LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Negrón Matos y otros v. E.L.A.

2010 TSPR 86

Poder Judicial de Puerto Rico

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Negrón Matos y otros v. E.L.A.

CT-2009-8

Ley 7 de 9 de marzo de 2009 – Exclusiones bajo el Art. 37.02 de la ley, según enmendada · Hon. Rodríguez Rodríguez

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen A. Negrón Matos y otros

Peticionarios

Certificación

v.

2010 TSPR 86

Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Junta de

Reestructuración y Estabilización Fiscal; y

Administración de Instituciones Juveniles

179 DPR ____

Recurridos

Número del Caso: CT-2009-8

Fecha: 9 de junio de 2010

Abogado de la parte peticionaria:

Lcdo. William Díaz Natal

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz

Lcda. Rosa Campos Silva

Lcdo. Simone Cataldi Malpica

Lcdo. Eliezer A. Aldarondo López

Materia: Certificación

Este documento constituye un documento oficial del

Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del pr

oceso de

compilación y publicación oficial de las decisiones

del Tribunal. Su

distribución electrónica se hace como un servicio p

úblico a la

comunidad. ?

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen

A.

Negrón

Matos;

Ivette Vega Ramírez; Alvin

Valentín

Serrano;

Eileen

Alméstica

Sastre;

Luis

A.

Méndez Morales; Ana Camacho

Villegas;

Olga

L.

Arce

Méndez;

Brenda

L.

Santos

Ramírez; Mariluz Cruz Zayas;

Omayra Garay García; Cristian

Malavé Arson; Lizbeth Berríos

Pérez;

Yanilda

Verdejo

Rodríguez;

Kamalis

Torres

Alamos;

José

Díaz

Ramos;

Marilyn Gómez Rivera; Héctor

M. Degracia Piñeiro; Tiffany

Díaz; Carlos Rubén Figueroa

Martínez;

Christian

Varela

Valentín;

Luisa

M.

Torres

Ramírez; María Román Rosa;

Tania

S.

Ruiz

Quiñonez;

Angela

B.

Santana

Díaz;

Carmen Rivera Irizarry; Aymé

De la C. Burgos Sosa; Carmen

M. Pabón Rivera

CT-2009-08

Peticionarios

v.

Estado

Libre

Asociado

Puerto

Rico;

Junta

Reestructuración

Estabilización

Fiscal;

Administración

Instituciones Juveniles

de

de

y

y

de

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora

Rodríguez Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio 2010

Este

caso

presenta

controversias

importantes

relacionadas al plan de reducción de gastos que el gobierno

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha implantado a

través

de

la

Ley

Núm.

7

de

9

de

marzo

de

2009,

“Ley

CT-2009-08

2

Especial

Declarando

Estado

de

Emergencia

Fiscal

y

Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para

Salvar el Crédito de Puerto Rico”, mejor conocida como la

“Ley

7”,

que

no

fueron

atendidas

dictamen

en

Domínguez

Castro

febrero

de

2010,

T.S.P.R.

2010

v.

en

nuestro

Fortuño,

11,

177

reciente

res.

DPR

el

__

2

de

(2010).

Debemos determinar en esta ocasión si por motivo de la

enmienda sometida a la Ley 7 por la Ley Núm. 37 de 10 de

julio

de

2009

todos

de

la

(“Ley

37”),

los

peticionarios,

empleados

Administración

de

Instituciones

Juveniles,

están exentos del plan de cesantías dispuesto en la Ley 7.

Luego de evaluar los argumentos de las partes, el estatuto

y su historial legislativo, concluimos que, en este caso,

los peticionarios no están excluidos del referido plan.1

I.

A

raíz

de

la

implementación

del

plan

de

cesantías

adoptado en la Ley 7, supra, veintisiete (27) empleados de

la

Administración

de

Instituciones

Juveniles

(“AIJ”)

recibieron notificaciones de cesantías el 25 de septiembre

de 2009.

Dichas cesantías serían efectivas a partir del 6

de noviembre del mismo año.

1

En el día de hoy este Tribunal también concluye que un

grupo de empleados del Instituto de Ciencias Forenses sí

está expresamente excluido del plan de cesantías por

realizar labores técnicas y de peritaje en dicha agencia.

Art. 37.02(i), Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según

enmendada.

Asimismo determinamos que la jurisdicción

primaria exclusiva que otorga la Ley Núm. 7, supra, a la

Comisión Apelativa del Sistema de Administración de

Recursos Humanos del Servicio Público, se limita a

controversias relativas a la antigüedad de los empleados

públicos.

Véase, Migdalia Báez Rodríguez et al. v. Hon.

Luis Fortuño et al., res. el 9 de junio de 2010.

CT-2009-08

3

El 2 de noviembre de 2009, ante la inminencia de sus

cesantías, este grupo de empleados de la AIJ instó una

demanda en la cual solicitaban un interdicto preliminar y

permanente, y una sentencia declaratoria contra el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico y otros.

Allí reclamaron que

se dejaran sin efecto las cesantías notificadas pues la Ley

37 los había excluido del plan de cesantías de la Ley 7.

A

base de lo anterior arguyeron ante el foro primario que sus

cesantías eran contrarias a la propia Ley 7.

Sostuvieron,

además, que la Ley 7 era inconstitucional pues: producía

una indebida delegación de poderes al Gobernador y a la

Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (“JREF”);

violentaba

su

obligaciones

debido

proceso

contractuales.

de

ley

y

Presentada

menoscababa

sus

la

el

demanda,

Tribunal de Primera Instancia ordenó a los demandantes a

que

especificaran

los

puestos

que

ocupaban

cada

uno

de

ellos en la agencia concernida.

El 4 de noviembre de 2009 la parte demandante presentó

una Moción en Cumplimiento de Orden e Informativa en la

cual comunicó al tribunal los puestos que ocupaban cada uno

de los cesanteados en la AIJ.2

2

Los demandantes informaron

Los puestos que ocupaban los demandantes, según éstos lo

informaron al tribunal, eran:

1. María Esther Román Rosa:

Técnica de Sistemas de

Oficina III adscrita a la Oficina de Asesoramiento y

Servicios Legales.

2. Lizbeth Berríos Pérez: Operadora de Cuadro Telefónico

adscrita a la División de Servicios Generales.

3. Kamalis Torres Álamos:

Auxiliar de Sistemas de

Oficina II adscrita a la División de Salud.

4. Omayra Garay García: Especialista en Compras adscrita

a la Oficina de Servicios Generales.

CT-2009-08

4

al foro primario que ese mismo día también presentaron ante

el

Tribunal

Supremo

una

Solicitud

de

Certificación

al

______________________

5. Yanilda R. Verdejo Rodríguez; Ana Camacho Villegas y

Eileen Alméstica Sastre:

Evaluadoras adscritas a la

División de Evaluación y Monitoría.

6. Marilyn Gómez Rivera:

Auxiliar de Oficina III

adscrita al Centro de Tratamiento Social de Guayama.

7. Héctor M. Degracia Piñeiro:

Coordinador en Seguridad

adscrito

a

la

Oficina

del

Subadministrador

de

Instituciones Juveniles.

8. Tiffany Díaz: Operadora de Cuadro Telefónico adscrita

a la División de Servicios Generales.

9. Alvin O. Valentín Serrano:

Oficial Ejecutivo II

adscrito a la Oficina de Evaluación y Monitoría.

10. Carmen A. Negrón Matos:

Auxiliar de Contabilidad II

adscrita a la Oficina de Presupuesto y Finanzas.

11. Carmen Pabón Rivera: Auxiliar de Sistemas de Oficina

I adscrita a la División de Salud.

12. Olga L. Arce Menéndez: Administradora de Sistemas de

Oficina II adscrita a la Oficina de Asesoramiento y

Servicios Legales.

13. Ivette M. Vega Ramírez:

Auxiliar Administrativo I

adscrita a la Oficina de Recursos Humanos.

14. Brenda Liz Santos Ramírez:

Auxiliar de Sistemas de

Oficina III adscrita al Centro de Tratamiento Social

de Guayama, Oficina del Jefe de Instituciones.

15. Mariluz Cruz Zayas:

Administradora de Sistemas de

Oficina II adscrita a la Oficina de Relaciones

Laborales.

16. Carlos Rubén Figueroa Martínez:

Coordinador de

Servicios Voluntarios y de Capellanía.

17. Christian Varela Valentín: Abogado adscrito a la

Oficina de Asesoramiento y Servicios Legales.

18. Tania Ruiz Quiñones: Abogada adscrita a la Oficina de

Asesoramiento y Servicios Legales.

19. Luisa Torres Ramírez: Abogada adscrita a la Oficina de

Asesoramiento y Servicios Legales.

20. Ayme Burgos Sosa: Oficial Ejecutivo II adscrita a la

Oficina de Asesoramiento y Servicios Legales.

21. Ángela Santana Díaz:

Técnico de Asesoramiento

Jurídico adscrita a la Oficina de Asesoramiento y

Servicios Legales.

22. Carmen Rivera Irizarry:

Técnico de Sistemas de

Oficina II adscrita a la Oficina de Asesoramiento y

Servicios Legales.

23. José Díaz Ramos:

Chofer Mensajero adscrito a la

Oficina de Transportación.

24. Luis Méndez Morales:

Jefe Institucional adscrito al

Centro de Tratamiento Social.

25. Cristian Malavé Arson:

Trabajador I adscrito a la

Oficina de Servicios Generales.

26.

CT-2009-08

5

amparo del artículo 693 de la Ley 7, y el artículo 3.002(e)

de la Ley de la Judicatura.

Ley Núm. 201 de 22 de agosto

de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24s(e).

El 5 de noviembre de

2009, expedimos el recurso de certificación y le concedimos

un

corto

término

a

respectivos alegatos.

las

partes

para

presentar

sus

En esa misma fecha, el tribunal de

instancia dictó sentencia parcial contra los demandantes

desestimando la acción de interdicto al concluir que el

remedio solicitado era improcedente en este caso.

un

Ambas partes han comparecido con sendos escritos.

Por

lado,

ser

los

peticionarios

arguyen

que

no

pueden

cesanteados al amparo de la Ley 7, porque la AIJ, como

agencia, quedó excluida del plan de cesantías en virtud del

artículo 37.02 de la referida ley por lo que todos sus

empleados están exentos del plan de cesantías dispuesto en

la Ley 7.

Art. 37.02, Ley Núm. 7, supra, según enmendada.

Al igual que lo hicieron en su demanda ante el Tribunal de

Primera

Instancia,

los

demandantes

también

impugnan

la

validez constitucional de la Ley 7, aduciendo que viola las

cláusulas

de

debido

proceso

de

ley

y

menoscabo

de

obligaciones contractuales de la Constitución del Estado

3

El artículo 69 de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009,

dispone:

El Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado

de

Puerto

Rico

expedirá

un

auto

de

certificación a solicitud de parte para traer

inmediatamente ante sí y resolver cualquier

asunto pendiente ante el Tribunal de Primera

Instancia o ante el Tribunal de Apelaciones

cuando

se

plantee

la

validez

o

constitucionalidad de esta Ley especial o

cualquier impugnación a la misma de cualquier

naturaleza.

CT-2009-08

6

Libre Asociado de Puerto Rico y la de Estados Unidos, así

como la doctrina de separación de poderes.

el

Estado

sostiene

que

el

artículo

De otra parte,

invocado

por

los

demandantes peticionarios sólo excluye a ciertos empleados

a

base

de

completo.

sus

clasificaciones,

También

alega

que

y

los

no

a

agencias

demandantes

no

por

están

dentro de la clase de empleados que el legislador tuvo a

bien excluir del plan de cesantías.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

resolvemos.

II.

El 9 de marzo de 2009, la Asamblea Legislativa aprobó

la Ley 7, para atender ciertas deficiencias fiscales, de

carácter urgente, que afectan la salud fiscal del país.

La

legislación aprobada detalla un sinnúmero de providencias

que han de tomarse para afrontar esa situación.

Entre las

medidas aprobadas destacan ciertos mecanismos para allegar

mayores

ingresos

reducir

gastos

financiero

para

al

fisco,

disposiciones

gubernamentales

atender

las

y

otras

necesidades

dirigidas

de

a

carácter

presupuestarias

inmediatas del Estado.

En

el

mecanismos

Capítulo

para

la

III

de

la

ley

se

enumeran

reducción

de

gastos

en

el

los

gobierno.

Este Capítulo aplica a todas las agencias gubernamentales

que sufragan su presupuesto, en todo o en parte, del Fondo

General.4

4

Art. 34, íd.

Entre las medidas dispuestas en

El artículo 33(a) de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009,

define “agencias” así:

CT-2009-08

este

Capítulo,

7

se

provee

para

un

plan

de

puestos de empleados en el servicio público.5

cesantías

de

Este plan,

______________________

“Agencias”

incluirá

todos

los

organismos,

instrumentalidades

y

entidades

de

la

Rama

Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, tales como

departamentos,

juntas,

comisiones,

administraciones, oficinas y subdivisiones que

estén bajo el control de la Rama Ejecutiva y que

sean Administradores Individuales conforme al

Artículo 5, Sección 5.2 de la Ley Núm. 184 del 3

de agosto de 2004, según enmendada.

Incluirá

además, la “Oficina propia del Gobernador”.

5

“Se establece, como Fase II, un plan de cesantías

involuntarias para la eliminación de puestos el cual

aplicará a toda (sic) las Agencias y a todo empleado que no

esté excluido por el Artículo 37.02 de este Capítulo III”.

Art. 37, Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Para implantar

este plan de cesantías, la Ley 7 ordena que la JREF

determine

el

número

total

de

empleados

que

serán

cesanteados y el orden en que lo serán; siempre velando

porque las agencias afectadas puedan continuar operando

apropiadamente y asegurando la calidad de los servicios

gubernamentales.

Art. 37.04(b)(7), (16), íd.

Estas

cesantías se llevarán a cabo de manera escalonada,

comenzando a partir del 1 de julio de 2009 y durante el año

fiscal 2009-2010. Art. 37.04(b)(16), íd. Sin embargo, los

servidores públicos de carrera afectados por este plan sólo

pueden ser cesanteados a base del tiempo que llevan

trabajando para el Estado, es decir, su antigüedad, lo cual

se determinará considerando todos los servicios que le

hayan prestado al gobierno. Art. 37.04(b)(3)-(4), íd. De

esa forma, durante la implementación del plan, aquellos

empleados con menos años de servicio tienen que ser

cesanteados antes que los empleados que tienen mayor

antigüedad. Art. 37.04(b)(3), íd.

De

otra

parte,

la

Ley

7

también

dispone

un

procedimiento particular para realizar las cesantías.

En

primer lugar, las agencias tienen que certificar y

notificar a la JREF y a cada uno de sus empleados, por

escrito, los términos de antigüedad de cada uno de ellos.

Art. 37.04(b)(8), íd. Si se trata de empleados destacados

en una unidad apropiada representada por una organización

sindical, dicha notificación tiene que hacerse tanto al

empleado como a la organización sindical.

Id.

Esta

notificación tiene que apercibir al empleado, y de ser el

caso, a su organización sindical, que tiene treinta (30)

días a partir de la fecha de la notificación para impugnar

ante su agencia nominadora el término de antigüedad que le

han certificado. Art. 37.04(b)(8)-(9), íd. Si el empleado

presenta

documentos

que

controvierten

la

antigüedad

notificada, la agencia tendrá que celebrar una vista antes

CT-2009-08

8

también llamado “Fase II”, cubre “a toda (sic) las Agencias

y a todo empleado que no esté excluido por el Artículo

37.02” de la Ley 7.

Art. 37, íd.

El artículo 37.02 por lo

tanto, enumera las exclusiones al plan de cesantía.

En su

redacción original éste disponía:

A fin de evitar un impacto negativo en los

servicios brindados por el Gobierno, … estarán

exentos de las disposiciones del Artículo 37 de

este Capítulo III los siguientes empleados de las

Agencias comprendidas en esta Ley, los cuales

llevan a cabo funciones esenciales en protección

de la seguridad, enseñanza, salud y bienestar:

(a) policías y bomberos;

(b) oficiales de corrección y oficiales

juveniles;

(c) maestros asignados al salón de clases;

(d) bibliotecarios de escuelas;

(e) profesionales de la salud (médicos,

paramédicos, enfermeras, farmacéuticos y

técnicos de laboratorio);

(f) trabajadores sociales;

(g) operadores del sistema de llamadas de

emergencia 911; y

(h) patólogos del Instituto de Ciencias

Forenses.

. . .

El texto del artículo antes citado busca excluir del

plan

de

cesantías

a

empleados

que

desempeñan

funciones

______________________

de tomar una decisión final en torno a su antigüedad. Art.

37.04(b)(11), íd. Posteriormente, una vez la agencia tome

esta

decisión

tendrá

que

notificarla

nuevamente

al

empleado, y si aplica, a su organización sindical,

indicándole que tiene derecho a revisar la determinación de

antigüedad ante la Comisión Apelativa del Sistema de

Administración de Recursos Humanos del Servicio Público.

Art. 37.04(b)(12)-(13), íd. Si el empleado pertenece a una

unidad apropiada, sea miembro de una organización sindical

o no, puede revisar la determinación de su antigüedad ante

la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público,

en un término de treinta (30) días a partir del recibo de

la notificación de la determinación tomada por la agencia.

Art. 37.04(b)(14), íd.

Finalmente, la Ley 7 exige que la

agencia notifique por escrito la cesantía al empleado y, de

ser el caso, a su organización sindical, al menos treinta

(30) días antes de la fecha de efectividad de la cesantía.

Art. 37.04(b)(15), íd.

CT-2009-08

esenciales

9

en

el

área

de

seguridad,

enseñanza,

salud

y

bienestar, para minimizar el efecto negativo que supondría

sus despidos en los servicios que brinda el gobierno.

El

legislador enumeró ocho categorías de empleados excluidos,

entre los que se encuentran: los oficiales de corrección y

oficiales juveniles, los maestros del salón de clases, los

trabajadores

sociales,

y

Ciencias Forenses, etc.

los

patólogos

del

Instituto

de

Se advierte, que la enumeración

contenida en este artículo es de carácter taxativo, pues al

utilizar la frase “los siguientes empleados”, delimitó la

exclusión del plan de cesantías a los profesionales allí

mencionados y no a otros.

Ahora bien, el artículo 37.02 sufrió una enmienda poco

después

de

“aclaraciones

su

aprobación

para

que

[su]

con

el

fin

de

texto

corresponda

realizar

con

mayor

especificidad a la intención legislativa”.

Exposición de

Motivos,

ahora

Ley

Núm.

37,

supra.

Éste

lee

de

siguiente manera:

A fin de evitar un impacto negativo en los

servicios brindados por el Gobierno, … estarán

exentos de las cesantías de la presente ley los

empleados

de

las

Agencias

que

según

sus

clasificaciones

llevan

a

cabo

funciones

esenciales

en

protección

de

la

seguridad,

enseñanza,

salud

y

bienestar,

según

serán

definidos por la JREF, tales como:

(a) policías y bomberos, agentes del Cuerpo

de Vigilantes, agentes del Negociado de

Investigaciones Especiales y la Oficina

del Fiscal Especial Independiente;

(b) oficiales de corrección y oficiales

juveniles;

(c) maestros asignados al salón de clases,

incluyendo los transitorios durante el

año escolar;

la

CT-2009-08

10

(d) Directores, bibliotecarios, orientadores

y empleados de comedores adscritos al

Departamento de Educación;

(e) maestros del Conservatorio de Música de

Puerto Rico y de la Escuela de Artes

Plásticas;

(f) profesionales de la salud (médicos,

paramédicos, enfermeras, farmacéuticos y

técnicos de laboratorio);

(g) trabajadores sociales;

(h) operadores del sistema de llamadas de

emergencia 911;

(i) patólogos, personal pericial y técnicos

del Instituto de Ciencias Forenses;

(j) empleados de la Comisión de Relaciones

del Trabajo del Servicio Publico (sic) y

la Comisión Apelativa del Sistema de

Administración de Recursos Humanos del

Servicio Público;

(k) Personal de la Oficina de Servicios con

Antelación a Juicio;

(l) Personal del Registro de la Propiedad;

(m) Personal de la Junta de Libertad Bajo

Palabra; y

(n) Consejeros en Rehabilitación Vocacional

y personal de apoyo técnico.

. . .

A

poco

que

revisemos

el

texto

modificado

parece

evidente que éste se enmendó para ampliar la categoría de

empleados excluidos de la aplicación del plan de cesantías

dispuesto

por

clasificación

“funciones

la

Ley

7,

nuevamente

general

de

empleados

esenciales

en

protección

enseñanza, salud y bienestar”.

supra, según enmendada.

original,

este

artículo

empleados

públicos

que

que

de

bajo

la

lleven

la

misma

a

cabo

seguridad,

Art. 37.02, Ley Núm. 7,

Como ya dijimos, en su redacción

enumeraba

no

estaban

cesantía establecido en la Ley 7.

ocho

categorías

sujetos

al

plan

de

de

Ahora, con la enmienda

el número aumentó a catorce categorías excluidas, las ocho

originales más las siguientes:

personal del Registro de la

Propiedad; maestros del Conservatorio de Música de Puerto

CT-2009-08

11

Rico y de la Escuela de Artes Plásticas; empleados de la

Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público y

la

Comisión

Recursos

Apelativa

Humanos

del

del

Sistema

Servicio

de

Administración

de

personal

la

Público;

de

Oficina de Servicios con Antelación a Juicio; personal de

la

Junta

de

Libertad

Bajo

Palabra;

y

consejeros

en

Rehabilitación Vocacional y su personal de apoyo técnico.

Íd.

a

De igual forma, se añadieron los siguientes empleados

las

categorías

originales:

agentes

del

Cuerpo

de

Vigilantes, del Negociado de Investigaciones Especiales y

la Oficina del Fiscal Especial Independiente; directores,

orientadores

y

empleados

de

comedores

escolares

del

Departamento de Educación; y el personal pericial y los

técnicos

del

Instituto

de

Ciencias

Forenses.

Íd.

Asimismo, la enmienda también autorizó a la JREF a eximir

personal adicional que lleve “a cabo funciones esenciales

en

protección

de

la

seguridad,

enseñanza,

bienestar,” del referido plan de cesantías.

salud

y

Íd.

Es decir, la enmienda del artículo 37.02 tuvo como

propósito ampliar la cobertura de empleados excluidos del

plan de cesantías de ocho categorías a catorce y además

contempla

la

posibilidad

de

que

se

excluya

personal

adicional, al conferirle autoridad a la JREF para excluir

otros

puestos

esenciales

del

con

el

gobierno,

fin

de

siempre

salvaguardar

y

cuando

servicios

estos

nuevos

empleados a excluirse sean también empleados que lleven “a

cabo funciones esenciales en protección de la seguridad,

enseñanza, salud y bienestar”.

Íd.

CT-2009-08

12

Esta interpretación del alcance del artículo 37.02,

según

enmendado,

encuentra

legislativo de la Ley 37.

claro

apoyo

en

el

historial

Así, en el Informe Conjunto de

las Comisiones de Hacienda y de Gobierno de la Cámara de

Representantes sobre el P. de la C. 1640 (el cual luego

pasó a ser la Ley 37), 19 de junio de 2009, 1ra Sesión

Ordinaria,

16ta

Asamblea

indicó

el

propósito

que

Legislativa,

de

la

págs.

enmienda

era

17-18,

se

“proteger

ciertos empleos en el sector público de alta importancia

para el servicio de la ciudadanía”.

Informe Conjunto de la

Cámara de Representantes, supra, pág. 16.

De igual forma,

el Informe Conjunto de las Comisiones de Hacienda y de

Gobierno del Senado sobre el P. de la C. 1640, 25 de junio

de 2009, 1ra Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa,

pág. 6, reconoce que con las enmiendas propuestas “[s]e

protegen ciertos empleados del Gobierno del alcance de las

disposiciones de la Ley 7, incluyendo entre otras (sic):

Agentes

del

Cuerpo

de

Vigilantes,

Agentes

del

NIE,

Empleados de la Junta de Libertad Bajo Palabra, …”.

Por otro lado, el debate legislativo en la Cámara de

Representantes –donde se originó el proyecto de ley que

enmendó la Ley 7- avala esta interpretación.

Allí, la

Presidenta de la Cámara de Representantes, Hon. Jennifer A.

González Colón, expresó:

Por eso, hoy anunciamos enmiendas adicionales a

la Ley 7, para aumentar la exclusión de empleados

en algunos renglones. …

…

CT-2009-08

[Y] como parte de esas enmiendas, voy a leer

algunas de las exclusiones que prometimos el

primero de junio. …

Estamos excluyendo de la Ley 7, entiéndase de

posibles cesantías correspondientes a la fase 2 y

a la fase 3, a los agentes del Cuerpo de

Vigilantes, a los agentes del Negociado de

Investigaciones Especiales, a la Oficina del

Fiscal Especial Independiente, a la Oficina de

Servicios con Antelación al Juicio.

Y muchos se preguntaran (sic), ¿por qué las

exclusiones a estos empleados? Y me parece bien

sencilla la contestación.

Son agencias de

seguridad pública que en estos momentos, donde la

criminalidad ha aumentado dramáticamente, el

Estado no puede dejar provisto (sic) ese servicio

y necesita redoblar los esfuerzos en esas áreas,

por lo que nosotros estamos dándoles, … las

herramientas en estas exclusiones para que esos

empleados

continúen

haciendo

el

trabajo,

importante en el área de seguridad pública, … .

Adicional a esta, excluimos de la Ley 7 a los

miembros de la Junta de Libertad Bajo Palabra, a

los Oficiales de Corrección, y bien importante, a

los Patólogos, Personal Pericial y Técnicos del

Instituto de Ciencias Forense (sic) que son

precisamente

la

gente

que

ayuda

en

el

esclarecimiento del 100 por ciento de los casos.

…

Pero, para que no quedara dudas sobre cuál fue la

intención

legislativa

de

esta

Cámara

de

Representantes,

que

fue

la

que

propuso

inicialmente el Proyecto de la Ley 7, y los

maestros

transitorios

del

Departamento

de

Educación quedan excluidos, maestros transitorios

en el salón de clases, directamente con la

prestación de servicios al estudiante estarán

excluidos de la Ley 7. …

… No podemos tener una escuela y que no tengamos

alimentos para nuestros niños, que se paga alguna

parte con fondos federales, evidentemente, sin

comedor no hay clases.

¿Quién cocina?

Pues

necesitamos

que

los

empleados

de

Comedores

Escolares estén, y se están excluyendo de la Ley

7 … .

Pero adicional a eso, excluimos a los

maestros del Conservatorio de Música, excluimos a

los maestros de la Escuela de Artes Plásticas, se

excluyó también a la Comisión de Relaciones del

Trabajo y Servicios Público … .

Se excluyó

13

CT-2009-08

14

también a los directores escolares del Sistema de

Educación Pública de la aplicación de la Ley 7.

Escuela sin maestros, escuela sin director,

escuela sin comedores escolares, no es una

escuela funcional. … [E]stamos excluyendo también

a

los

consejeros,

a

los

orientadores

y

trabajadores sociales que ya estaban incluidos, y

bibliotecarios, ya estaban incluidos en la Ley 7,

pero estamos aclarando más esa ley.

Estamos también excluyendo aquellos consejeros

que

están

dan[do]

servicios

a

familias

y

comunidades en el Departamento de la Familia. …

Y a mí me parece importante, excluir también el

programa de Registro de la Propiedad, esos

técnicos que están entrando las notas y los

documentos de (sic) registro de la propiedad, … .

Estas exclusiones que hemos mencionado son parte

de lo que nosotros entendemos debe ser el

servicio directo del gobierno a su comunidad, … .

Diario

de

Sesiones

de

la

Cámara

de

Representantes, P. de la C. 1640, 19 de junio de

2009,

1ra

Sesión

Ordinaria,

16ta

Asamblea

Legislativa, págs. 325-27. (Énfasis nuestro).

Con ello en mente, pasamos a atender los argumentos

esgrimidos tanto por los peticionarios como por el Estado.

III.

A.

Los empleados de la AIJ sostienen que no podían ser

cesanteados al amparo de la Ley 7 porque su agencia quedó

excluida del plan de cesantías, ya que según alegan, la Ley

37 excluyó del plan de cesantías a todas las agencias que

“llevan a cabo funciones esenciales en protección de la

seguridad, enseñanza, salud y bienestar”.

Núm. 7, supra, según enmendada.

Art. 37.02, Ley

Lamentablemente, ni el

texto de la ley ni su historial legislativo avalan esa

interpretación.

CT-2009-08

15

Como vimos anteriormente, la referencia a empleados

que

lleven

a

enseñanza,

cabo

salud

funciones

y

esenciales

bienestar

es

más

de

seguridad,

que

nada

una

descripción genérica de la categoría de empleados que se

busca eximir del rigor de las cesantías.

Tal y como se

desprende del texto analizado, una vez el legislador define

la naturaleza de las funciones de los empleados eximidos seguridad, enseñanza, salud y bienestar- pasa a enumerarlos

con especificidad.

historial

Ni el texto del artículo 37.02 ni su

legislativo

nos

permiten

concluir,

como

nos

sugiere la parte peticionaria, que todo empleado que labore

en

agencias

de

seguridad,

enseñanza,

salud

y

bienestar

están excluidos de las cesantías.

Por otro lado, la Ley 37 también le confirió facultad

a

la

JREF

para

eximir

otros

desempeñen

estas

funciones,

empleados

de

adicionales

considerarlo

que

necesario.

Pero esa facultad le fue concedida a la JREF y, hasta donde

hemos sido informados, ésta no la ha ejercido para excluir

a todos los servidores públicos que laboran en la AIJ.

Si

bien

es

cierto

que

la

AIJ

tiene

a

su

cargo

funciones esenciales de la seguridad del país, custodiando

jóvenes que han incurrido en faltas, Ley de Menores de

Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, 34 L.P.R.A.

sec. 2201 et seq., lo cierto es que ni el texto original

del

artículo

37.02,

ni

éste

luego

de

ser

enmendado,

consideró excluir a todos los empleados de la AIJ del rigor

del plan de cesantías.

Del mismo modo y como ya apuntamos,

CT-2009-08

16

no se nos ha informado que la JREF, conforme la facultad

que le confirió la Ley 37, hubiese hecho lo propio.

No obstante, observamos que la Asamblea Legislativa sí

incluyó

en

el

artículo

37.02,

tanto

en

la

redacción

original del artículo como luego de la enmienda, a los

“oficiales

de

corrección

y

oficiales

juveniles”.

37.02(b), Ley Núm. 7, supra, según enmendada.

Art.

Aunque el

puesto de oficiales juveniles no está definido en la Ley 7,

consideramos que se refiere a los miembros del Cuerpo de

Oficiales de Servicios Juveniles, que son los empleados de

la

AIJ

a

cargo

de

custodiar

a

los

jóvenes

que

están

recluidos en instituciones juveniles bajo la vigilancia de

dicha agencia.

Véase Ley Núm. 154 de 5 de agosto de 1988,

8 L.P.R.A. sec. 551 et seq.; Cf. Ley Núm. 135 de 2 de

noviembre de 2005, derogada por la Ley Núm. 211 de 27 de

septiembre de 2006.

Véase también Informe de la Comisión

de Gobierno y Asuntos Laborales del Senado sobre el P. del

S.

53,

Asamblea

23

de

mayo

de

2005,

1ra

Los

oficiales

Legislativa.

Sesión

Ordinaria,

juveniles

15ta

son

el

equivalente a los oficiales de custodia destacados en el

Departamento de Corrección que laboran en las instituciones

penales de nuestro país.

últimos

también

están

4 L.P.R.A. sec. 1126.

excluidos

del

plan

de

Estos

cesantías.

Resumiendo, sólo los oficiales juveniles que laboran en la

AIJ están excluidos expresamente, al menos mientras la JREF

no exima del plan de cesantías a empleados adicionales de

la referida agencia.

CT-2009-08

17

Revisada las clasificaciones de los empleados de la

AIJ

que

comparecen

en

este

caso,

debemos

concluir

que

ninguno de ellos ostenta una categoría de las excluidas del

plan de cesantías enumeradas en el artículo 37.02 de la Ley

7.

No tienen razón por lo tanto al reclamar lo contrario.

B.

Como indicamos al inicio, los peticionarios reclaman

también que sus cesantías violan la Constitución del Estado

Libre

Asociado

de

Puerto

Rico

y

la

de

Estados

Unidos.

Específicamente, alegan que la Ley 7 infringe las cláusulas

de debido proceso de ley y protección contra el menoscabo

de obligaciones contractuales, así como también produce una

indebida delegación de poderes.

No obstante, recientemente

en Domínguez Castro v. Fortuño, supra, resolvimos que la

Ley 7 es constitucional y que no viola el debido proceso de

ley tanto en sus vertientes sustantiva como procesal;

no

es violatoria de la cláusula de menoscabo de obligaciones

contractuales, ni la de igual protección de las leyes; así

como tampoco es contraria a la doctrina de separación de

poderes.

Por tanto, los planteamientos constitucionales

que presentan los peticionarios ya fueron adjudicados por

este Tribunal.

IV.

Por todo lo antes expuesto, procede que se deje sin

efecto

la

sentencia

parcial

dictada

por

el

Tribunal

de

Primera Instancia, pues al momento en que el foro primario

emitió su dictamen, ya se había presentado ante esta Curia

CT-2009-08

18

una Solicitud de Certificación, por lo que aquél estaba

impedido

de

dictar

sentencia.

Regla

23(b)(2)

del

Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R.

23(b)(2).

En su lugar, se dictará sentencia desestimando

el pleito instado.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carmen

A.

Negrón

Matos;

Ivette Vega Ramírez; Alvin

Valentín

Serrano;

Eileen

Alméstica

Sastre;

Luis

A.

Méndez Morales; Ana Camacho

Villegas;

Olga

L.

Arce

Méndez;

Brenda

L.

Santos

Ramírez; Mariluz Cruz Zayas;

Omayra Garay García; Cristian

Malavé Arson; Lizbeth Berríos

Pérez;

Yanilda

Verdejo

Rodríguez;

Kamalis

Torres

Alamos;

José

Díaz

Ramos;

Marilyn Gómez Rivera; Héctor

M. Degracia Piñeiro; Tiffany

Díaz; Carlos Rubén Figueroa

Martínez;

Christian

Varela

Valentín;

Luisa

M.

Torres

Ramírez; María Román Rosa;

Tania

S.

Ruiz

Quiñonez;

Angela

B.

Santana

Díaz;

Carmen Rivera Irizarry; Aymé

De la C. Burgos Sosa; Carmen

M. Pabón Rivera

CT-2009-08

Peticionarios

v.

Estado

Libre

Asociado

Puerto

Rico;

Junta

Reestructuración

Estabilización

Fiscal;

Administración

Instituciones Juveniles

de

de

y

y

de

Recurridos

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2010

Por los fundamentos expresados en la Opinión que

antecede los cuales se incorporan íntegramente a la

presente, se dicta sentencia desestimando el pleito instado

ante el Tribunal de Primera Instancia.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor

Rivera Pérez no intervino.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo