Tribunal Supremo de Puerto Rico
Negrón Matos y otros v. E.L.A.
2010 TSPR 86
Poder Judicial de Puerto Rico
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Negrón Matos y otros v. E.L.A.
CT-2009-8
Ley 7 de 9 de marzo de 2009 – Exclusiones bajo el Art. 37.02 de la ley, según enmendada · Hon. Rodríguez Rodríguez
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen A. Negrón Matos y otros
Peticionarios
Certificación
v.
2010 TSPR 86
Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Junta de
Reestructuración y Estabilización Fiscal; y
Administración de Instituciones Juveniles
179 DPR ____
Recurridos
Número del Caso: CT-2009-8
Fecha: 9 de junio de 2010
Abogado de la parte peticionaria:
Lcdo. William Díaz Natal
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz
Lcda. Rosa Campos Silva
Lcdo. Simone Cataldi Malpica
Lcdo. Eliezer A. Aldarondo López
Materia: Certificación
Este documento constituye un documento oficial del
Tribunal Supremo
que está sujeto a los cambios y correcciones del pr
oceso de
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del Tribunal. Su
distribución electrónica se hace como un servicio p
úblico a la
comunidad. ?
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen
A.
Negrón
Matos;
Ivette Vega Ramírez; Alvin
Valentín
Serrano;
Eileen
Alméstica
Sastre;
Luis
A.
Méndez Morales; Ana Camacho
Villegas;
Olga
L.
Arce
Méndez;
Brenda
L.
Santos
Ramírez; Mariluz Cruz Zayas;
Omayra Garay García; Cristian
Malavé Arson; Lizbeth Berríos
Pérez;
Yanilda
Verdejo
Rodríguez;
Kamalis
Torres
Alamos;
José
Díaz
Ramos;
Marilyn Gómez Rivera; Héctor
M. Degracia Piñeiro; Tiffany
Díaz; Carlos Rubén Figueroa
Martínez;
Christian
Varela
Valentín;
Luisa
M.
Torres
Ramírez; María Román Rosa;
Tania
S.
Ruiz
Quiñonez;
Angela
B.
Santana
Díaz;
Carmen Rivera Irizarry; Aymé
De la C. Burgos Sosa; Carmen
M. Pabón Rivera
CT-2009-08
Peticionarios
v.
Estado
Libre
Asociado
Puerto
Rico;
Junta
Reestructuración
Estabilización
Fiscal;
Administración
Instituciones Juveniles
de
de
y
y
de
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora
Rodríguez Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio 2010
Este
caso
presenta
controversias
importantes
relacionadas al plan de reducción de gastos que el gobierno
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha implantado a
través
de
la
Ley
Núm.
7
de
9
de
marzo
de
2009,
“Ley
CT-2009-08
2
Especial
Declarando
Estado
de
Emergencia
Fiscal
y
Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para
Salvar el Crédito de Puerto Rico”, mejor conocida como la
“Ley
7”,
que
no
fueron
atendidas
dictamen
en
Domínguez
Castro
febrero
de
2010,
T.S.P.R.
2010
v.
en
nuestro
Fortuño,
11,
177
reciente
res.
DPR
el
__
2
de
(2010).
Debemos determinar en esta ocasión si por motivo de la
enmienda sometida a la Ley 7 por la Ley Núm. 37 de 10 de
julio
de
2009
todos
de
la
(“Ley
37”),
los
peticionarios,
empleados
Administración
de
Instituciones
Juveniles,
están exentos del plan de cesantías dispuesto en la Ley 7.
Luego de evaluar los argumentos de las partes, el estatuto
y su historial legislativo, concluimos que, en este caso,
los peticionarios no están excluidos del referido plan.1
I.
A
raíz
de
la
implementación
del
plan
de
cesantías
adoptado en la Ley 7, supra, veintisiete (27) empleados de
la
Administración
de
Instituciones
Juveniles
(“AIJ”)
recibieron notificaciones de cesantías el 25 de septiembre
de 2009.
Dichas cesantías serían efectivas a partir del 6
de noviembre del mismo año.
1
En el día de hoy este Tribunal también concluye que un
grupo de empleados del Instituto de Ciencias Forenses sí
está expresamente excluido del plan de cesantías por
realizar labores técnicas y de peritaje en dicha agencia.
Art. 37.02(i), Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según
enmendada.
Asimismo determinamos que la jurisdicción
primaria exclusiva que otorga la Ley Núm. 7, supra, a la
Comisión Apelativa del Sistema de Administración de
Recursos Humanos del Servicio Público, se limita a
controversias relativas a la antigüedad de los empleados
públicos.
Véase, Migdalia Báez Rodríguez et al. v. Hon.
Luis Fortuño et al., res. el 9 de junio de 2010.
CT-2009-08
3
El 2 de noviembre de 2009, ante la inminencia de sus
cesantías, este grupo de empleados de la AIJ instó una
demanda en la cual solicitaban un interdicto preliminar y
permanente, y una sentencia declaratoria contra el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico y otros.
Allí reclamaron que
se dejaran sin efecto las cesantías notificadas pues la Ley
37 los había excluido del plan de cesantías de la Ley 7.
A
base de lo anterior arguyeron ante el foro primario que sus
cesantías eran contrarias a la propia Ley 7.
Sostuvieron,
además, que la Ley 7 era inconstitucional pues: producía
una indebida delegación de poderes al Gobernador y a la
Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (“JREF”);
violentaba
su
obligaciones
debido
proceso
contractuales.
de
ley
y
Presentada
menoscababa
sus
la
el
demanda,
Tribunal de Primera Instancia ordenó a los demandantes a
que
especificaran
los
puestos
que
ocupaban
cada
uno
de
ellos en la agencia concernida.
El 4 de noviembre de 2009 la parte demandante presentó
una Moción en Cumplimiento de Orden e Informativa en la
cual comunicó al tribunal los puestos que ocupaban cada uno
de los cesanteados en la AIJ.2
2
Los demandantes informaron
Los puestos que ocupaban los demandantes, según éstos lo
informaron al tribunal, eran:
1. María Esther Román Rosa:
Técnica de Sistemas de
Oficina III adscrita a la Oficina de Asesoramiento y
Servicios Legales.
2. Lizbeth Berríos Pérez: Operadora de Cuadro Telefónico
adscrita a la División de Servicios Generales.
3. Kamalis Torres Álamos:
Auxiliar de Sistemas de
Oficina II adscrita a la División de Salud.
4. Omayra Garay García: Especialista en Compras adscrita
a la Oficina de Servicios Generales.
CT-2009-08
4
al foro primario que ese mismo día también presentaron ante
el
Tribunal
Supremo
una
Solicitud
de
Certificación
al
______________________
5. Yanilda R. Verdejo Rodríguez; Ana Camacho Villegas y
Eileen Alméstica Sastre:
Evaluadoras adscritas a la
División de Evaluación y Monitoría.
6. Marilyn Gómez Rivera:
Auxiliar de Oficina III
adscrita al Centro de Tratamiento Social de Guayama.
7. Héctor M. Degracia Piñeiro:
Coordinador en Seguridad
adscrito
a
la
Oficina
del
Subadministrador
de
Instituciones Juveniles.
8. Tiffany Díaz: Operadora de Cuadro Telefónico adscrita
a la División de Servicios Generales.
9. Alvin O. Valentín Serrano:
Oficial Ejecutivo II
adscrito a la Oficina de Evaluación y Monitoría.
10. Carmen A. Negrón Matos:
Auxiliar de Contabilidad II
adscrita a la Oficina de Presupuesto y Finanzas.
11. Carmen Pabón Rivera: Auxiliar de Sistemas de Oficina
I adscrita a la División de Salud.
12. Olga L. Arce Menéndez: Administradora de Sistemas de
Oficina II adscrita a la Oficina de Asesoramiento y
Servicios Legales.
13. Ivette M. Vega Ramírez:
Auxiliar Administrativo I
adscrita a la Oficina de Recursos Humanos.
14. Brenda Liz Santos Ramírez:
Auxiliar de Sistemas de
Oficina III adscrita al Centro de Tratamiento Social
de Guayama, Oficina del Jefe de Instituciones.
15. Mariluz Cruz Zayas:
Administradora de Sistemas de
Oficina II adscrita a la Oficina de Relaciones
Laborales.
16. Carlos Rubén Figueroa Martínez:
Coordinador de
Servicios Voluntarios y de Capellanía.
17. Christian Varela Valentín: Abogado adscrito a la
Oficina de Asesoramiento y Servicios Legales.
18. Tania Ruiz Quiñones: Abogada adscrita a la Oficina de
Asesoramiento y Servicios Legales.
19. Luisa Torres Ramírez: Abogada adscrita a la Oficina de
Asesoramiento y Servicios Legales.
20. Ayme Burgos Sosa: Oficial Ejecutivo II adscrita a la
Oficina de Asesoramiento y Servicios Legales.
21. Ángela Santana Díaz:
Técnico de Asesoramiento
Jurídico adscrita a la Oficina de Asesoramiento y
Servicios Legales.
22. Carmen Rivera Irizarry:
Técnico de Sistemas de
Oficina II adscrita a la Oficina de Asesoramiento y
Servicios Legales.
23. José Díaz Ramos:
Chofer Mensajero adscrito a la
Oficina de Transportación.
24. Luis Méndez Morales:
Jefe Institucional adscrito al
Centro de Tratamiento Social.
25. Cristian Malavé Arson:
Trabajador I adscrito a la
Oficina de Servicios Generales.
26.
CT-2009-08
5
amparo del artículo 693 de la Ley 7, y el artículo 3.002(e)
de la Ley de la Judicatura.
Ley Núm. 201 de 22 de agosto
de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 24s(e).
El 5 de noviembre de
2009, expedimos el recurso de certificación y le concedimos
un
corto
término
a
respectivos alegatos.
las
partes
para
presentar
sus
En esa misma fecha, el tribunal de
instancia dictó sentencia parcial contra los demandantes
desestimando la acción de interdicto al concluir que el
remedio solicitado era improcedente en este caso.
un
Ambas partes han comparecido con sendos escritos.
Por
lado,
ser
los
peticionarios
arguyen
que
no
pueden
cesanteados al amparo de la Ley 7, porque la AIJ, como
agencia, quedó excluida del plan de cesantías en virtud del
artículo 37.02 de la referida ley por lo que todos sus
empleados están exentos del plan de cesantías dispuesto en
la Ley 7.
Art. 37.02, Ley Núm. 7, supra, según enmendada.
Al igual que lo hicieron en su demanda ante el Tribunal de
Primera
Instancia,
los
demandantes
también
impugnan
la
validez constitucional de la Ley 7, aduciendo que viola las
cláusulas
de
debido
proceso
de
ley
y
menoscabo
de
obligaciones contractuales de la Constitución del Estado
3
El artículo 69 de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009,
dispone:
El Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado
de
Puerto
Rico
expedirá
un
auto
de
certificación a solicitud de parte para traer
inmediatamente ante sí y resolver cualquier
asunto pendiente ante el Tribunal de Primera
Instancia o ante el Tribunal de Apelaciones
cuando
se
plantee
la
validez
o
constitucionalidad de esta Ley especial o
cualquier impugnación a la misma de cualquier
naturaleza.
CT-2009-08
6
Libre Asociado de Puerto Rico y la de Estados Unidos, así
como la doctrina de separación de poderes.
el
Estado
sostiene
que
el
artículo
De otra parte,
invocado
por
los
demandantes peticionarios sólo excluye a ciertos empleados
a
base
de
completo.
sus
clasificaciones,
También
alega
que
y
los
no
a
agencias
demandantes
no
por
están
dentro de la clase de empleados que el legislador tuvo a
bien excluir del plan de cesantías.
Con el beneficio de la comparecencia de las partes,
resolvemos.
II.
El 9 de marzo de 2009, la Asamblea Legislativa aprobó
la Ley 7, para atender ciertas deficiencias fiscales, de
carácter urgente, que afectan la salud fiscal del país.
La
legislación aprobada detalla un sinnúmero de providencias
que han de tomarse para afrontar esa situación.
Entre las
medidas aprobadas destacan ciertos mecanismos para allegar
mayores
ingresos
reducir
gastos
financiero
para
al
fisco,
disposiciones
gubernamentales
atender
las
y
otras
necesidades
dirigidas
de
a
carácter
presupuestarias
inmediatas del Estado.
En
el
mecanismos
Capítulo
para
la
III
de
la
ley
se
enumeran
reducción
de
gastos
en
el
los
gobierno.
Este Capítulo aplica a todas las agencias gubernamentales
que sufragan su presupuesto, en todo o en parte, del Fondo
General.4
4
Art. 34, íd.
Entre las medidas dispuestas en
El artículo 33(a) de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009,
define “agencias” así:
CT-2009-08
este
Capítulo,
7
se
provee
para
un
plan
de
puestos de empleados en el servicio público.5
cesantías
de
Este plan,
______________________
“Agencias”
incluirá
todos
los
organismos,
instrumentalidades
y
entidades
de
la
Rama
Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, tales como
departamentos,
juntas,
comisiones,
administraciones, oficinas y subdivisiones que
estén bajo el control de la Rama Ejecutiva y que
sean Administradores Individuales conforme al
Artículo 5, Sección 5.2 de la Ley Núm. 184 del 3
de agosto de 2004, según enmendada.
Incluirá
además, la “Oficina propia del Gobernador”.
5
“Se establece, como Fase II, un plan de cesantías
involuntarias para la eliminación de puestos el cual
aplicará a toda (sic) las Agencias y a todo empleado que no
esté excluido por el Artículo 37.02 de este Capítulo III”.
Art. 37, Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Para implantar
este plan de cesantías, la Ley 7 ordena que la JREF
determine
el
número
total
de
empleados
que
serán
cesanteados y el orden en que lo serán; siempre velando
porque las agencias afectadas puedan continuar operando
apropiadamente y asegurando la calidad de los servicios
gubernamentales.
Art. 37.04(b)(7), (16), íd.
Estas
cesantías se llevarán a cabo de manera escalonada,
comenzando a partir del 1 de julio de 2009 y durante el año
fiscal 2009-2010. Art. 37.04(b)(16), íd. Sin embargo, los
servidores públicos de carrera afectados por este plan sólo
pueden ser cesanteados a base del tiempo que llevan
trabajando para el Estado, es decir, su antigüedad, lo cual
se determinará considerando todos los servicios que le
hayan prestado al gobierno. Art. 37.04(b)(3)-(4), íd. De
esa forma, durante la implementación del plan, aquellos
empleados con menos años de servicio tienen que ser
cesanteados antes que los empleados que tienen mayor
antigüedad. Art. 37.04(b)(3), íd.
De
otra
parte,
la
Ley
7
también
dispone
un
procedimiento particular para realizar las cesantías.
En
primer lugar, las agencias tienen que certificar y
notificar a la JREF y a cada uno de sus empleados, por
escrito, los términos de antigüedad de cada uno de ellos.
Art. 37.04(b)(8), íd. Si se trata de empleados destacados
en una unidad apropiada representada por una organización
sindical, dicha notificación tiene que hacerse tanto al
empleado como a la organización sindical.
Id.
Esta
notificación tiene que apercibir al empleado, y de ser el
caso, a su organización sindical, que tiene treinta (30)
días a partir de la fecha de la notificación para impugnar
ante su agencia nominadora el término de antigüedad que le
han certificado. Art. 37.04(b)(8)-(9), íd. Si el empleado
presenta
documentos
que
controvierten
la
antigüedad
notificada, la agencia tendrá que celebrar una vista antes
CT-2009-08
8
también llamado “Fase II”, cubre “a toda (sic) las Agencias
y a todo empleado que no esté excluido por el Artículo
37.02” de la Ley 7.
Art. 37, íd.
El artículo 37.02 por lo
tanto, enumera las exclusiones al plan de cesantía.
En su
redacción original éste disponía:
A fin de evitar un impacto negativo en los
servicios brindados por el Gobierno, … estarán
exentos de las disposiciones del Artículo 37 de
este Capítulo III los siguientes empleados de las
Agencias comprendidas en esta Ley, los cuales
llevan a cabo funciones esenciales en protección
de la seguridad, enseñanza, salud y bienestar:
(a) policías y bomberos;
(b) oficiales de corrección y oficiales
juveniles;
(c) maestros asignados al salón de clases;
(d) bibliotecarios de escuelas;
(e) profesionales de la salud (médicos,
paramédicos, enfermeras, farmacéuticos y
técnicos de laboratorio);
(f) trabajadores sociales;
(g) operadores del sistema de llamadas de
emergencia 911; y
(h) patólogos del Instituto de Ciencias
Forenses.
. . .
El texto del artículo antes citado busca excluir del
plan
de
cesantías
a
empleados
que
desempeñan
funciones
______________________
de tomar una decisión final en torno a su antigüedad. Art.
37.04(b)(11), íd. Posteriormente, una vez la agencia tome
esta
decisión
tendrá
que
notificarla
nuevamente
al
empleado, y si aplica, a su organización sindical,
indicándole que tiene derecho a revisar la determinación de
antigüedad ante la Comisión Apelativa del Sistema de
Administración de Recursos Humanos del Servicio Público.
Art. 37.04(b)(12)-(13), íd. Si el empleado pertenece a una
unidad apropiada, sea miembro de una organización sindical
o no, puede revisar la determinación de su antigüedad ante
la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público,
en un término de treinta (30) días a partir del recibo de
la notificación de la determinación tomada por la agencia.
Art. 37.04(b)(14), íd.
Finalmente, la Ley 7 exige que la
agencia notifique por escrito la cesantía al empleado y, de
ser el caso, a su organización sindical, al menos treinta
(30) días antes de la fecha de efectividad de la cesantía.
Art. 37.04(b)(15), íd.
CT-2009-08
esenciales
9
en
el
área
de
seguridad,
enseñanza,
salud
y
bienestar, para minimizar el efecto negativo que supondría
sus despidos en los servicios que brinda el gobierno.
El
legislador enumeró ocho categorías de empleados excluidos,
entre los que se encuentran: los oficiales de corrección y
oficiales juveniles, los maestros del salón de clases, los
trabajadores
sociales,
y
Ciencias Forenses, etc.
los
patólogos
del
Instituto
de
Se advierte, que la enumeración
contenida en este artículo es de carácter taxativo, pues al
utilizar la frase “los siguientes empleados”, delimitó la
exclusión del plan de cesantías a los profesionales allí
mencionados y no a otros.
Ahora bien, el artículo 37.02 sufrió una enmienda poco
después
de
“aclaraciones
su
aprobación
para
que
[su]
con
el
fin
de
texto
corresponda
realizar
con
mayor
especificidad a la intención legislativa”.
Exposición de
Motivos,
ahora
Ley
Núm.
37,
supra.
Éste
lee
de
siguiente manera:
A fin de evitar un impacto negativo en los
servicios brindados por el Gobierno, … estarán
exentos de las cesantías de la presente ley los
empleados
de
las
Agencias
que
según
sus
clasificaciones
llevan
a
cabo
funciones
esenciales
en
protección
de
la
seguridad,
enseñanza,
salud
y
bienestar,
según
serán
definidos por la JREF, tales como:
(a) policías y bomberos, agentes del Cuerpo
de Vigilantes, agentes del Negociado de
Investigaciones Especiales y la Oficina
del Fiscal Especial Independiente;
(b) oficiales de corrección y oficiales
juveniles;
(c) maestros asignados al salón de clases,
incluyendo los transitorios durante el
año escolar;
la
CT-2009-08
10
(d) Directores, bibliotecarios, orientadores
y empleados de comedores adscritos al
Departamento de Educación;
(e) maestros del Conservatorio de Música de
Puerto Rico y de la Escuela de Artes
Plásticas;
(f) profesionales de la salud (médicos,
paramédicos, enfermeras, farmacéuticos y
técnicos de laboratorio);
(g) trabajadores sociales;
(h) operadores del sistema de llamadas de
emergencia 911;
(i) patólogos, personal pericial y técnicos
del Instituto de Ciencias Forenses;
(j) empleados de la Comisión de Relaciones
del Trabajo del Servicio Publico (sic) y
la Comisión Apelativa del Sistema de
Administración de Recursos Humanos del
Servicio Público;
(k) Personal de la Oficina de Servicios con
Antelación a Juicio;
(l) Personal del Registro de la Propiedad;
(m) Personal de la Junta de Libertad Bajo
Palabra; y
(n) Consejeros en Rehabilitación Vocacional
y personal de apoyo técnico.
. . .
A
poco
que
revisemos
el
texto
modificado
parece
evidente que éste se enmendó para ampliar la categoría de
empleados excluidos de la aplicación del plan de cesantías
dispuesto
por
clasificación
“funciones
la
Ley
7,
nuevamente
general
de
empleados
esenciales
en
protección
enseñanza, salud y bienestar”.
supra, según enmendada.
original,
este
artículo
empleados
públicos
que
que
de
bajo
la
lleven
la
misma
a
cabo
seguridad,
Art. 37.02, Ley Núm. 7,
Como ya dijimos, en su redacción
enumeraba
no
estaban
cesantía establecido en la Ley 7.
ocho
categorías
sujetos
al
plan
de
de
Ahora, con la enmienda
el número aumentó a catorce categorías excluidas, las ocho
originales más las siguientes:
personal del Registro de la
Propiedad; maestros del Conservatorio de Música de Puerto
CT-2009-08
11
Rico y de la Escuela de Artes Plásticas; empleados de la
Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público y
la
Comisión
Recursos
Apelativa
Humanos
del
del
Sistema
Servicio
de
Administración
de
personal
la
Público;
de
Oficina de Servicios con Antelación a Juicio; personal de
la
Junta
de
Libertad
Bajo
Palabra;
y
consejeros
en
Rehabilitación Vocacional y su personal de apoyo técnico.
Íd.
a
De igual forma, se añadieron los siguientes empleados
las
categorías
originales:
agentes
del
Cuerpo
de
Vigilantes, del Negociado de Investigaciones Especiales y
la Oficina del Fiscal Especial Independiente; directores,
orientadores
y
empleados
de
comedores
escolares
del
Departamento de Educación; y el personal pericial y los
técnicos
del
Instituto
de
Ciencias
Forenses.
Íd.
Asimismo, la enmienda también autorizó a la JREF a eximir
personal adicional que lleve “a cabo funciones esenciales
en
protección
de
la
seguridad,
enseñanza,
bienestar,” del referido plan de cesantías.
salud
y
Íd.
Es decir, la enmienda del artículo 37.02 tuvo como
propósito ampliar la cobertura de empleados excluidos del
plan de cesantías de ocho categorías a catorce y además
contempla
la
posibilidad
de
que
se
excluya
personal
adicional, al conferirle autoridad a la JREF para excluir
otros
puestos
esenciales
del
con
el
gobierno,
fin
de
siempre
salvaguardar
y
cuando
servicios
estos
nuevos
empleados a excluirse sean también empleados que lleven “a
cabo funciones esenciales en protección de la seguridad,
enseñanza, salud y bienestar”.
Íd.
CT-2009-08
12
Esta interpretación del alcance del artículo 37.02,
según
enmendado,
encuentra
legislativo de la Ley 37.
claro
apoyo
en
el
historial
Así, en el Informe Conjunto de
las Comisiones de Hacienda y de Gobierno de la Cámara de
Representantes sobre el P. de la C. 1640 (el cual luego
pasó a ser la Ley 37), 19 de junio de 2009, 1ra Sesión
Ordinaria,
16ta
Asamblea
indicó
el
propósito
que
Legislativa,
de
la
págs.
enmienda
era
17-18,
se
“proteger
ciertos empleos en el sector público de alta importancia
para el servicio de la ciudadanía”.
Informe Conjunto de la
Cámara de Representantes, supra, pág. 16.
De igual forma,
el Informe Conjunto de las Comisiones de Hacienda y de
Gobierno del Senado sobre el P. de la C. 1640, 25 de junio
de 2009, 1ra Sesión Ordinaria, 16ta Asamblea Legislativa,
pág. 6, reconoce que con las enmiendas propuestas “[s]e
protegen ciertos empleados del Gobierno del alcance de las
disposiciones de la Ley 7, incluyendo entre otras (sic):
Agentes
del
Cuerpo
de
Vigilantes,
Agentes
del
NIE,
Empleados de la Junta de Libertad Bajo Palabra, …”.
Por otro lado, el debate legislativo en la Cámara de
Representantes –donde se originó el proyecto de ley que
enmendó la Ley 7- avala esta interpretación.
Allí, la
Presidenta de la Cámara de Representantes, Hon. Jennifer A.
González Colón, expresó:
Por eso, hoy anunciamos enmiendas adicionales a
la Ley 7, para aumentar la exclusión de empleados
en algunos renglones. …
…
CT-2009-08
[Y] como parte de esas enmiendas, voy a leer
algunas de las exclusiones que prometimos el
primero de junio. …
Estamos excluyendo de la Ley 7, entiéndase de
posibles cesantías correspondientes a la fase 2 y
a la fase 3, a los agentes del Cuerpo de
Vigilantes, a los agentes del Negociado de
Investigaciones Especiales, a la Oficina del
Fiscal Especial Independiente, a la Oficina de
Servicios con Antelación al Juicio.
Y muchos se preguntaran (sic), ¿por qué las
exclusiones a estos empleados? Y me parece bien
sencilla la contestación.
Son agencias de
seguridad pública que en estos momentos, donde la
criminalidad ha aumentado dramáticamente, el
Estado no puede dejar provisto (sic) ese servicio
y necesita redoblar los esfuerzos en esas áreas,
por lo que nosotros estamos dándoles, … las
herramientas en estas exclusiones para que esos
empleados
continúen
haciendo
el
trabajo,
importante en el área de seguridad pública, … .
Adicional a esta, excluimos de la Ley 7 a los
miembros de la Junta de Libertad Bajo Palabra, a
los Oficiales de Corrección, y bien importante, a
los Patólogos, Personal Pericial y Técnicos del
Instituto de Ciencias Forense (sic) que son
precisamente
la
gente
que
ayuda
en
el
esclarecimiento del 100 por ciento de los casos.
…
Pero, para que no quedara dudas sobre cuál fue la
intención
legislativa
de
esta
Cámara
de
Representantes,
que
fue
la
que
propuso
inicialmente el Proyecto de la Ley 7, y los
maestros
transitorios
del
Departamento
de
Educación quedan excluidos, maestros transitorios
en el salón de clases, directamente con la
prestación de servicios al estudiante estarán
excluidos de la Ley 7. …
… No podemos tener una escuela y que no tengamos
alimentos para nuestros niños, que se paga alguna
parte con fondos federales, evidentemente, sin
comedor no hay clases.
¿Quién cocina?
Pues
necesitamos
que
los
empleados
de
Comedores
Escolares estén, y se están excluyendo de la Ley
7 … .
Pero adicional a eso, excluimos a los
maestros del Conservatorio de Música, excluimos a
los maestros de la Escuela de Artes Plásticas, se
excluyó también a la Comisión de Relaciones del
Trabajo y Servicios Público … .
Se excluyó
13
CT-2009-08
14
también a los directores escolares del Sistema de
Educación Pública de la aplicación de la Ley 7.
Escuela sin maestros, escuela sin director,
escuela sin comedores escolares, no es una
escuela funcional. … [E]stamos excluyendo también
a
los
consejeros,
a
los
orientadores
y
trabajadores sociales que ya estaban incluidos, y
bibliotecarios, ya estaban incluidos en la Ley 7,
pero estamos aclarando más esa ley.
Estamos también excluyendo aquellos consejeros
que
están
dan[do]
servicios
a
familias
y
comunidades en el Departamento de la Familia. …
Y a mí me parece importante, excluir también el
programa de Registro de la Propiedad, esos
técnicos que están entrando las notas y los
documentos de (sic) registro de la propiedad, … .
Estas exclusiones que hemos mencionado son parte
de lo que nosotros entendemos debe ser el
servicio directo del gobierno a su comunidad, … .
Diario
de
Sesiones
de
la
Cámara
de
Representantes, P. de la C. 1640, 19 de junio de
2009,
1ra
Sesión
Ordinaria,
16ta
Asamblea
Legislativa, págs. 325-27. (Énfasis nuestro).
Con ello en mente, pasamos a atender los argumentos
esgrimidos tanto por los peticionarios como por el Estado.
III.
A.
Los empleados de la AIJ sostienen que no podían ser
cesanteados al amparo de la Ley 7 porque su agencia quedó
excluida del plan de cesantías, ya que según alegan, la Ley
37 excluyó del plan de cesantías a todas las agencias que
“llevan a cabo funciones esenciales en protección de la
seguridad, enseñanza, salud y bienestar”.
Núm. 7, supra, según enmendada.
Art. 37.02, Ley
Lamentablemente, ni el
texto de la ley ni su historial legislativo avalan esa
interpretación.
CT-2009-08
15
Como vimos anteriormente, la referencia a empleados
que
lleven
a
enseñanza,
cabo
salud
funciones
y
esenciales
bienestar
es
más
de
seguridad,
que
nada
una
descripción genérica de la categoría de empleados que se
busca eximir del rigor de las cesantías.
Tal y como se
desprende del texto analizado, una vez el legislador define
la naturaleza de las funciones de los empleados eximidos seguridad, enseñanza, salud y bienestar- pasa a enumerarlos
con especificidad.
historial
Ni el texto del artículo 37.02 ni su
legislativo
nos
permiten
concluir,
como
nos
sugiere la parte peticionaria, que todo empleado que labore
en
agencias
de
seguridad,
enseñanza,
salud
y
bienestar
están excluidos de las cesantías.
Por otro lado, la Ley 37 también le confirió facultad
a
la
JREF
para
eximir
otros
desempeñen
estas
funciones,
empleados
de
adicionales
considerarlo
que
necesario.
Pero esa facultad le fue concedida a la JREF y, hasta donde
hemos sido informados, ésta no la ha ejercido para excluir
a todos los servidores públicos que laboran en la AIJ.
Si
bien
es
cierto
que
la
AIJ
tiene
a
su
cargo
funciones esenciales de la seguridad del país, custodiando
jóvenes que han incurrido en faltas, Ley de Menores de
Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, 34 L.P.R.A.
sec. 2201 et seq., lo cierto es que ni el texto original
del
artículo
37.02,
ni
éste
luego
de
ser
enmendado,
consideró excluir a todos los empleados de la AIJ del rigor
del plan de cesantías.
Del mismo modo y como ya apuntamos,
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16
no se nos ha informado que la JREF, conforme la facultad
que le confirió la Ley 37, hubiese hecho lo propio.
No obstante, observamos que la Asamblea Legislativa sí
incluyó
en
el
artículo
37.02,
tanto
en
la
redacción
original del artículo como luego de la enmienda, a los
“oficiales
de
corrección
y
oficiales
juveniles”.
37.02(b), Ley Núm. 7, supra, según enmendada.
Art.
Aunque el
puesto de oficiales juveniles no está definido en la Ley 7,
consideramos que se refiere a los miembros del Cuerpo de
Oficiales de Servicios Juveniles, que son los empleados de
la
AIJ
a
cargo
de
custodiar
a
los
jóvenes
que
están
recluidos en instituciones juveniles bajo la vigilancia de
dicha agencia.
Véase Ley Núm. 154 de 5 de agosto de 1988,
8 L.P.R.A. sec. 551 et seq.; Cf. Ley Núm. 135 de 2 de
noviembre de 2005, derogada por la Ley Núm. 211 de 27 de
septiembre de 2006.
Véase también Informe de la Comisión
de Gobierno y Asuntos Laborales del Senado sobre el P. del
S.
53,
Asamblea
23
de
mayo
de
2005,
1ra
Los
oficiales
Legislativa.
Sesión
Ordinaria,
juveniles
15ta
son
el
equivalente a los oficiales de custodia destacados en el
Departamento de Corrección que laboran en las instituciones
penales de nuestro país.
últimos
también
están
4 L.P.R.A. sec. 1126.
excluidos
del
plan
de
Estos
cesantías.
Resumiendo, sólo los oficiales juveniles que laboran en la
AIJ están excluidos expresamente, al menos mientras la JREF
no exima del plan de cesantías a empleados adicionales de
la referida agencia.
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Revisada las clasificaciones de los empleados de la
AIJ
que
comparecen
en
este
caso,
debemos
concluir
que
ninguno de ellos ostenta una categoría de las excluidas del
plan de cesantías enumeradas en el artículo 37.02 de la Ley
7.
No tienen razón por lo tanto al reclamar lo contrario.
B.
Como indicamos al inicio, los peticionarios reclaman
también que sus cesantías violan la Constitución del Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico
y
la
de
Estados
Unidos.
Específicamente, alegan que la Ley 7 infringe las cláusulas
de debido proceso de ley y protección contra el menoscabo
de obligaciones contractuales, así como también produce una
indebida delegación de poderes.
No obstante, recientemente
en Domínguez Castro v. Fortuño, supra, resolvimos que la
Ley 7 es constitucional y que no viola el debido proceso de
ley tanto en sus vertientes sustantiva como procesal;
no
es violatoria de la cláusula de menoscabo de obligaciones
contractuales, ni la de igual protección de las leyes; así
como tampoco es contraria a la doctrina de separación de
poderes.
Por tanto, los planteamientos constitucionales
que presentan los peticionarios ya fueron adjudicados por
este Tribunal.
IV.
Por todo lo antes expuesto, procede que se deje sin
efecto
la
sentencia
parcial
dictada
por
el
Tribunal
de
Primera Instancia, pues al momento en que el foro primario
emitió su dictamen, ya se había presentado ante esta Curia
CT-2009-08
18
una Solicitud de Certificación, por lo que aquél estaba
impedido
de
dictar
sentencia.
Regla
23(b)(2)
del
Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI-A, R.
23(b)(2).
En su lugar, se dictará sentencia desestimando
el pleito instado.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Carmen
A.
Negrón
Matos;
Ivette Vega Ramírez; Alvin
Valentín
Serrano;
Eileen
Alméstica
Sastre;
Luis
A.
Méndez Morales; Ana Camacho
Villegas;
Olga
L.
Arce
Méndez;
Brenda
L.
Santos
Ramírez; Mariluz Cruz Zayas;
Omayra Garay García; Cristian
Malavé Arson; Lizbeth Berríos
Pérez;
Yanilda
Verdejo
Rodríguez;
Kamalis
Torres
Alamos;
José
Díaz
Ramos;
Marilyn Gómez Rivera; Héctor
M. Degracia Piñeiro; Tiffany
Díaz; Carlos Rubén Figueroa
Martínez;
Christian
Varela
Valentín;
Luisa
M.
Torres
Ramírez; María Román Rosa;
Tania
S.
Ruiz
Quiñonez;
Angela
B.
Santana
Díaz;
Carmen Rivera Irizarry; Aymé
De la C. Burgos Sosa; Carmen
M. Pabón Rivera
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Peticionarios
v.
Estado
Libre
Asociado
Puerto
Rico;
Junta
Reestructuración
Estabilización
Fiscal;
Administración
Instituciones Juveniles
de
de
y
y
de
Recurridos
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2010
Por los fundamentos expresados en la Opinión que
antecede los cuales se incorporan íntegramente a la
presente, se dicta sentencia desestimando el pleito instado
ante el Tribunal de Primera Instancia.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor
Rivera Pérez no intervino.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo