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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Héctor Rafael Ponce Ayala, Ex parte

2010 TSPR 82

Poder Judicial de Puerto Rico

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Héctor Rafael Ponce Ayala, Ex parte

CC-2010-302

Opinión Concurrente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Rafael Ponce Ayala

Certiorari

2010 TSPR 82

179 DPR ____

Ex Parte

Número del Caso: CC-2010-302

Fecha: 2 de junio de 2010

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón y San Juan

Jueza Ponente:

Hon. Aleida Varona Méndez

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. María T. Caballero García

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. José E. Arzola Méndez

Materia: Habeas Corpus

*** PARA VER LA OPINIÓN Y SENTENCIA DE ESTE CASO VÉASE LA

OPINIÓN NÚMERO 2010TSPR73 ***

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Rafael Ponce Ayala

Ex parte

CC-2010-0302

Opinión Concurrente

HERNÁNDEZ DENTON

emitida

por

el

Juez

Presidente

señor

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de junio de 2010.

Concurrimos con el resultado de la decisión del

Tribunal en el caso de epígrafe en cuanto determina

que

el

periodo

máximo

de

seis

meses

de

detención

preventiva dispuesto en la Sección 11 del Artículo II

de

la

Constitución

transcurrir

cuando

de

un

Puerto

Rico

imputado es

comienza

ingresado

a

a una

institución carcelaria por razón de no haber prestado

la fianza que se le impuso tras haberse encontrado

causa probable para el arresto. Art. II, Sec. 11,

Const.

E.L.A.,

L.P.R.A.,

Tomo

1.

No

obstante,

no

estamos de acuerdo con los fundamentos allí expuestos

por entender que éstos son producto de un enfoque

desmesurado

preventiva”,

en

la

sin

contextualizada. Veamos.

definición

ésta

ser

de

“detención

propiamente

CC-2010-0302

2

I.

Consideramos que la solución a la controversia de autos

se desprende de una lectura somera de la propia Constitución.

Al

realizar

dicho

ejercicio

salta

a

la

vista

que

la

activación de todas las garantías contenidas en la Sec. 11,

Art. II, incluyendo el derecho aquí en controversia, está

necesariamente condicionada a que haya comenzado un proceso

criminal. Ello, como es conocido, sólo ocurre una vez una

autoridad judicial emite una determinación de causa probable

para

el

arresto.

Dicha

determinación

es

una

condición

necesaria para que una persona pueda exigir las garantías y

los derechos de la Sec. 11, Art. II, y marca el comienzo del

periodo durante el cual podrá hacerlo. Por ende, entendemos

que estas garantías no tienen efecto alguno antes de ese

momento.

La Sec. 11, Art. II de la Constitución indica que, “[e]n

todos los procesos criminales, el acusado disfrutará de…”.

(Énfasis

suplido).

Íd.

El

resto

de

la

sección

citada

instituye

las

garantías

y

derechos

que

cobijan

a

los

imputados en procesos criminales. Éstos son los derechos a:

juicio rápido y público; ser informado de lo que se imputa;

carearse con los testigos de cargo; la citación compulsoria

de los testigos de defensa; asistencia de abogado; presunción

de inocencia; juicio por jurado en casos de delitos graves;

no ser obligado a auto-incriminarse; que su silencio no sea

utilizado en su contra ni comentado; la protección contra la

doble exposición; quedar en libertad bajo fianza; que la

CC-2010-0302

detención

3

preventiva

antes

del

juicio

no

exceda

de

seis

meses; que las multas y fianzas no sean excesivas, y; no ser

encarcelado por deuda. Del texto de la referida disposición

se

desprende

garantías

que

todos

pertenecen

y

al

cada

uno

ámbito

de

de

estos

los

derechos

y

procedimientos

criminales.1

Como indicamos, los procesos criminales en nuestra

jurisdicción inician una vez se determina judicialmente que

existe

causa

probable

para

un

arresto.

Pueblo

v.

Rivera

Santiago, res. el 24 de agosto de 2009, 2009 T.S.P.R. 136;

Pueblo v. Guzmán, 161 D.P.R. 137, 152 (2004). Es necesario

que “el tribunal adquier[a] jurisdicción sobre la persona del

imputado” para que ello ocurra. (Cita omitida). Pueblo v.

Guzmán, supra, pág. 153.

Por

su

parte,

la

Sección

10

del

Artículo

II

de

la

Constitución de Puerto Rico exige que las órdenes de arresto,

al igual que las de registros y allanamientos, sean emitidas

por una autoridad judicial. Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A.,

supra.

Dicha

protección

sección

contra

otorga

actuaciones

a

todos

los

ciudadanos

una

por

del

irrazonables

parte

Estado. Esta protección es especialmente relevante durante lo

que se conoce como la etapa investigativa, cuando el Estado

interviene

o

intenta

intervenir

con

alguna

persona

para

Evidentemente, algunos de estos derechos pueden ejercerse

por

ciudadanos

que

no

se

encuentren

enfrentando

un

procedimiento criminal. Ello puede ser en virtud de otra

disposición constitucional o de una disposición estatutaria.

Así, por ejemplo, el derecho a asistencia de abogado durante

la vista de Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.

Ap. II, emana de dicha regla, pues, recalcamos, en ese

momento aún no ha iniciado el proceso criminal.

1

CC-2010-0302

4

esclarecer o detener la comisión de un delito. Una orden de

arresto, es decir, una orden judicial para que una persona

sea puesta a disposición de un tribunal, debe cumplir con

determinados criterios mínimos constitucionales y marca el

fin de la etapa investigativa. Éstos requieren que una orden

de arresto de un ciudadano: (1) sea expedida por autoridad

judicial; (2) esté basada en causa probable; (3) esté apoyada

tal

causa

probable

en

una

declaración

jurada

y;

(4)

sea

específica en cuanto a la persona a ser arrestada. Pueblo v.

Irrizary, 160 D.P.R. 554, 559 (2003), citando a E.L. Chiesa

Aponte,

Derecho

procesal

penal

de

Puerto

Rico

y

Estados

Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 20.

La

Regla

6

de

Procedimiento

Criminal

provee

un

procedimiento estatutario en el que se busca asegurar que la

orden

que

se

emita

cumpla

estas

exigencias

mínimas.

34

L.P.R.A. Ap. II, R. 6. Esto, pues, la Constitución no exige

que

se

observe

un

Irizarry,

supra,

magistrado

examina

procedimiento

pág.

la

559.

A

denuncia

específico.

tenor

Pueblo

6,

v.

de

la

Regla

un

jurada,

las

declaraciones

juradas o los testigos bajo juramento y, de quedar convencido

de que existe causa probable para creer que el sospechoso en

cuestión ha cometido el delito que se le imputa, emite una

orden de arresto contra éste y le impone una fianza. 34

L.P.R.A. Ap. II, R. 6. Una vez esto ocurre, da inicio el

procedimiento criminal y la persona contará con la protección

de todos los derechos contenidos en la Sec. 11, Art. II.

CC-2010-0302

5

Lo anterior, por supuesto, no significa que no se pueda

arrestar a una persona sin una orden de arresto emitida por

una autoridad judicial. Nuestro ordenamiento permite que se

pueda

determinar

causa

probable

para

el

arresto

de

una

persona después que ya la persona ha sido detenida por un

agente del orden público. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 11. Una vez

un agente arresta a un ciudadano debe conducirlo sin dilación

irrazonable

ante

un

magistrado.

Dicha

exigencia

constitucional también ha sido plasmada estatutariamente. 34

L.P.R.A. Ap. II, R. 22(a). Hemos resuelto que en nuestra

jurisdicción, donde hay salas y jueces de turno que pueden

atender los casos a cualquier hora, una dilación que exceda

de treinta y seis horas se presumirá injustificada. Pueblo v.

Aponte, 167 D.P.R. 578, 584-585 (2006).

La razón por la cual se requiere la conducción pronta de

un arrestado ante un magistrado es que un arresto sin orden

se presume irrazonable. Ello, pues, a pesar de que un agente

del orden público ha determinado que tiene motivos fundados

para realizarlo, no ha mediado una determinación previa de

causa probable por parte de una autoridad judicial, que es lo

que

exige

la

Constitución

para

privar

válidamente

a

una

persona de su libertad. E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal:

Etapa Investigativa, Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2006,

pág.

168.

Cuando

el

agente

conduce

al

arrestado

ante

un

magistrado y se celebra una vista al amparo de la Regla 6,

éste

debe

arresto.

determinar

si

existe

causa

probable

para

el

CC-2010-0302

6

Asimismo,

en

el

pasado

hemos

dicho

que

la

referida

determinación judicial de causa probable convalida el arresto

efectuado previamente. Pueblo v. Aponte, supra, pág. 583. Sin

embargo,

no

es

hasta

que

el

magistrado

hace

dicha

determinación, que a fin de cuentas es nueva e independiente,

que

inicia

el

procedimiento

criminal.

El

efecto

de

la

determinación de causa probable, es decir, el inicio de la

acción penal, no se retrotrae al momento del arresto, pues

sólo una determinación judicial puede ordenarlo. De hecho, en

nuestro ordenamiento sólo una determinación de causa probable

para el arresto interrumpe el término prescriptivo de la

acción penal, independientemente de si se arrestó ya a la

persona o no. Artículo 101 del Código Penal de 2004, 33

L.P.R.A. sec. 4729.

II.

De todo lo anterior se desprende que un análisis pausado

e integrado de la propia Constitución y de los principios

básicos del funcionamiento de nuestro ordenamiento procesal

criminal revela la forma correcta de fundamentar la solución

a la controversia que presenta este caso. Una vez se reconoce

que la Sec. 10, Art. II protege a todos los ciudadanos contra

intervenciones indebidas por parte del Estado durante lo que

se

conoce

como

intervenciones

autorización

la

sólo

judicial

etapa

pueden

que

da

investigativa,

ser

inicio

y

que

dichas

sancionadas

por

la

a

penal

y

la

acción

activa las protecciones de la Sec. 11, Art. II, la solución

de la controversia ante nos se cristaliza.

CC-2010-0302

7

Dicho análisis revela que la garantía que protege a los

ciudadanos

de

permanecer

detenidos

preventivamente

más

de

seis meses en espera de juicio por no haber prestado la

fianza, se activa con la determinación de causa probable para

el

arresto.

jurisdicción

Es

en

sobre

ese

una

momento

persona

y

que

el

tribunal

ésta

queda

asume

sujeta

a

un

procedimiento criminal en espera del juicio. Una vez una

persona se encuentra en espera de juicio, se le impondrá una

fianza la cual deberá prestar para quedar en libertad. De no

prestarla

será

ingresado

y

es

entonces

que

comienza

a

transcurrir el término de seis meses. Dicho término no podrá

comenzar a transcurrir antes del inicio de la acción penal,

pues

en

ese

momento

no

se

ha

activado

la

garantía

en

cuestión.

Es nuestro criterio que la Opinión del Tribunal adolece

de un problema fundamental en tanto se enfoca excesivamente

en el significado literal de la frase “detención preventiva”,

sin contextualizarla dentro de la propia Sec. 11, Art. II de

la

Constitución,

protecciones

así

como

constitucionales

dentro

del

marco

y

inicio

de

del

de

la

las

acción

penal. No reconocer el ámbito de aplicación de la Sec. 11,

Art.

II,

en

relación

con

concebir

la

controversia

el

como

de

un

la

Sec.

asunto

10,

Art.

relativo

II,

a

y

las

posibles definiciones de una frase redunda inevitablemente en

un análisis superficial. Tampoco podemos estar de acuerdo con

las Opiniones Disidentes en tanto éstas adolecen del mismo

enfoque

desmesurado

en

la

frase

“detención

preventiva”

o

CC-2010-0302

8

aseveran

que

el

derecho.

La

Constitución

normativo

cuyas

entrelazadas.

nuestro

resultado

Un

en

este

debe

entender,

contrario

como

están

dirigido

revela

es

concebirse

dimensiones

análisis

caso

un

a

cuerpo

intrínsecamente

por

prontamente

dicha

visión,

a

los

fundamentos

adecuados para sostener la decisión que se emitió.

De hecho, nuestro criterio coincide con el del Comité

Asesor

Permanente

adscrito

al

de

Reglas

Secretariado

de

de

Procedimiento

la

Conferencia

Criminal,

Judicial

y

Notarial de esta Curia, el cual ha sometido en su propuesta

de

Reglas

de

Procedimiento

Penal

una

norma

que

coincide

precisamente con el resultado en este caso. Dicho comité está

compuesto

por

reconocidos

academia,

abogados

de

miembros

defensa,

de

la

fiscales

judicatura,

la

juristas

con

y

conocimiento amplio sobre los derechos constitucionales que

operan en el ámbito del derecho procesal penal. Las reglas

propuestas, así como los comentarios que las acompañan, se

encuentran

en

este

momento

ante

la

evaluación

de

este

Tribunal.

La Regla 1014(A)(1) propuesta define detención preventiva

como,

“la

imputada

efectiva

de

delito

privación

en

una

de

libertad

institución

de

una

persona

penitenciaria

del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. (Énfasis suplido).

Regla 1014 Propuesta, Proyecto de Reglas de Procedimiento

Penal, diciembre 2008, Sec. Conf. Judicial y Notarial, pág.

139. Por su parte, la Regla 1014(C) dispone que “[e]l plazo

de seis meses comenzará a transcurrir desde el día en que la

CC-2010-0302

9

persona imputada es arrestada por no prestar la fianza.”

(Énfasis suplido). Íd., pág. 140. Cabe destacar que dicha

regla

también

dispone

que

una

persona

que

estime

que

ha

permanecido encarcelada más de seis meses en espera de juicio

deberá presentar una moción a esos efectos que será resuelta,

luego de la celebración mandatoria de una vista, por el juez

o jueza que presida el proceso penal. Íd., págs. 140-141. Por

lo

tanto,

corpus.

ya

Véase

no

estará

disponible

Comentarios

al

el

recurso

Proyecto

de

de

habeas

Reglas

de

Procedimiento Penal, diciembre 2008, Sec. Conf. Judicial y

Notarial, págs. 810-816.

En

fin,

entendemos

que

una

lectura

del

texto

constitucional, así como la aplicación de nuestro derecho

procesal criminal, indican que el término máximo de seis

meses de detención preventiva comienza a transcurrir una vez

un imputado es ingresado a prisión por no prestar la fianza

impuesta. Por ello, concurrimos con la decisión del Tribunal.

III.

A modo de epílogo, debemos señalar un asunto que nos

preocupa

profundamente.

Secretaria

del

Tribunal

Tras

nos

certificarse

la

remitió

expediente.

el

decisión,

la

Nos

percatamos entonces, para nuestra sorpresa, que en ningún

momento durante el trámite del recurso se expidió el auto de

certiorari.

Esto,

a

nuestro

juicio,

provoca

serias

dudas

sobre la eficacia de la decisión mediante la cual se revocó

la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se

CC-2010-0302

10

ordenó la detención inmediata del Sr. Héctor Rafael Ponce

Ayala. Veamos el tracto procesal de este caso ante nos.

El 12 de abril de 2010 el Ministerio Público presentó un

recurso de certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción

en

la

que

Tribunal

nos

de

solicitó

que

revocáramos

la

sentencia

del

Apelaciones

que

decretó

excarcelación

de

la

Héctor Rafael Ponce Ayala. Dos días después, ordenamos a

Ponce Ayala que, no más tarde de las cuarenta y ocho horas

siguientes a la notificación de dicha orden, mostrara causa

por la cual no debíamos “expedir el auto de certiorari y

revocar la sentencia objeto de este recurso”. Resolución del

Tribunal de 14 de abril de 2010.

Como es sabido, el Artículo 3.002 de la Ley Núm. 201 de

22 de agosto de 2003, conocida como la Ley de la Judicatura

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, dispone los

asuntos sobre los cuales este Tribunal tendrá competencia.

Entre

éstos

sentencias

se

o

“[m]ediante

encuentran

aquellos

resoluciones

auto

de

del

relacionado

Tribunal

certiorari,

a

de

ser

con

las

Apelaciones

expedido

discrecionalmente…”. (Énfasis suplido). 4 L.P.R.A. sec. 24s.

Por

su

parte,

la

Regla

46

de

nuestro

Reglamento,

4

L.P.R.A. Ap. XXI-A, regula lo relativo a las órdenes para

mostrar causa. Ésta dispone que una vez haya “[e]xpirado el

plazo para contestar, el Tribunal resolverá lo que en derecho

proceda: (1) denegando el recurso; (2) expidiendo el auto

definitivo

y

revocando,

modificando

o

confirmando

sentencia o resolución…”. (Énfasis suplido). Íd.

la

CC-2010-0302

11

Contrario a lo anterior, una vez el señor Ponce Ayala

compareció, se circuló la decisión del caso, se acortaron los

términos reglamentarios para emitir nuestro voto a tenor de

la Regla 5 de nuestro Reglamento, supra, y se certificó la

Sentencia, sin expedir el auto de certiorari como ha sido la

costumbre cuando emitimos una orden de mostrar causa.

Esta inobservancia del procedimiento que siempre se ha

seguido en este Tribunal durante la tramitación de los caso

pone en tela de juicio la validez y eficacia de la decisión

del Tribunal, así como del arresto y encarcelamiento del

señor Ponce Ayala decretados en ésta.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente