LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Danosa Caribbean, Inc. v. Santiago Metal Manufacturing Corp., y otro

2010 TSPR 77

Poder Judicial de Puerto Rico

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Danosa Caribbean, Inc. v. Santiago Metal Manufacturing Corp., y otro

CC-2008-882

Sentencia con Opiniones Concurrentes y Voto Disidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Danosa Caribbean, Inc.

Recurridos

v.

Santiago Metal Manufacturing

Corp., Juan del Pueblo XYZ, Inc.

Certiorari

2010 TSPR 77

179 DPR ____

Peticionarios

Número del Caso: CC-2008-882

Fecha: 19 de mayo de 2010

Tribunal de Apelaciones:

Región Judicial de Carolina Guayama Panel XIII

Juez Ponente:

Hon. Rafael Ortiz Carrión

Abogada de la parte peticionaria:

Lcda. Livia M. Rosado Bermúdez

Abogado de la parte Recurrida:

Lcdo. Luis E. Palacios

Materia: Cobro de Dinero

Este documento constituye un documento oficial del Tribunal

Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Danosa Caribbean, Inc.

Recurridos

CC-2008-882

v.

Santiago Metal Manufacturing

Corp., Juan del Pueblo XYZ, Inc.

Peticionarios

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2010.

Por medio del presente recurso de certiorari

se nos solicita que revisemos la Sentencia emitida

por el Tribunal de Apelaciones en el caso de autos.

En ella, el foro apelativo intermedio revocó el

dictamen del Tribunal de Primera Instancia.

Debemos resolver si de los hechos surge que se

perfeccionó

un

contrato

entre

las

partes.

De

entender que no se perfeccionó un contrato, debemos

resolver cuál es el criterio para determinar el

importe a que tiene derecho un contratista cuando

se pacta un cambio en la obra sin acuerdo sobre el

precio.

Examinemos

los

presente controversia.

hechos

que

originaron

la

CC-2008-882

2

I

El

Municipio

de

San

Sebastián,

dueño

de

la

obra,

contrató a Vissepó & Diez Construction Corp., en adelante

Vissepó,

como

contratista

general

para

el

techado

del

Coliseo del Municipio de San Sebastián, en adelante el

Coliseo.

Para

subcontrató

a

realizar

Santiago

adelante Santiago.

el

aludido

Metal

trabajo,

Manufacturing

Vissepó

Corp.,

en

A su vez, el 12 de octubre de 2001,

Santiago subcontrató a Danosa Caribbean, Inc., en adelante

Danosa, para que realizara el techado del Coliseo.1

Danosa

cotizó por la obra la cantidad de $145,774.00, la cual fue

aceptada por Santiago.

Durante la ejecución de la obra se realizaron dos (2)

cambios al proyecto para realizar trabajos no convenidos

en el contrato original.2

El segundo de los cambios es el

que suscita la presente controversia.3

Éste tenía como

propósito cubrir la parte inferior del alero del Coliseo

con unas planchas de metal.

1

Ambas partes acordaron un contrato de ejecución de obras.

2

Los cambios realizados a un proyecto de construcción son

conocidos en la industria de la construcción como “change

orders”. También suelen utilizarse los términos de “orden

de cambio” o “cambio de orden”.

En lo sucesivo nos

referiremos a los aludidos cambios como “ordenes de

cambio” u “orden de cambio”, según aplique.

En el

presente caso, los cambios al proyecto de construcción son

producto de la Orden de Cambio Número Uno (1) de 14 de

noviembre de 2002 y de la Orden de Cambio Número Dos (2),

para la cual se confeccionaron dos (2) documentos: uno con

fecha de 3 de abril de 2003 y otro con fecha de 23 de

abril de 2003.

3

Orden de Cambio Número Dos (2).

CC-2008-882

3

El 9 de agosto de 2002, Santiago le cotizó a Vissepó

la obra, objeto de la segunda orden de cambio, con miras a

subcontratar

a

Danosa.

En

dicha

cotización

Santiago

estimó el costo de la obra por la cantidad de $29,498.60.4

Esta

cotización

fue

realizada

por

Santiago

antes

de

conocer la cotización de Danosa, puesto que Vissepó le

presionaba para evitar retrasos en la obra.

El 25 de octubre de 2002, Danosa le envió una carta a

Santiago en la que cotizó el proyecto objeto de la segunda

orden de cambio por la cantidad de $63,680.00.

Además,

Danosa le indicó a Santiago que esperaba por su aprobación

para proceder a efectuar el trabajo.

Sin embargo, para

esa

los

fecha

Danosa

ya

había

comenzado

trabajos

para

instalar las planchas de metal en el alero del Coliseo.

Para ello, Danosa subcontrató a Cibel Metal Products, en

adelante Cibel.

El 1 de noviembre de 2002, Santiago le envío una

carta

a

Danosa

en

la

telefónica entre ambos.

que

aludió

a

una

conversación

En la referida carta, Santiago

confirmó el contenido de la comunicación telefónica “en

relación a los trabajos adicionales de cubrir la parte

inferior

del

alero

con

el

mismo

material

del

techo”.5

4

Santiago tomó como base para su cotización el hecho de

que el área del techo medía 15,191 pies cuadrados y

costaría $145,774.00, según la cotización de Danosa,

mientras que el alero tenía un área menor a 2,000 pies

cuadrados.

5

Carta de Santiago dirigida a Danosa, con fecha de 1 de

noviembre de 2002.

Véase, Apéndice, a la pág. 68.

CC-2008-882

Además,

4

Santiago

se

responsabilizó

por

los

costos

adicionales de surgir problemas con el diseñador.

Sin

embargo, en la referida carta no se estableció el precio

pactado.

El 22 de noviembre de 2002, Cibel, subcontratista de

Danosa, concluyó la instalación de las planchas de metal

en el alero del Coliseo.

Por ello, Danosa le pagó la

totalidad del trabajo realizado, antes de que la segunda

orden de cambio fuera tramitada.6

En relación a la segunda orden de cambio, Santiago

confeccionó

dos

estableció

la

(2)

documentos.

cantidad

de

El

$63,680.00,

primer

documento

mientras

que

el

segundo documento fijó la suma de $29,047.10 para la obra

objeto de la segunda orden de cambio.7

Ambos documentos

establecen que no serán válidos hasta que sean firmados

por el dueño de la obra y el contratista.8

Sin embargo,

ninguno de los documentos fue firmado por ambas partes.

El primer documento fue firmado sólo por Danosa el 3 de

abril

de

2003,

exclusivamente

Nótese,

que

mientras

por

para

que

Santiago

ambas

el

fechas

el

23

la

segundo

de

obra

fue

abril

en

firmado

de

2003.

controversia

6

El primer documento de la Orden de Cambio Número Dos (2)

fue tramitado el 3 de abril de 2003.

7

El cambio de precio se realizó para corregir una

equivocación en la cuantía producto de un error de la

persona que tomó la información por parte de Santiago.

Una vez Santiago se percató del error, sustituyó la

primera cifra por la cantidad aprobada por Vissepó.

8

“Not valid until signed by the Owner and Contractor”.

Véase, Apéndice, a las págs. 80 y 81.

CC-2008-882

había

5

concluido.

Posteriormente,

mediante

comunicación

escrita, Danosa y Santiago intentaron negociar la cantidad

adeudada sin poder llegar a un acuerdo.

Así las cosas, el 13 de abril de 2007, Danosa presentó

en el Tribunal de Primera Instancia una demanda de cobro de

dinero

en

contra

de

Santiago.

En

la

demanda,

Danosa

reclamó la cantidad de $63,680.00 por la obra realizada en

el alero del Coliseo.9

Santiago contestó la demanda y

aceptó que había una deuda, pero negó que ésta fuese por la

cantidad reclamada.

Luego de celebrado el juicio en su fondo, el 17 de

marzo de 2008, el Tribunal de Primera Instancia declaró con

lugar la demanda de cobro de dinero presentada por Danosa.

Su decisión se amparó en la doctrina de enriquecimiento

injusto.

existía

cambio.

Ello,

un

por

contrato

entender

válido

que

sobre

entre

la

las

partes

no

segunda

orden

de

A esos efectos, el foro primario concluyó que

ninguno de los dos (2) documentos de la orden de cambio en

controversia contó con la firma de ambas partes.

El Tribunal de Primera Instancia entendió que Danosa

inició los trabajos sin consentimiento de Santiago, por lo

que asumió el riesgo de que su cotización fuera rechazada,

como en efecto sucedió.

9

El foro primario entendió que

Danosa también reclamó otras cantidades de dinero

alegadamente adeudadas por Santiago.

Luego de varios

trámites procesales, Santiago pagó las sumas que no estaban

en disputa. De esa forma, la controversia quedó reducida a

la cantidad de $63,680.00 que Danosa alega Santiago le debe

por el trabajo objeto de la segunda orden de cambio.

CC-2008-882

6

Santiago cometió un error el cual intentó subsanar mediante

un ajuste en el precio de la segunda orden de cambio.

Sin

embargo, Santiago no obtuvo confirmación de Danosa para tal

reducción en el precio.

Por tanto, el Tribunal de Primera

Instancia dictaminó que Santiago asumió también el riesgo y

Danosa no aceptó.

Al declarar con lugar la demanda, el foro primario le

ordenó

a

Santiago

pagarle

a

Danosa

la

cantidad

de

$29,498.60 en vez de la cantidad $63,680.00 reclamada por

Danosa.10

Además,

ordenó

Danosa

a

el

el

Tribunal

pago

de

de

Primera

$2,000.00

en

Instancia

le

concepto

de

honorarios de abogado por temeridad.

Ello, por entender

que

hasta

Danosa

insistió

en

su

reclamo

las

últimas

consecuencias “a pesar de reconocer la falta de las dos

firmas para validar la orden de cambio”.11

Inconforme con el dictamen del Tribunal de Primera

Instancia, Danosa presentó un recurso de apelación ante el

Tribunal de Apelaciones.

El 20 de junio de 2008, el foro

apelativo intermedio emitió una Sentencia en la que revocó

al foro primario y resolvió lo siguiente: (1) que existía

un contrato entre las partes; (2) que el precio convenido

en

el

contrato

era

el

reclamado

por

Danosa,

a

saber:

$63,680.00; y (3) eliminó la partida concedida a favor de

10

La suma establecida por el Tribunal de Primera Instancia

es igual a la recibida por Santiago de parte de Vissepó por

concepto del trabajo aludido en la segunda orden de cambio.

11

Véase, Apéndice, a la pág. 108.

CC-2008-882

Santiago

7

en

concepto

de

honorarios

de

abogado

por

temeridad.

Insatisfecho con el dictamen emitido por el Tribunal

de Apelaciones, Santiago acudió ante nos mediante recurso

de certiorari señalando la comisión del error siguiente:

Erró el Tribunal de Apelaciones al determinar que

no

había

controversia

en

cuanto

a

las

determinaciones de hechos que hizo el Tribunal de

Primera Instancia y luego intervenir con la

apreciación de la prueba del Tribunal de Primera

Instancia para finalmente determinar que hubo un

contrato válido entre las partes y concluir que

no

era

de

aplicación

la

doctrina

de

enriquecimiento injusto.

El

20

certiorari

de

marzo

de

2009,

solicitado

en

el

expedimos

caso

de

el

auto

de

autos.

Con

el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, revocamos en

parte la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para

que

a

tenor

con

la

prueba

presentada

y

admitida

se

adjudique si se pactó el precio de la obra producto de la

segunda orden de cambio.

foro

apelativo

Confirmamos la determinación del

intermedio

de

eliminar

la

partida

de

honorarios de abogado por temeridad.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del

Tribunal

Denton

Supremo.

emitió

El

opinión

Juez

Presidente

concurrente

y

señor

disidente.

Hernández

El

Juez

Asociado señor Rivera Pérez concurre con opinión escrita a

la cual se unen la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y

el

Juez

Asociado

Asociado

señor

señor

Kolthoff

Caraballo.

El

Martínez

Torres

concurre

opinión

con

Juez

CC-2008-882

escrita.

La

8

Jueza

Asociada

señora

Rodríguez

Rodríguez

disiente con opinión escrita a la cual se une la Jueza

Asociada señora Fiol Matta.

Aida Ileana Oquendo Graulau

Secretaria del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Danosa Caribbean, Inc.

Demandante-Recurrido

v.

CC-2008-882

Certiorari

Santiago Metal Manufacturing

Corp., Juan del Pueblo XYZ, Inc.

Demandada-Peticionaria

Opinión Concurrente y Disidente

Presidente SEÑOR HERNÁNDEZ DENTON

emitida

por

el

Juez

San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2010.

Concurrimos con el resultado de la Sentencia emitida

en el día de hoy al revocar en parte el dictamen del

Tribunal de Apelaciones.

No obstante, disentimos del

proceder del Tribunal de devolver el caso al foro de

instancia para que determine si se pactó o no el precio

de

la

obra

requerida

controversia.

pactó,

por

por

la

orden

de

cambio

en

Somos del criterio que el precio no se

lo

que

devolveríamos

el

asunto

al

foro

primario para que determine únicamente el importe al que

tiene

derecho

el

contratista

jurisprudencia de este Tribunal.

a

la

luz

de

la

CC-2009-882

2

I.

De

la

instancia

prueba

surge

presentada

que

y

Santiago

admitida

Metal

ante

el

foro

Manufacturing

de

Corp.

(Santiago Metal) estimó lo que costaría el cambio en la obra

y así le cotizó al contratista general, quien le pagó la

cantidad solicitada.

Dicha gestión se hizo antes de recibir

la cotización de Danosa Caribbean, Inc., a quien Santiago

Metal había subcontratado para realizar el trabajo.

Varios meses más tarde, Danosa remitió su cotización a

Santiago Metal e inició el trabajo, mas lo hizo sin recibir

la aprobación de Santiago Metal de dicha cotización.

A pesar

de que Santiago Metal preparó los documentos de orden de

cambio, los cuales requerían la firma tanto de Santiago Metal

como de Danosa para ser válidos, éstos no se llegaron a

firmar por ambas partes, por lo que surgió la controversia

que nos ocupa sobre el precio de la orden de cambio.

Danosa

alega que tiene derecho a que se le pague la totalidad de lo

que

cotizó

solicitó

por

la

Santiago

obra

realizada

a

Metal,

lo

ésta

cual

raíz

del

cambio

que

última

niega

por

entender que nunca aceptó dicha cotización.

Como es sabido, según el Art. 1485 del Código Civil, 31

L.P.R.A. sec. 4126, el contratista sólo tendrá derecho a

exigir un aumento en el precio de la obra cuando se haya

realizado algún cambio en ésta, siempre que haya mediado la

autorización del dueño. En ausencia de precio pactado para

dicha modificación, nuestra jurisprudencia ha reconocido el

criterio

del

aumento

en

valor

de

la

obra

efectuada

como

mecanismo para determinar el importe a pagarse. Dicho importe

CC-2009-882

3

equivale a la diferencia entre el costo de la obra según el

contrato original y el costo de la obra realizada según la

modificación.

Zequeira v. C.R.U.V., 83 D.P.R. 878 (1961).

En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia,

luego de recibir y aquilatar prueba al respecto, determinó

que ésta había sido confusa en cuanto a si se pactó el

precio, por lo que aplicó la doctrina de enriquecimiento

injusto y ordenó a Santiago Metal a pagar a Danosa sólo lo

que

había

recibido

cotización

inicial.

del

contratista

Es

decir,

general

ya

el

foro

a

base

de

de

su

instancia

determinó que no se había pactado el precio.

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones concluyó que

Santiago Metal había aceptado tácitamente la cotización de

Danosa al no oponerse a ésta y permitir que la obra se

realizara.

Discrepamos de este criterio, pues la prueba

presentada

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

fue

conflictiva al respecto.

Del expediente ante nuestra consideración surge que las

partes convinieron en realizar una modificación a la obra,

mas no pactaron el precio que ésta conllevaría. Por lo tanto,

entendemos

que

es

de

aplicación

la

doctrina

pautada

en

Zequeira v. C.R.U.V., supra, en cuanto a que el contratista

sólo tiene derecho al aumento en valor de la obra en aquellos

casos en que se ordena un cambio sin que se pacte precio

alguno.

No obstante, la Sentencia que emite hoy el Tribunal

devuelve el caso al foro de instancia para que, una vez más,

determine si el precio se pactó o no.

Entendemos que este

CC-2009-882

4

proceder es errado y redunda en una duplicidad procesal que

evita que el caso se resuelva con la prontitud que las partes

merecen.

II.

En vista de lo anterior, concurrimos con el proceder

del

Tribunal

de

revocar

la

sentencia

recurrida,

pero

disentimos en cuanto a la devolución del caso al Tribunal de

Primera Instancia para que dicho foro determine si se pactó

el precio.

Contrario al dictamen que hoy emite el Tribunal,

y según surge del expediente, entendemos que el precio no se

pactó. Por consiguiente, devolveríamos el caso al Tribunal de

Primera Instancia únicamente a los efectos de calcular el

aumento en valor de la obra y así determinar el importe al

que tiene derecho Danosa conforme a la norma establecida por

este Tribunal en Zequeira v. C.R.U.V., supra.

Federico Hernández Denton

Juez Presidente

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Danosa Caribbean, Inc.

Recurridos

CC-2008-882

v.

Santiago Metal Manufacturing

Corp., Juan del Pueblo XYZ,

Inc.

Peticionarios

Opinión Concurrente emitida por el Juez Asociado señor Rivera Pérez a

la cual se unen la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez

Asociado señor Kolthoff Caraballo.

San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2010.

En

I

ordenamiento

nuestro

pueden

establecer

convenientes

en

los

un

la

pactos

contrato,

ley,

que

partes

entiendan

siempre

que

moral,

ni

no

público.12

Para que un contrato nazca válidamente es

necesario

que

los

requisitos

al

sean

a

consentimiento y causa.13

la

las

contrarios

concurran

a

jurídico

de

a

que,

como

regla

general,

tienen requisitos de forma, “siempre

12

31 L.P.R.A. § 3372.

13

31 L.P.R.A. § 3391.

objeto,

Las partes pueden contratar

en la forma que entiendan más conveniente.

debe

orden

los

Ello se

contratos

no

CC-2008-882

2

que en ellos concurran las condiciones esenciales para su

validez”.14

Nuestro Código Civil dispone que “[e]l consentimiento

se

manifiesta

por

el

concurso

de

la

oferta

y

de

la

aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el

contrato”.15

La voluntad contractual ha de manifestarse para

que

consentimiento,

exista

de

manera

que

el

acuerdo

de

voluntades se formará mediante lo declarado por una y otra

parte.

La intención de los contratantes se verifica en

atención a los actos coetáneos y posteriores de las partes.16

En un contrato de ejecución de obras se puede pactar la

realización de una obra en la que una parte ponga su trabajo

y/o los materiales.17

El contrato de ejecución de obras es

consensual, bilateral y oneroso.18

En este tipo de contrato

una parte se obliga a hacer una cosa y la otra se compele a

dar por ella el precio pactado.

En específico, el dueño de

la obra tiene la obligación de pagar el precio de ésta en la

forma, cuantía y tiempo convenido.

El contratista, por su

parte, tiene la obligación de realizar y entregar la obra

conforme a lo convenido en el contrato, a las reglas del

14

31 L.P.R.A. § 3451.

15

31 L.P.R.A. § 3401.

16

31 L.P.R.A. § 3472.

17

31 L.P.R.A. § 4121.

18

Master Concrete v. Fraya, 152 D.P.R. 616, 624 (2000).

CC-2008-882

arte

de

3

la

construcción

y

a

los

usos

o

reglas

profesionales.19

El precio acordado en un contrato de ejecución de obras

determina a qué tiene derecho el contratista, salvo que haya

un cambio en la obra con aprobación del dueño de la obra.20

Cuando ello ocurre, el contratista puede pedir un aumento de

precio.21

De acuerdo a Manresa, “[e]ste aumento de precio no

procede de la naturaleza del contrato, sino de la verdadera

novación que las partes han introducido en él”.22

Una

orden

original.23

El

de

cambio

precio

es

una

pactado

en

novación

una

al

orden

contrato

de

cambio

determina el importe a que tiene derecho el contratista.

En

Salgado v. Figueroa,24 expresamos que cuando se acuerda un

cambio de obra sin pactar el precio, el criterio para fijar

el importe es el valor razonable de los servicios prestados.

En

esa

ocasión,

luego

de

perfeccionado

un

contrato

de

construcción, el dueño de la obra le requirió al contratista

que realizara ampliaciones y modificaciones en la obra.

Sin

embargo, el precio por el referido aumento de trabajo no se

19

Íd.

20

31 L.P.R.A. § 4126.

21

Íd.

22

Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español,

6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, Tomo X, Vol. II, pág. 721.

(Énfasis nuestro).

23

Íd.

24

33 D.P.R. 931 (1925).

CC-2008-882

pactó.25

puede

4

Resolvimos en aquella ocasión que el contratista

reclamar

servicios.

y

obtener

el

valor

de

razonable

sus

Además, expresamos que el valor razonable por el

aumento de trabajo era el que justificara la prueba y no la

estimación y apreciación personal que de sus servicios hacía

el contratista.26

Cabe

aludida

mencionar,

controversia

que

en

bajo

Salgado,

el

supra,

Artículo

atendimos

1473

del

la

Código

Civil,27 el cual dispone lo siguiente:

Pueden arrendarse los servicios de criados y

trabajadores sin tiempo fijo o por cierto tiempo.

El arrendamiento hecho por toda la vida es nulo.

En cuanto a los servicios profesionales, se

estará, para la remuneración de los mismos, a lo

convenido entre las partes; cuando no hubiere

convenio y surgieren diferencias, la parte con

derecho a la remuneración podrá reclamar y obtener

en juicio de la otra parte, ante cualquier corte

de jurisdicción competente, el importe razonable

de dichos servicios.28

No

obstante

lo

anterior,

en

Zequeira

v.

Municipal

Housing Authority,29 atendimos la misma controversia que en

Salgado,

supra,

pero

bajo

el

Artículo

1485

del

Código

Civil,30 el cual establece lo siguiente:

El arquitecto o contratista que se encarga por un

ajuste alzado de la construcción de un edificio u

otra obra en vista de un plano convenido con el

propietario del suelo no puede pedir aumento de

25

también

26

Salgado v. Figueroa, supra, a la pág. 934.

27

31 L.P.R.A. § 4111.

28

Íd.

29

83 D.P.R. 878 (1961).

30

31 L.P.R.A. § 4126.

El contratista

trabajo requerido.

suplió

los

materiales

para

el

CC-2008-882

5

precio aunque se haya aumentado el de los jornales

o materiales, pero podrá hacerlo cuando se haya

hecho algún cambio en el plano que produzca

aumento de obra, siempre que hubiese dado su

autorización el propietario.31

En Zequeira, supra, resolvimos que cuando se realiza

una orden de cambio sin pactar su costo, para determinar el

aumento de precio reconocido en el Artículo 1485 del Código

Civil, supra, hay que determinar el costo de la mano de obra

y

de

los

materiales

acordados

diferencia

de

en

ese

el

pacto

costo

con

original,

advirtiendo

la

el

nuevo

acuerdo.32

En Zequeira, supra, expresamos además que “la

única base para añadir a dicho costo de mano de obra y

materiales,

las

indemnización

a

pólizas

obreros

del

seguro

sería

el

social

aumento

en

y

el

de

la

personal

obrero y la extensión en el tiempo adicional que requirió la

terminación del contrato”.33

Asimismo, entendimos que el

criterio

o

de

valor

razonable

quantum

meruit

no

es

de

aplicación cuando se hace una orden de cambio sin pactar su

precio.34

El valor razonable o quantum meruit35 está basado en la

doctrina

31

32

de

enriquecimiento

injusto.36

Municipal

Authority,

En

otras

Íd.

Zequeira v.

págs. 884-886.

Housing

33

Íd., a las págs. 885-886.

34

Íd., a la pág. 884.

supra,

a

las

35

Quantum meruit significa “tanto como se merece”.

I.

Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3ra ed.

Revisada, San Juan, LEXIS PUBLISHING, 2000, pág. 345.

36

Pérez Marrero v. Colegio de Cirujanos Dentistas de P.R.,

131 D.P.R. 545, a la pág. 558, nota al calce 9.

CC-2008-882

6

jurisdicciones estatales de Estados Unidos, al igual que lo

resuelto

en

Salgado,

supra,

el

valor

razonable

es

el

criterio para fijar la cuantía debida cuando una persona ha

realizado

precio

algún

o

servicio

bajo

un

para

otra

contrato

sin

acuerdo

invalidado

irregularidad en la forma de ejecutarlo.37

sobre

por

el

alguna

Cuando hay un

contrato en el que se estipula el precio de la obra no cabe

hablar

del

valor

razonable,

teniendo

las

sujetarse al importe pactado en el contrato.

se

pacta

el

precio,

se

entiende

que

partes

que

Pero cuando no

las

partes

han

consentido a que el importe sea el valor razonable en el

mercado

por

la

obra

realizada.38

En

otras

palabras,

el

criterio para medir el valor razonable de la obra es la

cantidad que costaría obtener dicha obra de otro contratista

en la posición del demandante, al momento en que la obra fue

entregada.39

La doctrina de enriquecimiento injusto es un principio

general del derecho fundado en la equidad, que está presente

en

todo

acciones

el

ordenamiento

basadas

enriquecimiento

en

injusto

la

jurídico.40

Al

igual

que

otras

equidad,

la

reclamación

por

existe

que

aplica

cuando

provea para otra causa de acción.41

no

ley

Es decir, se habla de

37

Véase, 66 Am. Jur. 2d Restitution and Implied Contracts §

37 y § 85.

38

Véase, Pauline Ruyle Moore, A Proposal to Simplify Quantum

Meruit Litigation, 35 Am. U.L. Rev. 547, 556 (1986).

39

Véase, 26 A.L.R. Fed. 746 (2008).

40

Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R. 817, 822 (1988).

41

Íd.

CC-2008-882

7

enriquecimiento injusto “cuando la ley no ha previsto una

situación

en

la

que

se

produce

un

desplazamiento

patrimonial que no encuentra una explicación razonable en el

ordenamiento vigente”.42

Para que la doctrina de enriquecimiento injusto pueda

ser invocada exitosamente, es necesario que concurran los

requisitos siguientes: (1) existencia de un enriquecimiento;

(2) un correlativo empobrecimiento; (3) una conexión entre

el empobrecimiento y

el enriquecimiento; (4) falta de causa

que justifique el enriquecimiento; y (5) inexistencia de un

precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento

sin causa.43

La

doctrina

subsumida

en

la

de

enriquecimiento

figura

de

los

injusto

se

encuentra

cuasicontratos.44

La

aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto depende

de las circunstancias específicas de cada caso.45

Ello se

debe a que el Código Civil no agota las situaciones a las

que la referida doctrina se extiende.46

El Tribunal de Primera Instancia es acreedor de gran

deferencia en cuanto a sus determinaciones de hechos.

Las

42

Íd., citando a Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil,

Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. II, Vol. 3, pág. 44.

43

Díaz Lizardi v. Aguayo Leal, 162 D.P.R. 801, 815 (2004);

Ortiz Andújar v. E.L.A., supra, a la pág. 823, citando a J.

Santos Briz, Comentarios al Código Civil y Compilaciones

Forales, (dirigido por M. Albaladejo), Madrid, Ed. Rev. Der.

Privado, 1984, Tomo XXIV, 1984, págs. 27-28.

44

E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 608, 633 (2005).

45

Íd. Véase además, Plan de Bienestar Salud v. Alcalde Cabo

Rojo, 114 D.P.R. 697, 703 (1983).

46

Íd.

CC-2008-882

Reglas

8

de

Procedimiento

Civil

disponen

que

“[l]as

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se

dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y

se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el

tribunal

sentenciador

testigos”.47

para

juzgar

la

credibilidad

de

los

Debe brindársele gran deferencia al juzgador de

los hechos, pues éste se encuentra en mejor posición para

evaluar y adjudicar la credibilidad de un testigo.48

En

ausencia de error, prejuicio o parcialidad, los tribunales

apelativos

hechos,

no

intervendrán

con

las

determinaciones

de

de

la

prueba

la

con

la

apreciación

adjudicación

de

credibilidad

efectuadas

ni

por

con

el

foro

primario.49

En cuanto a la imposición de honorarios por temeridad,

las

Reglas

44.1(d)

y

44.3(b)

de

Procedimiento

Civil

autorizan la condena al pago de honorarios de abogado e

intereses

por

temeridad.50

Además,

establecen

que

su

imposición depende exclusivamente de la determinación que

haga el magistrado que presidió el proceso, respecto a si la

parte perdedora, o su abogado, actuaron en forma temeraria o

frívola.

Una vez determinada la temeridad, la imposición de

47

32 L.P.R.A. Ap. III, R. 43.2.

48

Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001).

49

Íd.

50

32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.1(d) y 44.3(b).

CC-2008-882

9

una suma razonable de honorarios de abogado por temeridad es

imperativa.51

La condena al pago de honorarios de abogado e intereses

por temeridad tiene como propósito “establecer una penalidad

a un litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación,

contumacia

e

fundamentos,

insistencia

obliga

a

la

en

una

otra

actitud

parte,

desprovista

de

innecesariamente,

a

asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de

un

pleito”.52

La

determinación

sobre

si

una

parte

ha

procedido con temeridad descansa en la sana discreción del

tribunal.53

Los tribunales apelativos no deben intervenir con el

ejercicio de discreción del juzgador de hechos a menos que

esté presente un error manifiesto en la apreciación de la

prueba o que el foro primario actuara con pasión, prejuicio

o

parcialidad.

Los

foros

apelativos

podrán

intervenir

cuando el Tribunal de Primera Instancia haya errado en la

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de

derecho sustantivo, para evitar perjuicio sustancial.54

II

¿Existía

un

contrato

entre

Santiago

y

Danosa

para

realizar la obra objeto de la segunda orden de cambio?

Para

51

Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713,

717 (1987).

52

Íd., a la pág. 718.

53

Ramírez

(1989).

54

Lluch

(1986).

v.

v.

Club

España

Cala

de

Palmas,

123

D.P.R.

339,

349

Service

Station,

117

D.P.R.

729,

745

CC-2008-882

contestar

10

esta

interrogante

debemos

determinar

si

en

el

presente caso concurren los requisitos para la existencia de

un

contrato,

a

saber:

de

octubre

objeto,

consentimiento

y

causa.

y

Danosa

perfeccionaron un contrato de ejecución de obras.

En el

Veamos.

El

12

de

2001,

Santiago

referido contrato Danosa se obligó a realizar el techado del

Coliseo, mientras que Santiago se obligó a pagarle el precio

de $145,774.00.

ocasiones.

Este contrato fue modificado en dos (2)

En la primera, las partes acordaron la orden de

cambio número uno (1) y su precio.

firmaron

la

referida

orden

de

Asimismo, ambas partes

cambio.

En

la

segunda

modificación, hay dos (2) documentos con precios distintos y

en ninguno de estos se encuentran las firmas de ambas partes.

Ello, a pesar de que la forma para la orden de cambio dispone

que el documento no será válido hasta que concurran ambas

firmas.

Sin embargo, las partes llegaron a un acuerdo sobre el

trabajo del alero del Coliseo antes de que se gestionaran los

documentos para la segunda orden de cambio.

El 25 de octubre

de 2002, Danosa le envió una carta a Santiago en la que hizo

referencia a una comunicación anterior para que se cotizara

el trabajo del alero del Coliseo.

En la aludida carta,

Danosa le expresó a Santiago que “[e]speramos comunicación

suya y aprobación para poder continuar con este cambio”.55

No

obstante,

los

55

para

esa

fecha

Danosa

Véase, Apéndice, a la pág. 67.

ya

había

comenzado

CC-2008-882

11

trabajos en el alero del Coliseo mediante la subcontratación

de Cibel.

Pocos días después, el 1 de noviembre de 2002, Santiago

le envió una carta a Danosa en la que se refirió a un pacto,

pero

no

a

Santiago

un

precio

le

conversación

específico.

confirmó

a

Danosa

telefónica

“en

En

la

el

contenido

relación

referida

a

carta

de

los

una

trabajos

adicionales de cubrir la parte inferior del alero con el

mismo material del techo”.56

Es decir, Santiago le confirmó a

Danosa el trabajo en controversia en el caso de autos.

De

esta

no

forma,

ambos

acordaron

que

se

realizara

trabajo

pactado en el contrato de ejecución de obras para el techado

del

Coliseo.

Así

lo

manifiestan

conducta de ambas partes.

las

expresiones

y

la

Adviértase, que el 22 de noviembre

de 2002, Cibel, subcontratista de Danosa, concluyó el trabajo

en el alero del Coliseo y no fue hasta aproximadamente cinco

(5)

meses

documento

después

para

la

que

las

segunda

partes

orden

de

tramitaron

el

primer

cambio.

Durante

el

transcurso de ese periodo de tiempo ninguna de las partes

manifestó objeción sobre el acuerdo.

Con

el

beneficio

de

lo

antes

expuesto,

pasemos

a

examinar el objeto, el consentimiento y la causa, requisitos

del contrato.

En el caso ante nos, el objeto contractual

consiste en la instalación de planchas de metal en el alero

del Coliseo.

En cuanto al requisito de consentimiento de los

contratantes, no cabe duda de que Santiago y Danosa acordaron

56

Véase, Apéndice, a la pág. 68.

CC-2008-882

12

la ejecución del trabajo para el alero del Coliseo.

Sin

embargo, cabe preguntarse si el aludido acuerdo es suficiente

para

cumplir

con

el

requisito

de

consentimiento

para

la

existencia de un contrato, según lo exige el Artículo 1214

del Código Civil.57

De entrada, parecería que el acuerdo de

voluntades entre Santiago y Danosa fue suficiente para ello.

No obstante, el consentimiento necesario para que exista un

contrato es el que recae sobre el objeto y la causa que han

de constituir el contrato.58

presten

su

consentimiento

No basta con que las partes

sólo

respecto

al

objeto

o

sólo

respecto a la causa, sino que tienen que consentir a ambos

requisitos

para

que

exista

un

contrato.

Sin

una

oferta

completa no puede haber aceptación definitiva que perfeccione

un contrato.59

Por

lo

expuesto,

para

resolver

si

se

satisface

el

requisito de consentimiento, luego de haber determinado el

objeto del contrato en el caso ante nos, debemos precisar si

se cumple con el requisito de causa.

determinar si se pactó el precio.

Para ello, debemos

Veamos.

En la carta enviada por Danosa a Santiago, el 25 de

octubre de 2002, Danosa cotizó el trabajo por la cantidad de

$63,680.00.

Por

otra

parte,

en

la

carta

enviada

por

Santiago a Danosa, el 1 de noviembre de 2002, la demandada

le expresó que “[d]e tener algún inconveniente o rechazo por

57

31 L.P.R.A. § 3401.

58

Íd.

59

Vila & Hnos., Inc. v. Owens Ill. de P.R., 117 D.P.R. 825,

834-835 (1986); Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 D.P.R. 517,

524 (1982).

CC-2008-882

13

parte del diseñador en cuanto a este trabajo se refiere,

será

nuestra

responsabilidad

modificarla”.60

por

los

costos

que

conlleve

Adviértase, que Danosa estableció el precio

$63,680.00,

responsabilidad

mientras

del

que

costo

que

Santiago

asumió

la

conllevara

modificar

el

trabajo, de haber algún inconveniente con el diseñador, sin

hacer mención del precio pactado.

Asimismo, el primer documento para la orden de cambio

número

dos

(2)

estableció

$63,680.00,

mientras

importe

$29,498.60.

de

que

el

el

precio

segundo

Sin

de

la

documento

embargo,

obra

en

dispuso

el

ninguno

de

los

referidos documentos contó con la firma de ambas partes, a

pesar

de

así

expresiones

requerirlo

de

las

expresamente.

partes

en

En

relación

síntesis,

las

al

en

precio

controversia se circunscriben a los dos (2) documentos sobre

la segunda orden de cambio y a las dos (2) cartas aludidas.

Resolvemos, pues, que de los documentos relacionados a

la

segunda

orden

de

cambio

pactado entre las partes.

no

surge

cuál

fue

el

precio

De igual forma, si bien es cierto

que las cartas cursadas entre Santiago y Danosa aluden a un

costo, no es menos cierto que de estas no surge cuál fue el

importe del precio pactado.

El

Tribunal

de

Primera

Instancia,

quien

juzgó

directamente la credibilidad de los testigos, determinó que

la prueba sobre el contenido de la conversación telefónica

sobre el precio fue conflictiva.

60

Véase, Apéndice, a la pág. 68.

Por ello, el foro primario

CC-2008-882

14

expresó que quedó “en duda si en efecto hubo la aprobación

del

precio

según

cotizado”.61

No

obstante,

a

pesar

de

reconocer la existencia de este conflicto, el Tribunal de

Primera Instancia no lo adjudicó.

A tenor con lo antes expuesto, somos del criterio de

que el Tribunal de Primera Instancia debe celebrar una vista

para determinar si se pactó el precio de la obra objeto de

la segunda orden de cambio, adjudicando credibilidad sobre

la prueba ofrecida y admitida para resolver definitivamente

el asunto.

De concluir que se pactó el precio, el foro

primario fijará la cantidad acordada por las partes como la

adeudada

por

Santiago.

requisito

restante

para

Ello,

debido

determinar

si

a

se

que

el

único

perfeccionó

el

contrato entre las partes sería el consentimiento y éste, en

el caso ante nos, depende de la existencia de causa.

En

cambio,

de

resolver

que

no

se

pactó

el

precio,

entonces no se cumpliría con el requisito de causa y, en

consecuencia,

el

acuerdo

entre

las

partes

no

suficiente para que se perfeccione un contrato.

sería

De ese ser

el caso, habrá que fijar el aumento de precio a que tiene

derecho

el

contratista

determinando

cuál

es

el

valor

razonable en el mercado de la obra objeto de la segunda

orden

de

cambio

al

momento

en

que

Danosa

finalizó

la

construcción.

De conformidad con lo antes expuesto, concluimos que

cuando se realiza una orden de cambio sin pactar su precio,

61

Véase, Apéndice, a la pág. 20.

(Énfasis nuestro).

CC-2008-882

15

el criterio para determinar el aumento de precio según el

Artículo 1485 del Código Civil, supra, es el valor razonable

de la obra en el mercado al momento en que el contratista

finaliza

de

los

materiales y de la mano de obra según Zequeira, supra.

Así

pues,

el

el

trabajo

y

contratista

no

con

meramente

derecho

a

el

costo

recobrar

el

valor

razonable de la obra no está limitado a los costos en que

haya incurrido, sino que puede recuperar el valor razonable

en el mercado de la obra requerida.

El valor razonable de

la obra en el mercado es el costo de los materiales y de la

mano de obra al momento en que el contratista finaliza la

construcción, más una ganancia para el contratista por la

obra realizada.

En otras palabras, el valor razonable de la obra en el

mercado es la cantidad que costaría obtener dicha obra de

otro contratista en la posición del demandante al momento en

que la obra fue terminada.

Resolver lo contrario avalaría

la injusticia que surge cuando un contratista realiza una

obra para otra persona sin pactar precio alguno y lo único

que recibe como remuneración son los costos en los cuales

incurrió

para

realizar

dicha

obra,

sin

tener

derecho

a

reclamar ganancia alguna por su trabajo.

Según expuesto, en Salgado, supra, atendimos la aludida

controversia

bajo

el

Artículo

1473

del

Código

Civil62

y

resolvimos que el criterio para fijar el importe era el

valor razonable de los servicios prestados.

62

31 L.P.R.A. § 4111.

Sin embargo, en

CC-2008-882

Zequeira,

16

supra,

atendimos

la

misma

controversia

que

en

Salgado, supra, pero bajo el Artículo 1485 del Código Civil63

y concluimos que el criterio para determinar el aumento en

precio era el costo incurrido en la mano de obra y en los

materiales, acordados en el pacto original, advirtiendo la

diferencia de ese costo con el nuevo acuerdo.64

Como

puede

apreciarse,

en

ambos

casos

resolvimos

la

misma controversia de forma distinta, bajo dos (2) artículos

del

Código

Civil.

Existen

ciertas

diferencias

entre

el

dispone

el

Artículo 1473 y el Artículo 1485 del Código Civil.

El

Artículo

1473,

supra,

expresamente

importe razonable como el criterio a utilizarse para fijar

el precio de los servicios prestados, en aquellos casos en

que no se haya pactado su remuneración.

Por su parte, el

Artículo 1485, supra, dispone que el contratista puede pedir

un

63

64

aumento

de

precio

por

un

cambio

en

los

planos

que

31 L.P.R.A. § 4126.

Zequeira v. Municipal Housing Authority, supra, a las

págs. 884-886 (1961). No puede perderse de perspectiva el

contexto en que la norma de Zequeira fue establecida.

Zequeira fue resuelto en la década del sesenta del siglo XX,

época en la que gran parte de la construcción era promovida

por el Estado y en la que imperaba la noción de que el

contratista tenía que soportar la mayoría de los riesgos

asociados a un proyecto de construcción. Véase, WeinsteinBacal and Parces-Enríquez, Construction in Puerto Rico:

Navigating the Legal Quagmire, 71 Rev. Jur. U.P.R. 29

(2002), a la pág. 30.

Hoy en día, dicha postura ha sido

sustituida en la industria de la construcción por la noción

de que los riesgos deben ser compartidos entre las partes

contratantes.

Íd.

Así pues, los dueños de obras,

contratistas y subcontratistas han logrado mejorar sus

prácticas contractuales para garantizar el tráfico ordenado

de sus relaciones jurídicas y, de esa manera, tratar de

evitar las controversias derivadas de los proyectos de

construcción. Íd., a las págs. 29 y 30.

CC-2008-882

produzca

17

a

su

vez

un

aumento

de

obra,

siempre

que

el

propietario hubiese dado su autorización.65

La diferencia entre el arrendamiento de servicios y el

de

ejecución

de

obra

reside

en

que,

en

el

primero

la

prestación está constituida por el servicio en sí, mientras

que en el segundo, “la prestación está representada por el

“resultado”,

sin

que

trabajo,

es

decir,

servicios

las

cierta

persiguen,

no

para

nada

servicio”.66

el

partes

desarrolle

importen

pretenden

actividad,

estrictamente

En

las

el

horas

de

contrato

de

lograr

que

otra

“mientras

en

el

esa

actividad

persona

de

ajena,

obra

sino

su

resultado”.67

Así pues, “en los contratos de servicios se

prestaría

medio,

el

es

decir,

el

trabajo;

la

actividad

profesional o manual, con independencia del resultado”.68

No

obstante “la distinción se hace difícil en muchos supuestos

en los que el servicio produce un resultado material”.69

En

lo

que

justificación

distintas

artículo

a

para

sobre

del

este

Tribunal

mantener

respecta,

dos

(2)

la

misma

controversia,

Código

Civil

que

se

no

encontramos

interpretaciones

dependiendo

invoque.

Ello

del

atenta

65

El Artículo 1485, supra, no menciona cómo se determinará

el referido aumento de precio. Zequeira, supra, suplió ese

vacío ante la realidad de la época en que se resolvió, pero

ciertamente tiene el efecto de crear inestabilidad en

nuestro ordenamiento jurídico.

66

Miguel A. Del Arco y Manuel Pons, Derecho de la

Construcción, Madrid, Ed. Hesperia, 2da ed., 1980, pág. 23.

67

Íd., a la pág. 24.

68

Íd.

69

Íd.

CC-2008-882

18

contra la seguridad jurídica y puede conducir al desatino

inadmisible

de

decisiones

inconsistentes

sobre

asuntos

similares.

Entendemos

que

tribunales

han

relacionadas

a

el

problema

atendido

órdenes

de

ha

residido

en

que

los

y

resuelto

controversias

cambio

bajo

normativa

la

del

contrato de servicios profesionales y no bajo los preceptos

del contrato de ejecución de obras.

Si bien es cierto que

con una orden de cambio se busca un servicio, no es menos

cierto que éste es sólo el medio para la obtención de un

resultado,

que

es

precisamente

contrato de ejecución de obras.

lo

que

se

busca

con

un

Por ello, lo jurídicamente

correcto es atender y resolver las controversias que emerjan

al no pactarse el importe del precio de una orden de cambio,

a tenor con el Artículo 1485 del Código Civil, supra.

Lo aquí resuelto promueve la seguridad del ordenamiento

jurídico

y

se

atempera

a

la

realidad

vigente.

Además,

adelanta los fines de la justicia en la medida en que, a

falta de convenio sobre el precio del trabajo producto de

una orden de cambio, lo justo es que el contratista obtenga

el valor razonable en el mercado de la obra requerida y

ejecutada.

Adviértase, que bajo el criterio de Zequeira,

supra, el contratista resulta perjudicado cuando no se pacta

el precio de una orden de cambio, pues para recobrar el

aumento de precio sólo tiene derecho a percibir el costo de

los

materiales

y

de

la

mano

de

obra

sin

poder

reclamar

ganancia alguna por la ejecución de la obra que constituye

la orden de cambio.

CC-2008-882

19

Por lo antes expuesto, revocamos en parte el caso de

Zequeira, supra, en cuanto resuelve que cuando se pacta una

orden de cambio sin acordar el importe, el criterio para

determinar

el

aumento

de

precio

es

el

valor

de

la

obra

ejecutada determinado sólo por el costo de los materiales y

de la mano de obra.

determinar

el

Resolvemos, pues, que el criterio para

aumento

de

precio

a

que

tiene

derecho

el

contratista según el Artículo 1485 del Código Civil, supra,

es el valor razonable en el mercado de la obra producto de

la orden de cambio, según hemos mencionado anteriormente.70

En el caso ante nos, en vista de nuestra conclusión de

que se cumplió con el requisito de objeto para el trabajo de

la

segunda

orden

de

cambio

y

de

que

el

requisito

de

consentimiento sólo depende de que se haya llegado a un

acuerdo

sobre

la

causa,

Primera

Instancia

erró

concluimos

al

que

aplicar

el

la

Tribunal

de

doctrina

de

enriquecimiento injusto sin antes resolver si se pactó el

precio.

Asimismo,

erró

el

Tribunal

de

Apelaciones

al

determinar que el precio se pactó, conclusión que no tiene

apoyo en las determinaciones de hechos formuladas por el

Tribunal de Primera Instancia, por no haberse dirimido por

el foro primario los conflictos de prueba presentes ante sí

sobre tal punto.

El Tribunal del Primera Instancia concluyó que Danosa

fue temeraria al insistir en que se le pague todo lo que

70

Nótese, que no se trata aquí del aumento de valor en la

propiedad del demandado por concepto de la obra realizada,

sino del valor razonable en el mercado de la obra requerida

y realizada.

CC-2008-882

reclama,

a

20

pesar

de

reconocer

la

falta

de

firmas

en

el

contrato escrito para validar la segunda orden de cambio.

Por esta razón, el foro primario le ordenó a Danosa el pago

de $2,000.00 en concepto de honorarios de abogado.

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones eliminó la

partida de honorarios de abogados al concluir que Danosa no

fue temeraria.

El foro apelativo intermedio entendió que la

demandante litigó de buena fe, amparándose en lo que creyó

correcto.

En el caso de marras, en vista de nuestra conclusión de

que el Tribunal de Primera Instancia erró al no adjudicar si

se pactó el precio de la obra en controversia, no procede la

condena

sobre

el

pago

de

honorarios

de

abogado

cuando,

precisamente, el reclamo de la demandante es que se le pague

el

precio

que

estimó

fue

pactado.

La

determinación

temeridad no puede sostenerse ante tales circunstancias.

Efraín E. Rivera Pérez

Juez Asociado

de

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Danosa Caribbean, Inc.

Demandante-Recurrido

v.

CC-2008-882

Santiago Metal Manufacturing

Corp., Juan del Pueblo XYZ,

Inc.

Demandada-Peticionaria

Opinión

TORRES.

Concurrente

emitida

por

el

Juez

Asociado

señor

MARTÍNEZ

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2010.

Concurro con la sentencia que emitimos en este

caso.

Procede

devolver

el

caso

al

Tribunal

de

Primera Instancia para que determine si entre las

partes hubo un acuerdo sobre el precio de la obra.

Si no hubo un acuerdo sobre el precio, entiendo que

procede adjudicar la controversia al amparo de la

doctrina sentada en Zequeira v. CRUV, 83 D.P.R. 878

(1961).

I

Surge con claridad del expediente que el cambio

de obra fue pactado por las partes. No obstante, no

contamos con esa claridad sobre el hecho de

si

se

CC-2008-882

pactó

el

2

precio,

controversia.

En

cuestión

su

medular

sentencia,

el

en

la

Tribunal

presente

de

Primera

Instancia afirmó que quedó “en duda si en efecto hubo la

aprobación del precio según cotizado” pero no adjudicó ese

conflicto de la prueba. Apéndice del recurso, pág. 20. Ante

esto, difiero de la Opinión disidente del Juez Presidente

señor

Hernández

Denton,

pues

parte

de

una

premisa

incorrecta.

Es necesario adjudicar si se aprobó o no el precio

según

cotizado.

Esta

adjudicación

constituye

un

hecho

esencial que nos impide adjudicar la controversia ante nos.

Ese hecho es vital para determinar si aplica Zequeira v.

CRUV,

supra,

o

no.

Ya

que

la

prueba

documental

es

conflictiva sobre este extremo, era deber del foro primario

dirimir los testimonios de los testigos para adjudicar este

hecho. Sabido es que la apreciación de la prueba que realiza

el foro primario es esencial pues éste tiene la oportunidad

de adjudicar la credibilidad de los testigos. Ramírez Ferrer

v.

Conagra

Foods

PR,

Op.

de

14

de

abril

de

2009,

2009

T.S.P.R. 55, 2009 J.T.S. 58, 175 D.P.R. ___ (2009); Trinidad

v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001). Los foros apelativos sólo

tenemos “récords mudos e inexpresivos”. Pérez Cruz v. Hosp.

La Concepción, 115 D.P.R. 721, 728 (1984); López v. Hosp.

Presbiteriano,

Inc.,

107

D.P.R.

197,

225

(1978),

Op.

disidente del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué. Nos es

imposible determinar si se pactó un precio para el cambio de

orden o no.

CC-2008-882

3

En el caso de que el foro primario determiné que se

pactó el precio, es de aplicación el principio contractual

de pacta sunt servanda que obliga a las partes a cumplir con

lo pactado. Art. 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

2994. Véase además, BBPR v. Sucn. Talavera, Op. de 31 de

julio de 2008, 2008 T.S.P.R. 132, 2008 J.T.S. __, 174 D.P.R.

__ (2008).

Sin embargo, en el caso de que el precio no haya sido

pactado

es

de

aplicación

la

norma

de

Zequeira

v.

CRUV,

supra. Esta norma establece que cuando en un contrato de

obras hay un cambio de orden sin que se haya pactado el

precio de dicho cambio, es necesario ajustar el precio a

base del aumento en precio o el costo adicional. El quantum

meruit o valor razonable se utiliza cuando se trata de una

obligación implícita que surge cuando no existe un contrato

válido entre las partes. Ibíd.

En Zequeira, descartamos la aplicación de la norma de

valor razonable o quantum meruit y aplicamos el aumento en

precio o el costo adicional. Al así decidir, afirmamos que

“[a] primera vista, parece que se trata de la misma cosa,

pero no lo es”. Id., pág. 884. Para aplicar la doctrina de

aumento en precio debe establecerse: (1) el costo de mano de

obra y de materiales del contrato original; y (2) el costo

de

la

obra

con

el

cambio

de

orden.

Id.,

pág.

855.

La

diferencia entre ambos costos equivale al aumento en precio

o costo adicional al que tendrá derecho el contratista.

CC-2008-882

4

Esta doctrina se sustenta en que las partes ya han

convenido la ganancia del contratista en el contrato de obra

original,

y

que

implícitamente,

mantienen

esta

ganancia

inalterada cuando acuerdan un cambio de orden sin fijar un

precio distinto. El valor razonable o quantum meruit deja de

ser eficaz en estos casos, pues a diferencia de cuando no

existe un contrato válido, en los casos de cambios de orden

existe ya la voluntad de las partes a determinado precio y a

una ganancia. Claro está, esto procede si las partes no

pactan un precio distinto para el cambio de orden.

Por los fundamentos antes expuestos, concurro con la

Sentencia del Tribunal que devuelve el caso al Tribunal de

Primera Instancia para que determine si las partes acordaron

un

precio

para

el

cambio

de

orden

o

no.

Sin

embargo,

ordenaría que en el caso en que se determine que no se pactó

un

precio

para

el

cambio

de

orden

es

de

aplicación

la

doctrina de aumento en precio o costo adicional.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Danosa Caribbean, Inc.

Recurridos

v.

CC-2008-882

Santiago Metal Manufacturing,

Corp., Juan del Pueblo XYZ,

Inc.

Peticionario

Voto disidente emitido por la Juez Asociada señora Rodríguez

Rodríguez al que se une la Jueza Asociada señora Fiol Matta

San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2010

Disiento

porque

es

mi

criterio

que

el

foro

intermedio no erró al resolver que, en el presente caso,

se configuró una aceptación tácita en relación con el

precio

cotizado.

No

procedía,

por

tanto,

revocar

la

sentencia recurrida.

I.

Danosa

demanda

Caribbean,

sobre

cobro

de

Inc.71

(Danosa)

dinero

contra

presentó

Santiago

una

Metal

Manufacturing, Corp. (Santiago Metal).

Reclamó de este

último

arguyó

71

la

suma

de

$110,339.85

y

Danosa Caribbean, Inc. presentó la

sucesora de Danosa Metal Roofing, Corp.

que

era

reclamación

como

CC-2008-882

2

acreedor de ese pago por haber realizado unos trabajos en

el

Coliseo

Santiago

de

San

Metal

Sebastián

consignó

(Coliseo).

ciertas

sumas

Posteriormente,

de

dinero

para

satisfacer el pago correspondiente a parte de los trabajos

que Danosa realizó.

Así, la controversia pendiente ante el

Tribunal de Primera Instancia se redujo a determinar el

pago del cual era acreedora Danosa por la instalación de un

plafón en el perímetro exterior del Coliseo.

No estuvo en

controversia que Danosa realizó los trabajos en cuestión.

Las

partes,

adeudada.

sin

embargo,

Específicamente,

Metal le adeudaba $63,680.

hechos

no

relacionados

con

lograron

Danosa

acordar

reclamó

que

la

suma

Santiago

A continuación exponemos los

esa

reclamación

y

con

la

controversia traída ante la consideración de este Tribunal.

En el 2001, Danosa fue contratada por Santiago Metal,

para el techado del Coliseo, por el precio de $145,774.

Posteriormente, Santiago Metal preparó para Vissepó & Diez,

contratista general del proyecto, una cotización referente

a la instalación del “soffit”72 en todo el perímetro de la

parte exterior de las ventanas del Coliseo.

La cotización

preparada por Santiago Metal para Vissepó & Diez indicaba

que

la

“standing

tendría

instalación

seam”

el

del

utilizado

precio

de

“soffit”,

para

$29,464.

el

empleando

techado

Dicha

del

el

mismo

edificio,

cotización

fue

preparada con fecha del 9 de agosto de 2002.

72

Las partes utilizaron este término para referirse a la

labor de cubrir la parte inferior del alero del Coliseo.

CC-2008-882

3

Sobre la preparación de esa cotización testificó ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

el

Sr.

Luis

Armando

Santiago, quien estaba a cargo de administrar la fase de

diseño

y

obras

especificó

el

por

foro

parte

de

primario

Santiago

en

su

Metal.

sentencia,

Según

de

ese

testimonio, el cual le mereció entera credibilidad, surgió

que el Sr. Luis Armando Santiago cotizó la suma de $29,464

para la instalación del “soffit”, porque entendió que el

trabajo era “más simple”.

Para calcular el precio cotizado

éste

el

costo

techo,

cuya

consideró

realizados

en

que

el

total

área

de

era

los

de

trabajos

15,191

pies

cuadrados, ascendió a $145,774, mientras que el trabajo en

el

“soffit”,

cuadrados.

cubriría

El

Sr.

un

área

Luis

aproximada

Armando

de

Santiago

2,000

pies

preparó

esa

cotización con el objetivo de someterla para la aprobación

de Vissepó & Diez, pues éste último le presionaba para

evitar

las

penalidades

que

implicaría

una

demora

en

completar la obra.

Luego de que se envió la referida cotización, Danosa

preparó,

sobre

por

la

referencia.

petición

instalación

de

del

Santiago

“soffit”

Metal,

en

una

el

cotización

proyecto

de

Mediante carta, fechada el 25 de octubre de

2002, Danosa le comunicó a Santiago Metal que el precio por

“el suplido e instalación del ‘soffit’ cubierto en planchas

metálicas color cobre” era $63,680.

Además, en esa carta,

Danosa le informó a Santiago Metal que en relación con el

trabajo adicional cotizado, el próximo día sábado 26 de

CC-2008-882

4

octubre, comenzaría los trabajos de la muestra “para la

aprobación del dueño”, según le había sido requerido.

Le

indicó

y

también

que

esperaría

su

ulterior

comunicación

aprobación para continuar con el cambio, y que, de surgir

cualquier

duda,

inmediatamente.

El

se

comunicara

a

sus

foro

primario

determinó

oficinas

que,

cuando

Danosa envío esa carta, ya había iniciado los trabajos del

“soffit”, y para ello, subcontrató la mano de obra.

De

otra

parte,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

estableció que, tras dicha comunicación, Santiago Metal le

envió una carta a Danosa, con fecha del 1 de noviembre de

2002,

en

la

cual

aludió

a

una

conversación

relacionada con los trabajos del “soffit”.

telefónica

En esa carta,

el Sr. Luis Armando Santiago se limitó a indicarle a la

Sra. Lee Rivera, representante de Danosa, lo siguiente:

Según conversación telefónica, le confirmo la

misma, en relación a los trabajos adicionales de

cubrir la parte inferior del alero con el mismo

material de techo.

De tener algún inconveniente

o rechazo por parte del diseñador en cuanto a

este

trabajo

se

refiere,

será

nuestra

responsabilidad

los

costos

que

conlleve

modificarla.

Sin nada más al respecto, quedo de usted.

Luis A. Santiago

El Tribunal de Primera Instancia determinó que

la

prueba relativa al contenido de la conversación telefónica,

a la cual se alude en dicha carta, fue conflictiva y, por

tanto, quedó en duda si en efecto Santiago Metal aprobó el

precio según cotizado por Danosa.

No obstante, dicho foro

entendió probado que el interés común de Santiago Metal y

Danosa

era

concluir

la

obra

a

tiempo.

A

finales

de

CC-2008-882

5

noviembre de 2002 ya se habían concluido los trabajos del

“soffit”.

Meses después, Santiago Metal le envió a Danosa un

documento, con fecha del 3 de abril de 2003, identificado

como “Change Order #2”.

El documento incluía la cifra de

$63,680 como el costo por la ejecución de los trabajos

adicionales en el “soffit”.

No obstante, ese documento

sólo contaba con la firma de Lee Rivera, representante de

Danosa, y advertía que sólo sería válido si estaba suscrito

por ambas partes.

Posteriormente, Santiago Metal le envió a Danosa un

documento adicional, con fecha del 23 de abril de 2003,

también identificado como “Change Order #2” y referente a

los mismos trabajos de la instalación del “soffit”.

Ahora

bien, este documento incluía un precio total de $29,047.10,

y sólo estaba firmado por Milton Santiago, representante de

Santiago Metal.

Al igual que el documento anterior, éste

expresamente requería la firma de ambas partes contratantes

para su validez.

El Tribunal de Primera Instancia expuso que ninguno de

los

documentos

preparados

por

Santiago

Metal,

e

identificados como “Change Order #2”, contaban con la firma

de ambas partes contratantes y que, por tanto, ninguno era

vinculante para éstas.

Además dicho foro razonó que Danosa

inició

antes

los

consentimiento

trabajos

necesario,

e

de

que

inclusive

se

prestara

antes

de

el

haber

sometido su cotización, por lo que asumió el riesgo de que

CC-2008-882

6

ésta fuese rechazada.

Expuso que Santiago Metal también

asumió un riesgo al haber enviado una orden de cambio con

un

precio

erróneo

y

luego

haber

intentado

subsanar

ese

error con un nuevo documento de orden de cambio, sin que

lograra

obtener

reducción.

por

la

confirmación

de

Danosa

para

esa

Así, el foro primario determinó que en el afán

terminar

la

obra

a

tiempo,

ambas

en

ausencia

partes

asumieron

una

obligación

riesgos.

Concluyó

que,

de

vinculante, Danosa no podía exigirle a Santiago Metal que

pagara más del doble del precio que este último recibió del

contratista

Metal,

general.

mediante

Santiago,

El

el

justificó

tribunal

testimonio

los

entendió

del

cómputos

Sr.

que

Santiago

Luis

Armando

realizados

para

su

cotización y que, por el contrario, Danosa no ofreció una

explicación razonable para justificar el precio reclamado.

Resolvió que, al amparo de la doctrina de enriquecimiento

injusto, procedía que Santiago Metal le pagara a Danosa una

suma igual al pago que recibió, es decir $29,498.60.

De

otra

parte,

determinó

que

Danosa

actuó

temerariamente por mantenerse en su posición de reclamar

los

$63,680,

a

pesar

de

la

ausencia

de

un

acuerdo

vinculante al respecto.

Danosa acudió ante el Tribunal de Apelaciones y adujo,

en síntesis, que el Tribunal de Primera Instancia erró: al

resolver

obras del

que

no

existió

obligación

vinculante

para

las

“soffit”, al aplicar en su contra la doctrina de

CC-2008-882

7

actos propios, y al determinar que fue temerario en el

curso de los procesos.

Danosa argumentó que, a pesar de

conocer el precio de la cotización, Santiago Metal permitió

que

iniciara

cuestionar

el

y

concluyera

precio

los

cotizado

tácitamente la cotización.

y

trabajos

adicionales

que,

tanto,

por

sin

aceptó

El foro intermedio acogió el

argumento esbozado por Danosa a los efectos de que Santiago

Metal consintió al menos tácitamente a la ejecución de la

obra

según

fue

ofrecida

y

cotizada.

Consecuentemente,

revocó la sentencia apelada y le impuso a Santiago Metal el

pago de $63,680.

Además, revocó la determinación del foro

primario de que Danosa actuó de forma temeraria.

Inconforme,

mediante

recurso

Santiago

de

Metal

acudió

certiorari.

ante

Argumenta

este

que

Foro

el

foro

intermedio erró al resolver que hubo un contrato válido

entre

las

partes

y

descartar

así

doctrina de enriquecimiento injusto.

la

aplicación

de

la

Indica además que, al

resolver lo anterior, el Tribunal de Apelaciones intervino

indebidamente con la apreciación de la prueba del Tribunal

de Primera Instancia.

Arguye que, en ausencia de un precio

convenido, no existía un contrato entre las partes y que,

por

tanto,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

aplicó

adecuadamente la doctrina de enriquecimiento injusto.

Por

su

parte,

Danosa

argumenta

que

realizó

los

trabajos del “soffit” bajo la creencia de que su cotización

fue aceptada, toda vez que Santiago Metal no le cuestionó

el precio cotizado.

Así, sugiere que Santiago Metal aceptó

CC-2008-882

8

tácitamente el precio de $63,680 mediante su “silencio” y

la ausencia de objeción al respecto.

Tras examinar los hechos que originaron la presente

controversia, es mi criterio que el foro intermedio no erró

al

resolver

que

Santiago

Metal

aceptó,

tácitamente, el precio cotizado por Danosa.

al

menos

Por tanto, no

estoy conforme con devolver el caso al foro primario para

que éste adjudique si las partes convinieron un precio, en

relación con la orden de cambio.

Antes de exponer los

fundamentos para ello, estimo pertinente distinguir entre

el requisito de precio cierto en un contrato de ejecución

de obra perfeccionado por aplicación del artículo 1434 del

Código Civil, infra, y los elementos necesarios para que se

configure una novación modificativa en virtud del artículo

1485

del

Código

Civil,

infra.

Particularmente,

la

controversia ante nuestra atención versa sobre el aumento

en

precio

al

que

tiene

derecho

el

contratista,

en

el

contexto de una novación modificativa al amparo de este

último artículo.

Veamos.

II.

A.

El artículo 1434 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec.

4013, establece que mediante un contrato de ejecución de

obra, una parte se obliga a ejecutar una obra a cambio de

un precio cierto.73

73

Así, en este contrato en particular, a

Dicho

artículo

define,

además,

el

contrato

de

arrendamiento de servicios como aquel en el que una parte

se obliga a prestar unos servicios a cambio de un precio

cierto.

En éste contrato en particular se promete “la

prestación de los servicios en sí mismos”.

Manuel

CC-2008-882

9

cambio de la contraprestación denominada precio cierto, una

parte

se

compromete

a

un

resultado:

la

obra

realizada.

Manuel Albaladejo, Derecho Civil: Derecho de Obligaciones,

8va ed., Barcelona, Librería Bosch, 1989, T. II, Vol. II,

pág.

299.

Tales

prestaciones

conforman

el

objeto

contractual.

En relación con la prestación denominada como precio

cierto, Albaladejo explica que “[e]l precio unas veces se

determina concretamente en el propio contrato. . ., pero

otras no se expresa”.

Op. cit., pág. 301.

En caso de que

el precio no se establezca concretamente, aún el contrato

sería válido “con tal de que el precio pueda ser fijado por

uso

o

costumbre,

pericial,

etc.”.

por

tarifas

adecuadas,

por

tasación

Íd.

Para

Albaladejo,

la

doctrina

jurisprudencial que avala la fijación del precio por parte

de los tribunales, puede sustentarse bajo el razonamiento

de que las partes adoptaron implícitamente “el precio usual

para

el

tipo

de

obra

o

servicio

que

sea,

o

acordaron

aceptar el que resultase ser el corriente o el de la tarifa

o el de tasación, etc...”.

Íd., pág. 303.

Véase además,

Albaladejo, Derecho Civil: Derecho de Obligaciones, 8va

ed., Barcelona, Librería Bosch, 1989, T. II, Vol. II, págs.

299-300.

Tal distinción es importante puesto que al

contrato de arrendamiento de servicios y al de ejecución de

obra le aplican distintos preceptos.

Íd.

Cuando se

promete la prestación de un servicio, aplica el artículo

1473 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4111, en virtud del

cual la ausencia de precio no implica la invalidez de la

relación

contractual,

pues

la

cuantía

“puede

ser

establecida posteriormente por la costumbre o los usos de

la profesión”.

Ramírez, Segal & Latimer v. Rojo Rigual,

123 D.P.R. 161, 173 (1989), citando a Puig Brutau,

Fundamentos del Derecho Civil, 2da ed. rev., Barcelona, Ed.

Bosch, T. II, Vol. II, págs. 434-436.

CC-2008-882

10

José Cuevas Segarra y Antonio Román García, Los Contratos

Especiales: Puerto Rico y España, Pub. JTS, 1998, pág. 186.

Por su parte, Antonio García Conesa discute que el

factor de precio cierto en el contrato de ejecución de obra

debe determinarse por la autonomía y el acuerdo de las

partes contratantes.

Antonio García Conesa, Derecho de la

Construcción, Barcelona, Bosch, 1996, págs. 179-180.

De

ordinario,

ab

initio.

en

dichos

contratos,

Íd. pág. 181.

el

precio

se

fija

Particularmente, en la modalidad

del contrato de ajuste alzado, “la propia idiosincrasia del

convenio impone, como condictio sine qua non, su absoluta

certeza en el mismo momento de la perfección, de modo que,

sin precio definitivo, cerrado e invariable, no existirá

ajuste alzado”.

Íd.

Ahora bien, expone García Conesa que

en los demás tipos del contrato de ejecución de obra existe

una

tolerancia

mayor,

cristalizada

en

el

hecho

de

que

“puede no haber precio inicial, sin que de ello se derive

la inexistencia o nulidad del acuerdo, porque su importe,

antes o después, terminará por concretarse”.

Íd.

La discusión que antecede sugiere que un contrato de

ejecución de obra puede ser válido, aún en ausencia de

precio concretamente establecido.

Aunque tal afirmación

puede

la

ser

objeto

de

gran

debate,

controversia

ante

nuestra consideración no requiere resolver si puede existir

un contrato de ejecución de obra en ausencia de un precio

concretamente

establecido,

posición sobre tal aspecto.

ni

mucho

menos

adoptar

una

CC-2008-882

Los

11

hechos

del

caso

ante

nuestra

consideración

no

versan sobre si se perfeccionó un contrato de ejecución de

obra entre Danosa y Santiago Metal, dependiendo de si éstos

concretizaron un precio.

No está en controversia que entre

Danosa

se

y

ejecución

Santiago

Metal

de

cuando

obra,

perfeccionó

el

primero

un

se

contrato

de

comprometió

a

ejecutar el techado del Coliseo por el precio de $145,774.

La controversia se circunscribe, más bien, a resolver

si

las

partes

convinieron

una

novación

modificativa,

al

amparo del artículo 1485 del Código Civil, infra, en virtud

de la cual Danosa tiene derecho a reclamar un aumento del

precio

acordado

configurado

tal

en

el

contrato

novación,

original.

entonces

debía

De

haberse

dilucidarse

el

aumento el precio al cual Danosa tendría derecho en virtud

del citado artículo.

Así, lo adecuado es examinar los

requisitos para la aplicación del artículo 1485 del Código

Civil, infra, así como el alcance del aumento en precio que

éste permite.

B.

Una vez perfeccionado un contrato de ejecución de obra

por

ajuste

alzado

es

de

aplicación

el

principio

de

invariabilidad del precio prescrito en el artículo 1485 del

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4126.

Este artículo dispone

que el contratista que se encarga de ejecutar una obra por

un ajuste alzado no puede “pedir aumento de precio aunque

se haya aumentado el de los jornaleros o materiales. .

.[salvo que] se haya hecho algún cambio en el plano que

CC-2008-882

produzca

12

aumento

de

obra,

siempre

autorización el propietario”.

Íd.

que

hubiese

dado

la

Así, el citado artículo

establece una excepción al principio de invariabilidad del

precio, que opera en un contrato de ejecución de obra por

ajuste alzado, si se ha obtenido “el consentimiento del

dueño” para un “cambio de plano” que produzca a su vez un

“aumento de obra”.

Francisco Lucas Fernández, Comentarios

al Código Civil y Compilaciones Forales, Editorial Revista

de Derecho Privado, 1986, T. XX, Vol. II, págs. 392-393.

Esta

precio

excepción

requiere

al

principio

primeramente

de

de

invariabilidad

un

cambio

de

de

plano.

Francisco Lucas Fernández explica que el elemento de cambio

en el plano debe entenderse “en sentido amplio como una

alteración –variación-, cambio o modificación del proyecto

tenido en cuenta para la fijación del precio originario”.

Íd., pág. 393.

202.

El

Véase además, García Conesa, op. cit., pág.

cambio

de

plano

debe

implicar,

a

su

vez,

un

aumento en la obra el cual constituye “una realidad física

que consiste en la diferencia de cuerpo de construcción,

que existirá a favor de la edificación terminada sobre la

convenida al celebrar el contrato...”.

García Conesa, op.

cit., pág. 205.

De

otra

parte,

en

cuanto

al

elemento

del

consentimiento del comitente, se interpreta que éste puede

prestarse

verbalmente

o

por

escrito

e

incluso

tácita.

Francisco Lucas Fernández, op. cit., pág. 397.

Véase además, García Conesa, op. cit., pág. 203.

de

forma

Aunque

CC-2008-882

13

dicho consentimiento normalmente se manifiesta previo al

inicio de la ejecución del aumento, en cuyo caso reviste la

forma de “autorización”, puede prestarse con posterioridad

a su ejecución, en la forma de “aprobación”.

Lucas Fernández, op. cit, pág. 396.

Francisco

Véase además García

Conesa, op. cit., pág. 203.

En suma, para que aplique la excepción prescrita en el

artículo 1485 del Código Civil, supra, deben coexistir los

siguientes hechos: a) cambio de plano; b) consentimiento

del comitente; c) el aumento en la obra.

Si se satisfacen

los requisitos antes mencionados, entonces el contratista

puede reclamar un aumento de precio en relación con el

contrato original de ejecución de obra.

Tal variación,

según explica Francisco Lucas Fernández, es interpretada,

en

general,

“como

[una]

simple

modificación

obligación [original] sin extinguirla. . .”.

de

la

Op. cit.,

págs. 400-401.

De lo anterior podemos colegir que, luego de que se

perfecciona un contrato de ejecución de obra por ajuste

alzado, podría configurarse una novación modificativa si

las partes contratantes acuerdan un cambio en el plano,

aunque

el

precio

que

implica

concretizado inicialmente.

D.P.R. 878 (1961).

tal

variación

no

se

haya

Véase, Zequeira v. C.R.U.V., 83

El cumplimiento con los tres requisitos

antes mencionados es suficiente para que se configure una

novación

modificativa

en

relación

con

el

contrato

de

ejecución de obra original y para que, como consecuencia de

CC-2008-882

14

ello, el contratista tenga derecho a reclamar un incremento

en el precio.

pág. 201.

una

Íd.

Véase además, García Conesa, op. cit.,

La consecuencia jurídica de lo anterior sería

variación

en

el

precio

inicialmente

fijado,

configurándose una nueva contraprestación total que deberá

satisfacer el comitente.

184.

Como

tal

modificativa,

García Conesa, op. cit., pág.

obligación

amparada

en

surge

el

de

artículo

una

1485

novación

del

Código

Civil, supra, resulta innecesario acudir a la doctrina de

enriquecimiento

injusto,

como

fuente

obligacional,

para

determinar el incremento en precio al que tiene derecho el

contratista.

El

problema

central

consiste

en

interpretar

el

artículo 1485 del Código Civil, supra, para determinar el

aumento en precio al cual se tiene derecho en virtud de

éste.

Al respecto García Conesa expone que el aumento en

precio

al

que

tiene

derecho

el

contratista

será

el

convenido por las partes “en el compromiso original o, en

su defecto, en otro posterior, y su abono le corresponderá,

en defecto de acuerdo, al comitente, siempre que preste su

consentimiento”.

Op. cit., págs. 209-210.

Al examinar si el aumento en precio quedó establecido

por convenio entre las partes, cabría incluso considerar la

posibilidad de que el comitente consienta tácitamente al

precio

propuesto

consentimiento

Gananciales,

por

el

contratista.

tácito,

en

Teachers

277,

290,

115

D.P.R.

Annuity

(1984),

Sobre

el

v.

Soc.

expusimos

que

CC-2008-882

15

éste es producto de “la conducta de la persona y no [de]

las palabras que utilice”, cuando tal conducta y los hechos

acaecidos

revelan

consentir”.

Debe

circunstancias

“inequívocamente

pues

del

evaluarse

caso,

si,

tales

compatibles con otra voluntad.

la

Íd.

a

voluntad

de

luz

las

la

hechos

de

pueden

ser

En ese tenor, Lasarte

discute que la aceptación tácita se revela a través de

hechos “que no dejen lugar a dudas sobre la admisión de las

condiciones

contractuales

ofrecidas”.

Carlos

Lasarte,

Principios del Derecho Civil, 4ta ed., España, Ed. Trivium,

1996, T. III, pág. 62.

De

otra

parte,

Lasarte

expone

que

la

interrogante

sobre si el silencio puede interpretarse como asentimiento

de la oferta, debe responderse como norma general en la

negativa. Íd., págs. 62-63.

Véase además, Jaime Santos

Briz, Los Contratos Civiles: Nuevas Perspectivas, Granada,

Ed. Comares, 1992, pág. 105.

No obstante, el silencio

podría implicar la aceptación tácita de una oferta cuando

en virtud de una relación previa entre las partes, surge

una responsabilidad para quien recibe la oferta de tomar

medidas afirmativas para rechazarla.

Lasarte, op. cit.,

pág.

Lasarte

63.

Sobre

este

particular,

expone

siguiente:

Cabe considerar el silencio como declaración de

voluntad... cuando dada una determinada relación

entre dos personas, el modo corriente de proceder

implica el deber de hablar, ya que si el que

puede y debe hablar no lo hace se ha de reputar

que consiente, en aras de la buena fe (qui siluit

cum loqui et debuit, consentire videtur). . .

porque en tales casos, siendo natural y normal

lo

CC-2008-882

16

manifestar el disentimiento si no se quieren

aprobar las propuestas de la otra parte, el

silencio sobre las mismas, y más cuando va unido

a hechos positivos precedentes, a una actividad

anterior de la parte silenciosa o a particulares

situaciones

subjetivas

u

objetivas,

cabe

interpretarlo

como

tácita

manifestación

del

consentimiento.

Íd., citando a Sentencia de 14 de octubre de 1963 del

Tribunal Supremo de España.

De otra parte, Santos Briz distingue que, según la

doctrina

jurisprudencial,

distintos

efectos

el

jurídicos

silencio

podría

dependiendo

de

silencio “absoluto” o “cualificado”.

acarrear

si

es

un

Op. cit., pág. 106.

En caso de un silencio absoluto, sólo se derivaría una

expresión tácita de aceptación si por ley se le otorga tal

efecto o cuando, en virtud de una relación previa entre las

partes, quien calla tenía en cuenta que su silencio sería

interpretado “como expresión concluyente de una voluntad de

admitir lo manifestado”.

Íd., págs. 105-106.

otro

la

lado,

hablar

de

cualificado”

cuando

éste

se

eficacia

une

a

de

Cabría, por

“un

silencio

“hechos

positivos

precedentes o a otras situaciones que sirvan como elemento

útil

para

tener

por

determinada voluntad”.

hecha

la

manifestación

de

una

Íd.

Así, al determinar el aumento en precio al cual tiene

derecho

el

contratista

en

virtud

del

artículo

1485

del

Código Civil, supra, debe examinarse si éste fue objeto de

un acuerdo entre las partes.

Si por manifestación expresa

o tácita el comitente aceptó el precio ofrecido por el

contratista, entonces ese precio constituirá la prestación

CC-2008-882

17

que el comitente deberá satisfacer.

Un acuerdo entre las

partes sobre el precio, “aunque sea tardío, si gozara de

suficiente claridad, será siempre aceptado como solución

preferible

a

su

fijación

por

otro

medio

supletorio”.

García Conesa, op. cit., pág. 182.

Ahora

bien,

García

no

acuerden

contratantes

Conesa

el

expone

que

cuando

aumento

del

los

precio

a

satisfacer:

su determinación, que será el de su valor, más el

beneficio

industrial,

se

llevará

a

término

normalmente mediante tasación judicial con apoyo

en los medios que obren en autos, y, en su

defecto total o parcial, con la inclusión de un

cierto arbitrio judicial, por vía de usos o

costumbres

mercantiles,

mediante

la

prueba

pertinente analizada bajo un claro criterio de

equidistribución sinalagmática.

Íd., pág. 210.

Así, explica que cuando el tribunal fije el precio,

por

“tasación”

mercantiles”,

o

por

deberá

medio

de

“los

usos

o

costumbres

incluirse

como

parte

de

éste

la

ganancia

beneficio

industrial,

profesional

del

de

usualmente

engloba

los

ejecución de la obra.

industrial

del

representa

contratista.

independiente

se

que

Aunque

dicha

costos

de

en

precio

el

contratista

se

suma

ganancia

construcción,

pactado

Íd., págs. 185-186.

a

los

el

para

es

ésta

la

El beneficio

costos

de

construcción, los cuales abarcan los recursos esenciales

empleados para la realización de la obra, inclusive los

materiales y la mano de obra.

Íd., pág. 186, esc. 26.

CC-2008-882

18

Si bien tal posición resulta contraria a la norma de

Zequeira

-que

excluye

el

beneficio

razonable

del

contratista del aumento en precio que éste tiene derecho a

reclamar- los hechos del presente caso no requerían una

expresión

de

este

Foro

al

respecto.

Como

expuse

anteriormente, es mi criterio que Santiago Metal consintió

tácitamente al precio cotizado por Danosa.

III.

Entre

Santiago

Metal

y

Danosa

contrato de ejecución de obra.

se

perfeccionó

un

No está en controversia

que, posteriormente, Santiago Metal y Danosa convinieron

que

esta

última

se

encargaría

de

la

instalación

del

“soffit”.

Así, ambas partes acordaron un “cambio en el

plano”

a

que

su

vez

implicó

un

aumento

en

la

obra,

configurándose una novación modificativa en relación con el

contrato inicialmente pactado.

En virtud de esa novación,

a Danosa le asiste el derecho a reclamar un aumento en

precio, por aplicación del artículo 1485 del Código Civil,

supra.

Precisamente,

consideración

el

la

controversia

Tribunal

de

que

Primera

tuvo

ante

Instancia

su

fue

determinar el precio del cual era acreedor Danosa por la

instalación del “soffit”.

Ante ese foro, Danosa reclamó

que era acreedor de $63,680 pues ese fue el precio cotizado

y el que Santiago Metal aceptó.

No se trata de que el foro

primario no determinó si se pactó un precio entre Danosa y

Santiago Metal, sino que adjudicó esa controversia en la

CC-2008-882

negativa.

19

Al concluir que de la prueba desfilada quedó en

duda si, en efecto, Santiago Metal aprobó el precio, ese

foro adjudicó que Danosa no logró probar que en efecto

Santiago

Metal

consintió

al

precio

que

aquél

cotizó.

Partiendo de la premisa de ausencia de precio pactado, el

Tribunal

de

Primera

Instancia

interpretó

que

no

existía

acuerdo vinculante entre las partes y acudió a la doctrina

de

enriquecimiento

injusto

para

determinar

la

suma

adeudada.

No obstante, al examinar si Santiago Metal aceptó el

precio cotizado, el foro primario sólo consideró que el

contenido de la conversación telefónica, a la cual se alude

en la carta del 25 de octubre de 2002, fue conflictivo y

que no pudo determinar si por medio de ésta Santiago Metal

aceptó

el

precio.

Igualmente,

resolvió

que

los

dos

documentos identificados como “Change Order #2” carecían de

validez para establecer un acuerdo entre las partes, en

cuanto al precio.

Ese foro no evaluó si, en virtud de la

prueba documental y los hechos que entendió probados, podía

determinarse que Santiago Metal aceptó tácitamente la suma

cotizada por Danosa.

Es mi criterio que la prueba documental admitida, así

como

los

hechos

que

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

encontró probados, establecen que Santiago Metal aceptó, al

menos tácitamente, el precio cotizado por Danosa.

Ello

independientemente de que tal aceptación se materializara

CC-2008-882

20

luego de que Danosa inició la labor de instalación del

“soffit”.

Mediante

carta,

fechada

el

25

de

octubre

de

2002,

Danosa le comunicó a Santiago Metal que el precio por la

instalación del “soffit” era $63,680.

Además, le informó

que el próximo día, sábado 26 de octubre, comenzaría los

trabajos

de

según

había

sido

su

ulterior

le

esperaría

la

muestra

“para

la

aprobación

del

Le

también

requerido.

indicó

comunicación

y

dueño”,

aprobación

que

para

continuar con el cambio.

Luego de ello, Santiago Metal le envió una carta a

Danosa, con fecha del 1 de noviembre de 2002, en la cual se

confirmaba el contenido de una conversación telefónica “en

relación

a

inferior

del

alero

Asimismo,

en

esa

expresó

los

lo

trabajos

adicionales

de

con

el

mismo

material

carta,

el

Sr.

tener

siguiente:

“De

cubrir

la

parte

de

techo”.

Luis

Armando

Santiago

algún

inconveniente

o

rechazo por parte del diseñador en cuanto a este trabajo se

refiere,

será

nuestra

conlleve modificarla.

responsabilidad

los

costos

que

Sin nada más al respecto quedo de

usted”.

Así, luego de que Danosa le envió la cotización a

Santiago Metal, informándole que requería de su ulterior

comunicación

para

conversaciones

instalación

del

entre

ejecutar

las

“soffit”.

los

partes

Más

cambios,

continuaron

en

relación

con

la

aún,

Santiago

Metal

le

informó a Danosa que se responsabilizaría de los costos

CC-2008-882

21

adicionales que implicara una modificación, en caso de que

hubiese que variar el diseño.

Metal

y

Danosa

“soffit”.

acordaron

De

los

No está en duda que Santiago

que

hechos

éste

que

último

el

instalaría

Tribunal

de

el

Primera

Instancia encontró probados no surge que en algún momento

un representante de Santiago Metal le informara a Danosa

objeción en relación con el precio cotizado.

se

presentó

cuando

se

envió

el

Tal objeción

segundo

identificado como “Change Order #2”.

documento

Previo a ello, el

“silencio” que mantuvo Santiago Metal, al no objetar el

precio cotizado en el curso de las comunicaciones sobre la

ejecución del cambio, unido a sus actos, constituyó una

aceptación tácita de la suma cotizada por Danosa.

No

se

trata

de

un

“silencio

absoluto”

y

ni

tan

siquiera tenemos ante nuestra consideración un caso en el

que el “silencio” de paso al surgimiento de la relación

contractual

entre

prestó

consentimiento

el

“soffit”

sin

que

las

partes.

para

expresamente

Sino

que

que

Danosa

manifestara

Santiago

Metal

instalara

que

aceptó

el

el

precio cotizado.

Así, luego de que Danosa le informó el

precio,

Santiago

Metal

continuó

relación

a

ejecución

del

la

las

trabajo

conversaciones

con

sin

una

presentar

objeción al respecto.

Tales circunstancias permitieron que

Danosa

la

continuara

creencia

de

que

con

el

ejecución

precio

cotizado

de

la

fue

obra

bajo

aceptado.

la

El

consentimiento para la ejecución de la obra, en ausencia de

objeción sobre el precio cotizado, en unión a los demás

CC-2008-882

hechos

22

acontecidos,

eran

reflejo

inequívoco

de

una

aceptación por parte de Santiago Metal en relación con el

precio propuesto.

En

virtud

de

lo

anterior

confirmaría

la

sentencia

recurrida.

Anabelle Rodríguez Rodríguez

Juez Asociada