó a la toma de la deposición sin su abogado, el

señor González Cardona. Ese día el señor Fortis informó

que su madre, quien figuraba como la codemandada, había

fallecido el 3 de febrero de 2003, por lo que él quedaba

como único demandado. También informó que no sabía de su

abogado desde hacía varios meses puesto que éste se había

mudado al estado de la Florida y había perdido contacto

con él. En vista de lo anterior, luego de examinar que en

el

expediente

no

constaba

una

moción

de

renuncia

de

representación legal, el Tribunal de Primera Instancia le

impuso

al

querellado

sanciones

económicas,

las

cuales

todavía no ha pagado. Además, le ordenó mostrar causa por

la cual no debía ser encontrado incurso en desacato por su

incomparecencia

a

la

deposición

pautada

para

el

21

de

noviembre de 2002, así como a la de ese día, 18 de febrero

de 2003.

En esa ocasión, el señor Fortis también informó que

había acordado con la parte demandante culminar el litigio

mediante una estipulación. Los demandantes aceptaron que

efectivamente

se

había

preparado

un

documento

de

estipulación, el cual habían enviado al querellado para su

aprobación,

pero

que

nunca

recibieron

el

documento

de

CP-2004-9

12

vuelta. Así las cosas, la parte demandante solicitó que se

dejara pendiente la aprobación de la estipulación hasta

tanto el señor Fortis contratara una nueva representación

legal.

El 25 de marzo de 2003 acudieron una vez más al foro

primario

tanto

los

demandantes

como

el

señor

Fortis,

acompañado este último por su nueva representación legal;

nuevamente estuvo ausente el querellado. En esta ocasión,

el

señor

Cardona

Fortis

le

declaró

había

bajo

informado

juramento

que

verbalmente

González

que

había

renunciado a su representación legal, pero que no le había

entregado documento alguno relacionado con el caso. Con el

fin de adelantar la solución del pleito, el Tribunal de

Primera Instancia procedió a relevar al querellado de la

representación

sustituyese

legal

del

la

nueva

por

señor

Fortis

y

aceptó

que

representación

legal.

De

se

esta

forma culminó el caso, esto es, finalizó de conformidad

con la aludida estipulación y sin la participación del

señor González Cardona.

Como consecuencia de los reiterados incumplimientos e

incomparecencias

del

querellado

en

el

referido caso

de

cobro de dinero, el 29 de mayo de 2003 el foro primario

emitió una Resolución y Orden mediante la cual le impuso

sanciones

económicas

adicionales

a

las

que

le

había

impuesto con anterioridad. Además, le advirtió al señor

González Cardona que de no efectuar el pago de la sanción

impuesta,

referiría

el

asunto

a

esta

Curia

para

que

iniciásemos el correspondiente procedimiento disciplinario

CP-2004-9

13

en su contra. Este dictamen fue notificado a la dirección

postal del querellado que en ese momento obraba en el

récord del tribunal.

Inconforme con esta Resolución, el 31 de julio de

2003

el

querellado

presentó

una

solicitud

de

reconsideración. Señaló que hacía más de siete meses que

el señor Fortis había contratado a otro abogado, por lo

que, previo a presentar su renuncia, le había entregado el

expediente.

Insistió,

comparecencias

ante

tal

ese

como

lo

tribunal,

hizo

que

en

el

anteriores

foro primario

continuaba enviando las notificaciones a direcciones que

habían dejado de ser las suyas. Sin embargo, en el escrito

de reconsideración que presentó hacía constar como suya la

misma dirección que constaba en el récord del tribunal. De

hecho, esa dirección era la misma a la que se le notificó

la

mencionada

Resolución

y

Orden

de

la

cual

solicitó

anunció

que

poseía

reconsideración.

Además,

en

esa comparecencia

y

presentaría prueba que demostraba que había renunciado a

la

representación

evidencia

del

legal

error

en

del

señor

Fortis,

la

dirección

a

la

así

como

que

se

la

le

notificaban las órdenes del tribunal. En esos términos,

alegó: “Que poseo pruebas irrefutables de todo lo aquí

establecido y en los próximos 10 días estaremos radicando

otra Moción con los documentos que establecen los errores

en

dirección

de

este

Honorable

Tribunal;

las

conversaciones de hace más de 7 meses con el nuevo abogado

del

señor

Fortis

as[í]

como

su

nombre,

teléfono

y

CP-2004-9

14

dirección;

documentos

firmados

por

el

señor

Fortis

recibiendo el expediente, etc.” Sin embargo, el querellado

nunca

presentó

prueba

Comisionada

Especial

tampoco

los

en

querellado

alguna

al

en

Informe

su

procedimientos

presentó

prueba

respecto.

Asimismo,

la

constar

que

hace

ventilados

pertinente

ante

y

ella

material

el

para

refutar lo alegado en su contra, esto es, la prueba que

ofreció,

no

la

presentó

en

ninguna

etapa

de

los

procedimientos disciplinarios.

El

20

de

agosto

de

2003,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia refirió el asunto ante esta Curia. En la Orden

que

emitió

indicó

que

González

Cardona

continuaba

sin

comparecer, así como tampoco había pagado las sanciones

económicas y los gastos de la deposición que no se pudo

celebrar

pagar

debido

en

el

a

su

incomparecencia,

término

de

diez

días

según

le

ordenó

dispuestos

en

la

Resolución y Orden emitida el 29 de mayo de 2003. Entendió

que ese comportamiento era una muestra más de la actitud

del

querellado

de

ignorar

y

menospreciar

sus

determinaciones y órdenes.

Así las cosas, no es hasta el 5 de septiembre de 2003

que

el

señor

González

Cardona

comparece

ante

el

foro

primario mediante una moción informativa. Solicitó que el

Tribunal

de

determinaciones

Primera

Instancia

de

y

hechos

estableciera

los fundamentos

de

las

derecho

para las sanciones impuestas. Sin embargo, la Resolución y

Orden

de

impusieron

29

de

las

mayo

de

2003

sanciones—

—mediante

fue

una

la

muy

cual

se

le

explícita

y

CP-2004-9

15

fundamentada, y de la cual González Cardona no recurrió.

Además, reiteró que de los autos se desprendía que él

había

renunciado

a

la

representación

legal

del

señor

Fortis hacia bastante tiempo, y que le había entregado el

expediente a éste. Igualmente, argumentó una vez más que

el foro primario enviaba las notificaciones a direcciones

erróneas.

No

obstante,

de

los

autos

se

desprendía

lo

contrario pues precisamente la dirección que hizo constar

en esa moción fue la misma a la que el tribunal envió las

últimas notificaciones.

El 9 de enero de 2009, la Comisionada Especial emitió

el informe sobre la acción disciplinaria que motivó el

presente recurso. A base de los hechos relatados, encontró

probadas

las

violaciones

éticas

imputadas,

esto

es,

concluyó que el señor González Cardona había incurrido en

violaciones a los Cánones 9, 12, 20 y 35 de los de Ética

Profesional. A la luz de todo lo anterior, procedemos a

resolver

la

solicitud

de

reinstalación

radicada

por

González Cardona.2

III.

En

numerosas

ocasionas

hemos

establecido

que

todo

asunto relacionado con la reglamentación del ejercicio de

la

profesión

legal,

lo

que

incluye

la

admisión

y

la

separación de sus miembros, es facultad inherente de este

2

Véase, In re Cuevas Velázquez, res. el 29 de julio de 2008, 174

D.P.R. ___ (2008), 2008 T.S.P.R. 138.

CP-2004-9

16

Tribunal.3 En el ejercicio de tal autoridad, hemos separado

del ejercicio de la profesión legal a aquellos abogados

que no se desempeñan conforme a las rigurosas normas de

conducta que rigen el quehacer de esta honrosa profesión.

Los Cánones de Ética Profesional contienen las pautas

mínimas que deben guiar a los miembros de la clase togada

en el ejercicio de su delicada faena.4 Su propósito es

promover

en

ellos

un

desempeño

profesional

y

personal

acorde con los más altos principios de conducta decorosa.5

Y es que tal desempeño beneficia tanto a la profesión como

a

la

ciudadanía

en

general

y

a

las

instituciones

de

justicia del País.6

En la búsqueda de esa conducta decorosa, el Canon 9

de

Ética

Profesional

les

exige

a

los

miembros

de

la

profesión legal el deber de observar una conducta hacia

los tribunales que se caracterice por el mayor respeto.7 A

tales efectos, este Canon dispone que “[e]llo incluye la

obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o

atentados ilícitos contra jueces o contra el buen orden en

la administración de la justicia en los tribunales”.8

3

In re Gervitz Carbonell, 162 D.P.R. 665 (2004); In re Peña Peña, 153

D.P.R. 642 (2001); In re Freytes Mont, 117 D.P.R 11 (1986); In re

Liceaga, 82 D.P.R. 252 (1961).

4

In re Gervitz Carbonell, supra; In re Ortiz Brunet, 152 D.P.R. 542

(2000); In re Filardi Guzmán, 144 D.P.R. 710 (1998).

5

In re Gervitz Carbonell, supra; In re Ortiz Brunet, supra.

6

Íd.

7

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 9; In re Hoffman Mouriño, 170 D.P.R. 968

(2007).

8

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 9.

CP-2004-9

17

Asimismo,

este

precepto

ético

exige

de

la

clase

togada el deber de atender pronta y diligentemente las

órdenes

que

emiten

los

tribunales.

Como

parte

de

este

deber,

se

requiere

la

comparecencia

compulsoria

de

los

abogados a los señalamientos judiciales con respecto a la

tramitación de las causas de sus clientes.9 Y es que la

desatención a esas órdenes, además de constituir una clara

violación

al

mandato

del

Canon

9,

representa

un

grave

insulto a la autoridad de los tribunales.10

El

incumplir

continuamente

con

las

órdenes

de los

tribunales provoca retrasos irrazonables en el trámite de

los casos, lo que tiene la grave consecuencia de afectar

la

administración

de

propiciar

la

numerosas

ocasiones

ético

exige

buena

de

todo

la

justicia.11

administración

hemos

de

reiterado

abogado

el

Precisamente,

la

que

para

justicia,

este

cumplimiento

en

precepto

puntual

y

diligente de las obligaciones asumidas.12 Y es que la buena

marcha

de

los

procesos

judiciales

del

País

es

responsabilidad ineludible de todo miembro de la profesión

legal.13 Ello así en vista de que el abogado, además de

defensor de su cliente, es colaborador de la justicia.14

9

In re Vilches López, 170 D.P.R. 793 (2007).

10

In re González Carrasquillo, 164 D.P.R. 813 (2005); In re Otero

Fernández, 145 D.P.R. 582 (1998).

11

In re Gervitz Carbonell, supra.

12

In re Claudio Ortiz, 141 D.P.R. 937 (1996); In re Colón Torres, 129

D.P.R. 490 (1991).

13

In re Marini Román, 165 D.P.R. 801 (2005).

14

In re Gervitz Carbonell, supra.

CP-2004-9

Por

18

su

parte,

pero

relacionado

con

el

deber

de

respeto hacia la autoridad judicial, el Canon 12 exige de

la clase togada la obligación de tramitar las causas del

cliente

de

manera

puntual

y

concisa.

A

esos

efectos,

establece que:

Es deber del abogado hacia el tribunal, sus

compañeros, las partes y [los] testigos el ser

puntual en su asistencia y conciso y exacto en

el trámite y presentación de las causas. Ello

implica el desplegar todas las diligencias

necesarias para asegurar que no se causen

indebidas

dilaciones

en

su

tramitación

y

15

solución.

De esta forma, el deber de puntualidad y concisión en

la tramitación de los casos y en el cumplimiento con los

señalamientos judiciales es debido tanto al tribunal como

a

los

compañeros

abogados

y,

sobre

todo,

al

cliente

mismo.16 Esta responsabilidad ética está presente en todas

las etapas del litigio e incluye el deber de acatar las

órdenes del tribunal.17

En

este

sentido,

hemos

expresado

que

“[e]n

la

tramitación de un pleito, el abogado debe a las cortes el

respeto a las órdenes judiciales que le son dirigidas,

exigiéndose de él la asistencia puntual y el despliegue de

todas las diligencias necesarias para asegurar que no se

causen indebidas dilaciones en la tramitación y solución

de los casos”.18 En otras palabras, que “desatender las

órdenes del tribunal y no comparecer a las vistas pautadas

15

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 12.

16

In re Roldós Matos, 161 D.P.R. 373 (2004).

17

Íd.; In re Soto Colón, 155 D.P.R. 623 (2001).

18

In re Roldós Matos, supra, pág. 384.

CP-2004-9

19

constituye

una

falta

de

respeto

al

tribunal

lo

que

infringe los deberes éticos consagrados en los cánones 9 y

12 del Código de Ética Profesional”.19

Por su parte, el Canon 20 dicta que un abogado “no

puede ni debe renunciar [a] la representación profesional

de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal

y

debe

solicitarlo

solamente

cuando

exista

una

razón

justificada e imprevista para ello”.20 De existir la razón

justificada e imprevista para solicitar la renuncia a la

representación legal de su cliente, este Canon dispone el

procedimiento que debe realizar todo abogado para ello.

En vista de la función fundamental que ejerce, el

abogado, antes de renunciar, debe procurar tomar todas las

medidas razonables que eviten perjuicios al derecho de su

cliente. A esos

fines, el

ejemplo,

de

algunas

notificarle

al

las

cliente

Canon 20 provee,

medidas

sobre

su

a

necesarias,

renuncia;

modo de

a

saber:

aconsejarle

sobre la necesidad de contratar una nueva representación

legal

y

concederle

tiempo

para

ello;

notificarle

los

términos dispuestos en ley que puedan afectar su derecho o

para

la

presentación

cualquier

otra

de

cualquier

disposición

que

escrito;

haya

y señalarle

establecido

el

tribunal.21

De igual forma, dispone este Canon que al advenir

efectiva la renuncia del abogado, éste está obligado a

19

In re Vilches López, supra, pág. 800.

20

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 20.

21

Íd.

CP-2004-9

20

entregar el expediente del caso al cliente, así como todo

documento relacionado.22 Asimismo, tendrá que reembolsarle

inmediatamente cualquier cantidad que el cliente le haya

pagado por adelantado en honorarios por servicios que no

se han prestado al momento de concretarse la renuncia.

De otro lado, el Canon 35 exige que la conducta de

todo

miembro

de

la

profesión

legal

para

con

sus

representados y sus compañeros abogados, así como para con

los

tribunales,

debe

caracterizarse

por

ser

sincera

y

honrada.23 A esos efectos, este precepto ético aclara que

no es sincero ni honrado utilizar medios inconsistentes

con la verdad, ni inducir a error al juzgador mediante

artificios o falsa relación de los hechos o del derecho.

En vista de ello, el propio canon precisa que al abogado

redactar

cualquier

consideración

del

documento

tribunal,

que

tiene

someta

la

ante

la

obligación

de

ajustarse a la sinceridad de los hechos. Y es que “[l]a

verdad es un atributo inseparable del ser abogado, y sin

ésta,

la

profesión

jurídica

no

podría

justificar

su

existencia”.24

Reiteradamente

hemos

expresado

que

un

abogado

que

falta a la verdad infringe el Canon 35, independientemente

de

los

motivos

que

lo

condujeron

a

incurrir

en

esa

conducta o de que no se hubiera perjudicado a tercero

22

In re Rivera Ramos, res. el 13 de abril de 2010, 178 D.P.R. ___

(2010), 2010 T.S.P.R. 53.

23

24

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 35.

In re Vélez Báez, res. el 23 de junio de 2009, 176 D.P.R. ___

(2009), 2009 T.S.P.R. 123.

CP-2004-9

21

alguno.25 Por tal razón, todo abogado, en virtud de la

confianza

en

él

depositada

como

miembro

de

la

ilustre

clase togada, debe conducirse de forma digna y honorable

tanto

en

la

vida

privada

como

en

el

desempeño

de

su

profesión.26 En aras de preservar el honor y la dignidad de

la profesión, el compromiso del abogado con la verdad es

incondicional.27

siempre

Desde

esta

perspectiva,

al

adjudicar los méritos de una acción disciplinaria, lo que

corresponde evaluar es si la conducta que se le imputa al

abogado

lo

hace

indigno

de

pertenecer

a

esta

honrosa

Tribunal

Supremo

Comisionado

Especial

profesión.28

IV.

La

Regla

establece

que

14

del

Reglamento

le

corresponde

al

del

designado celebrar una vista para recibir la prueba.29 Como

desempeña una función similar a la del juzgador de primera

instancia, el Comisionado Especial se encuentra en mejor

posición

de

aquilatar

la

prueba

testifical.30

En

este

25

In re Santiago Tirado, res. el 16 de mayo de 2008, 174 D.P.R. __

(2008), 2008 T.S.P.R. 86; In re Grau Acosta, res. el 20 de septiembre

de 2007, 172 D.P.R. ___ (2007), 2007 T.S.P.R. 170.

26

In re Santiago Tirado, supra; In re López González, 171 D.P.R. 567

(2007).

27

In re Fernández de Ruiz, 167 D.P.R. 661 (2006).

28

In re Vélez Báez, supra; In re López González, supra.

29

4 L.P.R.A. Ap. XXI-A.

30

In re Rivera Lozada, res. el 26 de junio de 2009, 176 D.P.R. ___

(2009), 2009 T.S.P.R. 120; In re Gordon Menéndez I, 171 D.P.R. 210

(2007); In re Pagán Pagán, 171 D.P.R. 975 (2007).

CP-2004-9

22

sentido,

sus

determinaciones

fácticas

merecen

nuestra

mayor deferencia.31

Ahora bien, hemos precisado que este Tribunal no está

obligado a aceptar el informe que rinde el Comisionado

Especial

en

un

procedimiento

disciplinario

contra

un

abogado, sino que podemos adoptar, rechazar o modificar

tal informe.32 Sin embargo, nos abstendremos de intervenir

con sus determinaciones de hechos salvo que se demuestre

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su

apreciación.33

Con estos preceptos en mente, y en vista de que no

hemos encontrado nada en el expediente que nos anime a

intervenir

con

las

determinaciones

de

hechos

de

la

Comisionada Especial, por lo que la presunción sobre su

corrección

no

ha

sido

rebatida,

adjudiquemos

la

controversia ante nuestra consideración.

V.

Previo a analizar con especificidad los cargos que se

le imputaron al señor González Cardona, resulta pertinente

reseñar

algunas

incidencias

acaecidas

en

la

vista

celebrada por la Comisionada Especial, las cuales surgen

de su Informe, y completan el cuadro fáctico y probatorio

de este caso.

Surge del Informe de la Comisionada Especial que la

vista final de este caso se celebró el 20 de noviembre de

31

Íd.

32

In re Irizarry Vega, res. el 6 de julio de 2009, 176 D.P.R. ___

(2009), 2009 T.S.P.R. 132.

33

Íd.

CP-2004-9

23

2008, la cual, a petición del querellado, sería una vista

evidenciaria ya que éste había anunciado la presentación

de tres testigos. Los testigos que anunció eran: el Sr.

Eleuterio Pastrana, como testigo de reputación; la Sra.

Lydia Díaz Nazario, quien era la secretaria del querellado

para la fecha de los hechos objeto de la querella y quien

testificaría que le entregó el expediente al señor Fortis;

y el propio señor Fortis, quien testificaría que acudió a

la

oficina

del

querellado

y

la

secretaría

de

éste

le

entregó el expediente. Ahora bien, consignó la Comisionada

Especial que esos tres testigos anunciados nunca fueron

producidos por el querellado, pues el día de la vista

renunció a sus testimonios argumentando que no los pudo

localizar debido al tiempo que había transcurrido.

De

esta

forma,

sobre

expediente al señor Fortis y

la

alegada

entrega

la fecha en

que

del

ésta se

produjo, la Comisionada Especial expuso que el querellado

no

presentó

prueba

alguna

sobre

el

particular.

Además,

expresó que el querellado tampoco pudo probar que presentó

una moción de renuncia de representación legal conforme

exige el Canon 20 de Ética Profesional, ello, a pesar de

que durante el proceso insistió que había presentado tal

renuncia. Debido a que el señor González Cardona anunció

la prueba antes mencionada pero finalmente renunció a ésta

sin justificación válida, la Comisionada Especial aplicó

la

presunción

contenida

en

la

Regla

16(5)

de

las

anteriores Reglas de Evidencia —idéntica a la actual Regla

CP-2004-9

304(5)—

24

respecto

a

que

“toda

evidencia

voluntariamente

suprimida resultará adversa si se ofreciere”.34

Consignado lo anterior, resulta pertinente recordar

la forma en que se inició este procedimiento de conducta

profesional. Comenzó con la emisión de una Resolución y

Orden por parte del Hon. Nelson Javier Canabal, Juez del

Tribunal

de

Primera

presidía

un

caso

Instancia,

sobre

querellado

era

el

mencionado

dictamen

cobro

abogado

tuvo

Sala

Orocovis,

dinero

en

que

el

la

parte

demandada.

El

consignar

los

objetivo

de

el

quien

de

de

el

de

acontecimientos procesales acaecidos en el referido caso a

los fines de imponerle sanciones económicas al entonces

licenciado

González

Cardona

debido

a

su

reiterado

incumplimiento con las órdenes de ese tribunal. Incluso,

en ese escrito se le advirtió que de no efectuar el pago

de

las

referido

sanciones

económicas

ante

Curia

esta

a

impuestas,

los

el

efectos

asunto

de

sería

iniciar

un

procedimiento disciplinario en su contra. En vista de que

el querellado incumplió con este dictamen, el Hon. Nelson

Javier Canabal emitió una Orden a los únicos efectos de

34

32 L.P.R.A. Ap. IV R.16(5). Téngase en cuenta que cuando la Regla 1

de las anteriores Reglas de Evidencia dictaba que éstas eran

“aplicables en todas las salas del Tribunal General de Justicia del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico en procedimientos de naturaleza

civil y criminal”, se entendía que ello incluía cualquier acción

judicial celebrada ante un comisionado especial. Ahora bien, las

Reglas de Evidencia vigentes especifican —Regla 103— que éstas son de

aplicación “en los procedimientos ante el Tribunal Supremo”. En vista

de ello, los procedimientos disciplinarios llevados a cabo por este

Tribunal, incluso cuando la dirección de la vista se haya delegado a

un comisionado especial, están sujetos a lo que dispongan las Reglas

de Evidencia —incluida la Regla 304; Presunciones específicas— siempre

que aplicarlas no conflija con las disposiciones de nuestro

Reglamento.

CP-2004-9

25

remitirnos copia de la citada Resolución y Orden para que

procediéramos con la acción que estimásemos conveniente.

Con

mencionado

el

beneficio

Juez,

del

referimos

referido

el

asunto

realizado

a

la

por

el

Oficina

del

Procurador General para la correspondiente investigación e

informe. En cumplimiento con lo ordenado, el Procurador

General rindió su informe y, previo a los trámites de

rigor,

presentó

escrito

de

querella

imputándole

cuatro

cargos por alegadas violaciones a los Cánones 9, 12, 20 y

35 de los de Ética Profesional. En este sentido, no debe

albergar duda en cuanto a que el contenido de los cargos

imputados y, en consecuencia, el presente procedimiento,

se inicia por motivo de un referido que hace un Juez del

Tribunal de Primera Instancia mediante el cual enumera una

serie de incumplimientos por parte del querellado para con

las partes litigantes y para con el propio foro primario

en un caso ante su consideración.

La serie de incumplimientos ya han sido reseñados.

La Comisionada Especial estableció como hecho cierto que

el querellado hizo caso omiso a la orden del foro primario

en cuanto a que le notificara a los demandantes todos los

escritos que había presentado. Ello así, en vista de que

los demandantes le informaron al tribunal que, al examinar

el expediente del caso en la Secretaría del Tribunal de

Primera Instancia de Orocovis se percataron que se había

contestado la demanda, pero que la parte demandada no le

había

notificado

posterioridad

a

esa

este

contestación.

requerimiento

Más

del

aún,

con

tribunal,

el

CP-2004-9

26

querellado

presentó

un

escrito

para

oponerse

a

la

solicitud de los demandantes para que se dictase sentencia

sumaria

incurriendo

notificar

esa

nuevamente

alegación

a

en

la

práctica

los demandantes.

de

no

Enterado

el

tribunal de este incumplimiento, ordenó al querellado que

compareciera

incumplido

y

explicara

nuevamente

la

con

el

razón

por

deber

de

la

cual

había

notificar

sus

alegaciones, pero éste tampoco cumplió con esta orden pues

no compareció en esos términos ni notificó el referido

escrito.

La

desatención

a

esas

órdenes,

además

de

constituir una clara violación al mandato del Canon 9,

representa

un

grave

insulto

a

la

autoridad

de

los

tribunales.35

Lo anterior, unido a las expresiones irrespetuosas,

ofensivas y amenazantes que realizó el querellado en la

Moción Informativa y en Repudio a Decisión Discriminatoria

que presentó en reacción a su suspensión indefinida del

ejercicio

supra,

y

de

la

profesión

mediante

la

en

cual

In

les

re

González

imputó

Cardona,

parcialidad

y

prejuicio a algunos de los miembros de este Tribunal, no

nos deja ninguna duda de que el querellado violentó la

pauta

ética

establecida

en

el

Canon

9

de

Ética

Profesional. Así concluimos toda vez que la citada Moción

y

la

Resolución

detallando

la

y

Orden

serie

emitida

de

por

el

foro

incumplimientos

primario

en

que

éste incurrió —de la cual el querellado no recurrió ni

tampoco presentó prueba en contrario ante la Comisionada

35

In re González Carrasquillo, supra; In re Otero Fernández, supra.

CP-2004-9

27

Especial—, representa una prueba clara y convincente de

que el querellado faltó así a su deber de observar el

mayor respeto hacia los tribunales.

No nos satisfacen las explicaciones que ofrece el

querellado sobre las razones por las cuales realizó las

desafortunadas

expresiones

en

contra

de

algunos

de

los

miembros de esta Curia, pues no estamos de acuerdo con su

afirmación de que “muchas veces la frustración y el fragor

en la litigación puede ocasionar que un abogado caiga en

esa práctica censurable”. Aún cuando reconocemos que hay

instancias en que a los abogados les causa desazón las

determinaciones adversas que puedan hacer los tribunales,

hemos expresado que ello no es licencia para cuestionar la

dignidad, honestidad y ecuanimidad de los miembros de la

judicatura.36 Los abogados, sin exclusión ninguna, están

obligados en todo momento por el Canon 9 a “desalentar y

evitar ataques injustificados o atentados ilícitos contra

los jueces o contra el buen orden en la administración de

la justicia en los tribunales”.37

Relacionado

con

el

deber

de

respeto

hacia

la

autoridad judicial, podemos concluir que el querellado no

tramitó las causas de sus clientes de manera puntual y

concisa contraviniendo así los postulados del Canon 12.

Con

sus

constantes

incomparecencias

a

la

toma

de

las

deposiciones autorizadas por el tribunal en la etapa de

ejecución de sentencia, dilató los procedimientos y faltó

36

In re Crespo Enríquez, 147 D.P.R. 656 (1999).

37

4 L.P.R.A. Ap. IX C. 9.

CP-2004-9

28

al deber de puntualidad que establece el Canon 12. En

otras

palabras,

el

señor

González

Cardona

no

desplegó

todas las diligencias necesarias para asegurar que no se

causaran

dilaciones

indebidas

en

la

tramitación

y

la

solución del litigio entablado contra su cliente.

Al igual que la Comisionada Especial, concluimos que

el

querellado

faltó

al

deber

de

concisión

en

la

tramitación del caso pues las continuas incomparecencias a

las deposiciones autorizadas por el tribunal obligó que se

tuvieran

que

emitir

nuevas

órdenes

esfuerzos

del

foro

primario,

lo

duplicando

que

no

era

así

los

necesario

efectuar a no ser que el querellado hubiese cumplido con

el deber ético que le impone el Canon 12. En fin, al

desatender las órdenes del Tribunal de Primera Instancia y

no comparecer a las deposiciones pautadas, constituye una

falta de respeto al tribunal, lo que infringe los deberes

éticos consagrados en los Cánones 9 y 12 del Código de

Ética Profesional.

En cuanto al tercer cargo imputado en la querella,

la Comisionada Especial concluyó que el señor González

Cardona

incurrió

en

conducta

violatoria

del

Canon

20

debido a que se desligó y se desentendió del caso dejando

indefenso a su cliente sin solicitar su renuncia conforme

lo

exige

quienes

este

le

precepto

informaron

ético.

al

Fueron

tribunal

que

los

demandantes

habían

logrado

comunicarse por teléfono con el querellado y éste les

comunicó que había renunciado a la representación legal

del señor Fortis y que le había entregado el expediente.

CP-2004-9

29

Sin embargo, el señor Fortis, por su parte, compareció al

tribunal y declaró bajo juramento que el querellado le

había informado verbalmente que había renunciado a su

representación legal pero que nunca le entregó documento

alguno

relacionado

con

el

caso.

Así

las

cosas,

tras

confirmar que del expediente no constaba una moción de

renuncia de representación legal, el foro primario le

impuso al querellado sanciones económicas, las cuales no

ha pagado.

De

esta

forma

quedó

probado

que

el

querellado

infringió lo dispuesto en el Canon 20 pues un abogado “no

puede ni debe renunciar [a] la representación profesional

de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal

y

debe

solicitarlo

solamente

cuando

exista

una

razón

justificada e imprevista para ello”.38 El señor González

Cardona, a pesar de que anunció prueba al respecto, nunca

probó

que

solicitó

permiso

al

tribunal

para

hacer

efectiva su renuncia y que le notificó a su representado

sobre ésta, así como tampoco le aconsejó a éste sobre la

necesidad de contratar una nueva representación legal ni

le notificó sobre los señalamientos establecidos por el

tribunal, todo ello, en contravención a los postulados

del

mencionado

precepto

ético.

Asimismo,

infringió

el

Canon 20 en la medida en que de la prueba se desprende

que no le hizo entrega del expediente al señor Fortis

cuando

38

debía,

cuestión

4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 20.

que,

a

pesar

que

alegó

que

CP-2004-9

30

probaría que sí se lo había entregado, realmente nunca

pudo demostrarlo.

En

este

punto,

conviene

transcribir

las

determinaciones que realizó la Comisionada Especial sobre

este particular:

[S]urge por expresiones del querellado, que no

se han rebatido, que él había abandonado la

jurisdicción y que tuvo la conversación con los

demandantes informando que había renunciado y

había entregado el expediente al Sr. Fortis dos

meses antes del 20 de noviembre de 2002.

Entonces

tenemos

que

concluir

que

contradictoriamente

—según

su

versión

y

siguiendo la misma— estaría el querellado

realizando gestiones en relación a clientes que

ya no representaba cuando presentó el escrito

en oposición a la solicitud de sentencia

sumaria. Recuérdese que la moción de sentencia

sumaria se declaró con lugar el 28 de agosto de

2002, notificada la sentencia el 30 de agosto

del mismo año 2002; pero el abogado querellado

presentó la oposición a la solicitud de

sentencia sumaria el 4 de septiembre de 2002 y

la moción de sentencia sumaria se había

presentado desde el 12 de julio de 2002.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sobre este tema el querellado ha insistido en

que entregó el expediente al Sr. Fortis el 27

de agosto de 2002 y que presentó una moción de

renuncia desde esa fecha, aunque no posee

prueba alguna para sostenerlo y en los autos

del caso B4CI2002-0037 no obra moción de

renuncia de esa fecha; la única moción de

renuncia que obra en el expediente tiene fecha

de 11 de marzo de 2003; pero hay que resaltar

que la misma fue presentada luego de haber el

abogado incumplido órdenes del tribunal y

habérsele impuesto sanciones económicas que a

esta fecha no ha satisfecho. El querellado

nunca recurrió de las determinaciones tomadas

en su contra en instancia. Además, en cuanto a

la prueba anunciada en estos procedimientos por

el querellado, al no presentarla el querellado,

le aplicamos la presunción de que esa prueba le

resultaba adversa.

CP-2004-9

31

Es de advertir que los argumentos conflictivos y en

ocasiones increíbles de González Cardona no le merecieron

crédito a la Comisionada Especial, quien tuvo ante sí

toda

la

prueba

presentada

por

las

partes.

Tampoco

a

nosotros nos persuaden; más bien nos llevan a concluir

que en los procedimientos ante el Tribunal de Primera

Instancia,

así

como

en

la

tramitación

del

presente

proceso disciplinario, el querellado brindó información

falsa

o

imprecisa

con

la

intención

de

evadir

las

consecuencias de sus actos.

Como

vemos,

el

querellado

faltó

a

la

verdad

infringiendo así el Canon 35. Su conducta para con sus

compañeros abogados y para con el tribunal, así como para

con la Comisionada Especial, no se caracterizó por ser

sincera

y

honrada.

Engañó

a

sus

compañeros

abogados

cuando, previo al 2 de diciembre de 2002, les informó vía

telefónica

que

hacía

dos

meses

había

renunciado

representación

legal

de

los

demandados

y

le

a

la

había

entregado el expediente al señor Fortis.

Para con el tribunal, utilizó medios inconsistentes

con

la

verdad

al

realizar

una

falsa

relación

de

los

hechos cuando el 31 de julio de 2003, en reacción a la

Resolución y Orden emitida por el foro primario, solicitó

reconsideración de ésta manifestando que hacía más de

siete meses que el señor Fortis había contratado a otro

abogado, por lo que había renunciado a su representación

legal y le había entregado el expediente. Incluso, indujo

a error al tribunal al insistir en varias ocasiones que

CP-2004-9

32

sus incomparecencias se debían a que se le enviaban los

pronunciamientos del tribunal a direcciones que no eran

la

suya,

cuando,

precisamente,

en

el

escrito

de

reconsideración que presentó hacía constar como suya la

misma dirección que constaba en el récord del tribunal,

la

cual

era

idéntica

a

la

que

se

le

notificó

la

Resolución y Orden de la cual solicitó reconsideración.

En este sentido, contravino lo dispuesto en el Canon 35

al

someter

ante

la

consideración

del

tribunal

un

documento que no se ajustó a la sinceridad de los hechos.

Respecto al procedimiento disciplinario seguido ante

la Comisionada Especial, ésta concluyó que el querellado

“presentó

información

no

ajustada

a

la

realidad

para

justificar su conducta”. Indicó que el querellado no había

sido sincero ni honrado al informarle que para el 27 de

agosto

de

renuncia

Fortis

y

2002

había

enviado

por

le

había

entregado

el

porque

éste

ya

había

correo

su

expediente

contratado

otro

moción

al

de

señor

abogado,

cuando en realidad, para el 18 de febrero de 2003, no

había presentado solicitud de renuncia al tribunal ya que

la presentó el 11 de marzo de 2003. Ante esta situación,

la

Comisionada

contradecir

lo

Especial

anterior

le

concedió

mediante

la

oportunidad

algún

recibo

de

que

acreditara la entrega del expediente, o algún documento o

recibo que acreditara el envío de las mociones de renuncia

que él alegaba haber enviado a tiempo, pero el querellado

le respondió que no tenía manera de probarlo.

CP-2004-9

33

Así configurado el caso que le correspondió atender

a la Comisionada Especial, ésta concluyó en su Informe:

[N]os llama la atención la postura y conducta

reiterada una y otra vez del querellado a los

efectos de que no cometió falta alguna; que

cumplió con las normas y procedimientos en

instancia; y su comprobada conducta de anunciar

gestiones o poseer prueba que presentará para

derrotar lo imputado lo que nunca hace o

provee.

Se detecta en el querellado tener él un

convencimiento serio de que todos están contra

él, haciendo abstracción de los hechos tal cual

comprobadamente ocurrieron. El querellado hace

caso omiso de la naturaleza real de todos estos

incidentes que lo involucran a él.

A la fecha de la vista del 20 de noviembre de

2008 el querellado s[ó]lo recordaba que se le

habían impuesto $100 por concepto de sanciones

y a preguntas contestó que no las había pagado

por ser improcedentes, ya que él renunció en

tiempo, aunque aceptó que se fue a vivir para

Estados Unidos. Su repetida defensa es que

aunque

acepta

[que]

se

enviaban

las

notificaciones del tribunal no le llegaban

porque se enviaban a direcciones erróneas y

porque él no las recibía en tiempo porque

estaba en Estados Unidos. Recuérdese que es la

teoría del querellado que esa persona Jorge

Fortis probablemente por desquite, o por

cualquier otra razón fue y dijo al tribunal que

él le renunció a los casos porque no le pagó

ningún dinero, aunque este dato no se ajusta a

la realidad según establecimos y lo visualiza

como un querellante aunque no lo es; ya que

este asunto llegó ante este foro por un

referido que hizo un juez del [T]ribunal de

[P]rimera [I]nstancia.

Ciertamente,

el

comportamiento

observado

por

González Cardona no estuvo a la altura de la honrosa

profesión que ostentó y que ahora intenta reinsertarse.

Mucho menos actuó como ministro y buen funcionario de la

judicatura. No albergamos duda alguna de que su conducta

violentó de manera inaceptable el deber de todo abogado

CP-2004-9

34

de cooperar en la compartida e indivisible encomienda de

lograr

la

verdad

y

ver

cumplida

la

justicia.

Sus

actuaciones no sólo laceraron el honor y la dignidad de

la profesión, sino que violentaron los preceptos básicos

que rigen a todos los miembros de la clase togada, esto

es, obvió su obligación de actuar con el más alto sentido

de

compromiso

y

respeto

hacia

sus

compañeros

de

la

profesión, los tribunales y sus clientes.

Luego

de

haber

examinado

el

Informe

de

la

Comisionada Especial, y en vista de que González Cardona

continúa tratando de justificar su conducta con argumentos

inmeritorios e información que no se ajusta a la realidad,

resolvemos que no procede reinstalarle al ejercicio de la

abogacía. Como hemos visto, el querellado no sólo realizó

manifestaciones

miembros

de

ofensivas

este

en

contra

Tribunal,

de

sino

algunos

que

de

los

perpetró

un

incumplimiento reiterado con las órdenes de los tribunales

—incluyendo

nuestras

órdenes

durante

el

procedimiento

disciplinario que ahora culmina—, mostró una clara dejadez

y

menosprecio

encomendado,

en

y

la

su

tramitación

falta

de

del

caso

diligencia,

que

le

honradez

fue

y

sinceridad continúa patente. Estamos impedidos de avalar

su conducta. Lo contrario resultaría detrimental para la

profesión pues en forma alguna enaltece la toga.

VI.

Por los fundamentos que anteceden, procede denegar

la solicitud de reinstalación al ejercicio de la abogacía

del Sr. Eugenio González Cardona.

CP-2004-9

Se dictara Sentencia de conformidad.

35

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Eugenio González Cardona

CP-2004-9

Conducta

Profesional

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 12 de julio de 2010.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar

parte íntegra de la presente Sentencia, se deniega

la solicitud de reinstalación al ejercicio de la

abogacía del Sr. Eugenio González Cardona.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y

certifica la Secretaria del Tribunal Supremo. El

Juez Asociado señor Rivera Pérez no interviene. La

Jueza Asociada señora Fiol Matta y la Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez no intervinieron.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo