LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Puerto Rico Telephone Co. v. Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y otros

2010 TSPR 89

Poder Judicial de Puerto Rico

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Puerto Rico Telephone Co. v. Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y otros

CC-2009-380

Derecho Administrativo – Procedimiento de evaluación en solicitudes de franquicia de televisión por cable; revisión de las decisiones de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Telephone Company

h/n/c Claro TV

Recurridos

v.

Certiorari

Junta de Reglamentadora de

Telecomunicaciones

Agencia-Recurrida

2010 TSPR 89

179 DPR ____

San Juan Cable LLC, h/n/c One Link

Communications

Peticionarios

Número del Caso: CC-2009-380

Fecha: 9 de junio de 2010

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan Panel II

Jueza Ponente:

Hon. Aleida Varona Méndez

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Jorge Bauermeister

Lcdo. Guillermo Ramos Luiña

Lcdo. Pedro A. Delgado Hernández

Lcdo. Carlos George

Abogados de la Parte Recurrida:

Lcdo. Francisco G. Bruno

Lcdo. Frank La Fontaine

Lcda. Leslie Y. Flores Rodríguez

Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones

Agencia Recurrida:

Lcdo. Jorge Martínez Luciano

Lcdo. José A. Rivera Ayala

Materia: Solicitud de Intervención en cuanto a Petición de

Autorización para Proveer Servicio de Video (IPTV)

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las

decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se

hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Telephone Company

h/n/c Claro TV

Recurridos

Certiorari

v.

Junta de Reglamentadora

Telecomunicaciones

Agencia-recurrida

de

CC-2009-380

San Juan Cable LLC, h/n/c One

Link Communications

Peticionarios

Opinión emitida por la Jueza Asociada señora FIOL MATTA

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2010.

Debemos

intervenir

resolver

en

el

si

un

competidor

procedimiento

de

tiene

derecho

evaluación

de

a

una

solicitud de franquicia de cable televisión presentada por

otra compañía o si, por el contrario, este derecho sólo se

activa cuando se inicia un procedimiento adjudicativo para

cuestionar la concesión o denegación de la franquicia o se

presenta

una

necesario

examinar

y

Puerto

Rico

existe

en

querella.

telecomunicaciones

del

Para

realizar

estudiar

y

a

la

este

análisis

es

política

pública

que

sobre

las

televisión

y

nivel

sistema

de

federal

cable

analizar el Capítulo V de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto

de

1988,

según

enmendada,

conocida

como

la

Ley

de

CC-2009-380

2

Procedimiento Administrativo Uniforme (L.P.A.U.), que versa

sobre

el

Procedimiento

para

la

Concesión

de

Licencias,

Franquicias, Permisos y Acciones Similares.1 Además, en este

mismo sentido, tenemos también que aclarar la norma que

este Tribunal estableció en el caso San Antonio Maritime v.

Puerto Rican Cement Co.2

Por

otro

lado,

debemos

determinar

si

la

decisión

emitida por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones,

relacionada

con

el

descubrimiento

de

prueba

y

la

clasificación como confidenciales de ciertos documentos, es

una resolución interlocutoria y, por tanto, no puede ser

objeto de revisión judicial.

A continuación se exponen los

hechos pertinentes a la controversia.

I.

El 11 de diciembre de 2008, la Puerto Rico Telephone

Company

(PRTC)

presentó

ante

la

Junta

Reglamentadora

de

Telecomunicaciones una solicitud de franquicia para operar

un

sistema

conformidad

de

cable

con

el

Certificaciones

y

TV

basado

Reglamento

Franquicias4

1

3 L.P.R.A. secs. 2181-2184.

2

153 D.P.R. 374 (2001).

en

para

de

IPTV,3

de

Expedición

de

tecnología

la

la

instrumentalidad.

3

Estas siglas significan Internet Protocol Television que

es “una técnica para enviar programación digital a través

de una red de banda ancha usando el protocolo IP (internet

protocol).” Alegato de PRTC, 21 de agosto de 2009, pág. 3,

citando a Newton’s Telecom Dictionary, 24th ed. 2008, págs.

514-515.

4

Reglamento 5631, Capítulo 6, 23 de mayo de 1997.

CC-2009-380

3

Además, la PRTC requirió que se le diera trato confidencial

a

9

de

los

solicitud,

26

que

exhibits

el

que

se

procedimiento

habían

se

anejado

tramitara

a

de

la

forma

expedita y que se le otorgara un permiso temporero para

construir y operar un sistema de cable hasta que se le

concediera

la

franquicia.

El

permiso

temporero

fue

concedido por la Junta.

La

Junta

acogió

la

solicitud

de

PRTC

el

30

de

diciembre de 2008 y ordenó que se publicara la notificación

sobre la solicitud de franquicia, de manera que las partes

interesadas pudieran someter sus comentarios. Además, la

Junta

clasificó

presentados

como

por

PRTC

confidencial

y

citó

para

ciertos

una

documentos

vista

pública

a

celebrarse los días 11 al 13 de febrero de 2009.

El

12

de

enero

de

2009,

se

publicó

un

anuncio

notificándole al público que tenía 30 días para someter sus

comentarios sobre la solicitud presentada por PRTC y que

los

documentos

incluidos

con

la

solicitud

podrían

ser

revisados en la secretaría de la Junta. San Juan Cable LLC

h/n/c Onelink Communications (Onelink) presentó, el 13 de

enero

de

2009,

una

moción

para

intervenir

en

el

procedimiento de concesión de la franquicia solicitada por

PRTC

y

para

que

se

revocara

la

determinación

de

confidencialidad de los documentos, hasta tanto la agencia

recibiera y evaluara sus reclamos y los del público en

general.5 En esta misma fecha, también solicitó intervención

5

Hubo una petición inicial de franquicia de Coqui. Net

Corporation, afiliada de PRTC, el 6 de febrero de 2008. En

CC-2009-380

4

en este procedimiento la compañía Liberty Cablevision of

Puerto Rico, Ltd (Liberty).6

una

moción

de

Por su parte, la PRTC sometió

reconsideración

de

la

orden

de

confidencialidad para que se añadieran otros documentos, lo

cual fue concedido por la Junta.

otra

moción

oponiéndose

a

la

Además, PRTC presentó

intervención

de

Onelink

y

Liberty en el proceso de concesión de franquicia.

Ante las respectivas mociones, el 21 de enero de 2009,

la Junta re-señaló la vista pública para los días 4 al 6 de

marzo de 2009. Posteriormente, el 19 de febrero de 2009, le

ordenó

a

Onelink

argumentar

sobre

y

a

sus

Liberty

venir

respectivas

preparadas

para

solicitudes

de

intervención, antes de comenzar la vista, disponiendo que

la PRTC tendría un término para replicar.

aquella ocasión, Onelink también presentó una moción de

intervención, el 12 de mayo de 2008, pero la Junta declaró

sin lugar la misma el 21 de mayo de 2008. No obstante, la

Junta concedió un periodo para presentar comentarios,

oposiciones y réplicas; señaló vista para el 26 de

septiembre de 2008; y expresó que les concedería a las

personas que habían sometido comentarios, incluyendo a

Onelink, el derecho a comparecer a la vista y a

contrainterrogar a los testigos de PRTC. (Apéndice 6,

Resolución y Orden emitida por la Junta el 27 de agosto de

2008, pág. 115).

Luego de que PRTC presentara sus dos

testigos, la Junta desestimó sin perjuicio la petición de

franquicia.

La

Junta

señaló

que

ante

los

hechos

descubiertos mediante el contrainterrogatorio de Onelink,

PRTC y su afiliada habían perdido la presunción de que una

petición de franquicia se presenta de buena fe; que no se

hace en perjuicio de los consumidores; que no es contraria

al interés público y que quien la presenta es un competidor

viable. (Apéndice 8, Transcripción de vista del 10 de

octubre de 2008, págs. 126-127).

Mediante resolución y

orden del 29 de octubre de 2008, la Junta ratificó su

determinación de denegar la solicitud.

6

Incluso, el 17 de febrero de 2009 presentó sus comentarios

a la franquicia solicitada por PRTC.

CC-2009-380

5

El 12 de febrero de 2009, Onelink presentó una demanda

sobre interdicto provisional y permanente ante la Corte de

Distrito Federal en Puerto Rico alegando que el permiso

provisional expedido por la Junta violaba la legislación

federal y local. El Tribunal Federal dictó una orden para

que la Junta mostrara causa por la que no se debía revocar

el

permiso

provisional,

por

éste

haberse

otorgado

en

contravención de la sección 621 del Cable Act, 47 U.S.C.A.

sec. 541 (b) (1). La Junta retiró el permiso provisional y

la controversia ante el foro federal se tornó académica.

Además, el 25 de febrero de 2009, Onelink solicitó a

la Junta la desestimación de la solicitud de franquicia de

PRTC, alegando serias faltas de forma y sustancia. De igual

forma,

en

esa

misma

fecha,

presentó

en

el

Tribunal

de

Primera Instancia un recurso de Mandamus solicitando que se

ordenara a la Junta resolver la moción de intervención y la

determinación

de

confidencialidad

de

ciertos

documentos.

El 2 de marzo de 2009, la Junta denegó la solicitud de

intervención

de

Onelink

y

Liberty.

Además,

la

Junta

se

reiteró en su determinación de que los exhibits 5 (plan de

desarrollo),

17

(tabla

de

precios)

y

20

(estados

financieros) presentados por PRTC eran confidenciales, para

uso exclusivo de la agencia.

Inconforme, Onelink presentó un recurso de revisión

judicial y una moción en auxilio de jurisdicción ante el

Tribunal de Apelaciones, el 3 de marzo de 2009. En esa

misma

fecha,

el

foro

apelativo

paralizó

el

trámite

CC-2009-380

6

administrativo. Luego, el 26 de marzo del 2009, se celebró

una vista argumentativa en el tribunal apelativo.

Finalmente, el 31 de marzo de 2009, el Tribunal de

Apelaciones

confirmó

la

determinación

de

la

Junta

relacionada con la solicitud de intervención y se abstuvo

de atender la decisión sobre la confidencialidad de los

documentos.

Resolvió

el

tribunal

que

carecía

de

jurisdicción para entender en el asunto en esta etapa de

los

procedimientos

Junta,

relacionada

porque

la

con

descubrimiento

el

resolución

dictada

de

por

la

prueba,

era

interlocutoria y, además, porque después de resolver sobre

el

derecho

a

intervención

era

innecesario

atender

este

asunto. En cuanto al derecho de intervención, el Tribunal

de

Apelaciones

determinó

que

en

los

procedimientos

de

concesión de licencias, franquicias, permisos y acciones

similares la intervención está limitada a la etapa de su

impugnación y no procede en la etapa de resolver sobre su

concesión.

La

moción

de

reconsideración

presentada

por

Onelink fue denegada por el foro apelativo.

Oportunamente,

Onelink

presentó

un

recurso

de

certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción ante la

consideración de este Tribunal.

Onelink

plantean

que

el

Los errores señalados por

Tribunal

de

Apelaciones

se

equivocó: al determinar que el procedimiento adjudicativo

dispuesto por la L.P.A.U. sólo existe cuando se concede o

deniega

una

franquicia

o

se

presenta

una

querella;

al

concluir que un competidor no tiene derecho a intervenir en

el proceso de evaluación de una franquicia solicitada por

CC-2009-380

otra

7

compañía

y

al

encontrarse

sin

jurisdicción

para

revisar la determinación de la Junta que establece que son

confidenciales tres documentos presentados por la PRTC.

PRTC

y

oposiciones

a

la

Junta

presentaron

sus

respectivas

la

moción

en

de

jurisdicción.

auxilio

Onelink replicó a la Oposición de la Junta Reglamentadora y

esta última presentó una réplica a dicha moción, mientras,

PRTC sometió una Dúplica a la Moción Urgente en Auxilio de

Jurisdicción.

Ordenamos

presentaran

entonces

sus

a

la

respectivos

Junta,

Onelink

y

alegatos.

Así

hicieron

lo

PRTC

que

y

solicitaron que se realizara una vista oral, la cual se

efectuó el 26 de octubre de 2009. Por lo tanto, con el

beneficio de la comparecencia de las partes, a través de

sus

respectivos

escritos

y

su

argumentación

oral,

procedemos a resolver la controversia.

II.

A. Política Pública sobre Telecomunicaciones del Sistema de

Cable TV

La

rama

ejecutiva

de

nuestro

país

ha

orientado

su

política pública sobre telecomunicaciones, lo que incluye

televisión por cable, hacia la protección de la competencia

justa y efectiva entre las compañías que forman parte de

este mercado. De esta forma, el gobierno se asegura que el

consumidor tenga una variedad de ofertas de servicios de

telecomunicaciones para que pueda seleccionar aquella que

CC-2009-380

le

sea

8

más

cónsona

con

sus

necesidades

y

su

situación

económica.

Esta política pública se concretó en la Ley Núm. 213

de

12

de

septiembre

Telecomunicaciones

exposición

de

legislativos

de

de

su

darse

conocida

Rico.7

Puerto

motivos,

para

1996,

texto

cuenta

e

de

como

Basta

la

Ley

de

examinar

su

incluso

los

esto.

En

debates

su

parte

expositiva, se hace patente la necesidad de identificar y

corregir toda “conducta anticompetitiva” o monopolística en

el ámbito de las telecomunicaciones y, por el contrario,

promover

una

fortalecer

económico

“competencia

esta

de

total,

industria

nuestro

y

país.8

igual

y

posibilitar

Además,

se

leal”

el

para

desarrollo

reconoce

que

la

industria de las telecomunicaciones tiene la finalidad de

que

toda

la

población

de

Puerto

Rico

tenga

acceso

a

servicios de telecomunicaciones adecuados con “tarifas y

cargos razonables y accesibles”.9

Ambos objetivos también se hicieron formar parte de la

declaración

de

política

pública

de

esta

medida.

Concretamente, se entiende que la política pública sobre

telecomunicaciones

incluye,

entre

otros,

lo

siguiente:

reconocer que el servicio de telecomunicaciones persigue un

interés público dentro de un mercado competitivo; proveer

el

7

servicio

universal

a

un

costo

justo,

razonable

y

27 L.P.R.A. sec. 265 et. seq.

8

Énfasis nuestro. P. del S. 1500: Ley Núm. 213 de 12 de

septiembre de 1996, págs. 1, 2.

9

Íd., pág. 2.

CC-2009-380

asequible

número

9

para

de

todos

los

ciudadanos;

asegurar

un

posibilidades

competitivas

en

oferta

la

amplio

de

servicios y facilidades de telecomunicaciones; promover la

competencia y utilizar las fuerzas del mercado como factor

primordial

en

la

determinación

de

precios,

términos,

disponibilidad y condiciones de servicios; asegurar que no

existan

barreras

reglamentarias

ni

procedimientos

administrativos innecesarios que entorpezcan la competencia

en

el

simplificar

mercado;

aquellas

situaciones

en

el

proceso

que

la

reglamentario

reglamentación

en

sea

necesaria, y dirigir la reglamentación para el bienestar

del

consumidor

competitivas

y

en

para

el

penalizar

mercado

las

de

prácticas

anti-

telecomunicaciones;

desempeñar la función de guardián del ambiente competitivo,

permitiendo

que

comportamiento

sea

de

este

las

ambiente

compañías

el

que

reglamente

participantes

y

el

proveer

servicios de telecomunicaciones a todos los consumidores

del país, incluyendo aquellos que tienen bajos ingresos o

residen en áreas rurales o en áreas en que sea costoso la

instalación de estos servicios.10

La intención de esta legislación también se percibe de

las deliberaciones que tuvieron los legisladores durante el

proceso de su consideración.

Estas discusiones hicieron

manifiesta la preocupación de proteger el interés público

por encima de los intereses particulares de las empresas

10

27 L.P.R.A. sec. 265(a)(b)(f)(g)(i)(j)(p)(q).

CC-2009-380

privadas

10

que

forman

parte

del

mercado

de

las

telecomunicaciones. Expresiones como las del senador Rexach

Benítez, el senador Marrero Padilla y el senador Hernández

Agosto son un reflejo de estos principios:

Sr. Rexach Benítez: La apertura del mercado de

las telecomunicaciones a la libre competencia en

forma

alguna

implica

que

el

área

de

las

telecomunicaciones haya dejado de ser un área de

alto interés público y que las empresas que en él

se desenvuelvan hayan perdido el carácter de

empresas de servicio público.

Esto quiere decir

que el propósito esencial de la reglamentación

que

la

Junta

Reguladora

adopte

es

el

de

establecer

en

Puerto

Rico

un

sistema

de

telecomunicaciones universal, moderno, confiable,

eficiente, y a un costo asequible a las familias

menos afortunadas.

A ese propósito esencial

deben subordinarse los intereses particulares de

las empresas privadas que compitan en el mercado

de las telecomunicaciones.11

Sr. Marrero Padilla: …la competencia va a llegar

a todos los recovecos del país, a todos los

sitios de la pobreza porque al competir, todo el

mundo tiene que competir de igual a igual.12

Sr. Hernández Agosto: Hoy nos vemos obligados a

abrir y regular el campo de la competencia y

tenemos que entrar en esa competencia pensando

antes que nada en el consumidor, en que el

consumidor tenga la mayor variedad de servicios,

la mejor calidad de servicios al menor costo

posible.13

La Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996 es

el resultado de la normativa federal que el Congreso de los

Estados Unidos fue aprobando para reglamentar este tipo de

11

Énfasis nuestro. Diario de Sesiones del Senado de Puerto

Rico, Discusión del P. del S. 1500 del 24 de junio de 1996

que se convirtió en la Ley Núm. 213 del 12 de septiembre de

1996, pág. 29780.

12

Énfasis nuestro. Íd., pág. 29786.

13

Énfasis nuestro. op.cit., pág. 29789.

CC-2009-380

11

servicio.14

Primero,

Comunicaciones

1934.15

Con

el

Congreso

(Communications

esta

legislación

aprobó

la

Ley

de

el

de

junio

de

Act),

se

19

quería

proteger

a

los

consumidores de AT&T, ya que esta compañía había adquirido

un monopolio en la industria de las telecomunicaciones.16 La

idea era posibilitar que la reglamentación telefónica fuera

transferida de la Comisión Interestatal de Comercio (ICC,

por

sus

siglas

en

inglés)

a

la

Comisión

Federal

de

Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés).

De esta

forma,

tendría

el

Congreso

jurisdicción

para

interestatales.

De

le

garantizó

reglamentar

igual

forma,

a

la

FCC

las

la

que

comunicaciones

reglamentación

de

materias intraestatales quedó reservada para los estados.

Así

se

creó

un

sistema

dual

de

jurisdicción

federal

y

estatal.17

El contexto en que fue aprobada esta ley no consideró

la comunicación por cable porque esta industria aún no se

14

Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 D.P.R. 203, 216

(2002); P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P. R., 151 D.P.R. 269,

278-280 (2000).

15

47 U.S.C.A. sec. 151 et. seq.

16

Kerf

and

Geradin,

“Controlling

Market

Power

in

Telecommunications:

Antitrust

vs.

Sector

Specific

Regulation an Assessment of the United States, New Zealand

and Australian Experiences”, 14 Berkeley Tech. L.J. 919

(1999).

17

47 U.S.C.A. sec. 152(b), citado en G. J. Guzzi, “Breaking

up the Local Telephone Monopolies: The Local Competition

Provisions of the Telecommunications Act of 1996”, 39 B.C.

L. Rev. 151 (1997).

CC-2009-380

12

había desarrollado.18 El auge de este tipo de comunicación

surgió en los Estados Unidos a finales de los años 40 y

principios de los 50 para “hacer llegar las señales de

televisión

a

aquellas

áreas

donde

-debido

a

condiciones

topográficas- la recepción era dificultosa o inexistente”.19

Esto causó que el 30 de octubre de 1984, se aprobara la Ley

de

Comunicaciones

por

Cable

(Cable

Communicatios

Policy

Act) para enmendar la Ley de Comunicaciones de 1934, a los

efectos de añadirle un nuevo título VI. Esta legislación

tenía la finalidad de establecer una política nacional que

guiara y reglamentara el desarrollo del sistema de cable

TV.20

Otros de los propósitos de esta medida fueron: (1)

establecer procedimientos y estándares de franquicias para

incentivar el crecimiento y desarrollo del sistema de cable

y asegurar que éste fuera responsivo a las necesidades e

intereses

de

la

comunidad

local;

competencia

en

la

comunicación

por

(2)

cable

y

promover

la

reducir

la

reglamentación innecesaria que causara un grave daño a la

economía del sistema de cable.21 Además, bajo esta medida se

18

United States Code Congressional and Administrative News,

102nd Congress-Second Session, Vol. 4, Legislative History:

Senate Report No. 102-92, P.L. 102-385, 1992, pág. 1134.

19

G. Ariño Ortiz, J. M. de la Cuétara y L. Aguilera, Las

Telecomunicaciones por Cable: Su Regulación Presente y

Futura, Marcial Pons, Madrid, España, 1996, pág. 486.

20

United States Code Congressional and Administrative News,

98th Congress-Second Session, Vol. 5, Legislative History:

Senate Report No. 98-67, P.L. 98-549, pág. 4656; 47

U.S.C.A. sec. 521 (1).

21

47

U.S.C.A.

sec.

521(2)(6);

F.C.C.

Communications, 508 U.S. 307, 309 (1993).

v.

Beach

CC-2009-380

reafirmó

13

la

competencia

de

los

gobiernos

locales

para

adjudicar las franquicias de televisión por cable.22

No

obstante, esta facultad concedida a los gobiernos locales

no

fue

efectiva

disposiciones

regulación

que

porque

la

tarifaria

la

legislación

incluía

debilitaban,

como

siempre

existiera

que

la

otras

ausencia

de

competencia

efectiva, “la limitación de la cuantía de la tasa para la

obtención de las [franquicias] y la escasa capacidad de los

gobiernos locales para renovar las [franquicias]”.23

Una nueva enmienda a la Ley de Comunicaciones de 1934,

específicamente

en

su

Título

VI,

fue

aprobada

por

el

Congreso el 5 de octubre de 1992. A ésta se le denominó Ley

de Competencia y Protección del Consumidor del Servicio de

Cable Televisión (Cable Television Consumer Protection and

Competition Act of 1992). La medida tenía la intención de

controlar el aumento excesivo en las tarifas que provocó la

Ley

de

Comunicaciones

por

Cable

de

1984

con

su

desreglamentación. A esos efectos, se optó por restablecer

el

derecho

de

las

autoridades

locales

a

reglamentar

la

televisión por cable con relación a las tarifas; promover

la competencia en el mercado de video multicanal; proveer

protección

a

los

consumidores

en

contra

de

tarifas

22

G. Ariño Ortiz, J. M. de la Cuétara y L. Aguilera,

op.cit., pág. 489; United States Code Congressional and

Administrative News, 98th Congress-Second Session, Vol. 5,

op.cit.

23

G. Ariño Ortiz, J. M. de la Cuétara y L. Aguilera,

op.cit., pág. 489.

Véase, además, United States Code

Congressional and Administrative News, 102nd CongressSecond Session, Vol. 4, op.cit., págs. 1134-1135.

CC-2009-380

14

monopolísticas y de servicios deficientes; permitir que las

autoridades que ofrecen las franquicias puedan utilizar el

proceso de renovación para poner en efecto estándares de

servicio al cliente y proteger las necesidades e intereses

de sus comunidades.24 Además, mediante este estatuto se les

prohibió

a

las

autoridades

exclusivas

y

negar

locales

conceder

franquicias

irrazonablemente

franquicias

competitivas adicionales.25

Finalmente, el 2 de febrero de 1996 se aprobó la Ley

Federal

de

Telecomunicaciones

(Telecommunications

1996).

Esta

legislación

enmendó

también

la

Comunicaciones de 1934, de manera que sólo se

vigentes

aquellas

disposiciones

que

no

Act

of

Ley

de

mantuvieron

estuvieran

en

conflicto con lo pautado en la nueva ley. Su intención

principal

era

promover

la

competencia

y

reducir

la

regulación para asegurar que los consumidores recibieran

servicios

de

telecomunicaciones

de

calidad

y

a

precios

bajos.26 Para esto, se le prohibió a los estados aprobar

reglamentos

o

leyes

proveyera

servicios

Además,

les

se

que

impidieran

interestatales

impuso

a

los

que

o

una

compañía

intraestatales.27

acarreadores

el

deber

de

24

United States Code Congressional and Administrative News,

102nd Congress-Second Session, Vol. 4, op.cit., págs. 11331134.

25

47 U.S.C.A. sec. 541 a (1).

26

R. W. Crandall & H. Furchtgott-Roth, Cable TV: Regulation

or Competition, The Brookings Institution, Washington,

D.C., 1996, pág. 47; G. J. Guzzi, op.cit., pág. 153.

27

47 U.S.C.A. sec. 253a.

CC-2009-380

15

interconectarse,

directa

facilidades

y

equipos

prohibió

a

éstos

limitaciones

en

de

imponer

la

telecomunicaciones.28

legislación

o

indirectamente,

otros

condiciones

reventa

de

También,

posibilitó

acarreadores

que

la

las

con

las

y

le

se

discriminatorias

o

sus

de

servicios

aprobación

compañías

de

de

esta

teléfono

pudieran entrar a la industria de la televisión por cable.29

Para implementar y administrar la política pública de

la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996, la

Asamblea

Legislativa

Telecomunicaciones.

creó

a

la

Ésta

no

Junta

es

una

Reglamentadora

junta

de

meramente

tarifaria sino que tiene la responsabilidad de vigilar que

la competencia entre las compañías que regula se efectúe en

un marco de equidad y buena fe.

Junta

Reglamentadora

tiene

ocurre

en

y

el

mercado

la

En otras palabras, la

obligación

corregir

y

de

rectificar

velar

qué

cualquier

desviación que tengan las empresas de las normas que tienen

que regir en un mercado de competencia.30

A este ente administrativo, la Asamblea Legislativa le

delegó amplios poderes y facultades para cumplir con la

encomienda

de

reglamentar

y

fiscalizar

los

servicios

de

28

47 U.S.C.A. sec. 251 a (1) y 251 b (1). De esta forma,

se elimina el monopolio que las compañías locales tenían de

las franquicias. Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., supra,

pág. 216; P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P. R., supra, pág.

280.

29

United States Code Congressional and Administrative News,

104th Congress-Second Session 1996, Vol. 4, House Report

No. 104-204, P.L. 104-104, págs. 11, 14-17; R. W. Crandall

& H. Furchtgott-Roth, op.cit.; G. Ariño Ortiz, J. M. de la

Cuétara y L. Aguilera, op.cit., pág. 503.

CC-2009-380

16

telecomunicaciones en Puerto Rico.31 Tan amplios son los

poderes que tiene la Junta Reglamentadora para cumplir con

la

política

pública

de

la

Ley

de

Telecomunicaciones

de

Puerto Rico de 1996 que el mismo estatuto hace énfasis en

que los poderes de la Junta no se limitan a los que están

enumerados,

sino

que

ésta

tiene

“todos

los

poderes

adicionales implícitos e incidentales” para desempeñar los

establecidos.32

expresamente

Sobre

este

particular,

se

destaca que cada una de las disposiciones de la medida,

específicamente las relacionadas con las prerrogativas de

la

Junta

Reglamentadora,

liberalmente

para

persigue

política

la

poder

tienen

que

alcanzar

pública

de

ser

los

interpretadas

propósitos

que

telecomunicaciones

del

gobierno.33

En

lo

pertinente,

la

Junta

Reglamentadora

tiene

la

responsabilidad de adoptar, promulgar, enmendar o derogar

aquellos reglamentos u órdenes que sean necesarios.34 Para

alcanzar

esta

finalidad,

la

Junta

Reglamentadora,

entre

otro tipo de acciones, podrá realizar vistas públicas.35

También, podrá exigir la información que estime necesaria,

30

Diario de Sesiones del Senado, pág. 29794.

31

P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P. R., supra, págs. 285-289.

32

27 L.P.R.A. sec. 267i.

33

Íd.

34

27 L.P.R.A. sec. 267f(a).

Al cumplir con esta función,

la Junta Reglamentadora debe seguir las disposiciones que

se establecen en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988,

según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme. 3 L.P.R.A. sec. 2101 et. seq.

35

27 L.P.R.A. sec. 267f(b)(8).

CC-2009-380

17

pero si ésta resulta ser confidencial deberá ser protegida

y entregada exclusivamente al personal de la Junta, bajo

cánones de no divulgación.36

La Junta Reglamentadora, además, tiene la facultad de

conceder franquicias a las compañías que deseen “construir

u operar un sistema de cable”.37 Este tipo de franquicia no

es

exclusiva

y

sólo

puede

concederse

cuando

la

Junta

Reglamentadora, en su ponderación, entiende que impactará

positivamente el interés público.38 El tiempo máximo por el

cual se otorga una franquicia es de 18 años, aunque puede

renovarse o extenderse por un máximo de 10 años adicionales

si es en beneficio de los consumidores y del desarrollo

económico y social del país.39

Toda franquicia deberá especificar, por un lado, “las

condiciones, limitaciones, requisitos y áreas de servicio

que [la Junta] determine son necesarias para adelantar los

propósitos de [la ley]”.40 Mientras, por otro lado, también

tendrá que detallar “aquellas condiciones razonables y los

requisitos relativos a la ampliación y modernización de la

red, calidad del servicio, extensiones y mejoras en los

servicios en áreas sin servicio o pobremente servidas y

evaluará las credenciales técnicas, legales, financieras y

morales de los oficiales y directores de la compañía de

36

27 L.P.R.A. sec. 267f (b)(2).

37

27 L.P.R.A. sec. 269h (a)(1).

38

27 L.P.R.A. sec. 269h (a)(2).

39

27 L.P.R.A. sec. 269h (a)(2)(3).

CC-2009-380

cable

a

concedida

18

quien

la

se

conceda

franquicia,

franquicia”.41

una

la

Junta

Una

Reglamentadora

vez

podrá

modificarla, suspenderla o cancelarla, por justa causa, si

determina

que

la

compañía

de

cable

no

ha

cumplido

sustancialmente con los requisitos de dicha franquicia o ha

violado

la

ley

o

reglamentación

aplicable,

previa

notificación y oportunidad de vista.42

Como la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de

1996 está fundamentada en la normativa federal, la Asamblea

Legislativa

limitó

la

jurisdicción

de

la

Junta

Reglamentadora a “todo aquello que no esté en conflicto con

las disposiciones estatutarias y reglamentarias federales,

especialmente las que corresponden a la Comisión Federal de

Comunicaciones,

así

como

aquellas

normas

federales

que

ocupen el campo”.43 Incluso, la ley establece que “[t]odas

las acciones, las reglamentaciones y determinaciones de la

Junta se guiarán por la Ley Federal de Comunicaciones, por

el interés público y especialmente por la protección de los

derechos

de

los

consumidores”.44

Finalmente,

en

el

caso

específico de la reglamentación de sistemas de cable se

menciona enfáticamente que toda reglamentación que apruebe

la Junta Reglamentadora respecto a los servicios de cable

deberá ser consistente con la Ley Federal de Televisión por

40

41

27 L.P.R.A. sec. 269h (a)(2).

27 L.P.R.A. sec. 269h(a)(3).

42

27 L.P.R.A. sec. 269h(a)(5).

43

27 L.P.R.A. sec. 267 e(a).

44

27 L.P.R.A. sec. 267 f(f).

CC-2009-380

Cable

y

19

el

Título

III

de

la

Ley

Federal

de

Telecomunicaciones de 1996.45

B. Procedimiento Administrativo para la Concesión de

Franquicia y el Derecho de Intervención

Para conferirle aplicabilidad a la política pública

que establece la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico

de

1996,

la

reglamentos.

Expedición

Junta

Uno

de

Reglamentadora

de

ellos

es

Certificaciones

ha

el

y

aprobado

varios

Reglamento

para

la

Franquicias.46

En

lo

pertinente, el propósito de este reglamento es establecer

el procedimiento de otorgación de franquicias no exclusivas

para construir y operar sistemas de cable en Puerto Rico.47

Su

45

interpretación

debe

hacerse

para

garantizar

que

la

27 L.P.R.A. sec. 269h (a)(7).

46

Reglamento Núm. 5631 para la Expedición de Certificación

y Franquicias, 23 de mayo de 2007.

47

Reglamento Núm. 5631, Íd., secs. 2.1, 4.1(c), 6.3 pág. 1,

3, 10. Una franquicia es un “permiso que se otorga a una

persona o entidad para el aprovechamiento de algún servicio

o bien público.” I. Rivera García, Diccionario de Términos

Jurídicos, Lexis Nexis, Inc., San Juan, Puerto Rico, 2000,

pág. 100.

Véase, además, D. Fernández Quiñones, Derecho

Administrativo

y

Ley

de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme, 2da Edición, FORUM, Bogotá, Colombia, 2001, pág.

28, citando a Hunt, The Export Licensing System, 398 P.L.I.

Comm. 459 y a Fadden, Snyder y Sholtter, The Structure of

Export Licensing, 570 P.L.I. Comm. 379.

Por su parte, la

Junta Reglamentadora define el concepto franquicia como:

Una autorización inicial, o la renovación de la misma

(incluyendo la renovación de una autorización que ha

sido otorgada sujeto a la sección 626 de la Ley de

Comunicaciones, según enmendada), emitida por una

autoridad

que

concede

franquicias,

sea

dicha

autorización designada como una franquicia, permiso,

licencia, resolución, contrato, certificado, acuerdo o

en cualquier otra forma, que autoriza la construcción

u operación de un sistema de cable.

Reglamento Núm.

CC-2009-380

20

concesión de la franquicia contribuya al interés público y

permitir

que

se

cumplan

los

objetivos

de

la

Ley

de

Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996, los cuales son

promover la competencia y proteger al consumidor.48 Además,

ésta

debe

realizarse

en

armonía

con

la

finalidad

del

Reglamento para Compañías de Cable Televisión:

…fomentar que las compañías de cable presten el

mejor servicio posible de cable televisión a los

residentes

de

Puerto

Rico;

fomentar

el

crecimiento y desarrollo de sistemas de cable que

respondan a las necesidades y los intereses de la

comunidad local; …y reflejar la política federal

reconociendo y alentando el ambiente competitivo

en que se proveen los servicios de comunicación.49

La

Junta

Reglamentadora

toma

en

consideración

dos

criterios para decidir si concede una franquicia de cable

tv.

Éstos son: (1) que la otorgación sea en beneficio del

interés

público

y

posibilite

el

cumplimiento

con

los

propósitos de la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico

de 1996 y (2) que la compañía que solicita la franquicia

tenga

las

cualificaciones

interés público.50

necesarias

para

contribuir

al

Para determinar si se cumple con el

segundo criterio, la Junta Reglamentadora evalúa:

(i)

las

cualificaciones

técnicas,

legales,

financieras y morales del solicitante, sus

oficiales y directores, o socios generales,

si es una sociedad.

5761 para Compañías de Cable Televisión, 24 de febrero

de 1998, Artículo 3(M), pág. 6.

48

Reglamento Núm. 5631, op.cit., secs. 2.2, 6.3, pág. 1,

10.

49

Reglamento Núm. 5761, op.cit., pág. 3.

Reglamento Núm. 5631, op.cit., sec. 6.4 a (i)(ii), pág.

11.

50

CC-2009-380

21

(ii) si el otorgamiento de

consistente con la ley

propósitos de la Ley 213;

la solicitud es

y promoverá los

(iii) si el servicio será provisto de manera no

discriminatoria

y

sin

interrupciones

irrazonables;

(iv) si

se

han

establecido

procedimientos

adecuados para resolver disputas en cuanto al

pago y la calidad del servicio, …

(v)

si el solicitante ha programado, reservado y

ofrecido acceso a los canales no comerciales

para uso público y educacional como parte de

su oferta básica de servicio, de modo que

todo

suscriptor

tenga

acceso

a

dichos

canales; y

(vi) si

la

solicitud

cumple

requisitos de la Ley 213.51

con

los

otros

Este último criterio es muy importante porque, como expone

el

Prof.

Demetrio

Fernández

Quiñones,

le

asegura

al

ciudadano que la persona o corporación a la cual se le

autorizó una franquicia de cable tv tiene la capacidad y

las

cualificaciones

necesarias

para

realizar

dicha

actividad reglamentada por la Junta Reglamentadora.52

51

Reglamento Núm. 5631, op.cit., sec. 6.4 b(i)-(vi), pág.

11.

52

D. Fernández Quiñones, op.cit., pág. 28.

CC-2009-380

Las

vistas

puede

22

públicas

utilizar

la

son

una

Junta

consideración

Reglamentadora

procesal

para

que

tomar

la

decisión respecto a si concede una franquicia de cable tv.

Su celebración es discrecional porque está supeditada a que

facilite el proceso decisional de la Junta Reglamentadora.

Además, debe realizarse conforme al Reglamento de Práctica

y Procedimiento General.53 Esto porque el mismo reglamento

de

franquicia

establece

que

sus

disposiciones

serán

suplementadas por esta normativa, siempre que sea aplicable

y consistente con la finalidad que persigue el proceso de

otorgación de franquicia de cable tv.54

Sobre este particular, es importante aclarar que el

señalamiento

de

una

vista

pública,

por

sí

mismo,

no

convierte el procedimiento de otorgación de una franquicia

en

adjudicativo.

Reglamento

de

Tampoco

Práctica

lo

y

hace

la

referencia

al

Procedimiento

General.55

Al

respecto, esta normativa enfatiza en que no toda solicitud

de una parte obligará a la Junta Reglamentadora a señalar

una vista adjudicativa, mucho menos, como en el caso de

otorgar franquicias de cable tv, si es inconsistente con

sus reglamentos o propósitos definidos en el estatuto que

53

Reglamento Núm. 5631, op.cit., sec. 6.3d, pág. 11.

54

Reglamento Núm. 5631, op.cit., sec. 3, pág. 3.

55

Reglamento Núm. 5664 de Práctica y Procedimiento General,

5 de agosto de 1997. Este reglamento aplica a “los

procedimientos de adjudicación, reglamentación, querella e

investigación de ésta.”

Reglamento Núm. 5664, Íd., sec.

2.1, pág. 1. Véase, además, la sección 1 de esta normativa

donde se establece como su base legal nuestra ley de

telecomunicaciones y las secciones 1.6 y 3.2 de la L.P.A.U.

que aluden a los procedimientos adjudicativos.

CC-2009-380

23

ésta administra.56 Para que un procedimiento sea catalogado

como

adjudicativo

contener

lo

la

siguiente:

orden

(1)

emitida

citas

por

del

la

Junta

precepto

debe

legal

o

reglamento que autorice o requiera la vista adjudicativa;

(2) en caso de querella, referencia a la disposición legal

o reglamento que fue infringida; (3) una exposición de las

controversias a ser tratadas en la vista; (4) la fecha,

hora y lugar en que se celebrará la vista, entre otros.57

También, es imperativo recalcar que una vista pública

no es lo mismo que una vista adjudicativa. Por eso, los

procedimientos para realizar cada una de estas vistas están

definidos en secciones distintas del Reglamento de Práctica

y Procedimiento General. Las vistas adjudicativas se rigen

por la sección 8 (Procedimientos Adjudicativos), mientras

las vistas públicas funcionan de acuerdo a la sección 10

(Procedimientos de Reglamentación).58 Sobre el ámbito de la

sección 10, el reglamento establece:

Las disposiciones de esta sección 9 [sic]

aplicarán a cualquier procedimiento que la Junta

(o el Secretario actuando debidamente a nombre de

ésta), determine sujeto al Sub-Capítulo II de la

56

Reglamento Núm. 5664, op.cit., sec. 8.5(a), pág. 10.

57

Reglamento Núm. 5664, op.cit., sec. 8.5 (b)(i)-(vi), pág.

10.

58

El ámbito de la sección 8 del Reglamento de Práctica y

Procedimiento General incluye “cualquier procedimiento de

naturaleza adjudicativa ante la Junta o sus delegados.”

Reglamento Núm. 5664, op.cit., sec. 8.1, pág. 9.

CC-2009-380

24

Ley 170, o según se provea en la reglamentación

de la Junta.59

Tan diferente es la naturaleza de la vista pública que a

éstas

no

le

son

aplicables

los

procedimientos

adjudicativos, inclusive el derecho a contrainterrogar, a

menos

que

la

reglamentación

persona

de

la

que

preside

Junta

la

vista

Reglamentadora

o

la

disponga

lo

contrario.60

Todo

el

procedimiento

especial

para

expedir

franquicias debe cumplir con los parámetros establecidos en

la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada,

conocida

como

la

Ley

Uniforme

(L.P.A.U.).

de

Así

Procedimiento

lo

dispone

Administrativo

nuestra

ley

de

telecomunicaciones cuando expone:

Todos los procesos, para los cuales este capítulo

no provea un procedimiento, serán gobernados por

las secs. 2101 et. seq. del Título 3, conocidas

como

“Ley

de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme de Puerto Rico”. Esto quiere decir que

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

de Puerto Rico gobernará los procedimientos para

la adopción de reglamentos, los procedimientos

adjudicativos,

la

revisión

judicial,

el

procedimiento

para

la

concesión

de

certificaciones,

franquicias,

querellas

de

usuarios y entre compañías de telecomunicaciones,

y los procedimientos para inspecciones.61

Esto se reafirma en el reglamento de franquicia cuando se

establece

que

específicamente

“[c]ualquier

definido

en

término

este

que

documento,

no

esté

tendrá

el

59

Reglamento Núm. 5664, op.cit., sec. 10.1, pág. 26.

60

Reglamento Núm. 5664, op.cit., sec. 10.5 (e), pág. 27.

61

27 L.P.R.A. sec. 271.

CC-2009-380

25

significado asignado al mismo en la Ley 213, la Ley 170, o

en cualquier otro Reglamento promulgado por esta Junta.”62

Así también cuando se establece que la base legal para

promulgar

este

reglamento

incluye

la

Ley

de

procedimiento

para

Telecomunicaciones de Puerto Rico y la L.P.A.U.63

De

acuerdo

a

la

L.P.A.U.,

el

expedir una franquicia, por su naturaleza, debe ser “rápido

y eficiente”.64 Por esto, la Junta Reglamentadora dispuso

que la decisión de otorgarla o denegarla debe tomarse en un

término de 180 días, a partir de la presentación de la

solicitud de franquicia.65 La necesidad de resolver estas

solicitudes con premura, es otra razón por la cual no se

dispuso

para

su

consideración

un

procedimiento

adjudicativo. El propósito del procedimiento adjudicativo

es determinar “los derechos, obligaciones o privilegios que

62

Reglamento Núm. 5631, op.cit., sec. 4.2, pág. 4.

63

Reglamento Núm. 5631, op.cit., sec. 1, pág. 2.

Véase,

además, las secciones 6.5 a, c, d y 6.6 de este mismo

reglamento.

64

3 L.P.R.A. sec. 2181.

que:

Concretamente, el estatuto dispone

Las agencias deberán establecer un procedimiento

rápido y eficiente para la expedición de licencias,

franquicias,

permisos,

endosos

y

cualesquiera

gestiones similares… Se establece un término directivo

de treinta (30) días para la expedición de las

aprobaciones a que se refiere la presente sección,

pudiendo las agencias establecer otros más breves o

más largos, en este último caso. Íd.

65

Reglamento Núm. 5631, op.cit., sec. 6.5 c, pág. 12.

Contrariamente, si el procedimiento fuera adjudicativo, el

Reglamento de Práctica y Procedimiento General establece un

término de 90 días, a partir de que se celebra la vista,

para que la Junta Reglamentadora emita su decisión final.

Esto en cumplimiento de la sección 3.14 de la L.P.A.U.

Reglamento Núm. 5664, op.cit., sec. 8.21, pág. 24.

CC-2009-380

26

correspondan

a

una

parte”.66

Su

naturaleza

es

compleja,

extensa y sólo es mandatorio cuando: (1) se deniega la

solicitud

de

franquicia

sin

celebrarse

una

vista

administrativa, (2) la Junta Reglamentadora emite una orden

de mostrar causa para que la parte exponga porqué no debe

ser sancionada, o (3) se solicita reconsideración de una

determinación

de

la

Junta

Reglamentadora,

concediendo

o

denegando la franquicia de cable tv. Respecto a la primera

posibilidad, el reglamento de franquicia dispone:

Siempre que la denegatoria no haya sido precedida

por una vista administrativa en su fondo, el

solicitante tendrá derecho a ser oído dentro de

los 30 días siguientes después de la denegación

total o parcial de una solicitud por parte de la

Junta.

En este caso, el solicitante deberá

solicitar por escrito una vista. La solicitud de

vista deberá contener una declaración detallada

de hechos materiales y fundamentos legales sobre

los que el solicitante basa su petición. Si la

Junta

determina

que

se

ha

levantado

una

controversia

genuina

respecto

a

un

hecho

pertinente en la solicitud, la Junta celebrará un

procedimiento adjudicativo consistente con su

Reglamento de Práctica y Procedimiento y con la

[LPAU].

Si la Junta concluye, a base de su revisión del

expediente, que existe una controversia de hecho

pertinente

planteada

en

la

petición

del

solicitante,

la

Junta

celebrará

una

vista

adjudicativa conforme a su Reglamento de Práctica

y Procedimiento.67

66

Sec. 1.3 (b), 3 L.P.R.A. sec. 2102(b).

Véase, además,

J.P. v. Frente Unido, 165 D.P.R. 445, 461-465 (2005).

67

Énfasis nuestro.

6.6, págs. 12-13.

Reglamento Núm. 5631, op.cit., sec.

CC-2009-380

27

Por su parte, la segunda circunstancia puede ser el

resultado

de

una

investigación

de

la

Junta

o

de

una

querella presentada por un tercero.68 Además puede culminar

en

un

señalamiento

de

vista

si

la

Junta

Reglamentadora

determina que existe una controversia material de hecho o

derecho.69 Incluso, si se encuentra que la parte a la cual

se le emite la orden violó alguna normativa administrada

por la Junta Reglamentadora, ésta le podrá imponer alguna o

varias de las siguientes sanciones: (a) emitir un aviso de

orientación;

(b)

confirmar

la

multa

propuesta;

(c)

modificar la multa propuesta; (d) iniciar un proceso para

modificar, suspender o revocar la franquicia.70

Finalmente, la tercera consideración se puede activar

si

una

parte

Reglamentadora

afectada

opta

reconsideración.

por

por

la

decisión

presentar

de

una

la

Junta

moción

de

Sobre este particular, el reglamento de

franquicias es claro al señalar que el procedimiento que se

activa es el adjudicativo. Por eso, alude, específicamente,

a que las determinaciones de la Junta Reglamentadora están

sujetas

al

sección

8.23

procedimiento

del

que

Reglamento

se

de

establece

Práctica

y

tanto

en

la

Procedimiento

General y a la sección 3.15 de la L.P.A.U.71 Ambas secciones

68

Reglamento 5664, op.cit., sec. 11.1, pág. 28.

69

Reglamento 5664, op.cit., sec. 11.2, pág. 28.

70

Reglamento 5664, op.cit., sec. 11.3, pág. 29.

71

Reglamento 5631, op.cit., sec. 6.5 (d), pág. 12. Véase,

además, Reglamento 5664, op.cit., sec. 8.23 (a), pág. 25;

sec. 3.15, 3 L.P.R.A. sec. 2165.

CC-2009-380

28

están incluidas en los capítulos que tratan el tema de los

procedimientos adjudicativos.

Todas estas situaciones particulares están en armonía

no

tan

solo

con

nuestra

política

pública

de

telecomunicaciones sino también con la establecida en el

capítulo quinto de la L.P.A.U. que alude al procedimiento

de

concesión

de

franquicias.

Al

respecto,

la

L.P.A.U.

claramente establece:

Toda persona a la que una agencia deniegue la

concesión de una licencia, franquicia, permiso,

endoso, autorización o gestión similar tendrá

derecho a impugnar la determinación de la agencia

por medio de un procedimiento adjudicativo, según

se establezca en la ley especial de que se trate

y en las secs. 3.1 a 3.18 de esta ley [secs. 2151

a 2168.].72

Este precepto que forma parte del Capítulo V de la L.P.A.U.

originalmente

72

no

se

incluyó

en

esta

medida.73

Los

Énfasis Nuestro. Sec. 5.4, 3 L.P.R.A. sec. 2184.

73

Las únicas partes que componían este estatuto eran: (1)

Capítulo I: Disposiciones Generales; (2) Capítulo II:

Procedimientos para la Reglamentación; (3) Capítulo III:

Procedimiento Adjudicativo; (4) Capítulo IV: Revisión

Judicial; y (5) Capítulo V: Disposiciones Suplementarias.

Historial Legislativo del P. del S. 350, Ley Núm. 170 del

12 de agosto de 1988, Informe Conjunto de la Comisión de

Gobierno Estatal, la Comisión de Asuntos Municipales y la

Comisión de lo Jurídico, 9 de abril de 1987, pág. 5.

El proceso de aprobación de la actual L.P.A.U. tardó,

aproximadamente, 6 años y resultó en varios intentos de

proyectos

de

ley

elaborados

por

nuestra

Asamblea

Legislativa.

Concretamente, en 1982 se desarrolló el P.

del S. 679, P. de la C. 438, el P. de la C. 439 y el P. de

la C. 440.

En el P. del S. 679 de 21 de septiembre de 1982 de la Ley

de Procedimiento Administrativo para el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, conocida hoy como la L.P.A.U., la

estructura estaba dividida en las siguientes partes:

Artículo I: Disposiciones Generales; Artículo II: Acceso

del Público a la Agencia; Artículo III: Reglamentación;

CC-2009-380

procedimientos

29

para

la

concesión

de

franquicias

fueron

incluidos en un capítulo separado a través de la enmienda

Artículo IV: Procedimientos Adjudicativos; Artículo V:

Revisión Judicial y Cumplimiento Civil. Cada uno de estos

artículos estaba igualmente subdividido por capítulos.

Historial Legislativo del P. del S. 679 de 1982, P. del C.

438, 439 y 440 de 1982.

Tanto en el P. del C. 438 (Ley de Reglas, Reglamentos y

Decisiones Administrativas de Puerto Rico) como en el 439

(Ley

Uniforme

para

la

Concesión

de

Licencias

de

Profesiones, Oficiones u Ocupaciones del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico) y 440 (Ley de Procedimiento

Administrativo), todos del 10 de marzo de 1982, la Ley no

estaba estructurada por artículos, capítulos y secciones

con sus respectivos títulos y subtítulos.

Sólo estaba

dividida en números consecutivos de artículos o secciones

con sus respectivos títulos.

En cada uno de estos

proyectos, excepto en el P. del C. 438, como en el P. del

S. 679, se hacía referencia a las licencias en la parte de

definiciones como en el texto en general. Por ejemplo, en

el P. del S. 679 se definía el término licencia como

“cualquier permiso, certificado, aprobación, privilegio,

franquicia,

certificación,

patente,

autorización

o

cualquier otra forma similar de permiso requerido por ley”.

Además, en el texto del estatuto se ubicaba como parte del

Artículo IV: Procedimientos Adjudicativos, Capítulo I:

Disponibilidad, Sección 4-103: Decisión de no Conducir un

Procedimiento Adjudicativo, Sección 4-104: La Acción sobre

Solicitudes y la Sección 4-105: Acción Contra Poseedores de

Licencias.

La concesión de la licencia podía o no

convertirse en un proceso adjudicativo. Esta determinación

era discreción de la agencia. Lo que sí era claramente un

proceso adjudicativo era la acción de la agencia para

revocar, suspender, modificar, anular, retirar o enmendar

una licencia y el proceso de reconsideración.

Historial

Legislativo del P. del S. 679, págs. 4, 27-29, 47. En el

caso del P. del C. 439 también se incluye como proceso

adjudicativo

la

renovación,

enmienda,

modificación

o

anulación de la licencia y la reconsideración de la

determinación de la agencia.

Historial Legislativo P. de

la C. 439, pág. 24, 31. Igual consideración está presente

en el P. de la C. 440. Historial Legislativo del P. de la

C. 440, pág. 23, 27.

CC-2009-380

30

que la Comisión de lo Jurídico Civil realizó en el Informe

del Sustitutivo al P. del S. 350.74 Hoy día el estatuto,

además de mantener el Capítulo V sobre Procedimiento para

la

Concesión

incorpora

el

de

Licencias,

Capítulo

VI

Franquicias

denominado

o

Permisos,

Fiscalización

e

Inspección y Gestiones Conjuntas y el Capítulo VII sobre

Penalidades Administrativas.75 La concepción de cada uno de

estos

capítulos

se

basó

en

los

procedimientos

uniformes

mínimos que se relacionaban con las distintas funciones que

realizan las agencias. En concreto, “su fórmula legislativa

está

concebida

administrativos

en

función

incluidos

y

de

toma

los

en

procedimientos

consideración

las

características individuales de cada uno de éstos”.76

En un comentario a la sección 5.4 del Capítulo V antes

mencionada, el Hon. Ángel G. Hermida, Juez del Tribunal

Superior, plantea lo siguiente:

El Capítulo V supone que el procedimiento

original para la concesión o denegación de estas

autorizaciones es distinto del procedimiento

adjudicativo reglamentado por el Capítulo III; y

la sección 5.4 de la ley dispone que en casos en

que se deniegue la autorización interesada, la

parte afectada por dicha denegatoria tendrá

derecho

a

impugnarla

“por

medio

de

un

procedimiento adjudicativo, según se establezca

en la ley especial de que se trate y en el

capítulo III de esta ley”.77

74

Historial Legislativo del P. del S. 350, Ley Núm. 170 del

12 de agosto de 1988, Informe del Sustitutivo al P. del S.

350, 3 de junio de 1988, pág. 37.

75

Se eliminó un capítulo

76

Pagán Ramos v. F.S.E., 129 D.P.R. 888,

3 L.P.R.A. sec. 2101 et. seq.

sobre disposiciones suplementarias.

Énfasis nuestro.

901 (1992).

77

Énfasis nuestro. Hon. Ángel G. Hermida, Juez del Tribunal

Superior, “La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

CC-2009-380

31

Este Tribunal tuvo la oportunidad de interpretar la

sección 5.4 de la L.P.A.U. en el caso San Antonio Maritime

v. Puerto Rican Cement Co.78 En este caso, la Junta de

Calidad Ambiental (JCA) le expidió a San Antonio Maritime,

Transcaribbean

Maritime

temporero

la

para

y

operación

Antilles

de

una

Cement

un

permiso

fuente

de

emisión,

condicionado a que San Antonio continuara y concluyera los

trámites administrativos que simultáneamente se realizaban

en

la

Administración

de

Reglamentos

relativos a la autorización

para

la

y

Permisos

(ARPE),

construcción y uso

de un silo para el despacho de cemento. Por su parte, la

Puerto Rican Cement Company (PRCC) presentó ante la JCA una

solicitud de intervención, reconsideración y revocación de

ese permiso.

A causa de esta solicitud, la JCA expidió una

orden de mostrar causa por la cual no se debía revocar el

permiso temporero.

Se celebró una vista y luego de escuchar los argumentos

de PRCC, de la JCA y de San Antonio Maritime, el oficial

examinador

denegó

la

solicitud

de

intervención

de

PRCC.

Luego de esto, se continuaron los procedimientos ante el

oficial examinador sobre los méritos de la controversia.

Cuando se inició nuevamente la vista para mostrar causa,

San Antonio solicitó el archivo del procedimiento porque

de 1988 y las Reglas para la Revisión Judicial de 1989:

Algunos Aspectos de Especial Interés para los Jueces”,

Revista FORUM, 2 de mayo de 1989, pág. 21, dentro del

Historial Legislativo del P. del S. 350, Ley Núm. 170 del

12 de agosto de 1988.

78

Supra.

CC-2009-380

32

entendía que la concesión del permiso permanente tornaba en

académicos

todos

temporero.

Así

los

lo

procesos

recomendó

relativos

el

al

oficial

permiso

examinador,

aprobándolo la JCA.

PRCC recurrió ante el TA mediante recurso de revisión

administrativa cuestionando las decisiones de la JCA (1)

aceptando

la

DIA-N

de

(3)

expidiendo

condicionado,

ARPE,

(2)

expidiendo

permiso

de

permiso

operación

permanente, (4) aceptando las recomendaciones del oficial

examinador

de

denegar

la

intervención

y

decretar

la

academicidad del caso.

ARPE, por su parte, autorizó el anteproyecto para la

instalación de un silo y PRCC apeló esta determinación ante

la Junta de Apelaciones sobre Construcción y Lotificaciones

(JACL).

un

Alegó PRCC que la ARPE había errado al autorizar

anteproyecto

de

construcción

sin

antes

permitir

la

intervención solicitada. La JACL desestimó la apelación de

PRCC por falta de legitimación activa.

Por esto, PRCC

acudió al Tribunal de Apelaciones planteando que JACL erró

al establecer que no tenía legitimación. El foro apelativo

revocó las resoluciones recurridas y ordenó el reinicio de

los

procedimientos

adjudicativos

para

permitir

la

intervención de PRCC en los foros administrativos.

Concentramos la controversia de este caso en si PRCC

tenía derecho a intervenir en el proceso adjudicativo de la

orden de mostrar causa por la cual no debía revocarse el

permiso temporero de emisión, concedido por la JCA a San

Antonio

Maritime,

y

en

el

proceso

de

impugnación

de

CC-2009-380

33

concesión de los permisos permanentes para construcción y

uso del silo, otorgados por ARPE y confirmados por la JACL.

Al

analizar

la

controversia,

concluimos

que

existe

una

estrecha relación entre el proceso adjudicativo y el de

concesión

de

licencia

o

permiso,

una

vez

la

encargada otorga o deniega esta autorización.

agencia

Ante tal

realidad y el hecho de que la finalidad del proceso de

concesión de licencia, permiso o franquicia es proteger el

interés público, extendimos el derecho de intervención al

proceso de impugnación de la determinación de la agencia a

cualquier

persona

afectada

por

ésta.

Dentro

de

esos

parámetros fue que expresamos lo siguiente:

Además,

es

indiscutible

el

hecho

de

que

el

requerimiento de una demostración de causa por la cual

no debían revocarse los permisos, luego de haberse

otorgado los mismos, con la posibilidad intimada de

decretar la revocación de dichos permisos, realmente

es una iniciativa que da lugar a un proceso

adjudicativo, ya sea teniendo como parte actora o

promovente a la agencia o a PRCC. Es un proceso en el

cual ha de adjudicarse si San Antonio tiene o no

derecho a retener la eficacia de los permisos

concedidos por la Junta de Calidad Ambiental para la

construcción y operación de una fuente de emisión.

Claramente estamos ante un proceso adjudicativo.

Procede, por lo tanto, aplicar a dicho proceso las

reglas relativas a la solicitud de intervención

contenidas en la L.P.A.U. y en los reglamentos

administrativos sobre procesos adjudicativos de las

agencias concernidas en el asunto.79

…

Por otro lado, y en lo referente a la solicitud de

intervención de PRCC ante ARPE y JACL, en apelación de

la determinación de ARPE de conceder los permisos

permanentes de construcción y uso solicitados por SAM,

79

San Antonio Maritime v. Puerto Rican Cement Co., supra,

pág. 390.

CC-2009-380

34

somos del criterio que, bajo el razonamiento

expuesto, claramente se erró al no concederlas.80

antes

Más recientemente, en Ranger American of PR v. Loomis Fargo

expresamos claramente que el procedimiento adjudicativo que

surge luego de que la agencia determina otorgar o denegar

una licencia, permiso o franquicia, está disponible tanto

para

los

solicitantes

autorización

como

a

a

quienes

terceros

que

se

les

denegó

interesen

dicha

impugnar

lo

concedido por la agencia.81

Al activarse este proceso adjudicativo, una persona

que

no

Junta

fue

considerada

Reglamentadora

originalmente

puede

presentar

como

parte

por

la

una

solicitud

de

intervención, hasta 15 días antes de celebrarse la vista.82

Esta

petición

deberá

realizarse

por

escrito,

estar

debidamente fundamentada y demostrar la capacidad e interés

legítimo

y

sustancial

procedimiento.83

Además,

que

para

la

persona

considerar

tiene

la

en

el

moción

de

80

San Antonio Maritime v. Puerto Rican Cement Co., supra,

pág. 398.

81

Ranger American of PR v. Loomis Fargo, 171 D.P.R. 670,

680-681 (2007). Ese tercero pudiera ser un competidor,

según resolvimos en San Antonio Maritime v. Puerto Rican

Cement Co., supra, págs. 394-395, siempre que se establezca

que tiene un interés legítimo y sustancial en la

controversia. Fund. Surfrider y Otros v. A.R.P.E., 2010

T.S.P.R. 37; Junta de Planificación v. Cordero Badillo,

2009 T.S.P.R. 160; San Antonio Maritime v. Puerto Rican

Cement Co., supra, págs. 391-395.

82

Reglamento 5664, op.cit., sec. 8.7, pág. 11.

Véase,

además, Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., 138

D.P.R. 412, 420 (1995).

83

3 L.P.R.A. sec. 2102(e), 2155.

Véase, además, Fund.

Surfrider

y

Otros

v.

A.R.P.E.,

supra;

Junta

de

Planificación v. Cordero Badillo, supra; Com. Ciudadanos

Caimito v. G.P. Real Prop., 2008 T.S.P.R. 105.

CC-2009-380

35

intervención, ésta deberá incluir prueba de los criterios

establecidos en la sección 3.5 de la L.P.A.U.

Al respecto,

el Reglamento de Práctica y Procedimiento dispone que se

debe proveer prueba de que:

(a)

Los intereses del peticionario pueden afectarse

adversamente por el procedimiento adjudicativo;

(b)

(i) el peticionario no tiene ningún otro medio

legal para proteger adecuadamente su interés;

(ii) los intereses del peticionario no están

adecuadamente representados por otras partes en

el procedimiento;

(iii) la participación del peticionario puede

ayudar a desarrollar un expediente más completo;

(iv) el peticionario representa o es portavoz de

otros grupos o entidades en la comunidad;

(v)

el

peticionario

puede

contribuir

con

información, peritaje, conocimiento especializado

o

asesoramiento

técnico

que

no

estarían

disponibles de otra manera en el procedimiento; y

(c)

La participación del peticionario no extenderá ni

dilatará innecesariamente los procedimientos.84

La

decisión

de

conceder

o

denegar

una

petición

de

intervención es el resultado de la discreción de la Junta

Reglamentadora al ponderar cada uno de los criterios que

establece la L.P.A.U.85 Si se concede la intervención, el

peticionario se convierte en parte del proceso, mientras,

si se deniega se le notificará una orden con las razones

84

Reglamento 5664, op.cit., sec. 8.7, pág. 11; 3 L.P.R.A.

sec. 2155.

85

Reglamento 5664, op.cit., sec. 8.8 (a), pág. 12.

CC-2009-380

que

36

justifican

la

determinación

de

la

Junta

el

intervención

Reglamentadora.86

Como

es

evidente,

derecho

de

sólo

puede existir dentro de un procedimiento adjudicativo. Si

no

existe

este

tipo

inexistente.

Este

Tribunal

efectos

establecer

de

de

proceso,

sólo

que

se

este

ha

derecho

expresado

efectivamente

es

a

los

existe

un

procedimiento adjudicativo cuando la entidad reguladora, en

este

caso

la

Junta

Reglamentadora,

decide

conceder

o

denegar la franquicia, licencia o permiso y se cuestiona o

impugna

esa

decisión.

Nunca

antes

nos

hemos

expresado

sobre si la naturaleza del procedimiento adjudicativo, y,

por ende, el derecho de intervención, está presente también

en el momento inicial en que se dilucida si se concede o no

la licencia o franquicia solicitada.

controversia,

es

necesario

Para analizar esta

auscultar

la

intención

legislativa.

Hemos

tiene

validado

como

constantemente

finalidad

la

identificar

interpretación

los

propósitos

que

que

persigue una ley, de forma tal que ésta se ajuste a la

política

pública

que

la

inspira.87

Para

realizar

ese

86

Reglamento 5664, op.cit., sec. 8.8 (b) (c), pág. 12.

Véase, además, 3 L.P.R.A. sec. 2102 (j) donde se define

parte como “toda persona o agencia autorizada por ley a

quien se dirija específicamente la acción de una agencia o

que sea parte en dicha acción, o que se le permita

intervenir o participar de la misma, o que haya radicado

una petición para la revisión o cumplimiento de una orden,

o que sea designada como parte en dicho procedimiento”.

87

Orsini García v. Secretario de Hacienda, 2009 T.S.P.R.

190; Corp. Difusión Pública v. C.E.E., 2007 T.S.P.R. 231;

Irizarry v. J & J Cons. Prods. Co., Inc., 150 D.P.R. 155,

CC-2009-380

ejercicio

37

de

interpretación

estatutaria,

debemos,

en

primera instancia, examinar el texto de la ley porque “es

la expresión por excelencia de toda intención legislativa”,

siempre que el legislador se haya expresado en “lenguaje

claro e inequívoco”.88 En este proceso de búsqueda de la

intención legislativa, también es conveniente auscultar y

analizar el historial legislativo de la medida que incluye

los informes sometidos por las comisiones de Cámara y el

Senado y el diario de sesiones.89 También, como parte de ese

proceso, hemos expresado, enfáticamente, que “las leyes hay

que

interpretarlas

y

aplicarlas

en

comunión

con

el

propósito social que las inspira, sin desvincularlas de la

realidad y del problema humano que persiguen resolver”.90

Además, según explica Ihering, “el fin es el creador de

163 (2000); Piñero v. A.A.A., 146 D.P.R. 890, 898 (1998);

Dorante v. Wrangler, 145 D.P.R. 408, 417 (1998); Col.

Ópticos P.R. v. Pearl Vision Center, 142 D.P.R. 221, 228

(1997); J.R.T. v. A.E.E., 133 D.P.R. 1, 9 (1993); Zambrana

Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740, 749 (1992); Vázquez v.

A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 523 (1991); García Pagán v.

Shiley Caribbean, et al., 122 D.P.R. 193, 208 (1988).

Véase, además, R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra,

Aprobación e Interpretación de Leyes en Puerto Rico,

Segunda Edición Revisada, Publicaciones J.T.S., 1987, Vol.

1, págs. 245-246.

88

Romero Barceló v. E.L.A., 169 D.P.R. 460, 476-477 (2006).

Véase, además, Ortiz v. Municipio de San Juan, 167 D.P.R.

609, 617 (2006); Departamento de Hacienda v. Telefónica,

164 D.P.R. 195, 215 (2005).

89

Ortiz v. Municipio de San Juan, 167 D.P.R. 609, 617

(2006).

90

Orsini García v. Secretario de Hacienda, supra; Matos v.

Junta Examinadora, 165 D.P.R. 741, 748 (2005); Piñero v.

A.A.A., Íd; Col. Ópticos P.R. v. Pearl Vision Center, Íd;

Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 D.P.R. 735, 756

(1992); Vázquez v. A.R.P.E., Íd; García Pagán v. Shiley

Caribbean, Etc., Íd.

CC-2009-380

38

todo [d]erecho” y “no hay norma jurídica que no deba su

origen a un fin, a un propósito, esto es, a un motivo

práctico.”91

Hemos realizado un análisis integrado de nuestra ley

de

telecomunicaciones,

su

historial

legislativo,

la

reglamentación aplicable de la Junta Reglamentadora y la

legislación federal sobre telecomunicaciones, la L.P.A.U. y

su

historial

legislativo.

nuestra

legislación

federal

tienen

posibilitando

Tanto

sobre

la

política

pública

de

como

la

telecomunicaciones

la

finalidad

de

una

competencia

proteger

que

al

consumidor,

viabilice

mejores

servicios de cable tv y menores costos. Atado a esto se

encuentra el interés de la Asamblea Legislativa de que los

procesos de concesión de franquicia o permisos sean rápidos

y eficientes. Por esto, se optó por estructurar de forma

separada

cada

uno

agencias,

entre

de

ellos

los

se

servicios

definió

un

que

ofrecen

capítulo

para

las

los

procedimientos adjudicativos y otro para los procesos de

concesión

de

franquicia,

licencia

o

permiso.

En

ese

sentido, sólo se permitió la integración de ambos procesos

mediante la sección 5.4 de la L.P.A.U., es decir, para

impugnar la determinación de la agencia.

91

Citado en L. Recasens Siches, Nueva Filosofía de la

Interpretación del Derecho, 2da Edición, Editorial Porrúa,

México, 1973, pág. 41; Véase, también, E. Pedro Haba, El

Espejismo de la Interpretación Literal: Encrucijadas del

Lenguaje Jurídico, Tomo I, 1era Edición, San José, C. R.:

Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2003, págs.

69-70.

CC-2009-380

39

Ante estas circunstancias, tenemos que concluir que el

proceso inicial de concesión de licencia o franquicia no es

adjudicativo y, por lo tanto, en esa etapa es inaplicable

el derecho de intervención. Esta determinación no se altera

por el hecho de que existan leyes especiales reguladas por

las agencias que permitan una mayor participación, incluso

específica y definida, de personas que se opongan a la

solicitud de franquicia o permiso. Aunque tal consideración

podría hacer parecer que este proceso es adjudicativo, no

lo es porque no se está cuestionando la decisión de una

agencia ni se está contraponiendo un derecho sobre otro.

La participación de estas personas sólo es un mecanismo

para obtener información que le pueda ser útil a la agencia

para

tomar

la

determinación

licencia,

permiso

o

diferente

derrotaría

de

franquicia.

nuestra

conceder

o

Llegar

una

política

a

denegar

pública

una

conclusión

sobre

las

telecomunicaciones y los propósitos del Capítulo V de la

L.P.A.U.

C. Orden o Resolución sobre Confidencialidad de Documentos

La L.P.A.U. define el término orden o resolución como

“cualquier

decisión

o

acción

agencial

de

aplicación

particular que adjudique derechos u obligaciones de una o

más

personas

sanciones

específicas,

administrativas

o

que

imponga

excluyendo

penalidades

órdenes

o

ejecutivas

emitidas por el Gobernador”.92 Este tipo de determinación

92

Sec. 1.3 (f), 3 L.P.R.A. sec. 2102 (f).

CC-2009-380

puede

ser

carácter

40

emitida

final,

establecer

el

por

parcial

tipo

de

la

o

agencia

administrativa

interlocutorio.

orden

o

Es

resolución

importante

porque

definirá si puede ser revisada judicialmente.

palabras,

permitirá

determinar

si

el

con

esto

En otras

Tribunal

de

Apelaciones y, por ende, este foro tienen jurisdicción para

entender en la controversia.

Una orden o resolución es parcial cuando la acción de

la

agencia,

adjudicando

derechos

y

obligaciones

de

las

partes, sólo atiende un aspecto de la controversia y no su

totalidad.93 Por su parte, se entiende que una orden es

interlocutoria si la actuación de la entidad gubernamental

sólo resuelve un asunto exclusivamente procesal. Aunque la

L.P.A.U. no ha definido el concepto “orden o resolución

final”, reiteradamente hemos establecido que “se refiere a

las decisiones que ponen fin al caso ante la agencia y que

tienen efectos sustanciales sobre las partes”.94

De todas estas modalidades de órdenes o resolución,

sólo la que culmina el procedimiento administrativo puede

ser objeto de revisión judicial.

Sobre el particular la

L.P.A.U. dispone:

Una parte adversamente afectada por una orden o

resolución final de una agencia y que haya

agotado todos los remedios provistos por la

agencia

o

por

el

organismo

administrativo

apelativo correspondiente podrá presentar una

93

94

Sec. 1.3 (g), 3 L.P.R.A. sec. 2102 (g).

J. Exam. de Tec. Méd. v. Elías et. al., 144 D.P.R. 483,

490 (1997). Véase, además, Depto. Educ. v. Sindicato

Puertorriqueño, 168 D.P.R. 527, 545 (2006).

CC-2009-380

41

solicitud de

Apelaciones…

revisión

ante

el

Tribunal

de

Una orden o resolución interlocutoria de una

agencia, incluyendo aquéllas que se emitan en

procesos que se desarrollen por etapas, no serán

revisables

directamente.

La

disposición

interlocutoria de la agencia podrá ser objeto de

un señalamiento de error en el recurso de

revisión de la orden o resolución final de la

agencia.95

La idea de limitar el ámbito de revisión judicial a las

órdenes finales de las agencias fue evitar que el trámite

administrativo fuera interrumpido injustificadamente.96 Como

es

interlocutoria

Reglamentadora

la

sobre

resolución

el

que

descubrimiento

dictó

de

la

prueba

Junta

y

la

clasificación como confidenciales del plan de desarrollo,

la tabla de precios y los estados financieros de PRTC, no

tenemos jurisdicción para atenderla en esta etapa de los

procedimientos.97

III.

La compañía PRTC solicitó ante la Junta Reglamentadora

la aprobación de una franquicia para operar un sistema de

95

Sec. 4.2, 3 L.P.R.A. sec. 2172.(Suplemento Acumulativo,

2009).

96

J. Exam. de Tec. Méd. v. Elías et. al., supra, pág. 490,

citando el Historial Legislativo del P. del S. 350, Informe

Conjunto de la Comisión de Gobierno Estatal, Asuntos

Municipales y de lo Jurídico, 10 de abril de 1988.

97

Sobre este particular, el Reglamento 5761 para Compañías

de Cable Televisión dispone que:

Todo plan de desarrollo de servicio sometido por las

compañías ante la Junta se mantendrá confidencial y no

se divulgará o revelará a tercero alguno.

Artículo

12(D), pág. 27.

Véase, además, 27 L.P.R.A. sec. 267

f(b)(2).

CC-2009-380

cable

tv.

42

Por

su

parte,

Onelink

peticionó

que

se

le

autorizara intervenir en este proceso inicial de evaluación

de

la

solicitud

de

PRTC.

Fundamentó

su

derecho

de

intervención en que el proceso de concesión de franquicia

era

adjudicativo,

podía

verse

proteger

su

que

tenía

un

interés

propietario

afectado

y

que

su

intervención

derecho

a

una

competencia

que

permitiría

justa.

Además,

Onelink argumenta que el señalamiento de una vista pública

por la Junta Reglamentadora convirtió el procedimiento de

concesión de franquicia en adjudicativo. No coincidimos con

ninguno de los planteamientos de Onelink.

Primero,

nuestra

telecomunicaciones,

que

Veamos.

política

se

pública

fundamenta

en

la

sobre

legislación

federal, está dirigida a proteger al consumidor y promover

la

competencia.

La

idea

es

eliminar

el

monopolio

que

originalmente existía en el negocio de cable tv, de manera

que la ciudadanía pueda tener mayores y mejores ofertas de

servicios

a

un

costo

razonable.

estatuto

de

telecomunicaciones

Por

y

la

esto,

el

mismo

reglamentación

de

franquicia claramente prohíben que la Junta Reglamentadora

otorgue franquicias exclusivas. La franquicia de cable TV

de

Onelink

no

es

la

excepción

a

esta

norma.

Ésta

constituye en sí misma el interés propietario que tiene

Onelink

porque

establece

sus

derechos

y

prerrogativas.

Concretamente, la Cláusula 2 (9) del Contrato de Franquicia

de Onelink dispone:

The Board desires competition in cable services

in the Municipalities and believes competition

will benefit the residents of the Municipalities.

CC-2009-380

43

Further, the Board believes that competition can

develop without substantial injury to Franchisee

or Franchisee’s ability to perform its promises

in this Agreement.

The Franchisee has entered

this Agreement with a full understanding that the

Board intends to encourage the development of a

fair competition.98

Como

puede

claramente

observarse,

promueve

la

la

franquicia

competencia,

por

de

lo

Onelink

cual

la

concesión de una franquicia a PRTC no afecta su interés

propietario.

Es decir, el hecho de que se le conceda una

franquicia de cable tv a PRTC no hace que Onelink pierda la

suya.

Ambas franquicias son independientes.

Lo único que

provoca la concesión de la franquicia a PRTC es cumplir con

la

política

pública

que

establece

nuestra

ley

de

telecomunicaciones.

Por otro lado, no se puede impulsar la competencia

justa

o

injusta

si

no

se

permite

la

interacción

entre

competidores. Esta obviamente no se da en el contexto del

proceso de concesión de franquicia, sino luego de que la

Junta

Reglamentadora

determina

otorgar

la

autorización.

Además, la Junta Reglamentadora es la entidad responsable

de regular y asegurarse de que existe una competencia leal.

Actualmente, Onelink es el único proveedor de servicios de

cable tv en el área metropolitana y en los pueblos de Toa

Alta

y

Toa

Baja.

Esto

sin

incluir

a

los

residenciales

públicos, a los cuales Onelink no le brinda servicios.

98

Énfasis nuestro. Apéndice 58, “Franchise Agreement

Between The Telecommunications Regulatory Board of Puerto

Rico and San Juan Cable, LLC For Franchise FC-23, págs.

813-814.

CC-2009-380

44

Segundo, la naturaleza de los procesos adjudicativos

es diferente a la de los procedimientos de concesión de

franquicia

o

permisos.

Así

lo

estableció

la

Asamblea

Legislativa cuando expresó su interés de que los procesos

de franquicias se realizaran de forma rápida y eficiente.

Por el contrario, los adjudicativos tienden a ser complejos

y

extensos.

Precisamente,

esa

diversidad

fue

lo

que

promovió que cada una de las funciones realizadas por las

agencias se estructurara en capítulos diferentes dentro de

la L.P.A.U.

Otro elemento que valida el hecho de que el proceso de

concesión de franquicia no es adjudicativo es la sección

5.4 de la L.P.A.U. A través de este precepto es que se

activa

el

proceso

adjudicativo,

una

vez

la

Junta

Reglamentadora tome la determinación de denegar o conceder

la franquicia de cable tv a PRTC.

En este momento es que

Onelink, PRTC o cualquier parte con capacidad e interés

legítimo

y

sustancial

podría

solicitar

intervenir.

Específicamente, Onelink podría impugnar la concesión de

franquicia a PRTC por violar las leyes y reglamentos de la

Junta Reglamentadora o promover una competencia desleal.

Antes de este momento, la intervención de Onelink no tan

solo

dilataría

los

procedimientos

de

concesión

de

franquicia, sino que desvirtuaría la política pública de

telecomunicaciones y de la L.P.A.U.

Esta

determinación

no

se

altera,

como

trata

de

argumentar Onelink, con la decisión de la Junta de celebrar

una vista pública para escuchar la posición de aquellas

CC-2009-380

45

partes interesadas en el proceso.

Una vista pública no es

una vista adjudicativa. Es sólo un mecanismo que le permite

a

la

Junta

Reglamentadora

tomar

la

determinación

de

conceder o denegarle la franquicia de cable tv a PRTC de

una manera más informada. Esta es una actuación prudente y

sensata de la Junta, como lo fue su decisión de permitir

que Onelink sometiera comentarios extensos a la petición de

franquicia de PRTC.99

Recordemos

que

una

agencia

no

ejerce

una

función

adjudicativa por el mero hecho de evaluar si concede o

deniega una franquicia o permiso.

En ese proceso no se

están determinando derechos u obligaciones del solicitante,

tomando

en

consideración

hechos

específicos

y

confrontándolos con las normas existentes, como sucede en

un procedimiento adjudicativo.

En el caso específico de la

compañía PRTC, lo único que la Junta Reglamentadora está

realizando

es

una

ponderación

para

determinar

si

el

conceder la franquicia de cable tv a PRTC puede contribuir

a promover la competencia y proteger al consumidor.

Este

proceso evaluativo no tiene nada que ver con los procesos

adjudicativos.

IV.

Por

los

fundamentos

antes

expresados,

se

confirma

la

sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones denegando la

solicitud de intervención de Onelink al procedimiento de

99

Transcripción de la Vista ante el Tribunal Supremo, 26 de

octubre de 2009, pág. 32.

CC-2009-380

46

concesión de franquicia de cable tv peticionada por la PRTC y

se

devuelve

el

caso

a

la

Junta

Reglamentadora

continuación de los procedimientos.

Se dictará sentencia de conformidad.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

para

la

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Puerto Rico Telephone Company

h/n/c Claro TV

Recurridos

Certiorari

v.

Junta de Reglamentadora

Telecomunicaciones

Agencia-recurrida

de

CC-2009-380

San Juan Cable LLC, h/n/c One

Link Communications

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2010.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integrante de la

presente Sentencia, se confirma la sentencia emitida por

el Tribunal de Apelaciones denegando la solicitud de

intervención de Onelink al procedimiento de concesión de

franquicia de cable tv peticionada por la PRTC y se

devuelve el caso a la Junta Reglamentadora para la

continuación de los procedimientos.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal. El Juez Asociado señor Rivera

Pérez no intervino. La Jueza Asociada señora Rodríguez

Rodríguez inhibida. La Jueza Asociada señora Pabón

Charneco concurre con el resultado sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo