Tribunal Supremo de Puerto Rico
Ponce Ayala Ex parte
2010 TSPR 73
Poder Judicial de Puerto Rico
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Ponce Ayala Ex parte
CC-2010-302
Derecho Constitucional – Término determinación preventiva
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Rafael Ponce Ayala
Certiorari
2010 TSPR 73
Ex Parte
179 DPR ____
Número del Caso: CC-2010-302
Fecha: 18 de mayo de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Bayamón y San Juan
Jueza Ponente:
Hon. Aleida Varona Méndez
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. María T. Caballero García
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. José E. Arzola Méndez
Materia: Habeas Corpus
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Rafael Ponce Ayala
Ex Parte
CC-2010-0302
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ
TORRES.
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2010.
En
esta
ocasión,
solicita
la
revocación
Tribunal
de
Apelaciones,
Bayamón.
En
dicha
el
Ministerio
de
una
Región
sentencia,
el
Público
nos
sentencia
del
Judicial
de
foro
apelativo
intermedio decidió que el término constitucional de
detención preventiva antes del juicio comienza a
transcurrir
desde
el
arresto
del
individuo
y
no
desde la vista de causa probable para el arresto en
la
que
se
impuso
fianza.
Por
los
siguientes
fundamentos, revocamos la sentencia recurrida.
Este
recurso
nos
brinda
la
oportunidad
de
decidir cuándo comienza a transcurrir el término
CC-2010-0302
2
provisto en el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de
Puerto
Rico.
preventiva,
Resolvemos
para
efectos
que
el
término
de
esa
norma
de
detención
constitucional,
comienza a partir del momento en que el imputado queda
detenido por no poder prestar la fianza requerida o desde
su revocación. De ordinario, esto ocurre en la vista en
que se determina causa probable para arresto.
I
Por hechos ocurridos el 25 de agosto de 2009, el
Ministerio Público presentó una denuncia contra el Sr.
Héctor
Ponce
Ayala.
En
dicha
denuncia,
el
Ministerio
Fiscal le imputó al señor Ponce Ayala haber asesinado a la
Sra.
Mildred
Pérez
Rodríguez,
con
quien
sostenía
una
relación.
El
Tribunal
de
Primera
Instancia
encontró
causa
probable para el arresto contra el señor Ponce Ayala el 27
de
agosto
de
2009.
El
foro
primario
determinó
causa
probable para el arresto por violaciones del Art. 106
(asesinato)
Código
Penal
y
al
Art.
204
de
2004,
33
(escalamiento
L.P.R.A.
secs.
agravado)
4734
y
del
4832.
Además, se le imputó la violación del Art. 5.05 de la Ley
de Armas, 25 L.P.R.A. sec. 458d. El Tribunal de Primera
Instancia impuso una fianza de 1,200,000.00, la cual no
fue prestada por el señor Ponce Ayala, por lo que éste fue
ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón.
El juicio fue señalado para el 23 de febrero de 2010.
El 22 de febrero de 2010, el señor Ponce Ayala presentó
CC-2010-0302
3
ante el foro primario una petición de hábeas corpus en la
que adujo que había transcurrido el término de seis meses
que dispone la Constitución de Puerto Rico como máximo
para la detención preventiva antes de juicio. El 23 de
febrero
de
2010,
el
imputado
renunció
a
su
derecho
a
juicio por jurado y se juramentó al primer testigo. El
foro primario señaló para el 25 de febrero de 2010, la
vista para atender el hábeas corpus.
El
Tribunal
de
Primera
Instancia
decidió
que
el
juicio comenzó el último día del término máximo de 180
días por lo que no procedía el auto de hábeas corpus.
Inconforme con esta determinación, el señor Ponce Ayala
acudió
al
Tribunal
de
Apelaciones
para
cuestionar
el
dictamen del foro primario.
El foro apelativo intermedio revocó al Tribunal de
Primera Instancia y decidió que el término aludido se
encontraba vencido, por lo que procedía la excarcelación
inmediata del señor Ponce Ayala. El Juez Hernández Sánchez
disintió de ese dictamen pues concluyó igual que el foro
primario.
Inconforme
con
esa
determinación,
el
Ministerio
Público acude ante nos. Contamos con la comparecencia de
las
partes,
por
lo
que
procedemos
a
resolver
la
centra
en
transcurrir
el
controversia planteada.
La
controversia
determinar
la
fecha
en
en
este
que
recurso
comenzó
a
se
término de los seis meses que dispone el Art. II, Sec. 11,
CC-2010-0302
4
de la Constitución de Puerto Rico. El señor Ponce Ayala
fue arrestado el 25 de agosto de 2009 y la determinación
de causa probable para el arresto se realizó el 27 de
agosto de 2009. Ya que el juicio comenzó el 23 de febrero
de 2010, la fecha a tomar en consideración para el término
de los seis meses es de vital importancia para resolver el
auto de hábeas corpus.
Si la fecha de inicio es el día del arresto, el
juicio comenzó transcurridos los seis meses que dispone la
Constitución de Puerto Rico como máximo para una detención
preventiva. Por el contrario, si la fecha de inicio es el
día en el que se encontró causa probable para arrestar, el
juicio comenzó dentro del término provisto por la norma
constitucional.
II
La Constitución de Puerto Rico establece en su Art.
II, Sec. 11, que “[t]odo acusado tendrá derecho a quedar
en
libertad
bajo
fianza
antes
de
mediar
fallo
condenatorio. La detención preventiva antes del juicio no
excederá
tiene
el
de
seis
meses”.
propósito
de
Esta
asegurar
cláusula
la
constitucional
comparecencia
del
acusado cuando éste no ha prestado la fianza, y a la vez,
evita que se le castigue excesivamente por un delito que
no ha sido juzgado. Pueblo v. Paonesa Arroyo, res. el 26
de febrero de 2008, 2008 T.S.P.R. 34, 2008 J.T.S. 55, 173
D.P.R. ___ (2008).
CC-2010-0302
5
Esta protección exige que el juicio se inicie dentro
de un término de seis meses desde la detención preventiva
del imputado. Id. El juicio comienza con el juramento
preliminar del jurado en casos por jurado o desde que el
primer testigo presta juramento en casos por tribunal de
derecho. Id. Si el imputado está detenido preventivamente
en exceso de esos seis meses y sin que se haya iniciado el
juicio, deberá ser excarcelado.
Ahora bien, no hemos resuelto de forma directa la
fecha que se toma como punto de partida para computar el
término de seis meses dispuesto por nuestra Constitución.
El Ministerio Público afirma que esa protección abriga al
imputado desde la determinación de causa probable para el
arresto, no antes. Se basa en que, de ordinario, es desde
esa determinación que al imputado se le impone fianza o se
le detiene porque no la puede prestar.
Esta
interpretación
ha
sido
el
entendido
general.
Incluso nuestra propia jurisprudencia así lo refleja. En
Sánchez v. González, Alcaide de Cárcel, 78 D.P.R. 849
(1955), el Juez Asociado señor Negrón Fernández expresó:
La convención obviamente estimó que un
período mayor de detención preventiva en
espera de juicio, en defecto de fianza,
constituía un gravamen sobre el ciudadano
que,
presumiéndose
inocente
hasta
el
momento
de
recaer
convicción,
era
restringido por el Estado –en el ejercicio
de su poder de custodia- en el disfrute de
su
libertad
personal,
con
el
solo
propósito de hacerle comparecer a juicio
en su día.
Id., págs. 856-857 (Op. Concurrente del
Juez Asociado señor Negrón Fernández a la
CC-2010-0302
6
que se unieron el Juez Presidente señor
Snyder
y
Juez
Asociado
señor
Sifre
Dávila). Énfasis nuestro.
De una lectura de la cita anterior se infiere que la
protección está disponible desde que el imputado no puede
prestar fianza, cuestión que ocurre, al menos, tras la
determinación de causa probable para el arresto. Debido a
que la fianza es impuesta por un juez, la no prestación de
la misma requiere la previa intervención de éste. Reglas
de Procedimiento Criminal 6(b), 22(b) y 218, 34 L.P.R.A.
Ap. II R. 6(b), 22(b) y 218. “De no obligarse la persona
arrestada a cumplir las condiciones impuestas, o de no
prestar fianza, ordenará su encarcelación”. Regla 22(b) de
Procedimiento
Criminal,
supra.
Según
nuestras
pasadas
expresiones, esa detención por ausencia de fianza o por su
revocación, inicia la detención preventiva de seis meses a
la que alude nuestra Constitución.
Además, hemos expresado que “[c]uando el imputado no
puede
prestar
la
fianza
que
le
sometido
a
detención
preventiva
anterior
al
juicio.
decir,
espera
de
que
se
Es
celebre
el
fue
impuesta,
durante
permanece
proceso
el
queda
periodo
sumariado
criminal
en
en
su
contra”. Pueblo v. Paonesa Arroyo, supra, pág. 3. Esa
protección
constitucional
persigue
asegurar
la
comparecencia “cuando éste no ha prestado fianza”. Ibíd.
De
acuerdo
preventiva
ocurre
con
estas
“cuando
expresiones,
[el
acusado]
no
la
ha
detención
prestado
fianza”. Id. Es evidente que eso sólo puede ocurrir, al
CC-2010-0302
7
menos, con la intervención de un juez en la vista para
determinar causa probable para el arresto, no antes. Regla
6 de Procedimiento Criminal, supra.
Bajo
ese
supuesto,
la
detención
preventiva
que
dispone el Art. II, Sec. 11, de la Constitución es aquella
que
priva
de
libertad
a
un
imputado
después
de
la
determinación de causa probable para su arresto. Esto es,
la detención que puede ocurrir antes no debe considerarse
como
una
detención
preventiva
para
efectos
de
esa
protección constitucional, pues no está relacionada con la
imposición de la fianza.
De igual forma, nuestra jurisprudencia más reciente
ha entendido que el término aludido comienza a contar
desde
que
el
imputado
no
presta
la
fianza
requerida.
Véanse, Pueblo v. Pagán Medina, (en reconsideración) res.
el 9 de febrero de 2010, 2010 T.S.P.R. 16, pág. 1, 2010
J.T.S. 25, pág. 1101, 178 D.P.R. __ (2010); Pueblo v.
Pagán Medina, res. el 18 de febrero de 2009, 2009 T.S.P.R.
31,
pág.
1,
2009
J.T.S.
34,
pág.
530,
175
D.P.R.
__
(2009). En esos casos, manifestamos que el imputado “no
prestó
la
fianza
y
permaneció
detenido
preventivamente
desde entonces”. Ibíd.
Debido a que en esos casos no tuvimos ante nuestra
consideración directa la cuestión sobre el momento en que
comienza a contar la protección constitucional aludida, es
menester auscultar ahora la intención de la Convención
Constituyente. Esta protección no tiene equivalente en la
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8
Constitución de los Estados Unidos. E.L. Chiesa Aponte,
Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,
1ra ed., Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. II, Sec. 17.2,
pág. 461.
Las
garantías
constitucionales
consagradas
en
la
Carta Magna local persiguen asegurar un proceso criminal
justo, rápido y equitativo. Al respecto, el delegado Jaime
Benítez afirmó:
Aquí, en estas garantías consignadas,
están
las
protecciones
necesarias
al
ciudadano
para
que
pueda,
frente
a
cualquier situación, frente a cualquier
problema, sentirse protegido en toda la
amplitud del derecho procesal.
Diario de Sesiones de la Convención
Puerto Rico, Ed. 1961, pág. 1105.
de
Ese término de seis meses es de vital importancia
pues
la
Convención
Constituyente,
tras
rechazar
una
enmienda para establecer un plazo menor, concluyó que ese
término
persigue
que
no
se
ponga
en
riesgo
la
administración de la justicia. El delegado Reyes Delgado
expresó
sobre
el
término
de
seis
meses:
“¿Se
pone
en
peligro la administración de la justicia? No. ¿Puede darse
un
término
más
corto
sin
poner
en
peligro
la
administración de la justicia criminal? No”. Id., pág.
1595. Además, éste delegado expresó que “si se rebajaran a
menos de seis meses, estaríamos poniendo en peligro el
principio total y entorpeciendo la administración de la
justicia”. Id., pág. 1596.
CC-2010-0302
Del
debate
9
de
la
Convención
Constituyente
se
desprenden las siguientes expresiones que transcribimos
por
ser
esenciales
para
resolver
la
controversia
aquí
planteada. De un análisis de las mismas se debe concluir
que la protección aludida ampara al imputado desde que
éste no puede prestar la fianza impuesta.
Señor Gelpí:
Actualmente
los
fiscales
tienen
la
obligación de formular acusación contra
cualquier delincuente dentro de los 60 días
de haber prestado fianza o haber detenido al
acusado y actualmente con esta enmienda de
la carta de derecho se les está dando a los
fiscales un plazo de seis meses para poder
ellos radicar las acusaciones.
...
Mediante esta enmienda de (sic) que se crea
por medio de la carta de derechos, se le da
a los fiscales una laxitud de seis meses
para
tener
a
una
persona
en
prisión
preventiva, es decir, antes de formular la
acusación.
Diario de Sesiones, op
1594. (Énfasis suplido.)
cit.,
págs.
1593-
El delegado, señor Alvarado, le aclaró al delegado,
señor Gelpí, que el término de seis meses no era para
formular la acusación sino para celebrar el juicio:
Al redactarse esta medida se tuvo en cuenta
–como la está teniendo el compañero Gelpíla
legislación
vigente.
La
legislación
vigente concede al fiscal 60 días para
radicar la acusación. Y entonces dispone que
el juicio debe celebrarse dentro de 120 días
después de radicada la acusación. Y en total
establece un término de 180 días desde el
(sic) que el acusado es detenido para
responder, hasta que se somete a juicio, 180
días, que son los seis meses que hemos
venido consignando.
CC-2010-0302
10
Diario de Sesiones, op
1595. (Énfasis suplido.)
cit.,
págs.
1594-
Luego, el señor Benítez afirmó categóricamente que el
término de seis meses comienza desde que el acusado fue
enviado a prisión porque no prestó fianza:
Precisamente quedó aclarado, señor Soto, al
indicarse esta cláusula, “antes del juicio”,
que se establecía a los fines de dejar
explícito el hecho de que la protección que
aquí se quería establecer era la protección
para la persona que aún no había sido
juzgada y que sin haber sido juzgada en la
actualidad a veces ocurría que estaba por
más de seis meses en la cárcel, porque no
había podido prestar fianza o porque no se
le había celebrado juicio...
Diario de Sesiones,
(Énfasis suplido.)
Estas
expresiones
op
cit.,
reflejan
dos
pág.
1597.
premisas
que
son
concluyentes para resolver nuestra controversia. Primero,
que el término de seis meses es aquél que el Ministerio
Público
tiene
para
comenzar
el
juicio.
Ese
proceso
comienza con la determinación de causa probable para el
arresto. Segundo, la protección se crea para amparar al
imputado
que
“no
[pueda]
prestar
fianza”
y
que
desde
entonces, es detenido preventivamente para efectos de la
protección constitucional. Id., pág. 1597.
Por
lo
constitucional
comienza
a
tanto,
de
contar
resolvemos
detención
desde
que
preventiva
que
el
el
de
imputado
término
seis
es
meses
detenido
preventivamente por no poder prestar la fianza requerida o
por
su
revocación,
cuestión
que
ocurre
tras
la
intervención del juez imponiendo la fianza o revocándola.
CC-2010-0302
11
Como expresamos antes, la Constitución de Puerto Rico
en su Art. II, Sec. 11, establece que “[t]odo acusado
tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de
mediar fallo condenatorio. La detención preventiva antes
del juicio no excederá de seis meses”. El derecho contra
detenciones
preventivas
por
directamente
atado
derecho
al
más
de
a
seis
fianza
meses
y
está
ambos
se
complementan. Si el imputado no puede prestar la fianza
impuesta, queda protegido por la disposición de detención
preventiva. Por consiguiente, la detención provocada por
la ausencia de fianza, o por su revocación, es la que
activa el término aludido.
No
tendría
sentido
decir
que
el
imputado
está
detenido preventivamente bajo el Art. II, Sec. 11 de la
Constitución antes de que se fije fianza. La detención
preventiva
a
la
que
se
refiere
esa
disposición
de
la
Constitución se da cuando el imputado de delito no presta
fianza. Es imposible concluir que el imputado no prestó
fianza si ésta no se ha fijado todavía. Por definición, y
en estricta lógica, no es hasta que se fija la fianza y se
encarcela al imputado por no prestarla, que podemos hablar
propiamente de la detención preventiva a la que se refiere
el Art. II, Sec. 11 de la Constitución. La detención del
imputado antes de ese evento procesal no está cubierta por
el término de seis meses del Art. II, Sec. 11, sino por la
garantía constitucional a un debido procedimiento de ley.
Const. P.R., Art. II, Sec. 7.
CC-2010-0302
12
Recordemos que el individuo que es arrestado, con o
sin
orden,
dilaciones
cuenta
con
una
innecesarias
protección
antes
de
esa
para
vista
evitar
ante
un
magistrado. Regla 22(a) de Procedimiento Criminal, supra.
Véase además, Chiesa Aponte, op cit., Vol. III, Sec. 21.5,
págs. 36-38. En el caso de que no haya orden, la vista de
causa probable para arrestar convalida el arresto. Pueblo
v. Aponte, 167 D.P.R. 578 (2006). Cuando el arresto se
produce con orden, el propósito de la vista es informar al
arrestado de los cargos en su contra y de sus derechos.
Id. Esta prohibición de demora excesiva para llevar a una
persona arrestada ante un magistrado es requerida por el
debido proceso de ley. Id.; O.E. Resumil de Sanfilippo,
Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Penal,
Orford, N.H., Equity Publishing Company, 1990, Sec. 7.23,
pág. 199.
Por
eso,
existe
una
protección
independiente
y
separada al término de detención preventiva de seis meses
para
asegurar
llevado
ante
los
un
derechos
del
magistrado.
imputado
Véanse,
antes
Pueblo
v.
de
ser
Aponte,
supra; County of Riverside v. McLaughlin, 500 U.S. 44
(1991).
Sin
embargo,
irrazonables
constitucional
no
esta
puede
contra
protección
confundirse
la
detención
contra
con
la
dilaciones
protección
preventiva
de
seis
meses de la Constitución de Puerto Rico. La protección
constitucional contra la detención preventiva de más de
seis meses es una “protección específica adicional” que es
CC-2010-0302
13
“independiente de las garantías de juicio rápido” para “el
acusado
que
se
halla
encarcelado
en
espera
de
la
celebración del juicio”. Chiesa Aponte, op cit., Vol. II,
Sec. 12.1, pág. 118.
El arresto es la acción física de poner al arrestado
bajo
custodia
mediante
la
restricción
efectiva
de
su
libertad y existe una detención “post arresto” que cubre
un
“breve
período
mientras
se
llevan
a
cabo
los
procedimientos administrativos ordinarios incidentales al
arresto”. Resumil de Sanfilippo, op cit., Sec. 7.23, pág.
197.
En
cambio,
preventivas
de
la
más
protección
de
seis
contra
meses
detenciones
comienza
con
la
privación de libertad que ocurre cuando el imputado no
puede prestar la fianza requerida o por su revocación.
Antes de eso, el imputado cuenta con la protección contra
dilaciones innecesarias que impone la garantía al debido
proceso de ley. Esa protección es separada e independiente
del término de seis meses de detención preventiva, aunque
ambas persiguen garantizar el procesamiento judicial de un
ciudadano de manera tal que el juicio sea rápido y justo.
III
En el caso que nos ocupa, el imputado fue arrestado
el 25 de agosto de 2009 y no fue hasta el 27 de agosto,
dos días después, que se determinó causa probable para su
arresto y fue encarcelado tras no poder prestar la fianza
impuesta. El juicio contra el señor Ponce Ayala comenzó el
CC-2010-0302
14
23 de febrero de 2010, fecha en que se juramentó al primer
testigo. Debido a esto, debemos concluir que no se violó
la disposición de detención preventiva. El juicio comenzó
dentro de los 180 días (seis meses) que dispone nuestra
Constitución
para
proteger
al
imputado
que
no
puede
prestar fianza y es detenido preventivamente en espera de
juicio. Es desde el 27 de agosto de 2009 que el término
aludido comenzó a contar, pues desde esa fecha fue que el
imputado quedó detenido en virtud de la imposición de
fianza.
La
probable
detención
para
previa
arresto
a
del
la
determinación
señor
Ponce
Ayala
de
causa
no
debe
contarse como parte del término de detención preventiva de
seis meses. Esa detención previa está sujeta a la garantía
constitucional a un debido proceso de ley y no al límite
para la detención preventiva dispuesta en el Art. II, Sec.
10 de la Constitución. Esta última disposición protege a
un imputado que ha sido detenido preventivamente por no
haber podido prestar fianza o porque le fue revocada.
Ante esto, es forzoso concluir que la detención no
excedió el término establecido por el Art. II, Sec. 10 de
la Constitución de Puerto Rico. Por lo tanto, no procede
el auto de hábeas corpus ya que la detención del señor
Ponce
Ayala
no
fue
ilegal.
Constitución
de
Puerto
Rico;
Art.
II,
Sec.
13
de
la
Art.
469
del
Código
de
Enjuiciamiento Criminal, 34 L.P.R.A. sec. 1741.
CC-2010-0302
15
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la
sentencia
recurrida,
Apelaciones,
Región
emitida
Judicial
de
por
el
Bayamón.
Tribunal
de
Se
la
revoca
expedición del auto de hábeas corpus presentado por el
Sr. Héctor Rafael Ponce Ayala. En su lugar, se ordena la
detención
inmediata
del
recurrido
Ponce
Ayala.
Se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala
de Bayamón, para la continuación de los procedimientos de
forma compatible con lo aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Rafael L. Martínez Torres
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Rafael Ponce Ayala
Ex Parte
CC-2010-302
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2010.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte
integrante de la presente Sentencia, se revoca la
sentencia recurrida emitida por el Tribunal de
Apelaciones, Región Judicial de Bayamón. Se revoca
la expedición del auto de hábeas corpus presentado
por el
Sr. Héctor Rafael Ponce Ayala. En su
lugar, se ordena la detención inmediata del
recurrido Ponce Ayala. Se devuelve el caso al
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón,
para la continuación de los procedimientos de forma
compatible con lo aquí resuelto.
Publíquese y notifíquese de inmediato.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la
Secretaria
del
Tribunal
Supremo.
El
Juez
Presidente señor Hernández Denton concurre con el
resultado y, en vista de que se acortaron los
términos para certificar la decisión emitida por el
Tribunal al amparo de la Regla 5(b) del Reglamento
del Tribunal, 4 L.P.R.A. XXI-A, se reserva el
derecho a expresarse mediante una opinión escrita
según lo dispuesto en dicha regla. La Jueza
Asociada señora Fiol Matta y la Juez Asociada
señora Rodríguez Rodríguez disienten con opinión
escrita.
Aida I. Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Héctor Rafael Ponce Ayala
Certiorari
Ex Parte
CC-2010-302
Opinión Disidente emitida por la Jueza Asociada señora Fiol Matta
a la cual se une la Juez Asociada señora Rodríguez Rodríguez
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2010.
[E]ntre
los
derechos
y
libertades
fundamentales del ser humano el que, de
siempre, más ha sufrido los embates de la
actividad represiva cuando no francamente
autoritaria de los órganos del Estado, es el
de la libertad personal, cuya privación
constituye una de las más graves irrupciones
en la esfera de los derechos humanos del
individuo, ya que la misma va seguida, casi
irremisiblemente,
de
la
privación
o
1
limitación de muchos otros derechos.
Disiento
enérgicamente
de
la
Opinión
del
Tribunal porque entiendo que el término de detención
preventiva
antes
del
juicio,
establecido
en
la
Sección 11 del Artículo II de la Constitución de
____________________
1
J. Rodríguez y Rodríguez, La detención preventiva y
los derechos humanos en derecho comparado, México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 1981, pág.
5.
CC-2010-0302
Puerto
2
Rico,
aprehensión
comienza
del
a
transcurrir
individuo
y
no
desde
desde
el
que
arresto
el
o
imputado
permanece detenido por no prestar fianza.2
La
decisión
limitativo
de
la
de
contar
detención
el
término
preventiva
constitucional
a
partir
de
la
fijación de la fianza es contraria al propósito de la Carta
de Derechos de nuestra Constitución, que es proteger a los
ciudadanos frente al Estado.
Por eso, en el ejercicio de
su función adjudicadora y como último intérprete de nuestra
Ley Suprema, este Tribunal tiene la obligación de sustentar
sobre
bases
derechos
sólidas
aquellas
constitucionales
de
decisiones
las
que
personas.
limiten
Al
los
intentar
fundamentar su determinación en algunas porciones de los
Diarios
de
la
Convención
Constituyente,
sin
considerar
otras, y en jurisprudencia de este Tribunal que no lleva a
la conclusión postulada, la opinión mayoritaria no cumple
con esta obligación.
mayoría
son
Veamos por qué los fundamentos de la
insuficientes
para
coartar
el
derecho
constitucional que hoy nos ocupa que, a fin de cuenta,
“engendra, por motivos superiores de política pública, una
garantía inmediata de libertad”.3
2
Este precepto específicamente dispone que “[l]a detención
preventiva antes del juicio no excederá de seis meses”.
Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo I, ed.
2008, pág. 344.
3
Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849
concurrente del Juez Negrón Fernández).
(1955)
(Opinión
CC-2010-302
3
La opinión del Tribunal utiliza ciertas citas de los
debates en la Convención Constituyente, para apuntalar su
interpretación
de
la
detención preventiva.
debates
que
cláusula
constitucional
sobre
Los primeros tres párrafos sobre los
transcribe
la
mayoría
se
refieren
a
la
discusión de una propuesta que hizo el Sr. José Rosario
Gelpí para acortar el término de detención preventiva de
seis a dos meses.4
En el último de dichos párrafos la
opinión hace énfasis en la frase “porque no había podido
prestar fianza”, pero no analiza la continuación de ese
texto que también cita: “o porque no se le había celebrado
juicio”.5
Es perfectamente lógico que en los debates de los
constituyentes
se
hiciera
referencia
a
la
fianza
discutirse la cláusula sobre detención preventiva.
de
todo,
en
la
medida
en
que
no
extenderá
la
detención
que
comienza
se
preste
con
el
al
Después
fianza
se
arresto
del
imputado, es decir, si el imputado no ejerce su derecho
constitucional a prestar fianza, no comenzará su detención
sino que continuará detenido.
Así, ambas medidas están
dirigidas a asegurar la comparecencia del acusado al juicio
y, más importante aun, a permitirle el ejercicio de su
libertad, limitando la facultad del Estado para coartar esa
libertad en espera del juicio.
4
Véase la página 9 de la Opinión Mayoritaria; 3 Diario de
Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 1596
(1952).
5
Véase la página 10 de la Opinión Mayoritaria.
CC-2010-302
4
Llama la atención que la opinión mayoritaria no hace
referencia
al
único
párrafo
del
Informe
Comisión
de
Carta
de
Derechos
de
final
la
de
la
Convención
Constituyente que se refiere a la detención preventiva.
En
éste se precisa la naturaleza y el propósito del derecho a
no permanecer detenido preventivamente por un término mayor
a seis meses.
propósito
Concretamente, el Informe explica que el
de
la
disposición
es,
simple
y
llanamente
“impedir que se pueda encarcelar a una persona por más de
seis meses sin celebrarle juicio”.6
Las discusiones entre los miembros de la Convención
Constituyente revelan que, distinto a la mayoría de este
Tribunal, éstos no distinguían entre la detención antes de
fijarse la fianza y la continuación de la detención si ésta
no
se
prestaba.
constituyente
delegado
Sr.
Gelpí
en
Lo
vemos
Héctor
cuanto
en
González
al
la
explicación
Blanes,
término
de
del
dirigida
seis
al
meses
propuesto: “Lo que se quiere evitar con esta disposición es
que un individuo esté preventivamente detenido por tiempo
6
4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de
Puerto Rico 2571 (1951).
Es menester señalar que la
disposición
constitucional
que
limita
la
detención
preventiva en espera de juicio a seis meses no tenía
precedente en la Ley Orgánica, en la Constitución de
Estados Unidos ni en los anteproyectos de las delegaciones,
sino que fue recomendada por primera vez por la Comisión de
la
Carta
de
Derechos.
J.
Trías
Monge,
Historia
Constitucional de Puerto Rico, San Juan, Editorial de la
Universidad de Puerto Rico, 1982, Vol. III, pág. 196. Por
ello, no podemos recurrir a dichas fuentes para indagar en
sus características.
CC-2010-302
5
ilimitado… [Por el contrario,] el acusado tiene derecho a
que se le celebre juicio no más tarde de 6 meses cuando
está preso”.7
Esta condición de “estar preso” no sucede al
no prestarse la fianza sino que está presente desde que la
persona arrestada está bajo la custodia y control efectivo
del
Estado.
Después
de
todo,
“encarcelar”,
según
los
diccionarios de la lengua española quiere decir “meter a
alguien en la cárcel” y la “cárcel” es un “local destinado
a la reclusión de presos”.8
Ciertamente, no existe una
diferencia entre estar encerrado entre tres paredes y unos
barrotes en un cuartel de la policía o estar bajo esas
mismas circunstancias en una institución penitenciaria.
En
ninguna de estas dos situaciones el imputado tiene libertad
para
salir
del
encierro
a
la
libre
comunidad.
Los
constituyentes tenían muy claro que “estar preso” previo al
juicio y estar detenido en espera de juicio es lo mismo,
pues el efecto real es que la libertad de la persona está
restringida hasta que se le procese o salga bajo fianza.
La opinión mayoritaria deduce, de las expresiones de
los
delegados
Gelpí,
Alvarado
y
González
Blanes,
dos
“premisas”, una impertinente y otra errónea, que considera
7
3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de
Puerto Rico 1596 (1952).
8
Véase: http://www.rae.es (última visita 13 de mayo de
2010).
CC-2010-302
6
“esenciales”
y
“concluyentes”
en
apoyo
proceso
para
de
su
interpretación.9
Primeramente,
el
que
el
enjuiciar
comience con la determinación de causa probable para el
arresto, según expone la opinión, no es pertinente a la
controversia que nos plantea este caso, que es determinar
cuándo comienza el período de detención preventiva.
surge de los debates,
Según
el término de seis meses adaptado en
la Constitución para celebrar el juicio es el resultado de
la
suma
acusación,
del
periodo
que
disponía
de
60
el
días
para
presentar
una
artículo
448
del
de
Código
Enjuiciamiento Criminal de 1902, y del término de 120 días
para
someter
al
imputado
a
juicio,
a
contar
desde
la
presentación de la acusación, también regulada por dicho
Código.10
De hecho, este mismo precepto de Juicio Rápido
disponía que el término para acusar comenzaba a contarse
desde la detención del sospechoso.11
Además, históricamente
se ha interpretado que la detención del sospechoso, para
propósitos de esta disposición, ocurre desde que éste está
9
Véase la página 10 de la Opinión Mayoritaria.
10
3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de
Puerto Rico 1594-1595 (1952).
11
Artículo 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal de
1902, Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, San
Juan, Boletín Mercantil, 1902, pág. 788-789. La definición
del vocablo detención, según el Diccionario de la Real
Academia Española, es “privación provisional de libertad,
ordenada
por
una
autoridad
competente”.
Véase:
http://www.rae.es (última visita 12 de mayo de 2010).
CC-2010-302
sujeto
al
7
proceso,
es
decir,
desde
que
es
detenido
físicamente o desde que un magistrado determina que debe
responder ante la ley por la comisión de un delito.12
Es
cierto que la figura jurídica de juicio rápido es distinta
a
la
detención
propósito
preventiva,
similar
y
los
sin
embargo
ambas
constituyentes
tienen
un
utilizaron
la
regulación vigente de la primera para calcular el período
de la segunda.13
En cuanto al propósito de la limitación constitucional
de la detención preventiva, no es cierto que de los Diarios
de
la
Convención
propósito
sea
el
Constituyente
de
“amparar
al
se
desprenda
imputado
que
que
ese
no
pueda
prestar fianza”, según expone la opinión mayoritaria.14
El
propósito de la cláusula sobre detención preventiva es, por
un lado, asegurar la presencia del acusado en el juicio y,
por el otro, no castigarlo anticipadamente por un delito
12
Véase: Martínez Avilés v. Tribunal Superior, 81 D.P.R.
945 (1960); Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R, 455
(1959).
13
A estos efectos, véase las expresiones del delegado Reyes
Delgado:
Y a eso es a lo que vamos nosotros encaminando
este precepto: que se usen los seis meses de que
la legislación local ha tenido a bien proveer al
ministerio público para que se haga efectiva la
maquinaria del pueblo en la administración de la
justicia penal. 3 Diario de Sesiones de la
Convención Constituyente de Puerto Rico 1595
(1952).
14
Véase la página 10 de la Opinión Mayoritaria.
CC-2010-302
que
no
8
ha
sido
probado.
constitucional de fianza es
En
segundo
mayoritaria
en
El
objetivo
del
similar.
lugar,
los
casos
apoyo
a
su
que
cita
se
resolvió
que
un
la
determinación
controversias distintas a la de este caso.15
González
mecanismo
acusado
no
Opinión
resuelven
En Sánchez v.
renuncia
a
su
derecho a salir en libertad una vez transcurrido el periodo
de seis meses sin haberse celebrado el juicio, aunque haya
presentado una solicitud de posposición de juicio.16
Más
recientemente, en Pueblo v. Paonesa Arroyo aclaramos que
para evitar la excarcelación del acusado al amparo de la
cláusula
de
detención
preventiva
es
suficiente
que
el
juicio comience antes de que se cumplan los seis meses de
detención preventiva.17
En este caso, también acogimos la
norma
cláusula
vigente
sobre
la
de
doble
exposición
y
determinamos que a los efectos de la cláusula de detención
preventiva
el
juicio
debe
entenderse
comenzado
15
con
la
Incluso, en esas decisiones hicimos expresiones que
pudieran interpretarse a los efectos de que el término de
detención preventiva comienza a transcurrir desde el
arresto del acusado.
Por ejemplo, en Pueblo v. Paonesa,
2008 T.S.P.R. 34, tras reconocer que el derecho a juicio
rápido y la cláusula sobre detención preventiva no protegen
el mismo bien, indicamos que ambas disposiciones tienen el
propósito común de agilizar los procedimientos.
En ese
contexto afirmamos que “la cláusula de detención preventiva
evita que la encarcelación del acusado antes del comienzo
del juicio exceda de seis meses, en cierto modo obligando
al Estado a enjuiciar al acusado lo más pronto posible”.
Íd.
16
Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849 (1955).
17
Pueblo v. Paonesa Arroyo, supra.
CC-2010-302
9
juramentación preliminar del jurado bajo la Regla 119 de
Procedimiento Criminal o, si el juicio es por tribunal de
derecho, cuando el primer testigo preste juramento.18
Por
último, en Pueblo v. Pagán Medina resolvimos que cuando se
ordena
la
reclusión
acusado
de
delito
Procedimiento
término
de
para
no
procesable
Criminal
detención
determinación
tratamiento
judicial
no
se
un
la
Regla
bajo
contará,
preventiva,
de
de
el
incapacidad
imputado
240
o
de
como
parte
del
tiempo
entre
la
y
el
alta
de
la
institución hospitalaria.19
Por último, la opinión mayoritaria alude al derecho
del acusado a
arresto,
sin
ser llevado ante un magistrado luego del
dilaciones
innecesarias,
aparentemente
para
demostrar que no es necesario interpretar estrictamente el
límite constitucional de detención preventiva.20
Por el
contrario, la lesión a un derecho tan fundamental como el
de la libertad no puede subsanarse, porque otras garantías
constitucionales,
como
el
derecho
a
ser
llevado
sin
dilación ante un magistrado luego del arresto, también lo
18
Véase: Pueblo v. Paonesa Arroyo, supra; D. NevaresMuñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño,
8va ed., San Juan, Instituto para el desarrollo del
derecho, 2007, pág. 138.
19
Pueblo v. Pagán Medina, 2010 T.S.P.R. 16, dictada en
reconsideración. En Pueblo v. Pagán Medina, 2009 T.S.P.R.
31, habíamos resuelto que sólo se podía excluir del computo
del término máximo de detención preventiva el periodo
durante el cual el detenido estuvo en una institución
adecuada para su tratamiento.
20
Véase la página 12 de la Opinión Mayoritaria.
CC-2010-302
10
protejan.
Más bien, el cuidado con que la Constitución y
las
de
Reglas
Procedimiento
Criminal
regulan
el
periodo
anterior a la celebración del juicio es un claro indicio de
la
intención
de
brindar
al
imputado,
particularmente
al
imputado detenido, las mayores garantías posibles.21
Los derechos del acusado recogidos en la sección 11 de
la Carta de Derechos de nuestra Constitución, entre los
cuales
está
el
derecho
a
juicio
rápido,
a
quedar
en
libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio
y a que la detención preventiva antes del juicio no exceda
de seis meses, están entrelazados y su razón de ser es el
principio constitucional de la presunción de inocencia.22
Recientemente reafirmamos ese principio y reconocimos que:
“Ello es así toda vez que sería un contrasentido mantener
encarcelada a una persona que se considera inocente, cuya
culpabilidad corresponde al Ministerio Público probar, y
que eventualmente puede ser exonerada”.23
21
A
modo
de
ejemplo,
encontramos
la
protección
constitucional de juicio rápido, que está regulada por la
Regla 64(n) de Procedimiento Criminal que, a su vez,
dispone de unos términos específicos. Véase la Regla 64(n)
de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. Ap.
II, R. 64(n).
22
Pueblo v. Pagán Medina, 2009 T.S.P.R. 31; Pueblo v. Colón
Rodríguez, 161 D.P.R. 254, 259 (2004).
23
Pueblo v. Colón Rodríguez, supra;
Hernández, 158 D.P.R. 388, 394 (2003).
Pueblo
v.
Martínez
Ahora bien, al escoger el término de seis meses como
límite a la detención preventiva nuestra Constitución
equilibra cuidadosamente y con gran sensatez, la presunción
de inocencia con la preservación de la efectividad del
(continúa...)
CC-2010-302
La
11
detención
preventiva
ha
sido
entendida
en
las
legislaciones vigentes como sigue:
[E]s una medida que implica el encarcelamiento de
una persona en tanto se decide sobre el mérito de
la acción emprendida en su contra; por regla
general, salvo la excepción unánime tratándose de
casos de flagrante delito y en algunos países
tratándose también de casos de urgencia, su
imposición está condicionada a la existencia de
una orden o mandato judicial…24
En
particular,
la
cláusula
de
detención
preventiva
de
nuestra Constitución pretende “evitar que a una persona a
quien ampara una presunción de inocencia sea restringida
por el Estado en el ejercicio de su poder de custodia con
el único propósito de hacerle comparecer a juicio”.25
Se
trata,
una
como
toda
nuestra
Carta
de
Derechos,
de
salvaguarda para el ciudadano, frente al poder del Estado,
para protegerle contra posibles excesos de autoridad.26
De
esa forma, la disposición sobre detención preventiva evita
que la restricción de la libertad, “se convierta en un
castigo anticipado por un delito no juzgado”.27
como
expresó
el
Juez
Negrón
Fernández
en
En fin,
Sánchez
v.
proceso penal y la necesidad de impedir que el delincuente
se fugue, continúe con la actividad delictiva o falsee las
pruebas.
24
J. Rodríguez y Rodríguez, op. cit., pág. 14.
25
O.E. Resumil, Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed.
Butterworth, 1993, T. 2, sec. 25.4(a), pág. 248, citando a
Sánchez v González, supra.
26
Pueblo v. Pagán Medina, 2010 T.S.P.R. 16.
27
Íd; O.E. Resumil, op. cit.
CC-2010-302
González,
12
los
miembros
de
la
Convención
Constituyente
entendieron
preferible rendir la custodia de un acusado
después de ese período, antes de hacer vulnerable
la integridad de su derecho a la presunción de
inocencia- que también consagraba en la propia
Constitución- si dejaba ilimitado el ejercicio de
ese poder de custodia por la mera utilidad de que
el Estado le tuviera disponible para llevarle al
tribunal.28
En
término
vista
de
de
lo
discutido,
es
mi
criterio
detención
preventiva
comienza
a
que
el
transcurrir
desde el arresto del individuo y no desde que permanece
detenido por no prestar fianza.
ejercicio
del
prestar
fianza,
constitucional
derecho,
y
Al hacerlo depender del
igualmente
la
mayoría
le
resta
constitucional,
lacera
valor
a
esta
la
protección
presunción
inocencia, piedra angular de nuestro sistema.
Liana Fiol Matta
Jueza Asociada
Sánchez v. González, supra, pág. 857.
de
En vista de
ello, no tengo otra opción que disentir.
28
a
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Ex Parte
Héctor Rafael Ponce Ayala
CC-2010-302
Opinión disidente emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2010
La
interpretación
que
una
mayoría
de
este
Tribunal anuncia de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, restringe los derechos de los
ciudadanos al trastocar una de las garantías de su
Carta
de
Derechos.
En
esta
ocasión
se
reduce
el
alcance del Art. II, sec. 11 de la Constitución del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los límites al
término de detención preventiva allí dispuesto.
El derecho a la libertad individual ha sufrido,
de siempre, los mayores embates de las actuaciones
CC-2010-302
2
represivas de los órganos del Estado. Consustancial a la
privación de la libertad personal, está la privación del
ejercicio pleno de innumerables derechos.
Las protecciones
jurídicas que amparan a toda persona sometida a detención
por
autoridades
del
Estado
se
encuentran
íntimamente
vinculadas a la protección misma de los derechos humanos y
fundamentales del individuo.
Cualquier limitación impuesta
sobre tales protecciones a la libertad individual merece
pues un examen riguroso, máxime cuando se trata de una
garantía de jerarquía constitucional.
La
prisión
preventiva
priva
de
la
libertad
a
persona que según el derecho se presume inocente.
una
Eso lo
comprendieron a cabalidad quienes imaginaron e hicieron
realidad nuestra Carta de Derechos, incorporando como una
protección
para
los
ciudadanos
un
límite
al
término
durante el cual el Estado puede privar preventivamente a
un individuo de su libertad.
Hoy, lamentablemente, una mayoría del Tribunal fuerza
una
interpretación
contraria
a
restrictiva,
derecho,
del
pero
término
más
grave
dispuesto
aún
en
la
Constitución, cuyo efecto real es, a fin de cuentas, una
sociedad menos libre.
Los
derechos
son
conquistas
de
libertad.
No
avalar con mi voto su asedio, disiento.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
puedo