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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Lloréns Becerra v. Mora Monteserín

2010 TSPR 72

Poder Judicial de Puerto Rico

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Lloréns Becerra v. Mora Monteserín

CC-2007-872

Pensiones Alimentarias – cómputo del ingreso bruto para determinar pensión

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Eileen Llorens Becerra

Peticionario

Certiorari

v.

2010 TSPR 72

Ildefonso Mora Monteserín

178 DPR ____

Recurrido

Número del Caso: CC-2007-872

Fecha: 12 de mayo de 2010

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de San Juan

Jueza Ponente:

Hon. Emmalind García García

Abogada de la Parte Peticionaria:

Lcda. Beatríz Vázquez Acarón

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Fidel Vélez Arcelay

Materia: Alimentos

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Eileen Llorens Becerra

Peticionaria

v.

CC-2007-872

Ildefonso Mora Monteserín

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez

San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo 2010

El

caso

ante

nuestra

consideración

presenta

varias controversias relacionadas con el concepto de

ingreso

bruto

aplicable

en

el

contexto

de

la

fijación de una pensión alimentaria para beneficio

de un menor alimentista.

De una parte, tenemos la

oportunidad

de

resolver

si,

constituye

parte

del

ingreso

en

dicho

bruto

de

contexto,

la

madre

custodio: el dinero que ésta obtuvo por un préstamo

hipotecario o el aumento en el valor del inmueble

con

el

que

prestataria.

se

garantizó

Además,

debemos

dicha

resolver

obligación

si

–por

disposición de las Guías para Determinar y Modificar

CC-2007-872

2

Pensiones

Alimentarias

en

Puerto

Rico

de

1989-

para

establecer el ingreso bruto de un alimentante que trabaja

“por cuenta propia”, deben restarse como gastos ordinarios

y necesarios aquellos deducibles para fines contributivos.

En tercer lugar, debemos evaluar si procede intervenir con

la partida de honorarios de abogado que el foro primario

concedió en favor de las menores alimentistas.

Veamos los hechos que originan las controversias que

están ante la consideración de este Tribunal.

I.

El

4

Becerra

de

(en

marzo

de

adelante

1996,

la

la

señora

señora

Eileen

Llorens)

Llorens

presentó

una

demanda sobre reclamación de alimentos en representación de

sus dos hijas menores, las cuales procreó con el demandado,

el

señor

Ildefonso

Mora

Monteserín

(en

adelante

señor

Mora).

El 12 de diciembre de ese mismo año, el Tribunal de

Primera

Instancia

fijó

una

pensión

provisional

de

$800

mensuales, la cual sería efectiva desde el 1 de diciembre

de 1996.

Posteriormente, el tribunal modificó la pensión

alimentaria provisional para aumentarla a $1,357.27.

modificación

sería

efectiva

desde

el

1

de

Dicha

diciembre

de

1998.

Transcurridos

casi

diez

(10)

años

desde

que

se

presentó la demanda, el 3 de noviembre de 2005, el Tribunal

de

Primera

estipulación

Instancia

de

las

dictó

partes.

una

sentencia

Mediante

parcial

dicha

por

sentencia

dispuso que, conforme a lo estipulado, quedaría satisfecha

CC-2007-872

3

la obligación alimentaria del señor Mora para el periodo

comprendido desde el 1 de enero de 2000.

Tras emitirse la

sentencia por estipulación, la controversia en el pleito

quedó limitada a establecer la obligación alimentaria del

señor Mora para el periodo comprendido desde el 4 de marzo

de 1996, hasta el 31 de diciembre de 1999.

El foro primario celebró una vista evidenciaria, la

cual

se

extendió

la

por

varios

días,

para

recibir

controversia

que

quedó

prueba

referente

a

pendiente

de

adjudicar.

En la vista sólo se presentó como testigo a la

señora Llorens quien testificó, entre otros aspectos, sobre

sus ingresos y los gastos personales de ella y sus hijas,

según surgían de sus planillas de información personal y

económica,

y

ingresos

que

de

las

presentó

planillas

de

desde

1996

Particularmente,

las

ingresos

ofrecidas

fueron

el

planillas

en

de

contribución

hasta

sobre

el

1999.

contribución

sobre

evidencia,

y

admitidas

por

estipulación de las partes, a los efectos de que incluían

los ingresos y gastos informados por la señora Llorens.

Surge de las planillas de contribución sobre ingresos

admitidas

en

evidencia

que

para

1996

la

señora

Llorens

informó que obtuvo un ingreso anual de $9,766 como empleada

de American Airlines.

Además, en el anejo correspondiente

a los ingresos de industria o negocio, informó que obtuvo

un ingreso anual de $2,836 producto de venta de ropa.

En

segundo lugar, para el 1997 la señora Llorens informó los

siguientes

ingresos:

$11,412

obtenido

como

empleada

de

CC-2007-872

4

American Airlines; $1,502 producto de la venta de ropa; y

$11,180 de ganancia de capital por la venta de un inmueble.

Para

el

1998,

la

señora

Llorens

informó

el

ingreso

de

$14,518 generado como empleada de American Airlines y el

ingreso de $1,775 correspondiente al negocio de venta de

ropa.

Por último, para el año 1999, informó el ingreso de

$15,260 obtenido como empleada de American Airlines y otro

ingreso

de

$4,414

por

ganancia

de

capital.

Para

este

último año informó pérdidas de $1,132, en el negocio de

venta de ropa.

Cabe mencionar que de los ingresos antes indicados,

los informados en relación con el negocio de venta de ropa,

constituyen las ganancias calculadas por la señora Llorens

luego de que ésta dedujera ciertos gastos en los que alega

incurrió para el manejo del referido negocio.

Entre las

deducciones informadas por la señora Llorens se encuentran

partidas de gastos sobre: vehículo de motor, reparaciones,

comida y entretenimiento, anuncios, depreciación, servicios

públicos como agua, luz y teléfono, materiales, y otros

gastos.

La

representación

legal

del

señor

Mora

inquirió,

durante el contrainterrogatorio, sobre lo informado por la

señora

Llorens

ingresos.

en

sus

planillas

Particularmente,

de

cuestionó

contribución

sobre

el

señora

que

la

Llorens no reportara ingresos producto del arrendamiento de

varios inmuebles de su propiedad.

Por el contario, en las

planillas de contribución sobre ingresos del 1996 al 1999

CC-2007-872

la

5

señora

Llorens

reportó

pérdidas

en

el

anejo

correspondiente a los ingresos por renta o alquiler.

En

respuesta

a

las

preguntas

de

la

representación

legal del señor Mora, la señora Llorens expuso que ello se

debió

a

que

los

pagos

de

las

contribuciones

sobre

la

propiedad y de los préstamos hipotecarios, sumados a los

gastos

de

operación

informados

en

las

planillas

de

contribución sobre ingresos, excedían la renta que recibía

por el arrendamiento de sus propiedades.

Afirmó que aunque

arrendó varias propiedades durante el periodo en cuestión,

dicho arrendamiento le generaba pérdidas.

Entre los gastos de operación informados por la señora

Llorens, en los anejos de las planillas de contribución

sobre

ingreso

encuentran

correspondientes

partidas

de

a

gastos

ingreso

por:

por

vehículos

renta,

de

se

motor,

servicios públicos como agua, luz y teléfono, tapicería,

jardinería,

sobre

la

depreciación

propiedad,

y

amortización,

mantenimiento,

contribuciones

materiales,

anuncios,

seguros y otros gastos.

Luego de celebrar la referida vista, el 31 de mayo de

2006,

el

Tribunal

Como

parte

de

de

sus

Primera

Instancia

determinaciones,

dictó

el

sentencia.

foro

primario

estableció el ingreso neto del señor Mora y de la señora

Llorens para los años en los que debía fijarse la pensión.

Según

lo

ingreso

estipulado

neto

mensual

por

las

del

señor

controversia, fue el siguiente:

partes,

Mora,

determinó

que

el

para

años

en

los

CC-2007-872

6

1996 - $2,862.03

1997 - $4,155.89

1998 - $4,218.19

1999 - $5,901.33

De otra parte, el tribunal determinó que el ingreso

neto mensual de la señora Llorens, para el mismo periodo,

fue el siguiente:

1996 - $1,692.86

1997 - $8,268.25

1998 - $1,945.67

1999 - $2,688.56

Surge de la sentencia que para calcular el ingreso

neto mensual de la señora Llorens el tribunal consideró el

salario que ésta devengó como empleada de la línea aérea

American Airlines.

A dichos ingresos el foro primario le

agregó los ingresos producto de la venta de ropa y del

arrendamiento de sus propiedades.

Además

de

los

ingresos

antes

mencionados,

para

calcular el ingreso neto mensual del año 1997, el foro

primario consideró $11,180 de ganancia de capital por la

venta

de

un

inmueble

y

“$72,000

refinanciamiento de dos inmuebles”.1

1

capitalizado

por

[el]

Por otro lado, para el

En la vista celebrada por el Tribunal de Primara

Instancia, la señora Llorens declaró que en el año 1997

“refinanció” los apartamentos que constituían su hogar para

sufragar sus gastos y los de sus hijas, los cuales

superaban sus ingresos.

Declaró, además, que recibió

$94,200 por dicho “refinanciamiento”.

En la planilla de

información personal de la señora Llorens, presentada el 22

de agosto de 1997, ésta declaró que entre sus pasivos u

obligaciones figuraba un préstamo hipotecario, con fecha de

CC-2007-872

año

7

1999,

el

tribunal

consideró

ganancias

de

capital

por

la

como

venta

ingreso

$4,414

de

propiedad

otra

de

inmueble.

Cabe mencionar que en la sentencia sólo se estableció

el

ingreso

neto

mensual

de

la

señora

Llorens,

sin

especificar qué cantidad de éste correspondía al salario de

American Airlines, a la venta de ropa y al arrendamiento de

bienes inmuebles.

No obstante, sí se pormenorizó la forma

en que el tribunal calculó las partidas correspondientes a

cada una de dichas fuentes de ingreso.

En

particular,

se

expuso

que

para

calcular

los

ingresos obtenidos como resultado del negocio de venta de

ropa, el tribunal de instancia consideró el “ingreso neto

(sin gastos)” producto de ese negocio.

Así, dicho foro

rechazó restar los gastos en los que la señora Llorens

alega haber incurrido, según tales gastos fueron informados

por ésta en sus planillas de contribución sobre ingresos.

De

otra

parte,

para

calcular

los

ingresos

que

la

señora Llorens obtuvo del arrendamiento de sus propiedades,

el

foro

primario

contribución

seguros

y

sobre

anuncios.

restó

la

las

siguientes

propiedad,

Por

el

“deducciones”:

intereses

contrario,

el

hipotecarios,

Tribunal

de

Primera Instancia rechazó considerar los demás gastos que

julio de 1997, cuyo balance adeudado era $119,000. Además,

informó la existencia de un préstamo hipotecario con fecha

de julio de 2007 cuyo balance adeudado era $30,000. Dichas

obligaciones gravaban los apartamentos G-202 y G-203 del

Condominio El Monte, los cuales pertenecían a la señora

Llorens y constituían el hogar de ésta y sus hijas.

Desconocemos el razonamiento bajo el cual el foro primario

arribó a la cantidad de $72,000.

CC-2007-872

8

la señora Llorens informó en sus planillas de contribución

sobre ingresos.

Además

de

lo

anterior,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia especificó en su dictamen que para determinar los

ingresos de la señora Llorens no consideró las sumas de

dinero que ésta recibió como préstamos tomados a amigos y

familiares.

De otra parte, para determinar el ingreso neto

anual,

tribunal

el

contribuciones

dedujo

sobre

los

ingresos,

pagos

según

anuales

las

por

planillas

presentadas, y las otras deducciones autorizadas por ley.

El foro primario concluyó que las cantidades resultantes

concordaban con los gastos del hogar estipulados por las

partes.2

En virtud de lo antes expuesto, el Tribunal de Primera

Instancia, determinó las sumas de pensión alimentaria que

debía satisfacer el señor Mora para el periodo comprendido

desde el 4 de marzo de 1996 hasta el 31 de noviembre de

1999.

La

pensión

para

cada

uno

de

los

años

de

dicho

periodo quedó establecida de la siguiente manera:

1996 - $1,255 mensuales

2

En la sentencia se especificó que los gastos personales

imputados al hogar de las menores y de la madre, según lo

estipulado por las partes, eran los siguientes:

1996 - $3,424.40 mensuales

1997 - $3,749.93 mensuales

1998 - $3,952.39 mensuales

1999 - $4,107.26 mensuales

1999 - $4,107.26 mensuales

CC-2007-872

9

1997 - $1,151 mensuales

1998 - $1,601 mensuales

1999 - $2,029 mensuales

Las

cantidades

$69,800.55.

el

señor

adeudada

de

pensión

antes

indicadas

sumaban

El foro primario especificó que de dicha suma

Mora

era

pagó

$55,138.24

$14,662.31.

reconsideración

de

La

y,

por

tanto,

la

Llorens

solicitó

determinación.3

En

señora

dicha

suma

reconsideración, el Tribunal de Primera Instancia le impuso

al señor Mora el pago de $5,000 por honorarios de abogado.

Inconforme aún, la señora Llorens acudió al Tribunal

de Apelaciones.4

Ante dicho foro arguyó que el Tribunal de

Primera Instancia erró al emitir una sentencia carente de

determinaciones

de

hecho

Además,

que

el

adujo

y

conclusiones

tribunal

de

de

instancia

derecho.

erró

al

imputarle ingresos por el refinanciamiento de un préstamo

hipotecario garantizado con los inmuebles que constituían

3

Además,

la

señora

Llorens

solicitó

del

tribunal

determinaciones de hecho y de derecho adicionales, al

amparo de la Regla 43.3 de las Reglas de Procedimiento

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. R. 43.

No obstante, dicha

petición se presentó transcurrido el término de diez (10)

días aplicable.

4

El señor Mora también recurrió de la determinación del

foro primario.

Entre otros aspectos, éste señaló ante el

Tribunal de Apelaciones que el foro primario erró al no

imputarle ingresos a la señora Llorens por “el incremento

neto en el valor total de su patrimonio” durante el periodo

para el cual se estableció la pensión.

Asimismo, indicó

que procedía imputarle ingresos a la señora Llorens, en los

años 1996, 1998 y 1999, en virtud de su “nivel de vida”.

El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos y

confirmó la sentencia recurrida. Inconforme, el señor Mora

presentó un recurso de certiorari (CC-2007-0773) ante este

Foro con planteamientos similares a los esbozados ante el

foro intermedio. Mediante resolución de 16 de noviembre de

2007, denegamos la expedición de dicho recurso.

CC-2007-872

su hogar.

10

De otra parte, indicó que el foro primario erró

al no reconocer como gastos ordinarios y necesarios de los

negocios de alquiler de inmuebles y de la venta de ropa,

aquellos

que

identifica

como

tales

Internas de Puerto Rico, infra.

Tribunal

de

Primera

Instancia

el

Código

de

Rentas

Arguyó, además, que el

fijó

unos

honorarios

de

abogado poco razonables para un proceso litigioso que se

extendió por diez (10) años.

El Tribunal de Apelaciones

confirmó la sentencia recurrida en todos sus aspectos pues

resolvió que no procedía intervenir con las determinaciones

del foro primario.

De dicha sentencia la señora Llorens acudió ante este

Foro mediante recurso de certiorari.

que

el

Tribunal

de

Apelaciones

En síntesis, aduce

erró

al

sostener

que

procedía imputarle como parte de sus ingresos la suma que

obtuvo

producto

del

refinanciamiento

de

un

préstamo

hipotecario, pues dicha suma no constituye un ingreso.

En

segundo lugar, arguye que el Tribunal de Apelaciones debió

reconocer

como

arrendamiento

gastos

de

ordinarios

inmuebles

y

de

y

necesarios,

la

venta

de

para

el

ropa,

los

gastos reconocidos y aprobados como tales por el Código de

Rentas Internas de Puerto Rico.

los

honorarios

concedidos

por

Por último, argumenta que

el

foro

de

instancia

son

irrazonables considerando que este litigio se extendió por

un periodo de diez (10) años.

Por su parte, el señor Mora indica que el Tribunal de

Primera

Instancia

no

erró

al

considerar

“$72,000

CC-2007-872

11

capitalizado por refinanciamiento de dos inmuebles” para

calcular los ingresos de la señora Llorens.

dicha

capitalización

constituyó

una

Argumenta que

variable

más

al

determinar la capacidad económica de la señora Llorens y

que ello no implica que el foro primario considerara como

un ingreso de ésta el dinero obtenido a préstamo por el

refinanciamiento de los inmuebles que constituían su hogar.

Expone que el préstamo hipotecario fue el instrumento que

le

permitió

al

foro

primario

cuantificar

el

“equity

o

incremento en valor de los inmuebles” para luego imputarle

ingresos a la señora Llorens en virtud de su “capital o

patrimonio” total.

En cuanto al segundo asunto planteado, el señor Mora

aduce que el Tribunal de Primera Instancia adjudicó que la

señora Llorens no incurrió en los gastos que ésta alega y

que tal determinación merece deferencia.

señala

que

el

proceso

administrativo

De otra parte,

referente

a

las

planillas de contribución sobre ingresos, y los gastos allí

informados, no obligan al Tribunal de Primera Instancia.

Arguye

que

la

señora

Llorens

no

sustentó

los

gastos

informados en las planillas de contribución sobre ingresos

al no presentar prueba de éstos ante el foro primario.

En

ese

la

tenor,

autenticidad

señala

de

que

las

aunque

las

planillas

partes

de

estipularon

contribución

sobre

ingresos presentadas por la señora Llorens, no se estipuló

el contenido de éstas.

CC-2007-872

12

Por último, el señor Mora expone en su alegato que los

honorarios fijados por el Tribunal de Primera Instancia son

razonables.

Afirma

que

a

pesar

de

que

el

caso

estuvo

pendiente ante dicho foro por diez (10) años, sin que se

fijara una pensión, dicha dilación fue ocasionada por la

parte demandante y por el propio tribunal.

Tras

examinar

los

argumentos

de

ambas

partes,

procedemos a resolver.

II.

A.

El

caso

ante

nuestra

consideración

presenta,

nuevamente, una controversia concerniente a la obligación

jurídica del padre y de la madre de prestar alimentos a sus

hijos

menores.

Obligación

que

es

independiente

de

que

éstos ostenten la patria potestad o vivan en compañía del

menor.

Chévere

v.

Levis,

150

D.P.R.

525,

539

(2000).

Véase además, Martínez v. Rodríguez, 160 D.P.R. 145, 151

(2003).

En múltiples ocasiones hemos expresado que existe un

alto interés público de asegurar el cumplimiento con el

referido deber toda vez que el derecho de los menores a

recibir alimentos es uno consustancial a su derecho a la

vida.

Chévere v. Levis, supra, pág. 535.

Véanse además,

Martínez v. Rodríguez, supra, págs. 150-151; Argüello v.

Argüello, 155 D.P.R. 62, 69-70 (2001) y casos allí citados.

Así,

viabilizar

que

los

padres

cumplan

con

su

responsabilidad de contribuir a la manutención de sus hijos

CC-2007-872

es

el

13

propósito

de

la

legislación

y

reglamentación

concerniente al sustento de los menores, mediante la cual

se han pautado los principios y procedimientos que regirán

la

fijación

de

la

pensión

alimentaria.

Martínez

v.

cuantía

de

Rodríguez, supra, pág. 152.

En

primer

lugar,

la

fijación

de

una

alimentos está guiada por el principio, prescrito en el

artículo 146 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 565, que

exige

que

la

proporción

“a

pensión

los

alimentaria

recursos

del

se

que

los

necesidades del que los recibe. . .”.

Rodríguez, supra, pág. 153.

establezca

da

y

a

en

las

Véase, Martínez v.

Es decir, el criterio rector

para determinar una pensión alimentaria es que ésta sea

proporcional a los recursos económicos del alimentante y a

las necesidades del alimentista.

Íd.

indicado

de

que

“[l]a

determinación

Así pues, hemos

la

cuantía

de

los

alimentos corresponde al prudente arbitrio [del juzgador]”,

quien debe velar porque la cuantía que se establezca cumpla

con el principio de proporcionalidad.

Guadalupe Viera v.

Morell, 115 D.P.R. 4, 14 (1983).

Partiendo del susodicho principio de proporcionalidad

es

que

se

han

adoptado,

por

vía

estatutaria

y

reglamentaria, guías más precisas para dirigir la difícil

labor de determinar la capacidad económica con que cuentan

los padres y madres para suplir las necesidades de sus

hijos.

1986,

En ese tenor, la Ley Núm. 5 de 30 diciembre de

según

enmendada,

8

L.P.R.A.

sec.

501

et

seq.,

CC-2007-872

14

conocida como la Ley Orgánica para la Administración del

Sustento de Menores (en adelante Ley Núm. 5), prescribe

ciertas normas que rigen el proceso para fijar la pensión

alimentaria.

Normas cuyo propósito primordial es que se

logre establecer una pensión “justa y razonable” para el

beneficio del menor alimentista.

5,

8

L.P.R.A.

Rodríguez,

sec.

supra,

503.

págs.

Artículo 4 de la Ley Núm.

Véase

152-154.

además,

Martínez

Siguiendo

las

v.

normas

establecidas en la Ley Núm. 5, se promulgaron las Guías

para

Determinar

Puerto

Rico,

y

Modificar

Reglamento

Núm.

Pensiones

Alimentarias

en

4070

Departamento

de

del

Servicios Sociales, 8 de diciembre de 1989, (en adelante

Guías de 1989).5

En

Martínez

v.

Rodríguez

discutimos

el

proceso

evaluativo establecido en la Ley Núm. 5 y en las Guías de

1989

para

determinar

la

capacidad

alimentante6

y

lograr

fijar

razonable

la

luz

los

a

necesidades

del

de

económica

una

pensión

recursos

de

alimentista.

En

éste

del

alimentaria

y

síntesis,

de

las

dicho

procedimiento requiere que se determine el ingreso bruto

del

5

alimentante

para

luego

establecer

su

ingreso

neto.

Las Guías de 1989 quedaron derogadas por las Guías para

Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto

Rico aprobadas mediante el Reglamento 7135 del Departamento

de la Familia, de 23 mayo de 2006 (en adelante Guías de

2006). Para el periodo objeto de la presente controversia

aplican las Guías de 1989. Véase, Torres v. Carrasquillo,

res. 29 de diciembre de 2009, 2009 T.S.P.R. 187, 177 D.P.R.

__ (2009).

6

La Ley Núm. 5, en su artículo 2(4), define alimentante

como “[c]ualquier persona que por ley tenga la obligación

de proveer alimentos y cubierta de seguro médico”. 8

L.P.R.A. sec. 501.

CC-2007-872

15

Íd., pág. 156.

Además del ingreso neto, se considerará el

capital o patrimonio total del alimentante para fijar la

pensión alimentaria que éste debe satisfacer.

de la Ley Núm. 5, 8 L.P.R.A. sec. 518.

Martínez v. Rodríguez, supra,

Artículo 19

Véanse además,

pág. 156, esc.12;

Sarah

Torres Peralta, La Ley de Sustento de Menores y el Derecho

Alimentario en Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, Pubs.

STP, 2007, pág. 8.06.

Como

parte

del

referido

proceso

evaluativo,

es

necesario determinar tanto la capacidad económica del padre

o

madre

no

custodio

custodio, toda

como

la

del

padre

o

de

la

madre

vez que ambos están obligados

a prestar

alimentos de forma proporcional a sus recursos.

López v.

Rodríguez, 121 D.P.R. 23, 29 (1988), citando a Vega v.

Vega, 85 D.P.R. 675, 679 (1962).

En lo que respecta al

padre o a la madre custodio7, el artículo 19 de la Ley Núm.

5, 8 L.P.R.A. sec. 518, dispone que para determinar su

capacidad económica, “y el cómputo proporcional a serle

imputado”,

deben

considerarse

iguales

criterios

que

los

utilizados para fijar capacidad económica del padre o la

madre no custodio.

Según

atención

expusimos

concierne

evaluativo

para

a

previamente,

la

aplicación

determinar

Llorens como madre custodio.

7

el

los

caso

del

ante

nuestra

referido

proceso

ingresos

de

la

señora

Particularmente, la señora

La Ley Núm. 5, en su artículo 2(25), define la persona

custodio como aquella “que puede ser un padre, madre,

pariente

o

tutor

responsable

del

cuido

diario

del

alimentista y administradora de los bienes de éste.” Íd.

CC-2007-872

16

Llorens aduce que no debió agregarse como parte de sus

ingresos el dinero que obtuvo por un préstamo que realizó

en el año 1997, el cual estaba garantizado con una hipoteca

constituida sobre el inmueble en el que residía junto a sus

hijas.

Además, arguye que al calcular los ingresos que

recibió por el arrendamiento de sus propiedades y por la

venta

de

ropa,

debieron

considerarse

y

descontarse

como

gastos necesarios para producir tales ingresos aquellos que

informó en las planillas de contribución sobre ingresos.

Examinaremos, primeramente, si el foro recurrido erró

al

confirmar

Instancia

la

de

determinación

incluir

del

“$72,000

Tribunal

capitalizado

de

Primera

por

[el]

refinanciamiento de dos inmuebles” como un ingreso de la

señora Llorens.

Tal controversia requiere referirnos a la

definición de ingreso bruto incluida en la Ley Núm. 5.

B.

Tal y como señaláramos anteriormente, “[l]os conceptos

de ingreso bruto y de ingreso neto [según definidos en la

Ley Núm. 5] son esenciales en materia de la determinación

de la pensión alimentaria a ser establecida o modificada

para beneficio de la parte alimentista”.

Torres Peralta,

op. cit., pág. 8.05.

Véase, Martínez v. Rodríguez, supra.

Ello

adelantamos,

porque,

determinar

la

según

capacidad

económica

el

primer

del

paso

alimentante

para

es

CC-2007-872

17

calcular su ingreso bruto, el cual, en virtud del artículo

2(16) de la Ley Núm. 5, 8 L.P.R.A. sec. 501 (16)8, incluye:

cualquier ganancia, beneficio, rendimiento o

fruto

derivado

de

sueldos,

jornales

o

compensación por servicios personales,. . .; o de

profesiones,

oficios,

industrias,

negocios,

comercio o ventas; o de operaciones en propiedad,

bien sea mueble o inmueble, que surjan de la

posesión o uso del interés en tal propiedad;

también los derivados de intereses, rentas,

dividendos, beneficios de sociedad, valores o la

operación de cualquier negocio explotado con

fines

del

lucro

o

utilidad;

y

ganancias,

beneficios, rendimientos, fondos, emolumentos o

compensación derivados de cualquier procedencia,

incluyendo

compensaciones

como

contratista

independiente,

compensaciones

por

desempleo,

compensaciones por incapacidad, beneficios de

retiro y pensiones o cualquier otro pago que

reciba

un

alimentante

de

cualquier

persona

natural o jurídica.

Luego de determinar el ingreso bruto, según éste se

conceptúa

en

la

definición

antes

transcrita,

procede

calcular el ingreso neto restando del ingreso bruto las

deducciones mandatorias establecidas por ley.

Rodríguez, supra, págs. 155-157.

Martínez v.

Así surge del artículo

2(17) de la Ley Núm. 5, 8 L.P.R.A. sec. 501, que define el

ingreso

neto

como

alimentante,

luego

contribuciones

requeridas

8

“[a]quellos

de

sobre

las

deducciones

ingreso,

mandatoriamente

ingresos

por

disponibles

por

concepto

seguro

social,

ley”.9

Véase

y

al

de

otras

además,

el

La definición de ingreso bruto de la Ley Núm. 5 se

incorporó en el artículo V(B)(1) de las Guías de 1989.

9

Además, el artículo 2(17) de la Ley Núm. 5, 8 L.P.R.A.

501,

permite

que

se

tomen

en

consideración

otras

deducciones

“por

concepto

de

planes

de

retiro,

asociaciones, uniones y federaciones voluntarias, así como

los descuentos a pagos por concepto de primas de pólizas de

seguros de vida, contra accidentes o servicios de salud

CC-2007-872

18

artículo V(B)(1) de las Guías de 1989.

De otra parte, el

citado artículo indica que “[l]a determinación final [sobre

el ingreso neto] se hará según toda la prueba disponible,

incluyendo estimados, estudios y proyecciones de ingresos,

gastos, estilo de vida y cualquier otra prueba pertinente”.

Íd.

Tal y como hemos expuesto, establecer el ingreso bruto

constituye

el

primer

paso

a

seguir

para

determinar

el

ingreso neto y, la capacidad económica con que cuentan los

obligados

a

prestar

alimentos.

Al

expresarse

sobre

la

definición de ingreso bruto incluida en la Ley Núm. 5,

Torres Peralta enfatiza que dicho concepto es uno abarcador

que debe interpretarse ampliamente de forma tal que, en la

determinación

consideren

inicial

“todos

de

los

lo

que

constituye

emolumentos

que

ingreso,

se

recibe

el

alimentante, sin exclusión alguna[,]… independientemente de

cu[á]l es la fuente de la que provienen los ingresos del

alimentante”.

Op. cit., pág. 8.14.10

Dicha interpretación

cuando el alimentista sea beneficiario de éstos”.

Véase,

Martínez v. Rodríguez, supra, págs. 155-157.

10

El artículo 7(A)(1)(a) de las Guías del 2006, establece

que: “Para determinar el ingreso bruto anual de la persona

custodia y de la no custodia se considerarán todas las

formas de ingreso incluidas en la definición de Ingreso de

[dicho] Reglamento.

No se considerarán ingresos, los

beneficios provenientes del programa de Asistencia Temporal

a Familias Necesitadas (TANF), Categoría C, ni los pagos

recibidos al amparo del Programa de Asistencia Nutricional

(PAN).” Torres Peralta expone que, según su criterio, las

exclusiones de la citada disposición no son de carácter

taxativo. Sugiere que, por ejemplo, además de las partidas

allí mencionadas los dineros obtenidos de préstamos

estudiantiles sean excluidos del concepto ingreso.

Op.

cit., págs. 4.40-4.41, 8.11-8.13.

Cf., Gilberston v.

CC-2007-872

19

extensiva del concepto ingreso responde al propósito de la

Ley Núm. 5 de asegurar el bienestar del menor alimentista y

el derecho de éste a recibir alimentos en proporción a sus

necesidades

y

a

los

recursos

reales

de

quienes

están

obligados a brindarle alimentos.

Así, el artículo 3 de la

Ley

502,

Núm.

5,

8

L.P.R.A.

sec.

establece

que

las

disposiciones de dicha ley deben interpretarse liberalmente

a favor de los mejores intereses del menor que necesita

alimentos.

A la luz de lo anterior, nos corresponde interpretar

la definición de ingreso bruto incluida en la Ley Núm. 5

para determinar si la señora Llorens generó un ingreso en

virtud

del

constituían

“refinanciamiento”

su

hogar.

Toda

vez

de

los

que

inmuebles

dicha

que

controversia

implica un préstamo, garantizado con ciertas propiedades

inmuebles,

básicos

es

pertinente

referentes

a

considerar

esta

algunos

obligación

aspectos

contractual.

Específicamente, el artículo 1631 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 4511, prescribe que mediante dicho contrato:

una de las partes entrega a la otra, o alguna

cosa no fungible para que use de ella por cierto

tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama

comodato, o dinero u otra cosa fungible, con

condición de [de]volver otro tanto de la misma

especie

y

calidad,

en

cuyo

caso

conserva

simplemente el nombre de préstamo.

De otra parte, el artículo 1644 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 4571, expone que “el que recibe en préstamo

dinero u otra cosa fungible, adquiere su propiedad, y está

Graff, 477 N. W. 2d 771 (1991). (The excess student

proceeds are a periodic and reliable source of income.)

CC-2007-872

20

obligado a devolver al acreedor otro tanto de la misma

especie

y

calidad

préstamo

implica

[de

lo

recibido]”.

esencialmente

un

El

“aspecto

contrato

de

obligacional,

conformado por el compromiso de devolver otro tanto de la

misma

especie

y

calidad

.

.

.”.

José

Luis

Concepción

Rodríguez, Derecho de contratos, España, Ed. Bosch, S. A.,

2003, pág. 375.

Así, resulta necesario considerar si, para efectos de

la Ley Núm. 5, lo recibido en virtud de un contrato de

préstamo constituye un ingreso, independientemente de que

esté presente la obligación de restitución.

En relación

con

sólo

dicha

controversia

ilustrativo,

a

la

conviene

interpretación

referirnos,

sobre

la

a

modo

definición

de

ingreso bruto de la Ley Núm. 91 del 29 de junio de 1954,

según enmendada, conocida como Ley de Contribuciones sobre

Ingresos de 1954,11 toda vez que dicha definición incluía

una redacción muy similar a la del concepto ingreso de Ley

Núm. 5.

Específicamente, la sección 22(a) de la Ley de

Contribuciones

sobre

Ingresos

de

195412

disponía

que

el

ingreso bruto incluiría:

ganancias, beneficios e ingresos derivados de

sueldos, jornales, o compensación por servicios

profesionales . . . de cualquier clase y

cualquiera que sea la forma en que se pagaren; o

de profesiones, oficios, industrias, negocios,

comercio o ventas; o de operaciones en propiedad,

bien sea mueble o inmueble, que surjan de la

posesión o uso o del interés en tal propiedad;

11

Aunque la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954

fue derogada, la definición de ingreso bruto de dicho

estatuto se mantiene en la sección 1022 del Código de

Rentas Internas de 1994, 13 L.P.R.A. sec. 8422, vigente.

12

13 L.P.R.A. sec. 3022 (1976).

CC-2007-872

21

también los derivados de intereses, rentas ,

dividendos, beneficios de sociedades, valores o

la operación de cualquier negocio explotado con

fines de lucro o utilidad; y ganancias

o

beneficios e ingresos derivados de cualquier

procedencia.

Según expone Genovevo Meléndez Carrucini, la citada

definición, adoptada del Código de Rentas Internas Federal

de 1939, incluye una enumeración extensa y detallada de

partidas

que

constituyen

ingreso.

Genovevo

Meléndez

Carrucini, Ingreso tributable: inclusiones y doctrinas, 1ra

edición, San Juan, Puerto Rico, Instituto de Contribuciones

de Puerto Rico, Inc., 1991, págs. 149-152.

definición

de

ingreso

incluida

en

la

Al igual que la

Ley

Núm.

5,

la

definición de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de

1954 se redactó en un “sentido amplio y abarcador”.

Véase,

Orsini v. Secretario de Hacienda, res. 8 de diciembre de

2009, 2009 T.S.P.R. 190, 177 D.P.R. __ (2009), citando a G.

Meléndez Carrucini, Ingreso no tributable: exclusiones y

doctrinas,

1ra

edición,

Instituto

de

Contribuciones

de

Puerto Rico, Inc., San Juan, Puerto Rico, 1994, págs. 5758.

Ahora

legislador

bien,

al

el

definir

lenguaje

el

amplio

ingreso

utilizado

bruto,

no

por

el

implica

que

pueda otorgársele a dicho concepto, acudiendo al principio

de una interpretación extensiva, un alcance irrazonable que

resulte contrario a la intención legislativa.

Orsini v.

Secretario de Hacienda, supra.

Por ello, a pesar de la amplitud del lenguaje con el

cual se define el concepto ingreso bruto, se confrontan con

frecuencia dificultades “en la caracterización de partidas

CC-2007-872

en

cuanto

22

a

si

contributivos.

son

o

Meléndez

no

‘ingreso’”

Carrucini,

para

Ingreso

inclusiones y doctrinas, op. cit., pág. 152.

fines

tributable:

En ese tenor,

Meléndez Carrucini discute que la jurisprudencia federal es

ejemplo de los numerosos debates referentes a la definición

de ingreso.

resultar

Íd., pág. 171.

particularmente

Dicha jurisprudencia puede

ilustrativa

al

interpretar

la

definición de ingreso bruto incluida en los estatutos sobre

contribuciones de Puerto Rico, toda vez que el sistema de

tributación

de

dicha

legislación

modelo estadounidense.

En

lo

se

adoptó

siguiendo

el

Íd., pág. 173.

pertinente

a

la

controversia

ante

nuestra

atención, en el contexto contributivo, la jurisprudencia

federal

ha

resuelto

que

lo

obtenido

préstamo no constituye ingreso.

en

virtud

de

un

En James v. United States,

366 U.S. 213, 219 (1961), el Tribunal Supremo de Estados

Unidos reafirmó la norma de que un préstamo no constituye

un

ingreso

acquires

al

expresar

earnings,

consensual

lo

siguiente:

lawfully

recognition,

or

express

“When

unlawfully,

or

a

taxpayer

without

implied,

of

the

an

obligation to repay and without restriction as to their

disposition, he has received income . . . This standard

brings wrongful appropriations within the broad sweep of

“gross

income”;

omitidas.)

it

(Citas

internas

v.

U.S.

207-208

(1990);

Commissioner v. Tufts, 461 U.S. 300, 307 (1983).

(“When a

&

Light

además,

loans.”

Commissioner

Power

Véanse

excludes

Co.,

493

203,

Indianapolis

CC-2007-872

23

taxpayer receives a loan, he incurs an obligation to repay

that loan at some future date.

the

loan

proceeds

do

not

Because of this obligation,

qualify

as

income

to

the

taxpayer.")

Al

igual

que

lo

ha

interpretado

la

jurisprudencia

federal, en el ordenamiento contributivo puertorriqueño el

dinero obtenido a préstamo no constituye un ingreso.13

Así,

en presencia de un pacto de restituir lo recibido, como

ocurre

en

el

contrato

de

préstamo,

constituye un ingreso tributable.

lo

obtenido

no

Fernández v. Secretario

de Hacienda, 95 D.P.R. 429, 432 (1967).14

(“El factor más

importante en la solución del problema que confrontamos es

la

intención

con

que

se

efectuaron

los

retiros,

y

más

concretamente, si al momento de realizarse se tenía o no la

intención de reintegrarlos”.)

13

Véase, Meléndez Carrucini,

Aunque para fines contributivos lo obtenido en virtud de

un contrato de préstamo no constituye ingreso, en algunas

circunstancias, cuando parte de la obligación del deudor es

cancelada puede considerarse que éste recibe ingresos en un

monto igual a la porción de la deuda que ha sido cancelada.

Meléndez Carrucini, Ingreso tributable: inclusiones y

doctrinas, op. cit., págs. 213-214. Para una aplicación de

lo anterior en el contexto de la fijación de una pensión

alimentaria, véase, e.g., In the matter of Thimothy

Sullivan, 159 N. H. 251 (2009).

14

En Fernández v. Secretario de Hacienda, el demandante

alegaba que ciertos fondos retirados de una corporación

íntima, en la cual éste figuraba como presidente y principal

accionista, constituían un préstamo y no el pago de

dividendos informales o implícitos. En el caso de que fueran

dividendos implícitos, los fondos recibidos constituían un

ingreso tributable.

Véase también, Viñas Sorba et. al v.

Secretario de Hacienda, 97 D.P.R. 282 (1969). Torres Peralta

entiende que, igualmente, en el contexto de la fijación de

una pensión alimentaria, un préstamo legítimo a un accionista

no forma parte de su ingreso bruto, mas sí constituye un

ingreso el pago de dividendos implícitos.

Op. cit., pág.

10.63.

CC-2007-872

Ingreso

24

tributable:

inclusiones

y

doctrinas,

op.

cit.,

págs. 488- 491.

A pesar de que la definición de ingreso de la Ley Núm.

5

incluye

una

redacción

casi

idéntica

a

la

Ley

de

Contribuciones sobre Ingresos de 1954, la interpretación

del concepto ingreso que hemos discutido tiene un carácter

meramente ilustrativo en lo que respecta a la controversia

ante nuestra consideración.

asegurar

el

bienestar

derecho

de

éstos

inherente

a

su

a

de

El alto interés público de

los

recibir

derecho

a

menores

alimentistas

alimentos,

la

vida,

y

el

que

es

requerir

una

como

podría

uno

interpretación aún más abarcadora del concepto ingreso en

el contexto de la imposición de una pensión alimentaria.

Así, la interpretación que adoptemos debe ser cónsona

con el propósito de la Ley Núm. 5 de asegurar el bienestar de

los menores alimentistas.15

concepto

ingreso

proporcionalidad

debe

A su vez, la interpretación del

concordar

con

que

rige

la

alimentaria.

Debemos

pues

resolver

propósitos

de

la

Núm.

5,

aplicable,

requieren

definición

de

Ley

una

ingreso

el

de

de

una

si

los

principios

como

la

reglamentación

interpretación

más

amplia

que

la

fijación

principio

así

que

opera

en

el

pensión

de

y

la

contexto

contributivo, de forma tal que se considere incluido dentro

15

Véase, Torres Peralta, op. cit., pág. 8.31.

Véase

además, ilustrativamente, Shearn v. Shearn, 50 Conn. App.

225 (1998), en donde se rechazó adoptar una interpretación

de ingreso imperante en el ámbito contributivo porque dicha

interpretación era contraria a lo expresamente dispuesto en

la reglamentación aplicable al contexto de la fijación de

una pensión alimentaria.

CC-2007-872

25

de dicho concepto el dinero obtenido en virtud de un contrato

de préstamo.

Resolvemos que no.

Si bien el concepto ingreso incluido en la Ley Núm. 5

es uno abarcador y que requiere una interpretación amplia

en favor del derecho del menor alimentista, las inclusiones

bajo dicho concepto deben, a su vez, representar ganancias,

beneficios,

rendimiento

o

frutos

con

los

que

realmente

cuente el alimentante, de forma tal que se establezca una

pensión justa y razonable.

Adoptar la interpretación de

que el dinero recibido a préstamo constituye un ingreso, a

pesar de la obligación de restituirlo, implicaría imputar

una

situación

económica

irreal

al

obligado

a

prestar

alimentos y, por tanto, ello sería contrario al principio

de

proporcionalidad

alimentos.

imperante

Consecuentemente,

en

materia

de

fijación

concluimos

que

no

de

incluir

directamente como ingreso el dinero obtenido a préstamo, en

el contexto de la aplicación de la Ley Núm. 5, constituye

la norma que concuerda con el principio de proporcionalidad

que rige en materia de fijación de una pensión alimentaria.

La

conclusión

a

la

cual

arribamos

no

lesiona

el

derecho de los menores alimentistas a obtener una pensión

que se ajuste tanto a sus necesidades como a la capacidad

económica del obligado a prestarle alimentos.

circunstancias,

las

obligaciones

En ciertas

prestatarias

del

alimentante pueden constituir un factor a considerar para

fijar una pensión, si dichas obligaciones son indicativas

de que éste recibe ingresos mayores a los informados o

CC-2007-872

26

tiene una capacidad económica mayor a la que alega.

Ello

es posible, según discutiremos posteriormente, mediante la

aplicación de la doctrina de imputación de ingresos.

C.

Precisamente, el argumento del señor Mora es que, en

el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia acudió a

la doctrina de imputación de ingresos al agregar como un

ingreso de la señora Llorens los $72,000 obtenidos por el

refinanciamiento

de

sus

propiedades.

Expone

que

no

se

trata de que el dinero obtenido a préstamo constituyera

automáticamente un ingreso de ésta, sino que el préstamo

hipotecario

sirvió

“equity

incremento

o

de

instrumento

en

valor”

para

cuantificar

de

los

el

inmuebles

pertenecientes a la señora Llorens para imputarle ingresos

a ésta en virtud de su capital o patrimonio total.

Con

relación

a

dicho

planteamiento,

primeramente,

debemos examinar si el aumento en valor de las propiedades

constituye parte del ingreso bruto bajo la Ley Núm. 5.

Sobre este asunto, conviene acudir nuevamente, y a modo

ilustrativo,

a

la

norma

establecida

en

el

contexto

contributivo.

Aunque en el referido contexto el incremento en valor

de una propiedad podría calificar como un beneficio, no se

considera que se ha recibido o devengado, como tal, un

ingreso

“hasta

realiza”.

inclusiones

tanto

el

Meléndez

y

doctrinas,

beneficio

Carrucini,

op.

cit.,

o

la

Ingreso

págs.

ganancia

se

tributable:

185-186.

Lo

CC-2007-872

27

anterior es resultado de la aplicación de la doctrina de

realización de ingresos (“realization of income”), la cual

incluye como principio que “[e]l mero incremento en valor

de una propiedad, o la expectación de una ganancia, no es

ingreso hasta tanto se dispone de la propiedad o se recibe

o devenga el ingreso”.16

Meléndez

Íd., pág. 185.

Carrucini

explica

que,

en

virtud

de

la

doctrina de realización de ingresos, aunque una propiedad

aumente en su valor, “no [s]e ha realizado la ganancia que

representa

el

propietario]

incremento

no

tiene

en

que

valor

declarar

y

por

como

lo

tanto

ingreso

[el

dicho

incremento en valor. . . aunque derive algunas ventajas del

nuevo valor aumentado de la propiedad. . .”.

186.

Íd., pág.

Una ventaja sería, por ejemplo, que el propietario

tome un préstamo garantizado con hipoteca sobre el inmueble

que ha aumentado en valor.

Aunque se obtenga una ventaja

como ésta, se requeriría la venta o disposición del bien

para la realización de la ganancia, lo cual no ocurre al

tomar

dinero

a

préstamo

garantizando

la

obligación

contraída con una hipoteca sobre el bien inmueble.

Íd.

Así, el incremento en valor de una propiedad no implica

automáticamente la realización de un ingreso.

Expuesto

lo

anterior,

debemos

resolver

si,

en

el

contexto de la Ley Núm. 5, la aplicación de la doctrina de

realización de ingresos resulta inadecuada al determinar si

16

Nótese que el Tribunal de Primera Instancia aplicó esta

norma al incluir como ingresos de la señora Llorens para

los años 1997 y 1999 las ganancias que esta obtuvo por la

venta de dos inmuebles.

CC-2007-872

el

28

aumento

en

ingreso.

el

valor

Concluimos

de

que

una

la

propiedad

aplicación

constituye

de

la

un

referida

doctrina resulta apropiada, en el presente caso, pues sería

irrazonable

considerar

directamente

como

ganancia que aún no se ha realizado.

ingreso

una

Máxime cuando la

alegada ganancia se trata del incremento en valor de los

apartamentos

que

constituyen

el

hogar

de

la

persona

custodio y las menores alimentistas.

La amplitud de la

definición

Ley

de

ingreso

incluida

interpretación

extensiva

que

beneficio

del

menor

sostener

interpretaciones

en

la

requiere

alimentista,

que

no

Núm.

dicho

implica

en

5,

y

la

concepto

en

que

su

debamos

aplicación

contravendrían el principio básico de proporcionalidad que

rige la fijación de pensiones alimentarias.

D.

Lo previamente expuesto no significa que el valor de

las propiedades de quien está obligado a prestar alimentos

o las deudas y obligaciones prestatarias en que éste haya

incurrido

no

puedan

considerarse

en

forma

alguna

para

determinar su capacidad económica.

El interés de asegurar

que

una

el

menor

alimentista

reciba

pensión

justa

y

razonable, en protección de su derecho fundamental a la

vida,

exige

la

consideración

de

ciertos

factores,

al

determinar la capacidad económica del alimentante, entre

los

cuales

mencionados.

se

encuentran

los

dos

criterios

antes

CC-2007-872

De

29

una

propiedades

parte,

con

alimentos

se

establecer

una

que

la

Ley

Núm.

5

cuentan

los

obligados

a

prestar

un

factor

para

lograr

ajuste

a

consideren

como

pensión

razonable

permite

que

se

que

las

la

capacidad económica de éstos.

Según expusimos previamente,

dicha

“capital

ley

establece

que

el

o

patrimonio”

se

considerarán como elementos adicionales al ingreso neto,

para establecer la capacidad económica del alimentante y de

la persona custodio.

L.P.R.A. sec. 518.

Artículo 19 de la Ley Núm. 5, 8

Véase además, Torres Peralta, op. cit.,

pág. 8.29.

De otra parte, la jurisprudencia de este Tribunal ha

resuelto

que

para

determinar

la

capacidad

económica

del

alimentante y de la persona custodio pueden considerarse

ciertos factores tales como “el estilo de vida que lleva el

alimentante,

su

capacidad

para

generar

ingresos,

la

naturaleza y cantidad de propiedades con que cuenta, la

naturaleza de su empleo o profesión, y sus otras fuentes de

ingreso”.

López v. Rodríguez, supra, pág. 33.

suplido.).

Véase

además,

págs. 73-74 (2001).

Argüello

v.

(Énfasis

Argüello,

supra,

Tales factores, según expusimos en

Argüello v. Argüello, pueden servir de base para “imputarle

ingresos al alimentante razonablemente, más allá de lo que

éste alegue o intente probar sobre el particular”.

Íd.,

pág. 74 (Énfasis en el original.)

Específicamente,

resolvió

que

los

en

gastos

Argüello

v.

mensuales

Argüello

en

que

este

Foro

incurre

el

CC-2007-872

30

alimentante

podrían

constituyen

imputársele

un

factor

ingresos,

en

virtud

cuando

sobrepasan los ingresos informados.

del

tales

cual

gastos

Sobre este particular,

Torres Peralta discute que “[l]os gastos en que incurre el

alimentante para sostener su estilo de vida, constituyen un

elemento

decisivo

situación

económica

9.16-9.17.

al

determinar

del

cuál

es

alimentante”.

la

Op.

verdadera

cit.,

págs.

Por ejemplo, las cuentas altas en tarjetas de

crédito podrían constituir un gasto que debe considerarse

aunque luego las referidas deudas se paguen a plazos.

Íd.

De

en

igual

forma,

obligaciones

si

el

alimentante

prestatarias,

podrían

ha

incurrido

considerarse

tales

deudas para imputarle ingresos cuando sean indicativas de

que recibe ingresos mayores a los informados u ostenta una

capacidad mayor para generar ingresos.

Por otro lado, en cuanto a la imputación de ingresos

por

“la

naturaleza

y

cantidad

de

propiedades”

del

alimentista, Torres Peralta comenta lo siguiente:

La naturaleza y cantidad de propiedades que

forman parte del capital del obligado y la

productividad potencial de las mismas es criterio

de alta importancia.

Mediante la utilización de

fórmulas disponibles, se puede convertir el valor

de

los

bienes

inmuebles

y

muebles

del

alimentante a un valor rental y adicionar el

resultado a los ingresos del alimentante.

Op. cit., pág. 9.21.

Ciertamente,

acudir

a

ejercicios

como

los

antes

discutidos resulta en ocasiones imprescindible para lograr

establecer

-mediante

el

mecanismo

de

imputación

de

ingresos- la situación económica real del alimentante.

No

CC-2007-872

obstante,

31

de

la

sentencia

emitida

por

el

Tribunal

de

Primera Instancia en el presente caso no surge que dicho

foro

acudiera

a

la

doctrina

de

imputación

de

ingresos

-considerando como un factor la naturaleza y valor de las

propiedades

la

señora

ingresos en el 1997.

$72,000

como

un

Llorens-

para

atribuirle

a

ésta

Tampoco surge que, al considerar los

ingreso

de

la

señora

Llorens,

el

foro

primario lo hiciera en virtud de la capacidad de ésta para

satisfacer sus deudas u obligaciones prestatarias.

Por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia se

limitó a establecer en su dictamen que, para el año 1997,

constituían parte del ingreso neto de la señora Llorens

“$72,000

capitalizado

inmuebles”.

Llorens

[el]

refinanciamiento

de

dos

Es decir, el tribunal determinó que la señora

realizó

una

“refinanciamiento”

hogar.

por

ganancia

de

los

de

capital

inmuebles

que

en

virtud

del

constituían

su

Como consecuencia de ello, el ingreso neto mensual

de la señora Llorens para dicho año ascendió a $8,268.25.

Tal y como hemos determinado, no procede atribuirle

automáticamente un ingreso a la señora Llorens por el hecho

del “refinanciamiento” de los inmuebles que constituían su

hogar.

Ello, porque la obligación de restituir el dinero

obtenido por el préstamo impide considerar tal partida como

parte del ingreso bruto recibido por ésta.

De otra parte,

aunque el aumento en valor de las propiedades de la señora

Llorens

fuera

el

“refinanciamiento”,

factor

ello

que

no

le

permitió

implica

que

obtener

dicho

el

aumento

CC-2007-872

32

constituya un ingreso realizado.

En virtud de lo anterior,

resolvemos que erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar

la

determinación

del

foro

primario

de

incluir

como

un

ingreso de la señora Llorens “$72,000 capitalizado por [el]

refinanciamiento de dos inmuebles”.

III.

Resuelto lo anterior, procederemos a determinar si al

calcular los ingresos que recibió la señora Llorens, por el

arrendamiento de varios inmuebles de su propiedad y por la

venta

de

ropa,

debieron

considerarse

y

descontarse

como

gastos necesarios para producir dichos ingresos aquellos

informados por ésta en sus planillas de contribución sobre

ingresos.

Sobre esta controversia, el artículo V(B)(1) de las

Guías de 1989 indica que en el caso de quien trabaje por

cuenta propia, el ingreso bruto se determinará: “por un

procedimiento similar al que se utiliza en la planilla de

contribución

sobre

ingresos

en

donde

se

toman

en

consideración los gastos necesarios en que el alimentante

haya

incurrido

para

producir

su

ingreso”.17

(Énfasis

suplido.)

17

Las Guías de 2006, en su artículo 7 A (1) (b), disponen

que “[e]n aquellos casos en que la persona custodia o no

custodia ejerza una profesión, oficio o conduzca un negocio

por cuenta propia, el ingreso bruto se determinará restando

a la totalidad de los beneficios económicos obtenidos en el

curso

del

negocio,

profesión

u

oficio,

los

gastos

necesarios en los cuales la persona haya incurrido para

obtener tales beneficios”.

Nótese que las Guías de 2006

eliminaron la referencia específica al procedimiento de la

planilla de contribución sobre ingresos.

Torres Peralta

CC-2007-872

En

33

virtud

del

citado

artículo,

la

señora

Llorens

argumenta que para determinar los ingresos obtenidos del

negocio de venta de ropa y del arrendamiento de bienes

inmuebles, debieron reducirse aquellos gastos que el Código

de

Rentas

Internas

contributivos.

permite

deducir

para

fines

Particularmente, alude a la sección 1023

(a) 1 del Código de Rentas Internas, 13 L.P.R.A. sec. 8423,

la cual prescribe que al computarse el ingreso neto, para

efectos

de

deducciones

pagados

o

una

industria

“[t]odos

los

incurridos

o

negocio,

gastos

durante

se

admitirán

ordinarios

el

año

y

como

necesarios

contributivo

en

la

explotación de [dicha] industria o negocio. . .”.

Al discutir el alcance del término “gastos ordinarios

y necesarios”, en el contexto contributivo, Manuel Tirado

Viera expone que “la condición de ‘ordinario y necesario’

en un gasto ha sido una cuestión controvertible”. Manuel

Tirado

Viera,

Fundamentos

de

las

contribuciones

ingreso de Puerto Rico, 2da ed., 1986, pág. 160.

sobre

Por un

lado, un gasto califica como “ordinario” si éste “prevalece

en

la

comunidad

como

negocio”.

Íd.

De

“necesario”

cuando

una

otra

“ayuda

práctica

en

la

parte,

un

en

desarrollo,

el

gasto

industria

continuidad de una industria o negocio”.

califica

Íd.

o

como

fomento

y

El criterio

de necesidad no implica que el gasto deba ser indispensable

para el funcionamiento del negocio, sino que es suficiente

expone que el lenguaje utilizado en las Guías de 2006

continúa siendo uno muy superficial. Op. cit., pág. 846.

CC-2007-872

34

una “razonable conexión con el propósito de fomentar la

industria o negocio”.

En

aplicación

Íd., págs. 160-161.

del

concepto

de

“gastos

ordinarios

y

necesarios”, las planillas de contribución sobre ingresos

proveen una lista no taxativa para que los contribuyentes

informen

los

gastos

operacionales

en

los

cuales

incurrido en el manejo de su industria o negocio.

Peralta

discute

que

la

enumeración

de

han

Torres

deducciones

contributivas permitidas por gastos necesarios y ordinarios

es una que se extiende “prácticamente ad infinitum”.

cit., págs. 8.47-8.51.

Op.

Dicha lista incluye, entre otras,

deducciones por: gastos de vehículo de motor, gastos de

comida

y

entretenimiento,

materiales,

reparaciones,

depreciación, reparaciones, anuncios, seguros, y gastos de

viaje.

Íd.

Algunas de las referidas deducciones podrían resultar

superfluas o injustificadas en el contexto de la imposición

de una pensión alimentaria.

En ese tenor, Torres Peralta

afirma que es insuficiente que cierto gasto se enumere en

las

planillas

de

contribución

sobre

ingresos,

y

sea

informado en éstas, para que deba restarse al calcular el

ingreso de un alimentante que trabaja por cuenta propia.

Íd.,

pág.

8.47.

Antes

bien,

expone

que

sólo

deben

considerarse como gastos necesarios, en la fijación de una

pensión

alimentaria,

incurridos”.

Íd.

aquellos

“razonables”

y

Coincidimos con tal criterio.

“realmente

CC-2007-872

35

Ciertamente,

las

Guías

de

1989

pautan

que

para

determinar el ingreso bruto de un alimentante que trabaja

por cuenta propia se seguirá un “procedimiento similar” al

que

se

utiliza

en

la

planilla

de

contribución

sobre

ingresos “en donde se toman en consideración los gastos

necesarios

en

que

el

producir su ingreso”.

que

se

acudirá,

alimentante

haya

incurrido

para

Es decir, las Guías de 1989 indican

ilustrativamente,

al

procedimiento

utilizado en las planillas de contribución sobre ingresos

para fijar el ingreso bruto del alimentante, en los casos

en que trabaje por cuenta propia.

Si

bien

el

proceso

que

se

sigue

en

el

contexto

contributivo es ilustrativo al momento de fijar el ingreso

bruto

en

tales

casos,

ello

no

implica

que

un

gasto

informado en las planillas de contribución sobre ingreso

deba reducirse automáticamente en el proceso de fijar una

pensión alimentaria.

fijación

de

pensiones

Más aún cuando, en el contexto de

alimentarias,

está

en

juego

el

bienestar de los menores alimentistas.

Asegurar el derecho de los menores a recibir alimentos

podría requerir una aplicación más restrictiva sobre lo que

constituye un gasto necesario en el contexto de la fijación

de una pensión alimentaria.

Aunque el proceso establecido

en el contexto contributivo sirve para ilustrar al foro

primario

-en

la

determinación

de

los

gastos

que

pueden

descontarse al establecer el ingreso bruto de quien trabaja

por cuenta propia- el hecho de que un gasto sea deducible

CC-2007-872

36

en las planillas de contribución sobre ingresos no adjudica

que dicho gasto sea uno “necesario” al fijar una pensión

alimentaria.

De otra parte, la existencia del gasto invocado por

quien está obligado a prestar alimentos es un asunto que

debe ser objeto de prueba ante el foro que ostenta la ardua

encomienda

de

fijar

una

pensión

alimentaria

justa

y

razonable.

Corresponde a dicho foro aquilatar la prueba

presentada para determinar si, como cuestión de hecho, se

incurrió en el gasto que se invoca.18

En síntesis, el foro adjudicador debe determinar si el

gasto invocado es uno en el que realmente se incurrió y

que,

además,

es

uno

circunstancias del caso.

necesario

a

la

luz

de

las

En cuanto a este último aspecto

debe evaluarse si el gasto es uno en el que razonablemente

se

incurrió

negocio.

con

El

el

interés

proceso

de

fomentar

administrativo

la

industria

referente

a

o

las

planillas de contribución sobre ingresos, y los gastos que

18

En López v. Rodríguez mencionamos que al hacer la

determinación sobre ingresos, para fijar una pensión

alimentaria, también debe tomarse en consideración la

economía subterránea que prevalece en Puerto Rico y “que el

mayor grado de evasión [contributiva] proviene de personas

con negocios propios, seguidos por varios grupos de

profesionales y, finalmente por algunos contribuyentes

asalariados”.

Íd., pág. 32, esc. 12, citando el Informe

del Secretario

de Hacienda sobre Reforma Contributiva de

1987, págs. 68-69.

En iguales términos, en Argüello v.

Argüello expusimos que al fijar la cuantía de pensión “debe

considerarse la economía subterránea que prevalece en

Puerto Rico y que muchos profesionales y personas con

negocios sólo declaran fiscalmente parte de sus ingresos

reales”. Íd., pág. 73.

CC-2007-872

37

allí se informen, no resultan obligatorios para el foro que

debe fijar una pensión alimentaria.

En el presente caso, contrario a lo que argumenta la

señora Llorens, el Tribunal de Primera Instancia no estaba

obligado a reducir los gastos que ésta informó para fines

contributivos.

Tras examinar la prueba presentada, dicho

foro determinó que procedía considerar el ingreso por venta

de ropa sin restar los gastos informados por la señora

Llorens en sus planillas de contribución sobre ingresos.

Igualmente, decidió que sólo procedía restar algunos gastos

referentes

al

arrendamiento

de

propiedades.

Dicha

determinación del foro primario bien pudo responder a que

no

entendió

probados

los

demás

gastos

invocados

por

la

señora Llorens o a que determinó que, a la luz de las

circunstancias del caso, los referidos gastos no resultaban

razonables.

El

ciertos

solo

hecho

gastos

en

de

que

la

señora

sus

planillas

de

Llorens

informara

contribución

sobre

ingresos resulta insuficiente para que proceda intervenir

con

la

determinación

del

sobre este particular.

Tribunal

de

Primera

Instancia

El que no se presentara prueba

adicional al respecto ante el foro primario, nos impide

concluir

que

la

señora

Llorens

incurrió

en

los

gastos

reclamados o que dichos gastos fueron razonables, a la luz

de las circunstancias del caso.

determinación

del

nuestra deferencia.

Tribunal

de

Ante tal escenario, la

Primera

Instancia

merece

Consecuentemente, resolvemos que no

CC-2007-872

38

erró el Tribunal de Apelaciones al no intervenir con lo

resuelto por el foro primario en cuanto a los gastos del

negocio de venta de ropa y al arrendamiento de propiedades

inmuebles.

IV.

Por último, examinaremos si debemos intervenir con la

cuantía

de

honorarios

de

abogado

concedida

por

el

foro

primario.

La imposición de los honorarios de abogado a favor de

los menores, en una acción para reclamar alimentos a favor

de éstos, procede sin la necesidad de que el demandado

incurra en temeridad pues dicha partida es parte de los

alimentos a los que tiene derecho el menor alimentista.

Guadalupe Viera v. Morell, supra, pág. 14, y casos allí

citados.

Véase

además,

Torres

v.

Carrasquillo,

supra.

Mediante el artículo 22(1) de Ley Núm. 5, 8 L.P.R.A. sec.

521,

se

incorporó

jurisprudencial,

procedimiento

al

estatutariamente

disponerse

referente

a

la

que

fijación

dicha

en

de

norma

cualquier

una

pensión

alimentaria deberá “impon[érsele] al alimentante el pago de

honorarios de abogado a favor del alimentista cuando éste

prevalezca”.

Así como la cuantía de los alimentos que se fije a

favor del menor debe resultar razonable, de igual forma la

partida correspondiente a los honorarios de abogado –que es

parte de los alimentos a los que tiene derecho el menor

alimentista-

debe

regirse

por

el

criterio

de

la

CC-2007-872

39

razonabilidad.

Guadalupe Viera v. Morell, supra.

además, Torres v. Carrasquillo, supra.

de

ello,

no

procede

intervenir

con

Véase

Como consecuencia

los

honorarios

de

abogado que conceda el foro primario salvo que la suma

concedida sea irrazonable.

Ciertamente, la extensión del pleito es un factor a

considerar al fijar los honorarios de abogado a favor del

menor

alimentista.

No

obstante,

éste

no

constituye

un

criterio único. Pueden existir otros factores, asociados al

curso de los procedimientos y las circunstancias del caso

en particular, que incidan en el criterio del juzgador en

el ejercicio de establecer una cuantía de honorarios justa

y razonable.

Luego

de

consideración

examinar

y

analizar

acontecidos

ante

estamos

posición

en

el

el

los

Tribunal

de

expediente

de

ante

trámites

Primera

intervenir

con

nuestra

procesales

Instancia,

la

cuantía

no

de

honorarios concedida por el foro primario. Confirmamos la

determinación del Tribunal de Apelaciones a los efectos de

que no procede alterar la suma de honorarios de abogado que

el Tribunal de Primera Instancia estimó razonable a la luz

de las circunstancias particulares y trámites acaecidos en

el presente litigio.

V.

Tras

resolver

las

controversias

planteadas,

y

en

virtud de los pronunciamientos que anteceden, modificamos

la sentencia recurrida, en lo que es incompatible con lo

CC-2007-872

40

aquí resuelto.

Devolvemos el caso al Tribunal de Primera

Instancia

para

sólo

que

dicho

foro

calcule

la

pensión

correspondiente al año 1997 excluyendo del ingreso de la

señora

Llorens

los

“$72,000

capitalizado

por

refinanciamiento de dos inmuebles”.

Se dictará sentencia de conformidad.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada

[el]

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Eileen Llorens Becerra

Peticionaria

v.

CC-2007-872

Ildefonso Mora Monteserín

Recurrido

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo 2010

Por los fundamentos expresados en la Opinión que

antecede, los cuales se incorporan íntegramente a la

presente, modificamos la sentencia recurrida, en lo

que es incompatible con lo aquí resuelto. Devolvemos

el caso al Tribunal de Primera Instancia sólo para que

dicho foro calcule la pensión correspondiente al año

1997 excluyendo del ingreso de la señora Llorens los

“$72,000 capitalizado por [el] refinanciamiento de dos

inmuebles”.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la

Secretaria del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado

señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada señora Pabón

Charneco disienten sin opinión escrita.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo