Tribunal Supremo de Puerto Rico
Puerto Rico Telephone Co. v. Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y otros
2010 TSPR 89
Poder Judicial de Puerto Rico
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Puerto Rico Telephone Co. v. Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y otros
CC-2009-380
Derecho Administrativo – Procedimiento de evaluación en solicitudes de franquicia de televisión por cable; revisión de las decisiones de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Puerto Rico Telephone Company
h/n/c Claro TV
Recurridos
v.
Certiorari
Junta de Reglamentadora de
Telecomunicaciones
Agencia-Recurrida
2010 TSPR 89
179 DPR ____
San Juan Cable LLC, h/n/c One Link
Communications
Peticionarios
Número del Caso: CC-2009-380
Fecha: 9 de junio de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan Panel II
Jueza Ponente:
Hon. Aleida Varona Méndez
Abogados de la Parte Peticionaria:
Lcdo. Jorge Bauermeister
Lcdo. Guillermo Ramos Luiña
Lcdo. Pedro A. Delgado Hernández
Lcdo. Carlos George
Abogados de la Parte Recurrida:
Lcdo. Francisco G. Bruno
Lcdo. Frank La Fontaine
Lcda. Leslie Y. Flores Rodríguez
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones
Agencia Recurrida:
Lcdo. Jorge Martínez Luciano
Lcdo. José A. Rivera Ayala
Materia: Solicitud de Intervención en cuanto a Petición de
Autorización para Proveer Servicio de Video (IPTV)
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del
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decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se
hace como un servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Puerto Rico Telephone Company
h/n/c Claro TV
Recurridos
Certiorari
v.
Junta de Reglamentadora
Telecomunicaciones
Agencia-recurrida
de
CC-2009-380
San Juan Cable LLC, h/n/c One
Link Communications
Peticionarios
Opinión emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2010.
Debemos
intervenir
resolver
en
el
si
un
competidor
procedimiento
de
tiene
derecho
evaluación
de
a
una
solicitud de franquicia de cable televisión presentada por
otra compañía o si, por el contrario, este derecho sólo se
activa cuando se inicia un procedimiento adjudicativo para
cuestionar la concesión o denegación de la franquicia o se
presenta
una
necesario
examinar
y
Puerto
Rico
existe
en
querella.
telecomunicaciones
del
Para
realizar
estudiar
y
a
la
este
análisis
es
política
pública
que
sobre
las
televisión
y
nivel
sistema
de
federal
cable
analizar el Capítulo V de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto
de
1988,
según
enmendada,
conocida
como
la
Ley
de
CC-2009-380
2
Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.), que versa
sobre
el
Procedimiento
para
la
Concesión
de
Licencias,
Franquicias, Permisos y Acciones Similares.1 Además, en este
mismo sentido, tenemos también que aclarar la norma que
este Tribunal estableció en el caso San Antonio Maritime v.
Puerto Rican Cement Co.2
Por
otro
lado,
debemos
determinar
si
la
decisión
emitida por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones,
relacionada
con
el
descubrimiento
de
prueba
y
la
clasificación como confidenciales de ciertos documentos, es
una resolución interlocutoria y, por tanto, no puede ser
objeto de revisión judicial.
A continuación se exponen los
hechos pertinentes a la controversia.
I.
El 11 de diciembre de 2008, la Puerto Rico Telephone
Company
(PRTC)
presentó
ante
la
Junta
Reglamentadora
de
Telecomunicaciones una solicitud de franquicia para operar
un
sistema
conformidad
de
cable
con
el
Certificaciones
y
TV
basado
Reglamento
Franquicias4
1
3 L.P.R.A. secs. 2181-2184.
2
153 D.P.R. 374 (2001).
en
para
de
IPTV,3
de
Expedición
de
tecnología
la
la
instrumentalidad.
3
Estas siglas significan Internet Protocol Television que
es “una técnica para enviar programación digital a través
de una red de banda ancha usando el protocolo IP (internet
protocol).” Alegato de PRTC, 21 de agosto de 2009, pág. 3,
citando a Newton’s Telecom Dictionary, 24th ed. 2008, págs.
514-515.
4
Reglamento 5631, Capítulo 6, 23 de mayo de 1997.
CC-2009-380
3
Además, la PRTC requirió que se le diera trato confidencial
a
9
de
los
solicitud,
26
que
exhibits
el
que
se
procedimiento
habían
se
anejado
tramitara
a
de
la
forma
expedita y que se le otorgara un permiso temporero para
construir y operar un sistema de cable hasta que se le
concediera
la
franquicia.
El
permiso
temporero
fue
concedido por la Junta.
La
Junta
acogió
la
solicitud
de
PRTC
el
30
de
diciembre de 2008 y ordenó que se publicara la notificación
sobre la solicitud de franquicia, de manera que las partes
interesadas pudieran someter sus comentarios. Además, la
Junta
clasificó
presentados
como
por
PRTC
confidencial
y
citó
para
ciertos
una
documentos
vista
pública
a
celebrarse los días 11 al 13 de febrero de 2009.
El
12
de
enero
de
2009,
se
publicó
un
anuncio
notificándole al público que tenía 30 días para someter sus
comentarios sobre la solicitud presentada por PRTC y que
los
documentos
incluidos
con
la
solicitud
podrían
ser
revisados en la secretaría de la Junta. San Juan Cable LLC
h/n/c Onelink Communications (Onelink) presentó, el 13 de
enero
de
2009,
una
moción
para
intervenir
en
el
procedimiento de concesión de la franquicia solicitada por
PRTC
y
para
que
se
revocara
la
determinación
de
confidencialidad de los documentos, hasta tanto la agencia
recibiera y evaluara sus reclamos y los del público en
general.5 En esta misma fecha, también solicitó intervención
5
Hubo una petición inicial de franquicia de Coqui. Net
Corporation, afiliada de PRTC, el 6 de febrero de 2008. En
CC-2009-380
4
en este procedimiento la compañía Liberty Cablevision of
Puerto Rico, Ltd (Liberty).6
una
moción
de
Por su parte, la PRTC sometió
reconsideración
de
la
orden
de
confidencialidad para que se añadieran otros documentos, lo
cual fue concedido por la Junta.
otra
moción
oponiéndose
a
la
Además, PRTC presentó
intervención
de
Onelink
y
Liberty en el proceso de concesión de franquicia.
Ante las respectivas mociones, el 21 de enero de 2009,
la Junta re-señaló la vista pública para los días 4 al 6 de
marzo de 2009. Posteriormente, el 19 de febrero de 2009, le
ordenó
a
Onelink
argumentar
sobre
y
a
sus
Liberty
venir
respectivas
preparadas
para
solicitudes
de
intervención, antes de comenzar la vista, disponiendo que
la PRTC tendría un término para replicar.
aquella ocasión, Onelink también presentó una moción de
intervención, el 12 de mayo de 2008, pero la Junta declaró
sin lugar la misma el 21 de mayo de 2008. No obstante, la
Junta concedió un periodo para presentar comentarios,
oposiciones y réplicas; señaló vista para el 26 de
septiembre de 2008; y expresó que les concedería a las
personas que habían sometido comentarios, incluyendo a
Onelink, el derecho a comparecer a la vista y a
contrainterrogar a los testigos de PRTC. (Apéndice 6,
Resolución y Orden emitida por la Junta el 27 de agosto de
2008, pág. 115).
Luego de que PRTC presentara sus dos
testigos, la Junta desestimó sin perjuicio la petición de
franquicia.
La
Junta
señaló
que
ante
los
hechos
descubiertos mediante el contrainterrogatorio de Onelink,
PRTC y su afiliada habían perdido la presunción de que una
petición de franquicia se presenta de buena fe; que no se
hace en perjuicio de los consumidores; que no es contraria
al interés público y que quien la presenta es un competidor
viable. (Apéndice 8, Transcripción de vista del 10 de
octubre de 2008, págs. 126-127).
Mediante resolución y
orden del 29 de octubre de 2008, la Junta ratificó su
determinación de denegar la solicitud.
6
Incluso, el 17 de febrero de 2009 presentó sus comentarios
a la franquicia solicitada por PRTC.
CC-2009-380
5
El 12 de febrero de 2009, Onelink presentó una demanda
sobre interdicto provisional y permanente ante la Corte de
Distrito Federal en Puerto Rico alegando que el permiso
provisional expedido por la Junta violaba la legislación
federal y local. El Tribunal Federal dictó una orden para
que la Junta mostrara causa por la que no se debía revocar
el
permiso
provisional,
por
éste
haberse
otorgado
en
contravención de la sección 621 del Cable Act, 47 U.S.C.A.
sec. 541 (b) (1). La Junta retiró el permiso provisional y
la controversia ante el foro federal se tornó académica.
Además, el 25 de febrero de 2009, Onelink solicitó a
la Junta la desestimación de la solicitud de franquicia de
PRTC, alegando serias faltas de forma y sustancia. De igual
forma,
en
esa
misma
fecha,
presentó
en
el
Tribunal
de
Primera Instancia un recurso de Mandamus solicitando que se
ordenara a la Junta resolver la moción de intervención y la
determinación
de
confidencialidad
de
ciertos
documentos.
El 2 de marzo de 2009, la Junta denegó la solicitud de
intervención
de
Onelink
y
Liberty.
Además,
la
Junta
se
reiteró en su determinación de que los exhibits 5 (plan de
desarrollo),
17
(tabla
de
precios)
y
20
(estados
financieros) presentados por PRTC eran confidenciales, para
uso exclusivo de la agencia.
Inconforme, Onelink presentó un recurso de revisión
judicial y una moción en auxilio de jurisdicción ante el
Tribunal de Apelaciones, el 3 de marzo de 2009. En esa
misma
fecha,
el
foro
apelativo
paralizó
el
trámite
CC-2009-380
6
administrativo. Luego, el 26 de marzo del 2009, se celebró
una vista argumentativa en el tribunal apelativo.
Finalmente, el 31 de marzo de 2009, el Tribunal de
Apelaciones
confirmó
la
determinación
de
la
Junta
relacionada con la solicitud de intervención y se abstuvo
de atender la decisión sobre la confidencialidad de los
documentos.
Resolvió
el
tribunal
que
carecía
de
jurisdicción para entender en el asunto en esta etapa de
los
procedimientos
Junta,
relacionada
porque
la
con
descubrimiento
el
resolución
dictada
de
por
la
prueba,
era
interlocutoria y, además, porque después de resolver sobre
el
derecho
a
intervención
era
innecesario
atender
este
asunto. En cuanto al derecho de intervención, el Tribunal
de
Apelaciones
determinó
que
en
los
procedimientos
de
concesión de licencias, franquicias, permisos y acciones
similares la intervención está limitada a la etapa de su
impugnación y no procede en la etapa de resolver sobre su
concesión.
La
moción
de
reconsideración
presentada
por
Onelink fue denegada por el foro apelativo.
Oportunamente,
Onelink
presentó
un
recurso
de
certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción ante la
consideración de este Tribunal.
Onelink
plantean
que
el
Los errores señalados por
Tribunal
de
Apelaciones
se
equivocó: al determinar que el procedimiento adjudicativo
dispuesto por la L.P.A.U. sólo existe cuando se concede o
deniega
una
franquicia
o
se
presenta
una
querella;
al
concluir que un competidor no tiene derecho a intervenir en
el proceso de evaluación de una franquicia solicitada por
CC-2009-380
otra
7
compañía
y
al
encontrarse
sin
jurisdicción
para
revisar la determinación de la Junta que establece que son
confidenciales tres documentos presentados por la PRTC.
PRTC
y
oposiciones
a
la
Junta
presentaron
sus
respectivas
la
moción
en
de
jurisdicción.
auxilio
Onelink replicó a la Oposición de la Junta Reglamentadora y
esta última presentó una réplica a dicha moción, mientras,
PRTC sometió una Dúplica a la Moción Urgente en Auxilio de
Jurisdicción.
Ordenamos
presentaran
entonces
sus
a
la
respectivos
Junta,
Onelink
y
alegatos.
Así
hicieron
lo
PRTC
que
y
solicitaron que se realizara una vista oral, la cual se
efectuó el 26 de octubre de 2009. Por lo tanto, con el
beneficio de la comparecencia de las partes, a través de
sus
respectivos
escritos
y
su
argumentación
oral,
procedemos a resolver la controversia.
II.
A. Política Pública sobre Telecomunicaciones del Sistema de
Cable TV
La
rama
ejecutiva
de
nuestro
país
ha
orientado
su
política pública sobre telecomunicaciones, lo que incluye
televisión por cable, hacia la protección de la competencia
justa y efectiva entre las compañías que forman parte de
este mercado. De esta forma, el gobierno se asegura que el
consumidor tenga una variedad de ofertas de servicios de
telecomunicaciones para que pueda seleccionar aquella que
CC-2009-380
le
sea
8
más
cónsona
con
sus
necesidades
y
su
situación
económica.
Esta política pública se concretó en la Ley Núm. 213
de
12
de
septiembre
Telecomunicaciones
exposición
de
legislativos
de
de
su
darse
conocida
Rico.7
Puerto
motivos,
para
1996,
texto
cuenta
e
de
como
Basta
la
Ley
de
examinar
su
incluso
los
esto.
En
debates
su
parte
expositiva, se hace patente la necesidad de identificar y
corregir toda “conducta anticompetitiva” o monopolística en
el ámbito de las telecomunicaciones y, por el contrario,
promover
una
fortalecer
económico
“competencia
esta
de
total,
industria
nuestro
y
país.8
igual
y
posibilitar
Además,
se
leal”
el
para
desarrollo
reconoce
que
la
industria de las telecomunicaciones tiene la finalidad de
que
toda
la
población
de
Puerto
Rico
tenga
acceso
a
servicios de telecomunicaciones adecuados con “tarifas y
cargos razonables y accesibles”.9
Ambos objetivos también se hicieron formar parte de la
declaración
de
política
pública
de
esta
medida.
Concretamente, se entiende que la política pública sobre
telecomunicaciones
incluye,
entre
otros,
lo
siguiente:
reconocer que el servicio de telecomunicaciones persigue un
interés público dentro de un mercado competitivo; proveer
el
7
servicio
universal
a
un
costo
justo,
razonable
y
27 L.P.R.A. sec. 265 et. seq.
8
Énfasis nuestro. P. del S. 1500: Ley Núm. 213 de 12 de
septiembre de 1996, págs. 1, 2.
9
Íd., pág. 2.
CC-2009-380
asequible
número
9
para
de
todos
los
ciudadanos;
asegurar
un
posibilidades
competitivas
en
oferta
la
amplio
de
servicios y facilidades de telecomunicaciones; promover la
competencia y utilizar las fuerzas del mercado como factor
primordial
en
la
determinación
de
precios,
términos,
disponibilidad y condiciones de servicios; asegurar que no
existan
barreras
reglamentarias
ni
procedimientos
administrativos innecesarios que entorpezcan la competencia
en
el
simplificar
mercado;
aquellas
situaciones
en
el
proceso
que
la
reglamentario
reglamentación
en
sea
necesaria, y dirigir la reglamentación para el bienestar
del
consumidor
competitivas
y
en
para
el
penalizar
mercado
las
de
prácticas
anti-
telecomunicaciones;
desempeñar la función de guardián del ambiente competitivo,
permitiendo
que
comportamiento
sea
de
este
las
ambiente
compañías
el
que
reglamente
participantes
y
el
proveer
servicios de telecomunicaciones a todos los consumidores
del país, incluyendo aquellos que tienen bajos ingresos o
residen en áreas rurales o en áreas en que sea costoso la
instalación de estos servicios.10
La intención de esta legislación también se percibe de
las deliberaciones que tuvieron los legisladores durante el
proceso de su consideración.
Estas discusiones hicieron
manifiesta la preocupación de proteger el interés público
por encima de los intereses particulares de las empresas
10
27 L.P.R.A. sec. 265(a)(b)(f)(g)(i)(j)(p)(q).
CC-2009-380
privadas
10
que
forman
parte
del
mercado
de
las
telecomunicaciones. Expresiones como las del senador Rexach
Benítez, el senador Marrero Padilla y el senador Hernández
Agosto son un reflejo de estos principios:
Sr. Rexach Benítez: La apertura del mercado de
las telecomunicaciones a la libre competencia en
forma
alguna
implica
que
el
área
de
las
telecomunicaciones haya dejado de ser un área de
alto interés público y que las empresas que en él
se desenvuelvan hayan perdido el carácter de
empresas de servicio público.
Esto quiere decir
que el propósito esencial de la reglamentación
que
la
Junta
Reguladora
adopte
es
el
de
establecer
en
Puerto
Rico
un
sistema
de
telecomunicaciones universal, moderno, confiable,
eficiente, y a un costo asequible a las familias
menos afortunadas.
A ese propósito esencial
deben subordinarse los intereses particulares de
las empresas privadas que compitan en el mercado
de las telecomunicaciones.11
Sr. Marrero Padilla: …la competencia va a llegar
a todos los recovecos del país, a todos los
sitios de la pobreza porque al competir, todo el
mundo tiene que competir de igual a igual.12
Sr. Hernández Agosto: Hoy nos vemos obligados a
abrir y regular el campo de la competencia y
tenemos que entrar en esa competencia pensando
antes que nada en el consumidor, en que el
consumidor tenga la mayor variedad de servicios,
la mejor calidad de servicios al menor costo
posible.13
La Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996 es
el resultado de la normativa federal que el Congreso de los
Estados Unidos fue aprobando para reglamentar este tipo de
11
Énfasis nuestro. Diario de Sesiones del Senado de Puerto
Rico, Discusión del P. del S. 1500 del 24 de junio de 1996
que se convirtió en la Ley Núm. 213 del 12 de septiembre de
1996, pág. 29780.
12
Énfasis nuestro. Íd., pág. 29786.
13
Énfasis nuestro. op.cit., pág. 29789.
CC-2009-380
11
servicio.14
Primero,
Comunicaciones
1934.15
Con
el
Congreso
(Communications
esta
legislación
aprobó
la
Ley
de
el
de
junio
de
Act),
se
19
quería
proteger
a
los
consumidores de AT&T, ya que esta compañía había adquirido
un monopolio en la industria de las telecomunicaciones.16 La
idea era posibilitar que la reglamentación telefónica fuera
transferida de la Comisión Interestatal de Comercio (ICC,
por
sus
siglas
en
inglés)
a
la
Comisión
Federal
de
Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).
De esta
forma,
tendría
el
Congreso
jurisdicción
para
interestatales.
De
le
garantizó
reglamentar
igual
forma,
a
la
FCC
las
la
que
comunicaciones
reglamentación
de
materias intraestatales quedó reservada para los estados.
Así
se
creó
un
sistema
dual
de
jurisdicción
federal
y
estatal.17
El contexto en que fue aprobada esta ley no consideró
la comunicación por cable porque esta industria aún no se
14
Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 D.P.R. 203, 216
(2002); P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P. R., 151 D.P.R. 269,
278-280 (2000).
15
47 U.S.C.A. sec. 151 et. seq.
16
Kerf
and
Geradin,
“Controlling
Market
Power
in
Telecommunications:
Antitrust
vs.
Sector
Specific
Regulation an Assessment of the United States, New Zealand
and Australian Experiences”, 14 Berkeley Tech. L.J. 919
(1999).
17
47 U.S.C.A. sec. 152(b), citado en G. J. Guzzi, “Breaking
up the Local Telephone Monopolies: The Local Competition
Provisions of the Telecommunications Act of 1996”, 39 B.C.
L. Rev. 151 (1997).
CC-2009-380
12
había desarrollado.18 El auge de este tipo de comunicación
surgió en los Estados Unidos a finales de los años 40 y
principios de los 50 para “hacer llegar las señales de
televisión
a
aquellas
áreas
donde
-debido
a
condiciones
topográficas- la recepción era dificultosa o inexistente”.19
Esto causó que el 30 de octubre de 1984, se aprobara la Ley
de
Comunicaciones
por
Cable
(Cable
Communicatios
Policy
Act) para enmendar la Ley de Comunicaciones de 1934, a los
efectos de añadirle un nuevo título VI. Esta legislación
tenía la finalidad de establecer una política nacional que
guiara y reglamentara el desarrollo del sistema de cable
TV.20
Otros de los propósitos de esta medida fueron: (1)
establecer procedimientos y estándares de franquicias para
incentivar el crecimiento y desarrollo del sistema de cable
y asegurar que éste fuera responsivo a las necesidades e
intereses
de
la
comunidad
local;
competencia
en
la
comunicación
por
(2)
cable
y
promover
la
reducir
la
reglamentación innecesaria que causara un grave daño a la
economía del sistema de cable.21 Además, bajo esta medida se
18
United States Code Congressional and Administrative News,
102nd Congress-Second Session, Vol. 4, Legislative History:
Senate Report No. 102-92, P.L. 102-385, 1992, pág. 1134.
19
G. Ariño Ortiz, J. M. de la Cuétara y L. Aguilera, Las
Telecomunicaciones por Cable: Su Regulación Presente y
Futura, Marcial Pons, Madrid, España, 1996, pág. 486.
20
United States Code Congressional and Administrative News,
98th Congress-Second Session, Vol. 5, Legislative History:
Senate Report No. 98-67, P.L. 98-549, pág. 4656; 47
U.S.C.A. sec. 521 (1).
21
47
U.S.C.A.
sec.
521(2)(6);
F.C.C.
Communications, 508 U.S. 307, 309 (1993).
v.
Beach
CC-2009-380
reafirmó
13
la
competencia
de
los
gobiernos
locales
para
adjudicar las franquicias de televisión por cable.22
No
obstante, esta facultad concedida a los gobiernos locales
no
fue
efectiva
disposiciones
regulación
que
porque
la
tarifaria
la
legislación
incluía
debilitaban,
como
siempre
existiera
que
la
otras
ausencia
de
competencia
efectiva, “la limitación de la cuantía de la tasa para la
obtención de las [franquicias] y la escasa capacidad de los
gobiernos locales para renovar las [franquicias]”.23
Una nueva enmienda a la Ley de Comunicaciones de 1934,
específicamente
en
su
Título
VI,
fue
aprobada
por
el
Congreso el 5 de octubre de 1992. A ésta se le denominó Ley
de Competencia y Protección del Consumidor del Servicio de
Cable Televisión (Cable Television Consumer Protection and
Competition Act of 1992). La medida tenía la intención de
controlar el aumento excesivo en las tarifas que provocó la
Ley
de
Comunicaciones
por
Cable
de
1984
con
su
desreglamentación. A esos efectos, se optó por restablecer
el
derecho
de
las
autoridades
locales
a
reglamentar
la
televisión por cable con relación a las tarifas; promover
la competencia en el mercado de video multicanal; proveer
protección
a
los
consumidores
en
contra
de
tarifas
22
G. Ariño Ortiz, J. M. de la Cuétara y L. Aguilera,
op.cit., pág. 489; United States Code Congressional and
Administrative News, 98th Congress-Second Session, Vol. 5,
op.cit.
23
G. Ariño Ortiz, J. M. de la Cuétara y L. Aguilera,
op.cit., pág. 489.
Véase, además, United States Code
Congressional and Administrative News, 102nd CongressSecond Session, Vol. 4, op.cit., págs. 1134-1135.
CC-2009-380
14
monopolísticas y de servicios deficientes; permitir que las
autoridades que ofrecen las franquicias puedan utilizar el
proceso de renovación para poner en efecto estándares de
servicio al cliente y proteger las necesidades e intereses
de sus comunidades.24 Además, mediante este estatuto se les
prohibió
a
las
autoridades
exclusivas
y
negar
locales
conceder
franquicias
irrazonablemente
franquicias
competitivas adicionales.25
Finalmente, el 2 de febrero de 1996 se aprobó la Ley
Federal
de
Telecomunicaciones
(Telecommunications
1996).
Esta
legislación
enmendó
también
la
Comunicaciones de 1934, de manera que sólo se
vigentes
aquellas
disposiciones
que
no
Act
of
Ley
de
mantuvieron
estuvieran
en
conflicto con lo pautado en la nueva ley. Su intención
principal
era
promover
la
competencia
y
reducir
la
regulación para asegurar que los consumidores recibieran
servicios
de
telecomunicaciones
de
calidad
y
a
precios
bajos.26 Para esto, se le prohibió a los estados aprobar
reglamentos
o
leyes
proveyera
servicios
Además,
les
se
que
impidieran
interestatales
impuso
a
los
que
o
una
compañía
intraestatales.27
acarreadores
el
deber
de
24
United States Code Congressional and Administrative News,
102nd Congress-Second Session, Vol. 4, op.cit., págs. 11331134.
25
47 U.S.C.A. sec. 541 a (1).
26
R. W. Crandall & H. Furchtgott-Roth, Cable TV: Regulation
or Competition, The Brookings Institution, Washington,
D.C., 1996, pág. 47; G. J. Guzzi, op.cit., pág. 153.
27
47 U.S.C.A. sec. 253a.
CC-2009-380
15
interconectarse,
directa
facilidades
y
equipos
prohibió
a
éstos
limitaciones
en
de
imponer
la
telecomunicaciones.28
legislación
o
indirectamente,
otros
condiciones
reventa
de
También,
posibilitó
acarreadores
que
la
las
con
las
y
le
se
discriminatorias
o
sus
de
servicios
aprobación
compañías
de
de
esta
teléfono
pudieran entrar a la industria de la televisión por cable.29
Para implementar y administrar la política pública de
la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996, la
Asamblea
Legislativa
Telecomunicaciones.
creó
a
la
Ésta
no
Junta
es
una
Reglamentadora
junta
de
meramente
tarifaria sino que tiene la responsabilidad de vigilar que
la competencia entre las compañías que regula se efectúe en
un marco de equidad y buena fe.
Junta
Reglamentadora
tiene
ocurre
en
y
el
mercado
la
En otras palabras, la
obligación
corregir
y
de
rectificar
velar
qué
cualquier
desviación que tengan las empresas de las normas que tienen
que regir en un mercado de competencia.30
A este ente administrativo, la Asamblea Legislativa le
delegó amplios poderes y facultades para cumplir con la
encomienda
de
reglamentar
y
fiscalizar
los
servicios
de
28
47 U.S.C.A. sec. 251 a (1) y 251 b (1). De esta forma,
se elimina el monopolio que las compañías locales tenían de
las franquicias. Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., supra,
pág. 216; P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P. R., supra, pág.
280.
29
United States Code Congressional and Administrative News,
104th Congress-Second Session 1996, Vol. 4, House Report
No. 104-204, P.L. 104-104, págs. 11, 14-17; R. W. Crandall
& H. Furchtgott-Roth, op.cit.; G. Ariño Ortiz, J. M. de la
Cuétara y L. Aguilera, op.cit., pág. 503.
CC-2009-380
16
telecomunicaciones en Puerto Rico.31 Tan amplios son los
poderes que tiene la Junta Reglamentadora para cumplir con
la
política
pública
de
la
Ley
de
Telecomunicaciones
de
Puerto Rico de 1996 que el mismo estatuto hace énfasis en
que los poderes de la Junta no se limitan a los que están
enumerados,
sino
que
ésta
tiene
“todos
los
poderes
adicionales implícitos e incidentales” para desempeñar los
establecidos.32
expresamente
Sobre
este
particular,
se
destaca que cada una de las disposiciones de la medida,
específicamente las relacionadas con las prerrogativas de
la
Junta
Reglamentadora,
liberalmente
para
persigue
política
la
poder
tienen
que
alcanzar
pública
de
ser
los
interpretadas
propósitos
que
telecomunicaciones
del
gobierno.33
En
lo
pertinente,
la
Junta
Reglamentadora
tiene
la
responsabilidad de adoptar, promulgar, enmendar o derogar
aquellos reglamentos u órdenes que sean necesarios.34 Para
alcanzar
esta
finalidad,
la
Junta
Reglamentadora,
entre
otro tipo de acciones, podrá realizar vistas públicas.35
También, podrá exigir la información que estime necesaria,
30
Diario de Sesiones del Senado, pág. 29794.
31
P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P. R., supra, págs. 285-289.
32
27 L.P.R.A. sec. 267i.
33
Íd.
34
27 L.P.R.A. sec. 267f(a).
Al cumplir con esta función,
la Junta Reglamentadora debe seguir las disposiciones que
se establecen en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988,
según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme. 3 L.P.R.A. sec. 2101 et. seq.
35
27 L.P.R.A. sec. 267f(b)(8).
CC-2009-380
17
pero si ésta resulta ser confidencial deberá ser protegida
y entregada exclusivamente al personal de la Junta, bajo
cánones de no divulgación.36
La Junta Reglamentadora, además, tiene la facultad de
conceder franquicias a las compañías que deseen “construir
u operar un sistema de cable”.37 Este tipo de franquicia no
es
exclusiva
y
sólo
puede
concederse
cuando
la
Junta
Reglamentadora, en su ponderación, entiende que impactará
positivamente el interés público.38 El tiempo máximo por el
cual se otorga una franquicia es de 18 años, aunque puede
renovarse o extenderse por un máximo de 10 años adicionales
si es en beneficio de los consumidores y del desarrollo
económico y social del país.39
Toda franquicia deberá especificar, por un lado, “las
condiciones, limitaciones, requisitos y áreas de servicio
que [la Junta] determine son necesarias para adelantar los
propósitos de [la ley]”.40 Mientras, por otro lado, también
tendrá que detallar “aquellas condiciones razonables y los
requisitos relativos a la ampliación y modernización de la
red, calidad del servicio, extensiones y mejoras en los
servicios en áreas sin servicio o pobremente servidas y
evaluará las credenciales técnicas, legales, financieras y
morales de los oficiales y directores de la compañía de
36
27 L.P.R.A. sec. 267f (b)(2).
37
27 L.P.R.A. sec. 269h (a)(1).
38
27 L.P.R.A. sec. 269h (a)(2).
39
27 L.P.R.A. sec. 269h (a)(2)(3).
CC-2009-380
cable
a
concedida
18
quien
la
se
conceda
franquicia,
franquicia”.41
una
la
Junta
Una
Reglamentadora
vez
podrá
modificarla, suspenderla o cancelarla, por justa causa, si
determina
que
la
compañía
de
cable
no
ha
cumplido
sustancialmente con los requisitos de dicha franquicia o ha
violado
la
ley
o
reglamentación
aplicable,
previa
notificación y oportunidad de vista.42
Como la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de
1996 está fundamentada en la normativa federal, la Asamblea
Legislativa
limitó
la
jurisdicción
de
la
Junta
Reglamentadora a “todo aquello que no esté en conflicto con
las disposiciones estatutarias y reglamentarias federales,
especialmente las que corresponden a la Comisión Federal de
Comunicaciones,
así
como
aquellas
normas
federales
que
ocupen el campo”.43 Incluso, la ley establece que “[t]odas
las acciones, las reglamentaciones y determinaciones de la
Junta se guiarán por la Ley Federal de Comunicaciones, por
el interés público y especialmente por la protección de los
derechos
de
los
consumidores”.44
Finalmente,
en
el
caso
específico de la reglamentación de sistemas de cable se
menciona enfáticamente que toda reglamentación que apruebe
la Junta Reglamentadora respecto a los servicios de cable
deberá ser consistente con la Ley Federal de Televisión por
40
41
27 L.P.R.A. sec. 269h (a)(2).
27 L.P.R.A. sec. 269h(a)(3).
42
27 L.P.R.A. sec. 269h(a)(5).
43
27 L.P.R.A. sec. 267 e(a).
44
27 L.P.R.A. sec. 267 f(f).
CC-2009-380
Cable
y
19
el
Título
III
de
la
Ley
Federal
de
Telecomunicaciones de 1996.45
B. Procedimiento Administrativo para la Concesión de
Franquicia y el Derecho de Intervención
Para conferirle aplicabilidad a la política pública
que establece la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico
de
1996,
la
reglamentos.
Expedición
Junta
Uno
de
Reglamentadora
de
ellos
es
Certificaciones
ha
el
y
aprobado
varios
Reglamento
para
la
Franquicias.46
En
lo
pertinente, el propósito de este reglamento es establecer
el procedimiento de otorgación de franquicias no exclusivas
para construir y operar sistemas de cable en Puerto Rico.47
Su
45
interpretación
debe
hacerse
para
garantizar
que
la
27 L.P.R.A. sec. 269h (a)(7).
46
Reglamento Núm. 5631 para la Expedición de Certificación
y Franquicias, 23 de mayo de 2007.
47
Reglamento Núm. 5631, Íd., secs. 2.1, 4.1(c), 6.3 pág. 1,
3, 10. Una franquicia es un “permiso que se otorga a una
persona o entidad para el aprovechamiento de algún servicio
o bien público.” I. Rivera García, Diccionario de Términos
Jurídicos, Lexis Nexis, Inc., San Juan, Puerto Rico, 2000,
pág. 100.
Véase, además, D. Fernández Quiñones, Derecho
Administrativo
y
Ley
de
Procedimiento
Administrativo
Uniforme, 2da Edición, FORUM, Bogotá, Colombia, 2001, pág.
28, citando a Hunt, The Export Licensing System, 398 P.L.I.
Comm. 459 y a Fadden, Snyder y Sholtter, The Structure of
Export Licensing, 570 P.L.I. Comm. 379.
Por su parte, la
Junta Reglamentadora define el concepto franquicia como:
Una autorización inicial, o la renovación de la misma
(incluyendo la renovación de una autorización que ha
sido otorgada sujeto a la sección 626 de la Ley de
Comunicaciones, según enmendada), emitida por una
autoridad
que
concede
franquicias,
sea
dicha
autorización designada como una franquicia, permiso,
licencia, resolución, contrato, certificado, acuerdo o
en cualquier otra forma, que autoriza la construcción
u operación de un sistema de cable.
Reglamento Núm.
CC-2009-380
20
concesión de la franquicia contribuya al interés público y
permitir
que
se
cumplan
los
objetivos
de
la
Ley
de
Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996, los cuales son
promover la competencia y proteger al consumidor.48 Además,
ésta
debe
realizarse
en
armonía
con
la
finalidad
del
Reglamento para Compañías de Cable Televisión:
…fomentar que las compañías de cable presten el
mejor servicio posible de cable televisión a los
residentes
de
Puerto
Rico;
fomentar
el
crecimiento y desarrollo de sistemas de cable que
respondan a las necesidades y los intereses de la
comunidad local; …y reflejar la política federal
reconociendo y alentando el ambiente competitivo
en que se proveen los servicios de comunicación.49
La
Junta
Reglamentadora
toma
en
consideración
dos
criterios para decidir si concede una franquicia de cable
tv.
Éstos son: (1) que la otorgación sea en beneficio del
interés
público
y
posibilite
el
cumplimiento
con
los
propósitos de la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico
de 1996 y (2) que la compañía que solicita la franquicia
tenga
las
cualificaciones
interés público.50
necesarias
para
contribuir
al
Para determinar si se cumple con el
segundo criterio, la Junta Reglamentadora evalúa:
(i)
las
cualificaciones
técnicas,
legales,
financieras y morales del solicitante, sus
oficiales y directores, o socios generales,
si es una sociedad.
5761 para Compañías de Cable Televisión, 24 de febrero
de 1998, Artículo 3(M), pág. 6.
48
Reglamento Núm. 5631, op.cit., secs. 2.2, 6.3, pág. 1,
10.
49
Reglamento Núm. 5761, op.cit., pág. 3.
Reglamento Núm. 5631, op.cit., sec. 6.4 a (i)(ii), pág.
11.
50
CC-2009-380
21
(ii) si el otorgamiento de
consistente con la ley
propósitos de la Ley 213;
la solicitud es
y promoverá los
(iii) si el servicio será provisto de manera no
discriminatoria
y
sin
interrupciones
irrazonables;
(iv) si
se
han
establecido
procedimientos
adecuados para resolver disputas en cuanto al
pago y la calidad del servicio, …
(v)
si el solicitante ha programado, reservado y
ofrecido acceso a los canales no comerciales
para uso público y educacional como parte de
su oferta básica de servicio, de modo que
todo
suscriptor
tenga
acceso
a
dichos
canales; y
(vi) si
la
solicitud
cumple
requisitos de la Ley 213.51
con
los
otros
Este último criterio es muy importante porque, como expone
el
Prof.
Demetrio
Fernández
Quiñones,
le
asegura
al
ciudadano que la persona o corporación a la cual se le
autorizó una franquicia de cable tv tiene la capacidad y
las
cualificaciones
necesarias
para
realizar
dicha
actividad reglamentada por la Junta Reglamentadora.52
51
Reglamento Núm. 5631, op.cit., sec. 6.4 b(i)-(vi), pág.
11.
52
D. Fernández Quiñones, op.cit., pág. 28.
CC-2009-380
Las
vistas
puede
22
públicas
utilizar
la
son
una
Junta
consideración
Reglamentadora
procesal
para
que
tomar
la
decisión respecto a si concede una franquicia de cable tv.
Su celebración es discrecional porque está supeditada a que
facilite el proceso decisional de la Junta Reglamentadora.
Además, debe realizarse conforme al Reglamento de Práctica
y Procedimiento General.53 Esto porque el mismo reglamento
de
franquicia
establece
que
sus
disposiciones
serán
suplementadas por esta normativa, siempre que sea aplicable
y consistente con la finalidad que persigue el proceso de
otorgación de franquicia de cable tv.54
Sobre este particular, es importante aclarar que el
señalamiento
de
una
vista
pública,
por
sí
mismo,
no
convierte el procedimiento de otorgación de una franquicia
en
adjudicativo.
Reglamento
de
Tampoco
Práctica
lo
y
hace
la
referencia
al
Procedimiento
General.55
Al
respecto, esta normativa enfatiza en que no toda solicitud
de una parte obligará a la Junta Reglamentadora a señalar
una vista adjudicativa, mucho menos, como en el caso de
otorgar franquicias de cable tv, si es inconsistente con
sus reglamentos o propósitos definidos en el estatuto que
53
Reglamento Núm. 5631, op.cit., sec. 6.3d, pág. 11.
54
Reglamento Núm. 5631, op.cit., sec. 3, pág. 3.
55
Reglamento Núm. 5664 de Práctica y Procedimiento General,
5 de agosto de 1997. Este reglamento aplica a “los
procedimientos de adjudicación, reglamentación, querella e
investigación de ésta.”
Reglamento Núm. 5664, Íd., sec.
2.1, pág. 1. Véase, además, la sección 1 de esta normativa
donde se establece como su base legal nuestra ley de
telecomunicaciones y las secciones 1.6 y 3.2 de la L.P.A.U.
que aluden a los procedimientos adjudicativos.
CC-2009-380
23
ésta administra.56 Para que un procedimiento sea catalogado
como
adjudicativo
contener
lo
la
siguiente:
orden
(1)
emitida
citas
por
del
la
Junta
precepto
debe
legal
o
reglamento que autorice o requiera la vista adjudicativa;
(2) en caso de querella, referencia a la disposición legal
o reglamento que fue infringida; (3) una exposición de las
controversias a ser tratadas en la vista; (4) la fecha,
hora y lugar en que se celebrará la vista, entre otros.57
También, es imperativo recalcar que una vista pública
no es lo mismo que una vista adjudicativa. Por eso, los
procedimientos para realizar cada una de estas vistas están
definidos en secciones distintas del Reglamento de Práctica
y Procedimiento General. Las vistas adjudicativas se rigen
por la sección 8 (Procedimientos Adjudicativos), mientras
las vistas públicas funcionan de acuerdo a la sección 10
(Procedimientos de Reglamentación).58 Sobre el ámbito de la
sección 10, el reglamento establece:
Las disposiciones de esta sección 9 [sic]
aplicarán a cualquier procedimiento que la Junta
(o el Secretario actuando debidamente a nombre de
ésta), determine sujeto al Sub-Capítulo II de la
56
Reglamento Núm. 5664, op.cit., sec. 8.5(a), pág. 10.
57
Reglamento Núm. 5664, op.cit., sec. 8.5 (b)(i)-(vi), pág.
10.
58
El ámbito de la sección 8 del Reglamento de Práctica y
Procedimiento General incluye “cualquier procedimiento de
naturaleza adjudicativa ante la Junta o sus delegados.”
Reglamento Núm. 5664, op.cit., sec. 8.1, pág. 9.
CC-2009-380
24
Ley 170, o según se provea en la reglamentación
de la Junta.59
Tan diferente es la naturaleza de la vista pública que a
éstas
no
le
son
aplicables
los
procedimientos
adjudicativos, inclusive el derecho a contrainterrogar, a
menos
que
la
reglamentación
persona
de
la
que
preside
Junta
la
vista
Reglamentadora
o
la
disponga
lo
contrario.60
Todo
el
procedimiento
especial
para
expedir
franquicias debe cumplir con los parámetros establecidos en
la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada,
conocida
como
la
Ley
Uniforme
(L.P.A.U.).
de
Así
Procedimiento
lo
dispone
Administrativo
nuestra
ley
de
telecomunicaciones cuando expone:
Todos los procesos, para los cuales este capítulo
no provea un procedimiento, serán gobernados por
las secs. 2101 et. seq. del Título 3, conocidas
como
“Ley
de
Procedimiento
Administrativo
Uniforme de Puerto Rico”. Esto quiere decir que
la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
de Puerto Rico gobernará los procedimientos para
la adopción de reglamentos, los procedimientos
adjudicativos,
la
revisión
judicial,
el
procedimiento
para
la
concesión
de
certificaciones,
franquicias,
querellas
de
usuarios y entre compañías de telecomunicaciones,
y los procedimientos para inspecciones.61
Esto se reafirma en el reglamento de franquicia cuando se
establece
que
específicamente
“[c]ualquier
definido
en
término
este
que
documento,
no
esté
tendrá
el
59
Reglamento Núm. 5664, op.cit., sec. 10.1, pág. 26.
60
Reglamento Núm. 5664, op.cit., sec. 10.5 (e), pág. 27.
61
27 L.P.R.A. sec. 271.
CC-2009-380
25
significado asignado al mismo en la Ley 213, la Ley 170, o
en cualquier otro Reglamento promulgado por esta Junta.”62
Así también cuando se establece que la base legal para
promulgar
este
reglamento
incluye
la
Ley
de
procedimiento
para
Telecomunicaciones de Puerto Rico y la L.P.A.U.63
De
acuerdo
a
la
L.P.A.U.,
el
expedir una franquicia, por su naturaleza, debe ser “rápido
y eficiente”.64 Por esto, la Junta Reglamentadora dispuso
que la decisión de otorgarla o denegarla debe tomarse en un
término de 180 días, a partir de la presentación de la
solicitud de franquicia.65 La necesidad de resolver estas
solicitudes con premura, es otra razón por la cual no se
dispuso
para
su
consideración
un
procedimiento
adjudicativo. El propósito del procedimiento adjudicativo
es determinar “los derechos, obligaciones o privilegios que
62
Reglamento Núm. 5631, op.cit., sec. 4.2, pág. 4.
63
Reglamento Núm. 5631, op.cit., sec. 1, pág. 2.
Véase,
además, las secciones 6.5 a, c, d y 6.6 de este mismo
reglamento.
64
3 L.P.R.A. sec. 2181.
que:
Concretamente, el estatuto dispone
Las agencias deberán establecer un procedimiento
rápido y eficiente para la expedición de licencias,
franquicias,
permisos,
endosos
y
cualesquiera
gestiones similares… Se establece un término directivo
de treinta (30) días para la expedición de las
aprobaciones a que se refiere la presente sección,
pudiendo las agencias establecer otros más breves o
más largos, en este último caso. Íd.
65
Reglamento Núm. 5631, op.cit., sec. 6.5 c, pág. 12.
Contrariamente, si el procedimiento fuera adjudicativo, el
Reglamento de Práctica y Procedimiento General establece un
término de 90 días, a partir de que se celebra la vista,
para que la Junta Reglamentadora emita su decisión final.
Esto en cumplimiento de la sección 3.14 de la L.P.A.U.
Reglamento Núm. 5664, op.cit., sec. 8.21, pág. 24.
CC-2009-380
26
correspondan
a
una
parte”.66
Su
naturaleza
es
compleja,
extensa y sólo es mandatorio cuando: (1) se deniega la
solicitud
de
franquicia
sin
celebrarse
una
vista
administrativa, (2) la Junta Reglamentadora emite una orden
de mostrar causa para que la parte exponga porqué no debe
ser sancionada, o (3) se solicita reconsideración de una
determinación
de
la
Junta
Reglamentadora,
concediendo
o
denegando la franquicia de cable tv. Respecto a la primera
posibilidad, el reglamento de franquicia dispone:
Siempre que la denegatoria no haya sido precedida
por una vista administrativa en su fondo, el
solicitante tendrá derecho a ser oído dentro de
los 30 días siguientes después de la denegación
total o parcial de una solicitud por parte de la
Junta.
En este caso, el solicitante deberá
solicitar por escrito una vista. La solicitud de
vista deberá contener una declaración detallada
de hechos materiales y fundamentos legales sobre
los que el solicitante basa su petición. Si la
Junta
determina
que
se
ha
levantado
una
controversia
genuina
respecto
a
un
hecho
pertinente en la solicitud, la Junta celebrará un
procedimiento adjudicativo consistente con su
Reglamento de Práctica y Procedimiento y con la
[LPAU].
Si la Junta concluye, a base de su revisión del
expediente, que existe una controversia de hecho
pertinente
planteada
en
la
petición
del
solicitante,
la
Junta
celebrará
una
vista
adjudicativa conforme a su Reglamento de Práctica
y Procedimiento.67
66
Sec. 1.3 (b), 3 L.P.R.A. sec. 2102(b).
Véase, además,
J.P. v. Frente Unido, 165 D.P.R. 445, 461-465 (2005).
67
Énfasis nuestro.
6.6, págs. 12-13.
Reglamento Núm. 5631, op.cit., sec.
CC-2009-380
27
Por su parte, la segunda circunstancia puede ser el
resultado
de
una
investigación
de
la
Junta
o
de
una
querella presentada por un tercero.68 Además puede culminar
en
un
señalamiento
de
vista
si
la
Junta
Reglamentadora
determina que existe una controversia material de hecho o
derecho.69 Incluso, si se encuentra que la parte a la cual
se le emite la orden violó alguna normativa administrada
por la Junta Reglamentadora, ésta le podrá imponer alguna o
varias de las siguientes sanciones: (a) emitir un aviso de
orientación;
(b)
confirmar
la
multa
propuesta;
(c)
modificar la multa propuesta; (d) iniciar un proceso para
modificar, suspender o revocar la franquicia.70
Finalmente, la tercera consideración se puede activar
si
una
parte
Reglamentadora
afectada
opta
reconsideración.
por
por
la
decisión
presentar
de
una
la
Junta
moción
de
Sobre este particular, el reglamento de
franquicias es claro al señalar que el procedimiento que se
activa es el adjudicativo. Por eso, alude, específicamente,
a que las determinaciones de la Junta Reglamentadora están
sujetas
al
sección
8.23
procedimiento
del
que
Reglamento
se
de
establece
Práctica
y
tanto
en
la
Procedimiento
General y a la sección 3.15 de la L.P.A.U.71 Ambas secciones
68
Reglamento 5664, op.cit., sec. 11.1, pág. 28.
69
Reglamento 5664, op.cit., sec. 11.2, pág. 28.
70
Reglamento 5664, op.cit., sec. 11.3, pág. 29.
71
Reglamento 5631, op.cit., sec. 6.5 (d), pág. 12. Véase,
además, Reglamento 5664, op.cit., sec. 8.23 (a), pág. 25;
sec. 3.15, 3 L.P.R.A. sec. 2165.
CC-2009-380
28
están incluidas en los capítulos que tratan el tema de los
procedimientos adjudicativos.
Todas estas situaciones particulares están en armonía
no
tan
solo
con
nuestra
política
pública
de
telecomunicaciones sino también con la establecida en el
capítulo quinto de la L.P.A.U. que alude al procedimiento
de
concesión
de
franquicias.
Al
respecto,
la
L.P.A.U.
claramente establece:
Toda persona a la que una agencia deniegue la
concesión de una licencia, franquicia, permiso,
endoso, autorización o gestión similar tendrá
derecho a impugnar la determinación de la agencia
por medio de un procedimiento adjudicativo, según
se establezca en la ley especial de que se trate
y en las secs. 3.1 a 3.18 de esta ley [secs. 2151
a 2168.].72
Este precepto que forma parte del Capítulo V de la L.P.A.U.
originalmente
72
no
se
incluyó
en
esta
medida.73
Los
Énfasis Nuestro. Sec. 5.4, 3 L.P.R.A. sec. 2184.
73
Las únicas partes que componían este estatuto eran: (1)
Capítulo I: Disposiciones Generales; (2) Capítulo II:
Procedimientos para la Reglamentación; (3) Capítulo III:
Procedimiento Adjudicativo; (4) Capítulo IV: Revisión
Judicial; y (5) Capítulo V: Disposiciones Suplementarias.
Historial Legislativo del P. del S. 350, Ley Núm. 170 del
12 de agosto de 1988, Informe Conjunto de la Comisión de
Gobierno Estatal, la Comisión de Asuntos Municipales y la
Comisión de lo Jurídico, 9 de abril de 1987, pág. 5.
El proceso de aprobación de la actual L.P.A.U. tardó,
aproximadamente, 6 años y resultó en varios intentos de
proyectos
de
ley
elaborados
por
nuestra
Asamblea
Legislativa.
Concretamente, en 1982 se desarrolló el P.
del S. 679, P. de la C. 438, el P. de la C. 439 y el P. de
la C. 440.
En el P. del S. 679 de 21 de septiembre de 1982 de la Ley
de Procedimiento Administrativo para el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, conocida hoy como la L.P.A.U., la
estructura estaba dividida en las siguientes partes:
Artículo I: Disposiciones Generales; Artículo II: Acceso
del Público a la Agencia; Artículo III: Reglamentación;
CC-2009-380
procedimientos
29
para
la
concesión
de
franquicias
fueron
incluidos en un capítulo separado a través de la enmienda
Artículo IV: Procedimientos Adjudicativos; Artículo V:
Revisión Judicial y Cumplimiento Civil. Cada uno de estos
artículos estaba igualmente subdividido por capítulos.
Historial Legislativo del P. del S. 679 de 1982, P. del C.
438, 439 y 440 de 1982.
Tanto en el P. del C. 438 (Ley de Reglas, Reglamentos y
Decisiones Administrativas de Puerto Rico) como en el 439
(Ley
Uniforme
para
la
Concesión
de
Licencias
de
Profesiones, Oficiones u Ocupaciones del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico) y 440 (Ley de Procedimiento
Administrativo), todos del 10 de marzo de 1982, la Ley no
estaba estructurada por artículos, capítulos y secciones
con sus respectivos títulos y subtítulos.
Sólo estaba
dividida en números consecutivos de artículos o secciones
con sus respectivos títulos.
En cada uno de estos
proyectos, excepto en el P. del C. 438, como en el P. del
S. 679, se hacía referencia a las licencias en la parte de
definiciones como en el texto en general. Por ejemplo, en
el P. del S. 679 se definía el término licencia como
“cualquier permiso, certificado, aprobación, privilegio,
franquicia,
certificación,
patente,
autorización
o
cualquier otra forma similar de permiso requerido por ley”.
Además, en el texto del estatuto se ubicaba como parte del
Artículo IV: Procedimientos Adjudicativos, Capítulo I:
Disponibilidad, Sección 4-103: Decisión de no Conducir un
Procedimiento Adjudicativo, Sección 4-104: La Acción sobre
Solicitudes y la Sección 4-105: Acción Contra Poseedores de
Licencias.
La concesión de la licencia podía o no
convertirse en un proceso adjudicativo. Esta determinación
era discreción de la agencia. Lo que sí era claramente un
proceso adjudicativo era la acción de la agencia para
revocar, suspender, modificar, anular, retirar o enmendar
una licencia y el proceso de reconsideración.
Historial
Legislativo del P. del S. 679, págs. 4, 27-29, 47. En el
caso del P. del C. 439 también se incluye como proceso
adjudicativo
la
renovación,
enmienda,
modificación
o
anulación de la licencia y la reconsideración de la
determinación de la agencia.
Historial Legislativo P. de
la C. 439, pág. 24, 31. Igual consideración está presente
en el P. de la C. 440. Historial Legislativo del P. de la
C. 440, pág. 23, 27.
CC-2009-380
30
que la Comisión de lo Jurídico Civil realizó en el Informe
del Sustitutivo al P. del S. 350.74 Hoy día el estatuto,
además de mantener el Capítulo V sobre Procedimiento para
la
Concesión
incorpora
el
de
Licencias,
Capítulo
VI
Franquicias
denominado
o
Permisos,
Fiscalización
e
Inspección y Gestiones Conjuntas y el Capítulo VII sobre
Penalidades Administrativas.75 La concepción de cada uno de
estos
capítulos
se
basó
en
los
procedimientos
uniformes
mínimos que se relacionaban con las distintas funciones que
realizan las agencias. En concreto, “su fórmula legislativa
está
concebida
administrativos
en
función
incluidos
y
de
toma
los
en
procedimientos
consideración
las
características individuales de cada uno de éstos”.76
En un comentario a la sección 5.4 del Capítulo V antes
mencionada, el Hon. Ángel G. Hermida, Juez del Tribunal
Superior, plantea lo siguiente:
El Capítulo V supone que el procedimiento
original para la concesión o denegación de estas
autorizaciones es distinto del procedimiento
adjudicativo reglamentado por el Capítulo III; y
la sección 5.4 de la ley dispone que en casos en
que se deniegue la autorización interesada, la
parte afectada por dicha denegatoria tendrá
derecho
a
impugnarla
“por
medio
de
un
procedimiento adjudicativo, según se establezca
en la ley especial de que se trate y en el
capítulo III de esta ley”.77
74
Historial Legislativo del P. del S. 350, Ley Núm. 170 del
12 de agosto de 1988, Informe del Sustitutivo al P. del S.
350, 3 de junio de 1988, pág. 37.
75
Se eliminó un capítulo
76
Pagán Ramos v. F.S.E., 129 D.P.R. 888,
3 L.P.R.A. sec. 2101 et. seq.
sobre disposiciones suplementarias.
Énfasis nuestro.
901 (1992).
77
Énfasis nuestro. Hon. Ángel G. Hermida, Juez del Tribunal
Superior, “La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme
CC-2009-380
31
Este Tribunal tuvo la oportunidad de interpretar la
sección 5.4 de la L.P.A.U. en el caso San Antonio Maritime
v. Puerto Rican Cement Co.78 En este caso, la Junta de
Calidad Ambiental (JCA) le expidió a San Antonio Maritime,
Transcaribbean
Maritime
temporero
la
para
y
operación
Antilles
de
una
Cement
un
permiso
fuente
de
emisión,
condicionado a que San Antonio continuara y concluyera los
trámites administrativos que simultáneamente se realizaban
en
la
Administración
de
Reglamentos
relativos a la autorización
para
la
y
Permisos
(ARPE),
construcción y uso
de un silo para el despacho de cemento. Por su parte, la
Puerto Rican Cement Company (PRCC) presentó ante la JCA una
solicitud de intervención, reconsideración y revocación de
ese permiso.
A causa de esta solicitud, la JCA expidió una
orden de mostrar causa por la cual no se debía revocar el
permiso temporero.
Se celebró una vista y luego de escuchar los argumentos
de PRCC, de la JCA y de San Antonio Maritime, el oficial
examinador
denegó
la
solicitud
de
intervención
de
PRCC.
Luego de esto, se continuaron los procedimientos ante el
oficial examinador sobre los méritos de la controversia.
Cuando se inició nuevamente la vista para mostrar causa,
San Antonio solicitó el archivo del procedimiento porque
de 1988 y las Reglas para la Revisión Judicial de 1989:
Algunos Aspectos de Especial Interés para los Jueces”,
Revista FORUM, 2 de mayo de 1989, pág. 21, dentro del
Historial Legislativo del P. del S. 350, Ley Núm. 170 del
12 de agosto de 1988.
78
Supra.
CC-2009-380
32
entendía que la concesión del permiso permanente tornaba en
académicos
todos
temporero.
Así
los
lo
procesos
recomendó
relativos
el
al
oficial
permiso
examinador,
aprobándolo la JCA.
PRCC recurrió ante el TA mediante recurso de revisión
administrativa cuestionando las decisiones de la JCA (1)
aceptando
la
DIA-N
de
(3)
expidiendo
condicionado,
ARPE,
(2)
expidiendo
permiso
de
permiso
operación
permanente, (4) aceptando las recomendaciones del oficial
examinador
de
denegar
la
intervención
y
decretar
la
academicidad del caso.
ARPE, por su parte, autorizó el anteproyecto para la
instalación de un silo y PRCC apeló esta determinación ante
la Junta de Apelaciones sobre Construcción y Lotificaciones
(JACL).
un
Alegó PRCC que la ARPE había errado al autorizar
anteproyecto
de
construcción
sin
antes
permitir
la
intervención solicitada. La JACL desestimó la apelación de
PRCC por falta de legitimación activa.
Por esto, PRCC
acudió al Tribunal de Apelaciones planteando que JACL erró
al establecer que no tenía legitimación. El foro apelativo
revocó las resoluciones recurridas y ordenó el reinicio de
los
procedimientos
adjudicativos
para
permitir
la
intervención de PRCC en los foros administrativos.
Concentramos la controversia de este caso en si PRCC
tenía derecho a intervenir en el proceso adjudicativo de la
orden de mostrar causa por la cual no debía revocarse el
permiso temporero de emisión, concedido por la JCA a San
Antonio
Maritime,
y
en
el
proceso
de
impugnación
de
CC-2009-380
33
concesión de los permisos permanentes para construcción y
uso del silo, otorgados por ARPE y confirmados por la JACL.
Al
analizar
la
controversia,
concluimos
que
existe
una
estrecha relación entre el proceso adjudicativo y el de
concesión
de
licencia
o
permiso,
una
vez
la
encargada otorga o deniega esta autorización.
agencia
Ante tal
realidad y el hecho de que la finalidad del proceso de
concesión de licencia, permiso o franquicia es proteger el
interés público, extendimos el derecho de intervención al
proceso de impugnación de la determinación de la agencia a
cualquier
persona
afectada
por
ésta.
Dentro
de
esos
parámetros fue que expresamos lo siguiente:
Además,
es
indiscutible
el
hecho
de
que
el
requerimiento de una demostración de causa por la cual
no debían revocarse los permisos, luego de haberse
otorgado los mismos, con la posibilidad intimada de
decretar la revocación de dichos permisos, realmente
es una iniciativa que da lugar a un proceso
adjudicativo, ya sea teniendo como parte actora o
promovente a la agencia o a PRCC. Es un proceso en el
cual ha de adjudicarse si San Antonio tiene o no
derecho a retener la eficacia de los permisos
concedidos por la Junta de Calidad Ambiental para la
construcción y operación de una fuente de emisión.
Claramente estamos ante un proceso adjudicativo.
Procede, por lo tanto, aplicar a dicho proceso las
reglas relativas a la solicitud de intervención
contenidas en la L.P.A.U. y en los reglamentos
administrativos sobre procesos adjudicativos de las
agencias concernidas en el asunto.79
…
Por otro lado, y en lo referente a la solicitud de
intervención de PRCC ante ARPE y JACL, en apelación de
la determinación de ARPE de conceder los permisos
permanentes de construcción y uso solicitados por SAM,
79
San Antonio Maritime v. Puerto Rican Cement Co., supra,
pág. 390.
CC-2009-380
34
somos del criterio que, bajo el razonamiento
expuesto, claramente se erró al no concederlas.80
antes
Más recientemente, en Ranger American of PR v. Loomis Fargo
expresamos claramente que el procedimiento adjudicativo que
surge luego de que la agencia determina otorgar o denegar
una licencia, permiso o franquicia, está disponible tanto
para
los
solicitantes
autorización
como
a
a
quienes
terceros
que
se
les
denegó
interesen
dicha
impugnar
lo
concedido por la agencia.81
Al activarse este proceso adjudicativo, una persona
que
no
Junta
fue
considerada
Reglamentadora
originalmente
puede
presentar
como
parte
por
la
una
solicitud
de
intervención, hasta 15 días antes de celebrarse la vista.82
Esta
petición
deberá
realizarse
por
escrito,
estar
debidamente fundamentada y demostrar la capacidad e interés
legítimo
y
sustancial
procedimiento.83
Además,
que
para
la
persona
considerar
tiene
la
en
el
moción
de
80
San Antonio Maritime v. Puerto Rican Cement Co., supra,
pág. 398.
81
Ranger American of PR v. Loomis Fargo, 171 D.P.R. 670,
680-681 (2007). Ese tercero pudiera ser un competidor,
según resolvimos en San Antonio Maritime v. Puerto Rican
Cement Co., supra, págs. 394-395, siempre que se establezca
que tiene un interés legítimo y sustancial en la
controversia. Fund. Surfrider y Otros v. A.R.P.E., 2010
T.S.P.R. 37; Junta de Planificación v. Cordero Badillo,
2009 T.S.P.R. 160; San Antonio Maritime v. Puerto Rican
Cement Co., supra, págs. 391-395.
82
Reglamento 5664, op.cit., sec. 8.7, pág. 11.
Véase,
además, Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138
D.P.R. 412, 420 (1995).
83
3 L.P.R.A. sec. 2102(e), 2155.
Véase, además, Fund.
Surfrider
y
Otros
v.
A.R.P.E.,
supra;
Junta
de
Planificación v. Cordero Badillo, supra; Com. Ciudadanos
Caimito v. G.P. Real Prop., 2008 T.S.P.R. 105.
CC-2009-380
35
intervención, ésta deberá incluir prueba de los criterios
establecidos en la sección 3.5 de la L.P.A.U.
Al respecto,
el Reglamento de Práctica y Procedimiento dispone que se
debe proveer prueba de que:
(a)
Los intereses del peticionario pueden afectarse
adversamente por el procedimiento adjudicativo;
(b)
(i) el peticionario no tiene ningún otro medio
legal para proteger adecuadamente su interés;
(ii) los intereses del peticionario no están
adecuadamente representados por otras partes en
el procedimiento;
(iii) la participación del peticionario puede
ayudar a desarrollar un expediente más completo;
(iv) el peticionario representa o es portavoz de
otros grupos o entidades en la comunidad;
(v)
el
peticionario
puede
contribuir
con
información, peritaje, conocimiento especializado
o
asesoramiento
técnico
que
no
estarían
disponibles de otra manera en el procedimiento; y
(c)
La participación del peticionario no extenderá ni
dilatará innecesariamente los procedimientos.84
La
decisión
de
conceder
o
denegar
una
petición
de
intervención es el resultado de la discreción de la Junta
Reglamentadora al ponderar cada uno de los criterios que
establece la L.P.A.U.85 Si se concede la intervención, el
peticionario se convierte en parte del proceso, mientras,
si se deniega se le notificará una orden con las razones
84
Reglamento 5664, op.cit., sec. 8.7, pág. 11; 3 L.P.R.A.
sec. 2155.
85
Reglamento 5664, op.cit., sec. 8.8 (a), pág. 12.
CC-2009-380
que
36
justifican
la
determinación
de
la
Junta
el
intervención
Reglamentadora.86
Como
es
evidente,
derecho
de
sólo
puede existir dentro de un procedimiento adjudicativo. Si
no
existe
este
tipo
inexistente.
Este
Tribunal
efectos
establecer
de
de
proceso,
sólo
que
se
este
ha
derecho
expresado
efectivamente
es
a
los
existe
un
procedimiento adjudicativo cuando la entidad reguladora, en
este
caso
la
Junta
Reglamentadora,
decide
conceder
o
denegar la franquicia, licencia o permiso y se cuestiona o
impugna
esa
decisión.
Nunca
antes
nos
hemos
expresado
sobre si la naturaleza del procedimiento adjudicativo, y,
por ende, el derecho de intervención, está presente también
en el momento inicial en que se dilucida si se concede o no
la licencia o franquicia solicitada.
controversia,
es
necesario
Para analizar esta
auscultar
la
intención
legislativa.
Hemos
tiene
validado
como
constantemente
finalidad
la
identificar
interpretación
los
propósitos
que
que
persigue una ley, de forma tal que ésta se ajuste a la
política
pública
que
la
inspira.87
Para
realizar
ese
86
Reglamento 5664, op.cit., sec. 8.8 (b) (c), pág. 12.
Véase, además, 3 L.P.R.A. sec. 2102 (j) donde se define
parte como “toda persona o agencia autorizada por ley a
quien se dirija específicamente la acción de una agencia o
que sea parte en dicha acción, o que se le permita
intervenir o participar de la misma, o que haya radicado
una petición para la revisión o cumplimiento de una orden,
o que sea designada como parte en dicho procedimiento”.
87
Orsini García v. Secretario de Hacienda, 2009 T.S.P.R.
190; Corp. Difusión Pública v. C.E.E., 2007 T.S.P.R. 231;
Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155,
CC-2009-380
ejercicio
37
de
interpretación
estatutaria,
debemos,
en
primera instancia, examinar el texto de la ley porque “es
la expresión por excelencia de toda intención legislativa”,
siempre que el legislador se haya expresado en “lenguaje
claro e inequívoco”.88 En este proceso de búsqueda de la
intención legislativa, también es conveniente auscultar y
analizar el historial legislativo de la medida que incluye
los informes sometidos por las comisiones de Cámara y el
Senado y el diario de sesiones.89 También, como parte de ese
proceso, hemos expresado, enfáticamente, que “las leyes hay
que
interpretarlas
y
aplicarlas
en
comunión
con
el
propósito social que las inspira, sin desvincularlas de la
realidad y del problema humano que persiguen resolver”.90
Además, según explica Ihering, “el fin es el creador de
163 (2000); Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890, 898 (1998);
Dorante v. Wrangler, 145 D.P.R. 408, 417 (1998); Col.
Ópticos P.R. v. Pearl Vision Center, 142 D.P.R. 221, 228
(1997); J.R.T. v. A.E.E., 133 D.P.R. 1, 9 (1993); Zambrana
Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740, 749 (1992); Vázquez v.
A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 523 (1991); García Pagán v.
Shiley Caribbean, et al., 122 D.P.R. 193, 208 (1988).
Véase, además, R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra,
Aprobación e Interpretación de Leyes en Puerto Rico,
Segunda Edición Revisada, Publicaciones J.T.S., 1987, Vol.
1, págs. 245-246.
88
Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460, 476-477 (2006).
Véase, además, Ortiz v. Municipio de San Juan, 167 D.P.R.
609, 617 (2006); Departamento de Hacienda v. Telefónica,
164 D.P.R. 195, 215 (2005).
89
Ortiz v. Municipio de San Juan, 167 D.P.R. 609, 617
(2006).
90
Orsini García v. Secretario de Hacienda, supra; Matos v.
Junta Examinadora, 165 D.P.R. 741, 748 (2005); Piñero v.
A.A.A., Íd; Col. Ópticos P.R. v. Pearl Vision Center, Íd;
Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 D.P.R. 735, 756
(1992); Vázquez v. A.R.P.E., Íd; García Pagán v. Shiley
Caribbean, Etc., Íd.
CC-2009-380
38
todo [d]erecho” y “no hay norma jurídica que no deba su
origen a un fin, a un propósito, esto es, a un motivo
práctico.”91
Hemos realizado un análisis integrado de nuestra ley
de
telecomunicaciones,
su
historial
legislativo,
la
reglamentación aplicable de la Junta Reglamentadora y la
legislación federal sobre telecomunicaciones, la L.P.A.U. y
su
historial
legislativo.
nuestra
legislación
federal
tienen
posibilitando
Tanto
sobre
la
política
pública
de
como
la
telecomunicaciones
la
finalidad
de
una
competencia
proteger
que
al
consumidor,
viabilice
mejores
servicios de cable tv y menores costos. Atado a esto se
encuentra el interés de la Asamblea Legislativa de que los
procesos de concesión de franquicia o permisos sean rápidos
y eficientes. Por esto, se optó por estructurar de forma
separada
cada
uno
agencias,
entre
de
ellos
los
se
servicios
definió
un
que
ofrecen
capítulo
para
las
los
procedimientos adjudicativos y otro para los procesos de
concesión
de
franquicia,
licencia
o
permiso.
En
ese
sentido, sólo se permitió la integración de ambos procesos
mediante la sección 5.4 de la L.P.A.U., es decir, para
impugnar la determinación de la agencia.
91
Citado en L. Recasens Siches, Nueva Filosofía de la
Interpretación del Derecho, 2da Edición, Editorial Porrúa,
México, 1973, pág. 41; Véase, también, E. Pedro Haba, El
Espejismo de la Interpretación Literal: Encrucijadas del
Lenguaje Jurídico, Tomo I, 1era Edición, San José, C. R.:
Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2003, págs.
69-70.
CC-2009-380
39
Ante estas circunstancias, tenemos que concluir que el
proceso inicial de concesión de licencia o franquicia no es
adjudicativo y, por lo tanto, en esa etapa es inaplicable
el derecho de intervención. Esta determinación no se altera
por el hecho de que existan leyes especiales reguladas por
las agencias que permitan una mayor participación, incluso
específica y definida, de personas que se opongan a la
solicitud de franquicia o permiso. Aunque tal consideración
podría hacer parecer que este proceso es adjudicativo, no
lo es porque no se está cuestionando la decisión de una
agencia ni se está contraponiendo un derecho sobre otro.
La participación de estas personas sólo es un mecanismo
para obtener información que le pueda ser útil a la agencia
para
tomar
la
determinación
licencia,
permiso
o
diferente
derrotaría
de
franquicia.
nuestra
conceder
o
Llegar
una
política
a
denegar
pública
una
conclusión
sobre
las
telecomunicaciones y los propósitos del Capítulo V de la
L.P.A.U.
C. Orden o Resolución sobre Confidencialidad de Documentos
La L.P.A.U. define el término orden o resolución como
“cualquier
decisión
o
acción
agencial
de
aplicación
particular que adjudique derechos u obligaciones de una o
más
personas
sanciones
específicas,
administrativas
o
que
imponga
excluyendo
penalidades
órdenes
o
ejecutivas
emitidas por el Gobernador”.92 Este tipo de determinación
92
Sec. 1.3 (f), 3 L.P.R.A. sec. 2102 (f).
CC-2009-380
puede
ser
carácter
40
emitida
final,
establecer
el
por
parcial
tipo
de
la
o
agencia
administrativa
interlocutorio.
orden
o
Es
resolución
importante
porque
definirá si puede ser revisada judicialmente.
palabras,
permitirá
determinar
si
el
con
esto
En otras
Tribunal
de
Apelaciones y, por ende, este foro tienen jurisdicción para
entender en la controversia.
Una orden o resolución es parcial cuando la acción de
la
agencia,
adjudicando
derechos
y
obligaciones
de
las
partes, sólo atiende un aspecto de la controversia y no su
totalidad.93 Por su parte, se entiende que una orden es
interlocutoria si la actuación de la entidad gubernamental
sólo resuelve un asunto exclusivamente procesal. Aunque la
L.P.A.U. no ha definido el concepto “orden o resolución
final”, reiteradamente hemos establecido que “se refiere a
las decisiones que ponen fin al caso ante la agencia y que
tienen efectos sustanciales sobre las partes”.94
De todas estas modalidades de órdenes o resolución,
sólo la que culmina el procedimiento administrativo puede
ser objeto de revisión judicial.
Sobre el particular la
L.P.A.U. dispone:
Una parte adversamente afectada por una orden o
resolución final de una agencia y que haya
agotado todos los remedios provistos por la
agencia
o
por
el
organismo
administrativo
apelativo correspondiente podrá presentar una
93
94
Sec. 1.3 (g), 3 L.P.R.A. sec. 2102 (g).
J. Exam. de Tec. Méd. v. Elías et. al., 144 D.P.R. 483,
490 (1997). Véase, además, Depto. Educ. v. Sindicato
Puertorriqueño, 168 D.P.R. 527, 545 (2006).
CC-2009-380
41
solicitud de
Apelaciones…
revisión
ante
el
Tribunal
de
Una orden o resolución interlocutoria de una
agencia, incluyendo aquéllas que se emitan en
procesos que se desarrollen por etapas, no serán
revisables
directamente.
La
disposición
interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de
un señalamiento de error en el recurso de
revisión de la orden o resolución final de la
agencia.95
La idea de limitar el ámbito de revisión judicial a las
órdenes finales de las agencias fue evitar que el trámite
administrativo fuera interrumpido injustificadamente.96 Como
es
interlocutoria
Reglamentadora
la
sobre
resolución
el
que
descubrimiento
dictó
de
la
prueba
Junta
y
la
clasificación como confidenciales del plan de desarrollo,
la tabla de precios y los estados financieros de PRTC, no
tenemos jurisdicción para atenderla en esta etapa de los
procedimientos.97
III.
La compañía PRTC solicitó ante la Junta Reglamentadora
la aprobación de una franquicia para operar un sistema de
95
Sec. 4.2, 3 L.P.R.A. sec. 2172.(Suplemento Acumulativo,
2009).
96
J. Exam. de Tec. Méd. v. Elías et. al., supra, pág. 490,
citando el Historial Legislativo del P. del S. 350, Informe
Conjunto de la Comisión de Gobierno Estatal, Asuntos
Municipales y de lo Jurídico, 10 de abril de 1988.
97
Sobre este particular, el Reglamento 5761 para Compañías
de Cable Televisión dispone que:
Todo plan de desarrollo de servicio sometido por las
compañías ante la Junta se mantendrá confidencial y no
se divulgará o revelará a tercero alguno.
Artículo
12(D), pág. 27.
Véase, además, 27 L.P.R.A. sec. 267
f(b)(2).
CC-2009-380
cable
tv.
42
Por
su
parte,
Onelink
peticionó
que
se
le
autorizara intervenir en este proceso inicial de evaluación
de
la
solicitud
de
PRTC.
Fundamentó
su
derecho
de
intervención en que el proceso de concesión de franquicia
era
adjudicativo,
podía
verse
proteger
su
que
tenía
un
interés
propietario
afectado
y
que
su
intervención
derecho
a
una
competencia
que
permitiría
justa.
Además,
Onelink argumenta que el señalamiento de una vista pública
por la Junta Reglamentadora convirtió el procedimiento de
concesión de franquicia en adjudicativo. No coincidimos con
ninguno de los planteamientos de Onelink.
Primero,
nuestra
telecomunicaciones,
que
Veamos.
política
se
pública
fundamenta
en
la
sobre
legislación
federal, está dirigida a proteger al consumidor y promover
la
competencia.
La
idea
es
eliminar
el
monopolio
que
originalmente existía en el negocio de cable tv, de manera
que la ciudadanía pueda tener mayores y mejores ofertas de
servicios
a
un
costo
razonable.
estatuto
de
telecomunicaciones
Por
y
la
esto,
el
mismo
reglamentación
de
franquicia claramente prohíben que la Junta Reglamentadora
otorgue franquicias exclusivas. La franquicia de cable TV
de
Onelink
no
es
la
excepción
a
esta
norma.
Ésta
constituye en sí misma el interés propietario que tiene
Onelink
porque
establece
sus
derechos
y
prerrogativas.
Concretamente, la Cláusula 2 (9) del Contrato de Franquicia
de Onelink dispone:
The Board desires competition in cable services
in the Municipalities and believes competition
will benefit the residents of the Municipalities.
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43
Further, the Board believes that competition can
develop without substantial injury to Franchisee
or Franchisee’s ability to perform its promises
in this Agreement.
The Franchisee has entered
this Agreement with a full understanding that the
Board intends to encourage the development of a
fair competition.98
Como
puede
claramente
observarse,
promueve
la
la
franquicia
competencia,
por
de
lo
Onelink
cual
la
concesión de una franquicia a PRTC no afecta su interés
propietario.
Es decir, el hecho de que se le conceda una
franquicia de cable tv a PRTC no hace que Onelink pierda la
suya.
Ambas franquicias son independientes.
Lo único que
provoca la concesión de la franquicia a PRTC es cumplir con
la
política
pública
que
establece
nuestra
ley
de
telecomunicaciones.
Por otro lado, no se puede impulsar la competencia
justa
o
injusta
si
no
se
permite
la
interacción
entre
competidores. Esta obviamente no se da en el contexto del
proceso de concesión de franquicia, sino luego de que la
Junta
Reglamentadora
determina
otorgar
la
autorización.
Además, la Junta Reglamentadora es la entidad responsable
de regular y asegurarse de que existe una competencia leal.
Actualmente, Onelink es el único proveedor de servicios de
cable tv en el área metropolitana y en los pueblos de Toa
Alta
y
Toa
Baja.
Esto
sin
incluir
a
los
residenciales
públicos, a los cuales Onelink no le brinda servicios.
98
Énfasis nuestro. Apéndice 58, “Franchise Agreement
Between The Telecommunications Regulatory Board of Puerto
Rico and San Juan Cable, LLC For Franchise FC-23, págs.
813-814.
CC-2009-380
44
Segundo, la naturaleza de los procesos adjudicativos
es diferente a la de los procedimientos de concesión de
franquicia
o
permisos.
Así
lo
estableció
la
Asamblea
Legislativa cuando expresó su interés de que los procesos
de franquicias se realizaran de forma rápida y eficiente.
Por el contrario, los adjudicativos tienden a ser complejos
y
extensos.
Precisamente,
esa
diversidad
fue
lo
que
promovió que cada una de las funciones realizadas por las
agencias se estructurara en capítulos diferentes dentro de
la L.P.A.U.
Otro elemento que valida el hecho de que el proceso de
concesión de franquicia no es adjudicativo es la sección
5.4 de la L.P.A.U. A través de este precepto es que se
activa
el
proceso
adjudicativo,
una
vez
la
Junta
Reglamentadora tome la determinación de denegar o conceder
la franquicia de cable tv a PRTC.
En este momento es que
Onelink, PRTC o cualquier parte con capacidad e interés
legítimo
y
sustancial
podría
solicitar
intervenir.
Específicamente, Onelink podría impugnar la concesión de
franquicia a PRTC por violar las leyes y reglamentos de la
Junta Reglamentadora o promover una competencia desleal.
Antes de este momento, la intervención de Onelink no tan
solo
dilataría
los
procedimientos
de
concesión
de
franquicia, sino que desvirtuaría la política pública de
telecomunicaciones y de la L.P.A.U.
Esta
determinación
no
se
altera,
como
trata
de
argumentar Onelink, con la decisión de la Junta de celebrar
una vista pública para escuchar la posición de aquellas
CC-2009-380
45
partes interesadas en el proceso.
Una vista pública no es
una vista adjudicativa. Es sólo un mecanismo que le permite
a
la
Junta
Reglamentadora
tomar
la
determinación
de
conceder o denegarle la franquicia de cable tv a PRTC de
una manera más informada. Esta es una actuación prudente y
sensata de la Junta, como lo fue su decisión de permitir
que Onelink sometiera comentarios extensos a la petición de
franquicia de PRTC.99
Recordemos
que
una
agencia
no
ejerce
una
función
adjudicativa por el mero hecho de evaluar si concede o
deniega una franquicia o permiso.
En ese proceso no se
están determinando derechos u obligaciones del solicitante,
tomando
en
consideración
hechos
específicos
y
confrontándolos con las normas existentes, como sucede en
un procedimiento adjudicativo.
En el caso específico de la
compañía PRTC, lo único que la Junta Reglamentadora está
realizando
es
una
ponderación
para
determinar
si
el
conceder la franquicia de cable tv a PRTC puede contribuir
a promover la competencia y proteger al consumidor.
Este
proceso evaluativo no tiene nada que ver con los procesos
adjudicativos.
IV.
Por
los
fundamentos
antes
expresados,
se
confirma
la
sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones denegando la
solicitud de intervención de Onelink al procedimiento de
99
Transcripción de la Vista ante el Tribunal Supremo, 26 de
octubre de 2009, pág. 32.
CC-2009-380
46
concesión de franquicia de cable tv peticionada por la PRTC y
se
devuelve
el
caso
a
la
Junta
Reglamentadora
continuación de los procedimientos.
Se dictará sentencia de conformidad.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
para
la
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Puerto Rico Telephone Company
h/n/c Claro TV
Recurridos
Certiorari
v.
Junta de Reglamentadora
Telecomunicaciones
Agencia-recurrida
de
CC-2009-380
San Juan Cable LLC, h/n/c One
Link Communications
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2010.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integrante de la
presente Sentencia, se confirma la sentencia emitida por
el Tribunal de Apelaciones denegando la solicitud de
intervención de Onelink al procedimiento de concesión de
franquicia de cable tv peticionada por la PRTC y se
devuelve el caso a la Junta Reglamentadora para la
continuación de los procedimientos.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor Rivera
Pérez no intervino. La Jueza Asociada señora Rodríguez
Rodríguez inhibida. La Jueza Asociada señora Pabón
Charneco concurre con el resultado sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo