Tribunal Supremo de Puerto Rico
Lloréns Becerra v. Mora Monteserín
2010 TSPR 72
Poder Judicial de Puerto Rico
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Lloréns Becerra v. Mora Monteserín
CC-2007-872
Pensiones Alimentarias – cómputo del ingreso bruto para determinar pensión
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Eileen Llorens Becerra
Peticionario
Certiorari
v.
2010 TSPR 72
Ildefonso Mora Monteserín
178 DPR ____
Recurrido
Número del Caso: CC-2007-872
Fecha: 12 de mayo de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de San Juan
Jueza Ponente:
Hon. Emmalind García García
Abogada de la Parte Peticionaria:
Lcda. Beatríz Vázquez Acarón
Abogado de la Parte Recurrida:
Lcdo. Fidel Vélez Arcelay
Materia: Alimentos
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Eileen Llorens Becerra
Peticionaria
v.
CC-2007-872
Ildefonso Mora Monteserín
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez
San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo 2010
El
caso
ante
nuestra
consideración
presenta
varias controversias relacionadas con el concepto de
ingreso
bruto
aplicable
en
el
contexto
de
la
fijación de una pensión alimentaria para beneficio
de un menor alimentista.
De una parte, tenemos la
oportunidad
de
resolver
si,
constituye
parte
del
ingreso
en
dicho
bruto
de
contexto,
la
madre
custodio: el dinero que ésta obtuvo por un préstamo
hipotecario o el aumento en el valor del inmueble
con
el
que
prestataria.
se
garantizó
Además,
debemos
dicha
resolver
obligación
si
–por
disposición de las Guías para Determinar y Modificar
CC-2007-872
2
Pensiones
Alimentarias
en
Puerto
Rico
de
1989-
para
establecer el ingreso bruto de un alimentante que trabaja
“por cuenta propia”, deben restarse como gastos ordinarios
y necesarios aquellos deducibles para fines contributivos.
En tercer lugar, debemos evaluar si procede intervenir con
la partida de honorarios de abogado que el foro primario
concedió en favor de las menores alimentistas.
Veamos los hechos que originan las controversias que
están ante la consideración de este Tribunal.
I.
El
4
Becerra
de
(en
marzo
de
adelante
1996,
la
la
señora
señora
Eileen
Llorens)
Llorens
presentó
una
demanda sobre reclamación de alimentos en representación de
sus dos hijas menores, las cuales procreó con el demandado,
el
señor
Ildefonso
Mora
Monteserín
(en
adelante
señor
Mora).
El 12 de diciembre de ese mismo año, el Tribunal de
Primera
Instancia
fijó
una
pensión
provisional
de
$800
mensuales, la cual sería efectiva desde el 1 de diciembre
de 1996.
Posteriormente, el tribunal modificó la pensión
alimentaria provisional para aumentarla a $1,357.27.
modificación
sería
efectiva
desde
el
1
de
Dicha
diciembre
de
1998.
Transcurridos
casi
diez
(10)
años
desde
que
se
presentó la demanda, el 3 de noviembre de 2005, el Tribunal
de
Primera
estipulación
Instancia
de
las
dictó
partes.
una
sentencia
Mediante
parcial
dicha
por
sentencia
dispuso que, conforme a lo estipulado, quedaría satisfecha
CC-2007-872
3
la obligación alimentaria del señor Mora para el periodo
comprendido desde el 1 de enero de 2000.
Tras emitirse la
sentencia por estipulación, la controversia en el pleito
quedó limitada a establecer la obligación alimentaria del
señor Mora para el periodo comprendido desde el 4 de marzo
de 1996, hasta el 31 de diciembre de 1999.
El foro primario celebró una vista evidenciaria, la
cual
se
extendió
la
por
varios
días,
para
recibir
controversia
que
quedó
prueba
referente
a
pendiente
de
adjudicar.
En la vista sólo se presentó como testigo a la
señora Llorens quien testificó, entre otros aspectos, sobre
sus ingresos y los gastos personales de ella y sus hijas,
según surgían de sus planillas de información personal y
económica,
y
ingresos
que
de
las
presentó
planillas
de
desde
1996
Particularmente,
las
ingresos
ofrecidas
fueron
el
planillas
en
de
contribución
hasta
sobre
el
1999.
contribución
sobre
evidencia,
y
admitidas
por
estipulación de las partes, a los efectos de que incluían
los ingresos y gastos informados por la señora Llorens.
Surge de las planillas de contribución sobre ingresos
admitidas
en
evidencia
que
para
1996
la
señora
Llorens
informó que obtuvo un ingreso anual de $9,766 como empleada
de American Airlines.
Además, en el anejo correspondiente
a los ingresos de industria o negocio, informó que obtuvo
un ingreso anual de $2,836 producto de venta de ropa.
En
segundo lugar, para el 1997 la señora Llorens informó los
siguientes
ingresos:
$11,412
obtenido
como
empleada
de
CC-2007-872
4
American Airlines; $1,502 producto de la venta de ropa; y
$11,180 de ganancia de capital por la venta de un inmueble.
Para
el
1998,
la
señora
Llorens
informó
el
ingreso
de
$14,518 generado como empleada de American Airlines y el
ingreso de $1,775 correspondiente al negocio de venta de
ropa.
Por último, para el año 1999, informó el ingreso de
$15,260 obtenido como empleada de American Airlines y otro
ingreso
de
$4,414
por
ganancia
de
capital.
Para
este
último año informó pérdidas de $1,132, en el negocio de
venta de ropa.
Cabe mencionar que de los ingresos antes indicados,
los informados en relación con el negocio de venta de ropa,
constituyen las ganancias calculadas por la señora Llorens
luego de que ésta dedujera ciertos gastos en los que alega
incurrió para el manejo del referido negocio.
Entre las
deducciones informadas por la señora Llorens se encuentran
partidas de gastos sobre: vehículo de motor, reparaciones,
comida y entretenimiento, anuncios, depreciación, servicios
públicos como agua, luz y teléfono, materiales, y otros
gastos.
La
representación
legal
del
señor
Mora
inquirió,
durante el contrainterrogatorio, sobre lo informado por la
señora
Llorens
ingresos.
en
sus
planillas
Particularmente,
de
cuestionó
contribución
sobre
el
señora
que
la
Llorens no reportara ingresos producto del arrendamiento de
varios inmuebles de su propiedad.
Por el contario, en las
planillas de contribución sobre ingresos del 1996 al 1999
CC-2007-872
la
5
señora
Llorens
reportó
pérdidas
en
el
anejo
correspondiente a los ingresos por renta o alquiler.
En
respuesta
a
las
preguntas
de
la
representación
legal del señor Mora, la señora Llorens expuso que ello se
debió
a
que
los
pagos
de
las
contribuciones
sobre
la
propiedad y de los préstamos hipotecarios, sumados a los
gastos
de
operación
informados
en
las
planillas
de
contribución sobre ingresos, excedían la renta que recibía
por el arrendamiento de sus propiedades.
Afirmó que aunque
arrendó varias propiedades durante el periodo en cuestión,
dicho arrendamiento le generaba pérdidas.
Entre los gastos de operación informados por la señora
Llorens, en los anejos de las planillas de contribución
sobre
ingreso
encuentran
correspondientes
partidas
de
a
gastos
ingreso
por:
por
vehículos
renta,
de
se
motor,
servicios públicos como agua, luz y teléfono, tapicería,
jardinería,
sobre
la
depreciación
propiedad,
y
amortización,
mantenimiento,
contribuciones
materiales,
anuncios,
seguros y otros gastos.
Luego de celebrar la referida vista, el 31 de mayo de
2006,
el
Tribunal
Como
parte
de
de
sus
Primera
Instancia
determinaciones,
dictó
el
sentencia.
foro
primario
estableció el ingreso neto del señor Mora y de la señora
Llorens para los años en los que debía fijarse la pensión.
Según
lo
ingreso
estipulado
neto
mensual
por
las
del
señor
controversia, fue el siguiente:
partes,
Mora,
determinó
que
el
para
años
en
los
CC-2007-872
6
1996 - $2,862.03
1997 - $4,155.89
1998 - $4,218.19
1999 - $5,901.33
De otra parte, el tribunal determinó que el ingreso
neto mensual de la señora Llorens, para el mismo periodo,
fue el siguiente:
1996 - $1,692.86
1997 - $8,268.25
1998 - $1,945.67
1999 - $2,688.56
Surge de la sentencia que para calcular el ingreso
neto mensual de la señora Llorens el tribunal consideró el
salario que ésta devengó como empleada de la línea aérea
American Airlines.
A dichos ingresos el foro primario le
agregó los ingresos producto de la venta de ropa y del
arrendamiento de sus propiedades.
Además
de
los
ingresos
antes
mencionados,
para
calcular el ingreso neto mensual del año 1997, el foro
primario consideró $11,180 de ganancia de capital por la
venta
de
un
inmueble
y
“$72,000
refinanciamiento de dos inmuebles”.1
1
capitalizado
por
[el]
Por otro lado, para el
En la vista celebrada por el Tribunal de Primara
Instancia, la señora Llorens declaró que en el año 1997
“refinanció” los apartamentos que constituían su hogar para
sufragar sus gastos y los de sus hijas, los cuales
superaban sus ingresos.
Declaró, además, que recibió
$94,200 por dicho “refinanciamiento”.
En la planilla de
información personal de la señora Llorens, presentada el 22
de agosto de 1997, ésta declaró que entre sus pasivos u
obligaciones figuraba un préstamo hipotecario, con fecha de
CC-2007-872
año
7
1999,
el
tribunal
consideró
ganancias
de
capital
por
la
como
venta
ingreso
$4,414
de
propiedad
otra
de
inmueble.
Cabe mencionar que en la sentencia sólo se estableció
el
ingreso
neto
mensual
de
la
señora
Llorens,
sin
especificar qué cantidad de éste correspondía al salario de
American Airlines, a la venta de ropa y al arrendamiento de
bienes inmuebles.
No obstante, sí se pormenorizó la forma
en que el tribunal calculó las partidas correspondientes a
cada una de dichas fuentes de ingreso.
En
particular,
se
expuso
que
para
calcular
los
ingresos obtenidos como resultado del negocio de venta de
ropa, el tribunal de instancia consideró el “ingreso neto
(sin gastos)” producto de ese negocio.
Así, dicho foro
rechazó restar los gastos en los que la señora Llorens
alega haber incurrido, según tales gastos fueron informados
por ésta en sus planillas de contribución sobre ingresos.
De
otra
parte,
para
calcular
los
ingresos
que
la
señora Llorens obtuvo del arrendamiento de sus propiedades,
el
foro
primario
contribución
seguros
y
sobre
anuncios.
restó
la
las
siguientes
propiedad,
Por
el
“deducciones”:
intereses
contrario,
el
hipotecarios,
Tribunal
de
Primera Instancia rechazó considerar los demás gastos que
julio de 1997, cuyo balance adeudado era $119,000. Además,
informó la existencia de un préstamo hipotecario con fecha
de julio de 2007 cuyo balance adeudado era $30,000. Dichas
obligaciones gravaban los apartamentos G-202 y G-203 del
Condominio El Monte, los cuales pertenecían a la señora
Llorens y constituían el hogar de ésta y sus hijas.
Desconocemos el razonamiento bajo el cual el foro primario
arribó a la cantidad de $72,000.
CC-2007-872
8
la señora Llorens informó en sus planillas de contribución
sobre ingresos.
Además
de
lo
anterior,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia especificó en su dictamen que para determinar los
ingresos de la señora Llorens no consideró las sumas de
dinero que ésta recibió como préstamos tomados a amigos y
familiares.
De otra parte, para determinar el ingreso neto
anual,
tribunal
el
contribuciones
dedujo
sobre
los
ingresos,
pagos
según
anuales
las
por
planillas
presentadas, y las otras deducciones autorizadas por ley.
El foro primario concluyó que las cantidades resultantes
concordaban con los gastos del hogar estipulados por las
partes.2
En virtud de lo antes expuesto, el Tribunal de Primera
Instancia, determinó las sumas de pensión alimentaria que
debía satisfacer el señor Mora para el periodo comprendido
desde el 4 de marzo de 1996 hasta el 31 de noviembre de
1999.
La
pensión
para
cada
uno
de
los
años
de
dicho
periodo quedó establecida de la siguiente manera:
1996 - $1,255 mensuales
2
En la sentencia se especificó que los gastos personales
imputados al hogar de las menores y de la madre, según lo
estipulado por las partes, eran los siguientes:
1996 - $3,424.40 mensuales
1997 - $3,749.93 mensuales
1998 - $3,952.39 mensuales
1999 - $4,107.26 mensuales
1999 - $4,107.26 mensuales
CC-2007-872
9
1997 - $1,151 mensuales
1998 - $1,601 mensuales
1999 - $2,029 mensuales
Las
cantidades
$69,800.55.
el
señor
adeudada
de
pensión
antes
indicadas
sumaban
El foro primario especificó que de dicha suma
Mora
era
pagó
$55,138.24
$14,662.31.
reconsideración
de
La
y,
por
tanto,
la
Llorens
solicitó
determinación.3
En
señora
dicha
suma
reconsideración, el Tribunal de Primera Instancia le impuso
al señor Mora el pago de $5,000 por honorarios de abogado.
Inconforme aún, la señora Llorens acudió al Tribunal
de Apelaciones.4
Ante dicho foro arguyó que el Tribunal de
Primera Instancia erró al emitir una sentencia carente de
determinaciones
de
hecho
Además,
que
el
adujo
y
conclusiones
tribunal
de
de
instancia
derecho.
erró
al
imputarle ingresos por el refinanciamiento de un préstamo
hipotecario garantizado con los inmuebles que constituían
3
Además,
la
señora
Llorens
solicitó
del
tribunal
determinaciones de hecho y de derecho adicionales, al
amparo de la Regla 43.3 de las Reglas de Procedimiento
Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. R. 43.
No obstante, dicha
petición se presentó transcurrido el término de diez (10)
días aplicable.
4
El señor Mora también recurrió de la determinación del
foro primario.
Entre otros aspectos, éste señaló ante el
Tribunal de Apelaciones que el foro primario erró al no
imputarle ingresos a la señora Llorens por “el incremento
neto en el valor total de su patrimonio” durante el periodo
para el cual se estableció la pensión.
Asimismo, indicó
que procedía imputarle ingresos a la señora Llorens, en los
años 1996, 1998 y 1999, en virtud de su “nivel de vida”.
El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos y
confirmó la sentencia recurrida. Inconforme, el señor Mora
presentó un recurso de certiorari (CC-2007-0773) ante este
Foro con planteamientos similares a los esbozados ante el
foro intermedio. Mediante resolución de 16 de noviembre de
2007, denegamos la expedición de dicho recurso.
CC-2007-872
su hogar.
10
De otra parte, indicó que el foro primario erró
al no reconocer como gastos ordinarios y necesarios de los
negocios de alquiler de inmuebles y de la venta de ropa,
aquellos
que
identifica
como
tales
Internas de Puerto Rico, infra.
Tribunal
de
Primera
Instancia
el
Código
de
Rentas
Arguyó, además, que el
fijó
unos
honorarios
de
abogado poco razonables para un proceso litigioso que se
extendió por diez (10) años.
El Tribunal de Apelaciones
confirmó la sentencia recurrida en todos sus aspectos pues
resolvió que no procedía intervenir con las determinaciones
del foro primario.
De dicha sentencia la señora Llorens acudió ante este
Foro mediante recurso de certiorari.
que
el
Tribunal
de
Apelaciones
En síntesis, aduce
erró
al
sostener
que
procedía imputarle como parte de sus ingresos la suma que
obtuvo
producto
del
refinanciamiento
de
un
préstamo
hipotecario, pues dicha suma no constituye un ingreso.
En
segundo lugar, arguye que el Tribunal de Apelaciones debió
reconocer
como
arrendamiento
gastos
de
ordinarios
inmuebles
y
de
y
necesarios,
la
venta
de
para
el
ropa,
los
gastos reconocidos y aprobados como tales por el Código de
Rentas Internas de Puerto Rico.
los
honorarios
concedidos
por
Por último, argumenta que
el
foro
de
instancia
son
irrazonables considerando que este litigio se extendió por
un periodo de diez (10) años.
Por su parte, el señor Mora indica que el Tribunal de
Primera
Instancia
no
erró
al
considerar
“$72,000
CC-2007-872
11
capitalizado por refinanciamiento de dos inmuebles” para
calcular los ingresos de la señora Llorens.
dicha
capitalización
constituyó
una
Argumenta que
variable
más
al
determinar la capacidad económica de la señora Llorens y
que ello no implica que el foro primario considerara como
un ingreso de ésta el dinero obtenido a préstamo por el
refinanciamiento de los inmuebles que constituían su hogar.
Expone que el préstamo hipotecario fue el instrumento que
le
permitió
al
foro
primario
cuantificar
el
“equity
o
incremento en valor de los inmuebles” para luego imputarle
ingresos a la señora Llorens en virtud de su “capital o
patrimonio” total.
En cuanto al segundo asunto planteado, el señor Mora
aduce que el Tribunal de Primera Instancia adjudicó que la
señora Llorens no incurrió en los gastos que ésta alega y
que tal determinación merece deferencia.
señala
que
el
proceso
administrativo
De otra parte,
referente
a
las
planillas de contribución sobre ingresos, y los gastos allí
informados, no obligan al Tribunal de Primera Instancia.
Arguye
que
la
señora
Llorens
no
sustentó
los
gastos
informados en las planillas de contribución sobre ingresos
al no presentar prueba de éstos ante el foro primario.
En
ese
la
tenor,
autenticidad
señala
de
que
las
aunque
las
planillas
partes
de
estipularon
contribución
sobre
ingresos presentadas por la señora Llorens, no se estipuló
el contenido de éstas.
CC-2007-872
12
Por último, el señor Mora expone en su alegato que los
honorarios fijados por el Tribunal de Primera Instancia son
razonables.
Afirma
que
a
pesar
de
que
el
caso
estuvo
pendiente ante dicho foro por diez (10) años, sin que se
fijara una pensión, dicha dilación fue ocasionada por la
parte demandante y por el propio tribunal.
Tras
examinar
los
argumentos
de
ambas
partes,
procedemos a resolver.
II.
A.
El
caso
ante
nuestra
consideración
presenta,
nuevamente, una controversia concerniente a la obligación
jurídica del padre y de la madre de prestar alimentos a sus
hijos
menores.
Obligación
que
es
independiente
de
que
éstos ostenten la patria potestad o vivan en compañía del
menor.
Chévere
v.
Levis,
150
D.P.R.
525,
539
(2000).
Véase además, Martínez v. Rodríguez, 160 D.P.R. 145, 151
(2003).
En múltiples ocasiones hemos expresado que existe un
alto interés público de asegurar el cumplimiento con el
referido deber toda vez que el derecho de los menores a
recibir alimentos es uno consustancial a su derecho a la
vida.
Chévere v. Levis, supra, pág. 535.
Véanse además,
Martínez v. Rodríguez, supra, págs. 150-151; Argüello v.
Argüello, 155 D.P.R. 62, 69-70 (2001) y casos allí citados.
Así,
viabilizar
que
los
padres
cumplan
con
su
responsabilidad de contribuir a la manutención de sus hijos
CC-2007-872
es
el
13
propósito
de
la
legislación
y
reglamentación
concerniente al sustento de los menores, mediante la cual
se han pautado los principios y procedimientos que regirán
la
fijación
de
la
pensión
alimentaria.
Martínez
v.
cuantía
de
Rodríguez, supra, pág. 152.
En
primer
lugar,
la
fijación
de
una
alimentos está guiada por el principio, prescrito en el
artículo 146 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 565, que
exige
que
la
proporción
“a
pensión
los
alimentaria
recursos
del
se
que
los
necesidades del que los recibe. . .”.
Rodríguez, supra, pág. 153.
establezca
da
y
a
en
las
Véase, Martínez v.
Es decir, el criterio rector
para determinar una pensión alimentaria es que ésta sea
proporcional a los recursos económicos del alimentante y a
las necesidades del alimentista.
Íd.
indicado
de
que
“[l]a
determinación
Así pues, hemos
la
cuantía
de
los
alimentos corresponde al prudente arbitrio [del juzgador]”,
quien debe velar porque la cuantía que se establezca cumpla
con el principio de proporcionalidad.
Guadalupe Viera v.
Morell, 115 D.P.R. 4, 14 (1983).
Partiendo del susodicho principio de proporcionalidad
es
que
se
han
adoptado,
por
vía
estatutaria
y
reglamentaria, guías más precisas para dirigir la difícil
labor de determinar la capacidad económica con que cuentan
los padres y madres para suplir las necesidades de sus
hijos.
1986,
En ese tenor, la Ley Núm. 5 de 30 diciembre de
según
enmendada,
8
L.P.R.A.
sec.
501
et
seq.,
CC-2007-872
14
conocida como la Ley Orgánica para la Administración del
Sustento de Menores (en adelante Ley Núm. 5), prescribe
ciertas normas que rigen el proceso para fijar la pensión
alimentaria.
Normas cuyo propósito primordial es que se
logre establecer una pensión “justa y razonable” para el
beneficio del menor alimentista.
5,
8
L.P.R.A.
Rodríguez,
sec.
supra,
503.
págs.
Artículo 4 de la Ley Núm.
Véase
152-154.
además,
Martínez
Siguiendo
las
v.
normas
establecidas en la Ley Núm. 5, se promulgaron las Guías
para
Determinar
Puerto
Rico,
y
Modificar
Reglamento
Núm.
Pensiones
Alimentarias
en
4070
Departamento
de
del
Servicios Sociales, 8 de diciembre de 1989, (en adelante
Guías de 1989).5
En
Martínez
v.
Rodríguez
discutimos
el
proceso
evaluativo establecido en la Ley Núm. 5 y en las Guías de
1989
para
determinar
la
capacidad
alimentante6
y
lograr
fijar
razonable
la
luz
los
a
necesidades
del
de
económica
una
pensión
recursos
de
alimentista.
En
éste
del
alimentaria
y
síntesis,
de
las
dicho
procedimiento requiere que se determine el ingreso bruto
del
5
alimentante
para
luego
establecer
su
ingreso
neto.
Las Guías de 1989 quedaron derogadas por las Guías para
Determinar y Modificar las Pensiones Alimentarias en Puerto
Rico aprobadas mediante el Reglamento 7135 del Departamento
de la Familia, de 23 mayo de 2006 (en adelante Guías de
2006). Para el periodo objeto de la presente controversia
aplican las Guías de 1989. Véase, Torres v. Carrasquillo,
res. 29 de diciembre de 2009, 2009 T.S.P.R. 187, 177 D.P.R.
__ (2009).
6
La Ley Núm. 5, en su artículo 2(4), define alimentante
como “[c]ualquier persona que por ley tenga la obligación
de proveer alimentos y cubierta de seguro médico”. 8
L.P.R.A. sec. 501.
CC-2007-872
15
Íd., pág. 156.
Además del ingreso neto, se considerará el
capital o patrimonio total del alimentante para fijar la
pensión alimentaria que éste debe satisfacer.
de la Ley Núm. 5, 8 L.P.R.A. sec. 518.
Martínez v. Rodríguez, supra,
Artículo 19
Véanse además,
pág. 156, esc.12;
Sarah
Torres Peralta, La Ley de Sustento de Menores y el Derecho
Alimentario en Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, Pubs.
STP, 2007, pág. 8.06.
Como
parte
del
referido
proceso
evaluativo,
es
necesario determinar tanto la capacidad económica del padre
o
madre
no
custodio
custodio, toda
como
la
del
padre
o
de
la
madre
vez que ambos están obligados
a prestar
alimentos de forma proporcional a sus recursos.
López v.
Rodríguez, 121 D.P.R. 23, 29 (1988), citando a Vega v.
Vega, 85 D.P.R. 675, 679 (1962).
En lo que respecta al
padre o a la madre custodio7, el artículo 19 de la Ley Núm.
5, 8 L.P.R.A. sec. 518, dispone que para determinar su
capacidad económica, “y el cómputo proporcional a serle
imputado”,
deben
considerarse
iguales
criterios
que
los
utilizados para fijar capacidad económica del padre o la
madre no custodio.
Según
atención
expusimos
concierne
evaluativo
para
a
previamente,
la
aplicación
determinar
Llorens como madre custodio.
7
el
los
caso
del
ante
nuestra
referido
proceso
ingresos
de
la
señora
Particularmente, la señora
La Ley Núm. 5, en su artículo 2(25), define la persona
custodio como aquella “que puede ser un padre, madre,
pariente
o
tutor
responsable
del
cuido
diario
del
alimentista y administradora de los bienes de éste.” Íd.
CC-2007-872
16
Llorens aduce que no debió agregarse como parte de sus
ingresos el dinero que obtuvo por un préstamo que realizó
en el año 1997, el cual estaba garantizado con una hipoteca
constituida sobre el inmueble en el que residía junto a sus
hijas.
Además, arguye que al calcular los ingresos que
recibió por el arrendamiento de sus propiedades y por la
venta
de
ropa,
debieron
considerarse
y
descontarse
como
gastos necesarios para producir tales ingresos aquellos que
informó en las planillas de contribución sobre ingresos.
Examinaremos, primeramente, si el foro recurrido erró
al
confirmar
Instancia
la
de
determinación
incluir
del
“$72,000
Tribunal
capitalizado
de
Primera
por
[el]
refinanciamiento de dos inmuebles” como un ingreso de la
señora Llorens.
Tal controversia requiere referirnos a la
definición de ingreso bruto incluida en la Ley Núm. 5.
B.
Tal y como señaláramos anteriormente, “[l]os conceptos
de ingreso bruto y de ingreso neto [según definidos en la
Ley Núm. 5] son esenciales en materia de la determinación
de la pensión alimentaria a ser establecida o modificada
para beneficio de la parte alimentista”.
Torres Peralta,
op. cit., pág. 8.05.
Véase, Martínez v. Rodríguez, supra.
Ello
adelantamos,
porque,
determinar
la
según
capacidad
económica
el
primer
del
paso
alimentante
para
es
CC-2007-872
17
calcular su ingreso bruto, el cual, en virtud del artículo
2(16) de la Ley Núm. 5, 8 L.P.R.A. sec. 501 (16)8, incluye:
cualquier ganancia, beneficio, rendimiento o
fruto
derivado
de
sueldos,
jornales
o
compensación por servicios personales,. . .; o de
profesiones,
oficios,
industrias,
negocios,
comercio o ventas; o de operaciones en propiedad,
bien sea mueble o inmueble, que surjan de la
posesión o uso del interés en tal propiedad;
también los derivados de intereses, rentas,
dividendos, beneficios de sociedad, valores o la
operación de cualquier negocio explotado con
fines
del
lucro
o
utilidad;
y
ganancias,
beneficios, rendimientos, fondos, emolumentos o
compensación derivados de cualquier procedencia,
incluyendo
compensaciones
como
contratista
independiente,
compensaciones
por
desempleo,
compensaciones por incapacidad, beneficios de
retiro y pensiones o cualquier otro pago que
reciba
un
alimentante
de
cualquier
persona
natural o jurídica.
Luego de determinar el ingreso bruto, según éste se
conceptúa
en
la
definición
antes
transcrita,
procede
calcular el ingreso neto restando del ingreso bruto las
deducciones mandatorias establecidas por ley.
Rodríguez, supra, págs. 155-157.
Martínez v.
Así surge del artículo
2(17) de la Ley Núm. 5, 8 L.P.R.A. sec. 501, que define el
ingreso
neto
como
alimentante,
luego
contribuciones
requeridas
8
“[a]quellos
de
sobre
las
deducciones
ingreso,
mandatoriamente
ingresos
por
disponibles
por
concepto
seguro
social,
ley”.9
Véase
y
al
de
otras
además,
el
La definición de ingreso bruto de la Ley Núm. 5 se
incorporó en el artículo V(B)(1) de las Guías de 1989.
9
Además, el artículo 2(17) de la Ley Núm. 5, 8 L.P.R.A.
501,
permite
que
se
tomen
en
consideración
otras
deducciones
“por
concepto
de
planes
de
retiro,
asociaciones, uniones y federaciones voluntarias, así como
los descuentos a pagos por concepto de primas de pólizas de
seguros de vida, contra accidentes o servicios de salud
CC-2007-872
18
artículo V(B)(1) de las Guías de 1989.
De otra parte, el
citado artículo indica que “[l]a determinación final [sobre
el ingreso neto] se hará según toda la prueba disponible,
incluyendo estimados, estudios y proyecciones de ingresos,
gastos, estilo de vida y cualquier otra prueba pertinente”.
Íd.
Tal y como hemos expuesto, establecer el ingreso bruto
constituye
el
primer
paso
a
seguir
para
determinar
el
ingreso neto y, la capacidad económica con que cuentan los
obligados
a
prestar
alimentos.
Al
expresarse
sobre
la
definición de ingreso bruto incluida en la Ley Núm. 5,
Torres Peralta enfatiza que dicho concepto es uno abarcador
que debe interpretarse ampliamente de forma tal que, en la
determinación
consideren
inicial
“todos
de
los
lo
que
constituye
emolumentos
que
ingreso,
se
recibe
el
alimentante, sin exclusión alguna[,]… independientemente de
cu[á]l es la fuente de la que provienen los ingresos del
alimentante”.
Op. cit., pág. 8.14.10
Dicha interpretación
cuando el alimentista sea beneficiario de éstos”.
Véase,
Martínez v. Rodríguez, supra, págs. 155-157.
10
El artículo 7(A)(1)(a) de las Guías del 2006, establece
que: “Para determinar el ingreso bruto anual de la persona
custodia y de la no custodia se considerarán todas las
formas de ingreso incluidas en la definición de Ingreso de
[dicho] Reglamento.
No se considerarán ingresos, los
beneficios provenientes del programa de Asistencia Temporal
a Familias Necesitadas (TANF), Categoría C, ni los pagos
recibidos al amparo del Programa de Asistencia Nutricional
(PAN).” Torres Peralta expone que, según su criterio, las
exclusiones de la citada disposición no son de carácter
taxativo. Sugiere que, por ejemplo, además de las partidas
allí mencionadas los dineros obtenidos de préstamos
estudiantiles sean excluidos del concepto ingreso.
Op.
cit., págs. 4.40-4.41, 8.11-8.13.
Cf., Gilberston v.
CC-2007-872
19
extensiva del concepto ingreso responde al propósito de la
Ley Núm. 5 de asegurar el bienestar del menor alimentista y
el derecho de éste a recibir alimentos en proporción a sus
necesidades
y
a
los
recursos
reales
de
quienes
están
obligados a brindarle alimentos.
Así, el artículo 3 de la
Ley
502,
Núm.
5,
8
L.P.R.A.
sec.
establece
que
las
disposiciones de dicha ley deben interpretarse liberalmente
a favor de los mejores intereses del menor que necesita
alimentos.
A la luz de lo anterior, nos corresponde interpretar
la definición de ingreso bruto incluida en la Ley Núm. 5
para determinar si la señora Llorens generó un ingreso en
virtud
del
constituían
“refinanciamiento”
su
hogar.
Toda
vez
de
los
que
inmuebles
dicha
que
controversia
implica un préstamo, garantizado con ciertas propiedades
inmuebles,
básicos
es
pertinente
referentes
a
considerar
esta
algunos
obligación
aspectos
contractual.
Específicamente, el artículo 1631 del Código Civil, 31
L.P.R.A. sec. 4511, prescribe que mediante dicho contrato:
una de las partes entrega a la otra, o alguna
cosa no fungible para que use de ella por cierto
tiempo y se la devuelva, en cuyo caso se llama
comodato, o dinero u otra cosa fungible, con
condición de [de]volver otro tanto de la misma
especie
y
calidad,
en
cuyo
caso
conserva
simplemente el nombre de préstamo.
De otra parte, el artículo 1644 del Código Civil, 31
L.P.R.A. sec. 4571, expone que “el que recibe en préstamo
dinero u otra cosa fungible, adquiere su propiedad, y está
Graff, 477 N. W. 2d 771 (1991). (The excess student
proceeds are a periodic and reliable source of income.)
CC-2007-872
20
obligado a devolver al acreedor otro tanto de la misma
especie
y
calidad
préstamo
implica
[de
lo
recibido]”.
esencialmente
un
El
“aspecto
contrato
de
obligacional,
conformado por el compromiso de devolver otro tanto de la
misma
especie
y
calidad
.
.
.”.
José
Luis
Concepción
Rodríguez, Derecho de contratos, España, Ed. Bosch, S. A.,
2003, pág. 375.
Así, resulta necesario considerar si, para efectos de
la Ley Núm. 5, lo recibido en virtud de un contrato de
préstamo constituye un ingreso, independientemente de que
esté presente la obligación de restitución.
En relación
con
sólo
dicha
controversia
ilustrativo,
a
la
conviene
interpretación
referirnos,
sobre
la
a
modo
definición
de
ingreso bruto de la Ley Núm. 91 del 29 de junio de 1954,
según enmendada, conocida como Ley de Contribuciones sobre
Ingresos de 1954,11 toda vez que dicha definición incluía
una redacción muy similar a la del concepto ingreso de Ley
Núm. 5.
Específicamente, la sección 22(a) de la Ley de
Contribuciones
sobre
Ingresos
de
195412
disponía
que
el
ingreso bruto incluiría:
ganancias, beneficios e ingresos derivados de
sueldos, jornales, o compensación por servicios
profesionales . . . de cualquier clase y
cualquiera que sea la forma en que se pagaren; o
de profesiones, oficios, industrias, negocios,
comercio o ventas; o de operaciones en propiedad,
bien sea mueble o inmueble, que surjan de la
posesión o uso o del interés en tal propiedad;
11
Aunque la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954
fue derogada, la definición de ingreso bruto de dicho
estatuto se mantiene en la sección 1022 del Código de
Rentas Internas de 1994, 13 L.P.R.A. sec. 8422, vigente.
12
13 L.P.R.A. sec. 3022 (1976).
CC-2007-872
21
también los derivados de intereses, rentas ,
dividendos, beneficios de sociedades, valores o
la operación de cualquier negocio explotado con
fines de lucro o utilidad; y ganancias
o
beneficios e ingresos derivados de cualquier
procedencia.
Según expone Genovevo Meléndez Carrucini, la citada
definición, adoptada del Código de Rentas Internas Federal
de 1939, incluye una enumeración extensa y detallada de
partidas
que
constituyen
ingreso.
Genovevo
Meléndez
Carrucini, Ingreso tributable: inclusiones y doctrinas, 1ra
edición, San Juan, Puerto Rico, Instituto de Contribuciones
de Puerto Rico, Inc., 1991, págs. 149-152.
definición
de
ingreso
incluida
en
la
Al igual que la
Ley
Núm.
5,
la
definición de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de
1954 se redactó en un “sentido amplio y abarcador”.
Véase,
Orsini v. Secretario de Hacienda, res. 8 de diciembre de
2009, 2009 T.S.P.R. 190, 177 D.P.R. __ (2009), citando a G.
Meléndez Carrucini, Ingreso no tributable: exclusiones y
doctrinas,
1ra
edición,
Instituto
de
Contribuciones
de
Puerto Rico, Inc., San Juan, Puerto Rico, 1994, págs. 5758.
Ahora
legislador
bien,
al
el
definir
lenguaje
el
amplio
ingreso
utilizado
bruto,
no
por
el
implica
que
pueda otorgársele a dicho concepto, acudiendo al principio
de una interpretación extensiva, un alcance irrazonable que
resulte contrario a la intención legislativa.
Orsini v.
Secretario de Hacienda, supra.
Por ello, a pesar de la amplitud del lenguaje con el
cual se define el concepto ingreso bruto, se confrontan con
frecuencia dificultades “en la caracterización de partidas
CC-2007-872
en
cuanto
22
a
si
contributivos.
son
o
Meléndez
no
‘ingreso’”
Carrucini,
para
Ingreso
inclusiones y doctrinas, op. cit., pág. 152.
fines
tributable:
En ese tenor,
Meléndez Carrucini discute que la jurisprudencia federal es
ejemplo de los numerosos debates referentes a la definición
de ingreso.
resultar
Íd., pág. 171.
particularmente
Dicha jurisprudencia puede
ilustrativa
al
interpretar
la
definición de ingreso bruto incluida en los estatutos sobre
contribuciones de Puerto Rico, toda vez que el sistema de
tributación
de
dicha
legislación
modelo estadounidense.
En
lo
se
adoptó
siguiendo
el
Íd., pág. 173.
pertinente
a
la
controversia
ante
nuestra
atención, en el contexto contributivo, la jurisprudencia
federal
ha
resuelto
que
lo
obtenido
préstamo no constituye ingreso.
en
virtud
de
un
En James v. United States,
366 U.S. 213, 219 (1961), el Tribunal Supremo de Estados
Unidos reafirmó la norma de que un préstamo no constituye
un
ingreso
acquires
al
expresar
earnings,
consensual
lo
siguiente:
lawfully
recognition,
or
express
“When
unlawfully,
or
a
taxpayer
without
implied,
of
the
an
obligation to repay and without restriction as to their
disposition, he has received income . . . This standard
brings wrongful appropriations within the broad sweep of
“gross
income”;
omitidas.)
it
(Citas
internas
v.
U.S.
207-208
(1990);
Commissioner v. Tufts, 461 U.S. 300, 307 (1983).
(“When a
&
Light
además,
loans.”
Commissioner
Power
Véanse
excludes
Co.,
493
203,
Indianapolis
CC-2007-872
23
taxpayer receives a loan, he incurs an obligation to repay
that loan at some future date.
the
loan
proceeds
do
not
Because of this obligation,
qualify
as
income
to
the
taxpayer.")
Al
igual
que
lo
ha
interpretado
la
jurisprudencia
federal, en el ordenamiento contributivo puertorriqueño el
dinero obtenido a préstamo no constituye un ingreso.13
Así,
en presencia de un pacto de restituir lo recibido, como
ocurre
en
el
contrato
de
préstamo,
constituye un ingreso tributable.
lo
obtenido
no
Fernández v. Secretario
de Hacienda, 95 D.P.R. 429, 432 (1967).14
(“El factor más
importante en la solución del problema que confrontamos es
la
intención
con
que
se
efectuaron
los
retiros,
y
más
concretamente, si al momento de realizarse se tenía o no la
intención de reintegrarlos”.)
13
Véase, Meléndez Carrucini,
Aunque para fines contributivos lo obtenido en virtud de
un contrato de préstamo no constituye ingreso, en algunas
circunstancias, cuando parte de la obligación del deudor es
cancelada puede considerarse que éste recibe ingresos en un
monto igual a la porción de la deuda que ha sido cancelada.
Meléndez Carrucini, Ingreso tributable: inclusiones y
doctrinas, op. cit., págs. 213-214. Para una aplicación de
lo anterior en el contexto de la fijación de una pensión
alimentaria, véase, e.g., In the matter of Thimothy
Sullivan, 159 N. H. 251 (2009).
14
En Fernández v. Secretario de Hacienda, el demandante
alegaba que ciertos fondos retirados de una corporación
íntima, en la cual éste figuraba como presidente y principal
accionista, constituían un préstamo y no el pago de
dividendos informales o implícitos. En el caso de que fueran
dividendos implícitos, los fondos recibidos constituían un
ingreso tributable.
Véase también, Viñas Sorba et. al v.
Secretario de Hacienda, 97 D.P.R. 282 (1969). Torres Peralta
entiende que, igualmente, en el contexto de la fijación de
una pensión alimentaria, un préstamo legítimo a un accionista
no forma parte de su ingreso bruto, mas sí constituye un
ingreso el pago de dividendos implícitos.
Op. cit., pág.
10.63.
CC-2007-872
Ingreso
24
tributable:
inclusiones
y
doctrinas,
op.
cit.,
págs. 488- 491.
A pesar de que la definición de ingreso de la Ley Núm.
5
incluye
una
redacción
casi
idéntica
a
la
Ley
de
Contribuciones sobre Ingresos de 1954, la interpretación
del concepto ingreso que hemos discutido tiene un carácter
meramente ilustrativo en lo que respecta a la controversia
ante nuestra consideración.
asegurar
el
bienestar
derecho
de
éstos
inherente
a
su
a
de
El alto interés público de
los
recibir
derecho
a
menores
alimentistas
alimentos,
la
vida,
y
el
que
es
requerir
una
como
podría
uno
interpretación aún más abarcadora del concepto ingreso en
el contexto de la imposición de una pensión alimentaria.
Así, la interpretación que adoptemos debe ser cónsona
con el propósito de la Ley Núm. 5 de asegurar el bienestar de
los menores alimentistas.15
concepto
ingreso
proporcionalidad
debe
A su vez, la interpretación del
concordar
con
que
rige
la
alimentaria.
Debemos
pues
resolver
propósitos
de
la
Núm.
5,
aplicable,
requieren
definición
de
Ley
una
ingreso
el
de
de
una
si
los
principios
como
la
reglamentación
interpretación
más
amplia
que
la
fijación
principio
así
que
opera
en
el
pensión
de
y
la
contexto
contributivo, de forma tal que se considere incluido dentro
15
Véase, Torres Peralta, op. cit., pág. 8.31.
Véase
además, ilustrativamente, Shearn v. Shearn, 50 Conn. App.
225 (1998), en donde se rechazó adoptar una interpretación
de ingreso imperante en el ámbito contributivo porque dicha
interpretación era contraria a lo expresamente dispuesto en
la reglamentación aplicable al contexto de la fijación de
una pensión alimentaria.
CC-2007-872
25
de dicho concepto el dinero obtenido en virtud de un contrato
de préstamo.
Resolvemos que no.
Si bien el concepto ingreso incluido en la Ley Núm. 5
es uno abarcador y que requiere una interpretación amplia
en favor del derecho del menor alimentista, las inclusiones
bajo dicho concepto deben, a su vez, representar ganancias,
beneficios,
rendimiento
o
frutos
con
los
que
realmente
cuente el alimentante, de forma tal que se establezca una
pensión justa y razonable.
Adoptar la interpretación de
que el dinero recibido a préstamo constituye un ingreso, a
pesar de la obligación de restituirlo, implicaría imputar
una
situación
económica
irreal
al
obligado
a
prestar
alimentos y, por tanto, ello sería contrario al principio
de
proporcionalidad
alimentos.
imperante
Consecuentemente,
en
materia
de
fijación
concluimos
que
no
de
incluir
directamente como ingreso el dinero obtenido a préstamo, en
el contexto de la aplicación de la Ley Núm. 5, constituye
la norma que concuerda con el principio de proporcionalidad
que rige en materia de fijación de una pensión alimentaria.
La
conclusión
a
la
cual
arribamos
no
lesiona
el
derecho de los menores alimentistas a obtener una pensión
que se ajuste tanto a sus necesidades como a la capacidad
económica del obligado a prestarle alimentos.
circunstancias,
las
obligaciones
En ciertas
prestatarias
del
alimentante pueden constituir un factor a considerar para
fijar una pensión, si dichas obligaciones son indicativas
de que éste recibe ingresos mayores a los informados o
CC-2007-872
26
tiene una capacidad económica mayor a la que alega.
Ello
es posible, según discutiremos posteriormente, mediante la
aplicación de la doctrina de imputación de ingresos.
C.
Precisamente, el argumento del señor Mora es que, en
el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia acudió a
la doctrina de imputación de ingresos al agregar como un
ingreso de la señora Llorens los $72,000 obtenidos por el
refinanciamiento
de
sus
propiedades.
Expone
que
no
se
trata de que el dinero obtenido a préstamo constituyera
automáticamente un ingreso de ésta, sino que el préstamo
hipotecario
sirvió
“equity
incremento
o
de
instrumento
en
valor”
para
cuantificar
de
los
el
inmuebles
pertenecientes a la señora Llorens para imputarle ingresos
a ésta en virtud de su capital o patrimonio total.
Con
relación
a
dicho
planteamiento,
primeramente,
debemos examinar si el aumento en valor de las propiedades
constituye parte del ingreso bruto bajo la Ley Núm. 5.
Sobre este asunto, conviene acudir nuevamente, y a modo
ilustrativo,
a
la
norma
establecida
en
el
contexto
contributivo.
Aunque en el referido contexto el incremento en valor
de una propiedad podría calificar como un beneficio, no se
considera que se ha recibido o devengado, como tal, un
ingreso
“hasta
realiza”.
inclusiones
tanto
el
Meléndez
y
doctrinas,
beneficio
Carrucini,
op.
cit.,
o
la
Ingreso
págs.
ganancia
se
tributable:
185-186.
Lo
CC-2007-872
27
anterior es resultado de la aplicación de la doctrina de
realización de ingresos (“realization of income”), la cual
incluye como principio que “[e]l mero incremento en valor
de una propiedad, o la expectación de una ganancia, no es
ingreso hasta tanto se dispone de la propiedad o se recibe
o devenga el ingreso”.16
Meléndez
Íd., pág. 185.
Carrucini
explica
que,
en
virtud
de
la
doctrina de realización de ingresos, aunque una propiedad
aumente en su valor, “no [s]e ha realizado la ganancia que
representa
el
propietario]
incremento
no
tiene
en
que
valor
declarar
y
por
como
lo
tanto
ingreso
[el
dicho
incremento en valor. . . aunque derive algunas ventajas del
nuevo valor aumentado de la propiedad. . .”.
186.
Íd., pág.
Una ventaja sería, por ejemplo, que el propietario
tome un préstamo garantizado con hipoteca sobre el inmueble
que ha aumentado en valor.
Aunque se obtenga una ventaja
como ésta, se requeriría la venta o disposición del bien
para la realización de la ganancia, lo cual no ocurre al
tomar
dinero
a
préstamo
garantizando
la
obligación
contraída con una hipoteca sobre el bien inmueble.
Íd.
Así, el incremento en valor de una propiedad no implica
automáticamente la realización de un ingreso.
Expuesto
lo
anterior,
debemos
resolver
si,
en
el
contexto de la Ley Núm. 5, la aplicación de la doctrina de
realización de ingresos resulta inadecuada al determinar si
16
Nótese que el Tribunal de Primera Instancia aplicó esta
norma al incluir como ingresos de la señora Llorens para
los años 1997 y 1999 las ganancias que esta obtuvo por la
venta de dos inmuebles.
CC-2007-872
el
28
aumento
en
ingreso.
el
valor
Concluimos
de
que
una
la
propiedad
aplicación
constituye
de
la
un
referida
doctrina resulta apropiada, en el presente caso, pues sería
irrazonable
considerar
directamente
como
ganancia que aún no se ha realizado.
ingreso
una
Máxime cuando la
alegada ganancia se trata del incremento en valor de los
apartamentos
que
constituyen
el
hogar
de
la
persona
custodio y las menores alimentistas.
La amplitud de la
definición
Ley
de
ingreso
incluida
interpretación
extensiva
que
beneficio
del
menor
sostener
interpretaciones
en
la
requiere
alimentista,
que
no
Núm.
dicho
implica
en
5,
y
la
concepto
en
que
su
debamos
aplicación
contravendrían el principio básico de proporcionalidad que
rige la fijación de pensiones alimentarias.
D.
Lo previamente expuesto no significa que el valor de
las propiedades de quien está obligado a prestar alimentos
o las deudas y obligaciones prestatarias en que éste haya
incurrido
no
puedan
considerarse
en
forma
alguna
para
determinar su capacidad económica.
El interés de asegurar
que
una
el
menor
alimentista
reciba
pensión
justa
y
razonable, en protección de su derecho fundamental a la
vida,
exige
la
consideración
de
ciertos
factores,
al
determinar la capacidad económica del alimentante, entre
los
cuales
mencionados.
se
encuentran
los
dos
criterios
antes
CC-2007-872
De
29
una
propiedades
parte,
con
alimentos
se
establecer
una
que
la
Ley
Núm.
5
cuentan
los
obligados
a
prestar
un
factor
para
lograr
ajuste
a
consideren
como
pensión
razonable
permite
que
se
que
las
la
capacidad económica de éstos.
Según expusimos previamente,
dicha
“capital
ley
establece
que
el
o
patrimonio”
se
considerarán como elementos adicionales al ingreso neto,
para establecer la capacidad económica del alimentante y de
la persona custodio.
L.P.R.A. sec. 518.
Artículo 19 de la Ley Núm. 5, 8
Véase además, Torres Peralta, op. cit.,
pág. 8.29.
De otra parte, la jurisprudencia de este Tribunal ha
resuelto
que
para
determinar
la
capacidad
económica
del
alimentante y de la persona custodio pueden considerarse
ciertos factores tales como “el estilo de vida que lleva el
alimentante,
su
capacidad
para
generar
ingresos,
la
naturaleza y cantidad de propiedades con que cuenta, la
naturaleza de su empleo o profesión, y sus otras fuentes de
ingreso”.
López v. Rodríguez, supra, pág. 33.
suplido.).
Véase
además,
págs. 73-74 (2001).
Argüello
v.
(Énfasis
Argüello,
supra,
Tales factores, según expusimos en
Argüello v. Argüello, pueden servir de base para “imputarle
ingresos al alimentante razonablemente, más allá de lo que
éste alegue o intente probar sobre el particular”.
Íd.,
pág. 74 (Énfasis en el original.)
Específicamente,
resolvió
que
los
en
gastos
Argüello
v.
mensuales
Argüello
en
que
este
Foro
incurre
el
CC-2007-872
30
alimentante
podrían
constituyen
imputársele
un
factor
ingresos,
en
virtud
cuando
sobrepasan los ingresos informados.
del
tales
cual
gastos
Sobre este particular,
Torres Peralta discute que “[l]os gastos en que incurre el
alimentante para sostener su estilo de vida, constituyen un
elemento
decisivo
situación
económica
9.16-9.17.
al
determinar
del
cuál
es
alimentante”.
la
Op.
verdadera
cit.,
págs.
Por ejemplo, las cuentas altas en tarjetas de
crédito podrían constituir un gasto que debe considerarse
aunque luego las referidas deudas se paguen a plazos.
Íd.
De
en
igual
forma,
obligaciones
si
el
alimentante
prestatarias,
podrían
ha
incurrido
considerarse
tales
deudas para imputarle ingresos cuando sean indicativas de
que recibe ingresos mayores a los informados u ostenta una
capacidad mayor para generar ingresos.
Por otro lado, en cuanto a la imputación de ingresos
por
“la
naturaleza
y
cantidad
de
propiedades”
del
alimentista, Torres Peralta comenta lo siguiente:
La naturaleza y cantidad de propiedades que
forman parte del capital del obligado y la
productividad potencial de las mismas es criterio
de alta importancia.
Mediante la utilización de
fórmulas disponibles, se puede convertir el valor
de
los
bienes
inmuebles
y
muebles
del
alimentante a un valor rental y adicionar el
resultado a los ingresos del alimentante.
Op. cit., pág. 9.21.
Ciertamente,
acudir
a
ejercicios
como
los
antes
discutidos resulta en ocasiones imprescindible para lograr
establecer
-mediante
el
mecanismo
de
imputación
de
ingresos- la situación económica real del alimentante.
No
CC-2007-872
obstante,
31
de
la
sentencia
emitida
por
el
Tribunal
de
Primera Instancia en el presente caso no surge que dicho
foro
acudiera
a
la
doctrina
de
imputación
de
ingresos
-considerando como un factor la naturaleza y valor de las
propiedades
la
señora
ingresos en el 1997.
$72,000
como
un
Llorens-
para
atribuirle
a
ésta
Tampoco surge que, al considerar los
ingreso
de
la
señora
Llorens,
el
foro
primario lo hiciera en virtud de la capacidad de ésta para
satisfacer sus deudas u obligaciones prestatarias.
Por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia se
limitó a establecer en su dictamen que, para el año 1997,
constituían parte del ingreso neto de la señora Llorens
“$72,000
capitalizado
inmuebles”.
Llorens
[el]
refinanciamiento
de
dos
Es decir, el tribunal determinó que la señora
realizó
una
“refinanciamiento”
hogar.
por
ganancia
de
los
de
capital
inmuebles
que
en
virtud
del
constituían
su
Como consecuencia de ello, el ingreso neto mensual
de la señora Llorens para dicho año ascendió a $8,268.25.
Tal y como hemos determinado, no procede atribuirle
automáticamente un ingreso a la señora Llorens por el hecho
del “refinanciamiento” de los inmuebles que constituían su
hogar.
Ello, porque la obligación de restituir el dinero
obtenido por el préstamo impide considerar tal partida como
parte del ingreso bruto recibido por ésta.
De otra parte,
aunque el aumento en valor de las propiedades de la señora
Llorens
fuera
el
“refinanciamiento”,
factor
ello
que
no
le
permitió
implica
que
obtener
dicho
el
aumento
CC-2007-872
32
constituya un ingreso realizado.
En virtud de lo anterior,
resolvemos que erró el Tribunal de Apelaciones al confirmar
la
determinación
del
foro
primario
de
incluir
como
un
ingreso de la señora Llorens “$72,000 capitalizado por [el]
refinanciamiento de dos inmuebles”.
III.
Resuelto lo anterior, procederemos a determinar si al
calcular los ingresos que recibió la señora Llorens, por el
arrendamiento de varios inmuebles de su propiedad y por la
venta
de
ropa,
debieron
considerarse
y
descontarse
como
gastos necesarios para producir dichos ingresos aquellos
informados por ésta en sus planillas de contribución sobre
ingresos.
Sobre esta controversia, el artículo V(B)(1) de las
Guías de 1989 indica que en el caso de quien trabaje por
cuenta propia, el ingreso bruto se determinará: “por un
procedimiento similar al que se utiliza en la planilla de
contribución
sobre
ingresos
en
donde
se
toman
en
consideración los gastos necesarios en que el alimentante
haya
incurrido
para
producir
su
ingreso”.17
(Énfasis
suplido.)
17
Las Guías de 2006, en su artículo 7 A (1) (b), disponen
que “[e]n aquellos casos en que la persona custodia o no
custodia ejerza una profesión, oficio o conduzca un negocio
por cuenta propia, el ingreso bruto se determinará restando
a la totalidad de los beneficios económicos obtenidos en el
curso
del
negocio,
profesión
u
oficio,
los
gastos
necesarios en los cuales la persona haya incurrido para
obtener tales beneficios”.
Nótese que las Guías de 2006
eliminaron la referencia específica al procedimiento de la
planilla de contribución sobre ingresos.
Torres Peralta
CC-2007-872
En
33
virtud
del
citado
artículo,
la
señora
Llorens
argumenta que para determinar los ingresos obtenidos del
negocio de venta de ropa y del arrendamiento de bienes
inmuebles, debieron reducirse aquellos gastos que el Código
de
Rentas
Internas
contributivos.
permite
deducir
para
fines
Particularmente, alude a la sección 1023
(a) 1 del Código de Rentas Internas, 13 L.P.R.A. sec. 8423,
la cual prescribe que al computarse el ingreso neto, para
efectos
de
deducciones
pagados
o
una
industria
“[t]odos
los
incurridos
o
negocio,
gastos
durante
se
admitirán
ordinarios
el
año
y
como
necesarios
contributivo
en
la
explotación de [dicha] industria o negocio. . .”.
Al discutir el alcance del término “gastos ordinarios
y necesarios”, en el contexto contributivo, Manuel Tirado
Viera expone que “la condición de ‘ordinario y necesario’
en un gasto ha sido una cuestión controvertible”. Manuel
Tirado
Viera,
Fundamentos
de
las
contribuciones
ingreso de Puerto Rico, 2da ed., 1986, pág. 160.
sobre
Por un
lado, un gasto califica como “ordinario” si éste “prevalece
en
la
comunidad
como
negocio”.
Íd.
De
“necesario”
cuando
una
otra
“ayuda
práctica
en
la
parte,
un
en
desarrollo,
el
gasto
industria
continuidad de una industria o negocio”.
califica
Íd.
o
como
fomento
y
El criterio
de necesidad no implica que el gasto deba ser indispensable
para el funcionamiento del negocio, sino que es suficiente
expone que el lenguaje utilizado en las Guías de 2006
continúa siendo uno muy superficial. Op. cit., pág. 846.
CC-2007-872
34
una “razonable conexión con el propósito de fomentar la
industria o negocio”.
En
aplicación
Íd., págs. 160-161.
del
concepto
de
“gastos
ordinarios
y
necesarios”, las planillas de contribución sobre ingresos
proveen una lista no taxativa para que los contribuyentes
informen
los
gastos
operacionales
en
los
cuales
incurrido en el manejo de su industria o negocio.
Peralta
discute
que
la
enumeración
de
han
Torres
deducciones
contributivas permitidas por gastos necesarios y ordinarios
es una que se extiende “prácticamente ad infinitum”.
cit., págs. 8.47-8.51.
Op.
Dicha lista incluye, entre otras,
deducciones por: gastos de vehículo de motor, gastos de
comida
y
entretenimiento,
materiales,
reparaciones,
depreciación, reparaciones, anuncios, seguros, y gastos de
viaje.
Íd.
Algunas de las referidas deducciones podrían resultar
superfluas o injustificadas en el contexto de la imposición
de una pensión alimentaria.
En ese tenor, Torres Peralta
afirma que es insuficiente que cierto gasto se enumere en
las
planillas
de
contribución
sobre
ingresos,
y
sea
informado en éstas, para que deba restarse al calcular el
ingreso de un alimentante que trabaja por cuenta propia.
Íd.,
pág.
8.47.
Antes
bien,
expone
que
sólo
deben
considerarse como gastos necesarios, en la fijación de una
pensión
alimentaria,
incurridos”.
Íd.
aquellos
“razonables”
y
Coincidimos con tal criterio.
“realmente
CC-2007-872
35
Ciertamente,
las
Guías
de
1989
pautan
que
para
determinar el ingreso bruto de un alimentante que trabaja
por cuenta propia se seguirá un “procedimiento similar” al
que
se
utiliza
en
la
planilla
de
contribución
sobre
ingresos “en donde se toman en consideración los gastos
necesarios
en
que
el
producir su ingreso”.
que
se
acudirá,
alimentante
haya
incurrido
para
Es decir, las Guías de 1989 indican
ilustrativamente,
al
procedimiento
utilizado en las planillas de contribución sobre ingresos
para fijar el ingreso bruto del alimentante, en los casos
en que trabaje por cuenta propia.
Si
bien
el
proceso
que
se
sigue
en
el
contexto
contributivo es ilustrativo al momento de fijar el ingreso
bruto
en
tales
casos,
ello
no
implica
que
un
gasto
informado en las planillas de contribución sobre ingreso
deba reducirse automáticamente en el proceso de fijar una
pensión alimentaria.
fijación
de
pensiones
Más aún cuando, en el contexto de
alimentarias,
está
en
juego
el
bienestar de los menores alimentistas.
Asegurar el derecho de los menores a recibir alimentos
podría requerir una aplicación más restrictiva sobre lo que
constituye un gasto necesario en el contexto de la fijación
de una pensión alimentaria.
Aunque el proceso establecido
en el contexto contributivo sirve para ilustrar al foro
primario
-en
la
determinación
de
los
gastos
que
pueden
descontarse al establecer el ingreso bruto de quien trabaja
por cuenta propia- el hecho de que un gasto sea deducible
CC-2007-872
36
en las planillas de contribución sobre ingresos no adjudica
que dicho gasto sea uno “necesario” al fijar una pensión
alimentaria.
De otra parte, la existencia del gasto invocado por
quien está obligado a prestar alimentos es un asunto que
debe ser objeto de prueba ante el foro que ostenta la ardua
encomienda
de
fijar
una
pensión
alimentaria
justa
y
razonable.
Corresponde a dicho foro aquilatar la prueba
presentada para determinar si, como cuestión de hecho, se
incurrió en el gasto que se invoca.18
En síntesis, el foro adjudicador debe determinar si el
gasto invocado es uno en el que realmente se incurrió y
que,
además,
es
uno
circunstancias del caso.
necesario
a
la
luz
de
las
En cuanto a este último aspecto
debe evaluarse si el gasto es uno en el que razonablemente
se
incurrió
negocio.
con
El
el
interés
proceso
de
fomentar
administrativo
la
industria
referente
a
o
las
planillas de contribución sobre ingresos, y los gastos que
18
En López v. Rodríguez mencionamos que al hacer la
determinación sobre ingresos, para fijar una pensión
alimentaria, también debe tomarse en consideración la
economía subterránea que prevalece en Puerto Rico y “que el
mayor grado de evasión [contributiva] proviene de personas
con negocios propios, seguidos por varios grupos de
profesionales y, finalmente por algunos contribuyentes
asalariados”.
Íd., pág. 32, esc. 12, citando el Informe
del Secretario
de Hacienda sobre Reforma Contributiva de
1987, págs. 68-69.
En iguales términos, en Argüello v.
Argüello expusimos que al fijar la cuantía de pensión “debe
considerarse la economía subterránea que prevalece en
Puerto Rico y que muchos profesionales y personas con
negocios sólo declaran fiscalmente parte de sus ingresos
reales”. Íd., pág. 73.
CC-2007-872
37
allí se informen, no resultan obligatorios para el foro que
debe fijar una pensión alimentaria.
En el presente caso, contrario a lo que argumenta la
señora Llorens, el Tribunal de Primera Instancia no estaba
obligado a reducir los gastos que ésta informó para fines
contributivos.
Tras examinar la prueba presentada, dicho
foro determinó que procedía considerar el ingreso por venta
de ropa sin restar los gastos informados por la señora
Llorens en sus planillas de contribución sobre ingresos.
Igualmente, decidió que sólo procedía restar algunos gastos
referentes
al
arrendamiento
de
propiedades.
Dicha
determinación del foro primario bien pudo responder a que
no
entendió
probados
los
demás
gastos
invocados
por
la
señora Llorens o a que determinó que, a la luz de las
circunstancias del caso, los referidos gastos no resultaban
razonables.
El
ciertos
solo
hecho
gastos
en
de
que
la
señora
sus
planillas
de
Llorens
informara
contribución
sobre
ingresos resulta insuficiente para que proceda intervenir
con
la
determinación
del
sobre este particular.
Tribunal
de
Primera
Instancia
El que no se presentara prueba
adicional al respecto ante el foro primario, nos impide
concluir
que
la
señora
Llorens
incurrió
en
los
gastos
reclamados o que dichos gastos fueron razonables, a la luz
de las circunstancias del caso.
determinación
del
nuestra deferencia.
Tribunal
de
Ante tal escenario, la
Primera
Instancia
merece
Consecuentemente, resolvemos que no
CC-2007-872
38
erró el Tribunal de Apelaciones al no intervenir con lo
resuelto por el foro primario en cuanto a los gastos del
negocio de venta de ropa y al arrendamiento de propiedades
inmuebles.
IV.
Por último, examinaremos si debemos intervenir con la
cuantía
de
honorarios
de
abogado
concedida
por
el
foro
primario.
La imposición de los honorarios de abogado a favor de
los menores, en una acción para reclamar alimentos a favor
de éstos, procede sin la necesidad de que el demandado
incurra en temeridad pues dicha partida es parte de los
alimentos a los que tiene derecho el menor alimentista.
Guadalupe Viera v. Morell, supra, pág. 14, y casos allí
citados.
Véase
además,
Torres
v.
Carrasquillo,
supra.
Mediante el artículo 22(1) de Ley Núm. 5, 8 L.P.R.A. sec.
521,
se
incorporó
jurisprudencial,
procedimiento
al
estatutariamente
disponerse
referente
a
la
que
fijación
dicha
en
de
norma
cualquier
una
pensión
alimentaria deberá “impon[érsele] al alimentante el pago de
honorarios de abogado a favor del alimentista cuando éste
prevalezca”.
Así como la cuantía de los alimentos que se fije a
favor del menor debe resultar razonable, de igual forma la
partida correspondiente a los honorarios de abogado –que es
parte de los alimentos a los que tiene derecho el menor
alimentista-
debe
regirse
por
el
criterio
de
la
CC-2007-872
39
razonabilidad.
Guadalupe Viera v. Morell, supra.
además, Torres v. Carrasquillo, supra.
de
ello,
no
procede
intervenir
con
Véase
Como consecuencia
los
honorarios
de
abogado que conceda el foro primario salvo que la suma
concedida sea irrazonable.
Ciertamente, la extensión del pleito es un factor a
considerar al fijar los honorarios de abogado a favor del
menor
alimentista.
No
obstante,
éste
no
constituye
un
criterio único. Pueden existir otros factores, asociados al
curso de los procedimientos y las circunstancias del caso
en particular, que incidan en el criterio del juzgador en
el ejercicio de establecer una cuantía de honorarios justa
y razonable.
Luego
de
consideración
examinar
y
analizar
acontecidos
ante
estamos
posición
en
el
el
los
Tribunal
de
expediente
de
ante
trámites
Primera
intervenir
con
nuestra
procesales
Instancia,
la
cuantía
no
de
honorarios concedida por el foro primario. Confirmamos la
determinación del Tribunal de Apelaciones a los efectos de
que no procede alterar la suma de honorarios de abogado que
el Tribunal de Primera Instancia estimó razonable a la luz
de las circunstancias particulares y trámites acaecidos en
el presente litigio.
V.
Tras
resolver
las
controversias
planteadas,
y
en
virtud de los pronunciamientos que anteceden, modificamos
la sentencia recurrida, en lo que es incompatible con lo
CC-2007-872
40
aquí resuelto.
Devolvemos el caso al Tribunal de Primera
Instancia
para
sólo
que
dicho
foro
calcule
la
pensión
correspondiente al año 1997 excluyendo del ingreso de la
señora
Llorens
los
“$72,000
capitalizado
por
refinanciamiento de dos inmuebles”.
Se dictará sentencia de conformidad.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada
[el]
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Eileen Llorens Becerra
Peticionaria
v.
CC-2007-872
Ildefonso Mora Monteserín
Recurrido
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo 2010
Por los fundamentos expresados en la Opinión que
antecede, los cuales se incorporan íntegramente a la
presente, modificamos la sentencia recurrida, en lo
que es incompatible con lo aquí resuelto. Devolvemos
el caso al Tribunal de Primera Instancia sólo para que
dicho foro calcule la pensión correspondiente al año
1997 excluyendo del ingreso de la señora Llorens los
“$72,000 capitalizado por [el] refinanciamiento de dos
inmuebles”.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la
Secretaria del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado
señor Rivera Pérez y la Jueza Asociada señora Pabón
Charneco disienten sin opinión escrita.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo