Tribunal Supremo de Puerto Rico
Héctor Rafael Ponce Ayala, Ex parte
2010 TSPR 82
Poder Judicial de Puerto Rico
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Héctor Rafael Ponce Ayala, Ex parte
CC-2010-302
Opinión Concurrente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Rafael Ponce Ayala
Certiorari
2010 TSPR 82
179 DPR ____
Ex Parte
Número del Caso: CC-2010-302
Fecha: 2 de junio de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón y San Juan
Jueza Ponente:
Hon. Aleida Varona Méndez
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. María T. Caballero García
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. José E. Arzola Méndez
Materia: Habeas Corpus
*** PARA VER LA OPINIÓN Y SENTENCIA DE ESTE CASO VÉASE LA
OPINIÓN NÚMERO 2010TSPR73 ***
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Rafael Ponce Ayala
Ex parte
CC-2010-0302
Opinión Concurrente
HERNÁNDEZ DENTON
emitida
por
el
Juez
Presidente
señor
En San Juan, Puerto Rico, a 2 de junio de 2010.
Concurrimos con el resultado de la decisión del
Tribunal en el caso de epígrafe en cuanto determina
que
el
periodo
máximo
de
seis
meses
de
detención
preventiva dispuesto en la Sección 11 del Artículo II
de
la
Constitución
transcurrir
cuando
de
un
Puerto
Rico
imputado es
comienza
ingresado
a
a una
institución carcelaria por razón de no haber prestado
la fianza que se le impuso tras haberse encontrado
causa probable para el arresto. Art. II, Sec. 11,
Const.
E.L.A.,
L.P.R.A.,
Tomo
1.
No
obstante,
no
estamos de acuerdo con los fundamentos allí expuestos
por entender que éstos son producto de un enfoque
desmesurado
preventiva”,
en
la
sin
contextualizada. Veamos.
definición
ésta
ser
de
“detención
propiamente
CC-2010-0302
2
I.
Consideramos que la solución a la controversia de autos
se desprende de una lectura somera de la propia Constitución.
Al
realizar
dicho
ejercicio
salta
a
la
vista
que
la
activación de todas las garantías contenidas en la Sec. 11,
Art. II, incluyendo el derecho aquí en controversia, está
necesariamente condicionada a que haya comenzado un proceso
criminal. Ello, como es conocido, sólo ocurre una vez una
autoridad judicial emite una determinación de causa probable
para
el
arresto.
Dicha
determinación
es
una
condición
necesaria para que una persona pueda exigir las garantías y
los derechos de la Sec. 11, Art. II, y marca el comienzo del
periodo durante el cual podrá hacerlo. Por ende, entendemos
que estas garantías no tienen efecto alguno antes de ese
momento.
La Sec. 11, Art. II de la Constitución indica que, “[e]n
todos los procesos criminales, el acusado disfrutará de…”.
(Énfasis
suplido).
Íd.
El
resto
de
la
sección
citada
instituye
las
garantías
y
derechos
que
cobijan
a
los
imputados en procesos criminales. Éstos son los derechos a:
juicio rápido y público; ser informado de lo que se imputa;
carearse con los testigos de cargo; la citación compulsoria
de los testigos de defensa; asistencia de abogado; presunción
de inocencia; juicio por jurado en casos de delitos graves;
no ser obligado a auto-incriminarse; que su silencio no sea
utilizado en su contra ni comentado; la protección contra la
doble exposición; quedar en libertad bajo fianza; que la
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detención
3
preventiva
antes
del
juicio
no
exceda
de
seis
meses; que las multas y fianzas no sean excesivas, y; no ser
encarcelado por deuda. Del texto de la referida disposición
se
desprende
garantías
que
todos
pertenecen
y
al
cada
uno
ámbito
de
de
estos
los
derechos
y
procedimientos
criminales.1
Como indicamos, los procesos criminales en nuestra
jurisdicción inician una vez se determina judicialmente que
existe
causa
probable
para
un
arresto.
Pueblo
v.
Rivera
Santiago, res. el 24 de agosto de 2009, 2009 T.S.P.R. 136;
Pueblo v. Guzmán, 161 D.P.R. 137, 152 (2004). Es necesario
que “el tribunal adquier[a] jurisdicción sobre la persona del
imputado” para que ello ocurra. (Cita omitida). Pueblo v.
Guzmán, supra, pág. 153.
Por
su
parte,
la
Sección
10
del
Artículo
II
de
la
Constitución de Puerto Rico exige que las órdenes de arresto,
al igual que las de registros y allanamientos, sean emitidas
por una autoridad judicial. Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A.,
supra.
Dicha
protección
sección
contra
otorga
actuaciones
a
todos
los
ciudadanos
una
por
del
irrazonables
parte
Estado. Esta protección es especialmente relevante durante lo
que se conoce como la etapa investigativa, cuando el Estado
interviene
o
intenta
intervenir
con
alguna
persona
para
Evidentemente, algunos de estos derechos pueden ejercerse
por
ciudadanos
que
no
se
encuentren
enfrentando
un
procedimiento criminal. Ello puede ser en virtud de otra
disposición constitucional o de una disposición estatutaria.
Así, por ejemplo, el derecho a asistencia de abogado durante
la vista de Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.
Ap. II, emana de dicha regla, pues, recalcamos, en ese
momento aún no ha iniciado el proceso criminal.
1
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4
esclarecer o detener la comisión de un delito. Una orden de
arresto, es decir, una orden judicial para que una persona
sea puesta a disposición de un tribunal, debe cumplir con
determinados criterios mínimos constitucionales y marca el
fin de la etapa investigativa. Éstos requieren que una orden
de arresto de un ciudadano: (1) sea expedida por autoridad
judicial; (2) esté basada en causa probable; (3) esté apoyada
tal
causa
probable
en
una
declaración
jurada
y;
(4)
sea
específica en cuanto a la persona a ser arrestada. Pueblo v.
Irrizary, 160 D.P.R. 554, 559 (2003), citando a E.L. Chiesa
Aponte,
Derecho
procesal
penal
de
Puerto
Rico
y
Estados
Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 20.
La
Regla
6
de
Procedimiento
Criminal
provee
un
procedimiento estatutario en el que se busca asegurar que la
orden
que
se
emita
cumpla
estas
exigencias
mínimas.
34
L.P.R.A. Ap. II, R. 6. Esto, pues, la Constitución no exige
que
se
observe
un
Irizarry,
supra,
magistrado
examina
procedimiento
pág.
la
559.
A
denuncia
específico.
tenor
Pueblo
6,
v.
de
la
Regla
un
jurada,
las
declaraciones
juradas o los testigos bajo juramento y, de quedar convencido
de que existe causa probable para creer que el sospechoso en
cuestión ha cometido el delito que se le imputa, emite una
orden de arresto contra éste y le impone una fianza. 34
L.P.R.A. Ap. II, R. 6. Una vez esto ocurre, da inicio el
procedimiento criminal y la persona contará con la protección
de todos los derechos contenidos en la Sec. 11, Art. II.
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5
Lo anterior, por supuesto, no significa que no se pueda
arrestar a una persona sin una orden de arresto emitida por
una autoridad judicial. Nuestro ordenamiento permite que se
pueda
determinar
causa
probable
para
el
arresto
de
una
persona después que ya la persona ha sido detenida por un
agente del orden público. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 11. Una vez
un agente arresta a un ciudadano debe conducirlo sin dilación
irrazonable
ante
un
magistrado.
Dicha
exigencia
constitucional también ha sido plasmada estatutariamente. 34
L.P.R.A. Ap. II, R. 22(a). Hemos resuelto que en nuestra
jurisdicción, donde hay salas y jueces de turno que pueden
atender los casos a cualquier hora, una dilación que exceda
de treinta y seis horas se presumirá injustificada. Pueblo v.
Aponte, 167 D.P.R. 578, 584-585 (2006).
La razón por la cual se requiere la conducción pronta de
un arrestado ante un magistrado es que un arresto sin orden
se presume irrazonable. Ello, pues, a pesar de que un agente
del orden público ha determinado que tiene motivos fundados
para realizarlo, no ha mediado una determinación previa de
causa probable por parte de una autoridad judicial, que es lo
que
exige
la
Constitución
para
privar
válidamente
a
una
persona de su libertad. E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal:
Etapa Investigativa, Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2006,
pág.
168.
Cuando
el
agente
conduce
al
arrestado
ante
un
magistrado y se celebra una vista al amparo de la Regla 6,
éste
debe
arresto.
determinar
si
existe
causa
probable
para
el
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6
Asimismo,
en
el
pasado
hemos
dicho
que
la
referida
determinación judicial de causa probable convalida el arresto
efectuado previamente. Pueblo v. Aponte, supra, pág. 583. Sin
embargo,
no
es
hasta
que
el
magistrado
hace
dicha
determinación, que a fin de cuentas es nueva e independiente,
que
inicia
el
procedimiento
criminal.
El
efecto
de
la
determinación de causa probable, es decir, el inicio de la
acción penal, no se retrotrae al momento del arresto, pues
sólo una determinación judicial puede ordenarlo. De hecho, en
nuestro ordenamiento sólo una determinación de causa probable
para el arresto interrumpe el término prescriptivo de la
acción penal, independientemente de si se arrestó ya a la
persona o no. Artículo 101 del Código Penal de 2004, 33
L.P.R.A. sec. 4729.
II.
De todo lo anterior se desprende que un análisis pausado
e integrado de la propia Constitución y de los principios
básicos del funcionamiento de nuestro ordenamiento procesal
criminal revela la forma correcta de fundamentar la solución
a la controversia que presenta este caso. Una vez se reconoce
que la Sec. 10, Art. II protege a todos los ciudadanos contra
intervenciones indebidas por parte del Estado durante lo que
se
conoce
como
intervenciones
autorización
la
sólo
judicial
etapa
pueden
que
da
investigativa,
ser
inicio
y
que
dichas
sancionadas
por
la
a
penal
y
la
acción
activa las protecciones de la Sec. 11, Art. II, la solución
de la controversia ante nos se cristaliza.
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7
Dicho análisis revela que la garantía que protege a los
ciudadanos
de
permanecer
detenidos
preventivamente
más
de
seis meses en espera de juicio por no haber prestado la
fianza, se activa con la determinación de causa probable para
el
arresto.
jurisdicción
Es
en
sobre
ese
una
momento
persona
y
que
el
tribunal
ésta
queda
asume
sujeta
a
un
procedimiento criminal en espera del juicio. Una vez una
persona se encuentra en espera de juicio, se le impondrá una
fianza la cual deberá prestar para quedar en libertad. De no
prestarla
será
ingresado
y
es
entonces
que
comienza
a
transcurrir el término de seis meses. Dicho término no podrá
comenzar a transcurrir antes del inicio de la acción penal,
pues
en
ese
momento
no
se
ha
activado
la
garantía
en
cuestión.
Es nuestro criterio que la Opinión del Tribunal adolece
de un problema fundamental en tanto se enfoca excesivamente
en el significado literal de la frase “detención preventiva”,
sin contextualizarla dentro de la propia Sec. 11, Art. II de
la
Constitución,
protecciones
así
como
constitucionales
dentro
del
marco
y
inicio
de
del
de
la
las
acción
penal. No reconocer el ámbito de aplicación de la Sec. 11,
Art.
II,
en
relación
con
concebir
la
controversia
el
como
de
un
la
Sec.
asunto
10,
Art.
relativo
II,
a
y
las
posibles definiciones de una frase redunda inevitablemente en
un análisis superficial. Tampoco podemos estar de acuerdo con
las Opiniones Disidentes en tanto éstas adolecen del mismo
enfoque
desmesurado
en
la
frase
“detención
preventiva”
o
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aseveran
que
el
derecho.
La
Constitución
normativo
cuyas
entrelazadas.
nuestro
resultado
Un
en
este
debe
entender,
contrario
como
están
dirigido
revela
es
concebirse
dimensiones
análisis
caso
un
a
cuerpo
intrínsecamente
por
prontamente
dicha
visión,
a
los
fundamentos
adecuados para sostener la decisión que se emitió.
De hecho, nuestro criterio coincide con el del Comité
Asesor
Permanente
adscrito
al
de
Reglas
Secretariado
de
de
Procedimiento
la
Conferencia
Criminal,
Judicial
y
Notarial de esta Curia, el cual ha sometido en su propuesta
de
Reglas
de
Procedimiento
Penal
una
norma
que
coincide
precisamente con el resultado en este caso. Dicho comité está
compuesto
por
reconocidos
academia,
abogados
de
miembros
defensa,
de
la
fiscales
judicatura,
la
juristas
con
y
conocimiento amplio sobre los derechos constitucionales que
operan en el ámbito del derecho procesal penal. Las reglas
propuestas, así como los comentarios que las acompañan, se
encuentran
en
este
momento
ante
la
evaluación
de
este
Tribunal.
La Regla 1014(A)(1) propuesta define detención preventiva
como,
“la
imputada
efectiva
de
delito
privación
en
una
de
libertad
institución
de
una
persona
penitenciaria
del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. (Énfasis suplido).
Regla 1014 Propuesta, Proyecto de Reglas de Procedimiento
Penal, diciembre 2008, Sec. Conf. Judicial y Notarial, pág.
139. Por su parte, la Regla 1014(C) dispone que “[e]l plazo
de seis meses comenzará a transcurrir desde el día en que la
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9
persona imputada es arrestada por no prestar la fianza.”
(Énfasis suplido). Íd., pág. 140. Cabe destacar que dicha
regla
también
dispone
que
una
persona
que
estime
que
ha
permanecido encarcelada más de seis meses en espera de juicio
deberá presentar una moción a esos efectos que será resuelta,
luego de la celebración mandatoria de una vista, por el juez
o jueza que presida el proceso penal. Íd., págs. 140-141. Por
lo
tanto,
corpus.
ya
Véase
no
estará
disponible
Comentarios
al
el
recurso
Proyecto
de
de
habeas
Reglas
de
Procedimiento Penal, diciembre 2008, Sec. Conf. Judicial y
Notarial, págs. 810-816.
En
fin,
entendemos
que
una
lectura
del
texto
constitucional, así como la aplicación de nuestro derecho
procesal criminal, indican que el término máximo de seis
meses de detención preventiva comienza a transcurrir una vez
un imputado es ingresado a prisión por no prestar la fianza
impuesta. Por ello, concurrimos con la decisión del Tribunal.
III.
A modo de epílogo, debemos señalar un asunto que nos
preocupa
profundamente.
Secretaria
del
Tribunal
Tras
nos
certificarse
la
remitió
expediente.
el
decisión,
la
Nos
percatamos entonces, para nuestra sorpresa, que en ningún
momento durante el trámite del recurso se expidió el auto de
certiorari.
Esto,
a
nuestro
juicio,
provoca
serias
dudas
sobre la eficacia de la decisión mediante la cual se revocó
la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y se
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10
ordenó la detención inmediata del Sr. Héctor Rafael Ponce
Ayala. Veamos el tracto procesal de este caso ante nos.
El 12 de abril de 2010 el Ministerio Público presentó un
recurso de certiorari y una moción en auxilio de jurisdicción
en
la
que
Tribunal
nos
de
solicitó
que
revocáramos
la
sentencia
del
Apelaciones
que
decretó
excarcelación
de
la
Héctor Rafael Ponce Ayala. Dos días después, ordenamos a
Ponce Ayala que, no más tarde de las cuarenta y ocho horas
siguientes a la notificación de dicha orden, mostrara causa
por la cual no debíamos “expedir el auto de certiorari y
revocar la sentencia objeto de este recurso”. Resolución del
Tribunal de 14 de abril de 2010.
Como es sabido, el Artículo 3.002 de la Ley Núm. 201 de
22 de agosto de 2003, conocida como la Ley de la Judicatura
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, dispone los
asuntos sobre los cuales este Tribunal tendrá competencia.
Entre
éstos
sentencias
se
o
“[m]ediante
encuentran
aquellos
resoluciones
auto
de
del
relacionado
Tribunal
certiorari,
a
de
ser
con
las
Apelaciones
expedido
discrecionalmente…”. (Énfasis suplido). 4 L.P.R.A. sec. 24s.
Por
su
parte,
la
Regla
46
de
nuestro
Reglamento,
4
L.P.R.A. Ap. XXI-A, regula lo relativo a las órdenes para
mostrar causa. Ésta dispone que una vez haya “[e]xpirado el
plazo para contestar, el Tribunal resolverá lo que en derecho
proceda: (1) denegando el recurso; (2) expidiendo el auto
definitivo
y
revocando,
modificando
o
confirmando
sentencia o resolución…”. (Énfasis suplido). Íd.
la
CC-2010-0302
11
Contrario a lo anterior, una vez el señor Ponce Ayala
compareció, se circuló la decisión del caso, se acortaron los
términos reglamentarios para emitir nuestro voto a tenor de
la Regla 5 de nuestro Reglamento, supra, y se certificó la
Sentencia, sin expedir el auto de certiorari como ha sido la
costumbre cuando emitimos una orden de mostrar causa.
Esta inobservancia del procedimiento que siempre se ha
seguido en este Tribunal durante la tramitación de los caso
pone en tela de juicio la validez y eficacia de la decisión
del Tribunal, así como del arresto y encarcelamiento del
señor Ponce Ayala decretados en ésta.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente