Tribunal Supremo de Puerto Rico
Danosa Caribbean, Inc. v. Santiago Metal Manufacturing Corp., y otro
2010 TSPR 77
Poder Judicial de Puerto Rico
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Danosa Caribbean, Inc. v. Santiago Metal Manufacturing Corp., y otro
CC-2008-882
Sentencia con Opiniones Concurrentes y Voto Disidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Danosa Caribbean, Inc.
Recurridos
v.
Santiago Metal Manufacturing
Corp., Juan del Pueblo XYZ, Inc.
Certiorari
2010 TSPR 77
179 DPR ____
Peticionarios
Número del Caso: CC-2008-882
Fecha: 19 de mayo de 2010
Tribunal de Apelaciones:
Región Judicial de Carolina Guayama Panel XIII
Juez Ponente:
Hon. Rafael Ortiz Carrión
Abogada de la parte peticionaria:
Lcda. Livia M. Rosado Bermúdez
Abogado de la parte Recurrida:
Lcdo. Luis E. Palacios
Materia: Cobro de Dinero
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal
Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Danosa Caribbean, Inc.
Recurridos
CC-2008-882
v.
Santiago Metal Manufacturing
Corp., Juan del Pueblo XYZ, Inc.
Peticionarios
SENTENCIA
San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2010.
Por medio del presente recurso de certiorari
se nos solicita que revisemos la Sentencia emitida
por el Tribunal de Apelaciones en el caso de autos.
En ella, el foro apelativo intermedio revocó el
dictamen del Tribunal de Primera Instancia.
Debemos resolver si de los hechos surge que se
perfeccionó
un
contrato
entre
las
partes.
De
entender que no se perfeccionó un contrato, debemos
resolver cuál es el criterio para determinar el
importe a que tiene derecho un contratista cuando
se pacta un cambio en la obra sin acuerdo sobre el
precio.
Examinemos
los
presente controversia.
hechos
que
originaron
la
CC-2008-882
2
I
El
Municipio
de
San
Sebastián,
dueño
de
la
obra,
contrató a Vissepó & Diez Construction Corp., en adelante
Vissepó,
como
contratista
general
para
el
techado
del
Coliseo del Municipio de San Sebastián, en adelante el
Coliseo.
Para
subcontrató
a
realizar
Santiago
adelante Santiago.
el
aludido
Metal
trabajo,
Manufacturing
Vissepó
Corp.,
en
A su vez, el 12 de octubre de 2001,
Santiago subcontrató a Danosa Caribbean, Inc., en adelante
Danosa, para que realizara el techado del Coliseo.1
Danosa
cotizó por la obra la cantidad de $145,774.00, la cual fue
aceptada por Santiago.
Durante la ejecución de la obra se realizaron dos (2)
cambios al proyecto para realizar trabajos no convenidos
en el contrato original.2
El segundo de los cambios es el
que suscita la presente controversia.3
Éste tenía como
propósito cubrir la parte inferior del alero del Coliseo
con unas planchas de metal.
1
Ambas partes acordaron un contrato de ejecución de obras.
2
Los cambios realizados a un proyecto de construcción son
conocidos en la industria de la construcción como “change
orders”. También suelen utilizarse los términos de “orden
de cambio” o “cambio de orden”.
En lo sucesivo nos
referiremos a los aludidos cambios como “ordenes de
cambio” u “orden de cambio”, según aplique.
En el
presente caso, los cambios al proyecto de construcción son
producto de la Orden de Cambio Número Uno (1) de 14 de
noviembre de 2002 y de la Orden de Cambio Número Dos (2),
para la cual se confeccionaron dos (2) documentos: uno con
fecha de 3 de abril de 2003 y otro con fecha de 23 de
abril de 2003.
3
Orden de Cambio Número Dos (2).
CC-2008-882
3
El 9 de agosto de 2002, Santiago le cotizó a Vissepó
la obra, objeto de la segunda orden de cambio, con miras a
subcontratar
a
Danosa.
En
dicha
cotización
Santiago
estimó el costo de la obra por la cantidad de $29,498.60.4
Esta
cotización
fue
realizada
por
Santiago
antes
de
conocer la cotización de Danosa, puesto que Vissepó le
presionaba para evitar retrasos en la obra.
El 25 de octubre de 2002, Danosa le envió una carta a
Santiago en la que cotizó el proyecto objeto de la segunda
orden de cambio por la cantidad de $63,680.00.
Además,
Danosa le indicó a Santiago que esperaba por su aprobación
para proceder a efectuar el trabajo.
Sin embargo, para
esa
los
fecha
Danosa
ya
había
comenzado
trabajos
para
instalar las planchas de metal en el alero del Coliseo.
Para ello, Danosa subcontrató a Cibel Metal Products, en
adelante Cibel.
El 1 de noviembre de 2002, Santiago le envío una
carta
a
Danosa
en
la
telefónica entre ambos.
que
aludió
a
una
conversación
En la referida carta, Santiago
confirmó el contenido de la comunicación telefónica “en
relación a los trabajos adicionales de cubrir la parte
inferior
del
alero
con
el
mismo
material
del
techo”.5
4
Santiago tomó como base para su cotización el hecho de
que el área del techo medía 15,191 pies cuadrados y
costaría $145,774.00, según la cotización de Danosa,
mientras que el alero tenía un área menor a 2,000 pies
cuadrados.
5
Carta de Santiago dirigida a Danosa, con fecha de 1 de
noviembre de 2002.
Véase, Apéndice, a la pág. 68.
CC-2008-882
Además,
4
Santiago
se
responsabilizó
por
los
costos
adicionales de surgir problemas con el diseñador.
Sin
embargo, en la referida carta no se estableció el precio
pactado.
El 22 de noviembre de 2002, Cibel, subcontratista de
Danosa, concluyó la instalación de las planchas de metal
en el alero del Coliseo.
Por ello, Danosa le pagó la
totalidad del trabajo realizado, antes de que la segunda
orden de cambio fuera tramitada.6
En relación a la segunda orden de cambio, Santiago
confeccionó
dos
estableció
la
(2)
documentos.
cantidad
de
El
$63,680.00,
primer
documento
mientras
que
el
segundo documento fijó la suma de $29,047.10 para la obra
objeto de la segunda orden de cambio.7
Ambos documentos
establecen que no serán válidos hasta que sean firmados
por el dueño de la obra y el contratista.8
Sin embargo,
ninguno de los documentos fue firmado por ambas partes.
El primer documento fue firmado sólo por Danosa el 3 de
abril
de
2003,
exclusivamente
Nótese,
que
mientras
por
para
que
Santiago
ambas
el
fechas
el
23
la
segundo
de
obra
fue
abril
en
firmado
de
2003.
controversia
6
El primer documento de la Orden de Cambio Número Dos (2)
fue tramitado el 3 de abril de 2003.
7
El cambio de precio se realizó para corregir una
equivocación en la cuantía producto de un error de la
persona que tomó la información por parte de Santiago.
Una vez Santiago se percató del error, sustituyó la
primera cifra por la cantidad aprobada por Vissepó.
8
“Not valid until signed by the Owner and Contractor”.
Véase, Apéndice, a las págs. 80 y 81.
CC-2008-882
había
5
concluido.
Posteriormente,
mediante
comunicación
escrita, Danosa y Santiago intentaron negociar la cantidad
adeudada sin poder llegar a un acuerdo.
Así las cosas, el 13 de abril de 2007, Danosa presentó
en el Tribunal de Primera Instancia una demanda de cobro de
dinero
en
contra
de
Santiago.
En
la
demanda,
Danosa
reclamó la cantidad de $63,680.00 por la obra realizada en
el alero del Coliseo.9
Santiago contestó la demanda y
aceptó que había una deuda, pero negó que ésta fuese por la
cantidad reclamada.
Luego de celebrado el juicio en su fondo, el 17 de
marzo de 2008, el Tribunal de Primera Instancia declaró con
lugar la demanda de cobro de dinero presentada por Danosa.
Su decisión se amparó en la doctrina de enriquecimiento
injusto.
existía
cambio.
Ello,
un
por
contrato
entender
válido
que
sobre
entre
la
las
partes
no
segunda
orden
de
A esos efectos, el foro primario concluyó que
ninguno de los dos (2) documentos de la orden de cambio en
controversia contó con la firma de ambas partes.
El Tribunal de Primera Instancia entendió que Danosa
inició los trabajos sin consentimiento de Santiago, por lo
que asumió el riesgo de que su cotización fuera rechazada,
como en efecto sucedió.
9
El foro primario entendió que
Danosa también reclamó otras cantidades de dinero
alegadamente adeudadas por Santiago.
Luego de varios
trámites procesales, Santiago pagó las sumas que no estaban
en disputa. De esa forma, la controversia quedó reducida a
la cantidad de $63,680.00 que Danosa alega Santiago le debe
por el trabajo objeto de la segunda orden de cambio.
CC-2008-882
6
Santiago cometió un error el cual intentó subsanar mediante
un ajuste en el precio de la segunda orden de cambio.
Sin
embargo, Santiago no obtuvo confirmación de Danosa para tal
reducción en el precio.
Por tanto, el Tribunal de Primera
Instancia dictaminó que Santiago asumió también el riesgo y
Danosa no aceptó.
Al declarar con lugar la demanda, el foro primario le
ordenó
a
Santiago
pagarle
a
Danosa
la
cantidad
de
$29,498.60 en vez de la cantidad $63,680.00 reclamada por
Danosa.10
Además,
ordenó
Danosa
a
el
el
Tribunal
pago
de
de
Primera
$2,000.00
en
Instancia
le
concepto
de
honorarios de abogado por temeridad.
Ello, por entender
que
hasta
Danosa
insistió
en
su
reclamo
las
últimas
consecuencias “a pesar de reconocer la falta de las dos
firmas para validar la orden de cambio”.11
Inconforme con el dictamen del Tribunal de Primera
Instancia, Danosa presentó un recurso de apelación ante el
Tribunal de Apelaciones.
El 20 de junio de 2008, el foro
apelativo intermedio emitió una Sentencia en la que revocó
al foro primario y resolvió lo siguiente: (1) que existía
un contrato entre las partes; (2) que el precio convenido
en
el
contrato
era
el
reclamado
por
Danosa,
a
saber:
$63,680.00; y (3) eliminó la partida concedida a favor de
10
La suma establecida por el Tribunal de Primera Instancia
es igual a la recibida por Santiago de parte de Vissepó por
concepto del trabajo aludido en la segunda orden de cambio.
11
Véase, Apéndice, a la pág. 108.
CC-2008-882
Santiago
7
en
concepto
de
honorarios
de
abogado
por
temeridad.
Insatisfecho con el dictamen emitido por el Tribunal
de Apelaciones, Santiago acudió ante nos mediante recurso
de certiorari señalando la comisión del error siguiente:
Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que
no
había
controversia
en
cuanto
a
las
determinaciones de hechos que hizo el Tribunal de
Primera Instancia y luego intervenir con la
apreciación de la prueba del Tribunal de Primera
Instancia para finalmente determinar que hubo un
contrato válido entre las partes y concluir que
no
era
de
aplicación
la
doctrina
de
enriquecimiento injusto.
El
20
certiorari
de
marzo
de
2009,
solicitado
en
el
expedimos
caso
de
el
auto
de
autos.
Con
el
beneficio de la comparecencia de ambas partes, revocamos en
parte la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y
devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para
que
a
tenor
con
la
prueba
presentada
y
admitida
se
adjudique si se pactó el precio de la obra producto de la
segunda orden de cambio.
foro
apelativo
Confirmamos la determinación del
intermedio
de
eliminar
la
partida
de
honorarios de abogado por temeridad.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del
Tribunal
Denton
Supremo.
emitió
El
opinión
Juez
Presidente
concurrente
y
señor
disidente.
Hernández
El
Juez
Asociado señor Rivera Pérez concurre con opinión escrita a
la cual se unen la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y
el
Juez
Asociado
Asociado
señor
señor
Kolthoff
Caraballo.
El
Martínez
Torres
concurre
opinión
con
Juez
CC-2008-882
escrita.
La
8
Jueza
Asociada
señora
Rodríguez
Rodríguez
disiente con opinión escrita a la cual se une la Jueza
Asociada señora Fiol Matta.
Aida Ileana Oquendo Graulau
Secretaria del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Danosa Caribbean, Inc.
Demandante-Recurrido
v.
CC-2008-882
Certiorari
Santiago Metal Manufacturing
Corp., Juan del Pueblo XYZ, Inc.
Demandada-Peticionaria
Opinión Concurrente y Disidente
Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON
emitida
por
el
Juez
San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2010.
Concurrimos con el resultado de la Sentencia emitida
en el día de hoy al revocar en parte el dictamen del
Tribunal de Apelaciones.
No obstante, disentimos del
proceder del Tribunal de devolver el caso al foro de
instancia para que determine si se pactó o no el precio
de
la
obra
requerida
controversia.
pactó,
por
por
la
orden
de
cambio
en
Somos del criterio que el precio no se
lo
que
devolveríamos
el
asunto
al
foro
primario para que determine únicamente el importe al que
tiene
derecho
el
contratista
jurisprudencia de este Tribunal.
a
la
luz
de
la
CC-2009-882
2
I.
De
la
instancia
prueba
surge
presentada
que
y
Santiago
admitida
Metal
ante
el
foro
Manufacturing
de
Corp.
(Santiago Metal) estimó lo que costaría el cambio en la obra
y así le cotizó al contratista general, quien le pagó la
cantidad solicitada.
Dicha gestión se hizo antes de recibir
la cotización de Danosa Caribbean, Inc., a quien Santiago
Metal había subcontratado para realizar el trabajo.
Varios meses más tarde, Danosa remitió su cotización a
Santiago Metal e inició el trabajo, mas lo hizo sin recibir
la aprobación de Santiago Metal de dicha cotización.
A pesar
de que Santiago Metal preparó los documentos de orden de
cambio, los cuales requerían la firma tanto de Santiago Metal
como de Danosa para ser válidos, éstos no se llegaron a
firmar por ambas partes, por lo que surgió la controversia
que nos ocupa sobre el precio de la orden de cambio.
Danosa
alega que tiene derecho a que se le pague la totalidad de lo
que
cotizó
solicitó
por
la
Santiago
obra
realizada
a
Metal,
lo
ésta
cual
raíz
del
cambio
que
última
niega
por
entender que nunca aceptó dicha cotización.
Como es sabido, según el Art. 1485 del Código Civil, 31
L.P.R.A. sec. 4126, el contratista sólo tendrá derecho a
exigir un aumento en el precio de la obra cuando se haya
realizado algún cambio en ésta, siempre que haya mediado la
autorización del dueño. En ausencia de precio pactado para
dicha modificación, nuestra jurisprudencia ha reconocido el
criterio
del
aumento
en
valor
de
la
obra
efectuada
como
mecanismo para determinar el importe a pagarse. Dicho importe
CC-2009-882
3
equivale a la diferencia entre el costo de la obra según el
contrato original y el costo de la obra realizada según la
modificación.
Zequeira v. C.R.U.V., 83 D.P.R. 878 (1961).
En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia,
luego de recibir y aquilatar prueba al respecto, determinó
que ésta había sido confusa en cuanto a si se pactó el
precio, por lo que aplicó la doctrina de enriquecimiento
injusto y ordenó a Santiago Metal a pagar a Danosa sólo lo
que
había
recibido
cotización
inicial.
del
contratista
Es
decir,
general
ya
el
foro
a
base
de
de
su
instancia
determinó que no se había pactado el precio.
Por su parte, el Tribunal de Apelaciones concluyó que
Santiago Metal había aceptado tácitamente la cotización de
Danosa al no oponerse a ésta y permitir que la obra se
realizara.
Discrepamos de este criterio, pues la prueba
presentada
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
fue
conflictiva al respecto.
Del expediente ante nuestra consideración surge que las
partes convinieron en realizar una modificación a la obra,
mas no pactaron el precio que ésta conllevaría. Por lo tanto,
entendemos
que
es
de
aplicación
la
doctrina
pautada
en
Zequeira v. C.R.U.V., supra, en cuanto a que el contratista
sólo tiene derecho al aumento en valor de la obra en aquellos
casos en que se ordena un cambio sin que se pacte precio
alguno.
No obstante, la Sentencia que emite hoy el Tribunal
devuelve el caso al foro de instancia para que, una vez más,
determine si el precio se pactó o no.
Entendemos que este
CC-2009-882
4
proceder es errado y redunda en una duplicidad procesal que
evita que el caso se resuelva con la prontitud que las partes
merecen.
II.
En vista de lo anterior, concurrimos con el proceder
del
Tribunal
de
revocar
la
sentencia
recurrida,
pero
disentimos en cuanto a la devolución del caso al Tribunal de
Primera Instancia para que dicho foro determine si se pactó
el precio.
Contrario al dictamen que hoy emite el Tribunal,
y según surge del expediente, entendemos que el precio no se
pactó. Por consiguiente, devolveríamos el caso al Tribunal de
Primera Instancia únicamente a los efectos de calcular el
aumento en valor de la obra y así determinar el importe al
que tiene derecho Danosa conforme a la norma establecida por
este Tribunal en Zequeira v. C.R.U.V., supra.
Federico Hernández Denton
Juez Presidente
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Danosa Caribbean, Inc.
Recurridos
CC-2008-882
v.
Santiago Metal Manufacturing
Corp., Juan del Pueblo XYZ,
Inc.
Peticionarios
Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez a
la cual se unen la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez
Asociado señor Kolthoff Caraballo.
San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2010.
En
I
ordenamiento
nuestro
pueden
establecer
convenientes
en
los
un
la
pactos
contrato,
ley,
que
partes
entiendan
siempre
que
moral,
ni
no
público.12
Para que un contrato nazca válidamente es
necesario
que
los
requisitos
al
sean
a
consentimiento y causa.13
la
las
contrarios
concurran
a
jurídico
de
a
que,
como
regla
general,
tienen requisitos de forma, “siempre
12
31 L.P.R.A. § 3372.
13
31 L.P.R.A. § 3391.
objeto,
Las partes pueden contratar
en la forma que entiendan más conveniente.
debe
orden
los
Ello se
contratos
no
CC-2008-882
2
que en ellos concurran las condiciones esenciales para su
validez”.14
Nuestro Código Civil dispone que “[e]l consentimiento
se
manifiesta
por
el
concurso
de
la
oferta
y
de
la
aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el
contrato”.15
La voluntad contractual ha de manifestarse para
que
consentimiento,
exista
de
manera
que
el
acuerdo
de
voluntades se formará mediante lo declarado por una y otra
parte.
La intención de los contratantes se verifica en
atención a los actos coetáneos y posteriores de las partes.16
En un contrato de ejecución de obras se puede pactar la
realización de una obra en la que una parte ponga su trabajo
y/o los materiales.17
El contrato de ejecución de obras es
consensual, bilateral y oneroso.18
En este tipo de contrato
una parte se obliga a hacer una cosa y la otra se compele a
dar por ella el precio pactado.
En específico, el dueño de
la obra tiene la obligación de pagar el precio de ésta en la
forma, cuantía y tiempo convenido.
El contratista, por su
parte, tiene la obligación de realizar y entregar la obra
conforme a lo convenido en el contrato, a las reglas del
14
31 L.P.R.A. § 3451.
15
31 L.P.R.A. § 3401.
16
31 L.P.R.A. § 3472.
17
31 L.P.R.A. § 4121.
18
Master Concrete v. Fraya, 152 D.P.R. 616, 624 (2000).
CC-2008-882
arte
de
3
la
construcción
y
a
los
usos
o
reglas
profesionales.19
El precio acordado en un contrato de ejecución de obras
determina a qué tiene derecho el contratista, salvo que haya
un cambio en la obra con aprobación del dueño de la obra.20
Cuando ello ocurre, el contratista puede pedir un aumento de
precio.21
De acuerdo a Manresa, “[e]ste aumento de precio no
procede de la naturaleza del contrato, sino de la verdadera
novación que las partes han introducido en él”.22
Una
orden
original.23
El
de
cambio
precio
es
una
pactado
en
novación
una
al
orden
contrato
de
cambio
determina el importe a que tiene derecho el contratista.
En
Salgado v. Figueroa,24 expresamos que cuando se acuerda un
cambio de obra sin pactar el precio, el criterio para fijar
el importe es el valor razonable de los servicios prestados.
En
esa
ocasión,
luego
de
perfeccionado
un
contrato
de
construcción, el dueño de la obra le requirió al contratista
que realizara ampliaciones y modificaciones en la obra.
Sin
embargo, el precio por el referido aumento de trabajo no se
19
Íd.
20
31 L.P.R.A. § 4126.
21
Íd.
22
Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español,
6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, Tomo X, Vol. II, pág. 721.
(Énfasis nuestro).
23
Íd.
24
33 D.P.R. 931 (1925).
CC-2008-882
pactó.25
puede
4
Resolvimos en aquella ocasión que el contratista
reclamar
servicios.
y
obtener
el
valor
de
razonable
sus
Además, expresamos que el valor razonable por el
aumento de trabajo era el que justificara la prueba y no la
estimación y apreciación personal que de sus servicios hacía
el contratista.26
Cabe
aludida
mencionar,
controversia
que
en
bajo
Salgado,
el
supra,
Artículo
atendimos
1473
del
la
Código
Civil,27 el cual dispone lo siguiente:
Pueden arrendarse los servicios de criados y
trabajadores sin tiempo fijo o por cierto tiempo.
El arrendamiento hecho por toda la vida es nulo.
En cuanto a los servicios profesionales, se
estará, para la remuneración de los mismos, a lo
convenido entre las partes; cuando no hubiere
convenio y surgieren diferencias, la parte con
derecho a la remuneración podrá reclamar y obtener
en juicio de la otra parte, ante cualquier corte
de jurisdicción competente, el importe razonable
de dichos servicios.28
No
obstante
lo
anterior,
en
Zequeira
v.
Municipal
Housing Authority,29 atendimos la misma controversia que en
Salgado,
supra,
pero
bajo
el
Artículo
1485
del
Código
Civil,30 el cual establece lo siguiente:
El arquitecto o contratista que se encarga por un
ajuste alzado de la construcción de un edificio u
otra obra en vista de un plano convenido con el
propietario del suelo no puede pedir aumento de
25
también
26
Salgado v. Figueroa, supra, a la pág. 934.
27
31 L.P.R.A. § 4111.
28
Íd.
29
83 D.P.R. 878 (1961).
30
31 L.P.R.A. § 4126.
El contratista
trabajo requerido.
suplió
los
materiales
para
el
CC-2008-882
5
precio aunque se haya aumentado el de los jornales
o materiales, pero podrá hacerlo cuando se haya
hecho algún cambio en el plano que produzca
aumento de obra, siempre que hubiese dado su
autorización el propietario.31
En Zequeira, supra, resolvimos que cuando se realiza
una orden de cambio sin pactar su costo, para determinar el
aumento de precio reconocido en el Artículo 1485 del Código
Civil, supra, hay que determinar el costo de la mano de obra
y
de
los
materiales
acordados
diferencia
de
en
ese
el
pacto
costo
con
original,
advirtiendo
la
el
nuevo
acuerdo.32
En Zequeira, supra, expresamos además que “la
única base para añadir a dicho costo de mano de obra y
materiales,
las
indemnización
a
pólizas
obreros
del
seguro
sería
el
social
aumento
en
y
el
de
la
personal
obrero y la extensión en el tiempo adicional que requirió la
terminación del contrato”.33
Asimismo, entendimos que el
criterio
o
de
valor
razonable
quantum
meruit
no
es
de
aplicación cuando se hace una orden de cambio sin pactar su
precio.34
El valor razonable o quantum meruit35 está basado en la
doctrina
31
32
de
enriquecimiento
injusto.36
Municipal
Authority,
En
otras
Íd.
Zequeira v.
págs. 884-886.
Housing
33
Íd., a las págs. 885-886.
34
Íd., a la pág. 884.
supra,
a
las
35
Quantum meruit significa “tanto como se merece”.
I.
Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3ra ed.
Revisada, San Juan, LEXIS PUBLISHING, 2000, pág. 345.
36
Pérez Marrero v. Colegio de Cirujanos Dentistas de P.R.,
131 D.P.R. 545, a la pág. 558, nota al calce 9.
CC-2008-882
6
jurisdicciones estatales de Estados Unidos, al igual que lo
resuelto
en
Salgado,
supra,
el
valor
razonable
es
el
criterio para fijar la cuantía debida cuando una persona ha
realizado
precio
algún
o
servicio
bajo
un
para
otra
contrato
sin
acuerdo
invalidado
irregularidad en la forma de ejecutarlo.37
sobre
por
el
alguna
Cuando hay un
contrato en el que se estipula el precio de la obra no cabe
hablar
del
valor
razonable,
teniendo
las
sujetarse al importe pactado en el contrato.
se
pacta
el
precio,
se
entiende
que
partes
que
Pero cuando no
las
partes
han
consentido a que el importe sea el valor razonable en el
mercado
por
la
obra
realizada.38
En
otras
palabras,
el
criterio para medir el valor razonable de la obra es la
cantidad que costaría obtener dicha obra de otro contratista
en la posición del demandante, al momento en que la obra fue
entregada.39
La doctrina de enriquecimiento injusto es un principio
general del derecho fundado en la equidad, que está presente
en
todo
acciones
el
ordenamiento
basadas
enriquecimiento
en
injusto
la
jurídico.40
Al
igual
que
otras
equidad,
la
reclamación
por
existe
que
aplica
cuando
provea para otra causa de acción.41
no
ley
Es decir, se habla de
37
Véase, 66 Am. Jur. 2d Restitution and Implied Contracts §
37 y § 85.
38
Véase, Pauline Ruyle Moore, A Proposal to Simplify Quantum
Meruit Litigation, 35 Am. U.L. Rev. 547, 556 (1986).
39
Véase, 26 A.L.R. Fed. 746 (2008).
40
Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R. 817, 822 (1988).
41
Íd.
CC-2008-882
7
enriquecimiento injusto “cuando la ley no ha previsto una
situación
en
la
que
se
produce
un
desplazamiento
patrimonial que no encuentra una explicación razonable en el
ordenamiento vigente”.42
Para que la doctrina de enriquecimiento injusto pueda
ser invocada exitosamente, es necesario que concurran los
requisitos siguientes: (1) existencia de un enriquecimiento;
(2) un correlativo empobrecimiento; (3) una conexión entre
el empobrecimiento y
el enriquecimiento; (4) falta de causa
que justifique el enriquecimiento; y (5) inexistencia de un
precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento
sin causa.43
La
doctrina
subsumida
en
la
de
enriquecimiento
figura
de
los
injusto
se
encuentra
cuasicontratos.44
La
aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto depende
de las circunstancias específicas de cada caso.45
Ello se
debe a que el Código Civil no agota las situaciones a las
que la referida doctrina se extiende.46
El Tribunal de Primera Instancia es acreedor de gran
deferencia en cuanto a sus determinaciones de hechos.
Las
42
Íd., citando a Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil,
Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. II, Vol. 3, pág. 44.
43
Díaz Lizardi v. Aguayo Leal, 162 D.P.R. 801, 815 (2004);
Ortiz Andújar v. E.L.A., supra, a la pág. 823, citando a J.
Santos Briz, Comentarios al Código Civil y Compilaciones
Forales, (dirigido por M. Albaladejo), Madrid, Ed. Rev. Der.
Privado, 1984, Tomo XXIV, 1984, págs. 27-28.
44
E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 633 (2005).
45
Íd. Véase además, Plan de Bienestar Salud v. Alcalde Cabo
Rojo, 114 D.P.R. 697, 703 (1983).
46
Íd.
CC-2008-882
Reglas
8
de
Procedimiento
Civil
disponen
que
“[l]as
determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se
dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y
se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el
tribunal
sentenciador
testigos”.47
para
juzgar
la
credibilidad
de
los
Debe brindársele gran deferencia al juzgador de
los hechos, pues éste se encuentra en mejor posición para
evaluar y adjudicar la credibilidad de un testigo.48
En
ausencia de error, prejuicio o parcialidad, los tribunales
apelativos
hechos,
no
intervendrán
con
las
determinaciones
de
de
la
prueba
la
con
la
apreciación
adjudicación
de
credibilidad
efectuadas
ni
por
con
el
foro
primario.49
En cuanto a la imposición de honorarios por temeridad,
las
Reglas
44.1(d)
y
44.3(b)
de
Procedimiento
Civil
autorizan la condena al pago de honorarios de abogado e
intereses
por
temeridad.50
Además,
establecen
que
su
imposición depende exclusivamente de la determinación que
haga el magistrado que presidió el proceso, respecto a si la
parte perdedora, o su abogado, actuaron en forma temeraria o
frívola.
Una vez determinada la temeridad, la imposición de
47
32 L.P.R.A. Ap. III, R. 43.2.
48
Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001).
49
Íd.
50
32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.1(d) y 44.3(b).
CC-2008-882
9
una suma razonable de honorarios de abogado por temeridad es
imperativa.51
La condena al pago de honorarios de abogado e intereses
por temeridad tiene como propósito “establecer una penalidad
a un litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación,
contumacia
e
fundamentos,
insistencia
obliga
a
la
en
una
otra
actitud
parte,
desprovista
de
innecesariamente,
a
asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de
un
pleito”.52
La
determinación
sobre
si
una
parte
ha
procedido con temeridad descansa en la sana discreción del
tribunal.53
Los tribunales apelativos no deben intervenir con el
ejercicio de discreción del juzgador de hechos a menos que
esté presente un error manifiesto en la apreciación de la
prueba o que el foro primario actuara con pasión, prejuicio
o
parcialidad.
Los
foros
apelativos
podrán
intervenir
cuando el Tribunal de Primera Instancia haya errado en la
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de
derecho sustantivo, para evitar perjuicio sustancial.54
II
¿Existía
un
contrato
entre
Santiago
y
Danosa
para
realizar la obra objeto de la segunda orden de cambio?
Para
51
Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713,
717 (1987).
52
Íd., a la pág. 718.
53
Ramírez
(1989).
54
Lluch
(1986).
v.
v.
Club
España
Cala
de
Palmas,
123
D.P.R.
339,
349
Service
Station,
117
D.P.R.
729,
745
CC-2008-882
contestar
10
esta
interrogante
debemos
determinar
si
en
el
presente caso concurren los requisitos para la existencia de
un
contrato,
a
saber:
de
octubre
objeto,
consentimiento
y
causa.
y
Danosa
perfeccionaron un contrato de ejecución de obras.
En el
Veamos.
El
12
de
2001,
Santiago
referido contrato Danosa se obligó a realizar el techado del
Coliseo, mientras que Santiago se obligó a pagarle el precio
de $145,774.00.
ocasiones.
Este contrato fue modificado en dos (2)
En la primera, las partes acordaron la orden de
cambio número uno (1) y su precio.
firmaron
la
referida
orden
de
Asimismo, ambas partes
cambio.
En
la
segunda
modificación, hay dos (2) documentos con precios distintos y
en ninguno de estos se encuentran las firmas de ambas partes.
Ello, a pesar de que la forma para la orden de cambio dispone
que el documento no será válido hasta que concurran ambas
firmas.
Sin embargo, las partes llegaron a un acuerdo sobre el
trabajo del alero del Coliseo antes de que se gestionaran los
documentos para la segunda orden de cambio.
El 25 de octubre
de 2002, Danosa le envió una carta a Santiago en la que hizo
referencia a una comunicación anterior para que se cotizara
el trabajo del alero del Coliseo.
En la aludida carta,
Danosa le expresó a Santiago que “[e]speramos comunicación
suya y aprobación para poder continuar con este cambio”.55
No
obstante,
los
55
para
esa
fecha
Danosa
Véase, Apéndice, a la pág. 67.
ya
había
comenzado
CC-2008-882
11
trabajos en el alero del Coliseo mediante la subcontratación
de Cibel.
Pocos días después, el 1 de noviembre de 2002, Santiago
le envió una carta a Danosa en la que se refirió a un pacto,
pero
no
a
Santiago
un
precio
le
conversación
específico.
confirmó
a
Danosa
telefónica
“en
En
la
el
contenido
relación
referida
a
carta
de
los
una
trabajos
adicionales de cubrir la parte inferior del alero con el
mismo material del techo”.56
Es decir, Santiago le confirmó a
Danosa el trabajo en controversia en el caso de autos.
De
esta
no
forma,
ambos
acordaron
que
se
realizara
trabajo
pactado en el contrato de ejecución de obras para el techado
del
Coliseo.
Así
lo
manifiestan
conducta de ambas partes.
las
expresiones
y
la
Adviértase, que el 22 de noviembre
de 2002, Cibel, subcontratista de Danosa, concluyó el trabajo
en el alero del Coliseo y no fue hasta aproximadamente cinco
(5)
meses
documento
después
para
la
que
las
segunda
partes
orden
de
tramitaron
el
primer
cambio.
Durante
el
transcurso de ese periodo de tiempo ninguna de las partes
manifestó objeción sobre el acuerdo.
Con
el
beneficio
de
lo
antes
expuesto,
pasemos
a
examinar el objeto, el consentimiento y la causa, requisitos
del contrato.
En el caso ante nos, el objeto contractual
consiste en la instalación de planchas de metal en el alero
del Coliseo.
En cuanto al requisito de consentimiento de los
contratantes, no cabe duda de que Santiago y Danosa acordaron
56
Véase, Apéndice, a la pág. 68.
CC-2008-882
12
la ejecución del trabajo para el alero del Coliseo.
Sin
embargo, cabe preguntarse si el aludido acuerdo es suficiente
para
cumplir
con
el
requisito
de
consentimiento
para
la
existencia de un contrato, según lo exige el Artículo 1214
del Código Civil.57
De entrada, parecería que el acuerdo de
voluntades entre Santiago y Danosa fue suficiente para ello.
No obstante, el consentimiento necesario para que exista un
contrato es el que recae sobre el objeto y la causa que han
de constituir el contrato.58
presten
su
consentimiento
No basta con que las partes
sólo
respecto
al
objeto
o
sólo
respecto a la causa, sino que tienen que consentir a ambos
requisitos
para
que
exista
un
contrato.
Sin
una
oferta
completa no puede haber aceptación definitiva que perfeccione
un contrato.59
Por
lo
expuesto,
para
resolver
si
se
satisface
el
requisito de consentimiento, luego de haber determinado el
objeto del contrato en el caso ante nos, debemos precisar si
se cumple con el requisito de causa.
determinar si se pactó el precio.
Para ello, debemos
Veamos.
En la carta enviada por Danosa a Santiago, el 25 de
octubre de 2002, Danosa cotizó el trabajo por la cantidad de
$63,680.00.
Por
otra
parte,
en
la
carta
enviada
por
Santiago a Danosa, el 1 de noviembre de 2002, la demandada
le expresó que “[d]e tener algún inconveniente o rechazo por
57
31 L.P.R.A. § 3401.
58
Íd.
59
Vila & Hnos., Inc. v. Owens Ill. de P.R., 117 D.P.R. 825,
834-835 (1986); Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 D.P.R. 517,
524 (1982).
CC-2008-882
13
parte del diseñador en cuanto a este trabajo se refiere,
será
nuestra
responsabilidad
modificarla”.60
por
los
costos
que
conlleve
Adviértase, que Danosa estableció el precio
$63,680.00,
responsabilidad
mientras
del
que
costo
que
Santiago
asumió
la
conllevara
modificar
el
trabajo, de haber algún inconveniente con el diseñador, sin
hacer mención del precio pactado.
Asimismo, el primer documento para la orden de cambio
número
dos
(2)
estableció
$63,680.00,
mientras
importe
$29,498.60.
de
que
el
el
precio
segundo
Sin
de
la
documento
embargo,
obra
en
dispuso
el
ninguno
de
los
referidos documentos contó con la firma de ambas partes, a
pesar
de
así
expresiones
requerirlo
de
las
expresamente.
partes
en
En
relación
síntesis,
las
al
en
precio
controversia se circunscriben a los dos (2) documentos sobre
la segunda orden de cambio y a las dos (2) cartas aludidas.
Resolvemos, pues, que de los documentos relacionados a
la
segunda
orden
de
cambio
pactado entre las partes.
no
surge
cuál
fue
el
precio
De igual forma, si bien es cierto
que las cartas cursadas entre Santiago y Danosa aluden a un
costo, no es menos cierto que de estas no surge cuál fue el
importe del precio pactado.
El
Tribunal
de
Primera
Instancia,
quien
juzgó
directamente la credibilidad de los testigos, determinó que
la prueba sobre el contenido de la conversación telefónica
sobre el precio fue conflictiva.
60
Véase, Apéndice, a la pág. 68.
Por ello, el foro primario
CC-2008-882
14
expresó que quedó “en duda si en efecto hubo la aprobación
del
precio
según
cotizado”.61
No
obstante,
a
pesar
de
reconocer la existencia de este conflicto, el Tribunal de
Primera Instancia no lo adjudicó.
A tenor con lo antes expuesto, somos del criterio de
que el Tribunal de Primera Instancia debe celebrar una vista
para determinar si se pactó el precio de la obra objeto de
la segunda orden de cambio, adjudicando credibilidad sobre
la prueba ofrecida y admitida para resolver definitivamente
el asunto.
De concluir que se pactó el precio, el foro
primario fijará la cantidad acordada por las partes como la
adeudada
por
Santiago.
requisito
restante
para
Ello,
debido
determinar
si
a
se
que
el
único
perfeccionó
el
contrato entre las partes sería el consentimiento y éste, en
el caso ante nos, depende de la existencia de causa.
En
cambio,
de
resolver
que
no
se
pactó
el
precio,
entonces no se cumpliría con el requisito de causa y, en
consecuencia,
el
acuerdo
entre
las
partes
no
suficiente para que se perfeccione un contrato.
sería
De ese ser
el caso, habrá que fijar el aumento de precio a que tiene
derecho
el
contratista
determinando
cuál
es
el
valor
razonable en el mercado de la obra objeto de la segunda
orden
de
cambio
al
momento
en
que
Danosa
finalizó
la
construcción.
De conformidad con lo antes expuesto, concluimos que
cuando se realiza una orden de cambio sin pactar su precio,
61
Véase, Apéndice, a la pág. 20.
(Énfasis nuestro).
CC-2008-882
15
el criterio para determinar el aumento de precio según el
Artículo 1485 del Código Civil, supra, es el valor razonable
de la obra en el mercado al momento en que el contratista
finaliza
de
los
materiales y de la mano de obra según Zequeira, supra.
Así
pues,
el
el
trabajo
y
contratista
no
con
meramente
derecho
a
el
costo
recobrar
el
valor
razonable de la obra no está limitado a los costos en que
haya incurrido, sino que puede recuperar el valor razonable
en el mercado de la obra requerida.
El valor razonable de
la obra en el mercado es el costo de los materiales y de la
mano de obra al momento en que el contratista finaliza la
construcción, más una ganancia para el contratista por la
obra realizada.
En otras palabras, el valor razonable de la obra en el
mercado es la cantidad que costaría obtener dicha obra de
otro contratista en la posición del demandante al momento en
que la obra fue terminada.
Resolver lo contrario avalaría
la injusticia que surge cuando un contratista realiza una
obra para otra persona sin pactar precio alguno y lo único
que recibe como remuneración son los costos en los cuales
incurrió
para
realizar
dicha
obra,
sin
tener
derecho
a
reclamar ganancia alguna por su trabajo.
Según expuesto, en Salgado, supra, atendimos la aludida
controversia
bajo
el
Artículo
1473
del
Código
Civil62
y
resolvimos que el criterio para fijar el importe era el
valor razonable de los servicios prestados.
62
31 L.P.R.A. § 4111.
Sin embargo, en
CC-2008-882
Zequeira,
16
supra,
atendimos
la
misma
controversia
que
en
Salgado, supra, pero bajo el Artículo 1485 del Código Civil63
y concluimos que el criterio para determinar el aumento en
precio era el costo incurrido en la mano de obra y en los
materiales, acordados en el pacto original, advirtiendo la
diferencia de ese costo con el nuevo acuerdo.64
Como
puede
apreciarse,
en
ambos
casos
resolvimos
la
misma controversia de forma distinta, bajo dos (2) artículos
del
Código
Civil.
Existen
ciertas
diferencias
entre
el
dispone
el
Artículo 1473 y el Artículo 1485 del Código Civil.
El
Artículo
1473,
supra,
expresamente
importe razonable como el criterio a utilizarse para fijar
el precio de los servicios prestados, en aquellos casos en
que no se haya pactado su remuneración.
Por su parte, el
Artículo 1485, supra, dispone que el contratista puede pedir
un
63
64
aumento
de
precio
por
un
cambio
en
los
planos
que
31 L.P.R.A. § 4126.
Zequeira v. Municipal Housing Authority, supra, a las
págs. 884-886 (1961). No puede perderse de perspectiva el
contexto en que la norma de Zequeira fue establecida.
Zequeira fue resuelto en la década del sesenta del siglo XX,
época en la que gran parte de la construcción era promovida
por el Estado y en la que imperaba la noción de que el
contratista tenía que soportar la mayoría de los riesgos
asociados a un proyecto de construcción. Véase, WeinsteinBacal and Parces-Enríquez, Construction in Puerto Rico:
Navigating the Legal Quagmire, 71 Rev. Jur. U.P.R. 29
(2002), a la pág. 30.
Hoy en día, dicha postura ha sido
sustituida en la industria de la construcción por la noción
de que los riesgos deben ser compartidos entre las partes
contratantes.
Íd.
Así pues, los dueños de obras,
contratistas y subcontratistas han logrado mejorar sus
prácticas contractuales para garantizar el tráfico ordenado
de sus relaciones jurídicas y, de esa manera, tratar de
evitar las controversias derivadas de los proyectos de
construcción. Íd., a las págs. 29 y 30.
CC-2008-882
produzca
17
a
su
vez
un
aumento
de
obra,
siempre
que
el
propietario hubiese dado su autorización.65
La diferencia entre el arrendamiento de servicios y el
de
ejecución
de
obra
reside
en
que,
en
el
primero
la
prestación está constituida por el servicio en sí, mientras
que en el segundo, “la prestación está representada por el
“resultado”,
sin
que
trabajo,
es
decir,
servicios
las
cierta
persiguen,
no
para
nada
servicio”.66
el
partes
desarrolle
importen
pretenden
actividad,
estrictamente
En
las
el
horas
de
contrato
de
lograr
que
otra
“mientras
en
el
esa
actividad
persona
de
ajena,
obra
sino
su
resultado”.67
Así pues, “en los contratos de servicios se
prestaría
medio,
el
es
decir,
el
trabajo;
la
actividad
profesional o manual, con independencia del resultado”.68
No
obstante “la distinción se hace difícil en muchos supuestos
en los que el servicio produce un resultado material”.69
En
lo
que
justificación
distintas
artículo
a
para
sobre
del
este
Tribunal
mantener
respecta,
dos
(2)
la
misma
controversia,
Código
Civil
que
se
no
encontramos
interpretaciones
dependiendo
invoque.
Ello
del
atenta
65
El Artículo 1485, supra, no menciona cómo se determinará
el referido aumento de precio. Zequeira, supra, suplió ese
vacío ante la realidad de la época en que se resolvió, pero
ciertamente tiene el efecto de crear inestabilidad en
nuestro ordenamiento jurídico.
66
Miguel A. Del Arco y Manuel Pons, Derecho de la
Construcción, Madrid, Ed. Hesperia, 2da ed., 1980, pág. 23.
67
Íd., a la pág. 24.
68
Íd.
69
Íd.
CC-2008-882
18
contra la seguridad jurídica y puede conducir al desatino
inadmisible
de
decisiones
inconsistentes
sobre
asuntos
similares.
Entendemos
que
tribunales
han
relacionadas
a
el
problema
atendido
órdenes
de
ha
residido
en
que
los
y
resuelto
controversias
cambio
bajo
normativa
la
del
contrato de servicios profesionales y no bajo los preceptos
del contrato de ejecución de obras.
Si bien es cierto que
con una orden de cambio se busca un servicio, no es menos
cierto que éste es sólo el medio para la obtención de un
resultado,
que
es
precisamente
contrato de ejecución de obras.
lo
que
se
busca
con
un
Por ello, lo jurídicamente
correcto es atender y resolver las controversias que emerjan
al no pactarse el importe del precio de una orden de cambio,
a tenor con el Artículo 1485 del Código Civil, supra.
Lo aquí resuelto promueve la seguridad del ordenamiento
jurídico
y
se
atempera
a
la
realidad
vigente.
Además,
adelanta los fines de la justicia en la medida en que, a
falta de convenio sobre el precio del trabajo producto de
una orden de cambio, lo justo es que el contratista obtenga
el valor razonable en el mercado de la obra requerida y
ejecutada.
Adviértase, que bajo el criterio de Zequeira,
supra, el contratista resulta perjudicado cuando no se pacta
el precio de una orden de cambio, pues para recobrar el
aumento de precio sólo tiene derecho a percibir el costo de
los
materiales
y
de
la
mano
de
obra
sin
poder
reclamar
ganancia alguna por la ejecución de la obra que constituye
la orden de cambio.
CC-2008-882
19
Por lo antes expuesto, revocamos en parte el caso de
Zequeira, supra, en cuanto resuelve que cuando se pacta una
orden de cambio sin acordar el importe, el criterio para
determinar
el
aumento
de
precio
es
el
valor
de
la
obra
ejecutada determinado sólo por el costo de los materiales y
de la mano de obra.
determinar
el
Resolvemos, pues, que el criterio para
aumento
de
precio
a
que
tiene
derecho
el
contratista según el Artículo 1485 del Código Civil, supra,
es el valor razonable en el mercado de la obra producto de
la orden de cambio, según hemos mencionado anteriormente.70
En el caso ante nos, en vista de nuestra conclusión de
que se cumplió con el requisito de objeto para el trabajo de
la
segunda
orden
de
cambio
y
de
que
el
requisito
de
consentimiento sólo depende de que se haya llegado a un
acuerdo
sobre
la
causa,
Primera
Instancia
erró
concluimos
al
que
aplicar
el
la
Tribunal
de
doctrina
de
enriquecimiento injusto sin antes resolver si se pactó el
precio.
Asimismo,
erró
el
Tribunal
de
Apelaciones
al
determinar que el precio se pactó, conclusión que no tiene
apoyo en las determinaciones de hechos formuladas por el
Tribunal de Primera Instancia, por no haberse dirimido por
el foro primario los conflictos de prueba presentes ante sí
sobre tal punto.
El Tribunal del Primera Instancia concluyó que Danosa
fue temeraria al insistir en que se le pague todo lo que
70
Nótese, que no se trata aquí del aumento de valor en la
propiedad del demandado por concepto de la obra realizada,
sino del valor razonable en el mercado de la obra requerida
y realizada.
CC-2008-882
reclama,
a
20
pesar
de
reconocer
la
falta
de
firmas
en
el
contrato escrito para validar la segunda orden de cambio.
Por esta razón, el foro primario le ordenó a Danosa el pago
de $2,000.00 en concepto de honorarios de abogado.
Por su parte, el Tribunal de Apelaciones eliminó la
partida de honorarios de abogados al concluir que Danosa no
fue temeraria.
El foro apelativo intermedio entendió que la
demandante litigó de buena fe, amparándose en lo que creyó
correcto.
En el caso de marras, en vista de nuestra conclusión de
que el Tribunal de Primera Instancia erró al no adjudicar si
se pactó el precio de la obra en controversia, no procede la
condena
sobre
el
pago
de
honorarios
de
abogado
cuando,
precisamente, el reclamo de la demandante es que se le pague
el
precio
que
estimó
fue
pactado.
La
determinación
temeridad no puede sostenerse ante tales circunstancias.
Efraín E. Rivera Pérez
Juez Asociado
de
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Danosa Caribbean, Inc.
Demandante-Recurrido
v.
CC-2008-882
Santiago Metal Manufacturing
Corp., Juan del Pueblo XYZ,
Inc.
Demandada-Peticionaria
Opinión
TORRES.
Concurrente
emitida
por
el
Juez
Asociado
señor
MARTÍNEZ
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2010.
Concurro con la sentencia que emitimos en este
caso.
Procede
devolver
el
caso
al
Tribunal
de
Primera Instancia para que determine si entre las
partes hubo un acuerdo sobre el precio de la obra.
Si no hubo un acuerdo sobre el precio, entiendo que
procede adjudicar la controversia al amparo de la
doctrina sentada en Zequeira v. CRUV, 83 D.P.R. 878
(1961).
I
Surge con claridad del expediente que el cambio
de obra fue pactado por las partes. No obstante, no
contamos con esa claridad sobre el hecho de
si
se
CC-2008-882
pactó
el
2
precio,
controversia.
En
cuestión
su
medular
sentencia,
el
en
la
Tribunal
presente
de
Primera
Instancia afirmó que quedó “en duda si en efecto hubo la
aprobación del precio según cotizado” pero no adjudicó ese
conflicto de la prueba. Apéndice del recurso, pág. 20. Ante
esto, difiero de la Opinión disidente del Juez Presidente
señor
Hernández
Denton,
pues
parte
de
una
premisa
incorrecta.
Es necesario adjudicar si se aprobó o no el precio
según
cotizado.
Esta
adjudicación
constituye
un
hecho
esencial que nos impide adjudicar la controversia ante nos.
Ese hecho es vital para determinar si aplica Zequeira v.
CRUV,
supra,
o
no.
Ya
que
la
prueba
documental
es
conflictiva sobre este extremo, era deber del foro primario
dirimir los testimonios de los testigos para adjudicar este
hecho. Sabido es que la apreciación de la prueba que realiza
el foro primario es esencial pues éste tiene la oportunidad
de adjudicar la credibilidad de los testigos. Ramírez Ferrer
v.
Conagra
Foods
PR,
Op.
de
14
de
abril
de
2009,
2009
T.S.P.R. 55, 2009 J.T.S. 58, 175 D.P.R. ___ (2009); Trinidad
v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001). Los foros apelativos sólo
tenemos “récords mudos e inexpresivos”. Pérez Cruz v. Hosp.
La Concepción, 115 D.P.R. 721, 728 (1984); López v. Hosp.
Presbiteriano,
Inc.,
107
D.P.R.
197,
225
(1978),
Op.
disidente del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué. Nos es
imposible determinar si se pactó un precio para el cambio de
orden o no.
CC-2008-882
3
En el caso de que el foro primario determiné que se
pactó el precio, es de aplicación el principio contractual
de pacta sunt servanda que obliga a las partes a cumplir con
lo pactado. Art. 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
2994. Véase además, BBPR v. Sucn. Talavera, Op. de 31 de
julio de 2008, 2008 T.S.P.R. 132, 2008 J.T.S. __, 174 D.P.R.
__ (2008).
Sin embargo, en el caso de que el precio no haya sido
pactado
es
de
aplicación
la
norma
de
Zequeira
v.
CRUV,
supra. Esta norma establece que cuando en un contrato de
obras hay un cambio de orden sin que se haya pactado el
precio de dicho cambio, es necesario ajustar el precio a
base del aumento en precio o el costo adicional. El quantum
meruit o valor razonable se utiliza cuando se trata de una
obligación implícita que surge cuando no existe un contrato
válido entre las partes. Ibíd.
En Zequeira, descartamos la aplicación de la norma de
valor razonable o quantum meruit y aplicamos el aumento en
precio o el costo adicional. Al así decidir, afirmamos que
“[a] primera vista, parece que se trata de la misma cosa,
pero no lo es”. Id., pág. 884. Para aplicar la doctrina de
aumento en precio debe establecerse: (1) el costo de mano de
obra y de materiales del contrato original; y (2) el costo
de
la
obra
con
el
cambio
de
orden.
Id.,
pág.
855.
La
diferencia entre ambos costos equivale al aumento en precio
o costo adicional al que tendrá derecho el contratista.
CC-2008-882
4
Esta doctrina se sustenta en que las partes ya han
convenido la ganancia del contratista en el contrato de obra
original,
y
que
implícitamente,
mantienen
esta
ganancia
inalterada cuando acuerdan un cambio de orden sin fijar un
precio distinto. El valor razonable o quantum meruit deja de
ser eficaz en estos casos, pues a diferencia de cuando no
existe un contrato válido, en los casos de cambios de orden
existe ya la voluntad de las partes a determinado precio y a
una ganancia. Claro está, esto procede si las partes no
pactan un precio distinto para el cambio de orden.
Por los fundamentos antes expuestos, concurro con la
Sentencia del Tribunal que devuelve el caso al Tribunal de
Primera Instancia para que determine si las partes acordaron
un
precio
para
el
cambio
de
orden
o
no.
Sin
embargo,
ordenaría que en el caso en que se determine que no se pactó
un
precio
para
el
cambio
de
orden
es
de
aplicación
la
doctrina de aumento en precio o costo adicional.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Danosa Caribbean, Inc.
Recurridos
v.
CC-2008-882
Santiago Metal Manufacturing,
Corp., Juan del Pueblo XYZ,
Inc.
Peticionario
Voto disidente emitido por la Juez Asociada señora Rodríguez
Rodríguez al que se une la Jueza Asociada señora Fiol Matta
San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2010
Disiento
porque
es
mi
criterio
que
el
foro
intermedio no erró al resolver que, en el presente caso,
se configuró una aceptación tácita en relación con el
precio
cotizado.
No
procedía,
por
tanto,
revocar
la
sentencia recurrida.
I.
Danosa
demanda
Caribbean,
sobre
cobro
de
Inc.71
(Danosa)
dinero
contra
presentó
Santiago
una
Metal
Manufacturing, Corp. (Santiago Metal).
Reclamó de este
último
arguyó
71
la
suma
de
$110,339.85
y
Danosa Caribbean, Inc. presentó la
sucesora de Danosa Metal Roofing, Corp.
que
era
reclamación
como
CC-2008-882
2
acreedor de ese pago por haber realizado unos trabajos en
el
Coliseo
Santiago
de
San
Metal
Sebastián
consignó
(Coliseo).
ciertas
sumas
Posteriormente,
de
dinero
para
satisfacer el pago correspondiente a parte de los trabajos
que Danosa realizó.
Así, la controversia pendiente ante el
Tribunal de Primera Instancia se redujo a determinar el
pago del cual era acreedora Danosa por la instalación de un
plafón en el perímetro exterior del Coliseo.
No estuvo en
controversia que Danosa realizó los trabajos en cuestión.
Las
partes,
adeudada.
sin
embargo,
Específicamente,
Metal le adeudaba $63,680.
hechos
no
relacionados
con
lograron
Danosa
acordar
reclamó
que
la
suma
Santiago
A continuación exponemos los
esa
reclamación
y
con
la
controversia traída ante la consideración de este Tribunal.
En el 2001, Danosa fue contratada por Santiago Metal,
para el techado del Coliseo, por el precio de $145,774.
Posteriormente, Santiago Metal preparó para Vissepó & Diez,
contratista general del proyecto, una cotización referente
a la instalación del “soffit”72 en todo el perímetro de la
parte exterior de las ventanas del Coliseo.
La cotización
preparada por Santiago Metal para Vissepó & Diez indicaba
que
la
“standing
tendría
instalación
seam”
el
del
utilizado
precio
de
“soffit”,
para
$29,464.
el
empleando
techado
Dicha
del
el
mismo
edificio,
cotización
fue
preparada con fecha del 9 de agosto de 2002.
72
Las partes utilizaron este término para referirse a la
labor de cubrir la parte inferior del alero del Coliseo.
CC-2008-882
3
Sobre la preparación de esa cotización testificó ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
el
Sr.
Luis
Armando
Santiago, quien estaba a cargo de administrar la fase de
diseño
y
obras
especificó
el
por
foro
parte
de
primario
Santiago
en
su
Metal.
sentencia,
Según
de
ese
testimonio, el cual le mereció entera credibilidad, surgió
que el Sr. Luis Armando Santiago cotizó la suma de $29,464
para la instalación del “soffit”, porque entendió que el
trabajo era “más simple”.
Para calcular el precio cotizado
éste
el
costo
techo,
cuya
consideró
realizados
en
que
el
total
área
de
era
los
de
trabajos
15,191
pies
cuadrados, ascendió a $145,774, mientras que el trabajo en
el
“soffit”,
cuadrados.
cubriría
El
Sr.
un
área
Luis
aproximada
Armando
de
Santiago
2,000
pies
preparó
esa
cotización con el objetivo de someterla para la aprobación
de Vissepó & Diez, pues éste último le presionaba para
evitar
las
penalidades
que
implicaría
una
demora
en
completar la obra.
Luego de que se envió la referida cotización, Danosa
preparó,
sobre
por
la
referencia.
petición
instalación
de
del
Santiago
“soffit”
Metal,
en
una
el
cotización
proyecto
de
Mediante carta, fechada el 25 de octubre de
2002, Danosa le comunicó a Santiago Metal que el precio por
“el suplido e instalación del ‘soffit’ cubierto en planchas
metálicas color cobre” era $63,680.
Además, en esa carta,
Danosa le informó a Santiago Metal que en relación con el
trabajo adicional cotizado, el próximo día sábado 26 de
CC-2008-882
4
octubre, comenzaría los trabajos de la muestra “para la
aprobación del dueño”, según le había sido requerido.
Le
indicó
y
también
que
esperaría
su
ulterior
comunicación
aprobación para continuar con el cambio, y que, de surgir
cualquier
duda,
inmediatamente.
El
se
comunicara
a
sus
foro
primario
determinó
oficinas
que,
cuando
Danosa envío esa carta, ya había iniciado los trabajos del
“soffit”, y para ello, subcontrató la mano de obra.
De
otra
parte,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
estableció que, tras dicha comunicación, Santiago Metal le
envió una carta a Danosa, con fecha del 1 de noviembre de
2002,
en
la
cual
aludió
a
una
conversación
relacionada con los trabajos del “soffit”.
telefónica
En esa carta,
el Sr. Luis Armando Santiago se limitó a indicarle a la
Sra. Lee Rivera, representante de Danosa, lo siguiente:
Según conversación telefónica, le confirmo la
misma, en relación a los trabajos adicionales de
cubrir la parte inferior del alero con el mismo
material de techo.
De tener algún inconveniente
o rechazo por parte del diseñador en cuanto a
este
trabajo
se
refiere,
será
nuestra
responsabilidad
los
costos
que
conlleve
modificarla.
Sin nada más al respecto, quedo de usted.
Luis A. Santiago
El Tribunal de Primera Instancia determinó que
la
prueba relativa al contenido de la conversación telefónica,
a la cual se alude en dicha carta, fue conflictiva y, por
tanto, quedó en duda si en efecto Santiago Metal aprobó el
precio según cotizado por Danosa.
No obstante, dicho foro
entendió probado que el interés común de Santiago Metal y
Danosa
era
concluir
la
obra
a
tiempo.
A
finales
de
CC-2008-882
5
noviembre de 2002 ya se habían concluido los trabajos del
“soffit”.
Meses después, Santiago Metal le envió a Danosa un
documento, con fecha del 3 de abril de 2003, identificado
como “Change Order #2”.
El documento incluía la cifra de
$63,680 como el costo por la ejecución de los trabajos
adicionales en el “soffit”.
No obstante, ese documento
sólo contaba con la firma de Lee Rivera, representante de
Danosa, y advertía que sólo sería válido si estaba suscrito
por ambas partes.
Posteriormente, Santiago Metal le envió a Danosa un
documento adicional, con fecha del 23 de abril de 2003,
también identificado como “Change Order #2” y referente a
los mismos trabajos de la instalación del “soffit”.
Ahora
bien, este documento incluía un precio total de $29,047.10,
y sólo estaba firmado por Milton Santiago, representante de
Santiago Metal.
Al igual que el documento anterior, éste
expresamente requería la firma de ambas partes contratantes
para su validez.
El Tribunal de Primera Instancia expuso que ninguno de
los
documentos
preparados
por
Santiago
Metal,
e
identificados como “Change Order #2”, contaban con la firma
de ambas partes contratantes y que, por tanto, ninguno era
vinculante para éstas.
Además dicho foro razonó que Danosa
inició
antes
los
consentimiento
trabajos
necesario,
e
de
que
inclusive
se
prestara
antes
de
el
haber
sometido su cotización, por lo que asumió el riesgo de que
CC-2008-882
6
ésta fuese rechazada.
Expuso que Santiago Metal también
asumió un riesgo al haber enviado una orden de cambio con
un
precio
erróneo
y
luego
haber
intentado
subsanar
ese
error con un nuevo documento de orden de cambio, sin que
lograra
obtener
reducción.
por
la
confirmación
de
Danosa
para
esa
Así, el foro primario determinó que en el afán
terminar
la
obra
a
tiempo,
ambas
en
ausencia
partes
asumieron
una
obligación
riesgos.
Concluyó
que,
de
vinculante, Danosa no podía exigirle a Santiago Metal que
pagara más del doble del precio que este último recibió del
contratista
Metal,
general.
mediante
Santiago,
El
el
justificó
tribunal
testimonio
los
entendió
del
cómputos
Sr.
que
Santiago
Luis
Armando
realizados
para
su
cotización y que, por el contrario, Danosa no ofreció una
explicación razonable para justificar el precio reclamado.
Resolvió que, al amparo de la doctrina de enriquecimiento
injusto, procedía que Santiago Metal le pagara a Danosa una
suma igual al pago que recibió, es decir $29,498.60.
De
otra
parte,
determinó
que
Danosa
actuó
temerariamente por mantenerse en su posición de reclamar
los
$63,680,
a
pesar
de
la
ausencia
de
un
acuerdo
vinculante al respecto.
Danosa acudió ante el Tribunal de Apelaciones y adujo,
en síntesis, que el Tribunal de Primera Instancia erró: al
resolver
obras del
que
no
existió
obligación
vinculante
para
las
“soffit”, al aplicar en su contra la doctrina de
CC-2008-882
7
actos propios, y al determinar que fue temerario en el
curso de los procesos.
Danosa argumentó que, a pesar de
conocer el precio de la cotización, Santiago Metal permitió
que
iniciara
cuestionar
el
y
concluyera
precio
los
cotizado
tácitamente la cotización.
y
trabajos
adicionales
que,
tanto,
por
sin
aceptó
El foro intermedio acogió el
argumento esbozado por Danosa a los efectos de que Santiago
Metal consintió al menos tácitamente a la ejecución de la
obra
según
fue
ofrecida
y
cotizada.
Consecuentemente,
revocó la sentencia apelada y le impuso a Santiago Metal el
pago de $63,680.
Además, revocó la determinación del foro
primario de que Danosa actuó de forma temeraria.
Inconforme,
mediante
recurso
Santiago
de
Metal
acudió
certiorari.
ante
Argumenta
este
que
Foro
el
foro
intermedio erró al resolver que hubo un contrato válido
entre
las
partes
y
descartar
así
doctrina de enriquecimiento injusto.
la
aplicación
de
la
Indica además que, al
resolver lo anterior, el Tribunal de Apelaciones intervino
indebidamente con la apreciación de la prueba del Tribunal
de Primera Instancia.
Arguye que, en ausencia de un precio
convenido, no existía un contrato entre las partes y que,
por
tanto,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
aplicó
adecuadamente la doctrina de enriquecimiento injusto.
Por
su
parte,
Danosa
argumenta
que
realizó
los
trabajos del “soffit” bajo la creencia de que su cotización
fue aceptada, toda vez que Santiago Metal no le cuestionó
el precio cotizado.
Así, sugiere que Santiago Metal aceptó
CC-2008-882
8
tácitamente el precio de $63,680 mediante su “silencio” y
la ausencia de objeción al respecto.
Tras examinar los hechos que originaron la presente
controversia, es mi criterio que el foro intermedio no erró
al
resolver
que
Santiago
Metal
aceptó,
tácitamente, el precio cotizado por Danosa.
al
menos
Por tanto, no
estoy conforme con devolver el caso al foro primario para
que éste adjudique si las partes convinieron un precio, en
relación con la orden de cambio.
Antes de exponer los
fundamentos para ello, estimo pertinente distinguir entre
el requisito de precio cierto en un contrato de ejecución
de obra perfeccionado por aplicación del artículo 1434 del
Código Civil, infra, y los elementos necesarios para que se
configure una novación modificativa en virtud del artículo
1485
del
Código
Civil,
infra.
Particularmente,
la
controversia ante nuestra atención versa sobre el aumento
en
precio
al
que
tiene
derecho
el
contratista,
en
el
contexto de una novación modificativa al amparo de este
último artículo.
Veamos.
II.
A.
El artículo 1434 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.
4013, establece que mediante un contrato de ejecución de
obra, una parte se obliga a ejecutar una obra a cambio de
un precio cierto.73
73
Así, en este contrato en particular, a
Dicho
artículo
define,
además,
el
contrato
de
arrendamiento de servicios como aquel en el que una parte
se obliga a prestar unos servicios a cambio de un precio
cierto.
En éste contrato en particular se promete “la
prestación de los servicios en sí mismos”.
Manuel
CC-2008-882
9
cambio de la contraprestación denominada precio cierto, una
parte
se
compromete
a
un
resultado:
la
obra
realizada.
Manuel Albaladejo, Derecho Civil: Derecho de Obligaciones,
8va ed., Barcelona, Librería Bosch, 1989, T. II, Vol. II,
pág.
299.
Tales
prestaciones
conforman
el
objeto
contractual.
En relación con la prestación denominada como precio
cierto, Albaladejo explica que “[e]l precio unas veces se
determina concretamente en el propio contrato. . ., pero
otras no se expresa”.
Op. cit., pág. 301.
En caso de que
el precio no se establezca concretamente, aún el contrato
sería válido “con tal de que el precio pueda ser fijado por
uso
o
costumbre,
pericial,
etc.”.
por
tarifas
adecuadas,
por
tasación
Íd.
Para
Albaladejo,
la
doctrina
jurisprudencial que avala la fijación del precio por parte
de los tribunales, puede sustentarse bajo el razonamiento
de que las partes adoptaron implícitamente “el precio usual
para
el
tipo
de
obra
o
servicio
que
sea,
o
acordaron
aceptar el que resultase ser el corriente o el de la tarifa
o el de tasación, etc...”.
Íd., pág. 303.
Véase además,
Albaladejo, Derecho Civil: Derecho de Obligaciones, 8va
ed., Barcelona, Librería Bosch, 1989, T. II, Vol. II, págs.
299-300.
Tal distinción es importante puesto que al
contrato de arrendamiento de servicios y al de ejecución de
obra le aplican distintos preceptos.
Íd.
Cuando se
promete la prestación de un servicio, aplica el artículo
1473 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4111, en virtud del
cual la ausencia de precio no implica la invalidez de la
relación
contractual,
pues
la
cuantía
“puede
ser
establecida posteriormente por la costumbre o los usos de
la profesión”.
Ramírez, Segal & Latimer v. Rojo Rigual,
123 D.P.R. 161, 173 (1989), citando a Puig Brutau,
Fundamentos del Derecho Civil, 2da ed. rev., Barcelona, Ed.
Bosch, T. II, Vol. II, págs. 434-436.
CC-2008-882
10
José Cuevas Segarra y Antonio Román García, Los Contratos
Especiales: Puerto Rico y España, Pub. JTS, 1998, pág. 186.
Por su parte, Antonio García Conesa discute que el
factor de precio cierto en el contrato de ejecución de obra
debe determinarse por la autonomía y el acuerdo de las
partes contratantes.
Antonio García Conesa, Derecho de la
Construcción, Barcelona, Bosch, 1996, págs. 179-180.
De
ordinario,
ab
initio.
en
dichos
contratos,
Íd. pág. 181.
el
precio
se
fija
Particularmente, en la modalidad
del contrato de ajuste alzado, “la propia idiosincrasia del
convenio impone, como condictio sine qua non, su absoluta
certeza en el mismo momento de la perfección, de modo que,
sin precio definitivo, cerrado e invariable, no existirá
ajuste alzado”.
Íd.
Ahora bien, expone García Conesa que
en los demás tipos del contrato de ejecución de obra existe
una
tolerancia
mayor,
cristalizada
en
el
hecho
de
que
“puede no haber precio inicial, sin que de ello se derive
la inexistencia o nulidad del acuerdo, porque su importe,
antes o después, terminará por concretarse”.
Íd.
La discusión que antecede sugiere que un contrato de
ejecución de obra puede ser válido, aún en ausencia de
precio concretamente establecido.
Aunque tal afirmación
puede
la
ser
objeto
de
gran
debate,
controversia
ante
nuestra consideración no requiere resolver si puede existir
un contrato de ejecución de obra en ausencia de un precio
concretamente
establecido,
posición sobre tal aspecto.
ni
mucho
menos
adoptar
una
CC-2008-882
Los
11
hechos
del
caso
ante
nuestra
consideración
no
versan sobre si se perfeccionó un contrato de ejecución de
obra entre Danosa y Santiago Metal, dependiendo de si éstos
concretizaron un precio.
No está en controversia que entre
Danosa
se
y
ejecución
Santiago
Metal
de
cuando
obra,
perfeccionó
el
primero
un
se
contrato
de
comprometió
a
ejecutar el techado del Coliseo por el precio de $145,774.
La controversia se circunscribe, más bien, a resolver
si
las
partes
convinieron
una
novación
modificativa,
al
amparo del artículo 1485 del Código Civil, infra, en virtud
de la cual Danosa tiene derecho a reclamar un aumento del
precio
acordado
configurado
tal
en
el
contrato
novación,
original.
entonces
debía
De
haberse
dilucidarse
el
aumento el precio al cual Danosa tendría derecho en virtud
del citado artículo.
Así, lo adecuado es examinar los
requisitos para la aplicación del artículo 1485 del Código
Civil, infra, así como el alcance del aumento en precio que
éste permite.
B.
Una vez perfeccionado un contrato de ejecución de obra
por
ajuste
alzado
es
de
aplicación
el
principio
de
invariabilidad del precio prescrito en el artículo 1485 del
Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4126.
Este artículo dispone
que el contratista que se encarga de ejecutar una obra por
un ajuste alzado no puede “pedir aumento de precio aunque
se haya aumentado el de los jornaleros o materiales. .
.[salvo que] se haya hecho algún cambio en el plano que
CC-2008-882
produzca
12
aumento
de
obra,
siempre
autorización el propietario”.
Íd.
que
hubiese
dado
la
Así, el citado artículo
establece una excepción al principio de invariabilidad del
precio, que opera en un contrato de ejecución de obra por
ajuste alzado, si se ha obtenido “el consentimiento del
dueño” para un “cambio de plano” que produzca a su vez un
“aumento de obra”.
Francisco Lucas Fernández, Comentarios
al Código Civil y Compilaciones Forales, Editorial Revista
de Derecho Privado, 1986, T. XX, Vol. II, págs. 392-393.
Esta
precio
excepción
requiere
al
principio
primeramente
de
de
invariabilidad
un
cambio
de
de
plano.
Francisco Lucas Fernández explica que el elemento de cambio
en el plano debe entenderse “en sentido amplio como una
alteración –variación-, cambio o modificación del proyecto
tenido en cuenta para la fijación del precio originario”.
Íd., pág. 393.
202.
El
Véase además, García Conesa, op. cit., pág.
cambio
de
plano
debe
implicar,
a
su
vez,
un
aumento en la obra el cual constituye “una realidad física
que consiste en la diferencia de cuerpo de construcción,
que existirá a favor de la edificación terminada sobre la
convenida al celebrar el contrato...”.
García Conesa, op.
cit., pág. 205.
De
otra
parte,
en
cuanto
al
elemento
del
consentimiento del comitente, se interpreta que éste puede
prestarse
verbalmente
o
por
escrito
e
incluso
tácita.
Francisco Lucas Fernández, op. cit., pág. 397.
Véase además, García Conesa, op. cit., pág. 203.
de
forma
Aunque
CC-2008-882
13
dicho consentimiento normalmente se manifiesta previo al
inicio de la ejecución del aumento, en cuyo caso reviste la
forma de “autorización”, puede prestarse con posterioridad
a su ejecución, en la forma de “aprobación”.
Lucas Fernández, op. cit, pág. 396.
Francisco
Véase además García
Conesa, op. cit., pág. 203.
En suma, para que aplique la excepción prescrita en el
artículo 1485 del Código Civil, supra, deben coexistir los
siguientes hechos: a) cambio de plano; b) consentimiento
del comitente; c) el aumento en la obra.
Si se satisfacen
los requisitos antes mencionados, entonces el contratista
puede reclamar un aumento de precio en relación con el
contrato original de ejecución de obra.
Tal variación,
según explica Francisco Lucas Fernández, es interpretada,
en
general,
“como
[una]
simple
modificación
obligación [original] sin extinguirla. . .”.
de
la
Op. cit.,
págs. 400-401.
De lo anterior podemos colegir que, luego de que se
perfecciona un contrato de ejecución de obra por ajuste
alzado, podría configurarse una novación modificativa si
las partes contratantes acuerdan un cambio en el plano,
aunque
el
precio
que
implica
concretizado inicialmente.
D.P.R. 878 (1961).
tal
variación
no
se
haya
Véase, Zequeira v. C.R.U.V., 83
El cumplimiento con los tres requisitos
antes mencionados es suficiente para que se configure una
novación
modificativa
en
relación
con
el
contrato
de
ejecución de obra original y para que, como consecuencia de
CC-2008-882
14
ello, el contratista tenga derecho a reclamar un incremento
en el precio.
pág. 201.
una
Íd.
Véase además, García Conesa, op. cit.,
La consecuencia jurídica de lo anterior sería
variación
en
el
precio
inicialmente
fijado,
configurándose una nueva contraprestación total que deberá
satisfacer el comitente.
184.
Como
tal
modificativa,
García Conesa, op. cit., pág.
obligación
amparada
en
surge
el
de
artículo
una
1485
novación
del
Código
Civil, supra, resulta innecesario acudir a la doctrina de
enriquecimiento
injusto,
como
fuente
obligacional,
para
determinar el incremento en precio al que tiene derecho el
contratista.
El
problema
central
consiste
en
interpretar
el
artículo 1485 del Código Civil, supra, para determinar el
aumento en precio al cual se tiene derecho en virtud de
éste.
Al respecto García Conesa expone que el aumento en
precio
al
que
tiene
derecho
el
contratista
será
el
convenido por las partes “en el compromiso original o, en
su defecto, en otro posterior, y su abono le corresponderá,
en defecto de acuerdo, al comitente, siempre que preste su
consentimiento”.
Op. cit., págs. 209-210.
Al examinar si el aumento en precio quedó establecido
por convenio entre las partes, cabría incluso considerar la
posibilidad de que el comitente consienta tácitamente al
precio
propuesto
consentimiento
Gananciales,
por
el
contratista.
tácito,
en
Teachers
277,
290,
115
D.P.R.
Annuity
(1984),
Sobre
el
v.
Soc.
expusimos
que
CC-2008-882
15
éste es producto de “la conducta de la persona y no [de]
las palabras que utilice”, cuando tal conducta y los hechos
acaecidos
revelan
consentir”.
Debe
circunstancias
“inequívocamente
pues
del
evaluarse
caso,
si,
tales
compatibles con otra voluntad.
la
Íd.
a
voluntad
de
luz
las
la
hechos
de
pueden
ser
En ese tenor, Lasarte
discute que la aceptación tácita se revela a través de
hechos “que no dejen lugar a dudas sobre la admisión de las
condiciones
contractuales
ofrecidas”.
Carlos
Lasarte,
Principios del Derecho Civil, 4ta ed., España, Ed. Trivium,
1996, T. III, pág. 62.
De
otra
parte,
Lasarte
expone
que
la
interrogante
sobre si el silencio puede interpretarse como asentimiento
de la oferta, debe responderse como norma general en la
negativa. Íd., págs. 62-63.
Véase además, Jaime Santos
Briz, Los Contratos Civiles: Nuevas Perspectivas, Granada,
Ed. Comares, 1992, pág. 105.
No obstante, el silencio
podría implicar la aceptación tácita de una oferta cuando
en virtud de una relación previa entre las partes, surge
una responsabilidad para quien recibe la oferta de tomar
medidas afirmativas para rechazarla.
Lasarte, op. cit.,
pág.
Lasarte
63.
Sobre
este
particular,
expone
siguiente:
Cabe considerar el silencio como declaración de
voluntad... cuando dada una determinada relación
entre dos personas, el modo corriente de proceder
implica el deber de hablar, ya que si el que
puede y debe hablar no lo hace se ha de reputar
que consiente, en aras de la buena fe (qui siluit
cum loqui et debuit, consentire videtur). . .
porque en tales casos, siendo natural y normal
lo
CC-2008-882
16
manifestar el disentimiento si no se quieren
aprobar las propuestas de la otra parte, el
silencio sobre las mismas, y más cuando va unido
a hechos positivos precedentes, a una actividad
anterior de la parte silenciosa o a particulares
situaciones
subjetivas
u
objetivas,
cabe
interpretarlo
como
tácita
manifestación
del
consentimiento.
Íd., citando a Sentencia de 14 de octubre de 1963 del
Tribunal Supremo de España.
De otra parte, Santos Briz distingue que, según la
doctrina
jurisprudencial,
distintos
efectos
el
jurídicos
silencio
podría
dependiendo
de
silencio “absoluto” o “cualificado”.
acarrear
si
es
un
Op. cit., pág. 106.
En caso de un silencio absoluto, sólo se derivaría una
expresión tácita de aceptación si por ley se le otorga tal
efecto o cuando, en virtud de una relación previa entre las
partes, quien calla tenía en cuenta que su silencio sería
interpretado “como expresión concluyente de una voluntad de
admitir lo manifestado”.
Íd., págs. 105-106.
otro
la
lado,
hablar
de
cualificado”
cuando
éste
se
eficacia
une
a
de
Cabría, por
“un
silencio
“hechos
positivos
precedentes o a otras situaciones que sirvan como elemento
útil
para
tener
por
determinada voluntad”.
hecha
la
manifestación
de
una
Íd.
Así, al determinar el aumento en precio al cual tiene
derecho
el
contratista
en
virtud
del
artículo
1485
del
Código Civil, supra, debe examinarse si éste fue objeto de
un acuerdo entre las partes.
Si por manifestación expresa
o tácita el comitente aceptó el precio ofrecido por el
contratista, entonces ese precio constituirá la prestación
CC-2008-882
17
que el comitente deberá satisfacer.
Un acuerdo entre las
partes sobre el precio, “aunque sea tardío, si gozara de
suficiente claridad, será siempre aceptado como solución
preferible
a
su
fijación
por
otro
medio
supletorio”.
García Conesa, op. cit., pág. 182.
Ahora
bien,
García
no
acuerden
contratantes
Conesa
el
expone
que
cuando
aumento
del
los
precio
a
satisfacer:
su determinación, que será el de su valor, más el
beneficio
industrial,
se
llevará
a
término
normalmente mediante tasación judicial con apoyo
en los medios que obren en autos, y, en su
defecto total o parcial, con la inclusión de un
cierto arbitrio judicial, por vía de usos o
costumbres
mercantiles,
mediante
la
prueba
pertinente analizada bajo un claro criterio de
equidistribución sinalagmática.
Íd., pág. 210.
Así, explica que cuando el tribunal fije el precio,
por
“tasación”
mercantiles”,
o
por
deberá
medio
de
“los
usos
o
costumbres
incluirse
como
parte
de
éste
la
ganancia
beneficio
industrial,
profesional
del
de
usualmente
engloba
los
ejecución de la obra.
industrial
del
representa
contratista.
independiente
se
que
Aunque
dicha
costos
de
en
precio
el
contratista
se
suma
ganancia
construcción,
pactado
Íd., págs. 185-186.
a
los
el
para
es
ésta
la
El beneficio
costos
de
construcción, los cuales abarcan los recursos esenciales
empleados para la realización de la obra, inclusive los
materiales y la mano de obra.
Íd., pág. 186, esc. 26.
CC-2008-882
18
Si bien tal posición resulta contraria a la norma de
Zequeira
-que
excluye
el
beneficio
razonable
del
contratista del aumento en precio que éste tiene derecho a
reclamar- los hechos del presente caso no requerían una
expresión
de
este
Foro
al
respecto.
Como
expuse
anteriormente, es mi criterio que Santiago Metal consintió
tácitamente al precio cotizado por Danosa.
III.
Entre
Santiago
Metal
y
Danosa
contrato de ejecución de obra.
se
perfeccionó
un
No está en controversia
que, posteriormente, Santiago Metal y Danosa convinieron
que
esta
última
se
encargaría
de
la
instalación
del
“soffit”.
Así, ambas partes acordaron un “cambio en el
plano”
a
que
su
vez
implicó
un
aumento
en
la
obra,
configurándose una novación modificativa en relación con el
contrato inicialmente pactado.
En virtud de esa novación,
a Danosa le asiste el derecho a reclamar un aumento en
precio, por aplicación del artículo 1485 del Código Civil,
supra.
Precisamente,
consideración
el
la
controversia
Tribunal
de
que
Primera
tuvo
ante
Instancia
su
fue
determinar el precio del cual era acreedor Danosa por la
instalación del “soffit”.
Ante ese foro, Danosa reclamó
que era acreedor de $63,680 pues ese fue el precio cotizado
y el que Santiago Metal aceptó.
No se trata de que el foro
primario no determinó si se pactó un precio entre Danosa y
Santiago Metal, sino que adjudicó esa controversia en la
CC-2008-882
negativa.
19
Al concluir que de la prueba desfilada quedó en
duda si, en efecto, Santiago Metal aprobó el precio, ese
foro adjudicó que Danosa no logró probar que en efecto
Santiago
Metal
consintió
al
precio
que
aquél
cotizó.
Partiendo de la premisa de ausencia de precio pactado, el
Tribunal
de
Primera
Instancia
interpretó
que
no
existía
acuerdo vinculante entre las partes y acudió a la doctrina
de
enriquecimiento
injusto
para
determinar
la
suma
adeudada.
No obstante, al examinar si Santiago Metal aceptó el
precio cotizado, el foro primario sólo consideró que el
contenido de la conversación telefónica, a la cual se alude
en la carta del 25 de octubre de 2002, fue conflictivo y
que no pudo determinar si por medio de ésta Santiago Metal
aceptó
el
precio.
Igualmente,
resolvió
que
los
dos
documentos identificados como “Change Order #2” carecían de
validez para establecer un acuerdo entre las partes, en
cuanto al precio.
Ese foro no evaluó si, en virtud de la
prueba documental y los hechos que entendió probados, podía
determinarse que Santiago Metal aceptó tácitamente la suma
cotizada por Danosa.
Es mi criterio que la prueba documental admitida, así
como
los
hechos
que
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
encontró probados, establecen que Santiago Metal aceptó, al
menos tácitamente, el precio cotizado por Danosa.
Ello
independientemente de que tal aceptación se materializara
CC-2008-882
20
luego de que Danosa inició la labor de instalación del
“soffit”.
Mediante
carta,
fechada
el
25
de
octubre
de
2002,
Danosa le comunicó a Santiago Metal que el precio por la
instalación del “soffit” era $63,680.
Además, le informó
que el próximo día, sábado 26 de octubre, comenzaría los
trabajos
de
según
había
sido
su
ulterior
le
esperaría
la
muestra
“para
la
aprobación
del
Le
también
requerido.
indicó
comunicación
y
dueño”,
aprobación
que
para
continuar con el cambio.
Luego de ello, Santiago Metal le envió una carta a
Danosa, con fecha del 1 de noviembre de 2002, en la cual se
confirmaba el contenido de una conversación telefónica “en
relación
a
inferior
del
alero
Asimismo,
en
esa
expresó
los
lo
trabajos
adicionales
de
con
el
mismo
material
carta,
el
Sr.
tener
siguiente:
“De
cubrir
la
parte
de
techo”.
Luis
Armando
Santiago
algún
inconveniente
o
rechazo por parte del diseñador en cuanto a este trabajo se
refiere,
será
nuestra
conlleve modificarla.
responsabilidad
los
costos
que
Sin nada más al respecto quedo de
usted”.
Así, luego de que Danosa le envió la cotización a
Santiago Metal, informándole que requería de su ulterior
comunicación
para
conversaciones
instalación
del
entre
ejecutar
las
“soffit”.
los
partes
Más
cambios,
continuaron
en
relación
con
la
aún,
Santiago
Metal
le
informó a Danosa que se responsabilizaría de los costos
CC-2008-882
21
adicionales que implicara una modificación, en caso de que
hubiese que variar el diseño.
Metal
y
Danosa
“soffit”.
acordaron
De
los
No está en duda que Santiago
que
hechos
éste
que
último
el
instalaría
Tribunal
de
el
Primera
Instancia encontró probados no surge que en algún momento
un representante de Santiago Metal le informara a Danosa
objeción en relación con el precio cotizado.
se
presentó
cuando
se
envió
el
Tal objeción
segundo
identificado como “Change Order #2”.
documento
Previo a ello, el
“silencio” que mantuvo Santiago Metal, al no objetar el
precio cotizado en el curso de las comunicaciones sobre la
ejecución del cambio, unido a sus actos, constituyó una
aceptación tácita de la suma cotizada por Danosa.
No
se
trata
de
un
“silencio
absoluto”
y
ni
tan
siquiera tenemos ante nuestra consideración un caso en el
que el “silencio” de paso al surgimiento de la relación
contractual
entre
prestó
consentimiento
el
“soffit”
sin
que
las
partes.
para
expresamente
Sino
que
que
Danosa
manifestara
Santiago
Metal
instalara
que
aceptó
el
el
precio cotizado.
Así, luego de que Danosa le informó el
precio,
Santiago
Metal
continuó
relación
a
ejecución
del
la
las
trabajo
conversaciones
con
sin
una
presentar
objeción al respecto.
Tales circunstancias permitieron que
Danosa
la
continuara
creencia
de
que
con
el
ejecución
precio
cotizado
de
la
fue
obra
bajo
aceptado.
la
El
consentimiento para la ejecución de la obra, en ausencia de
objeción sobre el precio cotizado, en unión a los demás
CC-2008-882
hechos
22
acontecidos,
eran
reflejo
inequívoco
de
una
aceptación por parte de Santiago Metal en relación con el
precio propuesto.
En
virtud
de
lo
anterior
confirmaría
la
sentencia
recurrida.
Anabelle Rodríguez Rodríguez
Juez Asociada