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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Ponce Ayala Ex parte

2010 TSPR 73

Poder Judicial de Puerto Rico

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Ponce Ayala Ex parte

CC-2010-302

Derecho Constitucional – Término determinación preventiva

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Rafael Ponce Ayala

Certiorari

2010 TSPR 73

Ex Parte

179 DPR ____

Número del Caso: CC-2010-302

Fecha: 18 de mayo de 2010

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Bayamón y San Juan

Jueza Ponente:

Hon. Aleida Varona Méndez

Oficina de la Procuradora General:

Lcda. María T. Caballero García

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. José E. Arzola Méndez

Materia: Habeas Corpus

Este documento constituye un documento oficial del

Tribunal Supremo

que está sujeto a los cambios y correcciones del pr

oceso de

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del Tribunal.

Su distribución electrónica se hace como un servici

o público a la

comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Rafael Ponce Ayala

Ex Parte

CC-2010-0302

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ

TORRES.

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2010.

En

esta

ocasión,

solicita

la

revocación

Tribunal

de

Apelaciones,

Bayamón.

En

dicha

el

Ministerio

de

una

Región

sentencia,

el

Público

nos

sentencia

del

Judicial

de

foro

apelativo

intermedio decidió que el término constitucional de

detención preventiva antes del juicio comienza a

transcurrir

desde

el

arresto

del

individuo

y

no

desde la vista de causa probable para el arresto en

la

que

se

impuso

fianza.

Por

los

siguientes

fundamentos, revocamos la sentencia recurrida.

Este

recurso

nos

brinda

la

oportunidad

de

decidir cuándo comienza a transcurrir el término

CC-2010-0302

2

provisto en el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de

Puerto

Rico.

preventiva,

Resolvemos

para

efectos

que

el

término

de

esa

norma

de

detención

constitucional,

comienza a partir del momento en que el imputado queda

detenido por no poder prestar la fianza requerida o desde

su revocación. De ordinario, esto ocurre en la vista en

que se determina causa probable para arresto.

I

Por hechos ocurridos el 25 de agosto de 2009, el

Ministerio Público presentó una denuncia contra el Sr.

Héctor

Ponce

Ayala.

En

dicha

denuncia,

el

Ministerio

Fiscal le imputó al señor Ponce Ayala haber asesinado a la

Sra.

Mildred

Pérez

Rodríguez,

con

quien

sostenía

una

relación.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia

encontró

causa

probable para el arresto contra el señor Ponce Ayala el 27

de

agosto

de

2009.

El

foro

primario

determinó

causa

probable para el arresto por violaciones del Art. 106

(asesinato)

Código

Penal

y

al

Art.

204

de

2004,

33

(escalamiento

L.P.R.A.

secs.

agravado)

4734

y

del

4832.

Además, se le imputó la violación del Art. 5.05 de la Ley

de Armas, 25 L.P.R.A. sec. 458d. El Tribunal de Primera

Instancia impuso una fianza de 1,200,000.00, la cual no

fue prestada por el señor Ponce Ayala, por lo que éste fue

ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón.

El juicio fue señalado para el 23 de febrero de 2010.

El 22 de febrero de 2010, el señor Ponce Ayala presentó

CC-2010-0302

3

ante el foro primario una petición de hábeas corpus en la

que adujo que había transcurrido el término de seis meses

que dispone la Constitución de Puerto Rico como máximo

para la detención preventiva antes de juicio. El 23 de

febrero

de

2010,

el

imputado

renunció

a

su

derecho

a

juicio por jurado y se juramentó al primer testigo. El

foro primario señaló para el 25 de febrero de 2010, la

vista para atender el hábeas corpus.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia

decidió

que

el

juicio comenzó el último día del término máximo de 180

días por lo que no procedía el auto de hábeas corpus.

Inconforme con esta determinación, el señor Ponce Ayala

acudió

al

Tribunal

de

Apelaciones

para

cuestionar

el

dictamen del foro primario.

El foro apelativo intermedio revocó al Tribunal de

Primera Instancia y decidió que el término aludido se

encontraba vencido, por lo que procedía la excarcelación

inmediata del señor Ponce Ayala. El Juez Hernández Sánchez

disintió de ese dictamen pues concluyó igual que el foro

primario.

Inconforme

con

esa

determinación,

el

Ministerio

Público acude ante nos. Contamos con la comparecencia de

las

partes,

por

lo

que

procedemos

a

resolver

la

centra

en

transcurrir

el

controversia planteada.

La

controversia

determinar

la

fecha

en

en

este

que

recurso

comenzó

a

se

término de los seis meses que dispone el Art. II, Sec. 11,

CC-2010-0302

4

de la Constitución de Puerto Rico. El señor Ponce Ayala

fue arrestado el 25 de agosto de 2009 y la determinación

de causa probable para el arresto se realizó el 27 de

agosto de 2009. Ya que el juicio comenzó el 23 de febrero

de 2010, la fecha a tomar en consideración para el término

de los seis meses es de vital importancia para resolver el

auto de hábeas corpus.

Si la fecha de inicio es el día del arresto, el

juicio comenzó transcurridos los seis meses que dispone la

Constitución de Puerto Rico como máximo para una detención

preventiva. Por el contrario, si la fecha de inicio es el

día en el que se encontró causa probable para arrestar, el

juicio comenzó dentro del término provisto por la norma

constitucional.

II

La Constitución de Puerto Rico establece en su Art.

II, Sec. 11, que “[t]odo acusado tendrá derecho a quedar

en

libertad

bajo

fianza

antes

de

mediar

fallo

condenatorio. La detención preventiva antes del juicio no

excederá

tiene

el

de

seis

meses”.

propósito

de

Esta

asegurar

cláusula

la

constitucional

comparecencia

del

acusado cuando éste no ha prestado la fianza, y a la vez,

evita que se le castigue excesivamente por un delito que

no ha sido juzgado. Pueblo v. Paonesa Arroyo, res. el 26

de febrero de 2008, 2008 T.S.P.R. 34, 2008 J.T.S. 55, 173

D.P.R. ___ (2008).

CC-2010-0302

5

Esta protección exige que el juicio se inicie dentro

de un término de seis meses desde la detención preventiva

del imputado. Id. El juicio comienza con el juramento

preliminar del jurado en casos por jurado o desde que el

primer testigo presta juramento en casos por tribunal de

derecho. Id. Si el imputado está detenido preventivamente

en exceso de esos seis meses y sin que se haya iniciado el

juicio, deberá ser excarcelado.

Ahora bien, no hemos resuelto de forma directa la

fecha que se toma como punto de partida para computar el

término de seis meses dispuesto por nuestra Constitución.

El Ministerio Público afirma que esa protección abriga al

imputado desde la determinación de causa probable para el

arresto, no antes. Se basa en que, de ordinario, es desde

esa determinación que al imputado se le impone fianza o se

le detiene porque no la puede prestar.

Esta

interpretación

ha

sido

el

entendido

general.

Incluso nuestra propia jurisprudencia así lo refleja. En

Sánchez v. González, Alcaide de Cárcel, 78 D.P.R. 849

(1955), el Juez Asociado señor Negrón Fernández expresó:

La convención obviamente estimó que un

período mayor de detención preventiva en

espera de juicio, en defecto de fianza,

constituía un gravamen sobre el ciudadano

que,

presumiéndose

inocente

hasta

el

momento

de

recaer

convicción,

era

restringido por el Estado –en el ejercicio

de su poder de custodia- en el disfrute de

su

libertad

personal,

con

el

solo

propósito de hacerle comparecer a juicio

en su día.

Id., págs. 856-857 (Op. Concurrente del

Juez Asociado señor Negrón Fernández a la

CC-2010-0302

6

que se unieron el Juez Presidente señor

Snyder

y

Juez

Asociado

señor

Sifre

Dávila). Énfasis nuestro.

De una lectura de la cita anterior se infiere que la

protección está disponible desde que el imputado no puede

prestar fianza, cuestión que ocurre, al menos, tras la

determinación de causa probable para el arresto. Debido a

que la fianza es impuesta por un juez, la no prestación de

la misma requiere la previa intervención de éste. Reglas

de Procedimiento Criminal 6(b), 22(b) y 218, 34 L.P.R.A.

Ap. II R. 6(b), 22(b) y 218. “De no obligarse la persona

arrestada a cumplir las condiciones impuestas, o de no

prestar fianza, ordenará su encarcelación”. Regla 22(b) de

Procedimiento

Criminal,

supra.

Según

nuestras

pasadas

expresiones, esa detención por ausencia de fianza o por su

revocación, inicia la detención preventiva de seis meses a

la que alude nuestra Constitución.

Además, hemos expresado que “[c]uando el imputado no

puede

prestar

la

fianza

que

le

sometido

a

detención

preventiva

anterior

al

juicio.

decir,

espera

de

que

se

Es

celebre

el

fue

impuesta,

durante

permanece

proceso

el

queda

periodo

sumariado

criminal

en

en

su

contra”. Pueblo v. Paonesa Arroyo, supra, pág. 3. Esa

protección

constitucional

persigue

asegurar

la

comparecencia “cuando éste no ha prestado fianza”. Ibíd.

De

acuerdo

preventiva

ocurre

con

estas

“cuando

expresiones,

[el

acusado]

no

la

ha

detención

prestado

fianza”. Id. Es evidente que eso sólo puede ocurrir, al

CC-2010-0302

7

menos, con la intervención de un juez en la vista para

determinar causa probable para el arresto, no antes. Regla

6 de Procedimiento Criminal, supra.

Bajo

ese

supuesto,

la

detención

preventiva

que

dispone el Art. II, Sec. 11, de la Constitución es aquella

que

priva

de

libertad

a

un

imputado

después

de

la

determinación de causa probable para su arresto. Esto es,

la detención que puede ocurrir antes no debe considerarse

como

una

detención

preventiva

para

efectos

de

esa

protección constitucional, pues no está relacionada con la

imposición de la fianza.

De igual forma, nuestra jurisprudencia más reciente

ha entendido que el término aludido comienza a contar

desde

que

el

imputado

no

presta

la

fianza

requerida.

Véanse, Pueblo v. Pagán Medina, (en reconsideración) res.

el 9 de febrero de 2010, 2010 T.S.P.R. 16, pág. 1, 2010

J.T.S. 25, pág. 1101, 178 D.P.R. __ (2010); Pueblo v.

Pagán Medina, res. el 18 de febrero de 2009, 2009 T.S.P.R.

31,

pág.

1,

2009

J.T.S.

34,

pág.

530,

175

D.P.R.

__

(2009). En esos casos, manifestamos que el imputado “no

prestó

la

fianza

y

permaneció

detenido

preventivamente

desde entonces”. Ibíd.

Debido a que en esos casos no tuvimos ante nuestra

consideración directa la cuestión sobre el momento en que

comienza a contar la protección constitucional aludida, es

menester auscultar ahora la intención de la Convención

Constituyente. Esta protección no tiene equivalente en la

CC-2010-0302

8

Constitución de los Estados Unidos. E.L. Chiesa Aponte,

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,

1ra ed., Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. II, Sec. 17.2,

pág. 461.

Las

garantías

constitucionales

consagradas

en

la

Carta Magna local persiguen asegurar un proceso criminal

justo, rápido y equitativo. Al respecto, el delegado Jaime

Benítez afirmó:

Aquí, en estas garantías consignadas,

están

las

protecciones

necesarias

al

ciudadano

para

que

pueda,

frente

a

cualquier situación, frente a cualquier

problema, sentirse protegido en toda la

amplitud del derecho procesal.

Diario de Sesiones de la Convención

Puerto Rico, Ed. 1961, pág. 1105.

de

Ese término de seis meses es de vital importancia

pues

la

Convención

Constituyente,

tras

rechazar

una

enmienda para establecer un plazo menor, concluyó que ese

término

persigue

que

no

se

ponga

en

riesgo

la

administración de la justicia. El delegado Reyes Delgado

expresó

sobre

el

término

de

seis

meses:

“¿Se

pone

en

peligro la administración de la justicia? No. ¿Puede darse

un

término

más

corto

sin

poner

en

peligro

la

administración de la justicia criminal? No”. Id., pág.

1595. Además, éste delegado expresó que “si se rebajaran a

menos de seis meses, estaríamos poniendo en peligro el

principio total y entorpeciendo la administración de la

justicia”. Id., pág. 1596.

CC-2010-0302

Del

debate

9

de

la

Convención

Constituyente

se

desprenden las siguientes expresiones que transcribimos

por

ser

esenciales

para

resolver

la

controversia

aquí

planteada. De un análisis de las mismas se debe concluir

que la protección aludida ampara al imputado desde que

éste no puede prestar la fianza impuesta.

Señor Gelpí:

Actualmente

los

fiscales

tienen

la

obligación de formular acusación contra

cualquier delincuente dentro de los 60 días

de haber prestado fianza o haber detenido al

acusado y actualmente con esta enmienda de

la carta de derecho se les está dando a los

fiscales un plazo de seis meses para poder

ellos radicar las acusaciones.

...

Mediante esta enmienda de (sic) que se crea

por medio de la carta de derechos, se le da

a los fiscales una laxitud de seis meses

para

tener

a

una

persona

en

prisión

preventiva, es decir, antes de formular la

acusación.

Diario de Sesiones, op

1594. (Énfasis suplido.)

cit.,

págs.

1593-

El delegado, señor Alvarado, le aclaró al delegado,

señor Gelpí, que el término de seis meses no era para

formular la acusación sino para celebrar el juicio:

Al redactarse esta medida se tuvo en cuenta

–como la está teniendo el compañero Gelpíla

legislación

vigente.

La

legislación

vigente concede al fiscal 60 días para

radicar la acusación. Y entonces dispone que

el juicio debe celebrarse dentro de 120 días

después de radicada la acusación. Y en total

establece un término de 180 días desde el

(sic) que el acusado es detenido para

responder, hasta que se somete a juicio, 180

días, que son los seis meses que hemos

venido consignando.

CC-2010-0302

10

Diario de Sesiones, op

1595. (Énfasis suplido.)

cit.,

págs.

1594-

Luego, el señor Benítez afirmó categóricamente que el

término de seis meses comienza desde que el acusado fue

enviado a prisión porque no prestó fianza:

Precisamente quedó aclarado, señor Soto, al

indicarse esta cláusula, “antes del juicio”,

que se establecía a los fines de dejar

explícito el hecho de que la protección que

aquí se quería establecer era la protección

para la persona que aún no había sido

juzgada y que sin haber sido juzgada en la

actualidad a veces ocurría que estaba por

más de seis meses en la cárcel, porque no

había podido prestar fianza o porque no se

le había celebrado juicio...

Diario de Sesiones,

(Énfasis suplido.)

Estas

expresiones

op

cit.,

reflejan

dos

pág.

1597.

premisas

que

son

concluyentes para resolver nuestra controversia. Primero,

que el término de seis meses es aquél que el Ministerio

Público

tiene

para

comenzar

el

juicio.

Ese

proceso

comienza con la determinación de causa probable para el

arresto. Segundo, la protección se crea para amparar al

imputado

que

“no

[pueda]

prestar

fianza”

y

que

desde

entonces, es detenido preventivamente para efectos de la

protección constitucional. Id., pág. 1597.

Por

lo

constitucional

comienza

a

tanto,

de

contar

resolvemos

detención

desde

que

preventiva

que

el

el

de

imputado

término

seis

es

meses

detenido

preventivamente por no poder prestar la fianza requerida o

por

su

revocación,

cuestión

que

ocurre

tras

la

intervención del juez imponiendo la fianza o revocándola.

CC-2010-0302

11

Como expresamos antes, la Constitución de Puerto Rico

en su Art. II, Sec. 11, establece que “[t]odo acusado

tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de

mediar fallo condenatorio. La detención preventiva antes

del juicio no excederá de seis meses”. El derecho contra

detenciones

preventivas

por

directamente

atado

derecho

al

más

de

a

seis

fianza

meses

y

está

ambos

se

complementan. Si el imputado no puede prestar la fianza

impuesta, queda protegido por la disposición de detención

preventiva. Por consiguiente, la detención provocada por

la ausencia de fianza, o por su revocación, es la que

activa el término aludido.

No

tendría

sentido

decir

que

el

imputado

está

detenido preventivamente bajo el Art. II, Sec. 11 de la

Constitución antes de que se fije fianza. La detención

preventiva

a

la

que

se

refiere

esa

disposición

de

la

Constitución se da cuando el imputado de delito no presta

fianza. Es imposible concluir que el imputado no prestó

fianza si ésta no se ha fijado todavía. Por definición, y

en estricta lógica, no es hasta que se fija la fianza y se

encarcela al imputado por no prestarla, que podemos hablar

propiamente de la detención preventiva a la que se refiere

el Art. II, Sec. 11 de la Constitución. La detención del

imputado antes de ese evento procesal no está cubierta por

el término de seis meses del Art. II, Sec. 11, sino por la

garantía constitucional a un debido procedimiento de ley.

Const. P.R., Art. II, Sec. 7.

CC-2010-0302

12

Recordemos que el individuo que es arrestado, con o

sin

orden,

dilaciones

cuenta

con

una

innecesarias

protección

antes

de

esa

para

vista

evitar

ante

un

magistrado. Regla 22(a) de Procedimiento Criminal, supra.

Véase además, Chiesa Aponte, op cit., Vol. III, Sec. 21.5,

págs. 36-38. En el caso de que no haya orden, la vista de

causa probable para arrestar convalida el arresto. Pueblo

v. Aponte, 167 D.P.R. 578 (2006). Cuando el arresto se

produce con orden, el propósito de la vista es informar al

arrestado de los cargos en su contra y de sus derechos.

Id. Esta prohibición de demora excesiva para llevar a una

persona arrestada ante un magistrado es requerida por el

debido proceso de ley. Id.; O.E. Resumil de Sanfilippo,

Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Penal,

Orford, N.H., Equity Publishing Company, 1990, Sec. 7.23,

pág. 199.

Por

eso,

existe

una

protección

independiente

y

separada al término de detención preventiva de seis meses

para

asegurar

llevado

ante

los

un

derechos

del

magistrado.

imputado

Véanse,

antes

Pueblo

v.

de

ser

Aponte,

supra; County of Riverside v. McLaughlin, 500 U.S. 44

(1991).

Sin

embargo,

irrazonables

constitucional

no

esta

puede

contra

protección

confundirse

la

detención

contra

con

la

dilaciones

protección

preventiva

de

seis

meses de la Constitución de Puerto Rico. La protección

constitucional contra la detención preventiva de más de

seis meses es una “protección específica adicional” que es

CC-2010-0302

13

“independiente de las garantías de juicio rápido” para “el

acusado

que

se

halla

encarcelado

en

espera

de

la

celebración del juicio”. Chiesa Aponte, op cit., Vol. II,

Sec. 12.1, pág. 118.

El arresto es la acción física de poner al arrestado

bajo

custodia

mediante

la

restricción

efectiva

de

su

libertad y existe una detención “post arresto” que cubre

un

“breve

período

mientras

se

llevan

a

cabo

los

procedimientos administrativos ordinarios incidentales al

arresto”. Resumil de Sanfilippo, op cit., Sec. 7.23, pág.

197.

En

cambio,

preventivas

de

la

más

protección

de

seis

contra

meses

detenciones

comienza

con

la

privación de libertad que ocurre cuando el imputado no

puede prestar la fianza requerida o por su revocación.

Antes de eso, el imputado cuenta con la protección contra

dilaciones innecesarias que impone la garantía al debido

proceso de ley. Esa protección es separada e independiente

del término de seis meses de detención preventiva, aunque

ambas persiguen garantizar el procesamiento judicial de un

ciudadano de manera tal que el juicio sea rápido y justo.

III

En el caso que nos ocupa, el imputado fue arrestado

el 25 de agosto de 2009 y no fue hasta el 27 de agosto,

dos días después, que se determinó causa probable para su

arresto y fue encarcelado tras no poder prestar la fianza

impuesta. El juicio contra el señor Ponce Ayala comenzó el

CC-2010-0302

14

23 de febrero de 2010, fecha en que se juramentó al primer

testigo. Debido a esto, debemos concluir que no se violó

la disposición de detención preventiva. El juicio comenzó

dentro de los 180 días (seis meses) que dispone nuestra

Constitución

para

proteger

al

imputado

que

no

puede

prestar fianza y es detenido preventivamente en espera de

juicio. Es desde el 27 de agosto de 2009 que el término

aludido comenzó a contar, pues desde esa fecha fue que el

imputado quedó detenido en virtud de la imposición de

fianza.

La

probable

detención

para

previa

arresto

a

del

la

determinación

señor

Ponce

Ayala

de

causa

no

debe

contarse como parte del término de detención preventiva de

seis meses. Esa detención previa está sujeta a la garantía

constitucional a un debido proceso de ley y no al límite

para la detención preventiva dispuesta en el Art. II, Sec.

10 de la Constitución. Esta última disposición protege a

un imputado que ha sido detenido preventivamente por no

haber podido prestar fianza o porque le fue revocada.

Ante esto, es forzoso concluir que la detención no

excedió el término establecido por el Art. II, Sec. 10 de

la Constitución de Puerto Rico. Por lo tanto, no procede

el auto de hábeas corpus ya que la detención del señor

Ponce

Ayala

no

fue

ilegal.

Constitución

de

Puerto

Rico;

Art.

II,

Sec.

13

de

la

Art.

469

del

Código

de

Enjuiciamiento Criminal, 34 L.P.R.A. sec. 1741.

CC-2010-0302

15

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la

sentencia

recurrida,

Apelaciones,

Región

emitida

Judicial

de

por

el

Bayamón.

Tribunal

de

Se

la

revoca

expedición del auto de hábeas corpus presentado por el

Sr. Héctor Rafael Ponce Ayala. En su lugar, se ordena la

detención

inmediata

del

recurrido

Ponce

Ayala.

Se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala

de Bayamón, para la continuación de los procedimientos de

forma compatible con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Rafael L. Martínez Torres

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Rafael Ponce Ayala

Ex Parte

CC-2010-302

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2010.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte

integrante de la presente Sentencia, se revoca la

sentencia recurrida emitida por el Tribunal de

Apelaciones, Región Judicial de Bayamón. Se revoca

la expedición del auto de hábeas corpus presentado

por el

Sr. Héctor Rafael Ponce Ayala. En su

lugar, se ordena la detención inmediata del

recurrido Ponce Ayala. Se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón,

para la continuación de los procedimientos de forma

compatible con lo aquí resuelto.

Publíquese y notifíquese de inmediato.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la

Secretaria

del

Tribunal

Supremo.

El

Juez

Presidente señor Hernández Denton concurre con el

resultado y, en vista de que se acortaron los

términos para certificar la decisión emitida por el

Tribunal al amparo de la Regla 5(b) del Reglamento

del Tribunal, 4 L.P.R.A. XXI-A, se reserva el

derecho a expresarse mediante una opinión escrita

según lo dispuesto en dicha regla. La Jueza

Asociada señora Fiol Matta y la Juez Asociada

señora Rodríguez Rodríguez disienten con opinión

escrita.

Aida I. Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Héctor Rafael Ponce Ayala

Certiorari

Ex Parte

CC-2010-302

Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta

a la cual se une la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2010.

[E]ntre

los

derechos

y

libertades

fundamentales del ser humano el que, de

siempre, más ha sufrido los embates de la

actividad represiva cuando no francamente

autoritaria de los órganos del Estado, es el

de la libertad personal, cuya privación

constituye una de las más graves irrupciones

en la esfera de los derechos humanos del

individuo, ya que la misma va seguida, casi

irremisiblemente,

de

la

privación

o

1

limitación de muchos otros derechos.

Disiento

enérgicamente

de

la

Opinión

del

Tribunal porque entiendo que el término de detención

preventiva

antes

del

juicio,

establecido

en

la

Sección 11 del Artículo II de la Constitución de

____________________

1

J. Rodríguez y Rodríguez, La detención preventiva y

los derechos humanos en derecho comparado, México,

Universidad Nacional Autónoma de México, 1981, pág.

5.

CC-2010-0302

Puerto

2

Rico,

aprehensión

comienza

del

a

transcurrir

individuo

y

no

desde

desde

el

que

arresto

el

o

imputado

permanece detenido por no prestar fianza.2

La

decisión

limitativo

de

la

de

contar

detención

el

término

preventiva

constitucional

a

partir

de

la

fijación de la fianza es contraria al propósito de la Carta

de Derechos de nuestra Constitución, que es proteger a los

ciudadanos frente al Estado.

Por eso, en el ejercicio de

su función adjudicadora y como último intérprete de nuestra

Ley Suprema, este Tribunal tiene la obligación de sustentar

sobre

bases

derechos

sólidas

aquellas

constitucionales

de

decisiones

las

que

personas.

limiten

Al

los

intentar

fundamentar su determinación en algunas porciones de los

Diarios

de

la

Convención

Constituyente,

sin

considerar

otras, y en jurisprudencia de este Tribunal que no lleva a

la conclusión postulada, la opinión mayoritaria no cumple

con esta obligación.

mayoría

son

Veamos por qué los fundamentos de la

insuficientes

para

coartar

el

derecho

constitucional que hoy nos ocupa que, a fin de cuenta,

“engendra, por motivos superiores de política pública, una

garantía inmediata de libertad”.3

2

Este precepto específicamente dispone que “[l]a detención

preventiva antes del juicio no excederá de seis meses”.

Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo I, ed.

2008, pág. 344.

3

Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849

concurrente del Juez Negrón Fernández).

(1955)

(Opinión

CC-2010-302

3

La opinión del Tribunal utiliza ciertas citas de los

debates en la Convención Constituyente, para apuntalar su

interpretación

de

la

detención preventiva.

debates

que

cláusula

constitucional

sobre

Los primeros tres párrafos sobre los

transcribe

la

mayoría

se

refieren

a

la

discusión de una propuesta que hizo el Sr. José Rosario

Gelpí para acortar el término de detención preventiva de

seis a dos meses.4

En el último de dichos párrafos la

opinión hace énfasis en la frase “porque no había podido

prestar fianza”, pero no analiza la continuación de ese

texto que también cita: “o porque no se le había celebrado

juicio”.5

Es perfectamente lógico que en los debates de los

constituyentes

se

hiciera

referencia

a

la

fianza

discutirse la cláusula sobre detención preventiva.

de

todo,

en

la

medida

en

que

no

extenderá

la

detención

que

comienza

se

preste

con

el

al

Después

fianza

se

arresto

del

imputado, es decir, si el imputado no ejerce su derecho

constitucional a prestar fianza, no comenzará su detención

sino que continuará detenido.

Así, ambas medidas están

dirigidas a asegurar la comparecencia del acusado al juicio

y, más importante aun, a permitirle el ejercicio de su

libertad, limitando la facultad del Estado para coartar esa

libertad en espera del juicio.

4

Véase la página 9 de la Opinión Mayoritaria; 3 Diario de

Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 1596

(1952).

5

Véase la página 10 de la Opinión Mayoritaria.

CC-2010-302

4

Llama la atención que la opinión mayoritaria no hace

referencia

al

único

párrafo

del

Informe

Comisión

de

Carta

de

Derechos

de

final

la

de

la

Convención

Constituyente que se refiere a la detención preventiva.

En

éste se precisa la naturaleza y el propósito del derecho a

no permanecer detenido preventivamente por un término mayor

a seis meses.

propósito

Concretamente, el Informe explica que el

de

la

disposición

es,

simple

y

llanamente

“impedir que se pueda encarcelar a una persona por más de

seis meses sin celebrarle juicio”.6

Las discusiones entre los miembros de la Convención

Constituyente revelan que, distinto a la mayoría de este

Tribunal, éstos no distinguían entre la detención antes de

fijarse la fianza y la continuación de la detención si ésta

no

se

prestaba.

constituyente

delegado

Sr.

Gelpí

en

Lo

vemos

Héctor

cuanto

en

González

al

la

explicación

Blanes,

término

de

del

dirigida

seis

al

meses

propuesto: “Lo que se quiere evitar con esta disposición es

que un individuo esté preventivamente detenido por tiempo

6

4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de

Puerto Rico 2571 (1951).

Es menester señalar que la

disposición

constitucional

que

limita

la

detención

preventiva en espera de juicio a seis meses no tenía

precedente en la Ley Orgánica, en la Constitución de

Estados Unidos ni en los anteproyectos de las delegaciones,

sino que fue recomendada por primera vez por la Comisión de

la

Carta

de

Derechos.

J.

Trías

Monge,

Historia

Constitucional de Puerto Rico, San Juan, Editorial de la

Universidad de Puerto Rico, 1982, Vol. III, pág. 196. Por

ello, no podemos recurrir a dichas fuentes para indagar en

sus características.

CC-2010-302

5

ilimitado… [Por el contrario,] el acusado tiene derecho a

que se le celebre juicio no más tarde de 6 meses cuando

está preso”.7

Esta condición de “estar preso” no sucede al

no prestarse la fianza sino que está presente desde que la

persona arrestada está bajo la custodia y control efectivo

del

Estado.

Después

de

todo,

“encarcelar”,

según

los

diccionarios de la lengua española quiere decir “meter a

alguien en la cárcel” y la “cárcel” es un “local destinado

a la reclusión de presos”.8

Ciertamente, no existe una

diferencia entre estar encerrado entre tres paredes y unos

barrotes en un cuartel de la policía o estar bajo esas

mismas circunstancias en una institución penitenciaria.

En

ninguna de estas dos situaciones el imputado tiene libertad

para

salir

del

encierro

a

la

libre

comunidad.

Los

constituyentes tenían muy claro que “estar preso” previo al

juicio y estar detenido en espera de juicio es lo mismo,

pues el efecto real es que la libertad de la persona está

restringida hasta que se le procese o salga bajo fianza.

La opinión mayoritaria deduce, de las expresiones de

los

delegados

Gelpí,

Alvarado

y

González

Blanes,

dos

“premisas”, una impertinente y otra errónea, que considera

7

3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de

Puerto Rico 1596 (1952).

8

Véase: http://www.rae.es (última visita 13 de mayo de

2010).

CC-2010-302

6

“esenciales”

y

“concluyentes”

en

apoyo

proceso

para

de

su

interpretación.9

Primeramente,

el

que

el

enjuiciar

comience con la determinación de causa probable para el

arresto, según expone la opinión, no es pertinente a la

controversia que nos plantea este caso, que es determinar

cuándo comienza el período de detención preventiva.

surge de los debates,

Según

el término de seis meses adaptado en

la Constitución para celebrar el juicio es el resultado de

la

suma

acusación,

del

periodo

que

disponía

de

60

el

días

para

presentar

una

artículo

448

del

de

Código

Enjuiciamiento Criminal de 1902, y del término de 120 días

para

someter

al

imputado

a

juicio,

a

contar

desde

la

presentación de la acusación, también regulada por dicho

Código.10

De hecho, este mismo precepto de Juicio Rápido

disponía que el término para acusar comenzaba a contarse

desde la detención del sospechoso.11

Además, históricamente

se ha interpretado que la detención del sospechoso, para

propósitos de esta disposición, ocurre desde que éste está

9

Véase la página 10 de la Opinión Mayoritaria.

10

3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de

Puerto Rico 1594-1595 (1952).

11

Artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal de

1902, Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, San

Juan, Boletín Mercantil, 1902, pág. 788-789. La definición

del vocablo detención, según el Diccionario de la Real

Academia Española, es “privación provisional de libertad,

ordenada

por

una

autoridad

competente”.

Véase:

http://www.rae.es (última visita 12 de mayo de 2010).

CC-2010-302

sujeto

al

7

proceso,

es

decir,

desde

que

es

detenido

físicamente o desde que un magistrado determina que debe

responder ante la ley por la comisión de un delito.12

Es

cierto que la figura jurídica de juicio rápido es distinta

a

la

detención

propósito

preventiva,

similar

y

los

sin

embargo

ambas

constituyentes

tienen

un

utilizaron

la

regulación vigente de la primera para calcular el período

de la segunda.13

En cuanto al propósito de la limitación constitucional

de la detención preventiva, no es cierto que de los Diarios

de

la

Convención

propósito

sea

el

Constituyente

de

“amparar

al

se

desprenda

imputado

que

que

ese

no

pueda

prestar fianza”, según expone la opinión mayoritaria.14

El

propósito de la cláusula sobre detención preventiva es, por

un lado, asegurar la presencia del acusado en el juicio y,

por el otro, no castigarlo anticipadamente por un delito

12

Véase: Martínez Avilés v. Tribunal Superior, 81 D.P.R.

945 (1960); Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R, 455

(1959).

13

A estos efectos, véase las expresiones del delegado Reyes

Delgado:

Y a eso es a lo que vamos nosotros encaminando

este precepto: que se usen los seis meses de que

la legislación local ha tenido a bien proveer al

ministerio público para que se haga efectiva la

maquinaria del pueblo en la administración de la

justicia penal. 3 Diario de Sesiones de la

Convención Constituyente de Puerto Rico 1595

(1952).

14

Véase la página 10 de la Opinión Mayoritaria.

CC-2010-302

que

no

8

ha

sido

probado.

constitucional de fianza es

En

segundo

mayoritaria

en

El

objetivo

del

similar.

lugar,

los

casos

apoyo

a

su

que

cita

se

resolvió

que

un

la

determinación

controversias distintas a la de este caso.15

González

mecanismo

acusado

no

Opinión

resuelven

En Sánchez v.

renuncia

a

su

derecho a salir en libertad una vez transcurrido el periodo

de seis meses sin haberse celebrado el juicio, aunque haya

presentado una solicitud de posposición de juicio.16

Más

recientemente, en Pueblo v. Paonesa Arroyo aclaramos que

para evitar la excarcelación del acusado al amparo de la

cláusula

de

detención

preventiva

es

suficiente

que

el

juicio comience antes de que se cumplan los seis meses de

detención preventiva.17

En este caso, también acogimos la

norma

cláusula

vigente

sobre

la

de

doble

exposición

y

determinamos que a los efectos de la cláusula de detención

preventiva

el

juicio

debe

entenderse

comenzado

15

con

la

Incluso, en esas decisiones hicimos expresiones que

pudieran interpretarse a los efectos de que el término de

detención preventiva comienza a transcurrir desde el

arresto del acusado.

Por ejemplo, en Pueblo v. Paonesa,

2008 T.S.P.R. 34, tras reconocer que el derecho a juicio

rápido y la cláusula sobre detención preventiva no protegen

el mismo bien, indicamos que ambas disposiciones tienen el

propósito común de agilizar los procedimientos.

En ese

contexto afirmamos que “la cláusula de detención preventiva

evita que la encarcelación del acusado antes del comienzo

del juicio exceda de seis meses, en cierto modo obligando

al Estado a enjuiciar al acusado lo más pronto posible”.

Íd.

16

Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849 (1955).

17

Pueblo v. Paonesa Arroyo, supra.

CC-2010-302

9

juramentación preliminar del jurado bajo la Regla 119 de

Procedimiento Criminal o, si el juicio es por tribunal de

derecho, cuando el primer testigo preste juramento.18

Por

último, en Pueblo v. Pagán Medina resolvimos que cuando se

ordena

la

reclusión

acusado

de

delito

Procedimiento

término

de

para

no

procesable

Criminal

detención

determinación

tratamiento

judicial

no

se

un

la

Regla

bajo

contará,

preventiva,

de

de

el

incapacidad

imputado

240

o

de

como

parte

del

tiempo

entre

la

y

el

alta

de

la

institución hospitalaria.19

Por último, la opinión mayoritaria alude al derecho

del acusado a

arresto,

sin

ser llevado ante un magistrado luego del

dilaciones

innecesarias,

aparentemente

para

demostrar que no es necesario interpretar estrictamente el

límite constitucional de detención preventiva.20

Por el

contrario, la lesión a un derecho tan fundamental como el

de la libertad no puede subsanarse, porque otras garantías

constitucionales,

como

el

derecho

a

ser

llevado

sin

dilación ante un magistrado luego del arresto, también lo

18

Véase: Pueblo v. Paonesa Arroyo, supra; D. NevaresMuñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño,

8va ed., San Juan, Instituto para el desarrollo del

derecho, 2007, pág. 138.

19

Pueblo v. Pagán Medina, 2010 T.S.P.R. 16, dictada en

reconsideración. En Pueblo v. Pagán Medina, 2009 T.S.P.R.

31, habíamos resuelto que sólo se podía excluir del computo

del término máximo de detención preventiva el periodo

durante el cual el detenido estuvo en una institución

adecuada para su tratamiento.

20

Véase la página 12 de la Opinión Mayoritaria.

CC-2010-302

10

protejan.

Más bien, el cuidado con que la Constitución y

las

de

Reglas

Procedimiento

Criminal

regulan

el

periodo

anterior a la celebración del juicio es un claro indicio de

la

intención

de

brindar

al

imputado,

particularmente

al

imputado detenido, las mayores garantías posibles.21

Los derechos del acusado recogidos en la sección 11 de

la Carta de Derechos de nuestra Constitución, entre los

cuales

está

el

derecho

a

juicio

rápido,

a

quedar

en

libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio

y a que la detención preventiva antes del juicio no exceda

de seis meses, están entrelazados y su razón de ser es el

principio constitucional de la presunción de inocencia.22

Recientemente reafirmamos ese principio y reconocimos que:

“Ello es así toda vez que sería un contrasentido mantener

encarcelada a una persona que se considera inocente, cuya

culpabilidad corresponde al Ministerio Público probar, y

que eventualmente puede ser exonerada”.23

21

A

modo

de

ejemplo,

encontramos

la

protección

constitucional de juicio rápido, que está regulada por la

Regla 64(n) de Procedimiento Criminal que, a su vez,

dispone de unos términos específicos. Véase la Regla 64(n)

de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. Ap.

II, R. 64(n).

22

Pueblo v. Pagán Medina, 2009 T.S.P.R. 31; Pueblo v. Colón

Rodríguez, 161 D.P.R. 254, 259 (2004).

23

Pueblo v. Colón Rodríguez, supra;

Hernández, 158 D.P.R. 388, 394 (2003).

Pueblo

v.

Martínez

Ahora bien, al escoger el término de seis meses como

límite a la detención preventiva nuestra Constitución

equilibra cuidadosamente y con gran sensatez, la presunción

de inocencia con la preservación de la efectividad del

(continúa...)

CC-2010-302

La

11

detención

preventiva

ha

sido

entendida

en

las

legislaciones vigentes como sigue:

[E]s una medida que implica el encarcelamiento de

una persona en tanto se decide sobre el mérito de

la acción emprendida en su contra; por regla

general, salvo la excepción unánime tratándose de

casos de flagrante delito y en algunos países

tratándose también de casos de urgencia, su

imposición está condicionada a la existencia de

una orden o mandato judicial…24

En

particular,

la

cláusula

de

detención

preventiva

de

nuestra Constitución pretende “evitar que a una persona a

quien ampara una presunción de inocencia sea restringida

por el Estado en el ejercicio de su poder de custodia con

el único propósito de hacerle comparecer a juicio”.25

Se

trata,

una

como

toda

nuestra

Carta

de

Derechos,

de

salvaguarda para el ciudadano, frente al poder del Estado,

para protegerle contra posibles excesos de autoridad.26

De

esa forma, la disposición sobre detención preventiva evita

que la restricción de la libertad, “se convierta en un

castigo anticipado por un delito no juzgado”.27

como

expresó

el

Juez

Negrón

Fernández

en

En fin,

Sánchez

v.

proceso penal y la necesidad de impedir que el delincuente

se fugue, continúe con la actividad delictiva o falsee las

pruebas.

24

J. Rodríguez y Rodríguez, op. cit., pág. 14.

25

O.E. Resumil, Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed.

Butterworth, 1993, T. 2, sec. 25.4(a), pág. 248, citando a

Sánchez v González, supra.

26

Pueblo v. Pagán Medina, 2010 T.S.P.R. 16.

27

Íd; O.E. Resumil, op. cit.

CC-2010-302

González,

12

los

miembros

de

la

Convención

Constituyente

entendieron

preferible rendir la custodia de un acusado

después de ese período, antes de hacer vulnerable

la integridad de su derecho a la presunción de

inocencia- que también consagraba en la propia

Constitución- si dejaba ilimitado el ejercicio de

ese poder de custodia por la mera utilidad de que

el Estado le tuviera disponible para llevarle al

tribunal.28

En

término

vista

de

de

lo

discutido,

es

mi

criterio

detención

preventiva

comienza

a

que

el

transcurrir

desde el arresto del individuo y no desde que permanece

detenido por no prestar fianza.

ejercicio

del

prestar

fianza,

constitucional

derecho,

y

Al hacerlo depender del

igualmente

la

mayoría

le

resta

constitucional,

lacera

valor

a

esta

la

protección

presunción

inocencia, piedra angular de nuestro sistema.

Liana Fiol Matta

Jueza Asociada

Sánchez v. González, supra, pág. 857.

de

En vista de

ello, no tengo otra opción que disentir.

28

a

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Ex Parte

Héctor Rafael Ponce Ayala

CC-2010-302

Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2010

La

interpretación

que

una

mayoría

de

este

Tribunal anuncia de la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, restringe los derechos de los

ciudadanos al trastocar una de las garantías de su

Carta

de

Derechos.

En

esta

ocasión

se

reduce

el

alcance del Art. II, sec. 11 de la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los límites al

término de detención preventiva allí dispuesto.

El derecho a la libertad individual ha sufrido,

de siempre, los mayores embates de las actuaciones

CC-2010-302

2

represivas de los órganos del Estado. Consustancial a la

privación de la libertad personal, está la privación del

ejercicio pleno de innumerables derechos.

Las protecciones

jurídicas que amparan a toda persona sometida a detención

por

autoridades

del

Estado

se

encuentran

íntimamente

vinculadas a la protección misma de los derechos humanos y

fundamentales del individuo.

Cualquier limitación impuesta

sobre tales protecciones a la libertad individual merece

pues un examen riguroso, máxime cuando se trata de una

garantía de jerarquía constitucional.

La

prisión

preventiva

priva

de

la

libertad

a

persona que según el derecho se presume inocente.

una

Eso lo

comprendieron a cabalidad quienes imaginaron e hicieron

realidad nuestra Carta de Derechos, incorporando como una

protección

para

los

ciudadanos

un

límite

al

término

durante el cual el Estado puede privar preventivamente a

un individuo de su libertad.

Hoy, lamentablemente, una mayoría del Tribunal fuerza

una

interpretación

contraria

a

restrictiva,

derecho,

del

pero

término

más

grave

dispuesto

aún

en

la

Constitución, cuyo efecto real es, a fin de cuentas, una

sociedad menos libre.

Los

derechos

son

conquistas

de

libertad.

No

avalar con mi voto su asedio, disiento.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

puedo